Histórico pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Rusia al considerar que las leyes que prohíben la difusión de “propaganda homosexual” a menores violan los artículos 10 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Por seis votos contra uno (este último de un juez ruso), el alto tribunal europeo considera que este tipo de leyes atentan contra la libertad de expresión y violan el principio de no discriminación por razones de orientación sexual. 

En noviembre de 2013 informábamos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había decidido iniciar el procedimiento contra las leyes homófobas de tres regiones rusas, todas ella previas a la ley federal contra la “propaganda homosexual” aprobada por el Parlamento ruso en junio de 2013. En concreto, Ryazan, Arkhangelsk y San Petersburgo fueron las tres primeras regiones rusas en aprobar leyes que impiden informar positivamente de homosexualidad en cualquier ámbito al que tengan acceso menores. Ello supone que ni marchas del Orgullo ni cualquier otro tipo de manifestaciones públicas, ni programas contra el acoso escolar, ni información sobre salud sexual, ni cualquier cuestión que un juez considere susceptible de ser entendida como “propaganda homosexual” pueden tener lugar. En definitiva, un instrumento para que la homosexualidad quede reducida a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad, y estrangular el activismo LGTB.

Fueron esas leyes las que dieron lugar al inicio del procedimiento, a raíz de las denuncias de tres activistas LGTB rusos: Nikolai Bayev, Aleksei Kiselev (al que por cierto España concedió asilo en 2013) y Nikolai Alekseev (el más conocido mediáticamente). Activistas que durante los años previos violaron intencionadamente las leyes para así conseguir agotar las sucesivas instancias de la justicia rusa y acabar ante la justicia europea. En concreto, lo hicieron manifestándose delante de una bibioteca pública en Arkhangelsk, de un instituto de Educación Secundaria en Ryazan y de un edificio administrativo en San Petersburgo, mostrando pancartas con textos como “Rusia ocupa el primer lugar del mundo en sucidios de adolescentes. Entre ellos, una gran proporción son homosexuales” o “Los niños tienen el derecho de saber, en virtud del artículo 13 de la Convención de Derechos del Niño. Los grandes hombres pueden ser gais. La homosexualidad es normal”.

Tres años y medio después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ha dado la razón, tras evaluar de forma conjunta las diferentes legislaciones aprobadas en Rusia sobre la materia, que culminaron finalmente con la ley estatal. En concreto, el alto tribunal considera que estas leyes violan el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, referido a la libertad de expresión, así como el artículo 14, referido al principio de no discriminación.

Violación del artículo 10

Por lo que se refiere al artículo 10 (libertad de expresión), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que los argumentos de Rusia, basados en que la necesidad de regular el debate público sobre la realidad LGTB tiene como fin legítimo proteger la moralidad, no son aplicables en este caso, al entender que están basados en una concepción sesgada por parte de una mayoría (la heterosexual) contra una minoría (la homosexual). Según el alto tribunal, ello atenta contra el consenso europeo sobre los derechos de las personas a reconocerse como gais, lesbianas, transexuales o bisexuales así como a disfrutar de sus correspondientes derechos y libertades.

El alto tribunal tampoco acepta otro argumento de Rusia: la necesidad de proteger la salud. De hecho, considera incluso contraproducente para la salud pública la imposibilidad de informar sobre riesgos asociados a determinadas prácticas sexuales así como los métodos de prevención.

Por lo que se refiere a la preocupación de que los menores puedan “convertirse” en homosexuales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Rusia ha sido incapaz de demostrar, en contra de la evidencia científica disponible, que sea posible modificar la orientación sexual de una persona en base a la información externa que recibe. El alto tribunal tampoco considera que los mensajes por los cuales los demandantes fueron condenados atentasen contra los derechos de los menores ni fueran sexualmente explícitos o agresivos. De hecho, estima positivo para la cohesión social que los menores sean expuestos a “ideas de diversidad, igualdad y tolerancia”.

El alto tribunal, por último, considera que las definiciones y disposiciones de la legislación rusa son vagas y en la práctica dan lugar a un margen potencialmente “ilimitado” de aplicación. Citan, por ejemplo, el hecho de que una de las manifestaciones por las cuales los demandantes fueron condenados tuviera lugar frente a un edificio administrativo de San Petersburgo, un lugar que bajo ningún concepto puede considerarse específicamente destinado a su uso por menores.

Violación del artículo 14

Más sencilla es la argumentación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo referido al artículo 14, al considerar que el hecho de que la legislación rusa de forma expresa considere que las relaciones entre personas del mismo sexo son de naturaleza inferior a las de las relaciones heterosexuales supone una clara y evidente violación del principio de no discriminación.

Condena

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en definitiva, considera la legislación rusa sobre la materia contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos y condena al Estado ruso a pagar  8.000 euros a Nikolai Bayev, 15.000 euros a Nikolai Kiselev y 20.000 euros a Nikolai Alekseev, además de las correspondientes costas.

“El mensaje de Estrasburgo es alto y claro. Las personas LGTBI merecen igualdad, no son una amenaza y no pueden ser obligadas a esconderse. Estas leyes discriminatorias perpetúan el prejuicio, y de hecho han sido dañinas para el interés público”, se ha felicitado la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, en un comunicado emitido nada más conocerse la sentencia. “Esperamos que esta importante sentencia atraiga la atención internacional. Es una decisión vital, y no solo para los activistas LGTBI y de derechos humanos que trabajan en Rusia. Envía un mensaje poderoso a activistas de otros países que están combatiendo propuestas legislativas igual de restrictivas”, ha añadido.

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es vinculante para Rusia, cuya justicia deberá tenerla en cuenta en cualquier procedimiento abierto por la infracción de la legislación homófoba si no quiere acabar enfrentandose a nuevas condenas. ILGA Europa ya ha pedido a las autoridades rusas que, a la luz de las argumentaciones contenidas en el fallo, procedan a su reforma. Veremos sí es así.

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento federal belga ha aprobado una nueva ley que pone punto final a la necesidad tanto de un diagnóstico médico como de un procedimiento de esterilización para que las personas transexuales puedan ver reconocidas su identidad. Bélgica se suma, de esta forma, al grupo de países que han adaptado su legislación de identidad de género al paradigma despatologizador, si bien la ley contiene todavía disposiciones que siguen sin ser del agrado de los colectivos LGTB. ILGA Europe ha saludado lo que considera un muy importante avance, aunque matiza que la ley, en su redacción actual, no supone el punto final en la lucha por los derechos de todas las personas trans. 

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían hacíendolo a fecha noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, mientras que Noruega actualizó su ley en 2016). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace pocas semanas a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Bélgica se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, que hace además extensivo a los menores por encima de los 12 años. El texto ha recibido un apoyo abrumador de la Cámara de Diputados de Bélgica: de los 123 diputados presentes, 117 han votado a favor, mientras que 6 se han abstenido. No ha habido votos contrarios. Se trata, además, de una ley que no precisa de la intervención del Senado, por lo que entrará en vigor en el plazo de unos pocos días, en cuanto reciba la rúbrica real y sea publicada oficialmente.

En cualquier caso, pese a suponer una evidente mejora y ser más avanzada que las de otros países europeos, la nueva ley belga es consideraba mejorable por los colectivos LGTB. Obliga, por ejemplo, a que las personas que solicitan la modificación tengan que hacer la solicitud en dos pasos, y permite a la fiscalía poder denegarla en un plazo de hasta tres meses. Por lo que respecta a los menores de 12 años, podrán ver reconocido su nuevo nombre pero no la modificación completa de los datos registrales, que tendrá que esperar a que cumplan esa edad. Entre los 12 y los 16 años, además, deberán contar con la conformidad de sus padres o tutores y sí que se les obligará a consultar previamente con un psiquiatra. Por último, la ley solo permitirá utilizar el procedimiento administrativo una sola vez. Si por alguna circunstancia quisiera modificar su sexo legal una segunda vez deberá acudir a los tribunales.

“Se trata de un paso fundamental hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las personas trans, aunque no es el paso final”, ha declarado la directora ejecutiva de ILGA Europe, Evelyne Paradis, que ha lamentado que las autoridades belgas se hayan quedado a medio camino, adoptando un procedimiento coherente al 100% con el principio de autodeterminación de género, situandose aún por detrás de países como la ya mencionada Noruega o Malta, que por ejemplo permiten que los menores puedan acceder sin apenas cortapisas.

Por delante de España

Por delante de quien sí se sitúa es de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas

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Es 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Una buena fecha para recordar que, según la nueva edición del informe anula de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex), más de 70 países siguen castigando penalmente las relaciones entre personas del mismo sexo y, lo que resulta igual de preocupante, cada vez más países incorporan a su ordenamiento jurídico normas que limitan la visibilidad y la libre expresión pública de las personas LGTB y de las entidades que las defienden. 

Desde su primera edición en 2006, el informe de ILGA sobre Homofobia de Estado ha ofrecido una amplia recopilación anual de datos útiles y creíbles sobre las leyes que afectan a las personas en todo el mundo sobre la base de su orientación sexual. Es un documento que utilizan tanto defensores de derechos humanos, investigadores u organizaciones de la sociedad civil como agencias gubernamentales y de las Naciones Unidas.

En este momento, y según el informe de ILGA, 72 estados aún criminalizan los actos sexuales de personas del mismo sexo entre adultos que consienten: en 45 de estos estados la ley se aplica también a las mujeres. ILGA tiene datos de detenciones recientes bajo estas leyes en 45 estados. El dato supone una mínima mejoría respecto a lo que el mismo informe recogía el año pasado, cuando 74 países penalizaban las relaciones homosexuales (según el criterio de ILGA, repetimos, ya que según la fuente a la que se recurra pueden existir diferentes criterios interpretativos sobre cuál es la realidad legal en algunos países y territorios).

Tres pequeños países se han descolgado a lo largo del pasado año de esta lista infame. En ambos casos lo recogimos en nuestra página: se trata de  Nauru, Belice y de Seychelles.

Pena de muerte, posible en 13 estados

La pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplica en 8 estados miembros de Naciones Unidas. En 4 de ellos (Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen) se aplica en todo el estado; en 2 (Nigeria y Somalia) se aplica solo en provincias específicas. En zonas de otros 2 países (Irak y Siria), es implementado por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico).

Hay otros 5 estados (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Mauritania) donde la interpretación de la sharía permite la pena de muerte, aunque ILGA no tiene conocimiento de que se esté invocando en estos momentos. Brunéi, un país que aprobó en 2014 una ley que debía implementarse en tres fases y que castigaba también con pena de muerte las relaciones homosexuales, queda por el momento fuera de la lista de ILGA al no haberse avanzado todavía hacia la segunda y tercera fase de implantación.

Este es el mapa de los países del mundo en los que están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo. Podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño:

Leyes contra la “promoción” y de “moralidad”: 19 estados

Pese a la levísima mejoría por lo que a la consideración penal de las relaciones homosexuales se refiere, este año hay empeoramiento en el número de países que tienen en su ordenamiento jurídico leyes contra la “promoción” de las relaciones sexuales no tradicionales o de “moralidad” dirigidas a reprimir la expresión pública de las realidades del mismo sexo y trans, que han pasado de 17, según el contaje de 2016, a 19. Se trata de Arabia Saudí, Argelia, Catar, Egipto, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Marruecos, Nigeria, Rusia, Siria, Somalia, Tanzania y Túnez.

“Con el continuo aumento en el uso de dispositivos digitales, el despliegue de estas leyes se hace aún más siniestro”, expresa Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA. “El caso actual de Chechenia nos ofrece el ejemplo más reciente y horrible de tales abusos, ya que los supervivientes han expresado temores de que las cuentas de los medios sociales de hombres percibidos como homosexuales o bisexuales están siendo hackeadas y usadas para identificar y contactar a otros que aún no han sido detenidos”, ha asegurado. Chechenia, conviene aclarar, no figura como estado independiente en el informe de ILGA, al ser una república de la Federación Rusa.

Estados Unidos: límites a la discusión de la realidad LGTB

Aunque Estados Unidos ha quedado oficialmente fuera de la lista previa de 19 estados, ILGA sí que recuerda en su informe que varios de sus estados han promovido normas que restringen o condicionan la discusión de las relaciones y los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. En algunos estados, los materiales escolares y los contenidos que allí se instruyen deben hacer hincapié en que “la homosexualidad no es un estilo de vida aceptable para el público en general” (Alabama y Texas); abstenerse de sugerir que “el sexo homosexual” puede ser seguro (Arizona); explicar que hoy en día se sabe que “la participación en actividad homosexual” es “la principal responsable” de la transmisión del sida (Oklahoma) o referirse a las “relaciones homosexuales” solo cuando se imparten conocimientos sobre enfermedades de transmisión sexual (Carolina del Sur), entre otros.

Barreras contra las ONG: 25 estados

Otros 25 estados plantean barreras a la formación, establecimiento o registro de ONG relacionadas con la orientación sexual. Se trata de Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Catar, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malawi, Omán, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Rusia, Siria, Sudán, Tanzania, Uganda y Yemen.

El lado positivo

El informe también señala algunos datos positivos. Es cierto que 72 estados contienen disposiciones legales que protegen contra la discriminación en el empleo basándose en la orientación sexual, 63 han promulgado diversas leyes de no discriminación, tanto amplias como específicas, mientras que 43 contemplan en sus legislaciones la orientación sexual de las víctimas como circunstancia agravante de los crímenes de odio y 39 prohíben la incitación al odio por motivos de orientación sexual. Sin embargo, si se mira la letra pequeña del informe, se puede comprobar que en la inmensa mayoría de los casos se trata de normas aprobadas en años anteriores, lo que no permite considerar que en estos momentos esta sea ni mucho menos una tendencia significativa.

Por lo que se refiere al matrimonio igualitario, son 23 los estados que lo contemplan en todo o en parte de su territorio, mientras que otros 28 contemplan en sus legislaciones otras formas de unión entre personas del mismo sexo.

En definitiva, como la propia ILGA reconoce, pese a la existencia de algunos avances, “es una verdad ineludible que la plena igualdad para las personas lesbianas, gais y bisexuales está, desafortunadamente, muy lejos de ser alcanzada”. La lucha debe continuar.

Puedes descargar el informe completo de ILGA en castellano sobre Homofobia de Estado (213 páginas)  en este enlace.

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Por su interés publicamos este artículo que hemos leído en Público:

El “quién soy yo para juzgar a una persona gay?” del papa Francisco no provocó grietas en el rechazo doctrinal a los derechos sexuales

El discurso alineado con la doctrina oficial es el único que tiene cabida en sermones y escritos

Las posibilidades de vivir un cambio sustancial no es esperable a corto plazo

Personas católicas del movimiento LGTBI asumen el reto de desmontar la lectura con la que la doctrina oficial condena a la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, una posición excepcionalmente replicada dentro de las comunidades de creyentes.

Por, Meritxell Rigol

Una pequeña cruz de plata le cuelga del cuello con una fina cadena. En la muñeca, una goma de pelo color cielo junto a un rocío crean una pulsera que hace pensar en la bandera del orgullo trans, casualidad o no. Marta Siscar, de hecho, dice que no cree precisamente, en las casualidades. Proveniente de una familia que no era de ir a misa, encuentra que pasar años dentro de la Iglesia -desde que se acercó de pequeño a hacer de monaguillo hasta ingresar al seminario-, no lo ha sido una, de casualidad. “Si mi trayectoria ha sido la que ha sido es porque Dios ha querido que yo fuera trans y creyente, y poder dar testimonio de las dos cosas juntas”, explica convencida.

O ser cura o vivir como la mujer que era. Hace seis años que Marta tuvo que escoger qué parte de sí misma pesaba más. “Yo no he perdido la vocación sacerdotal y, si algún día se pueden ordenar mujeres, me plantearé volver al seminario”, explica en unos momentos en que ya no mantiene la relación con los curas que tenía cerca. “Ya no puedo hablar con ninguno de ellos, me ven como una loca, como una endemoniada…”, lamenta, con un punto de sarcasmo.

En Barcelona, donde se trasladó desde su Valencia natal al dejar el seminario, Marta no se ha ligado a una comunidad católica, sino que acude a una u otra parroquia una vez a la semana. Se dedica a la música como directora de coro -ahora, sin órgano-, echa un cable a la administración de la Fundació Enllaç -de apoyo a personas mayores LGTBI- y es activista de Generem!, la asociación impulsora de la Plataforma Transforma la salut, la iniciativa que ha promovido los cambios para despatologitzar el modelo de salud para las personas trans en Cataluña. Un reto similar lo ve, también, de cara a la Iglesia.

“Me da igual que haya cuatro obispos que digan tonterías sin fundamento bíblico sobre las personas trans y la homosexualidad, escudándose en un par de pasajes fuera de contexto, aunque con la voluntad de controlar a la sociedad. Lo que hace falta es hacer una relectura de las escrituras desde el contexto actual “, reivindica Marta Siscar, que cursó los dos primeros años de la carrera de teología, antes de abrirse la puerta del armario.

“Tonterías” o “sandeces”, son términos coincidentes con los que personas católicas y, al mismo tiempo, activistas del movimiento de defensa de los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales se refieren a las tesis LGTBIfobicas que son predicadas desde el Vaticano en las parroquias de los barrios. Aunque se esfuerzan en diferenciar la posición fundamentalista de la jerarquía contra las realidades no heteronormativas de la realidad que viven las personas LGTBI en las comunidades católicas, el discurso alineado con la doctrina oficial es el único que tiene cabida en sermones y escritos de los hombres de Iglesia y es la perspectiva que empapa a buena parte de los creyentes.

Asignatura pendiente de la comunidad católica

“Aunque siempre hay excepciones, la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género es tabú todavía, y en muchas parroquias se prefiere guardar silencio y discreción. Es una asignatura pendiente de la comunidad católica que, tarde o temprano, deberá afrontar con amor“, valora Alejandro Pastor, dinamizador del grupo de fe y espiritualidad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bissexuals (FELGTB).

La pluralidad a la que apelaba el Arzobispado de Barcelona ante las muestras de rechazo por la celebración de la conferencia del escritor gay Philippe Ariño, organizada hace poco más de una semana en la Parroquia de Santa Ana, es un argumento que cae con la práctica de la institución, por norma, en cualquiera de las diócesis.

Ninguna perspectiva que contradiga la tesis ortodoxa adoptada y difundida por Ariño, según la cual negarse a las relaciones afectivo-sexuales con personas del mismo sexo es la única opción cristiana que tienen gays y lesbianas, no es autorizada en el marco eclesial. Un ejemplo bastante cercano lo encontramos en la prohibición, el pasado marzo en la parroquia de Sant Medir de Barcelona, de una conferencia de Krzysztof Charamsa, el sacerdote de la Congregación para la Doctrina de la Fe expulsado del Vaticano, después de que, en la víspera del Sínodo de Familia, a finales de 2015, hiciera público que era gay y reivindicara su “felicidad y orgullo” junto a su pareja.

Preguntados por este caso, desde el Arzobispado de Barcelona mantienen que la convocatoria “fue suspendida por el rector de la parroquia después de que el conferenciante fuera apartado tanto del dicasterio romano como del sacerdocio”. Sin embargo, la conferencia prevista se celebró unos pasos más allá de la parroquia del barrio de la Bordeta -en un local no eclesial-. Allí, como en muchos otros espacios fuera de la Iglesia, Charamsa se situó en el polo opuesto de la doctrina oficial para defender que la abstinencia de vida afectiva exigida a las personas homosexuales es “inhumana”.

“¿Con qué derecho me dicen con quién me debo acostar y con quién no? ¿Y con quién tengo que vivir y con quién no? Hago daño a alguien? He sido profesora de religión y nunca he estudiado nada en la carrera de teología que me haga sentir contradicción por ser católica y lesbiana “, asegura Amada Rodríguez, miembro de LGTBEbre y de la Asociación de Familias Lesbianas y Gays de Catalunya. “A mi hija la bautizamos, yo le he hecho catequesis, en las noches rezamos … Con mi mujer hemos cuidado esta dimensión y la mía ¿no es una familia cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué somos dos mujeres?”, expresa con indignación.

El “quién soy yo para juzgar a una persona gay?” del papa Francisco fue una declaración que, si bien generó revuelo, no provocó grietas en el rechazo doctrinal a los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI. “Varios sacerdotes y profesores de teología no dominados por una ideología fundamentalista, que no hayan estudiado en universidades como las del Opus, comparten un discurso de recuperación del cuerpo, en el que no se ve como contrapuesto al espíritu y pecaminoso, sino como un elemento más para estar contentos de la creación y por tener relaciones con la trascendencia”, remarca Jordi Valls, consiliario de la Asociación de Cristianos LGTBI (ACGIL), entidad miembro de la plataforma LGTBIcat, impulsora de la ley catalana contra la LGTBIfobia.

Valls asegura que una relectura no represiva de la sexualidad, que comprende y respeta la diversidad fuera del heteronorma, puede sentirse en confesionarios y en despachos de consejeros espirituales, pero que “no tiene ningún altavoz”. “Ni lo escriben ni lo predican públicamente, porque es imposible salirse del dogma en el sistema perverso que ha instalado en esta institución total. Se debe tener gran valentía o un trabajo bien atado fuera de la Iglesia para poder decir lo que piensan “, añade.

Silencios cómplices

Consciente del peso que tienen las tesis LGTBIfòbiques a las comunidades católicas, Amada Rodríguez reconoce que, en los entornos eclesiales, es donde más le cuesta visibilizarse como lesbiana. Aunque opta por moverse en ellos “con pies de plomo”, dice, después de 25 años con su pareja y de haber formado una familia lesbomarental.

“Sabes lo que hay y me genera incomodidad pensar en encontrarme en la parroquia con una situación que me dolería mucho”, justifica. “Mi mujer y yo habíamos vivido armariozizadas y, al adoptar a Mila, incluso dejé de frecuentar la parroquia, porque sentía cierta inseguridad de lo que nos podrían decir, pero al final tener una hija nos ha hecho mostrarnos tal como somos; no podíamos dejarle el trabajo que teníamos que hacer nosotros”, explica. En la práctica, sin embargo, asegura que nunca han vivido un ataque lesbofobia en su Los resultados de una encuesta global sobre actitudes ante las personas LGTBI, llevada a cabo el año pasado por la ILGA, la federación mundial de organizaciones por los derechos de las personas LGTBI, recoge que, sin importar la insistencia con que las voces representantes de las religiones condenan las relaciones entre personas del mismo sexo, grandes franjas de las poblaciones no ven conflicto entre tales creencias religiosas y el deseo sexual entre personas del mismo sexo. “Esto sugiere que los argumentos anti LGTB basados en dogmas religiosos reciben una atención desproporcionada. Dicho de otro modo: las cosas están cambiando, más lentamente de lo que esperamos, pero cambian”, concluye el informe, elaborado a partir de las respuestas de más de 700 personas de cada uno de los 54 estados incluidos.

El grueso de personas que declara que sí encuentra conflicto se limita a un 10% en el caso español, el porcentaje más reducido de los estados europeos encuestados. La media europea obtenida doble la cifra.

“Como ocurre en la sociedad en general, en las comunidades cristianas los niveles de homofobia y transfobia crecen en las personas que no conviven con personas LGTBI y bajan cuando conviven, sin embargo, a no ser que estén dominadas por ideologías fundamentalistas, como la del OPUS o los Legionarios, la mayoría de comunidades no excluyen las personas LGTBI “, asegura Valls. Ahora bien, el consiliario de ACGIL reconoce que cuesta encontrar a alguien que, públicamente, “se levante a favor de los derechos de las personas LGTBI” y que corte, así, el eco de LGTBIfòbia episcopal que impregna las parroquias.

“El mensaje oficial tiene mucha influencia en las personas vinculadas a la Iglesia y hay mucha gente sufriendo esto desde el armario, porque la mayoría no tiene formación como para ser capaz de decir a obispos y cardenales que la LGTBIfòbia no tiene ningún sentido bíblico”, lamenta Marta Siscar, y añade: “La poca implicación de las personas LGTBI católicas en la Iglesia, donde somos muy minoritarias, se explica porque, para muchas personas, resulta más fácil apostatar, dejarlo de lado”.

El discurso ortodoxo en las bases

El impacto del discurso oficial, que entiende las prácticas homosexuales y las identidades transgénero como “desórdenes” del “orden natural” -según el cual mujer y hombre son seres opuestos y complementarios-, es fuente de LGTBIfobia y dolor para muchas personas creyentes, que reciben de la doctrina de la Iglesia un mensaje de rechazo frontal a su identidad. Por ello, es habitual que personas que no responden a la heteronormatividad perciban como irreconciliable ser lesbiana, gay o trans y, a la vez, católica.

Romper la idea de contradicción entre fe religiosa e identidad de género u orientación sexual no heteronormativas motivó una campaña de la sección europea de la ILGA, hace unos meses, bajo el lema Gay vs. God. El objetivo ha sido contribuir a derrumbar mitos sobre religión e identidades LGTBI y “defender que no se trata de elegir un bando, sino que ambas piezas son partes profundas de la identidad de muchas personas”. “La compañía, que amamos y lo que creemos no puede justificar nunca la negación de los derechos humanos a nadie”, reivindica la ILGA.

Rechazo de los obispos a la ley contra la LGTBIfobia

La negación de los derechos de las personas LGTBI llevó a los obispos catalanes a pronunciarse en contra de la ley para erradicar la LGTBIfobia, aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento de Catalunya en octubre de 2014 –con los únicos votos en contra del PP y de Unió Democràtica de Catalunya. El gran éxito del movimiento LGTBI en el país fue considerado, para los obispos, como “desacertado”, al advertir en ella “graves consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia”.

Actualmente, los grupos parlamentarios del Congreso estudian un proyecto de ley por los derechos de las personas LGTBI, presentado el pasado septiembre por la FELGTB. La organización confía en que no acabe el año sin tener la ley, inspirada en la decena de leyes autonómicas contra la LGTBIfobia hasta ahora aprobadas al Estado.

Atendiendo a los precedentes, la presión ruidosa del sector más conservador de la sociedad, movilizado en torno a las premisas de la Conferencia Episcopal, es esperable que sea una de las líneas del nuevo capítulo de avance de los derechos de las personas LGTBI que puede empezar a escribirse . “Mientras que la bondad y el respeto son el corazón de las religiones, líderes y autoridades que buscan el apoyo de los sectores más conservadores de sus sociedades interpretan la religión de forma excluyente para justificar violencia y discriminación”, valora Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA.

Las activistas situadas en la incómoda bisagra entre el movimiento LGTBI y las comunidades católicas coinciden en apuntar que las posibilidades de vivir un cambio sustancial en la posición de la doctrina católica no es esperable a corto plazo, pero no renuncian a ir provocando un efecto revulsivo en las bases de la Iglesia. “La jerarquía católica está tan equivocada y genera tanto sufrimiento que a las entidades LGTBI nos toca luchar, también, por el derecho humano a la libertad religiosa”, defiende Amada Rodríguez, aunque el rebote -cabreo y dolor comprensibles, dice- que es habitual encontrarse en los colectivos LGTBI al hablar con ellos de religión.

Fuente Público

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Se acumulan las informaciones negativas procedentes de Indonesia en relación al colectivo LGTB. La radicalización política del país se está transformando en un hostigamiento hacia cualquier expresión igualitaria. En este sentido, la policía ha informado de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor. Las autoridades, sin embargo, han calificado las imágenes como “pornografía”. A estos hechos se suman el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela para personas trans de Indonesia y la persecución de webs LGTB y apps de contactos gais, entre otras cosas.

Aunque ya han sido puestos en libertad, la pareja gay que fue detenida en Indonesia por subir a Facebook unas fotografías afectivas se enfrenta a una posible pena de prisión de hasta siete años. Para las autoridades, estas imágenes representan un fomento de la “pornografía LGTB, al mostrar dos hombres besuqueándose”. En el país de mayoría musulmana más poblado del mundo la “lascivia pública” está perseguida por la ley y cualquier muestra de diversidad suele considerarse una “ofensa a la moralidad”.

Los dos jóvenes, de 22 y 24 años (en la fotografía superior), aparecen con los torsos desnudos compartiendo besos y otras muestras de cariño, junto al texto “nuestro amor durará para siempre”. Taufik, que publicó las imágenes, ya las ha retirado de su muro, disculpándose y asegurando que “no se volverá a repetir”. Una postura comprensible al pensar que su juicio puede convertirse en un escarnio público. De hecho, muchos usuarios le han escrito mensajes ofensivos y homófobos y aún así dice que seguirá pidiendo perdón.

Desgraciadamente, las tropelías LGTBfóbicas se acumulan en Indonesia. Por ejemplo, el gobierno de Indonesia publica una anuncio en el que busca una persona para cubrir un puesto de embajador de la juventud entre cuyos requisitos indica que tiene que demostrar que no pertenece a la comunidad LGTB. Concretamente, el Gobierno está buscando jóvenes con “creatividad” para ocupar una plaza como embajador y, al parecer, solo las personas heterosexuales cuentan con este talento. La convocatoria de la administración incluye, de matera textual, la exigencia de que los candidatos sean “mentalmente sanos, que no sean promiscuos ni con comportamiento sexual desviado, incluyendo personas LGTB, que debe probar mediante certificado médico”, dice el anuncio publicado por el Gerakan Nasional Pemuda Kreatif (Movimiento Nacional creativo para jóvenes), que pretende atraer candidatos, de entre 20 y 27 años de edad, siempre que sean estrictamente heterosexuales, para cubrir un puesto para un programa del Ministerio de Juventud y Deportes que tiene como objetivo buscar a jóvenes creativos en todos los campos que generen proyectos para ayudar al país a reducir el desempleo juvenil.

Desde las redes sociales o han tardado en criticar la ironía de esta convocatoria que busca personas creativas que no sean gays, algo tradicionalmente asociado, precisamente, a las personas de la comunidad LGTB. Un defensor de la igualdad del colectivo LGTB se ha preguntado retóricamente: “¿no saben que [la comunidad LGTB] es la columna vertebral de las artes y la industria creativa?”.

Asimismo, grupos en defensa de los derechos humanos no han dejado de resaltar la fuerte atmósfera de discriminación hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales a pesar de la legalidad de las relaciones entre personas del mismo sexo, una discriminación que no ha dejado de incrementarse en los últimos meses.

 No obstante, además del apoyo de algunas personas jóvenes hacia las personas LGBT, algunos funcionarios han advertido de que el creciente aumento del sentimiento homófobo perjudicará las posibilidades de detener el aumento de las infecciones de VIH en el país. Entre 2007 y 2015, el VIH entre hombres que mantuvieron relaciones con otros hombres en Indonesia pasó del 5,4% al 25,8%, en contraste con la caída de las tasas globales. En parte, el miedo a la discriminación influye en una reducción de las pruebas de detección y, a su vez, esto ocasiona que las personas infectadas no tomen las oportunas medidas de prevención.

Cierra la única escuela musulmana para personas trans

Hace tan solo unos días la única escuela musulmana de toda Indonesia que admitía  a alumnos trans se ha visto obligada a cerrar sus puertas al ser señalada como promotora de la “inmoralidad”. Hasta el momento de su cierre, este centro ha sido uno de los referentes de tolerancia de la comunidad LGTB en el mundo musulmán. Para Agnes Dwi Rusjiyati, coordinadora local del grupo activista Bhinneka Tunggal, “por desgracia, en los últimos años los grupos intolerantes han ido imponiendo sus creencias rígidas en las personas”.  Y en marzo se clausuró la única mezquita que admitía personas transexuales…

La estigmatización del colectivo LGTB en el ámbito educativo se ha intensificado en Indonesia, especialmente, desde principios de este año. En enero, Muhammad Nasir, ministro de Estudios Superiores de este país asiático apelaba a “normas morales” para perseguir a los alumnos LGTB en la universidad. Pero el sentimiento de odio se ha propagado como un virus en el resto de niveles educativos.

Muhammad Nasir, a la sazón ministro de Investigación, Tecnología y Estudios Superiores, aseveraba que el colectivo LGTB representa “una grave amenaza para la nación”. Nasir, además, negaba que las universidades sean el marco para la “discusión” o la elaboración de “trabajos científicos” relacionados con la comunidad LGTB, una circunstancia que calificaba de “grave”, por ser contraria a la “moral”.

Prohibición de apps de contactos gais y castración química

En febrero, las autoridades indonesias anunciaban su intención de solicitar que Facebook y WhatsApp eliminaran los emojis que aludían a la comunidad LGBT y bloquearan ciertas cuentas de Tumblr por su contenido. Desde el pasado mes de septiembre, por orden del Gobierno de Indonesia, se ha bloqueado Grindr y otras 80 aplicaciones (apps) de contactos gais, así como webs LGTB que, supuestamente, contribuyen a la “propaganda desviada”. Líderes musulmanes iniciaban una campaña contra el colectivo LGTB, poniendo en peligro incluso destinos turísticos como Bali, para posteriormente retener un cargamento de preservativos cuyo único objetivo era el de luchar contra el aumento del VIH en Indonesia y el mes pasado bloqueaban tres aplicaciones de citas

Pero Indonesia no es el único país con homofobia de estado que censura webs LGTB o que prohíbe o utiliza las apps de contacto para perjudicar a hombres gais. En países como los Emiratos Árabes tampoco está permitida la descarga de Grindr y en Egipto la policía utiliza estas apps para “cazar” homosexuales y enjuiciarlos.

Los detractores de los derechos LGTB en Indonesia han construido un peligroso discurso público de asociación de la pedofilia y la homosexualidad, algo similar a lo ocurrido en Rusia con los mensajes de grupos ultras como Occupy Pedofilyaj. Precisamente, por esta acientífica e injusta equiparación, resulta especialmente preocupante la denuncia que hace unas horas ha realizado Amnistía Internacional: el Gobierno empezará a aplicar la castración química a “pedófilos” y “violadores”.

Nadie defiende la impunidad de las personas que abusen de menores o de otros adultos. Según ha explicado Papang Hidayat, investigadora en Indonesia de Amnistía Internacional, “el abuso sexual de los niños es indescriptiblemente horrible. Pero someter a los delincuentes a la castración química o a ejecuciones no es justicia sino que es la adición de una crueldad a otra”. Algunos grupos de médicos han adelantado que se niegan a aplicar estas prácticas porque violan la ética médica. Y también violan el derecho internacional sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), del que Indonesia es uno de los estados firmantes.

Sin embargo, a pesar de la crueldad de estas medidas para cualquier condenado, la castración química puede ser una peligrosa arma incluso para personas completamente inocentes. Falsas acusaciones o malentendidos por la ignorancia de la realidad LGTB pueden provocar la privación de la sexualidad física a personas que únicamente tengan una orientación sexual o una identidad de género diversa o contraria a la heteronormatividad.

Indonesia, un infierno para la diversidad LGTB

No se puede negar la belleza natural de Indonesia, un país de postal que oculta en su interior un infierno para la comunidad LGTB. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero dosmanzanzanas publicaba un post recogiendo cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada ver más a la población LGTB.

Recordemos que la provincia autónoma de Aceh (en la zona norte de Sumatra) aprobó en septiembre de 2014 una penosa ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015. Ese mismo mes nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción es Aceh, donde desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. Pero la influencia islamista se deja sentir también en otros lugares de Indonesia. La de Aceh es desde luego la peor situación, puesto que como decíamos arriba la homosexualidad no es formalmente delito en el resto del país. Ello no significa que en otras partes sea buena. En 2004, las autoridades municipales de Palembang, en Sumatra Meridional, dictaron por ejemplo una regulación en la que aglutinaban la actividad de las personas LGTB como “prostitución”. En virtud de ese reglamento, todas las personas acusadas de cometer cualquiera de esas actividades se enfrentan a la perspectiva de un máximo de seis meses de prisión o 5.000.000 de rupias (360 euros, 380 dólares) de multa.

En otras zonas existe una actitud algo más tolerante, especialmente en zonas urbanas como Yakarta. Con todo, la influencia de los islamistas más radicales se hace sentir cada vez más.En la propia Yakarta, la capital, las autoridades prohibieron en 2012 un concierto de Lady Gaga,  abanderada de los derechos LGTB, por considerarla un personaje diabólico y antirreligioso.

Los fundamentalistas también han obligado a cancelar una reunión de la división asiática de la ILGA (International Lesbian and Gay Association) en Surabaya y han amenazado a los organizadores del Q! Film Festival, un festival de cine LGTB, por mencionar otros dos ejemplos.

En marzo de 2015, el Consejo de Ulemas de Indonesia dictó una fetua en la que se exigía que los actos homosexuales sean castigados con la pena de muerte. Aunque el Consejo de Ulemas no tiene ningún poder legislativo o ejecutivo en Indonesia, su influencia social es elevada.

Indonesia también votó el pasado 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays/Universogay

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La Asamblea Nacional francesa votó el pasado 12 de octubre la reforma del Código Civil, que incluye la nueva normativa para la modificación de la referencia al sexo legal en el Registro Civil. El texto final ha decepcionado a la inmensa mayoría de las asociaciones LGTB, dado que el proceso del cambio registral de la referencia al sexo sigue totalmente judicializado. No bastará, como en las legislaciones más avanzadas aprobadas recientemente en otros países, con la mera expresión de la voluntad de la persona transexual. Será un juez quien decida al respecto, después de que la persona solicitante cumpla con la obligación de presentar pruebas que demuestren su identidad de género, si bien se elimina el requisito de someterse previamente a algún tipo de tratamiento médico. Según la Fédéración LGBT, se trata del “peor texto escrito nunca en el mundo sobre el cambio registral de las personas transgénero”.

Hasta ahora, Francia carecía de una legislación que estableciera el procedimiento a seguir para efectuar los cambios registrales necesarios que asegurasen los derechos de las personas transexuales. Únicamente existía la posibilidad de un largo, y muchas veces infructuoso, procedimiento judicial, cuya jurisprudencia exigía, de hecho, la esterilización completa para poder acceder al reconocimiento legal de la identidad de género.

La normativa aprobada se incluye en el Proyecto de Ley de Modernización de la Justicia del siglo XXI, que persigue actualizar los reglamentos sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos para adecuarlos a la realidad imperante. Sin embargo, en cuanto al reconocimiento de la realidad de las personas transexuales, esa actualización parece haber nacido obsoleta. Se introduce una sección 2 bis en el capítulo II del título II del libro 1º del Código Civil, que consta de los artículos 60 a 61.8 , en los que se describe el proceso para el cambio legal del nombre y el cambio en el registro civil de la referencia al sexo. Las personas transexuales tendrán pues que realizar ambos trámites, que deben instarse ante distintos órganos administrativos.

El cambio de nombre se solicitará ante un funcionario del registro civil, pudiéndolo llevar a cabo las personas mayores de edad y los menores emancipados. Tan solo los tutores legales podrán efectuar la solicitud cuando se trate de menores no emancipados, aunque se requerirá el consentimiento del menor si supera los 13 años de edad. Si el funcionario estima que el requerimiento no responde a un interés legítimo, o si considera que va en menoscabo de un menor, informará al procurador de la República, que podrá denegar solicitud, dando paso a la vía judicial para su resolución.

Sin embargo, la solicitud de modificación registral del sexo tendrá que efectuarse ante un tribunal. El texto de los artículos legales aprobados al respecto es el siguiente:

Sección 2 bis

De la modificación de la referencia al sexo en el Registro Civil

Art. 61-5 – Toda persona adulta o menor emancipado que demuestre, con un conjunto suficiente de hechos, que la referencia al sexo en el registro civil no coincide con aquella con la que se muestra y con la que es conocida puede obtener el cambio.

Los hechos principales, cuya prueba puede ser informada por cualquier medio, pueden ser:

1. Que se muestre públicamente como perteneciente al sexo reivindicado;

2. Que sea conocida por el sexo reivindicado por su entorno familiar, de amigos o profesional;

3. Que haya obtenido el cambio de nombre para que coincida con el sexo reivindicado;

Art. 61-6 – La petición se presentará ante el Tribunal de Primera Instancia.

El solicitante dará fe de su consentimiento libre e informado de la modificación de la referencia al sexo en el registro civil y aportará todos los elementos de prueba en apoyo de su  petición.

El hecho de no haber sido sometido a un tratamiento médico, cirugía o esterilización no puede motivar la denegación de la solicitud.

Si el tribunal constata que el solicitante cumple con las condiciones establecidas en el artículo 61-5, ordenará la modificación relativa al sexo y, si es necesario, al nombre en el Registro Civil.

El artículo 61-7 es meramente procedimental, mientras que el 61-8 establece que la modificación de la referencia al sexo el el Registro Civil “no tendrá efecto en las obligaciones frente a terceros o las afiliaciones establecidas antes del cambio”. Eso quiere decir, por poner un ejemplo, que se conservan los derechos de paternidad o custodia previos a la modificación.

En resumen, queda en manos del juez requerir la presentación de las pruebas que estime oportunas y valorar si permiten o no efectuar la modificación registral del sexo. En esto, el texto finalmente aprobado difiere del proyecto presentado inicialmente en el mes de mayo por el Partido Socialista, que establecía un trámite meramente administrativo que debía resolver en un plazo determinado el procurador de la República, aunque requería el mismo tipo de pruebas para apoyar la solicitud. A pesar de que ese primer proyecto ya fue criticado por las asociaciones LGTB, por no ceñirse a la simple voluntad expresada por la persona transexual para efectuar el cambio registral, fue el propio Partido Socialista quien introdujo posteriormente en el trámite parlamentario las modificaciones que judicializan además todo el proceso. Sí que fueron rechazadas las enmiendas propuestas por la centroderechista Unión de Demócratas e Independientes, que pretendían incluir entre los requisitos la presentación de informes médicos.

La nueva normativa entrará en vigor cuando sea promulgada por el presidente de la República, François Hollande, y posteriormente publicada en el Boletín Oficial, una fecha que se espera próxima pero que aún es incierta.

Sombras e incertidumbres de la ley

Es evidente que la legislación francesa dista mucho de las aprobadas en países como Noruega, Dinamarca, Irlanda, Malta o Argentina, en las que basta con la voluntad expresada libremente por la persona transexual para que se efectúen los cambios registrales oportunos. Por el contrario, en Francia prima la arbitrariedad judicial, al establecer la obligatoria presentación de determinadas pruebas para que un juez las valore. Unas pruebas que, antes de que se siente alguna jurisprudencia o se dicten algunos criterios, siembran dudas y abren interrogantes.

¿Qué debe entender un juez como “mostrarse públicamente como perteneciente al sexo reivindicado”? ¿Quiere decir que la persona transexual debe tener un aspecto físico preciso o haber experimentado unos determinados cambios corporales que satisfagan las expectativas del magistrado? Si bien por una parte se establece que “el hecho de no haber sido sometido a un tratamiento médico, cirugía o esterilización no puede motivar la denegación de la solicitud”, ¿no es posible que un juez estime que no haberse sometido a esos tratamientos hace que no se “muestre públicamente como perteneciente al sexo reivindicado”? ¿No se podría seguir medicalizando el proceso a través de ese subterfugio?

¿Qué ocurre si el entorno familiar o laboral de una persona transexual no quiere reconocer su identidad de género? ¿Y si sus familiares o compañeros de trabajo son tránsfobos? ¿Por qué debe depender el reconocimiento de la identidad de género de una persona transexual de la opinión de otras personas?

En cuanto al cambio del nombre también surgen dudas. Si bien se trata de un trámite meramente administrativo, la normativa no obliga al funcionario del Registro Civil a admitir las solicitudes con capítulos sancionadores. Dado que en las localidades medianas y pequeñas esos funcionarios son los alcaldes, ¿no podrían un alcalde o procurador de la República tránsfobos judicializar el proceso arbitrariamente, con el consiguiente transtorno para la persona transexual?

Repercusión en asociaciones y partidos

Han sido pocas las reacciones positivas a la redacción aprobada entre el activismo LGTB, aunque algunos colectivos han querido destacar que supone un avance respecto a la situación previa. Así han hecho desde SOS-Homophobie, al admitir que la nueva normativa supone un avance, aunque lo encuentran insuficiente: “A SOS-Homophobie le hubiera gustado que la solicitud de modificación en el Registro Civil se hiciera ante un funcionario del propio registro, pues es la única opción que permite garantizar la autodeterminación efectiva de las personas transexuales. Además, los menores no emancipados no se benefician de la nueva normativa. SOS-Homophobie considera que la ley debería haber permitido que los menores puedan iniciar un tratamiento tras obtener el consentimiento de sus padres”.

El Partido de Izquierda, por su parte, “lamenta el carácter timorato” de la nueva legislación, y denuncia “la cobardía del Gobierno y de numeroso diputados” en el proceso de su aprobación. Para la formación, “solo un procedimiento declarativo sin intervención judicial es una garantía plena contra la arbitrariedad”, por lo que estima que “lejos de ponerse al día, Francia ha adoptado esta semana una nueva ley… particularmente retrógrada en Europa”.

Más crítica aún ha sido la reacción de la Association Nationale Transgenre (ANT), que publicaba el siguiente comentario en su cuenta oficial de Facebook: “El Parlamento francés acaba de aprobar una ley que no ofrece ninguna garantía de desmedicalización en el procedimiento del cambio registral para las personas transexuales ante un tribunal. La ANT no felicita al gobierno ni a los parlamentarios que han participado en la adopción de una ley de este tipo, la peor votada en Europa en los últimos años”.

Contundente también ha sido la oposición a la nueva normativa de la Fédération LGTB, que comentaba en su cuenta de Twitter: “Ayer por la noche, la Asamblea Nacional ha aprobado el peor texto escrito nunca en el mundo sobre el cambio registral de las personas transgénero”. Posteriormente añadía: “Judicialización, disparidad entre territorios, evaluación arbitraria por parte de los jueces, binariedad: la cuenta no acaba”.

Judiciarisation, disparité selon les territoires, appréciation arbitraire par des magistrats, binarité : le compte n’y est pas.

— Fédération LGBT (@FederationLGBT) 13 de octubre de 2016

La directora de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, hacía unas declaraciones en las que, ha felicitado a la comunidad trans del país por la nueva norma: “Felicitaciones a toda la comunidad trans en Francia y el movimiento activista que ha empujado este profundo cambio. Esta es una clara señal del progreso en Europa.” A pesar de felicitarse por la desmedicalización del proceso en Francia, consideraba que “en Europa, existen varios modelos que estaban disponibles para que Francia los siguiera. Dinamarca, Malta, Irlanda y, más recientemente, Noruega han elegido respetar la integridad física de las personas transexuales y han optado por la autodeterminación. El hecho de que Francia no haya seguido la senda más progresista y humana es muy lamentable. La lucha continuará por la plena igualdad y el respeto a las personas transexuales en Francia”.

El único en defender con cierta firmeza la regulación aprobada ha sido el grupo LGTB asociado al Partido Socialista, Homosexualités et Socialisme (HES), que emitía el siguiente comunicado: “Al rechazar cualquier condición médica, quirúrgica o psiquiátrica, la Asamblea Nacional conduce a Francia por el curso adoptado por las naciones más avanzadas en la consideración de las personas transexuales, como Malta, Argentina, Noruega, Irlanda o Dinamarca, por ejemplo. Desde HES esperamos y trabajaremos por que esta dirección se intensifique”.

El colectivo LGTBI francés lucha además contra un enemigo invisible pero con un gran poder: el populismo. La moderación política ha sido derrotada por una derecha trasnochada e intolerante que hace una década no dejaba de ser una anécdota electoral.

Los resultados obtenidos por el Frente Nacional de Marine Le Pen han ido mejorando en los últimos comicios y sabemos de su deseo de prohibir el matrimonio igualitario. El partido ha cobrado tanto protagonismo en el panorama político del país galo que Nicolas Sarkozy había prometido abolir el matrimonio igualitario si llega al poder con el ánimo de captar los votos homofóbicos que le devuelvan al Elíseo, aunque luego se retractó.

Ante esta enrevesada situación, aunque hay que recordar que la mayor parte de la población francesa muestra su apoyo al colectivo LGTBI, los avances legislativos logrados, a esar de sus defciencia se tienen que celebrar por partida doble.

España, retrasada

En Europa, el grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación del género son Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca y Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). En el continente americano, también lo hace Argentina, cuya ley fue pionera en el proceso de desmedicalización y desjudicialización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque otras leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha nombrado al tailandés Vitit Muntarbhorn experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. Muntarbhorn, un prestigioso profesor de Derecho Internacional, tiene una trayectoria dilatada al servicio de Naciones Unidas. Su nombramiento ha sido recibido con satisfacción por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTB. 

Lo recogimos en su momento como noticia de especial relevancia. El pasado 30 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobaba por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. La creación de esta figura, propuesta por varios países de América Latina, no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. La propia votación para aprobar la creación de este puesto lo demuestra, de hecho: se opusieron Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

Tres meses después de que se aprobara la creación de esta figura se ha conocido por fin el nombre de la persona que la encarnará. Se trata del tailandés Vitit Muntarbhorn, un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Ha sido, por ejemplo, relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (Corea del Norte), por mencionar solo dos de las posiciones que ha ocupado. En estos momentos es miembro de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Investigación sobre Siria.

Muntarbhorn fue además uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

ILGA, “encantada” con el nombramiento

Un nombramiento que ha sido celebrado por organizaciones LGTB y de defensa de los derechos humanos. Valga como ejemplo la reacción de ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales), la organización “paraguas” de colectivos LGTB más importante del mundo, que se ha mostrado literalmente “encantada”. “Es particularmente apropiado que él sea nombrado para este cargo en el décimo aniversario de los Principios de Yogyakarta, que él ayudó a escribir en 2006”, han declarado Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA.

“Tenemos muchas ganas de trabajar con el profesor Muntarbhorn en los próximos años. Nunca ha habido una necesidad más urgente de salvaguardar los derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo. Atacadas, discriminadas, dirigidas y invisibilizadas, nuestras comunidades necesitan un aliado como el profesor Muntarbhorn para asegurar que el que ‘todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos’, como la Declaración Universal de Derechos Humanos establece claramente, sea una realidad y no solo un sueño”, ha expresado por su parte Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA.

¿Cuáles serán sus funciones?

Vitit Muntarbhorn cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada el pasado junio (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muntarbhorn deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esperamos de todo corazón que el nombramiento de Muntarbhorn, primero de este tipo que aprueba Naciones Unidas, sirva para mejorar de forma efectiva la situación de las personas LGTB en todo el mundo. Hace mucha falta.

Fuente Dosmanzanas

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Tras la derogación de las leyes homófobas de Nauru, Belice y Seychelles, las relaciones homosexuales siguen castigadas en 72 países y 4 territorios del mundo. Atendiendo a la religión mayoritaria en cada uno de ellos, la homosexualidad estaría penada en 38 de mayoría musulmana (el 50 %), en 33 países o territorios de mayoría cristiana (el 43 % del total) y en 5 cuya población profesa otras religiones (el 7 % restante). El número de habitantes que viven bajo regímenes que condenan la homosexualidad asciende a 2.326.265.000, un 31,5 % de la población mundial (estimada en 7.386.010.000 personas). De ellos, 488.045.000 lo hacen en países de mayoría cristiana (el 21 %), 434.987.000 en países de mayoría musulmana (el 19 %) y 1.404.039.000 en países que profesan otras religiones (el 60 %, un elevado porcentaje debido a la enorme población de la India). Sin embargo, los 13 países que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son de mayoría musulmana, o bien solo se aplica en los territorios donde rige la ley islámica. No hay ningún país que castigue la homosexualidad entre aquellos en los que su población mayoritariamente se declara no creyente o poco interesada en la religión.

Los datos de los países que penalizan las relaciones homosexuales se han recogido del último informe de ILGA, restando a Nuaru, Belice y Seychelles, que han despenalizado las relaciones homosexuales recientemente. Por otra parte, se han sumado territorios como Palestina/Franja de Gaza, no reconocido internacionalmente o el Estado Islámico; también provincias autónomas como las Islas Cook o los territorios con legislación homófoba de Indonesia. Para el dato de la población de cada país se ha tomado una proyección estimatoria de la población mundial al 01/07/2016. Podéis comprobar gráficamente estos datos en el siguiente mapa (pinchad en él para verlo a mayor tamaño):

Países de mayoría cristiana

Los 33 países y territorios de mayoría cristiana que penalizan las relaciones homosexuales representan el 43 % del total. Los 488.045.000 habitantes que albergan suponen el 21 % del total de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Hay que hacer la salvedad de que el presidente de Dominica aseguró en 2014 que no aplicaría las leyes homófobas, aunque aún persisten en su Código Penal. Muchas de estas legislaciones son herencia de las leyes coloniales británicas o francesas, pero la fuerte presión social (sobre todo proveniente de las organizaciones religiosas) hace que aún se mantengan.

Países de mayoría musulmana

Los 38 países y territorios de mayoría musulmana que penalizan las relaciones homosexuales representan el 50 % del total. Los 434.987.000 de habitantes que albergan suponen el 19 % del total de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Hay que tener en cuenta que en el Líbano existe una sentencia de un tribunal superior que considera que la legislación que castiga la indecencia no es aplicable a las personas homosexuales. En Irak no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual. Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra las personas LGTB como arma propagandística, si bien la población afectada está enmarcada en la de cada país ocupado. En Palestina/Franja de Gaza está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Indonesia no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, pero sí que la mantiene en las provincias de Aceh y Sumatra Meridional.

Sin embargo, los 13 países o territorios que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son todos de mayoría musulmana: Afganistán, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico (en los territorios que controla en el norte de Iraq y Siria), Irak (aplicada por jueces islámicos), Irán, Mauritania, Pakistán, Somalia (en algunos estados del sur), Sudán, y Yemen. También Nigeria, pues aunque aparece en el listado de países de mayoría cristiana, la pena de muerte solo se aplica en los estados del norte donde rige la ley islámica.

Libia 6.330.000

Otras religiones

Aunque los cinco países que profesan otras religiones cuya legislación castiga las relaciones homosexuales solo representan el 7 % del total, la enorme población de la India hace que supongan el 60 % de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Se hace evidente así la dimensión extraordinaria de la decisión de la Corte Suprema india, que en 2013 ordenó que volvieran a considerarse delito las relaciones homosexuales, un dictamen que afecta a un país de más de mil millones de habitantes.

Fuente Dosmanzanas

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Islam, Judaísmo Aceh, África, América, Arabia Saudí, Argelia, Asia, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Comoras, Cristianismo, Discriminación, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estado Islámico, Etiopía, Europa, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Homofobia, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Islam, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Naciones Unidas, Namibia, Nauru, Nigeria, Oceanía, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina/Franja de Gaza, Papúa Nueva Guinea, Qatar, Religión, República Turca del Norte de Chipre, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé, senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del sur, Sumatra Meridional, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabue

El Tribunal Constitucional de Rumanía ha dado su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la “Coalición por la Familia” de Rumanía, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal ha decidido este 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75 % de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

En el mismo dictamen, el Tribunal Constitucional ha aplazado su decisión sobre el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países donde es legal, referido al requerimiento de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica.

La organización rumana de defensa de los derechos de las personas LGTB Accept ha manifestado su temor a que los derechos de las personas LGTB se conviertan en objetivo en las próximas elecciones generales, si es que se promueve una votación conjunta con el referéndum, así como ha recordado al Parlamento rumano que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanas indica que debe haber un reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y sus familias. Lo ha hecho a través del siguiente comunicado de prensa:

El Tribunal Constitucional rumano ha decidido hoy que la iniciativa de modificar la definición constitucional de familia puede iniciar el trámite parlamentario. También hoy, el Tribunal ha decidido aplazar su decisión sobre la constitucionalidad de las disposiciones del Código Civil rumano que prohíben el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo registradas en el extranjero. Esta última cuestión se suscitó ante el Tribunal Constitucional por Accept y la Coalición Antidiscriminación en el caso de la familia Coman-Hamilton.

Accept respeta la decisión del Tribunal, dentro del contexto del estado de derecho. “Lamentamos que los prejuicios sociales hayan hecho que el Tribunal niegue las normas internacionales de derechos humanos sobre la familia y el respeto de la dignidad humana. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece las normas sobre los derechos fundamentales, ha mostrado de forma clara y consistente que deben ser reconocidos los derechos a la vida privada y familiar de las personas LGBT y respetados a través de alguna forma de protección en los Estados miembros del Consejo de Europa”, ha declarado Romanita Iordache, vicepresidente de Accept.

Hacemos un llamamiento a los políticos para que actúen de forma responsable en lo que respecta a la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT). En primer lugar, pedimos al Parlamento que aclare la pregunta que se planteará en la consulta, a fin de evitar la confusión entre familia y matrimonio. Los políticos no deben olvidar que la familia es un concepto jurídico incluyente, basado en el amor y el respeto. Incluye a las familias homosexuales y a las familias monoparentales, así como a las parejas heterosexuales no casadas. Es un hecho que existen todas esas familias y que son parte de la sociedad. En una democracia representativa, todas esas familias tienen derecho a la misma protección constitucional.

Desde hace tres años, los miembros del Parlamento de Rumanía han tenido en su agenda un proyecto de ley para la reforma de la Constitución. Pedimos al Parlamento que no utilice dinero de los contribuyentes para organizar un referéndum centrado en un solo artículo de la Constitución, mientras que no hay suficiente financiación pública para la salud, la educación y la cultura. El Parlamento debe incluir la petición de la Coalición por la Familia en los debates sobre el proyecto de ley existente para modificar la constitución, y así demostrar su responsabilidad en relación con el gasto público y lograr una reforma constitucional coherente.

La organización de un referéndum, cuyo objetivo son claramente las personas homosexuales, al mismo tiempo que las elecciones parlamentarias es una amenaza social. Los sentimientos homofóbicos, que predominan en todos los ámbitos de la sociedad, llegarán sin duda hasta el nivel de las declaraciones políticas y electorales. Las próximas elecciones legislativas que se celebrarán antes de finales de 2016 no pueden ser secuestradas por ese tipo de mensajes, haciendo que las personas LGBT se conviertan en el chivo expiatorio de todos los problemas de los rumanos.

En el caso Coman-Hamilton, el Tribunal Constitucional ha decidido posponer su decisión hasta septiembre. Los dos demandantes ya han esperado dos años para ver qué tribunal tenía jurisdicción sobre el caso. El Tribunal confirma la forma en que funciona la justicia en Rumanía: todo para otro día. Sin embargo, los dos siguen siendo una familia en todas partes, excepto en su país de origen, Rumanía.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, expresaba su preocupación por el dictamen del Tribunal Constitucional rumano en los siguientes términos: “La noticia de hoy es muy preocupante. En la práctica, el cambio de esas pocas palabras en el artículo constitucional tendrá profundas implicaciones para las parejas del mismo sexo que viven en Rumania y para sus hijos”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Accept, Coalición por la Familia (Rumanía), Discriminación, Evelyne Paradis, Homofobia, ILGA, Matrimonio, Referendum, Romanita Iordache, Rumanía

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el pasado jueves, por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género.

La creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Su aprobación no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

La votación en este caso fue la siguiente:

• A favor: Albania, Alemania, Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Francia, Georgia, Holanda, Letonia, Macedonia, México, Mongolia, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, Suiza, Venezuela y Vietnam.
• En contra: Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo.
• Abstenciones: Botswana, Ghana, India, Namibia, Filipinas y Sudáfrica.

El experto independiente cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

El experto independiente deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

América Latina, su gran impulsora

Como hemos dicho más arriba, la creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Recibió además el apoyo de Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Venezuela, los cinco miembros latinoamericanos presentes en este momento en el Consejo. Resulta evidente que sin el impulso de América Latina la medida hubiera tenido mucho más complicado salir adelante.

Es obligado destacar también la contribución de organizaciones LGTB que bajo el paraguas de ILGA han trabajado codo con codo con los estados proponentes, como las chilenas Organizando Trans Diversidades y MOVILH, por mencionar a dos que han trasladado directamente a dosmanzanas su satisfacción por el logro. En la web de ILGALAC, la división latinoamericana de ILGA, puedes acceder al listado de todas ellas.

Sin duda, una razón más para estar orgullosos de nuestros compañeros de América Latina.

Fuente Dosmanzanas

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Muy importante fallo el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Italia por no reconocer el derecho de residencia a la pareja del mismo sexo de un ciudadano italiano. Estrasburgo considera que la negativa supuso una violación del artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación, así como del artículo 8, que consagra el derecho al respeto a la vida privada y familiar.

Roberto Taddeucci y Douglas McCall son pareja desde 1999. Vivieron en Nueva Zelanda hasta el año 2003, cuando debido a problemas de salud de Taddeucci decidieron instalarse en Italia, país del que este es ciudadano. Sin embargo, tras agotar sus permisos temporales de residencia, el Estado italiano se negó a conceder a McCall, ciudadano neozelandés, el derecho a residir legalmente en Italia en aplicación del derecho a la reagrupación familiar.

La pareja llevó el caso a los tribunales, y tras perder ante la Corte de Casación, el más alto tribunal italiano, decidió acudir a Estrasburgo. La Corte de Casación les negó el derecho a la reagrupación familiar al considerar que la legislación italiana solo reconocía ese derecho con respecto a los cónyuges y a los hijos menores o dependientes (Italia, recordemos, no reconoce el matrimonio igualitario, y solo muy recientemente ha aprobado una ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo). De hecho, al no poder vivir legalmente en Italia como pareja, Taddeucci y McCall se vieron forzados a abandonar el país e instalarse en Holanda, donde el neozelandés no tuvo problema alguno en obtener el permiso de residencia como pareja de un ciudadano de la Unión Europea.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado ahora a favor de la pareja (puedes descargar aquí el comunicado oficial), al considerar que pese a no constituir un matrimonio sí tienen derecho a que se reconozca su realidad familiar. Condena además al Estado italiano a indemnizar a la pareja con 20.000 euros, en concepto de daños no materiales, y con 18.924,58 euros en concepto de gastos.

El fallo se remonta, por cierto, a la sentencia del caso Schalk y Kopf contra Austria, emitida en 2010, en la que se dirimía si el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio quedaba cubierto por la Convención Europea de Derechos Humanos. Curiosamente en aquella ocasión Estrasburgo falló a favor de Austria, al estimar que no era así, pero como contrapartida aquella sentencia supuso el reconocimiento de que las parejas del mismo sexo sí tienen derecho al reconocimiento de su vida familiar (algo que consideraba que Austria cumplía con su ley de uniones civiles). “Las parejas del mismo sexo son tan capaces como las de diferente sexo de establecer relaciones estables de compromiso mutuo”, consideró entonces el alto tribunal europeo, lo que las coloca en una“situación similar a las de las parejas de distinto sexo por lo que se refiere a su reconocimiento legal y a la protección de su relación”. Nosotros mismos decíamos entonces que aquella argumentación “podría facilitar en el futuro los recursos de parejas del mismo sexo de estados en los que -como Italia o en buena parte de los países del Este- en los que carecen de cualquier tipo de reconocimiento jurídico”. Teníamos razón…

“Este caso es un perfecto ejemplo de las luchas a las que a diario tienen que enfrentarse a lo largo y ancho de Europa las parejas del mismo sexo. Esta pareja volvió a Italia porque uno de ellos estaba enfermo. Sufrir un problema personal de este tipo ya es suficientemente duro, pero las parejas del mismo sexo se encuentran con obstáculos discriminatorios adicionales”, ha expresado en un comunicado la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis. “ILGA Europa saluda la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una nueva confirmación de que la discriminación contra las parejas del mismo sexo basada en su orientación sexual no puede ser permitida”, añade el texto.

En la misma línea que otra sentencia reciente

Conviene destacar que se trata de la segunda sentencia en pocos meses a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a beneficiarse de los permisos de residencia por reagrupación familiar. En febrero de este mismo año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó también que las leyes de extranjería de Croacia, que tampoco reconocían a las parejas del mismo sexo la condición de familia, violaban la Convención Europea de Derechos Humanos. Aquel caso afectaba a una ciudadana de Bosnia-Herzegovina, que solicitó un permiso de residencia en Croacia por reunificación familiar al acreditar que mantenía una relación estable con una ciudadana croata.

“Habrá que ver si esta jurisprudencia termina por aplicarse a los casos en que las leyes del país impiden el matrimonio igualitario y las leyes de extranjería solo permiten la concesión de permisos de residencia a las personas unidas en matrimonio”, decíamos precisamente entonces (la ley croata sí reconocía el derecho a reagrupación familiar en el caso de relaciones no maritales, aunque heterosexuales). Pues bien, ya tenemos la respuesta: también es de aplicación en estos casos. Una muy buena noticia.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Austria, Bosnia-Herzegovina, Convención Europea de Derechos Humanos, Corte de Casación (Italia), Croacia, Discriminación, Douglas McCall, Evelyne Paradis, Familia, Holanda, Homofobia, ILGA, Italia, Nueva Zelanda, Roberto Taddeucci, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Interesante reflexión:

ILGA Europa, la organización “paraguas” que agrupa a los colectivos LGTB más importantes del continente europeo, ha emitido un comunicado de prensa en el que, tras la decisión de la ciudadanía británica de abandonar la Unión Europea, ha hecho un llamamiento a seguir luchando en favor de la igualdad de las personas LGTB en el Reino Unido y el resto de Europa. Y es que el Reino Unido, no lo olvidemos, es hoy día uno de los estados miembros de la Unión Europea más avanzados en materia de derechos LGTB. 

El referéndum convocado por David Cameron se saldó con una victoria de los partidarios de abandonar la Unión Europea por cuatro puntos de diferencia (un 52% frente al 48%). Lo hizo, además, con una participación más elevada de lo previsto. La decisión parece haber pillado con el pie cambiado a la clase política de medio mundo, además de a buena parte de analistas y opinadores, desatando además una reacción que en ocasiones ha bordeado la histeria. Y ello a pesar de que el referéndum para decidir sobre la permanencia en la Unión Europea era una de las promesas electorales de Cameron y de que días antes las encuestas ya señalaban la tendencia favorable al brexit, que solo amortiguó el terrible asesinato de la diputada laborista Jo Cox.

Dejando aparte otras importantes consecuencias políticas, económicas y sociales en las que no entraremos, ¿qué supondrá la salida de la Unión Europea para los derechos LGTB en Reino Unido? Es difícil decirlo, pero posiblemente no demasiado, al menos a corto o medio plazo. Si bien es cierto que el resultado supone un reforzamiento de las posiciones mas conservadoras, tradicionalmente asociadas a una mayor oposición a los derechos LGTB, la situación jurídica en Reino Unido se sitúa ya entre las más avanzadas del continente (así lo atestigua el propio barómetro anual de ILGA Europa) y no es previsible que haya marcha atrás a este respecto. De hecho, el mayor impulsor del Brexit, el conservador Boris Johnson (a quienes muchos consideran probable primer ministro en unos meses, tras el anuncio de retirada de Cameron) siempre ha presumido de ser un claro partidario de los derechos LGTB, y de hecho durante su etapa como alcalde de Londres se preocupó muy especialmente de consolidar una buena relación con la comunidad LGTB. Él fue, por ejemplo, uno de los políticos conservadores que más se significó por su apoyo al matrimonio igualitario, un tema en el que hizo causa común con Cameron pese a adivinarse ya como su principal rival en el seno de su partido.

Muy comentada (y ridiculizada por sus adversarios, por cierto) fue la llamada de Boris Johnson al colectivo LGTB para que se unieran a la corriente anti Unión Europea, con el argumento de que un Reino Unido no sometido a las directrices de Bruselas era una mejor garantía para sus derechos. Incluso se llegó a constituir un grupo de apoyo al Brexit formado por seguidores LGTB de Johnson, denominado Out & Proud. “Hicimos campaña asegurando que los derechos LGTB estarían mejor aquí y en el exterior fuera de la Unión Europea. Demostraremos que teníamos razón”, tuiteaba el grupo, tras conocerse el resultado del referéndum:

We campaigned off the back of the idea that LGBT rights would be better both here and abroad outside of the EU. We will prove we were right.

— Out & Proud (@OutandProudUK) 24 de junio de 2016

Sin embargo, sí creemos que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es una muy mala noticia para los derechos LGTB en el resto del continente. Una Europa que queda en buena parte huérfana del componente anglosajón, en la que el peso de Alemania -un país cuya clase política se resiste como gato panza arriba a aprobar el matrimonio igualitario-  será aún mayor y en la que la homofobia institucional de los estados de Europa del Este tendra menos contrapesos no ofrece, desde luego, un horizonte especialmente halagüeño. Esperamos equivocarnos.

Quizá por eso ILGA Europa ha querido hacer un llamamiento a que la salida de la Unión Europea del Reino Unido no suponga freno al avance de los derechos LGTB en el continente. “En nuestros 20 años de historia, hemos apoyado el esforzado trabajo de nuestros miembros del Reino Unido, y aprendido mucho de ellos a cambio. Por eso, como la red europea de activistas de derechos humanos que somos, lamentamos naturalmente el hecho de que el Reino Unido ya no será una voz para el progreso de la Unión Europea”, se lamenta ILGA Europa en su comunicado, en el que muestra además su preocupación por el debilitamiento del activismo compartido que puede suponer. ILGA Europa pide de hecho que del resultado del referéndum británico se derive “mayor solidaridad, no menos”, y no solo por lo que respecta a los derechos LGTB, sino a otros derechos humanos y a otras organizaciones que lucan por la igualdad.

Veremos si Europa reacciona en la dirección adecuada tras el varapalo británico. Porque mucho se habla de los perjuicios para Reino Unido del brexit, pero poco de la delicada situación en la que esta Europa se encuentra… con y sin brexit.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Boris Johnson, Brexit, Conservadores, David Cameron, Europa, ILGA, Jo Cox, Out & Proud, Reino Unido, Unión Europea

Un hotel portugués especifica en su página web que no se admiten huéspedes homosexuales en sus habitaciones.

Al norte de Portugal, en la localidad costera de Afife, cerca de Viana do Castelo, se encuentra Casa D’Joao Enes. Un encantador hotel rural ideal para pasar unos días de relax. Pero cuidado, a la hora de realizar la reserva, un momento antes de hacer efectivo el pago de la habitación, ¡zasca! Lanzan un mensaje del siguiente calibre.

“Estimado huésped: en caso de que se encuentre en una de las cuatro situaciones abajo indicadas, le rogamos que no continúe con su reserva o que la cancele si es que ya la ha realizado”.

Las “situaciones” están bien estipuladas en el aviso, y son las siguientes: si eres homosexual, futbolero, festivalero o consumidor de estupefacientes. En cualquiera de estos casos, nada de “sejam bem vindos”, salvo que –cabe suponer– los interesados estén dispuestos a disimular lo que haga falta.

Un claro caso de homofobia que no le ha pasado desapercibido a la asociación portuguesa ILGA, que ha calificado de inamisible y discriminatoria la situación. “Este caso muestra claramente la necesidad de una legislación que facilite perseguir y castigar este tipo de actitudes”. Además, esta asociación LGTB hace un llamamiento a la sociedad reclamando “un proyecto de ley contra todos los tipos de discriminación, incluyendo la que tiene su base en la orientación sexual y la identidad de género. Esperamos que este ejemplo ayude a convertir en prioritaria su importancia y urgencia”.

Las redes sociales portuguesas se ha hecho eco también de la inaudita prohibición y algunos han llamado a boicotear el complejo hotelero. Paulo Bandeira, propietario de Casa D’Joao Enes, ha declarado. “Soy el dueño y, por tanto, yo defino a quién quiero como cliente y a quién no”. Unas declaraciones que solo han incendiado aún más a la opinión pública del país vecino en las vísperas del Orgullo gay.

Fuente Shangay

General, Homofobia/ Transfobia. Afife, Casa D’Joao Enes, Hotel, ILGA, Paulo Bandeira, Viana do Castelo

La Marcha del Orgullo de Chisináu, la capital moldava, fue interrumpida a poco de iniciarse por centenares de LGTBfobos, que portaban banderas moldavas, ortodoxas y crucifijos. La Policía, como medida de seguridad, decidió disolver la Marcha, que duró apenas quince minutos. Moldavia se sitúa entre los países de Europa con mayores carencias en cuanto a la igualdad de derechos y protección contra la discriminación de sus ciudadanos LGTB.

El pasado domingo 22 de mayo, la asociación de defensa de los derechos LGTB  GenderDoc-M había convocado una Marcha del Orgullo por las calles de Chisináu, la capital de Moldavia, bajo el lema Fără frică (Sin miedo). La convocatoria, la cuarta en celebrarse en la capital, logró reunir a unos 300 manifestantes, que de manera pacífica reclamaban por las calles de su ciudad la igualdad de derechos para los ciudadanos LGTB. Entre los participantes se encontraban representantes diplomáticos de Alemania, Francia, Suecia y los Estados Unidos.

Según testigos, nada más iniciarse la Marcha se podía ver a un sacerdote ortodoxo, rodeado de una veintena de adeptos, que arrojaban agua bendita a los manifestantes. Poco a poco, el grueso de los LGTBfobos fue incrementándose, hasta que se reunieron cientos de ellos, que insultaban, amenazaban y arrojaban huevos a los manifestantes, mientras enarbolaban banderas moldavas, ortodoxas y crucifijos.

La Policía decidió disolver la manifestación y conducir a los participantes hasta un lugar seguro, cuando apenas habían transcurrido 15 minutos desde su inicio. Arnaud Gauthier-Fawas, un activista de la Inter-LGBT francesa presente en la Marcha moldava, describía así lo sucedido: “Estoy triste y orgulloso a la vez. Triste porque se acabó muy rápidamente, pero muy orgulloso al mismo tiempo por todo el trabajo que hicieron los organizadores”.

Ya en mayo de 2015, GenderDoc-M propuso la celebración de una Marcha por las calles de Chisináu. Según el informe de ILGA-Europa, dos días antes del evento, la Policía solicitó a GenderDoc-M que cambiase la ubicación y la fecha, debido a una supuesta preocupación por la seguridad. La compañía de autobuses contratada para llevar a los participantes a la Marcha no se presentó, tras recibir una llamada de Policía. Miembros de Occupy Pedofilyaj, el infame grupo LGTBfobo de procedencia rusa, amenazaron a los participantes y les arrojaron huevos podridos, sin que hubiera ningún acusado por delitos contra el orden público.

Moldavia ocupa el puesto 42 (sobre 50) entre los países europeos en cuanto al respeto de los derechos de las personas LGTB, según la lista confeccionada por ILGA-Europa. El matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, sin que haya ningún reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. En 2012 se aprobó una ley de igualdad, que, debido a las presiones de la Iglesia ortodoxa, solo reconocía el derecho a la no discriminación por razón de la orientación sexual en el mercado de trabajo, sin establecer el mismo derecho en los demás ámbitos. En el año 2013, el Gobierno aprobó una ley que prohibía la “propaganda homosexual”, a semejanza de la rusa, que afortunadamente fue derogada tres meses después de su entrada en vigor, como contrapartida a la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Según una encuesta efectuada en 2014, el 76 % de los moldavos opinan que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Arnaud Gauthier-Fawas, Chisinau, Discriminación, Genderdoc-M, Homofobia, ILGA, Inter-LGBT, Moldavia, Occupy Pedofilyaj, Orgullo LGTB, Visibilidad LGTB

Como acostumbra desde el año 2006, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) ha publicado este mes de mayo el informe anual que recoge la situación legal de las personas LGTBI en cada uno de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. 74 de esos países aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A ellos habría que sumar otros 4 territorios donde se persigue igualmente a la población LGTBI, aunque no sean reconocidos por la ONU o la legislación opresora no sea de ámbito nacional. En 13 países, bien sea en todo su territorio o en parte de él, la legislación establece la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales, en todos los casos por la aplicación de la sharia o ley islámica.

El primer informe titulado “Homofobia de Estado” elaborado por ILGA data del año 2006. En él se contaban 92 países y territorios en los que se perseguía legalmente a las personas LGTBI. En el memorándum de 2016 se cuentan 74, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas, o donde la persecución no es de ámbito nacional, pero sí lo suficientemente relevante en cuanto a la población afectada, por lo que la cifra asciende a 78 países y territorios.

El único país que ha despenalizado las relaciones homosexuales en este 2016 son las Seychelles, aunque la ley aprobada por su Asamblea Nacional aún no ha sido promulgada.

Las relaciones sexuales entre varones están penadas en los 78 países y territorios, mientras que las relaciones entre mujeres se castigan en 45 de ellos.

Los países que castigan las relaciones homosexuales en el mundo

A continuación os detallamos el listado de los países con homofobia de Estado institucionalizada, a los que se añaden algunos territorios no reconocidos por las Naciones Unidas, como Palestina/Franja de Gaza u otros donde la violencia contra las personas LGTBI está extendida, aunque se cometa por grupos insurgentes, como en el caso de Iraq o las zonas ocupadas por el Estado Islámico. También se incluye a Indonesia, que, aunque no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, sí que la mantiene en provincias de considerable población.

Añadimos por cada continente el dato más estremecedor, el de los 13 estados o territorios que establecen en sus leyes la pena de muerte para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

También mostramos los 17 países que, al margen de tener o no una legislación penalizadora de las relaciones homosexuales, castigan la difusión de información positiva sobre la homosexualidad (conocidas en Europa como “leyes contra la propaganda homosexual”), o que mantienen normativas “de moralidad” cuyo objetivo es coartar la libertad de expresión en lo que respecta a la información sobre orientación sexual.

Este es el mapa de los países del mundo en los que están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo, tomando como referencia la traducción al español del incluido en el informe de ILGA, con la actualización referente a las Seychelles (y una corrección, pues en el mapa original traducido al español han rotulado Letonia en vez de Lituania). Podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño:

África

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 33 países)

Las Seychelles aparecen en el informe de ILGA, pues su redacción es anterior al pleno de la Asamblea Nacional del pasado 18 de mayo, en el que mayoritariamente se votó por la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad. Si bien aún es preciso que esta decisión sea promulgada por el presidente, hemos eliminado al país insular de la lista.

ILGA en realidad no incluye a Egipto en su listado (aunque sí detalla la realidad legal egipcia en su informe), debido a una cuestión puramente formal, pues sus leyes no penalizan específicamente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Sin embargo, se utilizan los ambiguos términos “indecencia o libertinaje”, “conducta inmoral” u “ofensa a los sentimientos religiosos” para efectivamente castigar las relaciones homosexuales. En el último caso dado a conocer, once varones fueron condenados a 12 años de prisión por estos delitos. Las repetidas redadas contra homosexuales que se han difundido internacionalmente en los últimos tiempos, y de las que se ha dado cumplida cuenta, parecen motivo suficiente para que Egipto engrose la lista.

• Pena de muerte (en 4 países)

Mauritania, Nigeria (en los estados del norte), Somalia (en algunos estados del sur) y Sudán.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 7 países)

Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Nigeria, Somalia y Túnez.

Asia

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 22 países y 4 territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Bután, Brunéi, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico, India, Indonesia (provincias de Aceh y Sumatra Meridional), Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina/Franja de Gaza, Singapur, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.

En los 26 países o territorios se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 13 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En Iraq no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual, incluso con la connivencia de sus fuerzas del orden. También se han denunciado casos de aplicación de la sharia por conducta homosexual por parte de los autoproclamados jueces islámicos.

Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra la población LGTB como arma propagandística.

En la Franja de Gaza y los territorios bajo dominio de Palestina, está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Desde que Hamas llegó al Gobierno en 2007, se han introducido en el cuerpo legislativo diversas propuestas para adaptar esas ordenanzas a la ley islámica, aunque ninguna ha sido aún aprobada. De llegar a convertirse en ley, los castigos y penas establecidos serían mucho más severos que los actuales.

Indonesia, como comentábamos anteriormente, no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, pero sí que la mantiene en la provincias de Aceh y Sumatra Meridional, ambas de considerable población.

• Pena de muerte (en 9 países o territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico (en los territorios que controla en el norte de Iraq y Siria), Irak (aplicada por jueces islámicos), Irán, Pakistán y Yemen.

La reforma del Código Penal de Brunéi de 2014, que se aplica por fases, establecía que en 2016 se castigarían con la pena de muerte por lapidación las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, según las fuentes de ILGA, todo parece indicar que el jefe de estado aún no ha promulgado la implementación de esta fase.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 8 países)

Arabia Saudí, Catar, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano y Siria.

Kirguizistán comenzó a debatir una ley que prohibía dar información positiva sobre la homosexualidad en 2014, aunque aún está en trámite. Sin embargo, tras el inicio de su debate, la situación de violencia social y policial contra el colectivo LGTBI adquiere tintes dramáticos.

América

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 11 países)

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

En los 11 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 6 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En los Estados Unidos, las leyes contra la sodomía fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo en 2003 (Lawrence vs. Texas), pero todavía aparecen en los textos legales de 13 estados: Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Kansas, Luisiana, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Texas, Utah y Virginia. Los legisladores conservadores se niegan a derogar estas leyes y, en algunos casos, la Policía todavía intenta hacerlas cumplir. En los últimos años, más de una docena de personas LGTBI han sido detenidas por violar esas leyes, aunque los cargos fueron retirados por las fiscalías por ser legalmente inaplicables.

Oceanía

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 7 países)

Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu.

En los 7 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 2 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

Europa

Con la derogación de las leyes discriminadoras en la República Turca del Norte de Chipre en 2014, no existe ningún territorio europeo en el que las relaciones entre personas del mismo sexo estén penadas.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 2 países)

Lituania y Rusia.

Las leyes homófobas como la aprobada en Rusia, aunque teóricamente no penalizan las relaciones homosexuales o bisexuales, en la práctica están siendo utilizadas para estigmatizarlas y que queden reducidas a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad. A ello hay que sumar las continuadas agresiones hacia homosexuales, bisexuales y transexuales por parte de grupos homófobos, cada vez más organizados.

En Lituania, sus leyes prohíben la manifestación y promoción de contenidos publicitarios que hagan referencia a la orientación sexual. Como en el caso ruso, sirven para impedir que se ofrezca información positiva sobre homosexualidad o bisexualidad, con el estigma social consecuente.

Otros países que han intentado promulgar leyes semejantes han sido Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, aunque finalmente han sido aplazadas, desestimadas o derogadas.

Fuente dosmanzanas

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Un año más, el 17 de mayo toca “celebrar” el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Una conmemoración que sigue teniendo todo el sentido que nunca, también en España. Recientemente el Ministerio del Interior presentaba su informe 2015 sobre delitos de odio en España (puedes descargarlo aquí) El total de casos registrados en 2015 fue 1.328. De ellos, 169 (un 12,7%) lo fueron por orientación sexual o identidad de género. Pero es solo la punta del iceberg.

Son cifras que fuera de contexto podrían llevar a pensar que ha habido un descenso de las agresiones por LGTBfobia respecto a 2014. Sin embargo, el cambio metodológico en el sistema de contabilización de las denuncias impulsado en 2015 impide hacer una comparación precisa con los datos de años anteriores (un cambio que la propia FELGTB bendijo al considerar que era más preciso). Recordemos, en cualquier caso, que según los especialistas la mayor parte de las agresiones motivadas por LGTBfobia continúan sin denunciarse. Más de un 70%, según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “La cifra de agresiones, por tanto, si extrapolamos datos, superaría el medio millar. El miedo a salir del armario o la sensación de que no habrá consecuencias para sus agresores, entre las principales razones para no acudir a la policía”, expresaba esta organización en febrero, cuando se hizo público el adelanto del informe.

Los datos del recién creado Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia (teléfono 618 54 71 66; web http://contraelodio.org) impulsado por el colectivo Arcópoli, y que solo en los cuatro primeros meses del año había contabilizado más de 60 incidentes en la Comunidad de Madrid, parecen indicar que la cifra de ataques, una vez que se facilitan las denuncias más allá del ámbito estrictamente policial o judicial, es en realidad mayor que el que muestran las estadísticas oficiales. Algo que muchos sospechábamos. Es cierto que el de la contabilización exacta de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género es un asunto que exige un trabajo riguroso por parte de agentes implicados, pero también lo es que el problema de fondo sigue siendo el mismo. Discutir si se trata de un repunte real o de la consecuencia de una mayor sensibilidad social o facilidad para denunciar carece de sentido. La LGTBfobia está ahí, en cualquier caso. Buen ejemplo es lo que ocurre en los colegios e institutos: según un reciente estudio llevado a cabo en Madrid por el colectivo COGAM, el 60% de adolescentes ha presenciado agresiones por LGTbfobia en su instituto, mientras que el 15% del alumnado LGTB sufre ciberacoso.

Pero la LGTBfobia no son solo los delitos de odio o el acoso. También lo es la discriminación, en todos sus niveles. Incluyendo el institucional. Una discriminación que sufren muy especialmente las personas transexuales, que pese a los avances a nivel autonómico en España continúan sometidas a un anacrónico esquema jurídico que no por ser mejor que el de otros países más atrasados puede considerarse adecuado. De hecho, ya son otros muchos los países que cuentan con legislaciones más avanzadas que la española. Por no hablar de la situación de los menores transexuales a nivel sanitario o educativo.

Y en el resto del mundo, aún peor…

En el momento de publicar esta entrada, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) aún no había hecho público su tradicional informe anual, que recoge la situación legal de las personas LGTB en el mundo. Con total seguridad haremos referencia al mismo en próximos días, pero tampoco esperamos sorpresas. Según el informe de 2015, 79 estados o territorios persiguen a su población LGTB. En 8 de ellos la legislación establece la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales. Pero la situación no es mucho mejor en otros aparentemente más benévolos. Basta hacer un repaso a las noticias que publicamos. No hay semana en la que no informemos de un episodio de persecución, discriminación, violencia o asesinatos. ¿Cómo no recordar en este día a los seis jóvenes detenidos la pasada semana en Nigeria, estigmatizados de por vida y que se enfrentan a penas de hasta 14 años de cárcel? ¿Cómo no acordarse hoy de Xulhaz Mannan, el joven activista LGTB asesinado a machetazos en Bangladesh hace menos de un mes? Por mencionar solo dos de los casos más recientes…

Discriminación que por cierto los difusores del odio se empeñan en extender y consolidar, incluso en territorios en los que se suponía ya en vías de reconducción: estos días asistimos con estupor a cómo la defensa de la discriminación de las personas transexuales parece convertirse en uno de los ejes de la campaña de importantes políticos estadounidenses, como el infame gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, seguro de que ello le llevará en volandas a la reelección. Lo terrible es que quizá lleve razón…

Este martes 17 de mayo la geografía española y mundial se llenará de eventos contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Nos resulta imposible recogerlos todos en esta entrada, pero si contactas con tu colectivo local casi seguro que tienen un acto previsto. Si tú mismo eres activista y quieres dar a conocer un acto háznoslo saber e intentaremos difundirlo en redes sociales. Os invitamos también a hacer de reporteros improvisados y dejarnos en comentarios o en redes sociales las crónicas de este día en vuestras ciudades o pueblos. Una invitación extensible a los que nos leeis desde América Latina y el resto del mundo.

Aunque ya es un viejo conocido, os dejamos para finalizar con un vídeo del comité IDAHO (“International Day against Homophobia”), que ya ha añadido la “T” de transfobia en su denominación internacional (IDAHOT). Se trata, al fin y al cabo, de la organización que viene promoviendo desde hace ya una década la celebración de este día en todo el mundo (día que conmemora la eliminación de la homosexualidad, el 17 de mayo de 1990, de la lista de enfermedades mentales de la OMS):

La FELGTB condena las agresiones homófobas en el día contra la LGTBFOBIA

(FELGTB) La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, (FELGTB) denuncia de cara al 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, las violaciones de los derechos humanos que siguen sufriendo las personas LGTB.  Lo que no sabemos es si se refiere a las denunciadas por Arcópoli o las no-denunciadas por parte de COGAM, porque esa parte no la aclaran en la nota de prensa.

La transexualidad todavía sigue siendo considerada injusta y erróneamente una enfermedad. La FELGTB considera que mientras la Organización Mundial de la Salud y otros organismos médicos internacionales no eliminen la transexualidad de su listado de enfermedades mentales, la lucha por la erradicación de la transfobia no será posible. “La comunidad internacional debe poner fin de manera urgente la estigmatización hacia las personas transexuales”, ha asegurado Jesús Generelo, presidente de la FELGTB, que ha añadido que “en España se debe aprobar una Ley de ámbito estatal Integral de no discriminación por identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, como las ya existentes en algunas regiones como Andalucía, Canarias, Extremadura, Madrid, Navarra o País Vasco, así como la que se podría aprobar el propio día 17 de mayo en Baleares”.

Por otra parte, la bisexualidad, de especial importancia para la FELGTB en la actualidad debido a su decisión de celebrar en 2016 el Año de la Visibilidad Bisexual en la Diversidad, sigue siendo la orientación sexual más estigmatizada e invisibilizada. La bifobia que sufren las mujeres y los hombres bisexuales es fruto tanto del desconocimiento de su existencia como de los estereotipos que todavía presenta. Por ello, “las personas bisexuales pueden sufrir homofobia al ser identificadas como homosexuales y también bifobia al ser invisibilizadas o consideradas homosexuales armarizadas” explica Amanda Rodríguez, portavoz Bisexual de la Federación.

La FELGTB sostiene que el efecto más sangrante resultante de la discriminación son los delitos de odio, que afectan a todas las personas LGTB, y que requieren de un claro compromiso político e institucional que lleve a prevenirlos con medidas pedagógicas, perseguir a quienes cometan las agresiones y a proteger a las víctimas. Además, ante la falta de formación y desconocimiento de esta realidad, la FELGTB sigue trabajando por la sensibilización mediante, por ejemplo, la campaña #ConLaVozBienAlta, o la organización de jornadas temáticas, como las que tendrán lugar el 19 y 20 de mayo en Madrid.

Asimismo, las entidades de la FELGTB organizan diversos actos en toda la geografía española para reclamar medidas antidiscriminación y por la igualdad, entre ellos los siguientes:

ANDALUCÍA

Acción Diversa: 17 de mayo, lectura de manifiesto e izada de la bandera arcoíris en Castilleja de Guzmán, así como en otros pueblos de la provincia. La bandera permanecerá izada en Castilleja de Guzmán hasta la celebración de la manifiestación del orgullo LGTB.

ARAGÓN

Magenta LGTB Aragón: 17 de mayo, nueve actividades de sensibilización (talleres en el patio del recreo) en institutos de Educación Secundario de Teruel y Zaragoza.

EXTREMADURA

Extremadura Entiende: 17 de mayo a las 11.30 horas, participación en el acto institucional organizado por la Asamblea de Extremadura, plaza de San Juan de Dios, Mérida.

CASTILLA Y LEÓN

Lesgavila: 17 de mayo a las 19.00 horas, ponencia “Una experiencia de transición de género” en la Jornada “La Herramienta Sindical contra la LGTB-FOBIA”, organizada por Comisiones Obreras en su sede, calle Lópe de Vega 38, Madrid.

CATALUÑA

Gais Positius: 17 de mayo a las 19.00 horas, acto en la calle Creu Coberta, 104, Barcelona.

COMUNIDAD DE MADRID

Arcópoli: 17 de mayo, picnic a las 18h en el parque de Roma (Madrid) y acto simbólico con banderas arcoíris en torno al gran escudo de la ciudad que hay en él.

COGAM: 17 de mayo a las 19.00 horas, charla “Historia del inicio del activismo LGTB”, en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, calle Mantuano, 51, Madrid.

CASTILLA LA MANCHA

Bolo-Bolo Castilla-La Mancha: 17 de mayo, por la mañana reunión con el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y a las 18.00 horas acto conjunto (ponencia, mesa redonda, coloquio-debate) con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo en el patio consisterial.

COMUNIDAD VALENCIANA

Col·lectiu LGTB de la Safor: 17 de mayo, presentación de una guía antidiscriminatoria dirigida a personas LGTB; y el 19 de mayo a las 19.00 horas, mesa redonda “¿Qué hacer en caso de ataque LGTBfóbico?”, en la Casa de la Marquesa. Ambos actos tendrán lugar en Gandía (Valencia).

Lambda: 17 de mayo a las 19.00 horas, charla “Trabajando por la Igualdad LGTB”, Ateneo Mercantil, Plaza del Ayuntamiento, 18, Valencia; y el 21 de mayo a las 19.30 horas, performance “Los latidos de la LGTBfobia”, con salida en la plaza de los Pinazos, también en Valencia.

Diversitat Alicante: 17 de mayo, mesa redonda sobre bisexualidad en la Universitat d’Alacant; 21 de Mayo, III Edición Premios Angie Simonis; 26 de mayo, intervención en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante para exponer una Moción contra la LGTBfobia; 28 de mayo, selección de versos contra la LGTBfobia.

GALICIA

Xega y Xega Xoven: 17 de mayo a las 19.00 horas, concentración ciudadana delante del Teatro Campoamor de Oviedo (calle Pelayo).

ISLAS CANARIAS

Gamá: 15 de mayo a las 11.00 horas, inicio de la Caravana Arcoíris desde la Fuente Luminosa, Las Palmas de Gran Canaria; y el 17 de mayo de 17.00 a 19.30 horas, homenaje a Félix de Grande, en el Centro Cívico Súarez Navarro, también en Las Palmas de Gran Canaria.

MELILLA

Amlega: VII Semanan de Educación en Educación, Sexual, Familiar y de Género: 16 de mayo, presentación de la guía “Abrazar la Diversidad”; 17 de mayo, proyección de la película Pride. Ambos actos tendrán lugar a las 18.00 en la sede de la UNED de Melilla.

PAÍS VASCO

Gehitu: 17 de mayo, de 17.00 a 20.00 horas, mesa informativa en el polideportivo municipal de Zuhaizti, Donostia-San Sebastián.

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Fuente FELGTB/Dosmanzanas

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Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

El informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

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Tras años de espera, Italia ha aprobado por fin una ley de uniones civiles entre  personas del mismo sexo. Es una buena noticia, sin duda. No obstante, la aprobaciòn ha sido posible solo después de que el Gobierno de Matteo Renzi (Partido Democrático, PD) aceptase descafeinar el proyecto inicial, retirando la posibilidad de que en el seno de una pareja del mismo sexo uno de los miembros de la pareja pudiese adoptar a los hijos del otro miembro y modificando aspectos simbólicos para acentuar las diferencias entre uniones civiles y matrimonio.

El proyecto, tal y como informamos en su momento, fue aprobado en febrero por el Senado, cámara en la que el Gobierno italiano tiene un respaldo menor y en la que los contrarios a los derechos LGTB presionaron para reformar a la baja el proyecto inicialmente presentado por la senadora Monica Cirinnà. Renzi acabó por ceder a las presiones, y el proyecto fue aprobado por 173 votos a favor y 71 en contra. Pasó entonces a la Cámara de Diputados, donde en teoría no debía tener dificultades para ser aprobado. Pero no ha resultado tan sencillo: más de dos meses después el proyecto seguía enquistado. Finalmente Renzi se ha visto obligado a forzar un órdago: a primera hora de la tarde de este miércoles se sometía a una moción de confianza vinculada a que el proyecto no sufriese más dilaciones. La moción fue aprobada por 369 votos a favor, 193 en contra y 2 abstenciones. Despejada la duda, poco después se sometía a votación el texto, aprobado finalmente por 372 votos a favor, 51 votos en contra y 99 abstenciones.

La propuesta original presentada por la senadora Cirinnà en junio de 2014 reconocía a las parejas del mismo sexo derechos civiles, patrimoniales y sociales similares a los del matrimonio, aunque no la adopción conjunta. Como gran paso adelante, sin embargo, sí que permitía, bajo ciertas circunstancias, la adopción por parte de uno de los miembros de la pareja de los hijos que ya tenga el otro miembro de la pareja (bautizada en Italia con el anglicismo stepchild adoption). La tramitación del proyecto, sin embargo, no se aceleró hasta después del histórico referéndum irlandés sobre el matrimonio igualitario, cuando el primer ministro Renzi (Partido Democrático, PD) declaró que “las uniones civiles no pueden retrasarse más”. Curiosamente, el propio Renzi era el que había actuado hasta entonces como freno al proyecto, pese a que el Parlamento salido de las elecciones de 2013 no debería haber tenido, de acuerdo a las posiciones defendidas por los partidos en ese momento, especiales dificultades para aprobarlo.

Hasta su aprobación por el Senado Renzi intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo con su socio principal de gobierno, el Nuevo Centro Derecha de Angelino Alfano (actual ministro del Interior), que prefería una regulación de menor nivel que no contemplase la stepchild adoption. Renzi, cuya primera y más importante dificultad era la división interna en su propio partido (una amalgama de democristianos, centristas, socialdemócratas y socialistas, y cuyo sector católico sigue siendo especialmente influyente), se vio finalmente abocado a dejar de lado a Alfano y confiar en que a una supuesta mayoría de parlamentarios del PD se sumasen diversas fuerzas menores de izquierda y sobre todo el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo (M5S), que se había mostrado a favor del proyecto. No fue suficiente. El M5S se negó a validar la denominada “enmienda supercanguro”, un procedimiento parlamentario abreviado que tiene como objeto rechazar de un plumazo y sin discusión numerosas enmiendas menores, al que ese partido se opone por principio. Ello abocaba a un proceso de discusión más prolijo, y lo que en último término era lo que buscaba Grillo, acentuaba la división interna entre los senadores del PD, a los que Renzi pensaba dejar libertad de voto por lo que a la stepchild adoption se refiere. El propio M5S había decidido también, después de las recientes y masivas movilizaciones populares tanto a favor como en contra del proyecto, dar libertad de voto a sus senadores en lo referente a este punto.

La discusión quedó así suspendida mientras partidarios y detractores reagrupaban sus fuerzas. Matteo Renzi, sin embargo, no quiso dejar pasar más tiempo y finalmente aceptó descaifenar el proyecto en el sentido en el que le reclamaban tanto el sector católico de su partido como la derecha. El resto, ya lo hemos contado arriba.

¿Por qué es un proyecto descafeinado?

La ley finalmente aprobada no contempla ni siquiera la stepchild adoption. Las parejas del mismo sexo con hijos, por tanto, seguirán estando obligadas a acudir a la justicia italiana caso por caso para hacer valer sus derechos. Y es que los jueces italianos, salvo excepciones, se están mostrando más sensibles que la clase política de ese país hacia la realidad familiar de las personas LGTB. La propia stepchild adoption, por ejemplo, ha sido ya reconocida por varios tribunales.

Un detalle menor para algunos pero especialmente simbólico, y que deja bien claro el afán de los legisladores homófobos por dejar su impronta en el proyecto, ha sido la supresión de la “obligación de fidelidad” que, del mismo modo que la ley italiana exige a las parejas casadas, el proyecto inicial de Cirinnà exigía a las parejas del mismo sexo unidas civilmente. Por curioso que parezca, se trataba de un aspecto que había sido especialmente criticado por los contrarios al proyecto porque en su opinión hacía prácticamente indistinguible a esta institución de la del matrimonio. Eliminarlo supone, en cierto modo, oficializar que la relación afectiva que se le supone a dos personas del mismo sexo unidas civilmente es de peor calidad que la que se le supone a una pareja de distinto sexo casada.

De hecho, las uniones civiles italianas entre personas del mismo sexo son consideradas jurídicamente una “formación social específica”, término que nadie sabe muy bien qué significa, pero que fue introducido con objeto de configurarlas como una rareza que las diferencie, por ejemplo, de matrimonio.

Buena noticia, al fin y al cabo

La aprobación de la ley, en cualquier caso, supone que por fin Italia, el último gran país de Europa occidental en hacerlo, reconoce las parejas del mismo sexo (hasta Chipre o Grecia, dos países de tradición ortodoxa, la habían adelantado ya). De “paso histórico” la ha calificado el colectivo italiano Arcigay. También ILGA Europe se ha congratulado, reconociendo el 11 de mayo como un “día importante para el movimiento LGTBI italiano”, aunque la organización europea insiste en que no puede ser el último paso al haber quedado fuera las familias homoparentales.

El Partido Demócrata ha celebrado al decisión con un aplauso y el propio Matteo Renzi, para quien esta medida era uno de sus compromisos con sus votantes, ha señalado que era un «día de fiesta. Italia ha dado un paso hacia adelante». Así lo resume el propio Renzi en su muro de Facebook:

Hoy es un día de fiesta para muchos. En estas horas decisivas tengo junto a mi corazón el pensamiento y el recuerdo de Alessia [Ballini, alcaldesa de San Piero a Sieve, luchadora por los derechos de los homosexuales, fallecida en 2011]. Y esto me basta. Porque las leyes son hechas para las personas, no para las ideologías. Para quien ama, no para quien proclama. Lo hacemos poniendo la moción de confianza porque ya no se podía retrasar más después de años de intentos fallidos. Lo hacemos con humildad y valentía”.

Las celebraciones han llegado tanto por parte de colectivos LGTB, como por parte de otros miembros del gobierno, como María Elena Boschi, ministra para las Reformas Constitucionales, quien reiteraba que se trata de «un día de fiesta para todos los italianos (P). Hemos dado una respuesta después de años, no sólo en relación a los derechos, sino a los sueños y expectativas de tantas personas». En la misma línea, Roberta Pinotti, ministra de Defensa, publicaba en Twitter que «finalmente Italia podrá tener una ley sobre las uniones civiles. Más derechos y más serenidad para quienes se aman. Ahora estamos al mismo nivel que Europa».

Renzi no ha dejado de advertir que «nadie tiene derecho a no aplicar la ley», adelantándose a quienes se negaran a confirmar una unión civil entre homosexuales, dado que « los municipios tienen la obligación de ponerla en práctica». De la misma manera, tampoco le preocupa perder el respaldo de los votantes católicos, respondiendo que cuando hay cosas que hacer, se hacen. La ley aprobada no sólo reconoce las uniones de parejas del mismo sexo, sino que garantiza a ambos cónyuges derechos similares a las parejas heterosexuales en lo que respecta a pensiones, vivienda y herencias, así como visitas hospitalarias y hasta a llevar el mismo apellido.

Tampoco han faltado las voces críticas con la aprobación de esta ley, como los ultraderechistas de Liga Norte, Matteo Salvini y Massimiliano Defriga, mientras el primero hace un claro llamamiento a la desobediencia por parte de los alcaldes de su formación, el segundo sostiene que esta ley representa un ataque directo contra la familia. Más moderada se posiciona Giorgia Salvini, de la formación conservadora Hermanos de Italia, que ha declarado que respetará la ley, pero no celebrará personalmente ninguna unión homosexual.

No deja de ser triste, en cualquier caso, el espectáculo ofrecido por la clase política italiana a lo largo de los últimos meses, y que demuestra hasta qué punto los derechos de una minoría se han convertido en moneda de cambio, con un Renzi más preocupado de mantener unido a su partido o un M5S más preocupado de dejar en evidencia dicha división interna que de los derechos de las familias homoparentales, que siguen estando desprotegidos.

Enhorabuena en cualquier caso al colectivo LGTB italiano por lo conseguido, que no es poco. A celebrarlo hoy y a luchar por nuevos avances mañana.

Fuente Dosmanzanas/UniversoGay, Chueca/Agencias

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