El Tribunal Constitucional de Uganda, ha confirmado el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad del país.

Cómo la ultraderecha cristiana occidental ejerce influencia en la cruzada anti-LGTBI en Ghana

Grupos como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGO azuzan desde hace años la homofobia en el país africano, cuyo Parlamento aprobó en febrero una ley que criminaliza la homosexualidad. La estrategia pasa por persuadir a la población local de que son los guardianes de la ortodoxia religiosa

El proyecto de ley aprobacdo por el parlamento de Uganda en marzo, que conlleva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, estaba siendo impugnado ante los tribunales por activistas que argumentaban que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.

“Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad, ni otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación”, dijo sobre la decisión el vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente del tribunal de Uganda, Richard Buteera.

Sin embargo, el tribunal sí encontró que ciertas partes de la ley violan el derecho de los ciudadanos a la salud y que es “incompatible con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

En reacción a la noticia, el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo dijo que el tribunal base “la decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas/sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, por decir lo menos, extraño”.

El tribunal dictó sentencia sumaria y se negó a anular la ley contra la homosexualidad de Uganda.

 “No estamos de acuerdo con los hallazgos, pero esperamos recibir su razonamiento detallado y consultarnos sobre nuestros próximos pasos”, dijo. Añadiendo: “Uno viene a la corte esperando que supere la intolerancia y los sentimientos públicos. En ese sentido, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden tomar”.

El activista Steven Kabuye,  que recientemente fue apuñalado y abandonado frente a su casa al tomarlo por muerto, dijo que la decisión significa que la comunidad LGBTQ+ en el país ha sido “empujada aún más en la oscuridad” y que el precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.

¿Cuál es la factura?

El proyecto de ley contra la homosexualidad recibió la aprobación del presidente del país,  Yoweri Museveni, en mayo de 2023 y se basó en leyes ya duras que criminalizan el sexo gay, convirtiéndose en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo.

El Parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas simplemente por identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero esta cláusula fue eliminada posteriormente por los legisladores en mayo, después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados.

En respuesta, grupos de derechos humanos y activistas LGBTQ+ criticaron el proyecto de ley como “una legislación vil y mortal” que no hará “nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses”.

Estados Unidos también dijo que el país tiene la intención de cortar los lazos económicos con Uganda tras la implementación del proyecto de ley contra la homosexualidad, y el presidente Joe Biden escribió que planeaba poner fin a las relaciones económicas por las “graves violaciones” de los derechos humanos. Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

Desde que se aprobó la legislación, ha habido  aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. en Uganda, según un informe de un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE).

El informe, visto por Reuters, denuncia 306 violaciones de derechos en Uganda basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.

En particular, el informe afirma que la lista no puede considerarse exhaustiva debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQ+ para denunciar abusos anti-LGBTQ+.

La Casa Blanca condena al Tribunal Constitucional de Uganda por defender la ley de “matar a los gays”

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de ratificar la Ley Antihomosexualidad de la nación de África Oriental.

La ley, que se aprobó en 2023, enfrentó un desafío constitucional a fines del año pasado por parte de dos profesores de derecho de la Universidad Makerere en Kampala, quienes argumentaron que viola los derechos fundamentales garantizados en la constitución de Uganda, incluida la libertad de discriminación y el derecho a la privacidad.

El tribunal superior del país confirmó la ley, que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y la “homosexualidad agravada” con la muerte. Partes de la ley –incluida una disposición que tipifica como delito no denunciar actos homosexuales a las autoridades– fueron anuladas por el tribunal por ser “incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

“El anuncio de que el Tribunal Constitucional ha eliminado algunas disposiciones de la Ley contra la Homosexualidad de Uganda es un paso pequeño e insuficiente para salvaguardar los derechos humanos”, dijo Jean-Pierre en la rueda de prensa de ayer en la Casa Blanca. “Como ha dicho el presidente una y otra vez, nadie debería vivir con miedo constante ni ser sometido a violencia o discriminación. Está mal. Seguiremos trabajando para promover el respeto de los derechos humanos para todos en Uganda y también en todo el mundo”.

El presidente Joe Biden pidió que la ley fuera inmediatamente derogada cuando fue aprobada en mayo pasado y también eliminó a Uganda de un pacto comercial de 2000 conocido como Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano (AGOA). La administración de Biden dice que contribuye a la persecución anti-LGBTQ+, pero el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, acusó a las naciones occidentales de intentar “coaccionarnos para que aceptemos relaciones entre personas del mismo sexo utilizando ayuda y préstamos”.

Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda internacionales también condenaron la ley, preocupados de que pudiera revertir décadas de progreso contra el SIDA en África. Después de que Uganda aprobara la ley, el Banco Mundial comenzó a suspender todos los préstamos a Uganda.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, también denunció la decisión del tribunal.  “Estados Unidos sigue estando profundamente preocupado por los informes de abusos a los derechos humanos en Uganda, incluso contra la comunidad LGBTQI+”, dijo Blinken en un comunicado. “Las disposiciones restantes de la AHA plantean graves amenazas al pueblo ugandés, especialmente a los ugandeses LGBTQI+ y sus aliados, socavan la salud pública, reprimen el espacio cívico, dañan la reputación internacional de Uganda y perjudican los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera”.

El representante Mark Takano (D-CA) dijo en un comunicado que estaba “indignado” por la decisión del tribunal y elogió a la administración Biden por “enviar un mensaje claro, tanto a través de la retórica como de la política, de que esta ley es fundamentalmente inhumana. Estoy indignado por el fallo del Tribunal Constitucional de Uganda que confirma una ley que despoja a los ugandeses LGBTQ de su dignidad, libertad y, en algunos casos, de sus vidas”, dice el comunicado. “Es una vergüenza y un retroceso profundamente inquietante para los derechos humanos en la región. Esta ley draconiana añade una capa completamente nueva de discriminación sistemática patrocinada por el Estado además de lo que los ugandeses LGBTQ ya enfrentan: marginación social, violencia policial, desalojos, pérdida de empleo, acoso, agresión e incluso asesinato”.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente PinkNews/LGBTQNation/Cristianos Gays

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Los homófobos una vez más están furiosos por un momento menor de representación LGBTQ+. Esta vez, es después de que un anuncio de automóvil nuevo mostrara a lesbianas recién casadas por un segundo literal.

Volkswagen cumple 75 años, y para festejar este importante aniversario ha lanzado un anuncio precioso en el que podemos ver cómo distintos modelos de coches han impactado en nuestra vida.

En unas de estas escenas observamos por unos escasos segundos a una pareja de mujeres lesbianas casándose.

El anuncio se lanzó en la pasada Super Bowl, y mostraba el desarrollo de los vehículos de la compañía desde 1949 hasta la actualidad. Y aunque recibió bastante apoyo, los lesbófobos vieron como esos segundos de amor y diversidad ponían en peligro el ecosistema.

La organización cristiana conservadora anti-LGTB+ One Million Moms (OMM) lleva años luchando con cualquier microsegundo en el que podamos ver un atisbo de inclusión o no heterosexualidad.

En su perorata contra el anuncio, OMM dijo que Volkswagen debería “avergonzarse de intentar normalizar el pecado” y “alejar a los clientes conservadores”. El grupo no dijo nada sobre otra escena más adelante en el anuncio que muestra a cinco niños vestidos con los cascos y capas oscuros de Darth Vader, un villano asesino de Star Wars que mata a niños pequeños, tortura a una princesa y mata a innumerables personajes inocentes como daño colateral.

«Volkswagen está utilizando su anuncio para someter a las familias a la decadencia de la moral y los valores culturales, mientras menosprecia la santidad del matrimonio e intenta redefinir la familia», escribió OMM. “Aunque la homosexualidad no es natural, este anuncio impulsa la agenda LGBTQ. Una preocupación aún mayor es que el controvertido comercial se transmita cuando es probable que los niños vean televisión”. OMM dijo que el anuncio se transmitió a “audiencias jóvenes desprevenidas” que ven el servicio de transmisión de TV Disney+.

“Millones de estadounidenses creen firmemente que el matrimonio debería ser entre un hombre y una mujer”, escribió OMM, ignorando a los millones de estadounidenses que creen que también debería incluir a adultos de cualquier género que lo consientan. “Debemos seguir siendo diligentes y defender los valores y la verdad bíblicos. Las Escrituras dicen varias veces que la homosexualidad está mal y Dios no tolerará esta naturaleza pecaminosa”, añade el grupo.

Citaron el mal traducido versículo bíblico de Romanos 1:26-27, que en demasiadas traducciones dice: “Por eso Dios los entregó a concupiscencias vergonzosas. Incluso sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por otras antinaturales. De la misma manera también los hombres abandonaron las relaciones naturales con las mujeres y se inflamaron en la lujuria unos por otros”.

OMM, una organización hermana de la Asociación de Familias Estadounidenses anti-LGBTQ+, alentó a sus seguidores a firmar una petición exigiendo a la empresa que eliminara el anuncio progresista. Afirmaron que hasta la fecha ya han obtenido más de 13.000 firmas.

La reacción de los activistas críticos queer se produce en medio de una ola de boicots y reacciones negativas a las empresas que incluyen a personas LGBTQ+ en su marketing.

En abril, la influencer trans Dylan Mulvaney se asoció con Nike, donde usó mallas Nike para mujer y un sostén deportivo en solo una publicación pagada de Instagram. Tanto el TikToker como la marca enfrentaron una vil reacción por la colaboración. Nike, sin embargo, redobló sus esfuerzos ante las consecuencias y respaldó a la comunidad LGBTQ+.

En fin… la LGTBFobia no descansa. No dejemos de estar atentos…

Fuente Oveja Rosa/PinkNews

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Solo en 2023 se conoció de 208 atropellos contra las mujeres diversas.  El Movilh exigió al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género políticas públicas focalizadas que efectivamente ayuden a las víctimas, pues en 2023 la cartera intervino apenas en el 10% de los abusos lesbo/transfóbicos.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reportó que desde el 2002 a la fecha un total de 2.470 personas han denunciado abusos en razón de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, de los cuales 32 corresponden a crímenes de odio.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga,  precisó que solo en 2023 se conoció de 208 atropellos lesbo/transfóbicos contra mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y trans, “manteniéndose la criticable tendencia de que el Estado apenas intervino para ayudar a las víctimas o para contribuir a hacer justicia”.,

En efecto, del total de abusos homo/lesbóficos conocidos en 2023, “los movimientos de la diversidad sexual brindaron ayuda en el 93% de los casos, mientras que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género apenas intervino en el 9,8%”.

“Insistimos, una vez más, en la necesidad de que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género implemente una Política Nacional y Transversal que se haga de la realidad de las mujeres diversas. Este es un compromiso que asumió el Estado en 2016 en un Acuerdo de Solución Amistosa que firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que si bien fue avanzando en su cumplimiento en los primeros años, hoy está estancado”, dijo Zúñiga.

La dirigente precisó que los abusos conocidos desde el 2002 a la fecha abarcan “discriminaciones en los espacios laborales, educacionales, familiares e institucionales,  pues entidades públicas y privadas han sido responsables de los atropellos. El caso más reciente es el de una pareja lésbica a la la cual el Hospital Sótero del Río le negó el acceso a un programa de fertilización asistida con la excusa de que tal derecho era sole  aplicable a heterosexuales. Y al respecto, la titular del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género nuevamente guardó silencio”.

“Al 2024 el Estado debe comprender que todas las mujeres, sean cual sea su orientación sexual, identidad o expresión de género, merecen protección y ayuda frente a lo abusos, así como medidas para sancionar a los responsables de los atropellos y para prevenir la reedición de actos que dañan los derechos humanos”, finalizó Zúñiga.

Fuente MOVILH

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Recapitulando con más información:

Tras la promulgación de una de las leyes contra la diversidad sexual y de género más duras del mundo en primavera de 2023, la comunidad LGTBI de Uganda, se enfrenta a las difíciles consecuencias de la persecución de Estado. La legislación discriminatoria castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, condena «la promoción de la homosexualidad» con hasta 20 años de cárcel y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Esta situación pone en grave riesgo la estrategia de control del VIH en este país africano. Activistas, personas que viven con el VIH y otras en situación de riesgo ya están sufriendo los efectos de la represión LGTBIfóbica y de la sinrazón de la criminalización del colectivo.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la «Ley contra la Homosexualidad 2023». Solo tres meses después, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada», un «delito» que se castiga con la pena de muerte. Se le acusó de «relaciones sexuales ilegales con un hombre de 41 años» y está en prisión preventiva, aunque en su orden de detención no se especificaban los motivos por los que se considera «agravamiento» en su caso. La abogada del joven ha valorado que se trata de una «ley inconstitucional» en su conjunto. De hecho, distintas organizaciones a favor de los derechos humanos la recurrieron en diciembre.

Steven Kabuye, director ejecutivo del grupo de defensa Colored Voice Truth to LGBTQ, que ha sufrido amenazas de muerte desde marzo debido a su sexualidad, se grabó en el suelo, aferrándose a la vida, tras ser apuñalado repetidamente por asaltantes desconocidos en el exterior de su casa. Ahora está recibiendo atención fuera de Uganda. Pero Kabuye dice que la policía parecía más centrada en que era gay que en el ataque.

Violación de los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, «La Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad. Además, la Ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias».

Según recoge esta organización, además, esta ley «viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención, la reclusión o el exilio arbitrarios, y las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17».

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU describió la ley como una «violación de los derechos humanos». Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el proyecto de ley como «discriminatorio, probablemente el peor de este tipo en el mundo».

En una encuesta realizada en 2022 por Afrobarómetro, una red apartidista de investigación, se puso de manifiesto que el pueblo ugandés es muy tolerante con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerante con la diversidad sexual y de género. Cerca del 97% se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94% afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía. Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes anti LGTBI. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de «deshacerse de un vestigio de la dominación colonial». Sin embargo, la realidad ugandesa es que ley contra la sodomía de 1950 fue aprobada durante el dominio colonial de Reino Unido (recordemos que Uganda obtuvo la independencia de este país en 1962).

En grave riesgo la estrategia de control del VIH

A raíz de la legislación discriminatoria contra las personas LGTBI, las organizaciones que trabajan para controlar el VIH en Uganda se están viendo sometidas a innumerables problemas y desafíos, que ponen en riesgo incluso la continuidad de muchas de ellas. Es por ejemplo el caso de la Fundación Foaster para la Salud de Uganda (FFHCU): «Actualmente, la Fundación Foaster se enfrenta a la pérdida de su oficina y espacio de refugio, y estamos recaudando fondos urgentemente para ayudar a pagar su alquiler y asegurarnos de que los miembros de Foaster no pierdan su casa y seguridad». Mientras el director  de la fundación se encontraba en el hospital visitando a un compañero que había sido golpeado, el espacio del refugio fue allanado por la policía y 10 miembros fueron arrestados bajo cargos de homosexualidad.

Escalada de represión al colectivo LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda, como hemos visto, se ha deteriorado todavía más de lo que ya estaba los últimos años. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La durísima normativa vigente se remonta a 2016, cuando la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, perofinalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, ya vigente, recupera muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Con todo, conviene tener en cuenta que además del marco jurídico desfavorable, la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques discriminatorios arbitrarios. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre de 2019  recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo, como ha acabado ocurriendo.

La Ley contra la homosexualidad de 2023

En febrero de 2023, el Parlamento de Uganda autorizó la presentación de un proyecto de ley que pretendía actualizar la penalización de las relaciones homosexuales. En el memorándum de la presentación del proyecto, se establecía que su pretensión era:

prohibir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su «promoción o reconocimiento»,

reforzar las medidas para «hacer frente a las nuevas amenazas a la familia tradicional heterosexual»,

proteger a la cultura ugandesa de los activistas de los derechos sexuales que pretenden imponer sus valores de promiscuidad sexual, y

proteger a los niños y jóvenes vulnerables ante los abusos sexuales derivados de la homosexualidad y actos afines.

Es decir, como es habitual en este tipo de textos represores de la libertad sexual, se ligaba la homosexualidad a la pederastia o abuso de menores, se la declaraba como una amenaza a la familia tradicional e incluso se la consideraba como algo ajeno a la cultura africana.

El primer borrador presentado y llevado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya establecía penas de 10 años de prisión por el «delito de homosexualidad», en el que incurrían no solo quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, sino también quienes simplemente se declarasen «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino».  También castigaba con la pena de muerte los casos de «homosexualidad agravada», en los que se incluían las relaciones homosexuales de personas que conviven con el VIH.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, una mayoría de 30 miembros apoyó el proyecto de ley tal como se había presentado. Tan solo dos miembros disintieron. Expertos en derechos humanos y juristas de prestigio declararon que muchos de los artículos del proyecto eran inconstitucionales. Fue inútil, la mayoría de los miembros de la Comisión estimaron que «la prohibición de la homosexualidad está arraigada en las leyes de Uganda y en nuestras normas y valores culturales más preciados y compartidos». También afirmaron, a pesar de las pruebas en contra, que los medios de comunicación «se han visto inundados recientemente de noticias sobre sodomía y lesbianismo en las escuelas ugandesas» y que «la seducción y el reclutamiento de escolares para la homosexualidad han tomado forma en Uganda».

De esta manera, no solamente dieron su apoyo al proyecto de ley, sino que introdujeron enmiendas que lo endurecían. Mantener relaciones homosexuales se castigaría con la cadena perpetua y con 14 años de cárcel en el grado de tentativa. Aunque desaparecía la mención al VIH en el delito de «homosexualidad agravada», se incluyó el hecho de contraer una «enfermedad terminal» por una de las partes para castigarla con la pena de muerte. También se incluyó la pena de prisión de 10 años para quienes participasen en una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se modificaron las normas del Parlamento para poder apoyar el proyecto de ley sin demora. El 21 de marzo se votaron las dos últimas lecturas, por una mayoría de 387 votos a favor y tan solo 2 en contra.

La nueva norma fue remitida al presidente Yoweri Museveni para su promulgación. Sin embargo, aconsejado por los funcionarios del Ministerio de Justicia y por miembros de su propio partido, Museveni devolvió el texto al Parlamento para que introdujera modificaciones. El presidente requería que no se castigara el mero hecho de identificarse como una persona LGTBI ni tampoco el hecho de no denunciar los actos homosexuales. El Parlamento introdujo las enmiendas necesarias, aunque la no denuncia de los actos homosexuales siguió siendo castigada si una las personas implicadas era vulnerable. El texto final fue aprobado por 348 votos a favor y tan solo 1 en contra.

El 29 de mayo de 2023, el presidente Yoweri Museveni promulgó finalmente la Ley contra la homosexualidad. Destacamos a continuación los artículos que vulneran los derechos humanos de las personas LGTBI, dejando sin citar las penas establecidas para los delitos de violación o el abuso de menores:

• Artículo 2. Delito de homosexualidad
  1. Una persona comete el delito de homosexualidad si realiza un acto sexual o permite que una persona de su mismo sexo realice un acto sexual con ella.
  2. Toda persona que cometa un delito de homosexualidad podrá ser condenada a cadena perpetua.
  3. Toda persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta diez años.
• Artículo 3. Homosexualidad agravada
  1. Una persona que cometa el delito de homosexualidad en cualquiera de las circunstancias especificadas en el apartado (2), comete el delito de homosexualidad con agravantes y puede ser condenada a muerte.
  2. Las circunstancias a las que se hace referencia en el apartado (1) son cuando
     • la persona contra la que se comete el delito contrae una enfermedad terminal como resultado del acto sexual;
     • el delincuente es reincidente;
     • la persona contra la que se comete el delito es de edad avanzada;
  3. Una persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta catorce años.
• Artículo 6. El consentimiento para cometer un acto sexual no constituye defensa
  • El consentimiento de una persona para cometer un acto sexual no constituirá una defensa frente a una acusación formulada en virtud de la presente Ley.
• Artículo 10. Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
  1. Toda persona que
     • pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo;
     • presida, conduzca, presencie o dirija una ceremonia que pretenda ser un matrimonio entre personas del mismo sexo; o
     • asista o participe a sabiendas en la preparación de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, comete un delito y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años.
  2. En esta sección, «matrimonio» significa la unión, formal o informal, entre personas del mismo sexo.
• Artículo 11. Promoción de la homosexualidad
  1. Toda persona que promueva la homosexualidad comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta veinte años.
  2. Una persona promueve la homosexualidad cuando
     • anima o persuade a otra persona a realizar un acto sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas anuncia, publica, imprime, emite, distribuye o hace que se anuncie, publique, imprima, emita o distribuya por cualquier medio, incluido el uso de un ordenador, sistema de información o internet, cualquier material que promueva o fomente la homosexualidad o la comisión de un delito tipificado en esta Ley;
     • proporcione apoyo financiero, ya sea en especie o en efectivo, para facilitar actividades que fomenten la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas alquile o subarriende, utilice o permita que otra persona utilice cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomenten la homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley; o
     • dirija una organización que promueva o fomente la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley.
  3. Cuando una persona jurídica cometa un delito tipificado en este artículo, el tribunal podrá
     • imponer una multa no superior a cincuenta mil puntos monetarios por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo;
     • suspender la licencia de la entidad por un período de diez años; o
     • cancelar la licencia concedida a la entidad.
• Artículo 14. Obligación de denunciar actos de homosexualidad
  1. Toda persona que sepa o tenga sospechas razonables de que una persona ha cometido o tiene intención de cometer un delito de homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley, informará del asunto a la policía para que adopte las medidas oportunas.
  2. Una persona a la que el privilegio le impida realizar una denuncia en virtud del apartado (1) será inmune a cualquier acción derivada de la divulgación de la información sin que se haya obtenido o tenido previamente el consentimiento o la renuncia al privilegio.
  3. Una persona que haga una denuncia a la que se hace referencia en esta sección será tratada como denunciante de conformidad con la Ley de Protección de Denunciantes de 2010 y estará protegida contra la victimización.
  4. Esta sección no se aplicará a un abogado en virtud de la Ley de la Abogacía.

Como hemos señalado anteriormente, tan solo tres meses después de la promulgación de la ley, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada»,

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. África, Afrobarómetro, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Colored Voice Truth to LGBTQ, Discriminación, Fundación Foaster para la Salud de Uganda, Homofobia, Lesbofobia, Ley contra la homosexualidad de 2023 (Uganda), LGTBIfobia, ONUSIDA, Steven Kabuye, Transfobia, Uganda, VIH, Violencia LGTBIfoba, Volker Türk, Yoweri Museveni

La organización Lambda Valencia ha hecho pública la tercera edición del informe Al Loro!, que analiza la violencia que el colectivo LGTBI ha recibido en redes sociales en el año 2023. Las personas trans son las principales víctimas, recayendo sobre ellas el 49% de los ataques. Dentro de estas, las mujeres son las que se llevan la palma: el 79% de los mensajes de odio contra personas trans se dirigen, en concreto, a ellas. Por tipología de discurso, el más común es el de extrema derecha (48%), seguido del vinculado al supuesto ‘feminismo’ transexcluyente (22%). Las mujeres (cis y trans) suponen el 60% de las víctimas, seguidas de las personas no binarias (23%) y los hombres (17%). 

El equipo de rastreo ha detectado y analizado una muestra 1.288 mensajes de odio, un 6,5% más que en 2022. «Trans», «sida», «adoctrinamiento» y «delirio trans» son los cuatro términos clave que más se repiten.

Instagram y TikTok son las redes con mayor número de mensajes de odio detectados, seguidas de Facebook, X (antes Twitter) y YouTube (red que se comenzó a monitorear en noviembre tras una polémica sobre el uso de lenguaje inclusivo en un videojuego). Es importante matizar, a este respecto, que en 2023 Lambda ha modificado la metodología utilizada en anteriores informes pasando del rastreo automatizado al manual para facilitar el acceso a publicaciones privadas, más frecuentes en redes como Instagram o Facebook que, por ejemplo, en X, la red que tradicionalmente suele señalarse como la favorita para verter mensajes de odio.

Por lo que se refiere a la tipología de los mensajes, el grueso lo constituyen los mensajes de burla (40%), seguidos de los insultos explícitos (26%) y la difusión de bulos/fake news(16%), habituales cuando de la realidad trans hablamos. Les siguen los mensajes de invisibilización (11%) y los de amenaza y/o intimidación (7%).

Por lo que refiere a los destinatarios, tras las personas trans (49%), el segundo bloque de mensajes de odio más frecuente es el de los dirigidos en su conjunto a las personas LGTBI+ (23%), seguido de las burlas al lenguaje inclusivo (12%), uno de los blancos favoritos del discurso de odio (pincha en las imágenes para agrandarlas):

En cuanto al perfil del atacante, el 69% de los discursos provienen de hombres y el 31% de mujeres. Por edades, la mayoría de los mensajes de odio que se vierten en las redes vienen por parte de personas de entre 30 y 45 años, seguidos por aquellas de entre 45 y 60 años y finalmente, las de 18-30 años.

Más de la mitad de las veces, concretamente en el 58% de los mensajes registrados, el discurso de odio viene de atacantes de extrema derecha. En el 26% de los casos proviene de perfiles pertenecientes al supuesto ‘feminismo’ transexcluyente. Ambas categorías engloban, de hecho, el 84% del discurso de odio.

Por lo que se refiere específicamente al colectivo trans, principal destinatario de los mensajes de odio, la aplastante mayoría (79%) está dirigida hacia las mujeres trans. Les siguen las personas no binarias (11%), las familias (6%) y la infancia y los hombres trans (2% cada categoría). Unos datos que corroboran una vez más la correlación entre el odio tránsfobo y las actitudes machistas.

Puedes descargar el informe Al Loro! aquí

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Bifobia, Colectivo Lambda, Delitos de Odio, Facebook, Género no binario, Homofobia, Instagram, Lesbofobia, LGTBIfobia, Odio a las personas intersexuales, Personas trans, Redes Sociales, TikTok, Transexualidad, Transfobia, Twitter, Violencia LGTBIfoba, X, YouTube

De su blog Homoprotestantes:

Es lamentable que haya personas que tengan que escoger entre su comunidad y su hija, y aunque suene a la trama de una lacrimógena novela de mediados del siglo veinte, esto sigue pasando hoy dentro de muchas comunidades evangélicas (ese es el nombre que usan para vergüenza del evangelio). Cuando una persona medianamente equilibrada se siente sometida a este chantaje, no hay duda ninguna, sale de esa comunidad pitando, ya sea pentecostal, bautista o católica. Las hijas se tienen para cuidarlas, para protegerlas, para que se sientan seguras y amadas, ese es el mandamiento primero de la paternidad o maternidad cristiana, musulmana, judía, agnóstica o atea. Cualquier otra reacción es no estar a la altura de la responsabilidad que asumimos cuando decidimos tener hijes.

Que todas tenemos queerfobia interiorizada, pues sí, que quizás se meta la pata, pues también, que necesitemos algo de tiempo, puede llegar a entenderse (aunque a estas alturas no deja de ser raro), pero que después de que tu hija te diga que es lesbiana, y decida que se va de una iglesia que no la acepta, tú sigas allí, sin moverte ni un ápice, alabando al Señor Jesús para bendición de un grupo de homófobos que se dicen cristianas, pues no tiene por donde cogerse. Es evidente que esa no es la decisión correcta, que hay algo en el chip evangelical que te han insertado en el cerebro desde que eras una niña, que no funciona, que no te deja ver las cosas con claridad. Vamos, que no te deja ni ser cristiana, ni humana, y menos madre.

Y es que las cosas se tienen que decir por su nombre, no es que no lo veas claro, que la Biblia dice tal o cual cosa, que creas que dios no quiera ver feliz a tu hija con su novia, que necesitas más tiempo. Lo que te ocurre es que has elegido Iglesia, no hija, que has preferido no perder lo que ella ha perdido, que has escogido no ser tan valiente y coherente como ella, que no puedes perder el entorno que te da una identidad, porque no has entendido -ahora lo veo claro- que tu identidad no te la da una iglesia, sino Jesús. Te has elegido a ti, pero renunciando a esa parte tan increíble que te hacía madre. Ha sido una traición en toda regla, y aunque tu hija hasta ahora te diga que te lo perdona todo, tengo que decirte, por experiencia, que eso no dura siempre, que al final, cuando madure, cuando conozca gente que la quiera, se alejará de ti. O mejor dicho, se dará cuenta de que te has alejado de ella, y ya no tendrá nada que explicarte.

La decisión ha sido tuya, la has tomado tú ahora, lo que venga después son solo las consecuencias. Al menos no la culpabilices a ella y sé lo suficientemente valiente para reconocer que has sido tú la que ha decidido abandonar a tu hija lesbiana. Sí, lesbiana, repítelo las veces que necesites, tu hija es lesbiana. Y lo has hecho para poder alabar al Señor, un Señor homófobo al que de verdad no sé donde has conocido, y que te ha traído hasta este triste momento, para dar este lamentable espectáculo, que la verdad nunca ha sido tu estilo. Si en ese Señor ves algo de Jesús de Nazaret, el de los evangelios, entonces es que lo tuyo ya es un caso perdido, que de verdad te han lavado la cabeza. Aún confío en ti, aún creo que esa joven que yo conocí hace treinta años, será capaz de coger el teléfono y pedir perdón a su hija, de ir a la Iglesia y despedirse, no sin antes decirles que su hija es un regalo de dios, un regalo lesbiano de dios, y que ese es el mejor regalo que le han hecho nunca.

No se puede aceptar la homosexualidad de un amigo, de un hermano, de una hija, y orar a dios para que los cambie. No se puede decir que se les quiere por partes, tratando de eliminar algo tan importante para elles como es su forma de amar. No puedes sentarte en su mesa, o invitarles a que se sienten en la tuya, si consideras que lo suyo no es una bendición de dios. No se les debería hacer chantaje emocional, diciéndoles que se les quiere cuando lo que se desea es que sean algo que no son, y cuando estarías dispuesta a que renunciasen a quienes aman para que tú puedas cantar feliz junto a ellos en la Iglesia. Pero sobre todo, no deberías mentirte a ti misma, no es por dios por lo que has elegido Iglesia, ni por amor, al menos a ellas, lo haces por amor a ti, para no tener que salir del entorno que te da sentido. Te has elegido a ti, tu seguridad, y en esa elección no has quedado demasiado bien ni como amiga, ni como hermana, y mucho menos como madre.

Espero que te vuelva la cordura, la rebeldía con la que te conocí, la fuerza de la que siempre has hecho gala, el amor con el que siempre has tratado a la gente que te importa. Espero que te vuelva la fe en dios, el que sacó a su hijo de un sepulcro donde los religiosos lo depositaron. Y que con esa misma fe de dios madre, te dispongas a cuidar, proteger, acompañar a una hija que esos a los que tú cantas con tu preciosa voz, quieren hacer sufrir, crucificar y meter en un sepulcro. Lo sabes, lo has visto con tus propios ojos, sabes que no tienen piedad. Tú eres su madre, compórtate como tal. Escoge a tu hija, escoge ser madre.

Carlos Osma

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Consulta dónde encontrar “Solo un Jesús marica puede salvarnos”

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Biblia, General, Homofobia/ Transfobia. 2023, Familia, Homofobia/Transfobia, Lesbofobia, Maternidad

Desde julio del 2022 una docente viene exigiendo que le paguen el bono. En vez de hacerlo, el Servicio Local de Educación Pública Huasco prefirió consultar a la  Contraloría de la Región de Atacama  si a la madre le corresponde o no tal derecho solo porque su pareja es del mismo sexo. Tras ocho meses la Contraloría aún no aclara que tal derecho está garantizado y el Servicio Local de Educación Pública Huasco se niega a pagarlo.

Pese a que es reconocida legalmente como la madre de una niña de dos años y está unida civilmente con la progenitora gestante una profesora viene sufriendo desde julio del 2022 un insólito caso de discriminación en razón de su orientación sexual, denunció hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En efecto, tras nacer la niña, la madre no gestante solicitó a su empleado, el Servicio Local de Educación Pública Huasco, que le concedieran el bono de sala cuna.

“Sin embargo, en vez de proceder al pago inmediato de tal derecho garantizado por ley, el empleador decidió en septiembre del 2022 consultar a la Contraloría si  ello le correspondía o no la docente, solo porque está unida civilmente a otra mujer, la progenitora  gestante”, apuntó la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.

El derecho negado se trata de un pago excepcional de bonificación de sala cuna por “zona extrema”, que se les está otorga a las funcionarias que tienen hijos/as menores de dos años.

Pese a ello, y según señaló el propio Servicio Local de Educación Pública Huasco al elevar la consulta a la Contraloría “en relación con este caso en concreto, nos encontramos con la particularidad de que se trata de una funcionaria cuya hija ha sido procreada por dos mujeres, una de ellas no es funcionaria nuestra, por lo que no tenemos claridad jurídica sobre si, en este caso en concreto, nos corresponde enterar este beneficio a sala cuna”.

Aún cuando el empleador consultó sobre este tema el 9 de septiembre del 2022 a la Contraloría y en abril pasado el Movilh envió una misiva al órgano contralor para que acelerara su respuesta “ello aún no ocurre y nos encontramos en presencia de la negación de un derecho basado única y exclusivamente en que se trata de una familia lesboparental. Tanto el retraso de la Contraloría, como el hecho de que el empleador cuestionara un derecho basado únicamente en la existencia de dos madres, es una situación intolerable”, señaló la vocera de la organización LGBTIQ+, Javiera Zúñiga.

“Exigimos a la Contraloría y al Mineduc resolver este  atropello laboral al instante, así como al empleador  garantizar la igualdad laboral sea cual sea la orientación sexual o identidad de género de sus trabajadores/as”, dijo el Movilh, junto con puntualizar está asesorando jurídicamente a la familia afectada para el eventual inicio de acciones legales.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Homofobia/Transfobia, Huasco, Javiera Zúñiga, Lesbianas, Lesbofobia, MOVILH, Región de Atacama

Un trabajador del recinto ridiculizó a una de las mujeres masculinizando su nombre y tratándola entre risas como “Catalino”.

Un desagradable episodio de discriminación vivió una pareja lésbica, Constanza y Catalina, al acudir de urgencias a la Clínica Bupa Santiago, ubicada en La Florida, donde uno de sus trabajadores se río de su orientación sexual y las ofendió al masculinizar el nombre de una de ellas, denunció hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Catalina, una de las afectadas, relató que “le solicité al enfermero que me estaba atendiendo, identificado como Carlos Urra, la posibilidad de que ingresara mi pareja, con el fin de poder acompañarme. El enfermero dejó la puerta del box donde me encontraba entre abierta, por lo cual escuché la interacción que tuvo con un auxiliar, Sebastián Escobedo, quien procedió a cambiar mi nombre a masculino, tratándome de “Catalino”, ironizando y  burlándose de la situación”.

En un primer momento, añadió, “no fui capaz de pararme a encarar la situación, ya que me encontraba con tercianas, fiebre en 38,5 aproximadamente e intravenosa con medicamentos. Pero cuando el auxiliar se acercó donde mí, le comenté que había escuchado lo que había dicho. Él tomó una actitud prepotente, volviéndose a burlar manifestando de manera alterada “¿talla?, ninguna talla he tirado. Nada que ver, estás loca”,  me dijo”.

“Al conversar con la Jefa de turno, una enfermera y una TENS, me manifestaron que el comportamiento de Sebastián Escobedo era una rutina en su vida y que él auxiliar acostumbraba a tener esos tratos indignos que él señala como ”bromas”. Dos de las tres funcionarias con las cuales hablé, me indicaron  que también se han sentido discriminadas por el auxiliar”, apuntó Catalina.

La abogada del Movilh, Camila Bobadilla, precisó que estos “hechos de son de carácter grave, ya que la legislación en nuestro país prohíbe toda discriminación por identidad género, expresión de género u orientación sexual, lo cual consta en el artículo 2 la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio”.

En tal sentido, la abogada envió una carta a la Clínica, solicitando sanciones administrativas contra los responsables, capacitación en temáticas LGBTIQ+ a sus funcionarios/as y medidas contra la discriminación

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, puntualizó que “ninguna institución del país, menos un recinto médico, puede incurrir en prácticas lesbofóbicas, que en este caso van de la mano de un abuso intolerable, ya que dañaron a una persona que necesitaba ser atendida de urgencia debido a su estado de salud. Si la Clínica Bupa Santiago no adopta medidas inmediatas, se entenderá que la institución también es responsable de este atropello a los derechos humanos”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Camila Bobadilla, Carlos Urra, Chile, Clínica Bupa Santiago, Homofobia/Transfobia, Javiera Zúñiga, Lesbofobia, MOVILH, Sebastián Escobedo

El Madrid de Ayuso, Almeida y  Monasterio

Un grupo de quince personas golpearon a Conchi y Gemma, que estaban de vacaciones con sus hijos menores 

Nadie salió en defensa de Conchi y Gemma, ni la seguridad del parque. 4 costillas rotas, traumatismos…

“Pensé que me mataban. Mis hijos estaban en el banco llorando, gritando y tapándose la cara”

Pepe Marrero Jorge

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 22 de mayo 2023

Vivimos en una sociedad que ha evolucionado en muchos aspectos a lo largo de los años. Pero tristemente y a pesar de que estamos en el siglo XXI, siguen ocurriendo episodios en los que la homofobia se lleva todo el protagonismo.

Conchi y Gemma viajaron a Madrid con sus dos hijos -de cinco y seis años-, para disfrutar de una semana de vacaciones en familia que llevaban tiempo esperando.

El pasado sábado, 20 de mayo, decidieron llevarlos a la Warner, un parque de atracciones a las afueras de la capital. Cuando se encontraban en la zona de taquillas, aparecieron dos mujeres, justo cuando Gemma puso en el suelo unos vasos de refresco que le había comprado a los niños. En ese instante, Conchi declaró que “una de ellas se metió por delante de mi pareja para sacar las cosas de la taquilla”, mientras que la otra “cogió y cerró nuestra taquilla con mala actitud“. Minutos más tarde, una de ellas decidió darle una patada a los refrescos sin ningún motivo.

Tanto Conchi como Gemma optaron por no entrar al trapo y se llevaron a sus hijos a comer a un banco tranquilamente, hasta que aparecieron unas quince personas más, todas ellas de etnia gitana. “Mientras comíamos, vinieron un montón de gitanos. Se quedaron mirando para nosotros y diciéndonos cosas: ‘¿Qué miras? ¿qué miras?’ y empezaron a gritarnos. Mi pareja dijo: ‘no miramos nada’ y dice ‘¡bolleras de mierda!’. Entonces me levanté nerviosa, me encendí un cigarro y cuando me fui a dar la vuelta, me cogieron por la espalda, me tiraron al suelo y me patearon por todos lados”. Todo esto, mientras los dos niños pequeños lloraban y sufrían al ver como golpeaban a sus madres.

“Tengo dos costillas fastidiadas, el tórax, un traumatismo craneoencefálico leve, la columna, la parte de arriba del cuello, la cintura. Me rompieron la ropa, me rompieron unos zapatos, me robaron una pulsera de oro. Las gafas me las rompieron. A mi pareja le rompieron el oído, le hicieron un desastre en el oído. El dedo se lo dejaron morado”, relata Conchi, que también recalcó que tuvieron que estar en el hospital hasta las dos de la mañana debido a la grave paliza recibida.

Tanto Gemma como Conchi llamaron a la seguridad del parque de atracciones una vez lograron ponerse en pie. “Tuve que llamar a seguridad cuando pude levantarme del suelo, porque no podía. La seguridad me decía que no podían retenerlos dentro del parque, y luego fuera. Nos estaban vacilando. Solo recogieron datos a dos individuos, dos mujeres, nada más».

El domingo fueron a una comisaría de la Policía Nacional para denunciar lo sucedido, pero les dijeron que allí “no nos pueden atender, porque eso solamente es para casos de violaciones y demás».

Tuvieron que ir a diferentes comisarías, mientras iban pagando taxis -solo en uno pagaron noventa euros-, ya que no podían ir en metro, ni caminar, por las condiciones en las que se encontraban. En una de ellas “nos dijeron que el programa se había venido abajo, preguntamos que cuando volvería, que teníamos que poner la denuncia, y nos cuentan que no saben. Al final, mi pareja llamó por teléfono a la Guardia Civil de Madrid y no nos recogen la denuncia porque teníamos que irnos a las afueras de Madrid”, asegura Conchi.

Cuando por fin consiguieron encontrar una comisaría donde poner la denuncia, la abogada de Conchi le informó que “tenía que pedir las cámaras de la Warner, porque no había seguridad ni había nada, lo tuve que hacer yo. Todas las personas que habían allí eran personas que estaban mirando cómo nos golpeaban y ya está. Yo pensé que me mataban. Mis hijos estaban en el banco, llorando, gritando y tapándose la cara. Ya no solo es nuestro sufrimiento, es el de los niños y lo que se les queda grabado en sus cabezas”.

En la jornada de hoy, esta pareja que quería aprovechar esta semana para relajarse y disfrutar, está intentando recuperar lo recopilado por las cámaras. El problema, que la Warner está cerrado hasta el jueves y ellas vuelven a Canarias el miércoles. Por eso, reivindican y reclaman más ayuda ante lo acontecido: “Nos han estado vacilando, nos han pegado una gran paliza y estamos intentando buscar soluciones, medios, en el cual nos puedan ayudar. Nadie nos quiere ayudar. Ni la Policía, ni los Centros de Salud, ni nada. Es una pena. Esto que hemos sufrido no nos lo merecíamos y menos por la homofobia. Estamos en el siglo XXI y la homofobia es lo menos que debería haber hoy en día. Los niños sufrieron mucho y nosotros sufrimos mucho. Tenemos dolores por todos lados”.

Fuente Canarias 7

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión, Conchi y Gema, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Lesbianas, Lesbofobia, Madrid

Las experiencias de las lesbianas adultas mayores en Europa han sido en gran medida invisibles en la investigación académica y la sociedad, y se ha prestado poca atención a su situación económica, al acceso a la asistencia sanitaria y a la vivienda, y el impacto que la discriminación tiene en sus vidas. El revolucionario informe de EL*C, EuroCentralAsian Lesbian Conference, «Making the Invisible Visible: an analysis of older lesbians’ lived experiences» (Haciendo visible lo invisible: un análisis de las  experiencias de vida de lesbianas adultas mayores) pretende abordar esta  brecha  aportando  análisis cualitativo y  recomendaciones para las personas responsables de crear políticas y  las personas proveedoras de servicios; a través de la reflexión sobre las circunstancias históricas, la interseccionalidad de la discriminación y los conceptos erróneos que influyen en la toma de decisiones de las autoridades y  proveedores de servicios.

El informe destaca las limitaciones de la encuesta LGBTI de la FRA 2019 en cuanto esta no representa adecuadamente al grupo objetivo de EL*C, incluidas las lesbianas mayores de 55 años. También señala que, en general, las mujeres están sub representadas en los datos, y que el tamaño de las muestras de algunos países es demasiado pequeña para realizar un análisis cuantitativo. El informe emplea un enfoque multimetodológico, que incluye investigación documental, análisis cuantitativo de los datos de la FRA y entrevistas cualitativas para analizar las experiencias y necesidades de las lesbianas adultas mayores en los siguientes Estados miembros de la Unión Europea: Grecia, Hungría, República Checa, Austria, Italia, Alemania, Suecia, Francia, España y Portugal.

La inseguridad financiera es uno de los problemas más importantes para muchas lesbianas adultas mayores, quienes se encuentran en la intersección de diferentes fenómenos sociales; con las mujeres en general quienes tienden a tener empleos temporales, a tiempo parcial o precarizados, y las personas adultas mayores LGBTI con mayor riesgo financiero. Las lesbianas jubiladas y los hogares formados únicamente por mujeres están más expuestos a la precarización laboral, lo que contribuye a la brecha de género en las pensiones y a la pobrezadurante la vejez. Los sistemas de pensiones patriarcales benefician a los hombres que estuvieron casados, mientras que las lesbianas adultas mayores luchan contra la inseguridad económica y el aislamiento.

Las lesbianas adultas  mayores también enfrentan discriminación en los sistemas de salud, siendo la misoginia un factor clave. La discriminación repercute en la salud en general, y muchas lesbianas adultas mayores se enfrentan a necesidades sanitarias insatisfechas, como consecuencia del estrés de minorías minorías y a un sistema de salud que las excluye. Los problemas de salud mental, incluida la depresión, son frecuentes.

La vivienda es otro motivo de preocupación para muchas lesbianas adultas  mayores, ya que el 19% experimenta dificultades en este ámbito, dicho porcentaje es superior al de los hombres cis en  la misma franja etarea. El acceso a la propiedad privada puede verse limitado por el rechazo familiar y las leyes que regulan el matrimonio. La discriminación en los centros de cuidado para personas adultas mayores también es frecuente, ya que muchas lesbianas adultas mayores temen verse obligadas a tener que ocultar su identidad. A menudo, las lesbianas adultas  mayores no se sienten cómodas en los espacios para personas adultas mayores «convencionales», pues temen la reacción negativa de las demás personas  y por tanto se ven obligadas a regresar al armario.

Las activistas lesbianas y sus aliadas, quienes participaron en esta investigación, han encontrado soluciones alternativas a muchos de los problemas que se muestran dentro de la misma. Lesben und Alter, una organización de lesbianas centrada en las lesbianas adultas mayores en Alemania, ofrece apoyo, crea comunidad y organiza cursos de formación para profesionales de la salud y la atención a largo plazo. Las personas activistas individuales y los grupos informales son muy activos en la UE. Organizaciones LGBTI, feministas y de personas mayores de Grecia, España, Suecia, República Checa y Portugal incluyen en su trabajo una perspectiva lésbica y de género.

Muchas lesbianas adultas mayores han tenido que enfrentarse a la discriminación y la violencia sistemáticas a lo largo de su vida, tanto en la sociedad como en el seno de sus familias de origen. Por ello, se han visto forzadas a movilizar recursos, encontrar soluciones creativas y desarrollar sólidas redes intergeneracionales para hacer frente a esta situación y a la soledad no deseada. Pero aún se  puede hacer mucho más, ya es hora de que las lesbianas adultas mayores reciban apoyo en este esfuerzo. Por ello, el informe enfatiza la necesidad de generar más acciones por parte de las autoridades públicas y las instituciones académicas.

Fuete Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia. EL*C, EuroCentralAsian Lesbian Conference, Homofobia/Transfobia, Lesbianas, Lesbianas mayores, Lesbofobia, «Making the Invisible Visible: an analysis of older lesbians’ lived experiences

Con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica (26 de abril)

Las mujeres lesbianas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) denuncian que siguen estando invisibilizadas 15 años después de la creación del Día de la Visibilidad Lésbica (26 de abril) por parte del Grupo de Políticas Lésbicas de la Federación. La co-coordinadora del Grupo de Políticas Lésbicas de la Federación, Tatiana Casado, señala que “las mujeres lesbianas, sobre todo las que tienen pluma o las que no encajan dentro de los cánones que impone el cisheteropatriarcado, seguimos expuestas a los insultos y la discriminación, por lo que este 2023 queremos reivindicar la pluma bollera”.

En este sentido, recuerda que “cada persona tiene su propia forma de expresar su identidad de género y su sexualidad y, aunque todas son igualmente dignas de respeto, quienes nos salimos de lo normativo, seguimos siendo víctimas de estereotipos y prejuicios por nuestra apariencia física o nuestro comportamiento”. “Por tanto, es fundamental que se siga trabajando por una mayor representación pública para dar cuenta de la diversidad existente.”

El reto a día de hoy sigue siendo el mismo  que hace 15 años: lograr la visibilidad de las mujeres lesbianas

Por su parte, Cristina P. Álvarez, también co-coordinadora del Grupo de Políticas Lésbicas de la Federación Estatal LGTBI+, explica que “en 2008, salimos a la calle para celebrar el Día de la Visibilidad Lésbica por primera vez, con el objetivo de ser reconocidas como personas plenas y legítimas. El reto a día de hoy sigue siendo el mismo: lograr la visibilidad de las mujeres lesbianas para poder vivir nuestras vidas abierta y libremente, sin temor a la discriminación, la violencia o el ostracismo”.

Así, asegura que “se han conseguido grandes avances que hay que celebrar, como el derecho de las parejas de mujeres a filiar a nuestras hijas, hijos e hijes en igualdad de condiciones a las parejas mixtas o el tener garantizado el acceso a técnicas de reproducción asistida, gracias a la recién aprobada Ley estatal LGTBI+”.

No obstante, revela que “en la actualidad, se ha impuesto un prototipo de lesbiana femenina, que ha creado una imagen estereotipada y limitada de cómo debemos ser las lesbianas, cuando la realidad es que las mujeres lesbianas somos diversas: femeninas, masculinas, rurales, migrantes, mayores, con cuerpos no normativos.

Reivindicaciones sanitarias para la igualdad real

Por este motivo, las mujeres lesbianas de la Federación Estatal LGTBI+ exigen a las instituciones “un compromiso público y firme” de apoyo a la visibilidad lésbica, entendiendo el ser visible como el derecho a vivir y amar libremente sin tener que justificarse o esconderse, a través de medidas que permitan a las lesbianas desenvolverse plenamente en el entorno laboral, educativo y social”.

Así, exigen firmeza en la aplicación de las leyes para evitar y prevenir casos de discriminación. También reivindican que los servicios de salud elaboren protocolos ginecológicos que tengan en cuenta la realidad de las mujeres lesbianas; que se garantice el acceso fácil y libre a las barreras de látex y otros sistemas de protección. Además, solicitan que se diseñen campañas para la prevención de infecciones de transmisión sexual y para la prevención del cáncer de mama y útero que tengan en cuenta la especificidad de las mujeres lesbianas y que se realicen estudios e investigaciones que consideren la diversidad sexual existente.
Discriminaciones a la diversidad familiar

Igualmente, demandan que se introduzca la diversidad familiar de modo efectivo en las aulas y se actualicen los recursos pedagógicos con los que se trabajan en los centros educativos. Además, exigen que las madres sin pareja tengan derecho a la doble baja para criar en igualdad de condiciones a sus bebés. “Las familias monomarentales necesitamos poder cuidar de nuestras criaturas el mismo tiempo que las familias biparentales”, señala Álvarez.

Asimismo, denuncia la precariedad de muchos hogares formados por dos mujeres, ya que, según apunta Casado, “las mujeres cobramos un 30% menos en los mismos puestos de trabajo, tenemos muchas más dificultades para acceder a puestos directivos, tenemos trabajos más precarios, y mayores niveles de desempleo que los hombres”.

“También queremos hacer un llamamiento a todas aquellas lesbianas que son personajes públicos, a todas las mujeres lesbianas que, desde los medios de comunicación, la política, el mundo empresarial o las artes, viven su lesbianismo como algo que debe ser ocultado. Las invitamos a sumarse, a empujar el carro de la visibilidad lésbica. Sus voces son necesarias para aumentar nuestra representación pública”, invita Casado.

NOTA. Día de la Visibilidad Lésbica 25042023

Fuente FELGTBI+

General, Homofobia/ Transfobia. Derechos LGTBIQ+, Día de la Visibilidad Lésbica, Lesbianas, Lesbofobia, visibilidad lésbica

Cuando su madre presentó reclamos, la Dirección impidió que la estudiante participará de actividades de fin de año,  le prohibió que se licenciara, la agredieron física y verbalmente y la denostaron frente a sus compañeros/as y ante los apoderados de su polola.

La Superintendencia de Educación sancionó con una multa al Colegio  Católico Santa Teresa de Quilpué, luego de que la dirección del establecimiento fuese denunciada por constantes acosos a una alumna de cuarto medio en razón de su orientación sexual,  informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

“Realizado el procedimiento administrativo sancionatorio dispuesto por la ley, se logró establecer que en este caso el establecimiento incurrió en una infracción, motivo por el cual se le impuso la sanción de multa Ley 20.529”, señaló la Superintendencia, luego de que el 24 de octubre la madre de la joven denunciara los abusos con la asesoría del Movilh.

La apoderada precisó que los hostigamientos iniciaron en junio del 2022, cuando el colegio se enteró que la joven mantenía una relación sentimental con otra alumna. Desde ese momento,  “mi hija comenzó a sufrir acoso y hostigamiento” de parte de la Dirección, “por los que tuve que ir continuamente a retirarla del colegio con crisis de pánico que terminaban en la sala de urgencias, así por un tiempo prolongado”.

En una oportunidad el hostigamiento propinado por la Directora, V.A.C,  el Inspector General, L.R.L y la Asistente Social del establecimiento, V.A.A “ocasionaron que mi hija fuese hospitalizada en el área de psiquiatría del Hospital Naval Almirante Neff”, dijo.

El 18 agosto del 2022, en tanto, “mi hija nuevamente estaba con crisis de pánico porque el inspector obstaculizaba que hablara con su pareja. Todo pasó porque las niñas estaban conversando en el recreo y al Inspector le pareció que se estaban besando. Si bien las niñas le dijeron que ello no era cierto y le pidieron que revisara las cámaras, el inspector optó por llevarlas a su oficina para llamarles la atención, porque, según dijo, era inapropiado que dos mujeres se tomaran de la mano o se abrazaran porque otros apoderados se quejaban”.

La directora Verónica Aguilar

Los acosos empeoraron desde el 20 de octubre. “Fui a dejar a mi hija al colegio para que  participara del almuerzo y premiación  de actividades de fin de año de cuarto medio. Cuando mi hija estaba  ingresando la “directora se paró frente a mi hija, cerrándole la puerta y le impidió el acceso al colegio. Al insistir mi hija que la dejara ingresar, al directora se abalanzó sobre ella. Yo me interpuse y me pegó codazos al pecho para correrme. Alcanzó rasguñar a mi hija en su cuello y tironear su ropa. Como yo me interpuse, me rasguñó las manos y brazos y me  dio un pisotón en el pie”, razón por lo que debió intervenir carabineros.

Lejos de terminar ahí los acosos, el 24 de octubre, la “Directora del Colegio interrumpió las clases de alumnos de cuarto medio, haciendo juicios de valor, descalificaciones vejatorias hacia mi hija y mi persona, desprestigiándonos y pidiendo a los niños que no consideraran a mi hija en su cena de fin de año. No bastando con esto, además citó a audiencia a los padres de la polola de mi hija, para decirles que la relación era  una mala influencia. El. mismo día recibí un  correo electrónico de la directora, donde prohibía que mi hija participara de la licenciatura», añadió.

La madre denunció los hechos ante Carabineros, la Superintendencia de Educación y la Fiscalía, donde continúan la investigación de los hechos.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que “estamos en presencia de un abuso excesivo, cruel e inhumano propinado por quienes cuya labor es educar y proteger a estudiantes. Este abuso, que tiene a la joven con graves secuelas psicológicas, amerita sanción penal. Por lo que animamos a la Fiscalía a acelerar estas investigaciones, de manera que los responsables también reciban sanción penal”.

En paralelo, el Movilh está brindando orientación psicológica a la joven.

Fuente MOVILH

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Solo en 2022 se conoció de 356 atropellos contra mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales o trans. El Movilh exigió al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género políticas públicas focalizadas y no excluyentes, luego de que en 2022 la cartera interviniera apenas en el 4% de los abusos.

Un total de 2.262 casos de discriminación contra mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y trans se han denunciado en Chile desde el 2002 a la fecha, ascendiendo a 30 los crímenes de odio contra este grupo humano, reportó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que del total de 2.262 abusos conocidos contra las mujeres lesbo/bi/pan/trans en Chile, 356 ocurrieron en 2022, por lo que “resulta imperioso que se generen políticas públicas focalizadas en este grupo humano”.

“De todos los abusos contra mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y trans perpetrados el año pasado, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género apenas contribuyó en el 4% de los casos  para hacer justicia o para ayudar a las víctimas. En la casi totalidad de las ocasiones el Ministerio estuvo ausente, sin contactar a las víctimas o a las organizaciones sociales que denunciaron los atropellos. Esta situación debe cambiar”, apuntó Zúñiga.

Apuntó que es “es deber  Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género brindar contención y ayuda a todas las mujeres, en particular a las más vulnerables, como son aquellas afectadas por la discriminación interseccional. La condena estatal a los abusos y la  ayuda debe brindarse al margen del impacto mediático de las denuncias o de la cercanía de las víctimas con una determinada autoridad gubernamental. Exigimos una vez más políticas públicas focalizadas y no excluyentes, que garanticen la igualdad de trato a todas las mujeres con orientaciones sexuales o identidad de género diversas”.

El Movilh precisó que los atropellos conocidos desde el 2002 a la fecha van desde asesinatos, hasta agresiones  físicas perpetradas por desconocidos, familiares o vecinos, más casos de  discriminación laboral, educacional, institucional y atropellos policiales.

Fuente MOVILH

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Una hija recién nacida y un niño de seis años fueron separados en forma irregular de su mamá por ser lesbiana. Denuncian al menos diez casos en diferentes estados del país.

CIUDAD DE MÉXICO, México. Julissa Chuc Hass es una madre lesbiana de 30 años a la que le arrebataron a su hija recién nacida e hijo de seis años. Desde el 26 de octubre, sus hijes están bajo custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) después de que una trabajadora social criminalizara a Julissa por ser lesbiana, tener expresión de género masculina y ser pobre. La Red de Madres Lesbianas en México afirma que hay más casos de lesbofobia institucional en hospitales y oficinas de registro civil en el país.

A partir del caso de Julissa, la Red de Madres Lesbianas está sistematizando información de casos similares. En entrevista con Presentes, Miztli Leal afirma que en este momento al menos hay diez casos en diferentes estados del país. Madres lesbianas, gestantes y no gestantes, y sus hijes tienen negado su derecho a la familia, al reconocimiento y a la identidad.

“El caso de Julissa es muy particular. Pero en la Red detectamos casos similares en donde hay una lesbofobia institucional en hospitales, públicos y privados, y en registros civiles hacia madres lesbianas gestantes y no gestantes. Esto pasa desde Tapachula hasta Tijuana. Las madres lesbianas tienen que pagar amparos, abogadas, viajes y venir a la Ciudad de México para conseguir un trámite que a una pareja heterosexual jamás le van a negar”, explica Miztli Leal.

La abogada de Julissa, Dariana Quintal afirmó a Presentes que en Yucatán la Prodennay, la cual pertenece al DIF (Desarrollo Integral de la familia) estatal. Es un organismo descentralizado coordinado por el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, es una institución que lleva al menos diez años violando los derechos de menores de edad que pertenecen a familias indígenas y que están en situación de vulnerabilidad.

“Separan a los menores de su familia de forma injustificada, los llevan a albergues, promueven pérdidas de patria potestad de formas arbitrarias y ventajistas sobre todo con personas indígenas y personas que pertenecen a zonas marginadas y utilizan a estos menores para las adopciones. Así es como el DIF estatal se involucra en la trata de menores. Desde mi trabajo rescaté a 100 niños en esta situación”, denuncia Quintal.

“En este país se vulneran los derechos de las familias lesbomaternales”

En 2019, a través de un amparo presentado por la organización México Igualitario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional que se limite el derecho de filiación de menores que nacen en senos de familias lesbomaternales.

La SCJN determina que el derecho al matrimonio igualitario implica el derecho a la familia, la comaternidad, la seguridad social, la adopción y el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, y pese a que este año se aprobó el matrimonio igualitario en todo el país, a las familias lesbomaternales mexicanas les siguen negando sus derechos.

Miztli Leal enumera así los casos que la Red de Madres Lesbianas en México ha detectado sobre violaciones a derechos en hospitales y oficinas de registro civil:

– Hospitales públicos y privados que niegan el derecho de visitas e información a las madres no gestantes durante y posterior al parto.

– Hospitales privados en donde niegan el registro de nacimiento con los apellidos de ambas madres.

– Oficinas de registro civil que recomiendan registrar a sus hijes como madres solteras y se les niega el reconocimiento a las madres no gestantes.

– Casos en donde a pesar de estar reconocido el matrimonio igualitario en todo el país y tener derecho a la familia, en los registros civiles no hacen resguardo de actas cuando las madres viajan a la Ciudad de México a registrar a sus hijes. Y cuando llegan a sus estados para resguardar el acta, los registros civiles niegan ese derecho y les obligan a pagar un amparo.

Niñes con derechos negados

A les hijes de estas familias lesbomaternales también se les viola su derecho a la identidad. En México, el acta de nacimiento es el documento que brinda identidad a sus ciudadanes y abre la puerta a otros derechos.

De acuerdo a la abogada Ninde Molre, integrante de México Igualitario, pese a que existen varios ordenamientos que hablan de que el derecho a la identidad implica el derecho a tener un acta de nacimiento gratuita esto no siempre se cumple.

“Es muy común que haya prácticas en hospitales de no entregar actas hasta que paguen cantidades absurdas de dinero. Son violencias que se perpetúan sobre todo contra personas que no tienen seguro, ni información, ni herramientas para defenderse. Y que además, viven una realidad de pobreza o son indígenas”, explica.

Y agrega, “en este país se vulneran los derechos de las familias lesbomaternales. Por eso es urgente que en todo el país se reconozcan estos derechos”.

Caso Julissa

Julissa es originaria de Quintana Roo y migró a Yucatán luego de sobrevivir un ataque de odio por ser lesbiana. Es de oficio albañila y trabajadora del hogar. El 26 de octubre una trabajadora social del hospital público, General Agustín O’Horán, le hizo un estudio socioeconómico para determinar cuánto debía pagar por parir.

Además, cuestionó su maternidad por ser lesbiana con expresión de género masculina. Al ver cicatrices que Julissa tiene en su cuerpo por las violencias que vivió, la acusó de consumir sustancias.

“La trabajadora social criminalizó a Julissa. Alegó que por ser una mujer lesbiana con expresión de género masculina no tiene derecho a la maternidad. La juzgó por su situación económica y que va a ser un mal ejemplo para sus hijos. Así empieza el calvario de Julissa, simplemente por ser lesbiana, vivir en estado de vulneración y decidir ser madre”, dice su abogada, Dariana Quintal.

La trabajadora social que acusó a Julissa lo hizo sin pruebas. La denunció ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay), quien abrió una carpeta de investigación contra Julissa.

Julissa Chuc acompañada de la Red de Madres Lesbianas. Foto: Georgina González.

Para defenderla, sus vecinas juntaron 60 firmas que presentaron a la Procuraduría respaldando que “es una mujer trabajadora y madre amorosa y responsable”. 

Por su parte, el DIF de Yucatán lanzó un comunicado en donde dijo que activó un protocolo para “proteger” a dos menores. Los medios de comunicación locales reforzaron ese discurso.

“El caso de Julissa nos está mostrando la violencia institucional y la discriminación en todo su esplendor. Muestra cómo el sistema niega y quiere invisibilizar cualquier existencia lesbiana. No solo está vulnerando los derechos de Julissa, también de sus hijes”, agrega la abogada Ninde Molre.

Múltiples violaciones a derechos humanos contra Julissa y sus hijes

Julissa también vivió violencia obstétrica. Al momento del parto le practicaron sin su consentimiento una episiotomía (una incisión en el periné). Se trata de una práctica considerada violencia obstétrica por “invasiva y que puede causar daño físico”, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Una vez que nació la bebé de Julissa, no se la dejaron ver, abrazar, ni amamantar. Tampoco pudo registrarla como su hija. Desde que nació, hace 48 días, Julissa la vio solo en dos ocasiones con duración de una hora cada vez y bajo supervisión del DIF de Yucatán.

A los nueve días de haber parido, la Procuraduría citó a Julissa y a su hijo de seis años. Le pidieron llevar una carta de antecedentes no penales, comprobante de ingresos y examen toxicológico. A su hijo lo separaron de ella para realizarle un estudio psicológico, con el fin, dice la abogada Quintal de “comprobar si el niño era víctima de violencia”.

La Prodennay además de quitarle a su recién nacida, supo que su hijo no cuenta con acta de nacimiento. Fue razón suficiente para también arrebatárselo. Su hijo no tiene acta de nacimiento porque cuando nació las autoridades del hospital exigieron a Julissa 7 mil pesos para registrarlo como “nacido vivo”.

Julissa no tiene documentos oficiales que demuestren y acrediten que es madre de su hijo de seis años y su bebé recién nacida.

“El DIF al conocer ésto no tendría que vulnerar el derecho a la familia e identidad de esos niños. Tendría que buscar el camino para garantizar sus derechos y los de Julissa, pero son cómplices y responsables”, agrega la abogada Quintal.

Julissa con su abogada. Foto: Georgina González.

“Esto no se puede quedar así”

Dariana Quintal prepara, junto a la Fiscalía de Yucatán, una estrategia de defensa para que le regresen a sus hijes a Julissa lo más pronto posible, sean registrades y obtengan su acta de nacimiento.

De acuerdo a su abogada, los peritajes realizados por la Fiscalía al hijo de Julissa no demostraron que fuera víctima de violencia y les niñes cuentan con peso y talla acorde a su edad con respecto a estándares de la OMS. 

De los peritajes, Dariana Quintal denunció que la Prodennay solicitó revisiones invasivas de tipo proctológicas al hijo de Julissa. “Para la Procuraduría, que su madre sea una mujer lesbiana es seguro que violente y haga algo inmoral. Fíjate tú la forma de juicio que tienen sobre Julissa”, añade.

También, mencionó que parte del pedido de justicia es buscar que quienes son responsables de estas violaciones a derechos humanos no las repitan y reparen el daño.

“Vamos a hacer todo lo posible para que no repitan las violaciones a derechos humanos que están cometiendo contra mujeres y niños. Esto no se puede quedar así, hay responsables y son el DIF estatal y la procuradora de la Prodennay, Teresita de Jesús Anguas Zapata”, dice.

El 6 de diciembre en una transmisión en vivo Julissa se dirigió a la procuradora Teresita de Jesús y le mandó este mensaje:

“Es injusto lo que usted está haciendo conmigo. Yo necesito a mis hijos. Amo a mis hijos. Y no es justo que no me los quiera entregar. Es injusto que yo esté esperando feliz un 24 de diciembre, ya le compré a mi hija un vestidito para estrenar, a mi hijo le he comprado su ropa, como para que vengan y me quiten ese derecho como madre”.

¿Qué opciones tienen las madres lesbiana para defenderse?

Miztli Leal considera que una forma para defenderse es que las madres lesbianas y familias lesbomaternales tengan información sobre sus derechos y hacerlos valer. Así como la visibilidad de su existencia como familia, pero también de las violencias que atraviesan.

“Algo que consideramos en la Red de Madres Lesbianas es que debemos hacer ruido cuando la violencia institucional y violencia económica niega nuestros derechos. Es vital contar lo que atravesamos para dar cuenta que no son problemas aislados”, comenta.

Por otro lado, considera que “es urgente” que haya sensibilización en las instituciones de salud pública y privada y en las oficinas de registro civil, en donde las personas servidoras públicas escuchen de primera voz experiencias de familias lesbomaternales y madres lesbianas.

“También es importante la visibilidad porque no somos una moda. Entiendo que la salida del clóset puede ser compleja pero sí es importante salir, de esa forma podemos llegar a ver nuestras vivencias como cualquier otra familia. Aquí estamos, existimos, resistimos y no nos vamos a ir”, insiste Miztli.

Georgina González@georginagon

Georgina G. Álvarez

Fuente Agencia Presentes

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Tras la denuncia de una alumna que fue insultada en el anuario, el Colegio Saint Louis School accedió a las demandas del Movilh, ofreciendo disculpas a la estudiante, iniciando un proceso sancionatorio contra los responsables y capacitando en derechos LGBTIQA+ a sus docentes.

Las directora del Colegio Saint Louis School de Tiltil, María Teresa Figueroa; respondió al reclamo formulado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), luego de que una estudiante de 17 años denunciara al establecimiento por imprimir un anuario donde era denostada por su orientación sexual al ser tratada de “maraca” y fleta”.

“Se informa que la situación acontecida es lamentable, y los hechos descansan en un gravísimo error cometido por el profesor jefe de curso, quien en pos “de la libertad de expresión” no censuró el texto del anuario, a pesar de que la directora del establecimiento instruyera en el proceso de eliminar todos los epítetos referidos en la revisión previa a la impresión”, señaló el establecimiento al Movilh.

“La dirección revisó en papel lo escrito y borró expresamente los conceptos y palabras inapropiadas que se referían no sólo a la alumna afectada, pero la orden no fue ejecutada en su totalidad, y no se modificaron todos los cambios realizados momentos previos a la impresión, por lo que el establecimiento educacional ya ha iniciado el proceso sancionatorio para los responsables de esta situación”, añadió.

En relación a las medidas solicitada por el Movilh para paliar el daño ocasionado a la estudiante, el Colegio Saint Louis School de Tiltil accedió a todas.

En tal sentido, el establecimiento señaló  que “se comenzó el proceso de retiro de los anuarios distribuidos a cada persona que lo hubiese recibido, a los que se le entregará la versión corregida que garantice la dignidad de los estudiantes”; “se inició el proceso sancionatorio de los responsables de lo ocurrido”, “se ofrecerán disculpas públicas, por escrito, a la adolescente y a su familia”, “se capacitará a todos los funcionarios o trabajadores en materia de igualdad, no discriminación, derechos humanos, diversidad sexual y de género, lo que se hará al término del año escolar el día 12 diciembre, dirigido por la oficina de inclusión de la comuna”.

“Reiteramos nuestro pesar por lo ocurrido como institución educativa, ya que jamás se tuvo la intención de exponer a una alumna a un agravio, por el contrario, solo se pensó en otorgar a nuestros alumnos el mejor recuerdo de su último año escolar, situación que lamentablemente no se logró. Ofrecemos una vez más nuestras más sinceras disculpas”, finalizó el colegio.

Fuente MOVILH

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Prof. Alejandro Soto

Cuando el padre de la alumna reclamó ante profesor jefe del Colegio Saint Louis School, de Tiltil, la respuesta fue insólita: “no quise censurar por respeto a la libertad” de los estudiantes. El Movilh exigió el retiro inmediato de los anuarios y la impresión de uno nuevo donde se garantice la no discriminación y la dignidad de todas las personas

Lo que debía ser uno de los mejores recuerdos de su etapa como escolar, terminó siendo una pesadilla para una estudiante del Colegio Saint Louis School, de Tiltil, quien fue denostada en razón su orientación sexual en el anuario de cuarto medio, estando el establecimiento en conocimiento de las ofensas, denunció hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

La joven M.P (17 años), señaló al Movilh que “en el anuario, que nos entregó el colegio a modo de regalo, se refirieron a mí de forma inadecuada, llamándome «fleta» e incluso «maraca» (…) Jamás había sido directamente discriminada por mi orientación sexual”.

El padre de la adolescente denunció los hechos ante la Superintendencia de Educación y presentó un reclamo al profesor jefe, Alejandro Soto. Sin embargo, la respuesta que éste dio a  la alumna fue insólita. “Tu papá me expresó su molestia por algunos términos usados en el anuario de 4to medio que consideró discriminatorios (…) yo no quise censurar por respeto a la libertad de ustedes y a que había muy poco contenido fotográfico”, le señaló en un correo al cual tuvo acceso el Movilh.

El encargado de Derechos Humanos de Movilh, Ramón Gómez calificó a lo sucedido “como un hecho funesto, de abierta lesbofobia y misoginia hacia una estudiante. El colegio, en vez de prevenir y sancionar estos abusos, ha llegado al vil extremo de darles publicidad, repartiendo discursos de odio entre toda una generación que salió de cuarto medio. La señal del establecimiento además de ilegal, violenta los principios de respeto, igualdad y no discriminación que deben regir la labor pedagógica”.

En carta dirigida al Colegio Saint Louis School, el Movilh precisó que el establecimiento violentó la Ley Zamudio y las leyes 20.536 sobre violencia escolar y 20.845 sobre inclusión en las escuelas.

“La situación es más grave al considerar que el establecimiento conoció la información ofensiva del anuario, y nada hizo para editarlo o corregirlo, mientras que los estudiantes serán mal educados en el respeto a la diversidad, al disponer de ese infame texto como un recuerdo para sus vidas” , señaló el Movilh al Colegio.

Finalmente el Movilh exigió al establecimiento “reeditar el anuario e imprimir un nuevo donde se garantice la dignidad de los/as estudiantes, la no discriminación y el respeto a nuestra legislación; retirar al instante el anuario a cada persona que lo hubiese recibido y entregarle la versión corregida; sancionar a los responsables de lo ocurrido; ofrecer disculpas por escrito a la adolescente; capacitar a todos sus funcionarios/as o trabajadores/as en materia de igualdad, no discriminación, derechos humanos, diversidad sexual y de género y adoptar un protocolo adecuado para prevenir y sancionar la discriminación”

El Movilh espera medidas inmediatas del Colegio Saint Louis School, de Tiltil.

Fuente MOVILH

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Es alucinante lo que acaba de suceder en Yucatán, México. El 26 de octubre Julissa dio a luz en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán de Mérida a su hija. Además de la recién nacida, también tiene un niño de 6 años.

Pero solo pudo abrazar a su niña un día. El DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) se la quitó. A ella y a su hermanito. ¿La razón? Julissa es lesbiana y eso, al DIF, le parece nefasto para los niños.

Según narra la víctima, una trabajadora social le preguntó poco antes del parto si tenía esposo y el por qué no, señalando que no estaba bien ser lesbiana, pues podría ser «un mal ejemplo para los niños».

Julissa contó que le hicieron muchas preguntas, y en una de ellas respondió que cuando era adolescente había consumido marihuana, pero que solo fue durante esa etapa. Ahora tiene 30 años, pero el DIF la ha descrito como «drogadicta», para poder tener más argumentos para despojarla de sus hijos.

Lee también: Mi madre perdió mi custodia por ser lesbiana. La realidad de las madres de los 70, contada por una hija

Dentro de esos argumentos estaba también que el niño y la recién nacida tenían signos de maltrato. Julissa se sometió a una prueba toxicológica que salió negativa, presentó el testimonio de varios vecinos que avalaron que era una madre responsable y cariñosa, incluso el DIF le hizo exámenes al niño de 6 años para saber si había sufrido algún tipo de abuso y nada. Negativo.

Pero aún así no ha conseguido recuperar la custodia de sus hijos, que ahora mismo se encuentran en Centro De Atención Integral al Menor en Desamparo.

“Julissa está devastada; ingresó al hospital con la ilusión de salir con su niña en brazos y ahora le niegan la oportunidad de ver crecer y cuidar a sus dos hijos”, declaró la abogada, que declaró que no es solo discriminación por orientación sexual, también porque Julissa tiene bajos recursos y trabaja de limpiadora. Porque no había inscrito al niño en el Registro Civil, algo que según ella muchas familias no hacen por cuestiones económicas. «[Julissa] tiene 6 años sacando adelante al niño. No lo maltrata y lo lleva a todos lados. Imagínense lo que está sufriendo el niño sin ella y con la ilusión de ver a su hermanita».

Fuente Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Lesbianas, Lesbofobia, Madres lesbianas, México, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Yucatán

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Homofobia/Transfobia, INADI, Josefina Flores, Lesbofobia, Marta Zelaya

Aunque ya habíamos hablado de esta noticia, ampliamos el tema:

El Ministerio del Interior ha hecho público a inicios de este mes de octubre el informe sobre evolución de los delitos de odio en España a lo largo de 2021. Un documento que arroja resultados inquietantes. Globalmente, en 2021 se produjo un aumento del 5,63% de los delitos de odio respecto a 2019, lo que confirma la tendencia alcista de años precedentes (interrumpida solo el año 2020 «por la pandemia de la covid-19», según el propio Ministerio reconoce). Especialmente preocupante resulta, sin embargo, el crecimiento de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, cuyo número no se había reducido en 2020 (277 en 2020, 278 en 2019) y que en 2021 se disparó un 68,2%, hasta alcanzar la cifra de 466. Porcentualmente, los delitos de odio por LGTBIfobia constituyen ya el 27% del total de delitos de odio en España.

El documento de Interior ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el año 2021. En este sentido, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.724 delitos de odio y 78 infracciones administrativas y otros incidentes.

Los delitos de odio contabilizados por Interior se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (11), aporofobia (10), creencias o prácticas religiosas (63), discapacidad (28), orientación sexual e identidad de género (466), racismo y xenofobia (639), ideología (326), por razón de sexo/género (107), por discriminación generacional (35), por enfermedad (21) y por antigitanismo (18). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio:

Como vemos, por número total de delitos registrados, el racismo y la xenofobia repite por segundo año consecutivo como la motivación principal, ocupando la orientación sexual e identidad de género el segundo lugar, si bien en en términos porcentuales el crecimiento de los delitos por LGTBIfobia es superior. En términos de crecimiento porcentual, solo el antisemitismo y la discriminación generacional superan a la LGTBIfobia, aunque con cifras absolutas muy inferiores.

La tendencia, lamentablemente, es clara.

Por lo que respecta al número de sucesos esclarecidos, en el caso de los delitos por LGTBIfobia ascendieron a 314 (el 67,4%).

Perfil de víctimas y agresores

En cuanto al perfil de las víctimas de delitos por LGTBIfobia, 398 fueron hombres (un 75%) y 132 mujeres (un 25%). Lamentablemente el informe no detalla el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans, lo que impide conocer con precisión el peso que el odio tránsfobo, especialmente azuzado en los últimos años desde diferentes sectores políticos y mediáticos, tiene sobre el total de delitos por LGTIfobia. Un aspecto que el informe debería corregir en próximas ediciones.

En cuanto a la edad, 68 víctimas eran menores, 136 tenían entre 18 y 25 años, 187 entre 27 y 40 años, 77 entre 41 y 50 años, 56 entre 51 y 65 años y 6 eran mayores de 65 años.

Por lo que refiere a los autores de delitos por LGTBIfobia, se identificaron como detenidos o investigados un total de 209 personas (176 hombres y 33 mujeres). 36 eran menores, 60 tenían de 18 a 25 años, 70 de 26 a 40 años, 24 de 41 a 50 años, 16 de 51 a 65 años y 3 eran mayores de 65 años.

Por lo que se refiere a las nacionalidades de víctimas y agresores, el informe no detalla los datos por motivación, aunque sí ofrece los datos globales. En este sentido, el 65,5% de las víctimas totales de delitos de odio eran de nacionalidad española y el 34,5% extranjeras, mientras que el 75,6% de los agresores eran de nacionalidad española y el 24,4% extranjeros.

Cataluña por delante en términos absolutos, País Vasco en términos relativos

De los 466 delitos de odio por LGTBIfobia contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 70 en Madrid y 65 en el País Vasco, las tres comunidades autónomas que repiten de nuevo el dudoso honor de ocupar este «podio» en cifras absolutas (si bien respecto a 2020 Madrid adelanta al País Vasco).

En términos relativos (número de incidentes conocidos por 100.000 habitantes) es el País Vasco el que ocupa la primera posición, por delante de Navarra y Madrid. Cabe discutir, por supuesto, si el número de delitos por comunidad es un reflejo real de su situación o si puede reflejar, al menos en parte, una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar o una mayor capacidad de detección.

La punta de un gigantesco iceberg

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBIfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Así, según datos publicados en 2019 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solo el 21% de las personas que son víctimas de un ataque físico o sexual por ser LGTBI habían denunciado a la Policía o a alguna organización.

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Puedes descargar el informe completo de Interior correspondiente al año 2021 pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Bifobia, Cataluña, Delitos de Odio, Homofobia, Lesbofobia, LGTBIfobia, Madrid, Ministerio del Interior, Navarra, País Vasco, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

La apuñalaron junto a su novia pero Berenice logró sobrevivir y contó el cruel asesinato de Karen en Tijuana

Ya que la pareja estaba conformada por dos mujeres, diversos colectivos describieron la acción violenta como un “lesbocidio”

Karen Yaneli de 24 años y Berenice de 20 vivían juntas en la colonia Libertad, ubicada en Tijuana, Baja California. El pasado 9 de octubre, dos hombres ingresaron a su domicilio y las atacaron brutalmente con un arma punzocortante, una de ellas murió a causa de estrangulamiento mientras que su pareja resultó herida de gravedad, por lo que se encuentra hospitalizada.

Tras la manifestación de violencia, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) identificó a Juan Carlos “N” de 27 años y Miguel Ángel “N” de 18 fueron como presuntos responsables en los delitos de feminicidio, homicidio calificado en grado de tentativa y robo calificado con violencia. Además, se reportó que poseían droga.

De acuerdo con la FGEBC, los supuestos agresores de la pareja de lesbianas ingresaron al domicilio en compañía de Karen, diversos reportes de medios locales señalaron que la pareja había sido invitada a una reunión por parte de los supuestos atacantes.

Mientras Karen se preparaba para la salida recreacional, los hombres le pidieron permiso para usar el baño, pero al ingresar comenzaron a golpearla e incluso la estrangularon, ya que la causa de muerte de la joven fue anoxemia por broncoaspiración. Cuando Berenice escuchó la agresión, intentó ayudar a su pareja y recibió diversos ataques para luego ser abandonada en otra habitación.

La Fiscalía del Estado de Baja California detalló que tras atentar contra la vida de Karen y dejar malherida a Berenice en otro cuarto, los hombres se llevaron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo para luego retirarse del lugar. Actualmente Juan Carlos “N” y Miguel Ángel “N” se encuentran en prisión preventiva en espera del proceso legal correspondiente.

De acuerdo con una integrante del Movimiento Político por la Liberación Animal, los hombres eran compañeros de trabajo de Karen Yaneli e incluso sabían cuál era su orientación sexual, por lo que diversas voces en redes sociales calificaron el ataque como un lesbocidio. Hasta el momento no hay información sobre el centro de trabajo que aparentemente compartían.

Los ases1n0s de Karen sabían que era lesbiana, trabajaban con ella y la siguieron hasta su casa, le dijeron que querían ir al baño, ella por amabilidad los dejó pasar y ambos la as3sinaron.
Berenice, su novia, apenas llegaba, intentó ayudarla y ellos la hirieron de gravedad…

— Lésbica Poética (@DaturaSanguinea) October 15, 2022

“Los atentados de violencia masculina contra las mujeres lesbianas, en el contexto nacional están presentes de manera transversal en los distintos contextos laborales, educativos, sociales y políticos. Este contexto generalizado que agudiza la violencia en contra de las mujeres lesbianas, quienes se atreven a romper con los estereotipos socialmente impuestos y amar libremente a las mujeres”

De igual manera, CLADEM México realizó varias exigencias, entre ellas destacó la dirigida a las autoridades estatales y municipales de Baja California para que “en el ámbito de sus competencias realicen las acciones urgentes necesarias para que el caso no quede impune y la familia de Karen y Berenice no quede aún más indefensa.”

En el texto también se solicitó la repatación del daño a Berenice y la familia de Karen. “EXIGIMOS se giren y se implementen órdenes de protección inmediatas, efectivas y adecuadas a Berenice, así como a la familia Karen”, se pudo leer.

#Xaloztoc #Tlaxcala #Tijuana #BajaCalifornia #NiUnaMenos #feminicidio Tu muerte no quedará impune Jessica Zárate Aguilar #Texmolac pic.twitter.com/nw39FxyxQl

— Agaliaret (@AgaliaretXV) December 12, 2021

Cabe señalar que lo ocurrido con Berenice y Karen no es un hecho aislado, desde 1990 hasta 2019 se registraron en México más de 56,000 defunciones de mujeres con presunción de homicidio. Esta es una situación que fue señalada el pasado 6 de marzo durante una manifestación en la zona del río de Tijuana, ya que diversos grupos de mujeres pidieron que los casos de feminicidios sean tipificados y reportados como tal.

Diversas voces en redes sociales recordaron el feminicidio de Jessica Zárate Aguilar, ella era originaria de Texmolac, Xaloztoc, Tlaxcala pero radicaba en Tijuana cuando fue asesinada en diciembre de 2021.

Fuente Infobae

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