Solo en 2022 se conoció de 356 atropellos contra mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales o trans. El Movilh exigió al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género políticas públicas focalizadas y no excluyentes, luego de que en 2022 la cartera interviniera apenas en el 4% de los abusos.

Un total de 2.262 casos de discriminación contra mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y trans se han denunciado en Chile desde el 2002 a la fecha, ascendiendo a 30 los crímenes de odio contra este grupo humano, reportó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que del total de 2.262 abusos conocidos contra las mujeres lesbo/bi/pan/trans en Chile, 356 ocurrieron en 2022, por lo que “resulta imperioso que se generen políticas públicas focalizadas en este grupo humano”.

“De todos los abusos contra mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y trans perpetrados el año pasado, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género apenas contribuyó en el 4% de los casos  para hacer justicia o para ayudar a las víctimas. En la casi totalidad de las ocasiones el Ministerio estuvo ausente, sin contactar a las víctimas o a las organizaciones sociales que denunciaron los atropellos. Esta situación debe cambiar”, apuntó Zúñiga.

Apuntó que es “es deber  Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género brindar contención y ayuda a todas las mujeres, en particular a las más vulnerables, como son aquellas afectadas por la discriminación interseccional. La condena estatal a los abusos y la  ayuda debe brindarse al margen del impacto mediático de las denuncias o de la cercanía de las víctimas con una determinada autoridad gubernamental. Exigimos una vez más políticas públicas focalizadas y no excluyentes, que garanticen la igualdad de trato a todas las mujeres con orientaciones sexuales o identidad de género diversas”.

El Movilh precisó que los atropellos conocidos desde el 2002 a la fecha van desde asesinatos, hasta agresiones  físicas perpetradas por desconocidos, familiares o vecinos, más casos de  discriminación laboral, educacional, institucional y atropellos policiales.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Agresiones, Chile, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Javiera Zúñiga, Lesbofobia, MOVILH, Personas LGTBI

Una hija recién nacida y un niño de seis años fueron separados en forma irregular de su mamá por ser lesbiana. Denuncian al menos diez casos en diferentes estados del país.

CIUDAD DE MÉXICO, México. Julissa Chuc Hass es una madre lesbiana de 30 años a la que le arrebataron a su hija recién nacida e hijo de seis años. Desde el 26 de octubre, sus hijes están bajo custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) después de que una trabajadora social criminalizara a Julissa por ser lesbiana, tener expresión de género masculina y ser pobre. La Red de Madres Lesbianas en México afirma que hay más casos de lesbofobia institucional en hospitales y oficinas de registro civil en el país.

A partir del caso de Julissa, la Red de Madres Lesbianas está sistematizando información de casos similares. En entrevista con Presentes, Miztli Leal afirma que en este momento al menos hay diez casos en diferentes estados del país. Madres lesbianas, gestantes y no gestantes, y sus hijes tienen negado su derecho a la familia, al reconocimiento y a la identidad.

“El caso de Julissa es muy particular. Pero en la Red detectamos casos similares en donde hay una lesbofobia institucional en hospitales, públicos y privados, y en registros civiles hacia madres lesbianas gestantes y no gestantes. Esto pasa desde Tapachula hasta Tijuana. Las madres lesbianas tienen que pagar amparos, abogadas, viajes y venir a la Ciudad de México para conseguir un trámite que a una pareja heterosexual jamás le van a negar”, explica Miztli Leal.

La abogada de Julissa, Dariana Quintal afirmó a Presentes que en Yucatán la Prodennay, la cual pertenece al DIF (Desarrollo Integral de la familia) estatal. Es un organismo descentralizado coordinado por el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, es una institución que lleva al menos diez años violando los derechos de menores de edad que pertenecen a familias indígenas y que están en situación de vulnerabilidad.

“Separan a los menores de su familia de forma injustificada, los llevan a albergues, promueven pérdidas de patria potestad de formas arbitrarias y ventajistas sobre todo con personas indígenas y personas que pertenecen a zonas marginadas y utilizan a estos menores para las adopciones. Así es como el DIF estatal se involucra en la trata de menores. Desde mi trabajo rescaté a 100 niños en esta situación”, denuncia Quintal.

“En este país se vulneran los derechos de las familias lesbomaternales”

En 2019, a través de un amparo presentado por la organización México Igualitario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional que se limite el derecho de filiación de menores que nacen en senos de familias lesbomaternales.

La SCJN determina que el derecho al matrimonio igualitario implica el derecho a la familia, la comaternidad, la seguridad social, la adopción y el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, y pese a que este año se aprobó el matrimonio igualitario en todo el país, a las familias lesbomaternales mexicanas les siguen negando sus derechos.

Miztli Leal enumera así los casos que la Red de Madres Lesbianas en México ha detectado sobre violaciones a derechos en hospitales y oficinas de registro civil:

– Hospitales públicos y privados que niegan el derecho de visitas e información a las madres no gestantes durante y posterior al parto.

– Hospitales privados en donde niegan el registro de nacimiento con los apellidos de ambas madres.

– Oficinas de registro civil que recomiendan registrar a sus hijes como madres solteras y se les niega el reconocimiento a las madres no gestantes.

– Casos en donde a pesar de estar reconocido el matrimonio igualitario en todo el país y tener derecho a la familia, en los registros civiles no hacen resguardo de actas cuando las madres viajan a la Ciudad de México a registrar a sus hijes. Y cuando llegan a sus estados para resguardar el acta, los registros civiles niegan ese derecho y les obligan a pagar un amparo.

Niñes con derechos negados

A les hijes de estas familias lesbomaternales también se les viola su derecho a la identidad. En México, el acta de nacimiento es el documento que brinda identidad a sus ciudadanes y abre la puerta a otros derechos.

De acuerdo a la abogada Ninde Molre, integrante de México Igualitario, pese a que existen varios ordenamientos que hablan de que el derecho a la identidad implica el derecho a tener un acta de nacimiento gratuita esto no siempre se cumple.

“Es muy común que haya prácticas en hospitales de no entregar actas hasta que paguen cantidades absurdas de dinero. Son violencias que se perpetúan sobre todo contra personas que no tienen seguro, ni información, ni herramientas para defenderse. Y que además, viven una realidad de pobreza o son indígenas”, explica.

Y agrega, “en este país se vulneran los derechos de las familias lesbomaternales. Por eso es urgente que en todo el país se reconozcan estos derechos”.

Caso Julissa

Julissa es originaria de Quintana Roo y migró a Yucatán luego de sobrevivir un ataque de odio por ser lesbiana. Es de oficio albañila y trabajadora del hogar. El 26 de octubre una trabajadora social del hospital público, General Agustín O’Horán, le hizo un estudio socioeconómico para determinar cuánto debía pagar por parir.

Además, cuestionó su maternidad por ser lesbiana con expresión de género masculina. Al ver cicatrices que Julissa tiene en su cuerpo por las violencias que vivió, la acusó de consumir sustancias.

“La trabajadora social criminalizó a Julissa. Alegó que por ser una mujer lesbiana con expresión de género masculina no tiene derecho a la maternidad. La juzgó por su situación económica y que va a ser un mal ejemplo para sus hijos. Así empieza el calvario de Julissa, simplemente por ser lesbiana, vivir en estado de vulneración y decidir ser madre”, dice su abogada, Dariana Quintal.

La trabajadora social que acusó a Julissa lo hizo sin pruebas. La denunció ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay), quien abrió una carpeta de investigación contra Julissa.

Julissa Chuc acompañada de la Red de Madres Lesbianas. Foto: Georgina González.

Para defenderla, sus vecinas juntaron 60 firmas que presentaron a la Procuraduría respaldando que “es una mujer trabajadora y madre amorosa y responsable”. 

Por su parte, el DIF de Yucatán lanzó un comunicado en donde dijo que activó un protocolo para “proteger” a dos menores. Los medios de comunicación locales reforzaron ese discurso.

“El caso de Julissa nos está mostrando la violencia institucional y la discriminación en todo su esplendor. Muestra cómo el sistema niega y quiere invisibilizar cualquier existencia lesbiana. No solo está vulnerando los derechos de Julissa, también de sus hijes”, agrega la abogada Ninde Molre.

Múltiples violaciones a derechos humanos contra Julissa y sus hijes

Julissa también vivió violencia obstétrica. Al momento del parto le practicaron sin su consentimiento una episiotomía (una incisión en el periné). Se trata de una práctica considerada violencia obstétrica por “invasiva y que puede causar daño físico”, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Una vez que nació la bebé de Julissa, no se la dejaron ver, abrazar, ni amamantar. Tampoco pudo registrarla como su hija. Desde que nació, hace 48 días, Julissa la vio solo en dos ocasiones con duración de una hora cada vez y bajo supervisión del DIF de Yucatán.

A los nueve días de haber parido, la Procuraduría citó a Julissa y a su hijo de seis años. Le pidieron llevar una carta de antecedentes no penales, comprobante de ingresos y examen toxicológico. A su hijo lo separaron de ella para realizarle un estudio psicológico, con el fin, dice la abogada Quintal de “comprobar si el niño era víctima de violencia”.

La Prodennay además de quitarle a su recién nacida, supo que su hijo no cuenta con acta de nacimiento. Fue razón suficiente para también arrebatárselo. Su hijo no tiene acta de nacimiento porque cuando nació las autoridades del hospital exigieron a Julissa 7 mil pesos para registrarlo como “nacido vivo”.

Julissa no tiene documentos oficiales que demuestren y acrediten que es madre de su hijo de seis años y su bebé recién nacida.

“El DIF al conocer ésto no tendría que vulnerar el derecho a la familia e identidad de esos niños. Tendría que buscar el camino para garantizar sus derechos y los de Julissa, pero son cómplices y responsables”, agrega la abogada Quintal.

Julissa con su abogada. Foto: Georgina González.

“Esto no se puede quedar así”

Dariana Quintal prepara, junto a la Fiscalía de Yucatán, una estrategia de defensa para que le regresen a sus hijes a Julissa lo más pronto posible, sean registrades y obtengan su acta de nacimiento.

De acuerdo a su abogada, los peritajes realizados por la Fiscalía al hijo de Julissa no demostraron que fuera víctima de violencia y les niñes cuentan con peso y talla acorde a su edad con respecto a estándares de la OMS. 

De los peritajes, Dariana Quintal denunció que la Prodennay solicitó revisiones invasivas de tipo proctológicas al hijo de Julissa. “Para la Procuraduría, que su madre sea una mujer lesbiana es seguro que violente y haga algo inmoral. Fíjate tú la forma de juicio que tienen sobre Julissa”, añade.

También, mencionó que parte del pedido de justicia es buscar que quienes son responsables de estas violaciones a derechos humanos no las repitan y reparen el daño.

“Vamos a hacer todo lo posible para que no repitan las violaciones a derechos humanos que están cometiendo contra mujeres y niños. Esto no se puede quedar así, hay responsables y son el DIF estatal y la procuradora de la Prodennay, Teresita de Jesús Anguas Zapata”, dice.

El 6 de diciembre en una transmisión en vivo Julissa se dirigió a la procuradora Teresita de Jesús y le mandó este mensaje:

“Es injusto lo que usted está haciendo conmigo. Yo necesito a mis hijos. Amo a mis hijos. Y no es justo que no me los quiera entregar. Es injusto que yo esté esperando feliz un 24 de diciembre, ya le compré a mi hija un vestidito para estrenar, a mi hijo le he comprado su ropa, como para que vengan y me quiten ese derecho como madre”.

¿Qué opciones tienen las madres lesbiana para defenderse?

Miztli Leal considera que una forma para defenderse es que las madres lesbianas y familias lesbomaternales tengan información sobre sus derechos y hacerlos valer. Así como la visibilidad de su existencia como familia, pero también de las violencias que atraviesan.

“Algo que consideramos en la Red de Madres Lesbianas es que debemos hacer ruido cuando la violencia institucional y violencia económica niega nuestros derechos. Es vital contar lo que atravesamos para dar cuenta que no son problemas aislados”, comenta.

Por otro lado, considera que “es urgente” que haya sensibilización en las instituciones de salud pública y privada y en las oficinas de registro civil, en donde las personas servidoras públicas escuchen de primera voz experiencias de familias lesbomaternales y madres lesbianas.

“También es importante la visibilidad porque no somos una moda. Entiendo que la salida del clóset puede ser compleja pero sí es importante salir, de esa forma podemos llegar a ver nuestras vivencias como cualquier otra familia. Aquí estamos, existimos, resistimos y no nos vamos a ir”, insiste Miztli.

Georgina González@georginagon

Georgina G. Álvarez

Fuente Agencia Presentes

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Tras la denuncia de una alumna que fue insultada en el anuario, el Colegio Saint Louis School accedió a las demandas del Movilh, ofreciendo disculpas a la estudiante, iniciando un proceso sancionatorio contra los responsables y capacitando en derechos LGBTIQA+ a sus docentes.

Las directora del Colegio Saint Louis School de Tiltil, María Teresa Figueroa; respondió al reclamo formulado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), luego de que una estudiante de 17 años denunciara al establecimiento por imprimir un anuario donde era denostada por su orientación sexual al ser tratada de “maraca” y fleta”.

“Se informa que la situación acontecida es lamentable, y los hechos descansan en un gravísimo error cometido por el profesor jefe de curso, quien en pos “de la libertad de expresión” no censuró el texto del anuario, a pesar de que la directora del establecimiento instruyera en el proceso de eliminar todos los epítetos referidos en la revisión previa a la impresión”, señaló el establecimiento al Movilh.

“La dirección revisó en papel lo escrito y borró expresamente los conceptos y palabras inapropiadas que se referían no sólo a la alumna afectada, pero la orden no fue ejecutada en su totalidad, y no se modificaron todos los cambios realizados momentos previos a la impresión, por lo que el establecimiento educacional ya ha iniciado el proceso sancionatorio para los responsables de esta situación”, añadió.

En relación a las medidas solicitada por el Movilh para paliar el daño ocasionado a la estudiante, el Colegio Saint Louis School de Tiltil accedió a todas.

En tal sentido, el establecimiento señaló  que “se comenzó el proceso de retiro de los anuarios distribuidos a cada persona que lo hubiese recibido, a los que se le entregará la versión corregida que garantice la dignidad de los estudiantes”; “se inició el proceso sancionatorio de los responsables de lo ocurrido”, “se ofrecerán disculpas públicas, por escrito, a la adolescente y a su familia”, “se capacitará a todos los funcionarios o trabajadores en materia de igualdad, no discriminación, derechos humanos, diversidad sexual y de género, lo que se hará al término del año escolar el día 12 diciembre, dirigido por la oficina de inclusión de la comuna”.

“Reiteramos nuestro pesar por lo ocurrido como institución educativa, ya que jamás se tuvo la intención de exponer a una alumna a un agravio, por el contrario, solo se pensó en otorgar a nuestros alumnos el mejor recuerdo de su último año escolar, situación que lamentablemente no se logró. Ofrecemos una vez más nuestras más sinceras disculpas”, finalizó el colegio.

Fuente MOVILH

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Prof. Alejandro Soto

Cuando el padre de la alumna reclamó ante profesor jefe del Colegio Saint Louis School, de Tiltil, la respuesta fue insólita: “no quise censurar por respeto a la libertad” de los estudiantes. El Movilh exigió el retiro inmediato de los anuarios y la impresión de uno nuevo donde se garantice la no discriminación y la dignidad de todas las personas

Lo que debía ser uno de los mejores recuerdos de su etapa como escolar, terminó siendo una pesadilla para una estudiante del Colegio Saint Louis School, de Tiltil, quien fue denostada en razón su orientación sexual en el anuario de cuarto medio, estando el establecimiento en conocimiento de las ofensas, denunció hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

La joven M.P (17 años), señaló al Movilh que “en el anuario, que nos entregó el colegio a modo de regalo, se refirieron a mí de forma inadecuada, llamándome «fleta» e incluso «maraca» (…) Jamás había sido directamente discriminada por mi orientación sexual”.

El padre de la adolescente denunció los hechos ante la Superintendencia de Educación y presentó un reclamo al profesor jefe, Alejandro Soto. Sin embargo, la respuesta que éste dio a  la alumna fue insólita. “Tu papá me expresó su molestia por algunos términos usados en el anuario de 4to medio que consideró discriminatorios (…) yo no quise censurar por respeto a la libertad de ustedes y a que había muy poco contenido fotográfico”, le señaló en un correo al cual tuvo acceso el Movilh.

El encargado de Derechos Humanos de Movilh, Ramón Gómez calificó a lo sucedido “como un hecho funesto, de abierta lesbofobia y misoginia hacia una estudiante. El colegio, en vez de prevenir y sancionar estos abusos, ha llegado al vil extremo de darles publicidad, repartiendo discursos de odio entre toda una generación que salió de cuarto medio. La señal del establecimiento además de ilegal, violenta los principios de respeto, igualdad y no discriminación que deben regir la labor pedagógica”.

En carta dirigida al Colegio Saint Louis School, el Movilh precisó que el establecimiento violentó la Ley Zamudio y las leyes 20.536 sobre violencia escolar y 20.845 sobre inclusión en las escuelas.

“La situación es más grave al considerar que el establecimiento conoció la información ofensiva del anuario, y nada hizo para editarlo o corregirlo, mientras que los estudiantes serán mal educados en el respeto a la diversidad, al disponer de ese infame texto como un recuerdo para sus vidas” , señaló el Movilh al Colegio.

Finalmente el Movilh exigió al establecimiento “reeditar el anuario e imprimir un nuevo donde se garantice la dignidad de los/as estudiantes, la no discriminación y el respeto a nuestra legislación; retirar al instante el anuario a cada persona que lo hubiese recibido y entregarle la versión corregida; sancionar a los responsables de lo ocurrido; ofrecer disculpas por escrito a la adolescente; capacitar a todos sus funcionarios/as o trabajadores/as en materia de igualdad, no discriminación, derechos humanos, diversidad sexual y de género y adoptar un protocolo adecuado para prevenir y sancionar la discriminación”

El Movilh espera medidas inmediatas del Colegio Saint Louis School, de Tiltil.

Fuente MOVILH

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Es alucinante lo que acaba de suceder en Yucatán, México. El 26 de octubre Julissa dio a luz en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán de Mérida a su hija. Además de la recién nacida, también tiene un niño de 6 años.

Pero solo pudo abrazar a su niña un día. El DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) se la quitó. A ella y a su hermanito. ¿La razón? Julissa es lesbiana y eso, al DIF, le parece nefasto para los niños.

Según narra la víctima, una trabajadora social le preguntó poco antes del parto si tenía esposo y el por qué no, señalando que no estaba bien ser lesbiana, pues podría ser «un mal ejemplo para los niños».

Julissa contó que le hicieron muchas preguntas, y en una de ellas respondió que cuando era adolescente había consumido marihuana, pero que solo fue durante esa etapa. Ahora tiene 30 años, pero el DIF la ha descrito como «drogadicta», para poder tener más argumentos para despojarla de sus hijos.

Lee también: Mi madre perdió mi custodia por ser lesbiana. La realidad de las madres de los 70, contada por una hija

Dentro de esos argumentos estaba también que el niño y la recién nacida tenían signos de maltrato. Julissa se sometió a una prueba toxicológica que salió negativa, presentó el testimonio de varios vecinos que avalaron que era una madre responsable y cariñosa, incluso el DIF le hizo exámenes al niño de 6 años para saber si había sufrido algún tipo de abuso y nada. Negativo.

Pero aún así no ha conseguido recuperar la custodia de sus hijos, que ahora mismo se encuentran en Centro De Atención Integral al Menor en Desamparo.

“Julissa está devastada; ingresó al hospital con la ilusión de salir con su niña en brazos y ahora le niegan la oportunidad de ver crecer y cuidar a sus dos hijos”, declaró la abogada, que declaró que no es solo discriminación por orientación sexual, también porque Julissa tiene bajos recursos y trabaja de limpiadora. Porque no había inscrito al niño en el Registro Civil, algo que según ella muchas familias no hacen por cuestiones económicas. «[Julissa] tiene 6 años sacando adelante al niño. No lo maltrata y lo lleva a todos lados. Imagínense lo que está sufriendo el niño sin ella y con la ilusión de ver a su hermanita».

Fuente Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Lesbianas, Lesbofobia, Madres lesbianas, México, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Yucatán

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

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Aunque ya habíamos hablado de esta noticia, ampliamos el tema:

El Ministerio del Interior ha hecho público a inicios de este mes de octubre el informe sobre evolución de los delitos de odio en España a lo largo de 2021. Un documento que arroja resultados inquietantes. Globalmente, en 2021 se produjo un aumento del 5,63% de los delitos de odio respecto a 2019, lo que confirma la tendencia alcista de años precedentes (interrumpida solo el año 2020 «por la pandemia de la covid-19», según el propio Ministerio reconoce). Especialmente preocupante resulta, sin embargo, el crecimiento de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, cuyo número no se había reducido en 2020 (277 en 2020, 278 en 2019) y que en 2021 se disparó un 68,2%, hasta alcanzar la cifra de 466. Porcentualmente, los delitos de odio por LGTBIfobia constituyen ya el 27% del total de delitos de odio en España.

El documento de Interior ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el año 2021. En este sentido, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.724 delitos de odio y 78 infracciones administrativas y otros incidentes.

Los delitos de odio contabilizados por Interior se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (11), aporofobia (10), creencias o prácticas religiosas (63), discapacidad (28), orientación sexual e identidad de género (466), racismo y xenofobia (639), ideología (326), por razón de sexo/género (107), por discriminación generacional (35), por enfermedad (21) y por antigitanismo (18). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio:

Como vemos, por número total de delitos registrados, el racismo y la xenofobia repite por segundo año consecutivo como la motivación principal, ocupando la orientación sexual e identidad de género el segundo lugar, si bien en en términos porcentuales el crecimiento de los delitos por LGTBIfobia es superior. En términos de crecimiento porcentual, solo el antisemitismo y la discriminación generacional superan a la LGTBIfobia, aunque con cifras absolutas muy inferiores.

La tendencia, lamentablemente, es clara.

Por lo que respecta al número de sucesos esclarecidos, en el caso de los delitos por LGTBIfobia ascendieron a 314 (el 67,4%).

Perfil de víctimas y agresores

En cuanto al perfil de las víctimas de delitos por LGTBIfobia, 398 fueron hombres (un 75%) y 132 mujeres (un 25%). Lamentablemente el informe no detalla el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans, lo que impide conocer con precisión el peso que el odio tránsfobo, especialmente azuzado en los últimos años desde diferentes sectores políticos y mediáticos, tiene sobre el total de delitos por LGTIfobia. Un aspecto que el informe debería corregir en próximas ediciones.

En cuanto a la edad, 68 víctimas eran menores, 136 tenían entre 18 y 25 años, 187 entre 27 y 40 años, 77 entre 41 y 50 años, 56 entre 51 y 65 años y 6 eran mayores de 65 años.

Por lo que refiere a los autores de delitos por LGTBIfobia, se identificaron como detenidos o investigados un total de 209 personas (176 hombres y 33 mujeres). 36 eran menores, 60 tenían de 18 a 25 años, 70 de 26 a 40 años, 24 de 41 a 50 años, 16 de 51 a 65 años y 3 eran mayores de 65 años.

Por lo que se refiere a las nacionalidades de víctimas y agresores, el informe no detalla los datos por motivación, aunque sí ofrece los datos globales. En este sentido, el 65,5% de las víctimas totales de delitos de odio eran de nacionalidad española y el 34,5% extranjeras, mientras que el 75,6% de los agresores eran de nacionalidad española y el 24,4% extranjeros.

Cataluña por delante en términos absolutos, País Vasco en términos relativos

De los 466 delitos de odio por LGTBIfobia contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 70 en Madrid y 65 en el País Vasco, las tres comunidades autónomas que repiten de nuevo el dudoso honor de ocupar este «podio» en cifras absolutas (si bien respecto a 2020 Madrid adelanta al País Vasco).

En términos relativos (número de incidentes conocidos por 100.000 habitantes) es el País Vasco el que ocupa la primera posición, por delante de Navarra y Madrid. Cabe discutir, por supuesto, si el número de delitos por comunidad es un reflejo real de su situación o si puede reflejar, al menos en parte, una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar o una mayor capacidad de detección.

La punta de un gigantesco iceberg

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBIfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Así, según datos publicados en 2019 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solo el 21% de las personas que son víctimas de un ataque físico o sexual por ser LGTBI habían denunciado a la Policía o a alguna organización.

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Puedes descargar el informe completo de Interior correspondiente al año 2021 pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Bifobia, Cataluña, Delitos de Odio, Homofobia, Lesbofobia, LGTBIfobia, Madrid, Ministerio del Interior, Navarra, País Vasco, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

La apuñalaron junto a su novia pero Berenice logró sobrevivir y contó el cruel asesinato de Karen en Tijuana

Ya que la pareja estaba conformada por dos mujeres, diversos colectivos describieron la acción violenta como un “lesbocidio”

Karen Yaneli de 24 años y Berenice de 20 vivían juntas en la colonia Libertad, ubicada en Tijuana, Baja California. El pasado 9 de octubre, dos hombres ingresaron a su domicilio y las atacaron brutalmente con un arma punzocortante, una de ellas murió a causa de estrangulamiento mientras que su pareja resultó herida de gravedad, por lo que se encuentra hospitalizada.

Tras la manifestación de violencia, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) identificó a Juan Carlos “N” de 27 años y Miguel Ángel “N” de 18 fueron como presuntos responsables en los delitos de feminicidio, homicidio calificado en grado de tentativa y robo calificado con violencia. Además, se reportó que poseían droga.

De acuerdo con la FGEBC, los supuestos agresores de la pareja de lesbianas ingresaron al domicilio en compañía de Karen, diversos reportes de medios locales señalaron que la pareja había sido invitada a una reunión por parte de los supuestos atacantes.

Mientras Karen se preparaba para la salida recreacional, los hombres le pidieron permiso para usar el baño, pero al ingresar comenzaron a golpearla e incluso la estrangularon, ya que la causa de muerte de la joven fue anoxemia por broncoaspiración. Cuando Berenice escuchó la agresión, intentó ayudar a su pareja y recibió diversos ataques para luego ser abandonada en otra habitación.

La Fiscalía del Estado de Baja California detalló que tras atentar contra la vida de Karen y dejar malherida a Berenice en otro cuarto, los hombres se llevaron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo para luego retirarse del lugar. Actualmente Juan Carlos “N” y Miguel Ángel “N” se encuentran en prisión preventiva en espera del proceso legal correspondiente.

De acuerdo con una integrante del Movimiento Político por la Liberación Animal, los hombres eran compañeros de trabajo de Karen Yaneli e incluso sabían cuál era su orientación sexual, por lo que diversas voces en redes sociales calificaron el ataque como un lesbocidio. Hasta el momento no hay información sobre el centro de trabajo que aparentemente compartían.

Los ases1n0s de Karen sabían que era lesbiana, trabajaban con ella y la siguieron hasta su casa, le dijeron que querían ir al baño, ella por amabilidad los dejó pasar y ambos la as3sinaron.
Berenice, su novia, apenas llegaba, intentó ayudarla y ellos la hirieron de gravedad…

— Lésbica Poética (@DaturaSanguinea) October 15, 2022

“Los atentados de violencia masculina contra las mujeres lesbianas, en el contexto nacional están presentes de manera transversal en los distintos contextos laborales, educativos, sociales y políticos. Este contexto generalizado que agudiza la violencia en contra de las mujeres lesbianas, quienes se atreven a romper con los estereotipos socialmente impuestos y amar libremente a las mujeres”

De igual manera, CLADEM México realizó varias exigencias, entre ellas destacó la dirigida a las autoridades estatales y municipales de Baja California para que “en el ámbito de sus competencias realicen las acciones urgentes necesarias para que el caso no quede impune y la familia de Karen y Berenice no quede aún más indefensa.”

En el texto también se solicitó la repatación del daño a Berenice y la familia de Karen. “EXIGIMOS se giren y se implementen órdenes de protección inmediatas, efectivas y adecuadas a Berenice, así como a la familia Karen”, se pudo leer.

#Xaloztoc #Tlaxcala #Tijuana #BajaCalifornia #NiUnaMenos #feminicidio Tu muerte no quedará impune Jessica Zárate Aguilar #Texmolac pic.twitter.com/nw39FxyxQl

— Agaliaret (@AgaliaretXV) December 12, 2021

Cabe señalar que lo ocurrido con Berenice y Karen no es un hecho aislado, desde 1990 hasta 2019 se registraron en México más de 56,000 defunciones de mujeres con presunción de homicidio. Esta es una situación que fue señalada el pasado 6 de marzo durante una manifestación en la zona del río de Tijuana, ya que diversos grupos de mujeres pidieron que los casos de feminicidios sean tipificados y reportados como tal.

Diversas voces en redes sociales recordaron el feminicidio de Jessica Zárate Aguilar, ella era originaria de Texmolac, Xaloztoc, Tlaxcala pero radicaba en Tijuana cuando fue asesinada en diciembre de 2021.

Fuente Infobae

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La estudiante reportó los hechos en Carabineros y en la Superintendencia de Educación, alegando que la Escuela no la ayudó, ni creyó en su denuncia. El Movilh puso los antecedentes en manos del Ministerio del Interior.

Una estudiante de 17 años de la Escuela Premilitar Héroes de la Concepción de La Cisterna denunció que fue agredida física y verbalmente por tres alumnos que desde comienzos de año la venían hostigando en razón de su orientación sexual, por lo que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) puso los antecedentes a disposición del Ministerio del Interior.

La madre relató al Movilh que “desde inicios de este año escolar mi hija ha venido sufriendo acoso verbal de tipo presencial y online (…) tres alumnos han estado acosándola y discriminándola porque es lesbiana (…) ha estado recibiendo acoso violento y físico, como empujones, manotazos y otras cosas”.

Entre otros insultos, la mujer relató que “a mi hija le han dicho “lesbiana culiá» «machito» «lesbiana conchetumare» «eri tan maricona» «¿y tu hací de hombre o de mujer?» «esta weá es de mariconas» hueca culiá, etc (sic)”

Explicó que el jueves pasado la situación empeoró. “Por un malentendido que se formó en el Whatsapp del curso,  uno de los estudiantes amenazó a mi hija con “arreglar asuntos” junto a su hermano. Mi hija preguntó que era lo que pasaba, a lo que el chico responde con un manotazo y combo sobre mi hija. Mi hija intentó defenderse, pero llegó el hermano de este chico a pegarle, y después se le sumó el otro amigo. Entre los tres golpearon a mi hija al interior del colegio”.

Añadió que en la Escuela no le creyeron a su hija y que “la suspendieron por inventar las lesiones y el ataque”.

Sin embargo, un certificado de la Clínica Vespucio, al cual tuvo acceso el Movilh, estableció que la joven tenía “hematoma en cuero cabelludo, eritema en la muñeca derecha, limitación para la flexión, dolor a la palpación en pierna derecha y  leve dolor en arco costal infra-mamario derecho”.

Además la joven y su madre denunciaron los hechos en la 39 Comisaría de La Florida y en la Superintendencia de Educación.

Tras dialogar con la madre, el Movilh puso los antecedentes a disposición del Programa de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior, para que brinden orientación jurídica y psicológica a la joven y su familia.

El Movilh repudió que “esta Escuela Premilitar en vez darse el tiempo necesario para investigar lo sucedido y para contener a la joven, en pocas horas decidió suspenderla, dejándola en completo abandono. Aquí hay lesiones constatadas por un médico, frente a las cuales la Escuela nada hizo y, por el contrario, sancionó a quien denuncia una agresión”,

“Instamos a la  Escuela Premilitar Héroes de la Concepción de La Cisterna a informar qué protocolos internos tiene para enfrentar agresiones físicas o verbales en razón de la orientación sexual e identidad de género de las personas y a aclarar qué tipo de educación está brindando en temas de derechos humanos, no discriminación y derechos de las mujeres. Esperamos que la Superintendencia de Educación y el Ministerio del Interior actúen con la necesaria celeridad y prolijidad”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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Se colocó una bandera con piedras de colores en una vigilia por el joven trans atacado durante las celebraciones del Orgullo. Felix Adrian Schäper de la asociación Trans*-Inter*-Münster se arrodilla frente a una bandera con lápidas conmemorativas (Foto: David Inderlied/dpa)

onmoción en la comunidad LGTBI alemana. Malte C., un hombre trans de 25 años, ha perdido la vida como consecuencia de un brutal ataque sucedido durante el Orgullo LGTBI de Münster, en el estado de Renania del Norte-Westfalia. La agresión se produjo cuando Malte intentaba defender a un grupo de mujeres de los insultos lesbófobos de un individuo, quien golpeó a la víctima, con tal brutalidad que su cabeza rebotó contra el asfalto. Tras seis días en coma inducido, Malte fallecía el pasado viernes finalmente a causa de las lesiones. La fiscalía ha detenido a un sospechoso, que se encuentra en prisión provisional, y califica lo ocurrido de delito de odio. Por toda Alemania se han sucedido concentraciones de repulsa y de recuerdo.

Un hombre trans de 25 años permanecía en coma inducido después de haber sido atacado en las celebraciones del Día del Orgullo de Christopher Street en Münster, Alemania, per9 desgraciadamente ha fallecido.

Los hechos ocurrieron el sábado 27 de agosto en el marco de la celebración del Orgullo LGTBI de Münster, ciudad universitaria del oeste de Alemania y al que acudieron más de 10 000 personas. Según relataron varios testigos de los hechos, Malte C. acudió a defender a un grupo de mujeres de un individuo que las estaba insultando, llamándolas «putas lesbianas» y espetándoles: «iros a la mierda». La víctima le pidió que parara, a lo que el agresor respondió asestándole al menos un puñetazo, con tal violencia que Malte perdió el equilibrio, cayó al suelo y su cabeza chocó con fuerza contra el asfalto quedando inconsciente, egún informa la publicación alemana Männer Media. 

Malte fue admitido al hospital y puesto en coma inducido. Aunque dos días después del ataque la policía aseguraba que su vida no corría peligro, finalmente el viernes 2 de septiembre por la mañana sucumbía a sus lesiones. La noticia causó una oleada de indignación y dolor en la comunidad LGTBI alemana, que se materializó en numerosas concentraciones de condena y memoria por todo el país. Representantes de casi todo el espectro político transmitían por redes sociales sus condolencias por el triste desenlace. El activismo ha insistido en alertar de los discursos de odio como caldo de cultivo de este tipo de agresiones y la fiscalía investiga el homicidio como un delito de odio.

Según el grupo de apoyo trans local Trans-Inter-Münster, del que Malte era miembro, fue trasladado de urgencia al hospital donde se sometió a varias operaciones y entró en coma inducido debido a una hemorragia cerebral.

“Lo ha tenido bastante difícil en su vida hasta ahora, y ahora esto”, publicó el grupo en Facebook. “Estamos pensando en él y realmente esperamos que no tenga ningún daño duradero, pero esperamos que este trauma tampoco lo derribe. Esperamos que la persona que cometió el crimen reciba su justo castigo. “Según la información más reciente, permanece en estado crítico y está tan gravemente herido que si sobrevive, existe una alta probabilidad de daño [neurológico] grave”.

Malte C. (25) Foto: privada

“Llevaba nuestra pancarta en la demostración y estaba más feliz de lo que había estado en mucho tiempo“, dice Felix Adrian Schäper, miembro de la junta directiva de la asociación “Trans*-Inter*-Münster”.

La ministra del Interior, Nancy Faeser (SPD), también se mostraba consternada. Ella tuiteó: “Un joven es asesinado a golpes por querer ayudar a otros. En una #CSD. En medio de Alemania. En el año 2022. Eso me deja atónita e infinitamente triste”. Y: “Tenemos que contrarrestar tanta violencia de odio con toda severidad”.

El alcalde de Münster puso las banderas a media asta. Solo unas horas después de la muerte de Malte, el alcalde Markus Lewe (57, CDU) anunció que las banderas de los edificios de la ciudad se colocarían a media asta y se colocaría una bandera de luto en el ayuntamiento.

Ahora hay un libro de condolencias en el salón de los ciudadanos. Todos los ciudadanos están invitados a registrarse allí con palabras personales. Lewe escribió: “Nosotros en Münster lamentamos la pérdida del joven que resultó fatalmente herido en un ataque violento en el gran y colorido desfile del Día de Christopher Street el sábado pasado. Este horrible suceso muestra que todavía tenemos que hacer más para promover la igualdad y la aceptación de las personas de diferentes orientaciones sexuales”. Además, el demócrata cristiano explicó que el ataque “contra una persona queer” afecta a todos: “Nuestra sociedad urbana es cosmopolita y tolerante y seguirá luchando por ser un lugar seguro para las personas marginadas”, dijo Lewe.

El obispo católico de Münster, Felix Genn, también expresó su horror por el hecho del mediodía. El clérigo exigió: “Debemos alzar la voz contra todo aquel que no tolera, abusa, agrede verbal o físicamente a otros por su orientación sexual, su identidad de género, su origen, su color de piel o su filiación religiosa. Intolerancia, exclusión y odio no tienen cabida en nuestra sociedad”.

Am Rande des Christopher-Street-Days (#CSD) in Münster wurde am vergangenen Samstag (27. August) ein 25 Jahre alter #Transmann angegriffen, der heute verstorben ist. Bischof Felix gab dazu folgendes Statement ab: pic.twitter.com/57V36lIUyF

— Bistum Münster (@bistummuenster) September 2, 2022

El propio Genn tenía una relación ambivalente con las minorías sexuales y de género: amenazó a la Iglesia protestante cuando describió a los homosexuales como “iguales“ o prohibió a un pastor bendecir a una pareja homosexual. Recientemente, sin embargo, ha estado más abierto a las personas queer; el año pasado dijo, por ejemplo: “Puedo entender muy bien que las personas homosexuales se sientan heridas. Creo que la iglesia debería decir algo sobre este tema”.

La ministra estatal de Integración, Josefine Paul (Verdes), también reaccionó a la muerte de Malte: “ Combatir la homofobia y la transfobia es una tarea central del Estado”

Mientras tanto, también se están haciendo demandas políticas, por ejemplo por parte del Liberal Gay and Lesbian (LiSL): “El acto en Münster muestra cuán grande es el odio contra los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. Muestra que los homosexuales – y la transfobia es una amenaza real en nuestro país. Combatirla es una tarea central del estado. No es un problema de lujo político”, explicaron el jefe federal de LiSL, Michael Kauch, y el jefe estatal de LiSL NRW, Julian Kull, en un comunicado conjunto.

Es cierto que el ministro federal de Justicia, Marco Buschmann (FDP), quiere endurecer las penas por delitos de odio contra la orientación sexual y el género. “Por lo tanto, es necesario que la ministra federal del Interior, Nancy Faeser (SPD), y el ministro estatal del Interior, Herbert Reul (CDU), trabajen en paralelo para mejorar el enjuiciamiento de los delitos homofóbicos y transfóbicos por parte de la policía. Y esperamos que el Comisionado Queer del Gobierno Federal, Sven Lehmann (Verdes) que haga de la lucha contra la violencia de odio un punto central del Plan de Acción Nacional para la Aceptación y Protección de la Diversidad Sexual y de Género más de lo planeado previamente”, dijeron Kauch y Kull.

Frank Laubenburg, jefe de Die Linke.queer, hizo un llamado a las fuerzas anti-trans para frenar su retórica: “Vollbrecht, Schwarzer, Weidel, Wagenknecht: el odio lingüístico alienta a perpetradores como el que mató a Malte en Münster”, dijo el Düsseldorfer. “Tenemos que decir eso mucho más claro. Y eso tiene que tener consecuencias. Se lo debemos a Malte”. En su tuit, se refiere a la bióloga anti-trans Marie-Luise Vollbrecht, a la feminista anti-trans Alice Schwarzer, a la líder (lesbiana) de AfD Alice Weidel y a su amiga del partido Sahra Wagenknecht, quienes hablaron despectivamente de “minorías cada vez más bizarras”. al mirar a las personas queer. (dk)

El primer ministro de NRW, Hendrik Wüst, se mostró horrorizado por la muerte de Malte C. en Twitter esa tarde: “Cualquiera que muestre coraje civil protege los valores y las normas que forman la base de una sociedad libre y democrática“, dijo el político de la CDU. “El coraje de defender a los demás en la vida cotidiana merece el mayor reconocimiento. Renania del Norte-Westfalia representa una sociedad cosmopolita, tolerante y colorida. Este joven hizo campaña por esto. El hecho de que perdiera la vida en el proceso me deja atónito. y triste”. La discriminación y la violencia no deben tener lugar. “Tenemos tolerancia cero para todas las formas de misantropía. Mis condolencias a su familia y amigos que han perdido a un ser querido”.

Según informes alemanes, la policía no había identificado a un sospechoso y estaba pidiendo testigos. Un portavoz de la policía dijo que los testigos describieron que el atacante tenía entre 18 y 20 años, vestía jeans anchos y un sombrero de pescador. Tras vencer a Malte, huyó con otro hombre de similar edad.

‘Un crimen con motivación política‘

La The Lesbian and Gay Federation in Germany (Federación de Lesbianas y Gays de Alemania) la organización de derechos LGBTQ+ más grande del país, dijo en un comunicado: “La policía de Münster y la policía de seguridad del estado deben aclarar rápidamente este acto transfóbico de violencia y clasificarlo como lo que es: un crimen motivado políticamente. Cuando nuestra comunidad no está segura ni siquiera en el Día de Christopher Street, muestra cuánto restringe nuestra libertad el crimen de odio anti-LGBTIQ+. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, no binarias y queer tienen el derecho fundamental a vivir en libertad y seguridad. Es deber del Estado garantizar y proteger estas libertades fundamentales”.

(Die Partei und Die Grünen) und sogar der WDR Münster der einen kleinen Beitrag dazu drehte und so auf das Verbrechen aufmerksam machte.
Wir haben an einen kleinen Ort, der nicht der Tatort ist, eine Fahne ausgelegt und kleine Steine als Zeichen das jemand an ihn denkt gelegt. pic.twitter.com/vXum6DEm5F

— Transgender Germany (@TransgenderGER) August 30, 2022

El domingo se realizó una vigilia por Malte en colaboración con organizaciones y empresas LGBTQ+ locales, con grupos cristianos queer dirigiendo una oración.

En su honor se colocó una bandera del Orgullo trans, sostenida con piedras especialmente decoradas, “como señal de que alguien está pensando en él”.

Al mediodía también se convocaron diversos actos como una vigilia para el viernes en Múnich en memoria de Malte C., a partir de las 18.00 horas frente al LeZ en Müllerstrasse. Hay otros eventos en Maguncia (18:00 Ernst-Ludwig-Platz), Recklinghausen (19:00 Rathausplatz) y Leipzig (19:30 Augustusplatz). El sábado estaba prevista una manifestación en Bielefeld (12:00 h Rathausplatz), una vigilia en Fráncfort del Meno (14:00 h en la rotonda del arcoíris) y una vigilia en Hamburgo a partir de las 19:00 h en Heidi-Kabel-Platz. También hay varios eventos de CSD durante el fin de semana, incluido el Trans* Pride Stuttgart y el Trans Inter Dyke-March en Bremen.

Varios días después de los hechos, la policía informaba del arresto de un sospechoso. Se trata según varios medios de Nuradi A., un varón de 20 años y nacionalidad rusa, excampeón de boxeo júnior, que lleva ocho años viviendo en Alemania. Los funcionarios habían descubierto durante la evaluación de las cámaras de vigilancia y otras grabaciones de las imágenes del CSD del presunto autor. Un investigador de la comisión de homicidios reconoció a la persona buscada en la estación principal de Münster.

El hombre no había hecho comentarios desde su arresto en la estación principal de Münster el viernes, dijo el fiscal general Dirk Ollech el sábado cuando dpa le preguntó. El joven de 20 años fue presentado ante el magistrado el sábado por la tarde. Decidió que el hombre sería puesto bajo custodia. Está acusado de daños corporales con resultado de muerte.

El sospechoso es demandante de asilo, pero las autoridades alemanas habían rechazado su petición. Su padre vive en Chechenia. A causa de la guerra contra Ucrania, sin embargo, su permiso de residencia estaba prorrogado hasta el verano de 2023. La policía no ha constatado ningún vínculo entre la nacionalidad del agresor y los hechos. Nuradi A. cuenta con antecedentes por delitos de lesiones e ingresó en prisión preventiva el pasado 3 de septiembre. También se investiga a un acompañante que podría haber participado de los insultos lesbófobos y huido con el agresor.

Fuente Pink News/Dosmanzanas

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Este sábado 3 de septiembre, de madrugada, se ha producido una agresión «lesbófoba» en Santa Cruz de La Palma. El Ayuntamiento ha mostrado su repulsa y el colectivo LGTBIQ+ Violetas ha convocado una concentración el martes 6 de septiembre 

En la isla de La Palma ha tenido lugar una agresión «lesbófoba». Dos mujeres fueron agredidas por un vecino en una calle de la capital, tanto verbal como físicamente, por su orientación sexual. Aunque una de ellas tuvo que ser hospitalizada, se encuentra fuera de peligro.

Los hechos se produjeron de madrugada, en la Calle Real, en Santa Cruz de La Palma. Según la versión oficial, las jóvenes se encontraban sentadas en esta zona cuando el supuesto agresor se acercó a ellas increpándolas. Después, pasó a los golpes haciendo que una de ellas acabara en el hospital.

El hombre, un vecino de Santa Cruz de La Palma, pasó inmediatamente a disposición judicial y se encuentra ya en prisión preventiva. El Ayuntamiento capitalino, desde el primer momento, condenó los hechos.

Fuente RTVC

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Este es el séptimo ataque conocido contra lenchitudes en México en lo que va del 2022.

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Refiloe Malope fue secuestrada por dos hombres. Su cuerpo no ha sido encontrado. (Crédito: SAPS)

Una lesbiana sudafricana de 31 años que fue secuestrada a plena luz del día sigue desaparecida después de más de un mes.

El 9 de mayo, dos hombres se acercaron a Refiloe Malope en Limpopo, Sudáfrica, y afirmaron que necesitaban ayuda para reparar su automóvil, pero resultó ser una estratagema para secuestrar a Refiloe.

Los testigos le dijeron a Times Live  que Refiloe fue forzado a subirse al maletero de un sedán Toyota blanco que se alejó a toda velocidad. El hermano de Malope, David Malope, le dijo al Times Live que los vecinos lo alertaron sobre el secuestro de su hermana.

“Estaba sentada en su camioneta donde vive y la gente pidió que la impulsaran”, explicó. “Ella les dijo que ella también estaba atascada y que no podía ayudarlos. Cuando salieron de la casa se encontraron con mi hermana, Tshepiso, que entraba en el patio. “Tshepiso le preguntó a Refiloe si los conocía. Ella dijo que eran parientes de su novia, y luego se fue y fue a la tienda. Los vecinos dijeron que cuando regresaba de la tienda, la gente se la llevó”, dijo.

Después del horrible incidente, un sospechoso fue arrestado y el otro sigue prófugo, según el grupo de derechos humanos Access Chapter 2, según Mamba Online. La policía encontró el sedán blanco y dentro descubrió manchas de sangre, pero aún no se ha encontrado a Refiloe. La sangre ha sido enviada para pruebas de ADN.

David le dijo al Times Live que antes de que Refiloe fuera secuestrada, había recibido amenazas de muerte de familiares cercanos y le dijeron que “alguien morirá”.

Refiloe vivió su vida abiertamente como lesbiana en su pueblo de Kgaphamadi, en las afueras de Groblersdal, con su novia. La familia de Refiloe cree que los familiares conectados con la novia de Refiloe son responsables del secuestro, según Times Live.

David dijo: “Nosotros no dormimos. Cuando suene el teléfono, esperamos que nos digan que la han encontrado. Cuando llega un mensaje, siempre espero que sea sobre ella. Necesitamos toda la ayuda que podamos obtener para llevarla a casa a salvo, cualquier ayuda”.

El comisario de policía provincial, teniente general Thembi Hadebe, tiene un equipo trabajando las 24 horas del día tratando de encontrar a Refiloe.

El brigadier Motlafela Mojapelo, vocero de la policía, dijo: “La información a nuestro alcance es que uno de los sospechosos supuestamente se acercó a la víctima con el pretexto de que estaba buscando ayuda ya que su vehículo [se había averiado] en el pueblo, y cuando los dos Al llegar al automóvil, el segundo sospechoso apareció repentinamente y los dos metieron a la fuerza a la dama en el maletero del automóvil. El motivo se desconoce en esta etapa y hacemos un llamado a cualquier persona que tenga información para que se comunique con el sargento detective Amos Thekupi al 082-775-5462 o al número gratuito 08600-10111, o use la aplicación MySAPS. Las personas que llaman pueden optar por permanecer en el anonimato y cualquier información recibida se considerará confidencial”.

Este es solo el último de una serie de crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+ en Sudáfrica, incluida la brutal mutilación de la lesbiana Nontokozo Caroline Motloung, de 27 años, que fue blanco de un presunto ataque homofóbico en mayo.

Actualmente en la legislación sudafricana no existe una definición concreta de delito de odio, lo que deja desprotegida a la comunidad LGBTQ+. El Proyecto de Ley de Prevención y Lucha contra los Crímenes de Odio y el Discurso de Odio cambiaría esto, pero el parlamento lo ha retrasado muchas veces. El proyecto de ley ha estado acumulando polvo desde que se presentó en 2018.

Según Al-Jazeera, A entre febrero de 2021 y abril de 2022, al menos 20 personas LGBTQ+ sudafricanas fueron asesinadas a causa de su orientación sexual.

Fuente Pink News

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Un círculo que se cierra de manera satisfactoria: la justicia búlgara ha ordenado la emisión de un documento de identidad a la menor nacida en Barcelona de un matrimonio entre una mujer búlgara y una gibraltareña. Se trata de la ejecución de la sentencia europea que estableció hace unos meses que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros, aunque contravengan su legislación nacional. Concluye un largo proceso legal por los derechos de una niña en estado de apatridia.

El caso, que hemos seguido en detalle en dosmanzanas, se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud, presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apatridia, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadana de la Unión.

En abril del año pasado, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, en diciembre del año pasado la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia, en la que interpretó las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

El tribunal europeo trasladaba la cuestión a la justicia búlgara, a la que exigía facilitar la expedición de un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La trasposición de la sentencia europea por parte de la justicia búlgara ha tardado cinco meses en producirse. El Tribunal Administrativo de Sofía ha ordenado al ayuntamiento de la capital la emisión de un certificado de nacimiento en el que conste la filiación de ambas madres. SDKA recibirá un documento de identidad que acredite dicha filiación, adquirirá así la nacionalidad búlgara de su progenitora oriunda de dicho país y podrá por fin moverse libremente por la UE con cualquiera de sus madres. Desde ILGA-Europa se han felicitado por la noticia y confían en que las autoridades búlgaras emitan a la mayor brevedad los correspondientes documentos para la menor.

La repercusión de la sentencia europea sobre el caso de SDKA es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de 2020. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», afirmó von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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Los agresores trataron a las mujeres de “lelas”, “camionas” y “guatonas”. En otras ocasiones, quebraron los maceteros y ventanas de la casa de las víctimas.

Un violento ataque verbal y físico sufrió una pareja lésbica el pasado 1 de mayo, siendo los hechos denunciados en la 53 Comisaría de Lo Barnechea, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Una de las víctimas, V.G.G (35), precisó que una de las agresoras, J.L.R, es su ex cuñada, quien la viene hostigando a ella y a su pareja desde el 2020  solo por su orientación sexual.

“Ella es madre de dos sobrinas mías. El conflicto inicio tras un juicio por tutela con mi hermano. En la ocasión J.L.R, se opuso a ver  las niñas en mi casa solo porque mi pareja y yo somos lesbianas. Esto, pese a que la magistrada le dijo que nuestra casa es un lugar seguro para las niñas”, relató V.G.G

Desde ese momento, los acosos de J.L.R contra la pareja lésbica no cesaron. “En varias ocasiones nos grita en la calle  “lesbianas”, “lelas” y “camionas”. Además, ha roto las ventanas y los maceteros del patio de nuestra casa”, dijo V.G.G

A las agresiones verbales, se sumaron el pasado 1 de mayo los ataques físicos en las afueras de la casa de las víctimas, ubicada en Lo Barnechea.

“Me encontraba con una amiga y mi pareja afuera de mi casa, cuando ella pasó con un tipo. Trató de “guatona lesbiana” a mi pareja. Cuando la increpé, sacó de entre sus ropas una roca o bloque de cemento y me pegó en la frente, dejándome una herida. Me caí al suelo y ella se lanzó  encima mío. El hombre que la acompañaba empujó a mi pareja contra unos autos. Unos vecinos nos socorrieron”, relató V.G.G, tras constatar lesiones en un centro médico.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que V.G.G y su pareja “están muy afectadas y temen nuevos ataques. Animamos a la Fiscalía a gestionar medidas de protección para las víctimas”

“Estos atropellos a la dignidad humana, que ocurren en el propio barrio o casa, son muy dolorosos y generan revictimización. Repudiamos el actuar de los agresores y expresamos todo nuestro apoyo a las víctimas”, apuntó Andrade, junto con indicar que el Movilh ha ofrecido orientación psicológica y jurídica a las víctimas,

Fuente MOVILH

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Amal y Ebtisam dos lesbianas saudís refugiadas en España

Hay allá afuera una realidad que se nos escapa. Como mujeres lesbianas en España es posible que hayamos tenido que enfrentar situaciones de discriminación, quizás alguna agresión, quizás miedo, vergüenza, o quizás y de manera afortunada, nada de esto.

Pero hay países donde no es un insulto lo peor que puede llevarse una mujer lesbiana, no. Tortura, asesinato, cárcel.

Arabia Saudí es un país profundamente machista y misógino. Y si las mujeres están invisibilizadas y marginadas, imaginad una lesbiana.

Amal y Ebtisam llevan siete años juntas, tienen 24 años y, por primera vez en su vida, están comprobando lo que es vivir su amor lésbico sin miedo, poder ir de la mano en la calle o darse un beso en público. Porque Amal y Ebtisam ahora viven en Jerez de la Frontera.

Se conocieron en 2015 a través de una amiga en común y poco después comenzaron a salir. Su felicidad duró poco pues cuando sus familiares se enteraron de la relación fueron separadas e hicieron de su vida un infierno.

«Había una profesora del instituto que vigilaba las conductas y comportamientos de los estudiantes, como una policía, si actuaban de modo incorrecto, el director se lo comentaba a las familias. Ella dijo que nuestra conducta era demasiado homosexual para el colegio y llamó a nuestros padres», ha relatado.

Les dijeron «vuestras hijas están enfermas».

A Ebtisam su padre la mandó a Etiopía con su madre, quien la maltrataba, al igual que su hermano mayor. Castigos físicos y psicológicos que la hicieron odiarse a sí misma. A Amal le prohibieron volver al instituto e intentaron casarla con un primo.

A través de las redes sociales pidieron ayuda a una activista saharaui que ha ayudado a varias mujeres, Nasara. Esta activista contactó con el Ministerio de Igualdad y específicamente con la directora de derechos LGTB, Boti García Rodrigo, una de las míticas del activismo español.

Gracias a los descomunales esfuerzos Ebtisam y Amal ya están aquí.

Las jóvenes aún no han comenzado su nueva vida, se tienen que recuperar aún del trauma vivido. Han solicitado el asilo por orientación sexual, una protección que esperan que llegue cuanto antes.

«No queremos acabar con nuestra libertad, no queremos volver a un país homófobo. Ahora no nos sentimos en peligro», han asegurado Amal y Ebtisam, que recuerdan que como ellas hay muchas voces de niñas, de jóvenes, que están sufriendo por ser lesbianas en países donde es un delito serlo, donde la comunidad LGTBI «no piensa en un futuro sino en el día a día» por el temor con el que viven.

Fuente Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia., Islam AMAL, Arabia Saudí, Boti García Rodrigo, Ebtisan, Homofobia/ Transfobia, Islam, Lesbianas, Lesbofobia

Sheila Lumumba. (Twitter)

En un espeluznante ataque que ha consternado a Kenia, una lesbiana no binaria fue violada y asesinada por seis hombres en su casa.

Sheila Lumumba, una trabajadora de hostelería de 25 años, fue encontrada muerta en su casa en Karatina, una ciudad en el condado de Nyeri, a principios de esta semana, informaron grupos y activistas LGBT+ y BBC Africa.

K24TV  dijo que se entiende que la pandilla también rompió la pierna de Lumumba durante el incidente, según el informe de la autopsia.

Fueron descubiertos cuatro días después del ataque por colegas de FK Resort and Spa. La policía de Karatina aún no ha determinado el motivo del asesinato.

Su presunto asesinato ha provocado una intensa indignación y desesperación en línea entre los grupos de derechos nacionales.

Yesterday ,we conducted a Virgil honouring Sheila’s Memory as they were bn laid to rest.
Eternal rest grant onto them and let your perpetual light shine upon them .May Sheila rest in peace.
AMEN. 🕊️🕯️🕯️#justiceforsheila .#protectqueerkenyans🇰🇪🏳️‍🌈 #queerlivesmatter pic.twitter.com/MIDocZiy57

— Upinde advocates for inclusion (@uafi_ke) May 1, 2022

Bajo el hashtag #JusticeForSheila, los activistas expresaron una inquietante sensación de familiaridad con la muerte de Lumumba. Para los activistas, Lumumba se ha convertido en el último ejemplo de un largo legado de violencia contra las personas LGBT+ en Kenia, donde las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales.

Las personas LGBT+ en Kenia se enfrentan a una discriminación feroz e implacable, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, desde arrestos arbitrarios hasta justicia colectiva.

“Cabe mencionar que, lamentablemente, estos no son incidentes aislados [sic] y son parte de un patrón de ataques y violencia contra las personas LGBTIQ+ en el país”, tuiteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas de Kenia.

“Nadie merece un trato tan cruel. Sheila no tuvo que experimentar todo este dolor”, tuiteó Amnistía Kenia.

Se han recaudado más de 86 520 chelines kenianos (580 libras esterlinas) para cubrir los costos del funeral de Lumumba en M-Changa, la plataforma de recaudación de fondos en línea más grande de África.

Here's the M-CHANGA link created to help raise money for the funeral & burial expenses for Sheila Lumumba, a Kenyan queer found murdered in the home earlier this week. https://t.co/qtw44cU2VU please send your contributions, anything will be of great help❤ #ProtectQueerKenyans pic.twitter.com/13ulzpI9ds

— Pwani Feminists (@PwaniCoven) April 22, 2022

“Sheila y yo tenemos 25 años y somos lesbianas. No puedo descansar porque estoy a una estadística de ser esto”, tuiteó Afrika, directora del grupo de mujeres liderado por homosexuales, la Sociedad de Feministas de Kisumu.

“No puedo descansar porque sé que mi silencio significará que la muerte de Sheila quedará impune. No puedo descansar porque Sheila y yo experimentamos violencia tanto como ‘cuerpos que se presentan como mujeres’ como lesbianas.

“No puedo descansar… no puedo.”

Fuente Pink News

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Ana Almonacid fue rociada con combustible, tras lo cual el agresor, José Omar Barría Imío, le prendió fuego. La víctima estuvo un mes internada, tras lo cual falleció. Junto con repudiar el crimen, el Movilh está asesorando a la familia  y prepara querella

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) repudió hoy el crimen de Ana  Almonacid (39 años), quien perdió la vida tras ser rociada con bencina por el agresor,  identificado como José Omar Barría Imío, en Puerto Montt.

Ana fue rociada por combustible el pasado 12 de marzo en el sector de Alerce Histórico de Puerto Montt, donde el homicida le prendió fuego en su propio domicilio dejando el 53% de su cuerpo comprometido.

La víctima fue luego traslada por un testigo  a las cercanías de la  casa de su hermano, ubicada a dos cuadras de los hechos.   Luego, Ana fue internada en el Hospital de Puerto Montt, donde perdió la vida al pasado 15 de abril debido a las lesiones.

El componente lesbofóbico del crimen fue mantenido hasta ahora en reserva por la familia y el Movilh, para no entorpecer las investigaciones del caso y dar con el paradero del agresor.

La hermana de la víctima, Carla, señaló al Movilh, que el ataque se originó luego de que al agresor se enterara de la orientación sexual de la víctimas “Además hay antecedentes de que con anterioridad este mismo sujeto había agredido a un hombre por su orientación sexual”, dijo, junto con valorar las investigaciones cursadas por la Fiscalía.

La fiscal de Puerto Montt, Nathalie Yonsson, precisó que el ataque se trata del  “primer delito de femicidio íntimo en razón de la orientación sexual de la víctima, tras la modificación legal que incluye esta figura”.

“Entre imputado y víctima, no existía ningún tipo de parentesco o de relación. Únicamente una relación donde ambos se frecuentaban o eran conocidos. En virtud de aquello se determinó que el móvil en virtud del cual el imputado atacó a la víctima, se debe única y exclusivamente a la orientación sexual que tenia la víctima”, apuntó la fiscal.

Tras permanecer prófugo por varios días, el agresor se puso el lunes pasado a disposición del juzgado de Garantía Puerto Montt, donde fue formalizado. Se decretaron 120 días de investigación, mientras el imputado permanecerá en el Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt.

El imputado estuvo prófugo más de un mes.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, señaló que “repudiamos de manera enérgica y con toda nuestra fuerza el asesinato de Ana. La lesbofobia sigue matando en Chile y hoy cobra una nueva víctima. Estamos impactados/as y dolidos/as por este brutal ataque. Expresamos nuestra solidaridad a los seres queridos de Ana y desde ya nos ponemos a disposición de sus familiares para colaborar en hacer justicia en todo lo estimen necesario, por lo que estamos desde ya preparando una querella”

Añadió que, en paralelo, “pondremos todos los antecedentes a disposición de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Ministerio de la Mujer  y de la Equidad de Género para que también  brinden ayuda legal y psicológica a la familia de Ana. Este crimen no puede quedar impune”.

Fuente MOVILH

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado chileno por impedir desde 2o07 a la profesora Sandra Pavez dar clases de religión solo por ser lesbiana. «Estoy muy contenta porque desde ahora, con esta sentencia, en ningún país de América los docentes, y en particular las profesoras y profesores de religión, ya no podrán ser discriminados por su orientación sexual o identidad de género. La libertad religiosa y el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos/as, ya no podrán usarse como excusa para discriminar a las personas LGBTIQA+. Esto es un momento histórico no para mí, sino para todas las personas discriminadas», ha declarado Pávez tras conocer el fallo.

Resumimos la historia de discriminación que hay detrás de la histórica sentencia. En julio de 2007 la Iglesia católica revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le permitía dar clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde ejercía como profesora desde 1985. Lo hizo por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, aún en el cargo. La razón era que se había hecho público que Sandra Pavez es lesbiana y mantenía una relación con otra mujer, habiéndose negado además a someterse a «terapias» psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para intentar revertir su orientación sexual. La Iglesia católica actuó amparada en un decreto del Ministerio de Educación chileno (el Decreto 924) dictado en 1983 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que faculta a la Iglesia a decidir quién puede o no impartir la asignatura, aunque se trate de un colegio público.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) luchó en los tribunales chilenos por el derecho de Sandra Pavez a continuar ejerciendo su trabajo, pero finalmente la decisión de la Iglesia católica fue ratificada por la Corte Suprema de Chile en abril de 2008 (en su momento recogimos la noticia). Sandra Pavez y el MOVILH no se rindieron y elevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que casi 15 años después ha fallado a su favor.

En la sentencia, cuyo texto íntegro puedes descargar aquí y cuyo resumen oficial puedes descargar aquí, la CIDH reconoce que las autoridades religiosas chilenas cuentan con autonomía amplia a la hora de otorgar un certificado de idoneidad para dictar clases de religión que derivan del derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, precisa que, al ser una asignatura que al fin y al cabo forma parte de los planes educativos de la escuela chilena deben adecuarse a los otros derechos y obligaciones vigentes en materia de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la Corte advierte que el Decreto 924 hace una delegación incondicionada de la facultad de otorgar certificados de idoneidad a personas para ejercer la docencia religiosa en establecimientos públicos sin que exista una vía clara para impugnar este tipo de decisiones. En este sentido, reconoce que la decisión de conceder o no el certificado de idoneidad por parte de las autoridades religiosas debe estar sujeta a un control posterior por parte de las autoridades estatales o a recursos idóneos y efectivos ante las autoridades jurisdiccionales para proteger y salvaguardar los derechos de las personas contra actos discriminatorios o arbitrarios contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido, la CIDH constata que en el caso de Sandra Pavez la decisión de retirarle el certificado de idoneidad fue producto de un trato diferente basado en su orientación sexual, viéndose afectados sus derechos a la libertad personal y a la vida privada y vulnerándo el principio de igualdad y no discriminación. Esa afectación, podemos leer en el resumen oficial de la sentencia, «se produjo también porque su vida sexual fue objeto de intromisiones por parte de la Vicaría que la habría exhortado a terminar su vida homosexual, y porque se condicionó su permanencia en el cargo de profesora de religión católica a su sometimiento a terapias médicas o psiquiátricas». Por otra parte, la CIDH considera que el derecho al trabajo de Sandra Pavez también se vio comprometido «en la medida que, a través de la reasignación de funciones que sufrió Sandra Pavez Pavez, se menoscabó su vocación docente y ello constituyó una forma de desmejora laboral en la medida que ella se vio impedida de continuar dictando clases de religión católica».

Por lo que se refiere a la responsabilidad del Estado chileno, la Corte concluye que la víctima careció de recursos idóneos y efectivos para impugnar los efectos de la decisión de revocación de su certificado de idoneidad y sostiene que las autoridades judiciales internas no efectuaron un adecuado control de convencionalidad sobre el acto del colegio mediante el cual se separó a Sandra Pavez Pavez de su cargo de profesora de religión católica. Por esos motivos, se vulneraron también los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

En razón de estas violaciones, la CIDH ha ordenado diversas medidas de reparación integral a Chile, que incluyen tanto una indemnización compensatoria a Sandra Pavez como el establecimiento de garantías de que un caso así no puede volver a repetirse, para lo cual el Estado chileno deberá implementar un plan de capacitación permanente a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y adecuar la normatividad sobre recursos, procedimiento y competencia judicial para impugnar decisiones de los centros educativos públicos en torno al nombramiento o remoción de profesores de religión.

Satisfacción del MOVILH y felicitación del presidente de Chile, Gabriel Boric

El dirigente del MOVILH, Rolando Jiménez, ha destacado la satisfacción del colectivo por la decisión de la CIDH pese al enorme retraso. «Estamos en presencia de un acto de justicia frente a unos de los abusos más brutales sufridos por una persona en razón de su orientación sexual o identidad de género en Chile», ha declarado. Jiménez ha añadido que «en un hecho inédito en el mundo, Sandra Pavez ha vencido al Estado, pero también a todas las iglesias del país que el año pasado se unieron por primera vez en su historia para incidir en la Corte Interamericana con el fin de que negara derechos a la docente en virtud de una supuesta libertad religiosa. La Corte ha sido clara, el Estado no puede discriminar en razón de la orientación sexual o identidad de género, ni tampoco puede permitir a las iglesias hacerlo. Esta es una sentencia histórica, de doble triunfo, sobre los abusos religiosos y estatales».

Un dato muy relevante es que tras conocerse la sentencia, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ha felicitado personalmente a Pavez. «Valoro mucho que el presidente me llamara, me felicitara y mostrara su compromiso de cumplir con la sentencia. Esta es una justa y buena noticia de parte de un presidente por quien voté», ha declarado la profesora, que en estos 15 años, y según ella misma ha declarado, no había recibido ningún tipo de apoyo gubernamental. La sentencia también ha sido recibida favorablemente por el actual ministro de Educación, el abiertamente gay Marco Antonio Ávila, que ha anunciado la próxima revisión del Decreto 924 en la línea de lo señalado por la CIDH.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Iglesia Católica Ámbito bito laboral, Chile, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Discriminación, Educación, Gabriel Boric, Iglesia Católica, Juan Ignacio González Errázuriz, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBIfobia, MOVILH, Religión, Rolando Jiménez, Sandra Pavez

Más que preocupante tendencia la que muestran los datos de la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, hechos públicos hace pocos días. Los episodios de discriminación por LGTBIfobia constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones supusieron el 16% del total.

El número total de situaciones de discriminación recogidas por la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona durante 2021 aumentó un 11% respecto al año anterior. En total, este organismo abrió 244 expedientes. El porcentaje más elevado correspondió, como en años anteriores, a episodios de racismo y xenofobia (34%), si bien este porcentaje se encuentra en tendencia descendente. Por detrás se situaron los episodios por LGTBIfobia (32%, en tendencia ascendente). A más distancia se encuentran otros motivos de discriminación, como la discapacidad (9%), la salud (7%), el género (6%) o la posición socioeconómica (5%).

En concreto, de las 78 situaciones de discriminación por LGTBIfobia detectadas, 50 fueron por homofobia, 25 por transfobia y 3 por lesbofobia. Más de la mitad de los casos correspondieron a insultos o tratos humillantes y vejatorios. Las agresiones físicas se elevaron hasta el 17%.

La LGTBIfobia en Cataluña, disparada

La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos recientes de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).

En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 48 incidentes.

Entre ellos, la grave agresión tránsfoba ocurrida el pasado miércoles 9 de marzo en l’Hospitalet de Llobregat, donde un grupo de hombres se abalanzaron sobre una chica trans a la que golpearon salvajemente. Afortunadamente la intervención de los vecinos impidió que la agresión tuviera consecuencias fatales. Hay, de momento, un detenido:

Brutal agresión ayer a una chica trans ayer en L’Hospitalet. Al grito de maricon, se abalanzaron sobre ella, la golpearon hasta que cayó al suelo, donde recibió múltiples patadas en la cabeza. Pudo salvar su vida gracias a los vecinos @OCL_H @PlataformaTrans @MireiaMataSlsna

— Tina Recio (@Tina__recio) March 10, 2022

La agresión mereció la condena de la alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, entre otras personalidades. Precisamente el pasado jueves tuvo lugar un concentración de rechazo a la transfobia en la plaza del Ayuntamiento de dicha ciudad:

Prou agressions! Prou discursos d’odi que generen violència! Ens concentrem a la plaça @LHAjuntament per mostrar el nostre suport i afecte a la veïna de #LHospitalet. Continuem treballant per una ciutat diversa i lliure de discriminació. Estem amb tu, #NoEstasSola #StopLGTBIfobia pic.twitter.com/MekY9ZkVEv

— Núria Marín/❤️ (@nuriamarinlh) March 10, 2022

Fuente Dosmanzanas

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