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Lesbiana secuestrada a plena luz del día tras recibir amenazas de muerte de su propia familia

Martes, 28 de junio de 2022

Untitled-design-9-1Refiloe Malope fue secuestrada por dos hombres. Su cuerpo no ha sido encontrado. (Crédito: SAPS)

Una lesbiana sudafricana de 31 años que fue secuestrada a plena luz del día sigue desaparecida después de más de un mes.

El 9 de mayo, dos hombres se acercaron a Refiloe Malope en Limpopo, Sudáfrica, y afirmaron que necesitaban ayuda para reparar su automóvil, pero resultó ser una estratagema para secuestrar a Refiloe.

Los testigos le dijeron a Times Live  que Refiloe fue forzado a subirse al maletero de un sedán Toyota blanco que se alejó a toda velocidad. El hermano de Malope, David Malope, le dijo al Times Live que los vecinos lo alertaron sobre el secuestro de su hermana.

“Estaba sentada en su camioneta donde vive y la gente pidió que la impulsaran”, explicó. “Ella les dijo que ella también estaba atascada y que no podía ayudarlos. Cuando salieron de la casa se encontraron con mi hermana, Tshepiso, que entraba en el patio. “Tshepiso le preguntó a Refiloe si los conocía. Ella dijo que eran parientes de su novia, y luego se fue y fue a la tienda. Los vecinos dijeron que cuando regresaba de la tienda, la gente se la llevó”, dijo.

Después del horrible incidente, un sospechoso fue arrestado y el otro sigue prófugo, según el grupo de derechos humanos Access Chapter 2, según Mamba Online. La policía encontró el sedán blanco y dentro descubrió manchas de sangre, pero aún no se ha encontrado a Refiloe. La sangre ha sido enviada para pruebas de ADN.

David le dijo al Times Live que antes de que Refiloe fuera secuestrada, había recibido amenazas de muerte de familiares cercanos y le dijeron que “alguien morirá”.

Refiloe vivió su vida abiertamente como lesbiana en su pueblo de Kgaphamadi, en las afueras de Groblersdal, con su novia. La familia de Refiloe cree que los familiares conectados con la novia de Refiloe son responsables del secuestro, según Times Live.

David dijo: “Nosotros no dormimos. Cuando suene el teléfono, esperamos que nos digan que la han encontrado. Cuando llega un mensaje, siempre espero que sea sobre ella. Necesitamos toda la ayuda que podamos obtener para llevarla a casa a salvo, cualquier ayuda”.

El comisario de policía provincial, teniente general Thembi Hadebe, tiene un equipo trabajando las 24 horas del día tratando de encontrar a Refiloe.

El brigadier Motlafela Mojapelo, vocero de la policía, dijo: “La información a nuestro alcance es que uno de los sospechosos supuestamente se acercó a la víctima con el pretexto de que estaba buscando ayuda ya que su vehículo [se había averiado] en el pueblo, y cuando los dos Al llegar al automóvil, el segundo sospechoso apareció repentinamente y los dos metieron a la fuerza a la dama en el maletero del automóvil. El motivo se desconoce en esta etapa y hacemos un llamado a cualquier persona que tenga información para que se comunique con el sargento detective Amos Thekupi al 082-775-5462 o al número gratuito 08600-10111, o use la aplicación MySAPS. Las personas que llaman pueden optar por permanecer en el anonimato y cualquier información recibida se considerará confidencial”.

Este es solo el último de una serie de crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+ en Sudáfrica, incluida la brutal mutilación de la lesbiana Nontokozo Caroline Motloung, de 27 años, que fue blanco de un presunto ataque homofóbico en mayo.

Actualmente en la legislación sudafricana no existe una definición concreta de delito de odio, lo que deja desprotegida a la comunidad LGBTQ+. El Proyecto de Ley de Prevención y Lucha contra los Crímenes de Odio y el Discurso de Odio cambiaría esto, pero el parlamento lo ha retrasado muchas veces. El proyecto de ley ha estado acumulando polvo desde que se presentó en 2018.

Según Al-Jazeera, A entre febrero de 2021 y abril de 2022, al menos 20 personas LGBTQ+ sudafricanas fueron asesinadas a causa de su orientación sexual.

Fuente Pink News

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Bulgaria registra una menor nacida en España de un matrimonio de mujeres por mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Jueves, 9 de junio de 2022

indiceUn círculo que se cierra de manera satisfactoria: la justicia búlgara ha ordenado la emisión de un documento de identidad a la menor nacida en Barcelona de un matrimonio entre una mujer búlgara y una gibraltareña. Se trata de la ejecución de la sentencia europea que estableció hace unos meses que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros, aunque contravengan su legislación nacional. Concluye un largo proceso legal por los derechos de una niña en estado de apatridia.

El caso, que hemos seguido en detalle en dosmanzanas, se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud, presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apatridia, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadana de la Unión.

En abril del año pasado, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, en diciembre del año pasado la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia, en la que interpretó las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

El tribunal europeo trasladaba la cuestión a la justicia búlgara, a la que exigía facilitar la expedición de un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La trasposición de la sentencia europea por parte de la justicia búlgara ha tardado cinco meses en producirse. El Tribunal Administrativo de Sofía ha ordenado al ayuntamiento de la capital la emisión de un certificado de nacimiento en el que conste la filiación de ambas madres. SDKA recibirá un documento de identidad que acredite dicha filiación, adquirirá así la nacionalidad búlgara de su progenitora oriunda de dicho país y podrá por fin moverse libremente por la UE con cualquiera de sus madres. Desde ILGA-Europa se han felicitado por la noticia y confían en que las autoridades búlgaras emitan a la mayor brevedad los correspondientes documentos para la menor.

La repercusión de la sentencia europea sobre el caso de SDKA es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de 2020. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», afirmó von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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Chile: Atacan a pareja lésbica: una de las víctimas fue golpeada con un bloque de cemento

Viernes, 6 de mayo de 2022

agresion-contra-lesbianas-MOVILHLos agresores trataron a las mujeres de “lelas”, “camionas” y “guatonas”. En otras ocasiones, quebraron los maceteros y ventanas de la casa de las víctimas.

Un violento ataque verbal y físico sufrió una pareja lésbica el pasado 1 de mayo, siendo los hechos denunciados en la 53 Comisaría de Lo Barnechea, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Una de las víctimas, V.G.G (35), precisó que una de las agresoras, J.L.R, es su ex cuñada, quien la viene hostigando a ella y a su pareja desde el 2020  solo por su orientación sexual.

“Ella es madre de dos sobrinas mías. El conflicto inicio tras un juicio por tutela con mi hermano. En la ocasión J.L.R, se opuso a ver  las niñas en mi casa solo porque mi pareja y yo somos lesbianas. Esto, pese a que la magistrada le dijo que nuestra casa es un lugar seguro para las niñas”, relató V.G.G

Desde ese momento, los acosos de J.L.R contra la pareja lésbica no cesaron. “En varias ocasiones nos grita en la calle  “lesbianas”, “lelas” y “camionas”. Además, ha roto las ventanas y los maceteros del patio de nuestra casa”, dijo V.G.G

A las agresiones verbales, se sumaron el pasado 1 de mayo los ataques físicos en las afueras de la casa de las víctimas, ubicada en Lo Barnechea.

Me encontraba con una amiga y mi pareja afuera de mi casa, cuando ella pasó con un tipo. Trató de “guatona lesbiana” a mi pareja. Cuando la increpé, sacó de entre sus ropas una roca o bloque de cemento y me pegó en la frente, dejándome una herida. Me caí al suelo y ella se lanzó  encima mío. El hombre que la acompañaba empujó a mi pareja contra unos autos. Unos vecinos nos socorrieron”, relató V.G.G, tras constatar lesiones en un centro médico.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que V.G.G y su pareja “están muy afectadas y temen nuevos ataques. Animamos a la Fiscalía a gestionar medidas de protección para las víctimas”

“Estos atropellos a la dignidad humana, que ocurren en el propio barrio o casa, son muy dolorosos y generan revictimización. Repudiamos el actuar de los agresores y expresamos todo nuestro apoyo a las víctimas”, apuntó Andrade, junto con indicar que el Movilh ha ofrecido orientación psicológica y jurídica a las víctimas,

Fuente MOVILH

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La historia de las lesbianas saudíes que huyeron a España para salvar su vida

Miércoles, 4 de mayo de 2022

074563A1-53FB-4E49-AD48-61048E71E744Amal y Ebtisam dos lesbianas saudís refugiadas en España

Hay allá afuera una realidad que se nos escapa. Como mujeres lesbianas en España es posible que hayamos tenido que enfrentar situaciones de discriminación, quizás alguna agresión, quizás miedo, vergüenza, o quizás y de manera afortunada, nada de esto.

Pero hay países donde no es un insulto lo peor que puede llevarse una mujer lesbiana, no. Tortura, asesinato, cárcel.

Arabia Saudí es un país profundamente machista y misógino. Y si las mujeres están invisibilizadas y marginadas, imaginad una lesbiana.

Amal y Ebtisam llevan siete años juntas, tienen 24 años y, por primera vez en su vida, están comprobando lo que es vivir su amor lésbico sin miedo, poder ir de la mano en la calle o darse un beso en público. Porque Amal y Ebtisam ahora viven en Jerez de la Frontera.

Se conocieron en 2015 a través de una amiga en común y poco después comenzaron a salir. Su felicidad duró poco pues cuando sus familiares se enteraron de la relación fueron separadas e hicieron de su vida un infierno.

«Había una profesora del instituto que vigilaba las conductas y comportamientos de los estudiantes, como una policía, si actuaban de modo incorrecto, el director se lo comentaba a las familias. Ella dijo que nuestra conducta era demasiado homosexual para el colegio y llamó a nuestros padres», ha relatado.

Les dijeron «vuestras hijas están enfermas».

A Ebtisam su padre la mandó a Etiopía con su madre, quien la maltrataba, al igual que su hermano mayor. Castigos físicos y psicológicos que la hicieron odiarse a sí misma. A Amal le prohibieron volver al instituto e intentaron casarla con un primo.

A través de las redes sociales pidieron ayuda a una activista saharaui que ha ayudado a varias mujeres, Nasara. Esta activista contactó con el Ministerio de Igualdad y específicamente con la directora de derechos LGTB, Boti García Rodrigo, una de las míticas del activismo español.

Gracias a los descomunales esfuerzos Ebtisam y Amal ya están aquí.

Las jóvenes aún no han comenzado su nueva vida, se tienen que recuperar aún del trauma vivido. Han solicitado el asilo por orientación sexual, una protección que esperan que llegue cuanto antes.

«No queremos acabar con nuestra libertad, no queremos volver a un país homófobo. Ahora no nos sentimos en peligro», han asegurado Amal y Ebtisam, que recuerdan que como ellas hay muchas voces de niñas, de jóvenes, que están sufriendo por ser lesbianas en países donde es un delito serlo, donde la comunidad LGTBI «no piensa en un futuro sino en el día a día» por el temor con el que viven.

Fuente Oveja Rosa

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Lesbiana no binaria ‘violada y asesinada por seis hombres’

Viernes, 29 de abril de 2022

Sheila-LumumbaSheila Lumumba. (Twitter)

En un espeluznante ataque que ha consternado a Kenia, una lesbiana no binaria fue violada y asesinada por seis hombres en su casa.

Sheila Lumumba, una trabajadora de hostelería de 25 años, fue encontrada muerta en su casa en Karatina, una ciudad en el condado de Nyeri, a principios de esta semana, informaron grupos y activistas LGBT+ y BBC Africa.

K24TV  dijo que se entiende que la pandilla también rompió la pierna de Lumumba durante el incidente, según el informe de la autopsia.

Fueron descubiertos cuatro días después del ataque por colegas de FK Resort and Spa. La policía de Karatina aún no ha determinado el motivo del asesinato.

Su presunto asesinato ha provocado una intensa indignación y desesperación en línea entre los grupos de derechos nacionales.

Bajo el hashtag #JusticeForSheila, los activistas expresaron una inquietante sensación de familiaridad con la muerte de Lumumba. Para los activistas, Lumumba se ha convertido en el último ejemplo de un largo legado de violencia contra las personas LGBT+ en Kenia, donde las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales.

Las personas LGBT+ en Kenia se enfrentan a una discriminación feroz e implacable, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, desde arrestos arbitrarios hasta justicia colectiva.

“Cabe mencionar que, lamentablemente, estos no son incidentes aislados [sic] y son parte de un patrón de ataques y violencia contra las personas LGBTIQ+ en el país”, tuiteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas de Kenia.

“Nadie merece un trato tan cruel. Sheila no tuvo que experimentar todo este dolor”, tuiteó Amnistía Kenia.

Se han recaudado más de 86 520 chelines kenianos (580 libras esterlinas) para cubrir los costos del funeral de Lumumba en M-Changa, la plataforma de recaudación de fondos en línea más grande de África.

“Sheila y yo tenemos 25 años y somos lesbianas. No puedo descansar porque estoy a una estadística de ser esto”, tuiteó Afrika, directora del grupo de mujeres liderado por homosexuales, la Sociedad de Feministas de Kisumu.

“No puedo descansar porque sé que mi silencio significará que la muerte de Sheila quedará impune. No puedo descansar porque Sheila y yo experimentamos violencia tanto como ‘cuerpos que se presentan como mujeres’ como lesbianas.

“No puedo descansar… no puedo.”

Fuente Pink News

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Crimen lesbofóbico: asesinan a mujer de 39 años por su orientación sexual

Jueves, 28 de abril de 2022

D90508CA-12AC-40CA-952B-88B21699BD8FAna Almonacid fue rociada con combustible, tras lo cual el agresor, José Omar Barría Imío, le prendió fuego. La víctima estuvo un mes internada, tras lo cual falleció. Junto con repudiar el crimen, el Movilh está asesorando a la familia  y prepara querella

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) repudió hoy el crimen de Ana  Almonacid (39 años), quien perdió la vida tras ser rociada con bencina por el agresor,  identificado como José Omar Barría Imío, en Puerto Montt.

Ana fue rociada por combustible el pasado 12 de marzo en el sector de Alerce Histórico de Puerto Montt, donde el homicida le prendió fuego en su propio domicilio dejando el 53% de su cuerpo comprometido.

La víctima fue luego traslada por un testigo  a las cercanías de la  casa de su hermano, ubicada a dos cuadras de los hechos.   Luego, Ana fue internada en el Hospital de Puerto Montt, donde perdió la vida al pasado 15 de abril debido a las lesiones.

El componente lesbofóbico del crimen fue mantenido hasta ahora en reserva por la familia y el Movilh, para no entorpecer las investigaciones del caso y dar con el paradero del agresor.

La hermana de la víctima, Carla, señaló al Movilh, que el ataque se originó luego de que al agresor se enterara de la orientación sexual de la víctimas “Además hay antecedentes de que con anterioridad este mismo sujeto había agredido a un hombre por su orientación sexual”, dijo, junto con valorar las investigaciones cursadas por la Fiscalía.

La fiscal de Puerto Montt, Nathalie Yonsson, precisó que el ataque se trata del  “primer delito de femicidio íntimo en razón de la orientación sexual de la víctima, tras la modificación legal que incluye esta figura”.

“Entre imputado y víctima, no existía ningún tipo de parentesco o de relación. Únicamente una relación donde ambos se frecuentaban o eran conocidos. En virtud de aquello se determinó que el móvil en virtud del cual el imputado atacó a la víctima, se debe única y exclusivamente a la orientación sexual que tenia la víctima”, apuntó la fiscal.

Tras permanecer prófugo por varios días, el agresor se puso el lunes pasado a disposición del juzgado de Garantía Puerto Montt, donde fue formalizado. Se decretaron 120 días de investigación, mientras el imputado permanecerá en el Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt.

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El imputado estuvo prófugo más de un mes.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, señaló que “repudiamos de manera enérgica y con toda nuestra fuerza el asesinato de Ana. La lesbofobia sigue matando en Chile y hoy cobra una nueva víctima. Estamos impactados/as y dolidos/as por este brutal ataque. Expresamos nuestra solidaridad a los seres queridos de Ana y desde ya nos ponemos a disposición de sus familiares para colaborar en hacer justicia en todo lo estimen necesario, por lo que estamos desde ya preparando una querella”

Añadió que, en paralelo, “pondremos todos los antecedentes a disposición de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Ministerio de la Mujer  y de la Equidad de Género para que también  brinden ayuda legal y psicológica a la familia de Ana. Este crimen no puede quedar impune”.

Fuente MOVILH

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado chileno por impedir dar clases de religión a una profesora lesbiana

Lunes, 25 de abril de 2022

DFD43DEB-CE99-48BC-A74E-3391742055AELa Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado chileno por impedir desde 2o07 a la profesora Sandra Pavez dar clases de religión solo por ser lesbiana. «Estoy muy contenta porque desde ahora, con esta sentencia, en ningún país de América los docentes, y en particular las profesoras y profesores de religión, ya no podrán ser discriminados por su orientación sexual o identidad de género. La libertad religiosa y el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos/as, ya no podrán usarse como excusa para discriminar a las personas LGBTIQA+. Esto es un momento histórico no para mí, sino para todas las personas discriminadas», ha declarado Pávez tras conocer el fallo.

Resumimos la historia de discriminación que hay detrás de la histórica sentencia. En julio de 2007 la Iglesia católica revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le permitía dar clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde ejercía como profesora desde 1985. Lo hizo por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, aún en el cargo. La razón era que se había hecho público que Sandra Pavez es lesbiana y mantenía una relación con otra mujer, habiéndose negado además a someterse a «terapias» psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para intentar revertir su orientación sexual. La Iglesia católica actuó amparada en un decreto del Ministerio de Educación chileno (el Decreto 924) dictado en 1983 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que faculta a la Iglesia a decidir quién puede o no impartir la asignatura, aunque se trate de un colegio público.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) luchó en los tribunales chilenos por el derecho de Sandra Pavez a continuar ejerciendo su trabajo, pero finalmente la decisión de la Iglesia católica fue ratificada por la Corte Suprema de Chile en abril de 2008 (en su momento recogimos la noticia). Sandra Pavez y el MOVILH no se rindieron y elevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que casi 15 años después ha fallado a su favor.

En la sentencia, cuyo texto íntegro puedes descargar aquí y cuyo resumen oficial puedes descargar aquí, la CIDH reconoce que las autoridades religiosas chilenas cuentan con autonomía amplia a la hora de otorgar un certificado de idoneidad para dictar clases de religión que derivan del derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, precisa que, al ser una asignatura que al fin y al cabo forma parte de los planes educativos de la escuela chilena deben adecuarse a los otros derechos y obligaciones vigentes en materia de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la Corte advierte que el Decreto 924 hace una delegación incondicionada de la facultad de otorgar certificados de idoneidad a personas para ejercer la docencia religiosa en establecimientos públicos sin que exista una vía clara para impugnar este tipo de decisiones. En este sentido, reconoce que la decisión de conceder o no el certificado de idoneidad por parte de las autoridades religiosas debe estar sujeta a un control posterior por parte de las autoridades estatales o a recursos idóneos y efectivos ante las autoridades jurisdiccionales para proteger y salvaguardar los derechos de las personas contra actos discriminatorios o arbitrarios contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido, la CIDH constata que en el caso de Sandra Pavez la decisión de retirarle el certificado de idoneidad fue producto de un trato diferente basado en su orientación sexual, viéndose afectados sus derechos a la libertad personal y a la vida privada y vulnerándo el principio de igualdad y no discriminación. Esa afectación, podemos leer en el resumen oficial de la sentencia, «se produjo también porque su vida sexual fue objeto de intromisiones por parte de la Vicaría que la habría exhortado a terminar su vida homosexual, y porque se condicionó su permanencia en el cargo de profesora de religión católica a su sometimiento a terapias médicas o psiquiátricas». Por otra parte, la CIDH considera que el derecho al trabajo de Sandra Pavez también se vio comprometido «en la medida que, a través de la reasignación de funciones que sufrió Sandra Pavez Pavez, se menoscabó su vocación docente y ello constituyó una forma de desmejora laboral en la medida que ella se vio impedida de continuar dictando clases de religión católica».

Por lo que se refiere a la responsabilidad del Estado chileno, la Corte concluye que la víctima careció de recursos idóneos y efectivos para impugnar los efectos de la decisión de revocación de su certificado de idoneidad y sostiene que las autoridades judiciales internas no efectuaron un adecuado control de convencionalidad sobre el acto del colegio mediante el cual se separó a Sandra Pavez Pavez de su cargo de profesora de religión católica. Por esos motivos, se vulneraron también los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

En razón de estas violaciones, la CIDH ha ordenado diversas medidas de reparación integral a Chile, que incluyen tanto una indemnización compensatoria a Sandra Pavez como el establecimiento de garantías de que un caso así no puede volver a repetirse, para lo cual el Estado chileno deberá implementar un plan de capacitación permanente a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y adecuar la normatividad sobre recursos, procedimiento y competencia judicial para impugnar decisiones de los centros educativos públicos en torno al nombramiento o remoción de profesores de religión.

Satisfacción del MOVILH y felicitación del presidente de Chile, Gabriel Boric

El dirigente del MOVILH, Rolando Jiménez, ha destacado la satisfacción del colectivo por la decisión de la CIDH pese al enorme retraso. «Estamos en presencia de un acto de justicia frente a unos de los abusos más brutales sufridos por una persona en razón de su orientación sexual o identidad de género en Chile», ha declarado. Jiménez ha añadido que «en un hecho inédito en el mundo, Sandra Pavez ha vencido al Estado, pero también a todas las iglesias del país que el año pasado se unieron por primera vez en su historia para incidir en la Corte Interamericana con el fin de que negara derechos a la docente en virtud de una supuesta libertad religiosa. La Corte ha sido clara, el Estado no puede discriminar en razón de la orientación sexual o identidad de género, ni tampoco puede permitir a las iglesias hacerlo. Esta es una sentencia histórica, de doble triunfo, sobre los abusos religiosos y estatales».

Un dato muy relevante es que tras conocerse la sentencia, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ha felicitado personalmente a Pavez. «Valoro mucho que el presidente me llamara, me felicitara y mostrara su compromiso de cumplir con la sentencia. Esta es una justa y buena noticia de parte de un presidente por quien voté», ha declarado la profesora, que en estos 15 años, y según ella misma ha declarado, no había recibido ningún tipo de apoyo gubernamental. La sentencia también ha sido recibida favorablemente por el actual ministro de Educación, el abiertamente gay Marco Antonio Ávila, que ha anunciado la próxima revisión del Decreto 924 en la línea de lo señalado por la CIDH.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La LGTBIfobia motivó el 32% de las denuncias por discriminación en Barcelona en 2021

Martes, 22 de marzo de 2022

stop-lgbtfobia-en-la-iglesiaMás que preocupante tendencia la que muestran los datos de la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, hechos públicos hace pocos días. Los episodios de discriminación por LGTBIfobia constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones supusieron el 16% del total.

El número total de situaciones de discriminación recogidas por la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona durante 2021 aumentó un 11% respecto al año anterior. En total, este organismo abrió 244 expedientes. El porcentaje más elevado correspondió, como en años anteriores, a episodios de racismo y xenofobia (34%), si bien este porcentaje se encuentra en tendencia descendente. Por detrás se situaron los episodios por LGTBIfobia (32%, en tendencia ascendente). A más distancia se encuentran otros motivos de discriminación, como la discapacidad (9%), la salud (7%), el género (6%) o la posición socioeconómica (5%).

En concreto, de las 78 situaciones de discriminación por LGTBIfobia detectadas, 50 fueron por homofobia, 25 por transfobia y 3 por lesbofobia. Más de la mitad de los casos correspondieron a insultos o tratos humillantes y vejatorios. Las agresiones físicas se elevaron hasta el 17%.

La LGTBIfobia en Cataluña, disparada

La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos recientes de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).

En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 48 incidentes.

Entre ellos, la grave agresión tránsfoba ocurrida el pasado miércoles 9 de marzo en l’Hospitalet de Llobregat, donde un grupo de hombres se abalanzaron sobre una chica trans a la que golpearon salvajemente. Afortunadamente la intervención de los vecinos impidió que la agresión tuviera consecuencias fatales. Hay, de momento, un detenido:

La agresión mereció la condena de la alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, entre otras personalidades. Precisamente el pasado jueves tuvo lugar un concentración de rechazo a la transfobia en la plaza del Ayuntamiento de dicha ciudad:

Fuente Dosmanzanas

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Atacan a pareja lésbica y a sus mascotas con golpes de pies, puños y palos: “mariconas, tortilleras”

Lunes, 21 de marzo de 2022

agresion-pareja-lesbica-Movilh-820x394Hechos ocurrieron en Independencia. A los acosos verbales y amenazas de muerte, que ocurren desde el 2017, se sumaron la última semana dos ataques físicos en menos de 24 horas. El Movilh está brindando orientación psicológica y jurídica a las mujeres

Dos violentos episodios de discriminación vivió la semana anterior una pareja lésbica en menos de 24 horas en manos de un matrimonio y sus hijas, quienes desde el 2017 las agreden en razón de su orientación sexual en la comuna de Independencia, denunció hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Los hechos afectan C.A.G.C y P.P.Y.M, convivientes civiles con más de 10 años de relación quienes han sido insultadas permanentemente  en la vía pública por una familia vecina que las trata de “mariconas”, “tortilleras”, “guatonas” y “chupa choros”, además de amenazarlas de muerte.

“Nos vienen molestando desde el 2017. Tratamos de evitar el tránsito por lugares comunes, pero obligadamente debemos para por fuera del departamento  de los agresores. Nos persiguen cuando vamos a comprar y nos dicen “ahí van las chupa zorras asquerosas, guatonas culiás, las tortilleras del condominio”” (Sic), denunció C.A.G.C

A los insultos se sumó el 8 de marzo pasado un ataque físico contra C.A.G.C, mientras al día siguiente tanto ella, como su pareja y sus dos  perritos corrieron igual suerte.

El 8 de marzo, y en medio de nuevos insultos,  C.V.S, una de las agresoras, “comenzó a gritarme “saquémosle la chucha a esta chupa choro culiá”. Le pregunté a ella y a su marido, R.E.Q.V  “¿que quieren de mí y de mi esposa”. Entonces su hija, Y.S.V, agarró las correas de mis perritos, los sujetó y comenzó a darles patadas, mientras sus padres me golpeaban. Me dieron puñetazos, tras puñetazos en mi espalda y hombro, además de patadas. No solté jamás mis perritos, a pesar del daño que me estaban provocando”.

La mujer denunció los hechos en la Subcomisaría Villa Moderna y constató lesiones en el Sapu Juan Antonio Ríos, sin embargo, al día siguiente las agresiones fueron mayores y afectaron también a su pareja.

En efecto, cuando C.A.G.C paseaba nuevamente a sus mascotas, Y.S.V, “se puso en medio de mis perritos y comenzó a gritarme “maricona culiá, tortillera culiá”. Dado que mi pareja comenzó a grabar desde su celular lo que pasaba, Y.S.V, y su madre, me golpearon a mí y a mi pareja”, añadió.

“Tiraron a mi pareja  al piso, golpeando sus brazos y cabeza. Luego con un palo, golpearon la mano derecha de mi pareja, le dieron puñetazos en la cara y le robaron su celular”, dijo C.A.G.C.

 Las víctimas debieron constatar nuevamente lesiones, esta vez en el Sapu Agustín Cruz Melo, quedando una de las afectadas con 15 días de licencia.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, calificó de “brutales e inhumanos estos ataques. Las víctimas están muy atemorizadas. Se sienten muy vulnerables. Sin duda necesitan medidas de protección. Este acto lesbofóbico no puede quedar impune. Estamos brindando desde ya orientación psicológica a la pareja, así como definiendo las acciones legales que presentaremos”.

Fuente MOVILH

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Un colegio católico de Asunción (Paraguay) quiso expulsar a dos chicas por ser lesbianas

Jueves, 17 de marzo de 2022

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Sus compañeres hicieron una protesta frente a la institución para denunciar lesboodio.

 La directora del colegio “Nuestra Señora del Huerto” amenazó el 8 de marzo con desmatricular a dos chicas lesbianas. Así lo confirmó a Presentes Lourdes Irala, mamá de una de ellas.  Según la directora, hubo quejas de padres que decían que su hija Federica  se “exhibía demasiado” y que “era demasiado vergonzoso para el colegio”.

“Nos dijo: ustedes tienen una de estas opciones: o sacarla del colegio o la dejan y nosotros hacemos una denuncia, porque nos dijeron que ellas están viviendo juntas fuera de tu casa”, agregó Lourdes. “Dos o tres veces nos hizo llamar por este tema, para ver si sabíamos. Yo ya estaba al tanto de la relación con Alejandra. Fue una discriminación porque nosotras como familias ya lo tenemos bien hablado”.

Sus compañeres hicieron una protesta el miércoles frente a la institución para denunciar lesboodio. El Ministerio de Educación y Ciencias intervino y aseguró que las alumnas podrán volver a inscribirse al colegio.

«Según Diosito, todos somos sus hijos, él no discrimina», cantaban sus compañeres al unísono con un megáfono. Del portón principal colgaron banderas LGBTIQ+ y carteles que decían “Huerto, no te calles”, “Respetar las identidades de otras personas es gratis y salva vidas” y “No se trata de ser todos iguales sino de aprender a respetar las diferencias”.

 “¿Desde cuándo se convirtió en un colegio para lesbianas?”

WhatsApp-Image-2022-03-10-at-14.21.51-1152x1536Según cuenta Lourdes, cuando ella y el papá de Federica volvieron de la reunión, tuvieron que explicarle a su hija que la habían desmatriculado y que analizarían qué hacer al respecto. Pero Federica no lo tomó bien. “Después, en un momento dado, cuando la dejamos sola tomó unas gotas de alprazolam (un fármaco para tratar la ansiedad y ataques de pánico), no sabemos ni cómo lo consiguió”, dijo su mamá.

“Después de esta discriminación en el colegio que hubo de parte de la directora, le afectó bastante psicológicamente a las dos. Es por eso justamente que esta nena no aguantó tanta presión y tanta humillación e intentó quitarse la vida”, dijo a Presentes Rocío Solís, mamá de Alejandra. A ella también le pidieron que desmatriculara a su hija. La directora le dijo que si no lo hacía, que la expulsarían y no podría ingresar a otros colegios.

“La directora, desde un principio, comenzó a agarrarse con ella porque una mamá del turno tarde, de la primaria, le dijo: ‘¿desde cuándo el colegio se convirtió en un colegio para lesbianas?’. Eso mismo le dijo la directora a Federica. Que ella tenía que tomar cartas en el asunto, que ella no va a apoyar esto jamás porque sino ella se tiene que ir a vender cebollas en la calle”, manifestó Lourdes

“Les prohibía que estén juntas o que hablen en el colegio, incluso que iban juntas en el baño, cosa que es mentira. Buscaba excusas para echarlas del colegio porque supuestamente manchaban el nombre de la institución. ‘Nosotros estamos recibiendo quejas de padres donde sabemos que tu hija acosa a su compañera’, me dijo, y es mentira. Los compañeros de mi hija son compañeros de años, se adoran”, contó Rocío.

 El 35% de las denuncias a Rohendu son por discriminación en el ámbito educativo

El servicio de atención telefónica Rohendu, una iniciativa de Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, registró un incremento de los casos de violencia y discriminación desde el inicio de la pandemia. Un 35% de llamadas por discriminación pertenecen al ámbito educativo. Muchos no llegan a instancias ministeriales, como este caso, o quedan en Rohendu porque la gente tiene miedo de denunciar.

WhatsApp-Image-2022-03-10-at-19.59.27“Es un porcentaje bajo porque está muy normalizado que sucedan este tipo de situaciones. El colegio, como tiene el poder, las madres terminan sacándoles nomás. En la mayoría de los casos nosotras recibimos denuncias de terceros, o muchas veces, de algún compañero o compañera. Recibimos casos de profesores que nos consultan si podemos hacer algo o intervenir pero nos piden por favor que no demos sus nombres por miedo a que se los eche del colegio”, expresa Carolina Robledo Desh, la presidenta y una de las socias fundadoras de Aireana. 

En el 2020, Aireana acompañó un caso similar. Se trataba de una lesbiana de 18 años que sufrió discriminación y violencia familiar, además de hostigamiento por parte del director y la psicóloga del colegio privado evangélico al que asistía. Cuando su madre se enteró de que era lesbiana, recurrió a la dirección del colegio. La adolescente fue sometida a una serie de “tratamientos”  para  “corregir”  su  orientación  sexual.

Según expresan en el informe de la Codehupy 2020,  la  enviaron  a  una  psicóloga,  quien  le  administró  hormonas  y  luego  antidepresivos. Ante tanto hostigamiento en el colegio por parte de la directiva, la adolescente realizó una denuncia en el departamento jurídico del MEC, el que tomó la denuncia y realizó una investigación sobre  el  hecho.

Como  resultado,  envió  una  nota  al  colegio  advirtiendo  que  su actuar era discriminatorio. De todas formas, el director del colegio puso una serie de restricciones a la alumna para volver a matricularse: no dejaba que se acerque a sus compañeras, tampoco podía teñirse el pelo, bajar las notas ni asistir a la iglesia.

“Es un hostigamiento progresivo, por eso decimos siempre que la discriminación mata. Obviamente, en el caso que citamos en el informe de la Codehupy, ellos le hicieron el camino del suicidio. Los directivos hostigan hasta lo último a las pobres adolescentes. A eso te lleva la discriminación. Entonces, por eso es tan importante hablar del tema y tener una ley contra toda forma de discriminación”, sostiene Carolina. 

Aireana publicó un comunicado la noche del 10 de marzo, en el que aplauden el acompañamiento de les compañeres de Federica y Alejandra, que se manifestaron contra la medida que dispuso la dirección. En Paraguay no existen leyes que impidan o criminalicen la orientación sexual y/o identidad de género, son las instituciones las que actúan con base a su prejuicio”, refuerzan.

Echar a jóvenes del colegio por su orientación sexual es inconstitucional 

WhatsApp-Image-2022-03-10-at-14.21.52-1152x1536Representantes del MEC anunciaron la intervención del caso y aseguraron que las afectadas seguirán matriculadas en el colegio. Además, recomendaron el análisis de la actuación de la directora. Sonia Escauriza, directora de Niñez y Adolescencia del MEC, dijo a la prensa local: “Hace poco lanzamos la campaña del mes de la lucha contra el acoso escolar y estamos trabajando en conjunto con las instituciones involucradas para que esto no vuelva a ocurrir. Nos preocupa que a partir de esta denuncia saltan otras más”.

La abogada especializada en derechos humanos, Diana Vargas explicó a Presentes que cualquier institución, sea pública o privada, tiene que adecuarse al marco constitucional y legal del Paraguay. “La constitución vigente del 92 dice claramente que consagra el derecho a la igualdad y prohíbe expresamente la discriminación. El derecho a la igualdad, si hablamos de discriminación, tiene el rasgo de derechos fundamentales, derechos humanos, el núcleo duro de la constitución”, indicó. 

Como  no  está  aprobada  la  Ley  “Julio  Fretes”  Contra Toda Forma de Discriminación, no existe un mecanismo de denuncia establecido. Esto implica que la resolución de casos muchas veces depende de la buena voluntad de la persona a cargo. Sin embargo, Vargas señaló: “Es un buen precedente. Hay que rescatar los aspectos positivos: la actuación del MEC y el protagonismo de los estudiantes y las estudiantes, sus compañeros”.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores apuntó en redes: “Como Comisión ya estamos tomando intervención en el caso de la presunta discriminación por orientación sexual de una adolescente, cuya consecuencia puso en peligro su vida”.

Fuente Agencia Presentes

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Más de 1900 mujeres lesbianas, bisexuales y trans han denunciado abusos por su orientación sexual o identidad de género en Chile

Martes, 15 de marzo de 2022

movilh-mujer-820x39426 han sido asesinadas desde el 2002 a la fecha. Así lo reportó el Movilh en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Un total de 1.906 mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales o trans ha denunciado abusos y delitos en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, ascendiendo a 26 los crímenes de odio desde el 2002 a la fecha, reportó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que “estos abusos van desde discriminaciones al interior de las familias, establecimientos educacionales y lugares de  trabajo, hasta ataques físicos y asesinatos, pasando por obstáculos y negación de derechos en el acceso a productos o servicios públicos o privados. Son 1.906 mujeres que han sufrido atroces vulneraciones a sus derechos humanos más básicos solo por tener una orientación sexual o identidad de género, distinta a la mayoritaria”.

Precisó que “recién en 2002 se dieron las condiciones para que desde la sociedad civil pudiésemos conocer y contabilizar de estos atropellos, lo que fue de la mano de un mayor empoderamiento de las víctimas para denunciar. Antes de esa fecha no hay cifras, pese a que la discriminación era más brutal”.

“Esperamos que el próximo Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género implemente de una vez una política o programa público focalizado en la realidad de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, una de las demandas  LGBTIQ+ más antiguas y que Chile no ha cumplido, pese a que en 2016 se comprometió a implementarla en un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado ante la Comisión Interamericana de DDHH, (CIDH)”, añadió Andrade.

La dirigente anunció, por último, que hoy “las mujeres del Movilh saldremos a las calles a manifestaremos por nuestros derechos junto a otras miles que se manifiestan por múltiples causas cada 8 de marzo”

Fuente MOVILH

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Sargento lesbiana demanda al ejército de EE. UU. por abusos, después de que su jefe la presionó para que ‘pareciera más femenina’

Viernes, 4 de febrero de 2022

9A55C97E-860E-4EF3-8C35-B254296ED126Una miembro lesbiana de la Guardia Nacional está demandando al Ejército y la Fuerza Aérea de EE. UU. después de que su jefe supuestamente la presionó para que “pareciera más femenina”.

Kristin M Kingrey, de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental (WVNG), dijo que perdió dos trabajos después de los repetidos comentarios de que debería dejarse crecer el cabello y usar maquillaje, según un informe del Daily Beast.

La sargento técnico Kingrey, de 37 años, presentó una demanda el 23 de noviembre de 2021 contra el ejército en el que ha trabajado durante casi 14 años por los comentarios hechos por un líder masculino de alto rango.

Kingrey le dijo al Daily Beast que un trabajo que había solicitado con éxito fue retirado después de que se hicieron los comentarios, y que en otro caso no fue contratada para un puesto para el que estaba más que calificada.

Ella dijo: “De 2016 a 2018, constantemente me llevaban a las oficinas de mis mayores y me decían que mi cabello no estaba reglamentado [no reglamentado]. Cruzó la línea del acoso y llevé conmigo una copia de nuestras regulaciones con respecto a la longitud del cabello femenino porque no estaba infringiendo ninguna regla”.

La demanda afirma que la sargento estuvo sujeta a “acoso, discriminación y represalias continuas basadas en su sexo, incluida su orientación sexual y la no conformidad de género percibida”.

Kingrey alegó que el incidente que desencadenó la demanda ocurrió cuando un líder de alto rango, el vicecomandante de ala coronel Michael Cadle, le pidió a una teniente coronel que alentara a Kingrey a comenzar a lucir más femenina.

Kingrey dijo que estaba implícito que debería “dejarse crecer el cabello y comenzar a usar maquillaje porque, si no lo hacía, sería perjudicial para mi carrera en la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental”.

Ella agregó: “Había oído hablar de otras mujeres con cabello corto que tenían problemas con las personas que decían cosas, pero no sé si eso progresó en la medida en que lo hizo la mía. El largo de mi cabello no tiene nada que ver con mi ética de trabajo o desempeño laboral.

“Al principio me daba vergüenza. No podía creer que no encajar en su molde de cómo debería lucir realmente impactaría mi carrera. Fue devastador”.

Después de que se hicieron los comentarios, la sargento lesbiana dijo que un trabajo que le habían ofrecido verbalmente ya no estaba disponible debido a un presunto recorte de fondos.

Luego, el papel se volvió a anunciar.

Mike Hissam, el abogado de Kingrey, dijo que está buscando que le devuelvan la oferta de trabajo, así como una disculpa del coronel Cadle.

Él dijo: “Querríamos la reincorporación y el pago atrasado… Kristin debería obtener el puesto que solicitó y que habría obtenido si no hubiera sido por la discriminación ilegal que sufrió. Ese es el resultado que ella quiere”.

Kingrey le dijo al Daily Beast: “Todo esto me ha hecho sentir que no pertenezco y que mi carrera se verá obstaculizada. Pero no me he planteado dejarlo. No seré derrotado.

“No me van a hacer dejar algo que realmente amo, y realmente amo ponerme el uniforme todos los días. Amo a mi país y amo a mi estado, y les he servido a ambos honorablemente durante más de 14 años”.

Holli R Nelson, de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental, dijo a PinkNews en un comunicado: “La WVNG está totalmente comprometida con una fuerza laboral inclusiva y diversa libre de acoso.

“Como cuestión de política, WVNG no comenta sobre asuntos que actualmente están pendientes de litigio. Pero, en general, WVNG aconsejó a una agencia externa encargada de realizar investigaciones que sean rápidas, justas e imparciales en asuntos como este.

“Elaboraron un informe con el expediente de hechos y se determinó que no hubo discriminación y/o acoso. Como tal, continuamos el proceso para presentar los hechos para resolver completamente este asunto en el sistema judicial”.

Un portavoz del Ejército de EE. UU. le dijo al Daily Beast: “Como cuestión de política, el Ejército no comenta sobre litigios en curso”.

Kingrey le dijo al Daily Beast que todavía está “comprometida” con su carrera en el ejército. “Solo quiero seguir mi carrera de manera justa”, dijo. “Nunca he pedido favoritismo solo porque soy de la comunidad LGBTQ. Solo quiero que se me permita continuar mi carrera militar en base a mis propios méritos y fuera de mi ética de trabajo”.

Fuente Pink News

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Fiscalía paraguaya imputó a bomberos por abusar sexualmente de una compañera lesbiana

Martes, 1 de febrero de 2022

NO LESBOFOBIAUna combatiente lesbiana del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) fue drogada y abusada sexualmente el 2 de enero por sus compañeros.

Belén, una joven lesbiana integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, fue víctima de una violación grupal en la ciudad de Ypacaraí (a 37km de Asunción, departamento Central) el domingo 2 de enero, en un encuentro entre bomberos activos y aspirantes, después de haber terminado de cursar la academia.

De acuerdo a un descargo que hizo su madre, Lucía Valenzuela en sus redes sociales, los agresores, Rodney Piris y César Federico Molinas, un camarada y un aspirante a bombero, la drogaron y la llevaron a un negocio de venta de materiales de construcción de Rodney Piris, donde la violaron. Luego la volvieron a vestir y la llevaron a su casa. Al día siguiente, se acercaron a su casa para llevarle una pastilla anticonceptiva. La agente fiscal Blanca Aquino, a cargo de la investigación, presentó la imputación en la mañana del martes.

En diálogo con Presentes, Lucía expresó que ese día lxs aspirantes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios tenían el ensayo de juramento en Emboscada y que luego saldrían a festejar juntxs. “Ella siempre me decía: ‘Él sabe que yo soy lesbiana, no me va a hacer nada. Yo confío en él’. Mi hija no me cuenta hasta 8 días después. Belén se hizo muy amiga de ese muchacho Molinas, inclusive yo lo conocía. Él me llegó a traer hasta mi casa porque yo vendía mis artesanías en el centro de Ypacaraí. Nosotros confiábamos mucho en él”, sostuvo.

Según narró Lucía, en un momento ya quedaban pocos de los “camaradas” (como se reconocen lxs del CBV) y pasaron por una farmacia con la excusa de comprar Yerón, un medicamento muy popular que viene en formato de pastillas para aliviar el malestar provocado por excesos de alcohol, alimentos o tabaco. Se trasladaron del cuartel al negocio de venta de materiales de construcción, de Rodney Piris, donde harían la despedida.

“Como muchas veces ellos ya salieron juntos, Belén tomó el Yerón con toda confianza. Más todavía porque era Molina quien le dio. Pero me dijo que en ese trayecto, otro muchacho vio cuando ella tomó la pastilla. Después de dejarlo le dijeron que esa sería la última partida que iban a tomar, mientras que esperaban a los otros y sino después ya le llevaban a Belén a su casa también porque ya era la última”, siguió Lucía.

“Ya le van a gustar los hombres”

En ese momento, la joven comenzó a sentirse mal. Lucía explica que le ofrecieron a Belén acostarse en la oficina, ella se recostó y comenzó a quedarse dormida. Belén escuchó, entonces, que Rodney Piris y César Federico Molinas dijeron: “Nos vamos a turnar” y “después de esto ya le van a gustar los hombres”. Cuando la volvieron a vestir, le pusieron el cinto de uno de ellos.

Según el relato de Lucía, uno de ellos inclusive fue a su casa el día siguiente para llevarle una pastilla del día después. Esta caja forma parte también de las pruebas presentadas. Entre las evidencias con que cuenta la fiscalía se encuentra además un cinturón de uno de los acusados.

Belén hizo la denuncia el 10 de enero, ocho días después del hecho. Un médico forense la inspeccionó y sostienen que “no se hallaron lesiones o rastros de violencia compatible”. Sin embargo, la abogada de Belén, Maira Torres, explicó que no le hicieron un análisis completo y que ella tuvo que solicitar uno aparte.

El 19 de enero, la fiscalía allanó el sitio en el que se cometió el abuso y accedió a imágenes de circuito cerrado que se encuentra en peritaje. También convocaron a otros miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios a declarar. La prueba toxicológica no pudo realizarse porque ya habían pasado más de 48 horas. En un comunicado del Ministerio Público sostienen que la agente fiscal solicitó las evaluaciones psicológicas a la víctima.

La fiscala del caso es Milena Basualdo, la misma que estuvo a cargo del femicidio de Meliza Fleitas. Presentes intentó comunicarse con la fiscal Basualdo y alegó estar de vacaciones. Derivó al medio con la fiscal interina, Blanca Aquino, que no respondió al pedido de información.

Violación correctiva, un “castigo” a la orientación sexual

“Ella es lesbiana, sus compañeros sabían y fue una violación correctiva. Está motivado por la orientación sexual de ella”, dijo a Presentes la abogada feminista, Michi Moragas que está acompañando el caso el Consultorio Jurídico Feminista. “Ellos la drogaron, abusaron de ella, la vistieron y, al vestirla, le pusieron el cinturón de uno de ellos, no el suyo. Entonces, al día siguiente lo que hicieron fue ir a recuperar el cinturón y le llevaron una pastilla anticonceptiva de emergencia”.

Maira Torres, la abogada de Belén, coincide con este punto y agrega que se trató de un crimen homofóbico. “La fiscalía fue muy lenta y parcial. Esperemos que Blanca Aquino que está interinando pueda manejar mejor la Unidad. 

“Por debajo de las violaciones correctiva subyace la idea de que la lesbiana es lesbiana porque no encontró un buen macho o que se puede cambiar la orientación sexual si es así. O si una mujer tiene una relación sexual con un hombre deja de ser lesbiana, y en el caso concreto, es algo que le dijeron muy explícitamente”, explicó Moragas. 

Rosa Posa, activista de Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, expresó que existe una obsesión por corregir la orientación sexual de las lesbianas. “Las violaciones correctivas suceden muchísimo más de lo que sabemos y de lo que se denuncia. También sucede a nivel de las familias, muy rodeado de silencio, de vergüenza, son cosas que no son denunciadas por muchas razones: por el closet, por las que siempre tenemos las mujeres y por la discriminación por ser lesbianas”, manifestó Rosa.

“Todo lo que tiene que ver con la lesbiandad está rodeado de mucho silencio. La negación es permanente, desde el marco de la violencia. Si la violaron es por casualidad pero no es por lesbiana, si te despiden de un trabajo nunca es porque sos lesbiana. Es una negación de toda nuestra existencia, hasta cuando nos matan y nos violan. Yo creo que una violación es terrible, independientemente de la orientación sexual de la víctima”, reforzó Rosa. En sus palabras, el mensaje de disciplina consiste en hacerles recordar cuál es “su lugar” como lesbianas.

Pedido de Justicia para Belén

El viernes 21 de enero, mujeres autoconvocadas se manifestaron frente a la Fiscalía de Itauguá. También hubo una movilización en la plaza de Ypacaraí organizada por los familiares y amigos de Belén el domingo. Hoy se realizó la última, minutos antes de que anunciaran la imputación y la orden de captura de Rodney Piris y César Federico Molinas. Desde el Cuerpo de Bomberos emitieron un comunicado repudiando el hecho y cualquier tipo de abuso contra las mujeres.

 

Una fuente del movimiento de Ni una Bombero Más dijo a Presentes que este no constituye un hecho aislado. Cuando surgió la denuncia a Rubén Valdez, capitán en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, trabajaron en un protocolo. De acuerdo a la activista, el protocolo se aplica pero muchas voluntarias no se animan a denunciar por miedo a que las perjudiquen en la institución.

Habló de que existe una cultura misógina por las características verticalistas del CBVP. “Los voluntarios tienen todavía costumbres muy machistas. Por ejemplo, cuando hay una guardia donde todos los voluntarios son hombres, ellos le dicen ‘guardia perfecta’, porque no hay una mujer. Es doloroso porque muchas veces las voluntarias son relegadas a la ambulancia, no se les manda a combatir incendios. De nuevo las tareas de cuidado para la mujer y las de combate para los hombres”, sostuvo.

“Hay como un patrón de encubrimiento. Hay mucho acoso y uno de los problemas es que tienen un régimen disciplinario muy fuerte que prácticamente impide que se hagan denuncias públicas. Por eso no ves bomberas que estén hablando del tema”, explicó Moragas. De hecho, según narra la madre de la víctima, Tanto Molinas como Piris le dijeron que nadie le iba a creer que ella no quería.

Paraguay continúa siendo el único país del Cono Sur que carece de una ley contra la discriminación, lo cual impide implementar un mecanismo de recepción de denuncias y la aplicación de la sanción correspondiente

Fuente Agencia Presentes

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Doble feminicidio a pareja de lesbianas en Ciudad Juárez: exigen se investigue como crimen de odio

Lunes, 24 de enero de 2022

pareja-1-952x476Sus cuerpos, desmembrados, fueron localizados en la carretera Juárez- Porvenir, Chihuahua, el pasado domingo 16 de enero.

Nohemi y Yulitza eran pareja desde hacía años, vivían en El Paso (Texas, Estados Unidos), tenían tres hijes y mostraban las imágenes de su día a día en sus redes sociales. La pareja fue asesinada. Sus cuerpos, desmembrados, fueron localizados en la carretera Juárez- Porvenir, Chihuahua, el pasado domingo 16 de enero.

Karla Arvizo, presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, indicó que además de ser un doble feminicidio existen elementos que hacen pensar que se trata de un crimen de odio por lesbofobia, situación que se repite una y otra vez en este estado. 

Tan solo un día antes, Nohemí Medina publicaba en su cuenta de Facebook algunas imágenes motivacionales y canciones. Los reportes de los medios señalan que ese día fue cuando vieron con vida tanto a ella como a su pareja Yulizsa.

“Fue un crimen exageradamente violento y por las situaciones que se marcan parece ser que es un crimen de odio porque hubo agresiones de tipo sexual, entonces por eso lo estamos considerando aparte de dos feminicidios, crimen de odio por diversidad sexual”, aseguró. 

Antes de que ambas mujeres fueran identificadas, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se pronunció al respecto de este crimen y aseguró que no va a quedar impune, ello porque el hallazgo coincidió con su visita a la zona para informar sobre estrategias de seguridad.

“Lo vimos ahorita en la Mesa de Seguridad, es un hecho que lamentamos profundamente y que no va a quedar impune, le acabamos de pedir al Fiscal General del Estado la identificación de estos dos cuerpos para poder saber qué es lo que ocurrió, estamos en investigaciones (…) entonces como gobernadora y también como mujer lo he dicho, lo he prometido y hemos estado trabajando en Ciudad Juárez, no vamos a dejar el tema impune y no vamos a dejar de trabajar en prevenir más que nada”, sentenció.

Hasta el momento no se ha dado a conocer ningún avance sobre el caso, ni si los restos de ambas mujeres ya fueron entregados a sus familias. 

La Red de Madres Lesbianas en México, a través de un comunicado, exigieron que en realidad exista la justicia que se prometió.

“Exigimos el inmediato esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como lo prometido por la gobernadora, Maru Campos. Asimismo damos nuestro más sentido pésame a la familia de ambas mujeres, deseando pronta resignación para sus dos hijas e hijo”, indica el comunicado circulado en redes sociales.

Sin leyes en Chihuahua

Arvizo indicó que un problema para que exista verdaderamente justicia es que en Chihuahua no se encuentra contemplado en las leyes los crímenes de odio por diversidad sexual, por lo que no se puede juzgar al respecto.

“Estamos muy atrasados, muy atrasados en este tipo de leyes, si de por sí ya es difícil esclarecer un feminicidio, ya tratarlo como lesbofobia considero que es un poco más”, dijo a Presentes.

En ese sentido, indicó que se encuentran trabajando las propuestas necesarias para que sea contemplada en la ley pero esperan que se dé celeridad cuando se regularicen los asuntos tras la pandemia por el COVID-19.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, en el año 2021 se presentaron 6 asesinatos y 1 desaparición, mientras que en 2020 fueron 8 asesinatos.

Fuente Agencia Presentes

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Un beso dejó al descubierto las violencias que se viven en el fútbol femenino

Miércoles, 19 de enero de 2022

central-4-1200x600Quince jugadoras del plantel profesional de Rosario Central denunciaron hostigamientos y discriminaciones en el club. Una de ellas fue desvinculada por besarse con su pareja, las demás fueron licenciadas.

ARGENTINA, Rosario. Comentarios inapropiados, maltratos, amenazas, sobreexigencia deportiva y restricciones en la comunicación. Esas son algunas de las acciones que llevaron a un grupo de 15 jugadoras de fútbol de Rosario Central a realizar una denuncia colectiva contra el club en el Inadi.

Días antes, Maira Sánchez, una de las defensoras del equipo profesional, fue desvinculada “por besarse con otra chica” en el predio deportivo.

“La denuncia que hicimos es colectiva. Si bien hay puntos como el mío que se destacan el reclamo es colectivo”, remarca Maira en diálogo con Presentes y agrega: “Teníamos muchos destratos por parte de la DT y las personas a cargo del femenino en Rosario Central”.

Un encuentro con el club

El 11 de noviembre, después de meses de sufrir distintas situaciones, las jugadoras convocaron a una reunión a todo el cuerpo técnico, la dirigencia del fútbol femenino, el área de género y a las máximas autoridades del club. Del encuentro participaron el vicepresidente, Ricardo Caldoni, y la representante del fútbol femenino, Carla Facchiano, pero nadie del equipo técnico.

En el encuentro se expusieron las situaciones que venían padeciendo las jugadoras y se marcó el caso puntual de Maira. A mí la DT me había comunicado que iba a quedar por fuera del plantel profesional porque un dirigente le dijo que no podía seguir en el club porque me habían visto besarme con una compañera dentro del complejo donde entrenamos”, cuenta la ex defensora de Central y agrega que en el momento le remarcó la directora técnica que ella nunca incumplió con su trabajo.

“Ella me dijo que no era su decisión, que era una bajada de línea pero no me quiso dar el nombre de la persona que dio la orden. Cuando lo hablamos en la reunión con el vicepresidente del club, él dijo que no estaba al tanto de esto, que le parecía una falta de respeto”, recuerda Maira.

Sin embargo, no se decidió dar marcha atrás con la medida.

Después de escuchar todos los reclamos de las jugadoras, la dirigencia definió darle licencia a quienes habían firmado la nota pero el resto del equipo siguió entrenando y las personas denunciadas también continuaron con sus tareas habituales. “Se comprometieron a darnos una solución antes de que termine noviembre pero eso nunca sucedió, no se volvieron a comunicar”, recuerda Maira.

 

La violencia de la inacción

La situación se volvió angustiante para las jugadoras. Fueron apartadas de los entrenamientos y muchas quedaron sin respuesta sobre su continuidad en el grupo. En ese escenario, a mediados de diciembre, deciden contactar al Inadi para que pueda mediar y accionar en el caso.

El de Maira no es el único hecho que se denuncia. Forma parte de una crónica de situaciones que venían pasando desde principio de 2021. En ese andamiaje, y entendiendo que en virtud de todas estas situaciones algunas jugadoras iban a quedar desvinculadas a partir del 31 de diciembre, se decide la intervención el Inadi. Son un grupo de jugadoras y ex jugadoras que denuncian una serie de discriminaciones y acoso”, indica en diálogo con Presentes, Paula Saini, delegada de Inadi Santa Fe.

Saini reconoció que lo que las jugadoras vivieron fueron “situaciones pequeñas que día a día constituyen una situación de acoso, hostigamiento y discriminación. Entendemos que se dan por su condición de género pero también apelamos a la interseccionalidad de la discriminación. Son demasiados obstáculos dentro del fútbol femenino”.

central-3Maira Sánchez fue desvinculada del club este año.

La delegada también reconoció que Rosario Central es uno de los clubes con mayor trayectoria en la incorporación de planteles femeninos y en la creación de una Secretaría de Género y Diversidad, pero remarcó que la falta de respuestas de la institución constituyó también una situación de violencia hacia las jugadoras y ex jugadoras.

Para ella las medidas adoptadas por el club tienen “fundamentalmente impacto en lo psicológico, moral y anímico de las jugadoras. Desde ese momento no saben qué va a pasar con sus contrataciones ni cómo va a ser su relación con el club en 2022. De hecho, hay jugadoras que tienen contrato por un año más y tampoco saben cuál es la situación en la que están”.

El martes hubo una reunión con las autoridades del club que mostraron buena predisposición para trabajar junto al organismo nacional en la búsqueda de una solución a los problemas que plantearon las jugadoras. Hasta ahora no hubo avances concretos y estaba prevista un nuevo encuentro con las denunciantes.

La respuesta del club

Un día después de que se conociera la denuncia de Maira al Inadi, la Secretaría de Género y Diversidad del club emitió un comunicado. Allí señalaron: “Queremos manifestar nuestra preocupación ante el hecho de gravedad institucional que en las últimas horas se hizo público. Al tomar conocimiento de la denuncia de un hecho homo-odiante se activó el Protocolo de Prevención y Actuación ante situaciones de violencia de género y discriminación para realizar el abordaje correspondiente”.

Más adelante remarca el apoyo a Sánchez y a todo el plantel. También aclara: “Creemos importante recalcar que señalar a la secretaría y culparla por todos los hechos de violencia patriarcal que suceden en el club es desconocer nuestra función y trabajo cotidiano, que con muchísimo esfuerzo realizamos. Seguimos construyendo este espacio colectivamente, espacio abierto a todas las personas que quieran formar parte”.

Luego de su denuncia, la jugadora mantuvo una reunión con la subsecretaria de Políticas de Igualdad, Pilar Escalante, y la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Cambiar las reglas

Maira y sus compañeras siguen de cerca las actuaciones del Inadi. Esperan que el club tome las medidas que corresponden para mejorar la situación del fútbol femenino que, en todo el país sigue en situación de desigualdad con el masculino.

“No quisimos hacer un reclamo laboral a Central”, resalta Sánchez pero aclara que las acciones fueron con la intención de mejorar las condiciones del fútbol femenino.

Para ella, que comenzó a jugar al fútbol cuando tenía 13 años fue un sueño llegar a Central a los 24, el club del que es hincha desde que nació. “Soy muy hincha de Central. Es difícil cuando tenés que separar sentimientos de los actos que tienen estas personas. Pero la pasión por los colores no cambia. Nunca me imaginé que iba a ser profesional y a vestir la camiseta de mi club. Fue un sueño”, remarca.

Y cierra: “A mí me encantaría que el club pueda tener gente realmente capacitada para que esté al mando de un equipo profesional. No sólo por nosotras sino por las chiquitas que vienen atrás. Queremos que puedan tener la mejor forma de trabajar, que no por ser mujeres tengamos que seguir sufriendo estos tipos de abusos. Ni siquiera podés hablar porque sino quedás afuera”.

Fuente Agencia Presentes

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Docente Sandra Pavez se jubila tras 14 años impedida de dictar clases: Corte Suprema e Iglesia Católica le prohibieron ejercer solo por ser lesbiana

Lunes, 17 de enero de 2022

DFD43DEB-CE99-48BC-A74E-3391742055AEEl Movilh lamentó lo ocurrido a la docente, quien  está a la espera de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que decidirá si condenar o no al Estado de Chile por impedirle hacer clases de religión en un colegio laico

La docente Sandra Pavez se jubiló sin que nunca más, desde el 2007, pudiese haber  ingresado a un aula a hacer clases de religión, luego de que la Corte Suprema y la Iglesia Católica le prohibieran ejercer solo por ser lesbiana, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que “Sandra terminó su vida laboral con un desenlace triste. Finalmente nunca más pudo ejercer la docencia pues la justicia aún no llega mientras este año ella jubiló. Nunca más pudo ejercer la profesión que tanto amó y que tanta satisfacciones le trajo. Sandra ha vivido uno de los casos de lesbofobia más graves e injustos conocidos por nuestra organización en 30 años de trayectoria. Un atropello inédito donde el Estado y la Iglesia actuaron como un solo poder para negarles sus derechos más básicos solo por amar a otra mujer

“Esperamos que la Corte Interamericana de DDHH (Corte INH), que analizó el caso el 12 y 13 de mayo del 2021, dicte lo antes posible su sentencia, condenado al Estado de Chile, reparando el daño causado y exigiendo a los responsables de este brutal abuso a la dignidad humana que le pidan disculpas a Sandra”, añadió Zúñiga.

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía  sin ningún problema desde 1985.

Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual.

“A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual”, recordó el dirigente del Movilh, Rolando  Jiménez.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación al prohibirle a una persona ejercer su profesión solo por ser lesbiana.

Más de una década  después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso aún en curso y donde la docente ha sido representada por los abogados pro bono Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH

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Una pareja de lesbianas denuncia que un hospital de Valladolid les impidió inscribir a su hija: “Nos dijeron que solo matrimonios normales”

Viernes, 7 de enero de 2022

E53C2DB4-B96E-4A45-9C00-5027B8E87F04Silvia y Violeta antes de dar a luz. Imagen cedida a El Diario.

El Hospital Clínico pide disculpas a la familia y tomará las medidas oportunas para que no vuelva a suceder

Ángel Villascusa
4 de enero de 2022 10:50h

Ada tiene dos madres, Silvia y Violeta. Nació en el Hospital Clínico de Valladolid el último día de 2021. Silvia, su madre, puso el óvulo y Violeta, su otra madre, el útero. Como el resto de progenitores deberían haber podido inscribir a su hija en el centro hospitalario, tal y como señala la Ley del Registro Civil para parejas casadas, pero las mandaron directamente a una oficina del registro civil. “Nos dijeron que solo hacían el registro con matrimonios normales [sic]. Ni homosexuales, ni extranjeros, ni madres solteras, ni divorciadas“, explica por teléfono Silvia Sánchez. El hospital pide disculpas a la familia y tomará las medidas oportunas para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder.

“Después de que mi mujer diera a luz, me presenté en la ventanilla. Tenía delante a un chico y a otro detrás, los padres de dos niños recién nacidos, pero a ellos sí les dejaron inscribir a sus hijos“. A ella no. “La persona que estaba en el mostrador me dijo que, aunque yo era el ‘declarante’, estos casos aquí no se podían gestionar“. Les dijeron que fueran a la oficina del registro porque necesitaban un papel y que era una “tontería“ iniciar el proceso en el hospital porque acabarían allí.

Según les explicaron, necesitaban un documento que no estaba en ese hospital. “Faltaba un formulario que pudiera contener la información de dos madres, en lugar de un padre y una madre. Vamos, que los formularios son de la edad de piedra… No faltaba ningún documento, ni pidieron más que la inscripción legal del nacimiento“, explica Yolanda Rodríguez de la asociación LGTBI CINHOMO, que ha dado visibilidad al caso.

Aunque viven a treinta kilómetros de Valladolid y al día siguiente era festivo —con lo que el la oficina administrativa cerraba—, el personal se negó a inscribir a su hija. “Antes de bajar al mostrador, en el paritorio, me dijeron que no iba a tener problemas“. Silvia tenía dudas porque no era la primera vez que escuchaba que en ese y en otros hospitales de España ponían impedimentos a las mujeres lesbianas. Tenía razón.

El día tres de enero acudieron a la oficina del registro. Allí les informaron de que el hospital debería haber accedido a la inscripción y que, desde ese misma oficina, ya habían notificado a los hospitales Clínico y al Rio Hortega de Valladolid que debían permitir el trámite a las parejas del mismo sexo. El matrimonio pidió una hoja de reclamaciones en el Hospital y han puesto una queja telemática al Sacyl, la sanidad de Castilla y León. Ahora, la Fundación LGTBI Triángulo les va ayudar a presentar una queja formal. “Es injusto que el día del nacimiento de tu hija llores porque te has sentido discriminada“, subraya Silvia.

Fuente El Diario

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Espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las leyes nacionales

Sábado, 18 de diciembre de 2021

justice-europeEl Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia en la que establece que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros aunque contravengan su legislación nacional. Según el TJUE, el hecho de que las leyes de un país no contemplen el matrimonio entre personas del mismo sexo o la filiación homoparental no debe ser motivo para que no se reconozcan los certificados de nacimiento expedidos en países donde ambas figuras son legales. No reconocerlos e impedir u obstaculizar que un menor obtenga los documentos de identidad necesarios vulneraría el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión. Se trata, pues, de un espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las legislaciones nacionales.

El caso se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apátrida, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadano de la Unión.

En abril de este año, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, este 14 de diciembre la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia, en la que interpreta las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

Así, Bulgaria debe expedir un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Según el TJUE, «es contrario a los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7 y 24 de la Carta privar al menor de la relación con uno de sus progenitores al ejercer su derecho de libre circulación o imposibilitarle el ejercicio de ese derecho o hacérselo excesivamente difícil en la práctica debido a que sus progenitores sean del mismo sexo».

Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La repercusión de esta sentencia es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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Alto Tribunal de Italia dictamina que una escuela católica discriminó a una maestra que fue despedida debido a los rumores de que es lesbiana

Viernes, 19 de noviembre de 2021

palazzo-di-giustiziaEl tribunal más alto de Italia ha dictaminado que una escuela católica discriminó a una maestra que fue despedida debido a los rumores de que es lesbiana. El fallo podría sentar un precedente positivo para LGBTQ en los tribunales de la nación.

La Sección Laboral del Tribunal de Casación, que es el tribunal de apelaciones más alto de Italia, confirmó que el Istituto Sacro Cuore (Colegio Sagrado Corazón) en Trento efectivamente discriminó por orientación sexual cuando en 2014 no renovó el contrato del maestro.

Alexander Schuster, el abogado que representa a la maestra anónima (que se ha hecho llamar “Silvia” en informes anteriores), le dijo a Il Post  (a través de Google Translate):

“‘ El Tribunal de Casación. . .ha rechazado en su totalidad el recurso de apelación del instituto y reiteró lo que ya había establecido el Tribunal de Apelación, a saber, que ser una escuela religiosa que quiere mantener la fe en su misión no justifica discriminación alguna. Es una sentencia que hace jurisprudencia para la ley italiana que, en estos temas, aún estaba en los noventa ‘”.

Este fallo es el tercero contra Sagrado Corazón en el caso de Silvia, y cada vez han aumentado los daños que se le deben a ella y a los grupos de defensa de los derechos civiles. La apelación al Tribunal de Casación se basó en un argumento legal en torno al concordato (acuerdo político) de Italia con la Santa Sede. El concordato tiene disposiciones relacionadas con la educación católica en Italia, que según el Sagrado Corazón le permitían libertad en sus decisiones, incluido el empleo. Pero el fallo del Tribunal rechazó tales reclamos, escribiendo en su decisión (a través de Google Translate):

“La parte solicitante [Sagrado Corazón] invoca disposiciones, incluidas las constitucionales, como base de la libertad de organización del instituto religioso, pero no explica adecuadamente cómo esta libertad puede legitimar conductas abiertamente discriminatorias como las consideradas y comprobadas por los jueces de Trentino . “

Schuster comentó que el fallo envió un mensaje claro: “Una escuela, solo por ser católica, no tiene carta blanca para discriminar a las personas”.

En 2014, la maestra fue convocada a una reunión con la directora de la escuela, quien también era superior de la comunidad de religiosas que administra la escuela. A Silvia le preguntaron sobre su relación con una mujer con la que vive. La directora dijo que había escuchado rumores de que Silvia era lesbiana y trató de aclarar la relación de la maestra en aras de “proteger el entorno escolar”. Bajo escrutinio, Silvia se negó a responder cualquier pregunta en esa reunión y rechazó una sugerencia del director de que la escuela “haría la vista gorda si [Silvia] estaba dispuesta a ‘resolver el problema’”. Silvia luego confirmó que era lesbiana en una relación comprometida, describiendo el despido como “medieval” en ese momento.

Si bien Sacred Heart podría apelar a la Corte Europea, Schuster cree que “el asunto está cerrado” y el enfoque ahora estará en otros casos de discriminación, tanto contra personas LGBTQ como contra otras comunidades marginadas. Con suerte, tiene razón y la lucha de Silvia por la justicia laboral brindará a los trabajadores de la iglesia LGBTQ en Italia una mayor protección que antes.

—Robert Shine, New Ways Ministry, 10 de noviembre de 2021

Fuente New Ways Ministry

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El Gobierno devuelve a las mujeres sin pareja masculina la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública y la amplía a las personas trans con capacidad de gestar

Lunes, 15 de noviembre de 2021

reproducción-asistida-300x153El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha incorporado de forma expresa el acceso a la reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud a las mujeres sin pareja masculina, a las que el Gobierno del PP dejó sin esta prestación en 2014, y ha incluido de forma expresa a las personas trans con capacidad de gestar. Aunque esta medida forma parte del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, actualmente en tramitación, el Ministerio de Sanidad ha emitido una orden ministerial que la recupera de inmediato. 

La orden ministerial fue firmada el pasado viernes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio y en el que estuvo presente, entre otras personalidades, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más, (FELGTBI+), Uge Sangil. También inervino telemáticamente la activista trans y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Según las estimaciones del ministerio, unas 8.500 mujeres y personas trans con capacidad de gestar se verán beneficiadas del acceso a estas técnicas dentro del Sistema Nacional de Salud.

La exclusión expresa de las parejas de mujeres y de las mujeres solas (fuese cual fuese su orientación sexual) del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida en 2013 por el entonces Gobierno del PP cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública). Aunque la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas, su cobertura dentro del Sistema Nacional de Salud estaba limitada a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo hasta entonces (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014. Una situación que la sustitución de Ana Mato por Alfonso Alonso, un político más amable y supuestamente gay-friendly, no cambió.

Es cierto que a lo largo de estos años se han sucedido las discusiones jurídicas sobre el alcance de la orden del PP y las comunidades autónomas han actuado de forma diversa. En 2015, de hecho, solo dos años después de la exclusión, una sentencia judicial condenaba a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública. Numerosas leyes autonómicas de protección de los derechos LGTBI se han aprobado desde entonces recuperando dicha prestación, entre ellas la de la propia Comunidad de Madrid. Pero el gesto del Gobierno de Pedro Sánchez elimina ambiguedades, extiende el derecho a todo el territorio nacional de forma indiscutible y elimina importantes ambiguedades, como la que sufrían las personas trans con capacidad de gestar (ya sean hombres o personas no binarias y al margen de cual sea su identidad legalmente reconocida).

Fuente Dosmanzanas

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