El Tribunal Constitucional de Uganda, ha confirmado el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad del país.

Cómo la ultraderecha cristiana occidental ejerce influencia en la cruzada anti-LGTBI en Ghana

Grupos como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGO azuzan desde hace años la homofobia en el país africano, cuyo Parlamento aprobó en febrero una ley que criminaliza la homosexualidad. La estrategia pasa por persuadir a la población local de que son los guardianes de la ortodoxia religiosa

El proyecto de ley aprobacdo por el parlamento de Uganda en marzo, que conlleva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, estaba siendo impugnado ante los tribunales por activistas que argumentaban que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.

“Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad, ni otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación”, dijo sobre la decisión el vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente del tribunal de Uganda, Richard Buteera.

Sin embargo, el tribunal sí encontró que ciertas partes de la ley violan el derecho de los ciudadanos a la salud y que es “incompatible con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

En reacción a la noticia, el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo dijo que el tribunal base “la decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas/sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, por decir lo menos, extraño”.

El tribunal dictó sentencia sumaria y se negó a anular la ley contra la homosexualidad de Uganda.

 “No estamos de acuerdo con los hallazgos, pero esperamos recibir su razonamiento detallado y consultarnos sobre nuestros próximos pasos”, dijo. Añadiendo: “Uno viene a la corte esperando que supere la intolerancia y los sentimientos públicos. En ese sentido, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden tomar”.

El activista Steven Kabuye,  que recientemente fue apuñalado y abandonado frente a su casa al tomarlo por muerto, dijo que la decisión significa que la comunidad LGBTQ+ en el país ha sido “empujada aún más en la oscuridad” y que el precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.

¿Cuál es la factura?

El proyecto de ley contra la homosexualidad recibió la aprobación del presidente del país,  Yoweri Museveni, en mayo de 2023 y se basó en leyes ya duras que criminalizan el sexo gay, convirtiéndose en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo.

El Parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas simplemente por identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero esta cláusula fue eliminada posteriormente por los legisladores en mayo, después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados.

En respuesta, grupos de derechos humanos y activistas LGBTQ+ criticaron el proyecto de ley como “una legislación vil y mortal” que no hará “nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses”.

Estados Unidos también dijo que el país tiene la intención de cortar los lazos económicos con Uganda tras la implementación del proyecto de ley contra la homosexualidad, y el presidente Joe Biden escribió que planeaba poner fin a las relaciones económicas por las “graves violaciones” de los derechos humanos. Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

Desde que se aprobó la legislación, ha habido  aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. en Uganda, según un informe de un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE).

El informe, visto por Reuters, denuncia 306 violaciones de derechos en Uganda basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.

En particular, el informe afirma que la lista no puede considerarse exhaustiva debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQ+ para denunciar abusos anti-LGBTQ+.

La Casa Blanca condena al Tribunal Constitucional de Uganda por defender la ley de “matar a los gays”

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de ratificar la Ley Antihomosexualidad de la nación de África Oriental.

La ley, que se aprobó en 2023, enfrentó un desafío constitucional a fines del año pasado por parte de dos profesores de derecho de la Universidad Makerere en Kampala, quienes argumentaron que viola los derechos fundamentales garantizados en la constitución de Uganda, incluida la libertad de discriminación y el derecho a la privacidad.

El tribunal superior del país confirmó la ley, que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y la “homosexualidad agravada” con la muerte. Partes de la ley –incluida una disposición que tipifica como delito no denunciar actos homosexuales a las autoridades– fueron anuladas por el tribunal por ser “incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

“El anuncio de que el Tribunal Constitucional ha eliminado algunas disposiciones de la Ley contra la Homosexualidad de Uganda es un paso pequeño e insuficiente para salvaguardar los derechos humanos”, dijo Jean-Pierre en la rueda de prensa de ayer en la Casa Blanca. “Como ha dicho el presidente una y otra vez, nadie debería vivir con miedo constante ni ser sometido a violencia o discriminación. Está mal. Seguiremos trabajando para promover el respeto de los derechos humanos para todos en Uganda y también en todo el mundo”.

El presidente Joe Biden pidió que la ley fuera inmediatamente derogada cuando fue aprobada en mayo pasado y también eliminó a Uganda de un pacto comercial de 2000 conocido como Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano (AGOA). La administración de Biden dice que contribuye a la persecución anti-LGBTQ+, pero el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, acusó a las naciones occidentales de intentar “coaccionarnos para que aceptemos relaciones entre personas del mismo sexo utilizando ayuda y préstamos”.

Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda internacionales también condenaron la ley, preocupados de que pudiera revertir décadas de progreso contra el SIDA en África. Después de que Uganda aprobara la ley, el Banco Mundial comenzó a suspender todos los préstamos a Uganda.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, también denunció la decisión del tribunal.  “Estados Unidos sigue estando profundamente preocupado por los informes de abusos a los derechos humanos en Uganda, incluso contra la comunidad LGBTQI+”, dijo Blinken en un comunicado. “Las disposiciones restantes de la AHA plantean graves amenazas al pueblo ugandés, especialmente a los ugandeses LGBTQI+ y sus aliados, socavan la salud pública, reprimen el espacio cívico, dañan la reputación internacional de Uganda y perjudican los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera”.

El representante Mark Takano (D-CA) dijo en un comunicado que estaba “indignado” por la decisión del tribunal y elogió a la administración Biden por “enviar un mensaje claro, tanto a través de la retórica como de la política, de que esta ley es fundamentalmente inhumana. Estoy indignado por el fallo del Tribunal Constitucional de Uganda que confirma una ley que despoja a los ugandeses LGBTQ de su dignidad, libertad y, en algunos casos, de sus vidas”, dice el comunicado. “Es una vergüenza y un retroceso profundamente inquietante para los derechos humanos en la región. Esta ley draconiana añade una capa completamente nueva de discriminación sistemática patrocinada por el Estado además de lo que los ugandeses LGBTQ ya enfrentan: marginación social, violencia policial, desalojos, pérdida de empleo, acoso, agresión e incluso asesinato”.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

***

Fuente PinkNews/LGBTQNation/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. África, Afrobarómetro, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Casa Blanca, Colored Voice Truth to LGBTQ, Discriminación, Fundación Foaster para la Salud de Uganda, Homofobia, Karine Jean-Pierre, Lesbofobia, Ley contra la homosexualidad de 2023 (Uganda), LGTBIfobia, Nicholas Opiyo, ONUSIDA, Steven Kabuye, Transfobia, Tribunal Constitucional, Uganda, VIH, Violencia LGTBIfoba, Volker Türk, Yoweri Museveni

Llamamiento de Justin Welby, primado de Inglaterra, a Stephen Kaziimba, primado de Uganda

Choque de Primados: La Comunión Anglicana, a prueba tras el apoyo de la Iglesia de Uganda a la ley que contempla la pena de muerte para las personas LGTBIQ+

Welby: “Insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ”.

El arzobispo de Canterbury ha rechazado la ley contra la actividad homosexual de Uganda y pide a los anglicanos ugandeses que se opongan al proyecto de ley.

El Arzobispo de Canterbury ha expresado su “dolor y consternación” por la ley de Uganda que prohíbe la homosexualidad en una carta instando a los funcionarios de la Iglesia en el país a rechazarla.

El obispo principal Justin Welby escribió al arzobispo de Uganda Stephen Kaziimba el viernes (9 de junio) condenando públicamente la Ley contra la homosexualidad de Uganda.

“Recientemente le escribí a mi hermano en Cristo, el Primado de Uganda, el Arzobispo Stephen Kaziimba, para expresar mi dolor y consternación por el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad. Hago esta declaración públicacon tristeza y con oraciones continuas por la reconciliación entre nuestras iglesias y en toda la Comunión Anglicana”, dice Welby en un comunicado

“Soy profundamente consciente de la historia del dominio colonial en Uganda, tan heroicamente resistido por su pueblo. Pero no se trata de imponer valores occidentales a nuestros hermanos y hermanas anglicanos de Uganda. Se trata de recordarles los compromisos que hemos hecho como anglicanos de tratar a cada persona con el cuidado y el respeto que merecen como hijos de Dios”.

There is no justification for any province of the Anglican Communion to support the criminalisation of LGBTQ people: not in our resolutions, our teachings, or the Gospel we share.

After writing to the Primate of Uganda, I make the following statement: https://t.co/GaDDx8XTvf

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) June 9, 2023

Así se expresa el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, sobre el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad promulgada recientemente por el presidente Yoweri Museveni, una de las más duras del mundo contra el colectivo LGBTQ, y en donde cualquier condenado puede enfrentarse a cadena perpetua, contemplándose incluso la pena de muerte para los “casos agravados“, como tener relaciones homosexuales con menores de 18 años o infectar a una pareja sexual con una enfermedad crónica como el sida.

El proyecto de ley, firmado por segunda vez el 29 de mayo, introduce leyes que prohíben a los ciudadanos de Uganda defender o promover los derechos LGBTQ+ además de leyes ya estrictas contra la intimidad consensuada entre personas del mismo sexo.

También introduce una cláusula sobre la “homosexualidad agravada”, definida como tener relaciones sexuales con un menor o siendo seropositivo, que conlleva la pena de muerte.

Los legisladores aprobaron inicialmente la legislación en abril, pero fue devuelta después de que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, dijera que requería enmiendas para “facilitar el refuerzo y el fortalecimiento de algunas disposiciones en línea con nuestras mejores prácticas”.

En su carta, Welby también pidió a la Global Anglican Future Conference (GAFCON) y a la Global South Fellowship of Anglican Churches (GSFA) que dejaran “explícitamente” en claro que la ley estaba en contra de sus valores fundamentales.

“Dentro de la Comunión Anglicana, -prosigue el comunicado difundido por Welby- seguimos en desacuerdo sobre cuestiones de sexualidad, pero en nuestro compromiso con la dignidad humana otorgada por Dios, debemos estar unidos”, escribió. “Le recordé al arzobispo Kaziimba que los anglicanos de todo el mundo han estado unidos durante mucho tiempo en nuestra oposición a la criminalización de la homosexualidad y las personas LGBTQ. Apoyar dicha legislación es una desviación fundamental de nuestro compromiso de defender la libertad y la dignidad de todas las personas.

“No hay justificación para que ninguna provincia de la Comunión Anglicana apoye tales leyes: ni en nuestras resoluciones, ni en nuestras enseñanzas, ni en el Evangelio que compartimos”.

Señaló una resolución acordada durante la Conferencia de Lambeth de 1998, una asamblea decenal de obispos para expresar resoluciones sobre las creencias anglicanas, que establece un “compromiso de ministrar pastoralmente y sensibilidad para todos, independientemente de la orientación sexual”.

“La Iglesia de Uganda, como muchas provincias anglicanas, mantiene la enseñanza cristiana tradicional sobre la sexualidad y el matrimonio establecida en la Resolución i.10 de la Conferencia de Lambeth de 1998. Esa resolución también expresó el compromiso de ministrar pastoral y sensiblemente a todos, independientemente de la orientación sexual, y de condenar la homofobia.“Le dije al Arzobispo Kaziimba que no puedo ver cómo el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad es consistente con sus muchas declaraciones en apoyo de la Resolución i.10”, señala el primado anglicano, precisamente muy cuestionado por las iglesias africanas por el apoyo desde Europa a las reivindicaciones de la comunidad LGTBQ.

Arzobispo Stephen Kaziimba Mugalu

“Más recientemente, en la Reunión de Primados de 2016 en Canterbury, los Primados de la Comunión Anglicana ‘condenaron los prejuicios y la violencia homofóbicos y resolvieron trabajar juntos para ofrecer atención pastoral y un servicio amoroso independientemente de la orientación sexual”, añade el arzobispo de Canterbury, quien apunta también que “afirmamos que esta convicción surge de nuestro discipulado de Jesucristo.

También “reafirmamos nuestro rechazo a las sanciones penales contra personas atraídas por personas del mismo sexo” y declaramos que “el amor de Dios por cada ser humano es el mismo, independientemente de su sexualidad, y que la iglesia nunca debe dar otra impresión con sus acciones”, continúa el comunicado, que ahonda en la fractura entre las Iglesias anglicanas en una cuestión muy sensible en sociedades como la africana.

“Estas declaraciones y compromisos son la mente común de la Comunión Anglicana sobre la dignidad y el valor esenciales de cada persona. Por lo tanto, insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ. También hago un llamado a mis hermanos en Cristo, el liderazgo de GAFCON y la Fraternidad de Iglesias Anglicanas del Sur Global, para que aclaren explícita y públicamente que la criminalización de las personas LGBTQ es algo que ninguna provincia anglicana puede apoyar: eso debe declararse inequívocamente”, subraya Welby, quien concluye pidiendo que, “como discípulos de Jesucristo, estamos llamados a honrar la imagen de Dios en cada persona, y rezo para que los anglicanos sean intransigentes y estén unidos en este llamado”.

El arzobispo de Canterbury se ha enfrentado a la controversia por sus puntos de vista sobre las personas LGBTQ+ en el pasado

Si bien la carta del arzobispo de Canterbury que condena el proyecto de ley sin duda será un alivio para los anglicanos LGBTQ+, el enfoque anterior de Welby sobre la inclusión ha dejado a muchos en la Iglesia en terreno inestable.

La Iglesia de Inglaterra se vio obligada a disculparse por su trato a las personas LGBTQ+ luego de meses de controversia luego de que los obispos se negaran a permitir la ordenación de matrimonios entre personas del mismo sexo por parte de miembros del clero.

“Las ocasiones en que han recibido una respuesta hostil y homófoba en nuestras iglesias son vergonzosas y por eso nos arrepentimos”, decía una carta abierta en enero. “Mientras escuchamos, nos han dicho una y otra vez cómo le hemos fallado a las personas LGBTQ+”, continuó. “No los hemos amado como Dios los ama, y eso está profundamente mal”.

El mismo día, Welby dijo que las parejas del mismo sexo que ya están casadas pueden ser bendecidas por el clero, pero que él mismo no lo haría debido a su “responsabilidad pastoral para toda la comunión”.

En respuesta, el parlamentario laborista Ben Bradshaw dijo que las recomendaciones eran “incluso peores de lo que se ha seguido”.

De manera similar, la exasesora del gobierno LGBTQ+ y activista cristiana gay, Jayne Ozanne, dijo: “¡Disculpa no aceptada, arzobispo! Me pregunto si los arzobispos realmente han olvidado que nos han pedido disculpas antes, muchas veces, o si creen que esto será suficiente para nosotros dado que la discriminación continúa”.

Anglicanismo: una comunión dividida por la inclusión de las personas LGTBI

La Rosa de los Vientos,
(Emblema oficial de la Comunión anglicana, simboliza su alcance mundial y naturaleza descentralizada.)

La aceptación de la homosexualidad en la Comunión anglicana es desigual entre sus diferentes jerarquías e iglesias. La Iglesia episcopaliana, rama estadounidense de los anglicanos, es sin duda la que abrió camino. Ya en 2003 eligió al primer obispo abiertamente gay, Gene Robinson. Y en 2010 fue la primera en romper con la moratoria autoimpuesta durante varios años por la comunión anglicana tras el nombramiento de Robinson y comenzar a ordenar de nuevo obispos y obispas abiertamente homosexuales. En 2012 aprobaba también la ordenación de personas transexuales. También, como ya hemos señalado, fue la primera iglesia anglicana en celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.

La Iglesia anglicana de Canadá también se ha caracterizado por su afán inclusivo. Así, por ejemplo, tras sumarse a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, enspués elegía obispo a Kevin Robertson, abiertamente gay y padre, junto a su pareja, de dos hijos. Roberston se convertía así en el primer miembro de una familia homoparental en ostentar esta dignidad en una iglesia anglicana.

En el otro extremo se sitúan las iglesias anglicanas africanas, algunas de ellas virulentamente homófobas. Una situación inestable que en la última década ha colocado al anglicanismo al borde de un cisma que no ha llegado a producirse aún pero que sobrevuela la Comunión Anglicana.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien la nueva Ley aprobada por el Parlamento y promulgada  por el presidente de Uganda, Museveni, criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas”a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente PinkNews/Religión Digital/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Anglicana Anita Among, Arthur Kayima, Comunión Anglicana, Global Anglican Future Conference (GAFCON), Global South FelloOwship of Anglican Churches (GSFA), Homofobia/Transfobia, Iglesia de Inglaterra, Justin Welby, Karine Jean-Pierre, Mike Podmore, Pena de Muerte, Personas LGTBIQ, Stephen Kaziimba, Uganda, Yoweri Museveni

El criminal presidente de Uganda, Yoweri Museveni,con una Biblia en la mano…

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó la Ley contra la homosexualidad, que duplica la persecución de las personas LGBTQ+ en el país.

La ley anti-LGBTQ+ de Uganda es un “ataque a los derechos humanos”

El proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda se convirtió en ley, y los activistas calificaron la “ley mortal” como un “ataque a los derechos humanos”.

Yoweri Museveni, dio su aprobación a la Ley Anti-Homosexualidad, que se convierte inmediatamente en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo, informó el lunes (29 de mayo) la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Uganda.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

La presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, también confirmó la noticia en una publicación en Twitter, diciendo que Museveni había “respondido a los gritos de nuestro pueblo” y “legislado para proteger la santidad de la familia”.

“Ahora animo a los garantes de deberes bajo la ley a ejecutar el mandato que se les otorga en la Ley Anti-Homosexualidad”, escribió Among. “El pueblo de Uganda ha hablado, y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, firme y constante”.

– ,
General @KagutaMuseveni , has executed his Constitutional mandate and assented to the Anti-Homosexuality Act, 2023. pic.twitter.com/PH8IUegBp3

— Government of Uganda (@GovUganda) May 29, 2023

La Ley contra la Homosexualidad de Uganda introduce la pena de muerte

La nueva legislación duplica las ya duras sanciones impuestas a las personas LGBTQ+ en Uganda, donde la intimidad sexual consentida entre personas del mismo sexo es ilegal.

La Ley contra la Homosexualidad introduce el nuevo delito de “homosexualidad agravada”, que se define como tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años y tener relaciones sexuales siendo VIH positivo, entre otras categorías. Lleva una sentencia de muerte.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

El parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas por simplemente identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero los legisladores eliminaron esta cláusula en mayo después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

Arthur Kayima, un activista queer de derechos humanos de Uganda, condenó la “legislación vil y mortal” y dijo que “no hará nada para mejorar Uganda o la vida de los ugandeses”. En lugar de centrarse en los problemas reales a los que se enfrenta Uganda (pobreza, mala infraestructura, economía, violencia doméstica), Museveni preferiría causar distracción atacando nuestro derecho fundamental a existir”, dijo Kayima.

La activista continuó: “Tengo miedo por mi comunidad. ¿Cuántos de nosotros seremos encarcelados, golpeados o perseguidos en las sombras de la sociedad como resultado de esta legislación? ¿Cuántos morirán? “Todos aquellos que creen en nuestros derechos deben luchar contra esta legislación y las fuerzas detrás de ella por todos los medios necesarios”.

Activistas LGBTQ+ y de derechos humanos pidieron al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que no promulgara la Ley contra la homosexualidad. Museveni ignoró sus súplicas. (Getty)

Mike Podmore, director de la red de VIH, salud y derechos STOPAIDS, con sede en el Reino Unido, dijo que el proyecto de ley no solo es un “ataque directo a los derechos humanos”, sino que también es una “amenaza para la salud pública que diezmará la respuesta al VIH”.

Podmore describió cómo la Ley Anti-Homosexualidad penalizará la “prestación de servicios clave y afianzará aún más el estigma mortal que lamentablemente todavía rodea al VIH”.

“Debemos hacer todo lo posible para persuadir a Uganda contra este paso regresivo que podría desencadenar un efecto dominó entre otros países de la región para retroceder aún más en los derechos LGBTQI+, incluidos Kenia, Ghana y Burundi”, dijo Podmore.

“Los gobiernos de todo el mundo deben actuar de inmediato para hacer valer los derechos de las personas homosexuales y garantizar la seguridad de los ugandeses LGBTQI+ al garantizar que se respalden los servicios de primera línea y se brinde asilo seguro donde sea necesario”.

Podmore agregó que el Reino Unido tiene una “responsabilidad particular” en esta lucha, ya que las leyes que penalizan a las personas LGBTQ+ se introdujeron por primera vez cuando el Imperio Británico colonizó Uganda.

Además, dijo que Estados Unidos tiene un interés en este movimiento ya que “los grupos fundamentalistas evangélicos han financiado esta odiosa agenda”.

Después de que la Ley Anti-Homosexualidad fuera aprobada por el parlamento de Uganda en marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, advirtió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si la nación africana promulgaba el proyecto de ley.

Jean-Pierre describió la medida como “una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo”.

Dijo que la legislación anti-LGBTQ+ “afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y la [inversión] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

***

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Anita Among, Arthur Kayima, Homofobia/Transfobia, Karine Jean-Pierre, Mike Podmore, Pena de Muerte, Personas LGTBIQ, Uganda, Yoweri Museveni

Este 1 de julio ha entrado en vigor en Florida la Ley de Derechos de los Padres en la Educación (HB 1557), conocida popularmente como la ley «Don’t say gay» porque establece la prohibición de educar o informar sobre orientación sexual o identidad de género en las escuelas. La ley fue promulgada por el gobernador del estado Ron DeSantis en marzo de este año, y en los meses transcurridos desde su promulgación a su entrada en vigor los grupos LGTBIfobos ya han ido tomando medidas como aviso de cuáles serán sus efectos. En numerosos centros educativos se han eliminado carteles que promocionaban la tolerancia y el respeto a la diversidad, se ha comunicado a los profesores LGTBI que no pueden tener fotos de sus parejas del mismo sexo en sus mesas de trabajo o despachos y se han confeccionado listas de libros que incluyen personajes LGTBI para ser eliminados de aulas y bibliotecas.

La Ley de Derechos de los Padres en la Educación, cuya nomenclatura es HB 1557, es un texto que en su mayor parte recoge el derecho de los padres de los alumnos a ser informados de cualquier aspecto de tinte educativo o sanitario que afecte a sus hijos. Qué servicios sanitarios ofrecerán las escuelas, qué normativas regirán, qué materias se impartirán, etc.

Lo destacable es que, en medio de esas normativas genéricas sobre información y salud, se incluyó en la sección 1ª el artículo 3 con el siguiente texto:

No podrá impartirse en las aulas enseñanza sobre orientación sexual o identidad de género, por parte del personal de la escuela o de terceros, desde el jardín de infancia hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con las normas estatales.

Es de señalar la mezcla de concreción y ambigüedad en ese breve artículo, puesto que concretamente prohíbe que la educación sobre la orientación sexual e identidad de género se imparta a menores de entre 3 y 8 años, pero ambiguamente establece que para el resto de estudiantes, de entre 9 y 17 años, también se prohíbe la educación en estas materias de una manera «no apropiada» para su edad. Esto deja amplio margen a la especulación y la manipulación por parte de quienes se oponen a los derechos de las personas LGTBI. El articulado de la ley también permite a los padres de los alumnos presentar demandas contra profesionales y centro educativo si estiman que se están incumpliendo las normas que establece.

El activismo LGTBI avisó de las consecuencias, que ya se están sufriendo

Tras la primera lectura del proyecto de ley en la Cámara de Representantes del estado, saltaron todas las alarmas tanto entra la oposición del Partido Demócrata como entre las asociaciones de defensa de los derechos LGTBI. El proyecto de ley inmediatamente empezó a conocerse popularmente como «Don’t say gay» (No digas gay), un elocuente resumen de lo que el artículo 3 conlleva: la invisibilización de las personas LGTBI en el sistema educativo.

Ante las protestas de oposición y activistas LGTBI, los ponentes del proyecto de ley se defendieron acusándolos de «alarmismo» y asegurando que la ley no era un ataque a los estudiantes, empleados o padres homosexuales o transexuales. Sin embargo, los hechos demostraron inmediatamente lo contrario. En los meses que han transcurrido desde la aprobación de la normativa estatal hasta su entrada en vigor el 1 de julio, se han sucedido la confusión inicial, el temor a las denuncias en la dirección y el profesorado en los centros educativos, y, sobre todo, la acción directa de los LGTBIfobos.

Así, por ejemplo, en el condado de Palm Beach el superintendente escolar Mike Burke, eludiendo el proceso habitual de revisión de material, ordenó la retirada de libros con personajes LGBTI, alegando su preocupación por las implicaciones de la ley. Además, instruyó a directores de centro y educadores de su distrito para que buscasen más libros con estos contenidos y procediesen también a su retirada.

En todos los distritos escolares de Florida se tomaron medidas como la eliminación de cualquier referencia a la defensa del colectivo LGTBI en los discursos de graduación o en los anuarios escolares. En las escuelas públicas del condado de Orange se impartieron incluso seminarios sobre la aplicación de la HB 1557 en los que se aconsejó a los administradores de los centros que quitaran las pegatinas con los colores del arcoíris y el mensaje «espacio seguro» que habían sido repartidas por los colectivos LGTBI. También indicaron que debían impeler a los educadores LGBTI a que retiraran las fotos familiares de sus escritorios y que evitaran hablar de sus seres queridos en el trabajo, por temor a incumplir la nueva normativa y hacer frente a demandas.

En este sentido, la ley «Don’t say gay» guarda una profunda semejanza con la llamada ley contra «la propaganda homosexual» vigente en Rusia. Con la peregrina excusa de la protección a la infancia, impiden la visibilidad de las personas LGTBI en todos los espacios públicos, incluso los virtuales, pues todos ellos pueden ser frecuentados por menores. Así, al prohibir la enseñanza sobre orientación sexual o identidad de género a los menores de 8 años, en realidad se está prohibiendo en todo el ámbito educativo, puesto que estos menores estudian en el mismo centro escolar que los demás.

En total, Equality Florida, un grupo de defensa de los derechos LGBTI, declaró que había recibido más de 50 quejas de informes de censuras contra el colectivo LGBTI desde el mes de marzo. Todo ello antes de la entrada en vigor de la ley. Es decir, estaba ocurriendo exactamente lo que la oposición y los defensores de los derechos LGTBI habían denunciado desde el primer momento.

Una ley estrella para una candidatura de extrema derecha

Presentado en primera lectura en la Cámara de Representes del estado el 11 de enero de este 2022, el proyecto de ley HB 1557 de Derechos de los Padres en la Educación fue aprobado por los distintos comités hasta que se presentó de nuevo ante la cámara para la inclusión de enmiendas. Ninguna de las que afectaban al artículo 3 fue estimada. Finalmente, el texto fue aprobado en tercera lectura en la cámara baja estatal el 24 de febrero por 69 votos a favor y 47 en contra. Inmediatamente fue remitida al Senado estatal.

Tras la primera lectura y el paso por los comités senatoriales, de nuevo en segunda lectura fueron rechazadas todas las enmiendas, aún las que solo pedían una mayor claridad del artículo 3. El 8 de marzo, en tercera lectura, fue aprobada por el Senado de Florida por 22 votos favorables contra 17 desfavorables. El 28 de marzo fue presentada para su promulgación al gobernador DeSantis, que la firmó ese mismo día, si bien, tal como estipulaba la propia ley en su último artículo, no entraría en vigor hasta el 1 de julio.

Esta ley conocida popularmente como «Don’t say gay» es uno de los proyectos estrella del gobernador de Florida Ron DeSantis, un republicano del ala más extremista del partido, que es un firme candidato a disputar a Donald Trump las primarias del Partido Republicano previas a las próximas elecciones presidenciales. Con este proceso electoral interno en el punto de mira, se sucede la aprobación de leyes y normativas que consigan el apoyo del ala más derechista del partido, ahora mayoritaria. Este empeño incluso le hizo enfrentarse a una de los mayores activos de Florida, el grupo Disney, por su posición contraria a la ley, llegando incluso a provocar que la compañía de entretenimiento pierda muchas de las ventajas legales de las que disfrutaba en el estado.

Así, otras de sus leyes de propaganda, que entró en vigor el mismo día, es la Ley de Libertad Individual, que impide que se explique en las aulas el racismo histórico y el ideario del supremacismo blanco, ofreciendo una visión sesgada e inexacta sobre la historia estadounidense.

Sin abandonar el ámbito educativo, el gobernador DeSantis ha promulgado recientemente otra ley que obligará a profesores y estudiantes de las universidades públicas a declarar públicamente sus ideas políticas, con la amenaza de que los centros podrían perder su financiación si en conjunto de las respuestas no es satisfactorio, con la excusa de promover la «diversidad intelectual» en los campus.

Aunque para muchos es evidente la inconstitucionalidad de todas estas leyes, todos temen que una iniciativa judicial en contra de ellas pueda acabar en el Tribunal Supremo y obtener su aprobación, dada su actual composición de mayoría ultraconservadora.

No obstante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre emitió este comunicado por la entrada en vigor de la ley «Don’t say gay» en Florida:

Hoy, algunos de los estudiantes y familias más vulnerables de Florida tienen más miedo y menos libertad. Al entrar en vigor la vergonzosa ley estatal «Don’t say gay», los funcionarios estatales que dicen defender la libertad están limitando la libertad de sus conciudadanos simplemente por ser ellos mismos. Ya se ha informado de que se están retirando las pegatinas de «espacio seguro» de las aulas. A los profesores se les ha ordenado que no lleven prendas con los colores del arcoíris. A los profesores LGBTI se les ha impelido a que retiren las fotos familiares de sus esposos y esposas —fotos familiares muy queridas como las que hay en mi propio escritorio.

Esto no es una cuestión de «derechos de los padres». Esto es, simple y llanamente, discriminación. Forma parte de una inquietante y peligrosa tendencia nacional de políticos de derechas que atacan cínicamente a estudiantes, educadores y personas LGBTI para obtener ventajas políticas. Fomenta el acoso y amenaza la salud mental, la seguridad física y el bienestar de los estudiantes. Censura a los profesores y educadores que quieren hacer lo correcto y apoyar a sus alumnos. Y debe terminar.

El presidente Biden ha sido muy claro al afirmar que todos los estudiantes merecen sentirse seguros y bienvenidos en las aulas. El Departamento de Educación supervisará esta ley, y se anima a cualquier estudiante o padre que crea que está sufriendo discriminación a presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento. Nuestra Administración seguirá luchando por la dignidad y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y familias de Florida y de todo el país.

General, Homofobia/ Transfobia. Condado de Orange, Discriminación, Don’t Say Gay, Educación, Equality Florida, Estados Unidos, Florida, HB 1557, Karine Jean-Pierre, LGTBIfobia, Mike Burke, Orlando, Palm Beach, Ron DeSantis, Visibilidad LGTBI

Karine Jean-Pierre . (Foto de NICHOLAS KAMM/AFP a través de Getty Images)

“Soy una mujer negra, soy gay, soy madre”

“Soy todo lo que Trump odia”, dijo Karine Jean-Pierre allá por 2018.

Joe Biden nombró a Karine Jean-Pierre como su próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca, convirtiéndola en la primera persona negra y abiertamente LGBTQ+ en ocupar el cargo.

Jean-Pierre asumirá el codiciado papel de Jen Psaki, quien debe dejar la Casa Blanca el 13 de mayo, dijo el presidente en un comunicado.

“Me enorgullece anunciar que Karine Jean-Pierre será la próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca”, dijo Joe Biden. “Karine no solo aporta la experiencia, el talento y la integridad necesarios para este difícil trabajo, sino que seguirá liderando la comunicación sobre el trabajo de la administración Biden-Harris en nombre del pueblo estadounidense. Jill y yo conocemos y respetamos a Karine desde hace mucho tiempo y ella será una voz fuerte que hable por mí y por esta administración”.

Jean-Pierre se ha desempeñado como subsecretario principal de prensa y asistente adjunto del presidente desde que Joe Biden asumió el cargo en 2021.

Antes de unirse a la Casa Blanca, Jean-Pierre trabajó en asuntos públicos para MoveOn.org y fue analista político para NBC y MSNBC.

Thank you ⁦@POTUS⁩ and @FLOTUS for this opportunity. It is a true honor. I look forward to serving this Administration and the American people. I have big shoes to fill. @PressSec has been a great friend, mentor and excellent press secretary. pic.twitter.com/1knmbe2Nxq

— Karine Jean-Pierre (@KJP46) May 5, 2022

Durante la administración Obama-Biden, Jean-Pierre se desempeñó como director político regional de la oficina de asuntos políticos de la Casa Blanca. También trabajó en las campañas electorales de Obama de 2008 y 2012.

Además de su experiencia política, Jean-Pierre trabajó como directora de campaña para la Iniciativa de Libertad Reproductiva de la ACLU.

La representación es importante y dará voz a muchos, pero también hará que muchos sueñen en grande sobre lo que es realmente posible.

Psaki elogió a Jean-Pierre en Twitter poco después de que se hiciera pública la noticia y escribió: “Será la primera mujer negra y la primera persona abiertamente LGBTQ+ en servir como secretaria de prensa de la Casa Blanca. La representación es importante y dará voz a muchos, pero también hará que muchos sueñen en grande sobre lo que es realmente posible”.

El nombramiento de Karine Jean-Pierre se produce en medio de ataques “sin precedentes” contra la comunidad LGBTQ+

La noticia del nombramiento de Jean-Pierre fue bien recibida por los grupos de defensa LGBTQ+.

El LGBTQ Victory Institute, una organización que trabaja para aumentar la cantidad de personas LGBTQ+ en el gobierno, dijo que el éxito de Jean-Pierre inspirará a los jóvenes.

“Karine es una servidora pública de toda la vida y una feroz defensora de LGBTQ”, dijo Annise Parker, presidenta y directora ejecutiva del LGBTQ Victory Institute,  en un comunicado. “Estamos orgullosos de haber abogado por su nominación histórica. Como secretaria de prensa de la Casa Blanca, no solo podrá usar su podio para representar a la Administración Biden, sino también a la comunidad LGBTQ durante una época de odio y ataques anti-LGBTQ sin precedentes. Como la primera persona LGBTQ y la primera persona negra en ocupar este cargo, su nombramiento inspirará a innumerables jóvenes que buscan esperanza y motivación durante un capítulo oscuro en la historia de nuestra nación”.

Parker elogió a Jean-Pierre por romper el “techo lavanda”, y dijo que solo lo había hecho a través de “valor, poder y compromiso. Confiamos en que seguirá siendo una fuerte aliada y socia mientras trabaja en el cargo más alto del país”.

La noticia también fue bien recibida por Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva de GLAAD.

“Karine Jean-Pierre es una comunicadora brillante y una persona de enorme inteligencia, humor y aplomo, habilidades que le serán muy útiles a ella y a nuestro país en su nuevo cargo. Hay pocos trabajos más visibles o importantes para nuestra democracia que compartir información con el cuerpo de prensa de la Casa Blanca y responder a sus preguntas. Toda nuestra comunidad espera ver a Karine cumplir con nuestra nación y representar a todas las personas LGBTQ con orgullo. Tener a una persona de color queer hablando del presidente de los Estados Unidos dice todo sobre el talento y el corazón de Karine, y reconoce que las personas LGBTQ pueden pertenecer, contribuir y tener éxito en cada lugar”. Agregó: “Toda nuestra comunidad espera ver a Karine cumplir con nuestra nación y representar a todas las personas LGBTQ con orgullo”.

Fuente Pink News

General, Historia LGTBI Casa Blanca, Estados Unidos, Jen Psaki, Joe Biden, Karine Jean-Pierre, Mujer

Karine Jean-Pierre ha hecho historia como la primera mujer abiertamente gay y la segunda mujer negra en realizar una rueda de prensa formal en la Casa Blanca.

Anteriormente se había dirigido a periodistas junto con la secretaria de prensa Jen Psaki, e incluso dirigió una reunión informativa informal de prensa en abril. Pero el miércoles (26 de mayo), Jean-Pierre hizo historia como la primera lesbiana y la segunda mujer negra en dirigir una rueda de prensa formal y completa en la Casa Blanca.

Jean-Pierre dijo que era un “verdadero honor” ser el anfitrión de la sesión informativa y que apreciaba la “naturaleza histórica” del momento. “Pero creo que, ya sabes, detrás, estar detrás de este podio, estar en esta sala, estar en este edificio no se trata de una sola persona”, dijo Jean-Pierre. “Se trata, ya sabes, de lo que hacemos en nombre del pueblo estadounidense”.

Karine Jean-Pierre luego reiteró que el presidente Joe Biden cree que “la representación importa” y le agradeció por “darme esta oportunidad”. Jean-Pierre agregó: “Y creo que es otra razón por la que creo que todos estamos orgullosos de que esta sea la administración más diversa de la historia”.

Han pasado tres décadas desde que una mujer negra dirigió una rueda de prensa en la Casa Blanca. Judy Smith, subsecretaria de prensa del presidente George HW Bush, fue la primera en hacerlo en 1991 e incluso fue la inspiración para el personaje de Olivia Pope en el programa de televisión Scandal.

Trailblazers 🔥: @JudySmith_ and @KJP46, the first and second Black women to lead a @WhiteHouse press briefing pic.twitter.com/kKDTgQupiW

— Khanya Brann (@khanyabrann46) May 26, 2021

Tras la sesión informativa de Karine Jean-Pierre, Khanya Brown, asistente especial del director de comunicaciones, tuiteó una foto de los dos “pioneros” juntos en la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también tuiteó sobre el momento histórico y llamó a Jean-Pierre su “socio de verdad“. Ella escribió que Jean-Pierre está “haciendo historia por derecho propio”.

Psaki añadió que, hacer “justicia real” a Jean-Pierre, significa “reconocer también su talento, su brillantez y su maravilloso espíritu”.

Today is a big day in the press office and @WhiteHouse. My partner in truth–@KJP46 is doing her first full briefing from the podium today making history in her own right. But doing her real justice means also recognizing her talent, her brilliance and her wonderful spirit.

— Jen Psaki (@PressSec) May 26, 2021

La rueda de prensa del miércoles podría haber sido una prueba para que Jean-Pierre finalmente asumiera el papel de Psaki. Axios informó que Psaki dijo recientemente que tiene la intención de dejar el puesto “en un año”. Añadió que cree que “será el momento de que alguien más tenga este trabajo“.

Karine Jean-Pierre sería una sucesora natural para el puesto, pero el presidente Biden tendrá la decisión final sobre quién obtendrá el puesto.

Fuente Pink News

General, Historia LGTBI EE.UU., Joe Biden, Karine Jean-Pierre, Visibilidad LGTBI