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Un congresista gay exige que una organización conservadora cristiana revele su papel en la ley anti-gay de Uganda

Viernes, 23 de febrero de 2024

IMG_2906Mark Pocan sospecha que una influyente organización cristiana está ayudando a aprobar la mortífera ley anti-LGBTQ+.

El representante Mark Pocan (D-WI)* escribió una carta a la Fellowship Foundation, una influyente organización cristiana anti-LGBTQ+, solicitando información sobre el apoyo del grupo a la Ley Anti-Homosexualidad (AHA) de Uganda, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo, un proyecto de ley contra la homosexualidad a principios de este año, que criminaliza a cualquier persona en el país que se identifique como LGBTQ+. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte.

La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. Desde la aprobación de la AHA, se han reportado al menos 180 casos de desalojos anti-LGBTQ+, más de 175 casos de “tortura, abuso y trato degradante” contra personas LGBTQ+, y más de 155 casos reportados de discriminación, abuso y otras violaciones de derechos humanos. Igualdad LGBTQ+, escribió Pocan.

En el Desayuno Nacional de Oración de Uganda en 2023, que la Fellowship Foundation ayudó a apoyar, incluso llevando en avión al representante Tim Walberg (R-IL) para hablar, los oradores llamaron a los defensores LGBTQI+ una fuerza desde el fondo del infierno, dijeron que destruirían ”las fuerzas de LGBTQ’ y habló en apoyo de la Ley Anti-Homosexualidad”, añadió Pocan.

En el desayuno, el representante Tim Walberg, ex vendedor de Biblias, congresista republicano pidió a los líderes de Uganda que “se mantengan firmes” en apoyo de la pena de muerte para personas LGBTQ y como respuesta a la presión internacional contra Uganda, y los esfuerzos de Estados Unidos por derogar la cruel ley, aunque Walberg dijo más tarde que su declaración no apoyaba la ley. Sin embargo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que asistió al desayuno, dijo más tarde que hay estadounidenses que “piensan como nosotros”, mostrando su disposición a señalar a los políticos anti-LGBTQ+ y su retórica para justificar el apoyo de Uganda a la ley, señaló Pocan.

Pocan dijo que las preocupaciones sobre el posible apoyo de la fundación a la ley causaron que el Desayuno Nacional de Oración de Estados Unidos del año pasado, organizado por la fundación, se dividiera en dos eventos.

Pocan ha pedido a la fundación que indique si apoya o se opone a la AHA. Si se opone a la ley, pregunta si la fundación se opondrá públicamente a ella y a otras leyes que criminalizan a las personas LGBTQ+. También ha pedido a la fundación que comparta información sobre las comunicaciones de la fundación con funcionarios del gobierno de Uganda con respecto a la ley y su apoyo financiero a otras organizaciones, individuos y “actividades de promoción” en Uganda. También ha pedido información adicional sobre los vínculos de la fundación con el Desayuno Nacional de Oración, tanto en Estados Unidos como en otros países.

Le dijo a la fundación que respondiera a sus preguntas antes del 28 de febrero, aunque su carta no explicaba qué acciones se tomarían si la fundación no respondía.

Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

* Mark Pocan es abiertamente gay. Se casó con Philip Frank en Toronto, Canadá, en 2006. Se convirtió en el primer parlamentario en obtener una identificación del Congreso para su cónyuge del mismo sexo.

Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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La criminalización de la diversidad sexual y de género en Uganda estigmatiza a la comunidad LGTBI y pone en riesgo la estrategia de control del VIH

Lunes, 19 de febrero de 2024

IMG_2863Recapitulando con más información:

Tras la promulgación de una de las leyes contra la diversidad sexual y de género más duras del mundo en primavera de 2023, la comunidad LGTBI de Uganda, se enfrenta a las difíciles consecuencias de la persecución de Estado. La legislación discriminatoria castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, condena «la promoción de la homosexualidad» con hasta 20 años de cárcel y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Esta situación pone en grave riesgo la estrategia de control del VIH en este país africano. Activistas, personas que viven con el VIH y otras en situación de riesgo ya están sufriendo los efectos de la represión LGTBIfóbica y de la sinrazón de la criminalización del colectivo.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la «Ley contra la Homosexualidad 2023». Solo tres meses después, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada», un «delito» que se castiga con la pena de muerte. Se le acusó de «relaciones sexuales ilegales con un hombre de 41 años» y está en prisión preventiva, aunque en su orden de detención no se especificaban los motivos por los que se considera «agravamiento» en su caso. La abogada del joven ha valorado que se trata de una «ley inconstitucional» en su conjunto. De hecho, distintas organizaciones a favor de los derechos humanos la recurrieron en diciembre.

Steven Kabuye, director ejecutivo del grupo de defensa Colored Voice Truth to LGBTQ, que ha sufrido amenazas de muerte desde marzo debido a su sexualidad, se grabó en el suelo, aferrándose a la vida, tras ser apuñalado repetidamente por asaltantes desconocidos en el exterior de su casa. Ahora está recibiendo atención fuera de Uganda. Pero Kabuye dice que la policía parecía más centrada en que era gay que en el ataque.

Violación de los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, «La Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad. Además, la Ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias».

Según recoge esta organización, además, esta ley «viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención, la reclusión o el exilio arbitrarios, y las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17».

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU describió la ley como una «violación de los derechos humanos». Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el proyecto de ley como «discriminatorio, probablemente el peor de este tipo en el mundo».

En una encuesta realizada en 2022 por Afrobarómetro, una red apartidista de investigación, se puso de manifiesto que el pueblo ugandés es muy tolerante con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerante con la diversidad sexual y de género. Cerca del 97% se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94% afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía. Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes anti LGTBI. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de «deshacerse de un vestigio de la dominación colonial». Sin embargo, la realidad ugandesa es que ley contra la sodomía de 1950 fue aprobada durante el dominio colonial de Reino Unido (recordemos que Uganda obtuvo la independencia de este país en 1962).

En grave riesgo la estrategia de control del VIH

A raíz de la legislación discriminatoria contra las personas LGTBI, las organizaciones que trabajan para controlar el VIH en Uganda se están viendo sometidas a innumerables problemas y desafíos, que ponen en riesgo incluso la continuidad de muchas de ellas. Es por ejemplo el caso de la Fundación Foaster para la Salud de Uganda (FFHCU): «Actualmente, la Fundación Foaster se enfrenta a la pérdida de su oficina y espacio de refugio, y estamos recaudando fondos urgentemente para ayudar a pagar su alquiler y asegurarnos de que los miembros de Foaster no pierdan su casa y seguridad». Mientras el director  de la fundación se encontraba en el hospital visitando a un compañero que había sido golpeado, el espacio del refugio fue allanado por la policía y 10 miembros fueron arrestados bajo cargos de homosexualidad.

Escalada de represión al colectivo LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda, como hemos visto, se ha deteriorado todavía más de lo que ya estaba los últimos años. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La durísima normativa vigente se remonta a 2016, cuando la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, perofinalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, ya vigente, recupera muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Con todo, conviene tener en cuenta que además del marco jurídico desfavorable, la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques discriminatorios arbitrarios. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre de 2019  recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo, como ha acabado ocurriendo.

La Ley contra la homosexualidad de 2023

En febrero de 2023, el Parlamento de Uganda autorizó la presentación de un proyecto de ley que pretendía actualizar la penalización de las relaciones homosexuales. En el memorándum de la presentación del proyecto, se establecía que su pretensión era:

prohibir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su «promoción o reconocimiento»,

reforzar las medidas para «hacer frente a las nuevas amenazas a la familia tradicional heterosexual»,

proteger a la cultura ugandesa de los activistas de los derechos sexuales que pretenden imponer sus valores de promiscuidad sexual, y

proteger a los niños y jóvenes vulnerables ante los abusos sexuales derivados de la homosexualidad y actos afines.

Es decir, como es habitual en este tipo de textos represores de la libertad sexual, se ligaba la homosexualidad a la pederastia o abuso de menores, se la declaraba como una amenaza a la familia tradicional e incluso se la consideraba como algo ajeno a la cultura africana.

El primer borrador presentado y llevado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya establecía penas de 10 años de prisión por el «delito de homosexualidad», en el que incurrían no solo quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, sino también quienes simplemente se declarasen «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino».  También castigaba con la pena de muerte los casos de «homosexualidad agravada», en los que se incluían las relaciones homosexuales de personas que conviven con el VIH.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, una mayoría de 30 miembros apoyó el proyecto de ley tal como se había presentado. Tan solo dos miembros disintieron. Expertos en derechos humanos y juristas de prestigio declararon que muchos de los artículos del proyecto eran inconstitucionales. Fue inútil, la mayoría de los miembros de la Comisión estimaron que «la prohibición de la homosexualidad está arraigada en las leyes de Uganda y en nuestras normas y valores culturales más preciados y compartidos». También afirmaron, a pesar de las pruebas en contra, que los medios de comunicación «se han visto inundados recientemente de noticias sobre sodomía y lesbianismo en las escuelas ugandesas» y que «la seducción y el reclutamiento de escolares para la homosexualidad han tomado forma en Uganda».

De esta manera, no solamente dieron su apoyo al proyecto de ley, sino que introdujeron enmiendas que lo endurecían. Mantener relaciones homosexuales se castigaría con la cadena perpetua y con 14 años de cárcel en el grado de tentativa. Aunque desaparecía la mención al VIH en el delito de «homosexualidad agravada», se incluyó el hecho de contraer una «enfermedad terminal» por una de las partes para castigarla con la pena de muerte. También se incluyó la pena de prisión de 10 años para quienes participasen en una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se modificaron las normas del Parlamento para poder apoyar el proyecto de ley sin demora. El 21 de marzo se votaron las dos últimas lecturas, por una mayoría de 387 votos a favor y tan solo 2 en contra.

La nueva norma fue remitida al presidente Yoweri Museveni para su promulgación. Sin embargo, aconsejado por los funcionarios del Ministerio de Justicia y por miembros de su propio partido, Museveni devolvió el texto al Parlamento para que introdujera modificaciones. El presidente requería que no se castigara el mero hecho de identificarse como una persona LGTBI ni tampoco el hecho de no denunciar los actos homosexuales. El Parlamento introdujo las enmiendas necesarias, aunque la no denuncia de los actos homosexuales siguió siendo castigada si una las personas implicadas era vulnerable. El texto final fue aprobado por 348 votos a favor y tan solo 1 en contra.

El 29 de mayo de 2023, el presidente Yoweri Museveni promulgó finalmente la Ley contra la homosexualidad. Destacamos a continuación los artículos que vulneran los derechos humanos de las personas LGTBI, dejando sin citar las penas establecidas para los delitos de violación o el abuso de menores:

  • Artículo 2. Delito de homosexualidad
    1. Una persona comete el delito de homosexualidad si realiza un acto sexual o permite que una persona de su mismo sexo realice un acto sexual con ella.
    2. Toda persona que cometa un delito de homosexualidad podrá ser condenada a cadena perpetua.
    3. Toda persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta diez años.
  • Artículo 3. Homosexualidad agravada
    1. Una persona que cometa el delito de homosexualidad en cualquiera de las circunstancias especificadas en el apartado (2), comete el delito de homosexualidad con agravantes y puede ser condenada a muerte.
    2. Las circunstancias a las que se hace referencia en el apartado (1) son cuando
      • la persona contra la que se comete el delito contrae una enfermedad terminal como resultado del acto sexual;
      • el delincuente es reincidente;
      • la persona contra la que se comete el delito es de edad avanzada;
    3. Una persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta catorce años.
  • Artículo 6. El consentimiento para cometer un acto sexual no constituye defensa
    • El consentimiento de una persona para cometer un acto sexual no constituirá una defensa frente a una acusación formulada en virtud de la presente Ley.
  • Artículo 10. Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
    1. Toda persona que
      • pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo;
      • presida, conduzca, presencie o dirija una ceremonia que pretenda ser un matrimonio entre personas del mismo sexo; o
      • asista o participe a sabiendas en la preparación de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, comete un delito y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años.
    2. En esta sección, «matrimonio» significa la unión, formal o informal, entre personas del mismo sexo.
  • Artículo 11. Promoción de la homosexualidad
    1. Toda persona que promueva la homosexualidad comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta veinte años.
    2. Una persona promueve la homosexualidad cuando
      • anima o persuade a otra persona a realizar un acto sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de la presente Ley;
      • a sabiendas anuncia, publica, imprime, emite, distribuye o hace que se anuncie, publique, imprima, emita o distribuya por cualquier medio, incluido el uso de un ordenador, sistema de información o internet, cualquier material que promueva o fomente la homosexualidad o la comisión de un delito tipificado en esta Ley;
      • proporcione apoyo financiero, ya sea en especie o en efectivo, para facilitar actividades que fomenten la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley;
      • a sabiendas alquile o subarriende, utilice o permita que otra persona utilice cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomenten la homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley; o
      • dirija una organización que promueva o fomente la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley.
    3. Cuando una persona jurídica cometa un delito tipificado en este artículo, el tribunal podrá
      • imponer una multa no superior a cincuenta mil puntos monetarios por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo;
      • suspender la licencia de la entidad por un período de diez años; o
      • cancelar la licencia concedida a la entidad.
  • Artículo 14. Obligación de denunciar actos de homosexualidad
    1. Toda persona que sepa o tenga sospechas razonables de que una persona ha cometido o tiene intención de cometer un delito de homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley, informará del asunto a la policía para que adopte las medidas oportunas.
    2. Una persona a la que el privilegio le impida realizar una denuncia en virtud del apartado (1) será inmune a cualquier acción derivada de la divulgación de la información sin que se haya obtenido o tenido previamente el consentimiento o la renuncia al privilegio.
    3. Una persona que haga una denuncia a la que se hace referencia en esta sección será tratada como denunciante de conformidad con la Ley de Protección de Denunciantes de 2010 y estará protegida contra la victimización.
    4. Esta sección no se aplicará a un abogado en virtud de la Ley de la Abogacía.

Como hemos señalado anteriormente, tan solo tres meses después de la promulgación de la ley, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada»,

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El activista LGBTQ+ Steven Kabuye que fue brutalmente apuñalado por culpa de la ley antigay de Uganda sigue siendo acosado por la policía.

Sábado, 10 de febrero de 2024
Comentarios desactivados en El activista LGBTQ+ Steven Kabuye que fue brutalmente apuñalado por culpa de la ley antigay de Uganda sigue siendo acosado por la policía.

IMG_2205La policía trató al activista como a un criminal y allanó su casa mientras aún se recuperaba en busca de pruebas que demostraran que era gay.

El resurgimiento de proyectos de ley anti-LGBTQ+ y leyes draconianas en África ha provocado una oleada de ataques homofóbicos en todo el continente, poniendo en peligro aún más a las personas LGBTQ+ cuyas vidas ya estaban en riesgo.

Estas leyes anti-LGBTQ+ no sólo criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo sino que también apuntan sistemáticamente a los activistas LGBTQ+. Steven Kabuye, un destacado activista ugandés por los derechos LGBTQ+, fue recientemente apuñalado y abandonado frente a su cas al tomarlo por muerto,  por dos hombres en una motocicleta que lo habían estado siguiendo durante varios días. Imágenes de video gráficas compartidas en X muestran a Kabuye retorciéndose de dolor, una laceración visible extendida a lo largo de su brazo y un cuchillo incrustado en su abdomen.

Kabuye, activista y editor de Coloured Voices Media Foundation-Truth to LGBTQ Uganda, fue emboscado cuando se dirigía al trabajo. Sus agresores, que llevaban casco, le apuntaron con el cuchillo, apuntando a su cuello, que él protege con su brazo derecho en el vídeo. Cuando intentó huir, los agresores lo persiguieron y lo apuñalaron en el estómago. Kabuye fue descubierto por los residentes y trasladado a un hospital cercano para una cirugía de emergencia.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, recientemente  promulgó en mayo de 2023, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo,  uno de los proyectos de ley contra los homosexuales más severos del mundo. La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados. En el siguiente tuit de X, un ugandés desconocido es acosado por una turba en un bar conocido como Happy Boys en Kampala. Se traduce así: “Museveni prohíbe a los homosexuales en Uganda. Mereces la muerte. Necesitas que te violen en grupo para que aprendas”. Esta es la vida cotidiana de un hombre gay de Uganda…

Esta ley ha provocado el rechazo de la comunidad internacional y la imposición de sanciones y restricciones por parte de Estados Unidos y otros países y organismos. Ante esto, Uganda acusa a EE.UU. de intentar imponer la ‘agenda LGBT’ con nuevas sanciones. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. El 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Uganda escuchó los argumentos de una demanda que impugna la ley.

Kabuye, que aún se está recuperando, reveló en X que ya ha sido acosado por la policía desde el ataque. Dijo que entraron a la fuerza a su casa en busca de lubricantes, banderas del arco iris o cualquier otro artículo incriminatorio que pudieran usar como evidencia para acusarlo bajo la Ley Anti-Homosexualidad. Dijo que cree que el intento fallido contra su vida fue un asesinato planeado.

El apuñalamiento de Kabuye se produjo días después de que se conociera que el congresista republicano estadounidense Tim Walberg defendió la ley anti-homosexualidad en un discurso que pronunció en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda, el pasado 8 de octubre. Según el medio The Young Turks, la Fundación Fellowship, que organiza el Desayuno Nacional de Oración en Washington D.C., pagó el viaje de Walberg a Uganda. El artículo también señala que Museveni estuvo entre los asistentes al evento. La oficina de Walberg no ha respondido a la solicitud de comentarios del Washington Blade.

Un incidente similar ocurrió en 2011 en la trágica historia de David Kato, un maestro ugandés y activista por los derechos LGBTQ+. Kato, considerado el padre del movimiento por los derechos de los homosexuales en Uganda, fue asesinado a sangre fría después de obtener una victoria judicial sobre un tabloide que pedía que se matara a los homosexuales.

Kabuye continuó revelando que después de que se le negó la entrada a su casa, la policía arrestó a su compañero de piso, lo torturó y amenazó con exámenes anales forzados en un intento de obligarlo a confesar que él y Steven eran amantes, y al mismo tiempo le pidió que detuviera a la comunidad internacional de ejercer presión sobre ellos o sería acusado falsamente de intento de asesinato.

Kabuye escribió en X: “Cuando vinieron a pedirme una declaración, seguían haciéndome preguntas como: ‘¿Quién te patrocina? ¿Cómo y cuándo te volviste gay? ¿Alguna vez has tenido alguna actividad sexual con algún hombre? Preguntas no relacionadas con el caso que nos ocupa. Simplemente no querían aceptar que fuera un crimen de odio o un intento de homicidio/asesinato”.

Otro activista LGBTQ+, Ronald Agaba, que ha estado hablando y exigiendo justicia para Kabuye, dijo que la policía de Uganda está tratando de encubrir el crimen y está ocupada culpando a la víctima. Continuó publicando capturas de pantalla de las amenazas de muerte que ha estado recibiendo desde que habló.

“La policía no te ayudará. Uganda no es para homosexuales”, dijo un usuario de X.

Mira a este gay, corre por tu vida en Uganda porque estamos matando a los llamados LGBTQ”, añadió otro.

Otras víctimas en todo el país incluyen a Arianna, una mujer transgénero que fue acusada falsamente en un video viral de TikTok de obligar a hombres jóvenes a tomar hormonas. Un día, cuando llegó a casa después de hacer compras, se encontró con una multitud enfurecida reunida frente a la puerta de su casa. “Cuando me vieron, empezaron a agarrarme y a gritar que tenía que morir”, dijo a The Guardian. “Lo único que recuerdo después fue despertarme en un hospital”.

La nueva ley también castiga a activistas con 20 años de prisión por promover la homosexualidad, lo que lleva a una represión contra las organizaciones de derechos humanos y a la criminalización de cualquier defensa LGBTQ+. Un diputado de Uganda, el Excmo. Cecilia Ogwal, que fue una de los 387 miembros del Parlamento de Uganda que apoyaron la Ley contra la Homosexualidad, llamó a los defensores LGBTQ+ “una fuerza del fondo del infierno” e instó a los ugandeses a “destruir” estas fuerzas LGBTQ+.

Jane, una activista ugandesa de 24 años, dijo Nación LGBTQ Teme por su vida y ha estado escondida. “Últimamente he estado recibiendo amenazas de muerte en línea. Una persona prometió cazarme, violarme y cortarme el cuello”, dijo. “Lo desalentador de esto es que ni siquiera puedo denunciarlo a la policía. Incluso la policía es la que nos aterroriza y fomenta este comportamiento”.

Los activistas y activistas LGBTQ+ en África no han ocultado su postura y lo que sienten acerca de la nueva ley. Se presentó una petición ante el Tribunal Constitucional para impugnarla, pero no se sabe si habrá un resultado positivo. Las audiencias judiciales comenzaron el mes pasado, pero aún no se ha emitido ningún fallo.

Entre las personas que presentaron la petición se encontraban los dos únicos parlamentarios que votaron en contra del proyecto de ley, Fox Odoi-Oywelowo y Paul Kwizera Bucyana, así como los destacados activistas de derechos humanos Pepe Onziema y Frank Mugisha. El Foro de Promoción y Concienciación sobre los Derechos Humanos de Uganda y una serie de grupos internacionales presentaron peticiones adicionales.

La activista Jackline Kemigisa escribió en OpenDemocracy que se unió a la petición “porque el delito vagamente definido por la ley de ‘promoción de la homosexualidad’” pone en peligro su “trabajo y libertad como periodista e investigadora que cubre los movimientos queer y feministas en Uganda. Si mi trabajo, en el que escribo sobre comunidades minoritarias con equidad y dignidad, fuera considerado ‘promoción de la homosexualidad’ según la Sección 11 de la nueva ley, me enfrentaría a hasta 20 años de prisión”, dijo.

Otra activista ugandesa, Kira, explicó cómo la nueva ley ha cambiado su vida. “Uganda siempre ha sido homofóbica”, dijo a LGBTQNation, pero desde que se firmó este nuevo proyecto de ley las cosas han cambiado. Antes de la nueva ley, lo peor que te podía pasar en público era que te abuchearan, ya que la gente rara vez te ataca sin provocación. Pero la nueva ley los ha envalentonado. Ahora nos atacan públicamente basándose en la percepción, algunos de ellos incluso llegan a acecharnos y tendernos emboscadas en nuestras casas. Al ser una mujer que se presenta masculina, tengo miedo de salir en público estos días porque no ser lo suficientemente tradicionalmente femenina podría hacer que me maten. Casi perdemos a un amigo el mes pasado después de que una turba lo golpeara en el mercado por sus gestos femeninos”.

Según Reuters, el Tribunal Constitucional de Uganda comenzó a escuchar una impugnación el 18 de diciembre que dice que la ley viola derechos constitucionalmente protegidos. Un panel de cinco jueces dijo a los peticionarios que serían notificados cuando se llegara a un fallo.

Para ser honesto, no tengo ninguna fe en que nuestro poder judicial o que todo este caso tenga un resultado positivo”, dijo John Mukasa, un activista por los derechos de los homosexuales y funcionario médico que vive en Uganda. Nación LGBTQ. “La homosexualidad es un tema muy controvertido en África y la homofobia ha calado profundamente en nuestra sociedad. Nuestros políticos están explotando este odio para su propio beneficio disfrazado de proteger las culturas africanas y continuarían haciéndolo sin importar el costo. Uganda tiene una infinidad de problemas, desde la inseguridad hasta la pobreza multidimensional y el hambre; estas leyes contrarias simplemente se utilizan para distraer a la gente de los problemas que realmente importan”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

IMG_2075Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

IMG_2769IMG_2768En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

***

Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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El presidente de Burundi quiere arrestar a homosexuales y matarlos a pedradas en un estadio

Sábado, 13 de enero de 2024
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Eso es lo que se merecen”, dijo a los periodistas en la empobrecida nación de África Oriental.

El presidente de Burundi alient la violencia homófoba. Évariste Ndayishimiye, en una intervención televisada, hizo a finales de año un llamamiento a la lapidación de las personas LGTBI, en una nueva escalada de la retórica de odio homófobo. Las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas desde 2009 en el país africano, y la situación de la comunidad LGTBI no ha hecho más que empeorar desde entonces. Un reciente informe de Amnistía Internacional denuncia el «entorno hostil» en el que tienen que desarrollar sus vidas.

El presidente de Burundi se unió el viernes al coro de sentimientos anti-LGBTQ+ entre los líderes del África subsahariana al pedir la persecución de los homosexuales en sus países. “Si queréis atraer una maldición al país, aceptad la homosexualidad”, dijo a los periodistas el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, según Reuters.

En un evento en la pequeña nación sin salida al mar al sur de Uganda en la provincia oriental de Cankuzo del país, donde respondió preguntas de periodistas y del público, Ndayishimiye comentó que los homosexuales en su país deberían ser detenidos y llevados a un estadio donde serían apedreados.  La diatriba homófoba se retransmitió por radio y televisión. Ante una pregunta sobre las parejas del mismo sexo, Ndayishimiye tachó la existencia de estas como una «práctica abominable». «Os digo la verdad», prosiguió, «si queréis traer la maldición a un país, hay que dejar casarse a las personas del mismo sexo», apelando a continuación a la leyenda bíblica de Sodoma y Gomorra. «Personalmente, pienso que si se ven ese tipo de individuos en Burundi, habría que ponerlos en un estadio y lapidarlos con piedras. ¡Y eso no sería un pecado para los que lo hicieran!», sentenció Ndayishimiye durante el evento: “Eso es lo que se merecen”, añadió.

Si bien los comentarios del presidente no tienen fuerza de ley, son una indicación de las crecientes actitudes anti-LGBTQ+ entre funcionarios gubernamentales y ciudadanos públicos que se han ido extendiendo en general por toda la región.

La presidencia de Ndayishimiye, que lleva en el poder desde 2020, se ha caracterizado en materia de derechos por la virulencia contra las personas LGTBI. En su discurso de inauguración calificó el matrimonio entre personas del mismo sexo como una «desviación social» y poco después sugirió que los países más afectados por la pandemia de la covid-19 eran los que apoyaban a la comunidad LGTBI. A comienzos del año pasado, hizo un llamamiento a «echar una maldición a las personas que se entregan a la homosexualidad» porque «Dios no puede soportarlo» y «Dios nunca tuvo la intención de [permitir los] matrimonios del mismo sexo».

Burundi, pequeño país africano densamente poblado de mayoría católica (el propio Ndayishimiye es descrito como un «católico ferviente»), sufre desde hace años una preocupante deriva hacia la violencia y la estigmatización de las personas LGTBI. Las relaciones entre personas del mismo sexo, tanto hombres como mujeres, están penadas desde 2009 con multas y hasta dos años de cárcel. Desde entonces se han documentado numerosos casos de arrestos y hostigamiento, que con frecuencia incluyen extorsiones por parte de la policía para conseguir sobornos de sus víctimas. En 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la detención de dos menores de edad por subir a Facebook un vídeo en el que aparecían bailando juntos.

Amnistía Internacional ha publicado recientemente un informe, con el contundente título de Nos enfrentamos a la extinción, en el que analiza la situación de la comunidad LGTBI en doce países africanos. Entre ellos Burundi, sobre el que alerta del clima de hostigamiento creciente y los arrestos arbitrarios. «El marco legal ha creado un entorno hostil para las personas LGTBI en el país, dejándolas vulnerables a la discriminación, el acoso y la persecución», reza el informe, que añade que «los comentarios incendiarios del presidente Ndayishimiye solo han servido para marginalizar y estigmatizar más aún a las personas LGTBI en Burundi».

Al igual que los líderes de las vecinas Uganda y Kenia, Ndayishimiye acusó a las naciones occidentales de imponer los derechos de los homosexuales en África a cambio de ayuda. “Que se lo queden”, dijo.

Los comentarios de Ndayishimiye se producen  tras la aprobación en Uganda de la segunda “Matar a los gaysen marzo, firmada con entusiasmo por el presidente de ese país, Yoweri Museveni, en mayo del año pasado. La ley, oficialmente titulada Ley contra la Homosexualidad, establece la pena de muerte para la “homosexualidad agravada, definida como actos entre personas del mismo sexo realizados por cualquier persona infectada con VIH o cualquier acto entre personas del mismo sexo que involucre a niños, discapacitados o una víctima coaccionada.

Quienes “promuevan” la homosexualidad en Uganda por cualquier medio, como proporcionar servicios o alquilar espacios a personas u organizaciones homosexuales conocidas, están sujetos a multas y penas de prisión.

Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Actualmente la ley está siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional del país.

 Tras la firma de Museveni, Estados Unidos anunció restricciones de visas y la expulsión de Uganda de un pacto comercial liderado por Estados Unidos por las “graves violaciones” de los derechos humanos y otros requisitos de elegibilidad del país.

El año pasado, los legisladores de Kenia, introdujeron una copia de la ley “Matar a los gays” que se abrió camino en el parlamento. La ley propuesta incluye la “expulsión de refugiados y solicitantes de asilo que violen la ley” y exigiría “psicoterapia y rehabilitación de delincuentes”, planteando la perspectiva de campos de reeducación y terapias de conversión forzada para personas queer.

La presentación del Proyecto de Ley de Protección Familiar de Kenia se produjo tras una cumbre de legisladores activistas anti-LGBTQ+ en Uganda en marzo organizada por Family Watch International, una organización con sede en Arizona comprometida con la difusión de la ideología anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. El grupo jugó un papel decisivo en la elaboración del proyecto de ley Kill the Gays original de Uganda en 2009.

A raíz de Uganda y Kenia, la legislación y los procesamientos anti-LGBTQ+ se han extendido a otras naciones africanas, incluidas Ghana, Zambia y Tanzania, donde las autoridades han prometido procesar a cualquiera que sea sorprendido compartiendo contenido LGBTQ+ en línea

Fuente LGBTQNation/Tetû

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Activista LGBTQ+ de Uganda en estado crítico tras ser apuñalado en brutal ataque homófobo.

Viernes, 5 de enero de 2024
Comentarios desactivados en Activista LGBTQ+ de Uganda en estado crítico tras ser apuñalado en brutal ataque homófobo.

IMG_2205Un activista LGTBI ugandés, al borde de la muerte tras ser apuñalado por dos desconocidos después de que un político estadounidense respaldara la ley que criminaliza la homosexualidad en su país

Un destacado activista LGTBI ugandés fue apuñalado el miércoles por dos desconocidos que iban en una motocicleta. Steven Kabuye, co-director ejecutivo de Coloured Voice Truth to LGBTQ Uganda, una organización que defiende los derechos de las personas LGTBI en el país africano, sufrió una profunda herida en el antebrazo derecho y otra en el estómago, donde quedó clavado el cuchillo.

Un vídeo publicado en la cuenta de X de Kabuye muestra al activista en el suelo retorciéndose de dolor mientras pide ayuda. Hans Senfuma, oficial de defensa de Coloured Voice Truth to LGBTQ Uganda, escribió en X que el ataque tuvo lugar cerca de la casa de Kabuye cuando se dirigía a trabajar, alrededor de las 8 de la mañana. “Steven dice que la intención de estos dos tipos era matarlo, no robarlo, y que cree que lo han estado siguiendo durante varios días”, escribió Senfuma.

Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, otra organización LGTBI, condenó el ataque y expresó su solidaridad con Kabuye. “Esta mañana, un activista de la comunidad LGTBI de Uganda fue brutalmente atacado con un cuchillo. [Kabuye] está actualmente recibiendo tratamiento quirúrgico, estamos con el activista y esperamos una pronta recuperación. El odio y los crímenes de odio no tienen cabida en Uganda. Instamos a la policía a que realice una exhaustiva investigación”, dijo Mugisha.

En declaraciones a Reuters, Mugisha citó la ley antigay de Uganda por perjudicar la violencia. “El profundo odio hacia las minorías sexuales que desató la ley creó una atmósfera en la que se producen este tipo de ataques”, afirmó.

Senfuma también publicó en su cuenta de X fotos de Kabuye en lo que parece ser una habitación de hospital, con el brazo vendado y una sábana ensangrentada. Senfuma informó de que Kabuye había salido de la cirugía y que se encontraba en estado crítico, según Reuters.

El ataque se produce menos de siete meses después de que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmara la ley anti-homosexualidad de su país, que contempla la pena de muerte para los casos de “homosexualidad agravada”. La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo, un proyecto de ley contra la homosexualidad a principios de este año, que criminaliza a cualquier persona en el país que se identifique como LGBTQ+. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte.

La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. En el siguiente tuit de X, un ugandés desconocido es acosado por una turba en un bar conocido como Happy Boys en Kampala. Se traduce así: “Museveni prohíbe a los homosexuales en Uganda. Mereces la muerte. Necesitas que te violen en grupo para que aprendas”. Esta es la vida cotidiana de un hombre gay de Uganda.

Arthur Kayima, un activista ugandés de derechos humanos queer, condenó la legislación como “vil” y “mortal”, diciendo que no hará nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses. “En lugar de centrarse en los problemas reales que enfrenta Uganda (pobreza, infraestructura deficiente, economía, violencia doméstica), Museveni causa distracción al atacar nuestro derecho fundamental a existir”, añadió.

Esta ley ha provocado el rechazo de la comunidad internacional y la imposición de sanciones y restricciones por parte de Estados Unidos y otros países y organismos. Ante esto, Uganda acusa a EE.UU. de intentar imponer la ‘agenda LGBT’ con nuevas sanciones. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. El 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Uganda escuchó los argumentos de una demanda que impugna la ley.

El apuñalamiento de Kabuye se produjo días después de que se conociera que el congresista republicano estadounidense Tim Walberg defendió la ley anti-homosexualidad en un discurso que pronunció en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda, el pasado 8 de octubre. Según el medio The Young Turks, la Fundación Fellowship, que organiza el Desayuno Nacional de Oración en Washington D.C., pagó el viaje de Walberg a Uganda. El artículo también señala que Museveni estuvo entre los asistentes al evento. La oficina de Walberg no ha respondido a la solicitud de comentarios del Washington Blade.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

IMG_2075Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

Uganda-gay-person-burned-aliveEn 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente Agencias/PinkNews/Cristianos Gays

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Congresista republicano pide a los líderes de Uganda que “se mantengan firmes” en apoyo de la pena de muerte para personas LGBTQ

Jueves, 4 de enero de 2024
Comentarios desactivados en Congresista republicano pide a los líderes de Uganda que “se mantengan firmes” en apoyo de la pena de muerte para personas LGBTQ

IMG_2128El representante Tim Walberg, ex vendedor de Biblias, alentó a los líderes ugandeses a resistir los esfuerzos de Estados Unidos por derogar la cruel ley.

De vez en cuando, la derecha en Estados Unidos no puede evitar mirar con nostalgia a los países donde la represión de LGBTQ es una cuestión de ley. Pero el representante Tim Walberg, republicano de Michigan, fue un paso más allá. De hecho, viajó a Uganda para reunirse con líderes de allí e instarlos a “mantenerse firmes en apoyo de su draconiana ley anti-LGBTQ, que incluye la pena de muerte para los homosexuales. La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

La ley es tan horrible que incluso el senador Ted Cruz la ha condenado.

Walberg hizo el viaje en octubre pasado, pero pasó desapercibido hasta que Salon lo reveló esta semana. Walberg fue el orador principal en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quien promulgó la Ley contra la Homosexualidad en mayo, estuvo entre los presentes en el discurso de Walberg. Museveni dijo que la presencia de Walberg demostraba que sí. Museveni dijo más tarde que el discurso de Walberg demostraba que algunos estadounidenses “piensan como nosotros”.

En el discurso, Walberg llamó a los líderes de Uganda a desafiar los esfuerzos para obligar a la nación africana a revocar la cruel ley, que castiga la “homosexualidad agravada” con la pena de muerte”. Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.

Estados Unidos sacó a Uganda de un pacto comercial y emitió sanciones de visa contra algunos funcionarios ugandeses. El Banco Mundial ha suspendido todos los préstamos a Uganda en respuesta a la medida, porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

“Aunque el resto del mundo los está presionando, aunque hay otros países importantes que están tratando de entrar en ustedes y, en última instancia, cambiarlos, manténganse firmes. Manténganse firmes”, aconsejó Walberg a los asistentes.

Walberg citó la Biblia como justificación de una ley para matar personas. “El pensamiento del mundo es inútil”, dijo Walberg. “Inútil, por ejemplo, es la idea del Banco Mundial, o de la Organización Mundial de la Salud, o de las Naciones Unidas, o, lamentablemente, de algunos miembros de nuestra administración en Estados Unidos que dicen: ‘Están equivocados al defender valores que Dios creó,’ por decir que hay hombre y mujer y Dios los creó’”.

“¿De qué lado queremos estar?” Walberg continuó. “Del lado de Dios. Ni el Banco Mundial, ni necesariamente los Estados Unidos de América, ni la ONU del lado de Dios”.

Walberg se alineó explícitamente con Museveni y los legisladores ugandeses que aprobaron abrumadoramente el proyecto de ley “Matar a los gays”. Refiriéndose al presidente de Uganda, Walberg dijo: “Él sabe que tiene un Parlamento y… incluso congresistas como yo, que dirían: ‘Estamos con ustedes’”.

Walberg, ex vendedor de Biblias, siempre ha sido un conservador religioso estándar en el Congreso. HRC lo designó miembro de su Salón de la Vergüenza en 2014. Este año fue el autor de una disposición que llamó Ley de Derechos de los Padres sobre la Educación y el Cuidado de sus Hijos (PROTECT), parte de un proyecto de ley republicano más amplio que no llegó a ninguna parte. Según la disposición de Walberg, las escuelas deberían obtener el consentimiento de los padres antes de cambiar los pronombres o nombres preferidos de un estudiante.

Su viaje a Uganda fue patrocinado por el Desayuno Nacional de Oración de Estados Unidos, un antiguo grupo bipartidista que recientemente ha dado un giro de extrema derecha. La nueva líder del grupo es Caroline Aderholt, ex líder de Concerned Women of America, un grupo anti-LGBTQ desde hace mucho tiempo. El marido de Aderholt es el representante Robert Aderholt, un republicano de Alabama que una vez intentó impedir que las agencias de adopción permitieran la adopción a personas homosexuales.

Si bien Walberg ha recibido críticas por sus comentarios, no espere que sus compañeros republicanos lo condenen. En todo caso, Walberg está diciendo lo que al menos algunos otros tipos nacionalistas cristianos en las filas también están pensando. Es sólo otro recordatorio de que cuando se trata del Partido Republicano de hoy, nada se considera completamente fuera de lo normal, incluso matar a personas LGBTQ.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

IMG_2075Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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Un hombre gay será deportado a Uganda después de que le rechazaran el estatus de refugiado: “Me he quedado sin opciones”

Jueves, 4 de enero de 2024
Comentarios desactivados en Un hombre gay será deportado a Uganda después de que le rechazaran el estatus de refugiado: “Me he quedado sin opciones”

IMG_1890El hombre de 25 años, que llegó a Canadá en 2018 como estudiante internacional y desde entonces trabajó en Edmonton, Alberta, como enfermero, se quedó sin opciones este año cuando su visa de trabajo expiró y su solicitud de estatus de refugiado fue rechazada. .

Uganda se ha convertido este año en uno de los países más peligrosos para las personas LGBTQ+, con la introducción de su dura Ley Antihomosexualidad. La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

La Ley exige la pena de muerte para determinadas actividades entre personas del mismo sexo y ha provocado un torrente de abusos contra las personas LGBTQ+ en el país, tanto por parte de ciudadanos como de la policía.

A pesar del peligro inherente que le espera en casa, al hombre, que permaneció en el anonimato cuando habló con Global News de Canadá para proteger su identidad, se le rechazó su solicitud de asilo y todas las apelaciones posteriores.

El hombre, identificado por el medio como “Sue”, explicó que su solicitud de asilo fue rechazada porque no pudieron demostrar su orientación sexual. “No sé cómo demostrar… ¿Cómo se supone que voy a demostrar que soy un hombre gay? Te acabo de decir que soy un hombre gay”, dijo.

 El abogado Michael Battista, quien también habló con la publicación, dijo que Sue había hecho todo lo posible para verificar su identidad sexual, proporcionando evidencia de su participación en la comunidad LGBTQ+ en Edmonton y una declaración jurada de un conocido activista LGBTQ+ de Uganda para verificar que el es gay. Pero hasta ahora, esto no ha hecho ninguna diferencia en el caso de Sue.

No tengo adónde ir”, dijo Sue. “Estoy varado e incluso el lugar que pensé que me consolaría me está obligando a salir. Es difícil explicar el sentimiento, pero ahora mismo siento que no tengo adónde ir”.

Sue admitió que había supuesto que en Canadá estaría “cómodo” y “bien como estoy”. Continuó: “El hecho de que tenga que demostrar mi sexualidad más allá de toda duda razonable me resulta bastante ridículo. Todo esto es un horror. Siento que estoy en una pesadilla y tengo muchas ganas de despertar, pero no puedo. Sólo estoy rezando y esperando que el gobierno pueda intervenir”.

Si nada cambia, Sue, que comenzó su proceso de solicitud en abril de 2022, será deportada el martes (19 de diciembre).

Battista señaló que no podía entender por qué Canadá no había impuesto una moratoria a la deportación, lo que, según dijo, se podría hacer para las personas que regresarían a comunidades donde estarían en peligro. “Dado el deterioro de la situación de los derechos humanos en (Uganda), creo que sería una muy buena medida política por parte del gobierno de Canadá”, dijo.

Mientras espera en el limbo los próximos días, a Sue le resulta difícil no pensar en lo que le espera en Uganda. “Toda mi familia me abandonó, así que aunque llegue al aeropuerto, no sé dónde me quedaré. No sé adónde voy a ir. Me he quedado sin opciones. Existe una posibilidad muy alta de que me arresten y me torturan, sólo por identificarme como un hombre gay. Es realmente algo muy, muy desalentador que un ser humano pueda tratar a alguien con dureza”.

Sue también le escribió al parlamentario de Alberta, Randy Boissoneault, sobre su caso, cuya oficina le dijo a Global News que estaban al tanto de su situación y estaban trabajando con funcionarios de inmigración.

Mientras tanto, un portavoz de la CBSA (Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá) dijo al medio que “la decisión de expulsar a alguien de Canadá no se toma a la ligera” y “todas las personas sujetas a expulsión tienen acceso al debido proceso y a la equidad procesal”. Su declaración decía: “Canadá está monitoreando la situación en Uganda y sigue comprometido a ofrecer protección de refugiados a quienes la necesitan, incluidas las personas que han sido perseguidas por su orientación sexual, expresión de género, identidad de género y características sexuales”.

El proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda ha provocado una enorme protesta por parte de grupos de derechos humanos y LGBTQ+ de todo el mundo, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda en respuesta a la aprobación de la ley. La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

Aún así, el país ha insistido en que no cederá y ha acusado a Estados Unidos de impulsar “la agenda LGBT en África”.

Fuene PinkNews

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Derechos LGBTQ+ en África 2023: avances y retrocesos

Sábado, 30 de diciembre de 2023
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By Muhammed Akinyemi

LAGOS, Dec 12 (Openly) –

En toda África, mientras que los veredictos judiciales garantizaron los derechos de las personas LGBTQIA+ en Kenia y Namibia, países como Uganda y Ghana redobló su apuesta por la legislación anti-LGBTQIA+.

El año comenzó con 32 de 54 países africanos criminalizando a las personas LGBTQIA+, según el grupo de derechos humanos Human Dignity Trust. De cara a 2024, ese número se reducirá a 31.

Aquí están las actualizaciones importantes de 2023.

Mauricio: El tribunal más alto del país insular despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo, derogando una ley de la época colonial que se remonta a 1898.

Kenia: En febrero, la Corte Suprema del país de África oriental afirmó el derecho de los grupos de defensa LGBTQIA+ a registrarse como ONG.

Tras el fallo, el parlamentario de la oposición Peter Kaluma presentó un proyecto de ley al parlamento en mayo que de hecho anularía la decisión de la Corte Suprema al limitar los derechos de reunión, expresión y manifestación de las personas LGBTQIA+. El proyecto de ley aún se encuentra en el parlamento y aún no ha sido aprobado.

Namibia: El Tribunal Supremo reconoció los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados fuera del país del sur de África. En octubre, el Tribunal Supremo de Namibia escuchó los argumentos en un caso que cuestionaba la constitucionalidad de las leyes que prohíben la sodomía y delitos conexos. El tribunal dictará sentencia en mayo de 2024.

Uganda: El presidente Yoweri Museveni promulgó en mayo una de las leyes anti-LGBTQIA más estrictas del mundo, que incluye la pena de muerte por “homosexualidad agravada”. La ley permite cadena perpetua para ciertos delitos que involucran relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, sentencias de 20 años por “promoción de la homosexualidad” y hasta 10 años por intentar cometer actos entre personas del mismo sexo.

Ghana: La nación de África occidental está preparada para seguir a Uganda en la promulgación de una estricta legislación anti-LGBTQIA+ después de que su Corte Suprema rechazara una apelación para impedir que la legislatura aprobara el proyecto de ley. La posible legislación, introducida por primera vez en 2021, penalizará las relaciones entre personas del mismo sexo y la transición de género, mientras que la defensa de los derechos LGBTQIA+ podría dar lugar a una sentencia de hasta 10 años de prisión.

Nigeria: El país más poblado de África sufrió dos arrestos masivos en tres meses, en los que un total de 145 personas fueron detenidas por asistir a lo que las autoridades dijeron que eran bodas gay.

Túnez: En enero, un tribunal de apelaciones desestimó el prolongado procesamiento de un activista por los derechos de los homosexuales, conocido como Daniel, y dictaminó que el caso era inadmisible debido a irregularidades procesales. Túnez conserva una legislación anti-LGBTQIA+ que sigue utilizándose contra personas y activistas LGBTQIA+ en el país.

Información de Muhammed Akinyemi.

 

Esta historia es parte de una serie apoyada por el programa Free To Be Me de VIHOS.
Historias relacionadas:

The colonial legacy of anti-LGBTQ+ laws in Africa-El legado colonial de las leyes anti-LGBTQ+ en África

For LGBTQ+ Nigerians, visiting the doctor can be traumatic-Para los nigerianos LGBTQ+, visitar al médico puede ser traumático

Ruling by Kenya’s Supreme Court buoys LGBTQ+ community-Fallo de la Corte Suprema de Kenia anima a la comunidad LGBTQ+

(Reporte de Muhammed Akinyemi; Editado por Sadiya Ansari y Jon Hemming. La Fundación Thomson Reuters es el brazo caritativo de Thomson Reuters. Visite https://www.openlynews.com/)

Openly es una iniciativa de la Fundación Thomson Reuters dedicada a la cobertura imparcial de cuestiones LGBT+ de todo el mundo.
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Mujeres, racializadas, migrantes o refugiadas y trabajadoras del sexo: el perfil de las víctimas del odio tránsfobo en el mundo

Sábado, 30 de diciembre de 2023
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IMG_2049De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas. Es una cifra similar a la registrada entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, periodo durante el cual se tuvo constancia de 327 personas trans asesinadas. Ambas cifras son moderamente menores a la registrada entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, la más alta desde que se dispone de este registro (375 asesinatos).

Brasil vuelve a ser, como en años anteriores, el país con más asesinatos registrados: 100. Le sigue México, con 52; Estados Unidos, con 31, y Colombia, con 21. Por detrás se sitúan Ecuador, con 19; India y Perú, con 11 cada uno; Argentina y Filipinas, con 8 cada uno; Pakistán, con 7; Bangladés y Guatemala, con 5 cada uno; Chile, Honduras, Indonesia, Italia, Nicaragua, Turquía y Venezuela, con 3 cada uno; Azerbaiyán, Canadá, Cuba, España, Puerto Rico y Uruguay, con 2 cada uno, y finalmente Armenia, Bélgica, Eslovaquia, Grecia, Irak, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, Serbia y Uganda con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2023 se tiene constancia de 4.690 asesinatos de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Brasil (con 1.841 víctimas), México (con 701) y Estados Unidos (con 406) son los tres países que encabezan el registro.

La transfobia, entrelazada con el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el machismo

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el mahcismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023:

  • El 94% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
  • En un 80% de los casos registrados globalmente las víctimas eran personas de color o racializadas (cifra que supone un alza del 15% respecto al periodo inmediatamente anterior).
  • El 45% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes o refugiadas.
  • El 48% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo. Si se considera solo el continente europeo, esta cifra asciende al 78%.

 

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(Pincha en la imagen para ampliarla)


Dos nuevos asesinatos de personas trans en España

España vuelve a aparecer un año más en la lista, con dos asesinatos. El primero de ellos, el de una mujer cuyo cadáver fue encontrado en diciembre de 2022 en la ría del Nervión. Su nombre no ha trascendido. «El cadáver hallado en la ría junto al Puente Colgante de Bilbao que une Portugalete y Getxo el pasado sábado era el de una mujer trans blanca de 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado. Tenía dos pesas de levantamiento de pesas atadas a su cintura y la autopsia determinó que había muerto asfixiada antes de ser arrojada al estuario», registra el informe de Transgender Europe. El segundo, en febrero de 2023, el de Sandra, una mujer de 60 años que «murió tras ser apuñalada en el cuello por su pareja maltratadora en su casa de la zona de Sant Martí de Barcelona. La policía lo arrestó en el lugar».

Nuestro país, de hecho, acumula 16 víctimas en el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Además de los dos ya mencionados, los nombres más recientes incluidos en este listado son los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, y que apareció en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el informe de 2020.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

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Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2023 y los datos expuestos aquí

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

Fuente Dosmanzanas

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Uganda acusa a EE.UU. de intentar imponer la ‘agenda LGBT’ con nuevas sanciones

Jueves, 28 de diciembre de 2023
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IMG_1890Uganda condenó a Estados Unidos y los acusó de intentar impulsar una “agenda LGBT” en África después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra funcionarios ugandeses.

Estados Unidos confirmó el lunes (4 de diciembre) que aplicaría restricciones de visa a los funcionarios ugandeses que considera responsables de reprimir a varios grupos marginados, incluida la comunidad LGBTQ+ con la controvertida ley anti-LGBTQ+ introducida este año.

La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo, un proyecto de ley contra la homosexualidad a principios de este año, que criminaliza a cualquier persona en el país que se identifique como LGBTQ+. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte.

La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.

Al anunciar las restricciones de visas el lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo: “Hoy anuncio la ampliación de la política de restricción de visas para incluir a funcionarios ugandeses actuales o anteriores u otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar el proceso democrático en Uganda o para políticas o acciones destinadas a reprimir a miembros de poblaciones marginadas o vulnerables.Estos grupos incluyen, entre otros, activistas ambientales, defensores de los derechos humanos, periodistas, personas LGBTQI+ y organizadores de la sociedad civil”.

La medida se produce después de que el presidente Joe Biden anunciara en octubre que planeaba poner fin a la relación de Estados Unidos con Uganda y varios otros países africanos por lo que describió como “graves violaciones” de los derechos humanos.

En respuesta, el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, criticó a Estados Unidos y prometió que su gobierno no cederá ante la “agenda LGBT” del país.

“Hay un golpe de estado en el Departamento de Estado de EE.UU. Está siendo tomado por personas que están impulsando la agenda LGBT en África”, dijo Oryem, según Reuters“¿Por qué no imponen las mismas sanciones a los países de Medio Oriente que tienen leyes iguales o más duras contra LGBT? Si niegan las visas a nuestros parlamentarios, irán a Shanghai y Guangzhou. Hay muchísimos lugares hermosos para visitar”.

Estas restricciones de visa son sólo la última respuesta al proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda.

En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

IMG_2075Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

Uganda-gay-person-burned-aliveEn 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

***

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

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Aumento alarmante de arrestos y enjuiciamientos de personas LGBTQ+ en 2023

Lunes, 18 de diciembre de 2023
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Informe ILGA: En 2023 aumentaron en el mundo detenciones y persecución a personas LGBT

En 2023 aumentaron las detenciones y procesamientos a personas LGBT. Así lo demuestra “Identidades bajo arresto”, el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Las cifras reales son aún mayores.

Un nuevo informe de ILGA ha descubierto un aumento alarmante en el número de arrestos y procesamientos de personas LBTQ+ por participar en relaciones consensuales entre personas del mismo sexo y expresar diversidad de género.

En comparación con años anteriores, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) ha descubierto que en 2023 se ha registrado un aumento en los arrestos de personas LGBTQ+ por vivir como ellos mismos.

No solo eso, sino que el estudio determinó que el abuso y el maltrato policial a los detenidos ocurrieron en casi todos los arrestos LGBTQ+ documentados.

De acuerdo con la Our Identities Under Arrest (Nuestras identidades bajo arresto) Según el informe, a noviembre de 2023, 63 estados miembros de la ONU penalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. También señala que Uganda, en particular, ha sido dura con los ciudadanos LGBTQ+ con la introducción de su Ley contra la Homosexualidad.

Aunque el número de estados que penalizan los actos entre personas del mismo sexo ha disminuido constantemente durante la última década (Singapur, las Islas Cook y Mauricio despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo este año), el número de arrestos LGBTQ+ relacionados con la expresión de género o actos sexuales consensuales ha experimentado un “grave ” espiga.

ILGA sí señaló, sin embargo, que el número real de casos podría ser mucho mayor, ya que los registros formales a menudo son “inaccesibles o inexistentes” y, en muchos casos, estos arrestos o procesamientos nunca se registran o “se informan de manera poco clara y sesgada”. modales.”

En su investigación, ILGA revisó más de 1.000 casos de arrestos y enjuiciamientos LGBTQ+ a lo largo de dos décadas.

La investigación señala tendencias particularmente “alarmantes” en países comodín Afganistán, Ghana, Indonesia, Etiopía, Kuwait, Nigeria y Uganda.

“Los países considerados ampliamente como ‘seguros’ o ‘tranquilos’ han experimentado cambios repentinos y con relativa poca antelación”, dijo la consultora de investigación Kellyn Botha.

“El creciente discurso de odio contra la diversidad sexual y de género –ya sea por parte de figuras políticas, líderes religiosos y comunitarios, también con la complicidad de los medios de comunicación– se convierte regularmente en represión o campañas organizadas, cuya duración, alcance y violencia no se pueden prever”.

Mientras tanto, países como Burkina Faso, Burundi, Comoras, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Jordania, Libia, Maldivas y Papua Nueva Guinea han visto muy pocos arrestos LGBTQ+ en los últimos años, pero ha habido un repentino aumento desde 2021.

Mientras que países como Kenia, Tanzania, Nigeria y Senegal han intentado “agravar la legislación existente”, otros como Irak, Níger y Malí han hecho nuevos esfuerzos para criminalizar oficialmente a las comunidades LGBTQ+ donde antes no existía ninguna ley anti-LGBTQ+.

El director de investigación de ILGA, Lucas Ramón Mendos, también señaló que, aunque la mayoría de las leyes anti-LGBTQ+ se centran en penalizar los actos consensuales entre personas del mismo sexo, en muchas jurisdicciones, “la forma en que una persona se viste, actúa o habla” a menudo la convierte en un blanco aún más fácil para la policía.

Mendos explicó que la policía suele considerar estos rasgos como “prueba” de “homosexualidad” y pueden ser suficientes para “justificar un arresto”, sin importar la identidad sexual o de género real del individuo.

“Es mucho más probable que alguien sea atacado por su apariencia o gestos disconformes que por cualquier acto sexual ‘ilícito’ verificable”, añadió.

Estos hallazgos demuestran que, en muchas partes del mundo, las comunidades LGBTQ+ viven “bajo una amenaza constante”, afirma el director de programas Guchaten Sandhu.

También demuestra aún más la gran importancia de ofrecer asilo a personas LGBTQ+, a pesar de lo que los exsecretarios del Interior puedan hacernos creer.

Sandhu comenta que la grave amenaza para las personas LGBTQ+ no sólo es real para “las poblaciones de base afectadas por oleadas repentinas de hostilidad, sino también para los solicitantes de asilo que, basándose en evaluaciones fallidas de seguridad, corren el riesgo de ser enviados de regreso a países donde serán perseguidos”.

Para entender mejor cómo impactan estas leyes y estos datos a nivel político global y para nuestra región, planteamos algunas preguntas a Mendos.

¿Qué análisis hacés sobre la situación política de los países que analizaron y las violencias que se desplegaron?

Lucas Mendos: Un patrón que se repite es la combinación de referentes políticos, líderes religiosos y medios de comunicación alineados en discursos anti-diversidad que muchas veces generan escalofríos. Desde los liderazgos políticos, religiosos y comunitarios, hay una instrumentalización sistemática de la diversidad como chivo expiatorio casi constante. Se utiliza para movilizar y escandalizar la opinión pública y muchas veces como estrategia de distracción de otros temas de la agenda política. En muchos de estos países, la diversidad sexual y de género termina siendo víctima de una manipulación que genera un caldo de cultivo para la proliferación de niveles altísimos de hostilidad, magnificados en el debate público, en las redes sociales, en las iglesias —que poseen un enorme poder de influencia— y en las calles. Si bien no forma parte del objeto principal del informe, el fenómeno de la desinformación y su potencial impacto en la percepción pública y las dinámicas políticas se deja ver en varios países.

-¿Cómo puede influir la recopilación de estos datos?

Es necesaria para demostrar que las leyes que criminalizan están muy lejos de ser leyes inactivas que “duermen” en los códigos penales, lo que muchos Estados aún sostienen cuando en la ONU se les pide que rindan cuentas al respecto. Y, por otro lado, en los países de recepción de personas refugiadas, los tribunales suelen tener estándares muy altos para reconocer que una persona LGBT está en peligro de sufrir persecución. El solo hecho de que haya una ley que criminalice no es considerado como una razón suficiente para dar asilo. Suelen demandar información sobre cómo se aplican en la práctica. Y es tan difícil conseguir esa información que muchas veces las solicitudes terminan siendo rechazadas. Porque las personas refugiadas no pueden demostrar que corren peligro de ser detenidas, procesadas y condenadas por su identidad. Con este informe ILGA pretende contribuir para que estos faltantes de información sean cada vez menos.

Cómo pueden contribuir los medios

-¿Qué recomendaciones hacen desde ILGA hacia los Estados, las sociedades y los medios de comunicación frente a las persecuciones a LGBTIQ+?

-Es imperativo que los Estados dejen de aplicar estas normas de manera inmediata. La urgencia radica en proteger los derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQ+ y poner fin a prácticas persecutorias. Como consecuencia necesaria, los ciento (si acaso no miles) de personas que hoy en día están privadas de libertad por estos “delitos” deben ser liberadas. Estas recomendaciones se han hecho a nivel del Examen Periódico Universal de la ONU, pero los países que criminalizan, hasta la fecha, las vienen rechazando sin excepción.

Como medida intermedia, hay quienes sostienen que los países podrían considerar la implementación de moratorias hasta que se logre la derogación efectiva de estas normativas. Esto proporcionaría un espacio temporal para la revisión y eliminación de leyes discriminatorias.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la aplicación de estas normativas en muchos países. Es esencial redefinir su rol para evitar contribuir a prácticas represivas, dejando de identificar posibles víctimas de persecución y desistiendo de la divulgación de información que pueda estigmatizar o desenmascarar a individuos por su orientación sexual. Al mismo tiempo, los medios pueden contribuir con narrativas inclusivas y respetuosas hacia la diversidad sexual y de género.


Violencia institucional en América Latina

Si bien no está presente en el informe, ¿tienen conocimiento de cómo es la situación en otros países de América Latina?

-Lo que concurre en América Latina es que existen altos niveles documentados de violencia institucional que se siguen dando en países con leyes que ya no criminalizan, al menos de forma explícita. El informe se concentra en los países donde sí existen estas leyes opresivas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y las expresiones de género diversas, y esa es la primordial razón por la cual no hay países de América Latina en el informe. Si contáramos con más recursos nos gustaría en un futuro ampliar el ámbito del informe para cubrir todos los países.

La situación de Argentina

-¿Qué pensás sobre el avance de la ultraderecha en distintos países como en la Argentina y cómo puede impactar esto en la población LGBTIQ+?

-Viéndolo desde una perspectiva a nivel global, una de las preocupaciones más inmediatas es la legitimación del discurso de odio. Esto lo hemos observado en muchos países del mundo donde estos espacios políticos han ganado poder. Podría ser muy nocivo que personas que promueven mensajes discriminatorios ocupen posiciones de liderazgo porque esto tiene el potencial de normalizar y legitimar este tipo de discursos. En lo concreto, un punto crítico está en cómo esto puede permear a las fuerzas de seguridad donde ya cunde fuertemente el prejuicio contra la diversidad, y esto puede fácil y rápidamente traducirse en niveles aún mayores de violencia y discriminación institucional contra nuestras comunidades.

El poder ejecutivo define la política exterior del país. Esto puede tener un impacto palpable en la posición de Argentina como actor clave en temas de derechos humanos y diversidad a nivel internacional, tanto a nivel de la ONU como a nivel de la OEA, dos foros clave donde los temas de diversidad necesitan más que nunca de apoyo constante dada la enorme oposición cada vez más fuerte a estos temas. Argentina hoy en día no solo acompaña sino que muchas veces lidera estas iniciativas a nivel internacional y que deje de hacerlo sería sumamente preocupante.

 

Fuente PinkNews/Agencia Presentes

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“¿Qué estoy dejando atrás?”: Hablan los homosexuales ugandeses que huyen de la ley contra la homosexualidad

Jueves, 23 de noviembre de 2023
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IMG_1334Cuando tomó la difícil decisión de huir de Uganda, tras la aprobación de la draconianas ley anti-LGBTQ+ del país, el activista Henry Mukiibi pensó: “¿Qué he dejado atrás?“.

Mukiibi, director ejecutivo del grupo LGBTQ+ de Uganda Children of the Sun Foundation (COSF), lleva huido y viviendo en la capital keniana, Nairobi, desde principios de este año, tras recibir información de que las autoridades de su país querían detenerlo en virtud de la nueva legislación contra la homosexualidad.

La Ley contra la Homosexualidad, promulgada en mayo y que contempla la pena de muerte para ciertos actos sexuales entre personas del mismo sexo, ha desatado un torrente de abusos contra las personas LGBTQ+ en el país. Varias personas homosexuales han sido detenidas. Otros, entre ellos Mukiibi, consiguieron escapar mientras su gobierno promulgaba una de las leyes anti-LGBTQ+ más duras del mundo.

Mukiibi explica a los medios de comunicación que la situación en Uganda es peor que nunca.

Los servicios del COSF, que proporcionan asistencia sanitaria y jurídica, así como refugio a personas vulnerables, entre ellas miembros de la comunidad LGBTQ+, se han visto afectados por la legislación.

Mukiibi afirma que fue testigo de cómo la gente se volvió “tan homófoba” que “empezaron a atacar” a los miembros del comité del COSF, “golpeándoles por ser quienes son”.

Y añade: “Lo que hicimos fue pedir a las personas cercanas que los trajeran a la clínica, y les estamos prestando servicios sanitarios para que reciban tratamiento. Los desahucios han llegado a ser demasiados porque el proyecto de ley tenía una frase que decía que los propietarios no debían dar a las personas LGBT alojamiento o casas en alquiler. Muchas personas fueron desahuciadas. Aquellos cuyos caseros conocían sus identidades, fueron desalojados porque los caseros temen que también sean llevados a prisión. Acogimos a esas personas en nuestro refugio, pero por desgracia, el casero de nuestro refugio me escribió una carta de desahucio desde que saben que soy una persona queer”.

Según la Ley contra la Homosexualidad de Uganda, los homosexuales pueden enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada“, que puede incluir mantener relaciones sexuales con un menor o una persona vulnerable, mantener relaciones sexuales siendo seropositivo o practicar el incesto.

Alguien que simplemente abogue por los derechos de las personas LGBTQ+ podría ser condenado a 20 años de cárcel, y las personas que alquilan a personas LGBTQ+ se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión.

Mukiibi dice que la vida es muy dura en Nairobi mientras espera ser reasentado en otro país. Mientras teme por su propia seguridad, sigue pensando en la comunidad LGBTQ+ que intenta sobrevivir en Uganda.

Si me evacuan, ¿qué dejo atrás?“, se pregunta. “Tienen un dicho: ‘No puedo ser héroe dos veces’. También intento que trabajemos a distancia para que los miembros de nuestra comunidad reciban los servicios que necesitan. La razón por la que se me ocurrió la idea de la clínica fue que a veces se discrimina a la comunidad LGBT en los centros, y hace poco fui testigo de ello. La gente acudió [a] profesionales sanitarios que les están sermoneando para que saquen a golpes la homosexualidad de los niños”.

 

Incluso antes de que se aprobara este año la Ley contra la Homosexualidad, las personas LGBTQ+ sufrían una grave discriminación en Uganda.

Uganda ya era una de las varias naciones africanas donde es ilegal ser homosexual y promulgó una ley previa contra la homosexualidad en 2014. Los tribunales la anularon, aunque ser LGBTQ+ seguía siendo ilegal debido a la legislación anterior, segúnto Human Rights Watch.

El sentimiento anti-LGBTQ+ ha sido generalizado en la nación de África Oriental, con el presidente Yoweri Museveni, describiendo a las personas queer como “desviados“, y funcionarios del gobierno atacando a grupos centrados en los queer.

La policía utilizó el COVID-19 como pretexto para hacer una redada en las instalaciones del COSF destinadas a la comunidad LGBTQ+, acusando a los residentes de infringir la normativa de distanciamiento social.

Muchos miembros de la comunidad LGBTQ+ ugandesa han buscado seguridad en Kenia, sólo para descubrir que allí también sufren discriminación.

Dhalie Bulyaba, director de la iniciativa familiar global de Safe Place International, decidió abandonar Uganda e ir a Kenia porque “quería encontrar un lugar que no le cuestionara su forma de vestir ni le pidiera explicaciones sobre cómo se identifica”.

Pero se dieron cuenta de que solicitar asilo y recurrir a las autoridades “obliga a salir del armario” a las personas LGBTQ+. “Kenia tiene una de las mayores poblaciones de refugiados de África“, explica Bulyaba, “reciben a mucha gente de Somalia, Sudán, la República Democrática del Congo y otras zonas devastadas por la guerra, así que cuando dices que vienes de Uganda, se confunden. Te preguntan: ‘¿Por qué estás aquí? En Uganda no hay guerra’. Te ves obligado a salir del armario y esperar que se apiaden de ti, porque Kenia también penaliza la homosexualidad. Ya es bastante difícil luchar por tus derechos en tu propio país”.

Las personas LGBTQ+ están criminalizadas en Kenia, y las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo se castigan con una pena máxima de 14 años de prisión.

En septiembre, cientos de manifestantes contrarios a la comunidad LGBTQ+ se concentraron ante el Tribunal Supremo del país para protestar por su decisión de reafirmar el derecho de asociación de la comunidad homosexual y de constituir organizaciones no gubernamentales.

A Bulyaba le encanta “intentar reflexionar sobre cuestiones de gran calado e impulsar el cambio sistémico”, y le apasionan tanto la lectura y la cocina como la defensa de derechos. Siempre hay tiempo en mi día para reunirme a tomar un café y denunciar a estos políticos y los sistemas que intentan impulsar”, añaden.

También señalan que la persecución de las personas LGBTQ+ africanas no procede únicamente de las fuerzas conservadoras del continente; grupos del Reino Unido y Estados Unidos están detrás de parte de ella.

Los grupos cristianos con sede en Estados Unidos -conocidos por luchar contra todo, desde los derechos reproductivos hasta las libertades de las personas LGBTQ+- han realizado grandes inversiones en África durante la última década, impulsando una agenda estrictamente conservadora.

En abril, un demoledor informe reveló que el gobierno británico financió el trabajo de una organización religiosa virulentamente anti-LGBTQ+ en Uganda, según VICE.

El Banco Mundial ya ha dejado de conceder préstamos a Uganda, y la Unión Europea ha denunciado la legislación anti-LGBTQ+ más reciente.

Sulah Mawejje, directora para Kenia de Safe Place International Dream Academy, afirma que el Banco Mundial y otras organizaciones “tienen que ser más proactivas y menos reactivas” porque saben que los movimientos anti-LGBTQ+ en África están financiados por organizaciones extranjeras. “¿Por qué han esperado a que se apruebe algo como este proyecto de ley antigay para imponer sanciones e intentar plantar cara al gobierno?”, se pregunta. “Podríamos haber evitado que la gente se viera obligada a huir y a pasar por el dificilísimo proceso de convertirse en refugiado”.

Mawejje, intérprete a tiempo parcial para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, añade que es “mucho más que un refugiado, una persona que se ha enfrentado a una discriminación indecible” al huir de Uganda. “Tengo otra faceta, como muchos refugiados, a la que no llegan los medios de comunicación: soy el alma de la fiesta“, dice. “Me encanta ser atrevido y desafiante”.

Fuente PinkNews

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Biden sanciona comercialmente a cuatro naciones africanas por no cumplir con los derechos humanos

Jueves, 9 de noviembre de 2023
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Joe_Biden_smileLa administración Biden ha decidido retirar esta semana a cuatro naciones africanas de un programa comercial, alegando “graves violaciones” de los derechos humanos, especialmente mediante la implementación legislativa de la criminalización de las personas LGTBIQ+.

En una carta enviada el 30 de octubre al representante republicano Mike Johnson, recién elegido presidente de la Cámara de Representantes, y a la presidenta del Senado, la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente Joe Biden anunció su intención de retirar a la República Centroafricana, Uganda, Níger y Gabón de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA). Las razones para apartar a las cuatro naciones como beneficiarias del acuerdo comercial están relacionadas con lo que Biden describió como una falta de diversificación política y de aceptación de los “derechos humanos reconocidos internacionalmente”.

“El gobierno de la República Centroafricana ha cometido graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y no ha establecido, o no está haciendo progresos continuos para establecer, la protección de los derechos de los trabajadores internacionalmente reconocidos, el Estado de derecho y el pluralismo político”, afirma la carta.

Además de la República Centroafricana, Biden especificó que los dirigentes de Níger y Gabón no han cumplido las estipulaciones sobre “pluralismo político y Estado de derecho” del acuerdo, mientras que Uganda “incurrió” en fallos percibidos en el reconocimiento de los “derechos humanos”.

“A pesar del intenso compromiso entre Estados Unidos y la República Centroafricana, Gabón, Níger y Uganda, estos países no han abordado las preocupaciones de Estados Unidos sobre su incumplimiento de los criterios de elegibilidad de la AGOA”, continúa la carta.

Las razones políticas para retirar a Gabón y Níger implican, según se informa, golpes de estado en sus respectivos países que han dado lugar a un liderazgo militar. Por otra parte, la República Centroafricana y Uganda criminalizan a las personas LGBTIQ+.

La retirada de los países se produce meses después de que el parlamento ugandés aprobara su ley antisodomía, que limita estrictamente e incluso penaliza la homosexualidad en la nación. La legislación ha recibido críticas de políticos occidentales, incluido el gobierno de Biden, pero el apoyo de otras naciones africanas.

Del mismo modo, aunque la República Centroafricana no penaliza la homosexualidad, tiene en vigor sanciones que prohíben los actos sexuales entre personas del mismo sexo en público.

Biden concluyó su carta declarando su decisión de “poner fin a la designación de estos países como países subsaharianos beneficiarios de la AGOA, con efecto a partir del 1 de enero de 2024”. Según se informa, la administración “continuará evaluando” la elegibilidad de las cuatro naciones para cumplir los requisitos para ser reincorporadas al programa.

La AGOA permite a los países elegibles acceder al mercado estadounidense libre de aranceles y se aplica a casi 2.000 productos. Establecido en 2000, el acuerdo se basa en gran medida en la adhesión de las naciones implicadas más que en acciones económicas recíprocas. Además, la administración Biden tiene la última palabra sobre si los países pueden acogerse a los beneficios de la ley.

Los “rigurosos” requisitos para ser beneficiarios incluyen “progresos continuos” en las áreas de “economía de mercado, Estado de derecho, pluralismo político y derecho al debido proceso”, así como “promulgar políticas para reducir la pobreza, combatir la corrupción y proteger los derechos humanos”.

La medida de Biden acercará aún más a esos países al BRICS foro político económico formado por cinco países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyo objetivo es potenciar las posibilidades de cada uno de sus miembros a través de, por ejemplo, la asistencia financiera para determinados tipos de proyectos.

En los últimos meses, la influencia política, militar y económica de Rusia y China en África no ha parado de crecer a costa del papel de Occidente en el continente.

Fuente LSN

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La brutal ley anti-LGBTQ+ de Uganda está provocando un aumento de los abusos contra los derechos humanos, dicen los activistas

Jueves, 19 de octubre de 2023
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uganda_gay_rightsLa Ley Anti-Homosexualidad (AHA) recientemente aprobada en Uganda ha provocado un aumento de los abusos contra las personas LGBTQIA+, han dicho activistas sobre el terreno.

Advertencia de contenido: esta historia incluye temas que podrían hacer que algunos lectores se sientan incómodos o molestos.

Promulgada en mayo, la AHA defiende la criminalización de la actividad sexual entre personas del mismo sexo y ordena que ciertos actos sean castigados con la pena de muerte.

Al menos seis personas han sido acusadas en virtud de la legislación, incluidas dos acusadas de “homosexualidad agravada”, algo que se define en el proyecto de ley como relaciones sexuales con un menor, tener relaciones sexuales siendo VIH positivo o participar en incesto.

Las personas LGBTQIA+ en Uganda se enfrentan ahora a torrentes de abusos debido a la AHA, según un informe elaborado por un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE) y visto por Reuters.

Del 1 de enero al 31 de agosto de este año, los investigadores han registrado al menos 306 violaciones de derechos basadas en la orientación sexual y/o identidad de género de una persona.

Estos incluyen actos de tortura, violación, arresto y desalojo, con 18 casos documentados de policías que realizaron exámenes anales forzados para reunir “pruebas” de la homosexualidad de alguien.

“Sobrevivir a un examen anal forzado en la policía es algo que te acompañará para siempre”, dijo uno de los supervivientes a los investigadores.

Los informes de 2020 y 2021 encontraron que los actores estatales perpetraron casi el 70 por ciento de las violaciones de derechos, aunque en 2023 solo se les atribuyeron 25 incidentes.

En cambio, se cree que la mayoría fueron cometidos por particulares, lo que se ha relacionado con un aumento de la retórica homofóbica en el país.

Los investigadores dijeron que este aumento comenzó antes de la aprobación de la AHA a principios de este año y se ha utilizado para radicalizar al público contra las personas LGBTQIA+.

El informe señaló que no puede considerarse exhaustivo de la situación en Uganda debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQIA+ para denunciar los abusos que sufren.

Fuente Reuters

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Ex activista gay enfrenta cargos de homosexualidad bajo la ley de Uganda que defendió

Jueves, 5 de octubre de 2023
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Sin títuloElisha Mukisa

Un activista ugandés anti-gay ha sido encarcelado acusado de homosexualidad en lo que un periódico local ha considerado el primer caso importante desde que la nación promulgó su brutal ley contra la homosexualidad en Uganda.

Elisha Mukisa se ha hecho un nombre como activista “ex-gay”. Abogó fervientemente por la aprobación de la ley contra la homosexualidad, presentándose a sí mismo como una ex “víctima” de la homosexualidad. En marzo habló ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios a favor del proyecto de ley.

Uganda podría matar al primer hombre acusado en virtud de su ley de “homosexualidad agravada”. Según la ley Kill the Gays, se le acusa de tener “relaciones sexuales ilegales” con otro hombre.

Según la nueva ley, la pena de muerte se aplica en casos considerados “agravados”, que incluyen reincidencia de homosexualidad, sexo que transmite una enfermedad terminal o relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con un menor, un anciano o una persona con discapacidad. Los críticos dicen que la ley demoniza a los homosexuales como depredadores sexuales inmorales y que propagan enfermedades, al tiempo que aísla aún más a la ya marginada comunidad LGBTQ+ del país.

El The Daily Monitor informa que Mukisa fue procesado esta semana junto con el hombre con quien ha sido acusado de practicar la homosexualidad, Kitimbo Ramon Mwesigwa. Ambos han negado las acusaciones.

El activista Frank Mugisha calificó la situación de “cargada de ironía. Esto no es de ninguna manera una sensación de schadenfreude”, dijo, “sino más bien una sensación de desilusión en nuestra clase política”.

Otro activista, el abogado Nicholas Opiyo, también comentó la ironía del hecho de que “será juzgado bajo una ley que promovió tan fervientemente con desinformación y mentiras”.

Pero tanto Mugisha como Opiyo enfatizaron que Mukisa todavía tiene derechos y merece un juicio justo. “Chantajeó a ONG que se han comprometido a trabajar por los derechos de los homosexuales. Pero como la noche sigue al día, sabía que la verdad no podía ocultarse para siempre”, dijo Mugisha. “También declaro inequívocamente que él más que nadie merece ser juzgado con el debido proceso a diferencia de lo que deseaba para otros”.

La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

A principios de este mes, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda en respuesta a la aprobación de la ley.

La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

uganda_gay_rightsUganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

Uganda-gay-person-burned-aliveEn 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQ Nation/Cristianos Gays

 

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Condenado a muerte en Uganda el primer hombre acusado en virtud de su ley de “homosexualidad agravada”

Lunes, 4 de septiembre de 2023
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Watch-Nigerias-Cure-For-Gays-by-Ikenna-on-Whats-Up-Africa.JPG5_Según la ley Kill the Gays, se le acusa de tener “relaciones sexuales ilegales” con otro hombre.

Un joven ugandés de 20 años es el primero acusado en virtud de la nueva ley de “homosexualidad agravada” de Uganda. El cargo, también conocido como la ley “Matar a los Gays”, es un delito punible con la muerte.

El acusado anónimo fue acusado el 18 de agosto, dijeron su abogado y los fiscales.

Según un documento de acusación visto por Reuters, el acusado “realizó relaciones sexuales ilegales” con un hombre de 41 años. Los fiscales no especificaron por qué el hecho se consideró agravado.

Según la nueva legislación aprobada a principios de este año que criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, la pena de muerte se aplica en casos considerados “agravados”, que incluyen reincidencia de homosexualidad, sexo que transmite una enfermedad terminal o relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con un menor, un anciano o una persona con discapacidad. Los críticos dicen que la ley demoniza a los homosexuales como depredadores sexuales inmorales y que propagan enfermedades, al tiempo que aísla aún más a la ya marginada comunidad LGBTQ+ del país.

“Dado que se trata de un delito capital que puede ser juzgado por el Tribunal Superior, el cargo fue leído y explicado (al detenido) en el Tribunal de Primera Instancia el día 18 y fue puesto en prisión preventiva”, dijo Jacqueline Okui, portavoz de la oficina del director. de procesamientos públicos, dijo a Reuters.

La semana pasada, cuatro ugandeses (dos mujeres y dos hombres) fueron arrestados bajo sospecha de haber cometido actos homosexuales en un salón de masajes después de que una “informante” avisara a la policía.

La Ley Anti-Homosexualidad, como se conoce formalmente a la ley Kill the Gays, fue promulgada por el presidenteYoweri Museveni, en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

A principios de este mes, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos en Uganda en respuesta a la aprobación de la ley.

La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

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Justine Balya, abogada del acusado, calificó la ley por la que se acusó a su cliente de “inconstitucional”. El Tribunal Superior del país aún no ha aceptado una impugnación de la ley.

La Ley contra la Homosexualidad es la segunda ley para matar a los gays que se promulga en el país en otras tantas décadas. Al igual que la primera versión, aprobada en 2014 y luego revocada por el Tribunal Superior de Uganda, la segunda fue escrita y impulsada por el Parlamento con la ayuda de Family Watch International, con sede en Arizona, una organización comprometida con la difusión de ideologías anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. mundo, según el Southern Poverty Law Center.

El grupo ha estado trabajando haciendo proselitismo entre los legisladores ugandeses desde 2009.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

uganda_gay_rightsUganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

Uganda-gay-person-burned-aliveEn 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente Reuters/Cristianos Gays

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Nuevo informe detalla los horrores que enfrentan los refugiados LGBTQ+, incluidos muchos católicos, en Kenia

Viernes, 18 de agosto de 2023
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 Un nuevo artículo de un medio de comunicación católico ha destacado la difícil situación de los refugiados LGBTQ+, para quienes cada día es “difícil y lleno de desafíos”. En un campo de refugiados, la mayoría de estos refugiados LGBTQ+ son católicos.

Doreen Ajiambo, corresponsal en África/Oriente Medio de Global Sisters Report, una publicación de National Catholic Reporter, detalló la experiencia de estos refugiados que viven en el campamento de refugiados de Kakuma, un campamento en el noroeste de Kenia que alberga a más de 200.000 refugiados de Etiopía, Sudán del Sur, Sudán, Somalia, Burundi, la República Democrática del Congo y Uganda.

Cientos de residentes LGBTQ+ en el campamento enfrentan discriminación y violencia persistentes. Para Nardi Niyongabo, un refugiado gay de Burundi, existe un “miedo constante” en torno a su identidad sexual. Niyongabo huyó a Uganda en 2013 después de que familiares y amigos lo atacaran físicamente por tener intimidad con su pareja. En 2017, se mudó al campo de refugiados de Kakuma en Kenia después de que el gobierno de Uganda intensificó su campaña contra los derechos LGBTQ+.

Según Niyongabo, muchos de los refugiados LGBTQ+ se identifican como católicos, pero la mayoría de los residentes cristianos del campamento no toleran a las personas LGBTQ+. A principios de año, un grupo de refugiados atacó físicamente a Niyongabo durante las oraciones vespertinas, dejándolo inconsciente y con una pierna rota. El ataque ocurrió después de que el catequista predicara sobre la naturaleza “demoníaca” de la homosexualidad. Niyongabo describió la experiencia:

“‘Pensé que este sería mi lugar más seguro, pero esas esperanzas se han desvanecido después de que los cristianos me atacaron recientemente en una iglesia’. Los refugiados LGBTQ viven con el temor constante de ser atacados o incluso asesinados. Muchas personas nos insultan; se burlan de nosotros y dicen que nos posee un demonio y un espíritu maligno de homosexualidad.’

“‘Tenemos miedo de ir a la iglesia o reunirnos con algunos líderes religiosos aquí, ya que la mayoría anima a la gente a atacarnos. Dicen que no estamos viviendo de la forma normal en que Dios nos hizo; lo que somos es pecado’”.

La historia de Niyongabo es solo una de muchas de las personas LGBTQ+ en el campamento. Una refugiada lesbiana que permaneció en el anonimato declaró:

“‘Nos enfrentamos a más problemas que otros refugiados. Somos discriminados e incluso a veces se nos niega la comida. Somos atacados constantemente, y si informamos a la policía oa los funcionarios del ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados], somos ignorados. Algunas lesbianas han sido violadas, pero cuando lo denunciaron, la policía les dijo que fueran a buscar a los perpetradores ellos mismos’”.

Actualmente, 32 de las 54 naciones de África criminalizan la homosexualidad. Ayer, Bondings 2.0 informó sobre las duras acciones tomadas por los obispos en Malawi y Costa de Marfil. En África Oriental se encuentran leyes particularmente duras y discriminatorias. Por ejemplo, aquellos que “practiquen o promuevan la homosexualidad” en Kenia pueden ser encarcelados hasta 14 años. En Uganda, una nueva ley permite que los condenados por “homosexualidad agravada” se enfrenten a la pena de muerte.

Si bien muchos en África apoyan estas leyes discriminatorias, el Papa Francisco ha apoyado abiertamente a la comunidad LGBTQ+, incluso afirmando que “ser homosexual no es un delitoa principios de este año. El P. José Padinjareparampil, director de Don Bosco Kakuma, una agencia de servicios sociales salesianos, ha estado trabajando para difundir la misión del Papa Francisco en todo el campamento, diciendo:

“‘Damos la bienvenida a todos a la iglesia sin importar cómo se identifiquen. Estoy hablando con otros líderes para asegurarme de que no discriminen a las personas LGBTQ. Siempre alentamos a todos a abrazarse y vivir en unidad porque la iglesia es la unidad en el cuerpo de Cristo’”.

El trabajo del Padre Padinjareparampil debe ser un modelo para todos los líderes católicos en esa área. Ningún individuo debería vivir una vida de “miedo constante”, ya que todos los católicos tienen el deber de oponerse a los abusos de los derechos humanos dondequiera que estén, especialmente en una situación como la de un campo de refugiados.

—Sarah Cassidy (ella/ella), New Ways Ministry, 17 de agosto de 2023

Fuente New Ways Ministry

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Los católicos denuncian el apoyo tácito de los obispos de Uganda a la ley anti-LGBTQ+

Viernes, 14 de julio de 2023
Comentarios desactivados en Los católicos denuncian el apoyo tácito de los obispos de Uganda a la ley anti-LGBTQ+

Juan Carlos Cruz Chellew,

640x0-noticias-juan-carlos-cruzLos líderes católicos LGBTQ+ han continuado pidiendo a los obispos de Uganda  que condenen la legislación aprobada a principios de este año que criminaliza aún más a las personas LGBTQ+. Sin embargo, un obispo estadounidense ha defendido la nueva ley.

Juan Carlos Cruz Chellew, un hombre gay que es un asesor cercano del Papa Francisco, escribió en el National Catholic Reporter que el silencio de los obispos de Uganda “es ensordecedor”. Continuó, señalando la condena del Papa a las leyes de criminalización a principios de este año:

“Este silencio continuo se vuelve más notable considerando el papel influyente de la Iglesia Católica en Uganda, con casi el 40% de los ugandeses identificándose como católicos. Los obispos católicos, considerados líderes morales por millones, tienen una posición de influencia única y podrían cambiar la narrativa en torno a esta legislación inhumana. . .

“Sin embargo, a pesar de las palabras del Papa, los obispos católicos de Uganda permanecen notablemente silenciosos sobre este tema. También guarda silencio el Dicasterio para la Evangelización del Vaticano que supervisa las diócesis y los obispos en Uganda. Su silencio crea un vacío, lleno de miedo, discriminación y deshumanización. Como líderes morales y espirituales, sus palabras, o la falta de ellas, pueden moldear la opinión pública, ya sea legitimando estas leyes inhumanas o desafiándolas. . .

“Es hora de que los obispos católicos de Uganda y el Dicasterio Vaticano para la Evangelización rompan su silencio. Es hora de que denuncien esta legislación como contraria a la dignidad humana y al amor que sustenta el cristianismo. Sus palabras podrían resonar en toda la nación y el mundo, promoviendo un mensaje de amor y aceptación sobre el odio y la discriminación”.

christopher-vellaChris Vela

Como Bondings 2.0 informó anteriormente, varios católicos ugandeses de alto perfil elogiaron públicamente la aprobación en abril de la Ley contra la homosexualidad, que impone la pena de muerte, la cadena perpetua y la terapia de conversión forzada como castigos por las relaciones sexuales entre personas del mismo género. Antes de la aprobación del proyecto de ley, el obispo Sanctus Lino Wanok de Lira, Uganda, calificó la homosexualidad como “no humana” en una homilía del Miércoles de Ceniza.

La Global Network of Rainbow Catholics-Red Global de Católicos Arco Iris (GNRC) reiteró su llamado anterior a los fieles a actuar contra la nueva ley de Uganda y la cultura anti-LGBTQ+ de la que proviene. Chris Vella, también copresidente de la GNRC, dijo que estaba “profundamente conmocionado y entristecido”, y agregó: “Nos acercamos a nuestra familia LGBT en Uganda en solidaridad y extendemos nuestras oraciones en su nombre”.

Marianne Duddy-Burke, la otra copresidenta de la GNRC, dijo en un comunicado:

“Invitamos a los líderes de la iglesia a mirar de cerca la experiencia vivida por las personas LGBTIQ e iniciar un diálogo genuino y sincero con estas personas antes de emitir declaraciones que son profundamente dañinas y peligrosas. Hacemos un llamado a las personas de buena voluntad para que protejan los derechos humanos de las personas LGBTIQ y no toleren ningún tipo de violencia y discriminación”.

5421ab9000df8-preview-620Obispo Thomas Paprocki

En una columna de un periódico diocesano que ridiculizaba el Mes del Orgullo, el obispo Thomas Paprocki de Springfield, Illinois, se desvió del tema para reprender al presidente Joe Biden por criticar la nueva ley de Uganda, sugiriendo que era “inherentemente racista y arrogante que el líder blanco de los Estados Unidos sermonear a una nación africana sobre qué leyes son correctas para su país”. El comentario de Biden fue el ejemplo de Paprocki de “[nuestro] gobierno. . . promover el movimiento LGBTQ+, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo”.

Cuando el llinois Times le preguntó acerca de sus comentarios, el obispo no condenó la ley de Uganda y afirmó: “Si bien respeta la soberanía del pueblo de Uganda para aprobar sus propias leyes, la enseñanza de la Iglesia contra la pena de muerte es clara. La Iglesia también enseña claramente que, si bien los actos homosexuales son gravemente pecaminosos, las personas homosexuales deben ser ‘aceptadas con respeto, compasión y sensibilidad’ y que ‘debe evitarse todo signo de discriminación injusta en su contra’”.

En todo el mundo, los líderes católicos y los laicos tienen la responsabilidad moral de ser solidarios con la comunidad LGBTQ+ marginada de Uganda. El Catecismo de la Iglesia Católica denuncia tanto la pena de muerte (n. 2306) como la “discriminación injusta” contra las personas lesbianas y gays (n. 2358). En ambos casos, la última Ley Anti-Homosexualidad de Uganda hace alarde de las enseñanzas de la iglesia a expensas de las vidas LGBTQ+. Los líderes de la iglesia en Uganda deben ser una voz profética allí y estar a la altura de los estándares del Evangelio que afirman predicar al condenar la ley injusta.

—Ariell Simon (ella/ella) y Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 11 de julio de 2023

***

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

uganda_gay_rights  Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien la nueva Ley aprobada por el Parlamento y promulgada  por el presidente de Uganda, Museveni, criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Y de hecho, el pasado 31 de mayo, el proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda se convirtió en ley, y los activistas calificaron la “ley mortal” como un “ataque a los derechos humanos”. Yoweri Museveni, dio su aprobación a la Ley Anti-Homosexualidad, que se convierte inmediatamente en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo, informó el lunes (29 de mayo) la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Uganda.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

La presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, también confirmó la noticia en una publicación en Twitter, diciendo que Museveni había “respondido a los gritos de nuestro pueblo” y “legislado para proteger la santidad de la familia. Ahora animo a los garantes de deberes bajo la ley a ejecutar el mandato que se les otorga en la Ley Anti-Homosexualidad”, escribió Among. “El pueblo de Uganda ha hablado, y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, firme y constante”.

La nueva legislación duplica las ya duras sanciones impuestas a las personas LGBTQ+ en Uganda, donde la intimidad sexual consentida entre personas del mismo sexo es ilegal. La Ley contra la Homosexualidad introduce el nuevo delito de “homosexualidad agravada”, que se define como tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años y tener relaciones sexuales siendo VIH positivo, entre otras categorías. Lleva una sentencia de muerte.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

El parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas por simplemente identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero los legisladores eliminaron esta cláusula en mayo después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Uganda-gay-person-burned-alivePero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas”a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente New Ways Ministry/Cristianos Gays

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El arzobispo de Canterbury insta a la iglesia de Uganda a rechazar la mortífera ley contra los homosexuales

Lunes, 12 de junio de 2023
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welby
Llamamiento de Justin Welby, primado de Inglaterra, a Stephen Kaziimba, primado de Uganda

Choque de Primados: La Comunión Anglicana, a prueba tras el apoyo de la Iglesia de Uganda a la ley que contempla la pena de muerte para las personas LGTBIQ+

Welby: “Insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ”.

El arzobispo de Canterbury ha rechazado la ley contra la actividad homosexual de Uganda y pide a los anglicanos ugandeses que se opongan al proyecto de ley.

El Arzobispo de Canterbury ha expresado su “dolor y consternación” por la ley de Uganda que prohíbe la homosexualidad en una carta instando a los funcionarios de la Iglesia en el país a rechazarla.

El obispo principal Justin Welby escribió al arzobispo de Uganda Stephen Kaziimba el viernes (9 de junio) condenando públicamente la Ley contra la homosexualidad de Uganda.

“Recientemente le escribí a mi hermano en Cristo, el Primado de Uganda, el Arzobispo Stephen Kaziimba, para expresar mi dolor y consternación por el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad. Hago esta declaración públicacon tristeza y con oraciones continuas por la reconciliación entre nuestras iglesias y en toda la Comunión Anglicana”, dice Welby en un comunicado

“Soy profundamente consciente de la historia del dominio colonial en Uganda, tan heroicamente resistido por su pueblo. Pero no se trata de imponer valores occidentales a nuestros hermanos y hermanas anglicanos de Uganda. Se trata de recordarles los compromisos que hemos hecho como anglicanos de tratar a cada persona con el cuidado y el respeto que merecen como hijos de Dios”.

Así se expresa el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, sobre el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad promulgada recientemente por el presidente Yoweri Museveni, una de las más duras del mundo contra el colectivo LGBTQ, y en donde cualquier condenado puede enfrentarse a cadena perpetua, contemplándose incluso la pena de muerte para los “casos agravados, como tener relaciones homosexuales con menores de 18 años o infectar a una pareja sexual con una enfermedad crónica como el sida.

El proyecto de ley, firmado por segunda vez el 29 de mayo, introduce leyes que prohíben a los ciudadanos de Uganda defender o promover los derechos LGBTQ+ además de leyes ya estrictas contra la intimidad consensuada entre personas del mismo sexo.

También introduce una cláusula sobre la “homosexualidad agravada”, definida como tener relaciones sexuales con un menor o siendo seropositivo, que conlleva la pena de muerte.

Los legisladores aprobaron inicialmente la legislación en abril, pero fue devuelta después de que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, dijera que requería enmiendas para “facilitar el refuerzo y el fortalecimiento de algunas disposiciones en línea con nuestras mejores prácticas”.

En su carta, Welby también pidió a la Global Anglican Future Conference (GAFCON) y a la Global South Fellowship of Anglican Churches (GSFA) que dejaran “explícitamente” en claro que la ley estaba en contra de sus valores fundamentales.

Dentro de la Comunión Anglicana, -prosigue el comunicado difundido por Welby- seguimos en desacuerdo sobre cuestiones de sexualidad, pero en nuestro compromiso con la dignidad humana otorgada por Dios, debemos estar unidos”, escribió. “Le recordé al arzobispo Kaziimba que los anglicanos de todo el mundo han estado unidos durante mucho tiempo en nuestra oposición a la criminalización de la homosexualidad y las personas LGBTQ. Apoyar dicha legislación es una desviación fundamental de nuestro compromiso de defender la libertad y la dignidad de todas las personas.

“No hay justificación para que ninguna provincia de la Comunión Anglicana apoye tales leyes: ni en nuestras resoluciones, ni en nuestras enseñanzas, ni en el Evangelio que compartimos”.

Señaló una resolución acordada durante la Conferencia de Lambeth de 1998, una asamblea decenal de obispos para expresar resoluciones sobre las creencias anglicanas, que establece un “compromiso de ministrar pastoralmente y sensibilidad para todos, independientemente de la orientación sexual”.

La Iglesia de Uganda, como muchas provincias anglicanas, mantiene la enseñanza cristiana tradicional sobre la sexualidad y el matrimonio establecida en la Resolución i.10 de la Conferencia de Lambeth de 1998. Esa resolución también expresó el compromiso de ministrar pastoral y sensiblemente a todos, independientemente de la orientación sexual, y de condenar la homofobia.“Le dije al Arzobispo Kaziimba que no puedo ver cómo el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad es consistente con sus muchas declaraciones en apoyo de la Resolución i.10”, señala el primado anglicano, precisamente muy cuestionado por las iglesias africanas por el apoyo desde Europa a las reivindicaciones de la comunidad LGTBQ.

4D13849E-2DB5-4A81-8B52-B1AA2A94F1B8Arzobispo Stephen Kaziimba Mugalu

“Más recientemente, en la Reunión de Primados de 2016 en Canterbury, los Primados de la Comunión Anglicana ‘condenaron los prejuicios y la violencia homofóbicos y resolvieron trabajar juntos para ofrecer atención pastoral y un servicio amoroso independientemente de la orientación sexual”, añade el arzobispo de Canterbury, quien apunta también que “afirmamos que esta convicción surge de nuestro discipulado de Jesucristo.

También “reafirmamos nuestro rechazo a las sanciones penales contra personas atraídas por personas del mismo sexo y declaramos que “el amor de Dios por cada ser humano es el mismo, independientemente de su sexualidad, y que la iglesia nunca debe dar otra impresión con sus acciones”, continúa el comunicado, que ahonda en la fractura entre las Iglesias anglicanas en una cuestión muy sensible en sociedades como la africana.

“Estas declaraciones y compromisos son la mente común de la Comunión Anglicana sobre la dignidad y el valor esenciales de cada persona. Por lo tanto, insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ. También hago un llamado a mis hermanos en Cristo, el liderazgo de GAFCON y la Fraternidad de Iglesias Anglicanas del Sur Global, para que aclaren explícita y públicamente que la criminalización de las personas LGBTQ es algo que ninguna provincia anglicana puede apoyar: eso debe declararse inequívocamente”, subraya Welby, quien concluye pidiendo que, “como discípulos de Jesucristo, estamos llamados a honrar la imagen de Dios en cada persona, y rezo para que los anglicanos sean intransigentes y estén unidos en este llamado”.

El arzobispo de Canterbury se ha enfrentado a la controversia por sus puntos de vista sobre las personas LGBTQ+ en el pasado

Si bien la carta del arzobispo de Canterbury que condena el proyecto de ley sin duda será un alivio para los anglicanos LGBTQ+, el enfoque anterior de Welby sobre la inclusión ha dejado a muchos en la Iglesia en terreno inestable.

La Iglesia de Inglaterra se vio obligada a disculparse por su trato a las personas LGBTQ+ luego de meses de controversia luego de que los obispos se negaran a permitir la ordenación de matrimonios entre personas del mismo sexo por parte de miembros del clero.

“Las ocasiones en que han recibido una respuesta hostil y homófoba en nuestras iglesias son vergonzosas y por eso nos arrepentimos”, decía una carta abierta en enero. “Mientras escuchamos, nos han dicho una y otra vez cómo le hemos fallado a las personas LGBTQ+”, continuó. “No los hemos amado como Dios los ama, y eso está profundamente mal”.

El mismo día, Welby dijo que las parejas del mismo sexo que ya están casadas pueden ser bendecidas por el clero, pero que él mismo no lo haría debido a su “responsabilidad pastoral para toda la comunión”.

En respuesta, el parlamentario laborista Ben Bradshaw dijo que las recomendaciones eran “incluso peores de lo que se ha seguido”.

De manera similar, la exasesora del gobierno LGBTQ+ y activista cristiana gay, Jayne Ozanne, dijo: “¡Disculpa no aceptada, arzobispo! Me pregunto si los arzobispos realmente han olvidado que nos han pedido disculpas antes, muchas veces, o si creen que esto será suficiente para nosotros dado que la discriminación continúa”.

Anglicanismo: una comunión dividida por la inclusión de las personas LGTBI

320px-Anglican_rose.svgLa Rosa de los Vientos,
(Emblema oficial de la Comunión anglicana, simboliza su alcance mundial y naturaleza descentralizada.)

La aceptación de la homosexualidad en la Comunión anglicana es desigual entre sus diferentes jerarquías e iglesias. La Iglesia episcopaliana, rama estadounidense de los anglicanos, es sin duda la que abrió camino. Ya en 2003 eligió al primer obispo abiertamente gay, Gene Robinson. Y en 2010 fue la primera en romper con la moratoria autoimpuesta durante varios años por la comunión anglicana tras el nombramiento de Robinson y comenzar a ordenar de nuevo obispos y obispas abiertamente homosexuales. En 2012 aprobaba también la ordenación de personas transexuales. También, como ya hemos señalado, fue la primera iglesia anglicana en celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.

La Iglesia anglicana de Canadá también se ha caracterizado por su afán inclusivo. Así, por ejemplo, tras sumarse a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, enspués elegía obispo a Kevin Robertson, abiertamente gay y padre, junto a su pareja, de dos hijos. Roberston se convertía así en el primer miembro de una familia homoparental en ostentar esta dignidad en una iglesia anglicana.

En el otro extremo se sitúan las iglesias anglicanas africanas, algunas de ellas virulentamente homófobas. Una situación inestable que en la última década ha colocado al anglicanismo al borde de un cisma que no ha llegado a producirse aún pero que sobrevuela la Comunión Anglicana.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

uganda_gay_rightsUganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien la nueva Ley aprobada por el Parlamento y promulgada  por el presidente de Uganda, Museveni, criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

Uganda-gay-person-burned-alive

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas”a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente PinkNews/Religión Digital/Cristianos Gays

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El presidente de Uganda, Museveni, promulga el proyecto de ley contra la homosexualidad: “¿Cuántos morirán?”

Miércoles, 31 de mayo de 2023
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Museveni_swearing_fourth_term3_411255706El criminal presidente de Uganda, Yoweri Museveni,con una Biblia en la mano…

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó la Ley contra la homosexualidad, que duplica la persecución de las personas LGBTQ+ en el país.

La ley anti-LGBTQ+ de Uganda es un “ataque a los derechos humanos”

El proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda se convirtió en ley, y los activistas calificaron la “ley mortal” como un “ataque a los derechos humanos”.

Yoweri Museveni, dio su aprobación a la Ley Anti-Homosexualidad, que se convierte inmediatamente en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo, informó el lunes (29 de mayo) la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Uganda.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

La presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, también confirmó la noticia en una publicación en Twitter, diciendo que Museveni había “respondido a los gritos de nuestro pueblo” y “legislado para proteger la santidad de la familia”.

“Ahora animo a los garantes de deberes bajo la ley a ejecutar el mandato que se les otorga en la Ley Anti-Homosexualidad”, escribió Among. “El pueblo de Uganda ha hablado, y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, firme y constante”.

La Ley contra la Homosexualidad de Uganda introduce la pena de muerte

La nueva legislación duplica las ya duras sanciones impuestas a las personas LGBTQ+ en Uganda, donde la intimidad sexual consentida entre personas del mismo sexo es ilegal.

La Ley contra la Homosexualidad introduce el nuevo delito de “homosexualidad agravada”, que se define como tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años y tener relaciones sexuales siendo VIH positivo, entre otras categorías. Lleva una sentencia de muerte.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

El parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas por simplemente identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero los legisladores eliminaron esta cláusula en mayo después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

Arthur Kayima, un activista queer de derechos humanos de Uganda, condenó la “legislación vil y mortal” y dijo que “no hará nada para mejorar Uganda o la vida de los ugandeses”. En lugar de centrarse en los problemas reales a los que se enfrenta Uganda (pobreza, mala infraestructura, economía, violencia doméstica), Museveni preferiría causar distracción atacando nuestro derecho fundamental a existir”, dijo Kayima.

La activista continuó: “Tengo miedo por mi comunidad. ¿Cuántos de nosotros seremos encarcelados, golpeados o perseguidos en las sombras de la sociedad como resultado de esta legislación? ¿Cuántos morirán? “Todos aquellos que creen en nuestros derechos deben luchar contra esta legislación y las fuerzas detrás de ella por todos los medios necesarios”.

Activistas LGBTQ+ y de derechos humanos pidieron al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que no promulgara la Ley contra la homosexualidad. Museveni ignoró sus súplicas. (Getty)

Mike Podmore, director de la red de VIH, salud y derechos STOPAIDS, con sede en el Reino Unido, dijo que el proyecto de ley no solo es un “ataque directo a los derechos humanos”, sino que también es una “amenaza para la salud pública que diezmará la respuesta al VIH”.

Podmore describió cómo la Ley Anti-Homosexualidad penalizará la “prestación de servicios clave y afianzará aún más el estigma mortal que lamentablemente todavía rodea al VIH”.

“Debemos hacer todo lo posible para persuadir a Uganda contra este paso regresivo que podría desencadenar un efecto dominó entre otros países de la región para retroceder aún más en los derechos LGBTQI+, incluidos Kenia, Ghana y Burundi”, dijo Podmore.

“Los gobiernos de todo el mundo deben actuar de inmediato para hacer valer los derechos de las personas homosexuales y garantizar la seguridad de los ugandeses LGBTQI+ al garantizar que se respalden los servicios de primera línea y se brinde asilo seguro donde sea necesario”.

Podmore agregó que el Reino Unido tiene una “responsabilidad particular” en esta lucha, ya que las leyes que penalizan a las personas LGBTQ+ se introdujeron por primera vez cuando el Imperio Británico colonizó Uganda.

Además, dijo que Estados Unidos tiene un interés en este movimiento ya que “los grupos fundamentalistas evangélicos han financiado esta odiosa agenda”.

Después de que la Ley Anti-Homosexualidad fuera aprobada por el parlamento de Uganda en marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, advirtió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si la nación africana promulgaba el proyecto de ley.

Jean-Pierre describió la medida como “una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo”.

Dijo que la legislación anti-LGBTQ+ “afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y la [inversión] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

uganda_gay_rightsUganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

Uganda-gay-person-burned-aliveEn 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente Pink News/Cristianos Gays

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