El criminal presidente de Uganda, Yoweri Museveni,con una Biblia en la mano…

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó la Ley contra la homosexualidad, que duplica la persecución de las personas LGBTQ+ en el país.

La ley anti-LGBTQ+ de Uganda es un “ataque a los derechos humanos”

El proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda se convirtió en ley, y los activistas calificaron la “ley mortal” como un “ataque a los derechos humanos”.

Yoweri Museveni, dio su aprobación a la Ley Anti-Homosexualidad, que se convierte inmediatamente en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo, informó el lunes (29 de mayo) la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Uganda.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

La presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, también confirmó la noticia en una publicación en Twitter, diciendo que Museveni había “respondido a los gritos de nuestro pueblo” y “legislado para proteger la santidad de la familia”.

“Ahora animo a los garantes de deberes bajo la ley a ejecutar el mandato que se les otorga en la Ley Anti-Homosexualidad”, escribió Among. “El pueblo de Uganda ha hablado, y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, firme y constante”.

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General @KagutaMuseveni , has executed his Constitutional mandate and assented to the Anti-Homosexuality Act, 2023. pic.twitter.com/PH8IUegBp3

— Government of Uganda (@GovUganda) May 29, 2023

La Ley contra la Homosexualidad de Uganda introduce la pena de muerte

La nueva legislación duplica las ya duras sanciones impuestas a las personas LGBTQ+ en Uganda, donde la intimidad sexual consentida entre personas del mismo sexo es ilegal.

La Ley contra la Homosexualidad introduce el nuevo delito de “homosexualidad agravada”, que se define como tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años y tener relaciones sexuales siendo VIH positivo, entre otras categorías. Lleva una sentencia de muerte.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

El parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas por simplemente identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero los legisladores eliminaron esta cláusula en mayo después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

Arthur Kayima, un activista queer de derechos humanos de Uganda, condenó la “legislación vil y mortal” y dijo que “no hará nada para mejorar Uganda o la vida de los ugandeses”. En lugar de centrarse en los problemas reales a los que se enfrenta Uganda (pobreza, mala infraestructura, economía, violencia doméstica), Museveni preferiría causar distracción atacando nuestro derecho fundamental a existir”, dijo Kayima.

La activista continuó: “Tengo miedo por mi comunidad. ¿Cuántos de nosotros seremos encarcelados, golpeados o perseguidos en las sombras de la sociedad como resultado de esta legislación? ¿Cuántos morirán? “Todos aquellos que creen en nuestros derechos deben luchar contra esta legislación y las fuerzas detrás de ella por todos los medios necesarios”.

Activistas LGBTQ+ y de derechos humanos pidieron al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que no promulgara la Ley contra la homosexualidad. Museveni ignoró sus súplicas. (Getty)

Mike Podmore, director de la red de VIH, salud y derechos STOPAIDS, con sede en el Reino Unido, dijo que el proyecto de ley no solo es un “ataque directo a los derechos humanos”, sino que también es una “amenaza para la salud pública que diezmará la respuesta al VIH”.

Podmore describió cómo la Ley Anti-Homosexualidad penalizará la “prestación de servicios clave y afianzará aún más el estigma mortal que lamentablemente todavía rodea al VIH”.

“Debemos hacer todo lo posible para persuadir a Uganda contra este paso regresivo que podría desencadenar un efecto dominó entre otros países de la región para retroceder aún más en los derechos LGBTQI+, incluidos Kenia, Ghana y Burundi”, dijo Podmore.

“Los gobiernos de todo el mundo deben actuar de inmediato para hacer valer los derechos de las personas homosexuales y garantizar la seguridad de los ugandeses LGBTQI+ al garantizar que se respalden los servicios de primera línea y se brinde asilo seguro donde sea necesario”.

Podmore agregó que el Reino Unido tiene una “responsabilidad particular” en esta lucha, ya que las leyes que penalizan a las personas LGBTQ+ se introdujeron por primera vez cuando el Imperio Británico colonizó Uganda.

Además, dijo que Estados Unidos tiene un interés en este movimiento ya que “los grupos fundamentalistas evangélicos han financiado esta odiosa agenda”.

Después de que la Ley Anti-Homosexualidad fuera aprobada por el parlamento de Uganda en marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, advirtió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si la nación africana promulgaba el proyecto de ley.

Jean-Pierre describió la medida como “una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo”.

Dijo que la legislación anti-LGBTQ+ “afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y la [inversión] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

***

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Anita Among, Arthur Kayima, Homofobia/Transfobia, Karine Jean-Pierre, Mike Podmore, Pena de Muerte, Personas LGTBIQ, Uganda, Yoweri Museveni

Miles de personas se congregaron el pasado 31 de marzo en Kampala, la capital de Uganda, para celebrar la aprobación de la ley que castiga la homosexualidad hasta con la cadena perpetua y rendir pleitesía al presidente Yoweri Museveni por haberla promulgado. Musevini se dirigió a los presentes para afirmar que Uganda no necesita la ayuda de los países occidentales porque es “uno de los países más ricos del mundo”, y persistiendo en su idea de que la homosexualidad es un comportamiento antinatural e insalubre.

El encuentro recibió el nombre de “Servicio nacional de acción de gracias para celebrar la aprobación de la ley antihomosexualidad”, y fue organizado por el Consejo Interreligioso de Uganda. Los congregados, entre los que se encontraban cientos de niños con sus uniformes escolares, portaban carteles en los que se podían leer palabras de agradecimiento a Museveni por “salvar el futuro de Uganda“ o cómo se dirigían al presidente estadounidense para exigirle “acuerdos, no homosexualidad”.

El primero en hablar fue David Bahati, ponente de la ley homófoba en el Parlamento ugandés, con una exaltada alocución en la que pretendía relacionar esta manifestación con la que tuvo lugar en el momento de independencia de Uganda, que transcurrió por el mismo recorrido. Bahati afirmaba: “nos encontramos hoy aquí de nuevo para celebrar nuestra soberanía y libertad… para tomar las riendas de nuestro destino. Los ciudadanos de Uganda están con usted, señor presidente. Los líderes religiosos y culturales están con usted, señor presidente. Los miembros del Parlamento y la nación le respaldan”.

Se sucedieron después los discursos de semejante signo de distintos líderes políticos y religiosos, en los que se incidía sobre todo en las críticas por las amenazas tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos de cesar o reducir el grueso de las ayudas destinadas a Uganda, entre ellas las dirigidas a luchar contra la propagación del VIH. Algunos incluso expusieron la idea de organizar una fundación para mitigar las pérdidas económicas que se pudieran producir. Los líderes religiosos abogaban por combatir el VIH con la abstinencia y la fidelidad matrimonial, aun sin dejar de culpar de su propagación a la homosexualidad.

Discurso del presidente Musevini

El presidente Museveni tomó la palabra para expresar su acuerdo con la idea de una fundación, arguyendo que Uganda es “uno de los países más ricos del mundo” en comparación con los países europeos, que tan solo producen una cosecha al año, mientras que los agricultores ugandeses son capaces de producir dos.

Incidió también en su idea de que la homosexualidad es un comportamiento antinatural importado de Occidente, igual que “otras cosas terribles… como el sexo oral”, del que afirmaba que era “una estupidez… la boca es para comer”. Sobre otras prácticas que consideraba propias de homosexuales, las creía contrarias a la disposición anatómica natural, pues “los órganos sexuales de los seres humanos son altamente especializados. Y ya que esa partes del cuerpo no son para esos propósitos, ocasionan repercusiones muy poco saludables… los intestinos se salen, ¡es terrible!”.

Los asistentes, entre ellos los cientos de escolares presentes, aclamaron las palabras del presidente Musevini, que concluyó su discurso y el encuentro asegurándoles que “ahora estoy motivado para combatir en esta guerra”. Ni en la alocución de Yoweri Musevini ni en las del resto de participantes hubo ninguna referencia a la violencia homófoba desatada en el país desde la promulgación de la ley.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. África, David Bahati, Discriminación, Kampala, Uganda, Yoweri Museveni

El Tribunal Constitucional de Uganda, ha confirmado el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad del país.

Cómo la ultraderecha cristiana occidental ejerce influencia en la cruzada anti-LGTBI en Ghana

Grupos como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGO azuzan desde hace años la homofobia en el país africano, cuyo Parlamento aprobó en febrero una ley que criminaliza la homosexualidad. La estrategia pasa por persuadir a la población local de que son los guardianes de la ortodoxia religiosa

El proyecto de ley aprobacdo por el parlamento de Uganda en marzo, que conlleva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, estaba siendo impugnado ante los tribunales por activistas que argumentaban que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.

“Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad, ni otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación”, dijo sobre la decisión el vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente del tribunal de Uganda, Richard Buteera.

Sin embargo, el tribunal sí encontró que ciertas partes de la ley violan el derecho de los ciudadanos a la salud y que es “incompatible con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

En reacción a la noticia, el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo dijo que el tribunal base “la decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas/sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, por decir lo menos, extraño”.

El tribunal dictó sentencia sumaria y se negó a anular la ley contra la homosexualidad de Uganda.

 “No estamos de acuerdo con los hallazgos, pero esperamos recibir su razonamiento detallado y consultarnos sobre nuestros próximos pasos”, dijo. Añadiendo: “Uno viene a la corte esperando que supere la intolerancia y los sentimientos públicos. En ese sentido, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden tomar”.

El activista Steven Kabuye,  que recientemente fue apuñalado y abandonado frente a su casa al tomarlo por muerto, dijo que la decisión significa que la comunidad LGBTQ+ en el país ha sido “empujada aún más en la oscuridad” y que el precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.

¿Cuál es la factura?

El proyecto de ley contra la homosexualidad recibió la aprobación del presidente del país,  Yoweri Museveni, en mayo de 2023 y se basó en leyes ya duras que criminalizan el sexo gay, convirtiéndose en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo.

El Parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas simplemente por identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero esta cláusula fue eliminada posteriormente por los legisladores en mayo, después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados.

En respuesta, grupos de derechos humanos y activistas LGBTQ+ criticaron el proyecto de ley como “una legislación vil y mortal” que no hará “nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses”.

Estados Unidos también dijo que el país tiene la intención de cortar los lazos económicos con Uganda tras la implementación del proyecto de ley contra la homosexualidad, y el presidente Joe Biden escribió que planeaba poner fin a las relaciones económicas por las “graves violaciones” de los derechos humanos. Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

Desde que se aprobó la legislación, ha habido  aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. en Uganda, según un informe de un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE).

El informe, visto por Reuters, denuncia 306 violaciones de derechos en Uganda basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.

En particular, el informe afirma que la lista no puede considerarse exhaustiva debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQ+ para denunciar abusos anti-LGBTQ+.

La Casa Blanca condena al Tribunal Constitucional de Uganda por defender la ley de “matar a los gays”

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de ratificar la Ley Antihomosexualidad de la nación de África Oriental.

La ley, que se aprobó en 2023, enfrentó un desafío constitucional a fines del año pasado por parte de dos profesores de derecho de la Universidad Makerere en Kampala, quienes argumentaron que viola los derechos fundamentales garantizados en la constitución de Uganda, incluida la libertad de discriminación y el derecho a la privacidad.

El tribunal superior del país confirmó la ley, que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y la “homosexualidad agravada” con la muerte. Partes de la ley –incluida una disposición que tipifica como delito no denunciar actos homosexuales a las autoridades– fueron anuladas por el tribunal por ser “incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

“El anuncio de que el Tribunal Constitucional ha eliminado algunas disposiciones de la Ley contra la Homosexualidad de Uganda es un paso pequeño e insuficiente para salvaguardar los derechos humanos”, dijo Jean-Pierre en la rueda de prensa de ayer en la Casa Blanca. “Como ha dicho el presidente una y otra vez, nadie debería vivir con miedo constante ni ser sometido a violencia o discriminación. Está mal. Seguiremos trabajando para promover el respeto de los derechos humanos para todos en Uganda y también en todo el mundo”.

El presidente Joe Biden pidió que la ley fuera inmediatamente derogada cuando fue aprobada en mayo pasado y también eliminó a Uganda de un pacto comercial de 2000 conocido como Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano (AGOA). La administración de Biden dice que contribuye a la persecución anti-LGBTQ+, pero el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, acusó a las naciones occidentales de intentar “coaccionarnos para que aceptemos relaciones entre personas del mismo sexo utilizando ayuda y préstamos”.

Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda internacionales también condenaron la ley, preocupados de que pudiera revertir décadas de progreso contra el SIDA en África. Después de que Uganda aprobara la ley, el Banco Mundial comenzó a suspender todos los préstamos a Uganda.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, también denunció la decisión del tribunal.  “Estados Unidos sigue estando profundamente preocupado por los informes de abusos a los derechos humanos en Uganda, incluso contra la comunidad LGBTQI+”, dijo Blinken en un comunicado. “Las disposiciones restantes de la AHA plantean graves amenazas al pueblo ugandés, especialmente a los ugandeses LGBTQI+ y sus aliados, socavan la salud pública, reprimen el espacio cívico, dañan la reputación internacional de Uganda y perjudican los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera”.

El representante Mark Takano (D-CA) dijo en un comunicado que estaba “indignado” por la decisión del tribunal y elogió a la administración Biden por “enviar un mensaje claro, tanto a través de la retórica como de la política, de que esta ley es fundamentalmente inhumana. Estoy indignado por el fallo del Tribunal Constitucional de Uganda que confirma una ley que despoja a los ugandeses LGBTQ de su dignidad, libertad y, en algunos casos, de sus vidas”, dice el comunicado. “Es una vergüenza y un retroceso profundamente inquietante para los derechos humanos en la región. Esta ley draconiana añade una capa completamente nueva de discriminación sistemática patrocinada por el Estado además de lo que los ugandeses LGBTQ ya enfrentan: marginación social, violencia policial, desalojos, pérdida de empleo, acoso, agresión e incluso asesinato”.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente PinkNews/LGBTQNation/Cristianos Gays

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Mark Pocan sospecha que una influyente organización cristiana está ayudando a aprobar la mortífera ley anti-LGBTQ+.

El representante Mark Pocan (D-WI)* escribió una carta a la Fellowship Foundation, una influyente organización cristiana anti-LGBTQ+, solicitando información sobre el apoyo del grupo a la Ley Anti-Homosexualidad (AHA) de Uganda, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo, un proyecto de ley contra la homosexualidad a principios de este año, que criminaliza a cualquier persona en el país que se identifique como LGBTQ+. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte.

La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. Desde la aprobación de la AHA, se han reportado al menos 180 casos de desalojos anti-LGBTQ+, más de 175 casos de “tortura, abuso y trato degradante” contra personas LGBTQ+, y más de 155 casos reportados de discriminación, abuso y otras violaciones de derechos humanos. Igualdad LGBTQ+, escribió Pocan.

“En el Desayuno Nacional de Oración de Uganda en 2023, que la Fellowship Foundation ayudó a apoyar, incluso llevando en avión al representante Tim Walberg (R-IL) para hablar, los oradores llamaron a los defensores LGBTQI+ una fuerza desde el fondo del infierno, dijeron que destruirían ”las fuerzas de LGBTQ’ y habló en apoyo de la Ley Anti-Homosexualidad”, añadió Pocan.

En el desayuno, el representante Tim Walberg, ex vendedor de Biblias, congresista republicano pidió a los líderes de Uganda que “se mantengan firmes” en apoyo de la pena de muerte para personas LGBTQ y como respuesta a la presión internacional contra Uganda, y los esfuerzos de Estados Unidos por derogar la cruel ley, aunque Walberg dijo más tarde que su declaración no apoyaba la ley. Sin embargo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que asistió al desayuno, dijo más tarde que hay estadounidenses que “piensan como nosotros”, mostrando su disposición a señalar a los políticos anti-LGBTQ+ y su retórica para justificar el apoyo de Uganda a la ley, señaló Pocan.

Pocan dijo que las preocupaciones sobre el posible apoyo de la fundación a la ley causaron que el Desayuno Nacional de Oración de Estados Unidos del año pasado, organizado por la fundación, se dividiera en dos eventos.

Pocan ha pedido a la fundación que indique si apoya o se opone a la AHA. Si se opone a la ley, pregunta si la fundación se opondrá públicamente a ella y a otras leyes que criminalizan a las personas LGBTQ+. También ha pedido a la fundación que comparta información sobre las comunicaciones de la fundación con funcionarios del gobierno de Uganda con respecto a la ley y su apoyo financiero a otras organizaciones, individuos y “actividades de promoción” en Uganda. También ha pedido información adicional sobre los vínculos de la fundación con el Desayuno Nacional de Oración, tanto en Estados Unidos como en otros países.

Le dijo a la fundación que respondiera a sus preguntas antes del 28 de febrero, aunque su carta no explicaba qué acciones se tomarían si la fundación no respondía.

Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

* Mark Pocan es abiertamente gay. Se casó con Philip Frank en Toronto, Canadá, en 2006. Se convirtió en el primer parlamentario en obtener una identificación del Congreso para su cónyuge del mismo sexo.

Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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Recapitulando con más información:

Tras la promulgación de una de las leyes contra la diversidad sexual y de género más duras del mundo en primavera de 2023, la comunidad LGTBI de Uganda, se enfrenta a las difíciles consecuencias de la persecución de Estado. La legislación discriminatoria castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, condena «la promoción de la homosexualidad» con hasta 20 años de cárcel y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Esta situación pone en grave riesgo la estrategia de control del VIH en este país africano. Activistas, personas que viven con el VIH y otras en situación de riesgo ya están sufriendo los efectos de la represión LGTBIfóbica y de la sinrazón de la criminalización del colectivo.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la «Ley contra la Homosexualidad 2023». Solo tres meses después, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada», un «delito» que se castiga con la pena de muerte. Se le acusó de «relaciones sexuales ilegales con un hombre de 41 años» y está en prisión preventiva, aunque en su orden de detención no se especificaban los motivos por los que se considera «agravamiento» en su caso. La abogada del joven ha valorado que se trata de una «ley inconstitucional» en su conjunto. De hecho, distintas organizaciones a favor de los derechos humanos la recurrieron en diciembre.

Steven Kabuye, director ejecutivo del grupo de defensa Colored Voice Truth to LGBTQ, que ha sufrido amenazas de muerte desde marzo debido a su sexualidad, se grabó en el suelo, aferrándose a la vida, tras ser apuñalado repetidamente por asaltantes desconocidos en el exterior de su casa. Ahora está recibiendo atención fuera de Uganda. Pero Kabuye dice que la policía parecía más centrada en que era gay que en el ataque.

Violación de los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, «La Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad. Además, la Ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias».

Según recoge esta organización, además, esta ley «viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención, la reclusión o el exilio arbitrarios, y las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17».

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU describió la ley como una «violación de los derechos humanos». Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el proyecto de ley como «discriminatorio, probablemente el peor de este tipo en el mundo».

En una encuesta realizada en 2022 por Afrobarómetro, una red apartidista de investigación, se puso de manifiesto que el pueblo ugandés es muy tolerante con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerante con la diversidad sexual y de género. Cerca del 97% se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94% afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía. Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes anti LGTBI. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de «deshacerse de un vestigio de la dominación colonial». Sin embargo, la realidad ugandesa es que ley contra la sodomía de 1950 fue aprobada durante el dominio colonial de Reino Unido (recordemos que Uganda obtuvo la independencia de este país en 1962).

En grave riesgo la estrategia de control del VIH

A raíz de la legislación discriminatoria contra las personas LGTBI, las organizaciones que trabajan para controlar el VIH en Uganda se están viendo sometidas a innumerables problemas y desafíos, que ponen en riesgo incluso la continuidad de muchas de ellas. Es por ejemplo el caso de la Fundación Foaster para la Salud de Uganda (FFHCU): «Actualmente, la Fundación Foaster se enfrenta a la pérdida de su oficina y espacio de refugio, y estamos recaudando fondos urgentemente para ayudar a pagar su alquiler y asegurarnos de que los miembros de Foaster no pierdan su casa y seguridad». Mientras el director  de la fundación se encontraba en el hospital visitando a un compañero que había sido golpeado, el espacio del refugio fue allanado por la policía y 10 miembros fueron arrestados bajo cargos de homosexualidad.

Escalada de represión al colectivo LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda, como hemos visto, se ha deteriorado todavía más de lo que ya estaba los últimos años. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La durísima normativa vigente se remonta a 2016, cuando la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, perofinalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, ya vigente, recupera muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Con todo, conviene tener en cuenta que además del marco jurídico desfavorable, la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques discriminatorios arbitrarios. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre de 2019  recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo, como ha acabado ocurriendo.

La Ley contra la homosexualidad de 2023

En febrero de 2023, el Parlamento de Uganda autorizó la presentación de un proyecto de ley que pretendía actualizar la penalización de las relaciones homosexuales. En el memorándum de la presentación del proyecto, se establecía que su pretensión era:

prohibir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su «promoción o reconocimiento»,

reforzar las medidas para «hacer frente a las nuevas amenazas a la familia tradicional heterosexual»,

proteger a la cultura ugandesa de los activistas de los derechos sexuales que pretenden imponer sus valores de promiscuidad sexual, y

proteger a los niños y jóvenes vulnerables ante los abusos sexuales derivados de la homosexualidad y actos afines.

Es decir, como es habitual en este tipo de textos represores de la libertad sexual, se ligaba la homosexualidad a la pederastia o abuso de menores, se la declaraba como una amenaza a la familia tradicional e incluso se la consideraba como algo ajeno a la cultura africana.

El primer borrador presentado y llevado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya establecía penas de 10 años de prisión por el «delito de homosexualidad», en el que incurrían no solo quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, sino también quienes simplemente se declarasen «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino».  También castigaba con la pena de muerte los casos de «homosexualidad agravada», en los que se incluían las relaciones homosexuales de personas que conviven con el VIH.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, una mayoría de 30 miembros apoyó el proyecto de ley tal como se había presentado. Tan solo dos miembros disintieron. Expertos en derechos humanos y juristas de prestigio declararon que muchos de los artículos del proyecto eran inconstitucionales. Fue inútil, la mayoría de los miembros de la Comisión estimaron que «la prohibición de la homosexualidad está arraigada en las leyes de Uganda y en nuestras normas y valores culturales más preciados y compartidos». También afirmaron, a pesar de las pruebas en contra, que los medios de comunicación «se han visto inundados recientemente de noticias sobre sodomía y lesbianismo en las escuelas ugandesas» y que «la seducción y el reclutamiento de escolares para la homosexualidad han tomado forma en Uganda».

De esta manera, no solamente dieron su apoyo al proyecto de ley, sino que introdujeron enmiendas que lo endurecían. Mantener relaciones homosexuales se castigaría con la cadena perpetua y con 14 años de cárcel en el grado de tentativa. Aunque desaparecía la mención al VIH en el delito de «homosexualidad agravada», se incluyó el hecho de contraer una «enfermedad terminal» por una de las partes para castigarla con la pena de muerte. También se incluyó la pena de prisión de 10 años para quienes participasen en una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se modificaron las normas del Parlamento para poder apoyar el proyecto de ley sin demora. El 21 de marzo se votaron las dos últimas lecturas, por una mayoría de 387 votos a favor y tan solo 2 en contra.

La nueva norma fue remitida al presidente Yoweri Museveni para su promulgación. Sin embargo, aconsejado por los funcionarios del Ministerio de Justicia y por miembros de su propio partido, Museveni devolvió el texto al Parlamento para que introdujera modificaciones. El presidente requería que no se castigara el mero hecho de identificarse como una persona LGTBI ni tampoco el hecho de no denunciar los actos homosexuales. El Parlamento introdujo las enmiendas necesarias, aunque la no denuncia de los actos homosexuales siguió siendo castigada si una las personas implicadas era vulnerable. El texto final fue aprobado por 348 votos a favor y tan solo 1 en contra.

El 29 de mayo de 2023, el presidente Yoweri Museveni promulgó finalmente la Ley contra la homosexualidad. Destacamos a continuación los artículos que vulneran los derechos humanos de las personas LGTBI, dejando sin citar las penas establecidas para los delitos de violación o el abuso de menores:

• Artículo 2. Delito de homosexualidad
  1. Una persona comete el delito de homosexualidad si realiza un acto sexual o permite que una persona de su mismo sexo realice un acto sexual con ella.
  2. Toda persona que cometa un delito de homosexualidad podrá ser condenada a cadena perpetua.
  3. Toda persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta diez años.
• Artículo 3. Homosexualidad agravada
  1. Una persona que cometa el delito de homosexualidad en cualquiera de las circunstancias especificadas en el apartado (2), comete el delito de homosexualidad con agravantes y puede ser condenada a muerte.
  2. Las circunstancias a las que se hace referencia en el apartado (1) son cuando
     • la persona contra la que se comete el delito contrae una enfermedad terminal como resultado del acto sexual;
     • el delincuente es reincidente;
     • la persona contra la que se comete el delito es de edad avanzada;
  3. Una persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta catorce años.
• Artículo 6. El consentimiento para cometer un acto sexual no constituye defensa
  • El consentimiento de una persona para cometer un acto sexual no constituirá una defensa frente a una acusación formulada en virtud de la presente Ley.
• Artículo 10. Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
  1. Toda persona que
     • pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo;
     • presida, conduzca, presencie o dirija una ceremonia que pretenda ser un matrimonio entre personas del mismo sexo; o
     • asista o participe a sabiendas en la preparación de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, comete un delito y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años.
  2. En esta sección, «matrimonio» significa la unión, formal o informal, entre personas del mismo sexo.
• Artículo 11. Promoción de la homosexualidad
  1. Toda persona que promueva la homosexualidad comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta veinte años.
  2. Una persona promueve la homosexualidad cuando
     • anima o persuade a otra persona a realizar un acto sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas anuncia, publica, imprime, emite, distribuye o hace que se anuncie, publique, imprima, emita o distribuya por cualquier medio, incluido el uso de un ordenador, sistema de información o internet, cualquier material que promueva o fomente la homosexualidad o la comisión de un delito tipificado en esta Ley;
     • proporcione apoyo financiero, ya sea en especie o en efectivo, para facilitar actividades que fomenten la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas alquile o subarriende, utilice o permita que otra persona utilice cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomenten la homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley; o
     • dirija una organización que promueva o fomente la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley.
  3. Cuando una persona jurídica cometa un delito tipificado en este artículo, el tribunal podrá
     • imponer una multa no superior a cincuenta mil puntos monetarios por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo;
     • suspender la licencia de la entidad por un período de diez años; o
     • cancelar la licencia concedida a la entidad.
• Artículo 14. Obligación de denunciar actos de homosexualidad
  1. Toda persona que sepa o tenga sospechas razonables de que una persona ha cometido o tiene intención de cometer un delito de homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley, informará del asunto a la policía para que adopte las medidas oportunas.
  2. Una persona a la que el privilegio le impida realizar una denuncia en virtud del apartado (1) será inmune a cualquier acción derivada de la divulgación de la información sin que se haya obtenido o tenido previamente el consentimiento o la renuncia al privilegio.
  3. Una persona que haga una denuncia a la que se hace referencia en esta sección será tratada como denunciante de conformidad con la Ley de Protección de Denunciantes de 2010 y estará protegida contra la victimización.
  4. Esta sección no se aplicará a un abogado en virtud de la Ley de la Abogacía.

Como hemos señalado anteriormente, tan solo tres meses después de la promulgación de la ley, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada»,

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La policía trató al activista como a un criminal y allanó su casa mientras aún se recuperaba en busca de pruebas que demostraran que era gay.

El resurgimiento de proyectos de ley anti-LGBTQ+ y leyes draconianas en África ha provocado una oleada de ataques homofóbicos en todo el continente, poniendo en peligro aún más a las personas LGBTQ+ cuyas vidas ya estaban en riesgo.

Estas leyes anti-LGBTQ+ no sólo criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo sino que también apuntan sistemáticamente a los activistas LGBTQ+. Steven Kabuye, un destacado activista ugandés por los derechos LGBTQ+, fue recientemente apuñalado y abandonado frente a su cas al tomarlo por muerto,  por dos hombres en una motocicleta que lo habían estado siguiendo durante varios días. Imágenes de video gráficas compartidas en X muestran a Kabuye retorciéndose de dolor, una laceración visible extendida a lo largo de su brazo y un cuchillo incrustado en su abdomen.

Kabuye, activista y editor de Coloured Voices Media Foundation-Truth to LGBTQ Uganda, fue emboscado cuando se dirigía al trabajo. Sus agresores, que llevaban casco, le apuntaron con el cuchillo, apuntando a su cuello, que él protege con su brazo derecho en el vídeo. Cuando intentó huir, los agresores lo persiguieron y lo apuñalaron en el estómago. Kabuye fue descubierto por los residentes y trasladado a un hospital cercano para una cirugía de emergencia.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, recientemente  promulgó en mayo de 2023, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo,  uno de los proyectos de ley contra los homosexuales más severos del mundo. La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados. En el siguiente tuit de X, un ugandés desconocido es acosado por una turba en un bar conocido como Happy Boys en Kampala. Se traduce así: “Museveni prohíbe a los homosexuales en Uganda. Mereces la muerte. Necesitas que te violen en grupo para que aprendas”. Esta es la vida cotidiana de un hombre gay de Uganda…

Unknown Ugandan is harassed by a mob in a bar known as Happy Boys in Kampala.
It’s translated that: “Museveni forbid gays in Uganda. You deserve death. You need to be gang raped so that you learn.”
This is the daily life of a Ugandan Gay man. #RepealAHA23 #StandUp4HumanRights pic.twitter.com/Q992r0IHAo

— Steven Kabuye (@SteveKabuye5) November 23, 2023

Esta ley ha provocado el rechazo de la comunidad internacional y la imposición de sanciones y restricciones por parte de Estados Unidos y otros países y organismos. Ante esto, Uganda acusa a EE.UU. de intentar imponer la ‘agenda LGBT’ con nuevas sanciones. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. El 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Uganda escuchó los argumentos de una demanda que impugna la ley.

Kabuye, que aún se está recuperando, reveló en X que ya ha sido acosado por la policía desde el ataque. Dijo que entraron a la fuerza a su casa en busca de lubricantes, banderas del arco iris o cualquier otro artículo incriminatorio que pudieran usar como evidencia para acusarlo bajo la Ley Anti-Homosexualidad. Dijo que cree que el intento fallido contra su vida fue un asesinato planeado.

El apuñalamiento de Kabuye se produjo días después de que se conociera que el congresista republicano estadounidense Tim Walberg defendió la ley anti-homosexualidad en un discurso que pronunció en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda, el pasado 8 de octubre. Según el medio The Young Turks, la Fundación Fellowship, que organiza el Desayuno Nacional de Oración en Washington D.C., pagó el viaje de Walberg a Uganda. El artículo también señala que Museveni estuvo entre los asistentes al evento. La oficina de Walberg no ha respondido a la solicitud de comentarios del Washington Blade.

Un incidente similar ocurrió en 2011 en la trágica historia de David Kato, un maestro ugandés y activista por los derechos LGBTQ+. Kato, considerado el padre del movimiento por los derechos de los homosexuales en Uganda, fue asesinado a sangre fría después de obtener una victoria judicial sobre un tabloide que pedía que se matara a los homosexuales.

Kabuye continuó revelando que después de que se le negó la entrada a su casa, la policía arrestó a su compañero de piso, lo torturó y amenazó con exámenes anales forzados en un intento de obligarlo a confesar que él y Steven eran amantes, y al mismo tiempo le pidió que detuviera a la comunidad internacional de ejercer presión sobre ellos o sería acusado falsamente de intento de asesinato.

Kabuye escribió en X: “Cuando vinieron a pedirme una declaración, seguían haciéndome preguntas como: ‘¿Quién te patrocina? ¿Cómo y cuándo te volviste gay? ¿Alguna vez has tenido alguna actividad sexual con algún hombre? Preguntas no relacionadas con el caso que nos ocupa. Simplemente no querían aceptar que fuera un crimen de odio o un intento de homicidio/asesinato”.

Otro activista LGBTQ+, Ronald Agaba, que ha estado hablando y exigiendo justicia para Kabuye, dijo que la policía de Uganda está tratando de encubrir el crimen y está ocupada culpando a la víctima. Continuó publicando capturas de pantalla de las amenazas de muerte que ha estado recibiendo desde que habló.

“La policía no te ayudará. Uganda no es para homosexuales”, dijo un usuario de X.

“Mira a este gay, corre por tu vida en Uganda porque estamos matando a los llamados LGBTQ”, añadió otro.

Otras víctimas en todo el país incluyen a Arianna, una mujer transgénero que fue acusada falsamente en un video viral de TikTok de obligar a hombres jóvenes a tomar hormonas. Un día, cuando llegó a casa después de hacer compras, se encontró con una multitud enfurecida reunida frente a la puerta de su casa. “Cuando me vieron, empezaron a agarrarme y a gritar que tenía que morir”, dijo a The Guardian. “Lo único que recuerdo después fue despertarme en un hospital”.

La nueva ley también castiga a activistas con 20 años de prisión por promover la homosexualidad, lo que lleva a una represión contra las organizaciones de derechos humanos y a la criminalización de cualquier defensa LGBTQ+. Un diputado de Uganda, el Excmo. Cecilia Ogwal, que fue una de los 387 miembros del Parlamento de Uganda que apoyaron la Ley contra la Homosexualidad, llamó a los defensores LGBTQ+ “una fuerza del fondo del infierno” e instó a los ugandeses a “destruir” estas fuerzas LGBTQ+.

Jane, una activista ugandesa de 24 años, dijo Nación LGBTQ Teme por su vida y ha estado escondida. “Últimamente he estado recibiendo amenazas de muerte en línea. Una persona prometió cazarme, violarme y cortarme el cuello”, dijo. “Lo desalentador de esto es que ni siquiera puedo denunciarlo a la policía. Incluso la policía es la que nos aterroriza y fomenta este comportamiento”.

Los activistas y activistas LGBTQ+ en África no han ocultado su postura y lo que sienten acerca de la nueva ley. Se presentó una petición ante el Tribunal Constitucional para impugnarla, pero no se sabe si habrá un resultado positivo. Las audiencias judiciales comenzaron el mes pasado, pero aún no se ha emitido ningún fallo.

Entre las personas que presentaron la petición se encontraban los dos únicos parlamentarios que votaron en contra del proyecto de ley, Fox Odoi-Oywelowo y Paul Kwizera Bucyana, así como los destacados activistas de derechos humanos Pepe Onziema y Frank Mugisha. El Foro de Promoción y Concienciación sobre los Derechos Humanos de Uganda y una serie de grupos internacionales presentaron peticiones adicionales.

La activista Jackline Kemigisa escribió en OpenDemocracy que se unió a la petición “porque el delito vagamente definido por la ley de ‘promoción de la homosexualidad’” pone en peligro su “trabajo y libertad como periodista e investigadora que cubre los movimientos queer y feministas en Uganda. Si mi trabajo, en el que escribo sobre comunidades minoritarias con equidad y dignidad, fuera considerado ‘promoción de la homosexualidad’ según la Sección 11 de la nueva ley, me enfrentaría a hasta 20 años de prisión”, dijo.

Otra activista ugandesa, Kira, explicó cómo la nueva ley ha cambiado su vida. “Uganda siempre ha sido homofóbica”, dijo a LGBTQNation, “pero desde que se firmó este nuevo proyecto de ley las cosas han cambiado. Antes de la nueva ley, lo peor que te podía pasar en público era que te abuchearan, ya que la gente rara vez te ataca sin provocación. Pero la nueva ley los ha envalentonado. Ahora nos atacan públicamente basándose en la percepción, algunos de ellos incluso llegan a acecharnos y tendernos emboscadas en nuestras casas. Al ser una mujer que se presenta masculina, tengo miedo de salir en público estos días porque no ser lo suficientemente tradicionalmente femenina podría hacer que me maten. Casi perdemos a un amigo el mes pasado después de que una turba lo golpeara en el mercado por sus gestos femeninos”.

Según Reuters, el Tribunal Constitucional de Uganda comenzó a escuchar una impugnación el 18 de diciembre que dice que la ley viola derechos constitucionalmente protegidos. Un panel de cinco jueces dijo a los peticionarios que serían notificados cuando se llegara a un fallo.

“Para ser honesto, no tengo ninguna fe en que nuestro poder judicial o que todo este caso tenga un resultado positivo”, dijo John Mukasa, un activista por los derechos de los homosexuales y funcionario médico que vive en Uganda. Nación LGBTQ. “La homosexualidad es un tema muy controvertido en África y la homofobia ha calado profundamente en nuestra sociedad. Nuestros políticos están explotando este odio para su propio beneficio disfrazado de proteger las culturas africanas y continuarían haciéndolo sin importar el costo. Uganda tiene una infinidad de problemas, desde la inseguridad hasta la pobreza multidimensional y el hambre; estas leyes contrarias simplemente se utilizan para distraer a la gente de los problemas que realmente importan”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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“Eso es lo que se merecen”, dijo a los periodistas en la empobrecida nación de África Oriental.

El presidente de Burundi alient la violencia homófoba. Évariste Ndayishimiye, en una intervención televisada, hizo a finales de año un llamamiento a la lapidación de las personas LGTBI, en una nueva escalada de la retórica de odio homófobo. Las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas desde 2009 en el país africano, y la situación de la comunidad LGTBI no ha hecho más que empeorar desde entonces. Un reciente informe de Amnistía Internacional denuncia el «entorno hostil» en el que tienen que desarrollar sus vidas.

El presidente de Burundi se unió el viernes al coro de sentimientos anti-LGBTQ+ entre los líderes del África subsahariana al pedir la persecución de los homosexuales en sus países. “Si queréis atraer una maldición al país, aceptad la homosexualidad”, dijo a los periodistas el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, según Reuters.

En un evento en la pequeña nación sin salida al mar al sur de Uganda en la provincia oriental de Cankuzo del país, donde respondió preguntas de periodistas y del público, Ndayishimiye comentó que los homosexuales en su país deberían ser detenidos y llevados a un estadio donde serían apedreados.  La diatriba homófoba se retransmitió por radio y televisión. Ante una pregunta sobre las parejas del mismo sexo, Ndayishimiye tachó la existencia de estas como una «práctica abominable». «Os digo la verdad», prosiguió, «si queréis traer la maldición a un país, hay que dejar casarse a las personas del mismo sexo», apelando a continuación a la leyenda bíblica de Sodoma y Gomorra. «Personalmente, pienso que si se ven ese tipo de individuos en Burundi, habría que ponerlos en un estadio y lapidarlos con piedras. ¡Y eso no sería un pecado para los que lo hicieran!», sentenció Ndayishimiye durante el evento: “Eso es lo que se merecen”, añadió.

Si bien los comentarios del presidente no tienen fuerza de ley, son una indicación de las crecientes actitudes anti-LGBTQ+ entre funcionarios gubernamentales y ciudadanos públicos que se han ido extendiendo en general por toda la región.

La presidencia de Ndayishimiye, que lleva en el poder desde 2020, se ha caracterizado en materia de derechos por la virulencia contra las personas LGTBI. En su discurso de inauguración calificó el matrimonio entre personas del mismo sexo como una «desviación social» y poco después sugirió que los países más afectados por la pandemia de la covid-19 eran los que apoyaban a la comunidad LGTBI. A comienzos del año pasado, hizo un llamamiento a «echar una maldición a las personas que se entregan a la homosexualidad» porque «Dios no puede soportarlo» y «Dios nunca tuvo la intención de [permitir los] matrimonios del mismo sexo».

Burundi, pequeño país africano densamente poblado de mayoría católica (el propio Ndayishimiye es descrito como un «católico ferviente»), sufre desde hace años una preocupante deriva hacia la violencia y la estigmatización de las personas LGTBI. Las relaciones entre personas del mismo sexo, tanto hombres como mujeres, están penadas desde 2009 con multas y hasta dos años de cárcel. Desde entonces se han documentado numerosos casos de arrestos y hostigamiento, que con frecuencia incluyen extorsiones por parte de la policía para conseguir sobornos de sus víctimas. En 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la detención de dos menores de edad por subir a Facebook un vídeo en el que aparecían bailando juntos.

Amnistía Internacional ha publicado recientemente un informe, con el contundente título de Nos enfrentamos a la extinción, en el que analiza la situación de la comunidad LGTBI en doce países africanos. Entre ellos Burundi, sobre el que alerta del clima de hostigamiento creciente y los arrestos arbitrarios. «El marco legal ha creado un entorno hostil para las personas LGTBI en el país, dejándolas vulnerables a la discriminación, el acoso y la persecución», reza el informe, que añade que «los comentarios incendiarios del presidente Ndayishimiye solo han servido para marginalizar y estigmatizar más aún a las personas LGTBI en Burundi».

Al igual que los líderes de las vecinas Uganda y Kenia, Ndayishimiye acusó a las naciones occidentales de imponer los derechos de los homosexuales en África a cambio de ayuda. “Que se lo queden”, dijo.

Los comentarios de Ndayishimiye se producen  tras la aprobación en Uganda de la segunda “Matar a los gays” en marzo, firmada con entusiasmo por el presidente de ese país, Yoweri Museveni, en mayo del año pasado. La ley, oficialmente titulada Ley contra la Homosexualidad, establece la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”, definida como actos entre personas del mismo sexo realizados por cualquier persona infectada con VIH o cualquier acto entre personas del mismo sexo que involucre a niños, discapacitados o una víctima coaccionada.

Quienes “promuevan” la homosexualidad en Uganda por cualquier medio, como proporcionar servicios o alquilar espacios a personas u organizaciones homosexuales conocidas, están sujetos a multas y penas de prisión.

Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Actualmente la ley está siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional del país.

 Tras la firma de Museveni, Estados Unidos anunció restricciones de visas y la expulsión de Uganda de un pacto comercial liderado por Estados Unidos por las “graves violaciones” de los derechos humanos y otros requisitos de elegibilidad del país.

El año pasado, los legisladores de Kenia, introdujeron una copia de la ley “Matar a los gays” que se abrió camino en el parlamento. La ley propuesta incluye la “expulsión de refugiados y solicitantes de asilo que violen la ley” y exigiría “psicoterapia y rehabilitación de delincuentes”, planteando la perspectiva de campos de reeducación y terapias de conversión forzada para personas queer.

La presentación del Proyecto de Ley de Protección Familiar de Kenia se produjo tras una cumbre de legisladores activistas anti-LGBTQ+ en Uganda en marzo organizada por Family Watch International, una organización con sede en Arizona comprometida con la difusión de la ideología anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. El grupo jugó un papel decisivo en la elaboración del proyecto de ley Kill the Gays original de Uganda en 2009.

A raíz de Uganda y Kenia, la legislación y los procesamientos anti-LGBTQ+ se han extendido a otras naciones africanas, incluidas Ghana, Zambia y Tanzania, donde las autoridades han prometido procesar a cualquiera que sea sorprendido compartiendo contenido LGBTQ+ en línea

Fuente LGBTQNation/Tetû

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Un activista LGTBI ugandés, al borde de la muerte tras ser apuñalado por dos desconocidos después de que un político estadounidense respaldara la ley que criminaliza la homosexualidad en su país

Un destacado activista LGTBI ugandés fue apuñalado el miércoles por dos desconocidos que iban en una motocicleta. Steven Kabuye, co-director ejecutivo de Coloured Voice Truth to LGBTQ Uganda, una organización que defiende los derechos de las personas LGTBI en el país africano, sufrió una profunda herida en el antebrazo derecho y otra en el estómago, donde quedó clavado el cuchillo.

Un vídeo publicado en la cuenta de X de Kabuye muestra al activista en el suelo retorciéndose de dolor mientras pide ayuda. Hans Senfuma, oficial de defensa de Coloured Voice Truth to LGBTQ Uganda, escribió en X que el ataque tuvo lugar cerca de la casa de Kabuye cuando se dirigía a trabajar, alrededor de las 8 de la mañana. “Steven dice que la intención de estos dos tipos era matarlo, no robarlo, y que cree que lo han estado siguiendo durante varios días”, escribió Senfuma.

This morning, a Uganda LGBTQ community activist was brutally attacked with a knife. Currently undergoing surgical treatment, we stand with the activist and hope for a full recovery. Haterade and hate crimes have no place in Uganda. We urge the police to conduct a thorough… https://t.co/v7EKFWxX9T

— Dr. Frank Mugisha (@frankmugisha) January 3, 2024

Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, otra organización LGTBI, condenó el ataque y expresó su solidaridad con Kabuye. “Esta mañana, un activista de la comunidad LGTBI de Uganda fue brutalmente atacado con un cuchillo. [Kabuye] está actualmente recibiendo tratamiento quirúrgico, estamos con el activista y esperamos una pronta recuperación. El odio y los crímenes de odio no tienen cabida en Uganda. Instamos a la policía a que realice una exhaustiva investigación”, dijo Mugisha.

En declaraciones a Reuters, Mugisha citó la ley antigay de Uganda por perjudicar la violencia. “El profundo odio hacia las minorías sexuales que desató la ley creó una atmósfera en la que se producen este tipo de ataques”, afirmó.

Senfuma también publicó en su cuenta de X fotos de Kabuye en lo que parece ser una habitación de hospital, con el brazo vendado y una sábana ensangrentada. Senfuma informó de que Kabuye había salido de la cirugía y que se encontraba en estado crítico, según Reuters.

Steven is now out of theater!
Written by admin(@senfumahans ) pic.twitter.com/WiUGj2vWhC

— Steven Kabuye (@SteveKabuye5) January 3, 2024

El ataque se produce menos de siete meses después de que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmara la ley anti-homosexualidad de su país, que contempla la pena de muerte para los casos de “homosexualidad agravada”. La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo, un proyecto de ley contra la homosexualidad a principios de este año, que criminaliza a cualquier persona en el país que se identifique como LGBTQ+. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte.

La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. En el siguiente tuit de X, un ugandés desconocido es acosado por una turba en un bar conocido como Happy Boys en Kampala. Se traduce así: “Museveni prohíbe a los homosexuales en Uganda. Mereces la muerte. Necesitas que te violen en grupo para que aprendas”. Esta es la vida cotidiana de un hombre gay de Uganda.

Unknown Ugandan is harassed by a mob in a bar known as Happy Boys in Kampala.
It’s translated that: “Museveni forbid gays in Uganda. You deserve death. You need to be gang raped so that you learn.”
This is the daily life of a Ugandan Gay man. #RepealAHA23 #StandUp4HumanRights pic.twitter.com/Q992r0IHAo

— Steven Kabuye (@SteveKabuye5) November 23, 2023

Arthur Kayima, un activista ugandés de derechos humanos queer, condenó la legislación como “vil” y “mortal”, diciendo que no hará nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses. “En lugar de centrarse en los problemas reales que enfrenta Uganda (pobreza, infraestructura deficiente, economía, violencia doméstica), Museveni causa distracción al atacar nuestro derecho fundamental a existir”, añadió.

Esta ley ha provocado el rechazo de la comunidad internacional y la imposición de sanciones y restricciones por parte de Estados Unidos y otros países y organismos. Ante esto, Uganda acusa a EE.UU. de intentar imponer la ‘agenda LGBT’ con nuevas sanciones. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. El 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Uganda escuchó los argumentos de una demanda que impugna la ley.

El apuñalamiento de Kabuye se produjo días después de que se conociera que el congresista republicano estadounidense Tim Walberg defendió la ley anti-homosexualidad en un discurso que pronunció en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda, el pasado 8 de octubre. Según el medio The Young Turks, la Fundación Fellowship, que organiza el Desayuno Nacional de Oración en Washington D.C., pagó el viaje de Walberg a Uganda. El artículo también señala que Museveni estuvo entre los asistentes al evento. La oficina de Walberg no ha respondido a la solicitud de comentarios del Washington Blade.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

***

Fuente Agencias/PinkNews/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Arthur Kayima, Coloured Voice Truth to LGBTQ Uganda, Desayuno Nacional de Oración de Uganda, Frank Mugisha, Homofobia/Transfobia, Sexual Minorities Uganda, Steven Kabuye, Tim Walberg, Uganda

El representante Tim Walberg, ex vendedor de Biblias, alentó a los líderes ugandeses a resistir los esfuerzos de Estados Unidos por derogar la cruel ley.

De vez en cuando, la derecha en Estados Unidos no puede evitar mirar con nostalgia a los países donde la represión de LGBTQ es una cuestión de ley. Pero el representante Tim Walberg, republicano de Michigan, fue un paso más allá. De hecho, viajó a Uganda para reunirse con líderes de allí e instarlos a “mantenerse firmes” en apoyo de su draconiana ley anti-LGBTQ, que incluye la pena de muerte para los homosexuales. La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

La ley es tan horrible que incluso el senador Ted Cruz la ha condenado.

Walberg hizo el viaje en octubre pasado, pero pasó desapercibido hasta que Salon lo reveló esta semana. Walberg fue el orador principal en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quien promulgó la Ley contra la Homosexualidad en mayo, estuvo entre los presentes en el discurso de Walberg. Museveni dijo que la presencia de Walberg demostraba que sí. Museveni dijo más tarde que el discurso de Walberg demostraba que algunos estadounidenses “piensan como nosotros”.

En el discurso, Walberg llamó a los líderes de Uganda a desafiar los esfuerzos para obligar a la nación africana a revocar la cruel ley, que castiga la “homosexualidad agravada” con la pena de muerte”. Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.

Estados Unidos sacó a Uganda de un pacto comercial y emitió sanciones de visa contra algunos funcionarios ugandeses. El Banco Mundial ha suspendido todos los préstamos a Uganda en respuesta a la medida, porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

“Aunque el resto del mundo los está presionando, aunque hay otros países importantes que están tratando de entrar en ustedes y, en última instancia, cambiarlos, manténganse firmes. Manténganse firmes”, aconsejó Walberg a los asistentes.

Walberg citó la Biblia como justificación de una ley para matar personas. “El pensamiento del mundo es inútil”, dijo Walberg. “Inútil, por ejemplo, es la idea del Banco Mundial, o de la Organización Mundial de la Salud, o de las Naciones Unidas, o, lamentablemente, de algunos miembros de nuestra administración en Estados Unidos que dicen: ‘Están equivocados al defender valores que Dios creó,’ por decir que hay hombre y mujer y Dios los creó’”.

“¿De qué lado queremos estar?” Walberg continuó. “Del lado de Dios. Ni el Banco Mundial, ni necesariamente los Estados Unidos de América, ni la ONU del lado de Dios”.

Walberg se alineó explícitamente con Museveni y los legisladores ugandeses que aprobaron abrumadoramente el proyecto de ley “Matar a los gays”. Refiriéndose al presidente de Uganda, Walberg dijo: “Él sabe que tiene un Parlamento y… incluso congresistas como yo, que dirían: ‘Estamos con ustedes’”.

Walberg, ex vendedor de Biblias, siempre ha sido un conservador religioso estándar en el Congreso. HRC lo designó miembro de su Salón de la Vergüenza en 2014. Este año fue el autor de una disposición que llamó Ley de Derechos de los Padres sobre la Educación y el Cuidado de sus Hijos (PROTECT), parte de un proyecto de ley republicano más amplio que no llegó a ninguna parte. Según la disposición de Walberg, las escuelas deberían obtener el consentimiento de los padres antes de cambiar los pronombres o nombres preferidos de un estudiante.

Su viaje a Uganda fue patrocinado por el Desayuno Nacional de Oración de Estados Unidos, un antiguo grupo bipartidista que recientemente ha dado un giro de extrema derecha. La nueva líder del grupo es Caroline Aderholt, ex líder de Concerned Women of America, un grupo anti-LGBTQ desde hace mucho tiempo. El marido de Aderholt es el representante Robert Aderholt, un republicano de Alabama que una vez intentó impedir que las agencias de adopción permitieran la adopción a personas homosexuales.

Si bien Walberg ha recibido críticas por sus comentarios, no espere que sus compañeros republicanos lo condenen. En todo caso, Walberg está diciendo lo que al menos algunos otros tipos nacionalistas cristianos en las filas también están pensando. Es sólo otro recordatorio de que cuando se trata del Partido Republicano de hoy, nada se considera completamente fuera de lo normal, incluso matar a personas LGBTQ.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays

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El hombre de 25 años, que llegó a Canadá en 2018 como estudiante internacional y desde entonces trabajó en Edmonton, Alberta, como enfermero, se quedó sin opciones este año cuando su visa de trabajo expiró y su solicitud de estatus de refugiado fue rechazada. .

Uganda se ha convertido este año en uno de los países más peligrosos para las personas LGBTQ+, con la introducción de su dura Ley Antihomosexualidad. La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

La Ley exige la pena de muerte para determinadas actividades entre personas del mismo sexo y ha provocado un torrente de abusos contra las personas LGBTQ+ en el país, tanto por parte de ciudadanos como de la policía.

A pesar del peligro inherente que le espera en casa, al hombre, que permaneció en el anonimato cuando habló con Global News de Canadá para proteger su identidad, se le rechazó su solicitud de asilo y todas las apelaciones posteriores.

El hombre, identificado por el medio como “Sue”, explicó que su solicitud de asilo fue rechazada porque no pudieron demostrar su orientación sexual. “No sé cómo demostrar… ¿Cómo se supone que voy a demostrar que soy un hombre gay? Te acabo de decir que soy un hombre gay”, dijo.

“No tengo adónde ir”, dijo Sue. “Estoy varado e incluso el lugar que pensé que me consolaría me está obligando a salir. Es difícil explicar el sentimiento, pero ahora mismo siento que no tengo adónde ir”.

Sue admitió que había supuesto que en Canadá estaría “cómodo” y “bien como estoy”. Continuó: “El hecho de que tenga que demostrar mi sexualidad más allá de toda duda razonable me resulta bastante ridículo. Todo esto es un horror. Siento que estoy en una pesadilla y tengo muchas ganas de despertar, pero no puedo. Sólo estoy rezando y esperando que el gobierno pueda intervenir”.

Si nada cambia, Sue, que comenzó su proceso de solicitud en abril de 2022, será deportada el martes (19 de diciembre).

Battista señaló que no podía entender por qué Canadá no había impuesto una moratoria a la deportación, lo que, según dijo, se podría hacer para las personas que regresarían a comunidades donde estarían en peligro. “Dado el deterioro de la situación de los derechos humanos en (Uganda), creo que sería una muy buena medida política por parte del gobierno de Canadá”, dijo.

Mientras espera en el limbo los próximos días, a Sue le resulta difícil no pensar en lo que le espera en Uganda. “Toda mi familia me abandonó, así que aunque llegue al aeropuerto, no sé dónde me quedaré. No sé adónde voy a ir. Me he quedado sin opciones. Existe una posibilidad muy alta de que me arresten y me torturan, sólo por identificarme como un hombre gay. Es realmente algo muy, muy desalentador que un ser humano pueda tratar a alguien con dureza”.

Sue también le escribió al parlamentario de Alberta, Randy Boissoneault, sobre su caso, cuya oficina le dijo a Global News que estaban al tanto de su situación y estaban trabajando con funcionarios de inmigración.

Mientras tanto, un portavoz de la CBSA (Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá) dijo al medio que “la decisión de expulsar a alguien de Canadá no se toma a la ligera” y “todas las personas sujetas a expulsión tienen acceso al debido proceso y a la equidad procesal”. Su declaración decía: “Canadá está monitoreando la situación en Uganda y sigue comprometido a ofrecer protección de refugiados a quienes la necesitan, incluidas las personas que han sido perseguidas por su orientación sexual, expresión de género, identidad de género y características sexuales”.

El proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda ha provocado una enorme protesta por parte de grupos de derechos humanos y LGBTQ+ de todo el mundo, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda en respuesta a la aprobación de la ley. La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

Aún así, el país ha insistido en que no cederá y ha acusado a Estados Unidos de impulsar “la agenda LGBT en África”.

Fuene PinkNews

General, Homofobia/ Transfobia. Alberta, Canadá, Depoortación, deportación, Homofobia/Transfobia, Randy Boissoneault, Uganda

By Muhammed Akinyemi

LAGOS, Dec 12 (Openly) –

En toda África, mientras que los veredictos judiciales garantizaron los derechos de las personas LGBTQIA+ en Kenia y Namibia, países como Uganda y Ghana redobló su apuesta por la legislación anti-LGBTQIA+.

El año comenzó con 32 de 54 países africanos criminalizando a las personas LGBTQIA+, según el grupo de derechos humanos Human Dignity Trust. De cara a 2024, ese número se reducirá a 31.

Aquí están las actualizaciones importantes de 2023.

Mauricio: El tribunal más alto del país insular despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo, derogando una ley de la época colonial que se remonta a 1898.

Kenia: En febrero, la Corte Suprema del país de África oriental afirmó el derecho de los grupos de defensa LGBTQIA+ a registrarse como ONG.

Tras el fallo, el parlamentario de la oposición Peter Kaluma presentó un proyecto de ley al parlamento en mayo que de hecho anularía la decisión de la Corte Suprema al limitar los derechos de reunión, expresión y manifestación de las personas LGBTQIA+. El proyecto de ley aún se encuentra en el parlamento y aún no ha sido aprobado.

Namibia: El Tribunal Supremo reconoció los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados fuera del país del sur de África. En octubre, el Tribunal Supremo de Namibia escuchó los argumentos en un caso que cuestionaba la constitucionalidad de las leyes que prohíben la sodomía y delitos conexos. El tribunal dictará sentencia en mayo de 2024.

Uganda: El presidente Yoweri Museveni promulgó en mayo una de las leyes anti-LGBTQIA más estrictas del mundo, que incluye la pena de muerte por “homosexualidad agravada”. La ley permite cadena perpetua para ciertos delitos que involucran relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, sentencias de 20 años por “promoción de la homosexualidad” y hasta 10 años por intentar cometer actos entre personas del mismo sexo.

Ghana: La nación de África occidental está preparada para seguir a Uganda en la promulgación de una estricta legislación anti-LGBTQIA+ después de que su Corte Suprema rechazara una apelación para impedir que la legislatura aprobara el proyecto de ley. La posible legislación, introducida por primera vez en 2021, penalizará las relaciones entre personas del mismo sexo y la transición de género, mientras que la defensa de los derechos LGBTQIA+ podría dar lugar a una sentencia de hasta 10 años de prisión.

Nigeria: El país más poblado de África sufrió dos arrestos masivos en tres meses, en los que un total de 145 personas fueron detenidas por asistir a lo que las autoridades dijeron que eran bodas gay.

Túnez: En enero, un tribunal de apelaciones desestimó el prolongado procesamiento de un activista por los derechos de los homosexuales, conocido como Daniel, y dictaminó que el caso era inadmisible debido a irregularidades procesales. Túnez conserva una legislación anti-LGBTQIA+ que sigue utilizándose contra personas y activistas LGBTQIA+ en el país.

Información de Muhammed Akinyemi.

Esta historia es parte de una serie apoyada por el programa Free To Be Me de VIHOS.
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(Reporte de Muhammed Akinyemi; Editado por Sadiya Ansari y Jon Hemming. La Fundación Thomson Reuters es el brazo caritativo de Thomson Reuters. Visite https://www.openlynews.com/)

Openly es una iniciativa de la Fundación Thomson Reuters dedicada a la cobertura imparcial de cuestiones LGBT+ de todo el mundo.
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General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. África, Avances, Ghana, Homofobia/Transfobia, Kenia, Mauricio, Nigeria, Personas LGTBIQ, Retrocesos, Túnez, Uganda

Uganda condenó a Estados Unidos y los acusó de intentar impulsar una “agenda LGBT” en África después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra funcionarios ugandeses.

Estados Unidos confirmó el lunes (4 de diciembre) que aplicaría restricciones de visa a los funcionarios ugandeses que considera responsables de reprimir a varios grupos marginados, incluida la comunidad LGBTQ+ con la controvertida ley anti-LGBTQ+ introducida este año.

La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo, un proyecto de ley contra la homosexualidad a principios de este año, que criminaliza a cualquier persona en el país que se identifique como LGBTQ+. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte.

La ley ya ha visto un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.

Al anunciar las restricciones de visas el lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo: “Hoy anuncio la ampliación de la política de restricción de visas para incluir a funcionarios ugandeses actuales o anteriores u otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar el proceso democrático en Uganda o para políticas o acciones destinadas a reprimir a miembros de poblaciones marginadas o vulnerables.Estos grupos incluyen, entre otros, activistas ambientales, defensores de los derechos humanos, periodistas, personas LGBTQI+ y organizadores de la sociedad civil”.

La medida se produce después de que el presidente Joe Biden anunciara en octubre que planeaba poner fin a la relación de Estados Unidos con Uganda y varios otros países africanos por lo que describió como “graves violaciones” de los derechos humanos.

En respuesta, el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, criticó a Estados Unidos y prometió que su gobierno no cederá ante la “agenda LGBT” del país.

“Hay un golpe de estado en el Departamento de Estado de EE.UU. Está siendo tomado por personas que están impulsando la agenda LGBT en África”, dijo Oryem, según Reuters. “¿Por qué no imponen las mismas sanciones a los países de Medio Oriente que tienen leyes iguales o más duras contra LGBT? Si niegan las visas a nuestros parlamentarios, irán a Shanghai y Guangzhou. Hay muchísimos lugares hermosos para visitar”.

Estas restricciones de visa son sólo la última respuesta al proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda.

En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

***

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

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En un comunicado, la Conferencia Episcopal Católica de Ghana elogió a los políticos por avanzar en un proyecto de ley contra los Derechos LGBTIQ+, destacando el compromiso del presidente Bagbin.

La Conferencia Episcopal Católica de Ghana (GCBC, por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado en el que elogia a los políticos del país por sacar adelante un proyecto de ley a favor de la familia que pretende combatir los Derechos de las personas LGBTIQ+

“Queremos dar las gracias al Parlamento por el trabajo realizado hasta ahora en el proyecto de ley, en particular el compromiso del presidente, Rt. Hon. Alban K.S Bagbin para garantizar la aprobación exitosa del proyecto de ley”, dijo la GCBC en una declaración del 18 de noviembre, refiriéndose al avance en julio del Proyecto de Ley de Promoción de los Derechos Sexuales Humanos y los Valores Familiares Ghaneses 2021 de la etapa preliminar a la “consideración”, empujándolo un paso más cerca de convertirse en ley.

“Instamos a que aceleren la aprobación y pedimos al presidente que apruebe el proyecto de ley tan pronto como sea aprobado por el Parlamento”, añadieron los obispos.

“Nuestra voz necesita ser escuchada en este asunto no solo porque, en nuestra opinión, es moralmente inaceptable, sino también porque la Iglesia en Ghana constituye un porcentaje considerable de la población”, afirman los obispos y añaden que quieren que “esta abominable práctica sea ilegal en nuestro país”, y para apoyar estas afirmaciones, defienden que la Biblia “condena esta práctica” y citan varios pasajes del Antiguo Testamento y de san Pablo (ninguno de Cristo, por supuesto, ya que no hay ninguno) para corroborarlo.

También recurren al catecismo de la Iglesia católica para defender que la Iglesia ve la práctica de la homosexualidad “como algo condenado por las Escrituras”. Además de estos pasajes, “la Iglesia considera que la práctica de la homosexualidad es incompatible con las historias de la creación que relacionan al hombre y la mujer en el Génesis”. Es por ello, que los obispos afirman que “elegir a alguien del mismo sexo para la actividad sexual o para el matrimonio es anular el rico simbolismo y significado, por no hablar de los objetivos del designio sexual de Dios”.

Por otro lado, subrayan que la Iglesia hace distinción entre ”la condición o tendencia homosexual“ y “acciones homosexuales”. Sostienen que para la Iglesia esto último es “intrínsecamente desordenado y en ningún caso debe ser aprobado”. Los obispos especifican que la Iglesia no condena a las personas por ser homosexuales, pero sí condena los actos homosexuales.

Con un cinismo que clama al cielo, después de semejante alegato homófobo, tienen la desvergüenza de decir que “se deben respetar los derechos de los homosexuales como personas”. Acto seguido, la Conferencia Episcopal de Ghana argumenta que según la interpretación de la Iglesia, “los derechos de los homosexuales como personas no incluyen el derecho de un hombre a casarse con un hombre o de una mujer a casarse con una mujer”. Eso sí, nos perdonan la vida al afirmar que ”no es correcto someter a los homosexuales a ningún tipo de acoso simplemente porque son homosexuales”. ¡Y lo dicen ellos!.

Obispos católicos (no necesariamente cristianos) de Ghana

En el proyecto de ley se proponen sanciones penales para quienes participen en actos homosexuales o los promuevan. Esto incluye la prohibición total del matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental y otras manifestaciones públicas de la orientación homosexual o la identidad transexual. El proyecto de ley también pretende reprimir la identidad de género prohibiendo las intervenciones de reasignación en personas Trans.

No es la primera vez que los obispos de Ghana adoptan una postura intransigente contra los Derechos de las personas LGTBIQ+ en el país, de mayoría cristiana.

En 2015, el CBCG publicó una declaración en la que defendía los valores provida y profamilia, haciendo hincapié en la importancia de mantener una supuesta visión digna de la sexualidad humana.

A medida que Occidente sigue defendiendo los derechos de las personas LGBTIQ+ tanto dentro como fuera del país, cada vez más naciones africanas han empezado a adoptar una postura LGTBIQ+foba. Además de Ghana, las naciones de Uganda, Kenia y Namibia han aprobado o impulsado leyes contra la sodomía o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La continua resistencia de África a la aceptación de los derechos LGTBIQ+ ha llevado a organismos internacionales pro-LGBT y a países como Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial a exigir a los países de la región a progresar en la defensa de los Derechos Humanos o a enfrentarse a consecuencias financieras o económicas.

En Uganda, la Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

En octubre, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su administración anunciaron que Uganda quedaría excluida de su programa “Ley de Crecimiento y Oportunidad en África” por su cruel Ley Antigay. A principios de agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda en respuesta a la aprobación de la ley..

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Alban K.S Bagbin, Conferencia Episcopal Católica de Ghana, Ghana, Homofobia/Transfobia, Personas LGTBIQ, Proyecto de Ley de Promoción de los Derechos Sexuales Humanos y los Valores Familiares Ghaneses

El cardenal ghanés se opone a una ley que impondrá duras penas al colectivo

La homosexualidad no debería ser un delito penal y se debería ayudar a la gente a comprender mejor el tema, dijo a la BBC un alto cardenal de Ghana.

“Si culturalmente tenemos expresiones… significa simplemente que no es completamente ajeno a la sociedad ghanesa”

“Es hora de comenzar con la educación, de ayudar a la gente a comprender cuál es esta realidad, este fenómeno. Necesitamos mucha educación para lograr que la gente… haga una distinción entre lo que es delito y lo que no lo es”

Los comentarios del cardenal Peter Turkson se producen mientras el parlamento debate un proyecto de ley que impone duras penas a las personas LGTBI

Sus puntos de vista están en desacuerdo con los obispos católicos de Ghana, quienes dicen que la homosexualidad es “despreciable“

El sexo gay ya es ilegal en Ghana y conlleva una pena de prisión de tres años

27.11.2023 | Damián Zane

El cardenal Peter Turkson, ex prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral y su predecesor, el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, criticó las leyes de criminalización en una entrevista con la BBC.

(BBC).- La homosexualidad no debería ser un delito penal y se debería ayudar a la gente a comprender mejor el tema, dijo a la BBC un alto cardenal de Ghana.

Los comentarios del cardenal Peter Turkson se producen mientras el parlamento debate un proyecto de ley que impone duras penas a las personas LGTBI.

Sus puntos de vista están en desacuerdo con los obispos católicos de Ghana, quienes dicen que la homosexualidad es “despreciable“.

El mes pasado, el Papa Francisco sugirió que estaría dispuesto a que la Iglesia Católica bendijera a las parejas del mismo sexo.

Sin embargo, añadió que la Iglesia todavía consideraba las relaciones entre personas del mismo sexo “objetivamente pecaminosas” y no reconocería el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En julio, los parlamentarios ghaneses respaldaron medidas en un proyecto de ley, que aún no ha completado su aprobación en el parlamento, que haría que identificarse como LGBT sea punible con una pena de prisión de tres años. Las personas que hagan campaña por los derechos LGBT también podrían enfrentarse a hasta 10 años de cárcel.

El sexo gay ya es ilegal y conlleva una pena de prisión de tres años.

En su declaración de agosto, emitida junto con otros importantes grupos cristianos del país, los obispos ghaneses afirmaron también que los países occidentales deberían “detener los incesantes intentos de imponernos valores culturales extranjeros inaceptables“, informó el periódico Catholic Herald . El arzobispo Philip Naameh, ex líder del GCBC, había escrito previamente una carta a los legisladores que abogaban por la ley, aunque también defendía que “los homosexuales… deberían disfrutar de los mismos derechos fundamentales que todas las personas disfrutan”, aun cuando también respaldaba y apoyaba la Terapia de conversión.

El cardenal Turkson, que en ocasiones ha sido considerado como un futuro candidato a ser Papa, dijo al programa HARDtalk de la BBC que “las personas LGBT no pueden ser criminalizadas porque no han cometido ningún delito”.

“Es hora de comenzar con la educación, de ayudar a la gente a comprender cuál es esta realidad, este fenómeno. Necesitamos mucha educación para lograr que la gente… haga una distinción entre lo que es delito y lo que no lo es”, continuó. decir.

El purpurado recordó que en una de las lenguas de Ghana, el akan, existe la expresión “hombres que actúan como mujeres y mujeres que actúan como hombres”. Sostuvo que esto era una indicación de que la homosexualidad no era una imposición externa.

Sin embargo, el Cardenal Turkson dijo que pensaba que lo que había llevado a los esfuerzos actuales para aprobar medidas estrictas contra los homosexuales en varios países africanos eran “intentos de vincular algunas donaciones y subvenciones extranjeras a ciertas posiciones… en nombre de la libertad, en el nombre del respeto a los derechos. Esta posición tampoco debería convertirse… en algo que se imponga a culturas que aún no están preparadas para aceptar cosas así”.

Con esta respuesta, Turkson, actualmente canciller de las Academias Pontificias de Ciencias, desafió a los obispos ghaneses que han apoyado las leyes de criminalización

Graphic Online proporcionó una transcripción editada de la entrevista, que detalla las respuestas de Turkson a las preguntas del entrevistador sobre género y sexualidad, y específicamente la legislación de Ghana:

“Mi posición ha sido simplemente la siguiente: las personas LGBT y homosexuales no pueden ser criminalizadas porque no han cometido ningún delito, pero esta posición tampoco debería convertirse en algo que se imponga a las culturas, que aún no están preparadas para aceptar cosas así. . .

“[M]i posición es contraria a lo que se acaba de aprobar, criminalizar a cualquiera, si eres capaz de identificar el delito, los casos LGBT no se deben criminalizar pero tampoco, y creo que esto es básicamente lo que causó todo esto en Ghana, la cultura ghanesa ha conocido personas con algunas de esas tendencias, y digo esto porque hay una expresión en el idioma akan local que en el mío, de hombres que actúan como mujeres y mujeres que actúan como hombres, hay una expresión para ellos, lo que significa que este fenómeno ha sido conocido, fue conocido en la cultura y en la comunidad y todo eso. . .

“[E]s hora de comenzar a educar para ayudar a la gente a comprender qué es realmente este fenómeno. Si culturalmente tenemos expresiones para esta época, simplemente significa que no es completamente ajena a la sociedad ghanesa. No sólo ajeno a la sociedad ghanesa, ahora que está saliendo a la luz lo que tiene que ser y cuál tiene que ser la respuesta. Creo que esta forma drástica que ha tomado en Ghana y probablemente en Uganda está generando la percepción de que Occidente estaba imponiendo esto, conectándolo o vinculándolo con donaciones y subvenciones y todo el tiempo, es como politizar la cosa de tal manera que la reacción también ha sido de carácter político”.

Los comentarios del cardenal Turkson ya han provocado un acontecimiento positivo. Alexander Kwamena Afenyo-Markin, líder adjunto de la mayoría del Parlamento de Ghana y católico, elogió las palabras del cardenal. Declaró a principios de esta semana, según Ghana Web:

“Personalmente, no creo que alguien que dice ser lesbiana o gay deba ir a la cárcel por eso. Ésa es la opinión de la Iglesia católica. Soy católico, el segundo vicepresidente aquí también es católico, somos católicos. Y la ley es muy clara y no creo que deba tener una opinión contraria a lo que ha dicho la iglesia”.

El cardenal Turkson se convirtió en el primer cardenal de Ghana en 2003, cuando fue nombrado por el Papa Juan Pablo II. Actualmente es canciller de las Academias Pontificias de Ciencias. La entrevista de la BBC no es la primera vez que Turkson condena las leyes de criminalización. Ya en 2015, durante el Sínodo sobre la Familia, Turkson dijo a Bondings 2.0 que las personas lesbianas y gays no deberían ser criminalizadas y que los países donde no se acepta la homosexualidad necesitan más educación. Ese mismo año, Turkson se reunió con representantes de los católicos británicos LGBTQ+ para discutir la despenalización. En 2014, criticó una propuesta de ley de criminalización en Uganda, aunque esta posición fue un cambio respecto de su apoyo inicial al proyecto de ley “Matar a los gays”. Sin embargo, al mismo tiempo perpetúa el mito de que el dinero de la ayuda al desarrollo a los países africanos se retiene por motivos de derechos LGBTQ+.

En mayo, en Uganda la Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. La ley propone cadena perpetua para cualquier persona condenada por homosexualidad y la pena de muerte para los llamados casos agravados, que incluyen tener relaciones sexuales homosexuales con alguien menor de 18 años o cuando alguien se infecta con un virus de por vida enfermedades prolongadas como el VIH.

En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda  debido a la medida y en octubre el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos sacaría al país de un acuerdo comercial preferencial debido a “graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

La difícil situación del colectivo LGTBI en Ghana

En Ghana las relaciones homosexuales son ilegales y pueden conllevar penas de cárcel, aunque en las ciudades más grandes –como Accra o Kumasi– pueda hablarse incluso un tímido y discreto «ambiente». El clima de opresión se extiende, en cualquier caso, a las élites políticas.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional. En septiembre de 2015, sin ir más lejos, el candidato a la presidencia George Boateng proponía fusilar a «corruptos, gais y lesbianas». Ese mismo año, nos hacíamos eco de varios ataques y amenazas homófobas que atemorizaron a la población LGTB de este país.

En noviembre de 2013, el propio Ministerio de Educación decretaba la persecución de los alumnos percibidos como gais o lesbianas a raíz de la denuncia de una alumna que aseguraba sentirse presionada por sus compañeras para «practicar el lesbianismo». En abril de ese año, dos colegios expulsaban a 53 alumnos por ser supuestamente homosexuales. Anteriormente, en julio de 2011, el ministro para la región occidental del país ordenó el arresto de todas las personas homosexuales en su jurisdicción, poco después de que una pareja de hombres fuera desterrada de su localidad por celebrar una ceremonia privada de boda. Un año antes, cientos de personas participaban en una manifestación homófoba cuyo organizador recurrió al argumento de la supuesta «homosexualización» de los jóvenes ghaneses a manos de los extranjeros.

Según el último informe sobe homofobia de Estado de ILGA,  «en los últimos años se han documentado varias detenciones de personas adultas por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Las detenciones a menudo implican abuso psicológico, exposición perjudicial ante los medios de comunicación y exámenes médicos». El informe también asegura que «la policía local atrapa y atrae a personas LGBT (predominantemente hombres homosexuales) a través de los medios de comunicación social» y menciona un episodio sucedido en septiembre de 2020, cuando «los medios de comunicación locales indicaron que 11 mujeres lesbianas fueron detenidas en la ciudad de Aflao, en la región del Volta, después de que se diera a conocer un video de dos de ellas presuntamente implicadas en actos sexuales».

No parece, en este sentido, que las declaraciones que el presidente de Ghana hizo en 2017, cuando reconocía en una entrevista que solo era cuestión de tiempo que las relaciones homosexuales fueran legales en el país, se vayan a materializar próximamente. El propio Nana Akufo-Addo advertía que ello solo ocurriría cuando la opinión pública del país mostrase más signos de tolerancia “al igual que en otras partes del mundo”. De hecho, aquellas tibias declaraciones ya le merecieron al presidente las críticas de líderes de la oposición y medios de comunicación locales.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional.

Y en octubre de 2021, cuatro hombres homosexuales eran  golpeados, desterrados y arrestados en Ghana por “solo intentar vivir”. Todo esto apoyado por  Grupos cristianos anti-LGBTQ+ que  junio de 2022 lanzaban un siniestro anuncio en Ghana… Además, los obispos católicos y anglicanos de Ghana pidieron a los fieles apoyar la ley para que los homosexuales vayan a prisión…

En junio de 2022, activistas LGBTQ+ de Ghana eran detenidos y maltratados durante semanas y demandaronn al Gobierno.

Puedes ayudar a LGBT+ Rights Ghana

Si lo deseas, puedes contribuir a ayudar financieramiente al colectivo LGBT+ Rights Ghana a través de la plataforma GoFundMe.

Fuente Religión Digital/New Ways Ministry/Cristianos Gays

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Cuando tomó la difícil decisión de huir de Uganda, tras la aprobación de la draconianas ley anti-LGBTQ+ del país, el activista Henry Mukiibi pensó: “¿Qué he dejado atrás?“.

Mukiibi, director ejecutivo del grupo LGBTQ+ de Uganda Children of the Sun Foundation (COSF), lleva huido y viviendo en la capital keniana, Nairobi, desde principios de este año, tras recibir información de que las autoridades de su país querían detenerlo en virtud de la nueva legislación contra la homosexualidad.

La Ley contra la Homosexualidad, promulgada en mayo y que contempla la pena de muerte para ciertos actos sexuales entre personas del mismo sexo, ha desatado un torrente de abusos contra las personas LGBTQ+ en el país. Varias personas homosexuales han sido detenidas. Otros, entre ellos Mukiibi, consiguieron escapar mientras su gobierno promulgaba una de las leyes anti-LGBTQ+ más duras del mundo.

Mukiibi explica a los medios de comunicación que la situación en Uganda es peor que nunca.

Los servicios del COSF, que proporcionan asistencia sanitaria y jurídica, así como refugio a personas vulnerables, entre ellas miembros de la comunidad LGBTQ+, se han visto afectados por la legislación.

Mukiibi afirma que fue testigo de cómo la gente se volvió “tan homófoba” que “empezaron a atacar” a los miembros del comité del COSF, “golpeándoles por ser quienes son”.

Y añade: “Lo que hicimos fue pedir a las personas cercanas que los trajeran a la clínica, y les estamos prestando servicios sanitarios para que reciban tratamiento. Los desahucios han llegado a ser demasiados porque el proyecto de ley tenía una frase que decía que los propietarios no debían dar a las personas LGBT alojamiento o casas en alquiler. Muchas personas fueron desahuciadas. Aquellos cuyos caseros conocían sus identidades, fueron desalojados porque los caseros temen que también sean llevados a prisión. Acogimos a esas personas en nuestro refugio, pero por desgracia, el casero de nuestro refugio me escribió una carta de desahucio desde que saben que soy una persona queer”.

Según la Ley contra la Homosexualidad de Uganda, los homosexuales pueden enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada“, que puede incluir mantener relaciones sexuales con un menor o una persona vulnerable, mantener relaciones sexuales siendo seropositivo o practicar el incesto.

Alguien que simplemente abogue por los derechos de las personas LGBTQ+ podría ser condenado a 20 años de cárcel, y las personas que alquilan a personas LGBTQ+ se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión.

Mukiibi dice que la vida es muy dura en Nairobi mientras espera ser reasentado en otro país. Mientras teme por su propia seguridad, sigue pensando en la comunidad LGBTQ+ que intenta sobrevivir en Uganda.

“Si me evacuan, ¿qué dejo atrás?“, se pregunta. “Tienen un dicho: ‘No puedo ser héroe dos veces’. También intento que trabajemos a distancia para que los miembros de nuestra comunidad reciban los servicios que necesitan. La razón por la que se me ocurrió la idea de la clínica fue que a veces se discrimina a la comunidad LGBT en los centros, y hace poco fui testigo de ello. La gente acudió [a] profesionales sanitarios que les están sermoneando para que saquen a golpes la homosexualidad de los niños”.

Incluso antes de que se aprobara este año la Ley contra la Homosexualidad, las personas LGBTQ+ sufrían una grave discriminación en Uganda.

Uganda ya era una de las varias naciones africanas donde es ilegal ser homosexual y promulgó una ley previa contra la homosexualidad en 2014. Los tribunales la anularon, aunque ser LGBTQ+ seguía siendo ilegal debido a la legislación anterior, segúnto Human Rights Watch.

El sentimiento anti-LGBTQ+ ha sido generalizado en la nación de África Oriental, con el presidente Yoweri Museveni, describiendo a las personas queer como “desviados“, y funcionarios del gobierno atacando a grupos centrados en los queer.

La policía utilizó el COVID-19 como pretexto para hacer una redada en las instalaciones del COSF destinadas a la comunidad LGBTQ+, acusando a los residentes de infringir la normativa de distanciamiento social.

Muchos miembros de la comunidad LGBTQ+ ugandesa han buscado seguridad en Kenia, sólo para descubrir que allí también sufren discriminación.

Dhalie Bulyaba, director de la iniciativa familiar global de Safe Place International, decidió abandonar Uganda e ir a Kenia porque “quería encontrar un lugar que no le cuestionara su forma de vestir ni le pidiera explicaciones sobre cómo se identifica”.

Pero se dieron cuenta de que solicitar asilo y recurrir a las autoridades “obliga a salir del armario” a las personas LGBTQ+. “Kenia tiene una de las mayores poblaciones de refugiados de África“, explica Bulyaba, “reciben a mucha gente de Somalia, Sudán, la República Democrática del Congo y otras zonas devastadas por la guerra, así que cuando dices que vienes de Uganda, se confunden. Te preguntan: ‘¿Por qué estás aquí? En Uganda no hay guerra’. Te ves obligado a salir del armario y esperar que se apiaden de ti, porque Kenia también penaliza la homosexualidad. Ya es bastante difícil luchar por tus derechos en tu propio país”.

Las personas LGBTQ+ están criminalizadas en Kenia, y las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo se castigan con una pena máxima de 14 años de prisión.

En septiembre, cientos de manifestantes contrarios a la comunidad LGBTQ+ se concentraron ante el Tribunal Supremo del país para protestar por su decisión de reafirmar el derecho de asociación de la comunidad homosexual y de constituir organizaciones no gubernamentales.

A Bulyaba le encanta “intentar reflexionar sobre cuestiones de gran calado e impulsar el cambio sistémico”, y le apasionan tanto la lectura y la cocina como la defensa de derechos. Siempre hay tiempo en mi día para reunirme a tomar un café y denunciar a estos políticos y los sistemas que intentan impulsar”, añaden.

También señalan que la persecución de las personas LGBTQ+ africanas no procede únicamente de las fuerzas conservadoras del continente; grupos del Reino Unido y Estados Unidos están detrás de parte de ella.

Los grupos cristianos con sede en Estados Unidos -conocidos por luchar contra todo, desde los derechos reproductivos hasta las libertades de las personas LGBTQ+- han realizado grandes inversiones en África durante la última década, impulsando una agenda estrictamente conservadora.

En abril, un demoledor informe reveló que el gobierno británico financió el trabajo de una organización religiosa virulentamente anti-LGBTQ+ en Uganda, según VICE.

El Banco Mundial ya ha dejado de conceder préstamos a Uganda, y la Unión Europea ha denunciado la legislación anti-LGBTQ+ más reciente.

Sulah Mawejje, directora para Kenia de Safe Place International Dream Academy, afirma que el Banco Mundial y otras organizaciones “tienen que ser más proactivas y menos reactivas” porque saben que los movimientos anti-LGBTQ+ en África están financiados por organizaciones extranjeras. “¿Por qué han esperado a que se apruebe algo como este proyecto de ley antigay para imponer sanciones e intentar plantar cara al gobierno?”, se pregunta. “Podríamos haber evitado que la gente se viera obligada a huir y a pasar por el dificilísimo proceso de convertirse en refugiado”.

Mawejje, intérprete a tiempo parcial para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, añade que es “mucho más que un refugiado, una persona que se ha enfrentado a una discriminación indecible” al huir de Uganda. “Tengo otra faceta, como muchos refugiados, a la que no llegan los medios de comunicación: soy el alma de la fiesta“, dice. “Me encanta ser atrevido y desafiante”.

Fuente PinkNews

General, Homofobia/ Transfobia. Children of the Sun Foundation (COSF), Dhalie Bulyaba, Henry Mukiibi, Homofobia/Transfobia, Pena de Muerte, Safe Place International Dream Academy, Sulah Mawejje, Uganda

Elisha Mukisa

Un activista ugandés anti-gay ha sido encarcelado acusado de homosexualidad en lo que un periódico local ha considerado el primer caso importante desde que la nación promulgó su brutal ley contra la homosexualidad en Uganda.

Elisha Mukisa se ha hecho un nombre como activista “ex-gay”. Abogó fervientemente por la aprobación de la ley contra la homosexualidad, presentándose a sí mismo como una ex “víctima” de la homosexualidad. En marzo habló ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios a favor del proyecto de ley.

Uganda podría matar al primer hombre acusado en virtud de su ley de “homosexualidad agravada”. Según la ley Kill the Gays, se le acusa de tener “relaciones sexuales ilegales” con otro hombre.

Según la nueva ley, la pena de muerte se aplica en casos considerados “agravados”, que incluyen reincidencia de homosexualidad, sexo que transmite una enfermedad terminal o relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con un menor, un anciano o una persona con discapacidad. Los críticos dicen que la ley demoniza a los homosexuales como depredadores sexuales inmorales y que propagan enfermedades, al tiempo que aísla aún más a la ya marginada comunidad LGBTQ+ del país.

El The Daily Monitor informa que Mukisa fue procesado esta semana junto con el hombre con quien ha sido acusado de practicar la homosexualidad, Kitimbo Ramon Mwesigwa. Ambos han negado las acusaciones.

El activista Frank Mugisha calificó la situación de “cargada de ironía. Esto no es de ninguna manera una sensación de schadenfreude”, dijo, “sino más bien una sensación de desilusión en nuestra clase política”.

Otro activista, el abogado Nicholas Opiyo, también comentó la ironía del hecho de que “será juzgado bajo una ley que promovió tan fervientemente con desinformación y mentiras”.

Pero tanto Mugisha como Opiyo enfatizaron que Mukisa todavía tiene derechos y merece un juicio justo. “Chantajeó a ONG que se han comprometido a trabajar por los derechos de los homosexuales. Pero como la noche sigue al día, sabía que la verdad no podía ocultarse para siempre”, dijo Mugisha. “También declaro inequívocamente que él más que nadie merece ser juzgado con el debido proceso a diferencia de lo que deseaba para otros”.

La Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

A principios de este mes, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda en respuesta a la aprobación de la ley.

La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente LGBTQ Nation/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Elisha Mukisa, Ex-gay, Frank Mugisha, Homofobia/Transfobia, Kitimbo Ramon Mwesigwa, Nicholas Opiyo, Uganda

La policía nigeriana detuvo a decenas de personas que asistían a un evento en un hotel que, según afirmaban, era una boda gay.

La policía de Nigeria dijo el martes que detuvo al menos a 67 personas que celebraban una boda gay en una de las detenciones masivas más grandes contra la homosexualidad, que está prohibida en este país de África occidental.Los detenidos, que dijeron que asistían a un desfile de modas, podrían enfrentar hasta 14 años de prisión según la ley nigeriana.

Según Associated Press, la policía del estado sureño de Delta en Nigeria allanó un hotel en la ciudad de Ekpan el lunes por la mañana temprano alrededor de las 2 a.m., donde dijeron que se estaba celebrando una boda gay en el que dos de ellos se casaron, dijo a los periodistas el portavoz de la policía estatal, Bright Edafe y afirmó que la homosexualidad “nunca será tolerada” en Nigeria.

En un tuit del martes por la mañana, el Comando de la Policía Estatal de Delta dijo que los agentes habían arrestado a más de cien “sospechosos homosexuales en un hotel que llevaban a cabo una ceremonia de boda gay”.

Delta State Command have Arrested over hundred gay suspects in a hotel carrying out a gay wedding ceremony. We will be going Live Shortly on Facebook to parade the said Suspects.

— Delta State Police Command (@DeltaPoliceNG) August 29, 2023

La AP informa que la policía arrestó inicialmente a 200 personas y detuvo a 67 después de las investigaciones iniciales. El martes por la mañana, los detenidos fueron exhibidos ante los periodistas frente a una comisaría de policía, donde el portavoz de la policía estatal, Bright Edafe, habló con los medios.

“Lo sorprendente fue que vimos a dos sospechosos… y hay una grabación de video donde estaban realizando su ceremonia de boda”, dijo Edafe. “Estamos en África y estamos en Nigeria. No podemos copiar el mundo occidental porque no tenemos la misma cultura”.

“Esto no es algo que se permitirá en Nigeria“, afirmó, añadiendo que los sospechosos serán acusados ante el tribunal al final de la investigación. Reiteró que los agentes de policía de Nigeria “no pueden cruzar las manos” y observar a los homosexuales expresar abiertamente su orientación sexual en el país. Esto no es algo que se permita en Nigeria”, añadió Edafe. “No hay ningún nigeriano… que tenga derecho a ir en contra de la ley de este país. Este es un caso muy claro”.

Un vídeo publicado en YouTube y en la página de Facebook del Comando Estatal Delta muestra a los detenidos hablando con los periodistas. Dos de ellos, incluido uno que se identificó como hombre, parecen estar vestidos de mujer. Varios dijeron que el evento al que asistían era un desfile de modas o una “fiesta exclusivamente blanca”. La mayoría de los detenidos aparecieron vestidos completamente de blanco y parecían ser hombres.

En la transmisión en vivo del desfile de los sospechosos realizada por la policía, uno de los arrestados dijo que no asistía a la ceremonia de la boda y que estaba en el hotel para otro compromiso. Otro sospechoso dijo que no se identifica como una persona gay y fue arrestado mientras se dirigía a un desfile de modas. “En el camino al evento, la policía me atacó y me llevó a la comisaría”, dijo. “Dijeron que había cometido un delito vestido así, pero no sé si el travestismo va en contra de la constitución del país”.

En el pasado, los activistas han acusado a la policía nigeriana de utilizar la ley de prohibición de personas del mismo sexo para llevar a cabo detenciones masivas que a veces incluyen a personas heterosexuales, incluso en 2017, cuando más de 40 personas fueron arrestadas por supuestamente ser homosexuales.

La oficina de Amnistía Internacional en Nigeria condenó las detenciones y pidió “el fin inmediato de esta caza de brujas”.

Nigeria forma parte de una lista cada vez mayor de países africanos que han promulgado leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo; el último de ellos es Uganda, cuya ley recién firmada conlleva la pena de muerte en algunos casos.

Los arrestos de homosexuales son comunes en Nigeria, el país más poblado de África, donde los homosexuales pueden enfrentarSe a la Ley (de prohibición) del matrimonio entre personas del mismo sexo de Nigeria, que fue promulgada por el ex presidente Goodluck Jonathan en 2014, que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta 14 años de prisión. En las zonas predominantemente musulmanas del norte de Nigeria se castiga con la muerte según la ley Sharia, aunque las penas de muerte aprobadas por los tribunales de la Sharia deben ser aprobadas por el gobernador del estado.

En diciembre pasado, la policía islámica en el norte de Nigeria hizo una redada similar en una boda entre personas del mismo sexo y arrestó a 19 personas. En ese momento, un portavoz de la policía dijo que los arrestados no serían acusados formalmente, pero se los alentaría a cambiar su “estilo de vida” mediante “consejería”.

Pero en julio anterior, tres hombres nigerianos fueron condenados a muerte por lapidación en un tribunal de la Sharia en el estado norteño de Bauchi.

LGTBIfobia de Estado en Nigeria

En Nigeria las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel o incluso hasta la muerte por lapidación en los 12 estados del norte en los que además se aplica la sharía o ley islámica (el estado de Kaduna, de hecho, es uno de los que aplican en parte de su territorio).

Mientras la Comunidad LGTBI de Nigeria nos da una lección de Orgullo a todos, la última noticia que publicábamos el pasado mayo era que Francia denegaba el asilo a tres personas LGTBI de Nigeria y en  enero, era la referente a un hombre azotado 14 veces en un día como “terapia de conversión” por ser gay.  En 2018, Adeniyi Raji, un solicitante de asilo en el Reino Unido quien tras rechazar su solicitud de asilo  se enfrenta a la deportación a Nigeria anteriormente, Nneka Obazee, que intentaba suicidarse tras ser detenida para ser deportada a su país de origen, Nigeria, donde podría enfrentarse a la cárcel o incluso la muerte por lapidación al ser lesbiana.

Estas noticias lamentablemente no son novedad en el país africano. De hecho, esta redada se suma a otras similares. Recientemente, seis personas fueron arrestadas con los mismos cargos. Fue en el estado de Abia, donde de nuevo se enfrentan a penas de cárcel. Hace un año recogíamos en esta página la detención de otras 40 personas tras participar en un evento informativo sobre el VIH. Y en abril de 2017 nos hacíamos eco de la detención de otras 53 personas, acusadas de haber participado en una «boda gay». La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años.

Todas estas detenciones se dan bajo el amparo de un Estado que es agente perseguidor. En Nigeria, país con un influyente movimiento evangélico cristiano en el sur y un fuerte apoyo a la ley islámica en el norte, las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel o incluso hasta la muerte por lapidación en los estados del norte en los que además se aplica la sharía o ley islámica (el estado de Kaduna, de hecho, es uno de los que aplican en parte de su territorio). El pasado mes de abril recogíamos que 53 personas fueron detenidas en el país, acusadas de haber participado en una “boda gay”. La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años, que ya prestaron declaración ante el juez y que todavía esperan que se dicte sentencia.

Asímismo cabe recordar que a principios de 2014 el presidente Goodluck Jonathan promulgó una ley, que agrava el tratamiento penal para cualquier actividad relacionada con la realidad LGTB. Desde su entrada en vigor, de hecho, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB de Nigeria, alentados por los líderes políticos y religiosos, que han creado un ambiente de profunda homofobia social. Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

Así, por ejemplo, en enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión. En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual. En noviembre 21 estudiantes fueron detenidos acusados de prostitución masculina, según un periódico local.

En marzo de 2016, una turba violenta atacó a 20 jóvenes de quienes sospechaban, por su aspecto afeminado, que eran homosexuales. Todos ellos habían sido arrastrados fuera de sus casas y reunidos para golpearlos sin compasión. La brutal paliza a que les sometieron hizo temer por sus vidas. Ninguna de las víctimas quiso presentar denuncia, por temor a las represalias de sus agresores y por no enfrentarse al estigma de ser considerados homosexuales públicamente. En mayo, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales.

En el mes de octubre del mismo año, fue detenido un hombre acusado de mantener relaciones homosexuales, tras negarse a ser víctima de un chantaje. Al parecer, todo fue urdido por una pareja de madre e hijo, que se dedican a extorsionar a homosexuales con la amenaza de denuncia. Tras la negativa, la Policía procedió casi inmediatamente al arresto.

Posteriormente, en diciembre dimos la noticia de que un magistrado del Tribunal de Damaturu, la capital del estado de Yobe, había condenado a cinco hombres a sendos siete años de prisiónpor haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

En abril de  2017, publicamos la detención de 53 personas, a quienes se acusaba de participar en la celebración de una supuesta “boda gay”.

Y en abril del año 2020 nos hacíamos eco de que un Oficial de policía nigeriano bisexual y su compañero estuvieron a punto de ser asesinados por matones.Todo lo que hizo un agente de policía fue presuntamente tener sexo con su pareja masculina en Nigeria, sin embargo, Chibuike Ukazu y su pareja fueron brutalmente golpeados y desnudados por una turba de jóvenes.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Parece haber servido de poco, sin embargo. En enero de 2017 nos hacíamos eco de un informe de la organización The Initiative for Equal Rights, que denunciaba hasta 152 graves vulneraciones de los derechos humanos de la población LGTB entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Evidentemente, se trata de las denuncias que han llegado a conocimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En un país en el que la homosexualidad está fuertemente castigada por el Código Penal y sufre un fortísimo rechazo social, el número real es con seguridad mucho mayor.

Fuente APNews/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Bright Edafe, Estado de Delta, Homofobia/Transfobia, Islam, Nigeria, Personas LGTBIQ, Sharia

Según la ley Kill the Gays, se le acusa de tener “relaciones sexuales ilegales” con otro hombre.

Un joven ugandés de 20 años es el primero acusado en virtud de la nueva ley de “homosexualidad agravada” de Uganda. El cargo, también conocido como la ley “Matar a los Gays”, es un delito punible con la muerte.

El acusado anónimo fue acusado el 18 de agosto, dijeron su abogado y los fiscales.

Según un documento de acusación visto por Reuters, el acusado “realizó relaciones sexuales ilegales” con un hombre de 41 años. Los fiscales no especificaron por qué el hecho se consideró agravado.

Según la nueva legislación aprobada a principios de este año que criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, la pena de muerte se aplica en casos considerados “agravados”, que incluyen reincidencia de homosexualidad, sexo que transmite una enfermedad terminal o relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con un menor, un anciano o una persona con discapacidad. Los críticos dicen que la ley demoniza a los homosexuales como depredadores sexuales inmorales y que propagan enfermedades, al tiempo que aísla aún más a la ya marginada comunidad LGBTQ+ del país.

“Dado que se trata de un delito capital que puede ser juzgado por el Tribunal Superior, el cargo fue leído y explicado (al detenido) en el Tribunal de Primera Instancia el día 18 y fue puesto en prisión preventiva”, dijo Jacqueline Okui, portavoz de la oficina del director. de procesamientos públicos, dijo a Reuters.

La semana pasada, cuatro ugandeses (dos mujeres y dos hombres) fueron arrestados bajo sospecha de haber cometido actos homosexuales en un salón de masajes después de que una “informante” avisara a la policía.

La Ley Anti-Homosexualidad, como se conoce formalmente a la ley Kill the Gays, fue promulgada por el presidente,  Yoweri Museveni, en mayo, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley.

A principios de este mes, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos en Uganda en respuesta a la aprobación de la ley.

La administración Biden ordenó una revisión de toda la ayuda estadounidense a la nación de África Oriental, además de emitir una advertencia de viaje a Uganda citando problemas de “chantaje” y “violencia” generalizados en el país.

Justine Balya, abogada del acusado, calificó la ley por la que se acusó a su cliente de “inconstitucional”. El Tribunal Superior del país aún no ha aceptado una impugnación de la ley.

La Ley contra la Homosexualidad es la segunda ley para matar a los gays que se promulga en el país en otras tantas décadas. Al igual que la primera versión, aprobada en 2014 y luego revocada por el Tribunal Superior de Uganda, la segunda fue escrita y impulsada por el Parlamento con la ayuda de Family Watch International, con sede en Arizona, una organización comprometida con la difusión de ideologías anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. mundo, según el Southern Poverty Law Center.

El grupo ha estado trabajando haciendo proselitismo entre los legisladores ugandeses desde 2009.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente Reuters/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Justine Balya, Ley Kill the Gays, Pena de Muerte, Uganda

Juan Carlos Cruz Chellew,

Los líderes católicos LGBTQ+ han continuado pidiendo a los obispos de Uganda  que condenen la legislación aprobada a principios de este año que criminaliza aún más a las personas LGBTQ+. Sin embargo, un obispo estadounidense ha defendido la nueva ley.

Juan Carlos Cruz Chellew, un hombre gay que es un asesor cercano del Papa Francisco, escribió en el National Catholic Reporter que el silencio de los obispos de Uganda “es ensordecedor”. Continuó, señalando la condena del Papa a las leyes de criminalización a principios de este año:

“Este silencio continuo se vuelve más notable considerando el papel influyente de la Iglesia Católica en Uganda, con casi el 40% de los ugandeses identificándose como católicos. Los obispos católicos, considerados líderes morales por millones, tienen una posición de influencia única y podrían cambiar la narrativa en torno a esta legislación inhumana. . .

“Sin embargo, a pesar de las palabras del Papa, los obispos católicos de Uganda permanecen notablemente silenciosos sobre este tema. También guarda silencio el Dicasterio para la Evangelización del Vaticano que supervisa las diócesis y los obispos en Uganda. Su silencio crea un vacío, lleno de miedo, discriminación y deshumanización. Como líderes morales y espirituales, sus palabras, o la falta de ellas, pueden moldear la opinión pública, ya sea legitimando estas leyes inhumanas o desafiándolas. . .

“Es hora de que los obispos católicos de Uganda y el Dicasterio Vaticano para la Evangelización rompan su silencio. Es hora de que denuncien esta legislación como contraria a la dignidad humana y al amor que sustenta el cristianismo. Sus palabras podrían resonar en toda la nación y el mundo, promoviendo un mensaje de amor y aceptación sobre el odio y la discriminación”.

Chris Vela

Como Bondings 2.0 informó anteriormente, varios católicos ugandeses de alto perfil elogiaron públicamente la aprobación en abril de la Ley contra la homosexualidad, que impone la pena de muerte, la cadena perpetua y la terapia de conversión forzada como castigos por las relaciones sexuales entre personas del mismo género. Antes de la aprobación del proyecto de ley, el obispo Sanctus Lino Wanok de Lira, Uganda, calificó la homosexualidad como “no humana” en una homilía del Miércoles de Ceniza.

La Global Network of Rainbow Catholics-Red Global de Católicos Arco Iris (GNRC) reiteró su llamado anterior a los fieles a actuar contra la nueva ley de Uganda y la cultura anti-LGBTQ+ de la que proviene. Chris Vella, también copresidente de la GNRC, dijo que estaba “profundamente conmocionado y entristecido”, y agregó: “Nos acercamos a nuestra familia LGBT en Uganda en solidaridad y extendemos nuestras oraciones en su nombre”.

Marianne Duddy-Burke, la otra copresidenta de la GNRC, dijo en un comunicado:

“Invitamos a los líderes de la iglesia a mirar de cerca la experiencia vivida por las personas LGBTIQ e iniciar un diálogo genuino y sincero con estas personas antes de emitir declaraciones que son profundamente dañinas y peligrosas. Hacemos un llamado a las personas de buena voluntad para que protejan los derechos humanos de las personas LGBTIQ y no toleren ningún tipo de violencia y discriminación”.

Obispo Thomas Paprocki

En una columna de un periódico diocesano que ridiculizaba el Mes del Orgullo, el obispo Thomas Paprocki de Springfield, Illinois, se desvió del tema para reprender al presidente Joe Biden por criticar la nueva ley de Uganda, sugiriendo que era “inherentemente racista y arrogante que el líder blanco de los Estados Unidos sermonear a una nación africana sobre qué leyes son correctas para su país”. El comentario de Biden fue el ejemplo de Paprocki de “[nuestro] gobierno. . . promover el movimiento LGBTQ+, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo”.

Cuando el llinois Times le preguntó acerca de sus comentarios, el obispo no condenó la ley de Uganda y afirmó: “Si bien respeta la soberanía del pueblo de Uganda para aprobar sus propias leyes, la enseñanza de la Iglesia contra la pena de muerte es clara. La Iglesia también enseña claramente que, si bien los actos homosexuales son gravemente pecaminosos, las personas homosexuales deben ser ‘aceptadas con respeto, compasión y sensibilidad’ y que ‘debe evitarse todo signo de discriminación injusta en su contra’”.

En todo el mundo, los líderes católicos y los laicos tienen la responsabilidad moral de ser solidarios con la comunidad LGBTQ+ marginada de Uganda. El Catecismo de la Iglesia Católica denuncia tanto la pena de muerte (n. 2306) como la “discriminación injusta” contra las personas lesbianas y gays (n. 2358). En ambos casos, la última Ley Anti-Homosexualidad de Uganda hace alarde de las enseñanzas de la iglesia a expensas de las vidas LGBTQ+. Los líderes de la iglesia en Uganda deben ser una voz profética allí y estar a la altura de los estándares del Evangelio que afirman predicar al condenar la ley injusta.

—Ariell Simon (ella/ella) y Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 11 de julio de 2023

***

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

  Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien la nueva Ley aprobada por el Parlamento y promulgada  por el presidente de Uganda, Museveni, criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Y de hecho, el pasado 31 de mayo, el proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda se convirtió en ley, y los activistas calificaron la “ley mortal” como un “ataque a los derechos humanos”. Yoweri Museveni, dio su aprobación a la Ley Anti-Homosexualidad, que se convierte inmediatamente en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo, informó el lunes (29 de mayo) la cuenta oficial de Twitter del gobierno de Uganda.

Museveni, firme partidario de la familia, había prometido previamente firmar la medida tras las enmiendas sugeridas por él, y se ha manifestado enérgicamente contra lo que considera incursiones ideológicas occidentales en su nación mayoritariamente cristiana.

La presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, también confirmó la noticia en una publicación en Twitter, diciendo que Museveni había “respondido a los gritos de nuestro pueblo” y “legislado para proteger la santidad de la familia. Ahora animo a los garantes de deberes bajo la ley a ejecutar el mandato que se les otorga en la Ley Anti-Homosexualidad”, escribió Among. “El pueblo de Uganda ha hablado, y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, firme y constante”.

La nueva legislación duplica las ya duras sanciones impuestas a las personas LGBTQ+ en Uganda, donde la intimidad sexual consentida entre personas del mismo sexo es ilegal. La Ley contra la Homosexualidad introduce el nuevo delito de “homosexualidad agravada”, que se define como tener relaciones sexuales con una persona menor de 18 años y tener relaciones sexuales siendo VIH positivo, entre otras categorías. Lleva una sentencia de muerte.

Según la ley, cualquiera que alquile a sabiendas a homosexuales podría ser encarcelado hasta siete años, señaló la BBC. Además, los ugandeses estarán obligados por ley a denunciar cualquier acto homosexual en el que participen menores de edad; no hacerlo podría acarrear cinco años entre rejas o fuertes multas equivalentes a más de 2.500 dólares.

El parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas por simplemente identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero los legisladores eliminaron esta cláusula en mayo después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas”a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente New Ways Ministry/Cristianos Gays

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Llamamiento de Justin Welby, primado de Inglaterra, a Stephen Kaziimba, primado de Uganda

Choque de Primados: La Comunión Anglicana, a prueba tras el apoyo de la Iglesia de Uganda a la ley que contempla la pena de muerte para las personas LGTBIQ+

Welby: “Insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ”.

El arzobispo de Canterbury ha rechazado la ley contra la actividad homosexual de Uganda y pide a los anglicanos ugandeses que se opongan al proyecto de ley.

El Arzobispo de Canterbury ha expresado su “dolor y consternación” por la ley de Uganda que prohíbe la homosexualidad en una carta instando a los funcionarios de la Iglesia en el país a rechazarla.

El obispo principal Justin Welby escribió al arzobispo de Uganda Stephen Kaziimba el viernes (9 de junio) condenando públicamente la Ley contra la homosexualidad de Uganda.

“Recientemente le escribí a mi hermano en Cristo, el Primado de Uganda, el Arzobispo Stephen Kaziimba, para expresar mi dolor y consternación por el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad. Hago esta declaración públicacon tristeza y con oraciones continuas por la reconciliación entre nuestras iglesias y en toda la Comunión Anglicana”, dice Welby en un comunicado

“Soy profundamente consciente de la historia del dominio colonial en Uganda, tan heroicamente resistido por su pueblo. Pero no se trata de imponer valores occidentales a nuestros hermanos y hermanas anglicanos de Uganda. Se trata de recordarles los compromisos que hemos hecho como anglicanos de tratar a cada persona con el cuidado y el respeto que merecen como hijos de Dios”.

There is no justification for any province of the Anglican Communion to support the criminalisation of LGBTQ people: not in our resolutions, our teachings, or the Gospel we share.

After writing to the Primate of Uganda, I make the following statement: https://t.co/GaDDx8XTvf

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) June 9, 2023

Así se expresa el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, sobre el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad promulgada recientemente por el presidente Yoweri Museveni, una de las más duras del mundo contra el colectivo LGBTQ, y en donde cualquier condenado puede enfrentarse a cadena perpetua, contemplándose incluso la pena de muerte para los “casos agravados“, como tener relaciones homosexuales con menores de 18 años o infectar a una pareja sexual con una enfermedad crónica como el sida.

El proyecto de ley, firmado por segunda vez el 29 de mayo, introduce leyes que prohíben a los ciudadanos de Uganda defender o promover los derechos LGBTQ+ además de leyes ya estrictas contra la intimidad consensuada entre personas del mismo sexo.

También introduce una cláusula sobre la “homosexualidad agravada”, definida como tener relaciones sexuales con un menor o siendo seropositivo, que conlleva la pena de muerte.

Los legisladores aprobaron inicialmente la legislación en abril, pero fue devuelta después de que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, dijera que requería enmiendas para “facilitar el refuerzo y el fortalecimiento de algunas disposiciones en línea con nuestras mejores prácticas”.

En su carta, Welby también pidió a la Global Anglican Future Conference (GAFCON) y a la Global South Fellowship of Anglican Churches (GSFA) que dejaran “explícitamente” en claro que la ley estaba en contra de sus valores fundamentales.

“Dentro de la Comunión Anglicana, -prosigue el comunicado difundido por Welby- seguimos en desacuerdo sobre cuestiones de sexualidad, pero en nuestro compromiso con la dignidad humana otorgada por Dios, debemos estar unidos”, escribió. “Le recordé al arzobispo Kaziimba que los anglicanos de todo el mundo han estado unidos durante mucho tiempo en nuestra oposición a la criminalización de la homosexualidad y las personas LGBTQ. Apoyar dicha legislación es una desviación fundamental de nuestro compromiso de defender la libertad y la dignidad de todas las personas.

“No hay justificación para que ninguna provincia de la Comunión Anglicana apoye tales leyes: ni en nuestras resoluciones, ni en nuestras enseñanzas, ni en el Evangelio que compartimos”.

Señaló una resolución acordada durante la Conferencia de Lambeth de 1998, una asamblea decenal de obispos para expresar resoluciones sobre las creencias anglicanas, que establece un “compromiso de ministrar pastoralmente y sensibilidad para todos, independientemente de la orientación sexual”.

“La Iglesia de Uganda, como muchas provincias anglicanas, mantiene la enseñanza cristiana tradicional sobre la sexualidad y el matrimonio establecida en la Resolución i.10 de la Conferencia de Lambeth de 1998. Esa resolución también expresó el compromiso de ministrar pastoral y sensiblemente a todos, independientemente de la orientación sexual, y de condenar la homofobia.“Le dije al Arzobispo Kaziimba que no puedo ver cómo el apoyo de la Iglesia de Uganda a la Ley contra la Homosexualidad es consistente con sus muchas declaraciones en apoyo de la Resolución i.10”, señala el primado anglicano, precisamente muy cuestionado por las iglesias africanas por el apoyo desde Europa a las reivindicaciones de la comunidad LGTBQ.

Arzobispo Stephen Kaziimba Mugalu

“Más recientemente, en la Reunión de Primados de 2016 en Canterbury, los Primados de la Comunión Anglicana ‘condenaron los prejuicios y la violencia homofóbicos y resolvieron trabajar juntos para ofrecer atención pastoral y un servicio amoroso independientemente de la orientación sexual”, añade el arzobispo de Canterbury, quien apunta también que “afirmamos que esta convicción surge de nuestro discipulado de Jesucristo.

También “reafirmamos nuestro rechazo a las sanciones penales contra personas atraídas por personas del mismo sexo” y declaramos que “el amor de Dios por cada ser humano es el mismo, independientemente de su sexualidad, y que la iglesia nunca debe dar otra impresión con sus acciones”, continúa el comunicado, que ahonda en la fractura entre las Iglesias anglicanas en una cuestión muy sensible en sociedades como la africana.

“Estas declaraciones y compromisos son la mente común de la Comunión Anglicana sobre la dignidad y el valor esenciales de cada persona. Por lo tanto, insto al arzobispo Kaziimba y a la Iglesia de Uganda, un país y una Iglesia que amo mucho y al que le debo tanto, a que reconsideren su apoyo a esta legislación y rechacen la criminalización de las personas LGBTQ. También hago un llamado a mis hermanos en Cristo, el liderazgo de GAFCON y la Fraternidad de Iglesias Anglicanas del Sur Global, para que aclaren explícita y públicamente que la criminalización de las personas LGBTQ es algo que ninguna provincia anglicana puede apoyar: eso debe declararse inequívocamente”, subraya Welby, quien concluye pidiendo que, “como discípulos de Jesucristo, estamos llamados a honrar la imagen de Dios en cada persona, y rezo para que los anglicanos sean intransigentes y estén unidos en este llamado”.

El arzobispo de Canterbury se ha enfrentado a la controversia por sus puntos de vista sobre las personas LGBTQ+ en el pasado

Si bien la carta del arzobispo de Canterbury que condena el proyecto de ley sin duda será un alivio para los anglicanos LGBTQ+, el enfoque anterior de Welby sobre la inclusión ha dejado a muchos en la Iglesia en terreno inestable.

La Iglesia de Inglaterra se vio obligada a disculparse por su trato a las personas LGBTQ+ luego de meses de controversia luego de que los obispos se negaran a permitir la ordenación de matrimonios entre personas del mismo sexo por parte de miembros del clero.

“Las ocasiones en que han recibido una respuesta hostil y homófoba en nuestras iglesias son vergonzosas y por eso nos arrepentimos”, decía una carta abierta en enero. “Mientras escuchamos, nos han dicho una y otra vez cómo le hemos fallado a las personas LGBTQ+”, continuó. “No los hemos amado como Dios los ama, y eso está profundamente mal”.

El mismo día, Welby dijo que las parejas del mismo sexo que ya están casadas pueden ser bendecidas por el clero, pero que él mismo no lo haría debido a su “responsabilidad pastoral para toda la comunión”.

En respuesta, el parlamentario laborista Ben Bradshaw dijo que las recomendaciones eran “incluso peores de lo que se ha seguido”.

De manera similar, la exasesora del gobierno LGBTQ+ y activista cristiana gay, Jayne Ozanne, dijo: “¡Disculpa no aceptada, arzobispo! Me pregunto si los arzobispos realmente han olvidado que nos han pedido disculpas antes, muchas veces, o si creen que esto será suficiente para nosotros dado que la discriminación continúa”.

Anglicanismo: una comunión dividida por la inclusión de las personas LGTBI

La Rosa de los Vientos,
(Emblema oficial de la Comunión anglicana, simboliza su alcance mundial y naturaleza descentralizada.)

La aceptación de la homosexualidad en la Comunión anglicana es desigual entre sus diferentes jerarquías e iglesias. La Iglesia episcopaliana, rama estadounidense de los anglicanos, es sin duda la que abrió camino. Ya en 2003 eligió al primer obispo abiertamente gay, Gene Robinson. Y en 2010 fue la primera en romper con la moratoria autoimpuesta durante varios años por la comunión anglicana tras el nombramiento de Robinson y comenzar a ordenar de nuevo obispos y obispas abiertamente homosexuales. En 2012 aprobaba también la ordenación de personas transexuales. También, como ya hemos señalado, fue la primera iglesia anglicana en celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.

La Iglesia anglicana de Canadá también se ha caracterizado por su afán inclusivo. Así, por ejemplo, tras sumarse a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, enspués elegía obispo a Kevin Robertson, abiertamente gay y padre, junto a su pareja, de dos hijos. Roberston se convertía así en el primer miembro de una familia homoparental en ostentar esta dignidad en una iglesia anglicana.

En el otro extremo se sitúan las iglesias anglicanas africanas, algunas de ellas virulentamente homófobas. Una situación inestable que en la última década ha colocado al anglicanismo al borde de un cisma que no ha llegado a producirse aún pero que sobrevuela la Comunión Anglicana.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien la nueva Ley aprobada por el Parlamento y promulgada  por el presidente de Uganda, Museveni, criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas”a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente PinkNews/Religión Digital/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Anglicana Anita Among, Arthur Kayima, Comunión Anglicana, Global Anglican Future Conference (GAFCON), Global South FelloOwship of Anglican Churches (GSFA), Homofobia/Transfobia, Iglesia de Inglaterra, Justin Welby, Karine Jean-Pierre, Mike Podmore, Pena de Muerte, Personas LGTBIQ, Stephen Kaziimba, Uganda, Yoweri Museveni