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La policía reprime violentamente el Orgullo LGTB de Estambul

Viernes, 5 de julio de 2019

Orgullo_Estambul_2019La historia se repite en Turquía. Por quinto año consecutivo, las autoridades dependientes del Gobierno de Erdoğan han reprimido violentamente la celebración del Orgullo LGTB de Estambul. Los activistas desafiaron la prohibición decretada hace unas semanas y desfilaron por la ciudad, ondeando banderas arco iris y trans, después de la lectura autorizada de un manifiesto. Se encontraron con cargas de la policía, que dispersaron a los participantes con gases lacrimógenos y balas de goma, además de arrestar a cinco personas.

Hace dos semanas, el vicegobernador de Estambul, Mehmet Ali Özyigit, cargo elegido por el Gobierno central, volvía a denegar el permiso para celebrar una marcha del Orgullo LGTB en la ciudad. El portavoz de los organizadores, Beren Azizi, anunció que habían solicitado, como alternativa, una convocatoria en la que se procedería a la lectura de un manifiesto. La policía autorizó una concentración de treinta minutos de duración el pasado domingo en la céntrica Mis Sokak (calle Mis).

Represión_Orgullo_EstambulLa afluencia de miles de personas desbordó el perímetro asignado y se extendió por el área de Taksim y la avenida İstiklal. Muchos de los activistas comenzaron a marchar por el centro de la ciudad, mientras que en otras calles se producían concentraciones espontáneas. Las fuerzas de seguridad detuvieron el avance de las marchas y dispersaron a los participantes con gases lacrimógenos y balas de goma. No se tiene constancia del uso de cañones de agua, que habían sido dispuestos preventivamente en los alrededores de la plaza Taksim. Horas después, todavía se producían concentraciones en varios puntos de la ciudad, disueltas violentamente por la policía, que detuvo a cinco personas.

La represión del Orgullo LGTB ha despertado críticas. Desde Amnistía Internacional condenan una «actuación escandalosamente injustificada» de las fuerzas de seguridad, que constituye «un flagrante ataque a la libertad de expresión». Representantes de la oposición al Gobierno de Erdoğan (del partido AKP) mostraron su solidaridad con los manifestantes y algunos de ellos acudieron a la concentración en la calle Mis. El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu (que había asumido su cargo tres días antes tras ganar claramente la repetición de las elecciones frente al candidato del AKP), se había mostrado partidario de cualquier manifestación pacífica.

97b4c0a8928b7a2ccc4fd9e1b04fca8ab1e70a8eCon este son ya cinco años consecutivos en los que las autoridades bajo el mando del Gobierno de Erdoğan prohíben y reprimen la celebración del Orgullo de Estambul, un evento que llegó a congregar a más de 15.000 personas en 2013. Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes»Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

En medio de la escalada represiva contra la comunidad LGTB turca, en abril de este año conocíamos al menos una buena noticia. Un tribunal administrativo regional ponía por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital del país. La justicia había rechazado en un primer momento la apelación. En este sentido invita también al optimismo la victoria en Ankara del CHP, partido secular y opositor a Erdoğan, en las elecciones municipales. En Estambul, la justicia anuló el resultado de los comicios, en los que también había ganado el CHP (aunque por un estrechísimo margen) y que se repetieron el pasado 23 de junio con un rotundo triunfo de la oposición socialdemócrata.

Fuente Domanzanas

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El Gobierno de Líbano bloquea Grindr

Miércoles, 19 de junio de 2019

GrindrgaylebanonEl Gabinete libanés sigue avanzando en su ofensiva contra la diversidad sexual y de género amparándose en un Código Penal cada vez más cuestionado por múltiples decisiones judiciales. En este caso, hemos conocido la inutilización de la conocida aplicación de contactos en el que sería el primer caso de bloqueo de una red social de ámbito internacional en el país.

Como ocurrió el pasado mes de enero, desde el pasado viernes 24 de mayo, los usuarios de Líbano no pueden conectarse a la red de contactos Grindr, si bien las fuentes no se ponen de acuerdo sobre la autoría directa de esta medida. Se ha responsabilizado, entre otros, a las Fuerzas de Seguridad del país, si bien Amnistía Internacional y el diario libanés Daily Star la atribuyen con seguridad al Ministerio de Telecomunicaciones.

Activistas LGTB libaneses han reaccionado a este hecho calificándolo como un nuevo ataque a las libertades, que se suma, por ejemplo, a la cancelación del Orgullo LGTB de Beirut tras la detención de su organizador en 2018. «No es un incidente aislado, es parte de una campaña más amplia y de una estrategia para restringir los espacios de la comunidad LGTB», ha declarado George Azzi, director ejecutivo ejecutivo de Arab Foundations for Freedom and Equality (Fundación Árabe para las Libertades y la Igualdad). Una organización libanesa que promueve una conferencia anual que también el pasado mes de octubre sufrió el acoso de las autoridades. Postura que también comparte Amnistía Internacional, que en palabras de su investigadora Lynn Maalouf, añade que «esta decisión servirá para afianzar y legitimar las opiniones homófobas en el país». Destaca, por otra parte, el silencio de la compañía directamente afectada por la medida, que no ha hecho públicas declaraciones tras la medida.

Sentencias judiciales a favor de los derechos LGTB

Movimientos políticos que se contraponen a la tendencia del sector judicial libanés, que acumula sentencias a favor de los derechos LGTB. Algunos de estos fallos judiciales son los de un tribunal de apelaciones que dictaminó el año pasado que la homosexualidad no es delito; la del juez Rabih Maalouf, contraria a penalizar las conductas homosexuales; la de un tribunal militar que exculpó a cuatro acusados de homosexualidad, o la de un juez que falló a favor de los derechos de un hombre trans. Hay que recordar, en este sentido, que el artículo 534 del Código Penal libanés sigue criminalizando las relaciones «contra natura», pero existen además otros artículos que basados en la defensa de la «moral pública» y «el pudor» justifican el hostigamiento de cualquier demostración pública de homosexualidad.

Ante este panorama, el apoyo internacional a la comunidad LGTB de Líbano se hace más necesario que nunca. El Ejecutivo libanés no se encuentra respaldado por su sistema judicial y la posición de la comunidad internacional puede ser determinante para que el Gobierno libanés ceje en su acoso. Un ejemplo de cómo esa presión puede beneficiar a las libertades individuales y colectivas del país es el de Brunéi, donde el sultán se ha visto obligado a anunciar una moratoria en la aplicación de la pena de muerte por lapidación para las personas que practiquen relaciones homosexuales. Es reciente, en este sentido, el apoyo de la Embajada Española en el Líbano, que con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia izó el pasado 17 de mayo la bandera arcoíris en su sede.

Fuente Dosmanzanas

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La Justicia tunecina confirma la legalidad de una organización LGBTQ

Miércoles, 22 de mayo de 2019

040416-tunez-homosexualidadDesestima un delito contra la moral religiosa

Túnez es aún uno de los 71 Estados que todavía castigan las relaciones homosexuales

Shams ha denunciado en varias ocasiones “la caza de brujas” contra los homosexuales que cerró el año 2018 con “cifras récord“: 123 arrestos, 250 agresiones, más de 500 peticiones de asilo en el extranjero y tres asesinatos homófobos

La Justicia tunecina desestimó hoy una denuncia presentada en 2016 por la Fiscalía General del Estado que exigía la suspensión de actividades para la asociación Shams (Sol), que defiende los derechos de la comunidad LGTBQ en Túnez, por un presunto delito contra “la moral” religiosa.

Este fallo supone una “prueba” para la independencia de la Justicia y un “alivio” para los activistas y los miembros de esta comunidad, declaró a Efe su director, Bouhdid Belhadi, quien denunció, sin embargo, que se trata de una “decisión política” de las autoridades vinculada con los comicios previstos para finales de año.

“Por el momento, lo que les interesa es ganar las elecciones y para ello tiene que atraer a la base electoral, generalmente conservadora. Cuando lleguen al poder se encargarán de hacer lo mismo con la comunidad internacional, con un mensaje más abierto”, denunció el responsable.

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No hay relación entre el concepto de minorías y los derechos LGBTQ

La Fiscalía General del Estado, que todavía puede apelar al Tribunal Supremo, acusó a Shams de “violar la ley de asociaciones” y de cambiar sus objetivos sin informar a las autoridades, por lo que exigía la suspensión de su actividad durante 30 días, un paso previo a una eventual disolución definitiva.

“Para la Secretaria General no había ninguna relación entre (el concepto de) minorías sexuales, tal como aparece en nuestro estatuto, y los derechos LGBTQ a los que hacemos referencia en nuestras intervenciones mediáticas”, explicó Belhadi.

En la primera vista, la Justicia ya dio razón a la asociación, pero para sorpresa de ésta la Fiscalía recurrió la decisión el pasado mes de febrero aduciendo motivos religiosos.

“Alegó conceptos vagos como la moral asegurando que la existencia de Shams atenta contra los valores de la sociedad árabe-musulmana y que defiende una causa penalizada por la ley”, afirmó en referencia al artículo 230 del Código Civil que criminaliza y castiga la homosexualidad con hasta tres años de cárcel y permite los exámenes anales.

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Acoso judicial

Asociaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional acusaron al Gobierno tunecino de “acoso judicial” y le exhortaron revisar con urgencia las leyes “discriminatorias” para adaptarlas a las normas internacionales.

Asimismo, lamentaron la deriva conservadora del país, hasta ahora pionero en la defensa de las libertades individuales en la región del Magreb.

Shams ha denunciado en varias ocasiones “la caza de brujas” contra los homosexuales que cerró el año 2018 con “cifras récord”: 123 arrestos, 250 agresiones, más de 500 peticiones de asilo en el extranjero y tres asesinatos homófobos.

Tras la revolución de 2011, que terminó con la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, las personas LGBTQ salieron de la sombra, aunque su situación es todavía muy precaria, ya que Túnez es aún uno de los 71 Estados que todavía castigan las relaciones homosexuales.

En 2014, varias organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaron una propuesta para anular esta norma, pero la iniciativa fue rechazada por el Gobierno.

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La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La última noticia que tuvimos de Túnez era que un joven tunecino había sido condenado a ocho meses de prisión por haber mantenido relaciones homosexuales tras haber denunciado la violación y robo que sufrió por parte de dos agresores. Estos últimos también han sido castigados con penas semejantes por cargos de sodomía, agresión y robo. El denunciante, además, fue sometido a un examen anal, considerado una forma de tortura, durante el proceso de investigación. Las asociaciones de defensa de los derechos LGTB de Túnez denunciaban el extraordinario incremento de sentencias por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos años, que atribuyen a la «creciente influencia» del partido islamista Ennadha en los tribunales.

Efectivamente, la persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses. En marzo de pasado año 2018 recogíamos una de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Fuente Agencias/Religión Digital/Cristianos Gays

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Brunéi: la pena de muerte por lapidación para quienes mantengan relaciones homosexuales entrará en vigor el 3 de abril

Lunes, 1 de abril de 2019

lapidacion9_560x280Ya sabemos la fecha exacta de la noticia que publicábamos hace unos días:

El sultanato implantará a partir del 3 abril la versión más estricta de la sharía y endurece hasta límites inhumanos su código penal

Amnistía Internacional denuncia que el próximo 3 de abril entrarán en vigor en Brunéi las leyes que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte por lapidación. El desarrollo final del nuevo Código Penal, aprobado en 2014, que pretende implantar la sharía o ley islámica, concluirá en esa fecha con la inclusión de castigos físicos y mutilaciones incluso en niños. Ya se están planteando boicots a hoteles y negocios propiedad del sultán Muda Hassanal Bolkiah, como medida de protesta ante la barbarie.

En abril de 2014 fue aprobada la última actualización del Código Penal de Brunéi, un pequeño estado de mayoría musulmana situado en el sudeste asiático, con la pretensión de adaptarlo a la sharía o ley islámica. El 1 de mayo del mismo año entraba en vigor, aunque se anunciaba su implementación en tres fases. En la primera fase se fijaron multas y penas de prisión para diversos delitos, tal como se establece en las páginas del Corán.

En otras dos fases, que en un principio se desarrollarían en los veinticuatro meses siguientes, se introducían castigos corporales e incluso la pena de muerte para determinados delitos u ofensas. Sin embargo, su entrada en vigor fue posponiéndose indefinidamente, hasta que el pasado mes de marzo de 2018, el Ministerio de Asuntos Religiosos anunciaba su próxima implementación.

Finalmente, según denuncia Amnistía Internacional, la entrada en vigor de la nueva legislación tendrá lugar el 3 de abril de 2019. Entre las áreas delictivas que cubre se encuentran el robo, las relaciones sexuales ilícitas, hacer acusaciones no probadas de sexo ilícito, causar daño físico, el consumo de bebidas alcohólicas, la apostasía y los actos contrarios a las creencias islámicas.

Aparte de la pena de flagelación para la mayoría de estos delitos y ofensas, se establece la mutilación de manos y pies para los delitos relacionados con el robo, incluso para niños. Para las relaciones sexuales ilícitas y la apostasía de la religión islámica se implementa la pena de muerte por lapidación.

Esas relaciones ilícitas incluyen las que tiene lugar entre personas del mismo sexo (que hasta ahora estaban penadas con hasta 10 años de cárcel), el adulterio, las relaciones extramatrimoniales y la violación. En un principio, la nueva legislación solo se aplicará a la población musulmana de Brunéi (alrededor de dos tercios de los 500 000 habitantes del pequeño estado).

Rachel Chhoa-Howard, representante de Amnistía Internacional en Brunéi, consideraba que «legalizar tales penas crueles e inhumanas es espantoso en sí mismo. Algunas de las posibles “ofensas” ni siquiera deberían considerarse crímenes, incluyendo las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo».

Por su parte, ILGA no incluía a Brunéi entre los países en que se establece la pena de muerte para las relaciones homosexuales en su día último informe sobre homofobia de Estado, al no haber entrado en vigor a la fecha de su publicación, aunque informaba de la posibilidad de la implementación del nuevo Código Penal. Sin embargo, incomprensiblemente, le restaba importancia por creer que no se aplicará, dado que el requisito para la pena de ejecución por lapidación requiere que haya al menos cuatro testigos masculinos de la ofensa.

La noticia de la implementación de una legislación tan bárbara ha ocasionado que algunas voces, como la del actor George Clooney, hayan pedido que se boicoteen los negocios que el sultán Muda Hassanal Bolkiah tiene alrededor del mundo, incluyendo sus instalaciones hoteleras.

Fuente Dosmanzanas

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España: Activistas protestan conjuntamente por todo el país en una jornada para denunciar el retraso en la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI

Viernes, 2 de noviembre de 2018

leyigualdadlgtbiFELGTB y sus entidades exigen que se haga efectivo “de una vez por todas” el compromiso manifestado por los partidos políticos. 

Las 49 entidades que componen la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), junto a otras muchas que colaboraron en el borrador de la proposición de Ley de Igualdad LGTBI, han llevado a cabo hoy una jornada de protesta para denunciar el “injustificable e indignante retraso en la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI”, según ha expresado Uge Sangil, presidenta de FELGTB en la rueda de prensa celebrada en Madrid. Bajo el nombre ‘Ciudades en pie por la Ley de Igualdad LGTBI” y mediante la realización de ruedas de prensa en 18 ciudades, entre las que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza, estas organizaciones han exigido a todos los grupos parlamentarios que “de una vez por todas asuman su compromiso y trabajen definitivamente para la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI”.

Las organizaciones que conforman FELGTB manifiestan “su hastío y su rabia ante una inacción que prolonga el sufrimiento, desprotección y vulnerabilidad que afecta de manera más cruenta a niñas, niños, adolescentes y personas mayores ante la discriminación por orientación sexual e identidad o expresión de género”, añade Sangil. Además, FELGTB quiere mostrar su preocupación por el tratamiento que la realidad trans está recibiendo en el transcurso de las negociaciones. “El derecho a la autodeterminación de género, algo que creíamos completamente admitido por nuestros representantes políticos y que, por otra parte, está reconocido en legislaciones de numerosas Comunidades Autónomas, está siendo cuestionado con argumentos que destilan una inquietante transfobia.

“Esta Ley tiene que acabar ya con cualquier ambigüedad en el trato dispensado a la dignidad de las personas trans”, ha manifestado el vicepresidente de FELGTB, Mané Fernández, en la rueda de prensa realizada en Gijón.

FELGTB también ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en la que se recoge, entre otros aspectos, el denigrante trato hacia las personas trans que supone no legislar para que dejen de estar consideradas enfermas mentales.

El respaldo social a una ley de derechos humanos

La Ley de Igualdad LGTBI fue registrada el 4 de mayo de 2017 en el Congreso de los Diputados con el nombre de Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y su toma en consideración fue debatida y aprobada por amplia mayoría en el Pleno el 19 de septiembre de 2017.

“Nuestra mayor prioridad es la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI porque esto supondría contar con herramientas para realizar un trabajo estructural que ayude a acabar con un estigma y una discriminación milenaria. No entendemos que una ley que ha sido tan consensuada por la sociedad civil ahora se encuentre interrumpida por el trabajo y la falta de interés de algunos grupos políticos que siempre nos han manifestado su apoyo”, ha recordado hoy en Málaga el coordinador de Familias de FELGTB, Juan Andrés Teno.

En Valencia, Paula Iglesias, vocal de Políticas Estratégicas de FELGTB, añadió que “hoy nos estamos movilizando por toda España porque es urgente trasladar nuestro enfado ante un proceso que no avanza y que permanece estancado sin explicación coherente en los debates sobre las enmiendas”.

Tras más de un año de tramitación en la Comisión de Igualdad, esta solo ha realizado escasas reuniones de trabajo, y el proceso se ha visto interrumpido por numerosas excusas técnicas que FELGTB considera inaceptables.

En otra de las ruedas de prensa organizadas en el día de las ‘Ciudades en pie por la Ley de Igualdad LGTBI’, Maribel Povedano, vocal de Políticas Identitarias de FELGTB, ha pedido desde Sevilla que “todos los partidos políticos entiendan que estamos hablando de derechos humanos, de evitar suicidios infantiles, de prevenir delitos de odio, de acabar con la discriminación a las parejas de mujeres en los procesos de filiación… Es también una norma feminista elaborada desde una perspectiva transversal, en la que se ha tenido en cuenta la situación de las personas con discapacidad, migrantes, asiladas, mayores, menores de edad…”. Povedano también ha visibilizado el amplio respaldo a esta ley dado por 25 de las principales organizaciones sociales entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Save the Children, el CERMI, la Fundación ONCE, Plena Inclusión o Movimiento contra la Intolerancia o por los principales sindicatos españoles.

Fuente FELGTB

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La policía de Indonesia detiene a una pareja gay por promover una página pro-LGTB en Facebook

Miércoles, 24 de octubre de 2018

indonesia_condones-300x150La policía se incauta de condones y vaselina en una fiesta gay celebrada en Cipanas en enero de 2018 (Java Occidental, Indonesia).

La policía indonesia ha arrestado a dos hombres homosexuales solo por dirigir una página de Facebook con temas LGTB. Los agentes allanaban este pasado jueves una casa de Batununggal, Java Occidental, que fue alquilada por un hombre que supuestamente creó la página de Facebook «Gay Bandung» con su compañero. Este es el primer caso de criminalización LGTB en las redes sociales en Indonesia, según medios como The Straits Times. La policía, además de detener a la pareja, se incautó de varios teléfonos móviles y 25 preservativos. Estas víctimas de la LGTBfobia de Estado se enfrentan ahora a un máximo de seis años de prisión, acusados de «transmisión y difusión de información electrónica que contiene inmoralidad».

En apenas unas horas, la página en cuestión de Facebook pasaba de 4.000 seguidoreshasta los más de 31.000 en apoyo a la pareja. Pero lo cierto es que la LGTBfobia, instigada abiertamente por las administraciones, las jerarquías religiosas y ejecutada por las supuestas fuerzas de «seguridad» de Indonesia está creciendo como la espuma. Los hombres acusados por promover la página proLGTB, según el subdirector de «delitos especiales» de la policía, Hari Brata, habrían cometido el «delito» de querer «hacer amistades entre personas del mismo sexo».

Echando un vistazo a la página, sin embargo, también se puede leer información sobre noticias a favor de los derechos del colectivo LGTB, así como cuestiones de utilidad, salud, VIH/sida o entretenimiento. Los «sospechosos» han sido acusados en virtud del Artículo 27, Punto 1, de la Ley de Transacciones Electrónicas e Información (ITE) sobre «la transmisión y difusión de información electrónica que contiene inmoralidad». La citada ley conlleva una sentencia máxima de seis años de prisión y una multa de hasta mil millones de rupias (unos 60.000 euros, aproximadamente).

Lo sucedido se enmarca en el clima de acoso contra las personas LGTB que se vive en Java Occidental, cuyo jefe de policía ya hizo pública hace año y medio su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Hace solo un par de semanas, otra página de Facebook relacionada con el tema generó controversia en la ciudad de Garut. La protesta local provocó que los administradores escolares prohibieran la presencia de estudiantes LGTB en las escuelas. El miércoles 17 de octubre, la administración de la regencia de Cianjur dio instrucciones a las mezquitas de la región pidiéndoles que prediquen sobre los peligros de la comunidad LGTB y el VIH/sida en las oraciones del viernes.

La peor situación, en Aceh

Por desgracia las noticias sobre LGTBfobia de Estado en Indonesia son incesantes. La peor situación, posiblemente, es la que se vive en la provincia de Aceh, donde dos hombres recibían el pasado mes de julio 80 latigazos acusados de practicar la homosexualidad. Un castigo semejante al que recibieron en mayo de 2017 otros dos jóvenes. En aquella ocasión recibieron 83 latigazos, también ante una multitud exaltada. Amnistía Internacional lo calificó de «repugnante espectáculo» y se sucedieron las condenas internacionales.

Debido a ello, el presidente indonesio, Joko Wivodo, presionó al gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, para que finalmente emitiese una orden en la que se establecía que los castigos físicos debían ejecutarse en el interior de las prisiones y se prohibía la grabación o difusión de imágenes de los mismos. No obstante, hubo una gran oposición por parte de los sectores religiosos, que consideraron que si los castigos no eran públicos perderían su carácter de «ejemplarizantes», idea que, al parecer, ha terminado prevaleciendo.

También hace unos meses recogíamos la detención de cuatro personas en Banda Aceh (capital de la provincia), a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentarían a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».

En la provincia de Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

La sharía también rige en Sumatra Meridional (en este caso solo para los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría).

La persecución se extiende por el conjunto de Indonesia

Pero la persecución no se limita ya a los territorios donde rige la sharía. Ya en febrero de 2016 hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos indonesios. Desde entonces no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. En diciembre de 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital del país, donde las relaciones homosexuales no son ilegales. Los detenidos fueron entonces condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación.

En mayo de 2017, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país.  Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Esta espantosa situación podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, si bien el proyecto de ley ha sido aplazado provisionalmente.

Fuente Dosmanzanas

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El Congreso de Guatemala podría prohibir el matrimonio igualitario y la “propaganda gay”

Lunes, 15 de octubre de 2018

marchacontrainiciativa52721-672218f21bd08c01077d7644ab859615-1200x0-600x400La iniciativa “para la protección de la vida y la familia” que debate el Congreso guatemalteco supondría un gran retroceso en los derechos del colectivo LGTB+ y de las mujeres.

Las protestas de los activistas y la presión internacional han logrado retrasar el tercer debate parlamentario previo a su aprobación definitiva.

Amnistía Internacional denuncia que el Congreso de Guatemala está debatiendo una iniciativa de ley que pone en riesgo la vida de miles de niñas, mujeres y personas LGTBI.

Se trata de la 5272, una propuesta que fue presentada por un grupo de diputados conservadores encabezados por el presidente de la Comisión de la Mujer, Aníbal Rojas, y que es conocida como Iniciativa por la protección de la vida y la familia. 

Viniendo de la derecha y con ese título no podemos esperar nada bueno de una ley que, si fuera aprobada (y sobre el papel está a punto de hacerlo), impondría una definición de familia exclusivamente heterosexual, prohibiendo expresamente los matrimonios y el reconocimiento de uniones de hecho entre personas del mismo sexo.También formula el “derecho” a “no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género” y prohíbe promover programas relativos a la diversidad sexual y la “ideología de género” o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad.

En la actualidad la ley guatemalteca sólo permite el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre. La 5272 pretende poner las cosas aún más difíciles y propone modificar el código penal para criminalizar los abortos espontáneos, imponiendo penas de prisión para mujeres que los han sufrido y para castigar a quienes “promuevan o faciliten medios para la realización del aborto”.

Aníbal Rojas, el principal impulsor de la 5272, es uno de esos diputados que basa su actividad política en decir que la familia y la vida no son negociables porque “el país tiene que recuperar sus valores cristianos”.

El rechazo ha sido mayoritario entre muchos sectores de la sociedad guatemalteca. Para Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, se trata de un descabellado proyecto que amenaza lo que dice proteger: la vida y las familias. Luis Barrueto, de la organización LGTB+ Visibles, afirma que de aprobarse la iniciativa Guatemala volvería al siglo XVIII. Desde su asociación consideran, además, que la propuesta es una cortina de humo para desviar la atención del intento de aprobar otras medidas que otorgarían impunidad a los corruptos. Más o menos lo mismo que ha pasado en Rumanía.

La iniciativa 5272 ya ha superado los dos primeros debates parlamentarios y está a falta de un tercer y último debate para ser aprobada definitivamente artículo por artículo. El presidente, Jimmy Morales, también se ha manifestado a favor de que se apruebe, afirmando que “Guatemala y nuestro Gobierno cree en la vida. Nuestro Gobierno y Guatemala cree en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer

Este tercer debate se tenía que haber celebrado ya a principios de septiembre, aunque finalmente no fue así después de una manifestación de rechazo a la 5272 convocada en  las puertas del Congreso. Sandra Morán, una diputada feminista y que es de las pocas que se preocupa por los derechos LGTB+ en el país, agradeció a los presentes por su visibilidad y por luchar por sus derechos.

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Los participantes consideran que este freno en la aprobación de la ley es debido al éxito de las protestas activistas y de la presión internacional, aunque de momento el proyecto no ha sido desestimado y en teoría el debate podría reanudarse en cualquier momento.

Morán se muestra optimista y afirmó que “puede que la 5272 ya no regrese, porque ganamos la batalla“. Sin embargo las asociaciones de mujeres, las organizaciones LGTB+ y otros activistas por los derechos humanos dicen que hay que seguir atentos y desde Amnistía Internacional piden que se continúe haciendo presión sobre el gobierno y los diputados guatemaltecos para que finalmente la iniciativa desaparezca de la agenda del Congreso.

Fuentes | Amnistía InternacionalSoy 502, vía EstoyBailando

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Las lesbianas siguen siendo acusadas de brujas y sometidas a violaciones correctivas en Camerún

Martes, 9 de octubre de 2018

frame-cabecera-facebookDiferentes asociaciones denuncian que las lesbianas siguen siendo acusadas de brujas o estar poseídas por el demonio, además de ser torturadas y sometidas a violaciones correctivas en Camerún.

Alrededor de una docena de mujeres, algunas de ellas adolescentes, son arrestadas como sospechosas de ser lesbianas en el mes de mayo en Camerún. Tras ser sometidas a intensivos interrogatorios y ser torturadas, también se les aplican violaciones correctivas en grupo con el objetivo de «curar» su homosexualidad, según revela un informe de Thomson Reuters Foundation, denunciando de esta manera hasta qué punto sufren y son perseguidas las lesbianas en un país en el que además son consideradas brujas o poseídas por un demonio.

«No vi a las chicas como todos los demás, pensé un mal espíritu me había invadido (…). De manera que empecé a rezar para que se fuera», confiesa una refugiada que actualmente vive en Francia, Viviane, pero que cuando tenía 14 años de edad y vivía en Yaundé, quien pensó realmente que había sido embrujada cuando se sintió atraída sexualmente por otras personas de su mismo sexo. Tras comprobar que las oraciones no sirven de nada, termina aceptando su orientación sexual y comienza a salir con otra chica. Una vez es descubierta por su familia le dan una paliza y le obligan a ver al «médico brujo» local de su aldea que le obliga a beber sangre y le introduce chili picante por el ano con la intención de «purificarle». Asimismo, con el objetivo de «salvar el nombre de la familia», le obligan a casarse con un pastor de la iglesia más de treinta años mayor que ella, quien la encadena a una pared y la viola brutalmente a los 18 años de edad. «Para ellos, yo era como un collar que vendían», afirma Viviane, explicando que no le habría servido de nada denunciar la violación al tratarse de un pastor, quien «es como un Dios» en Camerún: «Dios no puede violar. Y si lo acusas de violación, eres el demonio».

Las detenciones de personas sospechosas de ser homosexuales son habituales en algunos países africanos, como también lo son las violaciones correctivas, particularmente en Camerún, donde no solo es ilegal ser homosexual, sino que es uno de la media docena de países en los que se castiga con la muerte. Irónicamente, la brujería también es una práctica ilegal, pero parece ser menos dañina para las autoridades, que no interceden para evitar que se apliquen estas violaciones correctivas, siempre que sea para «curar» la homosexualidad.

Según un informe de 2017 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), 33 países africanos, de un total de 54, criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Solo en Camerún, el año pasado se registraron casi 600 agresiones de carácter homofóbico, según Humanity First Camerún, siendo violadas una de cada cinco lesbianas, así como uno de cada diez gays. Datos que podrían ser mucho peores dado que muchas agresiones ni siquiera son denunciadas.

«La situación en Camerún para las lesbianas y cualquiera que no se identifique como heterosexual es extremadamente grave. Las relaciones entre personas del mismo sexo están en contra de la ley y son socialmente inaceptables, y las personas que son, o se cree que son, lesbianas o homosexuales suelen ser objeto de ataques de vigilantes, palizas y formas de tortura. Está creciendo una valiente oposición a la supuesta visión «tradicional» de la orientación sexual, pero los activistas en el país tienen que ponerse en circunstancias extremadamente peligrosas, enfrentándose a la intimidación, violencia, amenazas e incluso la muerte, por su trabajo en la defensa de los derechos LGBTI», declara Balkissa Ide Siddo, de Amnistía Internacional en África central.

La dura realidad camerunesa para las personas LGTB

El último suceso homófobo del que tuvimos noticia, fue en enero pasado cuando un grupo de militares cameruneses asaltó brutalmente un local de ambiente homosexual en la localidad de Gaorua. El asalto se saldó con un muerto, tres heridos graves —uno de los cuales ha perdido un ojo— y un número no determinado de heridos leves. No se ha abierto ninguna investigación al respecto, ni se han presentado denuncias, por lo que los asaltantes quedarán impunes de sus crímenes.

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún, realmente complicada. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En febrero de 2012 informamos de la detención de al menos tres mujeres lesbianas. Poco antes, en enero de 2012, eran cuatro hombres los detenidos. En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a cinco años de cárcel acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las pruebas que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados hubieran estado bebiendo Baileys, un licor considerado típicamente femenino. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecíaabandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En abril de 2011 se detuvo a otros tres jóvenes acusados de homosexualidad. En marzo de 2011 un nuevo detenido fue condenado a 36 meses de cárcel, motivo por el cual Amnistía Internacional llevó a cabo una acción. En octubre de 2010 dos jóvenes sufrían una detención y un trato degradante por parte de la Policía. En mayo de 2010 dos detenidos fueron luego condenados a cinco meses de cárcel. En marzo de 2010 otra detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano. En diciembre de 2009 un joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables.

En julio de 2013, se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Más recientemente, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación. En octubre de este 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaoundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual.  A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar.

Uno de los sucesos más terribles tuvo lugar en julio de 2013, cuando fue brutalmente torturado y asesinado en su domicilio el activista LGTB Eric Ohena Lembembe, conocido por su labor en apoyo a los enfermos de sida y por sus continuas denuncias de las leyes homófobas del gobierno de Camerún y su pasividad ante la violencia desatada contra la población LGTB.

Y estos son solo los casos que trascienden a los medios internacionales. Según Human Rights Watch, al menos 28 personas han sido detenidas por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos tres años.

Además de todos estos episodios de homofobia,  también nos hemos hecho eco de la serie de vídeos “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano.

En Camerún, como citábamos anteriormente, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”. Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la Policía ignora este requerimiento. Hace ahora cuatro años las autoridades políticas de Camerún rehusaron de hecho seguir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de despenalizar la homosexualidad y actuar contra la violencia homofóbica.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Dos hombres reciben 80 latigazos en la provincia indonesia de Aceh como castigo por practicar la homosexualidad

Martes, 24 de julio de 2018

indonesia-latizagos-homofobia-696x522Dos hombres han recibido 80 latigazos en la provincia indonesia de Aceh, como pena por realizar prácticas homosexuales, en aplicación de la sharía (o ley islámica). El brutal castigo ha tenido lugar ante una multitud furiosa, que alentaba a que el castigo fuera lo más duro posible. A pesar de que el gobernador de Aceh dictó una ordenanza por la que estos castigos debían ejecutarse a puerta cerrada, parece que ha prevalecido el deseo de las autoridades religiosas de que sean públicos para que sirvan de ejemplo.

Los dos hombres habían sido detenidos en una redada en la que se detuvo a quince personas cerca de una mezquita, acusadas de cometer infracciones contra la ley islámica, como mostrar afecto en público o vender bebidas alcohólicas. En su caso, ambos fueron culpados de practicar la homosexualidad.

La brutal ceremonia, de intención ejemplarizante, tuvo lugar en una plaza ante un millar de espectadores, algunos de ellos provenientes de la vecina Malasia, que sacaban fotografías con sus teléfonos móviles como si se tratara de un espectáculo. Mientras el verdugo propinaba a las víctimas los 80 latigazos con una vara de ratán, entre la multitud se oían gritos de «golpea más fuerte».

El castigo ha sido semejante al que recibieron hace un año dos jóvenes varones, acusados a su vez de mantener relaciones sexuales entre ellos. En aquella ocasión recibieron 83 latigazos, también ante una multitud exaltada. Amnistía Internacional lo calificó de «repugnante espectáculo» y se sucedieron las condenas internacionales. Debido a ello, el presidente indonesio, Joko Wivodo, presionó al gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, para que finalmente emitiese una orden en la que se establecía que los castigos físicos debían ejecutarse en el interior de las prisiones y se prohibía la grabación o difusión de imágenes de los mismos.

Sin embargo, hubo una gran oposición por parte de los sectores religiosos, que consideraron que si los castigos no eran públicos perderían su carácter de «ejemplarizantes», idea que, al parecer, ha terminado prevaleciendo.

En la provincia de Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

Escalada de la LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace unos meses recogíamos la detención de cuatro personas en Banda Aceh (capital de la provincia), a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentarían a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».

Poco antes, en diciembre de 2017, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero lo cierto es que la situación se está deteriorando en todo el país. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.

Esta espantosa situación podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, si bien el proyecto de ley ha sido aplazado provisionalmente.

Fuente Dosmanzanas

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Más de 1000 activistas desafían la prohibición del Orgullo LGTB de Estambul y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos

Lunes, 9 de julio de 2018

orgullo_estambul_2018-300x150orgullo_estambulNuevamente, las autoridades prohibían la normal celebración de la manifestación del Orgullo LGTB de Estambul. Este hecho ha provocado la crítica de varias organizaciones internacionales. Por su parte, Human Rights Watch ha dejado muy claro que «Turquía tiene la obligación de garantizar que las personas LGTBI puedan disfrutar plenamente de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica sin discriminación» y que, en este sentido, «las autoridades encargadas de mantener el orden público deberían recordar que están allí para proteger a los que participan en la marcha». Desgraciadamente, como viene ocurriendo en todas las ediciones del Orgullo desde 2015, la policía al servicio del régimen autocrático de Recep Tayyip Erdoğan (reelegido y con el doble de poder que en la anterior legislatura), lejos de proteger a los activistas, utilizó la fuerza para dispersarlos. Los agentes lanzaron gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los manifestantes y practicaron, al menos, once detenciones.

El gobernador de Estambul prohibía la manifestación del Orgullo por cuarto año consecutivo. En las pasadas ediciones, la oficina del gobernador tomó como excusas el mes de Ramadán o las amenazas de grupos ultra contra la comunidad. Sin embargo, este año el Orgullo ni ha coincidido con el mes de Ramadán ni se han recibido amenazas de consideración. Los activistas negociaron con la policía y se les permitió usar una calle en Taksim, cerrando otras áreas cercanas antes de que comenzara la manifestación. Sin embargo, tras la lectura del manifiesto, los agentes utilizaron gas lacrimógeno, pelotas de goma y otros métodos violentos de fuerza (como los porrazos) para dispersar a la multitud.

La semana pasada, Efe Songun, activista LGTB de Estambul y colaborador de Human Rights Campaign, escribía que «se esperaba la prohibición de este año, considerando las prohibiciones sobre otras actividades LGBTQ anunciadas bajo el estado de emergencia a principios de este año en Ankara. Aunque ahora se ha prohibido la marcha, los activistas LGBTQ continuarán con las actividades que rodean la Semana del Orgullo, y se realizará un esfuerzo para montar una manifestación pacífica para aumentar la visibilidad LGBTQ». Songun también aseguraba que «la cancelación de Orgullo se produce cuando el autoritario presidente turco Recep Tayyip Erdogan continúa ejerciendo su poder en el país».

Los organizadores del Orgullo de Estambul, Istanbul LGBT Pride Week, horas antes de la manifestación, publicaban un comunicado en su página de Facebook en el que se recoge que «estas prohibiciones no están en contra de las acciones, sino en contra de las formas de existir. La decisión del gobernador es parte del odio existente y es ilegítima. Esta es la razón por la cual las marchas del Orgullo son importantes y deberían tener lugar. Los LGBTI + estamos aquí con nuestro Orgullo a pesar de todos los vanos intentos de evitarnos y no reconocemos esta prohibición».

Para Human Rights Watch, «las restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación para las personas LGTBI en Turquía no solo violan esos derechos humanos fundamentales, sino que colocan a Turquía en una violación de sus obligaciones internacionales». Recordemos que las ediciones de 2015, 2016 y 2017 del Orgullo de Estambul también fueron reprimidas con el uso de la fuerza como este año.

Erdoğan asienta su régimen autocrático

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el recién reelegido presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denunciaba la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se le imputaban cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

En de abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente Dosmanzanas

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Avances históricos en los derechos de las personas de zonas tribales y transgénero de Pakistán

Viernes, 1 de junio de 2018

mv5bowmyyzc3ntctowi5ny00mmmzlwewogutnzhizwzlodvknjmxxkeyxkfqcgdeqxvyntm3mdmymdq-_v1_Pakistán es el primer país de Asia que reconoce la autopercepción de la identidad de género de las personas transgénero. 

Pakistán ha conseguido avances históricos para los derechos de la población de las zonas tribales de la frontera con Afganistán con la aprobación de una nueva enmienda constitucional que rompe con una vergonzosa legislación de la era colonial, dijo ayer Amnistía Internacional.

Con la aprobación de esta enmienda constitucional, es la segunda vez este mes que el Parlamento paquistaní salva sus profundas divisiones políticas para unirse en asuntos clave de derechos humanos. La primera fue la aprobación de la Ley sobre Personas Transgénero (Protección de Derechos).

“Se trata de un momento histórico que pone fin a más de un siglo y medio de leyes draconianas de la era colonial para la población de las zonas tribales, que puede disfrutar por fin de los mismos derechos constitucionales que el resto de la población de Pakistán, rompiendo con un lamentable pasado de normas arbitrarias y punitivas”, ha dicho Omar Waraich, director adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional.

La enmienda constitucional pone fin al famoso Reglamento sobre Delitos Fronterizos, impuesto bajo el dominio británico en la década de 1850. El Reglamento negaba explícitamente a la población de las zonas tribales su derecho a interponer recurso contra su detención, a tener representación letrada y a presentar pruebas en su defensa, autorizando así un amplio abanico de violaciones de derechos humanos.

 Con esta enmienda, las Zonas Tribales bajo Administración Federal se integrarán en la provincia noroccidental de Jyber Pajtunjwa, y estos territorios quedarán por primera vez al amparo de la Constitución de Pakistán.

También este mismo mes, el 5 de mayo de 2018, los partidos del gobierno y la oposición se unieron para aprobar una de las leyes más progresistas del mundo en lo que se refiere a los derechos de las personas transgénero.

“Pakistán es ahora el primer país de Asia y uno de los pocos del mundo que reconoce la autopercepción de la identidad de género de las personas transgénero, que ya pueden conseguir documentación oficial en la que se refleje su identidad de género, y por tanto participar plenamente en la sociedad sin discriminación”, ha dicho Omar Waraich.

“Aunque aún queda mucho por hacer para garantizar los derechos de ambas comunidades, fue un momento excepcional en el que unas fuerzas políticas siempre enfrentadas tuvieron la voluntad necesaria para ocuparse de los derechos humanos en Pakistán.”

La realidad LGTB en Pakistán

A pesar del gran avance que supondrá la nueva ley, las condiciones de vida de la comunidad LGTB en Pakistán son muy duras. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales a día de hoy en este país. El Código Penal se remonta a 1860, cuando formaba parte de la India colonial y ambos Estados compartían la ley de sello británico. Tal y como reza el texto en su artículo 377, están perseguidos los “delitos antinaturales”, que cometerá “quien voluntariamente tenga relaciones sexuales carnales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal”.

Los condenados por estos «delitos» «serán castigados con pena de prisión de por vida o con pena de prisión de cualquiera de las dos categorías por un término que no podrá ser inferior a dos años ni superior a diez años; también será responsable de multa». La ilegalidad de las relaciones homosexuales ha provocado, aparte de injustas persecuciones motivadas por la orientación sexual, situaciones tan ridículas como la censura de una fotografía de dos hombres besándose en la portada internacional del New York Times distribuida en Pakistán el 29 de enero de 2016.

En cambio, como publicó también dosmanzanas en su momento, ya en julio de 2009 la Corte Suprema de Pakistán daba un paso hacia un cierto reconocimiento oficial de las personas transgénero y a finales de ese mismo año ordenaba que se reconociera oficialmente la existencia de un «tercer sexo». Este mismo año, el senador Babar Awan presentaba en la cámara alta un proyecto de ley similar al aprobado ahora para proteger al colectivo trans y que también contenía disposiciones antidiscriminatorias. En marzo de 2017, una histórica sentencia condenaba a cadena perpetua a los dos asesinos de una mujer trans.

No obstante, la igualdad real de las personas trans también sigue estando muy lejana, ya que todavía son vulnerables a los abusos físicos y verbales, tienen que soportar la actitud humillante de los policías, médicos en los hospitales y funcionarios públicos y los informes de palizas y otras formas de violencia dirigidas contra estas personas son comunes. Hace solo un par de semanas recogíamos el asesinato de Sheena, una mujer trans de origen afgano, que no pudo recuperarse tras ser víctima de cinco disparos. Shena era en la quincuagésimo sexta persona trans muerta como consecuencia del odio tránsfobo en Pakistán desde 2015. Entre ese año y 2017, además, se han contabilizado un mínimo de 1.131 casos de violencia contra este colectivo (208 de los cuales corresponden al año pasado). Cualquier ley que favorezca a las personas trans y al conjunto de la población LGTB pakistaní es, por tanto, muy necesaria, igual que lo es la urgente despenalización de la homosexualidad.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzans/Cristianos Gays

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Chechenia: un año después, sin justicia para las víctimas

Martes, 15 de mayo de 2018

300x300_rusia-investiga-chechenia-gays_fb_thumbHace tan solo un año, las estremecedoras noticias sobre detenciones, torturas y asesinatos de personas homosexuales en la república rusa de Chechenia sacudían a la comunidad internacional. Según reportaba el diario Novaya Gazeta, al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena. En este tiempo, La homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados. Un año más tarde, sin embargo, las autoridades rusas han demostrado una ausencia total de voluntad política para investigar los posibles crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. A fecha de hoy, nadie ha sido detenido ni imputado.

Según ha apuntado Denis Krivosheev, director de la sección de Europa del Este y Asia Central de Amnistía Internacional, «el Gobierno ruso ridiculizó y descartó estas noticias que llegaban de Chechenia hace un año. Desde entonces, hemos presenciado con estupefacción la negación, evasión e inacción de las autoridades respecto a este tema, llegando a denegar en repetidas ocasiones el lanzamiento de una investigación oficial en relación a los crímenes reportados, ignorando las pruebas aportadas por Novaya Gazeta».

En efecto, las investigaciones llevadas a cabo por las organizaciones de derechos humanos han conseguido recabar un elevado volumen de información, pero aún así no se ha incoado ningún procedimiento penal. Pese a las denuncias interpuestas relativas a asesinatos de personas homosexuales, las autoridades siguen afirmando que no hay relación entre esos crímenes y la persecución homófoba que alegan las organizaciones. Sin embargo, activistas LGTB afirman que en diferentes países del mundo hay refugiados chechenos dispuestos a testificar.

Igor Kochetkov, activista de la Russian LGBT Network, ha señalado que «en el pasado año, la Russian LGBT Network, junto a Novaya Gazeta, han hecho el trabajo que debía realizar el Estado». La organización ha velado por la seguridad de las víctimas, y ha recopilado y publicado sus experiencias para denunciar públicamente la persecución que sufrieron. Pero lo que no han podido conseguir es que las autoridades inicien una investigación oficial, ni asegurar que los responsables sean investigados penalmente.

Según Elena Milashina, la periodista de Novaya Gazeta que reveló por primera vez la situación en Chechenia, «sería muy fácil sacar adelante una investigación si las autoridades realmente quisieran». Como ejemplo, señala que las autoridades ni tan sólo han intentado averiguar las localizaciones GPS de los teléfonos móviles de las personas que habrían sido detenidas. Milashina asegura que muchos de esos teléfonos permanecieron encendidos durante las detenciones, y una simple investigación sobre los geolocalizadores de los dispositivos permitiría verificar que dichas personas permanecieron durante varios días en centros de detención ilegal.

Una de las víctimas de la purga homófoba, Maxim Lapunov, presentó una denuncia oficial el pasado mes de septiembre. A día de hoy, las autoridades rusas no han tomado ninguna acción al respecto. Inicialmente, utilizaban la excusa de la falta de denuncias por parte de las víctimas para justificar su inacción. No obstante, después del valiente paso de Lapunov, las autoridades ya no pueden justificar la ausencia de investigaciones.

Kochektov tiene claro cuál es el problema. El activista de la Russian LGBT Network considera que el principal obstáculo para sacar adelante dichas investigaciones es el hecho de que «la homofobia es la política oficial del Estado ruso». Tal es así que las autoridades han tachado de «burda mentira» las denuncias de las organizaciones LGTB, achacándolas a una «nueva campaña informativa contra Rusia».

El único amparo al que han podido acudir las víctimas del horror checheno han sido el que les han brindado las organizaciones de derechos humanos. El trabajo incansable de organizaciones como la Russian LGBT Network ha permitido que más de 100 personas hayan podido ser reubicadas de forma segura fuera de Chechenia. Según Amnistía Internacional, al menos 98 habrían logrado salir de Rusia, mientras que los demás habrían sido reubicados en otras partes del territorio nacional. No todos ellos eran hombres: diez de las personas evacuadas eran mujeres lesbianas, y también se reubicó a dos personas trans. Asimismo, también se ha evacuado a familiares que temían ser objeto de represalias por parte de las autoridades.

Concidiendo con el aniversario de las primeras noticias que se publicaron sobre este escándalo, en diversas ciudades del mundo tuvieron lugar actos de protesta, exigiendo una investigación imparcial y el enjuiciamiento de las personas responsables, y poniendo en evidencia la falta de cobertura mediática de tal vulneración masiva de derechos humanos. También se reclamaba a gobiernos europeos y americanos que asegurasen el derecho de asilo de aquellos que han conseguido huir del infierno checheno.

Pese a la inacción de las autoridades, diversas organizaciones LGTB siguen observando la situación en Chechenia con lupa. «Os estamos observando», apuntaba Matt Beard, de la organización All Out«No descansaremos hasta que consigamos justicia para Maxim, Zelim y para las docenas de personas que fueron torturados y asesinados en Chechenia».

 Fuente Dosmanzanas

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Pareja de lesbianas recibe el apoyo de 32 organizaciones para obtener visa de dependencia en Hong Kong

Miércoles, 18 de abril de 2018

hkAmnistía Internacional, 16 bufetes de abogados y hasta 16 compañías bancarias ofrecen su apoyo a una pareja de lesbianas que lucha en los tribunales de Hong Kong por una visa de dependiente.

Que el Tribunal de Primera Instancia de Hong Kong denegara el visado de uno de los miembros de una pareja de lesbianas era algo que se podía prever, dado que habitualmente este tipo de casos se resuelven en la Corte de Apelaciones. Lo que la demandante, Q.T. no esperaba realmente era recibir el apoyo de Amnistía Internacional, dieciséis bufetes de abogados de Hong Kong, y hasta quince entidades bancarias de cara a la celebración del juicio ante el Tribunal de Apelación Final el próximo 5 de junio.

Casadas en el Reino Unido, Q.T. y S.S. se mudan en 2011 a Hong Kong tras recibir la segunda una oferta laboral. Un tribunal reconoce que una pareja del mismo sexo debe tener los mismos derechos que se conceden a una pareja heterosexual de cara a que uno de los cónyuges reciba una visa de dependiente si están casados legalmente en otro país. Pierden en el Tribunal de primera instancia, pero ganan en el Tribunal de Apelaciones. El tribunal superior dictaminó que la negativa del Departamento de Inmigración equivale a una discriminación indirecta, pero el departamento de inmigración decide apelar esta resolución, lo que levanta las críticas de políticos y activistas que echan en cara a su gobierno que ni siquiera haya apoyado la candidatura de los Gay Games, que se celebrarán finalmente en Hong Kong en 2022.

«QT acoge con satisfacción las solicitudes de intervención de una ONG internacional de derechos humanos tan reconocida y respetada y un grupo tan amplio de instituciones financieras y bufetes de abogados globales en Hong Kong», declara Michael Vidler en representación de Vidler and Co, que este mismo miércoles, 12 de abril, anuncia que junto a un gran número de organizaciones, se han prestado a brindar su apoyo al matrimonio, cuya identidad está protegida por los tribunales.

«La política disminuye significativamente su capacidad de atraer y retener el talento de clase mundial que es crucial para mantener y mejorar el estatus de Hong Kong como un centro líder de servicios legales en Asia-Pacífico y globalmente», declaran desde Davis Polk & Wardwell, otra de las firmas de abogados que apoya a la pareja, afirmando el interés de todas estas compañías para promover la diversidad en todo, desde la raza hasta la orientación sexual con la intención de atraer a Hong Kong a los trabajadores más competitivos en cualquier sector.

«Este es un caso importante en Hong Kong; un caso importante para los derechos LGBT», asegura Jan Wetzel, asesora principal de política de Amnistía Internacional. Sin embargo, antes de poder involucrarse en el proceso, todas estas organizaciones deben esperar la aprobación del tribunal, por lo que se espera que presenten sus alegaciones a través de los abogados de la pareja.

Las 16 firmas de abogados

— Akin Gump Strauss Hauer & Feld— Allen & Overy— Ashurst Hong Kong— Clifford Chance— CMS— Eversheds Sutherland— Freshfields Bruckhaus Deringer— Herbert Smith Freehills— Hogan Lovells— Latham & Watkins— Linklaters— Morley Chow Seto— Morrison Foerster— Oldham, Li & Nie; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison— Ropes & Gray.

Las 15 entidades bancarias

— ABN AMRO Bank— AIG Insurance Hong Kong— Australia and New Zealand Banking Group— The Bank of New York Mellon— BlackRock Asset Management North Asia— Credit Suisse— Goldman Sachs— Morgan Stanley— Nomura International (Hong Kong)— Royal Bank of Canada— Societe Generale Hong Kong Branch— State Street Bank and Trust— Barclays— Deutsche Bank Hong Kong— Macquarie Group

Fuente Universogay

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El Tribunal Supremo de Kenia valora la abolición de la ley que penaliza la homosexualdiad

Miércoles, 28 de febrero de 2018

activista_kenia-290x150El Tribunal Supremo de Kenia valora la abolición de la ley que penaliza la homosexualidad, vigente desde la época colonial británica, como consecuencia de la demanda de tres asociaciones que la consideran anticonstitucional. Tres asociaciones del colectivo keniano de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales exigen anular las secciones del código penal que sancionan el sexo homosexual en un juicio en el Tribunal Superior de Justicia. Introducidas durante la dominación colonial británica, estas secciones hacen referencias al “conocimiento carnal contra natura” y al “ultraje contra la moral pública”. El juicio se desarrollará en los juzgados de Milimani, en la capital, Nairobi.

Desde este viernes, 19 de febero, el Tribunal Supremo de Kenia revisa una demanda para abolir la ley que penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, presentada en 2016 por la Comisión Nacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (NGLHRC por sus siglas en inglés: National Gay and Lesbian Human Rights Commission), junto con la Colación de Gays y Lesbianas de Kenia (GALCK por sus siglas en inglés: Gay and Lesbian Coalition of Kenia) y la Coalición LGBT de Nyanza-Valle del Rift y Kenia Occidental (NYARWEK Network). De conseguirlo sería un paso significativo para los países del este de África, en los que la homosexualidad está penalizada en casi todos los países de la región, 38 en todo el contienen africano según Amnistía Internacional.

“Aunque tenemos una Constitución que porta la voluntad del pueblo keniano y que dice que nadie debería ser discriminado, estas leyes lo hacen. Están lejos de tratar la moralidad y se usan para justificar la discriminación, la violencia, el acoso y la intrusión en la vida privada de los ciudadanos de Kenia”, denunció el director ejecutivo de la NGLHRC, Eric Gitari, en un comunicado. «El hecho de que nos escuchen es un indicador de que nuestra democracia ha alcanzado la mayoría de edad», declara Eric Gitari, abogado y fundador de la NGLHRC. La sala habilitada para la vista, en Nairobi, tuvo que trasladarse a un espacio más grande debido a la gran multitud de personas que acudieron a la vista del caso. «Los jueces saben que todo el mundo está mirando (…). Tenemos esperanza. El juicio dará una guía a los países de África. Alentará a los activistas en tantos países africanos, va a crear un efecto dominó», asegura el activista, consciente de que las leyes que prohíben la homosexualidad promueven el acoso abuso y discriminación de la comunidad LGBT.

La ley de Kenia prohíbe actualmente lo que denomina el «conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza», que castiga con penas de hasta 14 años de prisión. Una ley que se remonta a la época colonial británica de principios de siglo XX, que los demandantes consideran anticonstitucional. Entre 2010 y 2014, el gobierno de Kenia procesó 595 casos de homosexualidad, mientras que en 2016, los tribunales de Kenia dictaminaron que las pruebas anales forzadas a hombres sospechosos de ser homosexuales eran constitucionales y podrían utilizarse como evidencia en un juicio.

En el documento se explica que, aunque las leyes penalizan un amplio abanico de “actividades consensuadas que no generen descendencia”, se aplican “de forma selectiva contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero”. La NGLHRC, formada por un grupo de abogados para proteger los derechos de las personas LGBT, asegura haber recibido más de un millar de denuncias de miembros de dicha comunidad por delitos como asesinatos, violencia grupal, violaciones, chantajes y extorsión.

Según Neela Ghoshal, investigadora principal del programa de Derechos LGBT de Human Rights Watch, «el caso ante el Tribunal Supremo de Kenia que busca despenalizar la conducta consensuada entre personas del mismo sexo es de importancia monumental para Kenia y más allá (…). Un dictamen positivo afirmaría que los kenianos amantes del mismo género son tan dignos de igualdad, privacidad y dignidad como cualquier otra persona (…). Los valientes activistas kenianos y la gente común que presentaron este caso son un modelo y una inspiración para las personas LGBTQ y sus aliados en toda África».

LGTBfobia de Estado en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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Las mujeres trans torturadas en Aceh explican su calvario

Martes, 27 de febrero de 2018

indonesia-tortura-mujeres-trans-696x522Las doce mujeres trans detenidas y torturadas en Aceh (Indonesia) han explicado su experiencia a Amnistía Internacional.

Hace unas semanas publicábamos que en la provincia de Aceh, Indonesia, la policía (ayudada por un grupo de ciudadanos) había llevado a cabo redadas en varias peluquerías regentadas por mujeres trans y las había detenido. Las doce mujeres fueron llevadas a un parque público donde se les rapó la cabeza para después ser retenidas en comisaría para someterse a un “curso de conversión” que las convirtiera de nuevo en hombres.

Ahora las doce mujeres han hablado con Amnistía Internacional Indonesia para explicar qué fue exactamente lo que les ocurrió la noche del 27 de enero.

transfobia-tortura-indonesiaLa policía de Aceh llevó a cabo redadas en varias peluquerías locales para encontrar a las mujeres trans y luego llevarlas al centro del pueblo. La operación policial llevaba como nombre “operasi penyakit masyarakat”, que se traduce como “Operación de Enfermedades Públicas“. Cuando las tuvieron a todas reunidas frente a la vista de decenas de curiosos, el jefe de policía dio un discurso condenando la identidad de género de las retenidas y provocando que la gente aplaudiera y exigiera que fueran asesinadas.

Las mujeres explican que entonces se les obligó a marchar de forma militar hasta un parque cercano donde les obligaron a llevar a cabo un entrenamiento militar simulado para volverlas más “masculinas“. Además se les obligó a desnudarse y a rodar por el suelo y cuando una de las mujeres se negó la policía disparó varios tiros de advertencia. A otra mujer que protestó le lanzaron un cubo de agua helada; y una de las detenidas le dijo a la policía que le dispararan porque prefería morir con dignidad que ser torturada y humillada; algo a lo que, según el relato, el jefe de policía respondió con un “Tú, como transgénero, no tienes derecho a tener dignidad“.

transfobia-indonesia-aceh-696x786Imagen de uno de los vídeos que los “curiosos” grabaron con sus móviles.

La policía rapó la cabeza de seis mujeres a las que obligaron a orinar en una botella para hacer un test de drogas. Una de ellas fue obligada a “limpiar” al resto con una manguera, pero al no hacerlo como la policía quería fue pateada. Se obligó a las mujeres a gritar “como hombres” y cuando estuvieron empapadas fueron llevadas a la comisaría donde se les encerró en una celda sin colchones y se les forzó a dormir en el suelo con la ropa aún mojada.

Al día siguiente la policía liberó a 11 de las mujeres, no sin antes obligarlas a acudir a un sermón por parte de un clérigo musulmán que les dijo que tenían que “volver” a su “naturaleza” y que justificó el asesinato de personas trans y LGTB porque “son más peligrosas que los infieles“. La última mujer fue retenida porque en su teléfono móvil se encontró un vídeo sexual explícito.

transfobia-indonesia-696x785Tras la detención las mujeres aseguraron estar “profundamente traumatizadas“. Muchas de ellas se han visto obligadas a abandonar Aceh, la única región de Indonesia en la que está en vigor la ley islámica; aunque dado la deriva LGTBfóbica que está tomando el país en los últimos tiempos (con la ilegalización de la homosexualidad pendiendo de un hilo) puede que cambiar de región no les sirva para protegerse. Algunas mujeres han sido acosadas y atacadas por sus vecinos o familiares, llegando incluso a darles patadas o lanzarles piedras. Varias han sido despedidas de sus empleos porque sus jefes tienen miedo de atraer la atención de la policía y las propietarias y trabajadoras de las peluquerías no han podido volver a su trabajo porque los locales o bien están clausurados o han sido vandalizados por la gente.

Desde Amnistía Internacional han condenado el trato “cruel, inhumano y degradante” al que se sometió a las mujeres y han aclarado que, bajo la ley internacional, podría considerarse un caso de tortura. Usman Hamid, Director Ejecutivo de A.I. en Indonesia, asegura que el único motivo para esas detenciones era la transfobia: “Es aterrador que un grupo de hombres fuertemente armados hiciera redadas y detuviera a mujeres trans con la discriminación como única base. Las autoridades locales y la población general, en nombre de la ley Sharia, se han unido para atacar y humillar a estas mujeres trans. Creemos que, bajo la ley internacional, las acciones de la policía suponen un caso de tortura.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Realidad LGTB en Indonesia

El pasado mes de diciembre recogíamos la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital de este país asiático. Como decíamos hace ahora poco más de un mes, esta la noticia suponía un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive Indonesia. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (En Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

En diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Mundial 2022: Inglaterra y Catar acuerdan luchar contra la homofobia y los abusos de derechos humanos

Jueves, 22 de febrero de 2018

Tareq Sayed Rajab (28)Qatar, así no“, por José Ignacio González Faus

La Asociación de Futbol de Inglaterra y la de Catar firman un Memorando de Entendimiento con el compromiso de luchar contra la homofobia y los abusos contra los derechos humanos de cara al Mundial 2022.

El presidente de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA por sus siglas en inglés: The Football Association), Greg Clarke, y su homólogo de la Asociación de Fútbol de Catar (GFA por sus siglas en inglés: Qatar Football Association), el jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, firman en Doha un Memorando de Entendimiento mediante el que se comprometen a denunciar los abusos contra los derechos humanos y los conflictos derivados de la celebración del Mundial de 2022 en un país en el que es ilegal ser homosexual. De esta manera, la FA espera «influir positivamente en el fútbol en Catar» y participar en cuestiones sociales más amplias.

En diciembre de 2010 se desata la polémica al escogerse Catar como sede de para albergar la Copa del Mundo de 2022. «El peor momento en la historia de la FIFA», declaraba el entonces presidente de la FA, Greg Dyke, después de que saltaran acusaciones de corrupción ante esta elección, que serían descartadas por un informe de la FIFA en 2014. Más allá de que vaya a ser la primera vez que el Mundial se celebra en invierno, dadas las altas temperaturas de la zona en verano, la principal preocupación son los derechos de los trabajadores inmigrantes desplazados a un país que teniendo el índice de desarrollo humano más alto de todo el mundo árabe, gracias a poseer la tercera mayor reserva mundial de gas natural que lo ha convertido en el país con mayor renta per cápita del mundo, pero que habría sido denunciado por Amnistía Internacional por el trato inhumano y degradante hacia los trabajadores.

En noviembre de 2017, la Organización Internacional del Trabajo, una agencia de la ONU, asegura que el país gobernado actualmente por el propio Hamad bin Jalifa Al Thani, en el poder desde mediados de los años 90, ha acordado una serie de reformas que permiten mayores protecciones a los dos millones de trabajadores desplazados para las obras de construcción de las instalaciones destinadas a albergar el Mundial, incluyendo un salario mínimo y el derecho a abandonar el país sin el permiso de sus jefes (lo que casi no se podría hablar de protección sino de derechos mínimos para diferenciar entre trabajadores y esclavos).

«Lazos más profundos entre la FA y Catar 2022 conlleva una mayor responsabilidad en la FA para hablar sobre los graves riesgos de derechos humanos que enfrentan los trabajadores inmigrantes que trabajan el torneo. Catar se ha comprometido recientemente a reformar su sistema de trabajo migratorio abusivo, y ahora la FA debe desempeñar su papel para garantizar que Catar cumpla sus promesas», declara Fabien Goa, asesor especial de Amnistía Internacional para los derechos laborales y eventos deportivos tras la firma del acuerdo entre FA y QFA.

Por su parte, la asociación británica Stonewall, afirma que habría mediado para asegurar que la FA se «comprometería a tomar medidas para promover la igualdad LGBT en el deporte en el Reino Unido y el extranjero». La sodomía entre hombres mayores de edad se castiga con sentencias de hasta cinco años de cárcel en Catar, siendo ilegales también las relaciones sexuales entre mujeres. Ni el derecho a la identidad de género ni a la orientación sexual están amparadas por ninguna ley civil contra la discriminación ni mucho menos se reconoce ninguna forma de unión entre parejas del mismo sexo. En cualquier caso, si la FIFA anunciaba en junio de 2017 que se reservaba la decisión de trasladar el Mundial a otro lugar si Catar no se desvinculaba de las acusaciones sobre su protección a ciertos grupos y asociaciones vinculadas con el terrorismo, en diciembre del mismo año Canadá, México y los Estados Unidos se ofrecían de manera conjunta para dar cobijo a la celebración deportiva ante cualqueir irregularidad.

Fuente Universogay

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La región indonesia de Aceh incrementa la escalada LGTBfóbica: ahora prohíbe a las mujeres trans trabajar en peluquerías

Viernes, 16 de febrero de 2018

transfobia_aceh-300x150Solo han pasado unos días desde la redada a varios salones de belleza en la región indonesia de Aceh, en donde rige oficialmente la sharía o ley islámica desde 2005. La policía detuvo a 12 mujeres trans, afeitándoles el cabello en público, desnudándolas y obligándolas a vestirse con ropas masculinas para, supuestamente, convertirlas en “hombres normales”. Ahora, las autoridades han emitido una circular en la que amenazan con retirar la licencia a las peluquerías que contraten a mujeres trans. Con esta medida, conscientemente, están condenando a estas mujeres a la marginalidad, ya que es una de las pocas actividades profesionales “legales” en la que hasta ahora encontraban oportunidades de empleo. Además, las autoridades están organizando seminarios para “alertar” a la población de los “peligros” que, a su juicio, entrañaría la comunidad LGTB.

Parece que la LGTBfobia oficial en esta región semiautónoma del noroeste de Indonesia no ha alcanzado su techo todavía. A la abierta persecución que sufren las personas LGTB en Aceh, se suma el inicio de una campaña de “educación” para la población. Sirva de ejemplo el seminario organizado por un centro oficial juvenil, el pasado fin de semana, para prevenir a los jóvenes de los “peligros” LGTB. “Este comportamiento desviado está prohibido en la Sharía y es una enfermedad psiquiátrica”, argumentan falsamente. Además, solicitan que “los padres, maestros y la comunidad puedan prevenir y rescatar a las víctimas que ya se han desviado”.

Pero el verdadero peligro para los derechos humanos reside en las propias autoridades y en la policía de Aceh, que imponen su moral por la fuerza. Si hace tan solo unos días recogíamos la humillación pública a la que se sometió a 12 mujeres trans, como consecuencia de varias redadas sincronizadas a salones de belleza, ahora se les quiere impedir trabajar. A ellas y a cualquier persona LGTB.

En el distrito de Aceh Besar se pretende modificar la legislación para que las mujeres trans (les llaman “travestis” o “warias” sin distinción) “no puedan abrir un negocio y trabajar” en salones de belleza, peluquerías o barberías. Y, por si no fuera suficiente, quieren atribuirse derechos para realizar registros habituales y retirar la licencia a los establecimientos con trabajadoras trans o a los que se les acuse de ser LGTB.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Realidad LGTB en Indonesia

El pasado mes de diciembre recogíamos la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital de este país asiático. Como decíamos hace ahora poco más de un mes, esta la noticia suponía un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive Indonesia. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (En Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017, que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

En diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente Dosmanzanas

 

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La Policía de Indonesia arresta y corta el pelo a 12 transexuales

Miércoles, 31 de enero de 2018

transfobia_aceh-300x150El jefe de la policía de Aceh del Norte, Ahmad Untung, calificó a los transexuales como “una amenaza peor que terroristas”.

En la región indonesia de Aceh, en donde rige oficialmente la sharía o ley islámica desde 2005, se ha iniciado la enésima campaña contra la comunidad LGTB. Amnistía Internacional ha denunciado la detención de 12 mujeres trans en la redada a cinco salones de belleza, el pasado sábado 27 de enero. La policía, además de clausurar los locales, les afeitó el cabello en público, las desnudó y las obligó a vestirse con ropas masculinas para, supuestamente, convertirlas en “hombres normales”“La llamada ‘reeducación’ de las personas trans por parte de la policía no solo es humillante e inhumana, también es ilegal y una clara violación de sus derechos humanos. Dichos incidentes deben ser investigados de manera inmediata y efectiva”, exige Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia.

La policía indonesia arrestó a 12 transexuales en la provincia de Aceh, la única que se rige bajo la sharia o ley islámica, y les obligó a vestir ropa de hombre además de cortarles el pelo, denuncian los activistas. En el marco de la llamada “Operación Anti Moral Enferma”, la policía de Aceh efectuaba este sábado redadas sincronizadas a varios salones de belleza, deteniendo a 12 mujeres trans. Los agentes forzaron el cierre de los establecimientos y a las víctimas arrestadas, por su mera identidad de género, las sometieron al escarnio público: les raparon las cabelleras en la calle y las obligaron a pasearse con ropas de hombre. Para las autoridades, estas prácticas denigrantes formal parte de un programa de “reeducación social”. El tránsfobo objetivo final no es otro que “enseñarles” “comportarse” como “hombres de verdad”.

Decenas de agentes de la policía local e islámica llevaron a cabo las detenciones durante la noche del sábado en cinco salones de belleza del distrito Aceh del Norte, en el norte de la isla de Sumatra, confirmó un activista en favor de los derechos del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB).

“Por el momento todavía están recuperándose del trauma”, declaró en conversación telefónica la fuente, que pidió mantener el anonimato, y añadió que los arrestados fueron liberados el domingo.

El jefe de la policía de Aceh del Norte, Ahmad Untung, calificó a los transexuales como “una amenaza peor que terroristas” y dijo que actuaron porque molestaban a los vecinos con un comportamiento que va “en contra de la sharia y la naturaleza humana”, en declaraciones al portal de noticias “Kliksatu.com“.

Aceh, provincia que aprobó en 2002 la aplicación de la ley islámica, criminaliza las relaciones homosexuales y sentencia a los infractores a castigos corporales que pueden llegar a hasta los 100 bastonazos.

En diciembre, una muchedumbre alertó a la policía islámica de la presencia de siete transexuales que se dirigían a una fiesta de cumpleaños en la capital provincial, Banda Aceh, y que fueron retenidas por las autoridades y liberadas tras ser reprendidas.

El investigador en asuntos LGTB de Human Rights Watch, Kyle Knight denunció, tras los arrestos de diciembre, que los políticos locales de Aceh han empeorado la situación al promover la homofobia.

Al menos 527 personas fueron azotadas en Aceh desde 2016 hasta octubre de 2017, por infracciones como apostar, consumir alcohol o adulterio, entre otros, según el centro de investigación indonesio Institute for Criminal Justice Reform.

El año pasado dos hombres fueron condenados por primera vez a ser azotados en público por mantener relaciones homosexuales.

Aunque Aceh es la única provincia del archipiélago que aplica la sharia, ONG y activistas han denunciado un aumento en la represión contra la comunidad LGTB en Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo.

Indonesia, un infierno para la comunidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB. Desde entonces, por desgracia, no hemos parado de recoger casos de detenciones, abusos y crueles castigos físicos. Lo que ha hecho que Amnistía Internacional reclame el fin de la cruel persecución al colectivo LGBT en Indonesia.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional, aunque en este caso la prohibición rige solo para los musulmanes.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años.

Fuera de Aceh también se ha registrado un incremento de la represión. También en mayo de este año, la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía vigentes en el país. Unas semanas antes, ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Y en octubre, la policía de Indonesia detiene a 58 personas en una redada a una sauna gay de Yakarta

El pasado 20 de diciembre publicábamos que diez hombres habían sido condenados a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital. La noticia supone un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive aquel país. Las detenciones se produjeron en Yakarta, la capital, donde las relaciones homosexuales no son formalmente delito. No ha hecho falta: el tribunal ha considerado probado que los condenados violaron la ley contra la pornografía.

El 15 de noviembre del pasado 2016 conocíamos que el gobierno de Indonesia  acaba de prohibir el uso de GIFS en WhatsApp. Pero no sólo porque no se puedan enviar imágenes en movimiento  sino que lo han hecho para evitar que la gente se envíe imágenes pornográficas a través de la aplicación.

Son solo algunos ejemplos de la penosa situación de los ciudadanos LGTB en el país.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Cristianos Gays

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Veintiséis organizaciones y sindicatos exigen la urgente aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI

Jueves, 25 de enero de 2018

ley-igualdad-lgtbi-aprobada-pp-abstencion-696x522El plazo de enmiendas ha sido ampliado hasta la fecha en once ocasiones

Amnistía Internacional, Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE),  la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Intersindical, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Cepaim, la Fundación ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz, Movimiento Contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz (MPDL), la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado, Plena inclusión, RAIS, Red Acoge, Save the Children, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) han suscrito un documento en el que exigen la urgente aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria.

“Como organizaciones de la sociedad civil, estamos comprometidas a trabajar para la erradicación de todas las barreras que suponen una discriminación y una vulneración de los derechos humanos. Confiando en que el compromiso es compartido, instamos a que los diputados y diputadas del Congreso hagan todo lo que esté en su mano para que la Ley de Igualdad LGTBI pueda entrar en vigor lo antes posible”, han asegurado las organizaciones y sindicatos que suscriben el documento.

Asimismo, piden a las diputadas y los diputados del Congreso que, “durante el actual proceso de tramitación, hagan enmiendas que busquen mejorar el articulado, pero respetando al máximo la esencia del texto −impulsado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y consensuado con numerosas entidades− ya que es el que emana de los colectivos directamente afectados”.

El texto suscrito en su totalidad se encuentra disponible en el siguiente microsite: http://www.felgtb.com/leylgtbi/

Fuente FELGTB

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El activismo LGTB de Kenia espera con incertidumbre la decisión judicial sobre la posible despenalización de la homosexualidad

Jueves, 25 de enero de 2018

activista_kenia-290x150La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) presentó en abril de 2016 una demanda contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. El proceso judicial sigue en marcha y en la audiencia celebrada a finales de la semana pasada, el abogado de la NGLHRC, Paul Muite, ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra para explicar por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. Por su parte, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, a través de su abogado Charles Kanjama, dijo que también llamaría a dos testigos para que emitan una opinión divergente. En opinión de la citada agrupación de cristianos, el Código Penal se encuentra “dentro de los límites de la ley” al perseguir la homosexualidad. La sentencia será, sin duda, uno de los temas candentes de la próxima Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth del presente 2018. Si Kenia legalizara la homosexualidad finalmente, por sentencia judicial, abrirá el camino a otros países mancomunados a seguir sus pasos.

Sigue en marcha la batalla legal que busca revertir la ilegalización de la homosexualidad en Kenia. Si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización, tendrá una repercusión mundial indiscutible. Del mismo modo, si el tribunal falla a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, sería un antecedente peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en decenas de países de la órbita de la Commonwealth (organización en forma de mancomunidad supranacional, formada por 52 países soberanos que comparten vínculos históricos con el Reino Unido).

La próxima Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, en la que el fallo judicial sobre la posible legalización (o no) de la homosexualidad será uno de los puntos más candentes de debate, está fijada para la semana del 16 de abril de 2018 en Londres. Este año le ha correspondido albergar la sede al Reino Unido, que no la acogía desde 1997, tras las anteriores ediciones de Malta (2015), Sri Lanka (2013), Australia (2011), Trinidad y Tobago (2009) y Uganda (2007). Ahora, todas las miradas están puestas en los tres jueces que llevan el caso: Roselyn Aburili, Chacha Mwita y John Mativo. La próxima audiencia tendrá lugar el 22 de febrero y se espera una sentencia para antes de abril.

Respecto a la mencionada audiencia que tendrá lugar en febrero, cabe apuntar que se producirá un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. En oposición a la igualdad y a los Derechos Humanos, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia también presentará a comparecientes que defenderán la retorcida idea de que la actual persecución y penalización de la homosexualidad estaría “dentro de los límites de la ley”.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

El activista LGTB keniata Denis Nzioka ha valorado que, si bien tras la sentencia judicial sobre la homosexildad “los keniatas LGTBI no se despertarán felices, casados y viviendo en casas con vallas blancas”, en términos judiciales “tendrá implicaciones importantes”, ya que “podría cambiar el mundo”. Nzioka agrega en este sentido que “la despenalización es diferente de la realidad vivida por los keniatas”. El activista igualitario espera que la opinión pública juegue un papel importante en la decisión de los jueces, en tanto que “la gente lo seguirá [el debate] en los medios, y solo podemos esperar que el diálogo sea equilibrado”.

LGTBfobia de Estado en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.

Fuente Dosmanzanas

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