Maryam Ravish, una de las detenidas, junto a su pareja, Parwen Hussaini. (Imagen de Peter Tatchell Foundation)

La pareja de una de ellas teme que las ejecuten, ya que la homosexualidad en Afganistán es ilegal y puede ser castigada hasta con pena de muerte siguiendo la  ley Sharia,

Los talibanes afganos han arrestado y secuestrado a Maryam Ravis, una lesbiana de 19 años, y a Maeve Alcina Pieescu, una joven trans de 23. Ambas eran líderes del activismo clandestino LGTBIQ+ en el país. Asociaciones internacionales como Peter Tatchell Foundation temen que las torturen para que revelen la identidad de otros compañeros, y alertan de que sus vidas están en peligro: la homosexualidad en Afganistán es ilegal y puede castigarse hasta con pena de muerte.

Las dos jóvenes iban a abandonar Kabul y volar a Irán en un vuelo de Mahan Airlines, el pasado 20 de marzo junto a la pareja de Maryam, Parwen Hussaini, con la ayuda de Roshaniya, la red clandestina LGTBIQ+ de Afganistán. Sin embargo, según informan desde Peter Tatchell Foundation, los talibanes las arrestaron antes de subir al avión. Roshaniya y Peter Tatchell Foundation están trabajando juntos para conocer la situación de las activistas y presionar para que las liberen.

“Cuando Maryam y Maeve iban a subir al avión, fueron detenidas por la unidad de inteligencia de los talibanes, que rastrearon sus móviles y encontraron contenido LGTBIQ+. Los talibanes golpearon a Maeve y a Maryam. Se espera que las torturen para revelar el nombre de otras personas LGTBIQ+ y que las sentencien a muchos años de cárcel o posiblemente las ejecuten”, comenta Nemat Sadat, líder de Roshaniya.

Parwen, la pareja de Maryam, consiguió volar hasta Irán y ha difundido un vídeo explicando lo ocurrido. Hussaini,  “Maeve y Maryam están en cautiverio talibán y han sido golpeadas severamente. La familia de Maeve no han intentado conseguir la liberación de Maeve… han descartado nuestra solicitud de trabajar con ellos. La familia de Maryam se ha puesto en contacto conmigo y me está amenazando, igual que lo ha hecho mi propia familia”, comenta en el vídeo. “No hemos conseguido hablar con Maryam para saber en qué situación están. Posiblemente las han puesto en régimen de aislamiento y las apedreen hasta la muerte”, añade.

“Os suplico que nos ayudéis, que trabajéis con Nemat Sadat y nuestro equipo en Roshaniya, y así conseguiremos ayuda para que Maryam, Maeve y yo podamos reubicarnos en un lugar seguro y podamos escapar de las amenazas a las que nos enfrentamos por parte de los talibanes y de nuestras familias. Pedimos a las organizaciones internacionales de derechos humanos y de ayuda a las personas LGTBIQ+ que por favor trabajen con nosotros para perseguir nuestra libertad y salvar a nuestros seres queridos del peligro”, concluye Parwen.

Nemat Sadan ha hecho un llamamiento especial a Human Rights Watch, Amnistía Internacional, OutRight International, ILGA Asia, Stonewall, Rainbow Railroad y Human Rights Campaign para que “nos ayuden a difundir la información sobre la detención de Maryam y Maeve y presionar al régimen talibán para que liberen a estas dos defensoras de los derechos humanos en Afganistán”.

Los talibanes anunciaron el año pasado que se reintroducirían los azotes públicos y el apedreamiento de mujeres por adulterio.

‘La raíz de este problema se encuentra en la interpretación que los talibanes hacen de la ley Sharia, que condena la homosexualidad y considera que el lugar de la mujer está en el hogar, razón por la cual las mujeres afganas deben tener un acompañante masculino si desean salir de casa’, agregó Hussaini.

La hermana de Pieescu, Susan Battaglia, que vive en Estados Unidos, dijo estar angustiada por la noticia de los arrestos.  ‘Mi familia en Afganistán está muy ansiosa por el hecho de que Maeve sea torturada y asesinada. Durante la interrogación de los talibanes, Maeve confesó que no es musulmana y no cree en el islam. Esto es aterrador para nuestra familia, ya que la pena por apostasía, según la ley Sharia, es la muerte. Pedimos a los gobiernos del mundo que exijan la liberación de Maeve de la prisión y que se le permita salir del país de manera segura.‘

Fuente Agencias

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Recordemos que el pasado mes de enero, los obispos católicos instaron al presidente de Ghana a aprobar ley anti-LGBT.

Los legisladores de Ghana han reintroducido un controvertido proyecto de ley que, de aprobarse, se convertiría en una de las leyes anti-LGBTQ+ más duras de África.

La legislación, titulada Proyecto de Ley de Promoción de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de Ghana, se presentó por primera vez en el parlamento en 2021, tras una represión contra la comunidad LGBTQ+. y es tan extremo que establece una pena de prisión de tres años para quienes simplemente se identifiquen como LGBTQ+, hasta cinco años de prisión para quienes hagan “promoción, patrocinio o apoyo deliberados de actividades LGBTQ+” y campaña por los derechos LGBTQ+ y una pena de prisión de hasta 10 años para cualquier persona involucrada en campañas de defensa de los derechos LGBTQ+ dirigidas a menores

Actualmente, la actividad sexual entre personas del mismo sexo es ilegal en Ghana y se considera “conocimiento carnal antinatural”, lo que se castiga con hasta tres años de prisión. Además de esto, no existe reconocimiento legal de las identidades trans, no se brinda atención que afirme el género, las protecciones contra la discriminación son básicamente inexistentes y las personas queer no pueden servir en el ejército.

El proyecto de ley fue aprobado originalmente por el parlamento de Ghana en febrero de 2024, pero antes de que terminara su mandato político, el entonces presidente Nana Akufo-Addo no lo convirtió en ley.

Su sucesor, John Dramani Mahama, asumió el cargo en enero de 2025 y fue citado diciendo que el proyecto de ley estaba “muerto“, pero agregó que pensaba que “deberíamos tener una conversación sobre ello nuevamente“. John Dramani Mahama, sin embargo, ha declarado que debe serreintroducido por el gobierno, en lugar de a través de miembros individuales del Parlamento.

El legislador de la oposición John Ntim Fordjour, un patrocinador del proyecto de ley, criticó la posición de Mahama. “Se le debe recordar que el Parlamento es una institución independiente y que el ejecutivo no puede dictar al Parlamento lo que debe hacer”, dijo Fordjour a la AP.

Fordjour, junto con otros nueve legisladores, reintrodujo el proyecto de ley la semana pasada, continuando presionando para su aprobación. Los patrocinadores del proyecto de ley han argumentado que es necesario proteger a los niños y a las personas vulnerables de la explotación y el abuso relacionados con las actividades LGBTQ+.

Según informó Reuters,  legisladores de diferentes partidos políticos de Ghana dijeron que la misma legislación, que tiene un parecido sorprendente con el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda, había sido reintroducida y fue patrocinada por 10 miembros del parlamento.

Desde que se presentó por primera vez, el proyecto de ley ha sido polémico, con grupos de derechos humanos ridiculizando a la nación de África occidental por aprobarlo y aumentando en Ghana la preocupación de que tendría un impacto en miles de millones de dólares de financiación vital de otras naciones y del Banco Mundial.

“El proyecto de ley contra los derechos LGBT es incompatible con la larga tradición de paz, tolerancia y hospitalidad de Ghana y contradice las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos”, afirmó Larissa Kojoué, investigadora de Human Rights Watch, sobre la legislación de 2024. “Una ley de ese tipo no sólo erosionaría aún más el Estado de derecho en Ghana, sino que también podría conducir a una mayor violencia gratuita contra las personas LGBT y sus aliados”.

El proyecto de ley ha planteado preocupaciones sobre su impacto económico potencial. El Ministerio de Finanzas de Ghana advirtió el año pasado que la legislación podría poner en peligro $ 3.8 mil millones en fondos del Banco Mundial, y también podría descarrilar el programa de rescate monetario (FMI) de $ 3 mil millones acordado en 2023. Ghana está actualmente en proceso de recuperación de una de sus peores recesiones económicas en décadas.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por las implicaciones del proyecto de ley tanto para los derechos humanos como para la estabilidad económica de Ghana. El año pasado, el Banco Mundial indicó que reconsideraría nuevos fondos para Uganda después de que el país aprobara su propia ley anti-LGBTQ+.

A medida que la economía de Ghana continúa su recuperación, la reintroducción del proyecto de ley anti-LGBTQ+ podría complicar las relaciones con donantes internacionales e instituciones financieras. La creciente controversia sobre el proyecto de ley destaca la tensión entre las políticas sociales del país y su necesidad de apoyo financiero externo.

A pesar de los desafíos, los legisladores de Ghana, incluidos los patrocinadores del proyecto de ley, siguen comprometidos con su aprobación, argumentando que es crucial proteger a la sociedad ghanesa de lo que describen como los peligros del activismo LGBTQ+.

La situación está siendo monitoreada de cerca por las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, que piden una mayor protección de los derechos LGBTQ+ en el país e instan al gobierno a reconsiderar su postura sobre el proyecto de ley.

Los Obispos católicos (no necesariamente cristianos) de Ghana apoyan el proyecto:

Los obispos católicos de Ghana han apoyado en gran medida la ley, que se introdujo por primera vez en 2021, y están pidiendo al presidente que la firme. De hecho, el pasado mes de enero, se reunían con el nuevo Preesidente y le instaron a aprobar ley anti-LGBT. Cuando los representantes de la Conferencia Episcopal Católica de Ghana se reunieron con el presidente de la nación africana este mes para felicitarlo por su elección, también lo instaron a volver a presentar el “Proyecto de Ley de Derechos Humanos Sexuales y Valores Familiares Adecuados“, también conocido como “Proyecto de Ley Anti-LGBT“, que el presidente describió como “efectivamente muerto“.

AdomOnline.com informó que el presidente John Dramani Maham no había dado el asentimiento presidencial al proyecto de ley antes del final del octavo parlamento. Maham también dijo que si el proyecto de ley fuera presentado nuevamente en un nuevo parlamento, debería ser patrocinado por la administración gobernante, en lugar de por un miembro individual del parlamento, porque ese estatus requeriría que incluyera más aportes y asegurara un consenso nacional. El contenido preciso del proyecto de ley actualmente no es público.

El presidente ghanés creía que la legislación es innecesaria para proteger los valores africanos, enfatizando en cambio el papel que juega la educación:

“Si enseñamos nuestros valores en las escuelas, no necesitaremos un proyecto de ley para hacer cumplir nuestros valores familiares. En lugar de aprobar el proyecto de ley sobre valores familiares, deberíamos centrarnos en acordar un plan de estudios que inculque estos valores en nuestros hijos a medida que crecen, de modo que no sea necesaria la legislación”.

Los obispos se mantuvieron firmes en que la legislación era un componente crucial, y el presidente de la Conferencia, el obispo Matthew Gyamfi, le dijo a Maham que “lo que queremos es que el proyecto de ley se convierta en ley. Eso no significa que no pueda enseñarse también en las escuelas una vez que se convierta en ley”. Añadió que “el hecho de que deba enseñarse no niega la necesidad de que se convierta en ley”. Gyamfi invocó un mandato popular y le dijo al presidente recién elegido que “los ghaneses están abrumadoramente a favor de esto, y no queremos que el lenguaje técnico socave la voluntad del pueblo”.

A pesar de la afirmación de los obispos de que existe un consenso nacional a favor del proyecto de ley, el medio de comunicación ghanés GraphicOnline lo describió como “controvertido” e informó de que durante la campaña de Maham para 2024, su aprobación del proyecto de ley dependería de su contenido y también requeriría una amplia consulta con los organismos pertinentes. El presidente afirmó que, aunque el proyecto de ley “no es un proyecto de ley anti-LGBTQI”, también dijo que las preocupaciones LGBTQ+ son, de hecho, “contrarias a nuestra cultura africana… contra nuestra fe religiosa”.

Según Graphic, Maham agradeció a los obispos por el papel de la iglesia en la educación y la atención médica y “dio la bienvenida a su aporte al desarrollo moral y educativo de la juventud de la nación”. Estos avances se producen después de que el Papa Francisco reafirmara en su nueva autobiografía que la homosexualidad “no es un crimen”. La firme oposición de los obispos a los derechos civiles LGBTQ+ ejemplifica la profunda división entre la iglesia en el norte y el sur global. Como dijo el padre James Martin en octubre de 2024, los intentos de suavizar la propia retórica de la Iglesia sobre las personas LGBTQ+, así como cualquier noción de mayor tolerancia en la sociedad civil, a menudo son vistos con sospecha y entendidos como “colonialismo ideológico” por las sociedades no occidentales. Esta tensión es quizás uno de los mayores proyectos sinodales que la iglesia global está llevando adelante, ya que cada vez tiene más peso en el sur global, particularmente en África, donde la iglesia goza de una enorme influencia en la vida pública.

El Domingo de Ramos del año pasado, 2024, el obispo Alfred Agyenta de Navrongo-Bolgatanga animó a Akufo-Addo a firmar la ley porque, según dijo, representaba la voluntad del pueblo ghanés. Comparó al presidente con Poncio Pilato en la narración de la Pasión. Adom Online informó:

“Agyenta dijo que Poncio Pilato entregó a Jesucristo para ser crucificado a pesar de que sabía que era inocente.

“Dijo que fue el miedo lo que obligó a Pilato a sucumbir a las demandas de los sumos sacerdotes y de aquellos que querían que Jesucristo fuera crucificado e instó al presidente a no sucumbir a ‘esas voces que probablemente lo convencieron de no aprobar el proyecto de ley’.

“‘Me he estado preguntando si nuestro presidente no está en el lugar de Pilato porque sabe que la decisión del Parlamento es la mente de todos los ghaneses y, sin embargo, algunas personas le dicen que no firme este proyecto de ley porque habrá consecuencias’”.

El obispo Matthew Kwasi Gyamfi de Sunyani, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Ghana, también animó al presidente a firmar la ley. Dijo en una entrevista que los obispos estaban “sorprendidos” por el retraso porque no pudieron “encontrar ninguna base” para que el presidente no lo firmara.

La difícil situación del colectivo LGTBI en Ghana

En Ghana las relaciones homosexuales son ilegales y pueden conllevar penas de cárcel, aunque en las ciudades más grandes –como Accra o Kumasi– pueda hablarse incluso un tímido y discreto «ambiente». El clima de opresión se extiende, en cualquier caso, a las élites políticas.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional. En septiembre de 2015, sin ir más lejos, el candidato a la presidenciaGeorge Boateng proponía fusilar a «corruptos, gais y lesbianas». Ese mismo año, en dosmanzanas nos hacíamos eco de varios ataques y amenazas homófobas que atemorizaron a la población LGTB de este país.

En noviembre de 2013, el propio Ministerio de Educación decretaba la persecución de los alumnos percibidos como gais o lesbianas a raíz de la denuncia de una alumna que aseguraba sentirse presionada por sus compañeras para «practicar el lesbianismo». En abril de ese año, dos colegios expulsaban a 53 alumnos por ser supuestamente homosexuales. Anteriormente, en julio de 2011, el ministro para la región occidental del país ordenó el arresto de todas las personas homosexuales en su jurisdicción, poco después de que una pareja de hombres fuera desterrada de su localidad por celebrar una ceremonia privada de boda. Un año antes, cientos de personas participaban en una manifestación homófoba cuyo organizador recurrió al argumento de la supuesta «homosexualización» de los jóvenes ghaneses a manos de los extranjeros.

Según el último informe sobe homofobia de Estado de ILGA,  «en los últimos años se han documentado varias detenciones de personas adultas por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Las detenciones a menudo implican abuso psicológico, exposición perjudicial ante los medios de comunicación y exámenes médicos». El informe también asegura que «la policía local atrapa y atrae a personas LGBT (predominantemente hombres homosexuales) a través de los medios de comunicación social» y menciona un episodio sucedido en septiembre de 2020, cuando «los medios de comunicación locales indicaron que 11 mujeres lesbianas fueron detenidas en la ciudad de Aflao, en la región del Volta, después de que se diera a conocer un video de dos de ellas presuntamente implicadas en actos sexuales».

No parece, en este sentido, que las declaraciones que el presidente de Ghana hizo en 2017, cuando reconocía en una entrevista que solo era cuestión de tiempo que las relaciones homosexuales fueran legales en el país, se vayan a materializar próximamente. El propio Nana Akufo-Addo advertía que ello solo ocurriría cuando la opinión pública del país mostrase más signos de tolerancia “al igual que en otras partes del mundo”. De hecho, aquellas tibias declaraciones ya le merecieron al presidente las críticas de líderes de la oposición y medios de comunicación locales.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional.

Y hace tan solo unos días, que cuatro hombres homosexuales eran  golpeados, desterrados y arrestados en Ghana por “solo intentar vivir”. Todo esto apoyado por  Grupos cristianos anti-LGBTQ+ que este mismo junio lanzaban un siniestro anuncio en Ghana…

Retroceso de los derechos LGTBIQ+ en África

A medida que Occidente sigue defendiendo los derechos de las personas LGBTIQ+ tanto dentro como fuera del país, cada vez más naciones africanas han empezado a adoptar una postura LGTBIQ+foba. Además de Ghana, las naciones de Uganda, Kenia y Namibiahan aprobado o impulsado leyes contra la sodomía o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La continua resistencia de África a la aceptación de los derechos LGTBIQ+ ha llevado a organismos internacionales pro-LGBT y a países como Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial a exigir a los países de la región a progresar en la defensa de los Derechos Humanos o a enfrentarse a consecuencias financieras o económicas.

La junta militar que gobierna Burkina Faso, otro país de África occidental, declaró recientemente que los actos homosexuales son ahora un delito penado por la ley. “De ahora en adelante, la homosexualidad y las prácticas asociadas serán castigadas por la ley”, declaró el ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, según la agencia de noticias internacional Agence France-Presse.

En Uganda, la Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo de 2023, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Es una de las leyes antigay más crueles del mundo que establece largas penas de prisión y permite la ejecución por ciertas relaciones homosexuales. La ley permite que los homosexuales sean ejecutados por fusilamiento por mantener relaciones sexuales consentidas.

En octubre, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su administración anunciaron que Uganda quedaría excluida de su programa “Ley de Crecimiento y Oportunidad en África” por su cruel Ley Antigay. A principios de agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda en respuesta a la aprobación de la ley..

Fuente PinkNews/Agencias/Cristianos Gays

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Las medidas anti-migratorias y anti-LGBTI anunciadas por Donald Trump ya empezaron a aplicarse. Conversamos activistas LGBTI migrantes para conocer su situación y el panorama venidero.

Fuente Agencia Presentes
21 de enero de 2025
Geo GonzálezMilena Pafundi
Edición: Ana Fornaro

Este 20 de enero Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión. Desde  su elección, anunció los efectos de su política migratoria: “llevar a cabo la deportación más grande de la historia”. Dijo que bloqueará medidas solicitud al derecho al asilo como el programa CPB-one y llevará más tropas a la frontera con México.

Trump llega a la presidencia con la Cámara de Representantes y el Senado a su favor con la mayoría de curules del Partido Republicano. Además de una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Es el primer presidente de la historia de Estados Unidos sentenciado por al menos 34 delitos graves por soborno, aunque sin pena de cárcel o multa.

Durante la campaña y en el acto de ayer Trump mantuvo una narrativa racista, xenófoba, anti LGBTI+, antimigrante y militarista.

Conversamos con Raúl Caporal, director de Casa Frida, un albergue para personas en movilidad humana con sede en Tapachula, Monterrey y Ciudad de México; y con Blanca Castro, defensora de derechos humanos de Honduras.

11,2 millones de personas en riesgo

A minutos de su gestión como presidente, periodistas y medios informaron que la aplicación CPB-One dejó de funcionar y las citas de solicitud de asilo que personas migrantes tenían programadas fueron canceladas. Además, Trump firmó una orden ejecutiva que declara el estado de emergencia en la frontera con México.

En una entrevista con Carmen Aristegui, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch en las Américas, declaró que las medidas de Trump en asuntos migratorios ponen en vulnerabilidad a 11.2 millones de personas migrantes en situación irregular, de los cuales el 66% son de México y Centroamérica.

Desde Presentes nos contactamos con mujeres trans migrantes en Nueva York y Los Ángeles.

“Tenemos mucho miedo, en las calles vemos camionetas de migración y estamos todas asustadas. Ya he sido discriminada y ahora con esto que dice Trump de que solo hay dos géneros, tengo miedo de que ahora la gente tenga más confianza de decirme más cosas en la cara por ser trans, trabajadora sexual y ser migrante”, cuenta una mujer trans salvadoreña que hizo su transición en la ruta migratoria. En México le negaron su derecho al asilo y llegó hace dos años a Nueva York. Frente al panorama actual ahora piensa si migrar o no a España. Por seguridad esta mujer pidió el anonimato.

Raúl Caporal de Casa Frida y Blanca Castro de Honduras coinciden en que en las últimas semanas las personas LGBT+ migrantes y refugiadas ven su sueño frustrado. Esto ha hecho que muchas de ellas tomen rutas migratorias irregulares en donde enfrentan riesgos y vulneración a sus derechos humanos. Corren riesgo de tráfico ilegal, violencia física y sexual por parte de grupos del crimen organizado, fuerzas de seguridad y autoridades migratorias.

“Lo que vimos en las últimas semanas a medida que se acerca la toma de protesta de Trump es que hay una aceleración en los tiempos y con ello tomar rutas irregulares de migración que conlleva más peligros y violaciones a derechos humanos. Están muy vinculado grupos del crimen organizado y hoy es uno de los mayores problemas por los riesgos. Es un panorama donde hay mucha desesperanza y ansiedad por llegar a Estados Unidos”, comenta Caporal.

“En Honduras tenemos una bomba de tiempo”

En Honduras la población LGBT+ se encuentra en indefensión de sus derechos humanos. Desde que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso «Vicky Hernández y otras vs. Honduras» fue emitida, el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar el reconocimiento a la identidad de género y otras medidas de protección para las poblaciones LGBT+, sin embargo, no se han implementado.

Blanca Castro, defensora de derechos humanos, cuenta que “se mencionó a la población LGTB en un discurso de toma de posesión (de la actual presidenta Xiomara Castro). Pero desde entonces no ha habido políticas, ni derechos y las recomendaciones de la sentencia de Vicky Hernández han sido manejadas al antojo. No ha habido un beneficio real, tangible o visible para la población, entonces nos quedamos prácticamente agarrados de la cooperación internacional”.

La ayuda internacional de Estados Unidos bajo la gestión de Trump también puede verse vulnerada. A partir del Proyecto 2025, un plan de gobierno de ultraderecha que ha adoptado Trump, se busca limitar el apoyo internacional desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otras medidas que impacten directamente en los derechos humanos y protección de poblaciones vulneradas.

Una de estas medidas de protección para personas migrantes fue suspendida la semana pasada para Honduras, El Salvador, Nicaragua, Nepal y Sudán. Se trata del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que el gobierno de Estados Unidos brinda a personas de ciertas nacionalidades que, por diversos motivos de emergencia no pueden volver a su país, por lo que les ofrece estadía temporal y permisos de trabajo, además de garantizarles la suspensión de una posible deportación. El Proyecto 2025 llama a eliminar el TPS y cualquier otra forma de protección a la población migrante.

“Lo del TPS nos cayó como balde de agua fría porque hay muchas personas tanto de la población LGTB como personas que no son parte de la población que dependen de este estatus. Si a eso le agregas un asunto interno en el país de altos niveles de discriminación y violencia contra grupos vulnerables y protegidos, y poca actuación de la justicia, sin acceso al derecho laboral, entonces estamos en una bomba de tiempo que pone a nuestras poblaciones LGBT migrantes y no migrantes en una total situación de riesgo e indefensión”, explica Blanca Castro.

En su primer día como presidente, Trump firmó una órden ejecutiva que suspende temporalmente todos los programas de Estados Unidos para la asistencia extranjera por 90 días y serán revisados para determinar si se alinean con su visión política. 

“Frente a este panorama lo que creo que nos va a fortalecer es la resiliencia, la cooperación entre colectivos y las redes que hemos tejido. Las personas LGBT+ han tenido un escudo de resiliencia impresionante, no importa la situación ni la adversidad, nosotros creamos las oportunidades y esta vez no va a ser distinto, lo hemos hecho siempre. Hay aliados y hay historias de las cuales podemos aprender”, agrega Blanca.

“Fortalecer el trabajo de años y mejorar las alianzas”

Casa Frida comenzó a trabajar como albergue para personas migrantes LGBT+ en 2020 y hoy cuenta con dos sedes más en Monterrey (al norte de México) y en la capital del país.

Casa Frida es la única organización mexicana que trabaja con una perspectiva de integración local para personas migrantes LGBT que solicitan refugio por razones humanitarias y personas migrantes en desplazamiento que buscan iniciar un proceso de asilo en Estados Unidos. También acompañan a personas LGBTI+ mexicanas en situación de desplazamiento interno forzado.

Su director, Raúl Caporal dice en entrevista que más que prepararse ante una nueva administración de Trump, su visión es “fortalecer lo que ya sabemos hacer”.

“En el contexto actual preocupaciones hay muchas pero lo que nos queda es fortalecer nuestro trabajo y mejorar las alianzas con otros espacios y albergues, tanto para personas LGBTI como para la población general tanto en México como en Centroamérica. Necesitamos trabajar coordinadamente en nuevas estrategias para fortalecer los mecanismos de integración local y protección internacional con la única autoridad facultada en México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero lo cierto es que hoy no hay titular y con el paso del tiempo ha habido un debilitamiento ante la mirada de la política migratoria en Estados Unidos”, explica Caporal.

El rol de México

Los desafíos que Raúl observa para las poblaciones LGBT+ migrantes es sobre todo en cómo “orientar, integrar y proteger” a las personas que van a ser deportadas y que al mismo tiempo no pueden volver a sus países de origen dado que su integridad está en peligro por razones de su orientación sexual, identidad y expresión de género y contextos de violencia y falta de empleo.

En ese sentido, Raúl cree que México “podría convertirse en ese país seguro con opciones para la población LGBT+ migrante y refugiada. Al menos en la Ciudad de México por sus avances legislativos y política pública las personas migrantes podrían tener una alternativa”. 

“De hecho este es un deseo de quienes acompañamos, un 70% de nuestra población solicitante de refugio inicia su proceso en México con intención de quedarse. Con el cierre de fronteras el restante 30% que sigue la ruta hasta llegar a Estados Unidos o que pueda ser deportada tendremos entonces que prepararnos para recibirles con la capacidad que tenemos instalada. Pero no es algo nuevo que vayamos a empezar de cero”.

En diciembre la autoridad federal mexicana mencionó la apertura de 25 albergues más en puntos fronterizos con Estados Unidos. De acuerdo a una nota de la periodista Almudena Barragán de El País, a una semana de la toma de protesta de Trump, los gobiernos estatales y municipales al norte del país “trabajan a marchas forzadas desde hace semanas (…) y advierten de los obstáculos económicos y de infraestructura que enfrentan y han hecho un llamado al Gobierno de Claudia Sheinbaum para trabajar de manera conjunta”.

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13 de diciembre. Escrito por el reportero de PinkNews

Los defensores de los derechos humanos han respondido después de que Arabia Saudita fuera elegida sede de la Copa Mundial de fútbol masculino en 2034, a pesar de las leyes antigays del país.

Las 211 naciones representadas durante una reunión del Congreso Extraordinario de la FIFA de tres horas de duración el miércoles (11 de diciembre) votaron a favor de la candidatura del país de Medio Oriente, además de decidir sobre los anfitriones propuestos para la Copa del Mundo 2030.

Arabia Saudita se convirtió en el único postor después de que la candidatura de 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) no obtuviera apoyo y se retirara una candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda.

Los seguidores LGBTQ+ se sorprendieron al saber que Arabia Saudita sería la sede del prestigioso torneo tan pronto después de que se celebrara en Qatar, donde también es ilegal ser gay.

A raíz de la noticia, los defensores de los derechos humanos condenaron la medida como un “momento de gran peligro”. Un total de 21 organizaciones, incluidas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, FairSquare y más, publicaron una declaración conjunta advirtiendo sobre los “conocidos y graves riesgos para los residentes, los trabajadores migrantes y los aficionados visitantes por igual”.

“Al otorgar la Copa del Mundo de 2034 a Arabia Saudita sin protecciones significativas, la FIFA ha decidido hoy ignorar nuestras advertencias y descartar sus propias políticas de derechos humanos“, escribió.

“Hoy en día, no faltan pruebas de trabajadores migrantes explotados y sometidos al racismo, activistas sentenciados a décadas de prisión por expresarse pacíficamente, mujeres y personas LGBTQIA+ que enfrentan discriminación legalizada, o residentes desalojados por la fuerza para dar paso a proyectos estatales.

“Es obvio que sin una acción urgente y reformas integrales, la Copa del Mundo de 2034 se verá empañada por la represión, la discriminación y la explotación a escala masiva“, señaló.

Las organizaciones explicaron que “la FIFA ha aceptado desde hace tiempo que tiene una responsabilidad clara” de defender los derechos humanos. “Si bien la población saudita sin duda merece experimentar la alegría que el deporte internacional puede brindar, esto no puede lograrse a cualquier precio“, continúa el comunicado. “Debe ir de la mano de medidas para garantizar los derechos que su gobierno les sigue negando”.

La homosexualidad es ilegal en Arabia Saudita, con la pena de muerte entre los castigos para quienes hayan participado en actos con personas del mismo sexo. Además, los temas LGBTQ+ están censurados y es ilegal ser trans porque la Ley Sharia prohíbe lo que describe como “travestismo”.

Una monarquía teocrática implacable con el colectivo LGTB

Arabia Saudita es uno de los lugares más brutalmente anti-LGBT en el mundo, con gays flagelados públicamente por el estado.

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTB, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

Nos hemos hecho eco de algunos casos: En marzo de 2023, Eden Knight: mujer trans saudita se suicida después de ser ‘obligada a la detransición’. En agosto de 2022, una estrella de TikTok fue arrestada por video con presuntos ‘trasfondos lésbicos’ por la policía saudita. En noviembre de 2019, dos periodistas sauditas fueron retenidos en un centro de asilo después de ser descubiertos como homosexuales por el gobierno por contacto con medios extranjeros. Ese mismo año, en mayo, un hombre fue ejecutado en Arabia Saudí tras admitir haber tenido sexo gay, una confesión inventada.

En marzo de 2018, se produjo el  trágico suicidio de un adolescente gay en Arabia Saudi. En una serie de post online publicados por Roshan, de 15 años, contaba que vivía amenazado de muerte por su padre después de que su familia descubriera su sexualidad.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Varios asistentes a discotecas en Moscú, la capital de Rusia, han sido declarados culpables de “vandalismo mezquino” después de redadas policiales en tres lugares en virtud de la draconiana ley de propaganda anti-LGBTQ+ del país.

El sábado (30 de noviembre), tres clubes nocturnos LGBTQ+ (Arma, Inferno y Mono) fueron objeto de redadas por parte de las fuerzas de seguridad rusas “como parte de las medidas para combatir la propaganda LGBT”, según un informe de la agencia de noticias estatal rusa TASS.

Un clip compartido en las redes sociales mostraba a los asistentes al club sentados en el suelo con las piernas cruzadas y las manos detrás de la cabeza mientras policías con equipo antidisturbios se movían entre la multitud y gritaban órdenes, mientras que otro filmaba a personas siendo sacadas de un lugar hacia un vehículo policial.

Según una fuente que habló con el medio de noticias Vyorstka, los asistentes al club de Mono recibieron avisos de reclutamiento militar por parte de la policía.

🚨 Russia: Putin regime enforcers raided 3 largest Moscow nightclubs on Friday night —
Simachev, Mutabor/ARMA and Mono.
Many men taken to the military conscription offices.
Women eventually released after their passports were photographed.
Raids with police K9s lasted for hours. pic.twitter.com/T4oeVZEDQE

— Igor Sushko (@igorsushko) November 30, 2024

Durante la misma redada, el director de una agencia de viajes para hombres homosexuales también fue arrestado por “organizar giras para miembros de la comunidad LGBT”, según The Moscow Times.

Tras las redadas, el servicio de prensa del Tribunal de Distrito de Lefortovo en Moscú afirmó que siete personas arrestadas fueron declaradas culpables de vandalismo menor, alteración del orden público y por “falta de respeto a la sociedad, acompañada de lenguaje obsceno en un lugar público”.

“Estos ciudadanos cometieron una infracción administrativa, que se expresó en una evidente falta de respeto a la sociedad, acompañada de lenguaje obsceno en un lugar público”, se lee en un comunicado emitido por el tribunal.

Además, El 23 de noviembre, en un sorprendente acto de represión, un grupo de agentes policiales irrumpió en el club nocturno Zebra de Vorónezh, durante una fiesta privada queer de disfraces. Aproximadamente 40 personas se encontraban presentes en el evento, entre ellas la reconocida artista drag Zaza Napoli. Las autoridades han abierto un caso penal contra los organizadores, presentando cargos de “extremismo“. Esta acusación parece estar vinculada a la conocida prohibición de la “propaganda LGTB+” en el país, un delito que podría llevar a penas de hasta diez años de prisión. Además, los asistentes fueron sometidos a interrogatorios que las autoridades denominaron como una “charla preventiva“, mientras que el club ha sido clausurado de manera temporal.

Este no es un incidente aislado. A principios de noviembre, otro club queer, Black Clover, en Kírov, fue objeto de una redada similar. En esa ocasión, tres artistas drag y la dueña del establecimiento fueron acusados de organizar una “comunidad extremista“. Las agencias estatales describieron el bar como un “promotor de propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” y un “incitador de odio” hacia quienes no toleran la diversidad de género. Estos hechos son parte de una serie de medidas represivas que buscan desmantelar cualquier espacio inclusivo para la comunidad LGTB+.

Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y la Russian LGBT Network, han documentado exhaustivamente el aumento de la represión hacia la comunidad LGTB+ bajo el actual régimen ruso. Las acciones incluyen la implementación de leyes que prohíben la “propaganda de relaciones no tradicionales” y el uso de acusaciones de “extremismo” como justificación para detenciones, allanamientos y cierre de espacios queer. La Russian LGBT Network ha destacado que estos operativos no solo persiguen el cierre de clubes o eventos, sino que buscan intimidar a las personas queer y consolidar una narrativa estatal que deshumaniza a esta comunidad.

Los recientes casos en Vorónezh, Kírov y Chitá son sólo algunos de los episodios que reflejan una campaña más amplia de hostigamiento hacia las personas LGTB+ en Rusia. Este tipo de incidentes se desarrollan dentro de un clima de creciente hostilidad, alimentado por leyes y políticas estatales que promueven el odio y la discriminación. A pesar de esta represión, organizaciones de derechos humanos continúan denunciando estos abusos y ofreciendo apoyo a las víctimas de estas persecuciones.

Las redadas en Moscú y en otros lugares, son las últimas de una larga serie de ataques esporádicos y por motivos políticos a lugares desde que el gobierno ruso promulgó su prohibición de la llamada propaganda LGBTQ+, mediante la cual declaró que el “movimiento público LGBT internacional” -que no es un movimiento organizado o grupo real, como extremista en 2023.

El gobierno de Rusia también ha tomado medidas en los últimos años para legislar la exclusión de la comunidad LGBTQ+ de la vida pública, incluidas prohibiciones de cuidados que afirmen el género, prohibiciones de adopción y matrimonio entre personas del mismo sexo y ninguna protección contra la discriminación por parte de personas queer.

Fuente PinkNews/Agencias

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El líder de uno de los partidos de la coalición gubernamental de Uzbekistán anunció que están trabajando en una ley para prohibir la “propaganda” LGBTQ+ en el país de Asia Central. Y le están dando crédito a Donald Trump por la medida.

Alisher Qodirov es el líder del partido Milliy Tiklanish (Renacimiento Nacional), que, junto con los Demócratas Liberales, controla la cámara baja del parlamento de Uzbekistán. Publicó en la red social Telegram que su partido está trabajando en un proyecto de ley para prohibir las discusiones sobre personas LGBTQ+.

En la publicación, hizo referencia a una publicación escrita por la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, donde promovía la oposición de su padre al “contenido sexual inapropiado” y la “ideología transgénero” en las escuelas. La idea de que las escuelas estén enseñando a los niños a ser transgénero o exponiéndolos a contenido sexual gay es falsa y se ha utilizado para prohibir todas las menciones a personas LGBTQ+ en las escuelas de ciertos estados y distritos escolares de EE. UU.

“El cambio en el centro de la enfermedad es muy bueno”, escribió Qodirov. “Estamos trabajando para aprobar una ley que prohíba cualquier tipo de propaganda en este sentido”.

La homosexualidad es actualmente ilegal en la nación de mayoría musulmana y se castiga con hasta tres años de prisión. Es uno de los dos únicos estados postsoviéticos (junto con Turkmenistán) que prohíben la homosexualidad. No existen protecciones contra la discriminación anti-LGBTQ+ o los delitos de odio.

Un informe de Human Rights Watch de 2021 señaló que los hombres homosexuales y bisexuales en Uzbekistán enfrentan abusos por parte de turbas de vigilantes y de la policía.

“Debido a la violencia y discriminación a la que están sometidas las personas LGBT, tuvimos que detener la mayoría de (nuestros) proyectos, canales de noticias o grupos en línea”, dijo un activista a Human Rights Watch. “Nos hemos vuelto completamente clandestinos”.

Cinco hombres dijeron a la organización que habían tenido que pagar sobornos de hasta 1.000 dólares para evitar que la policía los revelara a sus familias o al público.

Fuente LGBTQNation

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A finales del verano pasado, Mei recibió un mensaje de su amiga diciéndole que se escapaba de casa. Era la primera vez en nueve meses que Mei, una mujer transgénero de 29 años que vive en una ciudad del sur de China, tenía noticias de su amiga Ying*.

La familia de Ying -que no apoya su identidad trans- había mantenido a Ying, mayor de 18 años, bajo arresto domiciliario y aislada del mundo exterior. En agosto, por fin le permitieron salir para proseguir sus estudios. Ahora estaba en la escuela, pero quería huir para estar con su novia en otra ciudad.

Juntas urdieron un plan. Mei cogería el teléfono de Ying para impedir que su familia rastreara su paradero e intentar convencerles de que no llamaran a la policía. Pero tras un mes de mediación fallida, la familia avisó a las autoridades, que rastrearon el teléfono hasta el apartamento de Mei. La policía acudió y la detuvo por secuestro.

“Era la primera vez que me detenían. Me llevaron a comisaría y me interrogaron durante 10 horas. Intentaron hacerme confesar, pero me negué a decir nada”, cuenta Mei a The Guardian a través de una aplicación encriptada. “Al final, me dejaron ir porque no había pruebas”.

Al final, la policía encontró a Ying y se la llevó de vuelta con su familia. El intento fallido de rescate es uno de los más de 10 casos similares que Mei conoce de defensores de los derechos humanos que han sido detenidos e interrogados por la policía desde que se unió a una red informal de apoyo a la comunidad LGBTQ+ hace algunos años.

Según los activistas, estos ejemplos son una muestra de la incapacidad sistémica del Estado para proteger a las minorías de género, especialmente a las personas trans y queer. Afirman que también ponen de manifiesto las dificultades de ser LGBTQ+ en un país en el que el partido gobernante aboga cada vez más por la conformidad y los valores tradicionales.

En los últimos años, la comunidad LGBTQ+ de China se ha visto envuelta en la represión más amplia del Partido Comunista Chino contra la sociedad civil y la libertad de expresión. En mayo de 2023, un conocido grupo de defensa del colectivo LGBTQ+ de Pekín anunció su cierre debido a circunstancias “inevitables“. El pasado mes de febrero, dos estudiantes universitarios interpusieron una demanda contra el Ministerio de Educación tras ser sancionados por distribuir banderas arco iris en el campus.

En 2021, el fundador de otro grupo, LGBT Rights Advocacy China, fue detenido y puesto en libertad con la condición de que cerrara la organización, que cerró poco después. Ese año también se cerraron sin previo aviso decenas de cuentas de redes sociales asociadas a movimientos LGBTQ+ en campus universitarios. El Orgullo de Shanghái, la celebración de minorías sexuales más antigua del país, finalizó en 2020.

En China no hay leyes que protejan explícitamente contra la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. Aunque la homosexualidad se despenalizó en 1997 y se retiró de la lista de trastornos psiquiátricos en 2001, las parejas del mismo sexo no pueden casarse ni adoptar niños. Muchas personas siguen siendo obligadas a someterse a prácticas de conversión y se han denunciado casos de jóvenes trans que han sido enviados a campamentos de “reeducación“.

Dentro de la comunidad LGBTQ+, las personas trans y no conformistas son las más vulnerables. China establece criterios estrictos para acceder a la cirugía de reafirmación de género (ser mayor de 18 años, soltero, tener consentimiento paterno y no tener antecedentes penales), necesaria para cambiar legalmente de género.

“En China hay una persecución sistemática“, afirma Fangqing*, de 23 años, defensora de los fluidos de género que, antes de exiliarse al extranjero, fue presionada por la policía para que admitiera haber vendido medicamentos nocivos tras intentar ayudar a una víctima de violencia doméstica. Habían comprado y suministrado legalmente a la persona medicamentos de terapia hormonal sustitutiva (THS), de difícil acceso en China.

“Al principio es difícil identificarse como queer y luego sobrevivir como tal. Incluso cuando eres adulto, el sistema está diseñado de tal manera que no es posible que escapes o que otros te ayuden“.

Aunque China tiene una ley contra la violencia doméstica, no protege adecuadamente a las víctimas, especialmente a las personas LGBTQ+, dicen los defensores, y los delitos a menudo se desestiman como asuntos familiares. En una encuesta realizada en 2017 por el Centro LGBT de Pekín a 1.640 personas trans y de género no conforme, todas menos seis afirmaron haber sufrido violencia doméstica.

Quienes ayudan a las víctimas a escapar de la violencia pueden ser detenidos y obligados a confesar cargos como venta ilegal de drogas, secuestro o incluso “libertinaje en grupo“, afirma Fangqing. Este último delito se define como relaciones sexuales con tres o más participantes mayores de 16 años y conlleva una pena de prisión de hasta cinco años.

En junio de 2023, una mujer trans que daba cobijo a un joven trans que huía de la violencia doméstica fue condenada a dos años y medio por libertinaje en grupo, algo que ella niega, según los defensores. Según los informes, la sentencia se basó en parte en una confesión que, según ella, hizo bajo coacción mientras estuvo detenida ilegalmente durante 29 días.

Wang*, defensor de los derechos de los homosexuales que trabajó en China durante casi una década como defensor de los derechos legales de las personas LGBTQ+ antes de trasladarse al extranjero, afirma que estos casos “no son inauditos“, y que ser acusado de secuestro ha sido durante mucho tiempo un problema para quienes han ayudado a gays y lesbianas a escapar de la violencia doméstica.

“Puede que la policía no sepa cómo tratar algunos casos de violencia doméstica y sólo escuche a los padres. Sobre todo si (la víctima) no es adulta, es muy difícil intervenir“, dice Wang. “En las ciudades pequeñas, las familias también pueden tener influencia sobre la policía”.

Wang afirma que ha habido ejemplos de defensores que han conseguido pedir ayuda a las autoridades. En 2017, un hombre ganó una demanda contra un hospital psiquiátrico tras ser ingresado a la fuerza para recibir “terapia” de conversión por su esposa y sus familiares.

A pesar de las dificultades, muchos activistas siguen adelante sin hacer ruido. En diciembre, Mei ayudó a una mujer trans que había hecho la transición pocos meses antes a acceder a la cirugía de reafirmación de género. Es la tercera vez que Mei asume este papel. “Está descansando. Pasarán quizá otras dos semanas hasta que podamos volver a casa”, dice Mei en una videollamada desde la sala de espera del hospital. “Estaré aquí hasta entonces“.

* Todos los nombres han sido cambiados

Fuente The Guardian

General, Homofobia/ Transfobia. China, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, LGBT Rights Advocacy China, Partido Comunista Chino

La comunidad LGBT rusa necesita apoyo internacional tras la decisión del Tribunal Supremo de Rusia

Human Rights Watch anunció el pasado 30 de noviembre:

(Berlín, 30 de noviembre de 2023) – La Corte Suprema de Rusia dictaminó hoy que el “movimiento internacional LGBT” es una “organización extremista”, que pone en peligro todas las formas de activismo por los derechos LGBT en el país, dijo hoy Human Rights Watch.

En una audiencia a puerta cerrada, el Tribunal Supremo falló a favor de la demanda del Ministerio de Justicia acusando al “movimiento LGBT” de incitar a la discordia social y religiosa. Las autoridades rusas deberían poner fin de inmediato a esta perversa persecución de las personas LGBT y los países interesados deberían apoyar a las personas LGBT y a sus defensores que enfrentan riesgos y persecución extremos en Rusia.

“La medida de las autoridades aparentemente tiene un doble propósito”, dijo Tanya Lokshina, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Su objetivo es aumentar el uso de chivos expiatorios contra las personas LGBT para atraer a los partidarios conservadores del Kremlin antes de la votación presidencial de marzo de 2024 y paralizar el trabajo de los grupos de derechos humanos que luchan contra la discriminación y apoyan a las personas LGBT”.

Según la legislación penal rusa, participar o financiar una organización extremista se castiga con hasta 12 años de prisión. Una persona declarada culpable de exhibir símbolos de dichos grupos enfrenta hasta 15 días de detención por el primer delito y hasta cuatro años de prisión por reincidencia. Las autoridades pueden incluir a personas sospechosas de estar involucradas con una organización extremista en la “lista de extremistas” nacional y congelar sus cuentas bancarias. Las personas consideradas involucradas con una organización extremista no pueden postularse para cargos públicos.

En una presentación del 28 de noviembre ante la Corte Suprema, siete destacados grupos de derechos humanos rusos dijeron que una decisión de apoyar la demanda del Ministerio de Justicia sería discriminatoria y violaría una amplia gama de derechos. Dado que la organización que el gobierno pretendía prohibir, el “Movimiento Internacional LGBT”, no existe, los defensores de los derechos humanos temen que el fallo permita a las autoridades procesar arbitrariamente a cualquier persona por cualquier actividad relacionada con los derechos LGBT.

Andrey Loginov, viceministro de Justicia de Rusia, afirma que la “propaganda gay” es “propaganda gay” como “ajena a los valores espirituales y morales de nuestra sociedad rusa multiétnica y policonfesional”. (Foto cortesía de EmbassyLife.ru)

Las autoridades rusas han abusado durante mucho tiempo de la amplia y vaga legislación antiextremismo de Rusia para procesar a críticos pacíficos. En 2021, el Tribunal Municipal de Moscú prohibió por considerarlos extremistas a tres grupos afiliados a la destacada figura de la oposición Alexey Navalny. A continuación, las autoridades presentaron nuevos cargos contra el político ya encarcelado, acusándolo de organizar una “comunidad extremista” e incitar a actividades extremistas, lo que dio lugar a una condena adicional de 19 años.

Al menos cuatro partidarios de Navalny fueron condenados a prisión por diversos cargos de extremismo. Docenas de sus seguidores en todo el país fueron multados y arrestados por antiguas publicaciones en las redes sociales que mencionaban su trabajo anticorrupción y otros proyectos.

Además, durante más de una década, las autoridades rusas han explotado la perniciosa ley rusa de “propaganda gay” para atacar a las personas y activistas LGBT. En diciembre de 2022, el parlamento endureció la prohibición de la “propaganda gay” de 2013 ampliándola para cubrir toda la información pública o actividades que apoyen los derechos LGBT o muestren una orientación no heterosexual.

La legislación no prevé ninguna exclusión para el arte, los estudios científicos o la educación y perpetúa un mensaje falso y dañino que intenta vincular a las personas LGBT con pedófilos, refiriéndose repetidamente a “propaganda de relaciones y/o preferencias sexuales no tradicionales, pedofilia y cambio de sexo”. .”

El 13 de noviembre, durante el cuarto Examen Periódico Universal del historial de derechos humanos de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Andrey Loginov, viceministro de Justicia de Rusia, afirmó que no hay discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género en Rusia porque la prohibición de La discriminación está consagrada en la Constitución. Al mismo tiempo, describió la “propaganda gay” como “ajena a los valores espirituales y morales de nuestra sociedad rusa multiétnica y policonfesional”.

Desde 2021, después de que los legisladores incluyeran la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en la constitución rusa, las autoridades han designado a 17 organizaciones LGBT como “agentes extranjeros”, un término que en ruso tiene connotaciones de espionaje y sabotaje. Esta designación somete a los grupos a una serie de requisitos asfixiantes y estigmatizantes.

A principios de 2023, el parlamento ruso adoptó una legislación que viola una amplia gama de derechos de las personas transgénero. Prohíbe la atención médica que necesitan las personas trans, cambia los marcadores de género en los documentos oficiales y disuelve los matrimonios de personas trans. También impide que las personas trans adopten o asuman la tutela de niños.

Con las organizaciones y activistas rusos de derechos LGBT ya en peligro y el riesgo de procesamiento exacerbado por el fallo de “extremismo” de la Corte Suprema, los países de todo el mundo deberían brindar refugio seguro a quienes se ven obligados a huir de Rusia frente a procesos penales u otras amenazas graves. dijo Human Rights Watch.

Otros países, y los Estados miembros de la Unión Europea en particular, dada su proximidad geográfica, también deberían permitir a los activistas que continúan su trabajo por los derechos LGBT en Rusia obtener visas de larga duración en caso de emergencia o asistir a eventos internacionales y reuniones con colegas, junto con Brindar otro tipo de apoyo a los activistas rusos de derechos LGBT que trabajan dentro de Rusia o desde el extranjero.

“El ataque a los derechos LGBT se ha convertido en un símbolo del rechazo de Rusia a los derechos humanos universales, ya que el gobierno posiciona a Rusia como defensora de los llamados valores tradicionales en oposición al ‘Occidente colectivo’“, dijo Lokshina. “Las personas LGBT rusas necesitan apoyo ahora más que nunca”.

Naciones Unidas ha lamentado y condenado este atropello…

#Russia: We deplore Russia’s Supreme Court decision to label ‘the international LGBT movement’ as ‘extremist’.

‘The law must uphold the principles of equality & non-discrimination. It must never be used to perpetuate discrimination’ – @volker_turk 👇

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 30, 2023

La policía rusa allana bares gay después de que el fallo de la Corte Suprema calificara al movimiento LGBTQ+ de “extremista”

La policía rusa ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra los clubes y locales LGBTQ+ en Moscú, pocos días después de que un fallo de la Corte Suprema calificara de “extremista” el activismo LGBTQ+.

En las redadas nocturnas en toda la capital rusa, clubes, saunas, bares y otros lugares fueron invadidos por agentes de policía que comprobaron los documentos y documentos de identidad de los asistentes.

Los allanamientos habrían sido ordenados con el pretexto de buscar drogas, de las cuales no se encontró ninguna en ninguno de los locales allanados.

Uno de los clubes allanados por la policía albergaba una noche de temática LGBTQ y asistieron más de 300 personas.

En otra, una sauna LGBTQ+, agentes de policía enmascarados obligaron a los asistentes a tumbarse en el suelo boca abajo, según testigos.

La ola de operaciones policiales se produce apenas dos días después de que la Corte Suprema dictaminara que el llamado “movimiento público LGBT internacional” debería ser etiquetado como “extremista”.

La sentencia, dictada el jueves (30 de noviembre), ha dejado a la comunidad LGBTQ+ en Rusia en peligro de sufrir largas penas de prisión si se les considera parte de un movimiento que no existe.

 Muchos creen que las redadas nocturnas son el comienzo de nuevas medidas represivas por parte de las autoridades rusas contra la comunidad queer.

Varias organizaciones que sirven a la comunidad LGBTQ+ se han visto obligadas a cerrar en medio de la creciente animosidad, incluido el club gay Estación Central de San Petersburgo, que anunció su cierre. “El sitio que alquilamos se negó a permitirnos trabajar debido a la (nueva) ley. Pedimos disculpas, ya no estamos en el negocio”, compartió el club en las redes sociales.

Como decíamos más arriba, desde al menos 2013, las autoridades rusas han estado implementando legislación anti-LGBTQ+ diseñada para censurar y reprimir las discusiones abiertas de la comunidad. Después de que la tan denostada ley de ‘propaganda gay’ se ampliara para censurar los temas LGBTQ+ para adultos, el Ministerio de Justicia de Rusia presentó una solicitud al llamado “movimiento público LGBT internacional” por parte del Ministerio de Justicia de Rusia.

En una solicitud presentada a principios de noviembre, argumentó que los funcionarios habían identificado “signos y manifestaciones” del inexistente movimiento que cree que eran de “naturaleza extremista” y podrían incitar “discordia social y religiosa”. No proporcionó ninguna prueba de estas afirmaciones.

Menos de un mes después, tras una deliberación a puerta cerrada, el tribunal superior del país dictaminó que el movimiento vagamente definido era “extremista”.

El director de asociaciones globales de la The Human Rights Campaign, Jean Freedberg, dijo que la decisión en Rusia era “reprensible” y una muestra de la “represión en un país donde las personas LGBTQ+ ya temen por sus vidas”. “La audiencia se llevó a cabo en secreto, aislada del escrutinio público y cerrada a quienes desearan hablar en defensa de las personas LGBTQ+”, continuó Freedberg. “No hay justicia en esta decisión, no hay justicia en gobernar desde el miedo. No hay justicia en un país que intenta criminalizar a las personas por quiénes son o a quién aman”.

Fuente 76 crimes/PinkNews

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Se ha propuesto legislación para derogar la ley de la era colonial que prohibía las relaciones entre personas del mismo género, algo que las Naciones Unidas y otros grupos de derechos humanos han alentado. Estos grupos también critican las leyes de Sri Lanka relativas a las identidades transgénero, un tema que un sacerdote anónimo de la Arquidiócesis de Colombo dijo que era difícil de discutir debido al estigma social más amplio, pero los católicos están luchando por el amor a los miembros de la familia trans. Los líderes de la iglesia también han guardado silencio sobre este tema.

Por Quinto Colombage

Publicado: 05 de septiembre de 2023 09:27 a. m. GMT

La presión de Sri Lanka para despenalizar la homosexualidad desestabilizará a la sociedad y a las familias, dicen los críticos, mientras que la jerarquía católica en la nación insular mantiene un silencio estoico sobre el tema.

El 1 de agosto se entregó al presidente Ranil Wickremesinghe, quien afirmó  que su gobierno no se opondrá a la despenalización de la homosexualidad, un proyecto de ley que busca reemplazar la ley de la era colonial. el 24, tres meses después de que el parlamentario Premnath C. Dolawatte lo presentara como un proyecto de ley privado.

La prisa de Sri Lanka por despenalizar la homosexualidad sigue instrucciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y lo establecido en la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, dice F. E. Dias de Cultura Vitae (Cultura de la Vida), un grupo de derechos humanos.

“De hecho, ¿qué nación en su sano juicio sancionaría una “indecencia grave”? ¿Qué Estado soberano toleraría un comportamiento carnal antinatural?”, dijo Dias en un comunicado de prensa oponiéndose a la enmienda.

La ley vigente establece que cualquier persona que tenga relaciones sexuales con cualquier hombre, mujer o animal “contrariamente al orden de la naturaleza” puede ser castigada con diez años de prisión y una multa. La enmienda propone eliminar “hombres y mujeres” de la cláusula, para permitir el sexo entre gays y lesbianas.

La enmienda fue propuesta en abril, dos meses antes de que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU discutiera el informe del Examen Periódico Universal de Sri Lanka el 10 de julio.

Sri Lanka, que comenzó a experimentar una crisis económica en 2019, se convirtió en una nación en quiebra en 2022. La crisis continúa y el país ahora depende de los préstamos internacionales para salir adelante.

“Existe una tremenda presión sobre el gobierno por parte de las agencias de la ONU, las organizaciones internacionales de crédito y los gobiernos occidentales para que cumpla“, dijo Dias.

Los gobiernos de todo el mundo están promoviendo las uniones entre personas del mismo sexo bajo la bandera de la igualdad. En 2022, una decisión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoció que las leyes existentes violaban los derechos de la comunidad transgénero en Sri Lanka.

“La igualdad permite la entrada de la homosexualidad en los programas escolares, las estaciones de radio y televisión. Bajo la igualdad de género, las personas LGBT obtendrán cuotas en el liderazgo institucional para impulsar la transfiguración de la cultura”, dijo Dias en un comunicado el 1 de agosto. 30.

“La familia natural, fundada en el verdadero matrimonio, está siendo comprometida. El bienestar y la cordura de los niños están amenazados”, advirtió. “No nos engañemos. El propósito de este proyecto de ley no es ayudar a las parejas del mismo sexo”, afirmó. “Estos temas no se discuten públicamente en la sociedad de Sri Lanka”

Sin embargo, la jerarquía católica del país aún no se ha pronunciado sobre la enmienda.

Un sacerdote de alto rango de la arquidiócesis de Colombo dijo que la Iglesia no discute seriamente la ley transgénero. “Es difícil discutir estos temas” con los católicos porque “estos temas no se discuten públicamente en la sociedad de Sri Lanka y estamos muy enamorados de las familias”.

El sacerdote, que no quiso ser identificado, dijo que las cuestiones transgénero nunca han sido discutidas dentro de la Iglesia de Sri Lanka.

Aruni Madhubashini, maestra de escuela dominical, dijo que la nueva ley afectaría a religiones establecidas como el budismo, el cristianismo, el hinduismo y el islam, ya que enseñan abiertamente contra la homosexualidad.

Grupos de derechos humanos, incluido Human Rights Watch, han estado haciendo campaña a favor de una enmienda que diga que la arcaica ley se está utilizando para criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo que se consienten entre adultos.

La vecina India, también excolonia británica, despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en 2018. En noviembre pasado, Singapur repitió su ley de sodomía de la era colonial.

Según Pink News, 67 países todavía criminalizan la actividad sexual privada, consensual y entre personas del mismo sexo; casi dos tercios de ellos tuvieron alguna forma de control británico en algún momento, dijo.

Fuente UCA News

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Manifestantes homofóbicos en Irak queman dos banderas del Orgullo con X dibujadas en ellas. (Getty)

Iraq está ordenando a sus plataformas de medios que no utilicen las palabras “homosexual” o “género”.

La Comisión de Medios y Comunicaciones de Irak (CMC, por sus siglas en inglés) emitió nuevas directivas para los medios y las plataformas de redes sociales, ordenándoles que dejen de usar “homosexualidad” cuando hablen sobre personas LGBTQ+ y que en su lugar hablen solo de “desviación sexual“, que el gobierno define como “relaciones sexuales repetidas entre miembros del mismo sexo… si ocurren más de tres veces”, lo que ha avivado las llamas de la discriminación en el país.

El CMC también prohibirá la palabra “género” y prohibirá que todas las compañías de telefonía e Internet con licencia en el país la usen. Los funcionarios afirmaron que la medida tenía la intención de salvaguardar los llamados valores sociales y supuestamente mantener el orden público. Aún no se han publicado sanciones específicas por violar la política planificada, pero se espera que los castigos puedan incluir una multa.

Si bien Irak no prohíbe explícitamente la homosexualidad, las cláusulas de moralidad y percepción pública en su código penal significan que las personas LGBTQ+ son un objetivo rutinario a nivel nacional e institucional.

Un proyecto de ley que prohíbe la homosexualidad fue presentado al parlamento el mes pasado por el jefe adjunto del comité de asuntos legales, Mortada Al-Saadi, quien pidió al presidente del Consejo de Representantes, Mohammed al-halbousi, que lo incluyera en la agenda durante la sesión legislativa que comienza en Septiembre.

En este sentido, se insta a Irak a que abandone esta propuesta de ley que podría dar lugar a la ejecución de quienes sean declarados culpables de “conducta entre personas del mismo sexo”.

Además, Rasan, el único grupo de derechos humanos en Kurdistán que aboga por la igualdad LGBTQ+, fue prohibido por “actividades en el campo de la homosexualidad” en mayo, según Human Rights Watch.

Según el Índice de Igualdad del grupo de defensa de la comunidad LGBTQ+ Equality Index, Equaldex, que clasifica a los países en función de la igualdad queer, Irak ocupa el puesto 176 de 197.

Una Encuesta Mundial de Valores de 2017-2022 encontró que solo el dos por ciento de los ciudadanos iraquíes cree que la homosexualidad es justificable, mientras que el 55 por ciento la considera injustificable. Además, el índice comunitario de derechos LGBT Equaldex encontró que Irak es uno de los países más homofóbicos del mundo, ocupando el puesto 154 de 197. Los datos recopilados el año pasado sugieren que solo el dos por ciento de la población apoya la homosexualidad, mientras que el 55 por ciento se opone. El resto se negó a responder o afirmó no saber.

Fuente PinkNews/Agencia Nova

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‘Tienes que estar en silencio para quedarte en Rusia’

Vladimir Putin ha firmado una legislación extrema que prohíbe todas las formas de atención de afirmación de género en Rusia, así como la eliminación de los derechos de matrimonio y adopción para las personas trans.

El presidente ruso firmó la ley el lunes (24 de julio), que prohíbe oficialmente las “intervenciones médicas destinadas a cambiar el sexo de una persona”, incluida la cirugía de afirmación de género y la prescripción de terapia hormonal, informó The Moscow Times.

La nueva ley también prohíbe cambiar los marcadores de género en documentos oficiales como los pasaportes, que era legal en Rusia desde 1997.

Aprobada por ambas cámaras del parlamento ruso a principios de este mes, la ley también prohíbe a las personas trans adoptar un niño y anula los matrimonios en los que uno de los cónyuges es trans.

Cuando la ley fue aprobada por la cámara baja del parlamento el 14 de julio, el presidente de la Duma, Volodin Vyacheslav Victorovich, afirmó que “protege a nuestros ciudadanos [y] niños”.

Médicos y activistas LGBTQ+ del país han advertido que la legislación podría provocar un aumento de los intentos de suicidio y un mercado negro de sustitutos hormonales.

“La hipocresía de no permitir que los adultos tomen decisiones sobre sus cuerpos… no es exclusiva de Rusia, sino que es parte de una inclinación cínica y explotadora contra los derechos que están tomando los políticos de todo el mundo”, dijo Kyle Knight, investigador principal sobre salud y derechos LGBT en Human Rights Watch, cuando se propuso el proyecto de ley en junio.

“Los políticos rusos están dañando a las personas transgénero e intersexuales al continuar desplegando una retórica cínica de ‘valores familiares’ para defender ideas regresivas sobre el género y la sexualidad mientras atacan los derechos de consentimiento informado para adultos y niños”.

La ley es parte de una ofensiva contra los derechos LGBTQ+ bajo Putin, y sigue a la votación de noviembre para ampliar el notorio “proyecto de ley de propaganda LGBTQ+” de Rusia para cubrir tanto a adultos como a niños.

Un YouTuber queer que fue detenido en Rusia por supuesta “propaganda LGBTQ+” dijo que la ley silencia a las personas queer.

Gela Gogishvili, quien fue arrestado en abril junto con su pareja Haoyang Xu, por violar la ley, le dijo a PinkNews: “La propaganda está funcionando porque esto es lo que te pasará. O tienes que guardar silencio si quieres quedarte en Rusia o, si quieres expresar todo esto, tienes que salir de Rusia”.

En Rusia, la violencia contra las personas LGBT+ es relativamente común y está alimentada por los conservadores y los círculos religiosos. En marzo pasado, el discurso pronunciado por el Patriarca de Moscú, Kirill, con motivo del Domingo del Perdón, que en Rusia abre la Cuaresma. Kirill dijo que la guerra en Ucrania es una especie de cruzada contra los países que apoyan los derechos de los homosexuales. A continuación, centró toda su argumentación en la necesidad de luchar contra los modelos de vida que promueven los desfiles gay. “Si la humanidad reconoce que el pecado no es una violación de la ley de Dios“, señaló, “si la humanidad acepta que el pecado es una de las opciones de comportamiento humano, entonces la civilización humana terminará ahí“. Y los desfiles de homosexuales “están pensados para mostrar que el pecado es una de las variantes del comportamiento humano”.

“Por eso, para entrar en el club de esos países es necesario organizar un desfile del orgullo gay”,continuó, “y sabemos cómo la gente se resiste a estas exigencias y cómo esta resistencia es reprimida por la fuerza”. Esto significa que se trata de imponer por la fuerza un pecado condenado por la ley de Dios”.

A fines de octubre de 2021, Vladimir Putin volvió a atacar el liberalismo occidental en un encendido discurso, arremetiendo contra los avances en los derechos de los homosexuales y transexuales.

Putin ha defendido enérgicamente lo que considera valores familiares tradicionales. En sus declaraciones, dijo que la noción de que a los niños “se les enseña que un niño puede convertirse en una niña y viceversa” es monstruosa y “al borde de un crimen contra la humanidad”.

También sugirió que los partidarios de los derechos de los transexuales exigían el fin de “cosas básicas como la madre, el padre, la familia o las diferencias de género”.

Putin ha tratado de presentarse como un símbolo de masculinidad viril -por ejemplo, fotografiándose sin camisa a caballo-, al tiempo que ha intensificado una campaña de presión dirigida por el Estado contra las minorías sexuales en Rusia.

Está al mando de un país en el que ha habido numerosos informes creíbles sobre la tortura y el encarcelamiento de hombres homosexuales. En 2013, firmó una ley contra la “propaganda gay”que, según Human Rights Watch, provocó un aumento de la hostilidad hacia las comunidades LGBTQ y dificultó el acceso de los niños a la información sobre relaciones no tradicionales.

El efecto ha sido particularmente profundo en las escuelas, donde algunos profesores rusos caracterizan a las personas LGBTQ “como un síntoma de perversión importado de Europa Occidental o Norteamérica”, dijo el organismo de vigilancia de los derechos.

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

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Presidente Yoweri Museveni

Parlamentarios de Uganda aprueban proyecto de ley que impone la pena de muerte por homosexualidad

Activistas de derechos humanos condenan proyecto de ley que introduce penas capitales y cadena perpetua 

La ONU insta al presidente de Uganda a bloquear el “inquietante” proyecto de ley LGBTQ+ que introduce la pena de muerte

La Casa Blanca sugiere que Uganda podría enfrentar sanciones si el proyecto de ley de prohibición ‘extrema’ LGBTQ+ se convierte en ley

Los parlamentarios de Uganda aprobaron un controvertido proyecto de ley anti-LGBTQ+, que haría que los actos homosexuales se castigaran con la muerte, lo que atrajo una fuerte condena de los activistas por los derechos. El proyecto de ley contra la homosexualidad, que fue aprobado por el parlamento de Uganda el martes (21 de marzo), hará que sea ilegal identificarse simplemente como LGBTQ. Cualquier persona declarada culpable bajo la ley propuesta podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. También se esperaría que los amigos y familiares entreguen a las personas LGBTQ+ si tuvieran una relación del mismo sexo.

Todos menos dos de los 389 legisladores votaron a última hora del martes a favor del proyecto de ley de línea dura contra la homosexualidad, que introduce penas capitales y de cadena perpetua para el sexo gay y el “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” entre personas del mismo sexo.

La pena de muerte también es posible en virtud de la legislación para quienes sean declarados culpables de “homosexualidad agravada”, refiriéndose a violación, abuso sexual infantil o incesto. “Una persona que comete el delito de homosexualidad agravada y es responsable, en caso de condena, de sufrir la muerte”, dice el proyecto de ley presentado por Robina Rwakoojo, presidenta de asuntos legales y parlamentarios.

Los aliados de la comunidad LBGTQ+ podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, y las personas tienen el deber de denunciar a las autoridades a las personas que tienen relaciones del mismo sexo. Habiendo sido votado por el parlamento, el proyecto de ley está listo para que el presidente Yoweri Museveni lo promulgue. El proyecto de ley, después de haber sido aprobado por el parlamento, ahora se encuentra en el escritorio del presidente Yoweri Museveni.

Solo dos diputados del partido gobernante, Fox Odoi-Oywelowo y Paul Kwizera Bucyana, se opusieron a la nueva legislación.

“El proyecto de ley está mal concebido, contiene disposiciones que son inconstitucionales, revierte los logros registrados en la lucha contra la violencia de género y criminaliza a las personas en lugar de conductas que contravienen todas las normas legales conocidas”, dijo Odoi-Oywelowo. “El proyecto de ley no introduce ningún valor agregado al libro de estatutos y al marco legislativo disponible”, dijo.

Una versión anterior del proyecto de ley provocó críticas internacionales generalizadas y luego fue anulada por el tribunal constitucional de Uganda por motivos de procedimiento. El proyecto de ley ahora irá al presidente Yoweri Museveni, quien puede vetarlo o convertirlo en ley. En un discurso reciente, pareció expresar su apoyo al proyecto de ley.

 Momento en que los parlamentarios de Uganda aprueban un proyecto de ley anti-LGBTQ+ – video
derechos LGBTQ+

Un parlamentario en la cámara, John Musila, usó una toga que decía: “Di no al homosexualismo, lesbianismo, gay”.

Cuando se presentó el proyecto de ley al parlamento de Uganda, Anita Among instó a otros parlamentarios a rechazar la intimidación, particularmente de los países occidentales.

Asuman Basalirwa, quien presentó el proyecto de ley, dijo que su objetivo era “proteger la cultura de nuestra iglesia, los valores familiares legales, religiosos y tradicionales de los ugandeses de los actos que probablemente promuevan la promiscuidad sexual en este país”.

Otra parlamentaria, Sarah Opendi, sugirió que los hombres homosexuales fueran castrados y que la cadena perpetua “no era adecuada” porque un hombre homosexual podría “seguir viviendo su vida, tal vez incluso continuar con la homosexualidad en prisión”.

El proyecto de ley marca el último de una serie de retrocesos para los derechos LGBTQ+ en África, donde la homosexualidad es ilegal en la mayoría de los países. En Uganda, un país cristiano en gran parte conservador, el sexo homosexual ya se castigaba con cadena perpetua.

Activistas de derechos humanos han condenado la nueva medida para promulgar la dura ley, calificándola de “ley de odio”. Hoy marca un día trágico en la historia de Uganda. @Parliament_Ug  ha aprobado una legislación que promueve el odio y busca despojar a las personas LGBTIQ de sus derechos fundamentales!” tuiteó Sarah Kasande, abogada y activista de derechos humanos de Kampala. “Las disposiciones del proyecto de ley contra la homosexualidad son bárbaras, discriminatorias e inconstitucionales”, dijo.

Ella agregó: “Para la comunidad LGBTIQ, sé que este es un día difícil, pero no pierdan la esperanza. La batalla no ha terminado; este repugnante proyecto de ley finalmente será derogado”.

El activista gay Eric Ndawula tuiteó: “Los eventos de hoy en el parlamento no son solo inmorales, sino un asalto total a la humanidad. Es aterrador que el juicio de nuestros parlamentarios esté empañado por el odio y la homofobia. ¿Quién se beneficia de esta ley draconiana?”

Today’s events in Parliament are not just immoral, but a complete assault on humanity. It’s frightening that our MPs’ judgment is clouded by hate & homophobia. Who benefits from this draconian law? It’s a question they’ll likely never answer. #AntiHomosexualityBill2023 Draconian pic.twitter.com/CvQvNK3Oiz

— Eric Ndawula🏳️‍🌈 (@EricNdawulaGrif) March 21, 2023

Más de 110 personas LGBTQ+ en Uganda informaron incidentes que incluyen arrestos, violencia sexual, desalojos y desnudez pública al grupo de defensa Minorías Sexuales de Uganda (Smug) solo en febrero. Las personas transgénero se vieron afectadas de manera desproporcionada, dijo el grupo.
omitir la promoción del boletín anterior

Kasha Jacqueline Nabagesera, una activista lesbiana en Kampala, dijo que continuarían los esfuerzos para anular la legislación. “Seguiremos luchando contra esta injusticia. Esta mujer lesbiana es ugandesa, incluso este pedazo de papel [no] impedirá que disfrute de mi país. La lucha acaba de comenzar”, dijo Nabagesera en un tuit.

Kasande dijo: “Lucharemos hasta que todas las personas en Uganda puedan disfrutar de los derechos que les garantiza la constitución”.

El presidente Museveni dijo el mes pasado que Uganda no aceptará la homosexualidad y afirmó que Occidente buscaba obligar a otros países a “normalizar” lo que llamó “desviaciones” y felicitó recientemente a los llamados “creyentes” por rechazar la homosexualidad. “Los países occidentales deberían dejar de perder el tiempo de la humanidad tratando de imponer sus prácticas a otras personas”, dijo Museveni en un discurso televisado ante el parlamento el 16 de marzo. “Los homosexuales son desviaciones de lo normal. ¿Por qué? ¿Es por naturaleza o por crianza? Necesitamos responder a esas preguntas. Necesitamos una opinión médica sobre eso”, dijo.

“Es decepcionante que el parlamento, una vez más, apruebe un proyecto de ley que claramente contraviene varios derechos humanos básicos”, dijo Oryem Nyeko, investigador de la división de África de Human Rights Watch. “Esto solo abre la puerta a leyes más regresivas y a que se violen los derechos de las personas en todos los ámbitos. El presidente Museveni no debería consentirlo”, dijo.

El proyecto de ley contra la homosexualidad ha causado consternación internacional por los castigos extremos que conlleva.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo instó a no hacerlo, calificando la ley de draconiana y diciendo que su aprobación por parte de los legisladores fue “devastadora y profundamente perturbadora”.

Türk dijo: “La aprobación de este proyecto de ley discriminatorio, probablemente uno de los peores de su tipo en el mundo, es un acontecimiento profundamente preocupante. Esta ley, si entra en vigor, tendrá graves repercusiones negativas en la sociedad en su conjunto y erosionará los logros obtenidos a lo largo de los años”.

Continuó diciendo que la legislación podría abrir la puerta a la “violación sistémica” de los derechos humanos de casi todas las personas LGBTQ+ y servir para incitar a las personas entre sí. “Confunde las relaciones consentidas y no consentidas”, dijo, y agregó que las relaciones consentidas nunca deben criminalizarse y que se necesitan medidas basadas en evidencia para poner fin a la violencia sexual en todas sus formas. Este proyecto de ley será una gran distracción de tomar las medidas necesarias para poner fin a la violencia sexual”, dijo.

Türk también destacó que el proyecto de ley entraba en conflicto con la constitución de Uganda, que tenía disposiciones sobre igualdad y no discriminación, además de contrarrestar sus obligaciones legales internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible. “Promover la violencia y la discriminación contra las personas por lo que son y por lo que aman está mal y cualquier intento falso de justificar esto sobre la base de ‘valores’ debe denunciarse y condenarse”, agregó.

 La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos tiene serias preocupaciones sobre el nuevo proyecto de ley anti-LGBTQ+ de Uganda.

Jean-Pierre habló durante una conferencia de prensa el miércoles (22 de marzo), después de que el parlamento de Uganda aprobara la Ley.

“Si el [proyecto de ley] se convierte en ley y se promulga, afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y las [inversiones] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”, dijo Jean-Pierre.  “Es una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo. Los derechos humanos son universales, nadie debe ser atacado o encarcelado simplemente por ser quien es y a quien ama”.

La secretaria de prensa sugirió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si Uganda promulga el proyecto de ley. “Eso sería realmente desafortunado porque gran parte de la asistencia económica que proporcionamos a Uganda es asistencia sanitaria, y en gran parte a través [del plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA]”, continuó la secretaria de prensa. “Ciertamente estamos observando esto de cerca y tendremos que analizar si habría o no repercusiones, tal vez de manera económica, si esta ley se aprobara y promulgara”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

The Guardian/Cristianos Gays/Pink News

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Una entidad que defiende a las personas LGTBI+ afirma que una asociación formal con el gobierno canadiense ayudaría inmediatamente a evacuar a 300 refugiados afganos que están “listos para volar” pero “atrapados” en los países vecinos.

Pero hasta ahora, la respuesta del gobierno ha sido vaga y poco clara, dice Devon Matthews, director de programas de Rainbow Railroad, una entidad mundial sin ánimo de lucro que ayuda a las personas refugiadas LGTBI a ponerse a salvo, incluso mediante la reubicación de emergencia.

“Ciertamente estamos en comunicación con ellos. Pero lo que estamos buscando es un ‘Sí’ realmente sólido y afirmativo a la petición que tenemos para poder continuar el trabajo que estamos haciendo, y eso, todavía no lo hemos recibido”, dijo a NCM.

La petición, explica Matthews, es bastante sencilla. A través de su campaña “Safe Way Out”, la entidad se encarga de todo el trabajo preliminar: identificar, verificar y clasificar los casos, así como apoyar a las personas refugiadas mientras se finalizan sus trámites. En este momento, no están pidiendo fondos.

“Realmente sólo necesitamos la vía y el mecanismo y el compromiso del gobierno canadiense para permitirles la entrada en Canadá y ofrecerles opciones de reasentamiento una vez que estén aquí”, afirma.

Cuando se le preguntó si se comprometería con la asociación, un portavoz del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) dijo que “Rainbow Railroad no es un socio de remisión en este momento”.

Cuando se le preguntó por los 300 afganos que, según Matthews, están listos para volar, el portavoz Aidan Strickland señaló que “en Afganistán nos enfrentamos a obstáculos que no estaban presentes en otros esfuerzos de reasentamiento a gran escala”, que están “planteando retos importantes para el flete de vuelos”, como las recientes inundaciones en Pakistán. “Además, cada país establece sus propios requisitos de entrada y salida y determina cuándo y si estos requisitos se modifican”, escribió Strickland. “La ausencia de condiciones estables y las circunstancias siempre cambiantes en torno a los requisitos de documentación de salida afectan a nuestra capacidad de trasladar a las personas con rapidez”, continuó Strickland

“Para cada persona y familia que quiera viajar, debemos considerar si tiene los documentos adecuados y la capacidad para hacerlo. Seguimos trabajando individualmente con cada persona y grupo para verificar que tienen los documentos necesarios, y cooperamos con las autoridades de los países vecinos para facilitar el paso seguro y el viaje hacia Canadá.”

Strickland afirma que el departamento también ha “añadido más empleados y recursos” en Pakistán, y está “tramitando las solicitudes lo más rápidamente posible, tanto a distancia como digitalmente, a través de nuestra red de funcionarios de visados globales.”

Hasta ahora, Canadá ha acogido 14 vuelos fletados con refugiados afganos procedentes de Pakistán desde principios de año y más de 19.000 refugiados afganos desde la toma del poder por los talibanes hace un año.

En “triple riesgo”

Hasta la fecha, Rainbow Railroad ha ayudado a evacuar a más de 250 afganos LGTBI+, aunque Matthews afirma que, hasta el 15 de septiembre, 5.547 se han puesto en contacto con ellos pidiendo ayuda.

Los 300 que están “listos para volar” son personas que han conseguido salir de Afganistán y se encuentran actualmente en los vecinos Turquía, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos.

Pero como estos países también criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, siguen siendo “inseguros… y necesitan opciones de protección a largo plazo”, afirma Matthews. “Siguen estando en peligro, sólo que por personas diferentes en un contexto diferente”, dice. “Así que no hay ningún lugar al que huir”.

Los abusos pueden consistir en no recibir un trato justo por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (que es quien primero remite a los refugiados a Canadá); o incluso en que se les impida el acceso a un alojamiento seguro o a opciones de acampada, explica Matthews.

Un informe de enero de Human Rights Watch descubrió que los afganos LGTBI+ que se encuentran actualmente en países vecinos también corren el riesgo de enfrentarse a la pena de muerte, como en Irán. Lee el informe aquí.

Además, pueden ser devueltos para que se enfrenten a abusos a manos de los talibanes, ya que muchos “tienen visados caducados o de corta duración o llegaron sin visado, no tienen perspectivas realistas de prolongar su estancia legalmente y no pueden establecerse de forma permanente en el lugar donde se encuentran”, afirma el informe.

Aunque reconoce que todas las personas refugiadas se enfrentan a “una situación desesperada”, Matthews afirma que los miembros LGTBI corren un “triple riesgo porque son miembros de múltiples comunidades oprimidas que necesitan un apoyo especializado y comprensivo”.

Incluso antes de los talibanes, los afganos LGTBI+ solían ser condenados al ostracismo por sus familias y su comunidad. En el último año, dice Matthews, se ha producido “una verdadera escalada de amenazas, salidas públicas y violencia, incluso a nivel comunitario”.

El informe de HRW descubrió que las personas se han enfrentado a abusos “por parte de familiares, vecinos (sic) y parejas sentimentales que ahora apoyan a los talibanes o que creían que tenían que actuar contra las personas LGTBI cercanas a ellos para garantizar su propia seguridad”.

Por eso Matthews dice que sus casos necesitan tanto “priorización” como “especialización”. “El objetivo es que todas las personas que están siendo oprimidas dentro de estas comunidades reciban el acceso y las oportunidades que merecen”, afirma. “Pero las personas LGTBI+ se enfrentan sistemáticamente a amenazas continuas incluso después de huir (porque)… suelen huir a un país donde siguen siendo criminalizadas”.

Respuesta inadecuada

En 2019, el gobierno canadiense se asoció con Rainbow Refugee, otra entidad de asentamiento centrada en las personas LGTBI, para crear la Asociación de Asistencia a Refugiados Rainbow, “que apoyará a más canadienses en el patrocinio privado de refugiados LGTBI”, según un comunicado de prensa. Consulta el comunicado de prensa aquí. El programa proporciona “costes de puesta en marcha y 3 meses de apoyo”, afirma el sitio web.

Strickland afirma que “más de 200 personas refugiadas de la comunidad LGTBIQ+ han llegado a través de esta iniciativa. “En 2021, la asociación se amplió una vez más en respuesta a la crisis de Afganistán, proporcionando 150 plazas adicionales para las personas refugiadas LGTBI+ entre 2022 y 2024”, escribió Strickland.

Matthews aplaude el esfuerzo y reconoce su importancia, calificándolo de “buen complemento” con “algunos casos que ciertamente (entran) en esa… programación”.  Sin embargo, añade, en última instancia, esa asociación es “inadecuada” para hacer frente a la situación inmediata a la que se enfrentan los afganos.

Por ejemplo, en el marco de esa asociación, se tarda entre uno y tres años en tramitar los expedientes, lo que “no es una solución eficaz para la necesidad inmediata de la emergencia que estamos viviendo”.

Además, el hecho de centrarse en las personas refugiadas con patrocinio privado deja la carga de su reasentamiento en gran medida en las entidades de asentamiento. Eso puede costar entre 20.000 y 25.000 dólares por refugiado, explica Matthews, “y eso sólo cuando están en Canadá, por no hablar de los costes en el extranjero. Así que necesitamos que ambos compromisos se produzcan a la vez, porque sirven a comunidades diferentes”, subraya.

Más allá del simbolismo

En agosto, las personas refugiadas pertenecientes a la comunidad LGTBI+ encabezaron el Desfile del Orgullo de Calgary como mariscales por primera vez en la historia del evento.

Boban Stojanovic, director de los Servicios LGTBI+ del Centro para Recién Llegados, dijo que el acto contribuyó a dar “visibilidad y atención” a personas que a menudo son estigmatizadas dentro de sus propias comunidades étnicas a causa de su orientación sexual.

Matthews reconoce la importancia de esas “victorias, en sí mismas”, ya que “ayudan a que la gente sienta que puede verse a sí misma en esos movimientos”.

Pero subraya que la inclusión debe ir más allá de los gestos simbólicos si quiere conducir a un “cambio sistémico fundamental y transformador”; de lo contrario, es mera “palabrería”.“Si vamos a celebrar y defender a la comunidad en un movimiento del Orgullo en Canadá, también tenemos que celebrar y defender a la comunidad mientras se encuentra en  tuaciones extremas y en peligro en el extranjero”, afirma Matthews. “En realidad, (necesitamos) profundizar en los lugares en los que este trabajo es más difícil de realizar y conseguir compromisos allí, porque eso será lo más transformador”.

The Penticton Herald

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Se insta a la nueva primera ministra, Liz Truss, a que abandone el “mal concebido” plan de refugiados de Ruanda del gobierno.

En mayo, Boris Johnson anunció un nuevo pacto de inmigración para enviar por la fuerza a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen a través del Canal de la Mancha, y la entonces ministra del Interior, Priti Patel, voló a la nación del este de África para firmar el acuerdo.

Un primer vuelo previsto a Ruanda no pudo despegar tras una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio. El martes (6 de septiembre), un grupo de personas refugiadas presentó un recurso legal contra el pacto ante el Tribunal Superior, argumentando que el gobierno ignoró las pruebas de las atrocidades cometidas por Ruanda contra los derechos humanos.

Liz Truss, que se convirtió en primera ministra el martes, ha dicho que está “decidida a llevar a cabo la política de Ruanda hasta su plena aplicación, así como a explorar otros países en los que podamos trabajar en asociaciones similares”.

Suella Braverman, la nueva ministra del Interior, se ha comprometido a retirar a Gran Bretaña del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se utilizó para detener la huida de Ruanda.

Safe Place International, entidad sin ánimo de lucro que apoya a los solicitantes de asilo LGTBI+ en todo el mundo, considera que el acuerdo es totalmente inviable, poco ético y que no está a la altura de un país que muchos consideran “progresista”.

El director de comunicaciones Lebo Mncayi-Poloko, una persona no binaria de Sudáfrica, declaró a PinkNews: “El pacto de inmigración entre Gran Bretaña y Ruanda está mal concebido y contraviene en muchos aspectos una serie de declaraciones y tratados de derechos humanos de los que Gran Bretaña es signataria”.

Citaron el compromiso de Gran Bretaña con la Convención sobre los Refugiados de 1951 de las Naciones Unidas, que exige que los solicitantes de asilo no sean enviados por la fuerza a zonas inseguras.

Mncayi-Poloko añadió: “Me resulta inconcebible que un país que consideramos progresista en materia de derechos LGTBI+ se meta voluntariamente en la cama con un país que sigue criminalizando muchos aspectos de la comunidad LGTBI+”.

Aunque la homosexualidad no es ilegal en Ruanda, sigue habiendo discriminación. Muchos ocultan quiénes son para evitar ser golpeados, perder su trabajo, ser desalojados de sus casas o incluso ser encarcelados en virtud de las leyes de decencia pública.

Como parte de la política de deportación, las solicitudes de asilo se procesarían en Ruanda antes de ser reubicadas allí, algo que, según advierte Mncayi-Poloko, haría que las personas LGTBI+ salieran del armario.

Los centros de tramitación se convertirían probablemente en focos de odio, y las personas trans se enfrentarían a la violencia en espacios de un solo sexo, como los baños, mientras que muchos homosexuales y bisexuales volverían a encerrarse para mantenerse a salvo.

Mncayi-Poloko dijo que esto es razón suficiente para que se replantee la política, y desde luego no se reproduzca. “Los derechos LGTBI+ no están reconocidos ni protegidos en Ruanda, y un acuerdo como éste sienta un precedente muy peligroso que sólo puede hacer más daño que bien”, añadió Mncayi-Poloko. “Esto podría suponer un sinfín de problemas de seguridad para las ciudadanías africanas que buscaran asilo en territorio británico”.

Que ser gay sea legal no significa que sea seguro, advierte un activista de los refugiados

En abril, un ministro del Ministerio del Interior afirmó que Ruanda ha dado “enormes pasos adelante en las últimas tres décadas”, y defendió el historial de derechos LGTBI+ del país de las críticas que consideraba basadas en “estereotipos”.

Esto es así a pesar de que el Ministerio del Interior admite que hay pruebas de que las personas refugiadas LGTBI podrían sufrir persecución en el país.

Gagotheko Mothai, líder de la comunidad no binaria con sede en Maun (Botsuana), dijo a PinkNews que el gobierno británico no puede tomar las leyes de un país al pie de la letra, como hizo con Ruanda.

Como ejemplo, dijo que su país de origen ha visto “nuevas leyes progresistas en torno al género y la sexualidad”, pero “sigue siendo una sociedad mayoritariamente conservadora y heteronormativa a la que le cuesta imaginar algo más allá de lo binario”.

“Vivimos con el temor constante de ser rechazados por nuestras familias, nuestras iglesias y, de hecho, otros sectores de la sociedad. Como persona no binaria, a menudo me siento invisible y desapercibida. Por tanto, estoy en una lucha constante para que mis derechos, mi seguridad y mi libertad sean reconocidos y respetados”.
Aunque Mothai ha prometido quedarse en Botsuana para hacer lo que pueda para luchar, no todos tienen esa opción.

Como recordó Mncayi-Poloko: “Una historia que se me queda especialmente grabada es la de una joven lesbiana que fue violada repetidamente por la policía fronteriza en el centro de detención del país receptor. Contrajo el VIH a causa de esa experiencia y murió por suicidio tres años después”.

“Un día cualquiera me encuentro con historias de asesinatos, violaciones en grupo, mutilaciones y muchas otras atrocidades perpetradas contra las comunidades LGTBI+ de todo el mundo, a menudo con impunidad”.

Si Truss y Braverman necesitan inspiración, Mncayi-Poloko dijo que pueden mirar a Francia y Bélgica. Ambas naciones han sido “excelentes a la hora de dar prioridad a las evaluaciones e intervenciones médicas y de salud mental para los solicitantes de asilo LGTBI+. También han mostrado conciencia y sensibilidad hacia las amenazas únicas que experimentan los solicitantes de asilo LGTBI+ y han acelerado regularmente la tramitación de estos casos”, añadieron.

A cualquier persona LGTBI que esté pensando en solicitar asilo, Mothai dijo: “Mi consejo sería: Poned siempre vuestra seguridad en primer lugar, investigad, contactad y poneos en contacto con algunas organizaciones LGTBI del país”.

Fuente Pink News

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El Ministerio de Salud de Vietnam ha declarado que ser LGBTQ+ “no es una enfermedad” en un gran paso adelante para los derechos queer en el país.

El Ministerio de Salud de la nación dijo en un documento oficial publicado en agosto que ser LGBTQ+ “no es del todo una enfermedad” y “no se puede ‘curar’ ni necesita ser ‘curado’ y no se puede convertir de ninguna manera”.

Instó a los profesionales médicos a tratar a las personas LGBTQ+ con respeto. El Ministerio de Salud también condenó enérgicamente la práctica pseudocientífica y traumática de la terapia de conversión.

La directiva les decía a los profesionales médicos que no “interfirieran ni forzaran el tratamiento de estos grupos”. Si se necesita algún apoyo, el Ministerio de Salud aconsejó que sea en “forma de asistencia psicológica y realizada solo por aquellos que tienen el conocimiento de la identidad sexual”.

La nueva directiva de Vietnam se produjo después de la incansable defensa de los activistas de derechos LGBTQ+ en la nación del sudeste asiático.

Phong Vuong, el gerente del programa de derechos LGBTI en el Instituto de Estudios de la Sociedad, la Economía y el Medio Ambiente (iSEE), le dijo aAl Jazeera que ver el anuncio fue “como un sueño”.

“Es algo que nunca pensamos que sucedería, y mucho menos que provenga de la fuente más confiable de información médica en Vietnam… Creo que el impacto en la juventud queer será muy, muy evidente”, dijo Vuong.

Los activistas describieron la nueva directiva como un paso adelante fundamental, ya que afirma que ser LGBTQ+ “no es algo que se pueda arreglar”.

Vuong agregó que fue un paso crítico hacia adelante, ya que afirma que ser LGBTQ+ “no es algo que se pueda arreglar”.

“Cuando un niño queer es llevado a un centro médico… si lo saben, pueden usarlo para defenderse”, dijo Vuong.

Kyle Knight, investigador sénior de salud y derechos LGBT de Human Rights Watch, dijo que el reconocimiento de que la orientación sexual y la identidad de género no son enfermedades sin duda “brindará alivio” a innumerables personas LGTBIQ+ y sus familias en Vietnam.

“Las personas LGBT en Vietnam merecen acceso a información y servicios de salud sin discriminación, y la nueva directiva del Ministerio de Salud es un gran paso en la dirección correcta”, dijo Knight.

Knight dijo que el Ministerio de Salud de Vietnam ahora ha “impulsado los derechos fundamentales” y que las personas LGBTQ+ ahora tienen una “base cada vez más firme para expresarse sin miedo a las reacciones negativas”.

A raíz de la nueva directiva, iSEE y el grupo de derechos LGBTQ+ ICS Center están presionando por una legislación que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo en Vietnam. La Campaña Tôi Đồng Ý, o Estoy de acuerdo, se lanzó el 10 de agosto y ya superó su objetivo inicial de 250.000 firmas.

“Ha sido genial participar y ser testigo de esto”, dijo a Al Jazeera Dieu Anh Nguyen, que trabaja para ICS en la ciudad de Ho Chi Minh. “Creo que básicamente estamos haciendo historia”.

Fuente Pink News

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La policía de Maldivas ha detenido a 4 hombres e investiga a otros 34 relacionados con la grabación en vídeo de relaciones homosexuales. Los detenidos se enfrentan a penas de prisión de hasta ocho años y, posiblemente, a recibir 100 latigazos en aplicación de la sharía o ley islámica. Entre los detenidos e investigados se encuentran figuras relevantes de la política y la sociedad de Maldivas. Desde organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch se denuncia que la motivación real de las detenciones se debe a la presión de grupos extremistas islámicos.

El pasado mes de julio se produjo la detención del ciudadano bangladesí MD Alamgiri, que había publicado en redes sociales imágenes en vídeo en las que mantenía relaciones sexuales con tres hombres diferentes. La finalidad, según la investigación policial, sería la extorsión. Una vez identificados los hombres que aparecían en las imágenes, se procedió a su arresto. Entre los detenidos, además de Alamgiri, se encuentran Nazim Abdul Sattar, hermano del actual presidente del Parlamento maldivo y expresidente del Gobierno Mohamed Nasheed, y un funcionario del Departamento de Control de Drogas de la Policía.

Según informaba el comisario de Policía encargado del caso, Mohamed Hameed, en los vídeos incautados a Alamgiri se ha identificado de momento a otros 34 hombres, aunque el total de personas que aparecen en los mismos supera las 250. La intención de Hameed es la de detener por ahora al resto de 34 hombres ya identificados y posteriormente a todos aquellos que sean reconocidos. Como algunos de los investigados son de nacionalidad extranjera, se ha procedido a retirar un total de 18 pasaportes. También ha sido destituido un asesor principal del Centro para el Sagrado Corán y han sido cesados un empleado del Parlamento, un empleado de Aduanas, un profesor y un imán. «El proceso para identificar a los implicados y tomar medidas contra ellos está en marcha en varias fases. Por lo tanto, no podemos decir cuándo concluirá la investigación. Una vez que se completen los casos, los enviaremos a la Fiscalía General para que se presenten cargos», concluía Hameed. Los detenidos se enfrentan a las penas de prisión establecidas en el Código Penal más el castigo corporal correspondiente en aplicación de la sharía o ley islámica.

El informe de ILGA detalla la legislación en Maldivas respecto a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo de la siguiente manera:

El artículo 411 (a) (2) del Código Penal (Ley No. 6) (2014) tipifica como delito el «coito ilícito», que se comete cuando una persona mantiene actos sexuales con una persona del mismo sexo.

«Coito entre personas del mismo sexo» se define como: a) La inserción por parte de un hombre de su órgano sexual o de cualquier otro objeto en el ano de otro hombre para su satisfacción sexual; o la inserción en la boca de otro hombre del pene de un hombre; o b) La inserción de un órgano de una mujer o de cualquier objeto en la vagina o el ano de otra mujer para su satisfacción sexual.

Los delitos tipificados en este artículo van desde los delitos menores de Clase 1 hasta los delitos graves de Clase 3 que conllevan una pena de prisión de entre seis meses y ocho años. También pueden resultar en un castigo adicional de 100 latigazos.

El artículo 412 (c) del Código Penal tipifica como delito el «contacto sexual ilícito» con una persona del mismo sexo, lo que incluye actos indecentes para obtener satisfacción sexual, distintos de los previstos en el artículo 411 (a) (2). Los delitos tipificados en este artículo van desde los delitos menores de Clase 1 hasta los delitos graves de Clase 3 que conllevan una pena de cárcel de entre seis meses y ocho años

Para Human Rights Watch, existe una relación entre estas detenciones y la presión ejercida por grupos extremistas islámicos. Líderes de estos grupos habían protestado públicamente por que se hubieran difundido los vídeos de contenido homosexual sin que se produjera ningún arresto, mientras algunos de sus miembros permanecían detenidos por sus ataques en la celebración del Día Internacional del Yoga, al que consideran una celebración de la idolatría y el politeísmo.

Graeme Reid, director del Programa de Derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales de Human Rights Watch, emitía el siguiente comunicado: «Las autoridades de Maldivas deberían abandonar inmediatamente las investigaciones injustas y aparentemente motivadas políticamente, y en su lugar acatar las normas internacionales sobre protección de derechos. El Gobierno debe derogar las leyes que penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, que discriminan a los ciudadanos gais, lesbianas, bisexuales y transexuales, a los inmigrantes y a los turistas, y son una receta para el abuso. La detención de cuatro hombres por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo muestra la naturaleza arbitraria de estas leyes discriminatorias. Las leyes dejan a la gente expuesta al chantaje y a otros abusos, y se convierten fácilmente en una herramienta política en la que los procesados se llevan la peor parte. El gobierno debe derogar las leyes inmediatamente».

Fuente Dosmanzanas

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Necesidad de reconocimiento legal de la identidad de género en El Salvador

Se debe acatar la decisión de la Corte Suprema y crear un mecanismo de reconocimiento legal de la identidad de género

Descargar el informe completo en Español

General, Homofobia/ Transfobia. Bianka Rodríguez, COMCAVIS-TRANS, Cristian González Cabrera, El Salvador, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Ley de Identidad de Género, Personas trans

Las personas LGTBI en Malasia están siendo enviadas a una terapia de conversión aprobada por el gobierno para “curarlas” o “rehabilitarlas”, según un nuevo informe.

Los funcionarios del gobierno han creado activamente una sociedad anti-LGBTQ+ que utiliza el sistema de justicia penal y los centros de rehabilitación para socavar los derechos LGBTQ+, según un nuevo informe de Human Rights Watch and Justice for Sisters.

El informe encontró que los fondos del gobierno de Malasia en retiros de terapia de conversión aprobados por el estado llamados Mukhayyam, cuyo objetivo es cambiar la orientación sexual de los participantes. Desde junio de 2021, 1.733 personas han asistido a estos programas, según el informe.

Un entrevistado, Farah, relató su experiencia en un Mukhyyam, declarando en el informe: “Hablan sobre la belleza de la naturaleza, y nos piden que estemos agradecidos, y al final del programa usan su psicología … para decir que ‘Así que esta es tu naturaleza, así que tienes que volver a la naturaleza ‘”.

Thilaga Sulathireh, cofundadora de Justice for Sisters, dijo: “Los programas, mientras se enmarcan como compasivos, internalizan la discriminación social y estructural y fomentan los odiosos entre LGBTQ y las personas diversas de género y la hostilidad entre el resto de la población”.

El informe también encontró que el enfoque de los retiros para las discusiones sobre el VIH fue inquietante.

Farah dijo que los líderes mostraron una presentación de diapositivas de un grupo sobre personas que viven con el VIH, mostrando a las personas con fotografías. Farah dijo que estaban conmocionados en una sesión sobre arrepentimiento, diciendo que no fue hecho para educar, sino que era para infundir temor.

En otro caso, una mujer transgénero describió su experiencia en un centro de terapia de conversión y cómo un terapeuta le había dicho que necesitaba “reclamar su masculinidad”, diciendo que “tenía una crisis de identidad debido a su linaje de raza mixta”.

Una mujer fue aconsejada por un profesional de la salud mental “experimentar el sexo con una trabajadora sexual para tratar su identidad de género”.

En marzo de 2022, el gobierno de Malasia desarrolló una aplicación que afirmaba poder ayudar a LGBTQ+ personas a “abandonar el comportamiento homosexual” y “volver a la naturaleza”. Google lo eliminó rápidamente.

Una mujer queer, llamada solo como Amira, dijo en el informe: “Si el gobierno simplemente deja de hablar de personas LGBT, eso ya sería una gran cosa. Están hablando con una nación que ya tiene su propia fobia, y refuerzan su fobia “.

El activista transgénero de hace mucho tiempo, Manis Chen, dijo que el gobierno “bombea mucho dinero para combatir los [derechos] LGBT“, y agregó: “Imponen sus creencias”.

Escalada de LGTBfobia pese al cambio político en Malasia

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían en septiembre de 2018 seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa. Y en 209, el ministro de turismo Datuk Mohamaddin bin Ketapi  afirmaba en un evento en Alemania, que “No hay gays en Malasia”.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año 2017, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de 2018 nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual. En 2021, una mujer trans enfrenta años de prisión por usar ropa de mujer .

Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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La ministra del Interior de Gran Bretaña, Priti Patel, ha tenido durante mucho tiempo un enfoque de línea dura hacia la inmigración. (PAUL ELLIS / POOL / AFP)

El arzobispo de Canterbury critica que Londres quiera deportar a los inmigrantes a Ruanda “Esto es lo opuesto a la naturaleza de Dios”

11 de junio de 2022

Apreciada Ministra del Interior,

Re: Acuerdo de Asociación para el Asilo entre el Reino Unido y Ruanda y Expulsiones a Ruanda

Le escribimos para expresar nuestra grave preocupación por el plan del gobierno británico de expulsar a Ruanda a las personas que solicitan asilo en el Reino Unido a través de vías irregulares, de acuerdo con el Acuerdo de Asociación para el Asilo, y para instar enérgicamente al gobierno a rescindir el plan y no proceder a las primeras expulsiones previstas para el 14 de junio de 2022.

Los solicitantes de asilo enviados a Ruanda serán procesados bajo el sistema de asilo de Ruanda y, si son reconocidos como refugiados, se les concederá el estatus de refugiado en ese país, mientras que Ruanda se encargará de las solicitudes rechazadas. Por principio, estas expulsiones y la denegación del acceso al asilo en su propio territorio constituyen una clara abrogación de las responsabilidades y obligaciones internacionales del Reino Unido para con los solicitantes de asilo y las personas refugiadas. El Reino Unido está tratando de trasladar por completo sus responsabilidades en materia de asilo a otro país, actuando en contra del objeto y el propósito de la Convención sobre los Refugiados de 1951 (una convención que el Reino Unido ayudó a redactar) y de sus compromisos de reparto de responsabilidades a nivel mundial, y amenazando el régimen internacional de protección de los refugiados.

No se puede considerar a Ruanda como un tercer país seguro al que enviar a los solicitantes de asilo, ya que Human Rights Watch y otros actores, incluido el Gobierno de Estados Unidos, han informado habitualmente sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Ruanda. El gobierno del Reino Unido es consciente de ello, ya que el año pasado denunció el historial de derechos humanos de Ruanda durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, instando a “Ruanda a modelar los valores de la Commonwealth de democracia, estado de derecho y respeto a los derechos humanos”. Ruanda se enfrentó a fuertes críticas de países de todas las regiones.

La secretaria británica, Priti Patel (c), visitó Kigali, donde se detuvieron una docena de personas LGBT + personas el año pasado por las autoridades. (Agencia Cyril Ndegeya / Anadolu a través de Getty Images)

Desde 1994 y el genocidio ruandés, Human Rights Watch ha estado supervisando, documentando y evaluando las condiciones de los derechos humanos en el país. A día de hoy, en Ruanda siguen produciéndose graves violaciones de los derechos humanos, como la represión de la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la tortura por parte de las autoridades ruandesas. Esto pone en duda y socava gravemente la valoración que hace el gobierno de Ruanda como país seguro para enviar a los solicitantes de asilo y a las personas refugiadas, tal y como se recoge en sus notas informativas y de política de país recientemente publicadas y en la evaluación de impacto sobre la igualdad.

Detención arbitraria de personas pobres y vulnerables

La detención arbitraria, los malos tratos y la tortura en los centros de detención oficiales y no oficiales son habituales en Ruanda. Desde 2010, Human Rights Watch ha documentado ampliamente el uso de la detención ilegal y la tortura en casas de seguridad y otras instalaciones, como el campamento militar de Kami, Kwa Gacinya y el Centro de Tránsito de Gikondo, y ha solicitado su cierre. El acorralamiento, la detención arbitraria y los malos tratos en Gikondo por parte de las autoridades ruandesas a los niños de la calle, los vendedores ambulantes, los trabajadores del sexo, las personas sin hogar y los mendigos han sido bien documentados por Human Rights Watch desde 2006, y condenados por la Comisión de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en febrero de 2020. El gobierno del Reino Unido reconoce en su evaluación de Ruanda que hay informes de personas calificadas como “delincuentes” que son detenidas arbitrariamente, pero señala que éstos se remontan a nuestro informe de 2020 sobre la detención abusiva de niños de la calle en Ruanda. Basándonos en nuestra experiencia y conocimiento de esta cuestión, tras haberla rastreado durante más de 15 años, y en las convincentes pruebas acumuladas sobre el comportamiento de las autoridades, no nos cabe duda de que existe un riesgo real, incluso una probabilidad, de que los pobres y otras personas acusadas de comportamientos “desviados”, incluidos los solicitantes de asilo, sean objeto de pautas de abuso similares.

Violaciones de la libertad de expresión, detención arbitraria y tortura

El gobierno británico afirma que, a pesar de algunas restricciones a la libertad de expresión o a la libertad de asociación, es poco probable que los solicitantes de asilo enviados a Ruanda se enfrenten a un riesgo real de ser sometidos a un trato contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno afirma que, tras consultar fuentes y revisar material de libre acceso, está convencido de que los solicitantes de asilo o las personas refugiadas no son un objetivo específico. Al descartar sumariamente las pruebas de que las personas refugiadas han sido efectivamente maltratadas, el gobierno afirma que “no parece ser una situación común o que se repita regularmente”. Tal apreciación caracteriza de forma totalmente errónea la realidad de Ruanda, donde las personas refugiadas se han enfrentado a abusos por protestar pacíficamente por sus condiciones. En 2018, al menos doce refugiados de la República Democrática del Congo murieron después de que la policía disparara con munición real contra los refugiados desarmados que protestaban por un recorte en las raciones de alimentos. La policía ruandesa detuvo a más de 60 refugiados y los juzgó por participar en manifestaciones ilegales, rebelión y difusión de información falsa para crear una “opinión internacional hostil” de Ruanda, un delito tipificado en el Código Penal ruandés. Como lo resumió una de las personas refugiadas de Burundi que vive en Ruanda: “La vida en Ruanda está bien mientras mantengas la boca cerrada”.

Nos preocupa profundamente que los solicitantes de asilo corran el riesgo de sufrir abusos si hablan de su trato o de sus condiciones en Ruanda, o que se vean obligados a autocensurarse, incluso ante la Comisión de Seguimiento propuesta, prevista en el Acuerdo de Asociación para el Asilo. El espacio para la oposición política, la sociedad civil y los medios de comunicación está cerrado, y el gobierno ruandés sigue reprimiendo las voces disidentes y críticas y persiguiendo a quienes son percibidos como una amenaza para el gobierno y a sus miembros. En marzo de 2022, informamos sobre la persecución en curso de periodistas y comentaristas de los medios sociales, incluyendo la desaparición, las detenciones o las amenazas contra varios críticos de alto nivel, miembros de la oposición y comentaristas que utilizan los medios sociales o YouTube para expresarse.

El 30 de mayo, un conocido comentarista, encarcelado por sus críticas al partido gobernante de Ruanda, declaró ante los tribunales que estaba siendo torturado en prisión, mediante palizas y privación de sueño. El juez ignoró las alegaciones y no ordenó ninguna investigación al respecto, como suele ocurrir en Ruanda. Anteriormente, en marzo de 2021, Human Rights Watch documentó el patrón continuo de amenazas, persecuciones y una sospechosa desaparición de personas que hablan sobre temas de actualidad y critican las políticas públicas.

La falta de independencia del poder judicial y la incapacidad de investigar los abusos

El poder judicial ruandés adolece de falta de independencia, debido a la manipulación del sistema judicial por parte del gobierno, y las normas sobre juicios justos se incumplen de forma rutinaria, especialmente en casos políticamente sensibles. Human Rights Watch ha supervisado varios juicios en los que los acusados afirmaron haber sido torturados para que firmaran confesiones tras su detención, o que sus comunicaciones privilegiadas con su abogado fueron interceptadas. Los jueces no ordenaron la investigación de las acusaciones en todas las ocasiones.

El gobierno ruandés no lleva a cabo sistemáticamente investigaciones efectivas sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, ni enjuicia a los presuntos autores. Esto no es sorprendente, y es poco probable que cambie, dadas las pruebas creíbles de la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en estos abusos. Esto ha creado un clima de miedo entre la población, y de impunidad entre los abusadores. En particular, las autoridades no han llevado a cabo una investigación creíble ni han garantizado la rendición de cuentas por la muerte bajo custodia policial del conocido activista y cantante Kizito Mihigo. En muchos casos, las autoridades ruandesas han obstruido activamente la justicia al dirigirse a las víctimas y a los testigos para evitar que busquen justicia.

A pesar de estos continuos abusos, el gobierno británico afirma que en Ruanda existe el derecho a un recurso práctico y efectivo. Dado el contexto políticamente delicado del acuerdo entre los gobiernos del Reino Unido y Ruanda, y el historial de Ruanda, es poco probable que las autoridades ruandesas investiguen eficazmente cualquier posible acusación de maltrato a los solicitantes de asilo, o que el sistema judicial sea lo suficientemente independiente para proporcionar la necesaria supervisión y responsabilidad de las acciones del gobierno.

Ruandeses sentados en el Centro de Tránsito de Gikondo en 2015.(STEPHANIE AGLIETTI/AFP a través de Getty Images) 

También tenemos serias dudas sobre la capacidad de la Comisión de Seguimiento propuesta para supervisar eficazmente los abusos de los derechos humanos. En 2018, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura se vio obligado a cancelar su visita a Ruanda -la primera vez que lo hace- alegando la obstrucción de las autoridades y el temor a las represalias contra los entrevistados. Desde entonces no han vuelto.

Abusos y riesgos para las personas LGTBI

En 2021, documentamos cómo las autoridades detuvieron arbitrariamente, acosaron, insultaron y golpearon a nueve personas trans o gays en el Centro de Tránsito de Gikondo, en Kigali. Los entrevistados dijeron que habían sido objeto de ataques debido a su orientación sexual o identidad de género y que se les había tratado peor que a otros detenidos, ya que los agentes de policía o los guardias los acusaban de ser vagabundos, ladrones o delincuentes y los mantenían en una sala reservada para hombres “delincuentes”. En la práctica, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans se enfrentan al estigma en Ruanda. Por ello, los solicitantes de asilo y las personas refugiadas de este perfil corren un riesgo especial. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido afirmó que el trato que reciben las personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género no es lo suficientemente grave en Ruanda como para suponer un riesgo real de malos tratos contrario al artículo 3, aunque señaló que la situación puede ser diferente para las personas trans.

Evaluación de Ruanda como país seguro

Hemos estudiado detenidamente los detalles del Acuerdo de Asociación para el Asilo y sigue sin estar claro cómo el gobierno del Reino Unido realizó su evaluación y llegó a la conclusión de que Ruanda cumple los criterios de un tercer país seguro al que expulsar a los solicitantes de asilo. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta la represión de la disidencia y de las voces críticas y el hecho de que la sociedad civil independiente y los medios de comunicación se enfrentan al acoso, los ataques y las amenazas, lo que lleva en algunos casos a la autocensura, mientras que el espacio represivo y cerrado hace que las organizaciones de derechos humanos, incluida Human Rights Watch, experimenten inmensos obstáculos para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno en Ruanda. Esto pone en duda la credibilidad de la evaluación del gobierno.

Human Rights Watch opina que Ruanda no es un tercer país seguro, basándose en su investigación en el país y en las pruebas expuestas anteriormente, y que, dado el contexto, no hay forma de aplicar una supervisión eficaz para garantizar que los solicitantes de asilo expulsados allí no sean víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Le agradecemos su consideración.

Atentamente,

Yasmine Ahmed

Directora del Reino Unido, Human Rights Watch

Lewis Mudge

Director de África Central, Human Rights Watch

Fuente Human Rights Watch

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Las muertes de personas LGTBI en Afganistán podrían haberse evitado si los gobiernos occidentales hubieran dado prioridad a su evacuación tras la caída del país en manos de los talibanes, han afirmado los activistas.

Esto se produce después de que un nuevo informe de Human Rights Watch y OutRight Action International descubriera que la vida de los afganos LGTBI ha “empeorado drásticamente” tras la violenta toma del poder por parte de los talibanes el pasado agosto.

Nemat Sadat, uno de los primeros afganos nativos que salió a la luz públicamente como gay, dijo a TLE que gran parte de la comunidad ha pasado los últimos ocho meses bajo “arresto domiciliario” autoimpuesto para evitar su captura, pero advirtió que el riesgo de ser capturado por las autoridades se había intensificado. “Lo que me irrita es que esto podría haberse evitado. Si la comunidad internacional y el poder hubieran escuchado mi llamamiento y hubieran dado prioridad a la evacuación y el reasentamiento de las 1.000 personas LGTBI más amenazadas de Afganistán”, dijo.

No sobrevivirán

Con los nombres de 1.075 personas actualmente en su lista, Sadat ha pasado los últimos siete meses organizando de forma independiente las evacuaciones de algunos de los más vulnerables de Afganistán, aunque, para algunos, el tiempo se está acabando.

Dijo: “Puedo suponer que las 49 personas que no responden a mis correos electrónicos y llamadas telefónicas están desaparecidas o muertas, a menos que hayan desconectado su servicio de móvil e Internet porque ya no pueden permitirse mantenerlo activo.

“La mayoría de las personas LGTBI de mi lista sufren inseguridad alimentaria y han sido torturadas repetidamente. Aproximadamente una cuarta parte ha sufrido una o más agresiones físicas desde la toma del poder por los talibanes.

“Mi estimación es que la mayoría de las personas LGTBI de Afganistán estarán muertas dentro de dos años. No sobrevivirán a la brutalidad punitiva de los talibanes contra ellos”.

Sus comentarios se producen tras una respuesta a una solicitud de libertad de información que reveló que, desde octubre del año pasado, el gobierno sólo ha aceptado a 62 afganos LGTBI, de los cuales sólo dos son transgénero.

El año pasado, el gobierno anunció que un grupo de 29 afganos LGTBI se había instalado en el Reino Unido, y dijo que esperaba que la primera llegada fuera la “primera de muchas” que pudieran empezar una nueva vida.

Diseñado para proteger a las mujeres y los niños, así como a las minorías religiosas y de otro tipo, el Plan de Reasentamiento de Ciudadanos Afganos permitirá a 5.000 afganos establecerse en el Reino Unido, con un objetivo total a largo plazo de 20.000.

“No se ha cumplido”

Sin embargo, el destacado activista de los derechos LGTBI, Peter Tatchell, acusó al gobierno de no haber “cumplido su promesa” de proporcionar un refugio seguro a los afganos LGTBI, y pidió a la comunidad internacional que aumentara su apoyo.

“El Reino Unido y otras naciones occidentales prometieron mucho y han hecho muy poco. Es una traición vergonzosa a sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Refugiados que han firmado y se han comprometido a cumplir. Lo que se necesita es el compromiso de los gobiernos occidentales de asumir cada uno una parte de los afganos LGTBI vulnerables y en riesgo. Pero esto no está ocurriendo. EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia y la UE sólo se han hecho cargo de un puñado”, dijo.

Sadat añadió: “Si se comparan las 62 personas con las 1.075 de mi lista, diría que es una vergüenza. Cualquiera de los principales países occidentales, Francia, Alemania, Estados Unidos o Reino Unido, podría haber reasentado fácilmente a las 1.000 personas LGTBI de Afganistán. No era una prioridad para ellos. Salvar a las personas LGTBI+ no es tan importante, en su opinión, como rescatar a los heterosexuales. Deberían haber trabajado directamente conmigo, haber escuchado mis peticiones y haberse coordinado conmigo para trabajar en su reasentamiento”.

Un afgano transgénero que sigue atrapado en Kabul, dijo a TLE que la vida se ha vuelto tan peligrosa desde la toma del poder por los talibanes que no tienen “ninguna esperanza de vivir”. “Siento el peligro en el exterior. Solía trabajar como diseñadora de vestidos en los medios de comunicación: Arreglaba vestidos para los cantantes y organizaba programas privados, pero los talibanes dijeron que los LGTBI no están en el Islam, por lo que hay que matarlos. “Vivía en Jalalabad antes de que los talibanes vinieran con amenazas, así que me trasladé a Kabul. Estoy en peligro las 24 horas del día y no puedo trabajar, lo que me está causando problemas económicos. Siento que nadie me ayuda. He solicitado ayuda a muchas organizaciones”.

‘Condiciones terribles’

Sus comentarios se producen tras una entrevista en la que un juez talibán confirmó que los hombres homosexuales serán ejecutados derribando muros sobre ellos una vez que la entidad militante vuelva al poder.

Un informe del Departamento de Justicia de 2009 señalaba que “no hay constancia de que se hayan dictado sentencias de muerte tras el fin del régimen talibán, pero… esto sigue siendo técnicamente posible” según el derecho penal del país.

Según Artemis Akbary, fundador de la Organización LGTBI Afgana, la mayoría de los países europeos han hecho “muy poco” por los afganos LGTBI, que siguen viviendo en “condiciones terribles”.

Dijo a TLE: “Han defraudado a las personas LGTBI dentro de Afganistán, porque cuando los talibanes tomaron el poder, la mayoría de la comunidad LGTBI tenía esperanzas; esperanzas de que los países occidentales les ayudaran.

“Muchos de los países europeos, especialmente Alemania, Canadá y Gran Bretaña, dijeron que aceptarían a los afganos LGTBI. Les di una lista de nombres, pero sólo unos pocos han sido reubicados mientras el resto sigue atrapado.

“Pero, por desgracia, no lo hicieron, porque la guerra empezó en Ucrania. Creo que se están centrando en Ucrania. Han cerrado los ojos a Afganistán y a las muchas personas que han quedado atrás. Creo que eso es realmente terrible.

“Los talibanes no han cambiado, se han vuelto aún más peligrosos. Ahora mismo la situación de las personas LGTBI se ha vuelto más difícil, especialmente para las lesbianas y los bisexuales, porque ahora mismo las mujeres no pueden ir a otra ciudad sin un marido”.

Fuente: The London Economic, vía KifKif

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