Presidente Yoweri Museveni

Parlamentarios de Uganda aprueban proyecto de ley que impone la pena de muerte por homosexualidad

Activistas de derechos humanos condenan proyecto de ley que introduce penas capitales y cadena perpetua 

La ONU insta al presidente de Uganda a bloquear el “inquietante” proyecto de ley LGBTQ+ que introduce la pena de muerte

La Casa Blanca sugiere que Uganda podría enfrentar sanciones si el proyecto de ley de prohibición ‘extrema’ LGBTQ+ se convierte en ley

Los parlamentarios de Uganda aprobaron un controvertido proyecto de ley anti-LGBTQ+, que haría que los actos homosexuales se castigaran con la muerte, lo que atrajo una fuerte condena de los activistas por los derechos. El proyecto de ley contra la homosexualidad, que fue aprobado por el parlamento de Uganda el martes (21 de marzo), hará que sea ilegal identificarse simplemente como LGBTQ. Cualquier persona declarada culpable bajo la ley propuesta podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. También se esperaría que los amigos y familiares entreguen a las personas LGBTQ+ si tuvieran una relación del mismo sexo.

Todos menos dos de los 389 legisladores votaron a última hora del martes a favor del proyecto de ley de línea dura contra la homosexualidad, que introduce penas capitales y de cadena perpetua para el sexo gay y el “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” entre personas del mismo sexo.

La pena de muerte también es posible en virtud de la legislación para quienes sean declarados culpables de “homosexualidad agravada”, refiriéndose a violación, abuso sexual infantil o incesto. “Una persona que comete el delito de homosexualidad agravada y es responsable, en caso de condena, de sufrir la muerte”, dice el proyecto de ley presentado por Robina Rwakoojo, presidenta de asuntos legales y parlamentarios.

Los aliados de la comunidad LBGTQ+ podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, y las personas tienen el deber de denunciar a las autoridades a las personas que tienen relaciones del mismo sexo. Habiendo sido votado por el parlamento, el proyecto de ley está listo para que el presidente Yoweri Museveni lo promulgue. El proyecto de ley, después de haber sido aprobado por el parlamento, ahora se encuentra en el escritorio del presidente Yoweri Museveni.

Solo dos diputados del partido gobernante, Fox Odoi-Oywelowo y Paul Kwizera Bucyana, se opusieron a la nueva legislación.

“El proyecto de ley está mal concebido, contiene disposiciones que son inconstitucionales, revierte los logros registrados en la lucha contra la violencia de género y criminaliza a las personas en lugar de conductas que contravienen todas las normas legales conocidas”, dijo Odoi-Oywelowo. “El proyecto de ley no introduce ningún valor agregado al libro de estatutos y al marco legislativo disponible”, dijo.

Una versión anterior del proyecto de ley provocó críticas internacionales generalizadas y luego fue anulada por el tribunal constitucional de Uganda por motivos de procedimiento. El proyecto de ley ahora irá al presidente Yoweri Museveni, quien puede vetarlo o convertirlo en ley. En un discurso reciente, pareció expresar su apoyo al proyecto de ley.

 Momento en que los parlamentarios de Uganda aprueban un proyecto de ley anti-LGBTQ+ – video
derechos LGBTQ+

Un parlamentario en la cámara, John Musila, usó una toga que decía: “Di no al homosexualismo, lesbianismo, gay”.

Cuando se presentó el proyecto de ley al parlamento de Uganda, Anita Among instó a otros parlamentarios a rechazar la intimidación, particularmente de los países occidentales.

Asuman Basalirwa, quien presentó el proyecto de ley, dijo que su objetivo era “proteger la cultura de nuestra iglesia, los valores familiares legales, religiosos y tradicionales de los ugandeses de los actos que probablemente promuevan la promiscuidad sexual en este país”.

Otra parlamentaria, Sarah Opendi, sugirió que los hombres homosexuales fueran castrados y que la cadena perpetua “no era adecuada” porque un hombre homosexual podría “seguir viviendo su vida, tal vez incluso continuar con la homosexualidad en prisión”.

El proyecto de ley marca el último de una serie de retrocesos para los derechos LGBTQ+ en África, donde la homosexualidad es ilegal en la mayoría de los países. En Uganda, un país cristiano en gran parte conservador, el sexo homosexual ya se castigaba con cadena perpetua.

Activistas de derechos humanos han condenado la nueva medida para promulgar la dura ley, calificándola de “ley de odio”. Hoy marca un día trágico en la historia de Uganda. @Parliament_Ug  ha aprobado una legislación que promueve el odio y busca despojar a las personas LGBTIQ de sus derechos fundamentales!” tuiteó Sarah Kasande, abogada y activista de derechos humanos de Kampala. “Las disposiciones del proyecto de ley contra la homosexualidad son bárbaras, discriminatorias e inconstitucionales”, dijo.

Ella agregó: “Para la comunidad LGBTIQ, sé que este es un día difícil, pero no pierdan la esperanza. La batalla no ha terminado; este repugnante proyecto de ley finalmente será derogado”.

El activista gay Eric Ndawula tuiteó: “Los eventos de hoy en el parlamento no son solo inmorales, sino un asalto total a la humanidad. Es aterrador que el juicio de nuestros parlamentarios esté empañado por el odio y la homofobia. ¿Quién se beneficia de esta ley draconiana?”

Today’s events in Parliament are not just immoral, but a complete assault on humanity. It’s frightening that our MPs’ judgment is clouded by hate & homophobia. Who benefits from this draconian law? It’s a question they’ll likely never answer. #AntiHomosexualityBill2023 Draconian pic.twitter.com/CvQvNK3Oiz

— Eric Ndawula🏳️‍🌈 (@EricNdawulaGrif) March 21, 2023

Más de 110 personas LGBTQ+ en Uganda informaron incidentes que incluyen arrestos, violencia sexual, desalojos y desnudez pública al grupo de defensa Minorías Sexuales de Uganda (Smug) solo en febrero. Las personas transgénero se vieron afectadas de manera desproporcionada, dijo el grupo.
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Kasha Jacqueline Nabagesera, una activista lesbiana en Kampala, dijo que continuarían los esfuerzos para anular la legislación. “Seguiremos luchando contra esta injusticia. Esta mujer lesbiana es ugandesa, incluso este pedazo de papel [no] impedirá que disfrute de mi país. La lucha acaba de comenzar”, dijo Nabagesera en un tuit.

Kasande dijo: “Lucharemos hasta que todas las personas en Uganda puedan disfrutar de los derechos que les garantiza la constitución”.

El presidente Museveni dijo el mes pasado que Uganda no aceptará la homosexualidad y afirmó que Occidente buscaba obligar a otros países a “normalizar” lo que llamó “desviaciones” y felicitó recientemente a los llamados “creyentes” por rechazar la homosexualidad. “Los países occidentales deberían dejar de perder el tiempo de la humanidad tratando de imponer sus prácticas a otras personas”, dijo Museveni en un discurso televisado ante el parlamento el 16 de marzo. “Los homosexuales son desviaciones de lo normal. ¿Por qué? ¿Es por naturaleza o por crianza? Necesitamos responder a esas preguntas. Necesitamos una opinión médica sobre eso”, dijo.

“Es decepcionante que el parlamento, una vez más, apruebe un proyecto de ley que claramente contraviene varios derechos humanos básicos”, dijo Oryem Nyeko, investigador de la división de África de Human Rights Watch. “Esto solo abre la puerta a leyes más regresivas y a que se violen los derechos de las personas en todos los ámbitos. El presidente Museveni no debería consentirlo”, dijo.

El proyecto de ley contra la homosexualidad ha causado consternación internacional por los castigos extremos que conlleva.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo instó a no hacerlo, calificando la ley de draconiana y diciendo que su aprobación por parte de los legisladores fue “devastadora y profundamente perturbadora”.

Türk dijo: “La aprobación de este proyecto de ley discriminatorio, probablemente uno de los peores de su tipo en el mundo, es un acontecimiento profundamente preocupante. Esta ley, si entra en vigor, tendrá graves repercusiones negativas en la sociedad en su conjunto y erosionará los logros obtenidos a lo largo de los años”.

Continuó diciendo que la legislación podría abrir la puerta a la “violación sistémica” de los derechos humanos de casi todas las personas LGBTQ+ y servir para incitar a las personas entre sí. “Confunde las relaciones consentidas y no consentidas”, dijo, y agregó que las relaciones consentidas nunca deben criminalizarse y que se necesitan medidas basadas en evidencia para poner fin a la violencia sexual en todas sus formas. Este proyecto de ley será una gran distracción de tomar las medidas necesarias para poner fin a la violencia sexual”, dijo.

Türk también destacó que el proyecto de ley entraba en conflicto con la constitución de Uganda, que tenía disposiciones sobre igualdad y no discriminación, además de contrarrestar sus obligaciones legales internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible. “Promover la violencia y la discriminación contra las personas por lo que son y por lo que aman está mal y cualquier intento falso de justificar esto sobre la base de ‘valores’ debe denunciarse y condenarse”, agregó.

 La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos tiene serias preocupaciones sobre el nuevo proyecto de ley anti-LGBTQ+ de Uganda.

Jean-Pierre habló durante una conferencia de prensa el miércoles (22 de marzo), después de que el parlamento de Uganda aprobara la Ley.

“Si el [proyecto de ley] se convierte en ley y se promulga, afectaría los derechos humanos universales, pondría en peligro el progreso en la lucha contra el VIH/SIDA, disuadiría el turismo y las [inversiones] en Uganda y dañaría la reputación internacional de Uganda”, dijo Jean-Pierre.  “Es una de las leyes anti-LGBTQ+ más extremas del mundo. Los derechos humanos son universales, nadie debe ser atacado o encarcelado simplemente por ser quien es y a quien ama”.

La secretaria de prensa sugirió que Estados Unidos podría implementar sanciones económicas si Uganda promulga el proyecto de ley. “Eso sería realmente desafortunado porque gran parte de la asistencia económica que proporcionamos a Uganda es asistencia sanitaria, y en gran parte a través [del plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA]”, continuó la secretaria de prensa. “Ciertamente estamos observando esto de cerca y tendremos que analizar si habría o no repercusiones, tal vez de manera económica, si esta ley se aprobara y promulgara”.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

The Guardian/Cristianos Gays/Pink News

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Una entidad que defiende a las personas LGTBI+ afirma que una asociación formal con el gobierno canadiense ayudaría inmediatamente a evacuar a 300 refugiados afganos que están “listos para volar” pero “atrapados” en los países vecinos.

Pero hasta ahora, la respuesta del gobierno ha sido vaga y poco clara, dice Devon Matthews, director de programas de Rainbow Railroad, una entidad mundial sin ánimo de lucro que ayuda a las personas refugiadas LGTBI a ponerse a salvo, incluso mediante la reubicación de emergencia.

“Ciertamente estamos en comunicación con ellos. Pero lo que estamos buscando es un ‘Sí’ realmente sólido y afirmativo a la petición que tenemos para poder continuar el trabajo que estamos haciendo, y eso, todavía no lo hemos recibido”, dijo a NCM.

La petición, explica Matthews, es bastante sencilla. A través de su campaña “Safe Way Out”, la entidad se encarga de todo el trabajo preliminar: identificar, verificar y clasificar los casos, así como apoyar a las personas refugiadas mientras se finalizan sus trámites. En este momento, no están pidiendo fondos.

“Realmente sólo necesitamos la vía y el mecanismo y el compromiso del gobierno canadiense para permitirles la entrada en Canadá y ofrecerles opciones de reasentamiento una vez que estén aquí”, afirma.

Cuando se le preguntó si se comprometería con la asociación, un portavoz del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) dijo que “Rainbow Railroad no es un socio de remisión en este momento”.

Cuando se le preguntó por los 300 afganos que, según Matthews, están listos para volar, el portavoz Aidan Strickland señaló que “en Afganistán nos enfrentamos a obstáculos que no estaban presentes en otros esfuerzos de reasentamiento a gran escala”, que están “planteando retos importantes para el flete de vuelos”, como las recientes inundaciones en Pakistán. “Además, cada país establece sus propios requisitos de entrada y salida y determina cuándo y si estos requisitos se modifican”, escribió Strickland. “La ausencia de condiciones estables y las circunstancias siempre cambiantes en torno a los requisitos de documentación de salida afectan a nuestra capacidad de trasladar a las personas con rapidez”, continuó Strickland

“Para cada persona y familia que quiera viajar, debemos considerar si tiene los documentos adecuados y la capacidad para hacerlo. Seguimos trabajando individualmente con cada persona y grupo para verificar que tienen los documentos necesarios, y cooperamos con las autoridades de los países vecinos para facilitar el paso seguro y el viaje hacia Canadá.”

Strickland afirma que el departamento también ha “añadido más empleados y recursos” en Pakistán, y está “tramitando las solicitudes lo más rápidamente posible, tanto a distancia como digitalmente, a través de nuestra red de funcionarios de visados globales.”

Hasta ahora, Canadá ha acogido 14 vuelos fletados con refugiados afganos procedentes de Pakistán desde principios de año y más de 19.000 refugiados afganos desde la toma del poder por los talibanes hace un año.

En “triple riesgo”

Hasta la fecha, Rainbow Railroad ha ayudado a evacuar a más de 250 afganos LGTBI+, aunque Matthews afirma que, hasta el 15 de septiembre, 5.547 se han puesto en contacto con ellos pidiendo ayuda.

Los 300 que están “listos para volar” son personas que han conseguido salir de Afganistán y se encuentran actualmente en los vecinos Turquía, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos.

Pero como estos países también criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, siguen siendo “inseguros… y necesitan opciones de protección a largo plazo”, afirma Matthews. “Siguen estando en peligro, sólo que por personas diferentes en un contexto diferente”, dice. “Así que no hay ningún lugar al que huir”.

Los abusos pueden consistir en no recibir un trato justo por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (que es quien primero remite a los refugiados a Canadá); o incluso en que se les impida el acceso a un alojamiento seguro o a opciones de acampada, explica Matthews.

Un informe de enero de Human Rights Watch descubrió que los afganos LGTBI+ que se encuentran actualmente en países vecinos también corren el riesgo de enfrentarse a la pena de muerte, como en Irán. Lee el informe aquí.

Además, pueden ser devueltos para que se enfrenten a abusos a manos de los talibanes, ya que muchos “tienen visados caducados o de corta duración o llegaron sin visado, no tienen perspectivas realistas de prolongar su estancia legalmente y no pueden establecerse de forma permanente en el lugar donde se encuentran”, afirma el informe.

Aunque reconoce que todas las personas refugiadas se enfrentan a “una situación desesperada”, Matthews afirma que los miembros LGTBI corren un “triple riesgo porque son miembros de múltiples comunidades oprimidas que necesitan un apoyo especializado y comprensivo”.

Incluso antes de los talibanes, los afganos LGTBI+ solían ser condenados al ostracismo por sus familias y su comunidad. En el último año, dice Matthews, se ha producido “una verdadera escalada de amenazas, salidas públicas y violencia, incluso a nivel comunitario”.

El informe de HRW descubrió que las personas se han enfrentado a abusos “por parte de familiares, vecinos (sic) y parejas sentimentales que ahora apoyan a los talibanes o que creían que tenían que actuar contra las personas LGTBI cercanas a ellos para garantizar su propia seguridad”.

Por eso Matthews dice que sus casos necesitan tanto “priorización” como “especialización”. “El objetivo es que todas las personas que están siendo oprimidas dentro de estas comunidades reciban el acceso y las oportunidades que merecen”, afirma. “Pero las personas LGTBI+ se enfrentan sistemáticamente a amenazas continuas incluso después de huir (porque)… suelen huir a un país donde siguen siendo criminalizadas”.

Respuesta inadecuada

En 2019, el gobierno canadiense se asoció con Rainbow Refugee, otra entidad de asentamiento centrada en las personas LGTBI, para crear la Asociación de Asistencia a Refugiados Rainbow, “que apoyará a más canadienses en el patrocinio privado de refugiados LGTBI”, según un comunicado de prensa. Consulta el comunicado de prensa aquí. El programa proporciona “costes de puesta en marcha y 3 meses de apoyo”, afirma el sitio web.

Strickland afirma que “más de 200 personas refugiadas de la comunidad LGTBIQ+ han llegado a través de esta iniciativa. “En 2021, la asociación se amplió una vez más en respuesta a la crisis de Afganistán, proporcionando 150 plazas adicionales para las personas refugiadas LGTBI+ entre 2022 y 2024”, escribió Strickland.

Matthews aplaude el esfuerzo y reconoce su importancia, calificándolo de “buen complemento” con “algunos casos que ciertamente (entran) en esa… programación”.  Sin embargo, añade, en última instancia, esa asociación es “inadecuada” para hacer frente a la situación inmediata a la que se enfrentan los afganos.

Por ejemplo, en el marco de esa asociación, se tarda entre uno y tres años en tramitar los expedientes, lo que “no es una solución eficaz para la necesidad inmediata de la emergencia que estamos viviendo”.

Además, el hecho de centrarse en las personas refugiadas con patrocinio privado deja la carga de su reasentamiento en gran medida en las entidades de asentamiento. Eso puede costar entre 20.000 y 25.000 dólares por refugiado, explica Matthews, “y eso sólo cuando están en Canadá, por no hablar de los costes en el extranjero. Así que necesitamos que ambos compromisos se produzcan a la vez, porque sirven a comunidades diferentes”, subraya.

Más allá del simbolismo

En agosto, las personas refugiadas pertenecientes a la comunidad LGTBI+ encabezaron el Desfile del Orgullo de Calgary como mariscales por primera vez en la historia del evento.

Boban Stojanovic, director de los Servicios LGTBI+ del Centro para Recién Llegados, dijo que el acto contribuyó a dar “visibilidad y atención” a personas que a menudo son estigmatizadas dentro de sus propias comunidades étnicas a causa de su orientación sexual.

Matthews reconoce la importancia de esas “victorias, en sí mismas”, ya que “ayudan a que la gente sienta que puede verse a sí misma en esos movimientos”.

Pero subraya que la inclusión debe ir más allá de los gestos simbólicos si quiere conducir a un “cambio sistémico fundamental y transformador”; de lo contrario, es mera “palabrería”.“Si vamos a celebrar y defender a la comunidad en un movimiento del Orgullo en Canadá, también tenemos que celebrar y defender a la comunidad mientras se encuentra en  tuaciones extremas y en peligro en el extranjero”, afirma Matthews. “En realidad, (necesitamos) profundizar en los lugares en los que este trabajo es más difícil de realizar y conseguir compromisos allí, porque eso será lo más transformador”.

The Penticton Herald

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Se insta a la nueva primera ministra, Liz Truss, a que abandone el “mal concebido” plan de refugiados de Ruanda del gobierno.

En mayo, Boris Johnson anunció un nuevo pacto de inmigración para enviar por la fuerza a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen a través del Canal de la Mancha, y la entonces ministra del Interior, Priti Patel, voló a la nación del este de África para firmar el acuerdo.

Un primer vuelo previsto a Ruanda no pudo despegar tras una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio. El martes (6 de septiembre), un grupo de personas refugiadas presentó un recurso legal contra el pacto ante el Tribunal Superior, argumentando que el gobierno ignoró las pruebas de las atrocidades cometidas por Ruanda contra los derechos humanos.

Liz Truss, que se convirtió en primera ministra el martes, ha dicho que está “decidida a llevar a cabo la política de Ruanda hasta su plena aplicación, así como a explorar otros países en los que podamos trabajar en asociaciones similares”.

Suella Braverman, la nueva ministra del Interior, se ha comprometido a retirar a Gran Bretaña del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se utilizó para detener la huida de Ruanda.

Safe Place International, entidad sin ánimo de lucro que apoya a los solicitantes de asilo LGTBI+ en todo el mundo, considera que el acuerdo es totalmente inviable, poco ético y que no está a la altura de un país que muchos consideran “progresista”.

El director de comunicaciones Lebo Mncayi-Poloko, una persona no binaria de Sudáfrica, declaró a PinkNews: “El pacto de inmigración entre Gran Bretaña y Ruanda está mal concebido y contraviene en muchos aspectos una serie de declaraciones y tratados de derechos humanos de los que Gran Bretaña es signataria”.

Citaron el compromiso de Gran Bretaña con la Convención sobre los Refugiados de 1951 de las Naciones Unidas, que exige que los solicitantes de asilo no sean enviados por la fuerza a zonas inseguras.

Mncayi-Poloko añadió: “Me resulta inconcebible que un país que consideramos progresista en materia de derechos LGTBI+ se meta voluntariamente en la cama con un país que sigue criminalizando muchos aspectos de la comunidad LGTBI+”.

Aunque la homosexualidad no es ilegal en Ruanda, sigue habiendo discriminación. Muchos ocultan quiénes son para evitar ser golpeados, perder su trabajo, ser desalojados de sus casas o incluso ser encarcelados en virtud de las leyes de decencia pública.

Como parte de la política de deportación, las solicitudes de asilo se procesarían en Ruanda antes de ser reubicadas allí, algo que, según advierte Mncayi-Poloko, haría que las personas LGTBI+ salieran del armario.

Los centros de tramitación se convertirían probablemente en focos de odio, y las personas trans se enfrentarían a la violencia en espacios de un solo sexo, como los baños, mientras que muchos homosexuales y bisexuales volverían a encerrarse para mantenerse a salvo.

Mncayi-Poloko dijo que esto es razón suficiente para que se replantee la política, y desde luego no se reproduzca. “Los derechos LGTBI+ no están reconocidos ni protegidos en Ruanda, y un acuerdo como éste sienta un precedente muy peligroso que sólo puede hacer más daño que bien”, añadió Mncayi-Poloko. “Esto podría suponer un sinfín de problemas de seguridad para las ciudadanías africanas que buscaran asilo en territorio británico”.

Que ser gay sea legal no significa que sea seguro, advierte un activista de los refugiados

En abril, un ministro del Ministerio del Interior afirmó que Ruanda ha dado “enormes pasos adelante en las últimas tres décadas”, y defendió el historial de derechos LGTBI+ del país de las críticas que consideraba basadas en “estereotipos”.

Esto es así a pesar de que el Ministerio del Interior admite que hay pruebas de que las personas refugiadas LGTBI podrían sufrir persecución en el país.

Gagotheko Mothai, líder de la comunidad no binaria con sede en Maun (Botsuana), dijo a PinkNews que el gobierno británico no puede tomar las leyes de un país al pie de la letra, como hizo con Ruanda.

Como ejemplo, dijo que su país de origen ha visto “nuevas leyes progresistas en torno al género y la sexualidad”, pero “sigue siendo una sociedad mayoritariamente conservadora y heteronormativa a la que le cuesta imaginar algo más allá de lo binario”.

“Vivimos con el temor constante de ser rechazados por nuestras familias, nuestras iglesias y, de hecho, otros sectores de la sociedad. Como persona no binaria, a menudo me siento invisible y desapercibida. Por tanto, estoy en una lucha constante para que mis derechos, mi seguridad y mi libertad sean reconocidos y respetados”.
Aunque Mothai ha prometido quedarse en Botsuana para hacer lo que pueda para luchar, no todos tienen esa opción.

Como recordó Mncayi-Poloko: “Una historia que se me queda especialmente grabada es la de una joven lesbiana que fue violada repetidamente por la policía fronteriza en el centro de detención del país receptor. Contrajo el VIH a causa de esa experiencia y murió por suicidio tres años después”.

“Un día cualquiera me encuentro con historias de asesinatos, violaciones en grupo, mutilaciones y muchas otras atrocidades perpetradas contra las comunidades LGTBI+ de todo el mundo, a menudo con impunidad”.

Si Truss y Braverman necesitan inspiración, Mncayi-Poloko dijo que pueden mirar a Francia y Bélgica. Ambas naciones han sido “excelentes a la hora de dar prioridad a las evaluaciones e intervenciones médicas y de salud mental para los solicitantes de asilo LGTBI+. También han mostrado conciencia y sensibilidad hacia las amenazas únicas que experimentan los solicitantes de asilo LGTBI+ y han acelerado regularmente la tramitación de estos casos”, añadieron.

A cualquier persona LGTBI que esté pensando en solicitar asilo, Mothai dijo: “Mi consejo sería: Poned siempre vuestra seguridad en primer lugar, investigad, contactad y poneos en contacto con algunas organizaciones LGTBI del país”.

Fuente Pink News

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El Ministerio de Salud de Vietnam ha declarado que ser LGBTQ+ “no es una enfermedad” en un gran paso adelante para los derechos queer en el país.

El Ministerio de Salud de la nación dijo en un documento oficial publicado en agosto que ser LGBTQ+ “no es del todo una enfermedad” y “no se puede ‘curar’ ni necesita ser ‘curado’ y no se puede convertir de ninguna manera”.

Instó a los profesionales médicos a tratar a las personas LGBTQ+ con respeto. El Ministerio de Salud también condenó enérgicamente la práctica pseudocientífica y traumática de la terapia de conversión.

La directiva les decía a los profesionales médicos que no “interfirieran ni forzaran el tratamiento de estos grupos”. Si se necesita algún apoyo, el Ministerio de Salud aconsejó que sea en “forma de asistencia psicológica y realizada solo por aquellos que tienen el conocimiento de la identidad sexual”.

La nueva directiva de Vietnam se produjo después de la incansable defensa de los activistas de derechos LGBTQ+ en la nación del sudeste asiático.

Phong Vuong, el gerente del programa de derechos LGBTI en el Instituto de Estudios de la Sociedad, la Economía y el Medio Ambiente (iSEE), le dijo aAl Jazeera que ver el anuncio fue “como un sueño”.

“Es algo que nunca pensamos que sucedería, y mucho menos que provenga de la fuente más confiable de información médica en Vietnam… Creo que el impacto en la juventud queer será muy, muy evidente”, dijo Vuong.

Los activistas describieron la nueva directiva como un paso adelante fundamental, ya que afirma que ser LGBTQ+ “no es algo que se pueda arreglar”.

Vuong agregó que fue un paso crítico hacia adelante, ya que afirma que ser LGBTQ+ “no es algo que se pueda arreglar”.

“Cuando un niño queer es llevado a un centro médico… si lo saben, pueden usarlo para defenderse”, dijo Vuong.

Kyle Knight, investigador sénior de salud y derechos LGBT de Human Rights Watch, dijo que el reconocimiento de que la orientación sexual y la identidad de género no son enfermedades sin duda “brindará alivio” a innumerables personas LGTBIQ+ y sus familias en Vietnam.

“Las personas LGBT en Vietnam merecen acceso a información y servicios de salud sin discriminación, y la nueva directiva del Ministerio de Salud es un gran paso en la dirección correcta”, dijo Knight.

Knight dijo que el Ministerio de Salud de Vietnam ahora ha “impulsado los derechos fundamentales” y que las personas LGBTQ+ ahora tienen una “base cada vez más firme para expresarse sin miedo a las reacciones negativas”.

A raíz de la nueva directiva, iSEE y el grupo de derechos LGBTQ+ ICS Center están presionando por una legislación que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo en Vietnam. La Campaña Tôi Đồng Ý, o Estoy de acuerdo, se lanzó el 10 de agosto y ya superó su objetivo inicial de 250.000 firmas.

“Ha sido genial participar y ser testigo de esto”, dijo a Al Jazeera Dieu Anh Nguyen, que trabaja para ICS en la ciudad de Ho Chi Minh. “Creo que básicamente estamos haciendo historia”.

Fuente Pink News

General, Historia LGTBI Despatologización, Dieu Anh Nguyen, Homosexualidad, Human Rights Watch, Kyle Knight, Phong Vuong, Vietnam

La policía de Maldivas ha detenido a 4 hombres e investiga a otros 34 relacionados con la grabación en vídeo de relaciones homosexuales. Los detenidos se enfrentan a penas de prisión de hasta ocho años y, posiblemente, a recibir 100 latigazos en aplicación de la sharía o ley islámica. Entre los detenidos e investigados se encuentran figuras relevantes de la política y la sociedad de Maldivas. Desde organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch se denuncia que la motivación real de las detenciones se debe a la presión de grupos extremistas islámicos.

El pasado mes de julio se produjo la detención del ciudadano bangladesí MD Alamgiri, que había publicado en redes sociales imágenes en vídeo en las que mantenía relaciones sexuales con tres hombres diferentes. La finalidad, según la investigación policial, sería la extorsión. Una vez identificados los hombres que aparecían en las imágenes, se procedió a su arresto. Entre los detenidos, además de Alamgiri, se encuentran Nazim Abdul Sattar, hermano del actual presidente del Parlamento maldivo y expresidente del Gobierno Mohamed Nasheed, y un funcionario del Departamento de Control de Drogas de la Policía.

Según informaba el comisario de Policía encargado del caso, Mohamed Hameed, en los vídeos incautados a Alamgiri se ha identificado de momento a otros 34 hombres, aunque el total de personas que aparecen en los mismos supera las 250. La intención de Hameed es la de detener por ahora al resto de 34 hombres ya identificados y posteriormente a todos aquellos que sean reconocidos. Como algunos de los investigados son de nacionalidad extranjera, se ha procedido a retirar un total de 18 pasaportes. También ha sido destituido un asesor principal del Centro para el Sagrado Corán y han sido cesados un empleado del Parlamento, un empleado de Aduanas, un profesor y un imán. «El proceso para identificar a los implicados y tomar medidas contra ellos está en marcha en varias fases. Por lo tanto, no podemos decir cuándo concluirá la investigación. Una vez que se completen los casos, los enviaremos a la Fiscalía General para que se presenten cargos», concluía Hameed. Los detenidos se enfrentan a las penas de prisión establecidas en el Código Penal más el castigo corporal correspondiente en aplicación de la sharía o ley islámica.

El informe de ILGA detalla la legislación en Maldivas respecto a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo de la siguiente manera:

El artículo 411 (a) (2) del Código Penal (Ley No. 6) (2014) tipifica como delito el «coito ilícito», que se comete cuando una persona mantiene actos sexuales con una persona del mismo sexo.

«Coito entre personas del mismo sexo» se define como: a) La inserción por parte de un hombre de su órgano sexual o de cualquier otro objeto en el ano de otro hombre para su satisfacción sexual; o la inserción en la boca de otro hombre del pene de un hombre; o b) La inserción de un órgano de una mujer o de cualquier objeto en la vagina o el ano de otra mujer para su satisfacción sexual.

Los delitos tipificados en este artículo van desde los delitos menores de Clase 1 hasta los delitos graves de Clase 3 que conllevan una pena de prisión de entre seis meses y ocho años. También pueden resultar en un castigo adicional de 100 latigazos.

El artículo 412 (c) del Código Penal tipifica como delito el «contacto sexual ilícito» con una persona del mismo sexo, lo que incluye actos indecentes para obtener satisfacción sexual, distintos de los previstos en el artículo 411 (a) (2). Los delitos tipificados en este artículo van desde los delitos menores de Clase 1 hasta los delitos graves de Clase 3 que conllevan una pena de cárcel de entre seis meses y ocho años

Para Human Rights Watch, existe una relación entre estas detenciones y la presión ejercida por grupos extremistas islámicos. Líderes de estos grupos habían protestado públicamente por que se hubieran difundido los vídeos de contenido homosexual sin que se produjera ningún arresto, mientras algunos de sus miembros permanecían detenidos por sus ataques en la celebración del Día Internacional del Yoga, al que consideran una celebración de la idolatría y el politeísmo.

Graeme Reid, director del Programa de Derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales de Human Rights Watch, emitía el siguiente comunicado: «Las autoridades de Maldivas deberían abandonar inmediatamente las investigaciones injustas y aparentemente motivadas políticamente, y en su lugar acatar las normas internacionales sobre protección de derechos. El Gobierno debe derogar las leyes que penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, que discriminan a los ciudadanos gais, lesbianas, bisexuales y transexuales, a los inmigrantes y a los turistas, y son una receta para el abuso. La detención de cuatro hombres por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo muestra la naturaleza arbitraria de estas leyes discriminatorias. Las leyes dejan a la gente expuesta al chantaje y a otros abusos, y se convierten fácilmente en una herramienta política en la que los procesados se llevan la peor parte. El gobierno debe derogar las leyes inmediatamente».

Fuente Dosmanzanas

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Necesidad de reconocimiento legal de la identidad de género en El Salvador

Se debe acatar la decisión de la Corte Suprema y crear un mecanismo de reconocimiento legal de la identidad de género

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Las personas LGTBI en Malasia están siendo enviadas a una terapia de conversión aprobada por el gobierno para “curarlas” o “rehabilitarlas”, según un nuevo informe.

Los funcionarios del gobierno han creado activamente una sociedad anti-LGBTQ+ que utiliza el sistema de justicia penal y los centros de rehabilitación para socavar los derechos LGBTQ+, según un nuevo informe de Human Rights Watch and Justice for Sisters.

El informe encontró que los fondos del gobierno de Malasia en retiros de terapia de conversión aprobados por el estado llamados Mukhayyam, cuyo objetivo es cambiar la orientación sexual de los participantes. Desde junio de 2021, 1.733 personas han asistido a estos programas, según el informe.

Un entrevistado, Farah, relató su experiencia en un Mukhyyam, declarando en el informe: “Hablan sobre la belleza de la naturaleza, y nos piden que estemos agradecidos, y al final del programa usan su psicología … para decir que ‘Así que esta es tu naturaleza, así que tienes que volver a la naturaleza ‘”.

Thilaga Sulathireh, cofundadora de Justice for Sisters, dijo: “Los programas, mientras se enmarcan como compasivos, internalizan la discriminación social y estructural y fomentan los odiosos entre LGBTQ y las personas diversas de género y la hostilidad entre el resto de la población”.

El informe también encontró que el enfoque de los retiros para las discusiones sobre el VIH fue inquietante.

Farah dijo que los líderes mostraron una presentación de diapositivas de un grupo sobre personas que viven con el VIH, mostrando a las personas con fotografías. Farah dijo que estaban conmocionados en una sesión sobre arrepentimiento, diciendo que no fue hecho para educar, sino que era para infundir temor.

En otro caso, una mujer transgénero describió su experiencia en un centro de terapia de conversión y cómo un terapeuta le había dicho que necesitaba “reclamar su masculinidad”, diciendo que “tenía una crisis de identidad debido a su linaje de raza mixta”.

Una mujer fue aconsejada por un profesional de la salud mental “experimentar el sexo con una trabajadora sexual para tratar su identidad de género”.

En marzo de 2022, el gobierno de Malasia desarrolló una aplicación que afirmaba poder ayudar a LGBTQ+ personas a “abandonar el comportamiento homosexual” y “volver a la naturaleza”. Google lo eliminó rápidamente.

Una mujer queer, llamada solo como Amira, dijo en el informe: “Si el gobierno simplemente deja de hablar de personas LGBT, eso ya sería una gran cosa. Están hablando con una nación que ya tiene su propia fobia, y refuerzan su fobia “.

El activista transgénero de hace mucho tiempo, Manis Chen, dijo que el gobierno “bombea mucho dinero para combatir los [derechos] LGBT“, y agregó: “Imponen sus creencias”.

Escalada de LGTBfobia pese al cambio político en Malasia

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían en septiembre de 2018 seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa. Y en 209, el ministro de turismo Datuk Mohamaddin bin Ketapi  afirmaba en un evento en Alemania, que “No hay gays en Malasia”.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año 2017, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de 2018 nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual. En 2021, una mujer trans enfrenta años de prisión por usar ropa de mujer .

Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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La ministra del Interior de Gran Bretaña, Priti Patel, ha tenido durante mucho tiempo un enfoque de línea dura hacia la inmigración. (PAUL ELLIS / POOL / AFP)

El arzobispo de Canterbury critica que Londres quiera deportar a los inmigrantes a Ruanda “Esto es lo opuesto a la naturaleza de Dios”

11 de junio de 2022

Apreciada Ministra del Interior,

Re: Acuerdo de Asociación para el Asilo entre el Reino Unido y Ruanda y Expulsiones a Ruanda

Le escribimos para expresar nuestra grave preocupación por el plan del gobierno británico de expulsar a Ruanda a las personas que solicitan asilo en el Reino Unido a través de vías irregulares, de acuerdo con el Acuerdo de Asociación para el Asilo, y para instar enérgicamente al gobierno a rescindir el plan y no proceder a las primeras expulsiones previstas para el 14 de junio de 2022.

Los solicitantes de asilo enviados a Ruanda serán procesados bajo el sistema de asilo de Ruanda y, si son reconocidos como refugiados, se les concederá el estatus de refugiado en ese país, mientras que Ruanda se encargará de las solicitudes rechazadas. Por principio, estas expulsiones y la denegación del acceso al asilo en su propio territorio constituyen una clara abrogación de las responsabilidades y obligaciones internacionales del Reino Unido para con los solicitantes de asilo y las personas refugiadas. El Reino Unido está tratando de trasladar por completo sus responsabilidades en materia de asilo a otro país, actuando en contra del objeto y el propósito de la Convención sobre los Refugiados de 1951 (una convención que el Reino Unido ayudó a redactar) y de sus compromisos de reparto de responsabilidades a nivel mundial, y amenazando el régimen internacional de protección de los refugiados.

No se puede considerar a Ruanda como un tercer país seguro al que enviar a los solicitantes de asilo, ya que Human Rights Watch y otros actores, incluido el Gobierno de Estados Unidos, han informado habitualmente sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Ruanda. El gobierno del Reino Unido es consciente de ello, ya que el año pasado denunció el historial de derechos humanos de Ruanda durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, instando a “Ruanda a modelar los valores de la Commonwealth de democracia, estado de derecho y respeto a los derechos humanos”. Ruanda se enfrentó a fuertes críticas de países de todas las regiones.

La secretaria británica, Priti Patel (c), visitó Kigali, donde se detuvieron una docena de personas LGBT + personas el año pasado por las autoridades. (Agencia Cyril Ndegeya / Anadolu a través de Getty Images)

Desde 1994 y el genocidio ruandés, Human Rights Watch ha estado supervisando, documentando y evaluando las condiciones de los derechos humanos en el país. A día de hoy, en Ruanda siguen produciéndose graves violaciones de los derechos humanos, como la represión de la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la tortura por parte de las autoridades ruandesas. Esto pone en duda y socava gravemente la valoración que hace el gobierno de Ruanda como país seguro para enviar a los solicitantes de asilo y a las personas refugiadas, tal y como se recoge en sus notas informativas y de política de país recientemente publicadas y en la evaluación de impacto sobre la igualdad.

Detención arbitraria de personas pobres y vulnerables

La detención arbitraria, los malos tratos y la tortura en los centros de detención oficiales y no oficiales son habituales en Ruanda. Desde 2010, Human Rights Watch ha documentado ampliamente el uso de la detención ilegal y la tortura en casas de seguridad y otras instalaciones, como el campamento militar de Kami, Kwa Gacinya y el Centro de Tránsito de Gikondo, y ha solicitado su cierre. El acorralamiento, la detención arbitraria y los malos tratos en Gikondo por parte de las autoridades ruandesas a los niños de la calle, los vendedores ambulantes, los trabajadores del sexo, las personas sin hogar y los mendigos han sido bien documentados por Human Rights Watch desde 2006, y condenados por la Comisión de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en febrero de 2020. El gobierno del Reino Unido reconoce en su evaluación de Ruanda que hay informes de personas calificadas como “delincuentes” que son detenidas arbitrariamente, pero señala que éstos se remontan a nuestro informe de 2020 sobre la detención abusiva de niños de la calle en Ruanda. Basándonos en nuestra experiencia y conocimiento de esta cuestión, tras haberla rastreado durante más de 15 años, y en las convincentes pruebas acumuladas sobre el comportamiento de las autoridades, no nos cabe duda de que existe un riesgo real, incluso una probabilidad, de que los pobres y otras personas acusadas de comportamientos “desviados”, incluidos los solicitantes de asilo, sean objeto de pautas de abuso similares.

Violaciones de la libertad de expresión, detención arbitraria y tortura

El gobierno británico afirma que, a pesar de algunas restricciones a la libertad de expresión o a la libertad de asociación, es poco probable que los solicitantes de asilo enviados a Ruanda se enfrenten a un riesgo real de ser sometidos a un trato contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno afirma que, tras consultar fuentes y revisar material de libre acceso, está convencido de que los solicitantes de asilo o las personas refugiadas no son un objetivo específico. Al descartar sumariamente las pruebas de que las personas refugiadas han sido efectivamente maltratadas, el gobierno afirma que “no parece ser una situación común o que se repita regularmente”. Tal apreciación caracteriza de forma totalmente errónea la realidad de Ruanda, donde las personas refugiadas se han enfrentado a abusos por protestar pacíficamente por sus condiciones. En 2018, al menos doce refugiados de la República Democrática del Congo murieron después de que la policía disparara con munición real contra los refugiados desarmados que protestaban por un recorte en las raciones de alimentos. La policía ruandesa detuvo a más de 60 refugiados y los juzgó por participar en manifestaciones ilegales, rebelión y difusión de información falsa para crear una “opinión internacional hostil” de Ruanda, un delito tipificado en el Código Penal ruandés. Como lo resumió una de las personas refugiadas de Burundi que vive en Ruanda: “La vida en Ruanda está bien mientras mantengas la boca cerrada”.

Nos preocupa profundamente que los solicitantes de asilo corran el riesgo de sufrir abusos si hablan de su trato o de sus condiciones en Ruanda, o que se vean obligados a autocensurarse, incluso ante la Comisión de Seguimiento propuesta, prevista en el Acuerdo de Asociación para el Asilo. El espacio para la oposición política, la sociedad civil y los medios de comunicación está cerrado, y el gobierno ruandés sigue reprimiendo las voces disidentes y críticas y persiguiendo a quienes son percibidos como una amenaza para el gobierno y a sus miembros. En marzo de 2022, informamos sobre la persecución en curso de periodistas y comentaristas de los medios sociales, incluyendo la desaparición, las detenciones o las amenazas contra varios críticos de alto nivel, miembros de la oposición y comentaristas que utilizan los medios sociales o YouTube para expresarse.

El 30 de mayo, un conocido comentarista, encarcelado por sus críticas al partido gobernante de Ruanda, declaró ante los tribunales que estaba siendo torturado en prisión, mediante palizas y privación de sueño. El juez ignoró las alegaciones y no ordenó ninguna investigación al respecto, como suele ocurrir en Ruanda. Anteriormente, en marzo de 2021, Human Rights Watch documentó el patrón continuo de amenazas, persecuciones y una sospechosa desaparición de personas que hablan sobre temas de actualidad y critican las políticas públicas.

La falta de independencia del poder judicial y la incapacidad de investigar los abusos

El poder judicial ruandés adolece de falta de independencia, debido a la manipulación del sistema judicial por parte del gobierno, y las normas sobre juicios justos se incumplen de forma rutinaria, especialmente en casos políticamente sensibles. Human Rights Watch ha supervisado varios juicios en los que los acusados afirmaron haber sido torturados para que firmaran confesiones tras su detención, o que sus comunicaciones privilegiadas con su abogado fueron interceptadas. Los jueces no ordenaron la investigación de las acusaciones en todas las ocasiones.

El gobierno ruandés no lleva a cabo sistemáticamente investigaciones efectivas sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, ni enjuicia a los presuntos autores. Esto no es sorprendente, y es poco probable que cambie, dadas las pruebas creíbles de la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en estos abusos. Esto ha creado un clima de miedo entre la población, y de impunidad entre los abusadores. En particular, las autoridades no han llevado a cabo una investigación creíble ni han garantizado la rendición de cuentas por la muerte bajo custodia policial del conocido activista y cantante Kizito Mihigo. En muchos casos, las autoridades ruandesas han obstruido activamente la justicia al dirigirse a las víctimas y a los testigos para evitar que busquen justicia.

A pesar de estos continuos abusos, el gobierno británico afirma que en Ruanda existe el derecho a un recurso práctico y efectivo. Dado el contexto políticamente delicado del acuerdo entre los gobiernos del Reino Unido y Ruanda, y el historial de Ruanda, es poco probable que las autoridades ruandesas investiguen eficazmente cualquier posible acusación de maltrato a los solicitantes de asilo, o que el sistema judicial sea lo suficientemente independiente para proporcionar la necesaria supervisión y responsabilidad de las acciones del gobierno.

Ruandeses sentados en el Centro de Tránsito de Gikondo en 2015.(STEPHANIE AGLIETTI/AFP a través de Getty Images) 

También tenemos serias dudas sobre la capacidad de la Comisión de Seguimiento propuesta para supervisar eficazmente los abusos de los derechos humanos. En 2018, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura se vio obligado a cancelar su visita a Ruanda -la primera vez que lo hace- alegando la obstrucción de las autoridades y el temor a las represalias contra los entrevistados. Desde entonces no han vuelto.

Abusos y riesgos para las personas LGTBI

En 2021, documentamos cómo las autoridades detuvieron arbitrariamente, acosaron, insultaron y golpearon a nueve personas trans o gays en el Centro de Tránsito de Gikondo, en Kigali. Los entrevistados dijeron que habían sido objeto de ataques debido a su orientación sexual o identidad de género y que se les había tratado peor que a otros detenidos, ya que los agentes de policía o los guardias los acusaban de ser vagabundos, ladrones o delincuentes y los mantenían en una sala reservada para hombres “delincuentes”. En la práctica, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans se enfrentan al estigma en Ruanda. Por ello, los solicitantes de asilo y las personas refugiadas de este perfil corren un riesgo especial. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido afirmó que el trato que reciben las personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género no es lo suficientemente grave en Ruanda como para suponer un riesgo real de malos tratos contrario al artículo 3, aunque señaló que la situación puede ser diferente para las personas trans.

Evaluación de Ruanda como país seguro

Hemos estudiado detenidamente los detalles del Acuerdo de Asociación para el Asilo y sigue sin estar claro cómo el gobierno del Reino Unido realizó su evaluación y llegó a la conclusión de que Ruanda cumple los criterios de un tercer país seguro al que expulsar a los solicitantes de asilo. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta la represión de la disidencia y de las voces críticas y el hecho de que la sociedad civil independiente y los medios de comunicación se enfrentan al acoso, los ataques y las amenazas, lo que lleva en algunos casos a la autocensura, mientras que el espacio represivo y cerrado hace que las organizaciones de derechos humanos, incluida Human Rights Watch, experimenten inmensos obstáculos para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno en Ruanda. Esto pone en duda la credibilidad de la evaluación del gobierno.

Human Rights Watch opina que Ruanda no es un tercer país seguro, basándose en su investigación en el país y en las pruebas expuestas anteriormente, y que, dado el contexto, no hay forma de aplicar una supervisión eficaz para garantizar que los solicitantes de asilo expulsados allí no sean víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Le agradecemos su consideración.

Atentamente,

Yasmine Ahmed

Directora del Reino Unido, Human Rights Watch

Lewis Mudge

Director de África Central, Human Rights Watch

Fuente Human Rights Watch

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Las muertes de personas LGTBI en Afganistán podrían haberse evitado si los gobiernos occidentales hubieran dado prioridad a su evacuación tras la caída del país en manos de los talibanes, han afirmado los activistas.

Esto se produce después de que un nuevo informe de Human Rights Watch y OutRight Action International descubriera que la vida de los afganos LGTBI ha “empeorado drásticamente” tras la violenta toma del poder por parte de los talibanes el pasado agosto.

Nemat Sadat, uno de los primeros afganos nativos que salió a la luz públicamente como gay, dijo a TLE que gran parte de la comunidad ha pasado los últimos ocho meses bajo “arresto domiciliario” autoimpuesto para evitar su captura, pero advirtió que el riesgo de ser capturado por las autoridades se había intensificado. “Lo que me irrita es que esto podría haberse evitado. Si la comunidad internacional y el poder hubieran escuchado mi llamamiento y hubieran dado prioridad a la evacuación y el reasentamiento de las 1.000 personas LGTBI más amenazadas de Afganistán”, dijo.

No sobrevivirán

Con los nombres de 1.075 personas actualmente en su lista, Sadat ha pasado los últimos siete meses organizando de forma independiente las evacuaciones de algunos de los más vulnerables de Afganistán, aunque, para algunos, el tiempo se está acabando.

Dijo: “Puedo suponer que las 49 personas que no responden a mis correos electrónicos y llamadas telefónicas están desaparecidas o muertas, a menos que hayan desconectado su servicio de móvil e Internet porque ya no pueden permitirse mantenerlo activo.

“La mayoría de las personas LGTBI de mi lista sufren inseguridad alimentaria y han sido torturadas repetidamente. Aproximadamente una cuarta parte ha sufrido una o más agresiones físicas desde la toma del poder por los talibanes.

“Mi estimación es que la mayoría de las personas LGTBI de Afganistán estarán muertas dentro de dos años. No sobrevivirán a la brutalidad punitiva de los talibanes contra ellos”.

Sus comentarios se producen tras una respuesta a una solicitud de libertad de información que reveló que, desde octubre del año pasado, el gobierno sólo ha aceptado a 62 afganos LGTBI, de los cuales sólo dos son transgénero.

El año pasado, el gobierno anunció que un grupo de 29 afganos LGTBI se había instalado en el Reino Unido, y dijo que esperaba que la primera llegada fuera la “primera de muchas” que pudieran empezar una nueva vida.

Diseñado para proteger a las mujeres y los niños, así como a las minorías religiosas y de otro tipo, el Plan de Reasentamiento de Ciudadanos Afganos permitirá a 5.000 afganos establecerse en el Reino Unido, con un objetivo total a largo plazo de 20.000.

“No se ha cumplido”

Sin embargo, el destacado activista de los derechos LGTBI, Peter Tatchell, acusó al gobierno de no haber “cumplido su promesa” de proporcionar un refugio seguro a los afganos LGTBI, y pidió a la comunidad internacional que aumentara su apoyo.

“El Reino Unido y otras naciones occidentales prometieron mucho y han hecho muy poco. Es una traición vergonzosa a sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Refugiados que han firmado y se han comprometido a cumplir. Lo que se necesita es el compromiso de los gobiernos occidentales de asumir cada uno una parte de los afganos LGTBI vulnerables y en riesgo. Pero esto no está ocurriendo. EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia y la UE sólo se han hecho cargo de un puñado”, dijo.

Sadat añadió: “Si se comparan las 62 personas con las 1.075 de mi lista, diría que es una vergüenza. Cualquiera de los principales países occidentales, Francia, Alemania, Estados Unidos o Reino Unido, podría haber reasentado fácilmente a las 1.000 personas LGTBI de Afganistán. No era una prioridad para ellos. Salvar a las personas LGTBI+ no es tan importante, en su opinión, como rescatar a los heterosexuales. Deberían haber trabajado directamente conmigo, haber escuchado mis peticiones y haberse coordinado conmigo para trabajar en su reasentamiento”.

Un afgano transgénero que sigue atrapado en Kabul, dijo a TLE que la vida se ha vuelto tan peligrosa desde la toma del poder por los talibanes que no tienen “ninguna esperanza de vivir”. “Siento el peligro en el exterior. Solía trabajar como diseñadora de vestidos en los medios de comunicación: Arreglaba vestidos para los cantantes y organizaba programas privados, pero los talibanes dijeron que los LGTBI no están en el Islam, por lo que hay que matarlos. “Vivía en Jalalabad antes de que los talibanes vinieran con amenazas, así que me trasladé a Kabul. Estoy en peligro las 24 horas del día y no puedo trabajar, lo que me está causando problemas económicos. Siento que nadie me ayuda. He solicitado ayuda a muchas organizaciones”.

‘Condiciones terribles’

Sus comentarios se producen tras una entrevista en la que un juez talibán confirmó que los hombres homosexuales serán ejecutados derribando muros sobre ellos una vez que la entidad militante vuelva al poder.

Un informe del Departamento de Justicia de 2009 señalaba que “no hay constancia de que se hayan dictado sentencias de muerte tras el fin del régimen talibán, pero… esto sigue siendo técnicamente posible” según el derecho penal del país.

Según Artemis Akbary, fundador de la Organización LGTBI Afgana, la mayoría de los países europeos han hecho “muy poco” por los afganos LGTBI, que siguen viviendo en “condiciones terribles”.

Dijo a TLE: “Han defraudado a las personas LGTBI dentro de Afganistán, porque cuando los talibanes tomaron el poder, la mayoría de la comunidad LGTBI tenía esperanzas; esperanzas de que los países occidentales les ayudaran.

“Muchos de los países europeos, especialmente Alemania, Canadá y Gran Bretaña, dijeron que aceptarían a los afganos LGTBI. Les di una lista de nombres, pero sólo unos pocos han sido reubicados mientras el resto sigue atrapado.

“Pero, por desgracia, no lo hicieron, porque la guerra empezó en Ucrania. Creo que se están centrando en Ucrania. Han cerrado los ojos a Afganistán y a las muchas personas que han quedado atrás. Creo que eso es realmente terrible.

“Los talibanes no han cambiado, se han vuelto aún más peligrosos. Ahora mismo la situación de las personas LGTBI se ha vuelto más difícil, especialmente para las lesbianas y los bisexuales, porque ahora mismo las mujeres no pueden ir a otra ciudad sin un marido”.

Fuente: The London Economic, vía KifKif

General, Islam Afganistán, Artemis Akbary, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Islam, Nemat Sadat, OutRight Action International, Talibanes

Stop a la deportación de personas LGTBI y de todas las personas”, exigen los manifestantes en Múnich en 2020 | Sven Hoppe/dpa/Alamy Live News

Gerald* y su novio huyeron de Ruanda en febrero de este año para escapar de la persecución de sus familias y de la iglesia. “Nos golpearon, nos hicieron pasar hambre y se negaron a darnos refugio”, dijo a openDemocracy desde la vecina Uganda.

Su testimonio se produce después de que el gobierno británico anunciara nuevas propuestas para reasentar a los solicitantes de asilo en Ruanda.

El plan de 120 millones de libras esterlinas, pagado por el contribuyente británico, se dirigirá principalmente a los hombres solos que lleguen en barcos o camiones. El primer ministro Boris Johnson calificó el plan de “humano y compasivo” y dijo que pondría fin a los negocios de los “viles traficantes de personas”.

Pero los grupos de derechos dicen que será especialmente perjudicial para las personas LGTBI, dado el historial de Ruanda en materia de derechos LGTBI.

“Es espantoso para todos. Pero para las personas LGTBI en particular, es sustancialmente peor”, afirma Sonia Lenegan, directora jurídica y de políticas de la ONG Rainbow Migration.

“El gobierno debe abandonar este problemático acuerdo. Habrá impugnaciones legales al respecto”.

Ruanda no es segura para las personas LGTBI

El nuevo acuerdo significa que las personas LGTBI que se enfrentaban a un grave peligro en sus países de origen y buscaban protección en el Reino Unido serán devueltas a un país donde no es seguro ser abiertamente LGBTBI, afirma Lenegan.

“Si eres una persona LGTBI que ha sido enviada desde el Reino Unido a Ruanda, ahora te encuentras en una situación en la que no es realmente seguro ser quien eres. Sin embargo, al mismo tiempo tienes que pedir asilo por ser gay”.

Lenegan afirma que en estos momentos no está claro cómo trata Ruanda los casos de asilo de personas LGTBI, ni si es posible presentar una solicitud por estos motivos.

Un informe de Human Rights Watch del año pasado descubrió que las autoridades ruandesas acorralaron y detuvieron arbitrariamente a más de una docena de personas homosexuales y trans, trabajadores del sexo, niños de la calle y otras personas en los meses previos a una conferencia internacional de alto nivel prevista para junio de 2021.

El mismo informe recogía testimonios de personas LGTBI de Ruanda que afirmaban que los agentes de seguridad les acusaban de “no representar los valores ruandeses”.

Ruanda no tiene leyes contra la conducta homosexual y de género no conforme. Pero esto no significa que sea un lugar seguro para las personas que se identifican como LGTBI, afirma un organizador de la comunidad en la capital del país, Kigali.

“No se penaliza la homosexualidad, pero tampoco se reconoce oficialmente”, dijo a openDemocracy bajo condición de anonimato. “No tenemos leyes que protejan a las personas LGTBI. Existe un estigma en la familia, el lugar de trabajo y las escuelas”.

Algunas personas LGTBI de Ruanda han solicitado asilo en el Reino Unido por su orientación sexual o identidad de género, aunque el número es bajo.

“Caro y cruel”.

Lenegan afirma que en un acuerdo anterior similar entre Israel y Ruanda se trasladó a miles de solicitantes de asilo a Ruanda, pero casi todos abandonaron el país inmediatamente para volver a emprender el peligroso viaje a Europa.

Dinamarca también aprobó una ley similar el año pasado, con la que pretendía tramitar las solicitudes de asilo fuera de la Unión Europea, pero no está claro si se ha utilizado todavía. La Unión Africana condenó entonces el plan, diciendo que eludía la responsabilidad.

A pesar de ello, el gobierno británico ha intentado introducir disposiciones similares de “deslocalización” en el proyecto de ley sobre nacionalidad y fronteras, que volverá a la Cámara de los Comunes del Reino Unido la semana que viene. Los defensores han advertido de que el proceso podría dificultar aún más que una persona “demuestre” su orientación sexual o su identidad de género.

Este modelo de deslocalización tiene su origen en Australia. “Su coste es escandaloso”, dijo Lenegan. “Australia ha gastado miles y miles de millones en hacer esto. No tiene sentido seguir a Australia cuando estamos en una posición muy diferente geográficamente.

“Pensar que este proceso va a disuadir a la gente es muy improbable. Teniendo en cuenta lo poco claro que está todo esto, dudo que la mayoría de las personas migrantes entiendan realmente que existe un riesgo realmente grande de que puedan ser enviadas a Ruanda.

“Estás poniendo a la gente en una situación muy peligrosa y gastando mucho dinero en ello cuando no hay pruebas claras de que vaya a conseguir el aparente objetivo de disuasión del gobierno.

“En su lugar, sería más barato invertir en el Ministerio del Interior y conseguir que tome decisiones eficaces. El gobierno ha optado por la opción cara y cruel en lugar de la más barata y eficiente”.

El Ministerio del Interior británico dijo a openDemocracy que no creía que el nuevo plan pusiera en peligro a las personas LGTBI. “Todas las personas consideradas para la reubicación serán examinadas y tendrán acceso a asesoramiento jurídico”, dijo un portavoz. “Las decisiones se tomarán caso por caso y no se trasladará a nadie si es inseguro o inadecuado que sea trasladado”.

Y añadió: “No vamos a comentar los criterios exactos ni los motivos por los que se podría expulsar a las personas.

“Esto no sólo se refiere a los homosexuales, sino que se extiende a la cuestión de los niños, las familias y todas las diferentes necesidades sanitarias de las personas, sobre las que no hacemos más comentarios, sólo por la razón general de no alertar a las bandas de traficantes para que ataquen a las personas vulnerables”.

La portavoz del gobierno de Ruanda, Yolande Makolo, dijo que, en Ruanda, “todas las personas, incluidas las que se identifican como LGTBI, pueden sentirse seguras” porque “un principio central de la reconstrucción de Ruanda ha sido garantizar que cada persona sea tratada, ante todo, como un ser humano” y el país ha sido “muy bien clasificado en cuanto a igualdad de género e inclusión de grupos históricamente marginados”.

Fuente: Open Democracy

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Maha al-Mutairi, una mujer trans de 40 años, fue sentenciada a dos años de prisión y una gran multa en virtud del artículo 198, una ley contra las personas trans en Kuwait. Un tribunal de Kuwait anuló una ley que criminalizaba a las personas trans al prohibir la “imitación del sexo opuesto”.

La corte constitucional del estado del Golfo anuló el miércoles (16 de febrero) una ley vilipendiada, conocida como el artículo 198 del código penal de Kuwait, que prohíbe la “imitación de lo contrario”. Cualquiera que sea declarado culpable de violar la ley ahora desaparecida enfrentaba prisión y una multa considerable.

Los activistas de derechos humanos y LGBT+ han criticado durante mucho tiempo la ley como un medio para que las autoridades procesen a las personas trans en Kuwait.

El tribunal dijo que la ley era inconstitucional porque no proporcionaba “estándares objetivos” que identificaran el delito, según Reuters.

Agregó que la redacción general del artículo 198 también era “inconsistente con el entusiasmo de la constitución por garantizar y preservar la libertad personal”.

Lynn Maalouf, subdirectora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, acogió con satisfacción el fallo del tribunal como un “gran avance” para los derechos de las personas trans en la región.

“El artículo 198 fue profundamente discriminatorio, demasiado vago y nunca debería haber sido aceptado como ley en primer lugar”, dijo Maalouf. “Las autoridades kuwaitíes deben ahora asegurarse de que el artículo 198 sea derogado en su totalidad”.

Maalouf también pidió a las autoridades que “detengan de inmediato los arrestos arbitrarios” de personas trans y “renuncien a todos los cargos y condenas presentados contra ellos en virtud de esta ley transfóbica”.

En octubre, Maha al-Mutairi, una mujer trans de 40 años, fue condenada a dos años de prisión y una multa de 1.000 dinares kuwaitíes por “imitar al sexo opuesto”, entre otros cargos.

Ibtissam al-Enezi, abogado de al-Mutairi, dijo a Human Rights Watch en ese momento que el tribunal había utilizado los videos de las redes sociales de al-Mutairi como evidencia para condenarla, ya que se la podía ver maquillada, hablando sobre su identidad trans, supuestamente haciendo “insinuaciones sexuales” y criticando al gobierno de Kuwait.

(YouTube/TransValid)

Al-Mutairi dijo a Human Rights Watch que era la sexta vez que la arrestaban debido a su identidad trans. Actualmente se encuentra recluida en la prisión central para hombres de Kuwait.

Shaikha Salmeen, abogada y activista que trabajó en el caso de al-Mutairi y la campaña contra el Artículo 198, dijo que el fallo del miércoles fue un paso “en la dirección correcta”, informó el New York Times. “Fue inconstitucional, y nadie puede dudar de eso”, dijo.

Salmeen también anticipó que habría una reacción violenta de los conservadores contra el fallo de la corte, y dijo que su “contraataque seguramente será cruel”.

Más: Kuwait, Medio Oriente

Fuente Pink News

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Human Rights Watch publicó un trabajo basado en entrevistas hechas a 60 personas identificadas como homosexuales, bisexuales o transgénero en el que denuncian haber sido víctimas de ataques del grupo extremista islámico

Afgano gay quemado por talibanes dice que la comunidad LGBT se olvidó de Afganistán

La comunidad LGBT en Afganistán afronta una situación desesperada, con graves amenazas a su seguridad desde que los talibanes volvieron al poder y con un número de ellos tratando de escapar del país, alertó este martes la organización Human Rights Watch en un comunicado conjunto con OutRight Action International.

El informe titulado “Te encontraremos aunque te vayas al espacio” se basa en entrevistas hechas a sesenta afganos identificados como homosexuales, bisexuales o transgénero, residentes en Afganistán o en países cercanos y que han sufrido ataques de los talibanes o de familiares o vecinos simpatizantes del grupo fundamentalista.

Las agresiones consisten en violaciones colectivas, palizas o expulsiones de sus hogares a las calles, donde su indefensión es aún mayor, y aunque en la época anterior tampoco las leyes los protegían, “ahora es difícil de imaginar cuán devastador y terrorífico ha sido el retorno de los talibanes”, quienes ya en su anterior gobierno (1996-2001) hicieron muy difícil la vida a los homosexuales.

El ministerio talibán del Vicio y la Virtud publicó en 2020 un manual de conducta en el que los líderes religiosos prohibían las relaciones homosexuales y explicaban que toda acusación de inclinaciones homosexuales debía dirigirse al ministerio para que éste defina el castigo.

Una gran parte de los LGBT entrevistados han tratado de huir del país, pero la vía más fácil es Pakistán, donde también allí la homosexualidad está perseguida, así que son muy pocos los que han alcanzado un destino considerado seguro, como es el caso del Reino Unido, que ha anunciado haber acogido a un pequeño número de ellos.

“Los talibanes han proclamado explícitamente que no van a respetar los derechos de los LGBT -dijo la vicedirectora de mujeres de HRW, Heather Barr-. Es extremadamente importante que los gobiernos interesados pongan presión en los talibanes para que los respeten y reconozcan el derecho de asilo a los LGBT ante los riesgos de persecución”.

El informe completo (en inglés):

(Con información de EFE)

Fuente Infobae

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Un tribunal de Kuwait ha condenado a dos años de prisión a una mujer trans de 40 años por «imitar al sexo opuesto» en sus redes y comunicaciones online. Lo ha denunciado la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, que reclama a las autoridades kuwaitíes su inmediata libertad y que se le permita vivir de manera segura con su identidad femenina.

Según informa Human Rights Watch, Maha al-Mutairi, una mujer trans de 40 años, fue condenada el pasado 3 de octubre a dos años de prisión y a pagar una multa de 1.000 dinares kuwaitíes (cerca de 3.000 euros) por «imitar al sexo opuesto» en sus actividades online, lo que le ha valido una condena por «hacer un mal uso de la comunicación telefónica». Aunque Maha al-Mutairi intentó evadir a la justicia tras conocer la condena, finalmente fue detenida el pasado 11 de octubre en un hotel. En estos momentos se encuentra en una prisión masculina, ocupando por el momento una celda aislada. Su abogada, Ibtissam al-Enezi, ha trasladado a la Human Rights Watch que el tribunal usó vídeos de las redes sociales de al-Mutairi como prueba, alegando que usaba maquillaje, se identificaba como mujer y hacía supuestas «insinuaciones sexuales», además de criticar al Gobierno de su país. Su audiencia de apelación está prevista el próximo 31 de octubre.

No se trata, de hecho, de la primera vez que Maha al-Mutairi es detenida por su identidad de género, y de hecho ella ha denunciado varios episodios previos de abusos, violencia y agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad kuwaitíes, el más grave de ellos durante una estancia de siete meses en una prisión masculina en 2019. «La continua vigilancia, los repetidos arrestos y el encarcelamiento de Maha al-Mutairi por parte del gobierno de Kuwait debido a su identidad trans es una violación flagrante de sus derechos básicos», ha denunciado Rasha Younes, investigadora de derechos LGTB de Human Rights Watch. «Las autoridades kuwaitíes deben revocar de inmediato su condena y permitirle vivir de manera segura como mujer», ha añadido.

Kuwait, monarquía del Golfo Pérsico con estrechos lazos con los países occidentales, castiga como delito en su Código Penal la «imitación del sexo opuesto» desde 2007, aunque en este caso la condena se habría visto agravada por un artículo de ley de telecomunicaciones que castiga con cárcel a todo aquel que «utilice indebidamente» las comunicaciones telefónicas. Dos artículos que Human Rights Watch pide a la Asamblea Nacional de Kuwait que derogue de inmediato por sus efectos perversos sobre las personas trans, en base al artículo 36 de la Constitución de Kuwait, que garantiza la libertad de expresión, y de los convenios internacionales contra la discriminación firmados por ese país.

Todo ello sin olvidar que Kuwait es además uno de los países que siguen criminalizando las relaciones sexuales consentidas entre varones adultos, con penas que pueden llegar a los siete años de prisión.

Fuente Dosmanzanas

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 Nur Sajat  (Instagram / @ nursajat24)

Se insta a Tailandia a no extraditar a una activista trans y empresaria a su país de origen, Malasia, donde podría ser encarcelada durante años por usar ropa de mujer.

La empresaria de cosméticos Nur Sajat, de 36 años, huyó del país en enero después de que fue acusada de violar la ley Sharia al usar un vestido en un evento religioso en 2018.

Ahora enfrenta tres años de prisión por el delito, que supuestamente supuso un “desprecio” al Islam. Los medios de comunicación de Malasia también informan de que la buscan como víctima y testigo en un caso de fraude separado.

El tribunal emitió una orden de arresto en febrero después de que ella no se presentara a una audiencia, y Sajat ha estado huyendo desde entonces.

La policía de Malasia dijo en un comunicado el lunes (20 de septiembre) que Sajat fue detenida por las autoridades tailandesas el 8 de septiembre por tener un pasaporte inválido. Fue acusada de delitos de inmigración y puesta en libertad bajo fianza.

Ahora se entiende que busca refugio en la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Los medios locales informaron que planea buscar refugio en Australia, pero la amenaza de deportación se cierne sobre ella mientras permanece en Tailandia.

Phil Robertson, subdirector de Human Rights Watch para Asia, dijo que a Sajat se le ha otorgado el estatus de refugiada y que no debería ser devuelta bajo ninguna circunstancia. “Necesita ser enviada a un país que ofrezca protección de derechos, no perseguida por ser LGBT, que es lo que sucederá si la envían a Malasia”, tuiteó el lunes.

Thilaga Sulathireh, cofundadora del grupo de activistas transexuales de Malasia Justice for Sisters, dijo al the Straits Times que la “persecución continua contra Nur Sajat representa el clima de represión contra las personas LGBT en Malasia”.

Los malasios LGTBIQ+ se enfrentan habitualmente a la discriminación en virtud de las estrictas leyes islámicas del país que penalizan cualquier forma de sexo anal u oral con hasta 20 años de prisión y azotes obligatorios. Los cambios propuestos al código penal podrían hacerlo incluso opresivo en el futuro.

“La policía debe retirar de inmediato todas las investigaciones y el acoso contra Sajat”, dijo Sulathireh a la AFP.

Las autoridades malasias no dieron señales de hacerlo, ya que instaron a Sajat a entregarse en una conferencia de prensa el martes (21 de septiembre). “Por muy inteligente que sea la ardilla para saltar, eventualmente volverá a caer a la tierra. La policía, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General, están trabajando para extraditar a esta persona ”, dijo el Comm Datuk Seri Abd Jalil Hassan, según informó The Star. “Sin embargo, también le aconsejo a esta persona que regrese a casa ‘de una buena manera’ para que los casos que se están enfrentando puedan continuar”.

Escalada de LGTBfobia pese al cambio político en Malasia

En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían en septiembre de 2018 seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa. Y en 209, el ministro de turismo Datuk Mohamaddin bin Ketapi  afirmaba en un evento en Alemania, que “No hay gays en Malasia”.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Human Rights Watch está distribuyendo esta foto privada de los dos prisioneros arrestados: Shakiro y Patricia tienen que usar ropa de hombre allí (Imagen: Facebook / Shakiro)

Continúa la represión LGTBIfoba en Camerún. Dos mujeres trans, arrestadas en febrero en un restaurante de Duala, han sido condenadas a cinco años de prisión y multas de 200.000 francos (unos 304 euros). Sus delitos, tentativa de homosexualidad, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. La sentencia confirma el recrudecimiento de la persecución contra la comunidad LGTBI en los últimos meses en uno de los países africanos con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada. Las víctimas, además, quedan expuestas con frecuencia a la brutalidad policial.

Hace unas semanas que nos hacíamos eco de un informe de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en el que alertaban de un aumento de la represión policial contra la población LGTBI en Camerún. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión, además de cuantiosas multas. Las consecuencias son terribles para las personas LGBTI, forzadas a vivir bajo la amenaza constante de los arrestos y la violencia.

Entre los casos que denunciaba HRW se encuentra la detención de dos mujeres trans el pasado 8 de febrero en la ciudad de Duala, por llevar atuendos femeninos. Fueron acusadas de conducta homosexual, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. Las víctimas se identifican como Shakiro y Patricia, respectivamente. La primera es muy conocida en las redes sociales en Camerún, donde ha publicado vídeos hablando de su identidad de género.

El martes de la semana pasada se dio a conocer la sentencia del caso. El tribunal ha declarado culpables de todos los cargos a ambas mujeres y las condena a cinco años de cárcel y sendas multas de 200.000 francos CFA, el equivalente a unos 304 euros. Se trata de la pena más alta que prevé el código penal del país para los delitos imputados. Los abogados de las acusadas anuncian que presentarán recurso y denuncian que el fallo es «una decisión política» del Gobierno de Camerún, que, como se ha visto también en otros países, azuza la LGTBIfobia social para su propio beneficio político.

El activismo local denuncia, además, los malos tratos sufridos por las detenidas en una cárcel de hombres. Según estas fuentes, Shakiro y Patricia fueron golpeadas, amenazadas de muerte, insultadas y obligadas a firmas declaraciones contra su voluntad. «Los policías les fijaron las manos a la espalda durante treinta minutos y las golpearon con sus botas», afirman, mientras las llamaban «maricones asquerosos». Unos abusos que, por desgracia, son habituales contra las personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa en el país africano.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

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Oleada de persecución LGTBIfoba en Camerún. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha emitido un informe en el que alerta del recrudecimiento de la represión contra la comunidad LGBTI en el país africano. Desde febrero de este año, HRW ha contabilizado al menos 24 casos de detención arbitraria, amenazas y agresiones de las fuerzas de seguridad a personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa. Camerún es una de las naciones con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada.

La ONG Human Rights Watch ha redactado su informe sobre la base de entrevistas con grupos locales de apoyo a la comunidad que han aportado abundante documentación sobre los abusos denunciados, y ha llegado a la conclusión de que la represión LGTBIfoba se ha redoblado en los últimos meses. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión. Una ley que «incrementa el riesgo de las personas LGTB de sufrir maltrato, torturas y agresiones sin consecuencias para los atacantes», según Neela Ghoshal, de HRW.

Las consecuencias son terribles para la comunidad. El pasado 8 de febrero, la policía detuvo en la ciudad de Duala a dos mujeres trans, que fueron acusadas de conducta homosexual, carecer de documentación e indecencia pública. Solo seis días después, seis jóvenes eran arrestados, entre ellos un menor de edad, bajo la acusación de homosexualidad. Tras ser sometidos a malos tratos, fueron liberados ese mismo día.

El 24 de febrero, una redada de la policía a una asociación de prevención y asistencia a personas con VIH se saldó con trece detenidos acusados de homosexualidad. Todos fueron puestos en libertad en los días siguientes, aunque tres de ellos denunciaron agresiones sufridas en la comisaría, así como amenazas, insultos y la obligación de firmar declaraciones que no les permitieron leer. Una mujer trans de 26 años que se contaba entre los arrestados fue forzada a someterse a una prueba de VIH y a un examen anal, una humillante tortura que es práctica habitual en la persecución LGTBIfoba en Camerún y otros países.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

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Shavkat Mirziyoyev, presidente de Uzbekistán.

Pronto podría ser ilegal en Uzbekistán respaldar públicamente la legalización del sexo gay, luego de la aprobación de una nueva ley que prohíbe las críticas al presidente en línea.

El miércoles (31 de marzo), Shavkat Mirziyoyev, presidente de Uzbekistán, promulgó enmiendas al código penal del país que prohíben “insultar y calumniar” al presidente en línea, por parte de los medios de comunicación o de particulares. La legislación no especifica qué califica como “insulto”.

La nueva ley podría ser una indicación de lo que vendrá, ya que el país está considerando un borrador de muchos más cambios al código penal.

Uzbekistán prohíbe actualmente la conducta sexual consentida entre personas del mismo sexo en virtud del artículo 120 del código penal actual, y las violaciones pueden ser castigadas con hasta tres años de prisión.

El nuevo borrador mantendría la prohibición, pero agregaría al código que el sexo gay es un crimen “contra la familia, los niños y la moral”.

Sin embargo, según las leyes que se están considerando actualmente, incluso criticar la prohibición de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo podría volverse ilegal.

Según Human Rights Watch, también prohibiría “la falta de respeto a la sociedad, el estado, los símbolos del estado (valores nacionales y universales)” así como cualquier llamado a la protesta pública “en violación del orden establecido”.

Si bien aún no es técnicamente ilegal, las críticas al presidente de Uzbekistán y las leyes del gobierno contra el sexo gay están lejos de ser seguras.

Además de ser criminalizadas, las personas LGBT + en Uzbekistán comúnmente enfrentan violencia, amenazas y extorsión.

El activista uzbeko LGBT + Miraziz Bazarov ha sido hospitalizado con heridas graves después de una brutal golpiza por parte de tres hombres enmascarados con un bate de béisbol

Esta semana, el activista uzbeko LGBT + Miraziz Bazarov (en la foto) fue hospitalizado después de que lo golpearan con un bate de béisbol por hablar en contra de la criminalización del sexo gay.

Bazarov, de 29 años, fue trasladado de urgencia al Hospital de Traumatología de Tashkent el domingo (28 de marzo) con múltiples lesiones en sus órganos internos y piernas, incluida una fractura abierta del fémur izquierdo y una conmoción cerebral grave.

Al día siguiente, los médicos le dijeron a RFE/RL que su condición es tan grave que ahora lo han trasladado a otro hospital donde es posible que deba someterse a una cirugía cerebral.

El ataque fue presenciado por uno de los vecinos de Bazarov, quien dijo que la golpiza solo duró unos tres minutos. “Cuando [Miraziz Bazarov] entraba por la entrada de la casa donde vivía, un automóvil se detuvo y tres hombres enmascarados se cayeron”, dijo a los periodistas. “Uno de ellos tenía un bate de béisbol en la mano. Salieron del auto y comenzaron a golpearlo “.

El activista tiene un blog en Telegram  llamado Kanal Bazarova, donde aboga por la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo y ha pedido repetidamente la eliminación del “vandalismo” del Código Penal de Uzbekistán.

Dijo a las noticias rusas el domingo que había sido “agresivamente atacado por blogueros conocidos por ser partidarios del gobierno en la blogósfera”. Según los informes, había recibido varias amenazas en las últimas dos semanas y alertó a la policía al menos diez veces, pero no se tomó ninguna medida.

Miraziz Bazarov, an Uzbek blogger, who openly supports #LGBT rights is in hospital after being heavily beaten by radicals this evening. Broken leg, concussion.He’s been receiving death threats from Islamist bloggers for a while. He reported them but police did nothing #Uzbekistan pic.twitter.com/vDoJm7usEH

— Agnieszka Pikulicka (@Aga_Pik) March 28, 2021

“Soy el blanco de ataques [verbales] porque supuestamente estoy haciendo propaganda LGBT +, aunque todo lo que estoy haciendo es hablar a favor de eliminar [las sanciones penales] por sodomía. Creo que esto es asunto personal de la gente “, dijo en un video publicado en las redes sociales horas antes de ser agredido.

Basárov es un crítico vocal del presidente Mirziyoyev y ha escrito extensamente sobre la “creciente corrupción” del gobierno, describiendo supuestas reformas económicas como una “gran pérdida” y pidiendo a la gente que boicotee las elecciones.

El verano pasado fue interrogado por investigadores del Servicio de Seguridad del Estado después de que instó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Asiático de Desarrollo a no otorgar préstamos a Uzbekistán sin un control estricto sobre cómo se utilizan los fondos.

La policía dijo el lunes que investigarían el incidente, pero culpó a Miraziz Bazarov de provocar la golpiza, según Eurasianet.

El director de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch condenó enérgicamente el ataque y lo calificó de “totalmente espantoso“. “Uzbekistán se ha comprometido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este mes, en teoría, a respetar las normas internacionales de derechos humanos. ¡Debería hacerlo! Poner fin a los ataques contra las personas LGBT + ”, tuiteó.

Fuente Pink News

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El presidente de Panamá Laurentino Cortizo

El presidente Cortizo debería vetar las disposiciones discriminatorias

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Importante decisión la adoptada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera que las leyes que criminalizan a las personas homosexuales en Jamaica atentan contra el derecho internacional y deben ser derogadas. Aunque no es previsible que la decisión tenga un efecto inmediato, sí que sienta un precedente fundamental para la evolución futura de los derechos LGTBI el el continente americano.

Ya en 2012, cuando comenzó este largo proceso, recogíamos la historia. Hacíamos referencia, por aquel entonces, a Gareth Henry, un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. Su denuncia ante la CIDH contó con el soporte legal de Human Dignity Trust, una organización de lucha a favor de los derechos de las personas LGTBI con base en el Reino Unido, en estrecha colaboración con J-FLAG, organización jamaicana a favor de los derechos LGTBI que trabaja sobre el terreno en condiciones nada favorables. Las víctimas consignadas eran el propio Henry y Simone Carline Edwards, una mujer lesbiana que solicitó asilo en los Países Bajos después de sobrevivir a los disparos de dos hombres, que también intentaron matar a su hermano gay.

No fue hasta 2018 que la CIDH declaró la admisibilidad del caso, tras constatar el hostigamiento que sufre la comunidad LGTBI jamaicana y recopilar una serie de hechos relacionados con los demandantes, cuyos testimonios son sobrecogedores. A la hora de abrir el procedimiento contra Jamaica la CIDH tuvo en cuenta «las amenazas de muerte y a la integridad física, las afectaciones a la vida privada y familiar, las violaciones del derecho de circulación y residencia, el trato desigual, la falta de acceso a la justicia y la protección judicial, y la privación del acceso a la atención médica» que relataban.

Los testimonios de las víctimas son estremecedores. Henry asegura que tuvo que huir de Jamaica temiendo por su vida tras ser objeto de violencia policial y de bandas organizadas y espera que la decisión de la Comisión Interamericana sea el primer paso de un cambio en la situación de las personas LGTB. Edwards destaca la sensación de impunidad que ampara a las hordas LGTBfobas como la que casi acaba con su vida y la de su hermano. También se mostró esperanzada de que las leyes que perpetúan esta situación sean derogadas algún día para poder regresar a su país sin miedo a ser atacada de nuevo. Human Dignity Trust, en un comunicado celebrando la decisión de la CIDH, recuerda que la legislación represora no solo criminaliza las relaciones consentidas entre hombres, sino que legitima la violencia contra toda la comunidad LGTB.

Ahora se conoce, casi una década después, el resultado del proceso. La decisión se había tomado ya en septiembre de 2019, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho por fin pública. Y no puede ser más favorable: la CIDH no solo reconoce como probados la violación de derechos de los demandantes por parte del Estado jamaicano y solicita que estos sean compensados, sino que establece que las leyes que criminalizan la homsoexualidad, vigentes en Jamaica como herencia de la época colonial, atentan contra el derecho internacional y deben ser derogadas. La CIDH va incluso más allá, al instar a Jamaica a poner en marcha una legislación que proteja contra la discriminación a las personas LGTBI e introducir reformas en sus fuerzas y cuerpos de seguridad para que estos no sean cómplices o incluso perpetradores de violencia contra las LGTBI.

Human Dignity Trust considera que la decisión de la CIDH (que puedes descargar aquí) es histórica y supone un importante precedente. No supondrá, eso sí, cambios inmediatos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad autónoma dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), no dispone de la capacidad coercitiva de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, con la que con frecuencia suele confundirse (y cuya competencia contenciosa Jamaica ni siquiera reconoce). Pero sus dictamenes y recomendaciones, además de dar visibilidad a las violaciones contra los derechos humanos cometidas en suelo americano, son tenidos en cuenta por la OEA, motivan decisiones políticas de sus miembros y sin duda pueden acelerar procesos que de otra forma serían mucho más lentos. Estaremos pendientes.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla.

La última noticia que publicamos sobre Jamaica tras la confesión del escritor jamaicano Marlon James habla del exorcismo al que se sometió para intentar dejar de ser homosexual… es que las leyes anti gays arcaicas en Jamaica y la discriminación contra las personas LGBT + le están costando a la nación alrededor de $ 11 mil millones por año, según el Instituto de Investigación de Políticas del Caribe (CAPRI).

Pero,  en diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Los precedentes son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

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“Ningún lugar adonde ir”: los jóvenes LGBT + ugandeses “denunciados” durante el confinamiento

Un estudiante cuenta cómo él y otros fueron arrestados por cargos relacionados con Covid, humillados públicamente y sin un lugar donde quedarse.

Raj Juuko: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”

En la foto tomada el jueves 11 de junio de 2020, el refugiado gay ugandés Martin Okello muestra las cicatrices que sufrió en un ataque en mayo, afuera de la casa que comparte con otros refugiados LGBT en Nairobi, Kenia. Su vida en Uganda se hizo añicos en 2014 cuando un trabajador sexual masculino trató de extorsionarlo por $ 10 y lo declaró gay. Okello fue despedido de la estación de radio cristiana donde trabajaba y sus padres católicos lo echaron de su casa. (Foto AP / Brian Inganga) Fotografía: Brian Inganga / AP

Cuando le preguntas a Ronald Ssenyonga, un ugandés de 21 años, que te cuente sobre su arresto, él pregunta: “¿Cuál?” Como muchas personas homosexuales que luchan por sobrevivir en un país que ha utilizado el Covid-19 como excusa para reprimir los derechos humanos, Ssenyonga está acostumbrado a arrestos y redadas.

Incluso antes de la pandemia, Uganda fue catalogada como el peor lugar para ser gay después de que su parlamento propusiera la pena de muerte para algunos actos homosexuales. La corte constitucional anuló la ley en 2014, pero las agencias de seguridad continúan acosando a los homosexuales, confiando en la información de los vigilantes comunitarios para atacarlos y sacarlos de lugares que creían seguros.

Ssenyonga acaba de regresar de su segundo período en prisión en tres meses. Él y su vecino, Tevin Haris Kifuba, fueron acusados de robar una televisión. Un malentendido, dicen, en comparación con el caso instigado por el estado que pesa sobre sus cabezas: se encuentran entre las 20 personas acusadas de llevar a cabo “actos negligentes que pueden propagar la infección” después de que las agencias de seguridad allanaron su albergue.

Todo comenzó un domingo por la mañana en el refugio administrado por una organización sin fines de lucro, Children of the Sun, dice Ssenyonga, mientras se sienta en su litera en una habitación pequeña. Se retuerce las manos, todavía mojadas y pálidas de lavar la ropa que acaba de colgar en el tendedero. Ha lavado toda la suciedad de la prisión. Pero los recuerdos no se borran tan fácilmente.

La primera señal de peligro, dice, fue ver botas verdes a través de un hueco debajo de la puerta. Algunas personas todavía estaban en la cama en el refugio, que les ha dado un hogar a los homosexuales de Uganda durante el cierre. Algunos estaban en la veranda lavándose la cara con agua salpicada de vasos de plástico de colores. Otros tenían sus cepillos de dientes en las manos mientras los hombres con botas verdes abrían la puerta de una patada. Todos empezaron a correr. Pero no había ningún lugar adonde ir. La policía los reunió a todos y les ordenó que se sentaran y se enfrentaran a los periodistas que habían sido llevados en la redada.

Nos ataron como esclavos y nos hicieron marchar por un centro comercial lleno de gente homofóbica. Ronald Ssenyonga. “Después de la ‘sesión de fotos’, nos ataron como esclavos y nos hicieron marchar por un centro comercial lleno de gente homofóbica. Algunas personas nos abofetearon. Otros nos golpean con piedras o lo que encuentran. Nos gritaron y nos condenaron ”.

Un video de la redada se difundió en las redes sociales. En él, Haji Abdul Kiyimba, alcalde del ayuntamiento donde se encuentra el refugio, exige que los jóvenes le digan los números de teléfono de sus padres mientras los azotan.

Luego, los hombres fueron llevados a prisión donde, según dicen, pasaron un mes siendo objeto de burlas y torturas. Se les impidió ver a sus abogados, una acción que los tribunales de Uganda dictaminaron que constituía una violación de su derecho a una audiencia imparcial. Su proveedor de asistencia legal, el Foro de Promoción y Concienciación de los Derechos Humanos, también demandó al gobierno por las torturas que los hombres dicen que sufrieron mientras estaban en prisión.

“Ellos pensaban que no éramos nadie y no teníamos a nadie de nuestro lado. Nos quemaron con leña y nos obligaron a confesar que somos homosexuales. Usaron palos de tamaño anormal y barras de hierro [para golpearnos], y pusieron a otros prisioneros en nuestra contra ”, dice Ssenyonga. En el momento de su arresto, estaba esperando sus resultados de nivel A y con ganas de ir a la universidad. “Pero después de que mostraron mi cara en el video, todos saben que soy gay. Estoy demasiado avergonzado para mostrar mi cara en la escuela. Así que no sé qué me depara el futuro cuando ni siquiera puedo salir a recoger mis resultados ”.

Kifuba solía editar videos en una pequeña tienda de medios. Cuando salió de la cárcel, escuchó que su jefe “movilizó a la gente para impulsar el video”. No pudo regresar a su trabajo ni a la casa de sus padres. “Tuve que aceptar que era gay porque es quien soy. Rompió el corazón de mi madre. El pueblo escupía fuego. Antes, al menos podía volver a casa. Pero tuve que dejar el pueblo y ahora no tengo adónde ir “.

Severus Hama-Owamparo es director ejecutivo de la Taala Foundation (Fundación Taala), que ha estado brindando apoyo de salud mental a las personas detenidas. La fundación  Children of the Sun Foundation están proporcionando comida, dinero de alquiler y otros elementos básicos durante seis meses a personas como Kifuba y Ssenyonga que no pueden volver a sus vidas después de ser arrestadas y expuestas. “Cuando el gobierno impuso las reglas de encierro, no pensó en personas que no tienen hogar. Se esperaba que todos regresaran a un hogar lleno de amor, y las personas que no pueden ser castigadas ”, dijo Owamparo.

Human Rights Watch dice que Uganda está usando la cobertura del coronavirus para marginar y atacar a las personas homosexuales. “En la raíz de las detenciones está la homofobia”.

Raj Juuko, uno de los ayudados por Children of the Sun y Taala para alquilar una casa, dice que es posible que no siempre tenga dinero para comida u otras necesidades, pero se siente aliviado de no tener que volver a casa. “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona. Cuando ocurre Covid-19 y su video se filtra, debe saber que está solo “.

Antes de la redada, Juuko era mesero en una importante cadena de restaurantes. “Después de regresar de la cárcel, mi jefe me dijo: ‘Somos musulmanes y no podemos tolerar a los homosexuales’. Antes del Covid-19, podía pagar el alquiler y cuidarme. Luego tuve que volver a cero, así como así “.

El compañero de casa de Juuko, Oketch Edward, dice que su mayor preocupación es que el alquiler solo dure hasta enero. Después de eso, no tendrán adónde ir.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Hace unos meses, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente The Guardian/Cristianos Gays

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