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Condenadas a cinco años de cárcel dos mujeres trans acusadas de «tentativa de homosexualidad» en Camerún

Jueves, 20 de mayo de 2021

africa-cameroon-transgenderwomenimprisoned-600x315Human Rights Watch está distribuyendo esta foto privada de los dos prisioneros arrestados: Shakiro y Patricia tienen que usar ropa de hombre allí (Imagen: Facebook / Shakiro)

Continúa la represión LGTBIfoba en Camerún. Dos mujeres trans, arrestadas en febrero en un restaurante de Duala, han sido condenadas a cinco años de prisión y multas de 200.000 francos (unos 304 euros). Sus delitos, tentativa de homosexualidad, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. La sentencia confirma el recrudecimiento de la persecución contra la comunidad LGTBI en los últimos meses en uno de los países africanos con una LGTBIfobia social y de Estado más arraigada. Las víctimas, además, quedan expuestas con frecuencia a la brutalidad policial.

Hace unas semanas que nos hacíamos eco de un informe de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en el que alertaban de un aumento de la represión policial contra la población LGTBI en Camerún. El sustento legal de esta persecución es la norma que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión, además de cuantiosas multas. Las consecuencias son terribles para las personas LGBTI, forzadas a vivir bajo la amenaza constante de los arrestos y la violencia.

Entre los casos que denunciaba HRW se encuentra la detención de dos mujeres trans el pasado 8 de febrero en la ciudad de Duala, por llevar atuendos femeninos. Fueron acusadas de conducta homosexual, indecencia pública y carecer de documentación en el momento de la detención. Las víctimas se identifican como Shakiro y Patricia, respectivamente. La primera es muy conocida en las redes sociales en Camerún, donde ha publicado vídeos hablando de su identidad de género.

El martes de la semana pasada se dio a conocer la sentencia del caso. El tribunal ha declarado culpables de todos los cargos a ambas mujeres y las condena a cinco años de cárcel y sendas multas de 200.000 francos CFA, el equivalente a unos 304 euros. Se trata de la pena más alta que prevé el código penal del país para los delitos imputados. Los abogados de las acusadas anuncian que presentarán recurso y denuncian que el fallo es «una decisión política» del Gobierno de Camerún, que, como se ha visto también en otros países, azuza la LGTBIfobia social para su propio beneficio político.

El activismo local denuncia, además, los malos tratos sufridos por las detenidas en una cárcel de hombres. Según estas fuentes, Shakiro y Patricia fueron golpeadas, amenazadas de muerte, insultadas y obligadas a firmas declaraciones contra su voluntad. «Los policías les fijaron las manos a la espalda durante treinta minutos y las golpearon con sus botas», afirman, mientras las llamaban «maricones asquerosos». Unos abusos que, por desgracia, son habituales contra las personas sospechosas de comportamiento homosexual o de identidad de género no normativa en el país africano.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecíaabandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Dosmanzanas

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