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En libertad con cargos el policía local de Benidorm cuyas imágenes vejando a una mujer trans se viralizaron en redes sociales

Lunes, 4 de mayo de 2020

1685_PoliciaTransfobiaBenidorm2El policía local de Benidorm cuya imagen hostigando a una mujer trans alcanzó una gran difusión en redes sociales ha sido detenido, y posteriormente puesto en libertad con cargos. El Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad alicantina lo investiga por un posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y/o delito contra la integridad moral.

Las vergonzosas imágenes, grabadas desde el interior de un vehículo de la propia Policía Local de Benidorm, se viralizaban rápidamente el viernes, 1 de mayo. «Te lo digo en serio, eh. De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué es lo que hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar, cómo vivís? (…) Sí antes jalarías pocas pollas con lo feo que eres, ¿y ahora qué haces?…», le espetaba uno de los agentes a una mujer trans a través de la ventanilla. Aunque las imágenes se viralizaron desde la cuenta del periodista Miquel Ramos, nosotros preferimos insertar el tuit que poco después publicaba en su cuenta el partido valenciano Compromís, que reproduce el vídeo ya con el rostro de la mujer pixelado:

Inmediatamente comenzaron a producirse reacciones de condena ante las imágenes, como la de la activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. «En cuarentena, aunque hay cosas que siguen estando muy presentes como la transfobia, más repugnantes aún si es de alguien que se supone está para dar ejemplo y protegernos», denunciaba Antonelli, también en Twitter.

Pero la condena más significativa llegaba de Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y máxima autoridad de la comunidad autónoma, que anunciaba, en la misma tarde del viernes, la apertura de un expediente por parte de la Consejería de Justicia, Administración Pública e Interior. «Son absolutamente intolerables las imágenes de transfobia que he visto en un vídeo denigrante. Me provocan indignación y me solidarizo con la persona agredida», publicaba en Twitter:

Según el comunicado oficial que la propia Consejería difundía, la consejera Gabriela Bravo ordenaba el inicio de una investigación. «Los hechos, denunciados a través de un vídeo en una cuenta de Twitter, muestran a una pareja de agentes de servicio y en su vehículo oficial refiriéndose a esta persona con términos y calificaciones impropias no solo de un agente de seguridad, sino de cualquier ser humano. La consellera Bravo quiere dejar claro que considera ‘inadmisible, intolerable y un atentado contra la dignidad de cualquier ser humano’ lo que se escucha en dicho vídeo y asegura que desde su departamento ‘no se va a permitir este tipo de vocabulario indecente y ofensivo, y menos aún de un agente de la ley’», expresaba el texto. Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, anunciaba la puesta a disposición de la mujer acosada del servicio Orienta de atención a personas LGTBI.

El Ayuntamiento de Benidorm reaccionaba también el mismo viernes y anunciaba en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente disciplinario a los agentes implicados y su suspensión provisional de funciones. «El Ayuntamiento de Benidorm rechaza los hechos, el contenido lamentable e indignante de las declaraciones recogidas en las imágenes; manifestaciones que constituyen un hecho absolutamente aislado y sin precedentes en nuestra ciudad», añadía. También aseguraba que «considerando que los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, se dará cuenta a la autoridad judicial para el esclarecimiento de los hechos, y depurar posibles responsabilidades».

Finalmente, en la misma noche del viernes el agente responsable de las vejaciones tránsfobas era detenido, quedando en libertad con cargos al día siguiente. Su compañero está siendo también investigado, en este caso, por un posible delito de omisión de socorro. La Generalitat Valenciana ya ha anunciado que se personará en la causa judicial. Según ha afirmado la consejera Bravo, se trata de una situación «intolerable» que «además de atentar contra la dignidad de una persona, atenta contra la imagen de la institución que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley y denunciar el delito».

El Observatorio Valenciano reclama unidades especializadas en delitos de odio

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, por su parte, ha exigido la comparecencia pública del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como autoridad competente en la gestión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una exigencia compartida por el Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya y la Federación Plataforma Trans «Sabemos que a uno de los dos policías se le ha arrestado y que ha pasado a disposición judicial, pero entendemos que este tipo de actuaciones policiales han de ser condenadas y los policías implicados apartados del cuerpo definitivamente del servicio», añade la entidad. «Que solo se denuncie el 10% de las agresiones que se producen es, en gran medida, culpa de estas actitudes contrarias a derecho y perpetuadas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Cuántas veces se producen este tipo de agresiones? En este caso, la denuncia era sencilla porque los mismos policías, en una intención clara de jactarse de la víctima, se han grabado. Pero muchas agresiones no se pueden demostrar porque no hay un vídeo que las muestre. La formación de los cuerpos policiales y judiciales se convierte en más necesaria que nunca, para que las personas LGTBI no tengamos miedo a denunciar sea cual sea el sujeto agresor que nos humilla, insulta, amenaza y agrede físicamente», explican desde el Observatorio.

La entidad valenciana, además, reclama la puesta en marcha de unidades de atención a la diversidad en las Policías locales. «La Ley Valenciana LGTBI establece que se crearán en municipios de más de 50.000 habitantes unidades de Policía Municipal especializadas en delitos de odio», explican, añadiendo que no tienen constancia de que así haya sido: «El artículo 42 establece la creación de estas unidades, lo que constituye un claro incumplimiento de la Ley aprobada por el parlamento valenciano, por lo que solicitaremos la comparecencia en les Corts Valencianes de los responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, así como de los responsables de la Consellería d’Igualtat para que expliquen por qué no se han constituido».

Fuente Dosmanzanas

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Tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorca junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia)

Viernes, 17 de abril de 2020

92873426_217794309504482_3977300622750777344_n_censored-e1586882134947-2Mweru Aneste, un orgulloso hombre y padre gay, fue encontrado muerto fuera de las oficinas de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia. (Facebook)

Terrible noticia que nos llega de Kenia. El cuerpo sin vida de Aneste Mweru, un joven gay de 25 años procedente de Uganda, ha aparecido junto a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nairobi. Todo indica a que Mweru se ahorcó tras ser agredido por guardias de seguridad y policías al intentar acceder a la sede de la organización, que estaba cerrada, el pasado lunes de Pascua. El joven había huido de su país de origen en 2017 por la creciente hostilidad LGTBfoba y tenía el estatus de refugiado en Kenia desde hace un año. Su situación era cada vez más desesperada por los recortes en la ya reducida ayuda económica que recibía y por la perspectiva de acabar en un campo de refugiados.

El triste suceso ocurrió el pasado lunes. Según activistas que ayudan a los refugiados, Aneste Mweru, de 25 años, intentó acceder a las oficinas de ACNUR de la capital keniana a pesar de que era festivo. La policía y los agentes de seguridad privada se enfrentaron a él y lo rechazaron violentamente. El joven decidió quitarse la vida ahorcándose con una bufanda en un árbol cercano al lugar.

Aneste Mwiru fue una de más de doscientos solicitantes de asilo LGBT + que se trasladaron del campamento de refugiados de Kakuma a la ciudad capital en 2019, dijeron activistas a PinkNews.  Como muchas otras personas LGTBI, Mweru había huido de Uganda en 2017 para escapar de la creciente hostilidad social y gubernamental contra la comunidad. En marzo de 2019, las autoridades kenianas lo reconocieron finalmente como refugiado. Recientemente su situación se había vuelto cada vez más desesperada por los recortes en las ayudas a los demandantes de asilo y por la política del Gobierno de Kenia de concentrar a los refugiados en campos como el de Kakuma, en el norte del país. Las condiciones de vida de las personas LGTBI en estas instalaciones, donde están de nuevo expuestas a la hostilidad y a la violencia, son especialmente duras.

kakuma-pride-gofundme-imageAneste Mwiru celebrando el orgullo LGBT en el campo de refugiados de Kakuma,

Pero después de luchar para obtener la asistencia financiera vital que necesitaba para mantener a su hijo en febrero, sin hogar y hambriento, comenzó a acampar fuera de las oficinas de la UNCHR en Westlands.

Poco después de ser encontrado muerto en un presunto suicidio, aturdir a la comunidad local y capturar lo que los activistas dicen que es el patetismo de esos ugandeses queer que arriesgan todo para huir de la persecución. Al acercarse a la oficina para pedir comida, los guardias le informaron que la oficina estaba cerrada hasta el martes.

Según los informes, Mbazira Moses, fundador de Refugee Flag Kenya, un grupo de presión de los derechos LGBT +, dijo que los guardias supuestamente “lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Cuando recuperó la conciencia nuevamente, les dijo a los agentes de seguridad que preferiría morir allí donde se le conoce, que no sea en otro lugar”. Los guardias le dijeron a los refugiados homosexuales que murieran “si quería escapar de [sus] problemas“, afirma activistaLos guardias privados le dijeron entonces al joven de 28 años que se suicidara “si quería escapar de los problemas”, afirmó Moses.

Mwiru sufrió abrasiones en sus tobillos y brazos alrededor del momento de su muerte. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 10 a.m. por los transeúntes, muchos de los cuales son un salvavidas para los refugiados que viven en las calles y que dependen de los folletos de los lugareños.

Compañeros migrantes acamparon debajo de una pasarela cercana que se burló de las oficinas de seguridad privadas y armadas que patrullan las oficinas de ACNUR, culpándolos por la muerte de su amigo cuando las autoridades transfirieron el cuerpo de Mwiru.

La biografía de Mwiru era una incesante serie de abuso homofóbico y de devoción a su hijo.

Moisés fue “golpeado y herido” habitualmente durante su estancia en Kakuma, dijo Moses, convirtiéndolo en una de las muchas víctimas de un espectro de violencia lanzado en la comunidad LGBT + vulnerable del campo por ciudadanos locales homofóbicos que “nunca los quisieron allí“.

82982511_123113419199879_4304758073383190528_o-e1586882321891-1Mwiru era, según funcionarios de las Naciones Unidas, un ciudadano ugandés reconocido como refugiado por el gobierno de Kenia. Pero el movimiento del ACNUR para retirar los estipendios mensuales para los refugiados que viven en áreas urbanas sumió su vida en incertidumbre. Tales recortes se hicieron como parte de la política del gobierno, informaron 76 crímenes. “Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente”.

El socio de Mwiru, Nathan Shimwe del Congo, dijo que estaba sufriendo una depresión después de perder su trabajo a medida que la pandemia de coronavirus comienza a apoderarse del país sin litoral. “Habíamos alertado constantemente al ACNUR sobre los peligros y la desesperación a los que estaban sometidos los antiguos refugiados de Kakuma al retirar la asistencia financiera que se les daba”, dijo Moses. “Fueron traídos de allí y ahora abandonados sin ningún programa de lo que pueden hacer para obtener al menos comida y alojamiento. Las frustraciones entre todos los restantes que no reciben asistencia son tan graves como lo confirma el suicidio de Mwiru. Si quisieran confirmar cuán desesperadas están las personas, que Mwiru sea más que suficiente.

El UNHCR confirmó en un comunicado emitido el lunes que la agencia sigue de cerca las investigaciones policiales del incidente. “Nosotros, en ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, estamos profundamente conmocionados y entristecidos por la trágica muerte y el aparente suicidio de un refugiado hoy en Nairobi. Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos. La declaración continuó: “El ACNUR está preocupado por los crecientes desafíos que enfrentan los refugiados y solicitantes de asilo, así como las comunidades que los acogen, para satisfacer sus necesidades básicas en el difícil contexto actual. ¿Cuántos ugandeses quieres morir antes de empezar a escucharnos?”

Entre las muchas fotografías de Mwiru están las de él sonriendo con amigos. Otros lo muestran sosteniendo a su hijo en alto, con los ojos brillantes de orgullo. Sin embargo, para muchos de los seres queridos de Mwiru, las fotografías de su cuerpo serán la forma en que la gente lo recuerde. Las imágenes gráficas de la muerte de Mwiru rebotaron en las redes sociales el lunes, impulsando la atención pública a las historias personales de refugiados individuales, tan a menudo oscurecidas por el ruido de, a veces, los cáusticos debates sobre la migración en Kenia.

Para Doreen Andrewz, subdirector de la Iniciativa de Trans refugiados, el fallecimiento de Mwiru es un recordatorio conmovedor del peligroso viaje que enfrentan los migrantes para escapar de la grave homofobia de Uganda. “¿Cuántos ugandeses quieres que mueran antes de empezar a escucharnos”, dijo. “Estoy cansado de la muerte, esto no es lo que vinimos a buscar en este país. [Mwiru], perdónanos a todos ”.

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 La policía keniana investigará ahora las circunstancias de la muerte de Mweru. Por su parte, ACNUR ha hecho público un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y pide respeto por la dignidad del fallecido y que se detenga la divulgación de las fotos de su cuerpo. El organismo de la ONU asegura que colaborará con las autoridades kenianas para esclarecer el suceso y para asistir al casi medio millón de refugiados que vive en el país.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda y Kenia

Mweru había huido de una situación muy complicada para las personas LGTBI en Uganda. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos. El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.En noviembre, la policía  detenía a 127 personas y acusaba  a 75 después de una redada en un bar gay. Hace apenas unos días, veinte personas LGTBI eran arrestadas en el albergue en el que vivían, acusadas de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

Esta hostilidad constante lleva a muchas personas LGTBI a buscar refugio en la vecina Kenia, donde la situación es algo menos opresora, aunque sigue siendo difícil. En mayo del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de ese país decidía mantener la criminalización de las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma, como en Uganda, una marcada homofobia social. La prensa ha contribuido en buena parte a alentarla: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Fuente Pink News/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La policía ugandesa arresta a veinte personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar

Miércoles, 8 de abril de 2020

uganda-1758988_960_720Represión contra la comunidad LGTBI en Uganda. La policía de este país africano ha arrestado a 23 personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en las afueras de Kampala, agrediendo al menos a dos de ellas. Tres de los detenidos fueron puestos en libertad, mientras que los otros veinte permanecen en prisión provisional a la espera de juicio. Están acusados de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus, pero las autoridades tampoco descartan imputarles delitos de actos homosexuales, que están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas denuncian que la policía está aprovechando el miedo generado por la COVID-19 para recrudecer la persecución de la comunidad LGTBI.

Los hechos se producían en la mañana del pasado 29 de marzo. La policía hacía una redada en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala. 23 personas fueron detenidas y, según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellas fueron agredidas. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades. Las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Las autoridades no descartan ampliar los cargos a la comisión de actos homosexuales, que en Uganda están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas están convencidos de que la LGTBIfobia es la verdadera motivación de la operación, que se escuda en el miedo que provoca el coronavirus para intensificar la persecución de la comunidad LGTBI y usarla una vez más como cabeza de turco.

El director de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha, explica que la policía acudió al albergue tras las denuncias motivadas por la LGTBIfobia de los vecinos y lamenta que la estancia en una prisión atestada, lejos de impedir la transmisión, aumenta el riesgo de contraer COVID-19 u otras enfermedades. Los detenidos están especialmente indefensos, porque las limitaciones impuestas al transporte les impiden ejercer su derecho a la asistencia de un abogado. La vista está fijada para el próximo 29 de abril.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en noviembre, la policía detenía a 127 personas y acusaba a 75 después de una redada en un bar gay.

En 2017 el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

En octubre de 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto del año pasado, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La policía ugandesa detiene a dieciséis personas acusadas de homosexualidad, en pleno recrudecimiento de la violencia LGTBfoba

Martes, 29 de octubre de 2019

uganda-1758988_960_720La persecución LGTBfoba se recrudece en Uganda. El anuncio de un ministro de reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo ha desatado una oleada de violencia, que se ha saldado con numerosos miembros de la comunidad heridos o arrestados y al menos uno asesinado. En la última redada de la que se tiene constancia, la policía detuvo a dieciséis personas acusadas de homosexualidad, que fueron sometidas a la tortura de los exámenes anales y posteriormente puestas en libertad. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución expresando su preocupación por la situación.

El pasado agosto, el Gobierno volvía a poner en el punto de mira a la comunidad LGTBI ugandesa, una de las más perseguidas de África. Se relanzó entonces la posibilidad de reformar el código penal para castigar con la pena de muerte las relaciones homosexuales, una brutal medida que ya se intentó implementar en 2013. Un defecto de forma provocó su anulación por el Tribunal Constitucional del país, pero la legislación sigue castigando los delitos «contra natura» con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

El pasado 11 de octubre, el ministro de Ética e Integridad Simon Lokodo anunciaba que antes de fin de año se aprobaría una reforma para implantar la pena capital para las relaciones entre personas del mismo sexo y cárcel para la «propaganda homosexual». Aunque el Gobierno desmintió el plan, uno de los diputados que apoya la medida afirmó que la presentaría de todas formas en el Parlamento a título particular.

La atmósfera de renovada hostilidad social e institucional contra la comunidad LGTBI se ha traducido en un aumento de las agresiones homófobas y tránsfobas. Al menos una de ellas se ha saldado con una víctima mortal, la del activista Brian Wasswa, que murió en el hospital un día después de recibir una brutal paliza en su propio domicilio. Ocurría a principios de este mes. Pocos días después, dos mujeres trans eran salvajemente golpeadas a la salida de una discoteca. Los autores divulgaron vídeos de la agresión por las redes sociales.

La lista no acaba aquí: recientemente también se producía una agresión por parte de un oftalmólogo a una paciente lesbiana, con la que sospechaba que su hija mantenía una relación. La víctima sufre una fractura craneal grave tras ser golpeada con una barra de hierro. El domingo pasado, otra turba homófoba atacaba un centro de acogida para refugiados LGTBI en Kampala, la capital del país, provocando heridas graves a uno de los residentes. La organización avisó a la policía, que en lugar de proteger a las víctimas del ataque, arrestó a dieciséis personas que fueron acusadas de crímenes «contra natura»

Los activistas denuncian que los detenidos fueron sometidos a exámenes anales, unas prácticas consideradas tortura, para determinar si habían mantenido relaciones homosexuales. Como prueba de los presuntos delitos, se incautaron de preservativos, lubricantes y medicación antirretroviral. Los arrestados fueron puestos en libertad bajo fianza el pasado jueves, aunque la investigación policial sigue abierta.

La gravedad de la situación ha llegado hasta el Parlamento Europeo. La cámara aprobaba el pasado jueves una resolución para pedir a Uganda que no endurezca el código penal y que revise las leyes que criminalizan la homosexualidad. El texto salió adelante con 521 votos a favor, cuatro en contra y 110 abstenciones, entre ellas las de los tres eurodiputados de Vox. El resto de eurodiputados españoles presentes apoyó la resolución.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos.

Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.. Los nuevos casos que recogemos ahora son una muestra de que la violencia social no solo sigue muy presente, sino que incluso se recrudece al calor de la hostilidad institucional.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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Once activistas detenidos por intentar organizar un Orgullo LGTBI en San Petersburgo

Jueves, 8 de agosto de 2019

Orgullo-San-Petersburgo-2019-300x169Ha vuelto a suceder, de la misma forma que en 2018, en 2017 y en ocasiones anteriores. A pesar de los repetidos dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las autoridades de San Petersburgo han impedido una vez más la celebración del Orgullo LGTBI. Once activistas fueron detenidos. 

Varias decenas de activistas se concentraron este sábado, 3 de agosto, en la conocida Plaza del Palacio de San Petersburgo, escenario de importantes episodios de la historia rusa. Portaban banderas arcoíris, de la comunidad trans y alguna bandera de la subcultura bear. Durante breves instantes pudieron desplegar pancartas reivindicativas y hacer declaraciones a la prensa, pero rápidamente hicieron acto de aparición las fuerzas del orden con intención de impedir el evento, que había sido prohibido por orden judicial el pasado jueves. Según The Moscow Times, 11 activistas que intentaron resistirse de forma pasiva fueron detenidos. Tres de ellos fueron evacuados en ambulancia.

El siguiente vídeo de Radio Svoboda muestra imágenes de lo sucedido:

Rusia, la LGTBIfobia que no cesa

Una vez más, a pesar de su fuerte determinación, los activistas rusos han vuelto a ser víctimas de la represión de un Estado que alienta la LGTBIfobia con leyes que prohíben el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que, como se ha comprobado en repetidas ocasiones, permiten que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso encarcelados.

Por otra parte, además de la violencia institucional, las víctimas de la LGTBIfobia social, por su parte, se encuentran en total indefensión ante la laxitud e inoperancia, cuando no connivencia, de las autoridades, que incluso tratan de invisibilizar las motivaciones de los agresores. Por no hablar de la especial persecución que sufren las personas LGTBI en la república rusa de Chechenia.

En esta ocasión, además, las protestas de San Petersburgo tienen lugar solo un par de semanas después del asesinato en la antigua capital zarista de la activista bisexual Yelena Grigoryeva, cuyo nombre apareció en una lista de personas LGTBI «a cazar» publicada por un medio LGTBIfobo ruso.

Fuente Dosmanzanas

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La policía reprime violentamente el Orgullo LGTB de Estambul

Viernes, 5 de julio de 2019

Orgullo_Estambul_2019La historia se repite en Turquía. Por quinto año consecutivo, las autoridades dependientes del Gobierno de Erdoğan han reprimido violentamente la celebración del Orgullo LGTB de Estambul. Los activistas desafiaron la prohibición decretada hace unas semanas y desfilaron por la ciudad, ondeando banderas arco iris y trans, después de la lectura autorizada de un manifiesto. Se encontraron con cargas de la policía, que dispersaron a los participantes con gases lacrimógenos y balas de goma, además de arrestar a cinco personas.

Hace dos semanas, el vicegobernador de Estambul, Mehmet Ali Özyigit, cargo elegido por el Gobierno central, volvía a denegar el permiso para celebrar una marcha del Orgullo LGTB en la ciudad. El portavoz de los organizadores, Beren Azizi, anunció que habían solicitado, como alternativa, una convocatoria en la que se procedería a la lectura de un manifiesto. La policía autorizó una concentración de treinta minutos de duración el pasado domingo en la céntrica Mis Sokak (calle Mis).

Represión_Orgullo_EstambulLa afluencia de miles de personas desbordó el perímetro asignado y se extendió por el área de Taksim y la avenida İstiklal. Muchos de los activistas comenzaron a marchar por el centro de la ciudad, mientras que en otras calles se producían concentraciones espontáneas. Las fuerzas de seguridad detuvieron el avance de las marchas y dispersaron a los participantes con gases lacrimógenos y balas de goma. No se tiene constancia del uso de cañones de agua, que habían sido dispuestos preventivamente en los alrededores de la plaza Taksim. Horas después, todavía se producían concentraciones en varios puntos de la ciudad, disueltas violentamente por la policía, que detuvo a cinco personas.

La represión del Orgullo LGTB ha despertado críticas. Desde Amnistía Internacional condenan una «actuación escandalosamente injustificada» de las fuerzas de seguridad, que constituye «un flagrante ataque a la libertad de expresión». Representantes de la oposición al Gobierno de Erdoğan (del partido AKP) mostraron su solidaridad con los manifestantes y algunos de ellos acudieron a la concentración en la calle Mis. El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu (que había asumido su cargo tres días antes tras ganar claramente la repetición de las elecciones frente al candidato del AKP), se había mostrado partidario de cualquier manifestación pacífica.

97b4c0a8928b7a2ccc4fd9e1b04fca8ab1e70a8eCon este son ya cinco años consecutivos en los que las autoridades bajo el mando del Gobierno de Erdoğan prohíben y reprimen la celebración del Orgullo de Estambul, un evento que llegó a congregar a más de 15.000 personas en 2013. Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes»Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

En medio de la escalada represiva contra la comunidad LGTB turca, en abril de este año conocíamos al menos una buena noticia. Un tribunal administrativo regional ponía por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital del país. La justicia había rechazado en un primer momento la apelación. En este sentido invita también al optimismo la victoria en Ankara del CHP, partido secular y opositor a Erdoğan, en las elecciones municipales. En Estambul, la justicia anuló el resultado de los comicios, en los que también había ganado el CHP (aunque por un estrechísimo margen) y que se repetieron el pasado 23 de junio con un rotundo triunfo de la oposición socialdemócrata.

Fuente Domanzanas

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Las autoridades turcas prohíben el Orgullo LGTB de Estambul por quinto año consecutivo

Viernes, 21 de junio de 2019

F3C64758-A47E-4877-A4A3-7DA993ECB114Un año más, las autoridades turcas vuelven a prohibir la celebración del Orgullo LGTB de Estambul. Así lo han comunicado los activistas, que habían organizado una marcha para el próximo 30 de junio a la que el vicegobernador provincial ha denegado el permiso. Se trata del quinto año consecutivo sin autorización para un evento en el que participaban miles de personas, algunas de las cuales se han enfrentado a la violencia policial desde que las manifestaciones están prohibidas. También en Esmirna y Antalya, otras dos importantes ciudades turcas, se han vetado los actos de la comunidad LGTB.

Este martes, activistas locales daban a conocer en una rueda de prensa la noticia de la prohibición. La decisión de denegar de nuevo el permiso a la celebración de una marcha del Orgullo LGTB correspondió al vicegobernador de Estambul, Mehmet Ali Özyigit, cargo elegido por el Gobierno central. El portavoz de los organizadores, Beren Azizi, añadió que han solicitado, como alternativa, convocar una concentración en el distrito de Bakırköy, al suroeste de la ciudad. La administración de Erdoğan también ha vetado la celebración de eventos de la comunidad LGTB en las ciudades de Esmirna y Antalya.

Con este son ya cinco años consecutivos en los que las autoridades bajo el mando del Gobierno de Erdoğan prohíben la celebración del Orgullo de Estambul, un evento que llegó a congregar a más de 15.000 personas en 2013. Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes»Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

En medio de la escalada represiva contra la comunidad LGTB turca, en abril de este año conocíamos al menos una buena noticia. Un tribunal administrativo regional ponía por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital del país. La justicia había rechazado en un primer momento la apelación. En este sentido invita también al optimismo la victoria en Ankara del CHP, partido secular y opositor a Erdoğan, en las elecciones municipales. En Estambul, la justicia anuló el resultado de los comicios, en los que también había ganado el CHP (aunque por un estrechísimo margen) y que se repetirán el próximo 23 de junio.

Erdoğan asienta su régimen autocrático

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el recién reelegido presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denunciaba la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se le imputaban cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

En de abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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«Ven aquí, maricón», «ven aquí, marica»: Policías locales de Manacor utilizan insultos homófobos en un incidente con un menor

Lunes, 29 de octubre de 2018

El vídeo se ha hecho viral, tras difundirlo en redes sociales @yanina_rubia. Un grupo de policías locales de Manacor, en Mallorca, intimida a un menor al grito de «ven aquí, maricón» y «ven aquí, marica». Una escena que por desgracia nos resulta familiar a muchos: la utilización del insulto homófobo desde posiciones de poder. Una prueba de lo que todavía queda por trabajar, especialmente en el ámbito de la formación en diversidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado. Después de ver imágenes como esta no resulta difícil comprender por qué tantas agresiones por LGTBfobia quedan todavía sin denunciar. 

Estas son las imágenes:

 

Según el digital mallorcadiario.com, el concejal de Interior de Manacor ha apelado a la prudencia porque «el vídeo solo refleja un pequeño instante de una actuación». De acuerdo a la versión oficial, los policías pidieron a un grupo de jóvenes que bajaran el volumen de la música que escuchaban en la vía pública. Poco tiempo después les volvieron a requerir lo mismo, momento en el que el grupo se habría resistido a ser ser identificado. Según el informe policial, uno de los jóvenes inició un «intento de agresión» a uno de los agentes, momento en el que estos desenfundaron sus porras. El supuesto agresor fue finalmente trasladado a dependencias policiales, desde donde se avisó a sus padres. El incidente tuvo lugar en Port de Manacor (también conocida con Porto Cristo), localidad enclavada en el término municipal de Manacor.

Es cierto que las imágenes no captan la escena desde su inicio. No ponemos tampoco en duda que los jóvenes actuasen mal, contraviniendo seguramente la normativa municipal y molestando a los residentes con el ruido de la música. Pero lo que muestra el vídeo, además de una actuación que desde luego parece desproporcionada, es un lenguaje chulesco («tócame, tócame») y expresamente homófobo («ven aquí, maricón» y «ven aquí, marica, ven») por parte de unas personas que precisamente por ser agentes del orden de un estado democrático deben estar preparados no solo física, sino también mentalmente, para abordar situaciones conflictivas, desescalándolas en lugar de provocando que se agraven, respetando en todo momento los derechos de las personas.

Somos una página LGTB. Desde este punto de vista, siendo honestos, no creemos que pueda hablarse de una agresión de motivaciones homófobas. El insulto homófobo se utiliza en este caso como una forma de intimidación hacia la parte más débil, percibida como «cobarde». Una situación de la que hemos sido testigos en cientos, miles de ocasiones. Pero esto no le resta gravedad, sobre todo cuando sale de la boca de agentes del orden. ¿Realmente podemos confiar en que quienes deben velar por nuestros derechos lo hagan si a las primeras de cambio utilizan insultos homófobos?

Como bien ha destacado en Twitter el colectivo balear Ben Amics, el incidente pone de manifiesto la «urgente necesidad» de promover acciones formativas y de sensibilización en diversidad de los cuerpos policiales, tal y como por otra parte recoge el artículo 10 de la ley balear de igualdad LGTBI:

 

 

Fuente Dosmanzanas

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite a trámite una demanda contra Jamaica por su LGTBfobia de Estado

Sábado, 20 de octubre de 2018

31608_protesta-lgtb-jamaicaAviso de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Jamaica por su LGTBfobia de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad autónoma dentro de la OEA, ha declarado la admisibilidad de una demanda contra la legislación jamaicana que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. La decisión es el resultado de la petición presentada por un ciudadano gay que tuvo que abandonar el país por la persecución sufrida a causa de su orientación sexual. La isla caribeña es la sociedad más hostil a la comunidad LGTB de toda América.

El desafío legal a Jamaica lo planteó en 2012 Gareth Henry, un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. La demanda contó también con el apoyo de Human Dignity Trust (HDT), una organización de lucha a favor de los derechos civiles LGTB con base en el Reino Unido. Las víctimas consignadas son el propio Henry y Simone Carline Edwards, una mujer lesbiana que solicitó asilo en los Países Bajos después de sobrevivir a los disparos de dos hombres, que también intentaron matar a su hermano gay.

Siete años después, la CIDH reconoce en su informe el hostigamiento que sufre la comunidad LGTB y lista los hechos que, de ser probados, acarrearían serias violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:  «las amenazas de muerte y a la integridad física, las afectaciones a la vida privada y familiar, las violaciones del derecho de circulación y residencia, el trato desigual, la falta de acceso a la justicia y la protección judicial, y la privación del acceso a la atención médica». Su decisión de declarar admisible la petición abre un periodo en el que se investigarán las (para la CIDH aún presuntas) violaciones de derechos humanos cometidas por Jamaica.

Los testimonios de las víctimas son estremecedores. Henry asegura que tuvo que huir de Jamaica temiendo por su vida tras ser objeto de violencia policial y de bandas organizadas y espera que la decisión de la Comisión Interamericana sea el primer paso de un cambio en la situación de las personas LGTB. Edwards destaca la sensación de impunidad que ampara a las hordas LGTBfobas como la que casi acaba con su vida y la de su hermano. También se mostró esperanzada de que las leyes que perpetúan esta situación sean derogadas algún día para poder regresar a su país sin miedo a ser atacada de nuevo. Human Dignity Trust, en un comunicado celebrando la decisión de la CIDH, recuerda que la legislación represora no solo criminaliza las relaciones consentidas entre hombres, sino que legitima la violencia contra toda la comunidad LGTB.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

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Una joven trans denuncia vejaciones y maltrato en dependencias policiales tras ser expulsada de una discoteca de Algeciras

Viernes, 27 de abril de 2018

lesiones-elizabeth-chica-trans-algeciras-300x169Grave denuncia la que ha hecho pública la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA-Sylvia Rivera), según la cual en la madrugada del 21 al 22 de abril, Elizabeth, una chica trans de 24 años, fue objeto de vejaciones y maltrato en dependencias policiales tras ser expulsada con violencia de una discoteca de Algeciras. Una expulsión que según refiere la joven se debió a su condición de mujer transexual.

Según consta en la denuncia interpuesta por Elizabeth ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, la joven fue expulsada de la discoteca Kube de Algeciras por un empleado de seguridad del local, que ya previamente la había obligado a abandonar la «zona VIP» de la misma, a la que había sido invitada a subir por dos conocidos. Siempre según la denuncia, la expulsión fue ejercida con violencia y motivada, en opinión de la denunciante, por su condición de mujer transexual. Una vez fuera del local la joven, se acercó a un coche de policía y contó lo sucedido, pero los policías no le hicieron caso alguno a ese respecto. Ella, que había bebido, entró entonces un estado de gran nerviosismo, ante lo cual los policías la esposaron y la condujeron a un centro de salud, donde sin su consentimiento le inyectaron medicación calmante. Posteriormente fue trasladada a dependencias policiales y encerrada eb una celda, «como si de una delincuente se tratara».

Según cuenta en su denuncia, a la joven se la mantuvo esposada con las manos por detrás del cuerpo, con los brazos sobre el borde del respaldo, y cuando se quejaba le realizaban «palanca con los brazos hacia abajo». Según el parte de lesiones que acompaña a la denuncia, la joven presentaba de hecho «hematomas en resolución de forma rectangular, de 10 x 15 cm. en cara anterior y superior de miembro superior derecho y de 14 x 9 cm. en cara anterior de miembro superior izquierdo». También presentaba «hematomas en resolución» y «lesiones eritematosas lineales» en ambas muñecas.

«ATA-Sylvia Rivera condena esta nueva agresión a una chica trans y exige a la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación de la provincia de Cádiz una exhaustiva investigación que depure responsabilidades ante un hecho de extrema gravedad como el sufrido por esta joven», denuncia el colectivo trans andaluz. «No podemos volver a tiempos pasados, donde las personas trans teníamos miedo de la policía por poder ser objeto de vejaciones y privación de libertad por el único delito de ser», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé. «Es hora que las leyes no sean declaraciones de buenas intenciones y cumplan con el fin con el que han sido propiciadas», ha añadido. «Exigimos a las instituciones locales y autonómicas una condena expresa y un compromiso para esclarecer estos hechos y que sobre los culpables recaiga el peso de la ley. Las personas trans también somos ciudadanía y como tal no nos merecemos como respuesta el silencio o mirar hacia otro lado», finalizaba Cambrollé.

Se da la circunstancia de que hace pocos días ATA denunciaba otra agresión de carácter tránsfobo ocurrida en una caseta de la Feria de Sevilla. Un grupo de jóvenes le dieron empujones, la insultaron y le arrojaron una jarra de rebujito por la cabeza. «Te voy a matar, maricón de mierda, vete de la caseta, ¿qué coño haces aquí?», le llegó a espetar uno de los agresores.

Fuente Dosmanzanas

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Túnez: condenados a ocho meses de cárcel dos jóvenes acusados de mantener relaciones homosexuales

Miércoles, 15 de marzo de 2017

túnez-bandera-flagUn tribunal de la ciudad tunecina de Susa ha condenado a Achref y Sabri, dos hombres de 20 y 21 años, a ocho meses de prisión por mantener relaciones homosexuales. La Policía había detenido el pasado mes de diciembre a los jóvenes, que fueron sometidos a malos tratos físicos y psicológicos, además de a los infames exámenes anales para “probar” los hechos. El juez ha considerado probados los hechos a pesar de que estos humillantes procedimientos dieron un resultado negativo. Los acusados recurrirán la sentencia.

En la madrugada del pasado 8 de diciembre, la Policía detenía a dos jóvenes tunecinos en la localidad de Susa por considerarlos homosexuales. Como suele ser tristemente habitual, tras el interrogatorio ordenó la realización de exámenes anales a los dos detenidos, una práctica que está considerada una inequívoca forma de tortura, además de carecer de fundamento científico alguno para probar la homosexualidad.

Desde la asociación LGTB Shams y la Liga Tunecina para los Derechos Humanos se trató de impedir la infame prueba, haciendo un llamamiento para que los médicos forenses de los distintos centros hospitalarios se negaran a realizarla. En un principio, la denuncia y el llamamiento parecieron surtir efecto y la prueba fue cancelada.

Sin embargo, una vez liberados, desde Shams se pusieron en contacto con uno de los jóvenes, que relató cómo se desarrollaron posteriormente los acontecimientos. Tras 30 horas de detención e incesantes interrogatorios, en los que fueron maltratados, humillados y golpeados por los agentes de Policía, fueron conducidos ante el fiscal. Este les convenció de que su negativa a realizar el examen anal sería interpretada como un reconocimiento tácito de culpabilidad, por lo que finalmente accedieron a someterse a la humillante prueba.

El examen fue realizado por el médico forense del hospital Farhat Hached, que procedió a insertar un objeto en forma de tubo en el ano de cada uno de los jóvenes. Finalmente, redactó un informe en el que concluía que la prueba había dado un resultado negativo. Tras el informe, el fiscal dictaminó la libertad con cargos de los acusados el día 13 de diciembre y fijó la vista ante el tribunal para el pasado 6 de enero. La fecha se pospuso dos veces, primero al 3 de marzo y luego al viernes pasado, cuando se leyó el veredicto de culpabilidad.

El abogado y presidente de Shams Mounir Baatour ha rechazado la pena, impuesta a pesar de obligar a los acusados a someterse a la tortura de los exámenes anales y de que su resultado fuera negativo. Baatour ha anunciado que la asociación recurrirá el fallo. También lo harán los dos jóvenes, que se encuentran en libertad hasta que se celebre la vista de apelación.

El incremento de la hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte.

Los activistas luchan por la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones homosexuales con hasta tres años de prisión. Una legislación que se ha aplicado también a mujeres transexuales.

Fuente Dosmanzanas

 

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Argentina: las vejaciones y abusos de un grupo de policías a una mujer trans quedan en buena parte impunes

Martes, 15 de noviembre de 2016

TransfobiaaDescorazonadora noticia la que nos llega desde Argentina, donde colectivos LGTB y de defensa de los derechos humanos consideran absolutamente insuficientes las condenas dictadas a los policías que secuestraron, agredieron y abusaron sexualmente de una mujer transexual en Tucumán, al noroeste del país. Para la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) este caso es “emblemático y representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans”.

La mujer, de nombre Celeste, fue detenida de modo ilegal en noviembre de 2013. Horas antes había tenido una fuerte discusión con su abuela, por la que ya había sido llevada a comisaría y puesta luego en libertad. En el momento de la detención se encontraba en el interior de su domicilio, tomando un baño. Allí irrumpieron los efectivos policiales, que la trasladaron a la seccional IV de San Miguel de Tucumán, alegando la aplicación del código contravencional (una normativa que se aplica en la vía pública y que ha sido denunciada como una herencia de la dictadura argentina que permite a la Policía de Tucumán realizar detenciones arbitrarias).

Ya en la comisaría, Celeste fue sometida a maltrato, vejaciones, insultos y abusos durante tres días, hasta que en un descuido de los policías consiguió escapar. En ese tiempo fue obligada a realizar hacer tareas de limpieza, golpeada, tuvo que soportar como varios policías se masturbaban sobre ella y fue encerrada en una celda junto a otros detenidos que abusaron sexualmente de ella sin que nadie hiciera nada por impedirlo.

Tras escapar, los médicos constataron las lesiones que sufrió, y la brutal agresión fue denunciada. En este intervalo de tiempo, Celeste ha sufrido presiones, intimidaciones e incluso intentos de soborno para que retirara la denuncia. Ella, con el apoyo de activistas LGTB, ha aguantado hasta que por fin, tres años después, se ha celebrado el juicio contra los siete policías que participaron en la agresión. El resultado, sin embargo, ha causado una profunda decepción en el movimiento LGTB argentino. Dos de los procesados, Ernesto Aguirre y Walter Trejo, han sido condenados a cinco años de prisión por privación ilegítima de la libertad y por falsear el acta de detención. Un tercer procesado, Aldo Quiroga, ha sido absuelto de dichos delitos. El resto deberán seguir siendo investigados. Los abusos sexuales sufridos por la víctima han quedado impunes. Todos los acusados, por cierto, han continuado durante todo este tiempo ejerciendo como policías.

Desde la Mesa de Justicia para Celeste, un grupo de activistas que la han arropado, consideran que lo sucedido no es excepcional, y que las mujeres trans, sobre todo aquellas que ejercen el trabajo sexual, están expuestas a un abuso policial constante en Argentina. Para Ruth, una de sus integrantes, “el caso de Celeste en particular es emblemático porque es el único que ha llegado a la justicia”, pero no por ello sus derechos han sido respetados. Durante el juicio, por ejemplo, los abogados defensores se dirigieron continuamente a ella en masculino, sin que los jueces les llamaran al orden. Unos jueces sobre los que por cierto pende la sospecha de su sesgo conservador: se trata del mismo tribunal que condenó a una mujer a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo acusada de haber asesinado a su hijo. Una sentencia que fue luego anulada por la Corte Suprema de Tucumán, pero que desencadenó en su momento una ola de indignación en Argentina y que motivó incluso una campaña a nivel mundial de Amnistía Internacional.

Para la FALGBT y ATTTA, por su parte, “el caso de la compañera Celeste es emblemático y es representativo de lo que ocurre con la violencia institucional en todo el país hacia las compañeras trans (…) Exigimos que Celeste, tanto como lxs compañerxs del Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas, estén protegidxs y que haya una condena con cárcel efectiva para los acusados, y que cese la hostilidad hacia nuestras compañeras trans en todo el territorio nacional. Exigimos #JusticiaParaCeleste”, manifestó Marcela Romero, en este momento presidenta de ambas organizaciones.

Sin duda, una historia terrible, que vuelve a poner de manifiesto la situación de absoluta vulnerabilidad que vive el colectivo de mujeres trans en los países de América Latina. Veremos si al menos en este caso instancias superiores son capaces de reparar la injusticia y castigar debidamente a los agresores de Celeste.

Insertamos a continuación la entrevista radiofónica realizada por Radio Zumba la Turba a Ruth, integrante de la Mesa de Justicia para Celeste, en la que explica detalles del caso:

Fuente Dosmanzanas

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La Generalitat archiva la denuncia de la CUP contra los mossos que causaron la muerte a Juan Andrés Benítez

Viernes, 7 de octubre de 2016

18109_juan_andres_benitezJusto tres años después de la muerte de Juan Andrés Benítez, la Generalitat de Catalunya ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) con objeto de expulsar de los Mossos d’Esquadra a los agentes responsables. Una nueva sombra que se cierne sobre un proceso ya muy oscurecido tanto por el archivo de la denuncia contra el sindicato policial que desveló la condición de seropositivo de Benítez como por el acuerdo alcanzado por los agentes implicados que les permitió evitar la prisión.

Los detalles de la muerte de Juan Andrés Benítez, ocurrida en octubre de 2013, siguen produciendo estupor y rabia. Lo sucedido supuso de hecho un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB. Dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, Benítez era miembro de ACEGAL (Asociación Catalana de Empresas para Gais y Lesbianas) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (en su momento recogimos una semblanza sobre su vida publicada por El Periódico).

Benítez fue brutalmente reducido tras verse envuelto en una discusión en el barrio del Raval, donde vivía. Cuando los mossos interpelaban a los implicados en la discusión (ya finalizada) Benítez hizo ademán de intentar alejarse. En ese momento una agente le golpeó, iniciándose entonces la agresión policial. Benítez sufrió una primera parada cardíaca, que la asistencia sanitaria pudo revertir, pero acabó falleciendo en el Hospital Clínic de Barcelona. La autopsia reveló que tenía rotos un diente, un pómulo, la nariz y una ceja y presentaba heridas en los labios, un golpe en la cabeza y en la parte frontal derecha de la cara, así como una fractura del metacarpiano derecho. Presentaba además lesiones en brazos, piernas, rodillas y zona lumbar. Los forenses concluyeron que los múltiples traumatismos sobre la región craneo-facial dieron lugar a un fallo cardíaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa) y calificaron la muerte como de naturaleza “homicida”. Los agentes implicados negaron inicialmente haber actuado de forma irregular, pero la difusión de unas imágenes grabadas en vídeo por los vecinos confirmaron la brutal violencia que sufrió Juan Andrés Benítez antes de morir.

Se archivó la denuncia por revelar su condición de seropositivo

La muerte de Benítez se continuó, además, de una desagradable muestra de serofobia por parte del Sindicat de Policies de Catalunya, que reveló a la opinión pública la condición de seropositivo de Benítez. Fue en una nota en la que el sindicato policial ofrecía “todo su apoyo” a los agentes implicados y añadía que “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”. Pese a la condena de varios colectivos LGTB y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, que denunciaron la nota ante la fiscalía especializada en delitos contra el odio y la discriminación por desvelar información reservada que solo se podía obtener de forma confidencial a través de los servicios médicos y de las diligencias judiciales, la denuncia fue archivada.

Los agentes implicados evitaron la cárcel

Llegado el juicio, el acuerdo alcanzado entre la acusación popular (ejercida por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, ACDDH), la fiscalía y las defensas permitió a los seis mossos implicados evitar la cárcel, gracias a que la condena quedó limitada a dos años. A cambio, se declararon culpables de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la integridad moral. Los agentes quedaron suspendidos de empleo y sueldo durante esos dos años, y luego, durante cinco años más, tendrán algunas restricciones (como el no poder patrullar las calles ni acercarse al barrio del Raval). Se les impuso también asistir a un curso de derechos humanos. A otros dos agentes se les impuso además tres meses de arresto por obstrucción a la justicia. Se acordó también una indemnización de 150.000 euros a la familia de la víctima a cargo de la Generalitat como responsable subsidiaria.

Según explicó en su momento el diario El País, la ACDH optó por asegurar una pena mínima ante la posibilidad de que un jurado popular exculpara a los agentes. El acuerdo, sin embargo, fue recibido con desagrado por los amigos de Benítez, que consideraron que los causantes de su muerte quedaban en buena parte impunes. Por su parte, la CUP, a través de sus diputados en el Parlamento catalán, exigió al director general de Policía de la Generalitat, Albert Batlle, que reabriese el expediente sancionador que en su momento fue interrumpido e interpuso la correspondiente denuncia para que, de acuerdo al artículo 10 del reglamento disciplinario de los Mossos d’Esquadra, los condenados fuesen expulsados del cuerpo por falta muy grave.

Y ahora la Generalitat archiva la denuncia de la CUP

Expulsión que parece que no se producirá, dado que el Departamento de Interior de la Generalitat ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP. Una decisión que ya se veía venir: ya tras el acuerdo que libró de la cárcel a los agentes Albert Batlle declaró que las responsabilidades habían quedado depuradas en la vía penal.

La CUP no ha descartado todavía recurrir la decisión de Interior por vía judicial. Por otra parte, además de esta primera denuncia, la propia ACDDH ha formulado otra petición a la dirección general de la Policía catalana para que garantice la correcta aplicación del reglamento disciplinario de los Mossos. Según explica eldiario.es, según el artículo 24 del reglamento, Interior debe actuar en base “a los hechos que se declaren probados” en la sentencia, y estos son claros e irrefutables, por más que el acuerdo alcanzado en el juicio permitiese a los agentes evitar la cárcel. Y a juicio de la ACDDH, los hechos probados se corresponden con varias faltas muy graves por parte de los condenados: torturas, vulneración de derechos de los custodiados y ocultación de pruebas, además de la propia condena. En este sentido, la dirección general de la Policía catalana podría, según el ya mencionado artículo 10 del reglamento, expulsar a los condenados o suspenderles de empleo y sueldo de uno a seis años.

Veremos qué sucede finalmente, pero lo cierto es ya cerrado el capítulo judicial, el administrativo tampoco apunta a que los agentes responsables de la muerte de Benítez saldrán muy malparados. Mala, muy mala señal la que se transmite a la ciudadanía…

Fuente Dosmanzanas

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Un nuevo informe alerta de la terrible situación de la comunidad LGTB en Honduras

Viernes, 15 de abril de 2016

o-HONDURAS-LGBT-facebook-1024x512América Latina es una región de contrastes en lo que se refiere a la realidad de las personas LGTB. Si hace pocos días nos felicitábamos por la introducción del matrimonio igualitario en Colombia, recientemente también hemos conocido un informe sobre la terrible situación de la comunidad LGTB en Honduras. La violencia homófoba y tránsfoba en este país centroamericano alcanza, desde hace varios años, cotas escalofriantes.

En su informe para la publicación Index on Censorship, Duncan Tucker revela el exponencial aumento de la violencia LGTBfoba en los últimos tiempos. Antes de 2009, año en el que tuvo lugar el golpe de estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya, se producían, de media, dos asesinatos de personas LGTB al año. Después de esa fecha, la cifra se ha incrementado a los 31. Además de los homicidios, las torturas, violaciones y desapariciones son una constante en el país.

Los activistas explican las causas de esta violencia en la militarización de la vida hondureña desde la llegada al poder de Porfirio Lobo, que presidió el país entre 2010 y 2014. Según Erick Martínez Salgado, el Gobierno que sustituyó al de Zelaya inició una campaña de acoso a las organizaciones LGTB por considerarlas críticas con el golpe y una amenaza al orden público. Muchas de las víctimas de ataques rehúsan denunciar por miedo a que la policía tome represalias contra ellos.

Aunque la mayor parte de los asesinatos en Honduras se deben a las pandillas o maras, en el caso de la población LGTB son las propias instituciones del país las que destilan mensajes de odio y promueven su persecución. Según la reportera Dina Meza, los medios de comunicación vinculan a las asociaciones pro derechos humanos con el tráfico de drogas y el crimen organizado, propiciando un clima de hostilidad con las minorías sexuales. Los periodistas y los activistas que salen en su defensa también son objeto de los ataques.

Meza apunta también al papel de la iglesia católica y los grupos evangélicos como instigadores del odio a los ciudadanos LGTB. El activista Donny Reyes regresó hace un año a su país tras refugiarse en el extranjero durante diez meses por miedo a los ataques. Cita al Estado, la iglesia y los medios de comunicación como los principales responsables de la propagación de “la impunidad, el fundamentalismo, el machismo y la misoginia” en el país centroamericano. Reyes volvió a Honduras para “luchar por que la próxima generación tenga un sitio para vivir en un mundo mejor”.

Un entorno infernal para las personas LGTB

Desgraciadamente no le concedemos la atención que se merece, pero como se ha dicho, los ataques en forma de agresiones, palizas, persecuciones y hasta asesinatos de personas LGTB en Honduras (muy singularmente mujeres transexuales) son continuos. En agosto de 2014 recogíamos con detalle una de estas agresiones, la sufrida por Darwin René Reyes, conocida también como Mónica Shakira, que a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones fue registrada en vídeo. La joven trabajadora del sexo fue brutalmente agredida por otro ciudadano, médico de profesión, y por un miembro de la policía militar.

La situación empeoró tras el golpe de Estado de 2009. A partir de ahí se produjeron episodios terribles, como la muerte del activista LGTB Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza por los que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012. Pero no solo han sido asesinados activistas. A Jonathan José Pineda un guardia de seguridad homófobo lo mató de un disparo a plena luz del día en febrero de 2012. José Enrique Castro (a quien la prensa se refería a veces como gay y a veces como travesti) apareció asesinado a balazos en marzo de 2012. Marlon Javier Jiménez, una joven trans, fue secuestrada de su domicilio y asesinada en agosto de 2012. Los tres tenían solo 22 años.

Son solo algunos ejemplos que alcanzaron un mayor eco mediático, pero por desgracia hay muchos más, y la situación no parece haberse aliviado con la relativa “normalización” de la vida política hondureña, país en el que el respeto a los derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente (su gobierno goza, sin embargo, del respaldo de las potencias occidentales, por lo que no ocupa las portadas y titulares que se conceden a otros países de la zona…). En 2012 recogíamos precisamente un estudio realizado por la Red Lésbica Cattrachas que arrojaba un total de 71 asesinatos de personas LGTB en Honduras desde septiembre de 2008 a febrero de 2012. Informaciones posteriores incrementaban ese número hasta cerca del centenar de casos. Y a finales del año pasado nos hacíamos eco de las denuncias de activistas centroamericanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevaban a 76 las víctimas solo en Honduras durante 2014. Un panorama estremecedor.

Fuente Doamanzanas

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El Tribunal Superior Federal de Nigeria condena al Departamento de Policía por la detención ilegal de un activista LGTB

Sábado, 9 de abril de 2016

Welcome-court-victory-for-LGBTI-activist-in-NigeriaEl Tribunal Superior Federal de Nigeria ha dictaminado que el Departamento de Policía de Abuja detuvo ilegalmente el pasado mes de octubre de 2015 al activista LGTB Ifeanyi Orazulike, conocido internacionalmente por su labor de apoyo a las personas que conviven con el VIH. La sentencia condena al Departamento de Policía a excusarse públicamente con Ifeany en dos de los más importantes medios de comunicación de Nigeria, y a indemnizarle económicamente por daños morales. Se trata de uno de los pocos fallos favorables a los derechos constitucionales de un activista homosexual, en un país donde la pertenencia a una asociación de defensa de los derechos LGTB está penada con 10 años de prisión.

Ifeanyi Orazulike es un activista LGTB nigeriano, con una especial dedicación hacia el colectivo de personas que conviven con el VIH. Es el director ejecutivo del Centro Internacional para la Defensa de los Derechos a la Salud (ICARH en sus siglas en inglés) y es secretario del Consejo del Foro Mundial sobre HSH y VIH (MSMGF, también en sus siglas inglesas). En 2011 participó en el Programa de Defensores de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos.

Su bagaje como activista y su condición de homosexual le puso, sin duda, en el punto de mira de quienes se dedican a la extorsión, abusando de su autoridad, en Nigeria. Además, quizás no casualmente, el mismo día de los hechos el Tribunal Superior de Nigeria había dictaminado en contra de una demanda contra las leyes que castigan la homosexualidad en el país por una cuestión técnica, sin entrar a valorar su constitucionalidad.

Ifeany Orazulike se encontraba en la sede de ICARH en Abuja el 22 de octubre de 2014, celebrando su cumpleaños con diez amigos y miembros de la organización, cuando a las 11 de la noche irrumpió la Policía. Según su relato, vio a unos quince miembros armados de las fuerzas del orden, con chalecos antibalas, avanzando por el pasillo de sus oficinas, a pesar de que las puertas estaban cerradas y resguardadas por equipos de seguridad.

Ifeany se identificó ante los policías cuando irrumpieron en la sala, quienes le informaron de que venían a detenerle por orden del comisionado de policía, sin que le indicasen bajo qué cargos. Le levantaron entre varios agentes y le llevaron en volandas hasta una furgoneta aparcada en el exterior, mientras otros se dedicaban a perseguir a sus amigos y colegas, tratándoles “como si fueran delincuentes comunes”.

El activista insistió en que quería conocer los cargos y por qué motivo no le conducían a comisaría, sin encontrar respuesta. Los policías se dedicaron a saquear las instalaciones de ICARH, llevándose reproductores de DVD, ordenadores portátiles y teléfonos móviles, así como importantes archivos y material donado por USAID. Después, arrancaron el vehículo y recorrieron las calles de Abuja, deteniendo a prostitutas, mientras algunos de los amigos de Ifeany les seguían para saber dónde era conducido.

Uno de los agentes le exigió que le pagara un soborno para liberarle. La respuesta de Ifeany fue que en vez de pagarle informaría de lo sucedido a un tribunal. El policía abofeteó al activista con tanta fuerza que le arrojó al suelo, de donde no le dejó levantarse. Otros agentes trataron de extorsionarle, diciéndole que sus amigos ya habían pagado el soborno. Cuando comprobaron que era inútil la insistencia, terminaron liberándole. Sus amigos le recogieron y le pusieron finalmente a salvo.

OeJTOHb4Pero Ifeany Orazulike decidió no dar el asunto por zanjado, y se puso en contacto con Mike Enahoro Ebah, precisamente el abogado que había llevado el caso contra las leyes homófobas de Nigeria. Interpuso una demanda contra el Departamento de Policía de Abuja por haber violado sus derechos constitucionales, y pidió que el tribunal emitiera una resolución “en aplicación de sus derechos fundamentales, con el fin de que fuese respetada su dignidad como persona, su libertad personal, su libertad de movimientos y derecho de reunión y asociación pacíficas”.

Y el pasado 26 de febrero el Tribunal Superior Federal falló a su favor, considerando que se trató de una detención ilegal y que se violaron efectivamente sus derechos constitucionales. La sentencia condena al Departamento de Policía a que se excuse públicamente con Ifeany Orazulike en dos de los medios de comunicación de mayor difusión de Nigeria, así como a pagarle una indemnización por daños morales de un millón de nairas (4.410 euros, 5.030 dólares).

Los activistas nigerianos se han felicitado por una sentencia que consideran de especial relevancia, al tratarse de una de las pocas que se dicta a favor de los derechos de una persona LGTB. Agradecen el arrojo de Ifeany y, especialmente, la labor como defensor de Mike Enahoro Ebah, al ser conscientes de que asumir la defensa de los derechos de una minoría tan estigmatizada legal y socialmente pone en compromiso su carrera.

Así lo destacaba Jide Macauley, activista anglonigeriano, con las siguientes declaraciones: “No hay duda de que esto da a la comunidad LGBT en Nigeria más alcance y oportunidades dentro del sistema de justicia. También estoy inmensamente agradecido a Mike Enahoro Ebah, por comprometer su carrera para defender que unos estigmatizados, rechazados y condenados ciudadanos de Nigeria, las lesbianas, gais, bisexuales y personas transexuales, también son seres humanos y ciudadanos de la nación. Mientras muchos se han curado en salud, tú te has hecho cargo”.

Violencia social y de estado

Desde la promulgación de la ley que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad en Nigeria, no cesan de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB, alentados por los líderes políticos y religiosos que han creado un ambiente de profunda homofobia social. La ley castiga con 10 años de prisión la exhibición pública o privada de una relación afectiva entre dos personas del mismo sexo o la pertenencia a cualquier tipo de asociación u organización de defensa de los derechos LGTB.

Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Fuente Dosmanzanas

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La policía turca dispersa violentamente la marcha del Orgullo LGTB de Estambul

Jueves, 2 de julio de 2015

noticias_file_foto_1014788_1435576797La decimotercera marcha del Orgullo LGTB de Estambul, la ciudad más poblada de Turquía, fue abortada en la tarde del pasado domingo por las fuerzas de seguridad. Mediante el uso de una violencia desproporcionada, la policía turca impidió que miles de personas se manifestaran por las principales calles de la ciudad. No ha habido heridos de gravedad, pero se produjeron varias detenciones.

La marcha estaba convocada a las cinco de la tarde en la plaza Taksim y la avenida de İstiklal, en pleno centro de la ciudad, adonde empezaron a acudir miles de manifestantes. Al mismo tiempo, la policía comenzó a distribuirse por los accesos de ambas calles y, sin apenas previo aviso, atacó a los congregados para dispersarlos con cañones de agua, balas de goma y gases lacrimógenos. Los participantes huyeron hacia el norte y a las cinco y media, todas las entradas y salidas de Taksim e İstiklal quedaron bloqueadas por las fuerzas de seguridad.

Según los organizadores del Orgullo, la marcha fue “prohibida de repente por la oficina del Gobernador de Estambul a causa del mes de Ramadán sin ningún aviso”. Los activistas recordaron que el año pasado la celebración también tuvo lugar durante el mes sagrado del calendario islámico, sin que ello supusiera ningún obstáculo para su desarrollo. El representante del Gobierno en la ciudad asegura, sin embargo, que el veto a la marcha se comunicó horas antes de su comienzo por carecer del permiso necesario y defiende que la policía hizo un uso “proporcionado de la fuerza para disolver la concentración.

Las organizaciones LGTB han reaccionado con lógica rabia ante el ataque a un Orgullo que llevaba celebrándose trece años y había crecido desde unas treinta personas en 2003 a más de 15.000 en 2013; año en el que, además, los activistas LGTB se unieron a las protestas del parque Gezi contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan y también sufrieron las agresiones y detenciones de las fuerzas de seguridad. ILGA Europa condena en un comunicado la vulneración del derecho de asociación que supuso la redada.

A nivel europeo, el Comisario de Derechos Humanos Nils Muižnieks también expresó su rechazo y recordó que el papel de la policía es proteger a los manifestantes, no atacarlos. Pero la primera en expresar su indignación, en Twitter, fue la cantante Lady Gaga, quien pedía que se detuvieran los ataques. “¡Esto es inhumano!”, sentenciaba, al tiempo que pedía al gobernador en Estambul que permitiera la celebración del Ramadán y del Orgulloen PAZ, en lugar de dividir con violencia”.

En la página del diario Hürriyet está disponible un reportaje fotográfico de los acontecimientos ocurridos en el centro de Estambul.

En estos vídeos compartidos en Twitter se observa la brutalidad con la que actúa la policía turca para reprimir una manifestación pacifista. Los gritos de la multitud dan muestra del horror que se vivió en la calle durante esos minutos en la que la policía encañonaba a los manifestantes. Al finalizar la manifestación, el camión cisterna de la policía apareció con pintadas pacifistas pro LGBT.

Fuente Dosmanzanas y Ragap

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Los homosexuales sirios, víctimas del ejército, las milicias islámicas y sus propias familias

Sábado, 3 de mayo de 2014

coverrainbowEn un informe publicado por Human Rigths Watch el 28 de abril, se denuncia la situación de los homosexuales en Siria, que deben enfrentarse al peligro que suponen tanto el ejército y las milicias islámicas, que les persiguen, encarcelan y torturan, como los miembros de sus propias familias, que les amenazan de muerte por considerarles una deshonra. Muchos de ellos se ven obligados a huir y buscar refugio en el vecino Líbano, donde la situación para los homosexuales tampoco es muy halagüeña.

Diecinueve hombres homosexuales sirios refugiados en Líbano han explicado a Human Rigths Watch cómo han sido capturados, torturados, humillados y violados por las patrullas del ejército y las milicias islámicas. Pero también cómo han sido amenazados de muerte por sus propios padres y hermanos por ser considerados una deshonra para la familia debido a su orientación sexual. El “crimen de honor”, por el cual los homosexuales son ejecutados por los miembros de su propia familia, es una práctica lamentablemente asentada en la sociedad siria  que los extremismos alimentados por la guerra no han hecho más que incrementar.

El informe evidencia el aumento de la presión sobre los homosexuales, convertidos en objetivo tanto del ejército como de las milicias islámicas. Si unos aplican el Código Penal, que establece penas de prisión de hasta tres años por mantener “relaciones carnales contra natura”, los otros hacen lo propio con la sharia o ley islámica. Según los testimonios, los detenidos por uno y otro bando son ingresados en centros penitenciarios improvisados, donde se hacinan más de cuatrocientas personas en una única sala, y donde son objeto de todo tipo de abusos y malos tratos.

Persecuciones y torturas

Entre los testimonios recogidos por Human Rights Watch se encuentra el de un joven que fue detenido por las milicias del Frente de Liberación Islámico Sirio. Acusado de colaboración con el régimen, fue internado en una fábrica abandonada reconvertida en prisión. Allí fue torturado y obligado a presenciar la ejecución de dos jóvenes acusados de blasfemia, cuyo fatal destino creyó compartir.

Afortunadamente, su padre, miembro prominente de su clan, pagó su rescate y consiguió que huyera hasta el Líbano, donde vive asilado. Sin embargo, cuando las milicias informaron a su familia de que era homosexual, su propio padre le telefoneó a su residencia de Beirut amenazándole de muerte. Su hermano, que se había unido al grupo armado que le capturó, también amenazó con matarle, por lo que el joven terminó solicitando la protección de la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas.

Otros jóvenes homosexuales cuentan cómo han sido secuestrados por las milicias y torturados hasta que facilitaran una lista de sus amigos o conocidos de la misma orientación sexual. Dos hombres fueron detenidos y forzados a mantener relaciones sexuales entre ellos frente a sus captores durante diez terribles noches. A ambos les obligaron a maquillarse mientras les espetaban insultos homófobos. El mismo trato recibió otro joven, trabajador de la industria de la moda, que fue detenido por miembros del ejército y obligado a desnudarse, tras lo que fue salvajemente violado.

Amenazados y delatados por sus propias familias

Pero la terrible realidad de los homosexuales sirios no se detiene ahí. Entre los refugiados en el Líbano se cuentan también quienes han sido amenazados de muerte por sus propias familias cuando tuvieron conocimiento de su orientación sexual. Muchos deben huir, abandonar sus trabajos o estudios, y vivir permanentemente con el temor a ser descubiertos por cualquier conocido o allegado que pueda comunicar su paradero a sus familias.

Así, un panadero de 38 años de edad se vio obligado a abandonar su trabajo y su hogar cuando su familia facilitó su nombre a las milicias islámicas para que le castigaran. Más terrible aún es el caso de un profesor de 30 años, cuyo hermano le delató a un grupo armado por vivir en pareja con otro hombre. Su huída hacia el Líbano se produjo después de que los islamistas asesinaran a su pareja y le persiguieran.

Situación de los refugiados en el Líbano

A pesar de que el Líbano es la meta de los homosexuales sirios que huyen de la barbarie, la realidad a la que se enfrentan en su vida cotidiana una vez asentados no es demasiado halagüeña. Las relaciones homosexuales en el Líbano son formalmente ilegales, descritas como “actos sexuales que contradicen las leyes de la naturaleza” por el artículo 534 del Código Penal y castigadas con penas de hasta un año en prisión. Además, son frecuentes las noticias de abusos por parte de las autoridades policiales.

Una pareja de homosexuales sirios denunciaba cómo fueron expulsados del alojamiento que habían encontrado por un grupo de hombres armados uniformados de negro. Tras golpearles, les instaron a “ir a luchar a vuestro país, en vez de venir al Líbano para ser gais”. Human Rights Watch ha documentado también al menos dos casos de homosexuales sirios obligados por las Fuerzas de Seguridad libanesas a someterse a los terribles exámenes anales. De esta manera, se constata que se continúa llevando a cabo esta práctica, considerada tortura, a pesar de que en 2012 tanto el Colegio de Médicos del Líbano como el propio ministro de Justicia abogaron por que se abandonara.

Human Rights Watch alienta a que tanto las organizaciones humanitarias como el gobierno libanés se aseguren de que los refugiados homosexuales sirios reciban la asistencia y protección básicas, con el apoyo de los donantes internacionales. Como concluye su informe, “para los gais sirios no hay vuelta atrás, pero tampoco hay indicadores claros sobre qué camino tienen por delante”.

Fuente Dosmanzanas

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La acción “Besos contra la Homofobia”, nuevamente reprimida por la policía en Lima.

Miércoles, 19 de febrero de 2014

Besos-contra-la-Homofobia-Lima-2014La cuarta edición de “Besos contra la Homofobia” se desarrolló en la tarde del sábado 15 de febrero en la Plaza de Armas de Lima. A diferencia del año anterior, los accesos a la céntrica plaza no estaban cerrados, pero sí hubo una importante presencia policial que impidió el normal desarrollo de la protesta, que en esta ocasión pretendía celebrarse frente a la Municipalidad Metropolitana para reclamar a la alcaldesa Susana Villarán que cumpliera por fin su promesa de promover la aprobación de una ordenanza contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Después de un rato, agentes de policía comenzaron a desplazar a empujones a los manifestantes, primero hacia los portales del Club de la Unión y finalmente fuera de la Plaza, en medio de más altercados y breves episodios de violencia física y verbal. También, como el año pasado, un grupo de contramanifestantes católicos con parasoles y colocados de espaldas habían formado una cadena para “defender” la Catedral de Lima. En la entrada del Jirón de la Unión los manifestantes protagonizaron durante media hora una sentada frente a la policía, gritando consignas contra la homofobia mientras agitaban banderas arco iris. Finalmente marcharon hasta la Plaza San Martín, donde con otra besada finalizó la jornada.

Cabe destacar que, aunque la mayoría de medios que reportaron lo sucedido señalan que la Plaza de Armas es una zona restringida en la que no se puede hacer manifestaciones, la ordenanza que así lo disponía fue declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional: cualquier manifestación pacífica, que no ponga en peligro ni la vida ni los bienes públicos o privados, puede tener lugar en esa simbólica plaza de Lima, flanqueada por las sedes del poder local (Ayuntamiento), nacional (Palacio de Gobierno) y religioso (catedral y arzobispado).

Besos contra la homofobia

La concentración conmemoraba el tercer aniversario de la brutal intervención policial que en 2011 tuvo lugar para dispersar la primera acción “Besos contra la Homofobia” en la Plaza de Armas, que dio lugar a una respuesta de parte de los activistas y derivó en dos horas de escaramuzas por el centro de la capital peruana.

El hecho, que mereció la condena internacional y obligó a las autoridades a pedir reticentes disculpas, es considerado hoy un punto de inflexión en la lucha a favor de los derechos LGTB en el Perú. Es por eso que el 12 de febrero se considera desde entonces en Perú el Día de la Dignidad LGBT. En 2012 fue conmemorado de forma pacífica, pero ya el pasado volvieron a reproducirse los incidentes, después de que la policía impidiera a los manifestantes acceder a la plaza (curiosamente sí que lo permitió a los contramanifestantes católicos). Días después pudo tener lugar otra besada, esta ya más tranquila.

Algunas imágenes de la protesta

Os dejamos con dos breves reportajes sobre lo sucedido, uno de Canal N, que como otros medios reproduce que la Plaza de Armas es una zona “restringida”, y otro del canal de YouTube arom620, que reproduce además imágenes de la marcha que tuvo lugar tras los incidentes:

Fuente Dosmanzanas

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Archivan la denuncia contra el sindicato policial que reveló la condición de seropositivo de Juan Andrés Benítez.

Jueves, 13 de febrero de 2014

18109_juan_andres_benitezPreocupante precedente el que ha sentado la fiscalía al archivar la denuncia presentada por varios colectivos contra el Sindicat de Policies de Catalunya, que reveló a la opinión pública la condición de seropositivo de Juan Andrés Benítez, empresario gay que murió en octubre tras ser violentamente reducido por un grupo de Mossos d’Esquadra.

Fue en una nota en la que el sindicato policial ofrecía “todo su apoyo” a los agentes implicados en los acontecimientos que desembocaron en la muerte de Benítez y defendía que fue preciso reducir al empresario al oponerse este con “gran resistencia” a su detención, añadiendo que “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”.

Una muestra de serofobia que mereció la condena de varios colectivos LGTB y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, que acabaron presentando una denuncia ante la fiscalía especializada en delitos contra el odio y la discriminación por desvelar información reservada de Juan Andrés Benítez que solo se podía obtener de forma confidencial a través de los servicios médicos y de las diligencias judiciales.

Los colectivos denunciaron además que la información facilitada por el sindicato incluía incorrecciones y datos tendenciosos (como por ejemplo que el tratamiento postexposición con antirretrovirales debe mantenerse un año, cuando este tipo de tratamientos duran solo 28 días). De nada ha servido, dado que la denuncia ha sido finalmente archivada.

Continúa adelante el proceso por la muerte

Lo que sí continúa adelante es el procedimiento judicial contra los agentes directamente implicados en los hechos. Recordemos que, de acuerdo a la autopsia, Juan Andrés Benítez presentaba traumatismos múltiples sobre la región craneo-facial que dieron lugar a un fallo cardiaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa). Sumado a los testimonios de los vecinos del Raval que presenciaron lo sucedido y a las grabaciones tomadas por algunos de ellos, que mostraban el grado de violencia ejercido, los mossos fueron imputados por la jueza por posibles delitos contra la vida, contra la integridad física y moral, de obstrucción a la justicia (la jueza consideró que los agentes pudieron alterar pruebas o el contenido de los atestados) y coacciones (debido a la denuncia de algunos vecinos de que los mossos les exigieron entregar o eliminar algunas de las mencionadas grabaciones). La jueza sí archivó la causa contra el vecino con el que Benítez se había peleado (el incidente que dio lugar a que los mossos acudieran al lugar). Los testigos coinciden en que esta pelea no fue grave, que solo dio lugar a heridas de escasa entidad y que cuando los coches patrulla llegaron al lugar ya había terminado.

Más dura es incluso la valoración de la fiscalía, que acusa a los agentes de homicidio al considerar que su actuación fue “excesiva, desproporcionada y desmesurada” y colocó al empresario “en una clara situación de riesgo y peligro”.

La muerte de Juan Andrés Benítez, de 50 años, supuso un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB.  Benítez, dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, era miembro de ACEGAL (Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (en su momento recogimos una semblanza sobre su vida publicada por El Periódico).

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , ,

Human Rights Watch denuncia graves abusos cometidos por la propia policía contra los homosexuales en Kirguizistán.

Miércoles, 5 de febrero de 2014

osh-mapa-de-kirguistan-i1índiceHuman Rights Watch ha hecho público Decían que nos lo merecíamos, informe que denuncia la extorsión, las amenazas, la violencia y las agresiones sexuales que hombres homosexuales y bisexuales sufren a diario en Kirguizistán (también conocido como Kirguistán y como Kirguisia), una república del Asia central que formó parte de la Unión Soviética. Y ello a pesar de que las relaciones homosexuales en ese país fueron despenalizadas en 1998.

El informe, de 71 páginas, se basa en los testimonios en profundidad de 40 hombres homosexuales y bisexuales de varias regiones del país. La lista de abusos a manos de las fuerzas del orden que recoge el trabajo provoca escalofríos: amenazas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, violaciones… Especialmente frecuente parece ser el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de estos hombres se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos.

Para ello los policías peinan parques, locales de ambiente, hoteles… cualquier lugar que pueda servir de punto de encuentro. También espía las páginas webs de contactos. Gracias a ello localizan a víctimas a las que extorsionar y maltratar. El informe recoge casos espeluznantes, como los intentos de introducir palos, martillos e incluso un dispositivo de electroshock por el ano de las víctimas.

Tal y como Human Rights Watch expone, si ya de por sí resulta difícil ser homosexual o bisexual en una sociedad en la que las actitudes homófobas están muy extendidas, la situación se vuelve terrible si las fuerzas de seguridad, aquellas que al menos debieran garantizar el ejercicio de los derechos básicos, son también un agente activo de la homofobia. La organización denuncia que el Gobierno de Kirguizistán, aunque ha prohibido uso de la tortura en dependencias policiales, carece de un mecanismo de reporte de abusos por parte de personas que no están en la cárcel. De hecho, solo 2 de las 40 víctimas entrevistadas presentaron denuncia, sin obtener además resultado alguno. “Los agentes de policía en Kirguizistán saben que pueden golpear, violar y atormentar de cualquier manera a los homosexuales, así como extorsionarles, sin sufrir por ello consecuencias”, explica Anna Kirey, de Human Rights Watch. Esta organización solicita al Gobierno de Kirguizistán que adopte medidas efectivas para combatir la tortura y el maltrato hacia las minorías, así como que implemente un mecanismo que permita las denuncias sin que la privacidad de las víctimas se vea violentada.

Os dejamos con un breve reportaje que muestra el testimonio de tres víctimas, subtitulados en inglés (creemos que de todas formas resulta de fácil comprensión). Un joven fue extorsionado, tras ser descubierto en un parque abrazado a su novio. Los otros dos fueron detenidos y sufrieron grave maltrato físico y psicológico. Uno de ellos permaneció tres días en comisaría mientras era sometido a todo tipo de agresiones.

Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , ,

Recordatorio

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