2020, el año con las cifras más altas de asesinatos, amenazas y violencia policial contra personas LGTB en Colombia desde que se tienen registros
Colombia Diversa, la organización LGTB más importante del país, ha publicado su último informe sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad LGTB en Colombia, con datos actualizados de 2020, y la evolución que dibuja es más que preocupante. De acuerdo al informe (que puedes descargar completo aquí), 2020 ha sido el año en el que más personas LGTB fueron asesinadas, amenazadas o fueron víctimas de violencia policial desde que se tienen registros.
Según los registros de Colombia Diversa, desde 2011 se venían registrando en promedio 110 homicidios por año. En 2020, sin embargo, la organizació tuvo conocimiento de 226 (119 casos más que en el año precedente). Los casos de amenazas se triplicaron (pasando de 106 en 20219 a a 337 en 2020) mientras que los casos de violencia policial contra las personas LGTB se duplicaron (pasaron de 322 a 738):
Por lo que se refiere al tipo de víctimas (reflejamos la misma terminología que el informe de Colombia Diversa), las mujeres trans fueron las que sufrieron más violencia policial (71 incidentes registrados en 2020), mientras que los hombres gais fueron los que sufrieron más homicidios (71 en 2020).
Cabe destacar, en cualquier caso, que existe un número significativo de casos correspondientes a personas LGTB «sin determinar»:
Por lo que se refiere a la distribución geográfica, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá.
El informe de Colombia Diversa destaca que en este incremento pueden influir tanto la mejora en el registro de casos de violencia contra población LGTB (al haber estado los colectivos más activos en la denuncia) como el aumento real de casos. El aumento contrasta, en cualquier caso, con el de hecho de que 2020 ha sido el año con la menor cantidad de información detallada sobre los casos de violencia hacia las personas LGTB por parte de organismos estatales. «Desde años anteriores Colombia Diversa ha venido haciendo un llamado de atención sobre el subregistro de datos y la necesidad de que el Estado mejores sus sistemas de información y, si bien el registro de la orientación sexual e identidad de género de las víctimas mejoró en la información suministrada por las instituciones, los detalles como el arma o método empleados al momento de los homicidios, el lugar de ocurrencia del hecho, los posibles móviles o el avance en los procesos penales no fue suministrada, como sí se venía haciendo en años anteriores», se lamenta Colombia Diversa. «El poco acceso a información detallada impide hacer un análisis más minucioso que permita ratificar patrones de violencia que se han identificado en estudios anteriores o reevaluarlos a la luz de nuevos datos. Lo anterior dificulta que las organizaciones de la sociedad civil realicen análisis más minuciosos y puedan explicar este aumento de la violencia, que analicen el nivel de impunidad en las investigaciones o que propongan medidas de mitigación», añade.
Colombia Diversa tambien denuncia que el Gobierno actual «ha contribuido a que se debiliten los mecanismos para la protección de personas LGBT al no contratar personas competentes que se encarguen de trabajar por los derechos de esta población en entes como la Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior. Lo anterior ha llevado a que la política pública LGBT continúe pausada y que se haya acabado con la mesa de atención de casos urgentes. Mecanismos como estos son más necesarios ahora que nunca y su falta de implementación redunda en una mayor desprotección frente a una violencia en aumento».
Numerosos episodios de discriminación
Además de los casos de violencia explícita, el informe de Colombia Diversa documenta numerosos episodios de discriminación contra las personas LGTB, principalmente en el ámbito familiar (126 casos), relacionados con el trabajo (54), asuntos con el Estado (51), servicios de salud (32) y relacionados con la vivienda (16). El informe destaca que en todos estos casos la oferta estatal de justicia no tiene en cuenta las necesidades diferenciales de las personas LGTB ni los contextos en los que viven. «En casos que involucran agresiones familiares, una de las grandes barreras es la posibilidad de que la víctima efectivamente denuncie los hechos de violencia intrafamiliar. Las consecuencias de denunciar este tipo de violencias, como puede ser la pérdida de redes de apoyo y situaciones de desprotección, ocasionan que muchas de las víctimas LGBT no denuncien y se vean sometidas a ambientes prejuiciosos», denuncia Colombia Diversa. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito laboral.
«En este sentido, a pesar de que formalmente hay un entramado de justicia robusto, las leyes no cuentan con un enfoque de género y, en general, con enfoques diferenciales que permitan interpretar y analizar adecuadamente los casos de personas LGBT. Además, los funcionarios que administran justicia cuentan con prejuicios y estereotipos que impiden que los casos de personas LGBT sean tramitados de forma adecuada. Esto demuestra la insuficiencia del aparato de justicia para resolver a los conflictos que esta población enfrenta. Más aún, esto puede llegar a aumentar sus factores de vulnerabilidad e, incluso, en ocasiones resulta en un escalamiento de la violencia», advierte la organización colombiana.
Fuente Dosmanzanas
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