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Tribunal Constitucional de Uganda ratifica el proyecto de ley sobre la pena de muerte contra la homosexualidad

Viernes, 5 de abril de 2024
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IMG_2863El Tribunal Constitucional de Uganda, ha confirmado el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad del país.

Cómo la ultraderecha cristiana occidental ejerce influencia en la cruzada anti-LGTBI en Ghana

Grupos como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGO azuzan desde hace años la homofobia en el país africano, cuyo Parlamento aprobó en febrero una ley que criminaliza la homosexualidad. La estrategia pasa por persuadir a la población local de que son los guardianes de la ortodoxia religiosa

El proyecto de ley aprobacdo por el parlamento de Uganda en marzo, que conlleva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, estaba siendo impugnado ante los tribunales por activistas que argumentaban que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.

“Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad, ni otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación”, dijo sobre la decisión el vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente del tribunal de Uganda, Richard Buteera.

Sin embargo, el tribunal sí encontró que ciertas partes de la ley violan el derecho de los ciudadanos a la salud y que es “incompatible con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

En reacción a la noticia, el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo dijo que el tribunal base “la decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas/sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, por decir lo menos, extraño”.

El tribunal dictó sentencia sumaria y se negó a anular la ley contra la homosexualidad de Uganda.

 “No estamos de acuerdo con los hallazgos, pero esperamos recibir su razonamiento detallado y consultarnos sobre nuestros próximos pasos”, dijo. Añadiendo: “Uno viene a la corte esperando que supere la intolerancia y los sentimientos públicos. En ese sentido, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden tomar”.

El activista Steven Kabuye,  que recientemente fue apuñalado y abandonado frente a su casa al tomarlo por muerto, dijo que la decisión significa que la comunidad LGBTQ+ en el país ha sido “empujada aún más en la oscuridad” y que el precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.

¿Cuál es la factura?

El proyecto de ley contra la homosexualidad recibió la aprobación del presidente del país,  Yoweri Museveni, en mayo de 2023 y se basó en leyes ya duras que criminalizan el sexo gay, convirtiéndose en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo.

El Parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas simplemente por identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero esta cláusula fue eliminada posteriormente por los legisladores en mayo, después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados.

En respuesta, grupos de derechos humanos y activistas LGBTQ+ criticaron el proyecto de ley como “una legislación vil y mortal” que no hará “nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses”.

Estados Unidos también dijo que el país tiene la intención de cortar los lazos económicos con Uganda tras la implementación del proyecto de ley contra la homosexualidad, y el presidente Joe Biden escribió que planeaba poner fin a las relaciones económicas por las “graves violaciones” de los derechos humanos. Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

Desde que se aprobó la legislación, ha habido  aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. en Uganda, según un informe de un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE).

El informe, visto por Reuters, denuncia 306 violaciones de derechos en Uganda basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.

En particular, el informe afirma que la lista no puede considerarse exhaustiva debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQ+ para denunciar abusos anti-LGBTQ+.

La Casa Blanca condena al Tribunal Constitucional de Uganda por defender la ley de “matar a los gays”

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de ratificar la Ley Antihomosexualidad de la nación de África Oriental.

La ley, que se aprobó en 2023, enfrentó un desafío constitucional a fines del año pasado por parte de dos profesores de derecho de la Universidad Makerere en Kampala, quienes argumentaron que viola los derechos fundamentales garantizados en la constitución de Uganda, incluida la libertad de discriminación y el derecho a la privacidad.

El tribunal superior del país confirmó la ley, que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y la “homosexualidad agravada” con la muerte. Partes de la ley –incluida una disposición que tipifica como delito no denunciar actos homosexuales a las autoridades– fueron anuladas por el tribunal por ser “incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

“El anuncio de que el Tribunal Constitucional ha eliminado algunas disposiciones de la Ley contra la Homosexualidad de Uganda es un paso pequeño e insuficiente para salvaguardar los derechos humanos”, dijo Jean-Pierre en la rueda de prensa de ayer en la Casa Blanca. “Como ha dicho el presidente una y otra vez, nadie debería vivir con miedo constante ni ser sometido a violencia o discriminación. Está mal. Seguiremos trabajando para promover el respeto de los derechos humanos para todos en Uganda y también en todo el mundo”.

El presidente Joe Biden pidió que la ley fuera inmediatamente derogada cuando fue aprobada en mayo pasado y también eliminó a Uganda de un pacto comercial de 2000 conocido como Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano (AGOA). La administración de Biden dice que contribuye a la persecución anti-LGBTQ+, pero el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, acusó a las naciones occidentales de intentar “coaccionarnos para que aceptemos relaciones entre personas del mismo sexo utilizando ayuda y préstamos”.

Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda internacionales también condenaron la ley, preocupados de que pudiera revertir décadas de progreso contra el SIDA en África. Después de que Uganda aprobara la ley, el Banco Mundial comenzó a suspender todos los préstamos a Uganda.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, también denunció la decisión del tribunal.  “Estados Unidos sigue estando profundamente preocupado por los informes de abusos a los derechos humanos en Uganda, incluso contra la comunidad LGBTQI+”, dijo Blinken en un comunicado. “Las disposiciones restantes de la AHA plantean graves amenazas al pueblo ugandés, especialmente a los ugandeses LGBTQI+ y sus aliados, socavan la salud pública, reprimen el espacio cívico, dañan la reputación internacional de Uganda y perjudican los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera”.

El representante Mark Takano (D-CA) dijo en un comunicado que estaba “indignado” por la decisión del tribunal y elogió a la administración Biden por “enviar un mensaje claro, tanto a través de la retórica como de la política, de que esta ley es fundamentalmente inhumana. Estoy indignado por el fallo del Tribunal Constitucional de Uganda que confirma una ley que despoja a los ugandeses LGBTQ de su dignidad, libertad y, en algunos casos, de sus vidas”, dice el comunicado. “Es una vergüenza y un retroceso profundamente inquietante para los derechos humanos en la región. Esta ley draconiana añade una capa completamente nueva de discriminación sistemática patrocinada por el Estado además de lo que los ugandeses LGBTQ ya enfrentan: marginación social, violencia policial, desalojos, pérdida de empleo, acoso, agresión e incluso asesinato”.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

IMG_2075Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

IMG_2769IMG_2768En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

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Fuente PinkNews/LGBTQNation/Cristianos Gays

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La criminalización de la diversidad sexual y de género en Uganda estigmatiza a la comunidad LGTBI y pone en riesgo la estrategia de control del VIH

Lunes, 19 de febrero de 2024
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IMG_2863Recapitulando con más información:

Tras la promulgación de una de las leyes contra la diversidad sexual y de género más duras del mundo en primavera de 2023, la comunidad LGTBI de Uganda, se enfrenta a las difíciles consecuencias de la persecución de Estado. La legislación discriminatoria castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, condena «la promoción de la homosexualidad» con hasta 20 años de cárcel y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Esta situación pone en grave riesgo la estrategia de control del VIH en este país africano. Activistas, personas que viven con el VIH y otras en situación de riesgo ya están sufriendo los efectos de la represión LGTBIfóbica y de la sinrazón de la criminalización del colectivo.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la «Ley contra la Homosexualidad 2023». Solo tres meses después, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada», un «delito» que se castiga con la pena de muerte. Se le acusó de «relaciones sexuales ilegales con un hombre de 41 años» y está en prisión preventiva, aunque en su orden de detención no se especificaban los motivos por los que se considera «agravamiento» en su caso. La abogada del joven ha valorado que se trata de una «ley inconstitucional» en su conjunto. De hecho, distintas organizaciones a favor de los derechos humanos la recurrieron en diciembre.

Steven Kabuye, director ejecutivo del grupo de defensa Colored Voice Truth to LGBTQ, que ha sufrido amenazas de muerte desde marzo debido a su sexualidad, se grabó en el suelo, aferrándose a la vida, tras ser apuñalado repetidamente por asaltantes desconocidos en el exterior de su casa. Ahora está recibiendo atención fuera de Uganda. Pero Kabuye dice que la policía parecía más centrada en que era gay que en el ataque.

Violación de los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, «La Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad. Además, la Ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias».

Según recoge esta organización, además, esta ley «viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención, la reclusión o el exilio arbitrarios, y las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17».

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU describió la ley como una «violación de los derechos humanos». Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el proyecto de ley como «discriminatorio, probablemente el peor de este tipo en el mundo».

En una encuesta realizada en 2022 por Afrobarómetro, una red apartidista de investigación, se puso de manifiesto que el pueblo ugandés es muy tolerante con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerante con la diversidad sexual y de género. Cerca del 97% se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94% afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía. Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes anti LGTBI. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de «deshacerse de un vestigio de la dominación colonial». Sin embargo, la realidad ugandesa es que ley contra la sodomía de 1950 fue aprobada durante el dominio colonial de Reino Unido (recordemos que Uganda obtuvo la independencia de este país en 1962).

En grave riesgo la estrategia de control del VIH

A raíz de la legislación discriminatoria contra las personas LGTBI, las organizaciones que trabajan para controlar el VIH en Uganda se están viendo sometidas a innumerables problemas y desafíos, que ponen en riesgo incluso la continuidad de muchas de ellas. Es por ejemplo el caso de la Fundación Foaster para la Salud de Uganda (FFHCU): «Actualmente, la Fundación Foaster se enfrenta a la pérdida de su oficina y espacio de refugio, y estamos recaudando fondos urgentemente para ayudar a pagar su alquiler y asegurarnos de que los miembros de Foaster no pierdan su casa y seguridad». Mientras el director  de la fundación se encontraba en el hospital visitando a un compañero que había sido golpeado, el espacio del refugio fue allanado por la policía y 10 miembros fueron arrestados bajo cargos de homosexualidad.

Escalada de represión al colectivo LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda, como hemos visto, se ha deteriorado todavía más de lo que ya estaba los últimos años. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La durísima normativa vigente se remonta a 2016, cuando la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, perofinalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, ya vigente, recupera muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Con todo, conviene tener en cuenta que además del marco jurídico desfavorable, la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques discriminatorios arbitrarios. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre de 2019  recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo, como ha acabado ocurriendo.

La Ley contra la homosexualidad de 2023

En febrero de 2023, el Parlamento de Uganda autorizó la presentación de un proyecto de ley que pretendía actualizar la penalización de las relaciones homosexuales. En el memorándum de la presentación del proyecto, se establecía que su pretensión era:

prohibir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su «promoción o reconocimiento»,

reforzar las medidas para «hacer frente a las nuevas amenazas a la familia tradicional heterosexual»,

proteger a la cultura ugandesa de los activistas de los derechos sexuales que pretenden imponer sus valores de promiscuidad sexual, y

proteger a los niños y jóvenes vulnerables ante los abusos sexuales derivados de la homosexualidad y actos afines.

Es decir, como es habitual en este tipo de textos represores de la libertad sexual, se ligaba la homosexualidad a la pederastia o abuso de menores, se la declaraba como una amenaza a la familia tradicional e incluso se la consideraba como algo ajeno a la cultura africana.

El primer borrador presentado y llevado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya establecía penas de 10 años de prisión por el «delito de homosexualidad», en el que incurrían no solo quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, sino también quienes simplemente se declarasen «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino».  También castigaba con la pena de muerte los casos de «homosexualidad agravada», en los que se incluían las relaciones homosexuales de personas que conviven con el VIH.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, una mayoría de 30 miembros apoyó el proyecto de ley tal como se había presentado. Tan solo dos miembros disintieron. Expertos en derechos humanos y juristas de prestigio declararon que muchos de los artículos del proyecto eran inconstitucionales. Fue inútil, la mayoría de los miembros de la Comisión estimaron que «la prohibición de la homosexualidad está arraigada en las leyes de Uganda y en nuestras normas y valores culturales más preciados y compartidos». También afirmaron, a pesar de las pruebas en contra, que los medios de comunicación «se han visto inundados recientemente de noticias sobre sodomía y lesbianismo en las escuelas ugandesas» y que «la seducción y el reclutamiento de escolares para la homosexualidad han tomado forma en Uganda».

De esta manera, no solamente dieron su apoyo al proyecto de ley, sino que introdujeron enmiendas que lo endurecían. Mantener relaciones homosexuales se castigaría con la cadena perpetua y con 14 años de cárcel en el grado de tentativa. Aunque desaparecía la mención al VIH en el delito de «homosexualidad agravada», se incluyó el hecho de contraer una «enfermedad terminal» por una de las partes para castigarla con la pena de muerte. También se incluyó la pena de prisión de 10 años para quienes participasen en una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se modificaron las normas del Parlamento para poder apoyar el proyecto de ley sin demora. El 21 de marzo se votaron las dos últimas lecturas, por una mayoría de 387 votos a favor y tan solo 2 en contra.

La nueva norma fue remitida al presidente Yoweri Museveni para su promulgación. Sin embargo, aconsejado por los funcionarios del Ministerio de Justicia y por miembros de su propio partido, Museveni devolvió el texto al Parlamento para que introdujera modificaciones. El presidente requería que no se castigara el mero hecho de identificarse como una persona LGTBI ni tampoco el hecho de no denunciar los actos homosexuales. El Parlamento introdujo las enmiendas necesarias, aunque la no denuncia de los actos homosexuales siguió siendo castigada si una las personas implicadas era vulnerable. El texto final fue aprobado por 348 votos a favor y tan solo 1 en contra.

El 29 de mayo de 2023, el presidente Yoweri Museveni promulgó finalmente la Ley contra la homosexualidad. Destacamos a continuación los artículos que vulneran los derechos humanos de las personas LGTBI, dejando sin citar las penas establecidas para los delitos de violación o el abuso de menores:

  • Artículo 2. Delito de homosexualidad
    1. Una persona comete el delito de homosexualidad si realiza un acto sexual o permite que una persona de su mismo sexo realice un acto sexual con ella.
    2. Toda persona que cometa un delito de homosexualidad podrá ser condenada a cadena perpetua.
    3. Toda persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta diez años.
  • Artículo 3. Homosexualidad agravada
    1. Una persona que cometa el delito de homosexualidad en cualquiera de las circunstancias especificadas en el apartado (2), comete el delito de homosexualidad con agravantes y puede ser condenada a muerte.
    2. Las circunstancias a las que se hace referencia en el apartado (1) son cuando
      • la persona contra la que se comete el delito contrae una enfermedad terminal como resultado del acto sexual;
      • el delincuente es reincidente;
      • la persona contra la que se comete el delito es de edad avanzada;
    3. Una persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta catorce años.
  • Artículo 6. El consentimiento para cometer un acto sexual no constituye defensa
    • El consentimiento de una persona para cometer un acto sexual no constituirá una defensa frente a una acusación formulada en virtud de la presente Ley.
  • Artículo 10. Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
    1. Toda persona que
      • pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo;
      • presida, conduzca, presencie o dirija una ceremonia que pretenda ser un matrimonio entre personas del mismo sexo; o
      • asista o participe a sabiendas en la preparación de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, comete un delito y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años.
    2. En esta sección, «matrimonio» significa la unión, formal o informal, entre personas del mismo sexo.
  • Artículo 11. Promoción de la homosexualidad
    1. Toda persona que promueva la homosexualidad comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta veinte años.
    2. Una persona promueve la homosexualidad cuando
      • anima o persuade a otra persona a realizar un acto sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de la presente Ley;
      • a sabiendas anuncia, publica, imprime, emite, distribuye o hace que se anuncie, publique, imprima, emita o distribuya por cualquier medio, incluido el uso de un ordenador, sistema de información o internet, cualquier material que promueva o fomente la homosexualidad o la comisión de un delito tipificado en esta Ley;
      • proporcione apoyo financiero, ya sea en especie o en efectivo, para facilitar actividades que fomenten la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley;
      • a sabiendas alquile o subarriende, utilice o permita que otra persona utilice cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomenten la homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley; o
      • dirija una organización que promueva o fomente la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley.
    3. Cuando una persona jurídica cometa un delito tipificado en este artículo, el tribunal podrá
      • imponer una multa no superior a cincuenta mil puntos monetarios por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo;
      • suspender la licencia de la entidad por un período de diez años; o
      • cancelar la licencia concedida a la entidad.
  • Artículo 14. Obligación de denunciar actos de homosexualidad
    1. Toda persona que sepa o tenga sospechas razonables de que una persona ha cometido o tiene intención de cometer un delito de homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley, informará del asunto a la policía para que adopte las medidas oportunas.
    2. Una persona a la que el privilegio le impida realizar una denuncia en virtud del apartado (1) será inmune a cualquier acción derivada de la divulgación de la información sin que se haya obtenido o tenido previamente el consentimiento o la renuncia al privilegio.
    3. Una persona que haga una denuncia a la que se hace referencia en esta sección será tratada como denunciante de conformidad con la Ley de Protección de Denunciantes de 2010 y estará protegida contra la victimización.
    4. Esta sección no se aplicará a un abogado en virtud de la Ley de la Abogacía.

Como hemos señalado anteriormente, tan solo tres meses después de la promulgación de la ley, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada»,

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Condenados a cadena perpetua dos adolescentes que planearon a sangre fría y ejecutaron el asesinato de la joven trans Brianna Ghey

Viernes, 12 de enero de 2024
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IMG_2033De forma unánime, un jurado de Manchester (Inglaterra) ha considerado a dos adolescentes británicos culpables del brutal asesinato de la joven trans Brianna Ghey, ocurrido en febrero de 2023. Un asesinato que conmocionó a la comunidad LGTBI británica, enfrentada en tiempos recientes a un clima de transfobia alentada tanto por políticos conservadores como por el pujante lobby transexcluyente. La jueza ya ha hecho público que los dos adolescentes, una chica y un chico identificados respectivamente como X e Y, se enfrentan a una condena de cadena perpetua, si bien no ha dado a conocer el tiempo mínimo que deberán pasar en prisión antes de que esta pueda ser revisada.

El asesinato de Brianna Ghey, de 16 años, ocurrió el 11 de febrero de 2023. La joven fue acuchillada con saña, recibiendo un total de 28 puñaladas, en un parque de Warrington (condado de Cheshire, al norte de Inglaterra). Fue encontrada, ya sin vida, por dos paseantes. Brianna era una chica abiertamente trans, que había contado con el apoyo de su familia en su proceso de transición, y ella misma, muy activa en redes sociales, ofrecía apoyo a otras niñas trans.

El brutal asesinato de Brianna causó una honda conmoción y gran indignación en la comunidad LGTBI británica, por mucho que los medios de comunicación generalistas británicos (habituados a actuar como altavoz de las posiciones tránsfobas) se esforzaran por desligar el hecho de que Brianna fuera una chica trans de las circunstancias de su asesinato. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la comunidad trans del Reino Unido vive enfrentada desde hace varios años a una ola de transfobia sin precedentes, impulsada de la mano de políticos conservadores, activistas del movimiento transexcluyente y figuras de gran relevancia social, como la escritora J.K. Rowling.

La comunidad LGTBI también tuvo que soportar las habituales polémicas relacionadas con el tratamiento de la identidad de género cuando de menores se trata, y más teniendo en cuenta el hecho de que Reino Unido, especialmente atrasado en esta materia, no permite a los menores de edad modificar legalmente su género en documentos oficiales. The Times, por ejemplo, llegó a modificar la referencia inicial a Brianna como «una chica» y se refirió a ella con su deadname. Finalmente, tras la indignación que ello despertó, volvió a referirse a ella en femenino y con su nombre elegido. El Gobierno conservador británico, por su parte, se negó a modificar el certificado de defunción de Brianna para que en él apareciera reflejada su identidad femenina.

Por lo que se refiere a la investigación, pese a sus reticencias iniciales la Policía británica acabó por investigar lo sucedido como un delito de odio, y en pocos días detuvo a dos sospechosos, una chica y un chico, adolescentes como Brianna, y consiguió pruebas incriminatorias suficientes. Durante el juicio, celebrado entre el 27 de noviembre y el 20 de diciembre, los dos jóvenes se han acusado mutuamente de ser los responsables intelectuales del asesinato, si bien las pruebas no dejan lugar a dudas de que ambos son igualmente responsables. Entre ellas, un documento manuscrito encontrado en la casa de X, en el que planeaban el crimen, y el hallazgo del arma del crimen en la casa de Y. Pero si algo ha impresionado durante la celebración del juicio han sido las impactantes conversaciones de WhatsApp mantenidas entre X e Y, absolutamente carentes de empatía. Aunque los dos asesinos, que llevaban tiempo fantaseando con la idea de cometer un asesinato, manejaron otras posibles víctimas, acabaron focalizando su atención en Brianna, una víctima especialmente vulnerable a la que Y, con un lenguaje deshumanizador, se refería como «it» («ello») y «la presa». «Ya veremos si grita como un hombre o como una mujer», llegó a escribir Y a su cómplice.

Una vez conocida la sentencia de culpabilidad, quedan por conocer los detalles de la condena, que se harán públicos en febrero. La jueza, Amanda Yip, ha comunicado que se les impondrá una condena de cadena perpetua revisable, si bien aún no ha hecho público los años que los dos asesinos deberán pasar forzosamente en prisión antes de que la condena pueda ser revisada. En esa fecha muy posiblemente se hagan también públicos sus verdaderos nombres.

Fuente Dosmanzanas

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Las mujeres trans, principales receptoras de los mensajes de odio por LGTBIfobia en redes sociales en 2023

Miércoles, 3 de enero de 2024
Comentarios desactivados en Las mujeres trans, principales receptoras de los mensajes de odio por LGTBIfobia en redes sociales en 2023

IMG_2124La organización Lambda Valencia ha hecho pública la tercera edición del informe Al Loro!, que analiza la violencia que el colectivo LGTBI ha recibido en redes sociales en el año 2023. Las personas trans son las principales víctimas, recayendo sobre ellas el 49% de los ataques. Dentro de estas, las mujeres son las que se llevan la palma: el 79% de los mensajes de odio contra personas trans se dirigen, en concreto, a ellas. Por tipología de discurso, el más común es el de extrema derecha (48%), seguido del vinculado al supuesto ‘feminismo’ transexcluyente (22%). Las mujeres (cis y trans) suponen el 60% de las víctimas, seguidas de las personas no binarias (23%) y los hombres (17%). 

El equipo de rastreo ha detectado y analizado una muestra 1.288 mensajes de odio, un 6,5% más que en 2022. «Trans», «sida», «adoctrinamiento» y «delirio trans» son los cuatro términos clave que más se repiten.

Instagram y TikTok son las redes con mayor número de mensajes de odio detectados, seguidas de Facebook, X (antes Twitter) y YouTube (red que se comenzó a monitorear en noviembre tras una polémica sobre el uso de lenguaje inclusivo en un videojuego). Es importante matizar, a este respecto, que en 2023 Lambda ha modificado la metodología utilizada en anteriores informes pasando del rastreo automatizado al manual para facilitar el acceso a publicaciones privadas, más frecuentes en redes como Instagram o Facebook que, por ejemplo, en X, la red que tradicionalmente suele señalarse como la favorita para verter mensajes de odio.

Por lo que se refiere a la tipología de los mensajes, el grueso lo constituyen los mensajes de burla (40%), seguidos de los insultos explícitos (26%) y la difusión de bulos/fake news(16%), habituales cuando de la realidad trans hablamos. Les siguen los mensajes de invisibilización (11%) y los de amenaza y/o intimidación (7%).

Por lo que refiere a los destinatarios, tras las personas trans (49%), el segundo bloque de mensajes de odio más frecuente es el de los dirigidos en su conjunto a las personas LGTBI+ (23%), seguido de las burlas al lenguaje inclusivo (12%), uno de los blancos favoritos del discurso de odio (pincha en las imágenes para agrandarlas):

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En cuanto al perfil del atacante, el 69% de los discursos provienen de hombres y el 31% de mujeres. Por edades, la mayoría de los mensajes de odio que se vierten en las redes vienen por parte de personas de entre 30 y 45 años, seguidos por aquellas de entre 45 y 60 años y finalmente, las de 18-30 años.

Más de la mitad de las veces, concretamente en el 58% de los mensajes registrados, el discurso de odio viene de atacantes de extrema derecha. En el 26% de los casos proviene de perfiles pertenecientes al supuesto ‘feminismo’ transexcluyente. Ambas categorías engloban, de hecho, el 84% del discurso de odio.

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Por lo que se refiere específicamente al colectivo trans, principal destinatario de los mensajes de odio, la aplastante mayoría (79%) está dirigida hacia las mujeres trans. Les siguen las personas no binarias (11%), las familias (6%) y la infancia y los hombres trans (2% cada categoría). Unos datos que corroboran una vez más la correlación entre el odio tránsfobo y las actitudes machistas.


Puedes descargar el informe Al Loro! aquí

Fuente Dosmanzanas

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Mujeres, racializadas, migrantes o refugiadas y trabajadoras del sexo: el perfil de las víctimas del odio tránsfobo en el mundo

Sábado, 30 de diciembre de 2023
Comentarios desactivados en Mujeres, racializadas, migrantes o refugiadas y trabajadoras del sexo: el perfil de las víctimas del odio tránsfobo en el mundo

IMG_2049De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas. Es una cifra similar a la registrada entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, periodo durante el cual se tuvo constancia de 327 personas trans asesinadas. Ambas cifras son moderamente menores a la registrada entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, la más alta desde que se dispone de este registro (375 asesinatos).

Brasil vuelve a ser, como en años anteriores, el país con más asesinatos registrados: 100. Le sigue México, con 52; Estados Unidos, con 31, y Colombia, con 21. Por detrás se sitúan Ecuador, con 19; India y Perú, con 11 cada uno; Argentina y Filipinas, con 8 cada uno; Pakistán, con 7; Bangladés y Guatemala, con 5 cada uno; Chile, Honduras, Indonesia, Italia, Nicaragua, Turquía y Venezuela, con 3 cada uno; Azerbaiyán, Canadá, Cuba, España, Puerto Rico y Uruguay, con 2 cada uno, y finalmente Armenia, Bélgica, Eslovaquia, Grecia, Irak, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, Serbia y Uganda con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2023 se tiene constancia de 4.690 asesinatos de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Brasil (con 1.841 víctimas), México (con 701) y Estados Unidos (con 406) son los tres países que encabezan el registro.

La transfobia, entrelazada con el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el machismo

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el mahcismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023:

  • El 94% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
  • En un 80% de los casos registrados globalmente las víctimas eran personas de color o racializadas (cifra que supone un alza del 15% respecto al periodo inmediatamente anterior).
  • El 45% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes o refugiadas.
  • El 48% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo. Si se considera solo el continente europeo, esta cifra asciende al 78%.

 

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(Pincha en la imagen para ampliarla)


Dos nuevos asesinatos de personas trans en España

España vuelve a aparecer un año más en la lista, con dos asesinatos. El primero de ellos, el de una mujer cuyo cadáver fue encontrado en diciembre de 2022 en la ría del Nervión. Su nombre no ha trascendido. «El cadáver hallado en la ría junto al Puente Colgante de Bilbao que une Portugalete y Getxo el pasado sábado era el de una mujer trans blanca de 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado. Tenía dos pesas de levantamiento de pesas atadas a su cintura y la autopsia determinó que había muerto asfixiada antes de ser arrojada al estuario», registra el informe de Transgender Europe. El segundo, en febrero de 2023, el de Sandra, una mujer de 60 años que «murió tras ser apuñalada en el cuello por su pareja maltratadora en su casa de la zona de Sant Martí de Barcelona. La policía lo arrestó en el lugar».

Nuestro país, de hecho, acumula 16 víctimas en el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Además de los dos ya mencionados, los nombres más recientes incluidos en este listado son los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, y que apareció en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el informe de 2020.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

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Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2023 y los datos expuestos aquí

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

Fuente Dosmanzanas

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Dos hombres se declaran culpables de agredir a una mujer trans horas antes de que la encontraran muerta

Lunes, 2 de octubre de 2023
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0D7D9FA9-5375-4C86-BD9D-36C7D1688076Alexa Negrón Luciano fue asesinada a tiros ante las cámaras en Puerto Rico en 2020.

Dos hombres puertorriqueños se declararon culpables de agredir a Alexa Negrón Luciano, una mujer transgénero, pocas horas antes de que fuera asesinada en 2020.

En 2021, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestó a Anthony Steven Lobos Ruiz, Jordany Rafael Laboy García y Christian Yamaurie Rivera Otero luego de que un gran jurado federal acusó al trío por cometer un crimen de odio en contra de Alexa Negrón, la mujer transgénero asesinada en Toa Baja en 2020

El lunes, el Departamento de Justicia anunció que Jordany Rafael Laboy-García y Christian Yamaurie Rivera-Otero se declararon culpables de cargos federales de conspiración para cometer un delito de odio y obstrucción de la justicia en relación con el asalto del 24 de febrero de 2020. Un tercer sospechoso, Anthony Steven Lobos-Ruiz, se declaró previamente culpable de cometer un delito de odio en relación con el mismo ataque y fue sentenciado a 33 meses de prisión.

La muerte de Luciano fue noticia en 2020 después de que apareciera un vídeo de su asesinato en YouTube. La joven de 27 años, que se encontraba en la calle, había sido objeto de acoso y amenazas violentas tras un incidente en un McDonald’s de Toa Baja, una ciudad cerca de la costa centro-norte de Puerto Rico, durante el cual Luciano fue acusado de usar un espejo para espiar a otros clientes mientras usan el baño de mujeres. La policía dijo que no había evidencia de que ella estuviera haciendo eso.

Sin embargo, la gente comenzó a publicar sobre el incidente en las redes sociales, nombrando a Luciano y compartiendo fotos de ella junto con retórica transfóbica.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Laboy-García, Rivera-Otero y Lobos-Ruiz se encontraron con Luciano mientras conducían en Toa Baja poco después de la medianoche del 24 de febrero de 2020. Al reconocerla por las publicaciones en las redes sociales sobre el incidente de McDonald’s, Lobos-Ruiz grabó video de él mismo gritando “la loca, la loca” y otros comentarios amenazantes a Luciano. Luego, los tres hombres fueron a buscar una pistola de paintball y regresaron al cabo de 30 minutos al lugar donde habían visto previamente a Luciano. Lobos-Ruiz grabó a Laboy-García disparando a Luciano varias veces con bolas de pintura.

Lobos-Ruiz compartió los videos con Laboy-García y Rivera-Otero. “Varias horas después, Rivera-Otero y Lobos-Ruiz intercambiaron mensajes de texto, en los que se decían que borraran las pruebas de su acoso y agresión con pistola de paintball a (Luciano), para ocultar su participación”, según la prensa. liberar.

 A las pocas horas del ataque, y menos de 12 horas después del incidente del McDonald’s, Luciano fue asesinado a tiros. En las redes sociales apareció un vídeo del asesinato, que la policía supuestamente creía auténtico.

Los informes iniciales que describían a Luciano como un “hombre vestido de mujer” provocaron indignación. Durante una aparición el 27 de febrero de 2020 en El show de esta noche con Jimmy Fallon la estrella puertorriqueña del reguetón Bad Bunny llevaba una camiseta que decía “Mataron a Alexa… No a un hombre con falda” en español.

Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, las audiencias de sentencia para Laboy-García y Rivera-Otero están programadas para el 10 de noviembre. Como señala People, la policía aún no ha acusado a nadie por el asesinato de Luciano. El FBI ofrece hasta 50.000 dólares por información que conduzca a la acusación y el arresto de cualquier persona involucrada en el asesinato de Luciano.

Fuente LGTBQNation

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“Lo que no se nombra, no pertenece”, por Carlos Osma

Lunes, 17 de abril de 2023
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hermosa-persona-queer-maquillajeLeído en su blog Homoprotestantes:

No es cierto que el silenciamiento de las personas queer dentro de la mayoría de comunidades cristianas responda a la voluntad de negar nuestra existencia. Todas esas comunidades saben que lo queer siempre ha estado y estará presente dentro de ellas. Conocen nuestros nombres y apellidos desde que cantábamos en el coro infantil: «Yo tengo un amigo que me ama, y su nombre es Jesús», con el mismo ritmo que lo hubieran hecho los Village People. Por mucho que cuando una(s) década(s) después salimos del armario se hicieran las sorprendidas y nos dijeran: «¿Quién lo iba a decir? No se te nota nada». Y nosotras, como siempre, nos hiciéramos las tontas y respondiéramos:  «No te preocupes cari, es que soy una pecadora rainbow que sabe mentir a las mil maravillas».

A las personas queer cristianas no se nos nombra dentro de las iglesias LGTBIQfóbicas, no porque no quieran que existamos, eso saben que es imposible, sino para dejarnos claro que no pertenecemos a su comunidad, que nos quieren fuera, lejos, y en la medida de lo posible, que no volvamos nunca más. Aunque claro, eso no lo van a reconocer nunca, y aunque el predicador de turno haya dicho desde el púlpito por activa y por pasiva (qué casposo me ha quedado esto) que el lobby gay está destruyendo las familias y atacando a la iglesia del Señor que acabará siendo perseguida por predicar lo que el Señor enseñó (pobrecillos), su esposa les va a preguntar a nuestros padres por nosotras a la salida de la iglesia, y les dirá aquello de: «Qué pena que ya no se congregue más, con la alegría que aportaba a la iglesia desde que era pequeñito. A ver si, al menos para la fiesta de Navidad, nos hace una visita y toca el violín». ¡Aleluya, qué buenos son!

Si se quieren explicar las razones de este comportamiento tan poco cristiano y tan mucho LGTBIQfóbico se pueden escribir libros con los que decorar las estanterías de bibliotecas enteras, muchos de ellos con verdades como puños, aunque para simplificar podemos decir que la razón es que prefieren renunciar antes a nosotras que al literalismo bíblico, en caso de los evangélicos, o a la moral sexual de un magisterio manchado de pedofilia, en el de los católicos. Pero no es esto lo que creo que para nosotres necesita una explicación, porque lo realmente sorprendente, al menos eso dicen el resto de bitransmaricabollos que nos miran atónitas desde fuera de las iglesias, es: ¿Por qué y para qué queremos seguir formando nosotres parte de comunidades cristianas asociaciones fundamentalistas LGTBIQfóbicas? O traduciendo la pregunta a un lenguaje más bíblico, más nuestro: ¿Por qué queremos al oír la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita, y toda la música con la que adornan su teología del odio, arrodillarnos y adorar a la estatua de treinta metros de alto por tres de ancho que han construido los Fobicodonosores de la Verdad? Lo suyo sería ponernos Divas, subirnos a nuestras plataformas, y sacar las Drags Sadrac, Mesac, y Abed-negó que todas las que hemos pasado por la escuela dominical llevamos dentro, para decirles: Nosotras no nos inclinamos ante vuestro ídolo, aunque lo hagan otros, nosotras no. La diosa que adoramos, y que nos mostró Jesús de Nazaret, nos librará del infierno en el que queréis meternos, y aunque no lo hiciera, preferimos arder antes que arrodillarnos ante esa caricatura de divinidad que habéis construido. Nosotras no.

Pero es que tampoco es esta la razón, no somos heroínes, ni descerebradas a las que nos gusta que nos quemen vivas, somos cristianas, aunque lo nieguen, nos ignoren, nos insulten. Somos cristianes, nosotres sí. Pertenecemos a Jesús. Y lo que queremos no es que las comunidades cristianas asociaciones LGTBIQfóbicas nos acepten y se transformen en un espacio rainbow tan fundamentalista como siempre, o al menos no deberíamos malgastar energías persiguiendo eso. Lo que hacemos es decir nuestro nombre, reconocernos seguidoras de Jesús, aferrarnos al evangelio del amor y la fraternidad que encontramos en los evangelios, y tratar de aplicarlo a nuestro alrededor, y en nosotres mismes. ¿Por qué tenemos que callar? Lo que nos constituye cristianes queer no es la lucha contra o por la iglesia, sino el seguimiento de Jesús. No es demostrar a nuestras familias o excomunidades que podemos seguir siendo cristianes aunque ellas digan que no, sino nuestra respuesta a la llamada de Jesús. Entiendo que es complicado para las compañeras de luchas bitransmaricabollos que no se consideran cristianas comprenderlo, y de verdad que a nosotras nos duele el doble escuchar, ver, y sufrir la LGTBIQfóbia de quienes se han erigido en portavoces de Jesús, en parte porque en ocasiones esas personas han sido familiares o amigas. Y no queremos negarlo, ni justificarlo, es odio lo que esas comunidades cristianas asociaciones LGTBIQfóbicas lanzan contra nuestro colectivo. Pero nosotras no pertenecemos a esas asociaciones LGTBIQfóbicas, nos lo han dicho de todas las formas posibles: ya lo hemos entendido, aceptado, e incluso celebrado. Somos cristianas, nosotras sí, como muchas otres, y condenamos al Fobicodonosor de la Verdad. Pertenecemos a Jesús, con la ambivalencia de Simón Pedro a veces, pero pertenecemos a Jesús, y es su seguimiento, el que nos trans-forma en cristianes.

Carlos Osma

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La Federación Estatal LGTBI+ celebra el apoyo cerrado de expertas de la ONU a la Ley Trans y LGTBI+ en España

Sábado, 25 de febrero de 2023
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Expertas de la ONU suscriben que “esta nueva legislación alinea el sistema español de reconocimiento de la identidad de género con la mejor práctica de autoidentificación identificada por la ONU”

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) celebra el posicionamiento en favor de la Ley Trans y LGTBI+ española de nueve personas expertas independientes de Naciones Unidas, integrantes de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, mayor órgano de expertos independientes de la ONU.

A través de un comunicado, nueve miembros de Naciones Unidas, entre quienes figura la presidenta del grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de la ONU, Dorothy Estrada-Tanck, su vicepresidenta Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti, también miembros del equipo, y el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Victor Madrigal-Borloz, suscriben que esta nueva legislación “alinea el sistema español de reconocimiento de la identidad de género con la mejor práctica de autoidentificación identificada por la ONU”.

Asimismo, confirman que “contrariamente a algunas narrativas erróneas, el nuevo sistema garantiza la seguridad jurídica mediante la posibilidad de revisión judicial, haciendo recaer adecuadamente la carga de la prueba en la parte que cuestiona y en el Estado, y no en las personas trans y otras personas con diversidad de género. De este modo, se han eliminado obstáculos arbitrarios, humillantes y perjudiciales para el reconocimiento legal”.

“El cumplimiento de los derechos humanos implica necesariamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación”

En este sentido, Óscar Rodriguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, reitera que “el cumplimiento de los derechos humanos implica necesariamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación” y aplaude que Naciones Unidas se posicione para recordarlo “ante la proliferación de discursos de odio que señalan a las personas trans como violadoras o enfermas”.

Así, Rodríguez recuerda también que España ha recibido apoyos y felicitaciones internacionales como el de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, que felicitó a España por la aprobación de una ley que permite la autodeterminación de género sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos o el del propio Consejo de Europa de Igualdad, Minorías e Inclusión.

Con la aprobación de la Ley Trans y LGTBI+ España se alinea con la Estrategia para la Igualdad de las personas LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea, que señala la autodeterminación como esencial para el avance de los derechos de las personas trans. Las legislaciones de Malta, Portugal o Dinamarca ya reconocen desde hace tiempo este derecho fundamental y, próximamente, Alemania y los Países Bajos se sumarán a esta lista. Más allá de las fronteras de la Unión Europea, la experiencia de países como Nueva Zelanda o Argentina demuestran que las políticas LGTBI+ y feministas van naturalmente de la mano”, informa.

“Es una obviedad repetir esto, pero, ante el auge del discurso ultraconservador del miedo,  nos vemos en la necesidad de recordar que las personas trans hemos existido siempre”

Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, reitera que “es una obviedad repetir esto, pero, ante el auge del discurso ultraconservador del miedo, que nos señala como una amenaza, nos vemos en la necesidad de recordar que las personas trans hemos existido siempre. Ya había mujeres trans antes de esta ley y las había con sus DNI reflejando su género. Tenemos Ley trans en casi todas las comunidades autónomas españolas desde hace años”, defiende.

“El cambio que esta ley introduce es que ahora, no tendremos que pasar por la humillación de ser diagnosticadas de una enfermedad mental que, tal y como reconoce la OMS, no existe porque no estamos enfermas. Es una ley administrativa que elimina trámites que atentaban contra nuestra dignidad a la hora de cambiar el género en mi DNI, nada más. Una ley que dota de derechos a una minoría vulnerable es una ley que nos hace crecer como sociedad”, asegura Sangil.

NOTA. Posicionamiento de la ONU

Fuente FELGTBI+

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Finlandia aprueba una reforma de la ley de reconocimiento de género e introduce la autoidentificación para las personas trans

Martes, 7 de febrero de 2023
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2001-Finland-flag-157145026El Parlamento de Finlandia ha aprobado la reforma de su muy restrictiva ley de identidad de género para permitir la autodeterminación en lo que respecta al cambio de sexo registral. Un paso de gigante en una situación de partida en la que se exigía, entre otros requisitos, que se probase la esterilidad. Sin embargo, incluso desde la misma coalición de Gobierno ha habido votos contrarios a la reforma, que solo puede aplicarse a los mayores de 18 años. Tampoco se ha modificado el estricto protocolo sanitario a seguir en los procesos de reasignación de género.

El Parlamento finlandés ha aprobado una nueva ley de reconocimiento de género que suprime las prácticas arcaicas que exigían a las personas trans demostrar que eran estériles.

El pasado 1 de febrero el Parlamento de Finlandia aprobaba la modificación de la Ley Trans vigente desde 2003, por una mayoría de 113 votos a favor y 69 en contra. La propuesta de enmiendas partía de la coalición de Gobierno, aunque había sido precedida por una petición popular, que finalmente fue rechazada.

Con la reforma de la Ley Trans, que tomará efectos el próximo 1 de marzo, bastará una declaración de las personas interesadas para que se proceda a la modificación del género registral. Sin embargo, sigue siendo solo aplicable a mayores de 18 años y no afecta al estricto protocolo sanitario en los procesos de reasignación de género, que no se ha reformado.

La legislación llega apenas unas semanas después de que el gobierno del Reino Unido bloqueara las históricas reformas escocesas de reconocimiento de género en un movimiento político sin precedentes, utilizando para ello la Sección 35 de la Ley de Escocia de 1998.

El proyecto de ley de reconocimiento de género de Escocia habría introducido la autoidentificación de género de forma similar a la de la nueva ley de Finlandia, y a la legislación que ya existe en otros 18 países.

La nueva ley finlandesa –aprobada por 113 votos a favor y 69 en contra– elimina el requisito de que las personas trans sean esterilizadas y obtengan un diagnóstico psiquiátrico para que se les reconozca legalmente su género.

Según la legislación vigente en Finlandia, que según Amnistía Internacional vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, una persona tiene que aportar pruebas de infertilidad antes de que se le conceda el reconocimiento legal de su género.

La nueva ley permite el reconocimiento a los adultos que lo soliciten por escrito tras un “periodo de reflexión” obligatorio de 30 días.

El proceso:

En septiembre de 2021, se presentó al Parlamento una iniciativa popular llamada «Derecho a ser», que consiguió reunir más de las 50.000 firmas necesarias. La propuesta de reforma de la modificación del género registral era más ambiciosa, incluyendo a los menores de edad, pero fue finalmente rechazada en las comisiones parlamentarias y el pleno.

La reforma fue aprobada en primera lectura el 24 de enero, en segunda lectura el 31 de enero y en una definitiva tercera lectura el 1 de febrero, con el apoyo de 113 votos a favor y 69 en contra. Todos los diputados de los partidos de la coalición de Gobierno votaron a favor, excepto los del Partido del Centro, que podían votar en conciencia y que lo hicieron mayoritariamente en contra (13 votos contrarios y 12 a favor). En cuanto a los partidos de la oposición, todos sus representantes votaron en contra excepto los del Partido de la Coalición Nacional (26 votos favorables y 10 contrarios).

Sanna-Marin-finlandia La Primera Ministra Sanna Marin

La socialdemócrata Primera Ministra Sanna Marin -que se describe a sí misma como una “familia arco iris”, ya que creció criada por dos madres– ha declarado anteriormente que la cuestión de los derechos de los transexuales es un “asunto muy importante” para ella y que estaba deseando que la legislación se aprobara en el Parlamento.

Según denuncia Kerttu Tarjamo, secretaria general de SETA, la más importante asociación LGTBI finlandesa, durante el proceso de aprobación de la reforma tuvo lugar una fuerte campaña contra la ley llena de retórica tránsfoba. «Dijeron que esto abriría las puertas para que los hombres cisgénero acosaran a las mujeres en los vestuarios o argumentaron sobre las prisiones», afirmó Tarjamo. Han seguido, pues, la tónica habitual para enfrentarse a los derechos de las personas trans en todo el mundo, desde la extrema derecha estadounidense al pseudofeminismo transexcluyente en España.

Matti Pihlajamaa, asesor de Amnistía Internacional Finlandia en materia de derechos de las personas LGBTI, ha declarado: “Con la aprobación de esta ley, Finlandia ha dado un gran paso hacia la protección de los derechos de las personas trans y la mejora de sus vidas y de su derecho a la autodeterminación.

“La votación es el resultado de más de una década de campaña de los grupos de la sociedad civil y es un testimonio del compromiso de los activistas que han luchado largo y tendido -a menudo frente a una retórica tóxica- para ver este día.”

“Aunque esta nueva ley tendrá una repercusión enorme y positiva y constituirá un pilar importante para la no discriminación, todavía hay que hacer más”, continuó Pihlajamaa. “Excluir a los niños del reconocimiento legal de su sexo viola la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.

“Seguiremos pidiendo al gobierno que modifique la legislación en consecuencia para garantizar que hace avanzar los derechos de los niños”.

En un comunicado, la organización finlandesa de derechos LGBTQ+ Seta declaró: “¡Victoria para los derechos humanos! #Translaki refuerza los derechos humanos en Finlandia. Ahora hay que proteger los derechos de los niños y los jóvenes”.

“¡Muchas gracias a todas las organizaciones y socios que han votado a favor de la ley y han influido!“.

Sasha Misra, directora asociada de comunicación de Stonewall, elogió la medida y declaró: “Es maravilloso ver que el gobierno y el parlamento finlandeses introducen un proyecto de ley de reforma del reconocimiento de género que garantiza un proceso seguro, respetuoso y digno de reconocimiento legal del género de una persona trans.

“Finlandia fue uno de los últimos países de Europa que exigía que las personas trans fueran esterilizadas antes de cambiar legalmente de género, pero ahora se ha unido a más de 30 países que ya han adoptado una legislación similar, aplicando prácticas internacionales de vanguardia respaldadas por las Naciones Unidas.

“El Gobierno del Reino Unido también debería reconocer la importancia de proteger y mejorar la vida de todas las personas LGBTQ+ y revocar su decisión de invocar la S.35 de la Ley de Escocia”.

Situación de partida

La normativa que estaba en vigor hasta la reforma era la Ley Trans de junio de 2002, que entró en vigor el 1 de enero de 2003, y que exigía lo siguiente para modificar el género registral:

  1. Proporcionar evidencia médica de que él o ella siente permanentemente que él o ella pertenece al género opuesto y que él o ella está viviendo en el rol sexual correspondiente y que él o ella ha sido esterilizado o es infértil de otra manera.
  2. Ser mayor de edad.
  3. Ser ciudadano finlandés o tener permiso de residencia en Finlandia.

Reformas legislativas posteriores, de carácter puntual, aclararon que el tipo de pruebas médicas que se consideraban necesarias consistían en una evaluación y un diagnóstico psiquiátricos. La infertilidad causada por la terapia hormonal podía considerarse esterilización suficiente. Sin embargo, dentro del protocolo sanitario se exigía la recomendación de un psiquiatra del sistema público de salud para autorizar el tratamiento hormonal. Algunas personas trans que no consiguieron esa recomendación se vieron obligadas a someterse a esterilizaciones quirúrgicas en la medicina privada para que se les permitiera cambiar el género registral.

En el texto original, no se permitía el cambio de género registral a las personas casadas. Posteriormente, se permitió, pero con la autorización del cónyuge, dado que implicaría la disolución del matrimonio porque en aquellas fechas aún no se había aprobado el matrimonio igualitario. Cuando se aprobó, se eliminó ese requisito y solo se estableció que el cónyuge debía ser informado oficialmente del cambio registral.

Situación actual

Tras la reforma, los requisitos y protocolo a seguir para el cambio de género en la Agencia de Servicios de Datos Digitales y de Población son los siguientes:

  • Ser mayor de edad.
  • Ser ciudadano finlandés o tener un permiso de residencia.
  • Dirigir una solicitud de modificación del género registrado a la Agencia de Servicios de Datos Digitales y de Población, acompañada de una declaración del género al que se siente perteneciente permanentemente.
  • Trascurridos 30 días y antes de que pasen 6 meses, confirmar la solicitud.

Cumplidos esos requisitos, la Agencia de Servicios de Datos Digitales y de Población resolverá favorablemente, procediendo a cambiar el dato del género e informando a las personas solicitantes de los cambios que se producirán, como la emisión de un nuevo documento de identidad.

La reforma también ha establecido que se cambie la condición de padre o madre en los libros de familia, pero solo podrá hacerse a partir del 1 de marzo de 2024.

Sin embargo, la reforma solo ha afectado al cambio del género registral, sin que se haya modificado el protocolo a seguir para los tratamientos médicos que las personas trans requieran, aprobado en 2020. Esos protocolos dan prioridad a las terapias psicosociales, y no permiten el tratamiento hormonal o las cirugías de reasignación a menos que «la disforia asociada a la identidad de género sea persistente (mayor de 2 años), que la persona pueda describir de forma coherente cómo la disforia le perjudica en situaciones cotidianas y que pueda establecerse de forma fiable que la disforia perjudica su vida social o su carrera profesional o le causa un sufrimiento significativo». Hasta los 25 años, la terapia psicosocial será la opción casi exclusiva, permitiéndose algún tipo de tratamiento médico de manera excepcional y «caso por caso».

Aún con todas sus limitaciones, la apertura a la autodeterminación de género es un paso de gigante para los derechos trans en Finlandia.

El Parlamento escocés aprobó el mes pasado, por 86 votos a favor y 39 en contra, la histórica ley escocesa de reforma de la legislación de género, anunciada como un momento clave para los derechos LGBTQ+ en el Reino Unido.

El proyecto de ley habría facilitado a las personas trans la obtención de un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG).

Sin embargo, el gobierno británico bloqueó la ley por temor a los espacios “para un solo sexo” y a la protección de la “igualdad salarial”.

El 17 de enero, el secretario para Escocia, Alister Jack, declaró ante la Cámara de los Comunes que no se había tomado la decisión “a la ligera”, pero que el Gobierno insistía en que el proyecto de ley tendría un “grave impacto adverso, entre otras cosas, en el funcionamiento de la Ley de Igualdad de 2010”.

Fuente Pink News

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32 años de cárcel al autor del transfemicidio de Dayana en Jalisco

Martes, 7 de febrero de 2023
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DAYANALas autoridades de justicia establecieron el delito de feminicidio luego que su investigación determinara que “el crimen fue cometido por razones de género, misoginia, con indicios de humillación y denigración”.

Dayana tenía 18 años cuando fue víctima de transfemincidio en junio de 2021. Su cuerpo tenía golpes y heridas de arma de fuego. Un juez de control estableció una pena de 32 años de prisión por el delito de feminicidio a Luis Andrés Z. Lo hizo el 24 de enero, tras pruebas que aportó la Unidad Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual de la Fiscalía del Estado de Jalisco, un juez de control estableció una pena de 32 años de prisión por el delito de feminicidio a Luis Andrés Z.

Las autoridades de justicia establecieron el delito de feminicidio luego que su investigación determinara que “el crimen fue cometido por razones de género, misoginia, con indicios de humillación y denigración”.

De acuerdo a Unión Diversa de Jalisco (UDJ), organización que acompañó a la familia de Dayana, “este caso evidenció la misoginia, el machismo, la transfobia, el odio desmedido”.

Fascinación Jiménez, directora de UDJ, comentó a Presentes que esta no es la primera sentencia de feminicidio contra una mujer trans en Jalisco.

Además de la sentencia, el juez de control dictó una multa por 489 mil 325 pesos y medidas de reparación del daño. “Con esta resolución se hizo efectiva la justicia a las víctimas, directas e indirectas”, afirma la Fiscalía en su comunicado.

De acuerdo a la organización UDJ, la familia de Dayana siempre estuvo interesada en el pedido de justicia.

Existieron razones de género

Dayana salió de su casa para trabajar en un bar del municipio de Zapotlanejo. Su familia la buscó dos días hasta que la encontraron sin vida en un paraje, a más de 20 kilómetros de su lugar de trabajo, en Tonalá, Jalisco el 6 de junio de 2021.

De acuerdo a la Fiscalía, el feminicida de Dayana la golpeó, le disparó y abandonó su cuerpo en la vía pública.

Las autoridades de justicia determinaron que el crimen fue cometido por razones de género y en agosto de 2021 se ordenó la aprehensión por el delito de feminicidio al hoy responsable del transfeminicidio de Dayana.

De acuerdo al boletín de la Fiscalía, el resultado de esta sentencia fue tras aplicar el protocolo Nacional para las Instancias de Procuración de Justicia del País en casos que Involucra la Orientación Sexual e Identidad de Género así como del protocolo de feminicidio.

Si bien en Jalisco no existe la agravante de odio por orientación sexual e identidad de género en el delito de homicidio, el Código Penal determina en el delito de feminicidio que existen razones de género cuando “haya actos de odio o misoginia, haya indicios de humillación, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto en lugar público, cuando el sujeto actúe por motivos de homofobia (no menciona la transfobia)”, entre otras circunstancias.

Exigen acciones para prevenir la violencia

La organización Unión Diversa de Jalisco exige al Estado que haya “trabajo de prevención y acciones concretas en favor de la población de la diversidad sexual, en especial para las mujeres trans quienes padecen mayormente este tipo de violencias”.

Fascinación Jimenez, directora de UDJ, detalló a Presentes que las acciones “urgentes” que debe resolver el Estado son: “la tipificación de crimen de odio porque solo está como agravante, tipificación al discurso de odio que se traduce en este tipo de violencia extrema. Políticas públicas, porque no hay nada para mujeres de la diversidad y en general para el colectivo LGBT+. Rehabilitación y tratamiento para hombres violentos y machistas; y campañas de prevención en medios de comunicación”.

1 de febrero de 2023
Georgina González@georginagon
Edición: Ana Fornaro

Fuente Agencia Presentes

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Primeras repercusiones de la ley contra la «propaganda» homosexual y trans en Rusia

Viernes, 3 de febrero de 2023
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915FCBDF-26B8-4F67-894F-89DFDA61B394Ya han tenido lugar en Rusia las primeras repercusiones por la aplicación de la ley que castiga la llamada «propaganda» de la homosexualidad y las identidades trans en todos los ámbitos, promulgada el pasado 5 de diciembre por el presidente Vladimir Putin. Aprobada por ambas cámaras del Parlamento ruso por unanimidad, la nueva ley prohíbe cualquier manifestación, información o creación que muestre «relaciones no tradicionales» de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans son castigados con fuertes sanciones. De hecho, la ley supone la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se considera «agentes extranjeros» o traidores a la patria .

Museos cerrados, libros censurados, páginas web bloqueadas o espectáculos prohibidos. Son la consecuencia de la aplicación de la nueva ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales» vigente en Rusia desde el pasado 5 de diciembre. Se trata en realidad de una serie de enmiendas a la ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales ante menores», en vigor desde 2013, con el objetivo de hacer desaparecer del ámbito público cualquier referencia no derogatoria de la homosexualidad, bisexualidad o identidad trans.

Una ley aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas

CCA1B75F-A13E-4BAF-B162-D56E19273966El proyecto de ley fue anunciado por Alexander Khinshtein, presidente del Comité de Política de la Información, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma (o cámara baja del Parlamento ruso), en julio del pasado año. Todos los grupos parlamentarios lo apoyaron, presentándose como impulsores 400 de los diputados de la Duma. Fue sometido a votación en primera lectura en la cámara baja el 27 de octubre, siendo aprobado por unanimidad. El 24 de noviembre se volvió a votar en segunda lectura, alcanzando de nuevo el voto unánime de los 394 diputados presentes. El 2 de diciembre fue respaldada por todos los miembros del Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento), para finalmente ser promulgada por el presidente Vladimir Putin el día 5 del mismo mes. Para los activistas LGTBI, esta unanimidad de diputados y grupos parlamentarios es una muestra más de la falsa pluralidad del sistema político ruso y de su gobierno autocrático.

La nueva ley castiga la propaganda de las relaciones no tradicionales en todos los ámbitos y ante cualquier audiencia. También se ha añadido la penalización de cualquier información que pueda promover entre los menores el «deseo de cambiar de sexo». Términos engañosos para impedir informar sobre las realidades trans a los menores de edad. A estas penalizaciones se suma la del castigo de la promoción de la pederastia, con la intención expresa de equiparar la información positiva sobre las distintas orientaciones sexuales e identidades de género con el abuso de menores. Las sanciones pueden alcanzar los 400.000 rublos (6500 euros, 6600 dólares) para los ciudadanos y los 5.000.000 de rublos (81.500 euros, 82.100 dólares) para las entidades como asociaciones y empresas. Las multas también se aplican a ciudadanos extranjeros, que pueden ser detenidos durante 15 días antes de dictarse su expulsión del país.

Las repercusiones de la invisibilización social

El significado de lo que se considera «propaganda» no se detalla en la ley, dejando en manos de los jueces, muy afines al Gobierno, una amplia interpretación del concepto. Queda prohibida cualquier expresión pública que sea positiva, o incluso neutra, de la homosexualidad, bisexualidad o realidades trans. Afecta a los medios de comunicación tradicionales; a las obras de carácter artístico (literatura, cine, teatro, espectáculos de todo tipo, televisión…); páginas web y redes sociales; y también a la reivindicación pública de los derechos LGTBI. Según algunos activistas, aunque quizás se permita la existencia de clubes o lugares de diversión frecuentados por personas LGTBI, la expresión de afecto en público, como besarse o caminar de la mano podrán ser declarados como «propaganda».

Como repercusión por la entrada en vigor de la ley, se han cancelado espectáculos de drag, se han publicado libros que tratan relaciones entre personas del mismo sexo con párrafos enteros tachados, las tiendas han eliminado de sus estanterías los libros con personajes LGTBI, se ha cerrado un museo dedicado a la historia de las reivindicaciones de las minorías sexuales, negocios dirigidos a estas minorías se han visto obligados a cerrar por no poder exhibir sus productos y varios grupos de defensa de los derechos LGTBI han decidido dejar sus actividades. Por su parte, el Roskomnadzor (organismo encargado de la vigilancia en las redes y calificado por algunos como «policía política») ha sido investido de un poder pleno para declarar el cierre de páginas webs o censurar las redes sociales sin necesidad de orden judicial.

 Agentes extranjeros o traidores a la patria

The Sphere Foundation, la entidad legal que estaba detrás de la mayor organización LGTBI del país, Russia LGBT Network, que denunció las torturas y asesinatos de hombres homosexuales en Chechenia, fue denunciada en su día como «agente extranjero» por el Ministerio de Justicia. Con ello se perseguía el cierre de la organización, puesto que la denominación de «agente extranjero» se aplica a quienes colaboran con fuerzas del exterior para dañar o desprestigiar al Estado ruso. Es una definición que proviene del poder ejecutivo y no puede ser recurrida ante los tribunales. En Rusia, es el equivalente a «espía» o «traidor a la patria», términos de especial gravedad en la actual situación de guerra tras la agresión perpetrada contra Ucrania.

En los prolegómenos de la aprobación de la ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales» se ha multiplicado este tipo de discurso que relaciona la reivindicación de los derechos LGTBI o la expresión pública de su existencia con la colaboración con los enemigos de Rusia. De esta manera, el propio presidente Putin, el presidente de la Duma Vyacheslav Volodin o el principal propagandista progubernamental, Vladimir Solovyov, han propagado discursos en los que definen los derechos de las personas LGTBI como influencia extranjera o incluso entre las razones para la invasión de Ucrania.

AA1A2CCB-1B77-466F-8D5D-DBF890BA1BB0El 30 de septiembre, días antes de la presentación en la Duma del proyecto de ley, Vladimir Putin declaraba lo siguiente ante los medios de comunicación: «¿Realmente queremos, aquí en nuestro país, en Rusia, en lugar de “padre y madre”, tener “progenitor número 1, número 2, número 3”? ¡Se han vuelto totalmente locos! ¿Realmente queremos que en nuestras escuelas, en los grados elementales, se impongan a los niños perversiones que conducen a la degradación y la extinción? ¿Que se les inculque que, además de las mujeres y los hombres, existen supuestamente otros “géneros”? Si las élites occidentales creen que pueden adoctrinar a sus sociedades con extrañas tendencias novedosas como docenas de géneros y desfiles del Orgullo Gay, que así sea, que hagan lo que quieran. Pero lo que desde luego no tienen derecho a hacer es exigir a los demás que sigan en la misma dirección».

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Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, declaraba lo siguiente al presentar el proyecto de ley: «Debemos hacer todo lo posible para proteger a nuestros hijos y a quienes quieren llevar una vida normal. Todo lo demás es pecado, sodomía, oscuridad y nuestro país lucha contra ello». Volodin invitó a los diputados de todas las facciones políticas a firmar como coautores del proyecto de ley. Ni un solo parlamentario se negó. El líder de la facción Rusia Justa, Sergey Mironov, explicaba su apoyo: «La propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales es una guerra. Es una guerra espiritual de información, una guerra ideológica».

El mayor propagandista del Kremlin, el presentador del programa más exitoso de la televisión pública rusa, Vladimir Solovyov, exponía el siguiente discurso ante una audiencia de decenas de millones de personas: «Lo que hicimos el 24 de febrero (fecha de la invasión rusa de Ucrania) fue un contraataque. Era necesario para repeler un genocidio ucraniano contra el pueblo ruso, contra los rusoparlantes, contra quienes no aceptan los valores LGBT y transgénero-nazis». Proseguía: «Y ahora todo el país debe apretar los dientes e ir a la guerra. Porque estamos en guerra no solo con esta escoria (ucraniana) y los maricones bajo su dominio, sino con toda la maquinaria satánica de Occidente».

Con este tipo de discursos de odio, de vejación y señalamiento públicos, deben convivir a diario las personas LGTBI rusas.

Fuente Dosmanzanas

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Una activista tránsfoba utiliza frases de Hitler en un mitin contra los derechos trans

Miércoles, 25 de enero de 2023
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índiceLisa Morgan hablando en un mitin anti-trans en Newcastle (Twitter)

Una activista crítica con el género ha sido grabado por una cámara citando el Mein Kampf de Adolf Hitler en un discurso contra los derechos de las personas trans en una concentración antitrans en Newcastle.

Decenas de activistas antitrans se reunieron ante el monumento conmemorativo de 1914, situado en los jardines de la iglesia de Santo Tomás, en el centro de Newcastle, el domingo 15 de enero entre las 12 y las 14 horas.

 También asistió un numeroso grupo de contramanifestantes -que ondeaban banderas del Orgullo, pancartas y gritaban cánticos a favor de la comunidad LGBTQ+- y que al parecer se concentraron frente al cercano edificio del Ayuntamiento de Newcastle, a unos 400 metros de distancia.

El acto formaba parte de la gira Let Women Speak (Dejemos hablar a las mujeres), de la conocida activista antitrans Posie Parker, y contó con la presencia de varios oradores críticos con el género que se dirigieron a la multitud, delante de una gran pancarta gris de “mujer humana adulta”.

Durante el acto, una oradora crítica con el género -que ha sido identificada como Lisa Morgan, presidenta del Gremio de Profesionales de la Hipnosis del Reino Unido (UKGH)- citó el manifiesto Mein Kampf de Adolf Hitler de 1925.

Dirigiéndose a la multitud, la hipnotizadora de 30 años dijo:

Conozco el lenguaje y sé que esto [gestos a los contramanifestantes] se basa en algo que llamamos la gran mentira. “¿Conoces la gran mentira? La gran mentira fue descrita por primera vez por Adolf Hitler en Mein Kampf.

“La gran mentira es una mentira tan grande que la gente corriente como nosotros piensa: ‘Bueno, eso no puede ser una mentira porque yo nunca diría una mentira tan grande como esa. Sólo mentimos en cosas pequeñas’.

“La gran mentira, bueno, hay una gran mentira en marcha, y la empezaron los hombres a principios del siglo XX. Comenzó cuando tuvieron una fantasía erótica y decidieron que iban a vendernos la gran mentira – ¿y cuál es la gran mentira?

“La gran mentira es que las mujeres trans son mujeres. Pero no lo son, ¿verdad? Son hombres y lo sabemos”.

El término “gran mentira” fue acuñado por Hitler en Mein Kampf y el líder alemán lo utilizó como técnica para describir el comportamiento de los judíos. En concreto, acusó a los judíos de utilizar la “gran mentira” para desacreditar los esfuerzos de Alemania en la Primera Guerra Mundial y culpar de la pérdida del país al general Erich Ludendorff.

Existe la creencia generalizada de que esta técnica fue utilizada por los nazis como parte de su amplia propaganda para poner al pueblo alemán en contra de los judíos y justificar el Holocausto.

El uso de las palabras de Hitler por parte de Morgan se produce pocos días después de que la ministra del Interior, Suella Braverman, se enfrentara a Joan Salter, superviviente del Holocausto de 83 años, por su uso del lenguaje para describir a los refugiados. “Cuando les oigo utilizar palabras contra los refugiados como ‘enjambres’ e ‘invasión’, me acuerdo del lenguaje utilizado para deshumanizar y justificar el asesinato de mi familia y de millones de personas”, dijo Salter en el acto celebrado en Fareham (Hampshire). La Ministra del Interior se ha negado a disculparse.

Una contramanifestante, llamada Abbie, declaró que el uso de las ideas de Hitler por parte de los activistas antitrans le provocaba “rabia” tanto a ella como a la comunidad en general de Newcastle.

“¿Quién en su sano juicio cita a Hitler?”, dijo. Al mismo tiempo, Abbie alabó el sentimiento de comunidad que se respiraba en la contraprotesta.

Explicó: “Descubrí que la comunidad LGBTQ se unía realmente para apoyarse mutuamente en defensa de sus derechos.

“Fuimos ruidosos y orgullosos. La policía lo manejó todo muy bien. A nivel personal, me ayudó a encontrar mi voz para defender a mis amigos trans. Me alegro de haber podido apoyarlas”.

Un portavoz del Ayuntamiento de Newcastle dice que es “una ciudad segura y acogedora que celebra la diversidad y defiende la igualdad en todos los aspectos de la vida, al tiempo que no acepta ninguna forma de odio o discriminación.” Pero también afirma que defiende una sentencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos que otorga a los grupos el derecho a manifestarse. “Como esta manifestación tuvo lugar en un lugar público, el ayuntamiento no tenía autoridad para impedir que se llevara a cabo, independientemente de si los mensajes emitidos eran o no coherentes con nuestros propios valores”, añade.

Un hombre detenido en la protesta

Hubo una importante presencia policial en el acto, con unos 15 agentes situados entre los dos grupos. Una persona fue detenida, aunque la policía de Northumbria no pudo confirmar de qué bando era el individuo.

Un portavoz de la fuerza dijo: “Un hombre de 19 años fue detenido por alteración del orden público. Más tarde fue puesto en libertad”.

El director de Northern Pride, Ste Dunn, declaró: “El Orgullo del Norte se unió al gran número de personas y grupos comunitarios que se unieron para ahogar las voces de los manifestantes y oradores llenos de odio que acudieron a Newcastle para intentar causar malestar en la ciudad.

“Aunque nos decepciona que hayan considerado necesario hacerlo, estamos muy orgullosos de que se vieran superados en número por la multitud de personas que acudieron en apoyo de los derechos de las personas trans y se comportaron de forma pacífica y positiva.

“Newcastle y el noreste cuentan con un fuerte apoyo para toda la comunidad LGBTQIA+ y esperamos que el pequeño grupo de manifestantes se dé cuenta de ello y no vuelva nunca más”.

Fuente Pink News

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El Gobierno conservador británico bloquea la ley de identidad de género recién aprobada por el Parlamento de Escocia

Miércoles, 18 de enero de 2023
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B14828CB-DDE6-4FAA-85F7-7098606A9050Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia y Rishi Sunak, primer ministro británico.

En una decisión sin precedentes, el Gobierno conservador británico ha decidido bloquear la ley escocesa de autodeterminación de género, recién aprobada por el Parlamento de Escocia. Es la primera vez, desde la entrada en vigor de la ‘Scotland Act’ de 1998, la histórica ley que devolvió a la nación escocesa su capacidad legislativa y que permite a los escoceses ejercer su autogobierno, que el Gobierno británico adota una decisión así. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha calificado la decisión como «ataque frontal a nuestro demócraticamente elegido Parlamento escocés». Una crisis constitucional de calado que muestra hasta qué punto la transfobia ha calado el tejido institucional británico.

La ley escocesa de identidad de género, aprobada definitivamente el pasado 22 de diciembre por 86 votos a favor, 39 en contra, ninguna abstención y 4 ausencias, permite a las personas trans mayores de 16 años ver reconocida su identidad de género tras presentar una autodeclaración firmada, sin necesidad de aportar ningún tipo de informe médico o psicológico ni de acreditar tratamientos quirúrgicos y/o hormonales previos. De esta forma, la ley despatologiza la transexualidad e implementa el principio de autodeterminación de género, que instituciones internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros, han reconocido ya y que diversos estados han implementado ya.

Aun así, la ley escocesa se han enfrentado a una dura oposición por parte del lobby transexcluyente, especialmente poderoso en Reino Unido: tanto el Partido Conservador como sectores significativos del Partido Laborista han asumido postulados contra el principio de autodeterminación de género, mientras que el activismo transodiante goza de gran predicamento en los medios de comunicación británicos y es defendido por personalidades de cierto prestigio social, como la escritora J. K. Rowling. La firmeza de una mayoría de diputados del SNP (Partido Nacionalista Escocés) y del gobierno de Nicola Sturgeon, en este sentido, han resultado fundamentales para que Escocia sí haya sido capaz de aprobar una legislación que supera la anacrónica ‘Gender Recognition Act’ aprobada en 2004 por el Parlamento británico y todavía vigente en Reino Unido, que sí obliga a las personas trans a tener un diagnóstico de «disforia de género» y a que un panel de «expertos» autorice o deniegue el reconocimiento legal de su género. La ley escocesa, eso sí, ha estado sometida a un escrutinio sin precedentes y ha tenido que introducir una serie de salvaguardas expresas para que solo se puedan beneficiar de ellas las personas nacidas o con residencia legal en Escocia y no interfiera con otras leyes británicas en materia de igualdad.

No ha bastado, sin embargo, con todas las salvaguardas incluidas expresamente en la ley. El Gobierno británico, a través de su secretario de Estado para Escocia, Alister Jack, ha anunciado su intención de aplicar por primera vez desde la devolución de poderes a Escocia la ‘Sección 35’ (una especie de artículo 155 a la británica…), que permite al Gobierno británico bloquear la entrada en vigor de una ley aprobada por el Parlamento de Escocia, y ha exigido a este reforma la ley. Una decisión que está en la línea de los postulados tránsfobos expresado en ocasiones anteriores por el primer ministro conservador, Rishi Sunak, pero que abre una crisis constitucional de consecuencias imprevisibles. «Se trata de un ataque frontal a nuestro democráticamente elegido Parlamento escocés y su capaidad de tomar sus propias decisiones sobre las materias que nos fueron devueltas. El Gobierno de Escocia defenderá la legislación junto al Parlamento de Escocia. SI este veto de Westminster tiene éxito, será el primero de muchos», ha expresado en Twitter la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon:

La trayectoria Tránsfoba del Primer Ministro británico Rishi Sunak

En noviembre ya informábamos de los planes del Primer Ministro del reino Unido Rishi Sunak, quiere eliminar los derechos de las personas transexuales en Reino Unido. Según informaban varios medios, el primer ministro Rishi Sunak está planeando eliminar las protecciones legales para las personas trans de la Ley de Igualdad de 2010. Según The Telegraph, Sunak tiene previsto “revisar la Ley de Igualdad para dejar claro que sexo significa sexo biológico y no género”.

En la actualidad, la ley protege a las personas de la discriminación tanto por razón de sexo como de “reasignación de género”. En virtud de esta última, las personas trans están protegidas independientemente de que se hayan sometido o tengan previsto someterse a una transición médica, e independientemente de que dispongan o no de un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG), el documento por el que una persona puede cambiar su género legal.

Los cambios propuestos por Sunak pondrían en riesgo a las personas trans, en particular a las mujeres trans. “También significaría aclarar que la autoidentificación de las personas transgénero no tiene fuerza legal, lo que significa que las mujeres transgénero no tienen derecho legal a acceder a instalaciones solo para mujeres”, afirma el informe del Telegraph.

El informe también dice que Sunak planea otorgar a los padres mayores derechos en lo que respecta a las clases de Educación Sexual y de Relaciones (RSE) luego de las quejas a los padres se les ha negado el acceso a materiales sobre una variedad de temas, incluidos los materiales transgénero.

Un portavoz de Downing Street le dijo al periódico que proteger a las mujeres y las niñas es una prioridad para la administración del Sr. Sunak.

A raíz de esta noticia, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, tuiteó que “el nuevo primer ministro no debe ceder y renunciar a los derechos humanos de las personas trans”. Y agregó: “Los derechos trans deben ser protegidos”.

Y es que el historial de derechos LGBTQ+ del primer ministro no es alentador y lo acaba de demostrar con esta actuación de bloqueo a la ley escocesa… En una declaración reciente, Sunak prometió cumplir con el manifiesto de 2019 del Partido Conservador. Dicho manifiesto decía que el partido “combatiría enérgicamente el acoso y la violencia contra todos los grupos religiosos y contra las personas LGBT”.

Sin embargo, en la primera de las dos carreras recientes por el liderazgo Tory, se informó que Sunak quería lanzar un “manifiesto por los derechos de las mujeres” y tenía la intención de prohibir que las mujeres trans compitieran en categorías deportivas femeninas.

En junio, declaró que consideraría retirar al Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Además, Sunak ya ha realizado acciones cuestionables a los ojos de la comunidad LGBTQ+ como primer ministro con la reelección de Kemi Badenoch en su nuevo gabinete como Ministra de la Mujer y la Igualdad. Badenoch ha sido criticada repetidamente por comentarios anti-trans y hay informes de que ha detenido el trabajo para prohibir la práctica ampliamente desacreditada de la “terapia de conversión”.

Las Iglesias, a favor y en contra

La Iglesia de Escocia respalda la eliminación del diagnóstico de disforia como parte de la reforma de la ley de género.  La Iglesia de Escocia ha respaldado los planes del gobierno para suspender las evaluaciones fisiológicas obligatorias para las personas trans que buscan obtener un Certificado de Reconocimiento de Género (GRC). Sin embargo, la iglesia no ha mostrado el mismo apoyo a las medidas que reducirían la edad mínima para obtener un certificado de 18 a 16 años.

El representante de la Iglesia de Escocia, David Bradwell, dijo que los líderes religiosos están “convencidos de la evidencia de que es necesario eliminar el diagnóstico médico”, según The Herald Scotland“A la luz de los últimos 18 años de experiencia, creemos que es correcto que Escocia considere un nuevo enfoque del proceso, uno que ponga mayor énfasis en las necesidades pastorales y emocionales de la persona que solicita un Certificado de Reconocimiento de Género”, dijo Bradwell.

También señaló que eliminar la necesidad de un diagnóstico médico de disforia de género “reducirá el estrés y tendrá un beneficio psicológico para las personas que lo soliciten. Los largos tiempos de espera actuales en las clínicas de identidad de género del NHS significan que esperar un diagnóstico puede prolongar el período que alguien tiene que esperar para obtener un resultado”.

Si bien la iglesia parecía estar a favor de terminar con el requisito actual para un diagnóstico de disforia, Bradwell sugirió que los líderes estaban divididos cuando se trata de reducir la edad mínima para recibir un certificado de reconocimiento de género a 16 años.

Sin embargo, los obispos católicos escoceses hasta ahora se han opuesto sin éxito al  proyecto de ley destinado a ayudar a los jóvenes transgénero que eligen la transición.

La Ley de Reforma del Reconocimiento de Género (Escocia) “haría que la transición de género sea menos degradante, intrusiva y traumática”, según la Primera Ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. El proyecto de ley pasó una primera votación en el parlamento del país la semana pasada.

Antes del debate, los líderes de la iglesia escocesa reiteraron su oposición de años al proyecto de ley que, de aprobarse, ya no exigiría un diagnóstico de disforia de género para poder hacer la transición legalmente, reduciría el requisito de que las personas hayan “vivido” su identidad de género de dos años a tres meses, y reduciría la edad para las cirugías de afirmación de género de dieciocho a dieciséis años.

La Oficina Parlamentaria Católica de la Conferencia Episcopal Escocesa emitió una declaración sobre el proyecto de ley sugiriendo que “plantea serias preocupaciones sobre la seguridad, la salud y el bienestar de los niños y las personas vulnerables, y los espacios seguros para las mujeres y las niñas”. Los funcionarios de la iglesia dejaron en claro que se oponen a la legislación anterior que también permitía a las personas hacer la transición legal de género. Según Crux:

“La Oficina Parlamentaria Católica agregó que la propuesta del gobierno introducirá un sistema de autoidentificación, que permitirá a una persona cambiar su sexo legal sin la necesidad de un diagnóstico médico de disforia de género o tener que ver a un médico.

“‘Eliminar este requisito, y la importante supervisión médica que lo acompaña, inevitablemente reducirá la oportunidad de atención médica, apoyo y protección cruciales para las personas vulnerables, incluidos los niños’, dijo el documento.

“La Oficina también señaló que reducir la edad mínima de 18 a 16 años e introducir un sistema de autoidentificación pondrá a más niños y jóvenes en el camino de intervenciones electivas irreversibles, incluida la cirugía. . .

“El documento informativo también señaló que muchas organizaciones de mujeres han registrado su propia preocupación de que las reformas propuestas aumentarán los riesgos para la seguridad de las mujeres y las niñas”.

Sobre este último punto, los funcionarios de la iglesia dijeron que el proyecto de ley “aumentaría el riesgo de que los actores de mala fe se aprovechen del sistema propuesto”.

Los obispos de Escocia se han opuesto a gran parte de la legislación positiva LGBTQ propuesta en los últimos años, incluida la oposición a la Ley de Reforma del Reconocimiento de Género (Escocia) desde al menos 2020. El año pasado, los obispos se unieron a los cristianos conservadores para evitar que las protecciones contra los delitos de odio se amplíen para incluir personas LGBTQ+ porque los obispos temían que restringiera su capacidad para hacer declaraciones negativas LGBTQ. En años anteriores, los líderes de la iglesia escocesa se opusieron al matrimonio igualitario y trataron de proteger el derecho de las agencias de servicios sociales religiosos a discriminar a las personas LGBTQ+.

La votación en el parlamento escocés no estuvo exenta de polémica. De hecho, el tema de la igualdad transgénero ha perturbado la política en el Reino Unido en general. Sin embargo, lo más importante es que una votación inicial fue exitosa y las protecciones para los jóvenes trans avanzaron. Los líderes de la iglesia escocesa deberían reconsiderar las falsedades y los mitos en los que se basan sus argumentos contra el proyecto de ley. Pero, si eligen no hacerlo, al menos deberían considerar el daño que su oposición les hace tanto a las personas trans como a la iglesia, especialmente cuando es casi seguro que perderán esta pelea.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Se afianza la tendencia creciente de los delitos por LGTBIfobia en España: en 2021 supusieron más de la cuarta parte del total de delitos de odio

Miércoles, 2 de noviembre de 2022
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stop-lgbtfobia-en-la-iglesiaAunque ya habíamos hablado de esta noticia, ampliamos el tema:

El Ministerio del Interior ha hecho público a inicios de este mes de octubre el informe sobre evolución de los delitos de odio en España a lo largo de 2021. Un documento que arroja resultados inquietantes. Globalmente, en 2021 se produjo un aumento del 5,63% de los delitos de odio respecto a 2019, lo que confirma la tendencia alcista de años precedentes (interrumpida solo el año 2020 «por la pandemia de la covid-19», según el propio Ministerio reconoce). Especialmente preocupante resulta, sin embargo, el crecimiento de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, cuyo número no se había reducido en 2020 (277 en 2020, 278 en 2019) y que en 2021 se disparó un 68,2%, hasta alcanzar la cifra de 466. Porcentualmente, los delitos de odio por LGTBIfobia constituyen ya el 27% del total de delitos de odio en España.

El documento de Interior ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el año 2021. En este sentido, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.724 delitos de odio y 78 infracciones administrativas y otros incidentes.

Los delitos de odio contabilizados por Interior se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (11), aporofobia (10), creencias o prácticas religiosas (63), discapacidad (28), orientación sexual e identidad de género (466), racismo y xenofobia (639), ideología (326), por razón de sexo/género (107), por discriminación generacional (35), por enfermedad (21) y por antigitanismo (18). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio:

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Como vemos, por número total de delitos registrados, el racismo y la xenofobia repite por segundo año consecutivo como la motivación principal, ocupando la orientación sexual e identidad de género el segundo lugar, si bien en en términos porcentuales el crecimiento de los delitos por LGTBIfobia es superior. En términos de crecimiento porcentual, solo el antisemitismo y la discriminación generacional superan a la LGTBIfobia, aunque con cifras absolutas muy inferiores.

La tendencia, lamentablemente, es clara.

Por lo que respecta al número de sucesos esclarecidos, en el caso de los delitos por LGTBIfobia ascendieron a 314 (el 67,4%).

Perfil de víctimas y agresores

En cuanto al perfil de las víctimas de delitos por LGTBIfobia, 398 fueron hombres (un 75%) y 132 mujeres (un 25%). Lamentablemente el informe no detalla el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans, lo que impide conocer con precisión el peso que el odio tránsfobo, especialmente azuzado en los últimos años desde diferentes sectores políticos y mediáticos, tiene sobre el total de delitos por LGTIfobia. Un aspecto que el informe debería corregir en próximas ediciones.

En cuanto a la edad, 68 víctimas eran menores, 136 tenían entre 18 y 25 años, 187 entre 27 y 40 años, 77 entre 41 y 50 años, 56 entre 51 y 65 años y 6 eran mayores de 65 años.

Por lo que refiere a los autores de delitos por LGTBIfobia, se identificaron como detenidos o investigados un total de 209 personas (176 hombres y 33 mujeres). 36 eran menores, 60 tenían de 18 a 25 años, 70 de 26 a 40 años, 24 de 41 a 50 años, 16 de 51 a 65 años y 3 eran mayores de 65 años.

Por lo que se refiere a las nacionalidades de víctimas y agresores, el informe no detalla los datos por motivación, aunque sí ofrece los datos globales. En este sentido, el 65,5% de las víctimas totales de delitos de odio eran de nacionalidad española y el 34,5% extranjeras, mientras que el 75,6% de los agresores eran de nacionalidad española y el 24,4% extranjeros.

Cataluña por delante en términos absolutos, País Vasco en términos relativos

De los 466 delitos de odio por LGTBIfobia contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 70 en Madrid y 65 en el País Vasco, las tres comunidades autónomas que repiten de nuevo el dudoso honor de ocupar este «podio» en cifras absolutas (si bien respecto a 2020 Madrid adelanta al País Vasco).

En términos relativos (número de incidentes conocidos por 100.000 habitantes) es el País Vasco el que ocupa la primera posición, por delante de Navarra y Madrid. Cabe discutir, por supuesto, si el número de delitos por comunidad es un reflejo real de su situación o si puede reflejar, al menos en parte, una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar o una mayor capacidad de detección.

La punta de un gigantesco iceberg

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBIfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Así, según datos publicados en 2019 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solo el 21% de las personas que son víctimas de un ataque físico o sexual por ser LGTBI habían denunciado a la Policía o a alguna organización.

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Puedes descargar el informe completo de Interior correspondiente al año 2021 pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

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República Democrática del Congo: siete mujeres trans condenadas a la esclavitud por los jefes tradicionales de sus poblados

Jueves, 1 de septiembre de 2022
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Bandera-de-Republica-Democratica-del-CongoMapa-de-Republica-Democratica-del-CongoLos jefes tradicionales de unos poblados de la zona oriental de la República Democrática del Congo condenaron a siete mujeres trans a ser convertidas en esclavas y trabajar como tales en los campos. La condena se produjo después de años durante los que las mujeres fueron objeto constante de vejaciones, agresiones sexuales e incluso mutilaciones, y tras ser amenazadas con ser quemadas vivas en una hoguera pública. Afortunadamente, las siete mujeres lograron huir y han sido acogidas por Rainbow Sunrise Mapambazuko, una organización de defensa de los derechos LGTBI que también ha tenido que abandonar su sede debido a las amenazas de muerte recibidas.

El activista congoleño Jérémie Safari, líder de la organización de defensa de los derechos LGTBI Rainbow Sunrise Mapambazuko, ha detallado la historia de siete mujeres trans que se vieron obligadas a huir de sus poblaciones por haber sido condenadas a la esclavitud tras años de agresiones y vejaciones. Las mujeres vivían en la región de Kivu del Sur, un emplazamiento en donde durante décadas ha habido enfrentamientos entre partidarios de la República Democrática del Congo y leales a la vecina Ruanda. La zona sigue supervisada por las tropas de Naciones Unidas en una misión de paz denominada MONUSCO.

Según relata Safari, las mujeres habían huido de Walumgu y otras poblaciones de los alrededores, y fueron reconocidas por un miembro de Rainbow Sunrise Mapambazuko en la zona de la capital de la región, Bukavu, cuando estaban siendo atacadas por unos jóvenes. Afortunadamente, pudo ofrecerles refugio en las dependencias de la organización, aunque el emplazamiento es provisional y precario porque ellos mismos tuvieron que huir de su sede en el mes de junio debido a las amenazas de muerte que estaban recibiendo.

Rainbow-Sunrise-MapambazukoLas mujeres contaron cómo durante años fueron maltratadas por sus vecinos, que las consideraban culpables de «transgredir las normas y costumbres locales y de vivir de forma antinatural. Se les acusaba de envenenar los campos, de hacer infecunda la tierra y, en general, de embrujar a la población». Por ello, sufrieron frecuentes vejaciones, insultos e incluso les arrojaron piedras. Pero la situación empeoró cada vez más hasta que fueron perseguidas, agredidas sexualmente y mutiladas. Algunos miembros de la comunidad de Walumgu reclamaron que fueran quemadas vivas en una hoguera pública, pero los jefes tradicionales de los poblados propusieron como alternativa el que fueran esclavizadas y trabajaran en ese estado en una parcela de dos hectáreas.

Después de cuatro días de estar sometidas a esclavitud, las siete mujeres lograron escapar y recorrieron a pie unos treinta kilómetros hasta alcanzar los alrededores de Bukavu, donde han sido acogidas por Rainbow Sunrise Mapambazuko.

Las siete mujeres son un ejemplo más de las vejaciones, agresiones y maltratos de los que son objeto las personas trans alrededor de todo el mundo.

Fuente Dosmanzanas

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La Comisión Europea lleva a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión por violar los derechos de las personas LGTBI

Miércoles, 20 de julio de 2022
Comentarios desactivados en La Comisión Europea lleva a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión por violar los derechos de las personas LGTBI

13968854263210Los antecedentes

En junio de 2021 el Parlamento húngaro aprobaba un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, una versión a la húngara de la conocida ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluía en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, acentuando aún más su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. El texto modificó varios artículos de las leyes sobre protección de menores, derecho de familia, educación y regulación de medios y publicidad. Así, por ejemplo, quedó prohibida la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Una muestra de ello fue la primera norma surgida de la aplicación de la ley, un decreto aprobado el pasado verano que ordenaba el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita», y que prohibía su venta, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

La enseñanza escolar también se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género al alumnado. La educación sexual, en cualquier caso, ya solo puede ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando la puerta por ejemplo a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. En el terreno de los medios, la medida supone la remisión a la franja horaria del late night de cualquier serie o película que incluya alguna alusión o representación de personas LGTBI.

La respuesta de la Comisión EuropeaA nivel europeo, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta política inicial fue prudente, por no decir tibia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró «muy preocupada por la nueva ley en Hungría» y aseguró que se comprobaría si la norma vulneraba la legislación comunitaria. «Creo en una Europa que acoge la diversidad, no en una que la esconde a nuestros hijos. Nadie debería ser discriminado por su orientación sexual», añadía en un tuit. Más contundente fue la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, que amenazó a Hungría con un recorte de los fondos europeos.

Sin embargo, también como suele suceder, la maquinaria europea, aunque pesada, acaba por entrar en funcionamiento y dar sus frutos. La decisión anunciada este viernes de llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la justicia europea constituye, de hecho, el último de una serie de pasos iniciados por la Comisión Europea con un procedimiento de infracción abierto el 15 de julio de 2021. En aquel momento, se emplazó a Hungría a despejar las preocupaciones de la Comisión en relación con la igualdad y la protección de los derechos de las personas LGTBIQ en ese país. Un año después, dado que Hungría no ha resuelto las incompatibilidad entre la ley y el derecho comunitario y agotados los pasos intermedios, la Comisión acude a al alto tribunal europeo.

Según la Comisión Europea, la ley húngara contiene disposiciones que no están justificadas sobre la base de la promoción del interés fundamental de «proteger a los niños» o son desproporcionadas para lograr el objetivo declarado. En concreto, la Comisión considera las restricciones que impone la ley incompatibles con la directiva de servicios de medios audiovisuales, la directiva de comercio electrónico, el tratado de libre prestación de servicios y la directiva de servicios, así como con el derecho a la protección de datos y la directiva sobre la transparencia del mercado único.

Asimismo considera que a legislación húngara viola de manera sistemática varios derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la vida privada y familiar, así como el derecho a la no discriminación. «Debido a la gravedad de estas violaciones, las disposiciones impugnadas violan también los valores comunes establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

Una legislación que no logró el aval de los ciudadanos en referéndum

Cabe señalar que la legislación por la que la Comisión Europea lleva a Hungría ante el TJUE fue sometida a referéndum por el Gobierno de ese país coincidiendo con las elecciones celebradas en abril. El resultado del referéndum no era vinculante y no implicaba ningún cambio legal sobre una ley ya vigente: se trataba, simplemente, de utilizar la LGTBIfobia de buena parte de los votantes del ultraconservador Viktor Orbán como una herramienta más de movilización.

La maniobra, en este caso, no le salió bien a Orbán. Las organizaciones LGTBI húngaras llamaron a la ciudadanía a emitir su voto en el referéndum pero invalidando la papeleta, impidiendo así que se alcanzase el mínimo del 50% de votos emitidos válidos para a su vez considerar válido el resultado (fuese el que fuese). Debían alcanzarse, en concreto, en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral húngaro asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, el número de votos válidos rondó los 3,9 millones, mientras que el número de votos inválidos superó la cifra de los 1,7 millones. Una derrota simbólica que no impidió que la ley siga en vigor, pero sí que supuso un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento con la Comisión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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Saúl Castro: “A pesar de las carambolas para ocultar su LGTBIfobia, la Iglesia oficial nos sigue percibiendo como identidades inmorales”

Jueves, 7 de julio de 2022
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Saul-Castro_2460363950_16094984_660x371Ampliamos con esta entrevista la noticia que ya publicamos hace unos días y en la que podéis ver de nuevo los vídeos.

“Las personas trans, categorizadas aún como ‘enfermas’ en la OMS, tiene el doble de probabilidades de ser sometidas a ‘terapias de conversión’ que las personas cis. La personas homosexuales hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan sólo tres años”

“A pesar de las carambolas para no hacer expresa su LGTBIfobia, es claro que nuestras identidades siguen estando vistas por la oficialidad e institucionalidad de la Iglesia como moralmente reprobables”

“En el proceso de documentación que he llevado a cabo sobre las ‘terapias de conversión’ he encontrado casos de desnudez grupal forzada, castidad forzada por periodos de hasta 270 días, prácticas aversivas, realización de ritos como entierros simulados o exorcismos… en España, estos grupos remiten a las víctimas que ‘no avanzan’ a psiquiatras que les prescriben medicamentos inhibidores del deseo sexual. Es decir, se les medica para castrarles forzadamente

“La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de ‘terapias de conversión’ son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución. Además, Obispos –como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge, colaboran”

“Tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios”

“La Ley Trans y LGTBI no se ha aprobado todavía ni se sabe si se llegará a aprobar antes de que termine la legislatura. El problema de esta Ley es que hay una ausencia de capacidad por parte de las autoridades autonómicas para investigar e imponer sanciones contra estas práctica. Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, tres resoluciones. Dos de 2020 y una de 2021”

“Desde No Es Terapia exigimos al Congreso una modificación del Código Penal que criminalice las terapias de conversión, tal como se ha hecho en 44 jurisdicciones, entre las que se incluye Francia, Malta o Alemania”

Jesús Bastante

La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de ‘terapias de conversión’ son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución“. Saúl Castro es abogado y fundador de NoesTerapia, asociación que lucha contra estas terapias, que el Gobierno pretende ilegalizar con su ley del ‘No es no’.

“Además, Obispos como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge, colaboran”, asegura en esta entrevista.

do así?

– Pues desgraciadamente, en muchas partes del mundo e, incluso en España, la respuesta es sí. No hemos de olvidar que parte de nuestra comunidad sigue estando patologizada, no sólo en el acceso al reconocimiento de su identidad de género, sino también en las clasificaciones de enfermedades mentales. Tanto es así que el CIE-11 de la OMS, adoptado en 2019, sigue considerando a las personas trans como personas con “condiciones relacionadas con la salud sexual”, por lo que sólo se ha producido su despsicopatologización, pero no dejan de estar categorizadas como personas “enfermas”. De hecho, la fiscalización y policía institucional que se hace de las identidades trans es lo que determina que, estadísticamente, estas tenga un doble de probabilidades de ser sometidas a “terapias de conversión” que las personas cis, dado que tienen que ser propios profesionales de la salud quienes certifiquen y validen su identidad, lo que abre espacios para que los perpetradores de estos abusos actúen con mayor impunidad.

Con respecto a la orientación sexual, hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan sólo tres años, ya que con la modificación del CIE-11 se eliminó la patologización de la “homosexualidad egodistónica”, que era aquella dolencia consistente en el rechazo a la orientación sexual propia y el deseo de modificarla, y que empleaban muchos profesionales para tratar médicamente a “homosexuales que querían dejar de serlo”.

Y bueno… en relación con el pecado, pues no se ha avanzado mucho realmente. El Catecismo de la Iglesia indica en sus párrafo 2357-59 que “las personas homosexuales están llamadas a la castidad” debido a que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural y no pueden recibir aprobación en ningún caso”. Tal como señala la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1986, “la particular inclinación de la persona con atracción sexual hacia el mismo sexo, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral”. Por tanto, a pesar de las carambolas para no hacer expresa su LGTBIfobia, es claro que nuestras identidades siguen estando vistas por la oficialidad e institucionalidad de la Iglesia como moralmente reprobables.

– En el libro desentrañas las terapias de conversión. ¿En qué consisten? ¿Qué prácticas son las más aberrantes?

– No existe una definición estandarizada y común de las “terapias de conversión” ni a nivel internacional ni nacional. Desde la Asociación, y a nivel personal, las definimos poniendo en el centro su finalidad, es decir, el hecho de que todas las “terapias de conversión” se caracterizan por el objetivo común de querer modificar o anular la identidad y/o expresión de género de las personas contra las que se dirigen, así como su orientación sexual, para «acomodarlas» a los cánones cisheteronormativos imperantes en nuestras sociedades. Tal como afirma el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la ONU, “todas las “terapias de conversión” comparten la premisa de que la orientación sexual y la identidad de género pueden ser extirpadas —expulsadas, curadas o rehabilitadas—, como si fueran algo ajeno a la persona, lo que constituye una visión sumamente inhumana de la existencia”.

En el proceso de documentación que he llevado a cabo, he encontrado casos de desnudez grupal forzada, la castidad forzada por periodos de hasta 270 días, realización de ejercicios “biodinámicos” –consistentes en dar golpes y gritos para liberar energía–, prácticas aversivas –como ponerse una goma elástica en la muñeca y golpearse con ella cuando se sentía deseo sexual–, rezo continuado y del rosario en los momentos de mayor deseo sexual, empleo de técnicas de reprocesamiento traumático como el EMDR–ya que parten que la diversidad sexual y de género es fruto de traumas que hay que sanar–, abrazo-terapia, logopedia, terapia hablada, estudio de textos acientíficos sobre la orientación sexual y la posibilidad de modificarla, realización de ritos como entierros simulados o exorcismos, así como control diario a través de aplicaciones de mensajería y telefonía como Telegram.

Hay que destacar que el funcionamiento de estos grupos se centra en separar a las víctimas de sus círculos familiares y de amistad, para que dependan emocional y socialmente de los grupos de “itinerantes” y de la propia organización. Les asignan grupos de compañeros, orientadores o supervisores, que les monitorean diariamente, obligándoles a escribir tres veces al día por los chats y exigiéndoles que contacten inmediatamente al grupo cuando tengan deseos sexuales no heterosexuales. También les requieren que asistan a quedadas semanales en las que practican deporte, van a bares o al cine, con el objetivo de afianzar relaciones de “masculinidad sana”. Al integrarles de una forma tan completa en estos grupos, las víctimas cortan lazos con el resto de círculos y los perpetradores se aprovechan de ello para mantener un control leonino sobre ellas, así como para chantajearlas con el ostracismo en el caso de que no progresen adecuadamente.

Finalmente, en España, estos grupos también remiten a aquellas víctimas que “no avanzan en su recuperación de la cisheterosexualidad” a psiquiatras con los que colaboran. Estos, tras realizarles una suerte de cuestionarios que no están avalados por la práctica clínica, les diagnostican el origen de su homosexualidad, bisexualidad o identidad de género no cis, y les prescriben medicamentos para otras dolencias –generalmente para tratar trastornos bipolares, esquizofrenia o epilepsia–, entre cuyos efectos secundarios se encuentra la reducción o eliminación de la lívido. Es decir, se les medica para castrarles forzadamente.

¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en estas prácticas?

– La Iglesia tiene una doble responsabilidad que, desgraciadamente, está ignorando de forma deliberada. En España, los principales perpetradores de “terapias de conversión” son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución. En concreto, estos grupos se llaman “Es Posible la Esperanza” y “Verdad y Libertad”, operando en distintas regiones de España y con muchas sedes organizadas jerárquica y estructuralmente.

Por un lado “Es Posible la Esperanza” o EPE fue fundada y es coordinada por Santiago Olmeda Sánchez – capellán del Convento Carmelitas Descalzas de Ruiloba en Cantabria– y por Belén Vendrell Sahuquillo –colaboradora del Centro Diocesano de Orientación Familiar Regina Familiae de Alcalá de Henares y mano derecha del obispo de Alcalá. En 2015, EPE remitió un dossier de 450 páginas a todos los Obispos españoles y otro con unos 118 testimonios de víctimas a la Santa Sede para solicitar que, de forma institucional, se impartieran “Itinerarios de Maduración Integral” para salir de la Atracción sexual al Mismo Sexo no deseada en todos los Centros Diocesanos de Orientación Familiar (COF) y en los Seminarios. Es decir, desde la institucionalidad se conoce que estas prácticas se llevan a cabo y, a pesar de ello, no se han puesto barreras para cortarlas de raíz.

No sólo eso, sino que diferentes personalidades de la Iglesia, obispos –como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge–en connivencia con seglares al frente de los diferentes COF –como José María Gea Rosat, Federico Mulet Valle, Isabel Lacruz Silvestre o Marisa Vendrell Sahuquillo– han promocionado los itinerarios ofrecidos por EPE, “acompañado” a personas en su proceso de maduración de la masculinidad/feminidad, captado a potenciales itinerantes y participado en las convivencias periódicas que se hacían en esta asociación, así como fungido como orientadores y miembros de los grupos de apoyo.

Por otro lado, está el caso de Verdad y Libertad (VyL), que es quizás todavía más sangrante. Esta agrupación, fundada en 2013 por Miguel Ángel Sánchez Cordón –un pediatra granadino actualmente jubilado– y Alberto López –que se desligó de la misma en 2015 y lucha contra las terapias desde entonces– ha sido abiertamente investigada por la Santa Sede en el año 2020. En diciembre de dicho año, el cardenal Beniamino Stella remitió un informe, que no se ha hecho público, a la Congregación para el Clero en el que concluía que “un grupo de 6 o 5 obispos” –entre los que se incluyen Xavier Novell i Gomà, Arturo Pablo Ros Murgadas o Francisco Javier Martínez Fernández– habrían colaborado en sus retiros, compartiendo su testimonio y derivando a jóvenes y adultos a las “terapias” que se practicaban en el seno de VyL.

En abril de 2021, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española abordó este tema y el informe, limitándose a destacar que VyL no es una organización reconocida por la Iglesia y a animar a “quien se considere afectado o víctima que denuncie por la vía civil, porque desde el punto de vista canónico no se puede frenar lo que hacen”. Es decir, al igual que en el caso de los abusos sexuales a menores en la Iglesia, esta institución se ha desmarcado sin cesar a ningún miembro del clero ni publicar los informes y las investigaciones llevadas a cabo.

Junto a estos miembros de la Iglesia, operan otros sacerdotes de diferentes diócesis y parroquias como la Parroquia de San Mateo Apóstol, la de San Leandro Obispo, la de San Carlos Borromeo de Ontinyent, la de la Sagrada Familia de Torrent, la de la parroquia de S. Pío X de Algemesí o la de Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla. No sólo eso, sino que en VyL, para poder acceder a los grupos e iniciar el itinerario de 270 de castidad, Miguel Ángel obligaba a los futuros itinerantes a asistir durante 6 u 8 semanas a sesiones de “terapia psicológica” con Lourdes Illán Ortega o con Juan Mayo, quienes hacían un test para evaluar la herida de los pacientes y trabajaban fichas, por un “módico” precio de 60 euros/sesión.

Así mismo, tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios, así como a conocidos psiquiatras ultra-conservadores como Aquilino Polaino o Enrique Rojas, que de acuerdo con el testimonio de estas víctimas, prescriben fármacos, previo pago de tarifas de entre 100 y 200 euros/sesión, pautados para tratar enfermedades y trastornos mentales graves como la bipolaridad, esquizofrenia o la epilepsia.

El Gobierno está a punto de aprobar la ley que prohibirá las terapias de conversión.

– Bueno, realmente la Ley Trans y LGTBI no se ha aprobado todavía ni se sabe si se llegará a aprobar antes de que termine la legislatura. Lo que ha sucedido es que el Consejo de Ministros a aprobado el Anteproyecto de Ley Trans y LGTBI y ha acordado registrarlo como Proyecto de Ley ante el Congreso, comenzándose ahora el procedimiento de tramitación parlamentaria y pudiendo modificarse el texto mediante enmiendas.

Con respecto a la ley, el problema es que replica un modelo desfasado, inútil e inefectivo, ya que impone un prohibición genérica de “practicar terapias de conversión” y establece un régimen sancionador en el que se pena con multa a quienes las practiquen o las promuevan. Este régimen no es nuevo, sino que, en la actualidad, 8 Comunidades Autónomas –la Comunidad de Madrid,Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón, la Región de Cantabria, Canarias, La Rioja y Castilla La Mancha– ya tienen un sistema sancionador. Sin embargo, en los seis años en que se han ido adoptando y entrando en vigor estas normas autonómicas, no se ha investigado ni sancionado firmemente ningún caso de práctica o promoción de “terapias de conversión”, a pesar de las numerosas denuncias interpuestas ante los órganos administrativos competentes, así como de los reportajes que han salido a la luz en los últimos años. Esto se debe a varios factores:

Por un lado, hay una ausencia de capacidad por parte de las autoridades autonómicas para investigar e imponer sanciones contra estas prácticas, que deriva de una imposibilidad competencial de ordenar la práctica de diligencias de investigación para esclarecer hechos, como la práctica de “terapias”, que no trascienden a la esfera pública, se lleva a cabo en locales privados de la Iglesia y se capta a las víctimas por redes de contactos y clientelares. Ello se debe a que, para la intervención de comunicaciones, entrada y registro de instalaciones; así como incautación de diferentes materiales, es necesaria la intervención judicial.

Paralelamente, los procedimientos de naturaleza sancionadora se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, sin reconocer ningún derecho a las víctimas o a la sociedad civil más allá de conocer la decisión de sobre la iniciación del procedimiento o el archivo de las denuncias. Ello impide que las víctimas o la ciudadanía pueda participar efectivamente en la investigación de estos abusos, y abre la mano a que los órganos competentes no actúen con el celo necesario, limitando las posibilidades de que rindan cuentas por su inacción. Por ejemplo, el único caso de “terapias de conversión” que fue sancionado, en septiembre de 2019, fue anulado por el 13 de julio de 2021, por la sentencia núm. 898/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se indicaba que la Comunidad de Madrid había tardado más de 31 meses en instruir el procedimiento vulnerando los derechos de la sancionada, actuando de forma fraudulenta.

Análogamente, el 5 de noviembre de 2021, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social acordó no iniciar un procedimiento sancionador, tras 31 meses de espera, contra el Obispado de Alcalá alegando que sólo disponía de pruebas obtenidas sin el consentimiento de los infractores. A la sociedad civil, nos notificaron esta decisión en mayo de 2022, cuando ya habían prescrito las infracciones. Este hecho, deja entrever que el modelo de tutela administrativa de estos abusos se queda absolutamente corto ya que las autoridades competentes no tienen facultades para ordenar la práctica de diligencias de investigación necesarias, para las que sería necesario contar con la intervención de un órgano judicial.

Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, las resoluciones sobre las denuncias interpuestas en 2020 contra las comunidades evangélicas que hacían exorcismos en Madrid para “expulsar la homosexualidad” así como contra una coach madrileña que ofrece un curso online titulado “Camino a la heterosexualidad”; Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, las resoluciones sobre las denuncias interpuestas en 2020 contra las comunidades evangélicas que hacían exorcismos en Madrid para “expulsar la homosexualidad”. Así mismo, ni el Govern de la Comunidad Valenciana ni la Junta de Andalucía han actuado contra la asociación Verdad y Libertad, a pesar de que se han denunciado estos hechos.

En segundo lugar, las sanciones que llevan aparejadas las infracciones de terapias de conversión no son eficaces ni disuasivas para los perpetradores. En el caso de Elena Lorenzo de septiembre de 2019, esta “coach de identidad” que diagnostica Trastorno Obsesivo Compulsivo Homosexual y promete curarlo a través de su web profesional, esta señora fue sancionada con una multa de 20.001 euros –anulada posteriormente. La cuantía de esta multa fue recaudada en menos de dos semanas a través de una campaña de crowdfunding orquestada por Hazte Oir. Elena Lorenzo nunca cesó, y continúa a día de hoy, ofreciendo estos servicios previo pago de 80 euros/sesión.

Por tanto, el empleo de sanciones exclusivamente económicas para frenar a unos perpetradores apoyados por redes influyentes y con gran capital económico, no es eficaz, suficiente ni útil.

En tercer lugar, el contexto criminológico en el que se producen y perpetran las “terapias de conversión” en España determina que las víctimas tarden muchos años en decidir ejercer acciones o visibilizar la violencia a la que han sido sometidas. Diversos estudios, como el titulado “Conversion Therapy and LGBT Youth” y publicado por el Williams Institute, indica que más de la mitad de las víctimas de “terapias de conversión” las sufren durante su minoría de edad.

Paralelamente, el estudio “The Global State of Conversion Therapy. A Preliminary Report and Current Evidence Brief”, de la LGBT Foundation, señala que sólo una de cuatro víctimas se somete a terapias de conversión sin coacciones de su entorno y que, entre las restantes, un 22% asiste por presión familiar, un 11% por recomendación de su comunidad/líderes religiosos y hasta un 17,5 % por insistencia de profesionales de la salud, autoridades educativas o de sus propios empleadores. Este contexto victimológico determina que las víctimas no tengan posibilidad ni incentivos para denunciar ante las autoridades administrativas y sufrir un procedimiento que las revictimice y las aísle de sus entonos.

Finalmente, los tipos penales existentes –estafa, intrusismo profesional, delitos contra los consumidores o el delito de lesiones– no cubren suficientemente los contextos en que se dan estas prácticas y sólo se centran en las consecuencias de las conductas materiales, ignorando lo criminalmente reprobable de las ‘terapias de conversión’ en sí. Es decir, su objetivo tendente a la eliminación y represión de la identidad y de la diversidad sexual y de género.

Es por todo esto que desde No Es Terapia exigimos ahora a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que modifiquen el Código Penal, creando un tipo delictivo autónomo que criminalice la práctica de terapias de conversión, tal como se ha hecho en 44 jurisdiccionesentre las que se incluye Francia, Malta, Alemania, Canadá, Nueva Zelandia, Ecuador o diferentes Estados Mexicanos.

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El pasado mes de mayo, Los obispos y las obispas de la Iglesia Anglicana de Gales celebraban que el Gobierno galés prohíba las “terapias” de conversión antiLGTBI. El pasado febrero, Israel prohibía las terapias de conversión para miembros de la comunidad LGTBQ+. Al otro lado del Atlántico, la Cámara de los Comunes de Canadá le dio su visto bueno el pasado diciembre,  por unanimidad, a un proyecto de ley para prohibir las pseudoterapias de conversión, y definitivamente el pasado enero de este año. Se trata de un veto total, no solo en menores de edad, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite. El Senado aprobó el texto en una tramitación exprés apenas seis días más tarde y, tras recibir la firma de la gobernadora general, entró en vigor el pasado 7 de enero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativasde la homosexualidad o la transexualidad.

Sin embargo, hace unos días conocíamos que Boris Johnson cedía a la presión del lobby transexcluyente y dejará fuera de la prohibición de las «terapias» de conversión la identidad de género. Y más recientemente, el Consejo General del Poder Judicial español criticaba en su informe no preceptivo, la prohibición de las mal llamadas terapias, en el proyecto de la ley Trans española. A esto se sumaban las desafortunadas palabras de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a los votos de la extrema derecha, Díaz Ayuso quien  no sancionará al obispo homófobo Reig Plá por las terapias para ‘curar’ la homosexualidad’.

La situación en otros países

Canadá y Francia se unieron al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad el pasado mes de enero. Le siguió Nueva Zelanda el pasado 15 de febrero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativasde la homosexualidad o la transexualidad.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo hemos aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Religión Digital /Cristianops Gays

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Un jurado de Tenerife condena al acusado de matar a Iratxe Otero, una mujer trans, en diciembre de 2020

Martes, 31 de mayo de 2022
Comentarios desactivados en Un jurado de Tenerife condena al acusado de matar a Iratxe Otero, una mujer trans, en diciembre de 2020

Un jurado popular ha declarado culpable de homicidio al acusado de matar a Iratxe Otero, una mujer trans de 29 años, en diciembre de 2020 en Arona (Tenerife). Se enfrenta ahora a una pena de cárcel de entre doce años y medio (la que solicita la Fiscalía) y quince años (la que solicita la acusación particular), que será decidida por el juez. 

Según informa el tinerfeño Diario de Avisos, para la decisión del jurado resultaron claves las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial Chaparral, en la barriada de Costa del Silencio de Arona, donde fue encontrado el cádaver de la mujer, y que mostraban al acusado arrastrando su cuerpo. En el momento de su detención, horas después de ser hallado el cadáver, el ahora declarado culpable presentaba además heridas compatibles con los intentos de defensa de Iratxe Otero antes de morir estrangulada. El jurado descartó el atenuante de alcohol y drogas que la defensa del acusado había esgrimido durante el juicio.

Durante la semana del juicio, el alcalde socialista de Arona, José Julián Mena, Mena se reunió con la familia de la joven trans asesinada. La reunión se realizó con el claro objetivo de reiterar a la familia de Iratxe Otero la solidaridad del pueblo de Arona.

Como contamos en su momento, el cádaver de Iratxe Otero, de origen colombiano, fue encontrado en la madrugada del sábado 26 de diciembre de 2020 en un pasillo del centro comercial Chaparral en avanzado estado de descomposición. Antes habría permanecido en un club de karaoke del centro comercial antes de ser trasladado a la zona común. La noticia del hallazgo del cádaver recibió en un primer momento un inadecuado trato mediático, ya que la Guardia Civil, en la información inicialmente trasladada a los medios, se refería a la mujer que finalmente fue identificada como Iratxe Otero en masculino, circunstancia que mereció la condena de activistas y colectivos trans.

Asesinatos de personas trans en España

Precisamente el asesinato de Iratxe Otero fue el que hizo que España apareciese de nuevo en 2021 en la macabra lista de países en los que se han registrado asesinatos de personas trans y género-diversas, según el registro que cada mes de noviembre hace público Transgender Europe con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans.

Nuestro país, de hecho, acumula 14 víctimas en este registro desde enero de 2008. Los nombres más recientes incluidos en este listado, aparte de los de Iratxe Otero, han sido los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife y que aparece en el listado de 2017 (recordemos, además, que en este caso un jurado popular absolvió al único acusado); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el listado de 2020. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática.

Fuente Dosmanzanas/El DigitalSur

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Pese a su victoria en las elecciones generales, Orbán fracasa en su intento de demostrar vía referéndum el apoyo popular para sus medidas anti-LGTBI

Viernes, 8 de abril de 2022
Comentarios desactivados en Pese a su victoria en las elecciones generales, Orbán fracasa en su intento de demostrar vía referéndum el apoyo popular para sus medidas anti-LGTBI

13968854263210El ultraconservador Viktor Orbán ha vuelto a imponerse en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar este domingo en Hungría. Sin duda, una mala noticia para los ciudadanos LGTBI de ese país. Sin embargo, la jornada electoral nos deja una noticia prometedora: el referéndum homófobo y tránsfobo que Orbán había convocado con objeto de conseguir el refrendo público de sus medidas contra la población LGTBI y sacar pecho ante la Comisión Europea ha fracasado, al no haber obtenido el número mínimo de votos válidos.

Coincidiendo con las elecciones generales, el Gobierno de Orbán había promovido un referéndum para validar la legislación anti-LGTBI aprobada el año pasado por el Parlamento de Hungría. La ley, que prohíbe la difusión de contenidos positivos sobre diversidad afectivo-sexual y de género a menores, ha llevado a la Comisión Europea a emprender un procedimiento de infracción contra Hungría que todavía se encuentra en curso.

El referéndum se articulaba en torno a cuatro preguntas: «¿Apoya la enseñanza de la orientación sexual a menores de edad en las instituciones de educación pública sin el consentimiento de los padres?», «¿Apoya la promoción de las terapias de reasignación de sexo para niños menores de edad?», «¿Apoya la exposición de los niños menores de edad a contenidos sexualmente explícitos que puedan afectar su desarrollo?» y «¿Apoya que se difunda en medios contenido sobre cambio de sexo a menores?». Al margen de lo tramposo de las preguntas, su objeto no era otro que el de sacar músculo ante la Comisión Europea y vender que las recientes leyes anti-LGTBI cuentan con el respaldo masivo de la población húngara.

La convocatoria del referéndum había sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, que sin embargo se mostraban esperanzadas por algunos datos que muestran que la retórica anti-LGTBI de Orbán no cuenta con el respaldo mayoritario de la población húngara. Desde ILGA-Europa, por ejemplo, se recordaba el pasado viernes el récord de asistentes al Orgullo de Budapest en julio pasado, cuando unas 35.000 personas marcharon por las calles de la capital húngara en favor de los derechos LGTBI. También recordaba que según una encuesta representativa encargada por Amnistía Internacional y la Sociedad Háttér y realizada por la agencia Medián entre el 13 y el 19 de julio de 2021, el 73% de los húngaros rechaza la idea, promovida por el Gobierno de Orbán, de que las personas LGTBI abusan o dañan a los niños. Una clara mayoría (74,5%) creía además que las personas transgénero deberían modificar su género y nombre en los documentos oficiales, mientras que el 59% apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De hecho, las organizaciones LGTBI húngaras se mostraban esperanzadas de que el referéndum fracasaría, al no ser capaz de alcanzar el mínimo del 50% de votos emitidos válidos. Para conseguir ese objetivo, llamaban no a votar no o a abstenerse, sino a invalidar su papeleta de voto en el referéndum. Así ha sido: para conseguir que el referéndum fuese válido, debían alcanzarse en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, al 96% del escrutinio, el número de votos válidos se encontraba en torno a los 3,4 millones, muy lejos del umbral necesario. 2,7 millones habían votado «no» a las 4 preguntas, mientras que el número de votos inválidos superaba el millón y medio.

Cabe precisar que el fracaso del referéndum no impide que la ley siga en vigor, pero sí que supone un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento, en esta materia, con la Comisión Europea.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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Boris Johnson cede a la presión del lobby transexcluyente y dejará fuera de la prohibición de las «terapias» de conversión la identidad de género

Jueves, 7 de abril de 2022
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The Prime Minister Boris Johnson Portrait Una filtración a la prensa ha permitido conocer la marcha atrás del Gobierno de Boris Johnson en su anunciada intención de prohibir las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género, cediendo así a la presión de los sectores ultraconservadores y del activismo transexcluyente. No obstante, según las informaciones más recientes y después de la ola de indignación que la decisión ha levantado, Johnson habría optado en las últimas horas por una prohibición parcial, que afecte solo a la orientación sexual pero no a la identidad de género, dejando desprotegidas a las personas trans y no binarias. Una decisión discriminatoria a la que no son ajenas las activas campañas de movilización del activismo transexcluyente británico, que de la mano de personajes como la escritora J.K. Rowling han alcanzado gran difusión en los medios de ese país. 

La intención de promover la prohibición de las pseudoterapias reparadoras fue incluida el pasado año en el discurso de la reina, en el que el Gobierno británico esboza su agenda legislativa, lo cual le dotaba de un cierto carácter vinculante después de que iniciativas anteriores hubieran fracasado. Se anunciaba, además, después de conocer el resultado de una encuesta nacional, que abarcó a 108.000 personas LGTB, y que reveló que a un 5% se le habían ofrecido estas pseudoterapias y un 2% se había sometido a ellas. Sin embargo, los meses han pasado y pese a la presión de los colectivos LGTB la propuesta no solo no ha tomado forma, sino que ha sido de objeto de críticas, no solo las esperables de los sectores ultraconservadores temerosos de que la nueva legislación afectase a la «libertad religiosa», sino del cada vez más influyente lobby transexcluyente, que ha conseguido una gran presencia en los medios de comunicación británicos y que cuenta con la implicación activa tanto de militantes TERF que se niegan a reconocer como mujeres a las mujeres trans como de celebridades como la escritora J.K. Rowling. El activismo transexcluyente, recordemos, ha hecho de los ataques a la infancia y a la adolescencia trans uno de sus ejes discursivos, y se opone radicalmente a la normalización de la realidad trans en menores.

Hace solo un par de días, de hecho, la cadena ITV hacía público un documento interno del Gobierno, al que tuvo acceso gracias a una flitración, en el que se sentaban las bases para anunciar la renuncia al proyecto en el próximo discurso de la reina, una renuncia que se argumentaría en base a la necesidad de establecer nuevas prioridades en la política legislativa en el actual contexto de guerra en Ucrania y elevación de los precios. La exclusiva de ITV levantó una gran polvareda, no solo entre los colectivos LGTB, sino incluso en el seno del grupo parlamentario conservador, algunos de cuyos miembros habían apostado por este proyecto como una forma de demostrar la cercanía del Partido Conservador a los derechos LGTB. Diputadas conservadoras como Alicia Kearns o Dehenna Davison, por ejemplo, exigían públicamente que la legislación se aprobase.

Tal es así que apenas unas horas después de conocerse la filtración, el periodista de ITV Paul Brand, responsable de la exclusiva, aseguraba que fuentes del Gobierno de Johnson le aseguraban que se continuaría adelante con el proyecto, y que así se anunciaría en el discurso de la reina, pero que solo incluiría la prohibición de este tipo de intervenciones referidas a la orientación sexual, y no a la identidad de género, dejando desprotegidas a las personas trans:

De hecho, aunque las nuevas intenciones del Gobierno de Johnson aún no se han explicitado de forma oficial, parece que ya han sido transmitidas por fuentes gubernamentales a otros medios británicos, como la BBC, que ya dan por el hecho el giro tránsfobo.

Desde las organizaciones defensoras de los derechos LGTB se considera que no puede haber prohibición de las «terapias» de conversión que deje fuera a las personas trans. Desde Stonewall, la mayor organización LGTB británica, que llevaba meses alertando del riesgo de que las personas trans quedasen desprotegidas, hacen un llamamiento a continuar la presión sobre los diputados para que se apruebe una prohibición completa. Antes de conocer el último giro de los acontecimientos, hacían además un llamamiento a los parlamentos de Gales y Escocia para que, si las intenciones de Boris Johnson se confirmaban para Inglaterra, al menos en sus territorios implementasen la prohibición.

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El pasado febrero, Israel prohibía las terapias de conversión para miembros de la comunidad LGTBQ+. Al otro lado del Atlántico, la Cámara de los Comunes de Canadá le dio su visto bueno el pasado diciembre,  por unanimidad, a un proyecto de ley para prohibir las pseudoterapias de conversión, y definitivamente el pasado enero de este año. Se trata de un veto total, no solo en menores de edad, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite. El Senado aprobó el texto en una tramitación exprés apenas seis días más tarde y, tras recibir la firma de la gobernadora general, entró en vigor el pasado 7 de enero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativasde la homosexualidad o la transexualidad.

La situación en otros países

Canadá y Francia se unieron al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad el pasado mes de enero. Le siguió Nueva Zelanda el pasado 15 de febrero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativasde la homosexualidad o la transexualidad.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo hemos aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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 Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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