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Un estudio promovido por la FELGTB encuentra que el 58% del alumnado trans es víctima de transfobia, sobre todo en forma de insultos, acoso y amenazas

Jueves, 19 de septiembre de 2019

campana-nora-y-su-mochila-menguanteCampaña Nora y su mochila menguante

Preocupantes datos los que desvela un estudio elaborado por la FELGTB según el cual el 58% de las personas trans ha sido víctima de transfobia durante su etapa escolar, sobre todo en forma de insultos, acoso y amenazas. LA FELGTB considera urgente la aplicación de protocolos específicos de acompañamiento para menores y jóvenes trans, que parecen mejorar de forma muy clara estas cifras. 

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este lunes los datos extraídos de una encuesta realizada a una muestra de personas trans de entre 16 y 24 años de todo el territorio español que revela que casi el 60% (58%) sufrió transfobia en el ámbito escolar.

Esta transfobia, según el sondeo, se tradujo en forma de insultos (40% de incidencia), acoso (25%), amenazas (22%), ciberviolencia (18%), agresiones físicas (12%) y violencia sexual (9%) hasta el punto de que el 83% de los jóvenes que la sufrieron declaró que su etapa educativa fue menos feliz que la del resto del alumnado. Además, el 58% de quienes sufrieron estas violencias aseguró que el centro educativo no tomó ninguna medida para castigar a quienes las ejercieron.

La investigación (que puedes descargar aquí), aunque se realizó entre una muestra que no llega a ser representativa sí ofrece datos significativos, revela además que, tras ser víctima de estas agresiones, solo el 15% de las personas encuestadas encontró apoyo en el profesorado y un 20% no encontró apoyo en nadie. El 40% de los menores y jóvenes trans víctima de transfobia se apoyó en otros miembros del alumnado.

Por otra parte, los datos muestran que Secundaria es la etapa en la que más personas sufrieron transfobia (37%), seguida de Primaria (25%), Bachillerato o FP Superior (22%), educación Infantil (9%) y Universidad (7%). Un 57% de las personas víctimas de transfobia declararon haberla sufrido durante más de una etapa escolar.

Discriminaciones y dificultades del alumnado trans relacionadas con la identidad de género.

El 53% de las personas encuestadas afirmó que en el entorno escolar nunca o rara vez se las llamaba por su nombre de acuerdo a su género y un 66% explicó que en la documentación escrita siguió figurando el nombre que les asignaron al nacer.

Por otra parte, cuándo fueron preguntadas por las principales dificultades encontradas durante su etapa educativa, coincidieron en que, al margen del acoso verbal y/o físico, lo peor para ellas fue la falta de apoyo y comprensión por parte del profesorado y del resto del alumnado; el sentimiento de soledad; la falta de información y formación sobre la identidad de género y la diversidad afectivo-sexual y familiar que ellas mismas tenían y el sentimiento de no poder expresar quiénes eran por miedo al rechazo.

También señalaron aspectos puramente relacionados con la gestión del centro como la diferenciación del uniforme en función del género, la separación por género en asignaturas como educación física o los WC binarios. Y es que, el 89% respondió que en su centro existían actividades separadas por géneros; el 76% indicó que no existía en su centro educativo intimidad para cambiarse de ropa; el 99% explicó que en sus centros los aseos están diferenciados por géneros y el 88% aseguró que durante festividades y festivales (navidad, carnaval, etc.) se empleaba vestimenta diferente para chicos y chicas.

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Repercusiones de las violencias y la discriminación

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, de los datos de la encuesta también se desprende que el 28% del alumnado trans víctima de violencia tuvo que cambiar de centro y que en personas trans de entre 16 y 20 años existe una tendencia al abandono escolar temprano superior a la de la población escolar de la misma edad.

Además, el 81% de las personas encuestadas utilizó un término negativo cuando se les pidió que describieran con una palabra su etapa escolar. Los adjetivos más repetidos fueron: horrible, agobiante, dura, infierno, difícil, costosa, incómoda y complicada.

La importancia de los protocolos 

Sin embargo, el informe arroja algo de luz ya que, según las respuestas de las personas encuestadas, mientras que en los centros educativos donde no existía protocolo de acompañamiento para menores y jóvenes trans, el 74% de las personas encuestadas declaró no haber encontrado ningún tipo de apoyo por parte de la comunidad educativa, en los centros donde sí se contaba con protocolo, esta cifra descendió hasta un 27%.

Por este motivo, Carlos Castaño, miembro de la Comisión Ejecutiva de FELGTB ha recordado durante el acto la necesidad de implantar estos protocolos de manera obligatoria en todos los centros educativos del territorio estatal. “Aún hay muchas CCAA que carecen de leyes autonómicas LGTBI que hacen obligatorios estos protocolos. También hay otras CCAA, donde sí existe legislación, pero está sin implementar por falta de dotación presupuestaria”, ha declarado y ha recordado que “se trata de menores que están sufriendo y su calidad de vida depende en muchas ocasiones de gestos simples”.

Por eso, ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa para que, mientras se aprueban e implantan las legislaciones, mejore la vida de estos menores con gestos sencillos como llamarles por su nombre sentido, eliminar la separación por géneros en actividades como la educación física o permitirles vestir el uniforme correspondiente a su identidad sentida de género.

“En cualquier caso, no podemos dejar que los derechos de los menores y jóvenes dependan de la buena voluntad. Por eso, exigimos la aprobación de la Ley Estatal LGTBI que recoge todas estas medidas de forma prioritaria tras la formación de gobierno”, ha concluido Castaño.

A la luz de estos datos, FELGTB ha desarrollado una campaña dirigida a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular para sensibilizar sobre la realidad de los menores y jóvenes trans.

Conoce la historia de Nora y su mochila menguante:

Fuente FELGTB

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El «feminismo» que excluye a las trans llegó a Guatemala

Sábado, 7 de septiembre de 2019

cuerpo2-2486x1243Interesantísimo artículo:

Por Pilar Salazar 

Ilustración: Florencia Capella 

Hace unos días un conocido medio de comunicación digital en Guatemala publicó un artículo haciendo apología del “antifeminismo”. Es un escrito poco atinado, haciendo ver al feminismo (que tampoco es monolito) como un dogma, tan violento como el Islam o Judeo-Cristianismo. Mientras tanto, un grupo secreto “sororo” de mujeres al que fui invitada por una amiga, estaba poniendo reglas de membresía y durante ese proceso pusieron a votación y opinión de las integrantes (entre ellas yo, trans) si era bueno incluir a las mujeres trans. Lo que cuestionaba era si éramos o no mujeres. Me sentí molesta porque había un pensamiento en el ambiente que percibía a las mujeres trans como una amenaza.

Mi intención al escribir no es dividir ni atacar el movimiento feminista, sino visibilizar de qué manera estamos respondiendo a estos ataques en paralelo a nuestras acciones cotidianas. También vamos a coordinarnos colectivamente para no pasarnos llevando a otras compañeras de las que desconocemos (por decisión) sus luchas y que en lugar de sumar al movimiento pueden restar o dividir.

Cuesta entender que también las mujeres trans andamos en las luchas feministas, nos interesan muchas de las mismas luchas que se intersectan con las de las mujeres cisgénero.

Las radicales trans excluyentes no son feministas

Viv Smyth las llamó TERFs en referencia al “feminismo radical trans excluyente” que se refiere a las mujeres cisgénero “feministas” que piensan que las mujeres trans no son mujeres y que la lucha feminista no les pertenece. Pero voy a ser rebelde y contradecir esta conceptualización, pues en mi opinión y en la de muchas feministas, ser “trans radical excluyente” no es una característica de los feminismos sino una postura que lleva implícito el dispositivo biologicista (basarse en la genitalidad para categorizar una identidad de género).

Tiene un bagaje de lógicas cisexuales que mantienen una venda para no ver los privilegios que le dan cancha a la cis-normatividad femenina de “decidir” violentamente si las mujeres trans podemos ser mujeres y estar en los mismos espacios o no.

Es una necedad paternalista y al mismo tiempo de exclusión porque no hay espacio ni capacidad de entender que las mujeres somos diversas y que en general a esta parte de la diversidad transfemenina nos matan antes de cumplir 35 años en América Latina. Creo que justificar el desconocimiento de la lucha que llevan las mujeres trans por parte de movimientos «feministas» cisgénero ya no es un argumento válido para desentenderse y violentar. Muchas mujeres y varones trans apañamos las mismas luchas porque también nos atraviesa el aborto, acoso sexual callejero y más.

¿Quiénes son lxs sujetxs politicxs del feminismo?

Abrirse al diálogo y aceptar que no nos ha importado o que tenemos aristas que discutir es el primer paso para evitar la confrontación y división que, como lo he dicho, en algunos espacios es una posibilidad que está llegando a Centroamérica. Son las pocas ganas de hacer, por ejemplo, una pregunta tan básica como la propuesta por Paul Preciado: ¿quiénes son lxs sujetxs politicxs del feminismo?

Ya no basta con decir que para subirse al barco contra la lucha del sistema patriarcal y desarme de las opresiones hay que tener una vulva. Propongo que hablemos de interseccionalidades y nos preguntemos ¿a quiénes ataca el sistema patriarcal? Aquí hablo de cuerpos oprimidos feminizados.

El axioma de que una vulva es igual a una mujer y un pene es igual a un hombre se rompe con la transexualidad o transgenerismo, pero también al producirse la intersexualidad, por ejemplo. Y el poder disciplinatorio de la medicina occidental da la muerte a una ficción y nacimiento a otra.

Teresa de Lauretis dijo que, como la sexualidad, el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales. En palabras de Michel Foucault, es el despliegue de una tecnología política compleja.

¿Tiene sentido seguir hablando de feminismo o de feminismos?

Parafreaseando a Preciado: sí, siempre que sea una forma de combatir los mecanismos específicos del control, producción de las subjetividades sexuales, raciales, estéticas, etc.

La matriz heterosexual[1] intenta reducir la multiplicidad de los cuerpos a la masculinidad y la feminidad desde la política genital, sin tomar en cuenta que los sistemas de opresión llegan hasta las periferias de los cuerpos subalternos[2]. En este punto debo decirlo, que me parece poco ético y nada sororo despotricar contra las mujeres trans al momento de defender el feminismo de los machos violentos, argumentando desde la lógica biologicista. Es importante y contracorriente de estas aristas la apertura al diálogo y a la resolución de dudas para fortalecer y no dividir lo que tanto ha costado para las feministas.

[1] Judith Butler, El género en dipusta, 1990. Estados Unidos

[2] Saurabh Dube, Sujetos subalternos, 2001

Fuente Agencia Presentes

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Fracaso evangélico ultraconservador en Uruguay: los tránsfobos solo consiguen un 9,9% en el prerreferéndum para derogar la ley integral trans

Jueves, 8 de agosto de 2019

ley-integral-trans-uruguay-696x522Fracaso mayúsculo de los grupos tránsfobos en Uruguay. El prerreferéndum convocado contra la ley integral trans aprobada el pasado mes de octubre no ha conseguido, ni de lejos, reunir el quorum necesario para llevar la ley a referéndum. Necesitaban contar con un 25% del censo electoral, y han conseguido solo un 9,9%.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. Aunque Uruguay ya había aprobado en 2009 una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, los colectivos uruguayos lucharon para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder.

Sin embargo, las fuerzas ultraconservadoras hicieron de la ley integral trans un objetivo a batir y reunieron las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría haber terminado con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados por los diputados del Partido Nacional Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue (este último pastor evangélico) consiguieron reunir 69.260 firmas en contra. Al superar el 2% del censo electoral era preceptivo convocar un primer referéndum no vinculante (o prerreferéndum) sobre la materia, que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral obligaba a la convocatoria de un segundo referéndum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les bastaba una mayoría simple.

Carlos Iafigliola, de hecho, hizo de la oposición a la ley trans uno de los puntos centrales de su candidatura en las elecciones primarias del Partido Nacional para ser elegido candidato a la presidencia de Uruguay en las elecciones del próximo octubre. Con poco éxito, dicho sea de paso: Iafigliola quedó en quinto lugar, con apenas un 0,37% de los votos. Un fracaso, el de Iafigliola, que anticipaba el fracaso del prerreferéndum, celebrado este domingo 4 de agosto y que solo ha conseguido el apoyo del 9,9% del electorado, muy lejos del 25% necesario para proceder al referéndum vinculante. En total, 2.691.752 votos. Un núcleo importante de electores declaradamente tránsfobos, sin duda, pero incapaces de revertir los derechos ya conseguidos.

«Hoy, la ciudadanía demostró que los Derechos Humanos no se someten a plebiscito. Hemos recorrido el territorio nacional informando y hablando con la gente. Son infinitas las demostraciones de adhesión a nuestra lucha. Desde la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans queremos agradecer el haber comprendido la situación en la que se encuentran la identidades trans por las barreras culturales. Auguramos un cambio profundo hacia una verdadera inclusión que apunta a cambios sustantivos en todos los ámbitos: familiares, educativos y laborales. Infinitamente gracias por comprender y sensibilizarse con nuestra realidad», expresaba en un comunicado la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans, que durante estos últimos meses ha desarrollado un trabajo ímprobo contra la desinformación y las mentiras de los grupos tránsfobos. Desde dosmanzanas les trasladamos nuestra enhorabuena.

Una ley muy avanzada

La ley integral uruguaya es un magnífico ejemplo de hasta qué punto es posible legislar en favor de la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, más allá de la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales. En primer lugar, simplifica el procedimiento para proceder a esta, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. El procedimiento se hace además extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales. Pero el texto incluye también importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral.

El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

Fuente Dosmanzanas

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Salvaje agresión tránsfoba en Alicante

Lunes, 29 de julio de 2019

TransfobiaaSalvaje agresión a una mujer trans en Alicante, que quedó tumbada en el suelo, inconsciente, tras recibir una paliza a manos de dos individuos que ya han sido detenidos. La víctima fue ingresada en el Hospital General de Alicante, aunque por fortuna fue dada de alta pocas horas después.

Según detalla el diario Información de Alicante, los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana del jueves, en la calle Segura de la capital alicantina, a la salida de un after. La víctima comenzó a ser objeto de insultos en el interior del local por su condición de mujer trans. Al abandonarlo, los dos detenidos y otra mujer salieron tras ella. Ya en el exterior continuaron increpándola. De los insultos pasaron a los golpes. La mujer cayo al suelo, donde continuaron dándole patadas (al parecer uno de los agresores se empleó con especial violencia) y quedó inconsciente. Testigos de lo que estaba sucediendo llamaron a la Policía, ante lo cual los agresores huyeron, no sin antes robarle a la víctima dos bolsos y un teléfono móvil.

La Policía Nacional acabó sin embargo por localizarlos poco después en los aledaños del Castillo de San Fernando, no lejos de lugar donde tuvo lugar la agresión. Se trata de dos hombres de nacionalidad argelina, de 30 y 19 años de edad, que han sido acusados de un presunto delito de odio (en concreto, de un delito contra la integridad moral) y de otro delito de robo con violencia. Tras pasar la noche en Comisaría, han quedado en libertad a la espera de juicio. El informe policial ha sido trasladado tanto al Ministerio Fiscal como la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación. La víctima, por su parte, fue dada de alta tras pasar varias horas en el Hospital General de Alicante. Sufre contusiones múltiples.

La Federación Plataforma Trans ha condenado lo sucedido y ha pedido a todas las fuerzas políticas la aprobación de una ley trans integral de ámbito estatal que contribuya a poner fin a este tipo de situaciones. «Somos un colectivo sobre el que los agresores sienten impunidad a la hora de ejercer estas violencias (…) Nuestras vidas no valen menos; no vale todo contra nosotras; es necesaria una implicación de las instituciones para poner fin a esta lacra social que es la transfobia», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

observatorio-valenciano-contra-lgtbifobia-300x161Estado de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana

 

A lo largo del pasado año 2018, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia registró 91 incidentes y delitos de odio contra personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género, desde agresiones leves, insultos, amenazas, acoso y hostigamiento hasta lesiones graves y discapacitantes.

observatorio-valenciano-contra-delitos-de-odio-lgtbfobia-300x158El perfil del agresor sigue siendo un adulto varón de entre 25 y 40 años, mientras que la mayoría de las víctimas oscilan entre edades que van desde los 18 a los 30 años.

La evolución más notable se produjo en la provincia de Castellón, donde los incidentes registrados pasaron de 8 en 2017 a 21 en 2018. Precisamente en esta provincia se produjo hace pocos meses el asesinato de otra mujer trans.

Fuente Dosmanzanas

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Contramanifestantes de extrema derecha intentan impedir el primer Orgullo LGTBI de Białystok (Polonia) y agreden a varios participantes

Miércoles, 24 de julio de 2019

violencia-orgullo-Bialystok-300x175Contramanifestantes de extrema derecha intentaron impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este de Polonia. Un evento que había despertado las iras del sector más conservador de la provincia de Podlaquia, de la que Białystok es capital, incluyendo las de su arzobispo católico, Tadeusz Wojda. Varios activistas resultaron salvajemente agredidos y hubo una veintena de detenidos.

La valentía del activismo LGTBI polaco consigue que, pese a las dificultades, cada año se celebren más eventos del Orgullo en Polonia más allá de la capital, Varsovia, cuyo Orgullo LGTBI ya consigue reunir a decenas de miles de personas y que tiene al frente a un alcalde, Rafał Trzaskowski, que hace unos meses firmó una avanzada declaración de apoyo a la comunidad LGTBI y lucha contra la discriminación. Lejos queda 2010, cuando bajo una fuerte protección policial la capital polaca acogía el primer Europride celebrado en Europa oriental sin apoyo alguno de las autoridades locales. Mucho más difícil es la situación en otras ciudades de Polonia, como vimos el pasado mes de octubre en Lublin, al este del país, que solo pudo celebrar su primer Orgullo después de que la justicia levantase la prohibición impuesta por su alcalde y bajo una intensa protección policial frente a los contramanifestantes, que intentaron interrumpirlo arrojando petardos y bombas de humo. Entonces se produjeron 21 detenciones y un agente resultó herido.

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Janek Skarzynski/Agence France-Presse — Getty Images

Este sábado era Białystok, también al este del país, la que celebraba su primer Orgullo. Entre 800 y 1000 valientes activistas se manifestaron por las calles de la ciudad, de cerca de 300.000 habitantes. Lo hacían, sin embargo, bajo una fuerte protección policial debido a la presencia de unos 4.000 contramanifestantes en diversos puntos de la ciudad. Entre ellos, numerosos jóvenes de extrema derecha, extremadamente violentos, y que según informan diversos medios internacionales habían acudido desde el resto del país para hacer gala de su violencia e impedir el normal desarrollo del evento. Los ultras insultaron y lanzaron objetos contra los agentes de policía, que acabaron por cargar contra ellos. Hubo, según CNN, 20 detenidos. Se registraron además varias agresiones por parte de estos indeseables a participantes en el Orgullo o a personas cuya apariencia simplemente les desagradaba y que por desgracia no tuvieron la suerte de encontrarse en ese momento protegidos por la policía, como documentan diversas grabaciones difundidas en Twitter y que muestran el salvajismo de los LGTBfobos:

En otros puntos de la ciudad, entretanto, grupos ultraconservadores vinculados a la Iglesia católica celebraban actos de desagravio. El arzobispo católico, Tadeus Wojda, convocó por ejemplo una vigilia de oración en la catedral y animó a los fieles a participar en un «picnic a favor de la familia» convocado a mediodía. Wojda hizo público un comunicado en el que calificó al Orgullo de «iniciativa ajena a nuestra tierra» y acusó a sus participantes de constituir «un ejemplo escandaloso» para niños y los jóvenes, de profanar símbolos cristianos y de blasfemia.

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No esta de más recordar, en ese punto, que el pasado mes de mayo la policía polaca detuvo a una activista bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos simplemente por difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado.

Insertamos a continuación dos vídeos publicados en YouTube que recogen algunas imágenes de los choques entre los contramanifestantes y la policía, uno de ellos de Polskie Radio Białystok, un medio local, y otro de Euronews:

Desde dosmanzanas aprovechamos para trasladar toda nuestra solidaridad al activismo LGTBI polaco, que vive momentos complicados ante el auge de las políticas reaccionarias de Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna Polonia (y que comparte escaños en el Parlamento Europeo con Vox, la formación española de extrema derecha con la que comparte ideario contrario a los derechos LGTBI).

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la prohibición de que los menores trans puedan acceder a la rectificación registral del sexo

Martes, 23 de julio de 2019

tribunal-constitucionalEl pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto a la Ley 3/2007 «reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas», más conocida como «ley de identidad de género». Y lo ha hecho en un sentido favorable al derecho de las personas transexuales menores de edad a ver reconocida legalmente su identidad de género, pero marcando limitaciones que han merecido duras críticas por parte de Chrysallis, la asociación de familias de menores trans. En cualquier caso, el fallo del Constitucional pone de manifiesto, una vez más, lo anticuado del marco legislativo español por lo que a la realidad trans se refiere. 

Hay que remontarse al año 2016 para conocer el origen de la decisión. Por aquel entonces, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resolvió plantear ante el  Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley 3/2007, que impide a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida.

A través de un auto del que fue ponente el magistrado Rafael Sarazá (puedes descargarlo aquí en su integridad), la Sala de lo Civil del Supremo exponía la jurisprudencia que fundaba la procedencia del cambio en la mención registral del sexo de las personas transexuales en principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: la protección de la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y a la propia imagen y el derecho a la salud, todos ellos en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El Tribunal Supremo consideraba, en este sentido, que las personas menores de edad también son titulares de esos derechos fundamentales, aunque con limitaciones o restricciones en su disfrute «que deben tener una justificación adecuada y proporcionada en la falta de madurez para ejercer el derecho o en la necesidad de protección que la propia Constitución reconoce a los menores». Para el Tribunal Supremo, estas justificaciones no operaban de modo uniforme durante toda la minoría de edad, perp«cuando se trata de un menor con suficiente madurez que realiza una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad», el Supremo aseguraba «tener dudas» de que «la restricción absoluta que supone la exigencia de la mayoría de edad para poder solicitar el cambio en la mención registral del sexo y del nombre sea acorde a los principios y derechos fundamentales citados».

Ahora el pleno del Tribunal Constitucional (ver nota informativa) ha apreciado los argumentos del Supremo, determinando por mayoría (ha habidos dos votos particulares, cuyos argumentos se conocerán cuando la sentencia se publique íntegra en el Boletín Oficial del Estado) que la restricción legal enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con «suficiente madurez» y que se encuentren en una «situación estable de transexualidad», representa un grado de satisfacción más reducido del interés superior del menor de edad perseguido por el legislador. Es por eso que el alto tribunal aprecia la vulneración del principio de desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y del derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución).

La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido: «En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, declararlo inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con ‘suficiente madurez’ y que se encuentren en una ‘situación estable de transexualidad’».

Chrysallis: un avance «muy relativo»

La cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo fue consecuencia del recurso de un chico, representado por sus padres, que en el momento del nacimiento fue inscrito con nombre y sexo de mujer pero cuya identidad de género es masculina desde su más tierna infancia, y al que tanto en primera como en segunda instancia los tribunales habían negado su derecho a que esta fuese reconocida legalmente. La madre del chico no es otra que Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis, asociación de familias de menores trans.

Desde Chrysallis, en este sentido, consideran la decisión del Tribunal Constitucional un avance, aunque «muy relativo». A falta de conocer el texto íntegro, Chrysallis critica que todo el proceso, desde que el 22 de julio de 2014 intentaran proceder al cambio en el Registro Civil de Benasque, se haya prolongado cinco años. «Cinco años cruciales de la vida de una persona, de los 12 a los 17. Y otros tantos de quienes habían puesto sus expectativas en una resolución rápida y no discriminatoria», expresa la asociación. Respecto al contenido del fallo, Chrysallis asegura que «podemos decir que es un avance, pero uno muy, muy relativo. Sí, se va a poder pedir la rectificación registral de nombre y sexo, siendo una persona menor de dieciocho años, y no te lo van a denegar (por ser menor), pero se va a tener que demostrar ‘madurez suficiente’. Madurez suficiente, ¿cómo se demuestra eso? ¿Se exige a la población no trans demostrar ‘madurez suficiente” antes de reconocer su identidad? ¿Qué tipo de ‘madurez suficiente” tiene un bebé neonato cuando se le inscribe? ¿Por qué una persona no trans ve reconocida su identidad desde ese mismo momento, pero las personas trans tienen que demostrar ‘madurez suficiente’?».

Respecto al segundo requisito, la «situación estable de transexualidad», Chrysallis lo tiene claro: «partimos nuevamente de una posición de desventaja: a nadie no trans se le pide una ‘situación estable’ para inscribirle en el Registro Civil, se aventura un pronóstico, una especulación por parte de una persona ajena, de cuál va a ser la identidad de la persona y se da por buena. No es un método científico, está ampliamente demostrado que no hay un solo parámetro biológico objetivo que determine la identidad de las personas (tampoco la orientación sexual). Es decir, la autodeterminación de la persona trans no es suficiente, tiene que hacerlo a lo largo del tiempo, ¿cuánto tiempo?, ¿por qué?, ¿desde qué momento se va a considerar a una persona trans que lo es para empezar a contar?, ¿desde la primera verbalización?, ¿desde la primera vez que se salga del tiesto de los estereotipos de género?, ¿y si la familia o el entorno no es capaz de reconocer esas señales?, ¿y si la persona no es capaz de verbalizar por miedo, presiones, falta de herramientas su identidad?, ¿quién va a demostrar ese ‘currículo trans’ de las personas trans menores a las que nadie defiende ni escucha?».

«La realidad es que detrás de esta prevención vestida de prudencia para no equivocarse, se trasluce algo bastante feo, el Tribunal Constitucional entiende que ser trans, cambiar tus datos registrales, es peor que no serlo. Quiere evitar a toda costa cualquier posibilidad de error. Por desgracia no vemos el mismo empeño en que se establezcan ese tipo de filtros para evitar que las personas trans sean mal clasificadas por la administración al nacer, ni vemos a nadie pensando en medidas para indemnizar y compensar las discriminaciones, abusos y sufrimientos que pueden derivar de esta mala identificación que se hace en el nacimiento. Que la identidad sea reconocida parece que queda en manos de terceras personas, a las que habrá de convencer de quien se es, y a la arbitrariedad de la persona del Registro Civil de turno y su ideología», añaden desde Chrysallis, que critica que algunos medios subrayen como gran avance la decisión del Constitucional: «Digamos que de discriminarte mucho pasa a discriminarte menos, pero no te sitúa en una posición de igualdad con respecto al resto de la ciudadanía». 

España, rezagada

Como llevamos años denunciando desde esta misma página, en España los menores trans se encuentran en una situación de desprotección jurídica a la hora de ver reconocida legalmente su identidad, y su mayor o menor fortuna depende en buena parte del azar: deben acudir a los tribunales, y según en qué tribunal caiga su caso, el resultado es uno u otro. Incluso cuando consiguen el cambio de nombre rara vez consiguen la rectificación del sexo registral asignado. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que hasta ahora seguía excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Una situación cada vez más incomprensible si se tiene en cuenta que son ya numerosos los países que han modernizado sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. Un buen ejemplo es de Malta, que ni siquiera establece límite de edad inferior para proceder a la modificación del «sexo registral».

La actual resolución del Tribunal Constitucional, aun con sus limitaciones, viene a paliar esta situación, aunque no deja de resultar lamentable que en un país como España, que sobre el papel presume de ser uno de los más avanzados por lo que a la aceptación de la realidad de los menores trans se refiere, tengan que ser los tribunales los que enmienden la plana a una clase política que 12 años después de la aprobación de la ley ha sido incapaz de actualizarla.

Fuente Dosmanzanas

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La Audiencia de Barcelona absuelve de un delito de transfobia a tres hombres que agredieron a dos mujeres al creer que desconocían su condición trans

Sábado, 20 de julio de 2019

TransfobiaaIncomprensible sentencia la de la sección 7ª Audiencia Provincial de Barcelona, que ha absuelto a tres hombres que agredieron a dos mujeres trans de un delito contra la integridad moral por razón de orientación o identidad sexual al considerar que «probablemente» estos desconocían su condición trans. 

Lo publicaba este lunes eldiario.es. Aunque en primera instancia un juzgado de Terrassa consideraba probadas las expresiones tránsfobas supuestamente usadas por tres de los agresores, del tipo de «¿sois hombres o mujeres?» o «¿quién tiene la polla más grande?», los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran verosímil la versión de estos, según la cual desconocían que las víctimas eran mujeres trans cuando les preguntaron por el precio a pagar a cambio de servicios sexuales, lo que derivó finalmente en una pelea.

Al creer la versión de los agresores y desaparecer de los hechos probados las citadas expresiones tránsfobas, según la Audiencia de Barcelona ya «no cabe hablar de menosprecio a una orientación o identidad sexual que desconocían». Esa sería la razón argumentada para absolverles del delito contra la integridad moral, por el que habían sido condenados a seis meses de prisión, aunque sí se reconoce que causaron lesiones leves a las mujeres, por lo cual únicamente deberán abonar una multa de 180 euros. La sentencia sí que reconoce que uno de los agresores le dijo a una de las mujeres «si eres un hombre entonces te puedo pegar», pero considera que esta expresión «no entraña desdoro alguno» y que fue pronunciada una vez iniciada la pelea, por lo que no puede considerarse demostrativa de que esta se iniciase por una motivación tránsfoba.

Curiosamente, la Audiencia de Barcelona sí mantiene la condena a un cuarto individuo que agredió a una tercera víctima, un joven gay amigo de las dos mujeres, al que llamó «maricón» y al que según la sentencia sí agredió «por la condición de homosexual que su manera de vestir, moverse y hablar denotaba». La sentencia destaca además que una de las víctimas señaló a este cuarto acusado como el que desencadenó la pelea.

Una serie de argumentaciones, en definitiva, que nos deja realmente sorprendidos y que ilustra a la perfección la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan a diario las mujeres trans. No solos los únicos. «No compartimos este cuestionamiento del odio tránsfobo. Hace falta contundencia ante la violencia hacia las personas trans», expresaba en redes sociales el Observatori contra l’Homofòbia.

Fuente Dosmanzanas

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Estado de la LGTBfobia en Cataluña en 2018: alarmante disminución del número de denuncias, pese a que se registraron más incidentes que en 2017

Miércoles, 3 de julio de 2019

logo-och-2017El Observatori contra l’Homofòbia presentó hace unos días los datos cuantitativos de su informe sobre el estado de la LGTBIfobia en Cataluña, referido al año 2018 (puedes descargarlos aquí). Durante este periodo, el Observatori tuvo conocimiento de 113 incidentes por LGTBfobia en el ámbito catalán, dos más que en 2017 y 28 más que en 2016. Pero lo más alarmante del informe es que 71 de ellas (el 62,8%) no fueron denunciadas, lo que supone un fuerte aumento de la infradenuncia respecto a 2017, cuando «solo» 31 (el 27,9%) no fueron denunciadas.

Por tipo de incidencias, la más registrada son las agresiones, ya sean físicas, verbales, por acoso, amenazas y vejaciones. Constituyen el 41,6% de las incidencias (el año pasado fueron el 47,7%). A continuación se situaron los incidentes de discurso de odio y exaltación de la LGTBIfobia (13,2%) y los episodios de LGTBfobia institucional (10,6%):

incidentes-LGTBfobia-Cataluña-2018

Por lo que se refiere a los subgrupos afectados, casi la mitad de las incidencias se cometieron contra hombres gais y bisexuales (49,5%). En segundo lugar se situaron las incidencias contra las personas trans (24,8%), seguidas de las incidencias por LGTBfobia de tipo generalista, es decir, las dirigidas de forma global contra el colectivo LGTBI (17,7%). En el 6,2% de los casos se cometieron contra mujeres lesbianas o bisexuales:

incidentes-LGTBfobia-Cataluña-2018.2

Viendo la evolución de los cuatro años en los que el Observatori contra l’Homofòbia lleva publicando su informe, resulta especialmente preocupante la tendencia de los incidentes dirigidos específicamente contra el colectivo trans, que no paran de crecer porcentualmente. Fueron el 13,3% en 2015, el 15,5% en 2016, el 17,1% en 2017 y el 24,8% (la cuarta parte) en 2018.

La edad media de las víctimas registradas por el Observatori en las que se pudo registrar ese dato (61 personas) fue de 34,1 años. Por intervalos de edad, el más frecuente fue en esta ocasión el de 36 a 45 años, seguido del intervalo de 26 a 35:

incidentes-LGTBfobia-Cataluña-2018.3

Por lo que se refiere al itinerario de los 113 incidentes recogidos en el informe del Observatori, 17 de ellos (un 15%) fueron denunciados por el personal de las administraciones públicas de Cataluña, en virtud de su «deber de intervención» cuando son conscientes de una posible vulneración de los derechos de las personas LGTB. Se trata de un aspecto que recogen expresamente los artículos 10 y 11 de la ley catalana contra la LGTBfobia, para lo cual la Generalitat aprobó un protocolo específico en octubre de 2017. Otras 13 denuncias fueron interpuestas por via penal (el 11,5%). El resto de itinerarios suponen un porcentaje claramente menor. Pero lo que destaca muy especialmente este año es la ausencia de denuncia en 71 incidentes (el 62,8%) lo que supone un incremento muy importante de la infradenuncia: en 2017, ese número fue de 31 (el 27,9%):

Por lo que se refiere a la distribución territorial, la provincia de Barcelona (con gran diferencia la más poblada) es la que mayor número de incidencias registra (81,1%), seguida de Tarragona (8,9%), Girona (7,8%) y Lleida (2,2%). El informe del Observatori, no obstante, distingue además entre el número de incidencias y la proyección territorial de las mismas. Según este análisis, Barcelona es la provincia más afectada (35,3%), pero le sigue a mucha menos distancia Tarragona (27,3%), Girona (24,9%) y Lleida (12,5)%.

El Observatori contra l’Homofòbia vuelve a reclamar medidas

Durante la presentación de los datos en el Centro LGTBI de Barcelona, el presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, puso el acento en el aumento de casos de infradenuncia, algo que no dudó en atribuir a «la desafección del colectivo hacia los canales oficiales». Rodríguez también hizo alusión, aunque los datos presentados no lo recogen, al aumento de incidencias que se habría producido en el primer semestre de 2019, el año en curso. «Estamos identificando un patrón concreto de agresores, hombres jóvenes que actúan en grupo los fines de semana en zonas de ocio, especialmente los viernes, en la ciudad de Barcelona», denunció. Una situación de urgencia que el Observatori contra l’Homofòbia denunció ya en marzo, después de que en solo unos días se produjeran cinco agresiones el diferentes puntos de Cataluña, con una de las víctimas necesitando atención hospitalaria.

Rodríguez ha vuelto a reclamar ahora a las autoridades la constitución de una mesa de trabajo para abordar la situación, así como potenciar el grupo de trabajo con los Mossos d’Esquadra y hacer del Observatori parte interesada en los procesos administrativos sancionadores, tal y como ha recomendado el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán). También ha pedido poner en marcha recursos y servicios para atender a las víctimas de la LGTBfobia que estén funcionantes de forma permanente, durante las 24 horas del día, atendidos por profesionales especializados.

Fuente Dosmanzanas

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La extrema derecha exige a PP y Ciudadanos un compromiso LGTBfobo explícito para reeditar en la Comunidad de Madrid su alianza en el Ayuntamiento de la capital

Viernes, 28 de junio de 2019

15590657714605La voxasuna Rocío Monasterio en medio, dirigiendo la politica de Isabel Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).

Escalada LGTBfoba en la política madrileña. Vox, la formación de extrema derecha que sostiene a PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento, ha endurecido sus condiciones para que la alianza de las formaciones de derecha se repita en la Comunidad de Madrid. Entre otras medidas, exige que las tres formaciones se comprometan a reformar las leyes de contra la LGTBIfobia y la ley integral de transexualidad.

El documento hecho público por Vox exige (reproducimos literalmente) «Garantizar la libertad educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos. Aprobación del ‘Pin Parental’ para que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones. Derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se derogarán artículos de la Ley 2/2016, del 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio». Estas dos últimas leyes son precisamente la ley integral de transexualidad y la ley contra la LGTBIfobia, aprobadas en la pasada legislatura. La primera, por PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención del PP de Cristina Cifuentes. La segunda, por unanimidad de todos los grupos, aunque dos diputados del PP se ausentaron para no votarla. Uno de ellos fue David Pérez, el ya exalcalde de Alcorcón, que precisamente ha sido el número dos de los populares en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo y que parece destinado a ocupar una posición destacada en un hipotético futuro gobierno de las derechas.

Según la lista enumerada en una comparecencia ante los medios de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, los artículos que la extrema derecha quiere derogar son numerosos y vaciarían de contenido ambas leyes por lo que se refiere a políticas de diversidad familiar, medios de comunicación y medidas educativas. Desaparecerían, además, los capítulos sancionadores, así como la inversión de la carga de la prueba en denuncias por discriminación (un principio por el que, cuando el interesado aporte hechos o indicios «razonables, fundamentados y probados» de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria demostrar que esta no ha existido).

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Habrá que ver qué sucede en próximos días. Por lo pronto, la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado dispuesta a estudiar las peticiones de Vox. «Aspiro a tener un gobierno a mi manera, no tengo que tomar por bueno lo que venía de otras legislaturas», ha declarado. Más complicado parece tenerlo Ciudadanos, partido que en su momento se implicó en el proceso de discusión y aprobación de ambas leyes. Además, aceptar de forma explícita las exigencias de Vox echaría por tierra su machacona estrategia mediática, consistente en negar la existencia de pactos con la extrema derecha e insistir en que ellos solo pactan con el PP. Hacerlo además en este punto (que no es el único: Vox también exige, por ejemplo, retirar la asistencia sanitaria a los migrantes «sin papeles») sería además reconocer (sin posibilidad de coartada) que tienen razón los colectivos LGTB que no permiten la participación oficial ni del PP ni de Ciudadanos en la próxima Manifestación Estatal del Orgullo por no haber querido suscribir un documento de diez puntos que incluía el rechazo a formar alianzas con la extrema derecha homófoba.

Todo ello a pesar de que PP, Ciudadanos y la extrema derecha ya han establecido una alianza de facto en el Ayuntamiento, que por cierto no ha dudado en mutilar la campaña promocional del Orgullo heredada de Carmena y eliminar las banderolas con mensaje activista que debían haber sido colgadas de las farolas de la capital. Sin embargo, Vox no disimula la molestia que le ha producido que su acuerdo secreto con el PP, que incluía el que la formación de extrema derecha ocupase concejalías y «responsabilidad directivas en entes municipales», no haya sido, a su juicio, respetado. Para Vox, la presidencia de varias juntas de distrito y los cargos intermedios que el PP estaba dispuesto a cederles no satisfacían dicho acuerdo, motivo por el cual ahora endurecen sus condiciones de cara a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad.

Habrá que ver si Vox mantiene su pulso (lo que podría llevar a una situación de bloqueo e incluso a nuevas elecciones) o todo obedece a una nueva «escenificación» cara a la galería que acabe resolviéndose con una reedición de la alianza municipal. Otra posibilidad sería que Ciudadanos se aviniese a pactar un acuerdo de investidura con PSOE y Más Madrid, dos formaciones que desde el principio se han mostrado abiertas a una alianza que haga innecesario el concurso de la extrema derecha en el proceso. Ello supondría, sin embargo, una ruptura del discurso que la formación naranja ha venido manteniendo en los últimos meses en la Comunidad de Madrid.

Estaremos muy atentos.

Fuente Dosmanzanas

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Casi la mitad de las personas trans retrasa o anula sus citas médicas por temor a la discriminación y al trato irrespetuoso

Miércoles, 19 de junio de 2019

las-personas-trans-y-su-relacion-con-el-sistema-sanitarioLa Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y Médicos del Mundo presentaron la semana pasada los datos de un cuestionario a una muestra de 69 personas trans de todo el territorio español que revela que casi la mitad de estas personas anula o retrasa sus citas médicas para evitar sentirse discriminadas en la consulta.

Pese a la dificultades estadísticas de un estudio de este tipo (puedes descargarlo en su integridad aquí), los resultados ofrecen información fiable sobre los obstáculos que estas personas afrontan cuando requieren servicios sanitarios. El 19,7% de las personas trans encuestadas habían anulado compromisos médicos por miedo a que se las llame por un nombre que no es el suyo, el 16,7% para evitar faltas de respeto y el 13,6% por temor a visibilizarse como personas trans en la consulta:

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Y es que, según el estudio, el 47,8% habían sufrido un trato discriminatorio en alguna ocasión al acudir a los servicios sanitarios. Un 15,9%, de hecho, aseguraba sufrirlo siempre o casi siempre. Por otra parte, un 27,5% de las personas encuestadas afirmaron que ya no van al médico nunca o casi nunca, debido al trato discriminatorio, la falta de formación del personal sanitario y, en general, un trato que las hace sentirse incómodas.

Estos datos, junto al hecho de que un 66,7% de las personas encuestadas reconocieron que nunca habían hablado sobre su salud sexual y la prevención del VIH y otras ITS con el personal sanitario, revelan, según el secretario de organización de la FELGTB, Loren González, que «estamos ante una situación muy alarmante que hace imprescindible una mayor formación de los profesionales sanitarios». Y es que, según las respuestas, el 75,3% de las personas trans considera que el personal sanitario tiene un conocimiento bajo o muy bajo sobre su realidad.

«Evitar o reducir las discriminaciones en este ámbito es muchas veces tan fácil como dirigirse a la persona por el nombre con el que se identifica», explica González. Una observación avalada, de hecho, por la evidencia: ya hace mas de un año hicimos referencia, por ejemplo, a una investigación estadounidense que mostraba que el mero hecho de respetar el nombre elegido por adolescentes y jóvenes trans disminuía drásticamente los casos de depresión e intentos de suicidio.

«Manual de instrucciones», campaña de sensibilización de la FELGTB

Por todos estos motivos, con el fin de sensibilizar a la comunidad sanitaria y acercarla un poco más a la realidad de estas personas, la FELGTB ha lanzado la campaña «Manual de instrucciones», que muestra, a través de diversos vídeos, situaciones a las que las personas trans se enfrentan habitualmente en los centros sanitarios y ofrece pautas sencillas al personal sanitario para solventarlas. Además, la FELGTB y Médicos del Mundo exigen que, de manera prioritaria, se forme a los profesionales sanitarios tanto del sector público como del privado sobre las especificidades de la realidad trans.

Otra demanda de FELGTB y Médicos de Mundo es la modificación urgente la Ley 3/2007, que sigue patologizando la realidad de estas personas en España. Una normativa anacrónica que continúa exigiendo un diagnóstico de «disforia de género» para poder llevar a cabo la modificación de los datos registrales, así como (con contadas excepciones) haber realizado dos años de tratamiento hormonal, ser una persona española y mayor de edad. «El derecho de autodeterminación debe estar garantizado por la legislación española, tal y como indica el Parlamento Europeo (…) Necesitamos una ley estatal ya que garantice este derecho, así como la correcta atención sanitaria a estas personas», apunta González. Ambas organizaciones reclaman además el desarrollo de las normativas autonómicas ya aprobadas sobre la materia. «Aunque hay comunidades como Madrid cuyas normativas suponen un salto cualitativo en el acceso al derecho a la salud de personas trans, la realidad es que existe un largo camino aún por recorrer en la práctica, ya que faltan recursos como formación a profesionales para que la normativa pueda ser una realidad», explica por ejemplo Ana Durán, coordinadora de Médicos del Mundo Madrid.

Os dejamos con el vídeo de presentación de «Manual de instrucciones». Puedes acceder al resto de vídeos aquí.

Fuente FELGTB

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El Supremo brasileño equipara la homofobia y la transfobia al racismo, una decisión que Bolsonaro califica como «completamente equivocada»

Martes, 18 de junio de 2019

Brasil-sem-homofobia1Tal y como adelantamos en mayo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, ha fallado a favor de la protección legal de la población LGTB frente a la violencia y la discriminación. El recuento final arroja ocho votos a favor y tres en contra de un texto que decreta la equiparación de los delitos por homofobia y transfobia con los motivados por el racismo mientras persista la «omisión legislativa» al respecto. 

Fue el pasado mes de febrero cuando comenzó el proceso sobre la persecución legal de la LGTBfobia, en respuesta a dos recursos presentados por la Asociación Brasileña de Gais, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) en 2012 y el Partido Popular Socialista en 2013. Ambos persiguen «la criminalización específica de todas las formas de homofobia y transfobia, especialmente (pero no exclusivamente) de las ofensas (individuales y colectivas), de los homicidios, de las agresiones y discriminaciones motivadas por la orientación sexual y/o identidad de género, real o supuesta, de la víctima».

Cuatro de los once jueces del Supremo ya se pronunciaron en febrero a favor de las tesis de los demandantes. Con la inclusión en mayo de otros dos votos favorables se alcanzaba ya la mayoría del alto tribunal, compuesto por once magistrados. Ahora lo han hecho los cinco restantes, de los cuales dos se han posicionado a favor y tres en contra. Finalmente, 8 votos contra 5.

La tesis fijada por el Supremo brasileño hace extensiva la legislación contra el racismo a los delitos por homofobia y transfobia y será de aplicación mientras se mantenga la ausencia de legislación al respecto, un vacío legal que coloca al colectivo LGTB en situación de indefensión. «El concepto de racismo sobrepasa los aspectos estrictamente biológivos o fenotípicos e incluye la negación de la dignidad y de la humanidad de grupos vulnerables», asegura el Supremo en la nota de prensa que daba a conocer el resultado de la votación.  Puedes descargar aquí la tesis completa, que también impone límites al discurso de odio por parte de los líderes religiosos al considerar que este no queda cubierto por el derecho a la libertad religiosa.

Críticas de Jair Bolsonaro

La decisión, como era de esperar, no ha sido recibida con agrado por el presidente de Brasil, el abiertamente homófobo Jair Bolsonaro, que la ha calificado como «completamente equivocada» y ha asegurado que perjudica a los propios homosexuales, que según él tendrán más dificultades para encontrar trabajo ya que los empresarios se lo pensarán «dos veces» antes de contratarlos por miedo a ser acusados de descriminación. Bolsonaro ha añadido que esta decisión del Supremo brasileño es un argumento más a la hora de renovar el alto tribunal incorporando magistrados evangélicos.

Habrá que ver, por otra parte, si el legislativo brasileño avanza en la misma dirección que el Supremo. En este sentido, solo un día antes de que en mayo se adelantase la decisión mayoritaria del Supremo, el Senado brasileño aprobaba en comisión un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El texto equipara las penas para los delitos motivados por la raza, color, etnia, religión o procedencia nacional con los cometidos contra las personas LGTB. También castiga la denegación del acceso a establecimientos abiertos al público, así como los intentos de impedir o restringir las «manifestaciones razonables de afecto de cualquier persona», salvo en lugares de culto. A la propuesta, no obstante, le queda por delante una trabajosa tramitación.

Una situación muy complicada para el colectivo LGTB

En 2018, además, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

Fuente Dosmanzanas

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Agresión tránsfoba en Zaragoza

Miércoles, 5 de junio de 2019

TransfobiaaUna pareja ha denunciado haber sido objeto de una agresión tránsfoba en la madrugada del pasado 26 de mayo en Zaragoza. La peor parte, por lo que a los golpes se refiere, fue para el chico, Erik García, presidente del colectivo aragonés Visión Trans, que solo días antes había recogido en Sevilla un premio por su activismo en favor de los derechos de las personas trans.

Según ha denunciado la Federación Plataforma Trans, la pareja, formada por un chico y una chica, ambas personas trans, intentó entrar pasadas las tres de la madrugada del domingo 26 de mayo a un bar, aún con clientes dentro, con intención de comprar tabaco. Una persona vinculada al establecimiento les prohibió el acceso, argumentando que ya estaba cerrado. Al salir, uno de ellos rozó la persiana metálica, que estaba medio bajada, y la persona que les había prohibido el acceso salió y se dirigió hacía ellos, comenzando los insultos homófobos y tránsfobos del tipo de «en mi bar no van a entrar maricones de mierda ni putos travestis». Insultos de los que fue testigo una amiga que acompañaba a la pareja. Al pedir explicaciones por la reacción, el agresor agarró a la chica. Cuando él intentó separarlos le propinó un fuerte golpe en el rostro, lo tiró al suelo y continuó dándole puñetazos. En el parte de lesiones se hace constar un hematoma en zona infraorbitaria y la presencia de siete piezas dentales con línea de fractura. Su pareja, por su parte, ha tenido que tomar medicación como resultado del cuadro de ansiedad resultante.

La Federación Plataforma Trans ha condenado los hechos y ha exigido que se adopten las medidas oportunas. «Las personas trans somos objeto de una gran violencia que se concreta en bullying escolar, acoso laboral, en redes sociales y agresiones tanto verbales como físicas en espacios públicos, ante la falta de aplicar en los delitos de lesiones o vejaciones el agravante de odio por transfobia», señala en su comunicado su presidenta, Mar Cambrollé.

Una de las víctimas, premiado en mayo por su activismo

Erik García, el chico agredido, fue galardonado el pasado 17 de mayo con uno de los Premios T, que concede la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, en reconocimiento a su activismo. En su discurso aludió a los riesgos de una involución en los derechos de las personas trans y exigió, como buena parte de los allí presentes, la aprobación de una ley trans de carácter estatal que protega los derechos de este colectivo especialmente vulnerable. «Hemos luchado contra el gobierno, contra todo, y hemos conseguido que en Aragón se haya aprobado una ley que reconoce nuestros derechos. Y ahora queda por hacer que haya una ley estatal para toda España», expresó entonces, en alusión a la aprobación, el pasado 2018, de una avanzada ley trans en su comunidad.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de Brasil situará la persecución de la LGTBfobia al mismo nivel que el racismo en su legislación

Viernes, 31 de mayo de 2019

Brasil-sem-homofobia1El Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, sentenciará en junio a favor de la protección legal de la población LGTB frente a la violencia y la discriminación. Seis de los once miembros del alto tribunal ya han depositado sus votos a favor del texto que decreta la equiparación en la legislación de los delitos de LGTBfobia con los motivados por el racismo. El Senado trabaja actualmente en un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.

El juicio responde a una acción presentada por el Partido Popular Socialista, que ha denunciado una “omisión del Parlamento” en un asunto que vinculó a la defensa de los derechos humanos que está consagrada en la Constitución nacional. Seis de los once magistrados del Supremo ya se pronunciaron a favor de la medida. La Corte Suprema de Brasil alcanzó este jueves la mayoría de votos necesaria para tipificar la homofobia como un delito penal equivalente al racismo, pero decidió aplazar la decisión final para el próximo 5 de junio.

En febrero comenzó el proceso sobre la inclusión de la LGTBfobia en la legislación, que dará respuesta a dos recursos presentados por la Asociación Brasileña de Gais, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) en 2012 y el Partido Popular Socialista en 2013. Ambos persiguen «la criminalización específica de todas las formas de homofobia y transfobia, especialmente (pero no exclusivamente) de las ofensas (individuales y colectivas), de los homicidios, de las agresiones y discriminaciones motivadas por la orientación sexual y/o identidad de género, real o supuesta, de la víctima».

Cuatro de los once jueces del Supremo ya se pronunciaron en febrero a favor de las tesis de los demandantes. Con la inclusión de otros dos votos favorables la semana pasada, se ha alcanzado una mayoría en el alto tribunal. El próximo 5 de junio se pronunciarán los restantes cinco magistrados, que ya no pueden variar el veredicto final, pero sin cuyo voto no puede entrar en vigor el fallo.

Entre los que ya han dado su apoyo a la sentencia, la jueza Rosa Weber defendió su voto favorable para cubrir un vacío legal que provoca indefensión en el colectivo. Su compañero el magistrado Luiz Fux se inclina por establecer una interpretación de la ley de 1989 contra el racismo que incluya a las personas LGTB. Se trata de una norma que castiga los delitos motivados por esta causa con penas de hasta cinco años de prisión. Fux considera que no existe la certeza de que el poder legislativo vaya a aprobar las reformas legales necesarias para proteger a la comunidad LGTB, y mientras tanto «efectivamente la homofobia va a seguir».

Solo un día antes de conocerse la decisión mayoritaria del Supremo, el Senado brasileño aprobaba en comisión un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El texto equipara las penas para los delitos motivados por la raza, color, etnia, religión o procedencia nacional con los cometidos contra las personas LGTB. También castiga la denegación del acceso a establecimientos abiertos al público, así como los intentos de impedir o restringir las «manifestaciones razonables de afecto de cualquier persona», salvo en lugares de culto. La propuesta continuará su tramitación en la Cámara de Diputados.

Durante la sexta sesión dedicada al tema, que se debate desde fines del año pasado, dos de los once magistrados del Supremo se sumaron a los cuatro que ya se habían pronunciado a favor de equiparar los delitos de carácter sexual al racismo, que el Código Penal castiga con rigor.

No obstante, a pesar de que seis magistrados ya se pronunciaron en ese sentido, la mayoría alcanzada aún podría ser alterada, pues por las normas del tribunal cualquiera de sus once miembros puede alterar su voto antes de la proclamación del resultado.

Tras cuatro horas de audiencia, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli, decidió convocar a una nueva sesión para el 5 de junio próximo, cuando deberán pronunciarse los cinco jueces que aún no lo han hecho, que en su mayoría parecieron inclinados a seguir la tendencia que ya se impone.

Aunque una comisión del Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que también equipara la homofobia al racismo, el tribunal decidió seguir adelante con el proceso, ya que, según el decano de la corte, Celso de Mello, “nada garantiza que eso será aprobado” por el pleno de las cámaras.

Según el magistrado, “la mera existencia de un trámite no puede impedir que se lleve a cabo el juicio”, sobre todo cuando las cámaras legislativas han debatido sobre el asunto “durante los últimos 30 años sin llegar a nada”, apuntó.

El decano de la corte, uno de los cinco que aún no ha presentado su voto, sostuvo que “es necesario superar esa inercia y ese cuadro de permanente indefinición” para llegar al fin de “un largo y penoso camino”, que “supera con excesos los plazos razonables”.

El magistrado Alexandre de Moraes, el último de los miembros de la corte en asumir su cargo, en 2017, coincidió con el decano e incidió en que el Parlamento “ha legislado sobre protección por raza, por género o para la infancia” y “solamente ha dejado sin protección a los colectivos homosexuales”.

Según el juez Luiz Fux, cuyo voto consolidó la mayoría de seis necesarios, argumentó : “Cuando un miembro de la colectividad LGBT muere por causa de una bala perdida o en un asalto, estamos frente a una situación ya contemplada” por las leyes penales. Sin embargo, apuntó: “Si esa misma persona es agredida o hasta asesinada por su condición sexual, estamos frente a un delito de homofobia”. Fux también declaró que el Parlamento, dominado hoy por fuerzas conservadoras, muchas de ellas aliadas con el gobierno de Jair Bolsonaro, líder de una emergente ultraderecha, “podrá luego crear una legislación sobre la homofobia”, pero “no recrear” sobre lo que decida el Supremo “a la luz de las normas constitucionales”.

Varios magistrados se hicieron eco de estudios de organismos de derechos humanos, según los cuales Brasil es uno de los países en el que más personas son asesinadas por su condición sexual.

Uno de esos informes, elaborado por el Grupo Gay de Bahía, una activa organización de la sociedad civil, fue divulgado la semana pasada y sostiene, apoyado en datos oficiales, que una persona es asesinada cada día en Brasil como víctima de la intolerancia contra los colectivos homosexuales.

Fuente Agencias

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Un trabajador de una gasolinera de Castellón denuncia haber sido despedido después de que su gerente conociese su condición de hombre trans

Miércoles, 29 de mayo de 2019

52D886B8-CDEE-415D-A719-279A80C412B6Joan López, un joven de 30 años de La Vall d’Uixó (en la provincia de Castellón), ha denunciado públicamente haber sido objeto de discriminación laboral por su condición de hombre trans. El diario El Mundo recogía este sábado la historia

El joven solicitó trabajo en una gasolinera de la zona. Pasó un periodo de prueba de unos 15 días, durante los cuales, según asegura, no hubo problema alguno y la sintonía con el gerente del establecimiento fue buena. De hecho, tras el periodo de prueba, le solicitaron la documentación para contratarlo de forma definitiva. Fue entonces cuando descubrieron que el chico es trans, ya que todavía no había podido completar el proceso de rectificación de sus datos registrales y en su Documento Nacional de Identidad aparece un nombre femenino.

A partir de ese momento, Joan notó que el tono de la relación cambió. Aunque fue contratado, tardaron poco en despedirlo: el joven debía acudir a la gasolinera los fines de semana, pero solo acudió dos. Al tercero ya no trabajó, después de recibir una llamada telefónica en la que le comunicaban el despido sin darle razón alguna más que «ya no hacía falta». Es más, según detalla El Mundo, cuando Joan reclamó 300 euros que la gasolinera le adeudaba, el gerente le exigió, de malos modos, que antes devolviera el uniforme. «Me habló muy mal, amenazándome con no pagarme», ha relatado. De hecho, a Joan no le abonaron lo que le debían hasta después de un tira y afloja con el gerente que no se resolvió hasta que intervino la esposa de este, a la que Joan conocía.

El joven ha decidido hacer público el caso, aunque según El Mundo su denuncia social no se ha acompañado, al menos de momento, de denuncia legal, al considerar que carece de pruebas suficientes para ello. Tampoco ha querido hacer pública la gasolinera en la que han sucedido los hechos. Y ello a pesar de que, según cuenta, no es la primera vez que esta circunstancia afecta a su vida laboral, ya que en mas de una entrevista de trabajo ha acabado recibiendo largas por parte del empleador al conocer este su condición.

Discriminación laboral contra las personas trans: es necesaria mayor protección

Conviene recordar, en este punto, que la legislación laboral española prohíbe la discriminación de los trabajadores por «razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español» (Estatuto de los Trabajadores). De igual forma, el Estatuto Básico del Empleado Público establece como derecho individual del mismo «la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Además, la Comunidad Valenciana, en su legislación autonómica, prohíbe cualquier forma de discriminación por identidad y expresión de género (Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana).

Sin embargo, como denunciaba en 2016 la FELGTB y Comisiones Obreras en su documento Personas trans en el ámbito laboral. Guía para el proceso de transición, que puedes descargar aquí, «no hay ninguna ley estatal que reconozca y proteja de manera específica a las personas trans en el centro de trabajo mientras realizan su proceso de transición. Además a pesar de que es uno de los colectivos más discriminados e, incluso, excluidos del mercado laboral, no se ha puesto en marcha ningún plan de inserción laboral a nivel estatal y muy pocos a nivel local o autonómico». Se hace imprescindible una legislación estatal que proteja de forma sólida a las personas trans contra la discriminación. Esperemos que después de que la anterior legislatura se cerrara sin conseguirlo los partidos políticos se pongan a trabajar de inmediato para que las Cortes salidas de las pasadas elecciones generales la aprueben sin más dilación.

Fuente  Dosmanzanas

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Condenado a diez meses de prisión uno de los agresores de una mujer trans en París

Martes, 28 de mayo de 2019

julia-transgenre_mUn joven de 23 años ha sido condenado a 10 meses de prisión por un tribunal parisino por la agresión a Julia Boyer, una mujer trans a la que golpeó el pasado marzo en plena calle, cuando Boyer se topó con una manifestación contraria al presidente argelino, Abdelaziz Buteflika. Las imágenes de la agresión se viralizaron en redes sociales y desencadenaron gran indignación en Francia. Se da la circunstancia, además, de que la víctima ha tenido que soportar, durante el juicio, que se dirigieran a ella utilizando un pronombre masculino, pese a tratarse de una mujer. 

El pasado 31 de marzo, Julia Boyer se encaminaba hacia el metro cuando se topó, en la parisina Plaza de la República, con una manifestación contra el Gobierno de Abdelaziz Buteflika en Argelia. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzaron a acosarla, le dirigieron insultos homófobos y tránsfobos, la zarandearon y la golpearon. Agentes de seguridad del metro intervinieron para ponerla a salvo. Las imágenes de la agresión, grabadas por una cámara de videovigilancia, se viralizaron rápidamente en redes sociales, levantando una ola de indignación que se extendió por toda Francia:

Julia Boyer recibió la solidaridad de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y de la secretaria de Estado francesa de Igualdad, Marlène Schiappa, entre otras personalidades, que condenaron lo sucedido y le ofrecieron su apoyo. Lamentablemente, solo uno de los agresores pudo ser identificado y detenido.

Poco más de mes y medio después, los hechos han sido juzgados, y el detenido, Seddik A., de 23 años, ha sido condenado a un total de diez meses de prisión, de los cuales seis deberá pasarlos obligatoriamente entre rejas. Deberá abonar a la víctima 3.500 euros, además de otros 1.500 euros a cada una de las tres organizaciones que también se han personado como parte (SOS Homophobie, Mousse y Stop Homophobie), y tiene prohibido contactar con la víctima y acercarse a su domicilio. El condenado, por su parte, ha alegado que durante los hechos se encontraba bajo medicación y no era plenamente consciente de sus actos. Sus abogados, que se reservan el derecho de recurrir la sentencia, argumentan que se trata de un joven en una situación social vulnerable, con problemas de adicción y bajo tratamiento psiquiátrico, y consideran la condena muy dura. Una dureza que atribuyen a lo mediático del caso.

Tanto Julia Boyer como los colectivos que la han acompañado en el juicio se han felicitado por la sentencia y consideran que la justicia ha hecho su trabajo, aunque lamentan que solo uno de los agresores haya podido ser juzgado. Lamentablemente, el proceso también ha tenido sus puntos oscuros: la víctima, que no ha podido todavía proceder a la rectificación de sus datos registrales (un proceso que en Francia sigue judicializado tras la tímida reforma promovida en 2016 por el entonces Gobierno socialista) tuvo que soportar que en varias ocasiones el tribunal se dirigiese a ella en masculino. De hecho, la Fiscalía, un tanto despistada, se vio obligada a cambiar la acusación, fundamentada inicialmente en la «orientación sexual» de la víctima, para basarla después en su identidad de género. Un ejemplo más de lo poco preparado que está el sistema de justicia, en este caso en Francia, a la hora de respetar la diversidad, incluso cuando las sentencias, como en este caso, son favorables a los intereses de las víctimas de LGTBfobia.

Fuente Dosmanzanas

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Uruguay: entra en vigor el reglamento que desarrolla la ley integral trans, mientras grupos ultraconservadores intentan derogarla mediante referéndum

Sábado, 11 de mayo de 2019

ley-integral-trans-uruguay-696x522Las personas trans ya pueden comenzar a realizar los trámites contemplados en la avanzada ley integral trans aprobada en Uruguay el pasado mes de octubre, después de que el Gobierno de ese país haya aprobado el reglamento que la desarrolla. La buena noticia no es completa, sin embargo. Las fuerzas ultraconservadoras han logrado reunir las firmas necesarias para iniciar un proceso que podría concluir con la derogación de la ley mediante referéndum. Una vez más la población trans, sin duda la más vulnerable del colectivo LGTBI, se enfrenta al odio de los reaccionarios.

El pasado mes de octubre, el Parlamento uruguayo aprobaba la ley integral para personas trans, cuyo proyecto había sido presentado un año y medio antes por el Gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda que gobierna Uruguay desde 2004 y que ha convertido a este país en uno de los más avanzados del mundo en materia de derechos LGTBI. En 2009, por ejemplo, Uruguay aprobaba una primera ley de identidad de género, que tenía como objeto principal los aspectos relacionados con la modificación tanto del nombre como del sexo en los documentos oficiales, pero que había quedado obsoleta. De ahí que los colectivos uruguayos luchasen para conseguir un marco legislativo más ambicioso, que desde el pasado 29 de abril, tras la firma por el Gobierno del decreto que desarrolla reglamentariamente la ley, es ya una realidad a la que las personas trans pueden por fin acceder. Para más información práctica sobre trámites y requisitos, ver la web del Ministerio de Desarrollo Social aquí

La nueva ley, por ejemplo simplifica el procedimiento para solicitar la adecuación del nombre y sexo en documentos oficiales, desapareciendo la necesidad de acreditar la estabilidad y persistencia de la «disonancia» entre el sexo biológico y la identidad reclamada durante dos años que incluía la ley de 2009. La solicitud, además, ya no se tramitará ante el juzgado de familia, sino directamente a instancia personal ante el Registro Civil. Además, el procedimiento se hace extensivo a las personas menores de 18 años, aunque en ese caso deberán contar con el acuerdo de los representantes legales.

El texto, además, incluye importantes medidas contra la discriminación, como la reserva de un porcentaje del 1% de vacantes en la administración pública, incentivos fiscales a empresas que contraten a trabajadores trans y cursos de inserción laboral. El colectivo trans pasa a ser además uno de los grupos considerados prioritarios en los programas de acceso a la vivienda. Se contempla también la reserva de un cupo del 2% en becas y ayudas estudiantiles, entre otras medidas inclusivas en el ámbito de la educación, y se refuerza el derecho de las personas trans a la cobertura sanitaria sin discriminación y/o patologización por su identidad de género. También se garantiza el acceso a los tratamientos hormonales sin necesidad de autorización judicial o administrativa y sin tener que acreditar la voluntad de someterse a cirugía de reasignación.

Otra medida que merece la pena destacar es la inclusión de un régimen reparatorio en forma de pensión vitalicia para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que hayan sido víctimas de violencia institucional, discriminación o privadas de su libertad. Hay que recordar, en este sentido, que Uruguay sufrió una dictadura militar entre 1973 y 1985 que castigó duramente a las personas trans, especialmente a las mujeres trans que ejercían el trabajo sexual. Aunque se estima que las personas receptoras de esta pensión ascenderán a unas pocas decenas, este punto fue de hecho uno de los que más ruido generó entre los opositores a la ley.

Los opositores logran activar un mecanismo de derogación

La alegría por la entrada en vigor de la nueva ley, ya en sus aspectos prácticos, no es completa. Fuerzas ultraconservadoras han conseguido reunir las firmas necesarias para activar un proceso que, aunque complejo, podría acabar con su derogación. Hay que recordar, en este sentido, que estos grupos ya se movilizaron con especial ahínco durante la fase de aprobación de la ley. Organizaciones vinculadas a las iglesias evangélicas reunieron, por ejemplo, unas 40.000 firmas en contra, utilizando como argumento principal para movilizar a sus filas la supuesta invasión de los derechos de los padres sobre sus hijos menores de edad. De hecho, fueron los artículos que incluían menciones a los menores trans los que más debate político suscitaron en la tramitación parlamentaria.

Una vez aprobada la ley, los opositores a la misma, encabezados en esta ocasión por Carlos Iafigliola (uno de los precandidatos del Partido Nacional a la presidencia) y por el diputado de ese mismo partido y pastor evangélico Álvaro Dastugue, han conseguido reunir 69.260 firmas en contra. Se trata de una cifra que al superar el 2% del censo electoral obliga a convocar un primer referéndum sobre la materia, no vinculante, pero que en caso de arrojar un apoyo de al menos un 25% del censo electoral a la derogación de la ley obliga a la convocatoria de un segundo referendum, en esta ocasión ya vinculante, y en el que a los opositores a la ley les basta una mayoría simple.

Los colectivos en defensa de los derechos LGTBI y de las personas trans han condenado la iniciativa, que consideran que atenta contra las obligaciones que Uruguay ha ratificado en tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, repudiando muy especialmente «el uso de la distorsión y la mentira como medios hacia la recolección de las firmas presentadas». En un comunicado secundado por varias decenas de organizaciones, de hecho, la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans desmiente uno por uno los principales argumentos de las que se han valido los promotores del referéndum. «No estamos dispuestxs a que se invite a la distorsión, el miedo y la mentira para sostener discursos y prácticas de odio en contra de los avances logrados. A los ataques conservadores antiderechos responderemos con resistencia siempre. Nuestro derecho a SER es urgente», finaliza el texto. De hecho, algunos colectivos han promovido ya una denuncia penal contra Iafigliola y Dastugue por incitación al odio, un delito que el Código Penal de Uruguay reconoce expresamente que puede estar motivado por la orientación sexual o la identidad sexual de las víctimas.

Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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Marta Kauffman, co-creadora de Friends, se arrepiente de los chistes tránsfobos

Miércoles, 8 de mayo de 2019

Marta-KauffmanMarta Kauffman durante el aTVfest 2018 en Atlanta (Foto: Para Griffin/Getty)

La co-creadora de Friends, Marta Kauffman, asegura que si pudiera cambiar una sola cosa de la serie sería la trama tránsfoba sobre la madre de Chandler

Ver hoy en día un capítulo de Friends es un peligro: raro es el capítulo en el que no hay un chiste que percibimos como machista, homófobo, tránsfobo e incluso clasista. Aunque la serie terminó hace ahora 25 años, internet sigue debatiendo sobre si Rachel debía acabar con Ross o no, la gente sigue escandalizándose con el machismo de los personajes masculinos y otros aplauden a Rachel como una heroína feminista.

Y luego esta “lo del padre de Chandler”.

Desde el principio de la serie (recuerda, 1994) los espectadores sabíamos que el padre de Chandler había dejado a su madre para irse con el chico de la piscina y que iba a verle a los partidos del instituto vestido de mujer (y repartiendo frutas entre sus amigos). No fue hasta 2001 cuando se nos presentó al personaje, que interpretó la actriz Kathleen Turner.

Visto ahora, era evidente que «el padre» de Chandler era en realidad una mujer trans y no hay comentario sobre ese personaje que no sea tránsfobo porque ni siquiera su hijo es capaz de dejar de llamarle «Charles» en lugar de «Helena», que es como se presenta, y la única vez que le llama «Mamá» es de forma irónica.

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La co-creadora de la serie, Marta Kauffman, explicó hace unos días en una entrevista a USA Today que de todo el legado de la serie, eso es lo que más le gustaría cambiar si pudiera: “Creo que no teníamos el conocimiento suficiente sobre las personas trasngénero por aquel entonces, así que no estoy segura de si utilizamos los términos apropiados. No sé si habría conocido siquiera esos términos en aquella época. Eso es lo que más me gustaría cambiar.

En la misma entrevista Kauffman explica que cada vez que ve un episodio hay cosas que le gustaría cambiar. Como, por ejemplo, el capítulo en el que Brad Pitt interpretaba a un ex-compañero de instituto de Ross y Rachel que había sido el que difundió el rumor de que Rachel era hermafrodita: “Probablemente hoy no haría lo de la hermafrodita si pudiera cambiar algo del capítulo con Brad Pitt”.

Y es que, como explica Kauffman, la serie realmente es una obra de época”.

Algo en lo que coincide Kathleen Turner, que el año pasado declaró que la serie no había “envejecido bien””: “No creo que haya envejecido bien. Era una sitcom de 30 minutos. Se convirtió en un fenómeno, pero nadie se la tomó en serio como comentario social.» Turner explicó que le ofrecieron el papel como el de «la primera mujer que interpreta a un hombre que interpreta una mujer» (…) y lo aceptó porque “en esa época no había muchas personas drag/trans en televisión”. A pesar de que la actriz sí tenía claro que Helena era una mujer trans que trabajaba como drag, lamentaba que «”a mayoría de espectadores pensaban que era Charles disfrazado”.

Fuente Pink News  , vía HazteQueer

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Mujer trans perdió el ojo tras violenta golpiza propinada por vecinos

Miércoles, 1 de mayo de 2019

multimedia.miniatura.a308f41e6d176359.6d756a6572207472616e735f6d696e6961747572612e6a7067De acuerdo al movimiento, Francisca (30) se encontraba en la calle Los Delfines del Cerro El Carmen, donde fue atacada por un vecino que la golpeó con cadenas y candados, tanto en el rostro como el torso.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy ante el Ministerio del Interior un ataque hacia una mujer trans, que la llevó a perder un ojo, el pasado sábado en San Antonio.

 De acuerdo al movimiento, Francisca (30) se encontraba en la calle Los Delfines del Cerro El Carmen, donde fue atacada por un vecino que la golpeó con cadenas y candados, tanto en el rostro como el torso.

Luego de la brutal golpiza, la víctima fue llevada a urgencias en el Hospital Claudio Vicuña y luego al centro médico El Salvador. Sin embargo, perdió un ojo por las lesiones.

“Me pegó directo en el ojo, empecé a sangrar de inmediato. De ahí ni volví a ver, pero voy a salir adelante”, señaló la afectada.

La madre de la víctima, Luz Becerra, señaló que a su hija la trataron de “maricón” mientras la golpeaban.

El Movilh derivó todos los antecedentes disponibles a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que brinden orientación legal y psicológica gratuita a la víctima y a su familia.

“Estamos impactados y muy tristes por lo ocurrido a Francisca. La ha dañado de por vida. Esperamos que el responsable de este deleznable ataque sea sancionado en breve y, muy especialmente, que Francisca avance en su recuperación”, señaló la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

Andrade tildó de “especialmente lamentable es el hecho de que en la Región de Valparaíso sigan ocurriendo estos abusos. Las autoridades de la región deben tomar cartas en el asunto en breve plazo, más aún con lo ocurrido el sábado anterior”.

De acuerdo el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado Movilh, en el último año los casos de homofobia y trasfobia aumentaron un 311% en la Región Valparaíso, la cual ocupó el primer lugar del total de casos, acumulando el 40,11% de los ocurridos en el país.

Fuente Agencias

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Argentina: La Justicia ordenó reglamentar cupo laboral trans en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Martes, 30 de abril de 2019

E115DD4C-30C6-4D5E-9B5A-A33BF6F3C3ADLa Justicia porteña ordenó al Consejo de la Magistratura de Ciudad de Buenos Aires que en 30 días corridos dicte la reglamentación pertinente para implementar en los sectores del Poder Judicial bajo su órbita el cupo laboral para el colectivo trans, establecido en la Ley 4376 de Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGTBI.

El fallo es de la jueza titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 21, María Soledad Larrea. Responde a la demanda de la abogada y activista trans Cristina Montserrat Hendrickse. “Cuando yo me presenté, me respondieron que esta ley no era de cumplimiento obligatorio. Entiendo que sí, por lo que inicié una acción colectiva en la justicia pidiendo la reglamentación y una medida cautelar, para que mientras se resuelva la cuestión de fondo, se contrate a personas trans. Este fallo va sobre la reglamentación y pone un plazo de 30 días”, explica la abogada, que también es querellante.

Además, resalta Hendrickse, la importancia del fallo también radica en que exhorta a los otros poderes al Jefe de Gobierno de la Ciudad, al Presidente de la Legislatura de la Ciudad, a la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y a cada uno de los titulares de las tres ramas del Ministerio Público de la Ciudad a dictar las reglamentaciones pertinentes a fin de dar cabal cumplimiento al cupo laboral trans. “Esto es muy importante porque la ley se incumple en los tres poderes y esto no es un privilegio: nuestro promedio de vida tiene que ver con la exclusión a las que nos someten en todos los ámbitos de la vida y, sobre todo, en el trabajo”, agrega la activista y abogada.

Garantizar oportunidades de trabajo digno

Aprobada en noviembre de 2012, mismo año de la Ley Nacional de Identidad de Género, la Ley 4376 en su artículo 5 establece que el Estado de la Ciudad garantiza la implementación de una política pública de “trabajo digno”. La define como: “estrategias para garantizar que las personas LGTBI accedan a oportunidades de trabajo digno y de generación de ingresos, integrando acciones que fomenten la formación para el empleo, promoviendo la articulación de actores para el apoyo al emprendimiento y la erradicación de las prácticas discriminatorias en el ámbito local”. Y “propone la incorporación, en una proporción no inferior al cinco (5) por ciento, de personas del colectivo trans en el sector público de la Ciudad”.

Según consta en la demanda, en respuestas a pedidos de informes de Ovistrans (Observatorio de Violencia Institucional y Social Trans) el Consejo de la Magistratura fue renuente a brindar información sobre el cumplimiento de la Ley 4376, alegando no registrar a sus empleados por su identidad de género.

Por datos particulares sabemos que sólo una empleada es trans, en el juzgado de la Doctora Elena Liberatori, desconociendo si pertenece a planta o a contratos precarios. Lo mismo sucede en el Poder Legislativo de la Ciudad, donde trabaja una sola persona trans. Y en la administración central, también por averiguaciones particulares, se sabe que trabajan 43 personas trans, desconociendo si en planta o contrato de locación de servicios. Estos datos están muy por debajo de los 6.928 puestos de empleo trans porque allí trabajan 138.567 personas”.

Entre sus argumentos, el fallo de la jueza Larrea considera que “en los fundamentos de la Ley 4376 se estableció la necesidad de intervención directa del estado destacando que casi el 39 % del colectivo trans padece de discriminación laboral por no acceder a un trabajo o ser objeto de exclusión del mismo por su identificación”. Y luego agrega: “Es evidente que ello repercute además en otros aspectos inherentes a los demás derechos esenciales, por caso vivienda o salud. De esta forma se verifica que lleva a condiciones de exclusión o marginalidad que requieren acciones positivas para la efectiva constitución de la igualdad garantizada”. “La falta de trabajo digno para las personas trans es una violencia estructural”

Consultada por Presentes, la abogada y activista Greta Pena, presidenta de 100% Diversidad y Derechos, celebró el fallo: “Confirma que la falta de reglamentación de una ley no es excusa válida para incumplirla. Los derechos son operativos, principalmente los derechos humanos, y esta decisión judicial puso las cosas en su lugar al remover los obstáculos que los distintos poderes ejecutivos colocan al retrasar o impedir el pleno acceso de las personas trans al trabajo digno”, dijo.

Además, consideró “lamentable que el Estado siga fallando y que las personas trans deban acudir a la justicia para lograr que se cumplan las leyes protectorias”. Y concluyó: “la falta de trabajo digno para las personas trans es una violencia estructural. No solamente las legislaciones de cupo laboral atacan esa problemática, sino que la propia Ley de Identidad de Género garantiza el libre desarrollo de la persona acorde a su identidad autopercibida y eso claramente comprende el acceso al ámbito laboral”

Fuente Agencia Presentes, vía SentidoG

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Un tribunal turco anula una primera prohibición de eventos LGTB en Ankara, la capital del país

Martes, 23 de abril de 2019

banlgbti(1)(1)(1)(1)(1)(1)Una buena noticia nos llega desde Turquía. Según ha anunciado el colectivo Kaos GL, un tribunal administrativo regional ha puesto por fin punto final a la prohibición de celebrar actos relacionados con la realidad LGTB impuesta a finales de 2017 por el gobernador de Ankara, la capital turca, en base al estado de emergencia declarado en esa fecha. Queda pendiente de decisión una segunda prohibición, emitida en octubre de 2018, pero el maltratado activismo LGTB turco puede al menos celebrar una primera (y significativa) victoria.

Como recogimos en su momento, el entonces gobernador de Ankara, Ercan Topaca, emitía un comunicado en noviembre de 2017 prohibiendo por tiempo indefinido todas las expresiones culturales de la comunidad LGTB en la capital turca. La prohibición, cuyo antecedente había sido el veto, pocos días antes, a la celebración de un Festival de Cine LGTBI Alemán (organizado entre otros por la embajada germana) se fundamentaba en una declaración de estado de emergencia por parte del Gobierno turco. Las organizaciones Kaos GL y Pembe Hayat (o Pink Life) apelaron la decisión, pero la justicia rechazó en un primer momento la apelación. Ahora, sin embargo, el 12º tribunal administrativo de Ankara ha estimado sus argumentos al considerar que la prohibición era «indefinida y ambigua». «Debe garantizarse la seguridad de los eventos, en lugar de prohibirlos», ha argumentado además el tribunal.

La decisión ha sido saludada tanto por los colectivos demandantes como por ILGA Europa, organización que en su momento criticó con dureza la decisión de las autoridades turcas. Sin embargo, como la propia Kaos GL explica en su página web, queda pendiente todavía el recurso por una segunda prohibición de eventos de temática LGTB emitida por el gobernador de Ankara en octubre de 2018, con posterioridad al estado de emergencia decretado por el Gobierno turco (que finalizó en julio). Una segunda prohibición, por cierto, que el pasado mes de febrero un grupo de diputados pertenecientes al Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo solicitaron por carta al gobernador de Ankara que derogase. Entre ellos los eurodiputados españoles Izaskun Bilbao (PNV), Ana Miranda (BNG), Javi López (PSC) y Jordi Solé (ERC).

ce1390ef2744b52ff9b342be7846f902Confiemos en que la justicia ponga también punto final a esta segunda prohibición, uno más en una larga serie de episodios de discriminación contra el colectivo LGTB turco, ejemplarizados por ejemplo en la reciente prohibición del Orgullo LGTB de Estambul, la principal ciudad turca. En 2013 nos hacíamos eco del éxito de dicha celebración, en la que participaron más de 15.000 personas (siendo la más multitudinaria hasta la fecha). Pero las ediciones de 2015 y 2016, en cambio, fueron reprimidas violentamente por las autoridades. En 2015 la marcha fue prohibida de repente por la oficina del gobernador a causa del mes de Ramadán (circunstancia que, siendo exactamente igual, no impidió la manifestación de 2014). En 2016 la Policía turca disolvía violentamente la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, también prohibida por el gobernador, que justificaba su decisión por «la seguridad de nuestros ciudadanos, en primer lugar, de los propios participantes». Desde el activismo LGTB, sin embargo, la prohibición se contempló como una claudicación ante las amenazas de grupos de extrema derecha nacionalista e islamistas. Una semana después, el Orgullo LGTB corría la misma suerte. En agosto de ese mismo año, además, la activista trans Hande Kader era brutalmente vejada y asesinada, después de haberse posicionado en primera fila durante el reprimido Orgullo Trans.

La situación se repetía en 2017, cuando tras las amenazas de un grupo ultranacionalista, y lejos de asegurar el ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul volvió a prohibir la manifestación del Orgullo cediendo al chantaje de los extremistas. Cientos de valientes activistas desafiaron la prohibición y salieron a las calles, pero fueron duramente reprimidos. Y lo mismo sucedió en 2018, cuando un millar de activistas desafiaron la prohibición y la policía les lanza gas lacrimógeno y pelotas de goma para dispersarlos.

La complicada situación política 

erdoganDesde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Ha despedido a miles de funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno y a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se imputaron cargos por «terrorismo» a 47.000 personas.

Como culminación del proceso de concentración de poder, en abril de 2017 Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista por un 51,41% de los votos. Erdoğan concentraba así toda la capacidad ejecutiva, junto a la potestad de elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo bajo la nueva Constitución, Erdoğan podría mantener su poder hasta 2029 (las próximas elecciones presidenciales no tienen lugar hasta 2019). Una situación altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía, a la que pese a todo trata de resistir una parte importante de la sociedad turca. Un dato esperanzador ha sido, en este sentido, el reciente resultado de las elecciones municipales, donde la oposición del Partido Republicano del Pueblo (actualmente un partido secular de centro-izquierda) ha conseguido arrebatar a los islamistas de Erdoğan las alcaldías de Ankara y Estambul (en este último caso por un margen muy ajustado).

Fuente Dosmanzanas

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