No es cierto que el silenciamiento de las personas queer dentro de la mayoría de comunidades cristianas responda a la voluntad de negar nuestra existencia. Todas esas comunidades saben que lo queer siempre ha estado y estará presente dentro de ellas. Conocen nuestros nombres y apellidos desde que cantábamos en el coro infantil: «Yo tengo un amigo que me ama, y su nombre es Jesús», con el mismo ritmo que lo hubieran hecho los Village People. Por mucho que cuando una(s) década(s) después salimos del armario se hicieran las sorprendidas y nos dijeran: «¿Quién lo iba a decir? No se te nota nada». Y nosotras, como siempre, nos hiciéramos las tontas y respondiéramos: «No te preocupes cari, es que soy una pecadora rainbow que sabe mentir a las mil maravillas».
A las personas queer cristianas no se nos nombra dentro de las iglesias LGTBIQfóbicas, no porque no quieran que existamos, eso saben que es imposible, sino para dejarnos claro que no pertenecemos a su comunidad, que nos quieren fuera, lejos, y en la medida de lo posible, que no volvamos nunca más. Aunque claro, eso no lo van a reconocer nunca, y aunque el predicador de turno haya dicho desde el púlpito por activa y por pasiva (qué casposo me ha quedado esto) que el lobby gay está destruyendo las familias y atacando a la iglesia del Señor que acabará siendo perseguida por predicar lo que el Señor enseñó (pobrecillos), su esposa les va a preguntar a nuestros padres por nosotras a la salida de la iglesia, y les dirá aquello de: «Qué pena que ya no se congregue más, con la alegría que aportaba a la iglesia desde que era pequeñito. A ver si, al menos para la fiesta de Navidad, nos hace una visita y toca el violín». ¡Aleluya, qué buenos son!
Si se quieren explicar las razones de este comportamiento tan poco cristiano y tan mucho LGTBIQfóbico se pueden escribir libros con los que decorar las estanterías de bibliotecas enteras, muchos de ellos con verdades como puños, aunque para simplificar podemos decir que la razón es que prefieren renunciar antes a nosotras que al literalismo bíblico, en caso de los evangélicos, o a la moral sexual de un magisterio manchado de pedofilia, en el de los católicos. Pero no es esto lo que creo que para nosotres necesita una explicación, porque lo realmente sorprendente, al menos eso dicen el resto de bitransmaricabollos que nos miran atónitas desde fuera de las iglesias, es: ¿Por qué y para qué queremos seguir formando nosotres parte de comunidades cristianas asociaciones fundamentalistas LGTBIQfóbicas? O traduciendo la pregunta a un lenguaje más bíblico, más nuestro: ¿Por qué queremos al oír la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita, y toda la música con la que adornan su teología del odio, arrodillarnos y adorar a la estatua de treinta metros de alto por tres de ancho que han construido los Fobicodonosores de la Verdad? Lo suyo sería ponernos Divas, subirnos a nuestras plataformas, y sacar las Drags Sadrac, Mesac, y Abed-negó que todas las que hemos pasado por la escuela dominical llevamos dentro, para decirles: Nosotras no nos inclinamos ante vuestro ídolo, aunque lo hagan otros, nosotras no. La diosa que adoramos, y que nos mostró Jesús de Nazaret, nos librará del infierno en el que queréis meternos, y aunque no lo hiciera, preferimos arder antes que arrodillarnos ante esa caricatura de divinidad que habéis construido. Nosotras no.
Pero es que tampoco es esta la razón, no somos heroínes, ni descerebradas a las que nos gusta que nos quemen vivas, somos cristianas, aunque lo nieguen, nos ignoren, nos insulten. Somos cristianes, nosotres sí. Pertenecemos a Jesús. Y lo que queremos no es que las comunidades cristianas asociaciones LGTBIQfóbicas nos acepten y se transformen en un espacio rainbow tan fundamentalista como siempre, o al menos no deberíamos malgastar energías persiguiendo eso. Lo que hacemos es decir nuestro nombre, reconocernos seguidoras de Jesús, aferrarnos al evangelio del amor y la fraternidad que encontramos en los evangelios, y tratar de aplicarlo a nuestro alrededor, y en nosotres mismes. ¿Por qué tenemos que callar? Lo que nos constituye cristianes queer no es la lucha contra o por la iglesia, sino el seguimiento de Jesús. No es demostrar a nuestras familias o excomunidades que podemos seguir siendo cristianes aunque ellas digan que no, sino nuestra respuesta a la llamada de Jesús. Entiendo que es complicado para las compañeras de luchas bitransmaricabollos que no se consideran cristianas comprenderlo, y de verdad que a nosotras nos duele el doble escuchar, ver, y sufrir la LGTBIQfóbia de quienes se han erigido en portavoces de Jesús, en parte porque en ocasiones esas personas han sido familiares o amigas. Y no queremos negarlo, ni justificarlo, es odio lo que esas comunidades cristianas asociaciones LGTBIQfóbicas lanzan contra nuestro colectivo. Pero nosotras no pertenecemos a esas asociaciones LGTBIQfóbicas, nos lo han dicho de todas las formas posibles: ya lo hemos entendido, aceptado, e incluso celebrado. Somos cristianas, nosotras sí, como muchas otres, y condenamos al Fobicodonosor de la Verdad. Pertenecemos a Jesús, con la ambivalencia de Simón Pedro a veces, pero pertenecemos a Jesús, y es su seguimiento, el que nos trans-forma en cristianes.
Expertas de la ONU suscriben que“esta nueva legislación alinea el sistema español de reconocimiento de la identidad de género con la mejor práctica de autoidentificación identificada por la ONU”
A través de un comunicado, nueve miembros de Naciones Unidas, entre quienes figura la presidenta del grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de la ONU, Dorothy Estrada-Tanck, su vicepresidenta Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti, también miembros del equipo, y el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Victor Madrigal-Borloz, suscriben que esta nueva legislación “alinea el sistema español de reconocimiento de la identidad de género con la mejor práctica de autoidentificación identificada por la ONU”.
Asimismo, confirman que “contrariamente a algunas narrativas erróneas, el nuevo sistema garantiza la seguridad jurídica mediante la posibilidad de revisión judicial, haciendo recaer adecuadamente la carga de la prueba en la parte que cuestiona y en el Estado, y no en las personas trans y otras personas con diversidad de género. De este modo, se han eliminado obstáculos arbitrarios, humillantes y perjudiciales para el reconocimiento legal”.
“El cumplimiento de los derechos humanos implica necesariamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación”
En este sentido, Óscar Rodriguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, reitera que “el cumplimiento de los derechos humanos implica necesariamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación” y aplaude que Naciones Unidas se posicione para recordarlo “ante la proliferación de discursos de odio que señalan a las personas trans como violadoras o enfermas”.
Así, Rodríguez recuerda también que España ha recibido apoyos y felicitaciones internacionales como el de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, que felicitó a España por la aprobación de una ley que permite la autodeterminación de género sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos o el del propio Consejo de Europa de Igualdad, Minorías e Inclusión.
“Con la aprobación de la Ley Trans y LGTBI+ España se alinea con la Estrategia para la Igualdad de las personas LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea, que señala la autodeterminación como esencial para el avance de los derechos de las personas trans. Las legislaciones de Malta, Portugal o Dinamarca ya reconocen desde hace tiempo este derecho fundamental y, próximamente, Alemania y los Países Bajos se sumarán a esta lista. Más allá de las fronteras de la Unión Europea, la experiencia de países como Nueva Zelanda o Argentina demuestran que las políticas LGTBI+ y feministas van naturalmente de la mano”, informa.
“Es una obviedad repetir esto, pero, ante el auge del discurso ultraconservador del miedo, nos vemos en la necesidad de recordar que las personas trans hemos existido siempre”
Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, reitera que “es una obviedad repetir esto, pero, ante el auge del discurso ultraconservador del miedo, que nos señala como una amenaza, nos vemos en la necesidad de recordar que las personas trans hemos existido siempre. Ya había mujeres trans antes de esta ley y las había con sus DNI reflejando su género. Tenemos Ley trans en casi todas las comunidades autónomas españolas desde hace años”, defiende.
“El cambio que esta ley introduce es que ahora, no tendremos que pasar por la humillación de ser diagnosticadas de una enfermedad mental que, tal y como reconoce la OMS, no existe porque no estamos enfermas. Es una ley administrativa que elimina trámites que atentaban contra nuestra dignidad a la hora de cambiar el género en mi DNI, nada más. Una ley que dota de derechos a una minoría vulnerable es una ley que nos hace crecer como sociedad”, asegura Sangil.
El Parlamento de Finlandia ha aprobado la reforma de su muy restrictiva ley de identidad de género para permitir la autodeterminación en lo que respecta al cambio de sexo registral. Un paso de gigante en una situación de partida en la que se exigía, entre otros requisitos, que se probase la esterilidad. Sin embargo, incluso desde la misma coalición de Gobierno ha habido votos contrarios a la reforma, que solo puede aplicarse a los mayores de 18 años. Tampoco se ha modificado el estricto protocolo sanitario a seguir en los procesos de reasignación de género.
El Parlamento finlandés ha aprobado una nueva ley de reconocimiento de género que suprime las prácticas arcaicas que exigían a las personas trans demostrar que eran estériles.
El pasado 1 de febrero el Parlamento de Finlandia aprobaba la modificación de la Ley Trans vigente desde 2003, por una mayoría de 113 votos a favor y 69 en contra. La propuesta de enmiendas partía de la coalición de Gobierno, aunque había sido precedida por una petición popular, que finalmente fue rechazada.
Con la reforma de la Ley Trans, que tomará efectos el próximo 1 de marzo, bastará una declaración de las personas interesadas para que se proceda a la modificación del género registral. Sin embargo, sigue siendo solo aplicable a mayores de 18 años y no afecta al estricto protocolo sanitario en los procesos de reasignación de género, que no se ha reformado.
El proyecto de ley de reconocimiento de género de Escocia habría introducido la autoidentificación de género de forma similar a la de la nueva ley de Finlandia, y a la legislación que ya existe en otros 18 países.
La nueva ley finlandesa –aprobada por 113 votos a favor y 69 en contra– elimina el requisito de que las personas trans sean esterilizadas y obtengan un diagnóstico psiquiátrico para que se les reconozca legalmente su género.
Según la legislación vigente en Finlandia, que según Amnistía Internacional vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, una persona tiene que aportar pruebas de infertilidad antes de que se le conceda el reconocimiento legal de su género.
La nueva ley permite el reconocimiento a los adultos que lo soliciten por escrito tras un “periodo de reflexión” obligatorio de 30 días.
El proceso:
En septiembre de 2021, se presentó al Parlamento una iniciativa popular llamada «Derecho a ser», que consiguió reunir más de las 50.000 firmas necesarias. La propuesta de reforma de la modificación del género registral era más ambiciosa, incluyendo a los menores de edad, pero fue finalmente rechazada en las comisiones parlamentarias y el pleno.
La reforma fue aprobada en primera lectura el 24 de enero, en segunda lectura el 31 de enero y en una definitiva tercera lectura el 1 de febrero, con el apoyo de 113 votos a favor y 69 en contra. Todos los diputados de los partidos de la coalición de Gobierno votaron a favor, excepto los del Partido del Centro, que podían votar en conciencia y que lo hicieron mayoritariamente en contra (13 votos contrarios y 12 a favor). En cuanto a los partidos de la oposición, todos sus representantes votaron en contra excepto los del Partido de la Coalición Nacional (26 votos favorables y 10 contrarios).
La Primera Ministra Sanna Marin
La socialdemócrata Primera Ministra Sanna Marin -que se describe a sí misma como una “familia arco iris”, ya que creció criada por dos madres– ha declarado anteriormente que la cuestión de los derechos de los transexuales es un “asunto muy importante” para ella y que estaba deseando que la legislación se aprobara en el Parlamento.
Según denuncia Kerttu Tarjamo, secretaria general de SETA, la más importante asociación LGTBI finlandesa, durante el proceso de aprobación de la reforma tuvo lugar una fuerte campaña contra la ley llena de retórica tránsfoba. «Dijeron que esto abriría las puertas para que los hombres cisgénero acosaran a las mujeres en los vestuarios o argumentaron sobre las prisiones», afirmó Tarjamo. Han seguido, pues, la tónica habitual para enfrentarse a los derechos de las personas trans en todo el mundo, desde la extrema derecha estadounidense al pseudofeminismo transexcluyente en España.
“La votación es el resultado de más de una década de campaña de los grupos de la sociedad civil y es un testimonio del compromiso de los activistas que han luchado largo y tendido -a menudo frente a una retórica tóxica- para ver este día.”
“Aunque esta nueva ley tendrá una repercusión enorme y positiva y constituirá un pilar importante para la no discriminación, todavía hay que hacer más”, continuó Pihlajamaa. “Excluir a los niños del reconocimiento legal de su sexo viola la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.
“Seguiremos pidiendo al gobierno que modifique la legislación en consecuencia para garantizar que hace avanzar los derechos de los niños”.
Voitto ihmisoikeuksille! #Translaki vahvistaa ihmisoikeuksia Suomessa. Seuraavaksi on turvattava lasten ja nuorten oikeudet!
Kiitos valtavasti kaikille lain puolesta äänestäneille ja vaikuttamista tehneille järjestöille ja yhteistyökumppaneille! pic.twitter.com/2LkmnSJyoE
En un comunicado, la organización finlandesa de derechos LGBTQ+ Seta declaró: “¡Victoria para los derechos humanos! #Translaki refuerza los derechos humanos en Finlandia. Ahora hay que proteger los derechos de los niños y los jóvenes”.
“¡Muchas gracias a todas las organizaciones y socios que han votado a favor de la ley y han influido!“.
Sasha Misra, directora asociada de comunicación de Stonewall, elogió la medida y declaró: “Es maravilloso ver que el gobierno y el parlamento finlandeses introducen un proyecto de ley de reforma del reconocimiento de género que garantiza un proceso seguro, respetuoso y digno de reconocimiento legal del género de una persona trans.
“Finlandia fue uno de los últimos países de Europa que exigía que las personas trans fueran esterilizadas antes de cambiar legalmente de género, pero ahora se ha unido a más de 30 países que ya han adoptado una legislación similar, aplicando prácticas internacionales de vanguardia respaldadas por las Naciones Unidas.
“El Gobierno del Reino Unido también debería reconocer la importancia de proteger y mejorar la vida de todas las personas LGBTQ+ y revocar su decisión de invocar la S.35 de la Ley de Escocia”.
Situación de partida
La normativa que estaba en vigor hasta la reforma era la Ley Trans de junio de 2002, que entró en vigor el 1 de enero de 2003, y que exigía lo siguiente para modificar el género registral:
Proporcionar evidencia médica de que él o ella siente permanentemente que él o ella pertenece al género opuesto y que él o ella está viviendo en el rol sexual correspondiente y que él o ella ha sido esterilizado o es infértil de otra manera.
Ser mayor de edad.
Ser ciudadano finlandés o tener permiso de residencia en Finlandia.
Reformas legislativas posteriores, de carácter puntual, aclararon que el tipo de pruebas médicas que se consideraban necesarias consistían en una evaluación y un diagnóstico psiquiátricos. La infertilidad causada por la terapia hormonal podía considerarse esterilización suficiente. Sin embargo, dentro del protocolo sanitario se exigía la recomendación de un psiquiatra del sistema público de salud para autorizar el tratamiento hormonal. Algunas personas trans que no consiguieron esa recomendación se vieron obligadas a someterse a esterilizaciones quirúrgicas en la medicina privada para que se les permitiera cambiar el género registral.
En el texto original, no se permitía el cambio de género registral a las personas casadas. Posteriormente, se permitió, pero con la autorización del cónyuge, dado que implicaría la disolución del matrimonio porque en aquellas fechas aún no se había aprobado el matrimonio igualitario. Cuando se aprobó, se eliminó ese requisito y solo se estableció que el cónyuge debía ser informado oficialmente del cambio registral.
Situación actual
Tras la reforma, los requisitos y protocolo a seguir para el cambio de género en la Agencia de Servicios de Datos Digitales y de Población son los siguientes:
Ser mayor de edad.
Ser ciudadano finlandés o tener un permiso de residencia.
Dirigir una solicitud de modificación del género registrado a la Agencia de Servicios de Datos Digitales y de Población, acompañada de una declaración del género al que se siente perteneciente permanentemente.
Trascurridos 30 días y antes de que pasen 6 meses, confirmar la solicitud.
Cumplidos esos requisitos, la Agencia de Servicios de Datos Digitales y de Población resolverá favorablemente, procediendo a cambiar el dato del género e informando a las personas solicitantes de los cambios que se producirán, como la emisión de un nuevo documento de identidad.
La reforma también ha establecido que se cambie la condición de padre o madre en los libros de familia, pero solo podrá hacerse a partir del 1 de marzo de 2024.
Sin embargo, la reforma solo ha afectado al cambio del género registral, sin que se haya modificado el protocolo a seguir para los tratamientos médicos que las personas trans requieran, aprobado en 2020. Esos protocolos dan prioridad a las terapias psicosociales, y no permiten el tratamiento hormonal o las cirugías de reasignación a menos que «la disforia asociada a la identidad de género sea persistente (mayor de 2 años), que la persona pueda describir de forma coherente cómo la disforia le perjudica en situaciones cotidianas y que pueda establecerse de forma fiable que la disforia perjudica su vida social o su carrera profesional o le causa un sufrimiento significativo». Hasta los 25 años, la terapia psicosocial será la opción casi exclusiva, permitiéndose algún tipo de tratamiento médico de manera excepcional y «caso por caso».
Aún con todas sus limitaciones, la apertura a la autodeterminación de género es un paso de gigante para los derechos trans en Finlandia.
Las autoridades de justicia establecieron el delito de feminicidio luego que su investigación determinara que “el crimen fue cometido por razones de género, misoginia, con indicios de humillación y denigración”.
Dayana tenía 18 años cuando fue víctima de transfemincidio en junio de 2021. Su cuerpo tenía golpes y heridas de arma de fuego. Un juez de control estableció una pena de 32 años de prisión por el delito de feminicidio a Luis Andrés Z. Lo hizo el 24 de enero, tras pruebas que aportó la Unidad Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual de la Fiscalía del Estado de Jalisco, un juez de control estableció una pena de 32 años de prisión por el delito de feminicidio a Luis Andrés Z.
Las autoridades de justicia establecieron el delito de feminicidio luego que su investigación determinara que “el crimen fue cometido por razones de género, misoginia, con indicios de humillación y denigración”.
De acuerdo a Unión Diversa de Jalisco (UDJ), organización que acompañó a la familia de Dayana, “este caso evidenció la misoginia, el machismo, la transfobia, el odio desmedido”.
Fascinación Jiménez, directora de UDJ, comentó a Presentes que esta no es la primera sentencia de feminicidio contra una mujer trans en Jalisco.
Además de la sentencia, el juez de control dictó una multa por 489 mil 325 pesos y medidas de reparación del daño. “Con esta resolución se hizo efectiva la justicia a las víctimas, directas e indirectas”, afirma la Fiscalía en su comunicado.
De acuerdo a la organización UDJ, la familia de Dayana siempre estuvo interesada en el pedido de justicia.
Existieron razones de género
Dayana salió de su casa para trabajar en un bar del municipio de Zapotlanejo. Su familia la buscó dos días hasta que la encontraron sin vida en un paraje, a más de 20 kilómetros de su lugar de trabajo, en Tonalá, Jalisco el 6 de junio de 2021.
De acuerdo a la Fiscalía, el feminicida de Dayana la golpeó, le disparó y abandonó su cuerpo en la vía pública.
Las autoridades de justicia determinaron que el crimen fue cometido por razones de género y en agosto de 2021 se ordenó la aprehensión por el delito de feminicidio al hoy responsable del transfeminicidio de Dayana.
De acuerdo al boletín de la Fiscalía, el resultado de esta sentencia fue tras aplicar el protocolo Nacional para las Instancias de Procuración de Justicia del País en casos que Involucra la Orientación Sexual e Identidad de Género así como del protocolo de feminicidio.
Si bien en Jalisco no existe la agravante de odio por orientación sexual e identidad de género en el delito de homicidio, el Código Penal determina en el delito de feminicidio que existen razones de género cuando “haya actos de odio o misoginia, haya indicios de humillación, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto en lugar público, cuando el sujeto actúe por motivos de homofobia (no menciona la transfobia)”, entre otras circunstancias.
Exigen acciones para prevenir la violencia
La organización Unión Diversa de Jalisco exige al Estado que haya “trabajo de prevención y acciones concretas en favor de la población de la diversidad sexual, en especial para las mujeres trans quienes padecen mayormente este tipo de violencias”.
Fascinación Jimenez, directora de UDJ, detalló a Presentes que las acciones “urgentes” que debe resolver el Estado son: “la tipificación de crimen de odio porque solo está como agravante, tipificación al discurso de odio que se traduce en este tipo de violencia extrema. Políticas públicas, porque no hay nada para mujeres de la diversidad y en general para el colectivo LGBT+. Rehabilitación y tratamiento para hombres violentos y machistas; y campañas de prevención en medios de comunicación”.
Ya han tenido lugar en Rusia las primeras repercusiones por la aplicación de la ley que castiga la llamada «propaganda» de la homosexualidad y las identidades trans en todos los ámbitos, promulgada el pasado 5 de diciembre por el presidente Vladimir Putin. Aprobada por ambas cámaras del Parlamento ruso por unanimidad, la nueva ley prohíbe cualquier manifestación, información o creación que muestre «relaciones no tradicionales» de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans son castigados con fuertes sanciones. De hecho, la ley supone la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se considera «agentes extranjeros» o traidores a la patria .
Museos cerrados, libros censurados, páginas web bloqueadas o espectáculos prohibidos. Son la consecuencia de la aplicación de la nueva ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales» vigente en Rusia desde el pasado 5 de diciembre. Se trata en realidad de una serie de enmiendas a la ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales ante menores», en vigor desde 2013, con el objetivo de hacer desaparecer del ámbito público cualquier referencia no derogatoria de la homosexualidad, bisexualidad o identidad trans.
Una ley aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas
El proyecto de ley fue anunciado por Alexander Khinshtein, presidente del Comité de Política de la Información, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma (o cámara baja del Parlamento ruso), en julio del pasado año. Todos los grupos parlamentarios lo apoyaron, presentándose como impulsores 400 de los diputados de la Duma. Fue sometido a votación en primera lectura en la cámara baja el 27 de octubre, siendo aprobado por unanimidad. El 24 de noviembre se volvió a votar en segunda lectura, alcanzando de nuevo el voto unánime de los 394 diputados presentes. El 2 de diciembre fue respaldada por todos los miembros del Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento), para finalmente ser promulgada por el presidente Vladimir Putin el día 5 del mismo mes. Para los activistas LGTBI, esta unanimidad de diputados y grupos parlamentarios es una muestra más de la falsa pluralidad del sistema político ruso y de su gobierno autocrático.
El significado de lo que se considera «propaganda» no se detalla en la ley, dejando en manos de los jueces, muy afines al Gobierno, una amplia interpretación del concepto. Queda prohibida cualquier expresión pública que sea positiva, o incluso neutra, de la homosexualidad, bisexualidad o realidades trans. Afecta a los medios de comunicación tradicionales; a las obras de carácter artístico (literatura, cine, teatro, espectáculos de todo tipo, televisión…); páginas web y redes sociales; y también a la reivindicación pública de los derechos LGTBI. Según algunos activistas, aunque quizás se permita la existencia de clubes o lugares de diversión frecuentados por personas LGTBI, la expresión de afecto en público, como besarse o caminar de la mano podrán ser declarados como «propaganda».
Como repercusión por la entrada en vigor de la ley, se han cancelado espectáculos de drag, se han publicado libros que tratan relaciones entre personas del mismo sexo con párrafos enteros tachados, las tiendas han eliminado de sus estanterías los libros con personajes LGTBI, se ha cerrado un museo dedicado a la historia de las reivindicaciones de las minorías sexuales, negocios dirigidos a estas minorías se han visto obligados a cerrar por no poder exhibir sus productos y varios grupos de defensa de los derechos LGTBI han decidido dejar sus actividades. Por su parte, el Roskomnadzor (organismo encargado de la vigilancia en las redes y calificado por algunos como «policía política») ha sido investido de un poder pleno para declarar el cierre de páginas webs o censurar las redes sociales sin necesidad de orden judicial.
Agentes extranjeros o traidores a la patria
The Sphere Foundation, la entidad legal que estaba detrás de la mayor organización LGTBI del país, Russia LGBT Network, que denunció las torturas y asesinatos de hombres homosexuales en Chechenia, fue denunciada en su día como «agente extranjero» por el Ministerio de Justicia. Con ello se perseguía el cierre de la organización, puesto que la denominación de «agente extranjero» se aplica a quienes colaboran con fuerzas del exterior para dañar o desprestigiar al Estado ruso. Es una definición que proviene del poder ejecutivo y no puede ser recurrida ante los tribunales. En Rusia, es el equivalente a «espía» o «traidor a la patria», términos de especial gravedad en la actual situación de guerra tras la agresión perpetrada contra Ucrania.
El 30 de septiembre, días antes de la presentación en la Duma del proyecto de ley, Vladimir Putin declaraba lo siguiente ante los medios de comunicación: «¿Realmente queremos, aquí en nuestro país, en Rusia, en lugar de “padre y madre”, tener “progenitor número 1, número 2, número 3”? ¡Se han vuelto totalmente locos! ¿Realmente queremos que en nuestras escuelas, en los grados elementales, se impongan a los niños perversiones que conducen a la degradación y la extinción? ¿Que se les inculque que, además de las mujeres y los hombres, existen supuestamente otros “géneros”? Si las élites occidentales creen que pueden adoctrinar a sus sociedades con extrañas tendencias novedosas como docenas de géneros y desfiles del Orgullo Gay, que así sea, que hagan lo que quieran. Pero lo que desde luego no tienen derecho a hacer es exigir a los demás que sigan en la misma dirección».
Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, declaraba lo siguiente al presentar el proyecto de ley: «Debemos hacer todo lo posible para proteger a nuestros hijos y a quienes quieren llevar una vida normal. Todo lo demás es pecado, sodomía, oscuridad y nuestro país lucha contra ello». Volodin invitó a los diputados de todas las facciones políticas a firmar como coautores del proyecto de ley. Ni un solo parlamentario se negó. El líder de la facción Rusia Justa, Sergey Mironov, explicaba su apoyo: «La propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales es una guerra. Es una guerra espiritual de información, una guerra ideológica».
El mayor propagandista del Kremlin, el presentador del programa más exitoso de la televisión pública rusa, Vladimir Solovyov, exponía el siguiente discurso ante una audiencia de decenas de millones de personas: «Lo que hicimos el 24 de febrero (fecha de la invasión rusa de Ucrania) fue un contraataque. Era necesario para repeler un genocidio ucraniano contra el pueblo ruso, contra los rusoparlantes, contra quienes no aceptan los valores LGBT y transgénero-nazis». Proseguía: «Y ahora todo el país debe apretar los dientes e ir a la guerra. Porque estamos en guerra no solo con esta escoria (ucraniana) y los maricones bajo su dominio, sino con toda la maquinaria satánica de Occidente».
Con este tipo de discursos de odio, de vejación y señalamiento públicos, deben convivir a diario las personas LGTBI rusas.
Lisa Morgan hablando en un mitin anti-trans en Newcastle (Twitter)
Una activista crítica con el género ha sido grabado por una cámara citando el Mein Kampf de Adolf Hitler en un discurso contra los derechos de las personas trans en una concentración antitrans en Newcastle.
Decenas de activistas antitrans se reunieron ante el monumento conmemorativo de 1914, situado en los jardines de la iglesia de Santo Tomás, en el centro de Newcastle, el domingo 15 de enero entre las 12 y las 14 horas.
También asistió un numeroso grupo de contramanifestantes -que ondeaban banderas del Orgullo, pancartas y gritaban cánticos a favor de la comunidad LGBTQ+- y que al parecer se concentraron frente al cercano edificio del Ayuntamiento de Newcastle, a unos 400 metros de distancia.
El acto formaba parte de la gira Let Women Speak (Dejemos hablar a las mujeres), de la conocida activista antitrans Posie Parker, y contó con la presencia de varios oradores críticos con el género que se dirigieron a la multitud, delante de una gran pancarta gris de “mujer humana adulta”.
Durante el acto, una oradora crítica con el género -que ha sido identificada como Lisa Morgan, presidenta del Gremio de Profesionales de la Hipnosis del Reino Unido (UKGH)- citó el manifiesto Mein Kampf de Adolf Hitler de 1925.
Dirigiéndose a la multitud, la hipnotizadora de 30 años dijo:
“Conozco el lenguaje y sé que esto [gestos a los contramanifestantes] se basa en algo que llamamos la gran mentira. “¿Conoces la gran mentira? La gran mentira fue descrita por primera vez por Adolf Hitler en Mein Kampf.
“La gran mentira es una mentira tan grande que la gente corriente como nosotros piensa: ‘Bueno, eso no puede ser una mentira porque yo nunca diría una mentira tan grande como esa. Sólo mentimos en cosas pequeñas’.
“La gran mentira, bueno, hay una gran mentira en marcha, y la empezaron los hombres a principios del siglo XX. Comenzó cuando tuvieron una fantasía erótica y decidieron que iban a vendernos la gran mentira – ¿y cuál es la gran mentira?
“La gran mentira es que las mujeres trans son mujeres. Pero no lo son, ¿verdad? Son hombres y lo sabemos”.
El término “gran mentira” fue acuñado por Hitler en Mein Kampf y el líder alemán lo utilizó como técnica para describir el comportamiento de los judíos. En concreto, acusó a los judíos de utilizar la “gran mentira” para desacreditar los esfuerzos de Alemania en la Primera Guerra Mundial y culpar de la pérdida del país al general Erich Ludendorff.
Existe la creencia generalizada de que esta técnica fue utilizada por los nazis como parte de su amplia propaganda para poner al pueblo alemán en contra de los judíos y justificar el Holocausto.
El uso de las palabras de Hitler por parte de Morgan se produce pocos días después de que la ministra del Interior, Suella Braverman, se enfrentara a Joan Salter, superviviente del Holocausto de 83 años, por su uso del lenguaje para describir a los refugiados. “Cuando les oigo utilizar palabras contra los refugiados como ‘enjambres’ e ‘invasión’, me acuerdo del lenguaje utilizado para deshumanizar y justificar el asesinato de mi familia y de millones de personas”, dijo Salter en el acto celebrado en Fareham (Hampshire). La Ministra del Interior se ha negado a disculparse.
Una contramanifestante, llamada Abbie, declaró que el uso de las ideas de Hitler por parte de los activistas antitrans le provocaba “rabia” tanto a ella como a la comunidad en general de Newcastle.
“¿Quién en su sano juicio cita a Hitler?”, dijo. Al mismo tiempo, Abbie alabó el sentimiento de comunidad que se respiraba en la contraprotesta.
Explicó: “Descubrí que la comunidad LGBTQ se unía realmente para apoyarse mutuamente en defensa de sus derechos.
“Fuimos ruidosos y orgullosos. La policía lo manejó todo muy bien. A nivel personal, me ayudó a encontrar mi voz para defender a mis amigos trans. Me alegro de haber podido apoyarlas”.
Un portavoz del Ayuntamiento de Newcastle dice que es “una ciudad segura y acogedora que celebra la diversidad y defiende la igualdad en todos los aspectos de la vida, al tiempo que no acepta ninguna forma de odio o discriminación.” Pero también afirma que defiende una sentencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos que otorga a los grupos el derecho a manifestarse. “Como esta manifestación tuvo lugar en un lugar público, el ayuntamiento no tenía autoridad para impedir que se llevara a cabo, independientemente de si los mensajes emitidos eran o no coherentes con nuestros propios valores”, añade.
Un hombre detenido en la protesta
Hubo una importante presencia policial en el acto, con unos 15 agentes situados entre los dos grupos. Una persona fue detenida, aunque la policía de Northumbria no pudo confirmar de qué bando era el individuo.
Un portavoz de la fuerza dijo: “Un hombre de 19 años fue detenido por alteración del orden público. Más tarde fue puesto en libertad”.
El director de Northern Pride, Ste Dunn, declaró: “El Orgullo del Norte se unió al gran número de personas y grupos comunitarios que se unieron para ahogar las voces de los manifestantes y oradores llenos de odio que acudieron a Newcastle para intentar causar malestar en la ciudad.
“Aunque nos decepciona que hayan considerado necesario hacerlo, estamos muy orgullosos de que se vieran superados en número por la multitud de personas que acudieron en apoyo de los derechos de las personas trans y se comportaron de forma pacífica y positiva.
“Newcastle y el noreste cuentan con un fuerte apoyo para toda la comunidad LGBTQIA+ y esperamos que el pequeño grupo de manifestantes se dé cuenta de ello y no vuelva nunca más”.
Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia y Rishi Sunak, primer ministro británico.
En una decisión sin precedentes, el Gobierno conservador británico ha decidido bloquear la ley escocesa de autodeterminación de género, recién aprobada por el Parlamento de Escocia. Es la primera vez, desde la entrada en vigor de la ‘Scotland Act’ de 1998, la histórica ley que devolvió a la nación escocesa su capacidad legislativa y que permite a los escoceses ejercer su autogobierno, que el Gobierno británico adota una decisión así. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha calificado la decisión como «ataque frontal a nuestro demócraticamente elegido Parlamento escocés». Una crisis constitucional de calado que muestra hasta qué punto la transfobia ha calado el tejido institucional británico.
La ley escocesa de identidad de género, aprobada definitivamente el pasado 22 de diciembre por 86 votos a favor, 39 en contra, ninguna abstención y 4 ausencias, permite a las personas trans mayores de 16 años ver reconocida su identidad de género tras presentar una autodeclaración firmada, sin necesidad de aportar ningún tipo de informe médico o psicológico ni de acreditar tratamientos quirúrgicos y/o hormonales previos. De esta forma, la ley despatologiza la transexualidad e implementa el principio de autodeterminación de género, que instituciones internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros, han reconocido ya y que diversos estados han implementado ya.
Aun así, la ley escocesa se han enfrentado a una dura oposición por parte del lobby transexcluyente, especialmente poderoso en Reino Unido: tanto el Partido Conservador como sectores significativos del Partido Laborista han asumido postulados contra el principio de autodeterminación de género, mientras que el activismo transodiante goza de gran predicamento en los medios de comunicación británicos y es defendido por personalidades de cierto prestigio social, como la escritora J. K. Rowling. La firmeza de una mayoría de diputados del SNP (Partido Nacionalista Escocés) y del gobierno de Nicola Sturgeon, en este sentido, han resultado fundamentales para que Escocia sí haya sido capaz de aprobar una legislación que supera la anacrónica ‘Gender Recognition Act’ aprobada en 2004 por el Parlamento británico y todavía vigente en Reino Unido, que sí obliga a las personas trans a tener un diagnóstico de «disforia de género» y a que un panel de «expertos» autorice o deniegue el reconocimiento legal de su género. La ley escocesa, eso sí, ha estado sometida a un escrutinio sin precedentes y ha tenido que introducir una serie de salvaguardas expresas para que solo se puedan beneficiar de ellas las personas nacidas o con residencia legal en Escocia y no interfiera con otras leyes británicas en materia de igualdad.
No ha bastado, sin embargo, con todas las salvaguardas incluidas expresamente en la ley. El Gobierno británico, a través de su secretario de Estado para Escocia, Alister Jack, ha anunciado su intención de aplicar por primera vez desde la devolución de poderes a Escocia la ‘Sección 35’ (una especie de artículo 155 a la británica…), que permite al Gobierno británico bloquear la entrada en vigor de una ley aprobada por el Parlamento de Escocia, y ha exigido a este reforma la ley. Una decisión que está en la línea de los postulados tránsfobos expresado en ocasiones anteriores por el primer ministro conservador, Rishi Sunak, pero que abre una crisis constitucional de consecuencias imprevisibles. «Se trata de un ataque frontal a nuestro democráticamente elegido Parlamento escocés y su capaidad de tomar sus propias decisiones sobre las materias que nos fueron devueltas. El Gobierno de Escocia defenderá la legislación junto al Parlamento de Escocia. SI este veto de Westminster tiene éxito, será el primero de muchos», ha expresado en Twitter la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon:
This is a full-frontal attack on our democratically elected Scottish Parliament and it's ability to make it's own decisions on devolved matters. @scotgov will defend the legislation & stand up for Scotland’s Parliament. If this Westminster veto succeeds, it will be first of many https://t.co/3WXrjyivvC
En la actualidad, la ley protege a las personas de la discriminación tanto por razón de sexo como de “reasignación de género”. En virtud de esta última, las personas trans están protegidas independientemente de que se hayan sometido o tengan previsto someterse a una transición médica, e independientemente de que dispongan o no de un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG), el documento por el que una persona puede cambiar su género legal.
Los cambios propuestos por Sunak pondrían en riesgo a las personas trans, en particular a las mujeres trans. “También significaría aclarar que la autoidentificación de las personas transgénero no tiene fuerza legal, lo que significa que las mujeres transgénero no tienen derecho legal a acceder a instalaciones solo para mujeres”, afirma el informe del Telegraph.
El informe también dice que Sunak planea otorgar a los padres mayores derechos en lo que respecta a las clases de Educación Sexual y de Relaciones (RSE) luego de las quejas a los padres se les ha negado el acceso a materiales sobre una variedad de temas, incluidos los materiales transgénero.
Un portavoz de Downing Street le dijo al periódico que proteger a las mujeres y las niñas es una prioridad para la administración del Sr. Sunak.
A raíz de esta noticia, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, tuiteó que “el nuevo primer ministro no debe ceder y renunciar a los derechos humanos de las personas trans”. Y agregó: “Los derechos trans deben ser protegidos”.
The new Prime Minister must not cave and surrender the human rights of trans people.
Y es que el historial de derechos LGBTQ+ del primer ministro no es alentador y lo acaba de demostrar con esta actuación de bloqueo a la ley escocesa… En una declaración reciente, Sunak prometió cumplir con el manifiesto de 2019 del Partido Conservador. Dicho manifiesto decía que el partido “combatiría enérgicamente el acoso y la violencia contra todos los grupos religiosos y contra las personas LGBT”.
Sin embargo, en la primera de las dos carreras recientes por el liderazgo Tory, se informó que Sunak quería lanzar un “manifiesto por los derechos de las mujeres” y tenía la intención de prohibir que las mujeres trans compitieran en categorías deportivas femeninas.
En junio, declaró que consideraría retirar al Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Además, Sunak ya ha realizado acciones cuestionables a los ojos de la comunidad LGBTQ+ como primer ministro con la reelección de Kemi Badenoch en su nuevo gabinete como Ministra de la Mujer y la Igualdad. Badenoch ha sido criticada repetidamente por comentarios anti-trans y hay informes de que ha detenido el trabajo para prohibir la práctica ampliamente desacreditada de la “terapia de conversión”.
El representante de la Iglesia de Escocia, David Bradwell, dijo que los líderes religiosos están “convencidos de la evidencia de que es necesario eliminar el diagnóstico médico”, según The Herald Scotland. “A la luz de los últimos 18 años de experiencia, creemos que es correcto que Escocia considere un nuevo enfoque del proceso, uno que ponga mayor énfasis en las necesidades pastorales y emocionales de la persona que solicita un Certificado de Reconocimiento de Género”, dijo Bradwell.
También señaló que eliminar la necesidad de un diagnóstico médico de disforia de género “reducirá el estrés y tendrá un beneficio psicológico para las personas que lo soliciten. Los largos tiempos de espera actuales en las clínicas de identidad de género del NHS significan que esperar un diagnóstico puede prolongar el período que alguien tiene que esperar para obtener un resultado”.
Si bien la iglesia parecía estar a favor de terminar con el requisito actual para un diagnóstico de disforia, Bradwell sugirió que los líderes estaban divididos cuando se trata de reducir la edad mínima para recibir un certificado de reconocimiento de género a 16 años.
La Ley de Reforma del Reconocimiento de Género (Escocia) “haría que la transición de género sea menos degradante, intrusiva y traumática”, según la Primera Ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. El proyecto de ley pasó una primera votación en el parlamento del país la semana pasada.
Antes del debate, los líderes de la iglesia escocesa reiteraron su oposición de años al proyecto de ley que, de aprobarse, ya no exigiría un diagnóstico de disforia de género para poder hacer la transición legalmente, reduciría el requisito de que las personas hayan “vivido” su identidad de género de dos años a tres meses, y reduciría la edad para las cirugías de afirmación de género de dieciocho a dieciséis años.
La Oficina Parlamentaria Católica de la Conferencia Episcopal Escocesa emitió una declaración sobre el proyecto de ley sugiriendo que “plantea serias preocupaciones sobre la seguridad, la salud y el bienestar de los niños y las personas vulnerables, y los espacios seguros para las mujeres y las niñas”. Los funcionarios de la iglesia dejaron en claro que se oponen a la legislación anterior que también permitía a las personas hacer la transición legal de género. Según Crux:
“La Oficina Parlamentaria Católica agregó que la propuesta del gobierno introducirá un sistema de autoidentificación, que permitirá a una persona cambiar su sexo legal sin la necesidad de un diagnóstico médico de disforia de género o tener que ver a un médico.
“‘Eliminar este requisito, y la importante supervisión médica que lo acompaña, inevitablemente reducirá la oportunidad de atención médica, apoyo y protección cruciales para las personas vulnerables, incluidos los niños’, dijo el documento.
“La Oficina también señaló que reducir la edad mínima de 18 a 16 años e introducir un sistema de autoidentificación pondrá a más niños y jóvenes en el camino de intervenciones electivas irreversibles, incluida la cirugía. . .
“El documento informativo también señaló que muchas organizaciones de mujeres han registrado su propia preocupación de que las reformas propuestas aumentarán los riesgos para la seguridad de las mujeres y las niñas”.
Sobre este último punto, los funcionarios de la iglesia dijeron que el proyecto de ley “aumentaría el riesgo de que los actores de mala fe se aprovechen del sistema propuesto”.
La votación en el parlamento escocés no estuvo exenta de polémica. De hecho, el tema de la igualdad transgénero ha perturbado la política en el Reino Unido en general. Sin embargo, lo más importante es que una votación inicial fue exitosa y las protecciones para los jóvenes trans avanzaron. Los líderes de la iglesia escocesa deberían reconsiderar las falsedades y los mitos en los que se basan sus argumentos contra el proyecto de ley. Pero, si eligen no hacerlo, al menos deberían considerar el daño que su oposición les hace tanto a las personas trans como a la iglesia, especialmente cuando es casi seguro que perderán esta pelea.
El Ministerio del Interior ha hecho público a inicios de este mes de octubre el informe sobre evolución de los delitos de odio en España a lo largo de 2021. Un documento que arroja resultados inquietantes. Globalmente, en 2021 se produjo un aumento del 5,63% de los delitos de odio respecto a 2019, lo que confirma la tendencia alcista de años precedentes (interrumpida solo el año 2020«por la pandemia de la covid-19», según el propio Ministerio reconoce). Especialmente preocupante resulta, sin embargo, el crecimiento de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, cuyo número no se había reducido en 2020 (277 en 2020, 278 en 2019) y que en 2021 se disparó un 68,2%, hasta alcanzar la cifra de 466. Porcentualmente, los delitos de odio por LGTBIfobia constituyen ya el 27% del total de delitos de odio en España.
El documento de Interior ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el año 2021. En este sentido, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.724 delitos de odio y 78 infracciones administrativas y otros incidentes.
Los delitos de odio contabilizados por Interior se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (11), aporofobia (10), creencias o prácticas religiosas (63), discapacidad (28), orientación sexual e identidad de género (466), racismo y xenofobia (639), ideología (326), por razón de sexo/género (107), por discriminación generacional (35), por enfermedad (21) y por antigitanismo (18). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio:
Como vemos, por número total de delitos registrados, el racismo y la xenofobia repite por segundo año consecutivo como la motivación principal, ocupando la orientación sexual e identidad de género el segundo lugar, si bien en en términos porcentuales el crecimiento de los delitos por LGTBIfobia es superior. En términos de crecimiento porcentual, solo el antisemitismo y la discriminación generacional superan a la LGTBIfobia, aunque con cifras absolutas muy inferiores.
La tendencia, lamentablemente, es clara.
Por lo que respecta al número de sucesos esclarecidos, en el caso de los delitos por LGTBIfobia ascendieron a 314 (el 67,4%).
Perfil de víctimas y agresores
En cuanto al perfil de las víctimas de delitos por LGTBIfobia, 398 fueron hombres (un 75%) y 132 mujeres (un 25%). Lamentablemente el informe no detalla el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans, lo que impide conocer con precisión el peso que el odio tránsfobo, especialmente azuzado en los últimos años desde diferentes sectores políticos y mediáticos, tiene sobre el total de delitos por LGTIfobia. Un aspecto que el informe debería corregir en próximas ediciones.
En cuanto a la edad, 68 víctimas eran menores, 136 tenían entre 18 y 25 años, 187 entre 27 y 40 años, 77 entre 41 y 50 años, 56 entre 51 y 65 años y 6 eran mayores de 65 años.
Por lo que refiere a los autores de delitos por LGTBIfobia, se identificaron como detenidos o investigados un total de 209 personas (176 hombres y 33 mujeres). 36 eran menores, 60 tenían de 18 a 25 años, 70 de 26 a 40 años, 24 de 41 a 50 años, 16 de 51 a 65 años y 3 eran mayores de 65 años.
Por lo que se refiere a las nacionalidades de víctimas y agresores, el informe no detalla los datos por motivación, aunque sí ofrece los datos globales. En este sentido, el 65,5% de las víctimas totales de delitos de odio eran de nacionalidad española y el 34,5% extranjeras, mientras que el 75,6% de los agresores eran de nacionalidad española y el 24,4% extranjeros.
Cataluña por delante en términos absolutos, País Vasco en términos relativos
De los 466 delitos de odio por LGTBIfobia contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 70 en Madrid y 65 en el País Vasco, las tres comunidades autónomas que repiten de nuevo el dudoso honor de ocupar este «podio» en cifras absolutas (si bien respecto a 2020 Madrid adelanta al País Vasco).
En términos relativos (número de incidentes conocidos por 100.000 habitantes) es el País Vasco el que ocupa la primera posición, por delante de Navarra y Madrid. Cabe discutir, por supuesto, si el número de delitos por comunidad es un reflejo real de su situación o si puede reflejar, al menos en parte, una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar o una mayor capacidad de detección.
La punta de un gigantesco iceberg
Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBIfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Así, según datos publicados en 2019 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solo el 21% de las personas que son víctimas de un ataque físico o sexual por ser LGTBI habían denunciado a la Policía o a alguna organización.
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Puedes descargar el informe completo de Interior correspondiente al año 2021 pinchando aquí.
Los jefes tradicionales de unos poblados de la zona oriental de la República Democrática del Congo condenaron a siete mujeres trans a ser convertidas en esclavas y trabajar como tales en los campos. La condena se produjo después de años durante los que las mujeres fueron objeto constante de vejaciones, agresiones sexuales e incluso mutilaciones, y tras ser amenazadas con ser quemadas vivas en una hoguera pública. Afortunadamente, las siete mujeres lograron huir y han sido acogidas por Rainbow Sunrise Mapambazuko, una organización de defensa de los derechos LGTBI que también ha tenido que abandonar su sede debido a las amenazas de muerte recibidas.
El activista congoleño Jérémie Safari, líder de la organización de defensa de los derechos LGTBI Rainbow Sunrise Mapambazuko, ha detallado la historia de siete mujeres trans que se vieron obligadas a huir de sus poblaciones por haber sido condenadas a la esclavitud tras años de agresiones y vejaciones. Las mujeres vivían en la región de Kivu del Sur, un emplazamiento en donde durante décadas ha habido enfrentamientos entre partidarios de la República Democrática del Congo y leales a la vecina Ruanda. La zona sigue supervisada por las tropas de Naciones Unidas en una misión de paz denominada MONUSCO.
Según relata Safari, las mujeres habían huido de Walumgu y otras poblaciones de los alrededores, y fueron reconocidas por un miembro de Rainbow Sunrise Mapambazuko en la zona de la capital de la región, Bukavu, cuando estaban siendo atacadas por unos jóvenes. Afortunadamente, pudo ofrecerles refugio en las dependencias de la organización, aunque el emplazamiento es provisional y precario porque ellos mismos tuvieron que huir de su sede en el mes de junio debido a las amenazas de muerte que estaban recibiendo.
Las mujeres contaron cómo durante años fueron maltratadas por sus vecinos, que las consideraban culpables de «transgredir las normas y costumbres locales y de vivir de forma antinatural. Se les acusaba de envenenar los campos, de hacer infecunda la tierra y, en general, de embrujar a la población». Por ello, sufrieron frecuentes vejaciones, insultos e incluso les arrojaron piedras. Pero la situación empeoró cada vez más hasta que fueron perseguidas, agredidas sexualmente y mutiladas. Algunos miembros de la comunidad de Walumgu reclamaron que fueran quemadas vivas en una hoguera pública, pero los jefes tradicionales de los poblados propusieron como alternativa el que fueran esclavizadas y trabajaran en ese estado en una parcela de dos hectáreas.
Después de cuatro días de estar sometidas a esclavitud, las siete mujeres lograron escapar y recorrieron a pie unos treinta kilómetros hasta alcanzar los alrededores de Bukavu, donde han sido acogidas por Rainbow Sunrise Mapambazuko.
Las siete mujeres son un ejemplo más de las vejaciones, agresiones y maltratos de los que son objeto las personas trans alrededor de todo el mundo.
La Comisión Europea ha anunciado hoy (15 de julio) su decisión de demandar al Estado húngaro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por aprobar una legislación que discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género. La Comisión considera que la ley «viola las normas del mercado interior, los derechos fundamentales de las personas (en particular, las personas LGBTIQ) y, en relación con esos derechos fundamentales, los valores de la Unión Europea».
Los antecedentes
En junio de 2021 el Parlamento húngaro aprobaba un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, una versión a la húngara de la conocida ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluía en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, acentuando aún más su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. El texto modificó varios artículos de las leyes sobre protección de menores, derecho de familia, educación y regulación de medios y publicidad. Así, por ejemplo, quedó prohibida la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Una muestra de ello fue la primera norma surgida de la aplicación de la ley, un decreto aprobado el pasado verano que ordenaba el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita», y que prohibía su venta, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.
La enseñanza escolar también se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género al alumnado. La educación sexual, en cualquier caso, ya solo puede ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando la puerta por ejemplo a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. En el terreno de los medios, la medida supone la remisión a la franja horaria del late night de cualquier serie o película que incluya alguna alusión o representación de personas LGTBI.
La respuesta de la Comisión Europea
A nivel europeo, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta política inicial fue prudente, por no decir tibia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró «muy preocupada por la nueva ley en Hungría» y aseguró que se comprobaría si la norma vulneraba la legislación comunitaria. «Creo en una Europa que acoge la diversidad, no en una que la esconde a nuestros hijos. Nadie debería ser discriminado por su orientación sexual», añadía en un tuit. Más contundente fue la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, que amenazó a Hungría con un recorte de los fondos europeos.
Sin embargo, también como suele suceder, la maquinaria europea, aunque pesada, acaba por entrar en funcionamiento y dar sus frutos. La decisión anunciada este viernes de llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la justicia europea constituye, de hecho, el último de una serie de pasos iniciados por la Comisión Europea con un procedimiento de infracción abierto el 15 de julio de 2021. En aquel momento, se emplazó a Hungría a despejar las preocupaciones de la Comisión en relación con la igualdad y la protección de los derechos de las personas LGTBIQ en ese país. Un año después, dado que Hungría no ha resuelto las incompatibilidad entre la ley y el derecho comunitario y agotados los pasos intermedios, la Comisión acude a al alto tribunal europeo.
Según la Comisión Europea, la ley húngara contiene disposiciones que no están justificadas sobre la base de la promoción del interés fundamental de «proteger a los niños» o son desproporcionadas para lograr el objetivo declarado. En concreto, la Comisión considera las restricciones que impone la ley incompatibles con la directiva de servicios de medios audiovisuales, la directiva de comercio electrónico, el tratado de libre prestación de servicios y la directiva de servicios, así como con el derecho a la protección de datos y la directiva sobre la transparencia del mercado único.
Asimismo considera que a legislación húngara viola de manera sistemática varios derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la vida privada y familiar, así como el derecho a la no discriminación. «Debido a la gravedad de estas violaciones, las disposiciones impugnadas violan también los valores comunes establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
Una legislación que no logró el aval de los ciudadanos en referéndum
Cabe señalar que la legislación por la que la Comisión Europea lleva a Hungría ante el TJUE fue sometida a referéndum por el Gobierno de ese país coincidiendo con las elecciones celebradas en abril. El resultado del referéndum no era vinculante y no implicaba ningún cambio legal sobre una ley ya vigente: se trataba, simplemente, de utilizar la LGTBIfobia de buena parte de los votantes del ultraconservador Viktor Orbán como una herramienta más de movilización.
La maniobra, en este caso, no le salió bien a Orbán. Las organizaciones LGTBI húngaras llamaron a la ciudadanía a emitir su voto en el referéndum pero invalidando la papeleta, impidiendo así que se alcanzase el mínimo del 50% de votos emitidos válidos para a su vez considerar válido el resultado (fuese el que fuese). Debían alcanzarse, en concreto, en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral húngaro asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, el número de votos válidos rondó los 3,9 millones, mientras que el número de votos inválidos superó la cifra de los 1,7 millones. Una derrota simbólica que no impidió que la ley siga en vigor, pero sí que supuso un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento con la Comisión Europea.
“Las personas trans, categorizadas aún como ‘enfermas’ en la OMS, tiene el doble de probabilidades de ser sometidas a ‘terapias de conversión’ que las personas cis. La personas homosexuales hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan sólo tres años”
“A pesar de las carambolas para no hacer expresa su LGTBIfobia, es claro que nuestras identidades siguen estando vistas por la oficialidad e institucionalidad de la Iglesia como moralmente reprobables”
“En el proceso de documentación que he llevado a cabo sobre las ‘terapias de conversión’ he encontrado casos de desnudez grupal forzada, castidad forzada por periodos de hasta 270 días, prácticas aversivas, realización de ritos como entierros simulados o exorcismos… en España, estos grupos remiten a las víctimas que ‘no avanzan’ a psiquiatras que les prescriben medicamentos inhibidores del deseo sexual. Es decir, se les medica para castrarles forzadamente
“La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de ‘terapias de conversión’ son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución. Además, Obispos –como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge, colaboran”
“Tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios”
“La Ley Trans y LGTBI no se ha aprobado todavía ni se sabe si se llegará a aprobar antes de que termine la legislatura. El problema de esta Ley es que hay una ausencia de capacidad por parte de las autoridades autonómicas para investigar e imponer sanciones contra estas práctica. Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, tres resoluciones. Dos de 2020 y una de 2021”
“Desde No Es Terapia exigimos al Congreso una modificación del Código Penal que criminalice las terapias de conversión, tal como se ha hecho en 44 jurisdicciones, entre las que se incluye Francia, Malta o Alemania”
“La Iglesia tiene una doble responsabilidad. En España, los principales perpetradores de ‘terapias de conversión’ son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución“. Saúl Castro es abogado y fundador de NoesTerapia, asociación que lucha contra estas terapias, que el Gobierno pretende ilegalizar con su ley del ‘No es no’.
“Además, Obispos como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge, colaboran”, asegura en esta entrevista.
️ Las terapias de conversión siguen existiendo en pleno siglo XXI en España.
️ #SaúlCastro ha llevado a cabo una investigación durante tres años sobre esta práctica.
– Pues desgraciadamente, en muchas partes del mundo e, incluso en España, la respuesta es sí. No hemos de olvidar que parte de nuestra comunidad sigue estando patologizada, no sólo en el acceso al reconocimiento de su identidad de género, sino también en las clasificaciones de enfermedades mentales. Tanto es así que el CIE-11 de la OMS, adoptado en 2019, sigue considerando a las personas trans como personas con “condiciones relacionadas con la salud sexual”, por lo que sólo se ha producido su despsicopatologización, pero no dejan de estar categorizadas como personas “enfermas”. De hecho, la fiscalización y policía institucional que se hace de las identidades trans es lo que determina que, estadísticamente, estas tenga un doble de probabilidades de ser sometidas a “terapias de conversión” que las personas cis, dado que tienen que ser propios profesionales de la salud quienes certifiquen y validen su identidad, lo que abre espacios para que los perpetradores de estos abusos actúen con mayor impunidad.
Con respecto a la orientación sexual, hemos dejado de ser completamente enfermos hace tan sólo tres años, ya que con la modificación del CIE-11 se eliminó la patologización de la “homosexualidad egodistónica”, que era aquella dolencia consistente en el rechazo a la orientación sexual propia y el deseo de modificarla, y que empleaban muchos profesionales para tratar médicamente a “homosexuales que querían dejar de serlo”.
Y bueno… en relación con el pecado, pues no se ha avanzado mucho realmente. El Catecismo de la Iglesia indica en sus párrafo 2357-59 que “las personas homosexuales están llamadas a la castidad” debido a que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural y no pueden recibir aprobación en ningún caso”. Tal como señala la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1986, “la particular inclinación de la persona con atracción sexual hacia el mismo sexo, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral”. Por tanto, a pesar de las carambolas para no hacer expresa su LGTBIfobia, es claro que nuestras identidades siguen estando vistas por la oficialidad e institucionalidad de la Iglesia como moralmente reprobables.
– En el libro desentrañas las terapias de conversión. ¿En qué consisten? ¿Qué prácticas son las más aberrantes?
– No existe una definición estandarizada y común de las “terapias de conversión” ni a nivel internacional ni nacional. Desde la Asociación, y a nivel personal, las definimos poniendo en el centro su finalidad, es decir, el hecho de que todas las “terapias de conversión” se caracterizan por el objetivo común de querer modificar o anular la identidad y/o expresión de género de las personas contra las que se dirigen, así como su orientación sexual, para «acomodarlas» a los cánones cisheteronormativos imperantes en nuestras sociedades. Tal como afirma el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la ONU, “todas las “terapias de conversión” comparten la premisa de que la orientación sexual y la identidad de género pueden ser extirpadas —expulsadas, curadas o rehabilitadas—, como si fueran algo ajeno a la persona, lo que constituye una visión sumamente inhumana de la existencia”.
En el proceso de documentación que he llevado a cabo, he encontrado casos de desnudez grupal forzada, la castidad forzada por periodos de hasta 270 días, realización de ejercicios “biodinámicos” –consistentes en dar golpes y gritos para liberar energía–, prácticas aversivas –como ponerse una goma elástica en la muñeca y golpearse con ella cuando se sentía deseo sexual–, rezo continuado y del rosario en los momentos de mayor deseo sexual, empleo de técnicas de reprocesamiento traumático como el EMDR–ya que parten que la diversidad sexual y de género es fruto de traumas que hay que sanar–, abrazo-terapia, logopedia, terapia hablada, estudio de textos acientíficos sobre la orientación sexual y la posibilidad de modificarla, realización de ritos como entierros simulados o exorcismos, así como control diario a través de aplicaciones de mensajería y telefonía como Telegram.
Hay que destacar que el funcionamiento de estos grupos se centra en separar a las víctimas de sus círculos familiares y de amistad, para que dependan emocional y socialmente de los grupos de “itinerantes” y de la propia organización. Les asignan grupos de compañeros, orientadores o supervisores, que les monitorean diariamente, obligándoles a escribir tres veces al día por los chats y exigiéndoles que contacten inmediatamente al grupo cuando tengan deseos sexuales no heterosexuales. También les requieren que asistan a quedadas semanales en las que practican deporte, van a bares o al cine, con el objetivo de afianzar relaciones de “masculinidad sana”. Al integrarles de una forma tan completa en estos grupos, las víctimas cortan lazos con el resto de círculos y los perpetradores se aprovechan de ello para mantener un control leonino sobre ellas, así como para chantajearlas con el ostracismo en el caso de que no progresen adecuadamente.
Finalmente, en España, estos grupos también remiten a aquellas víctimas que “no avanzan en su recuperación de la cisheterosexualidad” a psiquiatras con los que colaboran. Estos, tras realizarles una suerte de cuestionarios que no están avalados por la práctica clínica, les diagnostican el origen de su homosexualidad, bisexualidad o identidad de género no cis, y les prescriben medicamentos para otras dolencias –generalmente para tratar trastornos bipolares, esquizofrenia o epilepsia–, entre cuyos efectos secundarios se encuentra la reducción o eliminación de la lívido. Es decir, se les medica para castrarles forzadamente.
– ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en estas prácticas?
– La Iglesia tiene una doble responsabilidad que, desgraciadamente, está ignorando de forma deliberada. En España, los principales perpetradores de “terapias de conversión” son agrupaciones de fe vinculadas a la Iglesia católica, aunque no están oficialmente reconocidas por esta institución. En concreto, estos grupos se llaman “Es Posible la Esperanza” y “Verdad y Libertad”, operando en distintas regiones de España y con muchas sedes organizadas jerárquica y estructuralmente.
Por un lado “Es Posible la Esperanza” o EPE fue fundada y es coordinada por Santiago Olmeda Sánchez – capellán del Convento Carmelitas Descalzas de Ruiloba en Cantabria– y por Belén Vendrell Sahuquillo –colaboradora del Centro Diocesano de Orientación Familiar Regina Familiae de Alcalá de Henares y mano derecha del obispo de Alcalá. En 2015, EPE remitió un dossier de 450 páginas a todos los Obispos españoles y otro con unos 118 testimonios de víctimas a la Santa Sede para solicitar que, de forma institucional, se impartieran “Itinerarios de Maduración Integral” para salir de la Atracción sexual al Mismo Sexo no deseada en todos los Centros Diocesanos de Orientación Familiar (COF) y en los Seminarios. Es decir, desde la institucionalidad se conoce que estas prácticas se llevan a cabo y, a pesar de ello, no se han puesto barreras para cortarlas de raíz.
No sólo eso, sino que diferentes personalidades de la Iglesia, obispos –como Juan Antonio Reig Pla, Pablo Ormazabal Albistur, José Ignacio Munilla Aguirre, Mario Iceta Gavicagogeascoa, Demetrio Fernández González o Manuel Sánchez Monge–en connivencia con seglares al frente de los diferentes COF –como José María Gea Rosat, Federico Mulet Valle, Isabel Lacruz Silvestre o Marisa Vendrell Sahuquillo– han promocionado los itinerarios ofrecidos por EPE, “acompañado” a personas en su proceso de maduración de la masculinidad/feminidad, captado a potenciales itinerantes y participado en las convivencias periódicas que se hacían en esta asociación, así como fungido como orientadores y miembros de los grupos de apoyo.
Por otro lado, está el caso de Verdad y Libertad (VyL), que es quizás todavía más sangrante. Esta agrupación, fundada en 2013 por Miguel Ángel Sánchez Cordón –un pediatra granadino actualmente jubilado– y Alberto López –que se desligó de la misma en 2015 y lucha contra las terapias desde entonces– ha sido abiertamente investigada por la Santa Sede en el año 2020. En diciembre de dicho año, el cardenal Beniamino Stella remitió un informe, que no se ha hecho público, a la Congregación para el Clero en el que concluía que “un grupo de 6 o 5 obispos” –entre los que se incluyen Xavier Novell i Gomà, Arturo Pablo Ros Murgadas o Francisco Javier Martínez Fernández– habrían colaborado en sus retiros, compartiendo su testimonio y derivando a jóvenes y adultos a las “terapias” que se practicaban en el seno de VyL.
En abril de 2021, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española abordó este tema y el informe, limitándose a destacar que VyL no es una organización reconocida por la Iglesia y a animar a “quien se considere afectado o víctima que denuncie por la vía civil, porque desde el punto de vista canónico no se puede frenar lo que hacen”. Es decir, al igual que en el caso de los abusos sexuales a menores en la Iglesia, esta institución se ha desmarcado sin cesar a ningún miembro del clero ni publicar los informes y las investigaciones llevadas a cabo.
Junto a estos miembros de la Iglesia, operan otros sacerdotes de diferentes diócesis y parroquias como la Parroquia de San Mateo Apóstol, la de San Leandro Obispo, la de San Carlos Borromeo de Ontinyent, la de la Sagrada Familia de Torrent, la de la parroquia de S. Pío X de Algemesí o la de Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla. No sólo eso, sino que en VyL, para poder acceder a los grupos e iniciar el itinerario de 270 de castidad, Miguel Ángel obligaba a los futuros itinerantes a asistir durante 6 u 8 semanas a sesiones de “terapia psicológica” con Lourdes Illán Ortega o con Juan Mayo, quienes hacían un test para evaluar la herida de los pacientes y trabajaban fichas, por un “módico” precio de 60 euros/sesión.
Así mismo, tanto el Opus Dei como el Camino Neocatecumenal han colaborado con ambas organizaciones, remitiendo a jóvenes LGTBIQA+ a estos itinerarios, así como a conocidos psiquiatras ultra-conservadores como Aquilino Polaino o Enrique Rojas, que de acuerdo con el testimonio de estas víctimas, prescriben fármacos, previo pago de tarifas de entre 100 y 200 euros/sesión, pautados para tratar enfermedades y trastornos mentales graves como la bipolaridad, esquizofrenia o la epilepsia.
️ Las terapias de conversión siguen existiendo en pleno siglo XXI en España.
️ #SaúlCastro ha llevado a cabo una investigación durante tres años sobre esta práctica.
– El Gobierno está a punto de aprobar la ley que prohibirá las terapias de conversión.
– Bueno, realmente la Ley Trans y LGTBI no se ha aprobado todavía ni se sabe si se llegará a aprobar antes de que termine la legislatura. Lo que ha sucedido es que el Consejo de Ministros a aprobado el Anteproyecto de Ley Trans y LGTBI y ha acordado registrarlo como Proyecto de Ley ante el Congreso, comenzándose ahora el procedimiento de tramitación parlamentaria y pudiendo modificarse el texto mediante enmiendas.
Con respecto a la ley, el problema es que replica un modelo desfasado, inútil e inefectivo, ya que impone un prohibición genérica de “practicar terapias de conversión” y establece un régimen sancionador en el que se pena con multa a quienes las practiquen o las promuevan. Este régimen no es nuevo, sino que, en la actualidad, 8 Comunidades Autónomas –la Comunidad de Madrid,Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón, la Región de Cantabria, Canarias, La Rioja y Castilla La Mancha– ya tienen un sistema sancionador. Sin embargo, en los seis años en que se han ido adoptando y entrando en vigor estas normas autonómicas, no se ha investigado ni sancionado firmemente ningún caso de práctica o promoción de “terapias de conversión”, a pesar de las numerosas denuncias interpuestas ante los órganos administrativos competentes, así como de los reportajes que han salido a la luz en los últimos años. Esto se debe a varios factores:
Por un lado, hay una ausencia de capacidad por parte de las autoridades autonómicas para investigar e imponer sanciones contra estas prácticas, que deriva de una imposibilidad competencial de ordenar la práctica de diligencias de investigación para esclarecer hechos, como la práctica de “terapias”, que no trascienden a la esfera pública, se lleva a cabo en locales privados de la Iglesia y se capta a las víctimas por redes de contactos y clientelares. Ello se debe a que, para la intervención de comunicaciones, entrada y registro de instalaciones; así como incautación de diferentes materiales, es necesaria la intervención judicial.
Paralelamente, los procedimientos de naturaleza sancionadora se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, sin reconocer ningún derecho a las víctimas o a la sociedad civil más allá de conocer la decisión de sobre la iniciación del procedimiento o el archivo de las denuncias. Ello impide que las víctimas o la ciudadanía pueda participar efectivamente en la investigación de estos abusos, y abre la mano a que los órganos competentes no actúen con el celo necesario, limitando las posibilidades de que rindan cuentas por su inacción. Por ejemplo, el único caso de “terapias de conversión” que fue sancionado, en septiembre de 2019, fue anulado por el 13 de julio de 2021, por la sentencia núm. 898/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se indicaba que la Comunidad de Madrid había tardado más de 31 meses en instruir el procedimiento vulnerando los derechos de la sancionada, actuando de forma fraudulenta.
Análogamente, el 5 de noviembre de 2021, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social acordó no iniciar un procedimiento sancionador, tras 31 meses de espera, contra el Obispado de Alcalá alegando que sólo disponía de pruebas obtenidas sin el consentimiento de los infractores. A la sociedad civil, nos notificaron esta decisión en mayo de 2022, cuando ya habían prescrito las infracciones. Este hecho, deja entrever que el modelo de tutela administrativa de estos abusos se queda absolutamente corto ya que las autoridades competentes no tienen facultades para ordenar la práctica de diligencias de investigación necesarias, para las que sería necesario contar con la intervención de un órgano judicial.
Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, las resoluciones sobre las denuncias interpuestas en 2020 contra las comunidades evangélicas que hacían exorcismos en Madrid para “expulsar la homosexualidad” así como contra una coach madrileña que ofrece un curso online titulado “Camino a la heterosexualidad”; Hasta la fecha, todavía siguen pendientes, tras más de dos años de espera, las resoluciones sobre las denuncias interpuestas en 2020 contra las comunidades evangélicas que hacían exorcismos en Madrid para “expulsar la homosexualidad”. Así mismo, ni el Govern de la Comunidad Valenciana ni la Junta de Andalucía han actuado contra la asociación Verdad y Libertad, a pesar de que se han denunciado estos hechos.
En segundo lugar, las sanciones que llevan aparejadas las infracciones de terapias de conversión no son eficaces ni disuasivas para los perpetradores. En el caso de Elena Lorenzo de septiembre de 2019, esta “coach de identidad” que diagnostica Trastorno Obsesivo Compulsivo Homosexual y promete curarlo a través de su web profesional, esta señora fue sancionada con una multa de 20.001 euros –anulada posteriormente. La cuantía de esta multa fue recaudada en menos de dos semanas a través de una campaña de crowdfunding orquestada por Hazte Oir. Elena Lorenzo nunca cesó, y continúa a día de hoy, ofreciendo estos servicios previo pago de 80 euros/sesión.
Por tanto, el empleo de sanciones exclusivamente económicas para frenar a unos perpetradores apoyados por redes influyentes y con gran capital económico, no es eficaz, suficiente ni útil.
En tercer lugar, el contexto criminológico en el que se producen y perpetran las “terapias de conversión” en España determina que las víctimas tarden muchos años en decidir ejercer acciones o visibilizar la violencia a la que han sido sometidas. Diversos estudios, como el titulado “Conversion Therapy and LGBT Youth” y publicado por el Williams Institute, indica que más de la mitad de las víctimas de “terapias de conversión” las sufren durante su minoría de edad.
Paralelamente, el estudio “The Global State of Conversion Therapy. A Preliminary Report and Current Evidence Brief”, de la LGBT Foundation, señala que sólo una de cuatro víctimas se somete a terapias de conversión sin coacciones de su entorno y que, entre las restantes, un 22% asiste por presión familiar, un 11% por recomendación de su comunidad/líderes religiosos y hasta un 17,5 % por insistencia de profesionales de la salud, autoridades educativas o de sus propios empleadores. Este contexto victimológico determina que las víctimas no tengan posibilidad ni incentivos para denunciar ante las autoridades administrativas y sufrir un procedimiento que las revictimice y las aísle de sus entonos.
Finalmente, los tipos penales existentes –estafa, intrusismo profesional, delitos contra los consumidores o el delito de lesiones– no cubren suficientemente los contextos en que se dan estas prácticas y sólo se centran en las consecuencias de las conductas materiales, ignorando lo criminalmente reprobable de las ‘terapias de conversión’ en sí. Es decir, su objetivo tendente a la eliminación y represión de la identidad y de la diversidad sexual y de género.
Es por todo esto que desde No Es Terapia exigimos ahora a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que modifiquen el Código Penal, creando un tipo delictivo autónomo que criminalice la práctica de terapias de conversión, tal como se ha hecho en 44 jurisdiccionesentre las que se incluye Francia, Malta, Alemania, Canadá, Nueva Zelandia, Ecuador o diferentes Estados Mexicanos.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
Un jurado popular ha declarado culpable de homicidio al acusado de matar a Iratxe Otero, una mujer trans de 29 años, en diciembre de 2020 en Arona (Tenerife). Se enfrenta ahora a una pena de cárcel de entre doce años y medio (la que solicita la Fiscalía) y quince años (la que solicita la acusación particular), que será decidida por el juez.
Según informa el tinerfeño Diario de Avisos, para la decisión del jurado resultaron claves las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial Chaparral, en la barriada de Costa del Silencio de Arona, donde fue encontrado el cádaver de la mujer, y que mostraban al acusado arrastrando su cuerpo. En el momento de su detención, horas después de ser hallado el cadáver, el ahora declarado culpable presentaba además heridas compatibles con los intentos de defensa de Iratxe Otero antes de morir estrangulada. El jurado descartó el atenuante de alcohol y drogas que la defensa del acusado había esgrimido durante el juicio.
Durante la semana del juicio, el alcalde socialista de Arona, José Julián Mena, Mena se reunió con la familia de la joven trans asesinada. La reunión se realizó con el claro objetivo de reiterar a la familia de Iratxe Otero la solidaridad del pueblo de Arona.
Como contamos en su momento, el cádaver de Iratxe Otero, de origen colombiano, fue encontrado en la madrugada del sábado 26 de diciembre de 2020 en un pasillo del centro comercial Chaparral en avanzado estado de descomposición. Antes habría permanecido en un club de karaoke del centro comercial antes de ser trasladado a la zona común. La noticia del hallazgo del cádaver recibió en un primer momento un inadecuado trato mediático, ya que la Guardia Civil, en la información inicialmente trasladada a los medios, se refería a la mujer que finalmente fue identificada como Iratxe Otero en masculino, circunstancia que mereció la condena de activistas y colectivos trans.
Asesinatos de personas trans en España
Precisamente el asesinato de Iratxe Otero fue el que hizo que España apareciese de nuevo en 2021 en la macabra lista de países en los que se han registrado asesinatos de personas trans y género-diversas, según el registro que cada mes de noviembre hace público Transgender Europe con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans.
Nuestro país, de hecho, acumula 14 víctimas en este registro desde enero de 2008. Los nombres más recientes incluidos en este listado, aparte de los de Iratxe Otero, han sido los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife y que aparece en ellistado de 2017 (recordemos, además, que en este caso un jurado popular absolvió al único acusado); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el listado de 2020. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática.
El ultraconservador Viktor Orbán ha vuelto a imponerse en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar este domingo en Hungría. Sin duda, una mala noticia para los ciudadanos LGTBI de ese país. Sin embargo, la jornada electoral nos deja una noticia prometedora: el referéndum homófobo y tránsfobo que Orbán había convocado con objeto de conseguir el refrendo público de sus medidas contra la población LGTBI y sacar pecho ante la Comisión Europea ha fracasado, al no haber obtenido el número mínimo de votos válidos.
El referéndum se articulaba en torno a cuatro preguntas: «¿Apoya la enseñanza de la orientación sexual a menores de edad en las instituciones de educación pública sin el consentimiento de los padres?», «¿Apoya la promoción de las terapias de reasignación de sexo para niños menores de edad?», «¿Apoya la exposición de los niños menores de edad a contenidos sexualmente explícitos que puedan afectar su desarrollo?» y «¿Apoya que se difunda en medios contenido sobre cambio de sexo a menores?». Al margen de lo tramposo de las preguntas, su objeto no era otro que el de sacar músculo ante la Comisión Europea y vender que las recientes leyes anti-LGTBI cuentan con el respaldo masivo de la población húngara.
La convocatoria del referéndum había sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, que sin embargo se mostraban esperanzadas por algunos datos que muestran que la retórica anti-LGTBI de Orbán no cuenta con el respaldo mayoritario de la población húngara. Desde ILGA-Europa, por ejemplo, se recordaba el pasado viernes el récord de asistentes al Orgullo de Budapest en julio pasado, cuando unas 35.000 personas marcharon por las calles de la capital húngara en favor de los derechos LGTBI. También recordaba que según una encuesta representativa encargada por Amnistía Internacional y la Sociedad Háttér y realizada por la agencia Medián entre el 13 y el 19 de julio de 2021, el 73% de los húngaros rechaza la idea, promovida por el Gobierno de Orbán, de que las personas LGTBI abusan o dañan a los niños. Una clara mayoría (74,5%) creía además que las personas transgénero deberían modificar su género y nombre en los documentos oficiales, mientras que el 59% apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.
De hecho, las organizaciones LGTBI húngaras se mostraban esperanzadas de que el referéndum fracasaría, al no ser capaz de alcanzar el mínimo del 50% de votos emitidos válidos. Para conseguir ese objetivo, llamaban no a votar no o a abstenerse, sino a invalidar su papeleta de voto en el referéndum. Así ha sido: para conseguir que el referéndum fuese válido, debían alcanzarse en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, al 96% del escrutinio, el número de votos válidos se encontraba en torno a los 3,4 millones, muy lejos del umbral necesario. 2,7 millones habían votado «no» a las 4 preguntas, mientras que el número de votos inválidos superaba el millón y medio.
Cabe precisar que el fracaso del referéndum no impide que la ley siga en vigor, pero sí que supone un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento, en esta materia, con la Comisión Europea.
Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado
El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.
Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.
Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.
Una filtración a la prensa ha permitido conocer la marcha atrás del Gobierno de Boris Johnson en su anunciada intención de prohibir las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género, cediendo así a la presión de los sectores ultraconservadores y del activismo transexcluyente. No obstante, según las informaciones más recientes y después de la ola de indignación que la decisión ha levantado, Johnson habría optado en las últimas horas por una prohibición parcial, que afecte solo a la orientación sexual pero no a la identidad de género, dejando desprotegidas a las personas trans y no binarias. Una decisión discriminatoria a la que no son ajenas las activas campañas de movilización del activismo transexcluyente británico, que de la mano de personajes como la escritora J.K. Rowling han alcanzado gran difusión en los medios de ese país.
La intención de promover la prohibición de las pseudoterapias reparadoras fue incluida el pasado año en el discurso de la reina, en el que el Gobierno británico esboza su agenda legislativa, lo cual le dotaba de un cierto carácter vinculante después de que iniciativas anteriores hubieran fracasado. Se anunciaba, además, después de conocer el resultado de una encuesta nacional, que abarcó a 108.000 personas LGTB, y que reveló que a un 5% se le habían ofrecido estas pseudoterapias y un 2% se había sometido a ellas. Sin embargo, los meses han pasado y pese a la presión de los colectivos LGTB la propuesta no solo no ha tomado forma, sino que ha sido de objeto de críticas, no solo las esperables de los sectores ultraconservadores temerosos de que la nueva legislación afectase a la «libertad religiosa», sino del cada vez más influyente lobby transexcluyente, que ha conseguido una gran presencia en los medios de comunicación británicos y que cuenta con la implicación activa tanto de militantes TERF que se niegan a reconocer como mujeres a las mujeres trans como de celebridades como la escritora J.K. Rowling. El activismo transexcluyente, recordemos, ha hecho de los ataques a la infancia y a la adolescencia trans uno de sus ejes discursivos, y se opone radicalmente a la normalización de la realidad trans en menores.
Hace solo un par de días, de hecho, la cadena ITV hacía público un documento interno del Gobierno, al que tuvo acceso gracias a una flitración, en el que se sentaban las bases para anunciar la renuncia al proyecto en el próximo discurso de la reina, una renuncia que se argumentaría en base a la necesidad de establecer nuevas prioridades en la política legislativa en el actual contexto de guerra en Ucrania y elevación de los precios. La exclusiva de ITV levantó una gran polvareda, no solo entre los colectivos LGTB, sino incluso en el seno del grupo parlamentario conservador, algunos de cuyos miembros habían apostado por este proyecto como una forma de demostrar la cercanía del Partido Conservador a los derechos LGTB. Diputadas conservadoras como Alicia Kearns o Dehenna Davison, por ejemplo, exigían públicamente que la legislación se aprobase.
Tal es así que apenas unas horas después de conocerse la filtración, el periodista de ITV Paul Brand, responsable de la exclusiva, aseguraba que fuentes del Gobierno de Johnson le aseguraban que se continuaría adelante con el proyecto, y que así se anunciaría en el discurso de la reina, pero que solo incluiría la prohibición de este tipo de intervenciones referidas a la orientación sexual, y no a la identidad de género, dejando desprotegidas a las personas trans:
🚨 U-TURN ON THE U-TURN 🚨
The Prime Minister has changed his mind off the back of the reaction to our report and he WILL now ban conversion therapy after all.
Senior Govt source absolutely assures me it’ll be in Queen’s Speech.
De hecho, aunque las nuevas intenciones del Gobierno de Johnson aún no se han explicitado de forma oficial, parece que ya han sido transmitidas por fuentes gubernamentales a otros medios británicos, como la BBC, que ya dan por el hecho el giro tránsfobo.
Desde las organizaciones defensoras de los derechos LGTB se considera que no puede haber prohibición de las «terapias» de conversión que deje fuera a las personas trans. Desde Stonewall, la mayor organización LGTB británica, que llevaba meses alertando del riesgo de que las personas trans quedasen desprotegidas, hacen un llamamiento a continuar la presión sobre los diputados para que se apruebe una prohibición completa. Antes de conocer el último giro de los acontecimientos, hacían además un llamamiento a los parlamentos de Gales y Escocia para que, si las intenciones de Boris Johnson se confirmaban para Inglaterra, al menos en sus territorios implementasen la prohibición.
***
El pasado febrero, Israel prohibía las terapias de conversión para miembros de la comunidad LGTBQ+. Al otro lado del Atlántico, la Cámara de los Comunes de Canadá le dio su visto bueno el pasado diciembre, por unanimidad, a un proyecto de ley para prohibir las pseudoterapias de conversión, y definitivamente el pasado enero de este año. Se trata de un veto total, no solo en menores de edad, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite. El Senado aprobó el texto en una tramitación exprés apenas seis días más tarde y, tras recibir la firma de la gobernadora general, entró en vigor el pasado 7 de enero, y el pasado marzo les seguía Chile que prohíbe por ley las “terapias reparativas” de la homosexualidad o la transexualidad.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
Más que preocupante tendencia la que muestran los datos de la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, hechos públicos hace pocos días. Los episodios de discriminación por LGTBIfobia constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones supusieron el 16% del total.
El número total de situaciones de discriminación recogidas por la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona durante 2021 aumentó un 11% respecto al año anterior. En total, este organismo abrió 244 expedientes. El porcentaje más elevado correspondió, como en años anteriores, a episodios de racismo y xenofobia (34%), si bien este porcentaje se encuentra en tendencia descendente. Por detrás se situaron los episodios por LGTBIfobia (32%, en tendencia ascendente). A más distancia se encuentran otros motivos de discriminación, como la discapacidad (9%), la salud (7%), el género (6%) o la posición socioeconómica (5%).
En concreto, de las 78 situaciones de discriminación por LGTBIfobia detectadas, 50 fueron por homofobia, 25 por transfobia y 3 por lesbofobia. Más de la mitad de los casos correspondieron a insultos o tratos humillantes y vejatorios. Las agresiones físicas se elevaron hasta el 17%.
La LGTBIfobia en Cataluña, disparada
La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos recientes de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).
En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 48 incidentes.
Entre ellos, la grave agresión tránsfoba ocurrida el pasado miércoles 9 de marzo en l’Hospitalet de Llobregat, donde un grupo de hombres se abalanzaron sobre una chica trans a la que golpearon salvajemente. Afortunadamente la intervención de los vecinos impidió que la agresión tuviera consecuencias fatales. Hay, de momento, un detenido:
Brutal agresión ayer a una chica trans ayer en L’Hospitalet. Al grito de maricon, se abalanzaron sobre ella, la golpearon hasta que cayó al suelo, donde recibió múltiples patadas en la cabeza. Pudo salvar su vida gracias a los vecinos @OCL_H@PlataformaTrans@MireiaMataSlsna
La agresión mereció la condena de la alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, entre otras personalidades. Precisamente el pasado jueves tuvo lugar un concentración de rechazo a la transfobia en la plaza del Ayuntamiento de dicha ciudad:
Las webs estatales ya no disponen de este servicio
Texas retira de los sitios web estatales los recursos de prevención del suicidio de personas LGBT+ que pueden salvar vidas
El departamento de salud y servicios humanos de Texas ha eliminado de su sitio web los recursos de prevención del suicidio para los jóvenes LGBT+.
NBC News informó de que el 1 de febrero, la página de prevención del suicidio del departamento enumeraba cuatro organizaciones“para personas con riesgo de suicidio”: The Suicide Prevention Lifeline, The Veterans Crisis Line, Crisis Text Line y The Trevor Project, una organización benéfica de prevención del suicidio e intervención en crisis para jóvenes LGBT+.
Pero el 5 de febrero, el Proyecto Trevor había desaparecido. Fue el único recurso que se eliminó de la página.
La organización benéfica sigue figurando como recurso en un PDF descargable sobre la prevención del suicidio juvenil, pero es mucho menos accesible, y no está marcada como organización específica de LGBT.
Sam Ames, director de defensa y asuntos gubernamentales de The Trevor Project, declaró a NBC News que eliminar recursos “porque son específicos para los jóvenes LGBTQ no sólo es ofensivo y erróneo, sino peligroso”.
“Especialmente durante esta época de ataques políticos sin precedentes contra los jóvenes LGBTQ, animamos a todas las organizaciones que atienden a los jóvenes y a los organismos gubernamentales a que conozcan mejor los servicios de crisis de The Trevor Project que salvan vidas y a que los den a conocer a los jóvenes y a las familias que más apoyo necesitan.”
En el último año, los ataques de Texas a la gente LGBT+, en particular a los niños trans, se han acelerado de forma alarmante, desde el cierre de la única clínica pública de género para jóvenes trans en el estado, hasta la prohibición de libros inclusivos LGBT en las bibliotecas, pasando por los implacables proyectos de ley dirigidos a los jóvenes trans.
La semana pasada, el gobernador de Texas, Greg Abbott, que ya ha supervisado la prohibición de que los niños trans practiquen deportes, arremetió contra la asistencia sanitaria de afirmación de género, comparándola con el “abuso infantil”.
Días después de que el fiscal general del estado, Ken Paxton, calificara de “abuso infantil” los bloqueadores de la pubertad que salvan vidas y comparara la cirugía de afirmación del género con la mutilación genital femenina, Abbott envió una carta al Departamento de Servicios de Protección y Familia de Texas en la que afirmaba que bloquear la asistencia sanitaria a los niños trans sería lo mismo que “proteger a los niños del abuso”.
Abbott dio instrucciones al departamento para que “lleve a cabo investigaciones rápidas y exhaustivas de cualquier caso denunciado de niños de Texas sometidos a procedimientos abusivos de transición de género”.
Chase Strangio, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, escribió en Twitter: “Esto es una absoluta pesadilla… Lo que [Paxton y Abbott] están haciendo es aterrador.
“Están asustando a los niños, a sus familias y a sus médicos haciéndoles creer que serán investigados si afirman a sus niños y pacientes trans.
“Esto causará estrés y ansiedad graves, podría limitar la atención médica, desanimará a los padres a querer y apoyar a sus hijos y podría llevar a investigaciones ilegales en las familias”.
En declaraciones a NPR, Emmett Schelling, director ejecutivo de la Red de Educación Transgénero de Texas, añadió: “Los dirigentes del estado han dicho: ‘Preferimos ver niños muertos… en lugar de niños trans felices, amados, apoyados y prósperos que están vivos y bien”.
Meghan dice que soportó una terapia de conversión bárbara en el Instituto Bíblico Moody. (Facebook y Universal Images Group a través de Getty/Jeffrey Greenberg)
Una mujer trans ha compartido su experiencia desgarradora de la terapia de conversión para advertir cómo la práctica bárbara puede parecer en un principio como “amabilidad”.
Advertencia: Habla sobre salud mental, pensamientos suicidas, agresión sexual y terapia de conversión.
Mientras estuvo allí, afirmó, se sometió a una horrible terapia de conversión. Megan dijo que sabía que era una niña desde los cuatro años. “Cuando supe por primera vez sobre las personas trans, le pregunté a un padre sobre ellas”, escribió. “Me dijeron: ‘Los transexuales son personas profundamente infelices que se prostituyen, contraen sida y mueren sin hogar’. Esas palabras se convirtieron en la raíz de mi armario”.
Las representaciones negativas de las personas trans en los medios obligaron a Meghan a esconderse aún más en el armario, lo que afectó gravemente su salud mental y la vio intentar quitarse la vida a los 8 y 15 años.
Ella “cayó en la cultura de la pureza evangélica”, que la atraía por “las constantes referencias a la curación, la regeneración, la renovación y el renacimiento, En resumen, sabía que quería ser mujer, la sociedad me dijo que eso era algo malo, así que quería una forma de dejar de querer ser mujer”, dijo Meghan. “La cultura de la pureza evangélica me prometió una salida y me aferré a ella”.
Mientras oraba “fervientemente”, todavía luchaba contra la disforia, y las entradas de sus diarios de oración en ese momento muestran que estaba desesperada por que Dios la “sanara”.
En una entrada, Meghan escribió: “Ya ni siquiera quiero ser feliz. Voy a hacer [hacer] con el contenido. ¿Quieres hacer una obra en mí? Hazlo. Hazlo y termínalo de una vez. No puedo esperar más. Odio esto. Odio existir.”
En otro, escribió: “Solo quiero rendirme. He estado orando durante una década. Durante una década no me has curado. Tal vez mañana finalmente tenga el coraje y salga por la ventana”.
Inscribirse en el Instituto Bíblico Moody, una universidad bíblica cristiana evangélica privada fundada en Chicago, Illinois, se convirtió en el siguiente paso en su “plan para curarse de [sus] problemas de género”.
De acuerdo con la declaración doctrinal de la universidad: “El sexo fuera del matrimonio, el sexo homosexual, las relaciones románticas entre personas del mismo sexo y la identificación de género incongruente con el sexo de nacimiento de uno violan la intención generosa de Dios para las relaciones humanas. Tales prácticas tergiversan la naturaleza de Dios mismo y, por lo tanto, son pecaminosas bajo cualquier circunstancia”.
Meghan afirma que la amenazaron con un período de prueba académico si se negaba a asistir a lo que pronto se convertiría en una terapia de conversión.
La salud mental de Meghan continuó sufriendo, y mientras estudiaba en el Instituto Bíblico Moody, sufrió un “ataque de nervios” luego de un mal ataque de insomnio. “Me refirieron a los supervisores de vida de los residentes que me exigieron que asistiera a terapia con un terapeuta de Moody o enfrentaría la libertad condicional”, dijo. “Quiero agregar que lo que ahora reconozco como una amenaza no se presentó como una amenaza, se presentó de la manera más amable y sincera posible. Fueron increíblemente gentiles conmigo en esta etapa, a pesar de que tenían consecuencias académicas reales sobre mi cabeza”.
La terapeuta Meghan vio practicada la consejería noutética, “un modelo evangélico de terapia que rechaza la psiquiatría y la psicología, apoyándose en principios bíblicos para ayudar a sus clientes”.
En un esfuerzo por descubrir qué “pecado no confesado” había “causado” sus problemas de salud mental, Meghan finalmente admitió que “odiaba ser hombre”.
Su terapeuta fue “extremadamente amable”, y Meghan estaba “convencida a través de sus palabras y hechos de que él tenía lo mejor para mí”. Él le dijo: “Muchos hombres luchan por sentir que deberían haber sido mujeres, y tenemos una manera de tratar este problema. Estaba extasiada”, recordó Meghan. “Salí de esa sesión pensando que desearía haber confesado esos sentimientos hace décadas. Me prometió la sanidad por la que había estado orando durante años. Empecé a pensar que esta era la providencia de Dios, el cumplimiento de mi propósito en Moody”.
El trauma de haber sido agredida sexualmente cuando era niña se convirtió en una parte integral de la ‘terapia’ de Meghan.
Meghan dijo que su terapeuta le dijo que “el abuso, ya sea físico, emocional o sexual, era la causa principal” de que las personas fueran transgénero.
Reveló que “había sido agredida sexualmente mientras estaba en el hospital después de uno de [sus] intentos de suicidio, y que era extremadamente difícil hablar de eso”.
Pero su terapeuta, escribió, le dijo que la experiencia le había causado un “trastorno de identidad de género. Ambos ignoramos convenientemente que el asalto ocurrió más de una década después de mi primera experiencia reportada de incongruencia de género”, escribió. “Según los informes, le indicó que cada vez que sintiera disforia de género, debería tratar de revivir el ataque cuando estaba hiperventilando y llorando, como “terapia de aversión cognitiva”.
Ella dijo que continuó con esta “terapia” durante un año, mientras tenía reuniones semanales con “Christopher Yuan, un miembro adjunto de la facultad de Moody que era un miembro destacado de la comunidad ex-gay”.
En un artículo, aún en vivo en el blog del Instituto Bíblico Moody, la universidad describe el viaje “ex-gay” de Yuan, afirmando: “Mientras estudiaba la Biblia, Christopher se dio cuenta lentamente de que había puesto su identidad en algo equivocado, su sexualidad. Pero, Dios lo llamó a poner su identidad principal solo en Jesucristo. Esta nueva identidad en Cristo lo obligó a vivir en obediencia a Dios sin importar cuáles fueran sus deseos sexuales. Esta obediencia condujo a una vida radicalmente cambiada”.
Meghan escribió que su terapeuta le dijo que “el matrimonio marcó el fin definitivo de los sentimientos de ‘atracción por el mismo sexo’ y el trastorno de identidad de género”, por lo que “cortejó a una mujer y se casó”.
Mientras le contaba a su esposa sobre sus experiencias, insistió en que estaba “curada”, hasta que comenzó a experimentar una crisis de fe “precipitada en gran parte por el aumento del racismo, la xenofobia y la creciente cultura de la posverdad de la Iglesia Evangélica”.
Ella dijo: “Me tomó años finalmente hablar con mi ex esposa. Aguanté tanto tiempo porque pensé que podría aguantar los últimos cincuenta años de mi vida. Pero llegó un punto en el que supe que hacerlo me mataría al final”.
Ahora, Meghan está trabajando “con un terapeuta para deshacer el daño causado”, pero explicó que estaba contando su historia para advertir a los demás que la terapia de conversión a menudo puede parecer inofensiva al principio.
Ella escribió: “Supongo que lo que quiero que la gente aprenda de mi experiencia es cuán AGRADABLES, AMABLES y BIEN INTENCIONADAS fueron las personas involucradas en mi terapia. Esa bondad me parece insidiosa ahora, como una sonrisa en el rostro de un abusador”.
Su hilo de Twitter pronto se volvió viral y hasta la fecha ha recibido casi 8,000 me gusta. PinkNews se ha acercado al Instituto Bíblico Moody para hacer comentarios.
La situación en otros países
Cuando entre en vigor la nueva norma, Canadá se unirá al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, que son de acceso público, arroja además que el apoyo es muy mayoritario entre los votantes del PSOE. Algo que no debería sorprender, pero que contrasta con la movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido.
La noticia que el pasado 9 de enero destacaba El País era que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 56,5 % de los españoles apoya la «ley trans» (un 27,6% la valora «muy bien», mientras que un 28,9% la valora «bien». Un 19,1% la ve «regular», un 8,1% la ve «mal» y un 10,9% la ve «muy mal». El País también destacaba como comentario adicional que casi un tercio de los que se declaran votantes del PP también la apoyan. En efecto, el porcentaje de votantes del PP que la ven «muy bien» o «bien» suma el 31,5%.
Desde dosmanzanas hemos querido conocer la opinión de otros votantes, y en concreto de los votantes del PSOE, dada la intensa movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido, que culminó en junio de 2020 con la distribución de un argumentario interno, firmado por los que entonces eran cuatro de sus secretarios, que se oponía abiertamente al principio de autodeterminación de género y defendía, de forma indirecta, la patologización de las identidades trans mantenida en la ley de identidad de género de 2007.
Es cierto que dichas posiciones han retrocedido tras el último Congreso del PSOE, celebrado el pasado mes de octubre, que incluyó finalmente entre sus resoluciones el apoyo expreso al anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, asegurando de forma explícita que «desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido». Pero también es cierto que el PSOE ha promovido a Carmen Calvo, firmante del ya mencionado documento transexcluyente en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE (cargo que ya no ocupa) a la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, lo que no resulta precisamente tranquilizador.
Un 75,3% de votantes socialistas, a favor
Pues bien, resulta que un abrumador 75,3% del electorado socialista, siempre según la encuesta de El País, apoya la «ley trans». En concreto, al 37,7% le parece «muy bien», mientras que al 37,6% le parece «bien». De las fuerzas políticas de las que se da información en este apartado, solo los votantes de Unidas Podemos tiene una opinión más favorable: el 79,6% de ellos la apoya (al 51% le parece «muy bien», mientras que al 28,6% le parece «bien»). Por detrás se situan los votantes de Ciudadanos (el 56% de ellos apoya la ley, sumando a los que la ven «muy bien» y «bien»), del PP y finalmente de Vox (solo un 19,7% de los votantes de la la formación de extrema derecha ven la ley «muy bien» o «bien», frente al 43,3% que la ve «muy mal»).
Confiemos en que estos datos hagan avanzar de una vez el trámite parlamentario de un paquete legislativo que, ya sea en forma de dos leyes separadas o de una sola refundida, solo el empeño transexcluyente, y no precisamente del PP o de Vox, ha mantenido en suspenso desde hace años. Ya desde las elecciones generales de 2015 el Congreso de los Diputados cuenta con una mayoría parlamentaria que en teoría apoya los postulados del actual anteproyecto de ley. Mariano Rajoy, de hecho, dejó de ser presidente del Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura apoyada por una sólida mayoría. Han pasado casi siete años y ninguno de los intentos de superar el anacrónico marco legislativo español en materia trans y LGTBI ha tenido éxito. Tampoco, de momento, el derivado del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Ocurrirá en 2022?
En su artículo para The Tablet, “¿Es la transfobia un pecado?”, El autor Clifford Longley ofrece una defensa católica de la identidad transgénero que lleva la comprensión científica moderna del género y el sexo y la experiencia vivida a conversación con la teoría de la ley natural. Longley defiende la dignidad inherente de las personas trans, pero no condena inequívocamente la transfobia como un pecado, y prefiere ver a las personas en un espectro en lugar de en dos campos distintos.
Empezaría con una advertencia. Si bien creo que el autor tiene buenas intenciones en su intento de aliarse, muchas frases empleadas están desactualizadas, son levemente insensibles o no son el idioma preferido de la comunidad trans. Estas frases pueden resultar dañinas para que algunas personas las lean. También estoy en desacuerdo con sus conclusiones y creo que su argumento podría beneficiarse de una argumentación y una cita más cuidadosas, ya que algunas afirmaciones son amplias o vagas y otras son simplemente incorrectas, como cuando insinúa que hay más mujeres trans que hombres.
Longley comienza afirmando que el argumento de la ley natural católica contra la moralidad de la identidad transgénero proviene de la premisa de que el género y el sexo están alineados en las imágenes complementarias del hombre y la mujer. Sin embargo, argumenta: “el [l] aw natural todavía puede ayudarnos, pero solo si miramos el panorama completo”.
Longley es crítico y escéptico de la teoría de género y la construcción social del género. Él cree que es injusto ver la transfobia habituada de las personas como algo que contribuye a una naturaleza pecaminosa, que él siente está relacionada con “cancelar la cultura“. También advierte contra las suposiciones injustas de que, debido a que una persona es transfóbica, también es portadora de otras fobias o ismos. Encuentro estas afirmaciones infundadas y problemáticas.
Longley reconoce que “los intentos de negar [la identidad transgénero] pueden ser peligrosos para el bienestar de esa persona. Su salud mental está en riesgo … Pero si esta creencia puede ser acomodada y aceptada, su salud mental se recupera y su deseo de vivir una vida útil regresa … ¿Podemos negar que eso es lo que Dios quería [?] ”
Él ve que la aceptación de la identidad trans puede conducir al florecimiento humano, algo crucial para la evaluación moral dentro de un marco de ley natural. Él escribe con cariño sobre la historia personal de la mujer trans Jan Morris, enfatizando que “no es hasta que uno confronta casos individuales que uno puede comenzar a dar sentido” a la identidad transgénero.
Como personas y aliados LGBTQ, ¿qué hacemos con la posición de Longley? Los católicos progresistas a menudo se encuentran con personas que, aunque tienen buenas intenciones, no reconocen la insensibilidad en sus posiciones. Por un lado, Longley potencialmente está llegando a una audiencia que necesita conversiones sobre temas queer de una manera útil. Por otro lado, podría beneficiarse leyendo lo que los propios eruditos católicos LGBTQ escriben y dicen sobre estos temas.
Creo que es importante para los católicos condenar inequívocamente la transfobia como un pecado. Nunca está bien discriminar, llamar intencionalmente a una persona por sus pronombres incorrectos o ignorar la violencia física, sexual o económica contra las personas trans. La transfobia tiene graves consecuencias. Por ejemplo, la Encuesta Nacional del Proyecto Trevor 2021 informa que los jóvenes transgénero y no binarios que informaron que las personas en sus comunidades respetaban sus pronombres intentaron suicidarse a la mitad de la tasa de aquellos jóvenes cuyos pronombres no fueron respetados.
La solución para Longley es seguir leyendo sobre las experiencias vividas de las personas trans e incorporar datos de las ciencias sociales sobre las consecuencias de la transfobia en su marco moral. Algunos eruditos católicos LGBTQ y feministas están interesados en hacer recuperaciones de la ley natural similares a su intento aquí. Recomendaría especialmente el trabajo de Craig Ford y Cristina Traina, además de Todd Salzman y Michael Lawler.
Sin embargo, algunos eruditos cristianos se están moviendo más allá de la apologética y desean afirmar la dignidad LGBTQ a través de otros métodos éticos, como descubrir la experiencia vivida a través de la investigación cualitativa. Este es el enfoque de Thelathia Nikki Young en su libro sobre asuntos LGBTQ y familia. Linn Tonstad ha escrito el texto principal sobre por qué la erudición LGBTQ es más convincente cuando se resiste a los marcos que nos han oprimido.
Espero ver más artículos confusos a medida que los eruditos católicos comiencen a comprender la gravedad de la opresión experimentada por el simple hecho de identificarse como transgénero. También espero ver más académicos católicos escuchando y privilegiando las voces de sus homólogos LGBTQ en el campo mientras realizan este importante trabajo. Como comunidad eucarística, estamos llamados a sentarnos juntos a la mesa con todos nuestros hermanos en Cristo.
—Barbara Anne Kozee (ella / ella), New Ways Ministry, 2 de diciembre de 2021
La victoria en las elecciones presidenciales de Honduras que tuvieron lugar el pasado 28 de noviembre de Xiomara Castro, la candidata del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), abre un periodo de esperanza para la población LGTBI después de años de maltrato manifiesto por parte de las autoridades. Aunque avances como el reconocimiento del matrimonio igualitario o la adopción homoparental siguen aún lejanos, la inclusión de un significativo apartado de promesas en materia LGTBI, entre ellas medidas de protección contra la discriminación y los delitos de odio o una ley de identidad de género, suponen un soplo de aire fresco, muy especiamente si se tiene en cuenta la situación de partida.
Una situación que ha colocado a Honduras entre los países más peligrosos de América Latina para la comunidad LGTBI, en general, y para los activistas en favor de los derechos humanos y de las personas LGTBI, en particular. Algunos apuntes: el Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas ha registrado en lo que va de año 16 asesinatos. En 2020 tuvo constancia de 20, mientras que en 2019 fueron 41. Desde el año 2019 suman un total de 389. De ellas, 221 víctimas fueron identificadas como gais, 122 como personas trans (una de ellas, que se remonta a 2016, consta oficialmente solo como desaparecida) y 46 como lesbianas. Entre las personas trans, destaca muy especialmente el alto número de mujeres asesinadas que ejercían el trabajo sexual (58). Un gran número de estos asesinatos permanecen impunes.
También destaca el alto número de activistas perseguidos. Sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos que en dosmanzanas hemos recogido en los últimos años. Sobre todo tras el golpe de Estado del año 2009 que derrocó a Manuel Zelaya (marido precisamente de la que será nueva presidenta, Xiomara Castro) y a partir del cual la situación se deterioró especialmente, con episodios como la muerte del activista LGTB Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza a manos de agresores que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012. La relativa normalización política de años posteriores no se acompañó, sin embargo, de una mejora de la situación de la comunidad LGTBI, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia. En 2017 recogíamos, por ejemplo, el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya.
Corría 2016 cuando nos hacíamos eco de un informe para Index on Censorship, que profundizaba en el aumento de la violencia por LGTBIfobia en Honduras, relacionado con diversos factores: el recrudecimiento de la hostilidad de las autoridades hacia los colectivos LGTB organizados tras el golpe de 2009; la proliferación de pandillas o maras; la antipatía de ciertos medios de comunicación hacia las asociaciones pro derechos humanos… Por no olvidar el papel de la Iglesia católica y de los grupos evangélicos como instigadores de odio. No parece que la situación haya mejorado demasiado desde entonces. De hecho, la hostilidad hacia cualquier tipo de medida en favor de la comunidad LGTB por parte del gobernante Partido Nacional ha sido manifiesta durante estos últimos años. Buen ejemplo es lo sucedido el pasado septiembre, cuando el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, durante el discurso conmemorativo de la independencia de Honduras, incluyó expresamente como enemigos de la independenciaa «los que promueven los matrimonios entre personas de diferente sexo» (obviamente fue un lapsus y se refería a los defensores del matrimonio igualitario).
El programa LGTBI de la presidenta electa
Es por todo ello que la elección de Xiomara Castro como nueva presidenta supone un soplo de aire fresco para la comunidad LGTBI hondureña. En su programa electoral, por ejemplo, podemos leer que «históricamente, las lesbianas, los homosexuales, trans, bisexuales, intersexuales, queer y diversas formas de orientación y expresión sexual han sido invisibilizadas, marginadas y violentadas por la sociedad y sus instituciones que las discriminan y excluyen. LIBRE [la formación política de Castro] rechaza esa injusticia». «La discriminación a la diversidad sexual se refleja en todos los ejes de la dinámica social, en la negación de derechos a la vida digna, educación, salud y trabajo y tiene su principal sustento en fundamentos religiosos mal entendidos. Pero está reñida con toda ciencia, con la antigua tradición y con el derecho internacional», continúa el texto, que hace referencia en ese momento a las cifras de asesinatos de personas LGTBI mencionadas arriba.
Es por eso que Castro enumera entre sus promesas en esta materia (reproducimos literalmente).
Ley de protección para personas LGTBIQ+ que asegure políticas de inclusión, su igualdad de remuneración, el respeto a su identidad, e integridad personal, etc.
Penalizar severamente los crímenes de odio contra personas LGTBIQ+
Creación de casas seguras con programas de atención primaria a personas LGTBIQ+ víctimas de violencia y riesgo; donde se incluya atención legal, médica, psicológica, etc.
Unidad de investigación comprometida en la persecución de crímenes violentos de odio a personas LGTBIQ+ que reduzca la impunidad.
Programa de atención psicológica pública exclusivo para personas LGTBIQ+ para impulsar una salud integral.
Aprobación de la ley de identidad de género que asegure la inclusión social.
Promover espacios seguros (locales, institucionales, políticos, públicos) con enfoque de DDHH y desarrollo.
Es importante destacar que la victoria de Castro en las elecciones presidenciales se acompañó de la victoria de su partido, Libre, en las elecciones lesgislativas, al obtener el mayor número de escaños en el Congreso Nacional aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. En este sentido, habrá que ver cómo esta formación de izquierda es capaz de sacar adelante todas aquellas propuestas de su programa que necesiten un desarrollo legislativo.
En cualquier caso, a día hoy hay motivos más que justificados para sentir esperanza.
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Los Obispos de Honduras saludan a la Presidenta electa y piden que promueva “un auténtico desarrollo”
Tras las elecciones en Honduras el pasado 28 de noviembre, en la que fue elegida Iris Xiomara Castro como presidenta de esta nación centroamericana, los Obispos han saludado a la primera mandataria y han pedido que gobierne en pos de “unauténtico desarrollo y crecimiento de nuestro país y de cada familia”.
En especial, abogan para que se busque el bien común en favor de los más pobres y excluidos, por ello han dicho que “nos sumamos a aquellos aspectos que la Sra. Xiomara ha señalado como prioridades de su gobierno y que nosotros también primamos”.
Entre las que han señalado: “La erradicación de la pobreza, la lucha contra la impunidad, la generación de empleos, la dignificación del sistema de salud y de la educación”.
Al respecto, mencionan al Papa Pablo VI, quien “había presentado el desarrollo de los pueblos como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas: esto es un verdadero acto de justicia y de solidaridad”.
Al tiempo han indicado que esta elección presidencial “es solo uno de los componentes de las elecciones celebradas recientemente”, puesto que “fueron elegidas autoridades edilicias para los 298 municipios del país y, además, los diputados al Congreso Nacional. Con mucho pesar y sincera preocupación, hemos visto cómo en los últimos días se han levantado innumerables voces, señalando que se ha efectuado un fraude en estos otros niveles electivos”, han añadido.
Por tanto, “hacemos un llamado a los entes responsables a prestar la debida atención a estos reclamos y a resolverlos de manera expedita y en base a la ley. Por el bien de nuestro país, no pueden quedar dudas sobre la transparencia en el recuento de los votos y el respeto de la decisión de los votantes”, han dicho.
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Leído en su blog Homoprotestantes:
El Parlamento de Finlandia ha aprobado la reforma de su muy restrictiva ley de identidad de género para permitir la autodeterminación en lo que respecta al cambio de sexo registral. Un paso de gigante en una situación de partida en la que se exigía, entre otros requisitos, que se probase la esterilidad. Sin embargo, incluso desde la misma coalición de Gobierno ha habido votos contrarios a la reforma, que solo puede aplicarse a los mayores de 18 años. Tampoco se ha modificado el estricto protocolo sanitario a seguir en los procesos de reasignación de género.
La Primera Ministra Sanna Marin
Las autoridades de justicia establecieron el delito de feminicidio luego que su investigación determinara que “el crimen fue cometido por razones de género, misoginia, con indicios de humillación y denigración”.
Ya han tenido lugar en Rusia 
El proyecto de ley fue anunciado por Alexander Khinshtein, presidente del Comité de Política de la Información, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma (o cámara baja del Parlamento ruso), 
El 30 de septiembre, días antes de la presentación en la Duma del proyecto de ley, Vladimir Putin declaraba lo siguiente ante los medios de comunicación: «¿Realmente queremos, aquí en nuestro país, en Rusia, en lugar de “padre y madre”, tener “progenitor número 1, número 2, número 3”? ¡Se han vuelto totalmente locos! ¿Realmente queremos que en nuestras escuelas, en los grados elementales, se impongan a los niños perversiones que conducen a la degradación y la extinción? ¿Que se les inculque que, además de las mujeres y los hombres, existen supuestamente otros “géneros”? Si las élites occidentales creen que pueden adoctrinar a sus sociedades con extrañas tendencias novedosas como docenas de géneros y desfiles del Orgullo Gay, que así sea, que hagan lo que quieran. Pero lo que desde luego no tienen derecho a hacer es exigir a los demás que sigan en la misma dirección».
Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia y Rishi Sunak, primer ministro británico.
Aunque 
Los jefes tradicionales de unos poblados de la zona oriental de la República Democrática del Congo 
Las mujeres contaron cómo durante años fueron maltratadas por sus vecinos, que las consideraban culpables de «transgredir las normas y costumbres locales y de vivir de forma antinatural. Se les acusaba de envenenar los campos, de hacer infecunda la tierra y, en general, de embrujar a la población». Por ello, sufrieron frecuentes vejaciones, insultos e incluso les arrojaron piedras. Pero la situación empeoró cada vez más hasta que fueron perseguidas, agredidas sexualmente y mutiladas. Algunos miembros de la comunidad de Walumgu reclamaron que fueran quemadas vivas en una hoguera pública, pero los jefes tradicionales de los poblados propusieron como alternativa el que fueran esclavizadas y trabajaran en ese estado en una parcela de dos hectáreas.
La Comisión Europea 
A nivel europeo, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta política inicial fue prudente, por no decir tibia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
Cabe señalar que la legislación por la que la Comisión Europea lleva a 
Ampliamos con esta entrevista la 
Iratxe Otero [photo: 
Una filtración a la prensa ha permitido conocer la marcha atrás del Gobierno de Boris Johnson en su anunciada intención de prohibir las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género, cediendo así a la presión de los sectores ultraconservadores y del activismo transexcluyente. No obstante, según las informaciones más recientes y después de la ola de indignación que la decisión ha levantado, Johnson habría optado en las últimas horas por una prohibición parcial, que afecte solo a la orientación sexual pero no a la identidad de género, dejando desprotegidas a las personas trans y no binarias. Una decisión discriminatoria a la que no son ajenas las activas campañas de movilización del activismo transexcluyente británico, que de la mano de personajes como la escritora J.K. Rowling han alcanzado gran difusión en los medios de ese país. 
Las webs estatales ya no disponen de este servicio
Meghan dice que soportó una terapia de conversión bárbara en el Instituto Bíblico Moody. (Facebook y Universal Images Group a través de Getty/Jeffrey Greenberg)
Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, 
En su artículo para The Tablet, 
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