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El Gobierno húngaro presenta un proyecto de ley para impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans

Lunes, 6 de abril de 2020

7LogUbD6HolwMsFFsEl vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, ha presentado un proyecto de ley que incluye una modificación de la normativa correspondiente al registro civil, para impedir que las personas trans puedan modificar sus datos registrales en razón de su identidad de género. Se trata de la primera reforma legislativa tras la asunción de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán, con la excusa de la crisis producida por el coronavirus.

El pasado lunes día 30, el Parlamento húngaro votó a favor de otorgar poderes especiales al primer ministro Viktor Orbán, debido a la situación de emergencia creada por la crisis del coronavirus. Con esos poderes, Orbán podrá aprobar leyes por decreto sin control parlamentario de manera indefinida, lo que convierte a Hungría en una dictadura de facto.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género en los archivos registrales. Este es el texto del proyecto de ley:

El concepto de género no se incluye actualmente en la legislación, dado que su definición se basa en razones biológicas. Se puede determinar en función de los caracteres sexuales primarios o de los cromosomas. El género asignado en el registro se basa en los hechos declarados por los médicos para su anotación registral. A menos que se demuestre lo contrario, el registro certifica los hechos así declarados, aunque en principio no tiene ningún efecto legal.

Sin embargo, existen derechos y obligaciones que pueden surgir en función del género declarado en el registro y, por lo tanto, es necesario definir el concepto de género al nacer. Dado que no es posible cambiar completamente el género biológico, es necesario indicar en la legislación que tampoco es posible cambiarlo en el registro.

De esta manera, utilizando los poderes especiales otorgados para la lucha contra el coronavirus, el Gobierno de Orbán aprovecha para cercenar y dejar sin efectos el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad de género. Ocurre tan solo dos años después de que entrara en vigor la ley que permite el cambio del género en los datos registrales, que entró en vigor el 1 de enero de 2018. Según la normativa aún vigente, los ciudadanos húngaros pueden adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitan un informe médico al respecto, aunque no están obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Domanzanas/Cristianos Gays

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El primer ministro de Hungría Viktor Orbán pide al Partido Popular Europeo más contundencia contra el matrimonio igualitario y la «ideología de género»

Martes, 3 de marzo de 2020

13968854263210El Partido Popular Europeo (PPE) ha abandonado el modelo de familia tradicional y «ha caído en los brazos de la ideología de género». Es lo que ha expresado en una carta Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría desde 2010 al frente de Fidesz. La formación, a la que el mandatario ha empujado a la extrema derecha, sigue vinculada al PPE, aunque su afiliación se encuentra parcialmente suspendida desde hace un año. Una situación que podría terminar si el Fidesz se desmarca de los populares y cambia de grupo político, como ha amagado con hacer. La Hungría de Orbán ha experimentado un auge del discurso de odio LGTBfobo, en el marco de graves agresiones a los principios básicos de la democracia liberal que han sido condenadas por la Unión Europea.

El pasado 3 de febrero, los populares europeos decidieron prolongar indefinidamente la suspensión de Fidesz. El partido húngaro, que bajo el mandato de Viktor Orbán ha transitado desde el centroderecha hasta la extrema derecha, estaba parcialmente suspendido parcialmente desde marzo de 2019. La medida se traduce en que los miembros de Fidesz no pueden participar en las asambleas del PPE ni postularse para sus cargos, aunque siguen formando parte del grupo popular en el Parlamento Europeo.

La prolongación de la suspensión ha provocado la reacción de Orbán. El primer ministro ha enviado un memorándum en el que ataca duramente lo que él percibe como tibieza ideológica de sus correligionarios. El líder de Fidesz pide un claro giro a la derecha y a los «valores cristianos» en varios asuntos, entre los que la equiparación de derechos de la comunidad LGTBI ocupa un lugar destacado.

En su carta, Orbán reclama un regreso del PPE a los valores «de inspiración cristiana» y en particular al «modelo cristiano de familia y el matrimonio de un hombre y una mujer». El primer ministro húngaro achaca la pérdida de poder de los populares europeos en los últimos años a una supuesta claudicación ante «teorías sociales socialistas e igualitarias». «Renunciamos al modelo de familia basado en el matrimonio de una mujer y un hombre y caímos en los brazos de la ideología de género», se lamenta Orbán.

La contundencia de la carta contra sus aún compañeros son un indicio de una posible salida del PPE, con la que el propio líder del Fidesz ha amagado varias veces. La formación, más cercana a la extrema derecha polaca de Ley y Justicia (PiS), podría unirse a ellos en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). En materia LGTBI, ambos partidos defienden un discurso hostil muy similar.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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ILGA Europa insta a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI

Martes, 11 de febrero de 2020

annual-review-2020-ilga-europaLa 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Europa

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Union-Europea

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Ilga-Europa-2020-Clasificación-por-países

Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Espana

ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

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“Pensamiento único, vertical y machista”: Mar Griera y Víctor Codina alertan del “fundamentalismo cristiano” de Trump, Bolsonaro o Abascal

Martes, 4 de febrero de 2020

Homofobia religiosa“El racismo de la extrema derecha actual no es biológico, sino cultural”

“Las grandes manifestaciones de plataformas como Hazte Oír a principios de los años 2000 contra el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto son muestras de esta agenda conservadora de la iglesia que sale a la calle”

“El fundamentalismo surge en momentos de miedo y cambio en todas las religiones”

La socióloga de la religión Mar Griera y el teólogo y jesuita Víctor Codina han alertado del aprovechamiento que hace la extrema derecha del cristianismo para difundir su mensaje y han alertado del fundamentalismo cristiano que fomentan dirigentes como Donald Trump (EE.UU.), Jair Bolsonaro (Brasil) o Jeanine Áñez (Bolivia).

Griera, que participó el pasado lunes junto con Codina en la conferencia “Fundamentalismos cristianos y autoritarismos” organizada por Justícia i Pau y Cristianisme i Justícia, ha advertido, en declaraciones a Efe, de la instrumentalización del cristianismo que llevan a cabo estos dirigentes políticos.

Griera defiende que “las personas que forman parte de comunidades cristianas votan menos a la derecha radical”, pero que entre los votantes de la extrema derecha se encuentra “una identidad cristiana no practicante que opone la cultura cristiana a los migrantes musulmanes que rechazan”.

Simbolismo cristiano de la ultraderecha

fundamentalismo-vs-rock_RqVjbRLa socióloga pone como ejemplo de este simbolismo cristiano el que utiliza “la extrema derecha a Santiago Abascal, cuya primera boda fue por lo civil, pero después del divorcio, se casó por la Iglesia”.

“El racismo de la extrema derecha actual no es biológico, sino cultural”, advierte Griera, que ha señalado que la ultraderecha “usa el discurso de que la civilización judeocristiana tiene que separarse de la civilización islámica para justificar el racismo”.

El fundamentalismo cristiano surgió en la década de 1910 en Estados Unidos, y según Griera, en aquél momento “eran comunidades cerradas que rechazaban entrar en política y que se centraban en interpretar la Biblia de forma literal”.

Esta reclusión cambia a lo largo del siglo XX, hasta que aparece “un fundamentalismo con características de movimiento social”, que se vincula con una derecha radical que “formalmente respeta el método democrático pero que ataca las bases de la democracia”.

“Las grandes manifestaciones de plataformas como Hazte Oír a principios de los años 2000 contra el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto son muestras de esta agenda conservadora de la iglesia que sale a la calle”, expone Griera.

Más incógnitas que certezas

Aun así, la socióloga alerta que existen “más incógnitas que certezas” en cuanto al fenómeno de la extrema derecha, ya que es un fenómeno reciente: “estudios de hace dos años explicaban que en España no era previsible un surgimiento de una fuerza de extrema derecha como en el resto de Europa”, recuerda.

El teólogo Víctor Codina explica que la instrumentalización del cristianismo “aporta seguridad a la extrema derecha” para justificar un discurso de “pensamiento único, vertical, sin diálogo y machista y pone el ejemplo del político italiano Matteo Salvini, que habló en contra de los migrantes “rosario en mano”.

“El fundamentalismo surge en momentos de miedo y cambio en todas las religiones”, argumenta Codina, que expone que cualquier movimiento que cuestione principios aceptados en ese momento, como el comunismo o el feminismo, pueden provocar una reacción fundamentalista.

Codina cita como ejemplo a Donald Trump, que apoya a movimientos neopentecostalistas “muy conservadores en materia de moral sexual”, y a los grupos evangélicos estadounidenses “que fueron a América Latina para contrarrestar los grupos cristianos de base y la teología de la liberación”.

La mujer, campo de batalla

EFOjzJAWsAEvsfpGriera entiende que “la mujer es el campo de batalla donde se expresa el fundamentalismo cristiano”, y vincula el miedo al cambio del fundamentalismo con lo que denomina “políticas del cuerpo, que son las que hacen referencia al aborto, al movimiento LGTBI o la eutanasia”.

En América, el fundamentalismo cristiano está vinculado a iglesias evangélicas, que según Griera triunfan por su “flexibilidad y su elemento emocional y catártico, que conecta con la gente”, y en Europa el vínculo es con el catolicismo.

“En Europa estamos en una sociedad más secularizada que la de los 90, pero la paradoja es que Dios está más presente en la esfera pública que entonces”, según Griera, que señala los casos de Salvini en Italia, Viktor Orbán en Hungría, Le Pen en Francia o Vox en España como muestra de la reintroducción de Dios en el discurso.

Fuente Religión Digital

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Hungría se retira del concurso de canciones de Eurovisión “porque es demasiado gay”

Viernes, 6 de diciembre de 2019

13968854263210 Viktor Orbán

Eurovisión es “demasiado gay” para los funcionarios del gobierno y los líderes de los medios.

Parece ser que Hungría se retiró del concurso de canciones de Eurovisión del próximo año, supuestamente calificando el evento anual como una “flotilla homosexual”.

Si bien los líderes no han emitido ninguna declaración oficial, la creciente retórica anti-gay en Hungría es la supuesta razón por la que el país se está retirando.

Una fuente dentro de la emisora pública local MTVA le dijo a The Guardian que los jefes de los medios creen que el concurso es “demasiado gay”.

El primer ministro del país, Viktor Orbán, se ha convertido en uno de los líderes de derecha más poderosos de Europa desde 2010. Presentándose como un campeón nacionalista para los húngaros comunes, los derechos LGBT + se han estancado bajo el primer ministro y  líder del partido  ultraderechista Fidesz-Unión Cívica Húngara.

El gobierno de Orbán ha incumplido varios acuerdos pro-LGBT de la Unión Europea y está dirigiendo una campaña de política tradicional de “familia primero”, mientras que los legisladores han sido cada vez más abiertamente homofóbicos.

Y los vínculos bien documentados de Eurovisión con la comunidad son, según la fuente, la razón por la que el país no competirá en 2020. Dijeron: “No me sorprendió. Proviene de la cultura organizacional de MTVA “.

MTVA dijo en un comunicado a la hoja de datos: “En lugar de participar en el Festival de Eurovisión en 2020, apoyaremos directamente las valiosas producciones creadas por los talentos de la música pop húngara”.

A principios de esta semana, los medios locales citaron fuentes que afirman que la llamada probablemente se hizo porque el concurso es “demasiado gay“.

Pero según Shaun Walker, el periodista de The Guardian que originalmente escribió la historia, MTVA respondió diciendo que las afirmaciones eran “escandalosas e inaceptables”. La declaración continuó: “Estas declaraciones de prensa sobre la orientación sexual de una persona violan la dignidad humana, la ética periodística y el estado de derecho. Se ha tomado la decisión profesional de que en lugar de asistir al Festival de Eurovisión en 2020, se apoyará directamente a los talentos de la música pop húngara y sus valiosas actuaciones. Queremos establecer que la orientación sexual de uno no está siendo considerada en ninguna actuación o evento.”

Walker, comentando la declaración en Twitter, dijo: “Podría haber todo tipo de razones para no enviar cantantes húngaros a Eurovisión, pero “porque decidimos apoyarlos directamente” difícilmente tiene sentido. Y dada la retórica actual sobre los temas LGBT, y que la gente dentro del canal asume que es el tema gay, es una historia legítima. Pero buen uso de la defensa, No somos homofóbicos, tú eres homofóbico por sugerirlo”.

En medio de la creciente especulación, el portavoz del gobierno Zoltán Kovács acudió a Twitter para abordar los rumores. Los llamó “chismes desvergonzados y fanáticos”.

En años anteriores, el ganador de The Song se convertiría en la entrada de Hungría a Eurovisión.

Sin embargo, este año el premio será una oportunidad para aparecer en varios medios de comunicación nacionales, así como en festivales.

Fuente Pink News

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Hungría prohibe y multa a Coca-Cola por incitar a la homosexualidad en sus anuncio

Martes, 22 de octubre de 2019

portadaLa escala de LTGBfobia sigue creciendo. No en países alejados, no, sino en el corazón de Europa: Hungría ha prohibido las campañas de Coca-Cola para proteger a los niños y menores, llegando incluso a imponerles una multa. ¿Lo hacen por la cantidad de azúcar que incluyen estos refrescos? ¡Qué va! Es homofobia pura, al parecer, la aparición de personas del mismo sexo en sus anuncios incitarían a la homosexualidad.

Boldog István es un político húngaro miembro de la Asamblea Nacional de Hungría perteneciente al partido de derechas Fidesz-Unión Cívica Húngara. Pues bien, cuando esta campaña vio la luz, este señor declaró que no volvería a consumir sus productos hasta que la multinacional retirase sus «pósters provocativos» de Hungría, llamando al boicot desde un post publicado en su cuenta de Facebook.

Cuando la gente criticó su homofobia y fanatismo, István salió como les gusta salir a las personas que si pudieran te quitarían tus libertadas (y quién sabe si algo más): pidiendo que se respetase su opinión. O lo que es lo mismo, aprovechar los mecanismos de una sociedad democrática y tolerante para usarla como altavoz para tu intolerancia.

Tras esta crítica informal, el político escribió al departamento del consumidor húngaro para elevar su queja:

En vista del interés social creciente, llamo a la atención a protección de menores y niños para pedir la restricción de anuncios dañinos para su desarrollo moral y emocional.

Tristemente este departamento ha recogido el guante y ha enviado una carta pidiendo “cesar la campaña que deteriora el desarrollo físico, mental, emocional y moral de niños y menores”. Y es que como es habitual en contenidos audiovisuales, cuando están dirigidos a menos han de cumplir una serie de condiciones para velar por su desarrollo físico, intelectual o moral… el problema radica en qué es lo que daña concretamente, porque en la campaña en cuestión el contenido sexual es inexistente, ciñéndose a una mirada cómplice y cercanía.

Coca-Cola ha confirmado que se encuentra en proceso de estudiar la multa y las acciones a emprender. Asimismo, ha hecho público un comunicado en el que declara “continúa creyendo que todos somos iguales independientemente de nacionalidades, religión, género, edad, etnia, idioma, hobbies y opiniones. Nuestros valores se plasman en nuestros anuncios, pósters y mensajes.”

Fuente Gaytimes, víaAmbienteG

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Hungría: Anuncio de Coca-Cola hace saltar la homofobia conservadora

Lunes, 12 de agosto de 2019

Como parte de su campaña Love is Love, Coca-Cola lanzó anuncios mostrando a parejas LGBT+ sosteniendo botellas del refresco y demostrándose su amor. Y supuró toda su homofobia de los conservadores. Ahora la compañía se está enfrentando a reacciones violentas de estos grupos que piden boicotear la marca, pero no piensa echarse para atrás con su mensaje de inclusión.

La campaña se llama Love is Love y, como parte de ella, estos anuncios incluyen parejas LGBT+ tomando Coca-Cola con el hashtag #LoveIsLove y la frase «cero azúcar, cero prejuicios».

Los anuncios fueron puestos en estaciones de metro y otros sitios en Budapest, Hungría. Y se trata de una medida de Coca-Cola por visibilizar a la comunidad LGBT+. Pero los conservadores, como siempre, salieron al ataque. Y en cuanto fueron puestos los carteles, las críticas comenzaron.

Ahora hasta hay una petición en línea para boicotear la marca y que los funcionarios locales prohíban los anuncios. La preocupación de estos grupos es que:

«Si la sociedad húngara acepta esto, habrá más y más pasos. Habrá carteles, comerciales, películas con el arcoíris, etc. Y a medida que sigamos deslizándonos ‘hacia abajo’, será cada vez más difícil detenerlo».

Lo bueno es que a Coca-Cola poco le interesan los comentarios homofóbicos de estas personas. La marca dejó muy clara la importancia que le dan a la inclusión, y que no piensa ni quitar ni cambiar sus anuncios.

«The Coca-Cola Company se esfuerza por la diversidad, la inclusión y la igualdad en nuestro negocio, y también apoyamos estos derechos en sociedad».

Con información de Milenio y CNN, vía SoyHomosensual

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El presidente del Parlamento húngaro equipara las reivindicaciones LGTB a la pedofilia

Martes, 21 de mayo de 2019

220px-László_Kövér_Senate_of_Poland_01Indignación en la comunidad LGTB húngara ante las declaraciones homófobas del presidente del Parlamento, del partido gobernante Fidesz. László Kövér equiparó el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». Los asistentes al Orgullo de Budapest, celebrado este sábado, pidieron la dimisión del político, mientras que la multinacional de muebles y decoración IKEA ha aprovechado para difundir una campaña publicitaria por la igualdad.

Las declaraciones se produjeron durante un acto de la campaña electoral de Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, en Budapest. Kövér departía con los periodistas sobre las posibles formas de preservar la «cultura cristiana», supuestamente en peligro ante el auge del «liberalismo» social y cultural. El presidente del Parlamento ironizó sobre las identidades trans mofándose de los padres que «cuando se les pregunta si es niño o niña, dicen que cuando sea mayor lo decidirá».

Sobre la reivindicación de la apertura del matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo, Kövér declaró que «desde un punto de vista moral, no hay ninguna diferencia entre el comportamiento de un pedófilo y los que piden esto. El niño es en ambos casos un objeto, un artículo de placer, un medio para la realización personal». El político distinguió entre las personas LGTB que exigen sus derechos y un homosexual «normal», que «intenta adaptarse a este mundo sin que lo tengan que considerar necesariamente un igual».

Las declaraciones han despertado el rechazo de los activistas LGTB y de personalidades como el politólogo Zoltán Lakner, que las califica como discurso de odio porque «determinan claramente quienes son blanco de ataque y a quienes hay que odiar». Durante la celebración del Orgullo de Budapest el pasado sábado, los asistentes reclamaron la dimisión del político del Fidesz.

La polémica ha calado en la sociedad húngara. La firma de muebles y decoración IKEA, conocida por sus campañas a favor de la normalización de las familias homoparentales, ha querido aprovechar el momento para recordar su compromiso con la igualdad. La sucursal húngara de la multinacional sueca publicaba el pasado jueves un post en Facebook con la imagen de lápices de colores y las etiquetas #equality #genderequality #beyourself y #Pride. «En IKEA creemos en la diversidad, la igualdad de oportunidades y el trato justo, independientemente del origen o las diferencias individuales. ¡Nadie es igual hasta que todos sean iguales!», proclamaba el texto publicado.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista representada por el partido Fidesz (miembro actualmente suspendido del Partido Popular Europeo) conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz), en el pasado considerado un «paria» político, está considerado hoy día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTB en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año pasado, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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Informe anual sobre derechos LGTBI en Europa: alarma ante la pérdida de derechos en varios países, mientras que España cae al 11º puesto

Miércoles, 15 de mayo de 2019

ie_logo_with_motto_gif_format_white_background_cmsa_0Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

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Ilga-Europa-2019-Cumplimiento-Union-Europea

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Ilga-Europa-2019

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Mapa-Ilga-Europa-2019

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

Ilga-Europa-2019-Cumplimiento-Espana

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

  • Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
  • Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

FuenteILGA Europe, vía Dosmanzanas

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Informe de ILGA sobre la homofobia de Estado en 2019: pequeños avances, pero persistencia de importantes amenazas

Miércoles, 27 de marzo de 2019

6919BB9A-4224-48B9-9807-ADA250256088Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

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DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

 Fuente ILGA, vía Dosmanzanas

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Hungría y Polonia impiden la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la Unión Europea favorable a los derechos LGTB

Martes, 11 de diciembre de 2018

bandera-Europa-rasgadaUna vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

Hungría, recordemos, fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista representada por el partido Fidesz (Partido Popular Europeo) conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz), el el pasado considerado un «paria político», está considerado hoy día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

Polonia, un país en el que hace años se llegaron a producir esperanzadores pasos adelante en materia LGTB, la situación dio en  2015 un giro parecido. El primer signo de los nuevos tiempos fue la elección como presidente de Andrzej Duda, del partido ultraconservador Ley y Justicia, una de cuyas primeras medidas fue vetar una nueva ley de identidad de género que había sido ya aprobada por el Parlamento polaco, y que definitivamente quedó arrinconada. Pero el golpe definitivo llegó con las elecciones parlamentarias de octubre de 2015, que otorgaron a Ley y Justicia la mayoría absoluta y que supusieron una importante derrota para la europeísta y liberal Plataforma Cívica, además de la desaparición absoluta de los partidos de izquierda del Parlamento polaco. Un escenario que ha favorecido un giro autoritario al estilo húngaro. Y aunque hace pocas semanas las elecciones locales mostraron una profunda división al respecto entre las Polonias urbana y rural, por el momento no parece suficiente como para asegurar una marcha atrás las elecciones generales de 2019.

Mientras tanto, los dos países se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTB En Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez. Ahora, al menos, ha habido por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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Los «millenials» españoles son, junto a los daneses y a los suecos, los que menos se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo en toda Europa

Jueves, 22 de noviembre de 2018

matrimonio_igualitario-720x394Solo un 7% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se opone al matrimonio igualitario. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Pew Research Center, el prestigioso instituto de investigación social estadounidense, cuyo objetivo era la de comparar las actitudes de la juventud de 34 países europeos en diversos aspectos. Un resultado coherente con lo que muestran estudios previos, que de forma repetida colocan a España como uno de los países con mayor aceptación social de la realidad homosexual.

De todos los países de la encuesta, solo Suecia y Dinamarca, dos países nórdicos cuya tradición de respeto y tolerancia al colectivo LGTB es bien conocida, registran cifras inferiores a las de España (5% y 6%, respectivamente). Justo a continuación de España, se sitúan Bélgica (9%), Holanda (10%), Finlandia (12%), Reino Unido (13%), Austria, Noruega y Portugal (14%), Alemania (15%), Suiza (16%), la República Checa (18%) e Irlanda (20%). Cabe destacar que en casi todos estos países se ha aprobado (mediante diferentes procedimientos) el matrimonio igualitario, con la excepción de República Checa (cuyo parlamento lo está discutiendo) y Suiza (pincha para ampliar la imagen):

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A más distancia y a caballo entre las Europas occidental y oriental se sitúa Italia, con un 27%. Hablamos de un país que arrastra una LGTBfobia social mayor que la del resto de Europa occidental, y en el que por ejemplo ninguno de los grandes partidos políticos ha apostado nunca por el matrimonio igualitario. Detrás de Italia se sitúan todos los países de la Europa del este, así como los de tradición ortodoxa. Pese a todo, pueden apreciarse importantes diferencias entre aquellos en los que el porcentaje de jóvenes contrarios al matrimonio igualitario está relativamente equilibrado con el resto, como Eslovaquia (42%), Polonia (50%), Grecia (51%) o Hungría (52%); aquellos en los que ya empieza a ser muy importante, como Estonia y Croacia (61%), Rumanía (66%), Bulgaria (68%) y Letonia (70%), y aquellos en los que la oposición es abrumadora, como Lituania (74%), Bielorrusia y Serbia (75%), Bosnia-Herzegovina (79%) y por supuesto Ucrania (82%), Rusia (86%), Moldavia (89%), Georgia (94%) y Armenia (95%).

No han sido incluidos en la encuesta Islandia, Luxemburgo y Malta (que caerían, casi seguro, en el bloque de países más tolerantes) ni Albania, Chipre, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Turquía (en los que creemos que, con distintos porcentajes, la oposición sería importante). Nos hubiera gustado conocer especialmente el porcentaje de Eslovenia, país en el que llegó a aprobarse una ley de matrimonio que fue luego anulada en un referéndum promovido desde sectores afines a la Iglesia católica en el que participó poco más de un tercio del censo, y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

Más allá de las opiniones sobre el matrimonio igualitario, el estudio de Pew Research Center preguntaba a los jóvenes europeos sobre otras materias como la actitud hacia las personas de religión musulmana, la importancia que conceden a la religión como elemento de su identidad nacional, el aborto o la creencia en que la cultura propia es superior a otras. Sus resultados quedan fuera del ámbito LGTB, pero arrojan dos resultados que de forma general son coherentes con la opinión sobre el matrimonio igualitario: hay un fuerte contraste entre los jóvenes de Europa occidental y oriental, y en todos los casos los jóvenes españoles se sitúan en el lado más tolerante del espectro. Puedes acceder aquí a más información sobre el estudio.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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“El fundamentalismo de derechas crece”, por José Mª Castillo

Martes, 23 de octubre de 2018

45204844411_125723e2bb_zDe su blog Teología sin censura:

El conocido sociólogo Anthony Giddens, director de la London School of Economics, publicó en 1999 un pequeño libro de divulgación (“Un mundo desbocado”), en el que analiza algunas cuestiones de actualidad. Y uno de los asuntos que estudia es el del “fundamentalismo.

Un tema de actualidad. Porque el integrismo de derechas está cobrando fuerzas en la sociedad, en la política, en la religión y en otros ámbitos de la vida. Baste pensar lo que está ocurriendo en Italia, Hungría, Polonia, Austria, Suecia, EE. UU., Brasil, etc.

¿Por qué se presentan situaciones o momentos, en la historia, en los que el fundamentalismo da la cara con especial vigor y encuentra más acogida en amplios sectores de la sociedad? Sin duda alguna, un factor determinante del fundamentalismo es la “inseguridad”. La gente quiere sentirse segura. Pero ocurre que, ahora mismo, en este mundo casi todo está cambiando tanto y a tal velocidad, que cada día y por motivos muy diversos, son muchas las personas y los grupos humanos que se sienten inseguros y con miedo, sobre todo cuando miran al futuro.

Como es lógico, en estas situaciones, aumentan los miedos, Y, con los miedos, crece también la inseguridad. Se producen así las condiciones ideales para que, quienes pueden ofrecer motivos de seguridad a la gente, saquen tajada y hagan “su agosto”. Por eso, de tiempo en tiempo, aparecen dictadores o gobernantes que dominan a los pueblos y a las gentes, que se les someten con un entusiasmo que no es fácil entender.

Un ejemplo elocuente, en este orden de cosas, puede ser lo que ocurrió en la Alemania de la segunda guerra mundial. Un país en el que existió un cristianismo que hizo posible Auschwitz, o al menos no lo impidió. No hubo una protesta, una resistencia general de los cristianos en Alemania cuando Auschwitz se hizo visible, ni cuando se conoció más y más lo que allí ocurría. La mayoría de aquellos alemanes e incluso no pocos de aquellos facinerosos habían recibido durante años clases de religión cristiana, asistían con frecuencia al culto divino y escuchaban sermones e instrucciones morales (Thomas Ruster). Y nadie dijo ni pío. O pocos fueron los que se atrevieron a protestar. Es evidente que el miedo a la inseguridad sellaba las bocas. Es un ejemplo entre tantos otros, algunos de los cuales los tenemos aquí, entre nosotros.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿qué es y en que consiste el “fundamentalismo”? Guiddens ha encontrado una fórmula acertada: fundamentalismo es “tradición acorralada”. Y lo explica: el fundamentalismo “no tiene nada que ver con el ámbito de las creencias, religiosas o de otra clase. Lo que importa es cómo se defiende o sostiene la verdad de las creencias”. Ya sean creencias políticas, religiosas, sociales…

Si el “fundamentalismo” es “tradición acorralada”, no olvidemos que acorralado se ve el que se siente “encerrado y sin escapatoria”. ¿Por qué ahora mismo, en la Iglesia, en el Vaticano, hay gente importante que no soporta al papa Francisco? ¿Por qué los que no lo soportan son los fundamentalistas, los más fieles a su tradición, los que sostienen sus creencias como defendían las suyas los fariseos que se enfrentaron a Jesús?

Es evidente que tanto la derecha como la izquierda se sienten más seguras en la fidelidad a las tradiciones de antaño que aceptando los cambios que más necesita el “mundo desbocado” en que vivimos. Cambios que nos exigen ser “ciudadanos del mundo” antes que fundamentalistas aferrados a tradiciones que ya han perdido su razón de ser.

La cosa está clara. En estas condiciones, el fundamentalismo de la derecha crece con fuerza entre las gentes que hoy se sienten más inseguras. Porque los cambios, que se nos imponen, es al fundamentalismo al que ponen más nervioso. A fin de cuentas, es el fundamentalismo el que se siente más inseguro.

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Fracaso rotundo del referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía

Martes, 9 de octubre de 2018

viorica-dancila-primera-ministra-de-rumania-referendum-matrimonio-300x155Viorica Dancila, primera ministra de Rumanía, deposita su voto en el referéndum

El referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía no ha alcanzado el mínimo de participación necesario para ser efectivo. Solo un 20,41 % de los censados ha acudido a las urnas, frente al 30 % necesario, lo cual puede calificarse sin duda alguna como de enorme fracaso para los convocantes. Rumanía, pues, no se suma a la lista de países europeos donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está expresamente prohibido en su Constitución, si bien la legislación ordinaria sí lo continúa impidiendo. Actualizaremos la noticia cuando se conozcan los datos del escrutinio con la decisión, ya sin relevancia, de los escasos participantes.

Casi diecinueve millones de ciudadanos rumanos habían sido convocados para votar en referéndum la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo. Para que el resultado fuera vinculante, se necesitaba que participase al menos el 30 % de los censados. Sin embargo, y a pesar de la fuerte presión de los sectores más LGTBfobos —sobre todo la Iglesia ortodoxa— y el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, la participación tan solo ha alcanzado el 20,41 %, por lo que, sea cual sea el resultado del escrutinio final, el texto constitucional no puede ser modificado. La legislación ordinaria sigue impidiendo el matrimonio igualitario en Rumanía, pero al menos su Constitución seguirá sin prohibirlo.

El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado mes de septiembre. En la cámara alta también se superó la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracción frente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30 % del censo electoral y los votos favorables superar el 50 %. El plebiscito se ha celebrado en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre. El primer día, la participación solo alcanzó el 5,72 %, mientras que en la segunda jornada se ha llegado solamente hasta el 20,41 % de participación definitiva.

Tras el resultado, el líder de la USR, Dan Barna, ha pedido la dimisión del Gobierno por «haber dilapidado cuarenta millones de euros en una fantasía». La promotora Coalición por la Familia ha reconocido el mal resultado, aunque se felicita por haber movilizado a casi cuatro millones de rumanos. Por su parte, las asociaciones en defensa de los derechos LGTB, que habían pedido el boicot al referéndum, se han congratulado de que la población se haya abstenido de manera tan clara, pero aún así reclaman que «la comunidad de gais, lesbianas, bisexuales y personas transgénero es parte de la población del país, y tiene muchas familias, que en este momento carecen totalmente de reconocimiento y protección legales. Es hora de que el estado rumano, a través de las autoridades competentes, garantice la igualdad de derechos y obligaciones para las parejas del mismo sexo».

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir.

Expertos legales citados por la web queer.de opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía carece de una ley de uniones civiles. La mención a un «reconocimiento legal y jurídico» de las parejas del mismo sexo podría abrir, sin embargo, el debate legislativo y social sobre esta vía.

El matrimonio igualitario en Europa

Las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en 16 países europeos (entre paréntesis, el año de entrada en vigor de las respectivas normativas):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania  , Malta (2017) y Austria (2019).

Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017) y Austria (2019).

Por otra parte, existen 13 países europeos cuyas respectivas constituciones prohíben expresamente el matrimonio igualitario (entre paréntesis, el año en que entró en vigor la prohibición constitucional):

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013), Eslovaquia (2014) y Armenia (2015).

Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño:

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Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Rumanía sentencia que las parejas homosexuales han de tener igualdad de derechos

Miércoles, 3 de octubre de 2018

200-bandera-RumaniaImportante toma de posición de la justicia rumana sobre los derechos LGTB. El Tribunal Constitucional ha publicado los considerandos de su sentencia del pasado mes de junio en la que reconoció el derecho de residencia a los cónyuges de ciudadanos comunitarios. Según el alto tribunal, las parejas del mismo sexo están amparadas por el derecho constitucional a la protección de la vida privada y familiar. El fallo va en la dirección contraria a la del referéndum del próximo 7 de octubre, en el que se votará una reforma de la ley fundamental para blindar la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. 

A mediados del mes pasado conocíamos que el Senado de Rumanía daba vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución, con lo que Rumanía estaría un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes día 11 de septiembre. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

Sin embargo,  el Tribunal Constitucional del país acaba de decir que las parejas formadas por dos personas del mismo sexo han de tener los mismos derechos que las parejas formadas por dos personas del sexo opuesto. Según los jueces del Tribunal Constitucional rumano, las parejas homosexuales tienen derecho a llevar una vida privada y familiar exactamente igual que las parejas heterosexuales, pues han de tener “el mismo reconocimiento legal de sus derechos y obligaciones“. Que es, curiosamente, un argumento muy parecido al que terminó por tumbar la sección 377 en India, lo que llevó a la legalización de la homosexualidad allí hace unas semanas. Básicamente: va contra la Constitución cualquier ley que penalice lo que la Constitución protege.

Desde Accept, un grupo de derechos LGTB+ rumano, Teodora Ion-Rotaru ha explicado que la sentencia es “extremadamente importante“: “Lo que dice es que las parejas homosexuales han de tener los mismos derechos que las heterosexuales. El Tribunal ha sentenciado que una familia homosexual vale lo mismo que una familia heterosexual.

Aunque el referéndum contra el matrimonio igualitario de los próximos días 6 y 7 de octubre sigue adelante, parece que aunque el resultado afiance la homofobia del país el Gobierno no lo tendrá fácil para modificar la Constitución rumana y definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Porque aunque esta sentencia llegue antes de esa reforma (ahora mismo la Constitución define el matrimonio como una union entre dos cónyuges) muchos expertos ya han avisado de que modificar eso podría suponer una violación de la propia carta magna, un ataque a los derechos humanos de la población homosexual y, además, va en contra de lo que la Unión Europea lleva meses diciendo.

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente | Associated Press, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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El Senado de Rumanía da vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución

Sábado, 15 de septiembre de 2018

200-bandera-RumaniaRumanía está un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

En la línea contraria a la justicia europea

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente Dosmanzanas

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La Ópera de Budapest suspende el musical ‘Billy Elliot’ tras una campaña homófoba

Sábado, 23 de junio de 2018

billy_elliot_gayEn la campaña contra la obra se llegaba a advertir de que los jóvenes que la vieran corrían el riesgo de convertirse en homosexuales.

La Ópera de Budapest ha suspendido quince funciones del musical Billy Elliot después de que un diario cercano al Gobierno nacionalista lanzara una campaña contra la obra, en la que llegaba a advertir de que los jóvenes que la vieran corrían el riesgo de convertirse en homosexuales.

El director de la Ópera, Szilveszter Ókovács, informó hoy a los actores de que “se ha desarrollado una campaña negativa en la prensa en relación con la producción Billy Elliot” que ha afectado a la venta de entradas, por lo que se cancelan las quince próximas representaciones de una obra que lleva en cartel en Budapest desde junio de 2016 y que tiene anunciadas funciones hasta verano próximo.

Unas 100.000 personas han visto la función desde entonces en la capital húngara. El teatro ha asegurado que las entradas ya vendidas serán reembolsadas o cambiadas para otras fechas.

El diario conservador Magyar Idök publicó el pasado 1 de junio una crítica de la obra en la que su autora acusaba a la Ópera de “hacer infelices a los jóvenes que, por ellos mismos, no irían en esa dirección”, hacia la homosexualidad.

En ese artículo se acusa a la obra de “propagar” la homosexualidad de una forma que “afecta el subconsciente de los menores, justo en una edad cuando todavía se puede influir sobre su inclinación”. Poco días después, otra nota sobre la obra llevaba como título Una forma de vida desviada.

Billy Elliot, basada en la exitosa película del mismo nombre del año 2000, cuenta la historia de un chico que sueña con convertirse en un bailarín profesional ante la oposición de su padre, que pretende que tome clases de boxeo.

La película fue un éxito de crítica y público y la adaptación al teatro, con música de Elton John, lleva años en cartel en las principales ciudades del mundo y ha ganado numerosos premios en Broadway.

El edificio de la Ópera de Budapest actualmente está bajo reconstrucción y las funciones se realizan en el Teatro Erkel, una institución que pertenece a la Ópera.

 Fuente Cáscara Amarga

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Informe anual sobre derechos LGTBI en Europa: Malta sigue encabezando la clasificación y España se mantiene en el 9.º puesto

Jueves, 17 de mayo de 2018

ie_logo_with_motto_gif_format_white_background_cmsa_0ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

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La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

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Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

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Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

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ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

  •  Adoptar una nueva ley de igualdad que revise el marco existente de leyes contra la discriminación, que proteja expresamente la orientación sexual, las características sexuales y de identidad de género en todas las esferas de la vida.
  • La actualización del marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, de manera que se garantice que el proceso se base en la autodeterminación, esté libre de requisitos abusivos y no contemple límites de edad.

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

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La Justicia europea rechaza las evaluaciones psicológicas para determinar la orientación sexual de un refugiado

Viernes, 26 de enero de 2018

refugiados_sirios_en_TurquíaLas evaluaciones psicológicas no determinan la orientación sexual según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que falla a favor de un ciudadano nigeriano cuya petición de asilo había sido rechazada por las autoridades de Hungría al no considerar que sea homosexual.

Importante sentencia del Tribunal Europeo de Justicia con sede en Luxemburgo. En respuesta a una consulta de un tribunal húngaro, considera que los solicitantes de asilo que alegan el riesgo de ser perseguidos en sus países por razones de orientación sexual no deben ser sometidos a exámenes psicológicos para determinar la veracidad de sus testimonios. Los magistrados estiman que dichas prácticas constituyen una injerencia desproporcionada en la vida privada del solicitante y que su fiabilidad es, en cualquier caso, limitada.

El pronunciamiento del Tribunal Europeo de Justicia tiene su origen en el recurso de un solicitante de asilo procedente de Nigeria que alegaba el temor a ser perseguido en su país de origen a causa de su orientación sexual. Las autoridades húngaras denegaron el asilo porque, a pesar de considerar que sus declaraciones no eran contradictorias, el informe pericial psicológico no había confirmado su homosexualidad. El solicitante interpuso un recurso contra esta decisión, alegando que esas pruebas vulneraban gravemente sus derechos fundamentales y no eran adecuadas para determinar su orientación sexual. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Szeged (Hungría) consultó a la justicia europea sobre el asunto. Son las autoridades húngaras las que elevan el caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que este jueves, 25 de enero, falla a favor del refugiado, sentando jurisprudencia en todos los países de la Unión Europa.

La pregunta que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de Szeged, Hungría, remitió a la corte europea es si las autoridades húngaras “pueden valorar las declaraciones de un solicitante de asilo relativas a su orientación sexual basándose en un informe pericial psicológico” y si no se puede, qué “método de valoración” es admisible “para examinar la veracidad de las alegaciones presentadas en una solicitud de asilo fundada en el riesgo a ser perseguido por razón de la orientación sexual“.

Tras estudiarlo con detenimiento, en su sentencia, los jueces del Tribunal Europeo de Justicia recuerdan que la Directiva comunitaria relativa a los requisitos para la obtención del estatuto de refugiado reconocen que las autoridades nacionales tienen la potestad de solicitar un dictamen pericial durante el examen de una solicitud de asilo para evaluar la necesidad de una protección internacional. Eso sí, este proceso debe llevarse a cabo con pleno respeto a los derechos fundamentales que garantiza la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre ellos se encuentra el derecho a la dignidad humana y al respeto de la vida privada y familiar. Además, la decisión de otorgar o denegar el asilo nunca puede basarse exclusivamente en las conclusiones de un dictamen pericial. La Justicia Europea lo tiene claro: “un solicitante de asilo no puede ser sometido a un examen psicológico para determinar su orientación sexual” porque “la realización de este tipo de examen constituye una injerencia desproporcionada en la vida privada del solicitante”. Lo preguntaba Hungría y la respuesta es contundente. Si un refugiado solicita asilo en la UE denunciando que en su país está en peligro por sus ideas políticas, sus creencias religiosas o su orientación sexual, las autoridades pueden investigar su caso para verificar que efectivamente es así. Pueden hacer análisis, pero no un examen psicológico.

Los jueces saben que es terreno pantanoso cuando apuntan que “no puede descartarse que, en el contexto particular de la apreciación de las declaraciones de un solicitante de asilo relativas a su orientación sexual, algunos métodos periciales puedan resultar útiles para valorar hechos y circunstancias que consten en la solicitud y puedan aplicarse sin vulnerar los derechos fundamentales de dicho solicitante”, pero deja claro que al estudiar las declaraciones de un solicitante de asilo sobre su orientación sexual, “las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales no pueden fundamentar su decisión exclusivamente en las conclusiones de un dictamen pericial ni quedar vinculados por éstas”.

Sobre el caso concreto de los exámenes psicológicos, la justicia europea considera que se llevan a cabo en un contexto de gran presión sobre el solicitante, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad en la que no puede dar su consentimiento en completa libertad. Por ello estima que su realización supone una injerencia en el respeto a su vida privada y que, en cualquier caso, su fiabilidad es limitada por estos mismos motivos. Recomienda en su lugar hacer una valoración de la coherencia y la credibilidad de las declaraciones del solicitante.

El Tribunal estima que si se realiza un examen psicológico para conocer la orientación sexual del solicitante, “la persona que debe someterse a este examen se encuentra en una situación en la que su futuro está fuertemente condicionado por la decisión que tomen dichas autoridades respecto de su solicitud” y la presión es máxima, puesto que el solicitante de asilo sabe que “un potencial rechazo a someterse a ese examen puede considerarse un factor importante sobre el que se basarán las autoridades nacionales a la hora de determinar si la persona ha fundamentado suficientemente su solicitud”. Es decir que, incluso si el refugiado acepta someterse a un test “dicho consentimiento no se presta necesariamente con total libertad, dado que viene impuesto por la presión de las circunstancias en las que aquél se encuentra” y por eso mismo “utilizar un informe psicológico para determinar la orientación sexual del solicitante constituye una injerencia en el derecho al respeto de su vida privada”.

Eso, sin embargo, sólo aclara una parte del problema. La injerencia en la vida privada, ¿está justificada si sirve para obtener información útil para valorar la necesidad real de protección internacional del solicitante? La corte de Luxemburgo considera que “sólo puede admitirse un dictamen si se basa en métodos suficientemente fiables”. Y aunque no es su competencia pronunciarse sobre la fiabilidad de ese tipo de test, la sentencia sí destaca que los exámenes “han sido muy cuestionados por la Comisión y por varios gobiernos nacionales” y “que la incidencia de un examen como el controvertido sobre la vida privada del solicitante parece desproporcionada en relación con el objetivo perseguido”.

Los magistrados van más allá en el caso del ciudadano nigeriano y afirman que se tipo de evaluaciones psicológicas “no es indispensable para evaluar la credibilidad de las declaraciones de éste relativas a su orientación sexual” y que las autoridades deberían tener “personal competente” para estudiar sus declaraciones.

En definitiva, “el Tribunal de Justicia concluye que la utilización de un examen psicológico con el fin de determinar la realidad de la orientación sexual de un solicitante de asilo no se ajusta a la Directiva leída a la luz de la Carta [de Derechos Fundamentales de la Unión Europea]”, según destaca el comunicado de prensa con el que el Tribunal Europeo de Justicia daba a conocer la sentencia.

Si en 2016 Iniciative for Equal Rights alerta de que se habían registrado al menos 152 violaciones de la intimidad de miembros del colectivo LGBT en Nigeria, a lo largo de este último año las autoridades nigerianas han continuado en la misma línea con actuaciones como la detención de 53 personas en abril, a las que acusan de «conspiración, reunión ilegal y pertenencia a un grupo anti social» por estar celebrando lo que suponen era una boda gay en un hotel, mientras que en una redad similar en otro hotel, en agosto, detienen a 42 personas «pilladas in fraganti» y sospechosas de ser homosexuales en lo que en realidad era una reunión de información y prevención sobre el VIH.

Asimismo, cuestionada precisamente por la duda sobre su orientación sexual, Nneka Obazee, intenta suicidarse ante su inminente deportación a Nigeria, al ser rechazada su solicitud de asilo en el Reino Unido, llegando otra refugiada, Aderonke Apata, a grabarse en un vídeo manteniendo relaciones sexuales con otra mujer para demostrar su orientación sexual. En cualquier caso, la decisión final sobre el ciudadano nigeriano queda ahora en manos de los tribunales.

El Tribunal ya prohibió las pruebas indignas

Hace tres años, el Tribunal Europeo de Justicia emitía otra importante sentencia sobre los derechos de los demandantes de asilo a causa de su orientación sexual. Los jueces de Luxemburgo consideraron que a la hora de valorar las solicitudes de asilo de personas que alegan el riesgo de ser perseguidas en sus países por razones de orientación sexual debe respetarse su dignidad humana. El tribunal estimó que exigirles “exámenes” para demostrar su homosexualidad e incluso la presentación de pruebas del tipo de grabaciones en vídeo de sus actos íntimos viola la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Un año antes, en noviembre de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconocía que las personas que buscan asilo en la Unión Europea por proceder de países que castigan penalmente las relaciones homosexuales tienen derecho al estatuto de refugiado. La letra pequeña, sin embargo, introducía limitaciones, al especificar que no bastaba la existencia de normas penales homófobas, sino que dicha persecución debía ser “efectivamente aplicada”.

LGTBfobia de Estado en Nigeria

En Nigeria, país con un influyente movimiento evangélico cristiano en el sur y un fuerte apoyo a la ley islámica en el norte, las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel o incluso hasta la muerte por lapidación en los estados del norte en los que además se aplica la sharía o ley islámica (el estado de Kaduna, de hecho, es uno de los que aplican en parte de su territorio). El pasado mes de abril recogíamos que 53 personas fueron detenidas en el país, acusadas de haber participado en una “boda gay”. La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años, que ya prestaron declaración ante el juez y que todavía esperan que se dicte sentencia.

Cabe recordar que a principios de 2014 el presidente Goodluck Jonathan promulgó la mencionada ley, que agrava el tratamiento penal para cualquier actividad relacionada con la realidad LGTB. Desde su entrada en vigor, de hecho, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB de Nigeria, alentados por los líderes políticos y religiosos, que han creado un ambiente de profunda homofobia social. Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión. En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual. En noviembre 21 estudiantes fueron detenidos acusados de prostitución masculina, según un periódico local.

En marzo de 2016, una turba violenta atacó a 20 jóvenes de quienes sospechaban, por su aspecto afeminado, que eran homosexuales. Todos ellos habían sido arrastrados fuera de sus casas y reunidos para golpearlos sin compasión. La brutal paliza a que les sometieron hizo temer por sus vidas. Ninguna de las víctimas quiso presentar denuncia, por temor a las represalias de sus agresores y por no enfrentarse al estigma de ser considerados homosexuales públicamente. En mayo, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales.

En el mes de octubre del mismo año, fue detenido un hombre acusado de mantener relaciones homosexuales, tras negarse a ser víctima de un chantaje. Al parecer, todo fue urdido por una pareja de madre e hijo, que se dedican a extorsionar a homosexuales con la amenaza de denuncia. Tras la negativa, la Policía procedió casi inmediatamente al arresto.

Posteriormente, en diciembre dimos la noticia de que un magistrado del Tribunal de Damaturu, la capital del estado de Yobe, había condenado a cinco hombres a sendos siete años de prisiónpor haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. En abril de este 2017, publicamos la detención de 53 personas, a quienes se acusaba de participar en la celebración de una supuesta “boda gay”.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Parece haber servido de poco, sin embargo. En enero de este mismo año nos hacíamos eco de un informe de la organización The Initiative for Equal Rights, que denunciaba hasta 152 graves vulneraciones de los derechos humanos de la población LGTB entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Evidentemente, se trata de las denuncias que han llegado a conocimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En un país en el que la homosexualidad está fuertemente castigada por el Código Penal y sufre un fortísimo rechazo social, el número real es con seguridad mucho mayor.

Fuente El Mundo/Universogay/Cristianos Gays

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comienza a estudiar el caso de la pareja casada en Bélgica cuyo matrimonio no reconoce Rumanía

Miércoles, 6 de diciembre de 2017

adrian-si-clabourn2Importante noticia la que hemos conocido esta semana: la Corte Europea de Justicia comenzó a examinar el martes pasado el caso de una pareja del mismo sexo casada legalmente en Bélgica, pero cuyo matrimonio no reconocen las autoridades de Rumanía. La resolución de este caso, que se conocerá previsiblemente el año que viene, podría sentar un importante precedente para la libertad de circulación de las personas LGTB en el territorio de la Unión Europea. Una sentencia positiva obligaría a todos los estados miembros a reconocer los matrimonios y uniones civiles legalmente celebrados en otros países de la Unión.

La Justicia europea ha empezado a deliberar sobre un asunto cuya resolución podría traer profundas consecuencias para las parejas del mismo sexo. Hemos informado del caso que llevan adelante Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton, casados legalmente en Bélgica. La pareja presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Esta falta de reconocimiento legal impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha anunciado que la Gran Sala se hará cargo de las deliberaciones, que comenzaron la semana pasada. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. La resolución, que previsiblemente se conocerá ya en 2018, podría sentar un importante precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias.

Concretamente, podría tener consecuencias para los únicos seis Estados miembros que actualmente carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo: se trata, además de Rumanía, de Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Una sentencia favorable para los demandantes podría obligar a estos países a reconocer a las parejas del mismo sexo legalmente casadas o unidas civilmente en otros Estados de la Unión cuando al menos uno de los cónyuges sea ciudadano de un Estado miembro. Situaciones como la aquí descrita, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final. Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando hace dos años consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

En mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobaba la medida por 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo y en septiembre, el gobernante Partido Socialdemócrata anunciaba la próxima convocatoria de un referéndum que aún no se ha llevado a cabo. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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Recordatorio

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