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El Parlamento de Islandia aprueba la despatologización de las identidades trans y añade una tercera opción de sexo legal

Martes, 2 de julio de 2019

isAlthingi-300x226Ampliamos la noticia de la que hablábamos el pasado día 27 de junio. El Parlamento de Islandia ha aprobado una reforma de la ley de identidad de género que incluye el reconocimiento, por primera vez, de una tercera opción de sexo legal. La medida se adoptó sin votos en contra y adopta el principio de autodeterminación de género para la modificación registral del sexo de las personas trans, un procedimiento que estará disponible también para menores de edad. El activismo lamenta que no se hayan abordado asuntos como la prohibición de las cirugías de «normalización» en menores intersexuales. La ley, que ha contado con el apoyo de la Primera Ministra Katrín Jakobsdóttir,  reafirma la autonomía del cuerpo de cada individuo en la sociedad; también busca designar un grupo de trabajo que trate el estatus de las personas intersex.

La ley de identidad de género aprobada en 2012 contempló la creación de una unidad de disforia de género en el Hospital Universitario Nacional de Islandia, con la capacidad de llevar a cabo operaciones de reasignación. El proceso de reconocimiento de la nueva identidad legal se extendía durante 18 meses y se exigía una justificación de haber vivido de acuerdo con el género escogido durante al menos 12 meses. A continuación, un comité de expertos decidía sobre el diagnóstico de disforia de género y, en caso positivo, aprobaba la modificación registral del sexo y la expedición de los nuevos documentos de identidad. El texto no requería someterse a una operación de reasignación.

El proyecto de ley elaborado por el Gobierno islandés, de coalición entre el Movimiento Verde de Izquierda, el conservador Partido de la Independencia y el agrarista Partido Progresista, actualiza el texto de 2012 para adaptarlo a las demandas de despatologización y autodeterminación de género de la comunidad trans. El Parlamento islandés aprobó la reforma el pasado 19 de junio por 45 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Quince diputados no estaban presentes en el momento de la votación.

La medida adopta el principio de autodeterminación de género y elimina la necesidad de un diagnóstico de disforia de género para acceder a la modificación registral del sexo legal. Los trámites se simplifican y se acortan en el tiempo, y el procedimiento también estará disponible para los menores de edad, siempre que cuenten con la autorización de un progenitor. Como novedad, también se introduce una tercera opción de sexo legal «X», que ya existe en otros países europeos como Alemania (donde se denomina «diverso»), Austria o Malta.

A pesar de los avances, el activismo ha lamentado que el texto aprobado por el Parlamento no contemple la prohibición de las cirugías de «normalización» en menores intersexuales. El proyecto presentado por el Gobierno sí incluía la medida, que desapareció de la versión final. Un comité de expertos discutirá durante los próximos doce meses sobre un texto legislativo que aborde las necesidades de las personas intersexuales. Otro de los puntos que ha sido criticado se refiere al dilatado periodo de tiempo, de hasta 18 meses, que habrá que esperar para poder registrarse bajo el sexo legal «X».

En cualquier caso, la norma coloca a Islandia en el grupo de cabeza de los países con legislaciones más avanzadas en cuanto a reconocimiento de la autodeterminación de género. En Europa, países como DinamarcaGreciaIrlandaMalta, BélgicaNoruega   también han aprobado normas similares en los últimos años. En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. En el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas

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Informe anual sobre derechos LGTBI en Europa: alarma ante la pérdida de derechos en varios países, mientras que España cae al 11º puesto

Miércoles, 15 de mayo de 2019

ie_logo_with_motto_gif_format_white_background_cmsa_0Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

Ilga-Europa-2019-Cumplimiento-Europa

Ilga-Europa-2019-Cumplimiento-Union-Europea

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Ilga-Europa-2019

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Mapa-Ilga-Europa-2019

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

Ilga-Europa-2019-Cumplimiento-Espana

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

  • Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
  • Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

FuenteILGA Europe, vía Dosmanzanas

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La investigación de la OSCE concluye que existen pruebas manifiestas de la persecución, tortura y ejecución de personas LGTB en Chechenia (LISTA)

Viernes, 28 de diciembre de 2018

osce-logoLa Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha emitido un informe tras la investigación realizada en Chechenia, en el que afirma que «existen pruebas manifiestas que confirman» las acusaciones de persecución, tortura y ejecución de personas homosexuales, bisexuales y trans. El protocolo por el que se inició la investigación fue instado por dieciséis países, para quienes no bastaban las explicaciones dadas por el Gobierno ruso sobre las violaciones de los derechos humanos en el territorio checheno. La OSCE acusa también a las autoridades rusas de «falta de voluntad política» para esclarecer los hechos y actuar contra los responsables de la brutal represión.

Según la conclusión que se hace constar en un documento que tiene más de treinta páginas, «las pruebas demuestran claramente que las acusaciones de violaciones muy graves de los derechos humanos en la República de Chechenia de la Federación Rusa han sido confirmadas. Esto atañe a denuncias particulares de acoso y persecución, arrestos arbitrarios o detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En particular, han podido confirmarse varias oleadas de violaciones de los derechos humanos y abusos de personas debido a su orientación sexual e identidad de género que tuvieron lugar en 2017».

Además de las personas homosexuales, bisexuales y trans, entre las víctimas también se hallaban defensores de los derechos humanos, profesionales de medios de comunicación independientes, consumidores de drogas, abogados y miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, el informe resalta que estos métodos se dirigían principalmente contra los varones homosexuales y las mujeres trans (a quienes incluían en el colectivo de varones homosexuales al no reconocer su identidad de género). Tal como consta en el informe, «eran golpeados regularmente con tubos, palos o cables de plástico o sometidos a descargas eléctricas para obligarlos a confesar. En algunos casos documentados, las víctimas no sobrevivieron a estos actos de tortura. Otros fueron ejecutados sin juicio».

Tras el análisis de multitud de documentos, los autores del informe consideran que las autoridades rusas encargadas de la investigación de estos hechos «parecen no haber asumidos su responsabilidad». La mayor parte de los investigadores opinan que las instituciones de la Federación Rusa tratan a Chechenia «como un caso especial, una zona excepcional, donde las instituciones no son eficaces y donde se tolera un régimen especial de impunidad», por lo que concluyen que existe «una falta de voluntad política en aras de lograr la estabilidad en la región».

Tras la publicación del informe, el Consejo Permanente de la OSCE, con sede en Viena, ha instado al Gobierno ruso a «trabajar con las instituciones internacionales pertinentes para abordar de manera constructiva las cuestiones planteadas».

La investigación que ha concluido con este demoledor informe fue propuesta por Islandia, a quien se sumaron Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Este grupo de países decidió activar el protocolo conocido como «mecanismo de Moscú», un procedimiento excepcional que solo se había empleado hasta ese momento en siete ocasiones y que prevé la participación de un grupo de expertos internacionales.

Su misión era investigar, entre otras denuncias de violación de los derechos humanos, la persecución y asesinato de personas homosexuales, que en la primavera de 2017 sacudían a la comunidad internacional tras el artículo del diario Novaya Gazeta, en el que se afirmaba que al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena.

En este tiempo, la homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados.

Fuente Dosmanzanas

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Hungría y Polonia impiden la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la Unión Europea favorable a los derechos LGTB

Martes, 11 de diciembre de 2018

bandera-Europa-rasgadaUna vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

Hungría, recordemos, fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista representada por el partido Fidesz (Partido Popular Europeo) conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz), el el pasado considerado un «paria político», está considerado hoy día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

Polonia, un país en el que hace años se llegaron a producir esperanzadores pasos adelante en materia LGTB, la situación dio en  2015 un giro parecido. El primer signo de los nuevos tiempos fue la elección como presidente de Andrzej Duda, del partido ultraconservador Ley y Justicia, una de cuyas primeras medidas fue vetar una nueva ley de identidad de género que había sido ya aprobada por el Parlamento polaco, y que definitivamente quedó arrinconada. Pero el golpe definitivo llegó con las elecciones parlamentarias de octubre de 2015, que otorgaron a Ley y Justicia la mayoría absoluta y que supusieron una importante derrota para la europeísta y liberal Plataforma Cívica, además de la desaparición absoluta de los partidos de izquierda del Parlamento polaco. Un escenario que ha favorecido un giro autoritario al estilo húngaro. Y aunque hace pocas semanas las elecciones locales mostraron una profunda división al respecto entre las Polonias urbana y rural, por el momento no parece suficiente como para asegurar una marcha atrás las elecciones generales de 2019.

Mientras tanto, los dos países se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTB En Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez. Ahora, al menos, ha habido por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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La “purga” gay le cuesta a Tanzania mucho dinero en ayudas internacionales

Lunes, 26 de noviembre de 2018

tanzania-purga-gay-696x522Ya hace días que explicamos que en la región de Dar es Salaam, en Tanzania, ha empezado una “purga” gay impulsada por su gobernador, Paul Makonda, con la intención de identificar, detener y torturar a las personas gais para que “vuelvan” a ser heterosexuales. También hace días que te explicamos que el Ministro de Exteriores del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, explicó a la prensa que el gobierno no ve con buenos ojos esa “purga”… para luego ir al Parlamento a decir que Tanzania “no es el lugar” para ser homosexual porque “nunca permitiremos que esas cosas ocurran“.

Es asombrosa la inexistente reacción de los colectivos LGTB+ que se lanzaron en tromba a manifestarse frente a las embajadas rusas cuando ocurrió más o menos lo mismo en Chechenia.

A la que esta vez parece que no tenemos que esperar mucho rato es a la comunidad internacional, que aunque en el caso de Chechenia ni estuvo ni se la esperaba, en el caos de Tanzania sí han empezado a mover ficha.

Primero fue la mismísima Unión Europea la que llamó a consultas a su embajador en Dar es Salaam, Roeland van de Geer, y emitió un comunicado denunciando “el deterioro en materia de derechos humanos” en Tanzania. Por su parte el gobierno de Estados Unidos ordenó a la embajada americana en el país que emitiera una alerta de seguridad recomendando a sus ciudadanos que revisaran sus perfiles en redes sociales, porque Makonda ya anunció que no se iba a amilanar a la hora de monitorizar comunicaciones privadas para “detectar” a los homosexuales.

Ahora Tanzania se acaba de llevar un golpe mucho más duro que una consulta a un embajador o una alerta de seguridad. El gobierno de Dinamarca, el segundo país que más ayudas inyecta en el país (unos 53 millones de dólares solo el año pasado), ha anunciado que no seguirán ayudando económicamente al país. Según Ulla Tørnæs, ministra de desarrollo danesa, el país está muy preocupado por “el desarrollo negativo” del país africano,  ha condenado los comentarios homófobos e “inaceptables” de sus responsables políticos y ha anunciado que retiran una ayuda de 10 millones de dólares. “El respeto a los derechos humanos es de suma importancia para Dinamarca“, aseguró Tørnæs

Pero Tanzania no ha perdido solo 10 millones de dólares. Aunque no ha sido por el caso de la “purga” gay, el Banco Mundial ha decidido cancelar los planes de un préstamo de 300 millones de dólares al país; por un lado porque Tanzania ha decidido prohibir que las jóvenes embarazadas vayan a la escuela o al instituto (y también que vuelvan después de dar a luz) y por otro lado por la ley sobre estadística que el país aprobó en septiembre y que convierte en un crimen que se cuestionen los datos que proporciona el gobierno.

Lo de los gobiernos de los países homófobos que dependen de ayudas internacionales para que su población no se rebele contra ellos es, cuando menos, curioso. En sus discursos siempre acusan a los países occidentales de querer “imponer” sus nuevas costumbres (los derechos LGTB+), y las rechazan de pleno… Pero no tienen ningún problema a la hora de aceptar nuestro dinero occidental. Alguien debería tomar nota de eso.

Fuente  Pink News, vía HazteQueer

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Los «millenials» españoles son, junto a los daneses y a los suecos, los que menos se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo en toda Europa

Jueves, 22 de noviembre de 2018

matrimonio_igualitario-720x394Solo un 7% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se opone al matrimonio igualitario. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Pew Research Center, el prestigioso instituto de investigación social estadounidense, cuyo objetivo era la de comparar las actitudes de la juventud de 34 países europeos en diversos aspectos. Un resultado coherente con lo que muestran estudios previos, que de forma repetida colocan a España como uno de los países con mayor aceptación social de la realidad homosexual.

De todos los países de la encuesta, solo Suecia y Dinamarca, dos países nórdicos cuya tradición de respeto y tolerancia al colectivo LGTB es bien conocida, registran cifras inferiores a las de España (5% y 6%, respectivamente). Justo a continuación de España, se sitúan Bélgica (9%), Holanda (10%), Finlandia (12%), Reino Unido (13%), Austria, Noruega y Portugal (14%), Alemania (15%), Suiza (16%), la República Checa (18%) e Irlanda (20%). Cabe destacar que en casi todos estos países se ha aprobado (mediante diferentes procedimientos) el matrimonio igualitario, con la excepción de República Checa (cuyo parlamento lo está discutiendo) y Suiza (pincha para ampliar la imagen):

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A más distancia y a caballo entre las Europas occidental y oriental se sitúa Italia, con un 27%. Hablamos de un país que arrastra una LGTBfobia social mayor que la del resto de Europa occidental, y en el que por ejemplo ninguno de los grandes partidos políticos ha apostado nunca por el matrimonio igualitario. Detrás de Italia se sitúan todos los países de la Europa del este, así como los de tradición ortodoxa. Pese a todo, pueden apreciarse importantes diferencias entre aquellos en los que el porcentaje de jóvenes contrarios al matrimonio igualitario está relativamente equilibrado con el resto, como Eslovaquia (42%), Polonia (50%), Grecia (51%) o Hungría (52%); aquellos en los que ya empieza a ser muy importante, como Estonia y Croacia (61%), Rumanía (66%), Bulgaria (68%) y Letonia (70%), y aquellos en los que la oposición es abrumadora, como Lituania (74%), Bielorrusia y Serbia (75%), Bosnia-Herzegovina (79%) y por supuesto Ucrania (82%), Rusia (86%), Moldavia (89%), Georgia (94%) y Armenia (95%).

No han sido incluidos en la encuesta Islandia, Luxemburgo y Malta (que caerían, casi seguro, en el bloque de países más tolerantes) ni Albania, Chipre, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Turquía (en los que creemos que, con distintos porcentajes, la oposición sería importante). Nos hubiera gustado conocer especialmente el porcentaje de Eslovenia, país en el que llegó a aprobarse una ley de matrimonio que fue luego anulada en un referéndum promovido desde sectores afines a la Iglesia católica en el que participó poco más de un tercio del censo, y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

Más allá de las opiniones sobre el matrimonio igualitario, el estudio de Pew Research Center preguntaba a los jóvenes europeos sobre otras materias como la actitud hacia las personas de religión musulmana, la importancia que conceden a la religión como elemento de su identidad nacional, el aborto o la creencia en que la cultura propia es superior a otras. Sus resultados quedan fuera del ámbito LGTB, pero arrojan dos resultados que de forma general son coherentes con la opinión sobre el matrimonio igualitario: hay un fuerte contraste entre los jóvenes de Europa occidental y oriental, y en todos los casos los jóvenes españoles se sitúan en el lado más tolerante del espectro. Puedes acceder aquí a más información sobre el estudio.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Las mentiras para ser invitado al World Pride, otra vez en evidencia: el PP quiere mantener la patologización de las identidades trans en la reforma de la ley de identidad de género

Martes, 20 de noviembre de 2018

dkfvag5xkaan7i0Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

  1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
  2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
    • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
    • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como PortugalGrecia, BélgicaIrlanda, DinamarcaMalta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

maroto-en-el-orgullo-300x169Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

pp_derechos_lgtbiEn este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

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La OSCE abre una investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Chechenia

Sábado, 10 de noviembre de 2018

refugiados-chechenia-francia-gay-696x522La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) activó el jueves de la semana pasada el «mecanismo de Moscú» para aclarar las violaciones de derechos humanos cometidas en Chechenia en los últimos dos años. Entre ellas, las detenciones, torturas y asesinatos de personas homosexuales que estremecieron al mundo en la primavera de 2017. El organismo internacional considera insuficientes las explicaciones dadas hasta ahora por el Gobierno ruso. Se trata de un protocolo al que se han adherido 16 países, liderados por Islandia, y que recabará la ayuda de expertos que investigarán sobre el terreno los hechos denunciados.

Son varios los Gobiernos que han empujado a la OSCE a iniciar el proceso. A la medida, liderada por Islandia, se han sumado Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. El protocolo conocido como «mecanismo de Moscú» es un procedimiento excepcional que solo se había empleado hasta ahora en siete ocasiones y prevé la participación de un grupo de expertos internacionales. Intentarán aclarar sobre el terreno las cuestiones que se han planteado a Rusia sobre la situación en Chechenia.

Concretamente, se investigará la ejecución de 27 sospechosos de terrorismo en enero de 2017, el encarcelamiento arbitrario del activista Oyub Titiev y la persecución y asesinatos de personas homosexuales, que en la primavera de 2017 sacudían a la comunidad internacional. Según reportaba el diario Novaya Gazeta, al menos 100 personas habían sido detenidas y encarceladas por ser «sospechosas de homosexualidad». Más adelante, salía a la luz la posible existencia de auténticos campos de concentración para personas homosexuales cerca de Grozny, la capital chechena.

En este tiempo, la homofobia del líder checheno, Ramzán Kadýrov, ha quedado sobradamente demostrada. Sofocada la crisis separatista, el Gobierno checheno ha encontrado en el colectivo LGTB un chivo expiatorio que encaja perfectamente con sus ideales retrógrados. Las autoridades rusas siguen demostrando, sin embargo, una ausencia total de voluntad política para investigar los posibles crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. A fecha de hoy, nadie ha sido detenido ni imputado. La desidia del Gobierno ruso ante las peticiones de colaboración de la OSCE ha sido el detonante para invocar el «mecanismo de Moscú».

El escrito de la delegación islandesa a los dirigentes del organismo internacional destaca el «clima de impunidad» que provoca la inacción de Rusia ante las «graves violaciones de derechos humanos» cometidas por las autoridades chechenas. Una persecución que se ha dirigido contra personas «a causa de su orientación sexual o identidad de género percibida o real, así como defensores de los derechos humanos, abogados, medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil y otros». Los hechos denunciados incluyen «acoso y persecución, arrestos y encarcelamientos arbitrarios o ilegales, tortura, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales».

 Fuente Dosmanzanas

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La organización de Míster Gay Europa coronó a su nuevo ganador en Polonia, desafiando al conservadurismo del país

Martes, 21 de agosto de 2018

doleschyEnrique Doleschy, alemán de 30 años, ha sido elegido Míster Gay Europa 2018 en la final del certamen, celebrada el pasado sábado en la ciudad de Poznań (Polonia). La organización del concurso desafió así al conservadurismo polaco, organizando el evento en un país en el que la tradición católica aún retiene una fuerte influencia y donde el nivel de homofobia social es aún elevado. «Espero que esto nos ayude en nuestra lucha por lograr los mismos derechos de los que se disfruta en el resto de Europa», comentó el organizador del evento, Pawel Zabilski. 

Justo antes de celebrar el evento, se llevó a cabo una marcha del Orgullo en la misma ciudad; un evento que atrajo a varios cientos de manifestantes, y también a detractores. «No es correcto dar privilegios (a las personas LGTB) o elevarlos al nivel de las familias. Darles el derecho de adoptar, cuando estos son frikis, es absurdo y no debería pasar», declaró a AFP uno de los contramanifestantes homófobos. El ministro de Defensa polaco, Mariusz Błaszczak, calificó por su parte la marcha como «desfile de sodomitas».

El nuevo Míster Gay Europa, Enrique Doleschy, que logró vencer a otros seis finalistas para hacerse con el título, aseguró que este tipo de eventos deben seguir celebrandose mientras que los homosexuales sigan sin ser respetados y no puedan ser ellos mismos. «Mientras haya una persona que se sienta así, necesitamos competiciones como esta para sacar lo mejor de las personas y conseguir que seamos mejores los unos con los otros», señaló.

Cabe recordar que las parejas del mismo sexo no disponen de reconocimiento jurídico en Polonia, un país que había dado prometedores pasos adelante en materia LGTB que quedaron congelados en 2015, tras recuperar el poder los ultraconservadores de Ley y Justicia (conocido todavía por muchos como «el partido de los gemelos Kaczyński»), primero haciéndose con la presidencia del país y luego conquistando la mayoría absoluta en las legislativas. Un giro que también impidió que entrase en vigor la ley de identidad de género que había sido ya aprobada, y que definitivamente quedó en vía muerta, y que hoy día hace inviable cualquier avance.

El actual Gobierno polaco, de hecho, ha dado muestras de ser fuertemente LGTBfobo. Además de las mencionadas declaraciones del ministro de Defensa, hace pocas semanas el ministro del Interior, Joachim Brudziński, hizo pública su intención de llevar ante la Fiscalía de su país a varios activistas LGTB solo por el hecho de utilizar en el Orgullo de Częstochowa una bandera arcoíris que llevaba incrustada el águila blanca, uno de los símbolos nacionales de Polonia.

Un hombre trans, finalista

Asimismo, y por primera vez en la historia del certamen, un hombre trans quedó finalista en el concurso. Se trata del danés Niels Jansen —de 44 años y que había sido coronado Mr. Gay Dinamarca el pasado mes de mayo—, que logró desempeñar un gran papel (algo sumado al hecho de convertirse en el primer ganador trans del certamen de su país).

Fuente Dosmanzanas

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Tommy Ahlers, ministro de Ciencia, Tecnología, Información y Universidades de Dinamarca, hace pública su bisexualidad

Miércoles, 8 de agosto de 2018

37d46165-cfcc-4423-bac1-6c0ea0ce8b67El ministro danés de Ciencia, Tecnología, Información y Universidades, Tommy Ahlers, ha hecho pública su condición de bisexual en una entrevista concedida al semanario Euroman. Ahlers, que tomó posesión de su cargo el pasado mes de mayo, cree que la declaración de su bisexualidad es una «cuestión de transparencia» y una forma de dejar claro que «no tiene nada que esconder». Se trata del segundo miembro abiertamente LGTBI del actual Gobierno danés, junto al ministro de Justicia Søren Pape Poulsen.

Tommy Ahlers tomó posesión de la cartera de Ciencia, Tecnología, Información y Universidades el pasado 2 de mayo, tras la dimisión del anterior titular Søren Pind. Dentro del Gobierno de coalición que actualmente dirige Dinamarca, Ahlers se alinea como independiente, aunque son sabidas sus simpatías por el mayoritario Venstre, de corte liberal centroderechista.

El pasado 31 de julio, concedió una entrevista al semanario Euroman, en la que detalla cuáles son sus objetivos políticos desde su recién estrenado cargo. Pero también ha aprovechado la ocasión para dar a conocer su orientación sexual, con el propósito hacer público lo que ya es conocido en su entorno más cercano. Así, el ministro se ha definido como bisexual, algo que cree que «debe saberse de una vez por todas. Es una cuestión de transparencia. No quiero que la gente crea que tengo algo que esconder». Ahlers quiere cortar de raíz cualquier murmuración y explica que «cuando la gente me dice que se ha enterado de un rumor sobre mí, yo les digo que no, que no es un rumor. Todo es cierto. La verdad es que he llegado a la conclusión de que me siento atraído tanto por hombres como por mujeres».

Pero el ministro no solo ha hablado sobre algo que es parte de su condición como ser humano, como es su orientación sexual, también ha querido dar a conocer, con gran apertura, datos de lo que ya sí que es estrictamente su vida privada. Así, cuenta que estuvo casado con una mujer hasta el 2012, con la que tuvo dos hijos, y que, en los cuatro años siguientes a su separación, solo mantuvo relaciones con hombres. «Llegué a pensar que me sentía atraído exclusivamente por ellos», declara. Sin embargo, explica que, con el tiempo, «las mujeres me hicieron sentir lo mismo otra vez, tal como me sentí cuando conocí a la madre de mis hijos. Al conocer a diferentes mujeres, pensé que eran igual de interesantes y maravillosas». Actualmente, su pareja es una mujer, con la que mantiene una relación desde hace un año.

Con estas declaraciones, Tommy Ahlers se convierte en el segundo ministro del actual Gobierno danés abiertamente LGTBI, conjuntamente con el ministro de Justicia y líder conservador, Søren Pape Poulsen, que hizo púbica su homosexualidad en 2014, dos años antes de tomar posesión de su cargo.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Luxemburgo aprueba un proyecto de ley que simplifica la modificación registral del nombre y el sexo

Miércoles, 1 de agosto de 2018

camara-diputados-luxemburgoLa Cámara de Diputados, el parlamento unicameral de Luxemburgo, aprobó el miércoles pasado un proyecto de ley que simplifica los trámites para modificar el nombre y el sexo legales. La norma, adoptada por abrumadora mayoría, permitirá la inscripción de los nuevos datos personales mediante una solicitud al Ministerio de Justicia y elimina el requisito de presentar informes psiquiátricos o someterse a tratamientos hormonales, intervenciones médicas y esterilización. En el caso de menores de edad, será necesario el consentimiento parental.

El texto aprobado coloca a Luxemburgo en el cada vez más numeroso grupo de países que incorporan a sus legislaciones el principio de autodeterminación de género. La nueva ley elimina de forma explícita la necesidad de haberse sometido a tratamientos médicos, operaciones quirúrgicas o esterilización. La persona interesada solo tendrá que enviar una solicitud motivada al ministerio de Justicia para reclamar la modificación del nombre y el sexo legal. Deberá justificar, eso sí, que utiliza la identidad de género especificada en su vida privada y laboral.

Para el cambio del nombre y el sexo legal de un menor de edad, sin embargo, será necesario el consentimiento de sus progenitores. Si hay desacuerdo decidirá un tribunal, salvo si se trata de un menor de cinco años, en cuyo caso siempre se tendrá que pronunciar la justicia. La norma también será aplicable a los extranjeros que hayan residido al menos un año en el país.

La tramitación del proyecto de ley, que presentó el Gobierno luxemburgués en mayo de 2017, se ha prolongado durante más de un año. Finalmente, la Cámara de Diputados le ha dado luz verde por 57 votos a favor frente a tres en contra, los de los representantes del derechista Partido Reformista de Alternativa Democrática (ADR). Las formaciones de la coalición de Gobierno entre liberales, socialistas y verdes han sumado también el apoyo de los democristianos y la izquierda anticapitalista.

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Luxemburgo por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura, como antes ya suciedese con  GreciaIrlanda, DinamarcaMalta, Bélgica, Noruega, o Portugal,  en Europa. En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En el Congreso se presentó una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en agosto, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registró en pasado marzo, también en el Congreso, una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta de los «morados» contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Fuente Dosmanzanas

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Agredido en Copenhague el novio del ministro de Justicia (y líder conservador danés) en el Día Internacional contra la LGTBfobia

Lunes, 21 de mayo de 2018

k-soren-pape-viser-sin-kaereste-fremAgresión homófoba en Copenhague: Josue Medina Vásquez, novio del ministro de Justicia (y líder conservador) Søren Pape Poulsen, recibió a la salida de un bar un puñetazo de un individuo que le gritó «no me gustan los homosexuales». El agresor, de nacionalidad eslovaca, ha sido detenido por la Policía.

Josue Medina Vásquez, de nacionalidad dominicana, es el prometido del ministro danés de Justicia, Søren Pape Poulsen, que además es el líder del Partido Popular Conservador. Se conocieron en Bruselas en 2013, y desde 2014 son pareja oficial. En verano de 2017 la pareja anunció sus intenciones de contraer matrimonio este 2018 en la catedral de Viborg (la Iglesia luterana evangélica de Dinamarca celebra bodas entre personas del mismo sexo desde 2012).

La agresión se produjo en la madrugada del pasado jueves, a la salida de un bar de Copenhague, recién comenzado el Día Internacional contra la LGTBfobia. El agresor, de 34 años, es natural de Eslovaquia, y al parecer se encontraba en Dinamarca con motivo de la celebración del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo, en el que ha participado su país. Según la denuncia, el individuo se encaró con Medina Vázquez, le hizo un comentario homófobo y lo golpeó en el rostro.

Aunque el ministro de Justicia no ha querido comentar públicamente el incidente, limitándose a comentar en redes sociales su deseo de «digerir lo sucedido cuánto antes», el que sí lo ha hecho es el primer ministro danés,  el liberal Lars Løkke Rasmussen. «En shock al saber que Josue Medina Vazquez, pareja de Søren Papes, ha sido víctima de un delito de odio. Uno tiene que ser libre de vivir la vida como quiera. Debería ser algo ya asumido en 2018. Mis pensamientos están con Søren y Josué», tuiteó el primer ministro danés tras conocer lo sucedido:

El agresor se encuentra detenido y permanecerá encarcelado, según la prensa danesa, hasta el 30 de mayo. Tras tomarle declaración el juez le acusa de un delito de agresión, aunque no considera probada la motivación homófoba. El agresor asegura no tener nada en contra de los homosexuales y dice no recordar apenas nada de lo sucedido por encontrarse bebido. También asegura que fue Medina el que lo golpeó primero.

Josue Medina Vásquez no ha hecho por el momento declaraciones, pero sí dejó en su perfil de Facebook un significativo mensaje en inglés apenas unas horas después de ser agredido. «No más delitos de odio», reza la imagen:

Josue Medina Vásquez
17 de mayo a las 9:45 ·

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 Fuente Dosmanzanas

 

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Informe anual sobre derechos LGTBI en Europa: Malta sigue encabezando la clasificación y España se mantiene en el 9.º puesto

Jueves, 17 de mayo de 2018

ie_logo_with_motto_gif_format_white_background_cmsa_0ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

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La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

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Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

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Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

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ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

  •  Adoptar una nueva ley de igualdad que revise el marco existente de leyes contra la discriminación, que proteja expresamente la orientación sexual, las características sexuales y de identidad de género en todas las esferas de la vida.
  • La actualización del marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, de manera que se garantice que el proceso se base en la autodeterminación, esté libre de requisitos abusivos y no contemple límites de edad.

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

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Portugal aprueba la autodeterminación de género a partir de los 16 años y se sitúa en el grupo de países más avanzados en esta materia

Lunes, 16 de abril de 2018

bandera-portugal El Parlamento portugués reconoce el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos.

También se aprobaron mayores protecciones para las personas intersexuales.

El Parlamento portugués acaba de aprobar, con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley sobre el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona, que permite a las personas transgénero modificar su documentación legal acorde a su identidad de género sin necesidad de cirugías o diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, además de prohibir a los médicos que tomen la decisión sobre la reasignación de género en los bebés intersexuales. Portugal se une al reducido grupo de países europeos en el que las personas transgénero no necesitan de ningún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico para poder modificar sus documentación legal acorde con el género con el que se identifican mediante una ley aprobada este viernes, 13 de abril, que también incluye la prohibición de las cirugías innecesarias en bebés intersexuales en caso de ambigüedad en el momento del parto, a no ser que la intervención sea estrictamente necesaria para su supervivencia.

Portugal vuelve a adelantarse a España y consigue actualizar su ley de identidad de género, incorporando a esta el principio de autodeterminación de género. Sigue así el ejemplo de otros países de nuestro entorno, como GreciaIrlanda, DinamarcaMalta, BélgicaNoruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios.

Con el apoyo del gobernante Partido Socialista, al que se han sumado el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), el parlamento portugués ha sacado adelante una reforma legislativa que reconoce explícitamente la autodeterminación de género para mayores de 16 años, de forma que se podrá solicitar el cambio en el registro civil sin necesidad de justificaciones o informes médicos. El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, ha votado en contra, junto con los democristianos del CDS. Solo la diputada socialdemócrata Teresa Leal Coelho, en las bancadas de la derecha, ha decidido romper la disciplina de voto y sumarse al «sí» de las formaciones progresistas. El Partido Comunista se ha abstenido.

El pasado mes de enero adelantábamos que el gobierno socialista de Portugal trabajaba en un proyecto de actualización de la ley de identidad de género para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” de cara a la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual solicitar la modificación. También informábamos de que el proyecto de ley contemplaba el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Finalmente, no ha habido sorpresas y la nueva ley, sin recortes de derechos con respecto al proyecto inicial, ha salido adelante gracias al voto favorable de la izquierda en la Asamblea de la República de Portugal (el parlamento unicameral del país luso).

Aunque el Partido Social Demócrata portugués no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de, por ejemplo, el Partido Popular español (recordemos que ambos son socios del Partido Popular Europeo), cabe destacar que solo una diputada socialdemócrata, Teresa Leal Coelho, ha roto la disciplina de voto de su partido para apoyar la reforma de la ley de identidad de género. En este sentido, y a excepción de la mencionada parlamentaria, el PSD portugués se escora más hacia la derecha y se aleja del «aperturismo» que demostró en 2010, cuando se aprobó la primera ley de identidad de género (que entraba en vigor en 2011 y que ahora se acaba de actualizar), en la que 12 de los 81 diputados de esta formación votaron a favor.

Según ha explicado la secretaria de Estado para la Ciudadanía e Igualdad de Portugal, Rosa Monteiro, el gran objetivo de este nuevo texto legislativo es «mitigar el sufrimiento» y mejorar la calidad de vida de las personas trans, «crear condiciones para que las realidades y experiencias de vida de estas personas sean más conocidas» y que «sus situaciones sean evaluadas sin ningún prejuicio». Monteiro también resalta que la ley aprobada este viernes en el parlamento luso asegura la protección de las personas intersexuales al exigir su «consentimiento expreso» para que sea realizado cualquier tratamiento o intervención quirúrgica, farmacológica o de otra naturaleza que implique modificaciones en el cuerpo o de sus características sexuales, por lo que no se podrá intervenir a bebés para escoger su sexo.

Por su parte, los activistas de ILGA Portugal se sienten muy satisfechos con el resultado de esta votación, aunque consideran que aun quedan cosas por hacer en cuanto a la atención de  los menores de 16 años o las personas emigrantes y refugiadas. Según explica Daniela Bento, coordinadora del grupo GRIT de personas trans de esta asociación, “con la aprobación de esta ley, el Estado está finalmente diciendo que está del lado de las personas trans y que las reconoce en plenitud, dando señales a la sociedad de que merecen toda la dignidad en su vida diaria“.  También recordó que las personas intersexuales “tienen derecho a una experiencia vital de sus cuerpos íntegra, sin mutilaciones, sin decisiones no consentidas o sin su expresa voluntad”.

España, otra vez retrasada

En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Las personas transgénero pueden decidir

Varias naciones europeas requieren que las personas transgénero se sometan a procedimientos médicos como cirugías y esterilización después de haber sido diagnósticas con algún trastorno mental que justifique la decisión de su reasignación de género, además de divorciarse en el caso de que hayan contraído matrimonio si quieren que el gobierno reconozca legalmente su derecho a cambiar de género. Leer más…

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El primer matrimonio gay reconocido por Rusia huye del país por miedo a represalias

Jueves, 1 de febrero de 2018

matrimonio-gay-rusia-696x522Según la Russian LGBT Network el matrimonio gay que vio reconocida legalmente su unión en Rusia ha tenido que huir del país por las amenazas de homófobos y de la propia policía.

“La policía ha declarado abiertamente que no puede protegerles de ataques de personas u organizaciones abiertamente homófobas”.

Hace unos días publicábamos la historia de Pavel Stotsko y Yevgeny Voytsekhovsky, una pareja gay rusa que se casó en Dinamarca y vio, con sorpresa, como un funcionario ruso reconocía legalmente su matrimonio poniéndoles un sello de “casados” en el pasaporte.

Cuando Evgennii y Pavel contaron lo que había ocurrido a la prensa la policía de Moscú se presentó en su casa, bloqueó las entradas y salidas y cortó la luz e internet para sitiar a la pareja y obligarles a devolver los pasaportes. La madre de Pavel, además, le llamó para decirle que estaba recibiendo amenazas telefónicas que le recomendaban aconsejar a su hijo y su marido para que dejaran de hablar con la prensa.

La Russian LGBT Network acudió en ayuda de la pareja y tras una negociación entre la policía y los abogados de la organización la pareja tuvo que entregar los pasaportes, que se sustituyeron por otros sin el sello, porque el gobierno les acusaba de haberlos dañado a propósito, algo por lo que amenazaron con multarles.

En declaraciones al Moscow Times el director de la Russian LGBT Network, Igor Kochetkov, ha explicado que la organización ha ayudado a Pavel y Evgennii a abandonar el país por miedo a represalias y, por seguridad, su paradero se mantiene en secreto. Según cuenta Kochetkov una de las cosas que la policía dijo a la pareja era que si un grupo LGTBfóbico decidía atacar a la pareja ellos no podrían garantizar su seguridad: “Eso era una amenaza velada. Así que se tomó la decisión de que, por ahora, han de abandonar Rusia.“, ha explicado Kochetkov, “Este desarrollo no estaba planeado, la amenaza real a la libertad y seguridad de Pavel y Evgennii ha sido la verdadera razón por la que han tenido que marcharse.

Por su parte Pavel ha publicado un post en su Facebook en el que asegura que el funcionario que les puso el sello que reconocía su matrimonio legalmente en Rusia ha sido despedido: “Es algo inaceptable. Esta decisión contradice el estatuto del trabajador y es un acto de intimidación hacia todos los empleados del Ministerio de Asuntos Internos.

El apoyo a la pareja crece en el país, con varios medios contrarios al Kremlin difundiendo su historia y las amenazas que tanto ellos como Kochetkov están recibiendo estos días. A pesar de eso luchar contra la homofobia en Rusia parece una tarea casi imposible, y más teniendo en cuenta el repunte homófobo de la sociedad rusa en los últimos años que ha llevado a que un 83% de los ciudadanos consideren que la homosexualidad es algo “altamente reprobable”.

Fuente | Moscow Times, vía EstoyBailando

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El gobierno ruso investiga el reconocimiento de un matrimonio gay en el registro civil de Moscú

Martes, 30 de enero de 2018

matrimonio-gay-rusia-696x522Una pareja gay rusa casada en Dinamarca consigue que un funcionario de Moscú reconozca su matrimonio de forma oficial gracias a un agujero legal.

Tras hacer pública la historia la pareja y sus familiares fueron acosados y amenazados por parte del gobierno ruso.

Una pareja del mismo sexo rusa ha conseguido que el departamento de inmigración legalice su matrimonio, celebrado en Dinamarca, aplicando literalmente las leyes vigentes en Rusia sobre enlaces celebrados en otros países. Sin embargo, el conocido homófobo Vitaly Milonov ha declarado que la Duma (cámara baja del Parlamento) se reunirá de urgencia para reformar las leyes de registro civil y evitar que esto pueda suceder. Además, desde el registro civil de Moscú niegan la validez del matrimonio.

Una laguna legal lleva a una funcionaria del Registro Civil de Moscú a registrar la unión entre dos ciudadanos que se habían caso en Dinamarca. El Ministerio del Interior inicia una investigación mediante la que podría enfrentarse al despido.

Eugene Wojciechowski y Pavel Stotsko son dos ciudadanos rusos que contraen legalmente matrimonio en Copenhague el pasado 4 de enero. “Siempre hemos soñado con casarnos, así que frente a una sociedad hostil nosotros pronunciamos nuestros votos el uno al otro, en devoción y amor.

Posteriormente, regresaron a su país, y llevaron su certificado danés y las traducciones notariales pertinentes a una oficina multifuncional (MFC) del gobierno para que fuera legalizado en el departamento de inmigración de Moscú. Según han declarado, les llevó tan solo cinco minutos hacerlo, puesto que el funcionario que les atendió no hizo objeción alguna por ser una pareja del mismo sexo. Ambos consiguieron que, en sus pasaportes, en el apartado del estado civil, constase que habían registrado un matrimonio, como se observa en la siguiente fotografía:

sello-pasaporte-matrimonio-gay-rusiaTal y como han explicado a los medios, el funcionario de turno les puso el sello de “casados” en sus pasaportes “sin hacer preguntas ni cambiar su expresión facial“. Aunque el Gobierno dice que es una noticia falsa, el caso es que Pavel y Eugenio sí tienen el sello en sus pasaportes. Y es que ellos no fueron a registrar un matrimonio, presentaron un certificado válido y legal de un matrimonio y el funcionario lo reconoció como tal con el sello: “Llevamos al MFC un certificado de matrimonio bajo el cual el departamento de asuntos internos del Ministerio de Inmigración selló nuestros pasaportes, de acuerdo con las regulaciones administrativas de pasaportes y Codigo de Familia. Se ha sentado un precedente: Rusia, a través de los correspondientes sellos en los pasaportes, ha reconocido un matrimonio gay.”

En realidad, el funcionario del departamento de inmigración tan solo estaba aplicando literalmente la ley, puesto que el Código de Familia de la Federación Rusa establece lo siguiente en cuanto a los matrimonios celebrados en el extranjero:

Artículo 158. Reconocimiento de matrimonios celebrados fuera del territorio de la Federación Rusa.

  • Los matrimonios entre ciudadanos de la Federación de Rusia, ciudadanos de estados extranjeros o apátridas celebrados fuera del territorio de la Federación Rusa, mientras se adecúen a la legislación del estado en cuyo territorio tuvieron lugar, se reconocerán como válidos en la Federación Rusa, siempre que no existan las circunstancias que impidan la celebración del matrimonio estipuladas por el artículo 14  del presente Código.
  • Los matrimonios entre ciudadanos extranjeros, celebrados fuera del territorio de la Federación de Rusia, mientras se adecúen a la legislación de ese estado en cuyo territorio tuvieron lugar, se reconocerán como válidos en la Federación Rusa.

Por lo tanto, si atendemos a la literalidad del artículo 158, solo se exige que los matrimonios celebrados legalmente en el extrajeron se adecúen a lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Familia, que dice lo siguiente:

Artículo 14.   Circunstancias que impiden contraer matrimonio.

No se permitirá contraer matrimonio:

  • A las parejas en las que al menos uno de los contrayentes mantenga otro matrimonio registrado;
  • A quienes tengan parentesco cercano. Por línea directa ascendente y descendente: padres y madres con hijos, abuelos y abuelas con nietos. Tanto completo como no completo: hermanos y hermanas, aunque solo tengan un padre o una madre en común, adoptantes y adoptados;
  • A aquellos a los que un tribunal reconozca que son legalmente incapaces debido a trastorno mental.

A pesar de que el Código de Familia en su articulado sí que establece que el matrimonio deber ser contraído por un hombre y una mujer, no lo hace en el artículo 14, que es el único al que se refiere el 158 referente a los enlaces contraídos en el extranjero, y esa fue la normativa aplicada por el funcionario. Sin embargo, el responsable del registro civil de Moscú ha declarado que el Código de Familia estipula que «se requiere el consentimiento mutuo voluntario del hombre y la mujer para celebrar el matrimonio», y no utiliza una fórmula neutra, por lo que un matrimonio entre personas del mismo sexo no puede ser legalizado. Es más, según informa la oficina de prensa del Ministerio del Interior ruso, Eugene y Pavel pueden ser sancionados por «deterioro voluntario de un documento público» con una multa de 100 a 200 rublos.

facebook-pavel-stotsko-10_640x345_acf_croppedMotivo por el que el ministerio de Interior confirma el inicio de una investigación al respecto este este viernes, 26 de enero, declarando «inválidos» los pasaportes con el sello que acredita la unión de la pareja. «Debido a la decisión de legalizar dicho matrimonio entre dos ciudadanos de sexo masculino se ha abierto una investigación interna que tendrá como resultado el despido de la funcionaria y de su superior», afirma categóricamente Irina Bolk, portavoz de Interior, que no parece tener un gran interés en lo que determine la resolución del proceso al adelantar las consecuencias que ya se han marcado para quienes han intervenido en el reconocimiento del matrimonio igualitario.

La ley rusa no impide el reconocimiento de los matrimonios homosexuales en el extranjero, tan sólo su registro en lo que es una laguna legal complicad de solucionar, según advierte Irina Muraviova, jefa del registro civil de Moscú, quien advierte que «las normas extranjeras del derecho de familia no se aplican si contradicen las bases del orden público en la Federación de Rusia». Lo que la Duma sí ha prohibido es la adopción de niños rusos por parte de homosexuales extranjeros y de solteros procedentes de países donde son legales las uniones entre personas del mismo sexo.

Como decíamos más arriba, en cuanto la noticia saltó a la palestra el gobierno ruso salió corriendo a decir que la historia era “fake news“. Literalmente. Según un comunicado emitido por la MFC los centros de ese tipo no registran matrimonios y los documentos presentados para el registro de un matrimonio se transfieren al registro civil para que allí sea aprobado. Por lo tanto, según explican, ningún funcionario puede poner el sello en el pasaporte. Así que tildan la noticia de falsa.

Esto no sentó nada bien al gobierno ruso que el sábado por la noche, poco después de que la noticia saltar a los medios rusos, envió a un grupo de policías (entre los que estaba el sub-director de policía de Moscú, Andrey Zakharov) y funcionarios a la casa de Evgennii y Pavel en Moscú. Al principio dijeron que solo iban a dejar una notificación pero estuvieron durante horas golpeando la puerta y hasta se cortó la luz del piso, dejando a la pareja en lo que han descrito como un “estado de sitio“.

Cuando la Russian LGBT Network descubrió lo que estaba pasando movilizaron un grupo de periodistas, activistas y abogados que acudieron a ayudar a la pareja. A pesar de la presión la policía no abandonó la casa. “Lo más importante para ellos” explican desde la LGBT Network “era llevarse los pasaportes que ya habían declarado no válidos.” Por si todo eso fuera poco la madre de Pavel le llamó para decirle que estaba recibiendo amenazas telefónicas que iban desde hacer provocar que le despidieran de su trabajo hasta cortarle el cuello si no evitaba que su hijo y el marido de éste dejaran de contar su historia.

Tras una negociación entre abogados y policía la pareja se vio forzada a entregar los pasaportes. El Ministerio de Interior les ha acusado de dañar la documentación oficial de forma intencionada pero se han comprometido a enviarles dos nuevos pasaportes… sin el sello que reconoce su matrimonio.

Cuando llegó al conocimiento de Vitaly Milonov, un político del partido del presidente Putin con una larga trayectoria de las más intolerante homofobia y miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma,  ha asegurado que se formará un comité de urgencia para reformar el Código de Familia en cuanto a los requisitos para reconocer los matrimonios celebrados en el extranjero. En su línea habitual, hizo una comparación entre el reconocimiento del enlace celebrado en Dinamarca con que «en Somalia se reconozcan los matrimonios con artidáctilos» (un orden de mamíferos ungulados al que pertenecen cerdos, camellos, hipopótamos o vacas).

Ignoramos qué sucederá con la situación de Eugene y Pavel, puesto que desde el mismo registro de Moscú se niega ahora la validez de su enlace, si bien la intención inicial de la pareja es la de utilizar todos los recursos legales posibles para ver reconocido su matrimonio.

En marzo del año pasado, una pareja de lesbianas, Sofía Grozovsky y Lynne Reid, sí conseguían evadir la legalidad rusa al conseguir su certificado de matrimonio en la oficina del registro civil de Tagansky, convirtiéndose en la primera pareja del mismo sexo que se casa en Rusia, lo que es posible debido a otra laguna, la que impide que las personas transexuales puedan cambiar su nombre de nacimiento en su documentación legal, siendo una de ellas transexual.

Fuente Gay Star News, vía Dosmanzanas/Universogay/EstoyBailando

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comienza a estudiar el caso de la pareja casada en Bélgica cuyo matrimonio no reconoce Rumanía

Miércoles, 6 de diciembre de 2017

adrian-si-clabourn2Importante noticia la que hemos conocido esta semana: la Corte Europea de Justicia comenzó a examinar el martes pasado el caso de una pareja del mismo sexo casada legalmente en Bélgica, pero cuyo matrimonio no reconocen las autoridades de Rumanía. La resolución de este caso, que se conocerá previsiblemente el año que viene, podría sentar un importante precedente para la libertad de circulación de las personas LGTB en el territorio de la Unión Europea. Una sentencia positiva obligaría a todos los estados miembros a reconocer los matrimonios y uniones civiles legalmente celebrados en otros países de la Unión.

La Justicia europea ha empezado a deliberar sobre un asunto cuya resolución podría traer profundas consecuencias para las parejas del mismo sexo. Hemos informado del caso que llevan adelante Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton, casados legalmente en Bélgica. La pareja presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Esta falta de reconocimiento legal impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha anunciado que la Gran Sala se hará cargo de las deliberaciones, que comenzaron la semana pasada. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. La resolución, que previsiblemente se conocerá ya en 2018, podría sentar un importante precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias.

Concretamente, podría tener consecuencias para los únicos seis Estados miembros que actualmente carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo: se trata, además de Rumanía, de Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Una sentencia favorable para los demandantes podría obligar a estos países a reconocer a las parejas del mismo sexo legalmente casadas o unidas civilmente en otros Estados de la Unión cuando al menos uno de los cónyuges sea ciudadano de un Estado miembro. Situaciones como la aquí descrita, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final. Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando hace dos años consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

En mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobaba la medida por 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo y en septiembre, el gobernante Partido Socialdemócrata anunciaba la próxima convocatoria de un referéndum que aún no se ha llevado a cabo. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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El Congreso aprueba reformar la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad con la oposición del PP

Sábado, 2 de diciembre de 2017

transflagEl Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

congreso_diputados-300x156-1La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

compromiso-javier-maroto-300x142Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

edu-casanova-gaviota

Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.


Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

 

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El Congreso aprobará esta semana la reforma de la ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad

Jueves, 30 de noviembre de 2017

transflagNueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

congreso_diputados-300x156-1La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

compromiso-javier-maroto-300x142A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

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España, descolgada ya del grupo de países a la vanguardia de los derechos LGTB, sigue patologizando las identidades trans un año más

Sábado, 21 de octubre de 2017

logo despatoloOtro año más llega el Día Internacional por la Despatologización Trans, que este 2017 tiene lugar el 21 de octubre. Y otro año más podemos repetir, casi punto por punto, el mensaje de ediciones anteriores: la situación en España sigue siendo básicamente la misma, más allá de algunos avances a nivel autonómico. Más de diez años y medio después de que entrase en vigor la ley española de identidad de género, esta sigue sin actualizarse y mantiene la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que por desgracia ha dejado de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB, sigue sin modificar.

Países como, ArgentinaDinamarca GreciaIrlanda,  Malta  o Noruega han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, la que decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales, y que esta misma semana recibía el espaldarazo de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa). Nuestro vecino y querido Portugal ya está también en ello. La cara negativa de ela moneda la encontramos en Francia, cuya reciente reforma ha dejado al margen el principio de autodeterminación de género y mantiene bajo tutela judicial el proceso de cambio registral de la referencia al sexo.

Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido y en Escocia ya se están planteando un avance similar. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando sobre el terreno.

Avances que dejan en muy mal lugar a España, país donde los avances conseguidos en la histórica legislatura 2004-2008 quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque normas autonómicas más recientes, como las leyes integrales de transexualidad de NavarraEuskadiAndalucía, Canarias o Madrid o la Comunidad Valenciana, e incluso las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en CataluñaExtremaduraMurcia o Baleares sí incorporan de forma expresa el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación ya obsoleta.

También los manuales médicos deben actualizarse

dsmUna reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.

Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo. El proceso de revisión de la CIE, mientras tanto, se encuentra en curso.

Los colectivos se movilizan

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una petición secundaria de los colectivos LGTB. Fue precisamente la presión de los grupos más radicales (aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que hizo crecer la reivindicación hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado seis años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo. Llamamientos insuficientes para forzar a los estados a actualizar sus legislaciones, pero que cada vez son más claros y rotundos.

bandera+transHoy día, los diferentes colectivos LGTB y de personas trans se movilizan activamente con motivo del Día Internacional por la Despatologización Trans. “La transexualidad debe dejar de ser considerada como una enfermedad de una vez por todas, tanto a nivel nacional como en la Clasificación Internacional de Enfermedades y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría norteamericana”ha asegurado Amanda Azañón, responsable del grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Es intolerable que la psiquiatrización siga delegando a las instituciones médico-psiquiátricas el control sobre las identidades de género”, ha añadido. En este sentido, varias entidades de la FELGTB tiene previsto organizar estos días actividades reivindicativas en diversas ciudades españolas.

La campaña internacional Stop Trans Pathologization, por su parte, tiene previstas o ha realizado ya a lo largo de este mes más de 70 actividades en 41 ciudades del mundo“Además, 417 grupos y redes activistas, instituciones públicas y organizaciones políticas en África, Asia, América Latina, Europa, Norteamérica y Oceanía, así como numerosas personas individuales han declarado hasta la fecha su apoyo”, expresan sus promotores en un largo y detallado comunicado, que recoge como demandas principales “la retirada de la clasificación diagnóstica de los procesos de tránsito por los géneros como trastorno mental de los manuales diagnósticos DSM y CIE, la cobertura pública de la atención sanitaria trans-específica, el cambio del modelo de
atención sanitaria trans-específica, desde un modelo de evaluación hacia un enfoque de acompañamiento y decisión informada, el reconocimiento legal de género sin requisitos médicos, la despatologización de la diversidad de género en la infancia y adolescencia, así como la protección contra la discriminación y violencia transfóbica”“En cada lugar del mundo, grupos, organizaciones y redes activistas trabajan por el cumplimiento de estas demandas compartidas  aplicando prioridades y estrategias específicas, según el contexto cultural y sociopolítico”, añaden.

Stop Trans Pathologization anuncia además que la de este 2017 es la última convocatoria del Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans lanzada por la propia campaña, “Os invitamos a seguir celebrando el 21 de octubre como Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans en futuros años, y a seguir trabajando por la despatologización trans”, concluye el comunicado.

Manifestación en Madrid

Uno de los platos fuertes de las actividades será la manifestación que convocada por la Plaaforma Octubre Trans manifestación que tendrá lugar en Madrid este sábado 21 de octubre, y que partirá de la Plaza de Chueca a las 18:00 horas, recorrerá las calles Augusto Figueroa, Fuencarral, Montera, Puerta del Sol y  Carretas y finalizará en la Plaza Jacinto Benavente.

Os dejamos para finalizar con el vídeo de sensibilización elaborado por el colectivo COGAM con motivo de este día:

Fuente Dosmanzanas

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