Esta mujer cada vez es más peligrosa y esperpéntica:
Otro pleno más, el del 2 de marzo con descalificaciones, menosprecios por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid.
Los votos del PP de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid apoyaron el pasado día 2, que se tramitase la propuesta de Vox para la derogación de la ley trans autonómica. Un apoyo simbólico, pero de gran calado, ya que no da tiempo a que llegue a Pleno por los plazos ante la inminente convocatoria de las elecciones, por lo que Ayuso se ha comprometido a derogar la norma tras los comicios. “Vemos bien que se abra este debate”, ha dicho Ayuso durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid.
“Siempre he defendido que esta ley se tiene que reformar y que, desde luego, en cuanto se aprobara una ley nacional deberíamos estudiar cómo paliar los efectos negativos de la misma”, dijo Ayuso en respuesta a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio que había defendido que la ley regional aprobada durante el Gobierno de Cristina Cifuentes, también con la abstención de Ayuso como diputada, “hace demasiados años hace daño a las familias y a los menores”.Desde que la dirigente madrileña llegó a la Puerta del Sol, se ha manifestado en numerosas ocasiones en contra de la norma.
La Cámara regional votó la toma en consideración de la derogación de esta ley que se aprobó cuando era presidenta Cristina Cifuentes. Ayuso ha reprochado a la formación de extrema derecha que “llega tarde” y “tendrá que ser el PP en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata”. “También le digo que las leyes las sostienen los parlamentos, no los gobiernos, por tanto no sé qué ha hecho durante todo este tiempo”.
Ayuso ha incidido en que “hay que tomar este asunto con rigor” porque “esta moda no depende solo de estas leyes” sino que se están “fomentado todas estas cuestiones en las plataformas audiovisuales”. “Consulte los móviles de sus hijos y verá los contenidos a los que acceden…. ¡Y no digamos en decenas de programas de televisión! Estas modas que son tan agresivas, impositivas e internacionales están haciendo mucho daño a los adolescentes en todo el mundo”,afirmó, demostrando su ignorancia y transfobia.
Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de “burlarse” de las personas transy Vox que no haga “chascarrillos” con este asunto”.
Así lo han trasladado los portavoces en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que Ayuso ironizara con que su gobierno podría ser más paritario si sus consejeros modificasen su género a través de la autodeterminación. “Tendremos a Enriqueta López o Enriqueta Ossorio“,en referencia a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase una ley para garantizar la paridad en política.
La portavoz de Más Madrid, Mónica García, tildó de “casposas y estériles” las declaraciones de la presidenta para “burlarse de las personas trans”. Unas “burlas” que hace desde “el odio y la transfobia”, acompañadas de “su falta de empatía”. Por ello, le ha instado a pedir disculpas.y pidió en el Pleno del pasado día 9 a la presidenta que “pare de insultar y comience a escuchar. El tsunami de ayer quiere salarios justos, servicios públicos y seguridad para volver a casa y conciliar. Habla de que las personas trans son una «moda», la moda es usted, una moda pasajera y desfasada que por fin termina el 28 de mayo”, ha continuado.
Por su parte, Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid el portavoz del PSOE, le ha pedido que “antes de hacer bromas” explique que esta normativa viene de una directiva europea que propuso el PP. “Hace falta seguir avanzando muchísimo en esta sociedad para lograr esa igualdad. Esas bromas sobraban”, ha lanzado ante el “cálculo y la frialdad electoral de Ayuso” y resaltó la gravedad de la situación sanitaria en Madrid: “No subestime la inteligencia de los madrileños. Ni rastro en los colegios ni en los centros de salud. Ahora hay unos carteles chulísimos que ponen en los carteles el coste de la obra, que morro tienen”, ha dicho.
La portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, se ha mostrado a favor de cualquier avance que profundice en la igualdad y ha tachado de “repugnante” que una presidenta “se burle” de las personas trans; además, le ha recordado a la presidenta “los avances del feminismo, y le pide que deje de bromear sobre las personas trans: «Cuando usted hablaba de Enriqueta Ossorio, yo le diré que es usted Tomás Díaz Ayuso, y que qué más da, ya que las comisiones se quedan en casa. El feminismo está cargado de presente y futuro en esta región. Le tengo que recordar que los derechos LGTBI también son feminismo. Deje de bromear con las personas trans”, ha lanzado en referencia al supuesto chiste de la Presidenta quien para atacar la Ley Trans recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, se refirió a dos de sus consejeros, con nombre de mujer.
La cámara rechaza las enmiendas a la totalidad de las derechas, que se muestran contrarias a la autodeterminación de género de las personas trans
La llamada Ley Trans sigue adelante. La mayoría del Congreso ha rechazado rotundamente este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, que pedían devolver el texto al Gobierno. Así se ha dado el pistoletazo de salida a la tramitación legislativa por la vía de urgencia de una norma que se prevé muy agitada. A ella no solo se oponen la derecha y extrema derecha, también un sector del movimiento feminista transexcluyente.
El punto más polémico es la autodeterminación de género de las personas trans, es decir, el derecho a modificar el sexo legal en base a su libre voluntad. Actualmente, ya hay en España desde 2007 una ley sobre identidad de género y que permite el cambio en el DNI, la diferencia es que impone como requisitos dos años de hormonación y un informe diagnóstico de disforia de género. Condiciones que la nueva norma, oficialmente llamada Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, elimina.
La diputada sociaLISTA Raquel Pedraja ha reconocido que la ley “entra en el Congreso con una vocación de mejora y a nosotras nos encontrarán ahí, trabajando para que sea garantista” y ha reivindicado al PSOE como “el partido que ha protagonizado los avances en materia LGTBI de los últimos 40 años” y “el partido feminista de las grandes reivindicaciones de las mujeres” y ha nombrado varias de las cuestiones que aborda la norma, entre ellas las tasas de desempleo de las personas trans o el acoso escolar.
La ley ha sido defendida desde la tribuna por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que en 2019, una reforma que también reconocía la libre autodeterminación de género estuvo a punto de ser aprobada en el pleno y cuyo dictamen “fue firmado por todos los partidos”. “Señores del PP, ¿qué ha cambiado hasta ahora?”, ha cuestionado a la bancada de la derecha. “Que han sido devorados ideológicamente por la extrema derecha”, se ha respondido.
La titular de Igualdad ha advertido a PP y a Vox de que “somos más quienes queremos que el Estado reconozca de una vez a las personas trans y a las personas LGTBI” y que “han perdido el debate antes de empezarlo”. Además, ha llamado a la “mayoría feminista” de la cámara a “expresar diferencias y posibilidades de mejora”, pero “sin dejar una sola puerta abierta a los discursos de odio y la transfobia”. “La derecha quieren un país lleno de armarios, de soledad, de clandestinidad. Son menos. Les estamos ganando”, ha cerrado su intervención.
El PP y Vox comparten argumentario, consideran que se trata de un “texto ideologizado” y “contrario a la evidencia científica” y ambos se refieren a la identidad de género como si fueran “deseos”, pero la intervención más dura ha venido de la bancada de la extrema derecha. Con una camiseta que rezaba “biology is real” (la biología es real, en inglés), la diputada de Vox Carla Toscano ha calificado la norma de “labor de ingeniería social” que “fomenta la transexualidad”. “Hoy es el día de gritar los niños tienen pene y las niñas vagina, la biología es real, el sexo es binario y la ideología de género es un cáncer”, ha afirmado.
Toscano considera que legislar sobre “deseos y autopercepciones genera fraudes de ley” y cree que “veremos hombres que tendrán acceso a espacios de mujeres”, ha añadido antes de comparar este tipo de leyes para despatologizar la transexualidad con “legislar sobre autopercepción de edad, nacionalidad o estado civil. ¿Se imaginan un mundo en el que todos estén obligados a tratarnos como nos sintamos? Esta ley supone una discriminación sobre personas que se pueden sentir un ornitorrinco o Lady Gaga”, ha dicho ridiculizando a las personas trans.
El PP, por su parte, ha centrado su discurso en criticar especialmente el tratamiento de los menores que hace el proyecto y ha reivindicado el papel “de los padres y profesionales” que, asegura la diputada María Jesús Moro, “se deja de lado”. El texto permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con autorización de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. “¿A ustedes les parece un avance que convirtamos el Registro Civil en una oficina de recepción de deseos y arrepentimientos? No es como ir a cambiar el modelo de consola, es muy serio”, ha añadido.
Otra de las líneas argumentales de los populares entronca con lo que defiende también varias organizaciones feministas que se oponen a la norma, entre ellas la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que se ha reunido esta mañana con Feijóo y que considera que la Ley Trans puede suponer una merma de derechos para las mujeres. “Nos pronunciamos contrarias al borrado de la mujer”, ha dicho en el pleno Moro, que ha interpelado a las socialistas asegurando que el partido “quiere purgar” a las feministas socialistas críticas.
Sin ambages han respaldado la autodeterminación de género el resto de formaciones que han intervenido en la cámara. Bildu, el BNG, PNV, ERC y Ciudadanos han cargado también contra las enmiendas de las derechas y ha querido censurar los debates “que en vez de aportar luz están suponiendo un obstáculo para reconocer la diversidad”, en palabras de la diputada de Bildu, Bel Pozueta, que ha defendido la libre determinación de la identidad asegurando que “nadie de esta cámara va a decirles a las personas trans quiénes son ni quiénes pueden ser”.
En la misma línea se expresado María Carvalho, de ERC: “No hay una lucha entre el feminismo y las mujeres trans”, ha clamado la parlamentaria antes de recordar que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género han crecido un 67% desde 2019, según el Ministerio del Interior. Los republicanos se han comprometido a proponer las enmiendas que piden los colectivos, entre ellas, posibilitar el cambio de sexo legal “sin limite de edad”, reconocer a las identidades no binarias y “posibilitar que las personas trans migrantes puedan cambiar sus documentos”.
Por su parte, Sara Giménez, de Ciudadanos, se ha mostrado también a favor de la autodeterminación de género, pero ha criticado al Ministerio de Igualdad por reclamar la tramitación de la ley por la vía de urgencia. Algo que la diputada ha calificado de “irresponsable” porque “necesitaría la comparecencia de expertas e informes preceptivos”. Es esta una de las reclamaciones que también han hecho las organizaciones feministas críticas, que consideran que este trámite “busca ocultar a la sociedad las consecuencias prácticas para la infancia y los derechos de las mujeres”.
Las enmiendas a la totalidad contra la ley Trans y LGTBI defendidas por los dos grupos parlamentarios han sido rechazadas en la votación, por lo que la Ley continuaría su tramitación parlamentaria. Durante el debate, las diputadas de PP y Vox, María Jesús Moro y Carla Toscano, han intentado defender su postura desde un argumentario poco riguroso y plagado de prejuicios, que solo demuestra el escaso conocimiento de la realidad del colectivo LGTBI, especialmente de las personas trans.
“Seguiremos negociando con los grupos parlamentarios para lograr el enriquecimiento y crecimiento del texto, sin dar ningún paso atrás”
Las tres entidades LGTBI+, que han seguido el acto desde la tribuna, exigen respeto hacia los colectivos vulnerables y que no se utilicen estos debates para banalizar la existencia de las personas trans. Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, señala que “es muy duro tener que escuchar discursos de odio contra las personas trans, que tratan de presentar nuestros derechos como una amenaza. Esperamos que este debate concluya pronto y que no se pongan más ‘palitos en las ruedas’ a una ley que necesitamos para vivir”. Por su parte, José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo, afirma que “se ha mentido mucho sobre esta Ley, ni borra a las mujeres, ni plantea nada que el Constitucional o el CGPJ no hayan avalado con anterioridad. Es una ley justa y necesaria, en la línea de las aprobadas por PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos en muchas Comunidades Autónomas. Debe ser realidad en esta legislatura, inexcusablemente, es de justicia para las personas Trans y LGBTI”.
Igualmente, FELGTBI+, Fundación Triángulo y Chrysallis, demandan celeridad en la tramitación para que la norma pueda estar aprobada antes de final de año, aunque, tras el debate de hoy, confían en que la Ley Trans y LGTBI+ “va a salir sí o sí”. Asimismo, recuerdan que “seguiremos negociando con los grupos parlamentarios para lograr el enriquecimiento y crecimiento del texto, sin dar ningún paso atrás”. Los derechos de las personas trans migrantes, menores trans y personas no binarias son los principales focos de estas negociaciones, según Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, “necesitamos con urgencia esta ley para avanzar en derechos, abrazar a quienes sufren discriminación y exclusión y hacer frente a quiénes, con sus discursos basados en el odio a la diferencia, perpetúan la LGTBIfobia”.
Oponerse a la ley trans supondría el mismo error que el PP cometió oponiéndose al matrimonio igualitario.
Las principales organizaciones LGTBI+ y de familias de menores trans del estado han pedido hoy una reunión a Alberto Nuñez Feijóo para explicarle de primera mano su apoyo a la Ley Trans y los motivos por los que esta ley es imprescindible para garantizar los derechos, la igualdad y la libertad de todo el colectivo LGTBI+ en España. Esta reunión urgente se solicita tras que, por sorpresa, Nuñez Feijóo anunciase que “derogará” la Ley Trans cuando ésta sea aprobada, en breve, en el Congreso de los Diputados.
Las principales organizaciones LGTBI+ del Estado reclamarán a Feijóo que no se oponga a sus derechos, igualdad y libertad.
FELGTBI+, Fundación Triángulo y Chrysallis han adelantado que reclamarán con claridad a Nuñez Feijóo que no se oponga a la igualdad y la libertad de las personas LGTBI+ y especialmente, a la de las personas trans que, con esta ley, ya no serán consideradas enfermas. Es decir, el Estado no podrá exigir pruebas o informes médicos para reconocer la identidad de las personas trans, como sucede hasta ahora, algo que para estas personas es un avance fundamental y que no afecta a la vida del resto de la ciudadanía.
Un 56,5% de la ciudadanía valora la ley como “positiva o muy positiva”, especialmente entre las mujeres.
En ese sentido, las organizaciones avisan al Partido Popular de Feijóo que oponerse a la Ley Trans sería repetir el mismo grave error que cometió Mariano Rajoy oponiéndose al matrimonio igualitario y recurriendo al Tribunal Constitucional, algo que el colectivo LGTBI+ no olvida. Según apuntan, una postura así supondría demostrar que el PP de Feijóo estaría lejos de la centralidad y del sentir social, pues esta ley, según los datos de la encuesta de Cadena Ser publicada este enero, sólo concita el rechazo mayoritario entre los votantes de Vox; apenas un 20% de la ciudadanía se opone y un 56,5% la valora como positiva o muy positiva, especialmente entre las mujeres.
Para las organizaciones, oponerse a la igualdad de un colectivo muy vulnerable supone un posicionamiento propio de Vox, que coloca al PP fuera de la centralidad y del gobierno.
Tal y como ha señalado Uge Sangil “Queremos sentarnos con Feijóo para explicarle la realidad de las personas trans y por qué esta Ley es imprescindible. Queremos lograr su apoyo a nuestra ley, pues sabemos que en muchas Comunidades Autónomas el PP ha apoyado leyes similares. Cometerían un grave error si vuelven a oponerse a nuestros derechos como hicieron con el matrimonio igualitario hace quince años.”
Jose María Nuñez Blanco, de Fundación Triángulo, por su parte ha señalado que: “Un partido que se opone frontalmente a la igualdad y a la libertad de la ciudadanía más vulnerable, es difícil de presentar como algo moderado. Si se oponen a nuestra Ley, Feijóo estaría dejando claro que su apuesta es por una línea radical que busca el voto de Vox compitiendo con ellos desde la ultraderecha, y a la luz de lo acontecido en Andalucía no pareciera un análisis razonable si quiere gobernar”.
Por su parte, Ana Valenzuela de Chrysallis ha señalado que “Es incomprensible que un partido que defiende los derechos de las familias diga ahora que se opone a los derechos de los menores, de nuestras hijas, hijos e hijes. Estamos seguras de que si nos sentamos con Feijóo y le explicamos la realidad de nuestras familias, reflexionará, y entenderá, que esta ley lo único que ha de hacer es crecer con su apoyo, en su proceso parlamentario”
“Se sintió con la libertad de decirme que yo era un maricón de mierda, que España estaba así por culpa de personas como yo, y que era una maricona mala”,
. La discoteca se desmarca de los hechos: “Jamás se ha discriminado a nadie en nuestro establecimiento”
“La Policía no cogió ni los datos de los agresores”
P.Merello
José Aguilera, un joven gaditano, ha denunciado en sus redes sociales la agresión homófoba que ha sufrido este lunes a las puertas de la discoteca El Cortijo, en Vejer. El chico, con lágrimas en los ojos, ha detallado los hechos en un vídeo que ha difundido en su Instagram.
Según explica, los porteros del local le dijeron que debía salir del local a las 5.00 horas. “Se me ha echado por maricón. Le he preguntado al portero por qué me estaban echando y me ha saltado con que él votaba a Vox. Me echaron de la discoteca sin ningún motivo aparente”, denuncia.
En ese momento, un chico ebrio que pasaba por la puerta escuchó la conversación. “Se sintió con la libertad de decirme que yo era un maricón de mierda, que España estaba así por culpa de personas como yo, que me callara la puta boca y que era una maricona mala”, expone José.
Acto seguido, le propinó una paliza “delante de todo el mundo”, ataque por el que el gaditano ha tenido que darse cinco puntos en la oreja derecha. “Perdí el conocimiento cuando vi la sangre. Ningún portero fue capaz de separarle“, dice aún conmocionado por el suceso.
Según explica, llamó a la Policía para denunciar lo ocurrido, sin embargo, los agentes, que tardaron más de dos horas en llegar, “no le cogieron ni los datos a los agresores. Eso dice mucho de la sociedad en la que nos estamos convirtiendo”.
El joven ha querido contar la agresión delante de la cámara para denunciar y hacer un llamamiento a la sociedad. “Por desgracia, desde que Vox entró en nuestro gobierno se están perdiendo muchos derechos y libertades de las personas LGTBI. Estoy cansado”, expresa José que desea que el vídeo se difunda “para que se vea la clase de personas que hay en ese establecimiento”.
El gaditano no comprende cómo ningún portero, que supuestamente deben velar por la seguridad de todas las personas, actuó y tampoco entiende que le echaran sin motivo. “Estas son las consecuencias de que la extrema derecha esté en un país democrático. Me da mucha pena que yo tenga que ir a una discoteca con miedo de cómo voy vestido por si no me dejan entrar y que, si me ven pluma, que me peguen”, finaliza.
Comunicado oficial de la discoteca El Cortijo
Mediante un comunicado, ladiscoteca el Cortijo, de Vejer de la Frontera, quiere aclarar lo sucedido en la madrugada del día 5 de Julio “después de ser señalados por el señor Aguilera en redes sociales a través de un video por unos hechos que en nada tienen que ver con el establecimiento“. Según el local, “es cierto que al señor Aguilera se le invitó a salir del local porque su comportamiento era inadecuado y hay actitudes que no se pueden tolerar, máxime cuando molesta al resto de clientes, en ningún caso por su condición sexual, tal y como manifiesta en el video que ha subido a redes; que desde que salió no dejó de increpar a los porteros que lo único que estaban haciendo es su trabajo, sin que por estos se atendiera a ninguna de sus provocaciones. Pruebas de esto, más de 45 minutos de grabación; que una vez alejado de la puerta y fuera del establecimiento, al parecer tuvo una trifulca con otro sujeto, sin saber por nuestra parte el motivo de la misma; que desde el primer momento se ha colaborado con los agentes de la Guardia Civil para poder identificar con nuestras cámaras a la persona que presuntamente agredió al señor Aguilera, siendo esta una persona ajena al establecimiento”.
“Nuestro establecimiento —han aclarado— jamás a discriminado a nadie. Nos caracteriza la tolerancia y la educación en el trato tanto con el personal, como con nuestros clientes, sin distinción ninguna por razón de sexo, condición sexual o nacionalidad. Nos parece de una total manipulación, utilizar la “discriminación a un colectivo” como es el LGTBI, para enmascarar un comportamiento reprochable, mal educado e intolerable de un sujeto que no sabe estar de manera correcta en un establecimiento”.
Igualmente, añaden, “consideramos inadmisible que sin saber la versión del local, asi como las pruebas existentes al respecto, se convoque para perjudicarnos una concentración en las puertas de nuestro establecimiento. Y como no todo vale, no vamos a tolerar que se calumnie a nuestro establecimiento y mucho menos a nuestro personal. Si lo que se pretende con la concentración es dañar la imagen del local tachándonos de homófobos, procederemos a tomar las medidas oportunas para la restitución de nuestro honor, asi como de la labor de nuestro personal”.
Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, que son de acceso público, arroja además que el apoyo es muy mayoritario entre los votantes del PSOE. Algo que no debería sorprender, pero que contrasta con la movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido.
La noticia que el pasado 9 de enero destacaba El País era que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 56,5 % de los españoles apoya la «ley trans» (un 27,6% la valora «muy bien», mientras que un 28,9% la valora «bien». Un 19,1% la ve «regular», un 8,1% la ve «mal» y un 10,9% la ve «muy mal». El País también destacaba como comentario adicional que casi un tercio de los que se declaran votantes del PP también la apoyan. En efecto, el porcentaje de votantes del PP que la ven «muy bien» o «bien» suma el 31,5%.
Desde dosmanzanas hemos querido conocer la opinión de otros votantes, y en concreto de los votantes del PSOE, dada la intensa movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido, que culminó en junio de 2020 con la distribución de un argumentario interno, firmado por los que entonces eran cuatro de sus secretarios, que se oponía abiertamente al principio de autodeterminación de género y defendía, de forma indirecta, la patologización de las identidades trans mantenida en la ley de identidad de género de 2007.
Es cierto que dichas posiciones han retrocedido tras el último Congreso del PSOE, celebrado el pasado mes de octubre, que incluyó finalmente entre sus resoluciones el apoyo expreso al anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, asegurando de forma explícita que «desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido». Pero también es cierto que el PSOE ha promovido a Carmen Calvo, firmante del ya mencionado documento transexcluyente en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE (cargo que ya no ocupa) a la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, lo que no resulta precisamente tranquilizador.
Un 75,3% de votantes socialistas, a favor
Pues bien, resulta que un abrumador 75,3% del electorado socialista, siempre según la encuesta de El País, apoya la «ley trans». En concreto, al 37,7% le parece «muy bien», mientras que al 37,6% le parece «bien». De las fuerzas políticas de las que se da información en este apartado, solo los votantes de Unidas Podemos tiene una opinión más favorable: el 79,6% de ellos la apoya (al 51% le parece «muy bien», mientras que al 28,6% le parece «bien»). Por detrás se situan los votantes de Ciudadanos (el 56% de ellos apoya la ley, sumando a los que la ven «muy bien» y «bien»), del PP y finalmente de Vox (solo un 19,7% de los votantes de la la formación de extrema derecha ven la ley «muy bien» o «bien», frente al 43,3% que la ve «muy mal»).
Confiemos en que estos datos hagan avanzar de una vez el trámite parlamentario de un paquete legislativo que, ya sea en forma de dos leyes separadas o de una sola refundida, solo el empeño transexcluyente, y no precisamente del PP o de Vox, ha mantenido en suspenso desde hace años. Ya desde las elecciones generales de 2015 el Congreso de los Diputados cuenta con una mayoría parlamentaria que en teoría apoya los postulados del actual anteproyecto de ley. Mariano Rajoy, de hecho, dejó de ser presidente del Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura apoyada por una sólida mayoría. Han pasado casi siete años y ninguno de los intentos de superar el anacrónico marco legislativo español en materia trans y LGTBI ha tenido éxito. Tampoco, de momento, el derivado del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Ocurrirá en 2022?
Juan Manuel García-Gallardo Frings, un burgalés hijo y nieto de abogados.
Juan García Gallardo ha compartido en numerosas ocasiones mensajes en Twitter en los que arremete contra la igualdad entre los hombres y las mujeres o contra los homosexuales
Las “putas” y “julandrones”, en su punto de mira: así piensa el nuevo líder de Vox
Santiago Abascal ha optado para las elecciones de Castilla y León que se celebrarán el 13 de febrero, por un abogado de poco más de 30 años que se afilió hace apenas seis meses y es desconocido incluso para los propios miembros de Vox: Juan Manuel García-Gallardo Frings, un burgalés hijo y nieto de abogados empleado desde 2016 en el despacho familiar, que defendió a la familia Ruiz-Mateos y a cargos del PP acusados de corrupción.
Juan García Gallardo, suele utilizar sus redes sociales para publicar contenidos contra el feminismo, la inmigración, la homosexualidad o el PP, partido al que su padre, letrado, defendió en diferentes causas de corrupción.
“Me parece una gran idea recuperar a Raul para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones“ es uno de los mensajes que llegó a publicar en su cuenta de Twitter y que, tras conocerse este sábado su candidatura para los comicios, ha borrado de inmediato.
Contra el PP, Gallardo ha arremetido con un mensaje con el que respondía a un tuit del presidente del partido, Pablo Casado, en el que afirmaba que “los hijos sí son de los padres y no del Estado”. “Ojalá tú hubieras aprovechado mejor las oportunidades académicas que te dieron tus padres en lugar de dedicarte a colocar las sillas en los mítines del PP”, escribió en diciembre de 2020 el abogado en sus redes, donde también cargó contra el secretario general del partido, Teodoro García Egea, a quien recomendó “no hacer el ridículo” y no hablar de populismo “cuando el PP es populista como el que más”.
Además de esto, el candidato de Vox ha compartido en su cuenta de Twitter mensajes homófobos en los que aseguraba que para él “no es lo mismo un matrimonio que un mal llamado ‘matrimonio homosexual'”.
A Juan García-Gallardo Frings tampoco le gustan las “putas“. El 13 de enero de 2011, una mujer siguió el pérfil del hoy líder de Vox en Castilla y León. García-Gallardo Frings se mostró contrariado: “Hoy he hecho público mi perfil de Twitter. Mi último follower es una puta. O eso parece. No sé qué hacer. Tengo miedo”. Aquí la captura del mensaje que el líder de extrema derecha también ha borrado de las redes sociales.
Ni “putas“, ni “maricones“, ni “pijo-horteras con fulares”. Juan García-Gallardo Frings lo tiene claro. Todos ellos son unos “julandrones camuflados”.
Al político de extrema derecha tampoco le gustan los gitanos, ni el actor Paco León -que a su entender es un “marica“-, ni por supuesto las feministas.
También ha criticado en sus redes sociales el feminismo, llegando a tildar de “ridiculez” el hecho de defender la igualdad entre hombres y mujeres.
Ante la cercanía de los comicios y tras conocerse que será él quien opte a la presidencia de la Junta de Castilla y León, el abogado ha retirado todos estos mensajes de sus redes sociales.
La acción erosiva de la extrema derecha y de los movimientos ultraconservadores contra el avance de los derechos de las personas LGTBI continúa. La nueva batalla se libra en la Comunidad de Madrid, donde Vox ha presentado una proposición de ley «de igualdad y no discriminación» que en caso de ser aprobado derogaría las leyes ya existentes en la Comunidad de Madrid de protección contra la LGTBIfobia y de identidad y expresión de género. Sería la primera vez en lo que llevamos de siglo que se produce un retroceso legslativo explícito en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental, de ahí su importancia.
Las leyes que la extrema derecha pretende derogar en Madrid, si el gobernante Partido Popular lo permite (recordemos que, una vez desaparecido Ciudadanos del ámbito regional tras las últimas elecciones, el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox suman mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid) son la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, aprobada en julio de 2016 con el voto de todos los grupos representados entonces en la cámara autonómica (incluido el grupo popular de la época) y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobada en marzo de 2016 con el voto favorable de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la entonces abstención del grupo popular.
Este es el texto de la Ley que se debatirá el 16.
Una derogación que Vox había puesto como condición para dar su apoyo a los presupuestos generales presentados por Isabel Díaz Ayuso, pero que aparentemente quedó fuera del pacto presupuestario dado a conocer públicamente hace unos días por las dos formaciones. Este viernes, sin embagro, saltaba la sorpresa, cuando el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional Eduardo Fernández Rubiño daba a conocer en Twitter que el próximo 16 de diciembre sería votada en pleno la adminsión a trámite de la propuesta de derogación:
🔴 Pues ya tenemos noticia de última hora:
La propuesta de derogación completa de la Ley LGTBI y la Ley Trans de la Comunidad de Madrid irá a pleno el día 16 de diciembre.
Sería el primer retroceso en legislación LGTBI en España desde la democracia.
Está por ver qué sucederá el próximo día 16, puesto que ya en varias ocasiones en que ha sido preguntada por la materia, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado abierta a negociar con Vox la modificación del articulado de ambas leyes, aunque nunca ha hablado abiertamente de derogarlas. Desde el PP, por otra parte, han evitado anticipar el sentido de su voto, al menos hasta el momento. En este sentido, cabe señalar que la toma en consideración del proyecto no supone su aprobación, sino el inicio de su trámite parlamentario. No sería de extrañar, dada la conocida habilidad propagandística de la presidenta Ayuso, que la toma en consideración fuese aprobada para así contentar al electorado más reaccionario y favorecer el apoyo definitivo de Vox a sus presupuestos para luego pasar a una fase de ambigüedad calculada durante la tramitación parlamentaria en la que el desenlace definitivo lo definieran las prospecciones demoscópicas de Díaz Ayuso.
En este sentido, cabe señalar, para anticipar la dirección hacia la cual la extrema derecha intentará derivar el debate, que si finalmente fuese aprobada íntegramente la proposición de ley presentada por Vox, las dos leyes derogadas, caracterizadas por un elevado grado de concreción en la definición de los sujetos protegidos y en las medidas enunciadas, serían sustituidas por un listado genérico de vaguedades que dejan fuera las medidas o acciones afirmativas contempladas específicamente en materia LGTBI a nivel educativo, sanitario o laboral. Especialmente dañado se vería el colectivo trans, que perdería por ejemplo el derecho expreso a una asistencia sanitaria integral acorde a su identidad de género y a disponer de documentación administrativa según su identidad con independencia de su estatus registral (en este sentido es un mal presagio el apoyo a la iniciativa de Vox que desde algunas cuentas afines al activimo transexcluyente se ha manifestado ya). Pero también desaparecerían, por mencionar solo algunos ejemplos, la prohibición de las pseudoterapias de conversión, la prohibición de las cirugías de mutilación a personas intersex y toda una serie de medidas destinadas a prevenir el acoso escolar o la discriminación laboral por LGTBIfobia.
Pase lo que pase, y sobre todo si el PP no rechaza la proposición de forma clara, nos encontramos ante un gravísimo precedente, ya que en caso de que la legislación antidiscriminatoria fuese derogada, o simplemente rebajada, nos encontraríamos, al menos en nuestro conocimiento, ante la primera vez en lo que llevamos de siglo XXI que se produce un retroceso legislativo en la protección de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental (Hungría, Polonia o Rusia aparte).
Carmen Cariciolo, concejala de Vox en Bormujos (Sevilla) ha anunciado que abandona la formación ultraconservadora después de comprometerse en matrimonio con otra mujer, inmigrante venezolana. Cariciolo, que ya había denunciado a un compañero de partido por uso indebido de una tarjeta de crédito que su partido les asignó para su actividad municipal, acusa ahora a Vox de «autoritario» y de amparar a cargos que vienen «de la ultraderecha».
Según informa eldiario.es, la relación de Cariciolo con su partido se había deteriorado ya después de la denuncia de las compras personales realizadas por su compañero con la tarjeta de Vox, que la dirección del partido perdonó después de que este devolviera el dinero. Durante su intervención en el pleno del Ayuntamiento en el que anunció la decisión de abandonar su partido, Cariciolo añadió que al margen del uso de la tarjeta ha presentado dos denuncias por acoso contra el otro concejal de Vox.
La relación con su partido fue a peor después de anunciar que contraería matrimonio con otra mujer, inmigrante venezolana. Cariciolo, madre de cuatro hijos de una relación anterior, sostiene que en ese momento le obligaron a conceder entrevistas comentando que contaba con el apoyo de su partido, un apoyo que ahora sabemos que no sentía. De hecho, asegura que nunca le dejaron hacer entrevistas sin que alguien de la dirección estuviese presente para asegurarse que decía lo que le habían indicado. Desde luego basta con bucear en la hemeroteca para encontrar referencias a dicha boda «bendecida» por Vox. El diario El Mundo, un medio siempre proclive a blanquear el discurso ultra de Vox, recogía por ejemplo unas declaraciones de Cariciolo en la que esta aseguraba entonces que su matrimonio no iba a ser un matrimonio sino «una unión sentimental» [asumiendo así el discurso de Vox contra el matrimonio igualitario en una alambicada cuadratura del círculo], cargaba contra el activismo LGTBI por ser «un chiringuito que no debería existir» y anunciaba que Santiago Abascal estaba invitado a la boda (suponemos que la invitación ha sido cancelada).
Carmen Cariciolo también ha denunciado que desde su partido impusieron a los concejales de Vox en la provincia apoyar a Rafael García Ortiz como su representante en la Diputación Provincial de Sevilla sin tener en cuenta su criterio. La concejala, de hecho, ha acusado a Vox de ser «un partido autoritario que no me representa» y de amparar a cargos que vienen «de la ultraderecha». También ha anunciado que continuará como concejala no adscrita al entender que su cargo electo «no pertenece a Vox, sino a los vecinos, que siguen confiando en mí».
Un caso que nos ha recordado lo sucedido en 2019 en Torremolinos, cuando la entonces recién elegida concejal de Vox Lucía Cuín abandonada también el partido tras las críticas internas recibidas por asistir al despliegue de una bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento y «descubría» el carácter homófobo de la formación.
Los ataques de odio hacia el colectivo LGTBIQ han aumentado en los últimos años, así como la intensidad de la violencia, eso es lo que dicen los distintos observatorios contra la LGTBIQfobia. Se sienten impunes, ayer mismo un grupo neonazi se manifestaba en el barrio de Chueca de Madrid al grito de «Fuera sidosos de Madrid. Fuera maricas de nuestros barrios». Evidentemente esto no ocurre por arte de magia, los discursos de la ultraderecha, o de los fundamentalismos religiosos, ofrecen un marco ideológico que los alienta. Recordemos declaraciones como: «Si realmente se quiere defender a los niños, no hay que defender a los niños homosexuales, si es que existe semejante cosa, o los niños trans» (Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid), «Nos preocupa que el ejercicio de una opción de vida desde la orientación homosexual se confunda cada vez más con un derecho humano fundamental» (Comunicado de la Alianza Evangélica Española), «La persona homosexual que libremente quiera, siendo mayor de edad, o si es menor de edad con el permiso de sus mentores legítimos, puede buscar sanación espiritual» (Reig Plá, obispo católico de Alcalá), «La propuesta de ley trans dañaría gravemente los derechos de las mujeres en las cárceles. España bajo la dictadura LGTBI» (Con mis hijos no te metas).
En este momento las personas LGTBIQ vivimos con preocupación la pérdida de derechos en lugares donde la ultraderecha de Vox gobierna o apoya gobiernos del Partido Popular, y ya no nos sentimos seguros a la hora de manifestarnos públicamente como personas LGTBIQ. Dicha preocupación e inseguridad no está basada en percepciones subjetivas, sino en hechos tan reales como el asesinato de Samuel Luiz hace unos meses. Asesinato del que las entidades y lobbies que promueven la LGTBIQfobia trataron de borrar la motivación homofóbica: «Resaltamos y apoyamos la petición de Max Luiz al no querer que este terrible homicidio sea utilizado como bandera de nadie, porque precisamente el uso -y a veces manipulación- ante hechos terribles como este consiguen lo contrario a su teórico propósito, promoviendo más confrontación y tensiones» (Comunicado de la Alianza Evangélica Española). Que triste que se tenga que silenciar el motivo de un asesinato para no generar más confrontación y tensiones. ¿Tensiones?, ¿con quién?, evidentemente con los mentirosos que nos odian en nombre de dios. Como dice el proverbio: «El de labios mentirosos encubre el odio.» [1].
Es lamentable que muchas iglesias se identifiquen con los postulados de la ultraderecha. Los analistas políticos perciben que muchos católicos y evangélicos son votantes de Vox. Partido al que las instituciones y entidades cristianas invitan a sus foros y mesas redondas como si fuera un partido político más, blanqueando su discurso de odio, cuando jamás han invitado a representantes de los colectivos LGTBIQ que defienden los derechos y la dignidad de millones de personas. En muchos temas, es ya muy difícil diferenciar entre el discurso de Vox y el de los representantes religiosos. Puede parecer incomprensible que tantos cristianos coincidan con posiciones tan alejadas del evangelio, pero esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, claro, las instituciones evangélicas y católicas llevan décadas identificando el cristianismo con la defensa de una moral concreta, en vez de con el seguimiento del evangelio. Es increíble que no hayan sabido entender la diversidad, que no hayan conectado con la injusticia que padecen las personas LGTBIQ. Para mí, esto es aún más incomprensible en el movimiento evangélico, una minoría atrapada en las redes del literalismo.
Hasta ahora las disidencias católicas y evangélicas que apuestan por el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ y la integración en sus comunidades, han tenido que defenderse ante los ataques de las instituciones LGTBIQfóbicas que las representan pidiendo respeto y apelando a la libertad de conciencia. Pero en este momento creo que nuestras convicciones cristianas, nuestra firme convicción por el respeto a la vida, nos exigen algo más. Es ahora urgente la denuncia de quienes utilizan el nombre de dios para promover el odio con sus discursos. Dejar de callar, y llamar diabólicos, inhumanos, indignos, origen de dolor y muerte, a todos estos discursos LGTBIQfóbicos que se realizan poniendo buena cara y haciéndolos pasar por cristianos. Exigiendo a quienes los hacen y los promueven: «Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el derecho, socorred al agraviado, haced justicia» [2]. Si no queremos ser cómplices, tenemos que levantar la voz, llamando al arrepentimiento y exigiendo la vuelta al evangelio de Jesús, al amor y la fraternidad, abandonando todo odio. Haciendo después un análisis de por qué este odio ha impregnado de forma tan generalizada nuestras comunidades, para evitar que pueda volver a hacerlo con muchos otros.
Lo que tampoco es comprensible es que instituciones que promueven la exclusión y la discriminación de personas LGTBIQ reciban dinero de subvenciones públicas. Dinero de una sociedad que se dice a sí misma inclusiva y respetuosa con la diversidad. Tendría que haber unos mínimos éticos a los que las entidades que reciben dinero público deberían comprometerse (incluyo aquí a partidos políticos). Es evidente que esto choca con el poder que la Iglesia católica tiene en nuestro país, y que el trabajo social que realizan tanto la Iglesia católica como las evangélicas es encomiable, pero no podemos caer en el chantaje de permitir los discursos de odio a cambio de esta labor. Se debe presionar por aquí para que, al menos, las instituciones que acepten estos mínimos éticos, tengan prioridad a la hora de recibir una subvención. Y vincular la recepción de las subvenciones a la aceptación de una formación en género y diversidad, por ejemplo. Es terrible que estemos subvencionando con nuestro dinero a entidades que promueven discursos de odio que acaban por matarnos a golpes. Una sociedad avanzada no se debería subvencionar el odio con dinero público.
Hemos avanzado mucho, y eso lo ven como una amenaza quienes estaban acostumbrados a discriminarnos, por eso se revuelven con violencia. Ahora necesitamos más que nunca determinación para no dar ni un paso atrás, para que el miedo no nos paralice. Lo que buscamos no va contra nadie, sino que va a favor de todas y de todos. Queremos justicia. Una justicia que nos proteja (a todas y todos) de los discursos, normas, violencias y leyes, que nos quieren discriminadas, silenciadas o muertas. Queremos libertad, pero no esa con la que se justifican los discursos de odio, libertad para vivir y dejar vivir en paz. Queremos la Ley Trans y de derechos LGTBI ¡ya!, que blinde nuestros derechos, y que incluya sanciones contundentes que lleguen a materializarse a quienes nos discriminan. Queremos una ley de educación que aborde la diversidad de una forma transversal desde la educación infantil, y que tanto los centros educativos públicos como los concertados y privados estén obligados a cumplir. Y todo eso no lo queremos para ir contra nadie, sino a favor de todas y todos. Para que nadie tenga que sufrir discriminación por no ser como los discursos de odio imponen, para que todas y todos puedan desarrollarse, definirse y amar, libremente.
“¿Han leído Vds. algo, siquiera algo, de Fray Bartolomé de las Casas?”
“Las críticas que determinados dirigentes políticos le vienen haciendo al Papa Francisco, sobre todo a quienes más daño les están haciendo es a los propios políticos, a su credibilidad, su honestidad”
“Nadie duda que España le dio un giro decisivo, para bien, a toda América. Pero, si defendemos lo que acabo de decir, ¿nos vamos a callar la cantidad de sufrimientos, esclavitudes, latrocinios y humillaciones que todo aquello llevó consigo durante siglos?”
“¿Han leído Vds. algo, siquiera algo, de lo que Fray Bartolomé de las Casas tuvo el atrevimiento (y la libertad) de informar al Emperador Carlos V sobre las atrocidades que se cometieron… Todo esto está documentado”
“¿Es que no ven que queriendo dañar al Papa, lo que más dañan es lo que Vds. mismos dicen que defienden?”
Las críticas que, desde hace algunos días, determinados dirigentes políticos le vienen haciendo al Papa Francisco, no sólo ni principalmente dañan la imagen pública del Papa, sino que sobre todo a quienes más daño les están haciendo es a los propios políticos, a su credibilidad, su honestidad y la causa que defienden los políticos criticadores de un hombre ejemplar como es el caso del Padre Jorge Mario Bergoglio.
Nadie duda que España le dio un giro decisivo, para bien, a toda América. ¿Para qué vamos a repetir y ponderar lo que ya todos sabemos y lo sabemos de sobra? Pero, si defendemos lo que acabo de decir – y hay que defenderlo -, ¿nos vamos a callar la cantidad de sufrimientos, esclavitudes, latrocinios y humillaciones que todo aquello llevó consigo durante siglos?
¿Han leído Vds. algo, siquiera algo, de lo que Fray Bartolomé de las Casas tuvo el atrevimiento (y la libertad) de informar al Emperador Carlos V sobre las atrocidades que se cometieron… ¿para qué? Para que los esclavos, que se llamaban “piezas de Indias” cuando eran metidos, pesados y embarcados, para que los que sobrevivían, trabajaran hasta la muerte. Todo esto está documentado. ¿No es mejor callárselo, en lugar de utilizarlo, ¿para qué? ¿para dañar al Papa?
¿No se dan cuenta que lo que dañan es el Evangelio, que el Papa Francisco hace patente cuando acoge, ante todo, a niños, a enfermos, ancianos y a la gente más desamparada? ¿Es que no ven que queriendo dañar al Papa, lo que más dañan es lo que Vds. mismos dicen que defienden?
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado, por 367 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones una resolución sobre los derechos de las personas LGBTIQ que pide que las parejas del mismo sexo tengan sus derechos, incluido el de libre circulación, asegurados en todo el territorio de la Unión Europea. Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, los representantes del PP se han abstenido, mientas que los de Vox han votado en contra. El resto de eurodiputados españoles presentes en el pleno han votado a favor. Puedes descargar aquí el detalle de lo que han votado los eurodiputados de cada grupo.
Cabe señalar que la posición del PP es autónoma dentro del grupo popular europeo, que ha votado dividido. De hecho, 53 eurodiputados populares de otros países han votado a favor.
Entre los considerandos que han motivado la resolución, el pleno del Parlamento Europeo reconoce que, a pesar de las directivas que reconocen el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, existe un temor fundado a que no se reconozcan los derechos de las parejas del mismo sexo y sus familias a la luz de algunas decisiones políticas adoptadas en países como Polonia o Hungría.
En ese sentido, y «considerando que no existen normas de la Unión relativas al reconocimiento mutuo de las sentencias sobre parentalidad entre los Estados miembros ni tampoco disposiciones de la Unión destinadas a resolver los conflictos a este respecto; que algunos Estados miembros no reconocen los matrimonios homosexuales celebrados en otros Estados miembros a ningún efecto jurídico nacional salvo el del permiso de residencia; que algunos Estados miembros que autorizan los matrimonios homosexuales muestran reticencias a reconocer las parejas de hecho homosexuales registradas en otros Estados miembros; que en algunos Estados miembros puede negarse a las parejas homosexuales con hijos a ser reconocidas legalmente como padres conjuntos de sus hijos» y «que a menudo se niega a los padres transgénero el reconocimiento de su género legal en otros Estados, lo que se traduce en que las autoridades fronterizas no los reconocen como padres de sus propios hijos», el pleno del Parlamento Europeo (reproducimos textualmente):
Acoge con satisfacción la primera estrategia de igualdad LGBTIQ para 2020-2025, adoptada por la Comisión Europea el 12 de noviembre de 2020 (COM (2020) 0698), dos de cuyas acciones clave son una iniciativa legislativa destinada a proteger los derechos de las familias arcoíris y una actualización de las directrices de 2009 sobre la libre circulación de aquí a 2022;
Expresa su más profunda preocupación por la discriminación que sufren las familias arcoíris y sus hijos en la Unión y por el hecho de que se les prive de sus derechos por motivos de orientación sexual, identidad de género o características sexuales de los padres o parejas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que combatan esta discriminación y eliminen los obstáculos a los que se enfrentan a la hora de ejercer el derecho fundamental a la libre circulación dentro de la Unión;
Subraya la necesidad de trabajar en pro del pleno disfrute de los derechos fundamentales por parte de las personas LGBTIQ en todos los Estados miembros de la Unión, y recuerda que las instituciones de la Unión y los Estados miembros tienen por consiguiente el deber de defenderlos y protegerlos de conformidad con los Tratados y la Carta, así como con el Derecho internacional;
Insiste en que la Unión debe adoptar un enfoque común para el reconocimiento de los matrimonios y las uniones homosexuales; pide específicamente a los Estados miembros que introduzcan legislación pertinente para garantizar el pleno respeto del derecho a la vida privada y familiar sin discriminación y a la libre circulación de todas las familias, incluidas medidas para facilitar el reconocimiento del género legal de los progenitores transgénero;
Recuerda que el Derecho de la Unión prevalece sobre cualquier tipo de legislación nacional, incluso sobre disposiciones constitucionales en contrario, y que, por lo tanto, los Estados miembros no pueden invocar ninguna prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo ni la protección constitucional de la ‘moral’ o el ‘orden público’ para obstaculizar el derecho fundamental a la libre circulación de las personas dentro de la Unión vulnerando los derechos de las familias de arcoíris que se instalan en su territorio;
Condena con la máxima firmeza el que la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual , de 2 de julio de 2008, no haya sido todavía aprobada; pide al Consejo que la apruebe; destaca que este bloqueo transmite una pobre imagen de las instituciones de la Unión, a saber, que cierran los ojos a los casos de grave discriminación que se registran en los Estados miembros de la Unión y que toleran que se reproduzcan;
Pide a la Comisión que garantice que todos los Estados miembros de la Unión respeten la continuidad jurídica de los lazos de familia de los miembros de las familias arcoíris que se desplacen a su territorio desde otro Estado miembro de la Unión como mínimo en todas las circunstancias en que así lo exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos;
Pide a la Comisión que proponga legislación que obligue a todos los Estados miembros a reconocer, a efectos de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, a los adultos mencionados en un certificado de nacimiento expedido en otro Estado miembro como padres legales del niño, independientemente del sexo legal o del estado civil de los citados adultos, y que exija a todos los Estados miembros que reconozcan, a efectos de sus respectivos ordenamientos jurídicos, los matrimonios o las uniones registradas celebradas en otro Estado miembro en todas las situaciones en las que los cónyuges o las miembros de las uniones registradas tengan derecho a la igualdad de trato con arreglo a la jurisprudencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos); Hace hincapié en la importancia del reconocimiento de los certificados de nacimiento en todos los Estados miembros, independientemente del sexo de los padres, ya que esto garantizaría que los niños no se conviertan en apátridas cuando se trasladen a otro Estado miembro;
Apoya el compromiso de la Comisión de proponer una iniciativa legislativa con el objetivo de ampliar la lista de ‘delitos de la UE’ a los delitos de odio y la incitación al odio, también cuando estén dirigidos a personas LGBTIQ, así como la propuesta sobre el reconocimiento mutuo de la parentalidad y las posibles medidas para apoyar el reconocimiento mutuo de las uniones homosexuales en todos los Estados miembros; pide a las próximas presidencias del Consejo que incluyan estas cuestiones prioritarias en sus agendas;
Pide a la Comisión que adopte medidas concretas para garantizar la libre circulación de todas las familias, incluidas las arcoíris, en consonancia con la sentencia recaída en el asunto Coman y Hamilton , que afirma que el término «cónyuge» utilizado en la Directiva sobre la libre circulación también es aplicable a las parejas homosexuales; pide a la Comisión que examine si los Estados miembros cumplen la sentencia Coman y Hamilton y que adopte medidas de ejecución, en virtud del artículo 258 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) contra quienes la incumplen; pide a la Comisión que adopte medidas de ejecución contra Rumanía por su continuo incumplimiento de esta sentencia y la falta de vías de recurso que obligaron al demandante a recurrir al TEDH para obtener reparación;
Pide a la Comisión que en sus próximas directrices sobre la libre circulación incluya una aclaración para garantizar que la Directiva 2000/78/CE se interprete, a la luz de las sentencias Maruko, Römer y Hay del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y de la sentencia Taddeucci y McCall del TEDH, en el sentido de que exige a los Estados miembros que prohíban toda discriminación contra las parejas homosexuales en el empleo, la formación profesional o cualquier otro ámbito incluido en el ámbito de aplicación material de la Directiva;
Pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, en particular para suprimir la condición ‘si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios’, de manera que se respete el artículo 21 de la Carta;
Pide a la Comisión que, en sus próximas directrices sobre la libre circulación y al objeto de garantizar la correcta aplicación de la legislación en materia de libre circulación, inste a los Estados miembros a que apliquen de forma coherente la Directiva 2004/38/CE sin discriminación entre los beneficiarios de la misma, como por ejemplo entre parejas heterosexuales y homosexuales, aclarando que toda referencia a una ‘pareja’, un ‘progenitor’, un ‘padre’, un ‘hijo’, un ‘descendiente directo’ o un ‘ascendiente directo’ debe entenderse como inclusiva de las familias arcoíris, de manera que se garantice que, cuando estas ejerzan su derechos a la libre circulación en la Unión, disfruten de los mismos derechos de reagrupación familiar que las familias constituidas por parejas heterosexuales, y que la valoración de las circunstancias personales de la pareja que efectúen los Estados miembros para ‘facilitar’ la admisión en su territorio del compañero no registrado del ciudadano de la Unión no adolezca de discriminación alguna basada en la orientación sexual;
Pide a la Comisión que aborde la discriminación sufrida por la comunidad LGBTIQ en Polonia y Hungría con el fin de instar a los Estados miembros a aplicar y respetar correctamente la legislación de la UE en este ámbito; pide al Consejo que reanude los debates sobre los procedimientos contra Polonia y Hungría en virtud del artículo 7 del TUE, inclusive sobre los derechos de las personas LGBTIQ; recuerda su posición de 17 de septiembre de 2020 y pide a la Comisión que haga pleno uso de los instrumentos de que dispone para hacer frente al claro riesgo de grave vulneración por parte de Polonia y Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión, en particular de los procedimientos de infracción acelerados y de las demandas de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia, así como de los instrumentos presupuestarios; pide a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento y lo asocie estrechamente al proceso;
Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.
Están enloquecidos… Y a Jesucristo porque no pueden… A continuación el esperpento del hijo del nazi, de la vengativa y del ciudadaner…
El eurodiputado de Vox ha denunciado “el odio manifiesto de este Papa a España”, en su opinión “una prueba más de un carácter indisimulable de bajeza e indignidad”
El ex portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta: “Trece años en los jesuitas me impiden decir en este momento lo que verdaderamente pienso”
Rosa Díez critica el “mensaje ponzoñoso que ‘Su Santidad’ ha regalado a los españoles”
Uno de sus más destacados representantes, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, quien ha denunciado “el odio manifiesto de este Papa a España”, en su opinión “una prueba más de un carácter indisimulable de bajeza e indignidad”.
“Que quede claro, Bergoglio, que se puede ir Ud al mismísimo carajo o a destinos aun peores, pero si fuera a Santiago, que Dios no lo quiera, sí va a España, que quede claro”, espeta Tertsch a Bergoglio. “Hartos ya estamos muchos de contener las palabras ante quien no se contiene en expresar todos sus viles sentimientos”, culmina.
“Y si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro”.
Que quede claro, Bergoglio, que se puede ir Ud al mismísimo carajo o a destinos aun peores, pero si fuera a Santiago, que Dios no lo quiera, sí va a España, que quede claro”.
Por su parte, la fundadora de la extinta UPyD, Rosa Díez, ha tildado las palabras de Bergoglio de “mensaje ponzoñoso”. La ex candidata a secretaria general de PSOE, que coloca comillas al término ‘Su Santidad’, recuerda al Papa que “la Constitución, con todos sus defectos, fue el más luminoso pacto de reconciliación que imaginar se pueda. Qué oportunidad perdida de recordárselo, Carlos Herrera”.
Uno de los portavoces de Sánchez sí ha entendido el mensaje ponzoñoso que “Su Santidad” ha regalado a los españoles. La Constitución, con todos sus defectos,fue el más luminoso pacto de reconciliación que imaginar se pueda. Q oportunidad perdida de recordárselo, @carlosherreracrhttps://t.co/Thy8Xck7zp
Más suave, el antiguo portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, recuerda al Papa que “esa reconciliación básica se produjo en la transición española”, y deja una frase para el recuerdo: “Trece años en los jesuitas me impiden decir en este momento lo que verdaderamente pienso”.
Esa reconciliación básica se produjo en la transición española.
Trece años en los jesuitas me impiden decir en este momento lo que verdaderamente pienso. pic.twitter.com/Fj3FlOEifx
Pide al Gobierno que traiga a España a una “pequeña comunidad” de afganos cristianos
“Hay que hacer una excepción y sacarlas del infierno que se les avecina”, reclama Gil Lázaro. “Sólo tienen dos alternativas, o conversión o muerte”
Este colectivo debe ser una caso “excepcional” porque su partido sigue pensando que los demás civiles afganos han de ser acogidos por países musulmanes cercanos a Afganistán. “España no puede ser una fuente universal de recepción de afganos”
España tiene “la obligación” de ser solidaria con los afganos pero a su vez “cuidadosa” en la aplicación de la legislación vigente en materia de extranjería para “evitar infiltraciones de personal vinculado a organizaciones terroristas o a los propios talibanes”
El diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha pedido al Gobierno que se encargue de traer a España a una “pequeña comunidad” que profesa el cristianismo en Afganistán y así salvarlas de los talibanes, pero remarca que este colectivo debe ser una caso “excepcional” porque su partido sigue pensando que los demás civiles afganos han de ser acogidos por países musulmanes cercanos a Afganistán.
Lázaro ha explicado que existe un grupo de “alrededor de 200 personas” afganas cristianas que viven en el país asiático de manera “puramente clandestina” y que no tienen otro punto de acogida que no sea la “Europa occidental”.
“Hay que hacer una excepción y sacarlas del infierno que se les avecina“, ha alertado el diputado en declaraciones en una rueda de prensa recogidas por Europa Press. En la misma línea, el también diputado de Vox, Víctor González Coello, se ha referido a este asunto diciendo que los afganos amenazados por los talibán solo tienen dos alternativas: “O conversión o muerte”.
Según Lázaro, esta petición responde a una excepcionalidad ya que a esta comunidad le unen lazos con la cultura cristiana y en Afganistán “ni siquiera pueden reunirse”. Sin embargo, ha incidido en que el resto de civiles afganos deben ser acogidos por los países del entorno de Afganistán ya que España no puede ser una “fuente universal de recepción de afganos”.
De la misma manera, ha defendido que una vez que estas personas sean acogidas en los países vecinos de Afganistán, España colabore con estos países “en la forma en que se estime más conveniente” pero, apostilla, “sin que se vuelva a producir en Europa lo que pasó con la crisis de Siria” ya que, a su parecer, es “indigno tratar a esas personas como pura mercancía política y propagandística de los intereses del Gobierno”.
A su juicio, España tiene “la obligación” de ser solidaria con los afganos pero a su vez “cuidadosa” en la aplicación de la legislación vigente en materia de extranjería para “evitar infiltraciones de personal vinculado a organizaciones terroristas o a los propios talibanes”.
***
Y mientras tanto…
El obispo Zornoza se niega a ceder el Hogar Nazaret para acoger a los menores marroquíes que siguen en Ceuta
La Ciudad Autónoma solicitó al Obispado de Cádiz y Ceuta el Hogar Nazaret, abandonado desde 2015, para la acogida de un centenar de los chicos que en mayo pasado cruzaron la frontera con Marruecos, y cuya repatriación forzosa ha sido paralizada por la Justicia
Accem acoge desde ayer por la noche a 13 afganos: dos familias, una de siete miembros y otra de seis. «Se trata de personas que han pedido protección internacional como el resto de la gente que hay en el centro y es lo que se tratará de darles una vez que descansen»
El obispo de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, se ha interesado por la situación de estas familias procedentes de Afganistán. A Zornosa, ni se le espera
Como ya sucediera en 2018, el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta ha solicitado al Obispado de Cádiz la cesión del Hogar Nazaret, actualmente abandonado, para acoger a menores no acompañados. Como entonces, la diócesis pastoreada por Rafael Zornoza se ha vuelto a negar.
Tal y como apunta El Faro de Ceuta, el Ejecutivo ceutí se dirigió a Zornoza para solicitar el centro, en desuso desde 2015, para acoger a un centenar de los menores que cruzaron la frontera el pasado mes de mayo, y cuya repatriación forzosa ha sido paralizada por la Justicia. Sin embargo, la diócesis “ha vuelto a dar el ‘no’ por respuesta”, según recoge el rotativo, que critica el estado de abandono del centro, que hasta hace seis años servía como hogar de ancianos.
Ante la negativa de Zornoza, y la de Defensa (que no puso a disposición sus cuarteles en desuso), la ciudad se vio obligada a tener a menores dentro de un polideportivo y otros centros municipales, aunque muchos de los menores siguen vagando por las calles y durmiendo en el malecón.
Acogida en Sigüenza
Por contra, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones de Sigüenza (Guadalajara), Accem, acoge desde ayer por la noche a 13 afganos: dos familias, una de siete miembros y otra de seis. «Se trata de personas que han pedido protección internacional como el resto de la gente que hay en el centro y es lo que se tratará de darles una vez que descansen», ha señalado el responsable territorial de Accem en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, tal y como recoge Ecclesia.
Según ha apuntado, a partir de este momento es necesario estudiar la situación concreta de cada persona y revisar su expediente: «Lo importante para nosotros es que sean unos residentes más».
En ambos casos son familias jóvenes, con un nivel cultural medio alto, que colaboraban como traductores en Afganistán con el Gobierno español y cuyos cabeza de familia hablan correctamente el español.
El propio obispo de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, se ha interesado por la situación de estas familias procedentes de Afganistán. A Zornoza ya ni se le espera.
Grandes fortunas y altos ejecutivos españoles financiaron el nacimiento de Vox a partir del grupo ultracatólico Hazte Oír
Wikileaks, asociada a cuatro medios en el mundo, desnuda a dos organizaciones de ultraderecha con asiento originario en México y España y con ramificaciones en 50 países: Hazte Oír y Citizen Go
Mientras que en España el principal aliado político, tanto de El Yunque como de Hazte Oír y Citizen Go, es el es el ultraderechista Vox, en México es el Partido Acción Nacional (PAN)
Hazte Oír, fundada en España en 2001 por Ignacio Arsuaga Rato, mantiene un intenso cabildeo en los círculos políticos y empresariales españoles y funciona como enlace entre los movimientos conservadores de todo el mundo
Ignacio Arsuaga Rato, el citado presidente y fundador de HO, mantiene una crítica frontal al Gobierno de Pedro Sánchez: “No vamos a ahorrar recursos humanos ni económicos para combatir a Pedro Sánchez y a sus socios”
Los documentos revelan que en México tienen a una de sus estructuras más fuertes, alojadas en sectores del PAN, la jerarquía eclesiástica, asociaciones como El Yunque, Yo Influyo, la Red Familia e Incluyendo México y en las plantillas de instituciones como la Universidad Panamericana, el ITAM y el ITESM
Las redes alcanzan 50 países, algunos con una presencia apenas incipiente pero otros con amplios movimientos sociales y peones incrustados en el sistema político
El financiamiento mayoritario proviene de los países donde han alcanzado estructuras sólidas, principalmente España, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina
Promueven valores familiares supuestamente cristianos, antiaborto, antigualdad de sexos y de intolerancia frente a la comunidad de la diversidad sexual. Exhortan a sus miembros a la acción y a increpar. Nada de ser ‘tibios’, exhortan a sus huestes
| Zósimo Camacho/Nancy Flores/ Érika Ramírez/ Alba Olea /Lenin Patiño
(Contralínea).- Wikileaks, en asociación con Contralínea. Periodismo de investigación (México), Il Fatto Quotidiano (Italia), Público (España) y Taz (Alemania), revela más de 17 mil archivos de las organizaciones españolas de ultraderecha Hazte Oír (HO) y Citizen Go (CG): sus donantes, su agenda y sus estrategias de penetración en las sociedades y los gobiernos de 50 naciones.
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México aparece no sólo como el país de origen, a través de El Yunque, sino como uno de los principales centros de operaciones y de captación de recursos en la actualidad.
De la revisión de los documentos se desprende queHazte Oír (HO) y Citizen Go (CG)cuentan en México con dos estructuras: Citizengo México y Yo Influyo. La primera, abierta; la segunda, disimulada, pues formalmente la asociación aparece como independiente del conglomerado. Sin embargo, un documento interno de HO la revela como parte de su armazón internacional.
Yo Influyo tiene como presidente a Fernando Sánchez Argomedo y como directora general a Rosa Martha Abascal Olascoaga, hija mayor de Carlos María Abascal Carranza, uno de los fundadores de El Yunque y Secretario de Gobernación en el sexenio del panista Vicente Fox Quesada (2000-2006). Participan activamente en esta asociación los hermanos Juan Ignacio Zavala y Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. En su portal de internet son los principales “colaboradores”.
⚠️🔴 #ULTIMAHORA@WikiLeaks hace una filtración histórica en el estado español y publica 17.000 documentos de la secta ultracatólica @hazteoir
Además, HO y CG se han asociado con la estadunidense The Howard Center for Family para organizar y llevar al cabo la reunión anual de la derecha y el conservadurismo internacional: el Congreso Mundial de la Familia (WFC). En 2004, el Gobierno panista de Vicente Fox otorgó todas las facilidades para la realización del encuentro en México. Incluso su esposa, la entonces primera dama Marta Sahagún, fue una de las oradoras en el primer día de conferencias. Cartas internas de HO muestran su beneplácito por la participación de Sahagún en las actividades. Para 2012, el Congreso se realizó en Madrid, España, mientras encabezaba el Gobierno español Mariano Rajoy, con quien terminarían rompiendo por no ser, para ellos, lo suficientemente duro en la defensa de los valores de la ultraderecha.
Asimismo, HO y CG encuentran cobijo en sectores del Partido Acción Nacional (PAN), en instituciones educativas privadas como la Universidad Panamericana el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y otras organizaciones aliadas, como Incluyendo México y Red Familia. De ello dan cuenta las distintas listas sobre “contactos” y participantes en las actividades de las organizaciones, como el exlegislador federal panista Rodrigo Iván Cortés Jiménez y la exdiputada local panista en el estado de Puebla Ana María Jiménez.
Mientras queen México el principal aliado político tanto de El Yunque como de HO y CG es el PAN, en España es el ultraderechista Vox, luego de que hubieran roto con el Partido Popular (PP). Los documentos dados a conocer por Wikileaks revelan una estrecha alianza de personajes españoles y mexicanos que han hecho crecer a HO y CG. Los integrantes de estas organizaciones se asumen “cruzados” en una “guerra cultural” contra el progresismo.
HO, fundada en España en 2001 por Ignacio Arsuaga Rato, mantiene un intenso cabildeo en los círculos políticos y empresariales españolesy funciona como enlace entre los movimientos conservadores de todo el mundo. Desde 2014 ha vivido en el escándalo, luego de que el diario español El Confidencial revelara sus orígenes en la organización mexicana secreta El Yunque, y de que un juez confirmara la existencia en España de esta sociedad clandestina fundada en Puebla, México. En un documento judicial, señala que HO y El Yunque no son la misma organización, pero advierte que algunos integrantes de una, militan en la otra.
De hecho, la estructura más poderosa se encuentra en España, donde –de acuerdo con los documentos internos de HO y CG– un conglomerado de cientos de políticos, abogados, sacerdotes, militares, médicos, académicos y hasta periodistas están detrás del financiamiento a estas organizaciones.
— Fundación Rosa Luxemburg (@Rosalux_ES_PT) August 6, 2021
Entre los financiadores destacan el Embajador español en la República de Namibia, Antonio Javier Romera Pintor; el arquitecto Juan José Bienvenido Lago Novás, implicado en el caso de corrupción Odebrecht; el nombre del abogado de Podemos,Alejandro Gámez Selma; el exdiputado por el PP, Juan Manuel Albendea Pabón; el exconsejero del otrora Banco Español de Crédito (Banesto), Ramiro Núnez-Villaveirán Óvilo; el exalcalde-presidente del ayuntamiento de Gavilanes, Antonio Padro Iglesias; el presidente de Vox Murcia, Pascual Salvador Hernández; el coronel retirado Jaime Oliver Gornals, excandidato suplente de Vox en Menorca; las organizaciones Adevida y Pro-Vida Mairena del Alcor; e incluso la congregación Agustinas Recoletas del Convento de la Encarnación.
Ignacio Arsuaga Rato, el citado presidente y fundador de HO, mantiene una crítica frontal al Gobierno de Pedro Sánchez, emanado del centrista Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sin ambages, Arsuaga declaró el pasado 26 de junio: “No vamos a ahorrar recursos humanos ni económicos para combatir a Pedro Sánchez y a sus socios”.
HO comparte muchos miembros de su Junta Directiva con la de CG. Claramente, en los documentos se señala que CG nace de HO. La organización originaria está activa predominantemente en países de habla hispana, mientras que la segunda opera en varios idiomas con oficinas en 15 ciudades y redes en 50 países.
Como organizaciones abiertas, HO y CG promueven valores familiares supuestamente cristianos, antiaborto y de intolerancia frente a la comunidad de la diversidad sexual. Exhortan a sus miembros a la acción y a increpar a quienes critican la religión católica y a quienes promueven la igualdad entre mujeres y hombres. Nada de ser “tibios”, exhortan a sus huestes.
Pero sus actividades no solamente son abiertas. Sostienen una creciente red secreta internacional de organizaciones de derecha, como se alcanza a apreciar en la revisión del conjunto de datos sobre el funcionamiento interno y los eventos públicos revelados hoy por Wikileaks. Han entablado diálogo incluso con conservadores de otras confesiones distintas a la católica o, más ampliamente, cristiana: mantienen comunicación y coordinación incipiente para determinados temas con organizaciones cuyos valores, igualmente ultraconservadores, se justifican en el islam.
CG y HO son organizaciones que abiertamente trabajan en un “modelo de multitudes”, como señalan sus documentos internos. Es decir, sus actividades se concentran principalmente en colocar entre la población una agenda ultrarreligiosa: antiabortista, contraria al matrimonio igualitario, contra la eutanasia y, a menudo, xenófoba y de nacionalismo exacerbado. Además, aspiran a hacer cumplir lo que consideran preceptos cristianos en todos los ámbitos de la vida e imponerlos a toda la sociedad contra cualquier forma de secularismo y laicismo.
Funciona, en principio, como una entidad multidireccional a través de canales a lo largo de internet. No sólo difunde su ideología sino genera organización, arma manifestaciones y también financia a personas y organizaciones a través de las cuales intenta proyectar la ideología de sus grupos principales. En México ha organizado marchas contra lo que considera gobiernos, personas e ideas izquierdistas, incluso en fechas recientes, como antes de las elecciones del 5 de junio pasado.
Con el Congreso Mundial de la Familia busca reunir al núcleo duro de los pensadores católicos y reaccionarios en un solo lugar, con lo que expande al movimiento a nuevas áreas de influencia. De México –revelan los documentos– han convocado a profesores y directivos de la Universidad Panamericana, el ITAM y el ITESM. También tienen en su propio evento anual de premios la oportunidad de relanzar su agenda y dar más visibilidad a sus aliados y simpatizantes.
El líder formal de HO y CG es el propio Ignacio Arsuaga Rato, viejo amigo del mexicano Carlos Abascal Carranza (1949-2008), quien ocupara la Secretaría de Gobernación de México durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006). Arsuaga tiene vínculos familiares con el exdirector general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato.
Junto con el de Arsuaga, también están los liderazgos de José Castro Velardo y Manuela Luengo, quienes aparecen a menudo en las estructuras de las organizaciones en ambos lados del Atlántico. En especial, cuando desarrollan nuevas plataformas en México, El Salvador o Chile. En todos los casos, las decisiones principales están dentro de un círculo cerrado de personas. Las decisiones de menor trascendencia se comparten con círculos más amplios.
Su política de medios de comunicación se expresa a través de la organización Actuall, con base en Madrid, España. Con ella busca hacer frente a la crítica y a las revelaciones sobre su origen y sus métodos. Actuall, cuyo director general es Alfonso Basallo y su directora general adjunta es Rosana Ribera, cubre España y América Latina, contrató de tiempo completo a periodistas experimentados y reclutó colaboradores externos.
De acuerdo con los documentos, HO y CG inyectaron a Actuall un capital inicial de 300 mil euros: 150 mil de fondos propios y los otros 150 mil provenientes de campañas de donaciones.
Sobre El Yunque, la prensa española ya se ha encargado de ventilar los enlaces de Vox con esta organización secreta con asiento, primero en México, y luego también en España. Se ha documentado que, supuestamente, al menos nueve miembros de Vox son parte del Yunque o de HO.
Desde su centro, España, HO ha construido una red de organizaciones subsidiarias en varias partes del mundo. Hay sucursales en Colombia, México, Italia, Argentina, Panamá, Perú, Estados Unidos, Reino Unido y Bélgica. Todas estáncoordinadas por el vicepresidente Luis Lozada Pescador y están diseñadas para relacionarse con las iniciativas locales y promover las campañas de HO internacionalmente. En caso de México, CG lo encabeza directamente Ignacio Arsuaga, de acuerdo con el acta constitutiva de la asociación civil.
Las redes alcanzan 50 países, algunos con una presencia apenas incipiente pero otros con amplios movimientos sociales y peones incrustados en el sistema político. Elfinanciamiento mayoritario proviene de los países donde han alcanzado estructuras sólidas, principalmente España, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina.
Investigadores consultados por Contralínea señalan que desde la década de 1950, la organización secreta de ultraderecha El Yunque se infiltró en ámbitos educativos, sociales, económicos y políticos de México. Su misión es “defender el reino de Dios” de las amenazas anticatólicas. Desde su fundación, esta sociedad secreta se planteó tener sus propias universidades y asociaciones civiles y llegar a incrustarse en las estructuras del sistema político.
Aunque algunos integrantes de la organización clandestina de ultraderecha El Yunque continúan presentes en la política institucional mexicana, sus posibilidades de recuperar el poder –como ocurrió en los sexenios panistas de Fox y Calderón– son mínimas, consideran especialistas. Sin embargo, su agenda pervive en organizaciones como HO y CG. Incluso su estructura se mantiene activa a través de asociaciones civiles fachada o de doble agenda.
Antes de publicar, los medios asociados a Wikileaks que participan en la revelación de los documentos solicitaron en conjunto entrevistas con las dirigencias de HO y CG. A pesar de la insistencia, hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.
El auge de la ultraderecha es evidente y sus miembros cada vez se esconden menos, actuando con más impunidad. Ya no es en un país lejano, ni siquiera en Europa, es en Extremadura donde una persona ha recibido una brutal agresión homófoba, ha denunciado y ha visto cómo sus supuestos agresores no solo se iban de rositas, sino que además se ha visto condenado a pagar una indemnización por responsabilidad civil. De traca.
Meses después de la denuncia por agresión LGTBIfóbica ocurrida en Don Benito, el juez, en una polémica sentencia, dicta absolver a los ultraderechistas y condenar a la víctima del ataque. Activistas LGTBI tachan la sentencia de infame.
El 14 de julio del año pasado un joven denunció una agresión LGTBIfóbica en Don Benito. Tal y como recogimos en este medio, la víctima manifestó que seis militantes de la formación ultraderechista le insultaron, increparon y agredieron al grito de “maricón” y “pajero”. La agresión fue acreditada por un médico a través del correspondiente parte de lesiones, donde notificó una herida en la frente y una crisis de ansiedad.
A pesar del parte elaborado por el profesional sanitario y de las fotografías que revelan el momento exacto de la agresión, tras la celebración del juicio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Don Benito (cuyo titular, desde febrero, es el magistrado campanariense Francisco Javier Sánchez Mora) decidió absolver a los miembros de Vox, entre quienes se encontraba el Presidente Provincial de VOX Badajoz, Ángel Borreguero. El juez, en una polémica sentencia publicada el pasado 8 de abril, duda abiertamente de la versión del denunciante y, además, le condena como agresor por ejercer el legítimo derecho a la defensa ante una agresión, teniendo que indemnizar a un militante de VOX por la pena decretada de 45 días de multa de 8 euros diarios y el abono de 92,40 euros en concepto de responsabilidad civil. Según los colectivos LGTBI que denunciaron la agresión, el mundo al revés.
“Esta sentencia es aberrante. Infame. La víctima de un ataque homófobo ha sufrido al final dos: la segunda es peor, porque proviene de un sistema que teóricamente debe proteger a la víctima”; “Si te pegan una paliza entre unos pocos, más te vale que mires bien quién te da la patada y quién el puñetazo y que haya mucha sangre, si no, te puede pasar como a este joven extremeño al que agredieron al grito de “maricón” que finalmente tiene que pagar a sus agresores”; “¿Cuando la justicia no nos ampara en quién podemos confiar?”; “La hostia deja de doler. La desprotección ante la ley y los responsables de su aplicación es una pesadilla que ocurre estando despierto”; “¿De qué sirve tener leyes si no se aplican? Así, los agresores se sienten impunes y con el derecho a ser violentos. Indignante”; fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer por redes sociales como respuesta a la sentencia judicial.
Hace unos días el Juzgado de Instrucción número 1 de Don Benito absolvió a los militantes de VOX que agredieron a un joven LGTBI de la ciudad. La sentencia es aberrante. Aquí algunos apuntes 👇🏽 [HILO] https://t.co/gSElo0ZDL4
El juez entiende que una agresión sólo puede acreditarse como tal si hay lesiones graves. ¿Que te arranquen las gafas de un puño (de ahí la herida), te escupan, insulten y zarandeen no es VIOLENCIA? ¿No es una agresión? Según la Ley LGTBI son infracciones graves y muy graves. pic.twitter.com/z9sXxjriam
Esta sentencia es aberrante. Infame. La víctima de un ataque homófobo ha sufrido al final dos: la segunda es peor, porque proviene de un sistema que teóricamente debe proteger a la víctima
En un hilo viral en Twitter, se denuncia cómo el juez interpreta “que te arranquen las gafas de un puño, te escupan, insulten y zarandeen no es violencia”, a pesar de que la Ley LGTBI considere estas acciones como infracciones graves y muy graves. Se clama, también, por el cuestionamiento y la revictimización que hace el juez en su sentencia: “Pero es que el juez no sólo dice que la versión de la víctima ‘no se puede sostener’ sino que, además, la pone en duda con un asqueroso ‘no se puede atribuir el ataque de ansiedad a la conducta de los denunciados’. ¿Perdona?”.
La conclusión que extraen los y las activistas en redes después de conocer la condena a la víctima y la victimización del agresor es terrible: “Si entre seis personas quieren pegarte, insultarte y denigrarte por ser LGTBI, tú no puedes auto-defenderte. Y si lo haces, aunque seas una persona contra seis ultras, la multa es para ti. Pagas tú, cometes el delito tú y te aplican la infracción a ti”. Adjuntan, por si fuera poco, algunas incoherencias emitidas por el juez en la sentencia, como acreditar en un primer momento que el médico administró Lexatin por la crisis de ansiedad de la víctima y, unas líneas después, contradecirse argumentando que la dosis se ingirió “motu proprio”.
Si entre seis personas quieren pegarte, insultarte y denigrarte por ser LGTBI, tú no puedes auto-defenderte. Y si lo haces, aunque seas una persona contra seis ultras, la multa es para ti. Pagas tú, cometes el delito tú y te aplican la infracción a ti
La formación ultra, en su página web, se congratula de “que la verdad haya relucido frente a la campaña de manipulación y desinformación que desplegó el lobby LGTB”. Ante este escenario, la Comisión 19M está barajando la posibilidad de concentrarse ante las puertas del juzgado para visibilizar el descontento por la que consideran “una sentencia infame”.
Estupor, miedo, vergüenza son algunas de las emociones que te recorren cuando te enteras de estas noticias porque la agresión es doble: por las personas que te insultan y golpean por la calle y por el sistema de justicia, que no solo no te protege, sino que te cuestiona y culpabiliza. Basta ya de cuestionar a las víctimas.
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución por la que declara la Unión Europea como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ». La iniciativa, de valor simbólico, ha sido aprobada por una amplia mayoría y refuerza la estrategia para la igualdad que la Comisión puso en marcha hace unos meses. Se trata también de enviar un mensaje de inclusión frente a los retrocesos que se están produciendo en países como Polonia, donde varias ciudades y regiones se han declarado «zonas libres de ideología LGTBI».
La propuesta del Parlamento surgió del Intergrupo LGTBI, una alianza de eurodiputados comprometidos con los derechos de la comunidad. Para mostrar su apoyo a la iniciativa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó la etiqueta #LGBTIFreedomZone en redes sociales el miércoles de la semana pasada. «Ser tú mismo no es ninguna ideología. Es tu identidad. Nadie la puede arrebatar. La UE es tu hogar. La UE es una zona de libertad LGTBI» tuiteaba la política alemana. A ella se unió la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, una de las dirigentes europeas más comprometidas con la comunidad LGTBI.
Being yourself is not an ideology. It’s your identity. No one can ever take it away.
La resolución analiza en primer lugar el estado de los derechos LGTBI en la Unión Europea, con menciones a los retrocesos experimentados en los últimos años en Hungría y Polonia. Finalmente, declara a la UE como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ» y encarga al presidente del Parlamento «que transmita la presente Resolución a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo».
En la votación que tuvo lugar el pasado 11 de marzo la propuesta fue aprobada con un amplio apoyo transversal: 492 votos a favor y 141 en contra, con 46 abstenciones. Los cuatro eurodiputados de Vox Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé, Margarita de la Pisa y Hermann Tertsch votaron en contra. El independiente (elegido en la lista de Ciudadanos) Javier Nart se abstuvo. El resto de los eurodiputados de la delegación española que participaron en la votación apoyaron la declaración.
La implementación de esta estrategia se enfrentará a una fuerte resistencia por parte de las administraciones húngara y polaca, puntas de lanza en la actualidad de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. En particular, si se convierte en un condicionante para la concesión de ayudas económicas. Los Gobiernos del primer ministro Viktor Orbán y del presidente Andrzej Duda se han mostrado beligerantes contra cualquier iniciativa que vincule transferencias de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, la separación de poderes o los derechos de las minorías.
En agosto del año pasado, el ministro de Justicia polaco Zbigniew Ziobro calificaba de «infundada» e «ilegal» la decisión de la Comisión Europea de denegar las ayudas a seis ciudades polacas, que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre localidades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTB». Por otra parte, Hungría y Polonia vetaron durante semanas el presupuesto comunitario, incluido el fondo de recuperación contra los efectos de la pandemia de coronavirus, por oponerse a la cláusula que prevé la suspensión de la financiación cuando se produzca un socavamiento del Estado de derecho.
La consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano, jurando su cargo ante el presidente de la Región de Murcia Fernando López Miras
Cuando la derecha, supuestamente moderada, blanquea a la ultraderecha, el peligro es el mismo que en la Alemania previa a Hitler. Ya no valen buenas palabras, el Partido Popular ha metido en las instituciones a la ultraderecha misógina, LGTBIfoba y liberticida a través de un Gobierno propuesto por los líderes nacionales del PP Teodoro García Egea y Pablo Casado para ensayar en Murcia y exportar al resto de España. Y esto no se lo perdonaremos nunca.
Tumbar una moción de censura cuesta una consejería de Educación y Cultura. Es el precio que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asumido a fin de mantener más de un cuarto de siglo del gobierno del Partido Popular en la Región. Con la cesión de esta cartera, Miras contenta a sus nuevos socios de gobierno, los tres diputados expulsados de Vox que le ayudaron a poner fin a la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos.
Mabel Campuzano, la diputada expulsada de Vox en la Asamblea de Murcia, ha tomado posesión de su cargo como consejera de Educación e Igualdad. Mediante la fórmula del juramento se ha consolidado definitivamente la nueva relación entre el gobierno de Fernando López Miras (PP) y Vox, que comenzó cuando tres de los exmiembros del partido de extrema derecha depositaron sus votos para tumbar la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos.
Una hora antes de jurar el cargo, la nueva consejera de Educación ha publicado lo que califica como “las líneas maestras” de lo que será su trabajo en la Consejería. Estas líneas mantienen la esencia de las medidas anunciadas hasta ahora y que son rechazadas por la comunidad educativa y cultural que ha protestado este sábado frente al Palacio de San Esteban: “En cuanto a las líneas políticas tampoco vamos a sorprender a nadie. Mantenemos la defensa de la libertad de los padres para decidir la educación de los hijos”
La Región de Murcia es la primera comunidad en la que Vox asume la consejería de Educación y Cultura. La nueva consejera, Mabel Campuzano, se perfila como una defensora del veto parental en las aulas murcianas y de la educación concertada y privada –en la línea del programa que defiende Vox– aunque tendrán que estudiar cómo lo plantean para sortear a la Justicia y conseguir implantarlo: “Dicen que hemos aceptado los postulados del PP, pero lo cierto es que todo esto lo hacemos para asegurarnos que nuestro programa se cumple”, subrayan fuentes cercanas a los díscolos de Vox.
El Ministerio de Educación recurrió en febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia la implantación del veto parental en los centros educativos del territorio. Su titular, Isabel Celaá, declaró que esta medida suponía una “ilegalidad” que vulneraba “los derechos de los alumnos y alumnas”, además de exceder las competencias que tienen los centros educativos. El recurso salió adelante un mes después y el TSJ suspendió cautelarmente su aplicación en las aulas. Ya en julio de 2020, con el fin del curso académico, el órgano judicial archivó la causa por “pérdida sobrevenida de objeto”.
Pero también apoyan sin tapujos la expansión de la educación concertada o la puesta en marcha de nuevos centros privados con fondos públicos. En una región donde en 2009 se destinaron 106 millones de euros para conciertos y en 2015 la cifra fue de 210 millones, la mayor subida de toda España. En cambio, en ese mismo periodo 2009-2015, la inversión en la educación pública cayó un 12,4%. Entre sus iniciativas se encuentran también la libre elección de centro o el cheque escolar para las familias con el gasto medio por alumno, de forma que puedan invertirlo en la matrícula del centro que elijan. Con ese cheque, los padres o tutores recibirían un bono con el coste medio por puesto escolar en la pública.
Nacho Tornel, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, apunta que tanto el veto parental como el cheque escolar son ideas “absurdas para vestir de gala al muñeco diabólico”. En su opinión, “vienen a por el dinero, a manejarlo y desviarlo a los colegios de elite, a los excluyentes, los de sus amigos, porque tienen que formar y promocionar a los suyos”. Y reflexiona que a nadie le puede sonar mal que se repartan cheques, “pero es una trampa porque es una forma de seguir beneficiando a las personas más pudientes; el cheque del hijo de un jornalero no debería ser igual que el del hijo de un magnate”. Las necesidades “son mayores para uno que para otro, pero el cheque será igual”. Y respecto al presidente López Miras, recuerda que ya en diciembre de 2019 “decía que no se podía consentir el adoctrinamiento en la escuela pública, lo decía para agradar a Vox, y ahora continúa con ese discurso”.
Los colectivos que se han manifestado en los últimos días contra la entrada de Vox en el Gobierno regional, y más concretamente en el área de Educación y Cultura, han criticado duramente la “fobia” contra el colectivo LGTBI del partido de ultraderecha y han mostrado su preocupación ante la merma en sus derechos que podría suponer que gobernase esta formación en la Región. En la última aparición de Santiago Abascal en la capital, el pasado 11 de marzo, se vivieron momentos tensos entre un grupo de jóvenes que quiso reivindicar sus derechos con una bandera arcoíris y asistentes al mitin, que increparon a los activistas con el saludo fascista, levantando el brazo, y profirieron insultos y gritos como “perroflautas”, “id a trabajar, cabrones”, “viva el Caudillo” o “viva España”.
Desde algunos sectores también se ha criticado que Campuzano haya expresado en la Asamblea Regional tener “serias dudas” con la vacuna: “No voy a ser yo quien le recrimine por haberse vacunado, al contrario, creo que es muy valiente y que lo ha hecho para dar ejemplo a quienes como yo albergamos serias dudas respecto a la vacuna”. Se refería la diputada al exconsejero de Salud Manuel Villegas, poco antes de que dimitiese tras haberse puesto la primera dosis contra la COVID-19 junto a otros altos cargos del Servicio Murciano de Salud el pasado enero, uno de los motivos que más han argumentado desde Ciudadanos y PSOE para presentar las dos mociones de censura en el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia.
La Educación y la Cultura en la Región de Murcia protestan contra el nombramiento de la diputada díscola de Vox
Mientras tanto, el sábado pasado, centenares de personas protestaron frente al Palacio de San Esteban contra el nombramiento de la consejera de Educación y Cultura Mabel Campuzano. Distintas asociaciones culturales, de docentes, AMPAS y alumnos han asistido a la protesta, además de los sindicatos CCOO, UGT y Sterm Intersindical y representantes políticos de PSOE, Unidas Podemos y el Partido Comunista de la Región de Murcia.
Con consignas como “Fuera fascistas de nuestras aulas”, “La educación no se vende, se defiende” o “Vosotros, fascistas, sois los terroristas” los manifestantes han expresado su repulsa ante las medidas que pretende implantar la nueva consejera una vez asumido su cargo.
Desde Docentes Unidos declaran que “aquí comienza la lucha de la primavera murciana, no estamos dispuestos a que la educación pase por el pin parental o el cheque escolar”. Docentes Unidos denuncia que desde el gobierno regional “han esperado hasta el último momento para la toma de posesión y evitar la foto de ellos entrando y nosotros mostrando nuestra disconformidad”.
El secretario general de Enseñanza de CCOO, Nacho Tornel, ha reprochado al jefe del ejecutivo regional, Fernando López Miras, que “sacrifique” la gestión educativa de la Región, al que acusa de “no actuar en favor de las necesidades del sistema educativo: el aumento de fracaso escolar o el abandono de la educación compensatoria. En su lugar habla de quimeras como el cheque escolar, que sería un robo absoluto al sistema educativo”.
El sector de la cultura también ha mostrado su descontento ante del nombramiento: “Pedimos que no se venda la cultura y la educación a personas que basan su política en el discurso del odio”, ha reclamado Francisco Ros, miembro de la asociación de difusión de artes escénicas Ayeklauwn.
Durante la manifestación ha tenido lugar una performance donde los manifestantes, vestidos de negro “han mostrado la visión tan simplista que el Vox tiene de la protesta”, ha explicado Ros.
“Es una regresión al franquismo”: figuras de la Cultura y la Educación en Murcia, contra la designación de la consejera
“Murcia está siendo el laboratorio de pruebas de la ultraderecha y esta es la primera ocasión en la que una consejería de Cultura y Educación cae en manos de una ultraderechista”, lamenta el escritor y profesor de secundaria Jerónimo Tristante.
Para el creador de la saga de libros de Víctor Ros, el nombramiento es el resultado del “espectáculo de transfuguismo que hemos visto, constituyendo un gobierno en el que la mitad de los miembros son tránsfugas. Y peor, tránsfugas frikis, en una maniobra que ha llevado a cabo Teodoro García, no para salvar Murcia, sino para salvar su cabeza y la del propio Casado“.
Desde los colectivos culturales y educativos comparten la sensación de haber sido utilizados como una “transacción para salvar la moción de censura”: “Es una decisión muy desafortunada, para Miras no somos más que una moneda de cambio”, lamenta el director de escena Antonio Saura, que junto a otros 140 miembros de la escena cultural presentaron una carta al jefe del ejecutivo regional, Fernando López Miras, en contra de la entrada de Vox en el gobierno de la Región de Murcia. Entre los profesionales que figuran en la carta remitida al jefe del Ejecutivo murciano se encuentran los músicos Carlos Tarque y Sean Frutos, el actor Ginés García Millán, la actriz y productora Esperanza Clares, el filósofo Francisco Jarauta, o los escritores Lola López Mondejar o José Daniel Espejo.
En la misiva, los firmantes suscriben que tomar esta decisión “obedece a criterios de oportunidad política” en lugar de responder a motivos de “idoneidad para el desempeño de las funciones en favor de la ciudadanía de la Región”.
La titularidad de la Consejería de Educación y Cultura, consideran los firmantes, no debería estar “al albur de la negociación política, y mucho menos, en manos de representantes públicos procedentes de partidos e ideologías que han dado muestras de un profundo desprecio por la cultura”.
“Nunca, el sector había sentido como un tiro en su línea de flotación un posible nombramiento como el que se plantea”, señalan los firmantes, que ven “muy difícil una relación constructiva con políticas y políticos a los que les precede un tipo de visión tan alejada de cualquier sintonía con una sensibilidad cultural, que ha de ser tolerante e inclusiva”.
Carta abierta a Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Desde la asociación en defensa de la educación Docentes Unidos coinciden con Saura: “Pensábamos que nuestra situación no podía empeorar, pero vemos que el PP muestra su total menosprecio a la educación en la Región porque mercadea con nuestra Consejería para tumbar una moción de censura”.
Docentes Unidos muestra una preocupación especial por las propuestas que ha anunciado la futura consejera de Educación y Cultura: “El cheque escolar es una manera de desviar los fondos que vienen de la educación pública a la concertada/privada. Llevamos muchos años sin ampliar colegios públicos”, denuncian desde la asociación.
“Lo que deja entrever –amplía Tornel desde CCOO– es la privatización del sistema educativo público: dejar en manos de las empresas privadas el servicio educativo a cambio de subvencionarles el servicio, con lo cual nos costará más caro. Hay que pagar a los docentes, hay que mantener los centros y hay que asumir el beneficio empresarial. ¿Cómo puedes ganar en ese beneficio empresarial? Bajando los sueldos a los docentes y bajando los gastos para mantenimiento de centro y recortando la inversión en aquellas etapas educativas más necesarias”.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos recuerda que se trata de una medida que llevaron, junto al ministerio de Educación, a los tribunales: “No dudaremos en volver a hacerlo”, aseguran desde la Federación. CCOO, por su parte, advierte que “el pin parental, a estas alturas, es un trampantojo que ya sabemos que no es ni pin ni parental: es una censura que viene fomentada por una serie de lobbies ideológicos y políticos que quieren utilizar la educación como su campo de batalla”.
Campuzano aún no ha enumerado las medidas que tomará una vez asuma su cargo, pero Tristante vaticina que “el tema cultural creo que va a ser aún peor. Ella va a nombrar sus propio personal, nos podemos imaginar el concepto de cultura que tiene esta gente. Una regresión al franquismo”.
Marine Le Pen: “No tengo ninguna duda de que muchos creyentes estarían encantados si el Papa se ocupara de lo que está sucediendo en las iglesias en lugar de en las urnas. Deje que todos hagan lo que deben hacer”
El entramado mediático de la ultraderecha europea acusa a Bergoglio de haber tildado de “preocupante” la hipotética llegada de la líder del Frente Nacional al Elíseo
Bannon, Abascal, Le Pen, Salvini u Orban, con el inestimable concurso de purpurados como Burke, Brandmüller, Sarah o Muller, o el siempre presente ex nuncio Viganò, también llevan tiempo lanzando sus dardos contra Francisco
La ultraderecha europea tiene nuevo enemigo. O no tan nuevo, porque lleva ocho años en la diana de los sectores ultraconservadores del Viejo Continente: el Papa Francisco. Justo en el momento en que Italia revocaba la concesión de la Cartuja de Trisulti al ex asesor de Trump, Steve Bannon, que intentaba crear un ‘contra Vaticano’ en el sur de Roma, las terminales mediáticas de los grupos tradicionalistas sacaban a la luz unas supuestas declaraciones de Francisco a un periodista galo en las que tildaba de “preocupante” la hipotética llegada de la líder del Frente Nacional a la presidencia de Francia.
“No quiero ser grosero ni decirle a su país qué hacer. Pero es preocupante” es la frase que el semanario L’Obs atribuye a Bergoglio, y que ha servido a Marine Le Pen para arremeter contra el Pontífice en sus redes sociales, pidiéndole que “se ocupe de lo que ocurre en las iglesias”.
“Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, tuiteó Le Pen, quien añadió que “no tengo ninguna duda de que muchos creyentes estarían encantados si el Papa se ocupara de lo que está sucediendo en las iglesias en lugar de en las urnas. Deje que todos hagan lo que deben hacer”.
“Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu”…
Je suis convaincue que de nombreux croyants seraient ravis que le Pape s’occupe de ce qui se passe dans les églises plutôt que dans les urnes. Que chacun fasse ce pour quoi il est destiné. MLP https://t.co/44Lta4oS1H
No es la primera vez que la ultraderecha europea arremete contra el “ciudadano Bergoglio”, como le ha denominado en varias ocasiones el presidente de Vox, Santiago Abascal. Víctor Orban en Hungría, Matteo Salvini en Italia o el propio Steve Bannon, con el inestimable concurso de purpurados como Burke, Brandmüller, Sarah o Muller, o el siempre presente ex nuncio Viganò, también llevan tiempo lanzando sus dardos contra Francisco. Dardos convenientemente publicitados por los órganos comunicativos de la ultraderecha española, italiana y norteamericana, fundamentalmente. Nada nuevo bajo el sol.
Steve Bannon se queda sin su ‘contraVaticano’ ultra en Roma
Italia revoca la concesión de la Cartuja de Trisulti al ex asesor de Trump
“¡Fuera Bannon y los soberanistas de la Cartuja de Trisulti!”, celebró en sus redes sociales el gobernador, del Partido Demócrata (PD, centroizquierda)
En Italia este “gurú” había encontrado la atención y respaldo de políticos ultraderechistas como Matteo Salvini y Giorgia Meloni, líderes respectivamente de la Liga y de Hermanos de Italia. También, de Santiago Abascal y Vox
Italia revocó hoy al estratega estadounidense Steve Bannon la concesión de la Cartuja de Trisulti, un monasterio del siglo XIII al sur de Roma donde planeó instaurar una academia de ideas soberanistas con el Instituto “Dignitatis Humanae“.
El Consejo de Estado italiano, órgano que controla la corrección de las decisiones administrativas, ha dado la razón al Ministerio de Cultura y la cartuja no acabará en manos de Bannon, según confirmó el presidente de la región del Lacio (centro), Nicola Zingaretti. “¡Fuera Bannon y los soberanistas de la Cartuja de Trisulti!”, celebró en sus redes sociales el gobernador, del Partido Demócrata (PD, centroizquierda).
Zingaretti avanzó que el gobierno regional colaborará con el Ministerio, dirigido por su correligionario Dario Franceschini, para “devolver este lugar maravilloso a los ciudadanos“.
Un populista que aupó a Trump
Bannon, el populista que aupó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y que luego fue indultado por el magnate horas antes de dejar la Casa Blanca el pasado enero, había elegido este imponente monasterio para crear su academia de ideas soberanistas.
En Italia este “gurú” había encontrado la atención y respaldo de políticos ultraderechistas como Matteo Salvini y Giorgia Meloni, líderes respectivamente de la Liga y de Hermanos de Italia. También, de Santiago Abascal y Vox.
En mayo de 2019 el Ministerio anunció el inicio del procedimiento para revocar la concesión de la Cartuja a Bannon y al instituto católico “Dignitatis Humanae”, dando origen a una pugna legal.
Un año después el tribunal regional de Latina (centro) dio la razón al estratega, permitiéndole conservar la concesión de la Cartuja, un fallo tumbado ahora por el Consejo de Estado.
La licitación para ocupar este monasterio, situado en la cima de una montaña a unos 130 kilómetros de Roma, se publicó en 2016 y fue ganada por el instituto “Dignitatis Humanae”, vinculado al sector más conservador de la Iglesia, por valor de 100.000 euros al año.
Abascal, Orban, Le Pen, Salvini… el odio ultra de Europa
Este instituto católico tiene entre sus principales valedores a Bannon, a quien se le ocurrió crear una escuela en la que formar a políticos y defender los valores judeocristianos de Occidente, impartiendo materias como Filosofía, Teología, Economía e Historia.
El Instituto tuvo el apoyo de importantes miembros del ala más conservadora de la Iglesia católica, como el cardenal estadounidense Raymond Burke, muy crítico con el papa Francisco.
Bannon intentó crear en la cartuja “un ‘pseudo vaticano'” dentro de “la ofensiva que personajes del entorno de Trump lanzaron” para “corromper a la Iglesia de EEUU” y “desacreditar al papa Francisco“, dijo recientemente a Efe el periodista Juan Vicente Boo, autor del libro “Descifrando el Vaticano”.
El diputado y secretario de Izquierda Italiana, Nicola Fratoiani, celebró el veredicto del Consejo de Estado: “Que se vayan a algún resort de Trump“, apuntó el político, que en estos años ha apoyado las protestas de los vecinos del lugar contra este proyecto.
El suceso se produjo cuando el acusado, E.C.G. participó en la manifestación de la extrema derecha que partió de Francesc Macià y acabó ante la Delegación del Gobierno en la calle Mallorca. Sobre las 13.00 horas, cuando la marcha circulaba por Bailén, dos jóvenes exhibieron ante estos, “de forma pacífica y sin increpar o insultar a los manifestantes” una bandera arcoirís.
Fue entonces cuando varios de ellos comenzaron a gritarles: “maricones de mierda”; “degenerados” o “hijos de puta”. Entre estos, E.C.G, sostiene la fiscalía, quien “movido por su animadversión a la orientación sexual” se subió encima del coche que conducía y, “en actitud agresiva y hostil”, se dirigió a los dos jóvenes “con el fin de perturbar su tranquilidad y denigrarles públicamente” con expresiones como “hijo de puta, eres una mierda, ven aquí que te voy a matar, hijo de puta”; “marica, baja marica” o “maricón de mierda te voy a matar”.
Como resultado, los jóvenes guardaron la bandera “ante el temor de que el acusado pudiera bajar del coche” y agredirles; cuando escuchó las sirenas de la policía, se metió en el vehículo y se marchó, explica el fiscal. El día después de la protesta, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció que el Ayuntamiento denunciaría los hechos ante la Fiscalía.
Por todo ello, Aguilar solicita 18 meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de amenazas –un total de tres años de prisión–, así como una orden de alejamiento de 1.000 metros y la prohibicición de comunicarse con los jóvenes increpados durante cinco años tras la pena de cárcel que se imponga al acusado. El ministerio público también pide que E.C.G. indemnice a las dos víctimas con 1.000 euros –a cada una de ellos– por daños morales.
Tras conocerse la presentación de una moción de censura para desplazar al PP de Gobierno de Murcia, el líder regional de los socialistas, Diego Conesa, destacaba que el mal llamado «PIN parental», al que también se oponían desde Ciudadanos, había sido una de las claves del movimiento, junto a la «falta de transparencia en la gestión» y la «corrupción del escándalo de las vacunas». Las maniobras posteriores del PP, que se ha asegurado el apoyo de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos a cambio de incorporarlos al Gobierno regional, han dado al traste con el intento de desplazar a los populares del Gobierno regional y anular la influencia de Vox.
La Región de Murcia se despertaba la mañana del pasado miércoles con el registro de una moción de censura del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y Ciudadanos contra el popular Fernando López Miras, que desde las elecciones de 2018 gobernaba en coalición con el propio Ciudadanos con apoyo externo de Vox, la formación de extrema derecha. El motivo era la tensión creciente en el seno del gobierno entre populares y naranjas, motivado por el reciente escándalo de la vacunación contra la covid-19 de la cúpula de Sanidad (así como del concejal Felipe Coello, ya dimitido, en el Ayuntamiento de Murcia), las denuncias cruzadas en el consistorio de la capital entre los populares y el concejal de Ciudadanos Mario Gómez con acusaciones de espionaje y corrupción de por medio y, finalmente, el nuevo acercamiento del PP a la extrema derecha de Vox en materia educativa que, como adelantábamos en febrero, supondrá previsiblemente la reintroducción del la censura parental en las aulas a cambio de su voto favorable a los Presupuestos autonómicos de 2021. Un acuerdo entre PP y Vox que se confirmaba días después.
Pese a que todas eran cuestiones de peso para la formación naranja, el partido Ciudadanos se había opuesto a volver a implantar la medida estrella de la extrema derecha en las aulas. Un giro significativo, dado que aunque el partido naranja siempre se había sentido incómodo con la medida, en la práctica la había tolerado. Es necesario recordar, de hecho, que hasta que la justicia la suspendió cautelarmente la medida llegó a estar vigente en la región mientras la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, también ejercía como vicepresidenta única de la comunidad autónoma. Franco es, precisamente, una de las tres tránsfugas de Ciudadanos que finalmente han dado al traste con la posibilidad de cambio al frente del Gobierno de Murcia.
El que más rotundamente indicó que el retorno de la censura parental a la Región de Murcia supuso un acelerador del intento de moción de censura fue el líder de los socialistas en la Región de Murcia, Diego Conesa. El secretario general de los socialistas murcianos manifestaba la mañana del 10 de marzo en el programa de televisión Al Rojo Vivo que «el PP es un juguete roto en manos de la ultraderecha. Queriendo de nuevo reavivar los fantasmas de la censura educativa con el pin parental han acelerado este proceso y esta toma de decisiones».
En cualquier caso, el Gobierno central ya ha anunciado que volverá a recurrir la censura parental denunciando ante los tribunales a todas las comunidades autónomas que la apliquen, sean la Región de Murcia, Andalucía o Madrid, otras dos comunidades en las que Vox, desde su posición de fuerza en los parlamentos regionales, exige la aplicación de la medida (hasta ahora este recurso solo había sido necesario en Murcia). Además, según informa Fuensanta Carreres en el diario La Verdad de Murcia, la censura parental quedará sin efectividad tras la aplicación en el currículo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE, también conocida como «Ley Celaá»). Sin embargo, en la Región de Murcia al menos modificaría la naturaleza de las charlas que históricamente venía impartiendo el colectivo No Te Prives, ya que los contenidos de educación afectivo-sexual pasarían a ser impartidos por los profesores y no por los profesionales de la asociación.
Moción de censura condenada al fracaso
Por lo que se refiere a la moción de censura contra López Miras, está queda condenada al fracaso tras la maniobra del PP asegurándose el apoyo de tres tránsfugas de Ciudadanos, a los que a cambio incorpora al Gobierno (dos son nuevos consejeros, la tercera es Isabel Franco, que sigue como vicepresidenta). Los naranjas perderán así, muy probablemente para siempre, la posibilidad de presidir por primera vez una comunidad autónoma (la candidata era la hasta pocos días consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal). Habrá que ver qué pasa, eso sí, con los municipios que entraban también en el pacto inicial entre el PSRM y Ciudadanos, y donde los naranjas han gobernado hasta ahora con el PP habiendo sido los socialistas la opción más votada en las pasadas elecciones: Murcia, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego, que pasarían a ser regidos por los socialistas.
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Esta mujer cada vez es más peligrosa y esperpéntica:
se muestran contrarias a la autodeterminación de género de las personas trans
Oponerse a la ley trans supondría el mismo error que el PP cometió oponiéndose al matrimonio igualitario.
“Se sintió con la libertad de decirme que yo era un maricón de mierda, que España estaba así por culpa de personas como yo, y que era una maricona mala”, 
Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, 
La acción erosiva de la extrema derecha y de los movimientos ultraconservadores contra el avance de los derechos de las personas LGTBI continúa. La nueva batalla se libra en la Comunidad de Madrid, donde Vox ha presentado una proposición de ley «de igualdad y no discriminación» que en caso de ser aprobado derogaría las leyes ya existentes en la Comunidad de Madrid de protección contra la LGTBIfobia y de identidad y expresión de género. Sería la primera vez en lo que llevamos de siglo que se produce un retroceso legslativo explícito en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental, de ahí su importancia.
Este es el texto de la Ley que se debatirá el 16.
El día 15 todes a llenar Sol 
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