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En un decepcionante fallo de su Tribunal Superior de Justicia, Kenia mantiene vigente la criminalización de las relaciones homosexuales

Martes, 28 de mayo de 2019

kenyaDecepcionante fallo judicial el conocido este viernes en Kenia, por el cual la Alta Corte de Justicia de ese país mantiene la criminalización de las relaciones homosexuales. El proceso judicial se remonta a 2016, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) presentó una demanda contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel.

Son varios los artículos del Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

La denuncia presentada por NGLHRC en abril de 2016 consideraba que estas normas «degradan la dignidad inherente de las personas afectadas al prohibir las más privadas e íntimas posibilidades de autoexpresión”. Para Eric Gitari, director ejecutivo de la asociación, la ley además hace socialmente aceptable la persecución y el sometimiento a chantaje de las minorías sexuales, especialmente a quienes temen salir del armario. «Hemos tratado una gran cantidad de casos de violencia, de personas que dan palizas a otras porque no están de acuerdo con su orientación sexual. Pero nuestros clientes no se atreven a denunciarlo a la policía porque no sabrían cómo explicar lo que estaban haciendo con otros hombres en la intimidad de sus habitaciones, sin admitir que estaban cometiendo un delito», denunciaba entonces Gitari.

Pese a todo ello, tras un largo proceso plagado de dilaciones (hace más de un año que se esperaba su resolución), un panel de tres jueces (Roselyn Aburili, Chacha Mwita y John Mativo) han decidido por unanimidad que los artículos 162 y 165 del Código Penal keniano no son discriminatorios hacia las personas homosexuales, argumentando que persiguen a cualquier persona que cometa los actos en ellos detallados y señalando que, a su juicio, los demandantes no han aportado pruebas suficientes de que las personas homosexuales se vean discriminadas por el Estado debido a la redacción de estos artículos, que mantienen de esta forma vigentes.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

 

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa ha contribuido en buena parte a alentar esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria fue, como no podía ser menos, uno de los nombres citados en la mencionada publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se  presentó una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gaislo que no fue aceptado por los tribunales. Kenyatta se reafirmaba en su posición en abril de este año tachando los derechos LGTB de asunto «no aceptable» y «sin importancia para el pueblo de la República de Kenia».

Triunfo de CitizenGO

En clave nacional no está de más recordar, por cierto, la campaña que CitizenGO, la marca internacional de la organización ultraconservadora HazteOír, ha llevado a cabo contra la despenalización de las relaciones homosexuales en Kenia. No es de extrañar, dado el peso de Kenia en África y en la Commonwealth. Lamentablemente, en este caso se han apuntado una victoria que hará aún más difícil la ya complicada vida de las personas LGTB en buena parte del continente africano.

Fuente Dosmanzanas

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HazteOir sale en defensa de Reig y exige a la Comunidad de Madrid que “paralice la caza de brujas” contra el obispo de Alcalá

Lunes, 8 de abril de 2019

arsuaga-y-reigLa asociación ultraconservadora insta al Gobierno regional a que derogue las leyes antiLGTBIfobia

La formación presidida por Ignacio Arsuaga sostiene que “la izquierda y los lobbies LGTBI vuelven a la cacería mediática, política e ideológica contra monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, a quien están tratando como un delincuente”

“El obispado no ofrece ningún curso, ni taller, ni charla pública para revertir la homosexualidad. Sencillamente, siguiendo su pastoral, acoge y acompaña a las personas que libremente llaman a su puerta”, denuncia la alerta

Dios los cría… y ellos se juntan. Días después de que se conocieran los talleres organizados por el Obispado de Alcalá, donde se llevan a cabo ‘terapias reversivas” de la homosexualidad, la asociación ultraconservadora HazteOir ha salido en tromba en defensa de Juan Antonio Reig Pla, exigiendo a la Comunidad de Madrid que derogue las leyes antiLGTBIfobia y que “paralice la caza de brujas” contra el prelado.

 En una petición en la web de CitizenGo, que por el momento ha alcanzado las 17.323 firmas, HazteOir sostiene que “la izquierda y los lobbies LGTBI vuelven a la cacería mediática, política e ideológica contra monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, a quien están tratando como un delincuente, calificando de “panfleto” a eldiario.es, medio que destapó la existencia de estas terapias, prohibidas por la ley en la Comunidad de Madrid.

“Es rotundamente FALSO. Pero se amparan en las leyes LGTBI regionales promovidas por el Partido Popular para  pedir que se le castigue con una multa y se le humille públicamente”, sostiene HazteOir, quien insta a los responsables del PP madrileño, “que han causado con sus leyes este lamentable linchamiento contra un prelado”, que paralicen esta nueva ‘caza de brujas’ contra monseñor Reig Pla.

“Deje en paz a los representantes de los cristianos”

Según la alarma lanzada por el grupo dirigido por Ignacio Arsuaga, “el obispado no ofrece ningún curso, ni taller, ni charla pública para revertir la homosexualidad. Sencillamente, siguiendo su pastoral, acoge y acompaña a las personas que libremente llaman a su puerta”, lo que contrapone con el hecho de que “los niños reciban ‘talleres de visibilidad lésbica’ como en el IES Anselmo Lorenzo  de San Martín de la Vega o de ‘formación en la diversidad’ en el IES Virgen de la Paz de Alcobendas”.

“La Comunidad de Madrid subvenciona con tu dinero y el mío el cambio de sexo de cualquier persona que lo solicite y sus respectivos y carísimos tratamientos hormonales, se lee en la alerta, quien insta al PP a enmendar la cacería contra el obispo”, y acusa a “la izquierda radical” de “denostar y humillar al obispo Reig, a quien se le exige, nada menos, que renuncie al sentido de su vida, a su misión pastoral y al compromiso con su magisterio”. “Que dejen en paz a los representantes de los cristianos”, finaliza la alerta.

Esta es la carta dirigida a la CAM

Paralice esta nueva ‘caza de brujas’ contra Monseñor Reig Pla

Sr. Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid:

La izquierda y los lobbies LGTBI vuelven a la cacería mediática, política e ideológica contra monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, acusándole de impartir cursos para revertir la homosexualidad, lo cual es rotundamente FALSO.

Le tratan como un delincuente amparándose presisamente en las leyes LGTBI regionales promovidas por el Partido Popular (con el aplauso de la extrema izquierda) para  pedir que se le castigue con una multa y se le humille públicamente.

La Comunidad de Madrid subvenciona con dinero público el cambio de sexo de cualquier persona que lo solicite y sus respectivos y carísimos tratamientos hormonales.

Sin embargo si un ciudadano, libremente, decide que quiere recibir ayuda o consejo sobre su homosexualidad, la multa para quien escucha las inquietudes de esa persona, puede llegar a los 45.000 euros si se interpreta que se quiere “tratar de modificar la orientación sexual del individuo”.

Por eso le pido que detenga la posible sanción a monseñor Reig Pla, a quien de lo único que se puede acusar es de acoger a quien llama a su puerta pidiendo ayuda mientras se le exige, nada menos, que renuncie al sentido de su vida, a su misión pastoral y al compromiso con su magisterio.

Muchas gracias

Atentamente,
[Tu nombre]

Fuente Religión Digital

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La marca internacional de HazteOír hace campaña contra la decisión del Gobierno de Canadá de conmemorar con una moneda el 50º aniversario de la despenalización de la homosexualidad

Lunes, 4 de febrero de 2019

moneda-de-canadá-lgtb-600x319Hace unos días anunciábamos que el Gobierno de Canadá quiere conmemorar el 50º aniversario de la despenalización de la homosexualidad con la emisión de una moneda especial de un dólar de curso legal. Se desconoce todavía cuál será el diseño de la moneda, contra la que grupos ultraconservadores ya han empezado a hacer campaña. Entre ellos CitizenGO, la marca internacional de la organización HazteOír.

Las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo fueron despenalizadas en Canadá en 1969, siendo primer ministro Pierre Trudeau. El propio Trudeau había introducido la propuesta de reforma del Código Penal un par de años antes, cuando ocupaba la cartera de Justicia. «No hay lugar para el estado en los dormitorios de la nación», argumentó entonces, una frase que ya ocupa un lugar en la historia de los derechos LGTB en Canadá:

 

50 años después, el Gobierno que precisamente preside Justin Trudeau, hijo de Pierre Trudeau, ha decidido commemorar aquel momento con la acuñación de una moneda de dólar canadiense (un «loonie», como es conocida popularmente esta moneda) que será de curso legal, si bien se desconoce todavía cuál será su diseño. Una decisión que confirmaba el propio ministro de Economía de Canadá en Twitter el pasado 22 de diciembre:

Un anuncio coherente con la trayectoria de Justin Trudeau como primer ministro, caracterizada por la defensa de los derechos LGTB sobre todo a nivel de gestos (lo que no deja de tener su importancia) pero también de algunas decisiones concretas, como la emisión de pasaportes que reconocen las identidades no binarias con una tercera opción de género o el acogimiento de refugiados LGTB víctimas de persecución en Chechenia.

La conmemoración del 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Canadá, sin embargo, no gusta a los grupos ultraconservadores. Es el caso, por ejemplo, de Campaign Life Coalition, un colectivo de los autodenominados «provida», cuyo portavoz considera la decisión «algo que uno esperaría de la China comunista, de la antigua Unión Soviética o del todopoderoso estado alemán de los años treinta y cuarenta, que usaron el aparato del gobierno para asegurarse de que ningún ciudadano escapaba al adoctrinamiento». Así, tal cual.

En este contexto, CitizenGo, que no es otra cosa que la marca internacional de la organización HazteOír, ha iniciado una campaña de protesta contra la decisión, que en estos momentos ha conseguido unas 30.000 adhesiones. «’Legal’ no significa ‘moral’. No todo lo que es ‘legal’ debe ser conmemorado. Hay muchas cosas que son perfectamente legales en Canadá que no solo son cuestionables, sino que son profundamente inmorales», argumenta la petición. «¿Por qué debería esta práctica sexual divergente e impopular ser subrayada en nuestras monedad circulantes?», añade en otro párrafo. «Es más, muchos canadienses consideran la homosexualidad pecaminosa, de acuerdo a las enseñanzas del judaísmo y el cristianismo», continúa. La petición llega a asegurar que la homosexualidad supone un riesgo para la salud. «Los homosexuales activos no viven tanto como los no homosexuales y son propensos a más enfermedades. Debemos conmemorar un estilo de vida que coloca a las personas en un mayor riesgo de daño?», añade.

Una petición cargada de odio, en definitiva, en la misma línea que las que pone en marcha CitizenGo en otros países. Por ejemplo en Kenia, donde directamente han llegado a promover una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

En España siguen siendo de utilidad pública

Como bien sabemos, CitizenGo es la marca internacional de HazteOír, una organización a la que en 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder el estatus de utilidad pública. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza». Una definición que a nuestro juicio no casa con HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, como hemos visto arriba.

Es cierto que en agosto de 2018, después de que se divulgara una noticia según la cual el Gobierno de Pedro Sánchez descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», el Ministerio de Interior anunció la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública». Ha pasado casi medio año y HazteOír sigue manteniendo dicho estatus.

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

 

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El Ayuntamiento de Barcelona no deja circular el nuevo bus de Hazte Oír… pero es la presión activista la que consigue la cancelación de un evento de promoción del odio

Sábado, 10 de noviembre de 2018

autobus_transexualconcentracion-contra-lgtbfobia-hazteoir-barcelona-300x169Una concentración de activistas frente al Círculo Ecuestre de Barcelona conseguía este viernes la suspensión del acto de promoción del odio homófobo que la organización HazteOír había organizado en la capital catalana. El Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya había intentado que la Generalitat actuase de oficio y en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia aplicase medidas cautelares. Finalmente tuvo que ser la movilización activista la que impidiese que los promotores del odio se saliesen con la suya.

Los de Hazte Oír vuelven a la carga con el bus homófobo y, por si eso fuera poco, también han organizado una charla contra el feminismo y esa invención  que llaman “ideología de género”.

La organización ultraconservadora ha organizado una nueva gira de «conferencias coloquio» por varias ciudades de España para difundir su mensaje de LGTBfobia.  La gira se inició en Madrid el pasado martes, 6 de noviembre, y ha tenido ya paradas en Zaragoza (7 de noviembre) y Oviedo (8 de noviembre). Este viernes, 9 de noviembre, estaba prevista una parada en Barcelona. Está previsto que continúe la semana que viene con actos en Palma de Mallorca (día 12), Valencia (día 13), Murcia (14), Sevilla (15) y Cádiz (16), para recalar de nuevo en Madrid el 17 de noviembre.

Pese a las protestas, los actos de Madrid, Oviedo y Zaragoza se celebraron sin cortapisa, aunque en Zaragoza tuvo que cambiar de lugar, trasladándose desde el Paraninfo de la Universidad al World Trade Center Zaragoza.

c4952fc7-9235-4581-8a37-3de4c913a2d9-768x372La intención de la organización ultra es acabar el periplo con una conferencia a cargo de Agustín Laje y Nicolás Márquez para, según ellos, “desmontar las mentiras LGTBI” y “los mitos de la nueva izquierda“.

La coartada, pues, en esta ocasión, la presentación del libro Marxismo, feminismo y LGTBI, escrito por los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, colaboradores de CitizenGO, la marca internacional de HazteOír. Sus tesis, muy en en boga entre los círculos ultraconservadores de América Latina, es que hay un nexo de unión entre el activismo LGTB y lo que denominan «neomarxismo». «El viejo comunismo se ha disfrazado de ideología de género, de un feminismo que acusa al hombre de ser hombre, y se cuela en nuestras escuelas, en las teles, en el mundo del entretenimiento», reza por ejemplo la promoción de las conferencias en la página Mis hijos, mi decisión, desde donde es posible acceder a las entradas.

En Barcelona, sin embargo, la presión del activismo, concentrado a las puertas del local en el que iba a tener lugar el evento, consiguió su suspensión. Especialmente activa estuvo la Crida LGTBI, que avisó a través de sus redes sociales del cambio de lugar de la conferencia con el que HazteOír intentó despistar a los manifestantes.

Desde l’Observatori Contra l’Homofòbia exigieron al Govern de la Generalitat que aplique las medidas cautelares necesarias para impedir la circulación del autobús y el coloquio posterior. La petición la realizó el portavoz del OCH, Cristian Carrer, durante la comisión parlamentaria de Igualdad en la que se presentó el informe del Estado de la LGTBIfobia en Cataluña: 111 incidencias por discriminación de identidad sexual en 2017. Un 32,2% más que en 2016. Una fantástica noticia teniendo en cuenta que en 2014 se aprobó la famosa Ley 11/2014 que se suponía iba a frenar la discriminación… Pero que 4 años después aún no saben cómo aplicar.

Tanto el OCH como la Crida LGBTI habíann convocado una manifestación para ayer por la tarde frente al lugar en el que Hazte Oír pretende llevar a cabo sus charlas. La organización HazteOír, como ya es habitual, ha aprovechado la situación para hacerse la víctima y denunciar lo que ha calificado como acción de una «turba violenta». «En Barcelona los radicales marxistas/LGTBI son más violentos que en otras ciudades.  Y los Mossos permiten las agresiones al disidente», tuiteaba el presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga.

Pese a las diferentes legislaciones autonómicas en materia LGTB, lo cierto es que HazteOír continúa organizando sus eventos de promoción del odio por toda la geografía española. Lo veíamos el pasado febrero, por ejemplo, en Madrid: pese a que entonces la organización ultraconservadora anunció con antelación un acto que «incumpliría todas las leyes LGTBI vigentes en España», ni las autoridades policiales ni las judiciales tomaron medidas para evitar su celebración. De hecho, un grupo de activistas que se personaron a las puertas del local para protestar fueron reprimidos tanto por la seguridad privada del evento como por agentes de la Policía Nacional que se personaron casi inmediatamente en el lugar. Dos personas fueron además detenidas.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona han dejado claro que no permitirán que el autobús circule por Barcelona. Así lo ha explicado la regidora Laura Pérez, que ha asegurado que el consistorio “utilizará las herramientas que tiene” y se coordinará con la Generalitat para mandar El Bús al mismo lugar en el que acabó el del reality de Antena 3.

Según Laura Pérez, lo de Hazte Oír es “una provocación” y les ha dejado claro que no son bienvenidos en la ciudad. Si finalmente decidieran presentarse, podrían volverse a Madrid con una multa de 3.000€ al aplicarles la ordenanza municipal de civismo, con el agravante de que el mensaje del autobús afecta directamente a menores de edad. Y no solo eso, también pueden llevarse otra multa de 600€ por vulnerar la ley de publicidad dinámica.

No parece que les preocupe mucho teniendo en cuenta que  siguen disfrutando de la condición de organización de Utilidad Pública a la organización, lo que implica una serie de beneficios fiscales para sus donantes, que tienen bastante más que esos 3.600€.

HazteOír sigue siendo hoy día entidad de utilidad pública, un privilegio que le concedió en 2013 el Gobierno del Partido Popular y que permite que sus donantes y socios puedan beneficiarse de considerablesa ventajas fiscales. Al margen de que organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

df39e573-8cd0-4173-9e03-80e1cc9300f8¡Oh casualidadHazteOír y Vox al alimón!

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”. Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”. Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

El pasado mes de agosto, tras recoger algunos medios que el Ministerio de Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales., fuentes socialistas y del propio Ministerio anunciaban la apertura de un expediente a la organizaicón ultraconservadora para ver si «persistía» su utilidad pública. Han pasado tres meses, y por el momento el estatus de HazteOír sigue siendo el mismo.

Fuente | La VanguardiaBetevé ,vía Hazte Queer/Dosmanzanas

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El Tribunal Superior de Justicia de Kenia evaluará la despenalización de la homosexualidad en la India, país con el que comparte normativa homófoba

Jueves, 4 de octubre de 2018

kenyaEl Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha aceptado estudiar los argumentos sobre si la decisión de la India de acabar con la criminalización de la homosexualidad es relevante para Kenia. Hasta el fallo reciente de la Corte Suprema de la India (un país de más de 1.300 millones de habitantes que declaraba inconstitucional la sección 377 del Código Penal), ambos países compartían las mismas leyes que prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo debido al «legado» de la época colonial británica. Los condenados por estos «delitos» tienen que afrontar penas de hasta 14 años de prisión en Kenia. El próximo 25 de octubre el citado tribunal escuchará las alegaciones en este sentido.

El tribunal permitirá a las partes presentar comunicaciones sobre el asunto a raíz de la decisión de la Corte Suprema de la India de rechazar la sección 377 del Código Penal. La ley de la época colonial criminalizó todas las «relaciones carnales contra el orden de la naturaleza». El 25 de octubre, el altos tribunal keniata escuchará las alegaciones sobre si el reciente veredicto de la India tiene alguna relevancia para Kenia.

Los activistas que hacen campaña para despenalizar la homosexualidad constatan que la ley se usa en Kenia para perseguir a las personas LGTB. Asimismo, las medidas contra la discriminación hacen que las personas sexualmente diversas sean vulnerables a situaciones de injusticias y discriminaciones.

A los espectadores keniatas finalmente se les permitió ver Rafiki, la primera película de la historia del país en ser proyectada en el Festival de Cannes. El Tribunal Superior de Justicia de Kenia levantaba temporalmente el veto a su difusión, impuesto por las autoridades en abril del año pasado por «promoción del lesbianismo». La exhibición limitada de la cinta, que narra la historia de amor entre dos mujeres, era un requisito para poder competir en los Premios Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

La situación legal de la homosexualidad en Kenia

Actualmente existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

No está de más recordar, en cualquier caso, que en estos momentos se encuentra pendiente de resolución un importante proceso judicial, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés) que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. En febrero nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales. Kenyatta se reafirmaba en su posición en abril de este año tachando los derechos LGTB de asunto «no aceptable» y «sin importancia para el pueblo de la República de Kenia».

Fuente Dosmanzanas

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La justicia keniana levanta temporalmente el veto sobre la película «Rafiki», una historia de amor entre dos mujeres, para que pueda optar a los Óscar

Martes, 25 de septiembre de 2018

rafikiLos espectadores kenianos tienen por fin la oportunidad de ver Rafiki, la primera película de la historia del país en ser proyectada en el Festival de Cannes. El Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha levantado temporalmente el veto a su difusión, impuesto por las autoridades en abril del año pasado por «promoción del lesbianismo». Un cine de Nairobi mostrará el filme en siete pases entre el 23 y el 29 de septiembre. La exhibición limitada de la cinta, que narra la historia de amor entre dos mujeres, era un requisito para poder competir en los Premios Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Rafiki («Amiga», en suahili), dirigida por la cineasta Wanuri Kahiu y protagonizada por las actrices Samantha Mugatsia y Sheila Muniya, narra la historia de dos chicas que se enamoran en Kenia, un país en el que las relaciones homosexuales no solo son incomprendidas por la mayoría social, sino que están castigadas por la ley. «En Nairobi, las estudiantes Kena y Ziki llevan vidas muy diferentes, pero las dos hacen lo posible por alcanzar sus sueños. Sus caminos se cruzan en medio de una campaña electoral que enfrenta a sus padres respectivos. Las chicas se gustan, pero la sociedad keniana es muy conservadora, y tendrán que elegir entre el amor y la seguridad…», reza la sinopsis del filme en la web del Festival de Cannes, donde fue proyectada el pasado mes de abril.

La película está inspirada en el relato Jambula Tree, de la escritora ugandesa Monica Arac. Su selección para participar en Cannes, en concreto en su sección Un certain regard(«Una cierta mirada»), fue un hito histórico para el cine de su país, ya que ninguna película realizada en Kenia y dirigida y protagonizada por mujeres de ese país había logrado ser seleccionada para tan prestigioso certamen. A partir de ese momento comenzaban a sucederse las felicitaciones, incluyendo las de organismos como el Ministerio de Deportes y Patrimonio de Kenia o la Kenya Film Commission.

La alegría quedaba sin embargo empañada al conocerse que Ezekiel Mutua, consejero delegado del Kenya Film Classification Board (KFCB, el órgano gubernamental keniano que regula la programación y la clasificación de los contenidos audiovisuales en los medios) decidía prohibir la exhibición de la película. Según anunciaba Mutua, la razón para prohibir Rafiki era «su temática homosexual y su clara intención de promover en Kenia el lesbianismo, contrario a la ley y a los valores predominantes de los kenianos». El dirigente del KFCB tenía antecedentes de censura homófoba: en noviembre del año pasado contábamos, por ejemplo, que Mutua decidía censurar la serie de Disney Andi Mack, dirigida mayoritariamente al público preadolescente, debido a que uno de sus personajes salía del armario.

Hace solo unos días, la directora de la película presentaba una demanda contra el Gobierno keniano por el veto a su difusión. Kahiu argumentaba que la decisión de la KFCB impedía que la cinta pudiera ser evaluada por el Comité de Selección de los Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa, ya que las normas requieren que  los filmes escogidos para su toma en consideración se hayan proyectado en su país de origen antes del 30 de septiembre. El Tribunal Superior de Justicia le dio la razón y anunció el viernes pasado la suspensión temporal de la prohibición.

El fallo de la jueza Wilfrida Okwany permite la proyección de Rafiki en siete pases, desde este domingo hasta el próximo sábado, en un cine de la capital Nairobi. Okwany expresó su convicción de que Kenia es una sociedad fuerte «cuyos fundamentos morales no se verán sacudidos por ver una película como esta». La película, eso sí, está clasificada para mayores de 18 años. Ezekiel Mutua, que reaccionó airadamente en las redes sociales contra el fallo, insistió en que se exigirá un justificante de mayoría de edad para poder ver el filme.

La directora Wanuri Kahiu ha reaccionado exultante ante la sentencia: «Estoy llorando. En un aeropuerto francés. ¡Con TANTA alegría! ¡Nuestra constitución es FUERTE! ¡¡¡¡¡Dad las gracias a la libertad de expresión!!!!! ¡LO HICIMOS!», escribía en Twitter. En su primera proyección, el Prestige Cinema ha colgado el cartel de «No hay entradas».

La situación legal de la homosexualidad en Kenia

Actualmente existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

No está de más recordar, en cualquier caso, que en estos momentos se encuentra pendiente de resolución un importante proceso judicial, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés) que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. En febrero nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio del Interior de España hace pública la apertura de un expediente a HazteOír para reevaluar su «utilidad pública»

Lunes, 20 de agosto de 2018

-PUN2.jpg de Producción ABC-El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública de HazteOír» después de la publicación, por parte de eldiario.es, de una noticia según la cual Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas». Una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales.

La noticia de eldiario.es se remitía a fuentes de Interior, según las cuales no se planteaba la retirada dado que HazteOír mantiene al día sus obligaciones administrativas. Y ello a pesar de que las mismas fuentes reconocían que la Secretaría General Técnica del Ministerio podría considerar que, al margen de dichas obligaciones, una entidad no cumple con los requisitos para ser de utilidad pública.

logo_ministeriodelinteriorTras difundirse la noticia se desataba la polémica sembrando la confusión en redes sociales, que denunciaban la supuesta falta de coherencia entre la posición del PSOE en la oposición y la inactividad del Gobierno.

Pocos minutos después, sin embargo, comenzaban a sucederse las reacciones entre políticos socialistas, que desmentían la noticia: desde la diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, hasta el diputado en el Congreso Odón Elorza, pasando por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo:

También la cuenta oficial del PSOE desmentía la noticia:

Y lo más importante, el propio Ministerio del Interior anunciaba en Twitter la apertura, por fin, de un expediente a HazteOír para comprobar si esta organización sigue siendo de «utilidad pública»:

Una noticia que nos agrada si al final una organización de odio como HazteOír pierde sus privilegios.

En 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder a HazteOír un reconocimiento que no merece. Al margen de que la organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Congreso pidió la revocación por mayoría absoluta

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

Fuente Diario.es, Agencias, Ministerio del Interior/Dosmanzanas

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La organización ultraconservadora HazteOír decide movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP

Jueves, 28 de junio de 2018

pablo_casado_2017_genova-_bigger_and_better_cropped¿Por qué será que no nos extraña? Teniendo en cuenta que afirmó: “Yo creo que matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer” …

La organización ultraconservadora HazteOír, promotora de diversas campañas de odio contra las personas LGTB tanto en España como en otros países (a través de su marca internacional CitizenGO), ha decidido apoyar activamente a Pablo Casado como futuro presidente del Partido Popular. La decisión ha sido adoptada como resultado de una encuesta entre sus simpatizantes, en la que han participado 9.933 personas.

En primer lugar, los simpatizantes de HazteOír debían contestar a la pregunta «¿Eres partidario de lanzar una campaña en favor de alguno de los candidatos?». La respuesta ha sido claramente afirmativa: el 79,83% se han mostrado a favor de participar en favor de uno u otro candidato, mientras que un 20,17% preferían no participar en esta campaña.

Preguntados ya expresamente «¿A qué candidato deberíamos apoyar?», el candidato favorito, entre todos los que han formalizado su candidatura para suceder a Mariano rajoy, ha sido Pablo Casado, que se ha alzado con un 38,56% de las preferencias. La segunda, a más de 16 puntos de distancia, ha sido Soraya Sáenz de Santamaría, con un 22,42%. El resto de candidatos se sitúa muy por detrás: Maria Dolores de Cospedal, con un 13,37%: José Manuel García-Margallo, con un 11,94%; José Ramón García Hernández, con un 8,40%; Elio Cabanes, con un 3,27%, y por último José Luis Bayo, con un 2,04%.

Según el mensaje enviado a los simpatizantes en el que se les informa del resultado de la encuesta, al que ha tenido acceso dosmanzanas, ahora HazteOir propone lanzar una campaña para influir en la elección del presidente del PP, «alguien que defienda los valores que tú y yo defendemos». «Esta campaña no es para apoyar al PP, ni significa que estemos pidiendo ningún voto para el PP, porque ahora no hay elecciones ni municipales, ni autonómicas, ni europeas, ni nacionales. Son unas elecciones primarias dentro del PP y queremos influir en ellas para que el próximo presidente del PP sea un claro defensor de la vida, la familia y las libertades que no nos traicione», asegura.

La campaña, para la que HazteOír solicita ayuda económica a sus simpatizantes, incluirá un bombardeo masivo «a más de seis millones de ciudadanos» a través de correo electrónico y redes sociales, anuncios en prensa nacional, caravanas informativas sobre Pablo Casado, difusión de cárteles en zonas próximas a sedes del PP, etc. HazteOír también expresa su intención de entrevistarse con los presidentes provinciales del PP «para pedirles que observen la máxima neutralidad en estas elecciones primarias».

El texto, firmado por Miguel Vidal «y todo el equipo de HazteOir.org», termina insistiendo en la necesidad de que sus simpatizantes les donen dinero. Vidal es el director de campañas de la organización ultraconservadora.

Fuente Dosmanzanas

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J. Crew lanza una colección del Orgullo LGTB para niños

Jueves, 14 de junio de 2018

jcrew-camisetas-lgtb-ninos“Love First”, el amor primero. Así se lee en las camisetas que son parte de una colección con motivo del Orgullo LGTB que la compañía J. Crew  ha lanzado para niños.

“Para celebrar el mes del orgullo LGTB, J. Crew se enorgullece de donar el 50% del precio de compra de una colección de camisetas y calcetines a la organización Human Rights Campaign, una de las entidades más grandes y comprometidas con los derechos de nuestro colectivo, sobre todo en los espacios laborales.

Como era de esperarse, la organización homófoba de turno, CitizenGo está promoviendo una campaña de firmas para “dejar de utilizar a los niños”.  “Es hora de que las personas que valoren el derecho de los niños a ser hijos y el derecho de los padres a enseñar sus valores se unan y le digan a J. Crew que no comercialice el activismo homosexual a los niños”.

La compañía ya había sido criticada anteriormente por vender camisetas para niños y niñas desde los dos años donde podía leerse: “Yo también soy feminista”.

Fuente Oveja Rosa

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Llega a España la primera ficción de Televisa que cuenta entre sus personajes principales con una pareja gay

Jueves, 24 de mayo de 2018

atodamadre-300x254La telenovela Papá a toda madre, protagonizada por los actores Sebastián Rulli y Maite Perroni, se acaba de estrenar en la cadena de televisión española Nova. Y este estreno es noticia porque se trata de la primera ficción de este tipo producida por la compañía mexicana Televisa que cuenta entre sus personajes principales con una pareja abiertamente gay. De hecho, ellos han protagonizado el primer beso gay de la historia de la ficción televisiva mexicana emitido en prime time.

Como cabía esperar, el estreno en México de esta ficción, el pasado mes de octubre, no estuvo exento de polémica. Si bien es cierto que muchos aplaudieron la aparición de dos protagonistas gais, otros tantos criticaron la inclusión de este tipo de personajes y el reflejo de la diversidad sexual en una serie «familiar» emitida en horario de máxima audiencia. Es más, la organización ultraconservadora CitizenGo (la marca de HazteOír en América Latina) aprovechó la coyuntura para iniciar una recogida de firmas online y pedir que se dejara de emitir la telenovela por «normalizar la homosexualidad a pesar del amplio rechazo social» (antes incluso de que la trama gay apareciese en la serie).

«Me defraudaron. Pensé que Televisa aspiraba a construir una sociedad mejor, a fortalecer a la familia como célula básica de la sociedad mexicana. Pensé que era verdad eso que afirman de que sus valores son la credibilidad, la honestidad y el profesionalismo. Lamentablemente me equivoqué. Por supuesto no veré la polémica telenovela. Pero tampoco su canal. Desconfío de sus criterios éticos y existen otras alternativas de ocio», rezaba dicha petición, dirigida a Emilio Azcárraga Jean, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa y que en cuestión de días logró recoger varias decenas de miles de firmas.

Afortunadamente, también hubo quien aplaudió la iniciativa. «Me da mucho gusto que podamos ser portavoces del respeto y apoyo a la diversidad a las familias que se forman a base de amor y compromiso, sin importar preferencias sexuales, dejando atrás los prejuicios», señalaba en su perfil de Instagram Perroni. «Dejemos vivir y ser auténticamente a cada individuo en este mundo. Lo que está basado en el amor, nunca podrá ser algo malo», añadía.

La telenovela, producida por Eduardo Meza, cuenta la historia de cinco familias, una de las cuales está capitaneada por un atractivo y mujeriego empresario (interpretado por Rulli) que tiene que lidiar con la aparición en su vida de una niña de nueve años que dice ser su hija. Por su parte, la pareja gay está encarnada por los actores Andrés Zuno y Raúl Coronado, que darán vida a un veterinario casado con un investigador policial que deben enfrentarse a la discriminación por su orientación sexual.

«Llega esta familia que rompe con el molde tradicional, real, una pareja de carne y hueso. Son una pareja de chavos enamorados que llegan a enfrentarse a la aceptación de todos estos niños que viven por ahí y de algunas mentes cerradas», comenta Zuno, que añade que con este papel espera «empezar a cambiar conciencias, a abrir la conversación, ver la convivencia real que existe en la sociedad y que nos tenemos que enfrentar a esta diversidad maravillosa».

Hace poco, Televisa ya fue objeto de críticas después de mostrar un beso entre dos hombres en la ficción Como dice el dicho. Eso sí, cabe señalar que, hasta ahora, los únicos guiños a la diversidad sexual aparecidos en las producciones de Televisa se daban siempre (de forma tibia y bastante ambigua) con personajes LGTB que vivían atormentados, que buscaban «curarse» o que no tenían claro lo que realmente sentían. Y los pocos mostraban abiertamente su condición aparecían estereotipados y sin vida sentimental o amorosa aparente.

Parece que por desgracia aún queda mucho por hacer, también en el sector cultural, en un país, México, que presenta un alto nivel de homofobia social y que, sin ir más lejos, se mantiene como el segundo país de América Latina con más crímenes de odio por homofobia.

Fuente Dosmanzanas

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Un fanático evangélico intenta incendiar una discoteca de ambiente lésbico en Chile al grito de «si no se queman aquí, se quemarán en el infierno»

Jueves, 17 de mayo de 2018

lanzaparafina1-820x394Un miembro de la Iglesia Evangélica Vid, identificado como José Cortés Muñoz, ha sido sorprendido intentando provocar un incendio en la discoteca de ambiente lésbico Club Social Frida Kahlo de Chillán (en la región chilena del Biobío). El sujeto, que gritó: «si no se queman aquí, se quemarán en el infierno y, si eso no pasa, lo haré yo», fue sorprendido con un bidón de parafina en los alrededores, después de la pronta reacción de la propietaria para sofocar las llamas. En esta ocasión solo hay que lamentar daños materiales menores. Sin embargo, como denuncia el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), «es una situación en extremo grave que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar». Por esta razón, la organización igualitaria exige que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley». Además, Cortés ha declarado abiertamente que va a volver a actuar. En este sentido, hay que asumir que los discursos LGTBfóbicos en Chile incitan a la violencia, coincidiendo, no por casualidad, con el incremento del apoyo social a los derechos del colectivo LGTB.

lanzaparafina2-225x300«A eso de las 3:30 de la madrugada del domingo, el sujeto, quien vive en una Iglesia que colinda con el Club Frida Kahlo, lanzó parafina desde la pandereta que separa los inmuebles para, posteriormente, encenderle fuego a algunas de sus dependencias». Así lo ha explicado Esteban Guzmán, presidente de MOVILH-Biobío. Guzmán también ha añadido que «es una situación en extremo grave, que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar», por lo que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley».

Por su parte, la propietaria del Club Social Frida Kahlo, Jacqueline Ortega, ha narrado que «escuchamos un fuerte estallido y nuestros clientes llegaron a alertarnos que nuestra terraza estaba ardiendo. Entre todos quienes estábamos en lugar apagamos las llamas para que no se propagaran. Cuando salimos a la calle a ver qué ocurría, nos dimos cuenta de que nuestro vecino de la Iglesia Evangélica estaba con un bidón de parafina. Sin ningún tipo de pudor o arrepentimiento nos afirmó que él había comenzado el fuego, peor aún nos amenazó con matarnos por depravados».

arranca3-300x165Para el MOVILH-Biobío «este acto marca un negativo y funesto precedente para la seguridad de las personas lesbianas, gais, bi, trans e intersex que debe ser combatido al instante y con el máximo rigor de la ley». El presidente regional de esta organización igualitaria anima «a las personas LGBTI de Chillán a reportar cualquier otro atropello que hubiesen visto de este sujeto, pues no sería extraño que con anterioridad protagonizara abusos similares que no fueron denunciados». La discoteca ha publicado en su cuenta de Facebook que el atacante, de hecho, ya ha avisado de que volverá a actuar.

Violencia LGTBfóbica vs. histórico apoyo social

Hace solo unos días recogíamos que la ciudadanía chilena apoya de forma mayoritaria el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Desde febrero de 2014 el respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género.

Sin embargo, en la anterior noticia ya advertíamos del contraste entre la aceptación histórica de los derechos del colectivo LGTB por parte de la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico. Sin duda, la visibilización de la comunidad en el debate público, estimula a los discursos de odio de grupos intolerantes y radicales (como la presencia del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO) y esto se puede traducir también, como vemos en el caso del ataque a la discoteca de Chillán, en acciones violentas.

Fuente MOVILH, vía Dosmanzanas

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La ciudadanía chilena apoya de forma mayoritaria el matrimonio igualitario y la adopción homoparental

Jueves, 10 de mayo de 2018

adopcionhomoparental-770x394El respaldo al colectivo LGTB aumenta de forma evidente y considerable entre la población de Chile. Desde febrero de 2014 el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género. En este sentido, un 23% comparte que un menor de 18 años pueda realizar una modificación registral de sexo y nombre en el registro civil, previa autorización de los padres. Este nivel de acuerdo cae hasta al 20% si únicamente se considera desde los 14 años y sin la correspondiente autorización. Finalmente, un 45% se muestra de acuerdo con el cambio de género registral a partir de los 18 años.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), la organización LGTB más importante de este país latinoamericano, valora positivamente que «la mayoría del país esté de acuerdo con la plena igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, al tiempo que el respeto a la dignidad de las personas trans avanza a pasos agigantados». En concreto, según recoge la encuesta de Cadem de mayo, al preguntar a la ciudadanía chilena sobre valores como su postura en relación al matrimonio igualitario, las respuestas mayoritarias reflejan una evolución histórica incontestable. Esto deja en evidencia la lentitud con la que avanza el reconocimiento legislativo de los derechos del colectivo LGTB en Chile, por otro lado.

La adhesión al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental subió 15 puntos porcentuales desde febrero de 2014 hasta hoy, lo cual refleja para el MOVILH que «el cambio cultural a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI es irrefrenable. Ya no hay marcha atrás. La pregunta no es si habrá o no matrimonio o adopción homoparental. La pregunta es cuándo y esperamos que sea en los próximos dos años».

Por otra parte, desde esta organización LGTB chilena también apuntan a que «la adhesión ciudadana a que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar su nombre y sexo legal (lo cual vale la pena recordar es un derecho que siempre ha existido, pues la Ley de Identidad de Género viene solo a facilitar el trámite) va en acelerado aumento, quedando una vez más en evidencia que el Estado está atrás de los cambios culturales y en deuda con la dignidad de las personas LGBTI». El MOVILH, además, se ha lamentado de los largos años de tramitación de ley de identidad de género, lo cual ha ocurrido «principalmente por presiones de la UDI y de su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe. Llamamos a esta senadora y a su partido a tener la decencia de paralizar su permanente campaña contra los derechos LGBTI».

En enero de 2017 ya publicamos una noticia en la que dábamos cuenta de una encuesta del Cadem similar a esta, en la que se recogía un apoyo del 64% de los chilenos al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, las políticas, acciones y declaraciones LGTBfóbicas provocaron una bajada del respaldo ciudadano, dejándolo en un 58% el pasado febrero.

Repunte de odio LGTBfóbico en Chile

Resulta chocante comparar los datos de aceptación del colectivo LGTB entre la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico de lo que nos hacíamos eco a finales de marzo. Los datos que arroja el 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como «de la furia» contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO.

Como dato optimista, el MOVILH recogía 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. Por un lado, se hace hincapié en lo que considera avance «a pasos agigantados y sin precedentes» del Poder Judicial, que ya en repetidas ocasiones se ha pronunciado amparando los derechos de las personas LGTBI. Una posición, la de los jueces, que contrasta con la pasividad del Legislativo, que «aún no aprueba estas leyes» y las reticencias de un Ejecutivo que solo pone el acelerador para la tramitación legislativa de los avances «de manera coyuntural y discontinua». Todo ello, como es obvio, «ata de manos en algunos puntos al poder judicial», según reconoce el propio informe.

Fuente Dosmanzanas/MOVILH

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La justicia de Kenia declara ilegales los humillantes exámenes anales a los acusados de homosexualidad

Sábado, 24 de marzo de 2018

gay_kenia_analCaleb Omar Idris y George Maina Njeri denunciaron que fueron sometidos a examen anal 

Victoria del activismo LGTB en Kenia

Durante las pruebas el personal médico insertaba el dedo en el ano de los acusados.

La ONU considera que estas prácticas son “inhumanas, crueles y degradantes”.

Buena noticia la que nos llega desde Kenia, cuya Corte de Apelaciones ha fallado que el uso de los exámenes anales para “probar” la homosexualidad es ilegal. El proceso judicial tiene origen en la detención de dos hombres que en 2015 fueron acusados de mantener relaciones homosexuales (en su momento recogimos la noticia), a los que se sometió a esta humillante práctica.

El Tribunal de Apelaciones de Kenia ha declarado ilegal la práctica de reconocimientos médicos anales para determinar si una persona es homosexual, tipificado como delito en este país.

El tribunal se pronunció así en respuesta a un recurso de apelación presentado por dos hombres contra el fallo del Tribunal Superior de Mombasa, en la costa de Kenia, que en 2016 desestimó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada práctica. Los dos varones, Caleb Omar Idris y George Maina Njeri, se sometieron a esas pruebas, tras ser denunciados por la policía, y decidieron emprender una acción judicial para que fueran declaradas ilegales.

Los detenidos recurrieron a la justicia, pero en 2016 un juez del tribunal de Mombasa alegó que los demandantes se sometieron de forma voluntaria a ese examen, lo que legalmente invalidaba su demanda. El Tribunal Superior de Mombasa consideró que la práctica de los exámenes anales era legal e incluso “razonable” como prueba de homosexualidad. Una decisión que fue criticada por el activismo LGTB de Kenia y por organizaciones internaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Eric Gitari, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés), que ha dado apoyo y sostén a los demandantes, calificó de “deliberadamente homófobo” al juez que firmó la sentencia, que llegó a afirmar que “la boca y el ano no son órganos sexuales”, al tiempo que comparaba a los “sodomitas” con los perros.

La sentencia fue recurrida, y finalmente un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Kenia ha dado la razón a los demandantes, al considerar esta práctica ilegal. “La prueba no puede permitirse. Yo, por tanto, permito la apelación y anulo la decisión del Tribunal Superior”, dictaminó el juez Alnashir Visram, del Tribunal de Apelación. Durante esas pruebas, personal médico inserta sus dedos en el ano del acusado o pide a los hombres que se desnuden y se inclinen o tumben en sillones con estribos para examinar visualmente su región anal. Sin embargo, el magistrado Visram subrayó que esa decisión fue inconstitucional y, además, supone una violación de los derechos humanos.

“Estamos agradecidos de que la Corte de Apelaciones haya puesto por delante los derechos de los ciudadanos kenianos. Con esta sentencia, los jueces afirman que todos merecemos ser tratados con dignidad y nuestros derechos básicos respetados, tal y como consagra la Constitución de Kenia“, ha declarado Njeri Gateru, principal asesor legal de la NGLHRC.

No hay que olvidar que los exámenes anales, cuyo supuesto objetivo es encontrar restos de esperma y medir la dilatación del esfínter anal como “prueba” de homosexualidad, están considerados una forma de tortura- Además de no tener “ningún valor médico”, la ONU considera inhumanas, crueles y degradantes estas prácticas, que también están prohibidas por tratados internacionales contra la tortura y los derechos civiles, pero  son una práctica habitual en muchos lugares en los que las relaciones homosexuales están criminalizadas. Hasta este fallo, Kenia era uno de los al menos ocho países donde se usan exámenes anales médicos, junto a Camerún, Egipto, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Zambia, según la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Su erradicación en Kenia supone sin duda un paso en la buena dirección.En Kenia, los “delitos” homosexuales se castigan con hasta catorce años de prisión.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Kenia ha sido recibida con satisfacción por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTB de diversos países africanos, pero también por varias delegaciones diplomáticas extranjeras en Kenia, como la alemana:


O por la propia ILGA:

¿Hacia la posible despenalización de la homosexualidad?

No está de más recordar que sigue pendiente de resolución otro importante proceso, también promovido por la NGLHRC, y que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. Hace pocas semanas nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Historia LGTB, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Fuerte repunte del odio por LGTBfobia en Chile: 484 casos recogidos en 2017, un 45,7% más que el año precedente

Viernes, 23 de marzo de 2018

banner-informe-2017El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha presentado su 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Los datos que arroja el informe son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como “de la furia” contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del “autobús de odio” de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO. Como dato optimista el MOVILH recoge 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. 

Los grupos contrarios a la igualdad de derechos para las personas LGBTI multiplicaron sus discursos y acciones en el último año a lo largo de todo Chile, un hecho sin precedentes. Pese a ello, las víctimas están alcanzado justicia, a un punto que en 2017 el Poder Judicial se transformó en el más progresista del Estado.

Un alarmante aumento del 45.7% experimentaron los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile, hecho que contrasta con 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI en los más variados planos, reportó el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género lanzado hoy por el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

conferencia-informe-movilh-2-1-300x225Debido al explosivo incremento de los abusos, el 2017 fue calificado como el “Año de la Furia” contra los activistas y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) , aunque resalta y brilla de manera positiva que el Judicial se transformó en el poder estatal más progresista en la temática y el que más protege los derechos humanos de las personas con identidad de género u orientación sexual diversa, mientras que en la Derecha política destaca la expresión pública de profundas diferencias sobre estos tópicos.

El Año de la Furia

“El 2017 fue un año de violencia extrema contra las personas LGBTI, las familias homoparentales, los adolescentes y niños/as trans y los defensores de DDHH, en tanto los opositores a la igualdad cursaron iniciativas sin precedentes para torpedear todo tipo de legislación y/o política pública favorable a la diversidad sexual y de género”, indica el informe.

Añade que “la inédita cruzada del Bus del Odio en el Gran Santiago provocó un efecto de odiosidad en cadena: fue emulada en regiones, los grupos homo/transfóbicos potenciaron la virulencia de sus discursos y las autoridades ultraconservadoras dieron la mano a la campaña, dotándola de cierta “validez” en el escenario público en tanto era presentada como una forma de expresión neutral, en vez de nociva para la dignidad de los seres humanos”.

El estudio explica que el “contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios hizo lo suyo. Las candidaturas contrarias a la igualdad extremaron su rechazo a la diversidad sexual y de género, a un punto que lo convirtieron en una de las banderas de sus campañas, algo inédito en la historia democrática del país”.

En tanto, toda medida pro LGBTI fue enfrentada con iniciativas violentas que iban desde la presentación de recursos judiciales, hasta las golpizas y ataques en la vía pública, en especial contra los defensores de los derechos humanos”, indica la investigación.

“El Año de la Furia contra las personas LGBTI conoció de acciones y discursos tan cavernarios como las que tenían tribuna en la década de los 90, siendo la prueba más simbólica de ello el hecho de que fuese la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, la que se convirtiera en una de las víctimas de la homofobia y la transfobia al ser insultada en el Tedeum evangélico por su apoyo a los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres”, sostiene el estudio.

evolucion-casos-768x459Las cifras de la discriminación

Los casos y denuncias por homofobia y transfobia incrementaron un 45,7% en 2017, conociéndose 484 episodios de odio, la cifra más alta que se tiene registro y que por si sola acumula el 20% del total de abusos ocurridos en los últimos 16 años.

Los 484 hechos se dividieron en 2 asesinatos, 56 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 1 abuso policial, 38 casos de discriminación laboral y 20 de exclusión educacional, 77 movilizaciones homo/transfóbicas, 38 episodios de marginación institucional, 11 obstáculos para el acceso a servicios o productos en los espacios públicos o privados, 72 abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, 166 declaraciones de odio y 3 casos de vulneración de derechos en la cultura, los medios y el espectáculo.

En 7 de las 11 categorías de discriminación aumentaron los abusos, registrándose el incremento más alto en las declaraciones de odio (245% más que en 2016), seguida por los abusos en cultura y medios (200%), las movilizaciones homo/transfóbicas (108%), la discriminación educacional (53%), las agresiones físicas o verbales cometidas por civiles (40%), los atropellos impulsados por familiares o vecinos (28%) y las exclusiones laborales (18%).

El 20% de los casos afectó a gays; con un alza del 26% en relación al 2016; el 18% a trans; el 14% a lesbianas y el 48% a la diversidad sexual y de género como conjunto. Los denuncias por abusos contra trans bajaron un 17% y contra lesbianas un 1,4% en comparación con el 2016.

Del total de abusos fueron responsables 49 instituciones y 304 personas, buena parte de éstas vinculadas a movimientos ultra católicos, ultra-evangélicos, neonazis o de extrema derecha.

Las regiones que más casos de discriminación registraron en 2017 fueron la Metropolitana (31%), Valparaíso (14%), Biobío (10.1%) y Coquimbo, (4.6%), seguidas por Los Lagos (3.7%), La Araucanía (2.5%), Antofagasta (2.3%), Maule, (2.1%) Libertador Bernardo O´Higgins (1,7%), Región de Magallanes y la Antártica Chilena (1.2%) Tarapacá (0.6%), Atacama (0.4%), Los Ríos (0.2%), Arica y Parinacota (0.2%) y Aysén (0%).

En tanto las regiones donde más aumentaron los casos o denuncias en comparación con el 2016 fueron Libertador Bernardo O´Higgins (300%), Coquimbo (266%), Los Lagos (157%), La Araucanía (100%), Biobío (88%), Magallanes y la Antártica Chilena (50%), Metropolitana (39%) y Antofagasta (10%).

Los movimientos LGBTI intervinieron en el 97.2 % de los casos, brindando ayuda y orientación a las víctimas.

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Ranking Anual de la homofobia y transfobia

A nivel individual encabezaron el Ránking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2017 los asesinos de personas LGBTI (Cristián Andrés Muñoz Muñoz, César Antonio Araneda Palma, Bernabé Vega y Héctor Morales), seguidos en el segundo lugar por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda; el presidente de la Ong Padres Objetores, Francisco Fritis y el director de Citizen Go, Luis Losada.

Con ellos/as comparten el segundo lugar los senadores Manuel José Ossandón e Iván Moreira, los diputados José Antonio Kast e Ignacio Urruria y el ex alcalde de Talca, Juan Castro Prieto. Le siguen, en el tercer puesto la psicóloga de la Fundación Restauración, Marcela Ferrer y, en el cuarto, el magistrado Ricardo Blanco.

El quinto lugar lo integran los senadores Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Francisco Chahuán, los diputados José Manuel Edward, María José Hoffman, Patricio Melero, Iván Norambuena, Claudia Nogueira, Arturo Squella, Osvaldo Urrutia, Felipe Ward y René Manuel García. (Listado completo, hasta la ubicación 25, se encuentra en el informe).

A nivel institucional lideran el Ranking el Observatorio Legislativo Cristiano, la Ong Padres Objetores y Gendarmería, todos en el primer lugar. Le siguen la Catedral Evangélica, Citizen Go y Hazte Oír, el Colegio Español de Coquimbo, Colegio Instituto Cristiano Gandarillas de Maipú, el Liceo Bicentenario Italia, la UDI, la Iglesia Católica, el Consejo Regional del CNCA en el Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched). A estos suman diversas iglesias evangélicas, ongs ultra-conservadoras y empresas como el Club Playa Luna y Pre-Unic. (Listado completo hasta la ubicación 18 se encuentra en el informe)

 Poder Judicial, el más progresista

“El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes”, sostiene el informe. Añade que la “evolución acelerada del Poder Judicial desde el 2015, se consolidó en 2017 a un punto que temas como los derechos de niños y niñas trans, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya los tiene zanjados a nivel institucional, pues se ha pronunciado a favor amparado en una perspectiva de derechos humanos. Por el contrario, el Legislativo aún no aprueba estas leyes y las medidas del Ejecutivo se mueven entre consensos, además de poner el acelerador para la tramitación legislativa de manera coyuntural y discontinua”.

“Moviéndose en los márgenes de las leyes; lo que ata de manos en algunos puntos al Poder Judicial mientras no se cuente con el matrimonio igualitario; durante el 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 sólo había autorizado a 7”, precisa el estudio.

Detalla que “la Corte Suprema aplicó además dos veces la Ley Zamudio por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo. Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI, mientras que las cortes rechazaron dos recursos de protección contra las políticas educacionales pro diversidad y una querella por prevaricación que una ONG había presentado contra el juez Luis Fernández por haber cambiado el nombre y sexo legal de una niña trans”.

“A la par fue condenado el asesino transfóbico de Litzi Odalis Parrales y se sancionó a dos mujeres que habían agredido a una madre por defender a su hijo de apenas 8 años de insultos homofóbicos”, sostiene el Movilh

Se trata así de al menos 107 fallos favorables a los derechos LGBTI dictados en el plazo de un año, lo cual contrasta con el pasado homofóbico y transfóbico del Poder Judicial” apunta la investigación.

“En efecto, la transformación del Judicial es radical y profunda cuando se recuerda que de todos los poderes del Estado es el que más ha aparecido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, ocupando la Corte Suprema el primer lugar en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012 y el 2013, mientras que en 2014 quedó en el sexto puesto”, recuerda el estudio. “Nunca antes algún ente experimentó tal nivel de cambio en torno a los derechos LGBTI, aspecto que merece todos los aplausos y convierte al Judicial en el poder del Estado más progresista en la materia, lo cual sólo se mantendrá si se profundiza en la mima línea, al margen de cuáles sean las autoridades de turno”, apunta el informe.

 Exacerbación de diferencias en la Derecha

Otro “sello del 2017 es la exacerbación de las diferencias entre la Derecha política sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, en tanto se hicieron más visibles que nunca los extremos: por un lado una deshumanizada homofobia y transfobia y por otro la promoción de la no discriminación, estando en el centro quienes rechazan la igualdad plena, pero evitan ofender o denigrar a través de sus discursos”, indica el informe.

Añade que “el proceso fue nítido en el contexto de las elecciones presidenciales, estando en la ultra-homofobia y transfobia los candidatos Manuel José Ossandón y José Antonio Kast y en el lado opuesto Felipe Kast, el primer abanderado de derecha en cuadrarse con el matrimonio igualitario”.

La investigación enfatiza que “las disputas públicas entre la derecha sobre temáticas LGBTI también se apreciaron en otros contextos, como le llegada a Chile del Bus del Odio, la campaña Arcoíris que insta a instituciones públicas y privadas a izar la bandera de la diversidad, los debates sobre la ley de matrimonio y la ley de identidad de género y la reunión del Comando de Piñera con el Movilh, hechos coyunturales que convirtieron al 2017 en el año con mayor exposición de las distintas posturas de la Derecha”. “El desafío para la Derecha será comprender que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema de DDHH y que, en consecuencia, deben respetarse al margen de cualquier consideración política, ideológica o valórica. En caso contrario, simplemente no se respetan los derechos humanos, un talón de Aquiles para la Derecha cuando se trata de igualdad legal para las personas LGBTI”, apunta el estudio.

 61 hitos positivos, 6 negativos

El estudio destaca, por último, que el año “hubo 67 hechos de transcendencia que marcaron la historia de los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el plano de las políticas públicas, la Superintendencia de Educación lanzó una circular para proteger derechos de estudiantes trans; el Servicio de Salud de Reloncavi se transformó en el cuarto del país donde pueden gestionarse las cirugías de readecuación corporal; el Hospital Sótero del Río elaboró un programa sobre identidad género; el Minsal enfatizó su rechazo a las terapias reparativas de la homosexualidad; el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos incorporó temáticas LGBTI; se publicó un sitio web estatal para informar y sensibilizar sobre el matrimonio igualitario y Bachelet se convirtió en la primera mandataria en dar un mensaje pro igualdad con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, al igual que la ministra de Educación Adriana Delpiano.

Además la Municipalidad de Providencia distribuyó entre sus funcionarios la circular número 1 sobre no discriminación, mencionando todas las categorías protegidas por la Ley Zamudio; su símil de Recoleta inauguró la Biblioteca Pública Pedro Lemebel; el municipio de Quellón organizó la Primera Marcha por la Inclusión y la Diversidad de la comuna y Las Condes y la Plaza de Tribunales de Concepción desplegaron la bandera de la diversidad. En tanto, las piletas de la Plaza Cruz, de la Plaza Bélgica y de las rotondas Paicaví y Lomas de San Sebastián, en la región del Biobío, fueron iluminadas con los colores del arcoíris, al igual que el Arco de la Universidad de Concepción.

En el plano legislativo se aprobó una reforma al Acuerdo de Unión Civil que extiende a los convivientes los 5 días de permiso laboral y la presidenta Bachelet presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley que Sanciona la Incitación a la Violencia Física y el Proyecto de Matrimonio Igualitario, lo cual fue antecedido por dos históricas ceremonias sobre la materia celebradas en La Moneda, en el marco del cumplimiento del acuerdo firmado ante la CIDH.

En el mismo ángulo, la bancada del PS presentó un proyecto de ley que sanciona la incitación al odio, parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron una iniciativa que permite la adopción aparejas del mismo sexo y la Cámara de Diputados aprobó una resolución impulsada por el PC que rechazó los mensajes discriminatorios promovidos por el autodenominado “Bus de la Libertad”.

En el campo judicial hubo 107 sentencias favorables a los derechos humanos de las personas LGBTI y de las familias homoparentales, destacando la tuición de sus dos hijos entregada a un padre, pese al homofóbico rechazo de la madre, y un fallo que validó la determinación del juez Luis Fernández de cambiar el nombre y sexo legal de una niña de 5 años.

En el terreno cultural, académico y/o mediático el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) lanzó su primera guía contra la homofobia y la transfobia, la cinta “Una Mujer Fantástica” fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por los Oscar; la Universidad Academia de Humanismo puso en marcha un reglamento que garantiza el respeto al nombre y sexo social de las personas trans; la Universidad de Chile se transformó en la primera Casa de Estudios en impartir un curso sobre la realidad de las personas LGBTI y la actriz Daniela Vega se convirtió en la primera mujer trans en participar de un spot publicitario.

En el campo social y de las movilizaciones, el Metro de Santiago adhirió con una campaña al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Movimiento LGBTI celebró la Primera Muestra de Cine LGBTI en Aysén, la Primera Campaña contra la Homofobia en el Fútbol, la primera marcha del Orgullo en Punta Arenas y la Primera Marcha por el Interés Superior del Niño y de la Niña en Santiago, además de convocar al primer debate sobre el matrimonio igualitario organizado por la sociedad civil en el Congreso Nacional.

En tanto, el testimonio público de la joven Carla Aranda González, hija de una líder homo/tranfóbica, brilló al causar debate nacional e internacional y acelerar la tramitación de la ley de identidad de género

En la línea política, Guido Girardi leyó en Sala una declaración del movimiento LGBTI y Carolina Goic se convirtió en la primera presidenta de la DC y abanderada de ese partido en respaldar el matrimonio igualitario, al igual que Felipe Kast, pues fue el primer pre-candidato de Derecha en apoyar dicha ley.

En el escenario internacional la Corte Interamericana de DDHH estableció que el matrimonio igualitario y la protección y respeto de la identidad de género están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo; la OEA dio luz verde a la “Resolución sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas; Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI); el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Australia violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a rectificar la partida de nacimiento de una mujer trans casada y Luz de Luna (Moonligth), una cinta con temática LGBTI, ganó el Óscar como mejor película.

Los hitos negativos fueron las campañas de odio de los autodenominados buses de la “Libertad” y de la “Familia”; una querella que una ONG presentó contra el juez Luis Fernández porque había autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años; el despacho por parte del Senado de una propuesta de ley de identidad de género que excluye a niños, niñas y casados y patologiza a los mayores de 18 años; las ofensas contra la presidenta Bachelet en el Te Deum evangélico y el sensible fallecimiento el diseñador de la bandera LGBTI, Gilbert Baker.

Por último, en 2017 salió a la luz el primer crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.


Informe completo aquí

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas , , , , , , , , , , , , , , ,

La marca internacional de HazteOír promueve en Kenia una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales

Miércoles, 21 de febrero de 2018

captura-de-peticion-kenia-citizengoCitizenGO, la marca internacional de HazteOír, está promoviendo una intensa campaña contra la despenalización de la homosexualidad en Kenia. Un país en el que, como informamos hace escasas semanas, la justicia debe decidir sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Llama poderosísimamente la atención que una organización que ha sido declarada por el Gobierno español “de utilidad pública” pueda llevar a cabo campañas internacionales de desprecio a los derechos humanos más fundamentales sin problema alguno.

Como comentamos en nuestra anterior entrada, si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en numerosos países de la órbita de la Commonwealth, cuya próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno está fijada para la semana del 16 de abril en Londres y en la que la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo promete ser uno de los puntos candentes de debate.

La primera audiencia del proceso, en la que los demandantes explicaron sus posiciones, ya ha tenido lugar, mientras que la segunda está fechada para este próximo jueves 22. En ella espera un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. El Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, por su parte, presentará a comparecientes que defenderán la actual situación de criminalización de la homosexualidad. El fallo se espera en abril, y en este momento las espaldas están en todo lo alto. Según medios LGTB internacionales, del panel de tres jueces que deben decidir, uno sería proclive a la despenalización, otro sería contrario y un tercero estará indeciso.

captura-de-peticion-citizengo-300x152Pero si hoy traemos la noticia (ya en nuestra anterior entrada hicimos un repaso de la situación y por el momento, a la espera de lo que suceda el jueves, no ha habido grandes cambios) es por el destacado papel que CitizenGo, la marca internacional de HazteOír, está teniendo como agitador de los instintos homófobos. Lo destaca la propia prensa keniana, recogiendo el papel que CitizenGO está teniendo como lobby de presión en contra de que el Tribunal Superior de Justicia de Kenia pueda fallar a favor de la despenalización, y que entre otras acciones ha cristalizado en una petición de recogida de firmas lanzada el pasado día 6 “contra el activismo judicial en asuntos LGBT”. Según la petición, dirigida al juez David Maraga (máxima autoridad judicial del país), “Kenia está siendo utilizada por los activistas gais como una puerta de entrada hacia la legalización de los LGBT que no debe permitirse”. CitizenGO reclama que la demanda de NGLHRC sea rechazada y que cualquier cambio en esta materia sea decidido vía referéndum. La petición se acompaña, por cierto, de una imagen en la que aparecen tachadas las siglas LGBT.

HazteOír, entidad de “utilidad pública” gracias al Gobierno del PP

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

zoido-parlament-efe_1_630x630Según informó en su momento infoLibre (medio ue ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se niega sin embargo de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Fuente Dosmanzanas

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Chile: El Obispo de Magallanes rechaza la Ley de Identidad de Género con antecedentes falsos

Lunes, 8 de enero de 2018

1951956El religioso dijo que el proyecto de ley no es parte del parte programa presidencial de Bachelet y negó la iniciativa llevara mucho tiempo de tramitación. Por su lado, la fanática CitizenGo, la misma que trajo el Bus del Odio a Chile, inició una campaña contra el proyecto, asociándolo a violaciones.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) llamó hoy al obispo de Magallanes, Bernardo Bastres Florence,  a “sincerar su profundo rechazo a la Ley de Identidad de Género y al reconocimiento a la dignidad de las personas trans, en vez de camuflar con mentiras sus intereses”.

La reacción tuvo lugar luego de Bastres señalara a La Prensa Austral que “más allá de lo que uno pueda pensar, estos proyectos necesitan mucho tiempo de discusión, porque estamos legislando en cuestiones que tienen que ver con personas”, esto en abierta crítica a la suma urgencia con que cuenta el proyecto de ley

El Movilh replicó que “este obispo sabe que el proyecto de ley de identidad de género es uno de los que más tiempo lleva debatiéndose en el Congreso Nacional. Sin ir más lejos, suma casi cinco años de tramitación. Es decir, más atrasado no puede estar y es para corregir la demora, que se le da suma urgencia”. “Que el obispo omita este antecedente demuestra su interés por manipular y distorsionar la realidad, lo cual llega a un nivel escandalosa falsedad cuando dice que este proyecto no era parte del programa presidencial de Bachelet”, redondeó el Movilh

“Este proyecto no estaba en el programa de la Presidenta Michelle Bachelet, por lo que parece poco serio que se le haya dado discusión inmediata (…) es importante que los partidos que están en el gobierno sean coherentes con el programa que presentaron al país”, dijo Bastres

El presidente del Movilh, Ramón Gómez, enfatizó que “este proyecto sí es parte del programa presidencial de Bachelet. Más aún, es parte de los compromisos internacionales que el Estado de Chile asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) al firmar una solución amistosa con nuestra organización”. “Si Bastres no puede dar el ejemplo promoviendo la igualdad y no discriminación a las persona trans, lo mínimo que puede hacer es hablar con la verdad. ¿O es que para la Iglesia mentir ya no es pecado””, apuntó Gómez.

En tanto la fanática plataforma Citizen Go, la misma que trajo a Chile el Bus del Odio, iniciaron una campaña contra la ley, invitando a las personas a enviar una carta de rechazo a los parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, donde se tramita la iniciativa.

“El Lobby LGTB, Movilh, parece tener prisa por aprobar este proyecto antes de la entrada del nuevo gobierno. El mismo Rolando Jiménez afirmó tras la primera vuelta que la Ley de Identidad de Género “era una realidad”, “, afirman Citizen Go.

Añaden que “el proyecto de ley es especialmente peligroso porque viola la patria potestad y el derecho de los menores a la protección de sus padres; desoye la voz de la ciencia que señala que en el 93% de los casos los problemas de identidad de género de menores desaparecen en la adolescencia o en la juventud; y Genera inseguridad jurídica porque permitiría que cualquiera con su mera expresión de voluntad ‘cambiara de sexo’. ¿Un violador que se siente mujer será trasladado a la cárcel de mujeres?, ¿un deportista que afirme sentirse mujer, acudirá a la competición femenina”

Ante ello el Movilh replicó que “los delirios y el fanatismo de Citizen Go son evidentes con sus propias acciones o dichos, una violencia extrema, basada en prejuicios e ignorancia y que demuestran por si sola necesidad de le ley de identidad de género”.

Fuente MOVILH

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Carla, la hija trans de una de las promotoras del “autobús del odio” en Chile: “Si su hijos les dicen que se sienten de una forma, no los juzguen, apóyenlos”

Jueves, 7 de diciembre de 2017

carla-gonzalez-arandaLa historia de Carla González Aranda ha sido ya recogida en otros medios, pero merece la pena que también nosotros la contemos. Por desgracia, es una historia con la que muchas personas LGTBI se sentirán identificadas: la del rechazo de tu propia familia. Carla es una chica trans. Su madre, Marcela Aranda, es una activista evangélica, directora del denominado “Observatorio Legislativo Cristiano”, y que ha hecho de la transfobia una de sus causas. Ella fue una de las organizadoras del periplo chileno del “autobús del odio”, puesto en marcha por CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, y que hasta la Cámara de Diputados de Chile rechazó por amplia mayoría. Carla ha querido lanzar un mensaje de esperanza para ayudar a otras personas que puedan encontrarse en una situación parecida. 

Carla González Aranda, de 19 años, compareció la pasada semana en la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) para, tras presentarse como hija de Marcela Aranda, una de las caras más reconocibles del odio tránsfobo en Chile, explicar públicamente su condición de mujer trans y anunciar el inicio del proceso judicial con objeto de modificar su nombre y sexo registral. “Soy Carla González Aranda, soy hija de Marcela Aranda. Quiero hacer público esto para poder brindar apoyo a todas las personas que están pasando por una situación parecida a esta. De que se puede salir adelante, sin importar las circunstancias”, explicó.

Carla quiso enviar dos mensajes fundamentales, uno para los padres y madres de personas LGTBI y otro para los niños, niñas y adolescentes LGBTI. A estos últimos, les insistió en que no están solos. “Es un proceso complicado, personalmente es difícil de llevar. Que busquen apoyo; independientemente si es en la familia biológica, amigos, o en la familia que uno se va haciendo, en instituciones; salir adelante. Tomar la decisión de mantenerse firme en su postura y no doblegarse, no dejarse pisotear por la presión social, aunque es complicado, ese el mensaje”, aseguró.

A los padres y madres les pidió ser más “abiertos de mente”. “No se cierren solo a una opción, ni a lo que les dicen, busquen información, infórmense más. Si no están seguros de algo, busquen apoyo. Si su hijos les dicen que se sienten de una forma, no los juzguen por eso, sino que apóyenlos, estén con ellos. Para un niño lo más difícil es su infancia es lo que los marca por el resto de sus vidas. Debería haber más apoyos para ellos. Yo soy una persona adulta ya, tengo mi familia, aparte de mi familia biológica, y el apoyo que necesito es el de la familia que tengo ahora”, contó. “Yo quería utilizar esto para poder enviar un mensaje a todas las personas que están pasando a un proceso parecido como yo, que se puedan acercar a una institución como el MOVILH, que puedan saber que no están solos, que lo que están pasando no tienen que pasarlo, sufrir a oscuras”, añadió.

Carla González Aranda explicó que lleva ya unos tres años sin comunicarse con su madre, precisamente el tiempo que ha pasado desde que le reveló su condición de mujer trans. Una situación que de hecho no ha cambiado después de que Marcela Aranda, que sigue refiriéndose a ella como si fuese un hombre, se haya convertido en una conocida activista en contra del reconocimiento de la realidad de los menores trans. “Yo no puedo negarle su derecho a expresarse. Si ella quiere mencionarme como ella quiera es su problema, pero me hace sentir mal como se refiere a mí”, explicó. “Marcela es mi progenitora, yo no la consideró una madre”, añadió, dejando claro que en este momento su verdadera familia no es otra que su actual pareja y su familia, que la ha aceptado con total normalidad.

Carla respondió además a las acusaciones de “utilización” que su madre lanzó al MOVILH, y que de hecho Marcela Aranda hizo públicas un día antes de que su hija se explicase públicamente. “El MOVILH en todo momento mantuvo mi solicitud de apoyo de la manera lo más privada posible, siempre fue el apoyo completo y no buscaron lucro por ninguna parte. A mí en ningún momento se me pidió que hiciera algo. De hecho esta conferencia de prensa la pedí yo”, afirmó.

Rolando Jiménez, representante del MOVILH, aseguró por su parte que desde hace unos tres o cuatro meses la organizacion ha estado brindando asesoría legal y psicológica a Carla, “a quien admiramos”. “Su valentía, su fuerza, su ausencia de rencor, su capacidad de salir adelante es un ejemplo para todas y todos”, añadió. Jiménez criticó duramente a Marcela Aranda por hacer visible la identidad de género de su hija antes de que ella pudiese explicarse. “Eso es inmoral, como también lo es tratar a la joven como hombre. Como también lo es hablar de educación para los hijos, cuando abandonaste y discriminaste a los tuyos”, explicó.

Sin duda, una mujer valiente, a la que transmitimos todo nuestro cariño.

Os dejamos, para finalizar, con el vídeo de la mencionada conferencia de prensa de Carla González Aranda y Rolando Jiménez:

Fuente Dosmanzanas

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El acoso a Judith Butler durante su estancia en Brasil pone de manifiesto la creciente virulencia del movimiento LGTBfóbico en ese país

Viernes, 17 de noviembre de 2017

author-judith-butlerLa situación en Brasil comienza a ser inquietante: los grupos evangélicos ganan posiciones e influencia, algunos derechos LGTB comienzan a dar marcha atrás, el abiertamente homófobo Jair Bolsonaro es ya uno de los favoritos para ganar las próximas elecciones presidenciales… En este contexto, la visita de Judith Butler, intelectual de referencia tanto del feminismo como del movimiento LGTB (es una de las “teóricas queer” más importantes) se adivinaba complicada. Y así ha sido. Una campaña de odio promovida por ultraconservadores estuvo a punto de dar al traste con la participación en un simposio al que había sido invitada, pero además Butler tuvo que soportar la agresión verbal (y casi física) de un grupo de ultraconservadores en el aeropuerto.

Judith Butler había sido invitada a participar en el simposio Los fines de la democracia, celebrado entre el 7 y el 9 de noviembre en el centro cultural Sesc Pompeia de São Paulo, organizado por la Universidad de California en Berkeley (de la que es profesora Judith Butler) y el Departamento de Filosofía de la Universidad de São Paulo y financiado por la mencionada Universidad de California y la fundación estadounidense Andrew W. Mellon. Un evento, por tanto, de carácter universitario, cuyo objeto de discusión era el concepto de soberanía popular y su relación con la democracia liberal, así como el surgimiento de los movimientos populistas en política. No incluía en su programa debates ni mesas redondas sobre feminismo, teoría queer o derechos LGTB. Sin embargo, la mera presencia de Butler y el peso de su obra teórica fue suficiente para movilizar a los pujantes grupos ultraconservadores, muy vinculados a las iglesias evangélicas (aunque no solo) y que cada vez están cobrando más peso tanto en las calles como en el ámbito político.

A través de la plataforma CitizenGo (la marca que HazteOír utiliza para la difusión internacional), los ultraconservadores consiguieron reunir algo más de 370.000 firmas pidiendo la cancelación de la visita de Butler. “No queremos una ideología de género que enmascara un objetivo político marxista. Sus libros quieren hacernos creer que la identidad es variable y fruto de la cultura. La ciencia y sobre todo la realidad nos muestran lo contrario. Su presencia en nuestro país en un simposio comunista, pagado con dinero de una fundación internacional, no es deseada por una abrumadora mayoría de la población nacional”rezaba la petición.

Poco importó lo delirante del texto. La apelación a la amenaza marxista (sufragada por capital estadunidense…) y sobre todo la mención a la “ideología de género” (el término que el ámbito más conservador utiliza para denigrar tanto al feminismo como a buena parte de las reivindicaciones del colectivo LGTB, muy especialmente en los últimos tiempos la lucha en favor de los derechos trans) fue suficiente para desatar la histeria, reunir miles de firmas y desatar la batalla en las redes sociales. Además, decenas de personas se congregaron físicamente frente al centro en el que tenía lugar el simposio gritando consignas de odio contra Butler (llegaron a quemar un muñeco que la representaba, en una especie de intento por “exorcizar el mal”), si bien también acudieron manifestantes en favor de Butler. Basta echar un vistazo a las imágenes recogidas por Ruptly TV para comprobar el odio que los manifestantes emanaban (el reportaje también recoge en su segunda parte imágenes de los contramanifestantes en apoyo de Butler):

Acosada en el aeropuerto

Pero la cosa no terminó ahí, por desgracia. Cuando se disponían a tomar el vuelo de vuelta, Judith Butler y su pareja fueron acorraladas en el aeropuerto de Congonhas por un grupo de personas que le gritaron a la filósofa “no eres bienvenida”, “eres el mal”“destructora de los niños”“pedófila” o “destructora de familias”, entre otras barbaridades. Destacaron por su violencia verbal dos mujeres que portaban pancartas y que no dejaron de acosar a la filosófa por todo el vestíbulo del aeropuerto, hasta que vigilantes de seguridad y otras personas que espontáneamente defendieron a Butler se interpusieron y la permitieron marcharse. En las imágenes, difundidas en redes sociales, puede verse incluso como una de ellas la intercepta en un momento determinado con un carro portaequipajes. Insertamos a continuación el vídeo publicado por El Salto Diario, que ofrece las imágenes subtituladas:

Entre las personas que defendieron a Butler en el aeropuerto se encontraba Danieli Lima, que en su perfil de Facebook ha denunciado la actitud racista de una de las mujeres que acosaron a la filosófa (en concreto la que viste blusa amarilla), que se dirigió a ella y a otras personas de raza negra de modo despectivo:

Danieli Lima

el viernes pasado

RACISMO PELA MANHÃ.

Estou eu no aeroporto de congonhas esperando meus amigos do Núcleo Bartolomeu para poder embarcar para o Rio de Janeiro rumo a FLUPP ( A Festa Literária das Periferias), quando passa a Judith Butler ( indo para a área de embarque), seguida de uma mulher completamente fora de si com um cartaz onde tinha o rosto da Judith com um traço vermelho de proibido, gritando todas as ofensas possíveis (TODAS). Ela agredia a Judith verbalmente e fisicamente (batia o c

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Brasil: preocupante contexto regresivo

Hace pocas semanas recogíamos el fallo de un juez federal brasileño, que estimaba el recurso de varios psicólogos vinculados a grupos evangélicos y ordenaba al Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que permitiese de nuevo las “terapias” reparadoras de la homosexualidad, prohibidas desde 1999. El fallo sacudía la sociedad brasileña, enfrentada a una ola regresiva no solo en materia política (tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer) sino también social, fruto en buena parte de la ya mencionada pujanza de los grupos evangélicos.

Una regresión que amenaza los avances que Brasil había experimentado en materia LGTB en años recientes. A finales del año pasado Marcelo Crivella, un obispo evangélico con historial homófobo, se hacía con la alcaldía de Río de Janeiro. Y en estos momentos Jair Bolsonaro, un homófobo recalcitrante que pese a ser católico defiende sin tapujos la agenda conservadora del frente parlamentario evangélico (transversal a diversos partidos políticos) ha conseguido colocarse entre los favoritos para hacerse con la presidencia del país en 2018. Veremos qué sucede, pero el panorama es, como decíamos al principio, profundamente inquietante.

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La Cámara de Diputados de Chile repudia los mensajes LGTBfóbicos de HazteOír y de su autobús del odio

Sábado, 7 de octubre de 2017

camila-vallejoCamila Vallejo, diputada chilena impulsora del proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” de HazteOír.

Una amplia mayoría de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado un proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” promovidos por el mal llamado “bus de la libertad” de la organización española LGTBfóbica HazteOír. En concreto, han sido 63 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al bus del odio, que llegaba a Chile el pasado mes de julio, después de haber recorrido distintas ciudades de España, los Estados Unidos o Colombia, entre otros países. Para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), el Congreso Nacional de este Estado de Latinoamérica “ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno del Partido Popular, HazteOír reaparecía en España a principios de agosto para ensuciar el debate de la ley de igualdad LGTBI. A través del auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, del cual fue ponente el juez conservador Eduardo de Urbano, se levantaba la prohibición cautelar de circular al autobús de HazteOír con sus mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans. Un auto sorprendente que además ha servido de justificación al gobierno de Mariano Rajoy para congelar cualquier intención de retirar a esta organización ultraconservadora los privilegios fiscales que el mismo gobierno les concedió en 2013 al declararla entidad “de utilidad pública”.

Sin embargo, HazteOír y sus filiales (entre ellas, CitizenGo) han recibido un importante varapalo en Chile, donde la Cámara de Diputados ha rechazado y reprobado los “mensajes discriminatorios” y de odio de su mal llamado “bus de la libertad”. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al citado vehículo LGTBfóbico de HazteOír, con el respaldo de Lautaro Carmona, Loreto Carvajal, Denise Pascal, Tucapel Jiménez, Matías Walker y Guillermo Teillier. La resolución explica que “es consenso en las Ciencias Sociales el hecho de que la promoción de estereotipos negativos en base a prejuicios y desinformación son la base de acciones discriminatorias, que pueden tener consecuencias dramáticas”.

El MOVILH se ha felicitado por esta iniciativa de la Cámara de Diputados y ha asegurado que se trata de “un claro y contundente posicionamiento del Estado contra los discursos de odio que disfrazados de creencias religiosas incitan de manera explícita o implícita a la violencia o la negación de derechos de las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género”.

Por su parte, Rolando Jiménez, en calidad de director del Área de Derechos Humanos del MOVILH, ha enfatizado que “es del todo relevante para el integral respeto integral a los derechos humanos que el Estado no se silencie frente a los mensajes de odio y hoy el Congreso Nacional; gracias a una iniciativa encabezada por la diputada Vallejo y ampliamente respaldada por otros 62 parlamentarios; ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Como recogía dosmanzanas a mediados de julio, la diversidad LGTB que promueve el MOVILH en Chile se imponía al “bus del odio de HazteOír. Al menos se registraron nueve detenidos por incidentes relacionados con el vehículo LGTBfóbico, entre ellos el autoproclamado “pastor” Soto (conocido por su hostilidad hacia los derechos LGTB). Cabe destacar que, dentro de dos semanas, está previsto que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, presente un proyecto de ley que sancione la incitación a la violencia motivada, entre otras razones, por la LGTBfobia.

Fuente MOVILH

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Los socios alemanes de HazteOír fletan un autobús contra la ley de matrimonio igualitario para pasearlo en los días previos a las elecciones

Miércoles, 6 de septiembre de 2017

demo-fuer-alle-buss-weissLa derecha ultraconservadora y LGTBfoba busca su cuota de protagonismo en las próximas elecciones alemanas. Demo für alle, el movimiento contra las leyes de igualdad LGTB inspirado en la tristemente exitosa Manif pour tous francesa, ha presentado una campaña contra el matrimonio igualitario. Los medios empleados recuerdan ostensiblemente a los de sus correligionarios de HazteOír en España, y de hecho su marca internacional, CitizenGo, aparece también como promotora. La organización pretende pasear un autobús con mensajes contra la igualdad LGTB, que circularía por varias ciudades alemanas en los días previos a los comicios del próximo 24 de septiembre.

La campaña de odio LGTBfobo de HazteOír y sus acólitos internacionales salta una nueva frontera. Bajo el paraguas de CitizenGo, el movimiento Demo für alle ha presentado un boceto del autobús que pretende hacer circular por varias ciudades alemanas en plena campaña electoral. El diseño revela su fuente de inspiración: color naranja y las imágenes esquemáticas de una pareja de distinto sexo y de la misma con dos hijos como únicos modelos válidos de matrimonio y familia, respectivamente. Debajo, la traducción casi literal al alemán de una frase del autobús tránsfobo de HazteOír: “¡Que no te confundan!”.

Los promotores pretenden mostrar el vehículo en diez ciudades alemanas, empezando por Múnich el próximo miércoles, donde el movimiento Vielfalt statt Einfalt (“Diversidad en lugar de ignorancia”) ya ha convocado una concentración de protesta. La comitiva se cerraría en Berlín el día 15. Allí quieren entregarle a la canciller Angela Merkel una petición, firmada previsiblemente por más de 220.000 personas, para que “el matrimonio siga siendo matrimonio”. Entre los principales responsables de este “autobús de la libertad de opinión” se encuentra Hedwig von Beverfoerde, que ha colaborado estrechamente con la eurodiputada ultraconservadora de Alternativa para Alemania (AfD) Beatrix von Storch.

El vínculo entre Demo für alle y la extrema derecha de AfD se remonta a la movilización contra los programas de diversidad afectivo-sexual en los centros educativos tramitados por varios estados alemanes. La organización LGTBfoba es un calco de la Manif pour tous francesa, aunque afortunadamente no haya llegado al mismo nivel de agitación y virulencia en las calles. El movimiento retoma ahora su campaña contra el matrimonio igualitario, aprobado por el Bundestag hace dos meses. Con la probable intención de reintroducir un tema por ahora prácticamente ausente en la campaña para las elecciones generales del próximo 24 de septiembre.

Parece claro que la derecha más ultramontana no renuncia a replicar tácticas empleadas en otros países con el objetivo de atraer el foco mediático e intentar introducir en el debate político su agenda reaccionaria. En España, HazteOír reaparecía hace un mes para ensuciar el debate sobre la ley de igualdad LGTB, envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno (que la sigue considerando entidad de utilidad pública). Autobuses con mensajes de odio tránsfobo llegaron también a Nueva York, con el patrocinio de la Organización Nacional para el Matrimonio (NOM), y a Bogotá. Su presencia en la capital de Colombia dejó de nuevo clara la intención de influir en la agenda política al coincidir con el rechazo parlamentario a un referéndum contra la adopción homoparental.

Fuente Dosmanzanas

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