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«Esto es imparable»: HazteOír felicita al Gobierno de Murcia por la implantación del «PIN parental» y anticipa denuncias contra centros educativos y activistas que impartan talleres

Sábado, 18 de enero de 2020

8EABC1CE-6370-4D8F-8CB9-1239246F481BLa organización ultraconservadora HazteOír se ha felicitado públicamente por el acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox en la Región de Murcia para consolidar lo que Vox y HazteOír denominan «PIN parental» y que no es otra cosa que la necesidad de que los alumnos nos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir, por ejemplo, a charlas contra la LGTBIfobia que formen parte de las actividades complementarias del centro educativo. Una medida que el Gobierno murciano ya implementó el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación. Es más, HazteOír amenaza con acudir a los tribunales contra los centros en los que se impartan este tipo de actividades y contra los activistas que participen en las mismas.

A través de un comunicado, HazteOír asegura que «va a apoyar a los padres que quieran acudir a los tribunales para defender su derecho a educar a sus hijos frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género. Y los niños tienen el derecho fundamental de no ser manipulados ni sometidos a experimentos ideológicos [sic]».

«El ejecutivo murciano ya ha anunciado que va a introducir el PIN Parental en los centros escolares. Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo- sexual a medida de la izquierda», añade la portavoz de la organización, Teresa García-Noblejas.

Pero además de defender la medida y felicitar al Gobierno de Murcia, HazteOír da un paso más y anuncia su intención tanto de seguir publicando los datos de los colegios «en los que se adoctrina» como de acudir a los tribunales si estos no ceden a su chantaje y suspenden las charlas o talleres contra la LGTBIfobia. «Ahora, cada vez que nos llega la denuncia de un caso de adoctrinamiento de género en un colegio o instituto, enviamos una carta al director del centro advirtiéndole de que han vulnerado un derecho fundamental de los padres. Si el adoctrinamiento persiste nuestra intención es invitar a los padres a acudir a los tribunales y, por supuesto, apoyarles para que puedan llevar a cabo las actuaciones jurídicas que procedan. Por ejemplo, denunciar al activista que ha impartido el taller, al director del centro educativo y al consejero de educación como responsable último», expresa el comunicado.

Fuente Dosmanzanas

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Murcia: PP, Ciudadanos y Vox acuerdan que los padres LGTBfobos puedan negarse a que sus hijos asistan a charlas educativas sobre diversidad

Jueves, 16 de enero de 2020

Vox-renunciara-cualquier-facilitar-Murcia_EDIIMA20190711_0862_4Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercan posturas con Vox para cerrar los presupuestos EFE

La traición, sobre todo, de Ciudadanos, es escandalosa. Se han entregado a VOX y los ultracatólicos… Y luego se extrañan de ser mal recibidos en la manifestación del Orgullo. Defienden los vientres de alquiler pero se despreocupan luego de los niños/as… ¡Cuánta hipocresía!

Malas noticias las que nos llegan desde la Región de Murcia PP, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para reforzar a nivel normativo lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia. Una medida que lleva meses en vigor, pero a la que ahora se dará mayor cobertura normativa.

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril de 2018, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello). La medida no se llegó a implementar formalmente, pero tras las pasadas elecciones autonómicas, en las que el PP, Ciudadanos y Vox conformaron una mayoría parlamentaria que dio el gobierno a una coalición de los dos primeros (Ciudadanos rechazó la opción de conformar una mayoría alternativa con el PSOE) por fin se materializó. En una resolución del pasado mes de agosto de la secretaría general de la Consejería de Educación se ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa.

La decisión del Gobierno murciano fue muy contestada en su momento por la oposición, que destacó que la resolución contravenía el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, interpuso recurso de alzada contra la resolución. Es por eso que ahora PP, Ciudadanos y Vox han acordado, en el contexto de la negociación de los presupuestos de la región, reforzar la medida a nivel normativo, tal y como ha confirmado el consejero murciano de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Todo apunta, según recoge el diario La Verdad, a que la trampa dialéctica que en esta ocasión usarán PP y Ciudadanos para teatralizar su «distancia» con Vox será huir de la expresión «PIN parental», tan del agrado de la extrema derecha y de colectivos ultraconservadores como HazteOír. «Más allá de como lo llamemos, sea ‘pin parental’ o formulario de autorización expresa para actividades complementarias, en lo que sí hay un consenso entre los tres partidos es en que haya libertad por parte de los padres de poder autorizar o no a sus hijos cuando imparte una charla alguien que es ajeno al centro, con independencia de los que se dé», ha declarado Celdrán.

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

Por supuesto, ni la resolución del pasado agosto ni lo que se ha adelantado del acuerdo sobre este punto entre los tres partidos de la derecha murciana menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta que su objeto no es otro que el de desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia, dando así cumplimiento a las exigencias de Vox.

Se da la curiosa circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia  (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Volvemos a insistir, como venimos haciendo desde que en diciembre de 2018 Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz y se convirtiera, apenas un año más tarde, en la tercera fuerza política de España: el problema no es tanto el programa concreto de la formación de extrema derecha (que por el momento no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en ellos en diversas comunidades y numerosos ayuntamientos, colocan al colectivo LGTBI, y especialmente a sus grupos más vulnerables (como los menores, en este caso) en una situación complicada. Medidas como el «PIN parental» contribuyen a crear un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales. También supone el empoderamiento de los elementos más reaccionarios de la comunidad educativa. Confiemos en que desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados se ejerza suficiente contrapeso.

Fuente Dosmanzanas

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Nuevo suicidio de un joven trans en Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Lunes, 13 de enero de 2020

transfobia-otdchileLucas, un joven trans de 21 años, se ha quitado la vida en Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. No han trascendido más detalles sobre lo sucedido y en redes sociales se han difundido informaciones confusas sobre las circunstancias que habrían rodeado su trágica decisión. Desde dosmanzanas optamos por publicar íntegramente el comunicado hecho público por Chrysallis, la asociación de familias de menores trans, y que según la activista y diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha sido consensuado con la familia del joven:

Ha vuelto a suceder. Una vez más y debería ser la última. Una vez más nuestras voces se quiebran desde lo más hondo de nuestro ser. Hoy nos vuelven a invadir la impotencia, el dolor y la incomprensión ante tanto odio sutil.  Desde Chrysallis reivindicamos el derecho de todas las personas trans a una vida libre de violencia. No es suicidio, es asesinato social provocado por la transfobia.

Hay muchos tipos de transfobia, está la que se ejerce detrás del visillo, la que se ejerce a hurtadillas, tirando la piedra y escondiendo la mano. Está la que ni siquiera parece transfobia porque se esconde tras una fachada de comprensión y aceptación falsas. Esta transfobia, también es odio y mata.

Todas las personas merecemos las mismas oportunidades, oportunidades para estudiar, trabajar, para enamorarnos y desenamorarnos. Construir ilusiones y llevarlas a cabo, o no, pero mantener esa ilusión como una posibilidad que nos puede acontecer, que nos puede acompañar, que nos puede hacer felices. Si esas ilusiones encuentran obstáculos a pesar de tener el apoyo y acompañamiento familiar, pueden esfumarse y dar paso a la desesperación.

No nos cansamos de repetir una y otra vez que la transfobia mata.

Denunciamos a esta sociedad, saturada de convencionalismos, estereotipos y creencias absurdas que se reproducen en un ciclo interminable y que debe cesar. Exigimos que se ponga fin a todo tipo de odio y violencia, incluido aquel encubierto de buenismo. Invitamos a la reflexión, a la de todas aquellas personas que escudadas por la intimidad de lo que se cuece en las cocinas de sus hogares, se piensan inocentes y se exculpan y lamentan en la distancia y tras los muros.

Reclamamos protección. Las familias solas no podemos. Es imprescindible una sociedad y unas estructuras públicas y legales que garanticen una vida feliz y plena en derechos para las personas trans*.

Una vez más desde Chrysallis lanzamos el grito: ¡NO ES SUICIDIO, ES ASESINATO SOCIAL!

Una vez más lloramos la pérdida de una vida que debería de haber tenido todas las oportunidades para ser vivida plenamente.

Jóvenes trans, una población especialmente vulnerable

Hace solo unas pocas semanas informábamos de otro suicidio de una joven trans de 18 años en Llíria (Valencia). Y antes hemos recogido los casos de Thalía, otra chica trans de 17 años que se quitó la vida en Móstoles en mayo de 2018, o del joven Ekai, en febrero de 2018, en Ondarroa (Vizcaya). Y en las navidades de 2015 era Alan el que se quitaba la vida en Rubí (Barcelona). De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre.

Cómo no traer a colación el demoledor estudio al que hicimos referencia en septiembre de 2018, publicado en Pediatrics, la revista que edita la Academia Americana de Pediatría, y que mostraba que la tasa de intentos de suicidio entre las y los adolescentes trans estadounidenses es considerablemente mayor que entre sus coetáneos cis. El grupo en el que los intentos de suicidio son más numerosos era el de los chicos trans (el 50,8% reportan algún intento de suicidio), seguido de los adolescentes no binarios (41,8%) y de las chicas trans (29,9%).

No era, sin embargo, el primero. Ya otros estudios habían puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de los menores trans. En 2012, por ejemplo, recogíamos otro, publicado también en Pediatrics, que mostraba que niños y adolescentes trans sufren más síntomas psiquiátricos, tales como depresión e intentos de suicidio, que el resto de niños y adolescentes. Las cifras eran mayores en aquellos casos en los que no se daba un manejo especializado de la situación, bien por carecer de medios económicos o porque los padres no los apoyaban en su proceso.

También es cierto que si se quiere combatir esta sangría, se puede: otro estudio del que dábamos cuenta en abril de 2018 mostraba por ejemplo que solo el hecho de que los jóvenes y adolescentes trans sean tratados en su entorno con el nombre correspondiente a su identidad de género disminuía drásticamente los cuadros depresivos, los pensamientos suicidas e incluso los propios intentos de suicido. Los investigadores sabían de lo que hablaban: fue el mismo equipo que en 2017 estableció que, debido al estigma social, el porcentaje de jóvenes trans con ideas suicidas duplicaba el de la población general y cuadriplicaba la propensión a consumir drogas.

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Concentración in memoriam en Sevilla

«Lucas y su familia fueron parte de Chrysallis y de ATA. Por ese motivo, y con la aprobación de su familia, ambas asociaciones convocamos una concentración para honrar su vida, su memoria y mostrar nuestro dolor y consternación. Os invitamos a acompañarnos, el domingo 12 de enero, a las 18 h., en Plaza Nueva de Sevilla. Sin distintivos: solo claveles y velas», ha anunciado Chrysallis en sus redes sociales.

Fuente Dosmanzanas

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PSOE y Unidas Podemos presentan un programa conjunto de gobierno progresista que incluye la aprobación de una ley trans

Jueves, 2 de enero de 2020

Sanchez-IglesiasJosé María Castillo: “La política, más que acierto, astucia, saber y firmeza, es sobre todo bondad y ejemplaridad”

Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.

Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:

  • Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
  • Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
  • Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
  • Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
  • Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
  • Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
  • Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
  • Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.

También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.

Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.

Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar  la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces  su presidenta, Uge Sangil.

Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital

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Detenido el agresor homófobo de Malasaña (Madrid)

Martes, 31 de diciembre de 2019

ataque_chuecaEl agredido

La policía Nacional ha conseguido detener al hombre que agredió violentamente a una persona homosexual en el barrio madrileño de Malasaña. La victima intento mediar en una discusión de pareja cuando el hombre le propino un golpe en un ojo, esto ocurrió el pasado mes de octubre.

El mismo individuo en noviembre golpeo a tres policías y a un recepcionista de un hotel de Madrid. Tras una serie de investigaciones el hombre, de origen camerunés, fue arrestado y puesto a disposición judicial. Tiene antecedentes por delitos de desobediencia y atentado a la autoridad, lesiones y tráfico de drogas.

Lo que parece increíble es que este hombre estuviera en libertad ya tras haber agredido a aquella persona en Malasaña. Que tuvo la mala suerte de pasar por allí, intentar ayudar y recibir un golpe en un ojo, lesión que ha necesitado de intervención quirúrgica para reconstruirle el iris y la córnea, la victima sigue recuperándose.

Desafortunadamente, este hombre se le ha puesto en libertad, a pesar de los delitos cometidos. Esperemos que este tipo de actos de odio hacia la comunidad LGTB no queden sin castigo y menos si se trata de personas peligrosas como esta.

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El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli y del que ya forman parte casi una veintena de colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

Fuente Agencias

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El embajador estadounidense en Zambia se vio obligado a abandonar el país después de enfrentarse con el gobierno por la condena de cárcel a pareja gay

Sábado, 28 de diciembre de 2019

Edgar-Lungu-KOKO-TV-NG-1-Presidente Edgar Lungo y embajador Daniel Foote

El gobierno de Zambia ha emitido esta semana un comunicado diciendo que el trabajo de Foote “ya no es sostenible,” y que lo declara “persona non grata”,  y forzando su regreso a los EE.UU..

El embajador Daniel Foote había dicho que estaba “personalmente horrorizado” por la dura sentencia contra dos hombres homosexuales, Japhet Chataba y Steven Samba, por una relación consensual “que no perjudicó absolutamente nadie.”

También acusó a las autoridades de tener un doble rasero cuando se trata de perseguir otros delitos, señalando: “Los funcionarios del gobierno pueden robar millones de dólares sin ser procesados”.

Los comentarios provocaron una furiosa reacción del presidente Edgar Lungu, que envió una carta de protesta a Washington declarando su negativa a trabajar con el embajador. Foote no pudo asistir a ciertos eventos, debido a “amenazas contra” él.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Reuters: “Estamos consternados por la declaración del gobierno de Zambia acerca de que la posición de embajador Foote ya no es sostenible,lo  que consideramos que es el equivalente de una declaración de que el embajador es persona no grata. A pesar de esta acción, los Estados Unidos siguen comprometidos con nuestra asociación con la población de Zambia“, agregaron.

“Los Estados Unidos se oponen firmemente a los abusos contra las personas LGBTI. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan disfrutar libremente de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales que les corresponden”.

Cuando Foote informó de que había sido criticado por funcionarios de Zambia, respondió que lo único que quiere Zambio son diplomáticos “con bolsillos abiertos y las bocas cerradas.”

El presidente Lungu afirmó que rechazaría los $ 500 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos que el país recibe cada año si se requiere el país para aceptar los derechos LGBT +.

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La pareja condenada camino del tribunal

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

En abril de 2018, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Aparecen carteles homófobos en las inmediaciones de centros escolares de Murcia

Jueves, 26 de diciembre de 2019

carteles-homofobos-Murcia-1-225x300carteles-homofobos-Murcia-2-225x300Los carteles, de estética infantil e inspiración católica, aunque sin firma reconocible, identifican al movimiento LGTBI con una manzana envenenada y un dragón que ataca hogares formados por familias heteroparentales cristianas. El movimiento feminista o la Memoria Histórica también han sido objetivo de los ultras en estos impresos.

La LGTBIfobia parece haberse instalado en el día a día de los murcianos, reforzada tras la victoria de la ultraderecha en las pasadas elecciones generales en la Región de Murcia. Si justo tras conocerse los resultados aparecían pintadas homófobas y amenazantes contra un alcalde pedáneo, ahora la Navidad se tiñe de odio en algunos centros escolares, como el Instituto de Educación Secundaria Floridablanca o el Colegio concertado Santa María del Carmen, en cuyas inmediaciones se han podido encontrar carteles en los que se ataca al colectivo LGTBI, al movimiento feminista o a la Memoria Histórica.

Los carteles alertan del «peligro» del movimiento LGTBI en dos versiones distintas. En una, la manzana de Blancanieves adquiere los colores de la bandera arcoíris bajo las leyendas «¡cuidado!» y «veneno» bajo la mirada de la bruja del cuento. En otra versión, un dragón escupe llamas arcoíris contra una casa coronada por la imagen de una virgen en la que vive una familia heteroparental con hijos. En esta ocasión las leyendas rezan «firme fe» y «resistencia».

Otros carteles también invitan a «darle la vuelta al feminismo», transformando el símbolo de la lucha por los derechos de la mujer en un hogar copado por la cruz cristiana. En otra versión se reivindica la Memoria Histórica únicamente como los asesinatos de religiosos y quema de iglesias durante la Guerra Civil.

Un acto de odio que no solo supone un ataque a la comunidad LGTBI y a los símbolos que nos representan. Supone sobre todo la creación de un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales, todos en su mayoría menores de edad en estos centros. También supone el empoderamiento de los integrantes homófobos de dichos centros o comunidades educativas. Hay que recordar que la LGTBIfobia es una de las principales causas de acoso escolar o bullying y se encuentra entre las causas fundamentales de delitos de odio en España.

En el caso de la Región de Murcia, además, La LGTBIfobia condiciona de forma significativa la actividad educativa, especialmente después de que el Gobierno regional haya cedido ante Vox e impuesto lo que la formación de extrema derecha denomina «pin parental» para la asistencia a charlas sobre diversidad sexual y de género.

Fuente Dosmanzanas

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Gabón aprueba la penalización de las relaciones homosexuales con hasta seis meses de prisión

Jueves, 26 de diciembre de 2019

Gay-in-GabonGabón aprobó a mediados de año un nuevo Código Penal, que establece penas de prisión de hasta seis meses y una fuerte sanción económica para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. No obstante, la criminalización de la homosexualidad recogida en el nuevo texto legal no se ha difundido hasta ahora, cuando activistas que supervisan los derechos LGTB en el continente africano han tenido conocimiento de que se han producido detenciones al amparo de la nueva normativa. Con Gabón, son 73 los países y territorios del mundo que castigan las relaciones homosexuales.

El Parlamento de Gabón aprobó un nuevo Código Penal a principios de este año, que entró en vigor el 5 de julio, sin que se difundieran en ese momento las medidas condenatorias para las relaciones homosexuales recogidas en el nuevo texto legal. El título 14 del Código Penal ahora vigente recoge los delitos relacionados con las agresiones sexuales y los atentados contra la moral. El artículo 402 queda redactado de la siguiente manera:

Art.402

Los siguientes son delitos contra la moral:

1.º la exposición sexual impuesta a la vista de otros en un lugar accesible al público;

2.º las relaciones sexuales, incluso con consentimiento, excepto en el caso de incesto previsto en el subsiguiente artículo 403, entre un hombre y una mujer con un grado de parentesco que impida el matrimonio de conformidad con la legislación vigente;

3.º cualquier comportamiento, actitud o discurso repetido, asiduo o sugerente directamente o indirectamente atribuible a una persona que, abusando de la autoridad o  la influencia que se le confierem sus funciones o su rango social, con el objetivo de obtener favores sexuales de un individuo de cualquier sexo;

4.º cualquier acto indecente o antinatural con un individuo del mismo sexo y menor de dieciocho años;

5.º las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Todo aquel que sea culpable de los actos indecentes a los que se hace referencia en el apartado pungidos 1, 2, 4 y 5 serán castigados con una pena de prisión no superior a seis meses y una multa no superior a 5.000.000 de francos CFA.

Toda persona culpable de acoso sexual a que se hace referencia en el punto 3 del presente artículo será castigada con una pena de prisión no superior a seis meses y una multa no superior a 2.000.000 de francos CFA.

De esta manera, las relaciones libres y consensuadas entre personas del mismo se castigan con pena de cárcel de hasta seis meses y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares).

Esta criminalización supone una novedad respecto al Código Penal existente, herencia de la colonización francesa, que no castigaba de ninguna forma la homosexualidad, aunque sí establecía una edad diferente de consentimiento para las relaciones sexuales (15 años para las heterosexuales y 21 para las homosexuales). Ni el Gobierno de Gabón ni su ministro de Justicia han querido hacer declaraciones al respecto.

Davis Mac-Iyalla, un activista que supervisa los derechos LGTB en África occidental, afirma que había tenido conocimiento de que dos hombres gaboneses habían sido detenidos por mantener relaciones homosexuales después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, y que solo habían podido conseguir su puesta en libertad tras sobornar a miembros corruptos de las fuerzas del orden. Mac-Iyalla, que es miembro de la Red Interreligiosa de Diversidad de África Occidental, considera que la reforma «ha causado que la comunidad LGBT pase a la clandestinidad y ha creado hostigamiento. La policía corrupta ahora la utiliza, detiene a personas que se ven obligadas a recurrir al soborno para salir liberadas».

Con esta reforma de su Código Penal, Gabón se suma a la larga lista de países africanos que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo. Un lamentable retroceso en los derechos LGTB después de la buena noticia de la despenalización por parte del Alto Tribunal de Bostuana también a mediados de año.

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

 

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La Guardia Civil detiene en Sevilla a tres jóvenes que agredieron a un hombre con el que contactaron a través de una web de citas

Miércoles, 18 de diciembre de 2019

cropped-ED-Guardia-Civil-1Ha sucedido en Sevilla. Un hombre concertó una cita con un joven a través de una web de citas. Cuando supuestamente se dirigía a su casa para mantener relaciones sexuales, aparecieron otros dos jóvenes. Le dedicaron insultos homófobos, lo agredieron y le robaron. Los agresores han sido detenidos por la Guardia Civil e ingresado en prisión.

Lo cierto es que no ha trascendido mucha más información.

Según ha informado la Guardia Civil y recoge Diario de Sevilla, la víctima, un varón de edad media, acordó con uno de los agresores verse en la localidad de Aznalcázar. Allí lo recogió en su coche. El joven le indicó el que supuestamente era el camino a su casa para mantener allí relaciones. Cuando se introdujeron en un camino rural aparecieron otros dos jóvenes en otro vehículo. Los tres agresores, de 20 años, le dedicaron insultos homófobos, lo agredieron físicamente y le robaron parte de sus pertenencias.

La víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de San Juan de Dios de Bormujos  por las lesiones sufridas.

Afortunadamente, gracias a la información facilitada por la víctima, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor identificó a los agresores, que fueron detenidos por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de odio.

Los tres han ingresado en prisión por orden del juez de guardia de Sanlúcar la Mayor.

Fuente Diario de Sevilla, vía Dosmanzanas

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El Supremo de Estados Unidos rechaza estudiar el caso de una reclusa trans a la que se le denegó la cirugía de reasignación

Martes, 17 de diciembre de 2019

E1B1C42E-2DEC-4B59-9E8B-D7A7C71C310AEl Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelve a dar la espalda a la comunidad trans. La última instancia judicial del país, controlada por el sector conservador, ha rechazado admitir a trámite un recurso contra la decisión del estado de Texas de impedir a una reclusa trans someterse a cirugía de reasignación de sexo. Vanessa Lynn Gibson, que lleva en prisión desde 1995 por sendos delitos de agresión y asesinato, ha intentado automutilarse y cometer suicidio en varias ocasiones. El fallo contrasta con otros precedentes favorables.

Gibson, de 41 años, fue condenada en 1995 por una agresión y dos años después, por el asesinato de otra reclusa. Desde los quince años vive de acuerdo a su identidad de género femenina. Los médicos le diagnosticaron disforia de género en 2014, y autorizaron su acceso a un tratamiento hormonal. La legislación de Texas, el estado donde cumple condena, no permite sin embargo las «intervenciones quirúrgicas irreversibles» como sería la cirugía de reasignación de sexo.

La reclusa recurrió a la justicia al considerar que la negativa a autorizar la intervención constituye una forma de castigo cruel e inusual prohibida por la octava enmienda de la Constitución. Gibson ha sufrido una depresión que la ha llevado a intentar tanto automutilarse como cometer suicidio. El Tribunal de Apelaciones del quinto circuito, con sede en Nueva Orleans, rechazó en marzo la demanda de Gibson. El caso llegó hasta el Supremo, cuyos jueces rechazaron este lunes su toma en consideración.

A pesar del revés judicial, existen precedentes en los que los tribunales han dado la razón a personas trans en prisión. En 2015, un juez federal autorizaba la cirugía de reasignación de sexo para Shiloh Quine, meses después que Michelle Norsworthy, otra reclusa trans, obtuviera una orden favorable de un tribunal federal con el mismo objetivo. El estado de California se comprometió además a costear las intervenciones.

Los casos de Quine y Norsworthy contrastan con el de Michelle Kosilek. Aunque un juez de Massachusetts ordenó en 2012 su reasignación de sexo, posteriormente, la Corte de Apelaciones (con sede en Boston) echó marcha atrás alegando «problemas de seguridad», así como una supuesta «fuente de angustia mental» para las reclusas que hubieran sido víctimas de violencia de género, en el momento en el que se le trasladara a un centro penitenciario para mujeres.

Fuente Dosmanzanas

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Castilla y León suspende la puesta en marcha del protocolo de atención al alumnado trans en las escuelas

Lunes, 16 de diciembre de 2019

jcylLa Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

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Zambia: confirmada la condena de quince años de cárcel a dos hombres por homosexualidad

Viernes, 13 de diciembre de 2019

the-two-kapiri-gay-men-being-taken-away-after-making-court-appearanceLos dos hombres son retirados después de comparecer en la corte.

Un tribunal de apelación de Zambia ha confirmado la pena de quince años de prisión contra dos hombres por el delito de «actos contra natura». Los acusados, arrestados en 2017, fueron declarados culpables hace un año tras ser sometidos a la tortura de los exámenes anales. El embajador estadounidense en el país africano ha protestado contra la «horrible» sentencia, mientras que el presidente Edgar Lungu ha cargado contra las relaciones homosexuales que según su ignorante opinión «no practican ni los animales». Stephen Sambo, de 30 años, y Japhet Chataba, de 38, fueron el año pasado  acusados del delito de “tener relaciones sexuales contra el orden de la naturaleza” .

Los supuestos hechos se produjeron el 25 de agosto de 2017. Japhet Chataba y Stephen Sambo fueron detenidos después de que la empleada de un hotel los denunciara por haber mantenido relaciones sexuales. Durante el juicio, que tuvo lugar el año pasado, cinco testigos afirmaron que habían presenciado los actos por los que se acusa a los dos hombres, que se declararon no culpables. Los fiscales presentaron “videos y fotografías” de los dos hombres, mientras que un empleado del hotel le dijo a la corte que los vio teniendo sexo a través de una ventana. Los acusados se sometieron a la tortura de los exámenes anales, una práctica tan humillante como inútil para la finalidad que pretende.

A pesar de que los resultados de la infame prueba fueron «inconsistentes con las acusaciones», el juez Ackson Mumba consideró que las declaraciones de los testigos y el hecho de que los acusados se negaran a declarar constituían una prueba suficiente para decretar su culpabilidad. Un año después, un tribunal de apelaciones ha confirmado la sentencia de quince años de prisión por el delito de «conocimiento carnal contra natura».

El embajador estadounidense en Zambia ha expresado su consternación por el fallo, que ha calificado de «horrible». Daniel Foote calificó los hechos de crimen sin víctimas, al que contrapuso la impunidad de la corrupción en la administración zambiana. Según Associated Press, el embajador de los Estados Unidos en Zambia, Daniel Foote, dijo que estaba “horrorizado” por la sentencia. Foote dijo que los funcionarios de Zambia no lo intimidarían y agregó que la relación entre los dos hombres no lastima a nadie mientras que “mientras tanto, los funcionarios del gobierno pueden robar millones de dólares públicos sin enjuiciamiento”.

Unas declaraciones que escocieron al Gobierno del país africano, que envió una nota de protesta a la Casa Blanca. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Zambia, Joseph Malanji, dijo que el embajador se estaba entrometiendo en los asuntos internos del país del sur de África, y que el gobierno enviaría una carta de protesta a Washington por los comentarios de Foote.

El presidente Edgar Lungu pidió una rectificación a su homólogo Donald Trump y aprovechó para lanzar una diatriba homófoba. Hablando sobre la sentencia, el presidente del país, Edgar Lungu, dijo a Sky News: “Estamos diciendo que no a la homosexualidad. ¿Por qué deberíamos decir que vamos a ser civilizados si lo permitimos … ¿Estás diciendo que somos muy primitivos ahora porque estamos desaprobando la homosexualidad? Incluso los animales no lo hacen, entonces, ¿por qué deberíamos vernos obligados a hacerlo porque queremos ser vistos como inteligentes, civilizados y avanzados, etc.?” Lungu dijo anteriormente: “Aquellos que defienden los derechos de los homosexuales deberían irse al infierno … Ese tema es extraño para este país”, añadió, sumando a su discurso de odio su profunda ignorancia sobre el tema.

El departamento de Estado norteamericano rehusó contestar si había recibido el requerimiento de Lungu. El mandatario zambiano reconoció que la economía del país depende en parte de la asistencia al desarrollo que envían países como Estados Unidos, pero se reafirmó en su defensa de la legislación homófoba. «Si quieren que la ayuda esté ligada a la homosexualidad, me temo que Occidente nos puede deja

Según Lusaka Times, el presidente de la Iniciativa de Jóvenes Líderes Africanos (YALI, por sus siglas en inglés), Andrew Ntewewe, dijo en una conferencia de prensa que los embajadores de EE. UU. Deberían “contenerse cuando se trata de la gobernanza de este país o el tipo de leyes que decidimos tener”.

Añadió: “De hecho, esos dos inadaptados que fueron encarcelados a 15 años recibieron clemencia por el juez de sentencia que administró la pena mínima de 15 años cuando podría haber optado por la cadena perpetua máxima”.

Las leyes que criminalizan la homosexualidad se derivan del antiguo código penal colonial británico de Rhodesia. Rhodesia del Norte se convirtió en Zambia en 1964.

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

En abril de 2018, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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La justicia inglesa prohíbe las protestas junto a un colegio pionero en la enseñanza de la realidad LGTBI

Martes, 10 de diciembre de 2019

manifestacion-contra-educacion-lgtb-600x406Buenas noticias para la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género en el Reino Unido. Un juez de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales ha confirmado la prohibición de manifestarse frente al colegio de primaria Anderton Park de Birmingham. El centro, que desarrolla un proyecto piloto para la enseñanza de la realidad LGTBI, ha sido objeto de protestas continuadas que tuvieron lugar frente a sus puertas durante meses. El ayuntamiento de Birmingham prohibió las concentraciones por difundir falsedades y perturbar el funcionamiento de las clases, hasta el punto de que varios docentes han necesitado tratamiento psicológico. Ahora la justicia inglesa ratifica la exclusión.

El colegio de educación primaria Anderton Park fue uno de los escogidos para un programa piloto de implantación de los nuevos contenidos aprobados en el ámbito de la educación sexual y relacional («Relationship and Sex Education»). El nuevo currículo, que entrará en vigor en todos los centros escolares ingleses en el curso escolar 2020-2021, profundiza en la enseñanza de la diversidad afectivo-sexual y de género, añadiendo conceptos como la existencia de diferentes modelos de familia.

Las protestas contra la medida comenzaron a principios de este año. Varios cientos de manifestantes, algunos de ellos padres de alumnos del colegio, se congregaron regularmente a sus puertas para exigir la retirada del nuevo plan de estudios. Basaron su rechazo en sus creencias musulmanas, religión a la que se adhiere la mayoría de los habitantes de la zona. Grupos cristianos apoyaron la lucha contra la reforma educativa con una recogida de firmas en línea que alcanzó los 100.000 apoyos.

Las concentraciones alcanzaron tal magnitud y continuidad que empezaron a perturbar el normal desarrollo de la actividad docente. Las consignas de las pancartas, repetidas por megáfonos («Mi hijo, mi decisión» o «Adán y Eva, no Adán y Esteban»), así como las amenazas, obligaron a los profesores a impartir clase con las ventanas cerradas e impidieron con frecuencia a los alumnos salir al patio. Más de veinte empleados del colegio necesitaron tratamiento por trastornos de ansiedad y del sueño provocados por la situación.

En mayo, el ayuntamiento de Birmingham decidió tomar cartas en el asunto y aprobó un decreto para prohibir de manera provisional las concentraciones junto a la escuela. El pasado martes, el juez de la Alta Corte de Justicia Mark Warby emitió una sentencia en la que declara permanente la prohibición. Warby argumenta que los manifestantes difunden informaciones «falsas y dañinas», como que el centro «sigue una agenda pedófila» o que «enseña a los alumnos a masturbarse». El fallo condena también a los organizadores de las protestas, que han anunciado que recurrirán, a pagar el 80% de las costas judiciales.

De la sección 28 a la educación en la diversidad

La educación en la diversidad afectivo-sexual y de género ha sido desde hace décadas un asunto candente en el Reino Unido, a menudo utilizado como arma arrojadiza. En 1988, el Gobierno de Margaret Thatcher adoptaba la sección 28, que vetaba a las autoridades locales británicas «promover intencionadamente la homosexualidad o publicar material cuya intención sea la promoción de la homosexualidad», así como «promover la enseñanza en los colegios públicos de la aceptación de la homosexualidad como una supuesta relación familiar». En la práctica, la legislación prohibía a los profesores hablar de homosexualidad en clase o combatir el acoso LGTBfobo.

El Gobierno de Tony Blair derogó la ley en 2003 y los conservadores han pedido perdón públicamente por aprobarla. Diez años después, sin embargo, la polémica saltaba de nuevo al conocerse que varios colegios concertados prohibían expresamente en sus currículos la «promoción de la homosexualidad». Las protestas actuales, que probablemente se multiplicarán cuando entre en vigor el nuevo plan de estudios, confirman que la completa normalización de la enseñanza de la realidad LGTBI está aún lejos de alcanzarse.

Fuente Dosmanzanas

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Continúa llegando a los colegios material homófobo de HazteOír

Martes, 10 de diciembre de 2019

mis_hijosLa organización ultraconservadora ha mandado cartas, formularios del documento bautizado por los extremistas como «PIN parental» y un manual «contra el adoctrinamiento de género» a 23.000 colegios de toda España. Los últimos centros en recibir este material han sido los centros de Galicia.

HazteOír protagonizó el pasado mes de septiembre su particular ‘Vuelta al cole’ contra la diversidad afectivo-sexual y de género poniendo nuevamente en el foco de su batalla a los menores. La organización ultraconservadora, a la que el Gobierno retiró el estatus de utilidad pública el pasado mes de febrero, elaboró y envió un kit a 23.000 centros escolares de toda España (públicos y concertados) y a sus Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Ampas). Este incluye una carta dirigida a la dirección y profesorado del centro en la que se insta a mostrar una actitud combativa ante lo que ellos definen como «adoctrinamiento en ideología de género».

Un «adoctrinamiento» que viene dado, según la organización, por los cursos de Educación sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género que asociaciones LGTBI imparten a petición de numerosos centros de enseñanza en horario lectivo. Una capacidad reconocida en la LOMCE para que los centros educativos, basados en su propia autonomía, decidan qué formaciones resultan adecuadas para impartir dentro del horario escolar. En este sentido, el kit también incluye un formulario de «PIN parental» para que los padres exijan conocer los contenidos impartidos por cada curso o taller establecido dentro del horario del centro y que sea impartido por personal externo, así como tener la capacidad de que sus hijos e hijas acudan o no a estas formaciones. En la inmensa mayoría de las comunidades autónomas esta exigencia no es válida, pero tras las presiones de Vox para investir un Gobierno autonómico, el Ejecutivo de la Región de Murcia se plegó ante la formación de ultraderecha e implantó la autorización obligatoria de los padres o tutores para que los alumnos puedan acudir a este tipo de actividades. De la misma forma, PP y Ciudadanos han pactado su implantación en Andalucía.

imageEl kit se completa con un extenso manual en el que HazteOír ridiculiza y ataca a la diversidad sexual, a las formaciones que imparten los cursos y a las personas que se sienten sensibilizadas con la causa. En uno de los folletos de la misma campaña, «Mis hijos, mi decisión: Protege a los niños del adoctrinamiento en ideología de género», la organización ultraconservadora llega a asegurar que «existen planes oficiales de adoctrinamiento en las aulas que contemplan iniciar a niños y niñas de 0 a 6 años en juegos eróticos». No es la primera vez que se utiliza esta técnica por parte de HazteOír, que en el logotipo que exhibe en su web se define como «víctima de la ideología de género». Ya en el año 2016 realizó otro envío masivo a centros docentes con material homófobo atacando los progresos de las leyes LGTBI en los parlamentos autonómicos. Acción que ya le costó a la plataforma ultra denuncias y aperturas de diversos expedientes.

Un envío de material que busca apartar al alumnado general del conocimiento y respeto a la diversidad sexual y de género, y que además tendrá consecuencias directas sobre el alumnado LGTBI, al que hará más difícil encontrar el apoyo que necesita en unas etapas de su vida en las que este hecho diferencial les puede llevar a la soledad, a ser víctimas de acoso por sus compañeros y, en múltiples ocasiones, a pensar en el suicidio.

Ante este hecho, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.) interpuso a finales de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por difundir materiales que «incitan al odio» en centros escolares. La rama educativa del sindicato pidió a la Fiscalía que impidiese su reparto a los centros escolares.

Llega dos meses después a Galicia

Lamentablemente, la medida adoptada por CC. OO. no impidió que dos meses después el material de HazteOír llegase a la comunidad educativa gallega. Desde el colectivo de Vigo Nós Mesmas han denunciado la llegada «masiva» de este material a todos los centros en los que trabaja la Rede Educativa de Apoyo LGTBIQ+. Nós Mesmas está a la espera de un rechazo público de la Xunta de Galicia y la Consellería de Educación a este material, claramente contrario a la legislación vigente gallega como la Estrategia de Igualdad entre hombres y mujeres vigente hasta 2020 o el Protocolo de Atención a Menores Trans de 2017.

Por eso, Nós Mesmas ha pedido a la Xunta una condena pública más allá del apoyo en privado y una guía de actuación para todos los centros y Ampas que reciban la documentación de HazteOir.

Educación al gusto de la ultraderecha

«Es como si unos padres que creyeran en el creacionismo pidieran el ‘PIN parental’ cuando se va a explicar a Darwin en Ciencias Naturales, o que los que creen que la Tierra es plana pudieran disculpar la ausencia de sus hijos a clase de Geografía», expuso el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC. OO., Francisco García, al interponer la denuncia. La responsable del gabinete jurídico de este organismo, Carmen Perona, también destacó que la recepción de este material ha provocado «tensión» y «miedo» entre algunos directores y directoras de centros y responsables de Ampas.

En cualquiero caso, el éxito de los ultraconservadores, tanto en su vertiente de organización social (HazteOír) como en su vertiente política (Vox), es haber situado en el debate su idea de «PIN parental», contrario a una ley educativa vigente, la LOMCE, en sus apartados de autonomía de los centros educativos, de atención a la diversidad y educación en valores. Un elemento que por el momento solo parece instaurado en la Región de Murcia (y próximamente en Andalucía), pero tras este movimiento de los ultras parece que será el caballo de batalla en todos los territorios de España donde tengan presencia o puedan condicionar un Gobierno.

Desde diversos colectivos LGTBI se critica que, si finalmente los postulados de los ultraconservadores se imponen, solo acudirán a las charlas de diversidad los alumnos pertenecientes a la comunidad LGTBI y los que ya estén concienciados, dejando fuera a los que necesitan aprender que la diversidad sexual y de género es un aspecto que enriquece a nuestra sociedad y que en ningún aspecto debe considerarse como algo negativo. Otra manera de perpetuar la homofobia, bifobia y transfobia en nuestra sociedad, lanzándoles a las personas LGTBIfobas el mensaje de que su odio está justificado y es aceptable.

Fuente Dosmanzanas

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El activismo de la India se moviliza contra la ley trans aprobada por el Parlamento por ignorar sus reivindicaciones

Lunes, 9 de diciembre de 2019

Stop_Ley_TransLa comunidad LGTBI de la India ha iniciado una movilización para impedir que entre en vigor un proyecto de ley de protección de las personas transgénero aprobado por el Parlamento. Los activistas critican que el texto ignora sus principales reivindicaciones. La norma contempla penas sustancialmente menores para los crímenes cometidos contra una persona trans en comparación con las previstas cuando la víctima es cisgénero, y podría facilitar la violencia contra las personas trans en el seno de sus familias, que es la que sufre con más frecuencia el colectivo. La Corte Suprema de la India ordenó el reconocimiento legal de un tercer sexo en 2014.

El histórico fallo del alto tribunal indio en 2014 reconoció por primera vez el derecho a la autodeterminación de género sin necesidad de que medie una operación de reasignación. Su traslación a la legislación ordinaria, sin embargo, ha sido lenta y decepcionante. En ese mismo año, el legislador Tiruchi Siva introdujo el primer proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia en el Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento indio, cuyos miembros le dieron su respaldo. Sin embargo, su tramitación entró en vía muerta después de que el Gobierno del primer ministro Narendra Modi presentara en 2016 su propio texto ante la cámara baja o Lok Sabha, donde dispone de mayoría absoluta.

La propuesta del Gobierno suponía un retroceso drástico con respecto a las medidas previstas en el texto original de Siva. El Lok Sabha dio su visto bueno al proyecto de ley en diciembre de 2018, ignorando las recomendaciones aportadas por el comité permanente de la cámara y por la propia comunidad LGTBI. Sin embargo, su tramitación no se completó y la iniciativa expiró con la celebración de las elecciones generales de 2019. En agosto de este año, el Lok Sabha aprobaba una nueva versión del proyecto que mantenía su esencia, aunque suprimía alguno de los aspectos más lesivos como la prohibición de mendigar a las personas trans. La semana pasada, la norma superó su siguiente trámite con su aprobación en el Rajya Sabha.

La comunidad trans se ha movilizado desde entonces para impedir que el texto entre en vigor, lo que sucederá cuando lo firme el presidente de la India. Denuncian que en el proyecto «abunda la retórica y escasea el compromiso real por la justicia» y reclaman una ley integral que tenga en cuenta sus reivindicaciones. En particular, señalan la discriminación palmaria que supone el establecimiento de penas de entre seis meses y dos años de prisión para los delitos de violencia sexual contra una persona trans, frente a los siete años que contempla el código penal para los mismos crímenes cometidos contra una persona cis.

El activismo señala otros dos asuntos críticos del proyecto de ley. El primero, que no reconoce el principio de autodeterminación de género, porque mantiene el requisito de una operación genital para poder registrarse bajo un sexo legal diferente al asignado al nacer. Además, la decisión de otorgar la condición de transgénero dependerá de un juez y no se aclara si el Estado financiará los tratamientos de reasignación. El segundo punto, especialmente preocupante, es el artículo que prevé que las personas trans vivan con sus familias o en «centros de rehabilitación». La comunidad trans recuerda que la violencia en el seno de las familias es que con más frecuencia sufre el colectivo. Esperemos que su movilización sirva para lograr una ley que cumpla con sus necesidades.

Fuente Dosmanzanas

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Brutal agresión a dos mujeres transexuales en Valencia con cadenas con candados e intento de atropello

Jueves, 5 de diciembre de 2019

TransfobiaaLa Policía Local detiene por odio a dos jóvenes por acorralar, amenazar y perseguir a dos mujeres trans con una cadena metálica de un metro de longitud y de intentar atropellar a un hombre que las defendió.

Dos mujeres transexuales han sido víctimas de un ataque tránsfobo en Valencia cuando dos hombres las amenazaron de muerte con cadenas atadas a candados. Además, los agresores intentaron embestir con su coche a una joven que intentó defenderlas.

Un terrible episodio de transfobia ha tenido lugar en Valencia cuando dos mujeres transexuales se encontraban en una marquesina de autobús cerca del Hospital de la Fe el pasado 23 de noviembre.

En ese momento, dos jóvenes de 19 y 23 años que pasaban por el lugar en coche, se pararon para increparlas, amenazarlas e insultarles insultos como “¡Maricón! ¡Travelo de mierda, que tienes polla!, tal como recoge el portal Levante-emv.

Una joven que estaba presenciando los hechos intentó defender a las dos mujeres pero los agresores intentaron embestirla con su vehículo. Después de esto, las mujeres huyeron del lugar atemorizadas y se adentraron en un parque cercano para perder de vista a los dos hombres.

Los presuntos acosadores aparcaron el coche para perseguirlas dentro del parque y fue cuando consiguieron acorralarlas y amenazarlas con unas cadenas que tenían tres candados de grandes dimensiones atados mientras gritaban “vamos a matarlas”, “Hay que matar a la gente como vosotros, ¿no os da vergüenza por vuestra familia?” .

Las víctimas consiguieron huir del lugar subiéndose a su coche aunque continuaban siendo perseguidas por los agresores. Afortunadamente, cuando estaban buscando ayuda encontraron una patrulla de la Policía Local, que detuvo a los agresores por un delito de odio cuando intentaban huir hacia el río por la calle Ricardo Micó.

Además, los agentes cuentan con el testimonio del joven que intentó defenderlas y que, para entonces, ya había llamado al 112 pidiendo ayuda y denunciando el intento de atropello.

Estado de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana

observatorio-valenciano-contra-lgtbifobia-300x161El mes pasado, cuatro jóvenes fueron detenidos como responsables de una agresión de carácter homófobo ocurrida en la madrugada del 8 de septiembre en Valencia. Los detenidos dedicaron a la víctima insultos como «maricón de mierda» y le golpearon, provocándole fractura del tabique nasal. 

A lo largo del pasado año 2018, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia registró 91 incidentes y delitos de odio contra personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género, desde agresiones leves, insultos, amenazas, acoso y hostigamiento hasta lesiones graves y discapacitantes.

El perfil del agresor sigue siendo un adulto varón de entre 25 y 40 años, mientras que la mayoría de las víctimas oscilan entre edades que van desde los 18 a los 30 años. La evolución más notable se produjo en la provincia de Castellón, donde los incidentes registrados pasaron de 8 en 2017 a 21 en 2018.

La última de las agresiones por LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana de las que nos hemos hecho eco ocurrió pasado noviembre cuando fueron denunciadas dos graves agresiones homófobas en el plazo de pocos días en Valencia. En agosto, cuando un joven italiano fue también agredido a la salida de una conocida discoteca de ambiente gay de Valencia. Un par de semanas antes recogíamos la salvaje agresión sufrida por una mujer trans en Alicante.

Fuente Levante-emv

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Encuentran muerto al activista LGTBI Charlot Jeudy, presidente de la organización haitiana Kouraj

Lunes, 2 de diciembre de 2019

CE1A940B-C852-4830-9435-225878F4BC71El activista LGTBI Charlot Jeudy fue encontrado sin vida el pasado lunes en su domicilio de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Jeudy, de 46 años, era una de las caras más visibles del activismo en el país caribeño, que ejercía desde la presidencia de la asociación Kouraj. Aunque en un principio se especuló con un posible envenenamiento, las causas del fallecimiento aún no han sido aclaradas. Las difíciles condiciones de vida de la comunidad, resultado de la LGTBfobia social que impera en Haití, hacen temer lo peor.

El cuerpo sin vida de Jeudy fue encontrado en su domicilio de Puerto Príncipe el pasado lunes, según han revelado su compañera de la asociación Kouraj Geraldine Clair Museau. Las causas del fallecimiento se desconocen, si bien en un primer momento se especuló con que pudiera haber sido envenenado. La policía no ha revelado por el momento los resultados de sus pesquisas.

Jeudy, de 46 años, era uno de los activistas LGTBI más visibles de Haití. Al frente de la asociación Kouraj luchó contra la discriminación de la comunidad en el país caribeño y  en 2016 organizó un festival para reivindicar la cultura LGTB afrocaribeña, cuya celebración fue suspendida por las amenazas de grupos violentos. «Enfrentados a una estigmatización tan permanente y brutal, violencia e insultos, muchos de nosotros, si no la totalidad, hemos perdido la esperanza de que se respete nuestra dignidad. Eso es por lo que quiero luchar», fue uno de los mensajes que Jeudy transmitió desde la organización.

Aunque las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo nunca han estado prohibidas en Haití, el país sufre desde hace unos años un recrudecimiento de la represión social y legal contra la población LGTBI. Todo comenzó con una manifestación promovida por grupos religiosos contra el matrimonio entre personas del mismo sexo que tuvo lugar el 19 de julio de 2013 y que, según medios locales, concluyó con el asesinato de dos hombres identificados como homosexuales.

Unos meses después ocurrieron violentos ataques que se saldaron con numerosos heridos y en agosto se produjo el ataque a una ceremonia privada de compromiso entre un ciudadano británico y su novio haitiano por parte de una multitud de decenas de personas, armadas con piedras y cócteles molotov. En esta ocasión, las fuerzas del orden intervinieron a tiempo de impedir que alguno de los participantes en la ceremonia fuera asesinado a manos de la horda homófoba, aunque se produjeron graves daños materiales. En noviembre de 2013, la sede de la asociación Kouraj fue asaltada por individuos armados con machetes y pistolas.

En agosto de 2017, el Senado de Haití aprobaba la prohibición del matrimonio igualitario y la «propaganda homosexual», una auténtica mordaza para el trabajo de las asociaciones LGTB, que reaccionaron con preocupación ante la perspectiva de que las medidas represoras vinieran a añadir más gasolina a la violencia contra los miembros del colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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Suecia y Dinamarca: desciende el número de suicidios en el colectivo LGTB tras la aprobación del matrimonio igualitario

Jueves, 28 de noviembre de 2019

matrimonio_gayLa introducción del matrimonio igualitario en Suecia y Dinamarca se acompañó de una caída de los suicidios en personas de orientación homosexual, según recoge un estudio publicado en la revista Journal of Epidemiology & Community Health. Los autores del estudio consideran probable que la reducción del estigma asociado a la condición de gay o lesbiana que supuso la aprobación del matrimonio igualitario, entre otras medidas, esté en la base de dicha reducción.

Siempre hemos sabido que la ley del matrimonio gay o inclusivo, que se aprobó en España en 2005, tenía consecuencias más allá de la simple posibilidad legal de casarse. En España hemos visto como la aceptación a las personas LGBT iba en aumento gracias a la normalización que nos aportó esta ley, y en Suecia y Dinamarca están midiendo los efectos que tiene al ley del matrimonio en el ratio de suicidios de las personas LGBT. Los científicos saben desde hace tiempo, que las personas casadas, sin tener en cuenta su orientación sexual, tienen menos posibilidades de suicidarse que las personas solteras. En el caso de los heterosexuales, el descenso de suicidios entre solteros y casados es del 28%.

El estudio analiza la evolución de la conducta suicida en dos periodos: el comprendido entre 1989 y 2002 y el comprendido entre 2003 y 2016. El número de suicidios cayó tanto en personas que vivían una relación heterosexual como entre las que vivían una relación homosexual, pero la reducción fue significativamente mayor en estas últimas (46% frente a 28%). Para más detalles, puedes acceder a la totalidad del estudio aquí. Cabe señalar que tanto en Suecia como en Dinamarca hay datos fiables sobre el número de suicidios, algo que lamentablemente no sucede en otros países.

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Estocolmo y del Centro para la Prevención del Suicidio de Dinamarca ha analizado el número relativo de suicidios entre 1989 y 2002 y entre 2003 y 2016 dando como resultado que los suicidios entre personas LGTB cayeron un 42% entre los dos periodos, frente al 28% de bajada en grupos heterosexuales.

Para el estudio del ratio de suicidios entre personas del mismo sexo en Suecia y Dinamarca, siguieron 28.000 parejas del mismo sexo durante un promedio de 11 años. Para empezar dividieron los datos entre 1989 y 2002, y las personas que se casaron entre 2003 y 2016. El resultado fue apabullante, hubo un descenso de nada más y nada menos que del 46% en los suicidios entre los que se casaron en el segundo periodo.

Las fechas no son arbitrarias. Pese a su tardía incorporación al club de los países donde el matrimonio igualitario era legal (2012), Dinamarca aprobó la primera ley que dotaba de cierto amparo legal a las parejas LGBT en 1989. Por su parte, en 2003, Suecia extendió la normativa de parejas de hecho al colectivo LGTB, aunque la Ley de matrimonio llegó en 2009. Tan solo tuvieron que pasar treinta años para que los gobiernos ampliaran la base de derechos LGBT.

A corto plazo, esto tiene consecuencias en la forma en la que el colectivo LGBT se observa a sí mismo, y por tanto en su salud mental. La tasa de suicidios entre personas homosexuales o trans es mucho mayor a la de heterosexuales y cisgénero. Si a esto sumamos el efecto «salvador» del matrimonio, ya que los solteros se suicidan mucho más, el resultado, en Suecia y Dinamarca, es muy simple: menos suicidios.

Obviamente, dadas la naturaleza de la investigación, resulta imposible asegurar que dicha reducción sea consecuencia directa de la aprobación del matrimonio igualitario, y el estudio se cuida muy mucho de afirmarlo así. Hay que tener en cuenta, además, que la evolución del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en esos países no ha sido un «todo o nada». Ambos fueron pioneros en el reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (Dinamarca en 1989 y Suecia en 1995). Por lo que se refiere al matrimonio igualitario propiamente dicho, Suecia lo aprobó en 2009 y Dinamarca en 2012. En ambos países, además, es posible el matrimonio religioso entre personas del mismo sexo en el seno de sus respectivas iglesias luteranas.

El estudio advierte, de cualquier modo, que queda trabajo por hacer. La tasa de suicidios dentro de los matrimonios homosexuales sigue superando con mucho a la de las parejas heterosexuales. Un estudio del 2018 basado en 35 investigaciones de diez países diferentes observó que los jóvenes LGTB trataban de suicidarse tres veces más que sus iguales heterosexuales. Ante este problema la solución parece bastante sencilla: educar y legislar.

Sin embargo, la autora principal del estudio, la profesora Annette Erlangsen, del Instituto Danés de Investigación para la Prevención del Suicidio, se muestra convencida en declaraciones a la prensa de que ha tenido mucho que ver. «La legalización del matrimonio igualitario y otras medidas legislativas de apoyo reducen el estigma asociado a las minorías sexuales», argumenta. Algo que por otra parte está en línea con lo que han mostrado otros estudios similares, como el publicado en la revista JAMA Pediatrics en abril de 2017 (ver aquí) que mostraba una reducción en la tasa de suicidios en adolescentes LGTB estadounidenses que vivían en estados que permitían el matrimonio igualitario comparados con los que lo prohibían (los datos correspondían al intervalo entre 1999 y 2015, año en que el matrimonio igualitario se hizo extensivo a todo el país por sentencia de su Tribunal Supremo).

Cabe señalar, en cualquier caso, que las tasas de suicidio siguen siendo más elevadas en personas que inician una relación de pareja homosexual que entre las que inician una relación heterosexual, algo que también está en línea con lo recogido en otros estudios y que es fiel reflejo de la discriminación que todavía viven las personas de orientación homo o bisexual.

No es la primera vez que se hace un estudio de este tipo. En 2017 la Universidad de Hardvard hizo un estudio sobre los suicidios de personas LGBT en la adolescencia y concluyeron que había un 14% menos de suicidios en los estados que tenían una ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De todos modos el estigma sigue ahí. Aunque se haya mejorado mucho en los últimos años, el estudio de daneses y suecos también concluye que las personas en matrimonios con personas del mismo sexo son 2,3 veces más proclives a suicidarse que los heterosexuales. Esto nos da una información muy clara: todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir la plena igualdad, aunque en los últimos años hemos dado pasos de gigante en lo que a nuestros derechos y bienestar psicológico se refiere.

Fuente  Queerty, vía Oveja Rosa/AmbienteG/Dosmanzanas

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La Rioja: PSOE, Podemos e IU impulsan de nuevo la proposición de ley integral trans tras el fracaso de la anterior legislatura

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

wikiproyecto_la_riojaLos grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraron el pasado miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la proposición de ley integral trans que el Parlamento de La Rioja fue incapaz de aprobar durante la pasada legislatura. La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no dispone de un marco regulatorio propio que proteja a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico. El hecho de que por primera vez en 25 años la izquierda disponga de mayoría en el parlamento regional debería garantizar su aprobación, después de que el obstruccionismo del PP (con la calculada complicidad de Ciudadanos) lo impidiese la pasada legislatura.

Tanto el portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Raúl Díaz, como el coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU) en La Rioja, Álvaro Villar, mostraron su disposición a que la proposición sea aprobada sin más demora que la obligada por el trámite parlamentario. Díaz adelantó que tras su registro, el Gobierno de La Rioja debe manifestar su criterio sobre la proposición (a favor o en contra) y después celebrarse en el pleno el debate de admisión a trámite. Después comenzará la discusión en comisión o en ponencia para volver finalmente al pleno y ser aprobada. Pasos todos ellos que la proposición debería superar sin problema: el Gobierno de La Rioja está formado por una coalición entre PSOE y Podemos y las tres formaciones de izquierda disponen juntas de mayoría absoluta en el parlamento regional.

La previsible aprobación de la ley integral trans pondrá punto final a un vergonzoso periodo de vaivenes políticos. Hay que recordar que esta misma proposición, que había sido consensuada con los principales colectivos LGTBI de La Rioja, ya fue presentada hace dos años por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que entonces ya contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado (los populares habían perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja en 2015, aunque siguieron gobernando gracias al apoyo de los naranjas). Una mayoría que finalmente no pudo materializarse antes del final de la legislatura debido a las maniobras dilatorias del PP, que contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja como instituciones quedan en muy mal lugar cuando se airean las incompetencias, la lentitud y el juego sucio. El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo», se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

Confiemos que en en esta ocasión, una vez que PP y Ciudadanos han perdido la capacidad de ejercer en La Rioja el filibusterismo parlamentario, la proposición sea aprobada. En este sentido, conviene recordar que a la espera de que se actualice el anacrónico marco legislativo estatal, ni La Rioja, ni Asturias, ni Cantabria ni ambas Castillas cuentan con leyes que otorguen protección a las personas trans, ya sea en forma de ley específica (como ha sucedido en NavarraPaís Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid o la Comunidad Valenciana) o en el marco de leyes generales de igualdad LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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El PSOE pide «consenso» para aprobar la ley Lgtbi ante la «amenaza» de la extrema derecha, y HazteOir dice que hará “todo lo posible” para “frenar” la ley LGTBI de Cantabria

Martes, 26 de noviembre de 2019

imag2.phpLo publicamos con sus propias palabras porque, son tan nauseabundas, que hace falta conocerlos a fondo…

El PSOE pide «consenso» para aprobar la ley Lgtbi ante la «amenaza» de la extrema derecha

La ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos

El PSOE de Cantabria ha pedido «consenso» a los grupos parlamentarios para aprobar la Ley Lgtbi y ha hecho un llamamiento para defender los derechos de este colectivo ante la «amenaza» del auge de la extrema derecha y su «histórico desprecio» hacia él.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario socialista, Noelia Cobo, después de que el Ejecutivo cántabro aprobara en el Consejo de Gobierno de la semana pasada remitir al Parlamento de Cantabria el proyecto de Ley Lgtbi para reiniciar su tramitación, «frustrada en la anterior legislatura».

Cobo ha pedido el apoyo de las fuerzas políticas que «de verdad crean en la diversidad y en los derechos de todos», en un momento en el que, a su juicio, «tiende a imponerse en la derecha española el discurso radical de formaciones políticas como Vox», con «ideas excluyentes» en torno al colectivo Lgtbi.

Por ello, ha dicho que la sociedad espera políticas que «amparen y den cobertura legal ante quienes pretendan sembrar odio y discriminación», y ha considerado que la ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos, que «se oponían a que este colectivo tuviese los mismos derechos» que el resto de ciudadanos mientras a la vez acudían a manifestarse el día del Orgullo Gay, ha dicho.

Tal y como ha recordado, la pasada legislatura se admitieron a trámite 23 comparecencias a la ley Lgtbi con los votos del PP, Ciudadanos y PRC, «alargando los plazos de tramitación y dejándola sin tiempo efectivo para su aprobación».

No obstante, Cobo ha destacado que los socialistas prometieron volver a llevarla al Parlamento y que es la primera ley autonómica que impulsan desde el Ejecutivo, «apenas» superados los 100 días de gobierno. «Los socialistas cumplimos y ahora les toca a otros demostrar qué Cantabria es una tierra de derechos y no de derechas», ha insistido.

En cuanto a la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género’, conocida como Ley ‘Lgtbi’, ha avanzado que promocionará el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación, dará amparo a las víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual y recoge sanciones para quienes pretendan «enarbolar el odio» hacia el colectivo.

Entre otras cuestiones, reconoce el derecho de los menores Lgtbi a su propia identidad de género y orientación sexual dentro del proceso de formación de su personalidad, garantizando por parte de la administración la educación inclusiva y el apoyo sanitario en todo el proceso vital.

En el caso de las personas ‘trans’, el marco normativo facilitará el proceso de la progresiva adaptación de la persona, siendo «urgente», además, promover su integración laboral y garantizar protocolos y tratamientos adecuados en la sanidad pública, así como que se respete su identidad en las competiciones deportivas.

Además, la ley prohibiría las llamadas terapias de aversión -que pretenden modificar la identidad y el comportamiento de las personas Lgtbi- y en los colegios obligaría a respetar el nombre que elija cada alumno transexual o sus tutores legales y su indumentaria e imagen física.

Por último, los socialistas reivindican que las administraciones públicas de Cantabria garanticen la libre determinación del género de cada persona como un derecho fundamental.

 Y ante esto, la asociación HazteOir.org ha señalado que va a “hacer todo lo posible”, suponemos  que de la mano de su hermano gemelo VOX, para “frenar” la Ley LGTBI de Cantabria porque, en su opinión, “discrimina a los ciudadanos en función de sus preferencias …

“La asociación HazteOir.org va a trabajar duro para lograr que la ley LGTBI mordaza de Cantabria no salga adelante. El intento de aprobar esa norma liberticida en la legislatura anterior fracasó porque la mayoría de los cántabros la rechazan”, ha dicho la portavoz de esta entidad, Teresa García-Noblejas.

Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la portavoz socialista en el Parlamento regional, Noelia Cobo, haya pedido hoy “consenso” a los partidos políticos para aprobar esta ley y defender los derechos de este colectivo, y frente a los que HazteOir ha recordado que esa ley LGTBI “fracasó” en la pasada legislatura porque “la mayoría de los cántabros la rechazan”.

“Los partidos cántabros tendrán ahora ocasión de retratarse y decir públicamente si quieren o no discriminar a los ciudadanos en función de sus preferencias sexuales, si eligen o no otorgar privilegios a determinadas personas sólo porque se acuestan con personas de su mismo sexo o si, por el contrario, prefieren seguir defendiendo la igualdad de todos los cántabros independientemente de sus circunstancias, características y deseos”, ha señalado la portavoz de la asociación.

García-Noblejas ha señalado que desde HazteOir “respetamos los derechos de todas las personas pero no hace falta legislar para defender supuestos derechos de cada minoría”. “Las leyes LGTBI aprobadas en otras comunidades autónomas están vulnerando las libertades de todos”, ha opinado.

Y como ejemplo de su consideración, ha dicho que “esas normas mordaza obligan a los centros educativos y a los profesores a dejar entrar en las aulas a activistas e ideólogos de género que hablan a los niños de cómo obtener placer erótico y proporcionárselo a otros”, como en La Rioja con las charlas del SERISE (Servicio Riojano de Sexología) o el Programa SKOLAE en Navarra.

“Y todo ello sin conocimiento ni autorización de los padres, lo cual vulnera la Constitución Española y los tratados internacionales suscritos por España”, ha dicho la portavoz de HazteOir.org, para quien, con esas leyes, “los profesionales de la Sanidad, los padres, los medios de comunicación, los docentes y en general todos los ciudadanos ven amenazadas sus libertades”.

Algo que, en su opinión, sucede también con los niños “a los que se invita a cuestionar su identidad sexual y dejando aparte los cientos de miles de euros con los que se beneficia a asociaciones y grupúsculos varios para difundir la ideología de género”, ha criticado la portavoz de la asociación.

“Hasta ahora los políticos han impulsado a escondidas estas leyes en los parlamentos regionales y se han salido con la suya, pero eso ya se ha acabado. En Castilla y León más de 22.700 ciudadanos están contribuyendo a paralizar una norma que todos perciben como mordaza y pocos se atreven a decirlo y en Cantabria la gente va a reaccionar y los políticos tendrán que guardar la ley en un cajón”, ha concluido.

Fuente Agencias

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