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Presentado en el Congreso y Senado de los Estados Unidos un proyecto de ley contra la discriminación de las personas LGTB

Sábado, 23 de marzo de 2019

Manifestacion_gay_proximidades_Capitolio_2009Ampliamos la noticia que publicábamos el pasado 16 de marzo. El Partido Demócrata estadounidense presentó de nuevo el pasado miércoles en el Congreso y el Senado un proyecto de Ley de Igualdad que reformaría la vigente Ley de Derechos Civiles, con el objetivo de impedir a nivel federal la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en ámbitos como el trabajo, la vivienda, la educación, subvenciones del Estado o servicios y establecimientos públicos. La mayor dificultad será su aprobación por el Senado, de mayoría republicana, a pesar de que una reciente encuesta revela que la mayor parte de la población estadounidense se opone a este tipo de discriminación en todos los estados que conforman los Estados Unidos, entre los ciudadanos de todas las edades, etnias, ideologías políticas o creencias religiosas. Además, una ley de este tipo también cuenta con el apoyo de las grandes corporaciones empresariales.

Se trata de la segunda ocasión en que se intenta introducir este proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos Civiles, vigente desde 1964, que fue presentado por primera vez en 2015, sin éxito, debido al rechazo de la mayoría republicana.

Actualmente, la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen nacional y religión en el derecho al voto, el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los establecimientos y servicios públicos. El presente proyecto de ley, versión del presentado infructuosamente en 1974, pretende añadir a estas categorías protegidas la orientación sexual y la identidad de género.

Tan solo veinte de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos cuentan con leyes o normativas que impidan, en mayor o menor medida, la discriminación de las personas LGTB. El proyecto de ley quiere que esa protección sea de ámbito federal. Como señalaba el congresista David Cicilline, abiertamente LGTB y ponente del proyecto de ley, «en la mayoría de los estados de este país, una pareja gay puede casarse el sábado, publicar sus fotos de boda en Instagram el domingo y perder sus empleos o ser expulsados de sus apartamentos el lunes solo por ser quienes son».

Según destaca la organización de defensa de derechos civiles ACLU, el proyecto de ley, además «aclara que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa no puede usarse en contextos de derechos civiles, prohibiendo que la libertad religiosa, que es un valor estadounidense fundamental, sea utilizada como una licencia para discriminar».

Si bien no parece que haya problemas para que el proyecto de ley sea aprobado en el Congreso, dada la mayoría demócrata que ostenta en la actualidad, la principal dificultad la encontrará en el Senado. Se necesitaría que, además del voto favorable de todos los senadores demócratas e independientes, se sumaran los de al menos cuatro senadores republicanos. Las posibilidades de aprobación parecen pues escasas, ni nadie cree que vaya a obtener el apoyo presidencial. Aunque, como curiosidad, en unas declaraciones efectuadas en el año 2000 a la revista The Advocate, Donald Trump afirmaba que le gustaba «la idea de enmendar la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. Sería simple. Sería sencillo. Una enmienda a la Ley de Derechos Civiles otorgaría la misma protección a los homosexuales que a lo demás estadounidenses, es lo justo»

La nueva normativa propuesta cuenta, sin embargo, con el apoyo de más de 160 de las mayores compañías y corporaciones empresariales estadounidenses, muchas de las cuales ya cuentan con políticas antidiscriminatorias de ámbito interno.

La mayoría de la población a favor de la no discriminación de las personas LGTBI

Pero el dato más positivo es el que ha revelado una reciente encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI), según la cual un 69 % de los ciudadanos estadounidenses se mostraría favorables a una ley contra la discriminación de las personas LGTB, mientras que tan solo se opondría el 24 %. Esta mayoría se alcanza en todas las edades y entre quienes profesan las distintas ideologías o creencias religiosas. Si bien el apoyo es mayor entre los ciudadanos de menor edad, los demócratas o quienes profesan religiones como el judaísmo o el budismo, también es mayoritario entre los mayores de 65 años, los republicanos (incluso los más conservadores) o quienes se declaran mormones, musulmanes o testigos de Jehová. Así se comprueba en la siguiente tabla.

Encuestas-leyes-proteccion-LGTB-Estados-Unidos

También se extiende a cada uno de los cincuenta estados. El apoyo es mayor en los estados que componen Nueva Inglaterra o la Costa Oeste, pero también hay un fuerte respaldo en muchos de los estados del Medio Oeste. Es menor en los estados del Sur, pero aun así en todos ellos la mayor parte de la población se declara a favor de las leyes antidiscriminatorias. Se puede comprobar en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

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Fuente Dosmanzanas

 

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El Senado de Dakota del Sur rechaza el proyecto de ley que prohibía hablar de identidad de género en las escuelas

Jueves, 28 de febrero de 2019

F38430EE-381F-4285-A0F4-B8CC82D30A3FUna comisión del Senado de Dakota del Sur ha rechazado un proyecto de ley que limitaba gravemente la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género. El texto había sido aprobado por la Cámara de Representantes hace unos días y perseguía la prohibición de la enseñanza de la «disforia de género» al alumnado de educación infantil y primaria hasta el séptimo curso. A pesar de la derrota de la iniciativa, otra propuesta de carácter tránsfobo está pendiente de tramitación. Su objetivo, obligar a los alumnos trans a participar en las competiciones deportivas con el sexo que les fue asignado al nacer.

El pasado día 12, la Cámara de Representantes aprobaba, por 39 votos a favor frente a 30 en contra, el proyecto de ley 1108 para prohibir la enseñanza sobre «disforia de género» en las escuelas públicas al alumnado de educación infantil y primaria hasta el grado séptimo. Un grupo de senadores y representantes republicanos introdujo la propuesta en enero, justificándola con argumentos tránsfobos sobre la «protección» de los alumnos frente a las «influencias de otros niños que están sufriendo diferentes trastornos», en referencia a los menores trans.

Entre los que se opusieron al proyecto, la representante demócrata Kelly Sullivan señaló el carácter discriminatorio de este tipo de iniciativas e instó a «dejar de buscar una solución a un problema que no existe». Los activistas por los derechos civiles también se pronunciaron. Cathryn Oakley, de Human Rights Campaign, cree que la propuesta republicana solo contribuirá a «estigmatizar» a los menores trans y a transmitir la idea de que se puede enseñar a ser transgénero. Libby Skarin, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), hizo un llamamiento a acabar con «el miedo y la incomprensión hacia los jóvenes trans» en Dakota del Sur.

La implicación de todos ellos ha conseguido que la iniciativa acabe en vía muerta. El viernes pasado, una comisión del Senado rechazaba la admisión a trámite del proyecto de ley 1108, por siete votos a dos. Se trata de la tercera medida de carácter tránsfobo que tumba el legislativo en lo que va de año. En enero, una comisión del Senado rechazaba un proyecto para prohibir a los alumnos trans participar en equipos deportivos acordes con su identidad de género. Sin embargo, una medida similar, el proyecto de ley 1225, espera su tramitación en la Cámara de Representantes. Sus legisladores votaron hace tres semanas en contra de una propuesta para permitir a los padres rechazar tratamientos para sus hijos que sospechen que pueden «inducir, confirmar o promover» la percepción del menor de que su identidad de género es distinta del sexo que le fue asignado al nacer.

Aunque la persecución legal de las personas trans parece haberse acelerado en los últimos meses, no son estas las primeras medidas contra la comunidad en el estado del Medio Oeste. En 2016, ambas cámaras aprobaban una ley para obligar a los alumnos trans a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer, con independencia de su identidad de género. Por fortuna, el gobernador republicano Dennis Daugaard vetó la ley, sin que la legislatura consiguiera la mayoría necesaria para levantar el veto. Dakota del Sur se ha colocado a la vanguardia del movimiento reaccionario contra las personas trans, pero se calcula que actualmente son 78 las iniciativas LGTBfobas pendientes de tramitación en el conjunto de los Estados Unidos.

Fuente Dosmanzanas

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La Cámara de Representantes de Dakota del Sur aprueba una ley que prohíbe educar sobre identidad de género en las escuelas

Martes, 19 de febrero de 2019

F38430EE-381F-4285-A0F4-B8CC82D30A3FLa Cámara de Representantes de Dakota del Sur, controlada ampliamente por el Partido Republicano, ha aprobado un proyecto de ley que limita gravemente la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género. La ley 1108 prohíbe la enseñanza de la «disforia de género»al alumnado de educación infantil y primaria hasta el séptimo curso. El estado norteamericano, cuya política está dominada por los republicanos, intentó hace tres años obligar a sus estudiantes trans a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer. Los activistas avisan de la estigmatización de la comunidad trans que provocaría este nuevo proyecto de ley.

La mayoría republicana en las instituciones de Dakota del Sur vuelve a poner a la comunidad trans en su punto de mira. El pasado martes, la Cámara de Representantes aprobó, por 39 votos a favor frente a 30 en contra, el proyecto de ley 1108 para prohibir la enseñanza sobre «disforia de género» en las escuelas públicas al alumnado de educación infantil y primaria hasta el grado séptimo. El texto pasará ahora al Senado, donde continuará su tramitación.

Un grupo de senadores y representantes republicanos introdujo la propuesta en enero. Uno de ellos, el miembro de la Cámara Tom Pischke, justificó su apoyo a la norma en su propia ignorancia: «Tengo 36 años y todavía estoy confundido sobre lo que es la feminidad y la masculinidad, así que no sé por qué habría que explicarle eso a alguien en cuarto curso». Su compañero de filas Fred Deutsch instó a «proteger a nuestros niños que estamos enviando a la escuela pública de las influencias de otros niños que están sufriendo diferentes trastornos», en relación a los menores trans.

Entre los que se opusieron al proyecto, la representante demócrata Kelly Sullivan señaló el carácter discriminatorio de este tipo de iniciativas e instó a «dejar de buscar una solución a un problema que no existe». Los activistas por los derechos civiles también se han pronunciado. Cathryn Oakley, de Human Rights Campaign, cree que la propuesta republicana solo contribuirá a «estigmatizar» a los menores trans y a transmitir la idea de que se puede enseñar a ser transgénero. Libby Skarin, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), hizo un llamamiento a acabar con «el miedo y la incomprensión hacia los jóvenes trans» en Dakota del Sur.

Se trata de un deseo fundado, ya que el actual proyecto de ley no es la primera medida contra la comunidad en el estado. En 2016, ambas cámaras aprobaban una ley para obligar a los alumnos trans a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer, con independencia de su identidad de género. Por fortuna, el gobernador republicano Dennis Daugaard vetó la ley, sin que la legislatura consiguiera la mayoría necesaria para levantar el veto.

Solo en lo que llevamos de año se han presentado otras tres medidas que ponen a las personas trans en el punto de mira. En enero, una comisión del Senado rechazaba un proyecto para prohibir a los alumnos trans participar en equipos deportivos acordes con su identidad de género. Una medida similar espera su tramitación en la Cámara de Representantes, donde la semana pasada fue rechazada una propuesta para permitir a los padres rechazar tratamientos para sus hijos que sospechen que pueden «inducir, confirmar o promover» la percepción del menor de que su identidad de género es distinta del sexo que le fue asignado al nacer.

Fuente Dosmanzanas

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La candidatura de Brett Kavanaugh para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos provoca un fuerte rechazo en las asociaciones LGTB

Viernes, 20 de julio de 2018

brett-kavanaugh-trump-supreme-court-justice-nominationEl presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha designado su candidato a ocupar la plaza de juez del Tribunal Supremo que dejará vacante Anthony Kennedy el próximo 31 de julio. El elegido es Brett Kavanaugh, actualmente juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Es conocido por su talante conservador en asuntos como el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo o la restricción de los derechos civiles, si bien a lo largo de su carrera no ha tenido que decidir ningún asunto relevante sobre discriminación por orientación sexual o identidad de género. Aun así, su bagaje hace desconfiar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el activismo LGTBI, que han pedido a los senadores que no respalden su nombramiento.

Tras el comunicado del juez Anthony Kennedy en el que anunciaba su próxima jubilación del puesto que ocupa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump no se ha demorado en designar su candidato a ocupar la plaza en la persona de Brett Kavanaugh. De 53 años, Kavanaugh fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ha emitido conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano.

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.

La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, puesto que el próximo mes de noviembre se celebrarán decisivas elecciones que podrían devolver el control de la cámara alta a los demócratas (según estiman las encuestas), estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.

Reacción negativa entre el activismo LGTB

Su conservadurismo y su fama de apoyar sin ambages las medidas de quienes le hayan designado para el cargo han causado alarma entre el activismo LGTB y de defensa de los derechos civiles, que temen que los derechos conquistados al cabo de los años sean revertidos por la nueva configuración del Tribunal Supremo. Por ello, más de cien asociaciones y grupos de defensa de los derechos civiles han solicitado a los senadores que rechacen la elección de Kavanaugh.

Para Lambda Legal, Kavanaugh «garantizaría 40 años más de los valores de Trump en el Tribunal Supremo». La asociación legal afirma que «tenemos buenas razones para temer que el juez Kavanaugh abusará de su poder en el tribunal para proteger a los ricos y poderosos mientras priva a los estadounidenses LGBT de su dignidad, degradando a nuestra comunidad y disminuyendo nuestro estatus como ciudadanos iguales. Hay mucho en juego para permitirle al juez Kavanaugh sentarse en un tribunal que, a lo largo de su historia, ha decidido quién puede casarse, quién puede votar y quién es igual».

Desde ACLU (American Civil Liberties Union), se teme que «Kavanaugh sea el voto decisivo que Trump necesita en el Tribunal Supremo para concertar su campaña de socavamiento de las libertades y derechos civiles a largo plazo».

El National Center For Lesbian Rights estima que «no hay nada en la carrera del juez Brett Kavanaugh que indique que comprende el impacto de la discriminación en las personas LGBT en el mundo real o la importancia de interpretar las leyes de nuestra nación para permitirles participar con plenitud e igualdad en la sociedad».

Human Rights Campaign lanza una dura crítica a su designación, pues considera que «este candidato ha sido escogido por grupos anti-LGBTQ y contra el derecho a decidir de las mujeres, en un esfuerzo explícito por socavar la igualdad. La perspectiva de un juez como Kavanaugh amenaza con erosionar los derechos civiles de nuestro país, bloquear el derecho de los soldados transgénero de servir valientemente a esta nación y dar licencia para discriminar a las personas LGBTQ en todos los aspectos de la vida estadounidense».

También es dura la crítica de GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), desde donde se asegura que «si se confirma, Brett Kavanaugh tendrá la oportunidad de desarrollar en las próximas décadas el peligroso historial anti-LGBTQ del presidente Trump y el vicepresidente Pence y la agenda de los grupos anti-LGBTQ. Al igual que Neil Gorsuch antes que él, Kavanaugh es una elección ideológica diseñada para crear un Tribunal Supremo activista que socavará los derechos y protecciones para las mujeres, las personas LGBTQ, los inmigrantes y todas las personas vulnerables».

También temen en Transgender Law Center que «la elección de Trump para el Tribunal Supremo sea un conservador radical y divisivo cuyo nombramiento supondría una amenaza devastadora para los derechos y el bienestar de las personas transgénero en todo el país». La preocupación de la asociación es natural, puesto que quedan pendientes de resolver numerosos conflictos que afectan al colectivo el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género.

Apoyo de los grupos ultraconservadores

Desde las facciones más conservadoras, sin embargo, se ha acogido con entusiasmo la propuesta del presidente Trump. Grupos como Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network incluso han iniciado campañas de apoyo al candidato presidencial en las que han invertido casi un millón y medio de dólares.

Desde la National Organization for Marriage (NOM) se ha pedido también apoyo económico para respaldar la candidatura de Kavanaugh, pues confían en que sus posiciones conservadoras y su concepción de la Constitución sirvan a su propósito de revertir la sentencia del Tribunal Supremo que permitió el matrimonio igualitario.

Más curiosa ha sido la reacción de la fuertemente LGTBfoba American Family Association (AFA), que en un principio rechazó la elección de Kavanaugh por no creerle lo suficientemente conservador. Sin embargo, poco después, rectificó y ha ofrecido su respaldo, sobre todo porque no quiere «luchar contra el presidente Trump», además de confiar en las ideas del candidato sobre el derecho al aborto, ya que cuenta con el apoyo de muchas asociaciones opuestas al mismo.

Fuente Dosmanzanas

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La discriminación a parejas del mismo sexo que quieran adoptar podría ampliarse a nivel nacional en los EE.UU.

Miércoles, 18 de julio de 2018

680x540-noticias-la-camara-de-representantes-de-los-estados-unidosLa libertad religiosa permite a las agencias la discriminación de las parejas del mismo sexo que quieran adoptar en el estado de Michigan, estando Texas, Georgia, Alabama y Dakota del Sur preparando una ley similar, que podría ser nacional si prospera una enmienda presentada por un congresista de Alabama. 

El pasado miércoles, 11 de julio, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aprueba una enmienda presentada por un congresista republicano de Alabama, Robert Aderholt, que, de ser implementada, permitiría la discriminación de las parejas del mismo sexo por parte de las agencias de adopción amparándose en las creencias morales o religiosas a nivel nacional.

«La razón de esto es simplemente porque estas organizaciones, basadas en creencias religiosas, eligen no entregar menores a parejas del mismo sexo», explica en congresista en un comunicado, en el que aclara que con su enmienda busca prevenir a los gobiernos de los estados que no dispongan de leyes que protejan a las agencias con la libertad religiosa, tal y como ya sucede en Michigan, y podría suceder también en Texas, Alabama, Georgia y Dakota del Sur, donde actualmente se preparan leyes similares.

Según Marc Pocan, congresista abiertamente homosexual y representante demócrata por Winsconsin, las parejas del mismo sexo son «seis veces más propensas para la acogida» de menores, así como se postulan en un porcentaje cuatro veces superior para la adopción que las parejas de distinto sexo. También Nancy Pelosi, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, se ha opuesto a esta enmienda que califica de «desagradable, profundamente inmoral y ofensiva», asegurando en un comunicado que «los republicanos de la Cámara de Representantes escogen sacrificar el bienestar de los niños pequeños para impulsar una agenda intolerante y contra el colectivo LGBTQ».

Un juez del tribunal familiar de Kentucky, W. Mitchell Nance, veía truncada su intención de rechazar todos los casos de adopción relacionados con parejas del mismo sexo al considerar que el «mejor interés» de un menor nunca podría estar cubierto por «un homosexual practicante», tras una queja elevada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union), junto con otras organizaciones. Asimismo, ACLU también ha demandado al estado de Michigan ante el Tribunal del Distrito, un estado pionero en la discriminación por libertad religiosa de parejas del mismo sexo que quieren acoger o adoptar.

Fuente Universogay

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Gavin Grimm consigue una importantísima victoria de los derechos trans en un tribunal federal

Miércoles, 30 de mayo de 2018

gavin-grimm-victoria-legal-696x522Un juzgado federal da la razón a Gavin Grimm, un chico trans que denunció a su instituto por no permitirle usar los baños del género con el que se identifica.

El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó el caso porque, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, el gobierno cambió su política respecto a la ley que prohíbe la discriminación sexual en lugares públicos. 

Ya hace tiempo que publicamos la historia del joven trans Gavin Grimm.  Gavin es un chico trans de Gloucester, Virginia (EE.UU.) que en 2014 demandó a su distrito escolar porque le prohibieron utilizar el baño de chicos. Lo curioso del caso es que los problemas de Gavin empezaron cuando protestaron los padres de algunos alumnos al enterarse de que Gavin utilizaba el baño de chicos, porque entre los alumnos no hubo nunca ningún problema durante los dos meses que estuvo usándolo.

La denuncia de Gavin dio muchas vueltas, primero un juzgado dio la razón al distrito escolar pero luego un tribunal de apelaciones se la dio a Gavin. Y así el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que devolvió la demanda a un juzgado federal porque el nuevo presidente Donald Trump, anuló nada más llegar a la Casa Blanca la directriz de Obama que obligaba a los centros públicos (incluidos centros escolares) a permitir que las personas trans utilizaran el baño del género con el que se identifican.

Arenda-L-Wright-AllenAhora la jueza Arenda L. Wright-Allen, del Tribunal del Distrito Este de Virginia, ha sentenciado que Gavin tiene razón. Y punto.

Tras la decisión del Supremo de devolver el caso al tribunal federal el distrito escolar solicitó a la jueza Arenda L. Wright-Allen que desestimara el caso. Pero la jueza dijo que no. Wright-Allen analizó el caso y ha sentenciado que el centro y el distrito vulneraron el Título IX y la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución.

El meollo aquí está en el Título IX. El Título IX es una ley federal de 1972 que prohíbe la discriminación en base al sexo en edificios públicos, como por ejemplo los colegios e institutos que reciben financiación del estado. Durante su mandato Obama ordenó que la discriminación por identidad de género también se considerara discriminación sexual, pero Trump dio marcha atrás a esa orden en cuanto entró en el Despacho Oval.

Y ése es el motivo por el que la victoria de Gavin es tan importante: porque un juzgado federal ha sentenciado que la discriminación por identidad de género también es discriminación sexual y, por lo tanto, está prohibida por el Título IX. De ahí que la jueza Wright-Allen haya ordenado al equipo legal de Gavin (que está siendo asistido por la ACLU) y al distrito escolar a que se sienten para llegar a un acuerdo en 30 días. Aprovechó, además, para señalar el daño gratuito provocado por la junta escolar tanto por “la localización de los baños” como por “la estigmatización y la angustia física y mental infligida sobre el Sr. Grimm.

Siento un increíble alivio“, ha declarado Gavin a través de un comunicado publicado por la ACLU, “Tras luchar esta política desde que tengo 15 años, finalmente tengo una sentencia judicial que dice que lo que la Junta Escolar del Condado de Gloucester me hizo estaba mal e iba en contra de la ley. Estaba dispuesto a no rendirme porque no quiero que ningún otro estudiante tenga que sufrir la misma experiencia por la que tuve que pasar.

Tanto la ACLU como la Human Rights Campaign han celebrado la sentencia. Sarah Warbelow, directora legal de la HRC, ha declarado que “con la sucesión de ataques de la administración Trump-Pence a las personas LGTB+ en este país, incluyendo a los menores, nos alegra que otro juzgado federal haya reafirmado los derechos legales y la dignidad de las personas trans“.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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Starkville celebra su multitudinario Pride

Lunes, 2 de abril de 2018

pride-starkville-696x522Después de que algunos concejalas se negaran a celebrar un Pride y con una demanda judicial de por medio, Starkville celebra su Orgullo y es la manifestación más grande que ha visto jamás la ciudad.

Hace unas semanas contábamos la historia de Starkville, una ciudad de 25.000 habitantes en Mississippi que se había negado a celebrar un Orgullo LGTB+ sin motivo aparente.

Como una inmensa mayoría de la ciudad estaba a favor de que se celebrara el Orgullo, organizado por estudiantes de la ciudad como las universitarias Bailey McDaniel y Emily Turner, y en contra solo hablaron una señora homófoba y el párroco, el único motivo por el que se podía justificar la negativa de algunos concejales a celebrarlo era la LGTBfobia. Eso llevó a organizaciones como la Human Rights Campaign y la ACLU a avisar al ayuntamiento de que les iban a demandar por discriminación, demanda que se hizo real gracias a la ayuda de la prestigiosa abogada experta en derechos civiles Roberta A. Kaplan (que fue la responsable de tumbar la ley de defensa del matrimonio heterosexual); y con el nombre del pueblo dando la vuelta al mundo por todos los motivos equivocados la Junta de Concejales volvió a votar, uno cambió su voto y finalmente se dio visto bueno a la celebración del Orgullo.

Y no es que haya sido un éxito, es que ha sido un exitazo.

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Casi 3.000 personas (recuerda, la ciudad tiene 25.000 habitantes) inundaron las calles de Starkville para celebrar la diversidad en la manifestación más grande que la ciudad ha visto nunca.

Bailey McDaniel, una de las organizadoras, explicó al periódico local que esperaba que esa cantidad de gente fuera un indicador de lo que el Starkville Pride puede llegar a ser en el futuro: “Creo que genera una buena sensación sobre lo que este evento anual puede llegar a ser. Siento que Starkville es mucho mejor gracias a esto, y me siento muy honrada de haber sido capaz de ayudar a esta ciudad a progresar tanto como lo ha hecho.

Por su parte la alcaldesa de la ciudad, Lynn Spruill, que siempre se mostró a favor de celebrar el Orgullo, se ha mostrado sorprendida por el hecho de que hubiera tantísima gente y que muchos de los asistentes viajaran desde muy lejos para asistir: “Nunca esperé que viniera tanta gente. Esto nunca habría ocurrido si no hubiéramos tenido la controversia, así que casi estoy agradecida a esa controversia, en el sentido de que se ha convertido en algo más de lo que podría haber sido. Y se ha convertido en algo de lo que podemos estar muy orgullosos.

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A la manifestación, por cierto, no le faltó un grupo de adevenedizos que protestaban en contra de la misma. Un grupo de 10-15 personas pertenecientes a la organización anti-LGTB Consuming Fire Fellowship se plantaron en Starkville con pancartas y camisetas bíblicas que no les sirvieron para nada porque la policía de la ciudad se encargó de mantenerlos a raya para que no molestaran.

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Fuente | Starkville Daily News, vía estoyBailando

 

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Starkville (Mississippi) tendrá su Orgullo LGTB

Martes, 13 de marzo de 2018

starkville-pride-celebration-696x522La Junta de Concejales de Starkville, con una demanda judicial interpuesta por su LGTBfobia, vuelve a votar sobre la celebración de un Orgullo LGTB en la ciudad.

Hace unas semanas  contábamos que en un pueblo de Mississippi llamado Starkville la Junta de Concejales había votado en contra de celebrar este año una manifestación del Orgullo LGTB, a pesar de que todo el pueblo estaba a favor salvo el párroco evangelista y una señora mayor. Los comerciantes, los estudiantes, profesores universitarios, ¡hasta la alcaldesa! querían la manifestación.

Pero los concejales (hombres heteros) votaron que no. Y dado que el pueblo llevaba años sin rechazar propuestas similares y no dieron ningún motivo, se entendió que era un claro caso de LGTBfobia.

starkville-pride-comercioA la gente de Starkville parece que no les ha hecho mucha gracia que la negativa de esos concejales al Orgullo haya acabado siendo noticia internacional. Como tampoco parece que les haya gustado el hecho de que la abogada Robbie Kaplan, experta en luchar por los derechos LGTB+, presentara una demanda al pueblo acusándoles de estar quebrantando los derechos civiles de la población LGTB+ de Starkville.

Y por eso han vuelto a votar, y ahora ha ganado el sí.

Sandra Sistrunk, una de las concejalas del pueblo -que voto que sí en su momento-, pidió a la Junta que volvieran a votar el tema porque la atención de los medios se estaba convirtiendo en “un problema cada vez mayor para la ciudad“ y consideraba que ahora, sabiendo lo que pasa cuando discriminas a la gente, estaban “en una posición en la que podemos emitir un voto más medido y razonado“. Así que la Junta volvió a votar y esta vez hubo un empate: tres señores heterosexuales por un lado diciendo que no, dos señores y una señora (Sandra) diciendo que sí. El empate fue debido a que uno de los concejales que votó que no, David Little, decidió abstenerse porque aunque aseguró seguir estando en contra también creyó que los intereses de la ciudad pasaban por permitir el Orgullo.

¿Cómo se solucionó? Pues con el voto del desempate de la alcaldesa que, obviamente, voto que sí.

lynn-spruill-starkvilleLynn Spruill, la alcaldesa.

Robbie Kaplan, la abogada de las organizadores del Starkville Pride, ha publicado un comunicado en el que explica que esa victoria “no es solo una victoria para nuestras clientas y para la igualdad de su dignidad ante la ley, sino también para los principios que forman el núcleo de nuestro país; no restringimos la habilidad para hablar de una persona estemos o no de acuerdo con lo que tienen que decir“. La abogada aseguró, además, que está deseando asistir a la manifestación.

Desde la Human Rights Campaign, que ya avisaron de que iban a dar todo el apoyo a las organizadores si el caso llegaba a los tribunales, se han mostrado orgullosos de haber colaborado con las organizadores y con Kaplan y han dicho que también se mueren de ganas de ir a la manifestación.

Que será, exactamente, el fin de semana del 23-24 de marzo de este año.

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Fuente | The Dispatch, vía EstoyBailando

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El Starkville Pride demanda a la ciudad por no dejarles organizar un Orgullo LGTB+

Lunes, 5 de marzo de 2018

starkville-pride-1El Starkville Pride demanda a la ciudad de Starkville porque cuatro concejales se negaron a organizar una marcha del Orgullo LGTB+.

La abogada, Roberta A. Kaplan, defendió a Edith Windsor en la batalla contra la DOMA que acabó con la discriminación federal a parejas homosexuales. 

El otro día publicábamos que en la ciudad de Starkville, Mississippi, cuatro concejales habían tumbado la propuesta de celebrar este 2018 el primer Pride de la ciudad. La idea contaba con el apoyo de decenas de comerciantes, estudiantes, profesores de la Universidad, la alcaldesa (que se llevó un buen bochorno) y, obviamente, los miembros del Starkville Pride (liderados por dos universitarias) que esperaban poder salir a desfilar este verano.

A pesar de todo esos cuatro concejales se negaron, en un procedimiento bastante sospechoso (la ciudad llevaba años sin negar este tipo de permisos) que pilló a todo el pueblo (menos al cura y a una señora que no quería que la ciudad se convirtiera en la ciudad “del pecado”) por sorpresa; y ni siquiera dieron un motivo para justificar su rechazo.

starkville-pride-comercioLas organizadoras del Starkville Pride junto a una comerciante que apoya la manifestación.

Desde el Starkville Pride su presidenta, Bailey McDaniel, ya avisó de que la cosa no se iba a quedar ahí y que estaban en contacto con varias organizaciones como la ACLU o la Human Rights Watch. Ahora McDaniel ha comenzado la lucha: ayer mismo presentó la demanda federal en la que denuncian a la ciudad por lo que consideran es “una violación de libro de la Primera Enmienda y trato discriminatorio basado únicamente en un prejuicio anti-LGTB. Además el equipo legal que ha redactado la demanda cree que los concejales también han violado la Cláusula de Protección de Igualdad de la Decimocuarta Enmienda.

Lo que parecía una noticia sin demasiada importancia puede convertirse en un enorme caso de derechos civiles de la comunidad LGTB+ en Estados Unidos. Prueba de ello es que la abogada que defiende al Starkville Pride es Roberta A. Kaplan, que representó a la activista Edith Windsor cuando decidió llevar la DOMA (la Ley de Defensa del Matrimonio) a los tribunales y consiguió una gran victoria para el colectivo al asegurarse de que las parejas homosexuales no quedaban fuera de los beneficios federales que tenían las heterosexuales.

Basándonos únicamente en el contenido de su discurso, específicamente en el hecho de que están orgullosos de ser gais, a estas estudiantes se les está negando el derecho a expresarse de forma pública” ha explicado Kaplan, que ha añadido que tiene confianza en que el tribunal federal “dé la vuelta” a esta acción inconstitucional y se permita que se celebre el Orgullo.

Queríamos tener un día que celebrar la inclusividad“, ha declarado McDnaiel, “Pero sin ningún tipo de explicación o aviso, toda una comunidad ha visto cómo se le niegan sus derechos constitucionales. Nos gustaría pensar que este tipo de comportamiento lleno de odio e intolerancia no representa a la comunidad de Starkville y esperamos que corrijan la decisión.

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De izda a dcha, David Little, Roy A. Perkins, Lynn Spruill (alcaldesa) y Henry Vaughn. Los tres hombres votaron en contra…

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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Un pueblo de Mississippi se queda sin Orgullo LGTB porque 4 concejales no quieren

Miércoles, 28 de febrero de 2018

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Desde la izda, David Little, Roy A. Perkins, Lynn Spruill (alcaldesa) y Henry Vaughn. Los tres hombres votaron en contra…

Aunque la mayoría del pueblo está a favor, aunque los comerciantes están a favor, aunque la alcaldesa está a favor… 4 concejales se han negado (sin motivo) a que Starkville, Mississippi, celebre su Orgullo LGTB en 2018. 

Starkville es una ciudad de unos 25.000 habitantes al noreste de Mississippi que quería organizar una manifestación del Orgullo LGTB. Pero no lo hará. Porque aunque la mayoría del pueblo está totalmente a favor, hay 4 concejales que se niegan en rotundo.

Cuando Bailey McDaniel presentó la propuesta ante la junta se dio por hecho que iba a ser aprobada automáticamente, no solo porque gran parte de los ciudadanos estaban a favor del mismo sino porque desde 2014 la Junta de Concejales no ha rechazado la organización de ningún evento si la solicitud estaba debidamente rellenada. Y ésta lo estaba. Pero a pesar de tener a 16 personas hablando a favor de la organización y solo 2 en contra, 4 de los 7 concejales decidieron denegarla y  se han negado a hacer comentarios.

Hubo 16 alegatos a favor de la organización. Entre los ponentes estaban la organizadora del Pride, Bailey McDaniel, y también estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Mississippi; varios propietarios de negocios de la ciudad y una ristra de ciudadanos. En contra solo hubo 2 ponentes: una señora llamada Dorothy Isaac y el pastor de la parroquia bautista del pueblo, Thomas Rogers.

Los argumentos a favor de la manifestación fueron desde la necesidad de celebrar la aceptación y la diversidad hasta los beneficios económicos que podían derivarse, pasando por la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. Como explicaba uno de los residentes en Starkville, Kevin Williams, hace años a las personas afroamericanas se les habría negado la misma propuesta y avisó a los concejales de que si votaban en contra por miedo a lo que algunos pudieran decir entonces no deberían ser concejales: “Es el momento de liderar. Y ahora os pregunto una cosa: ¿De qué tenéis miedo?“.

Los argumentos en contra fueron… lamentables. Y homófobos, por supuesto. Dorothy Isaac solo acertó a decir que “Dios creó a Adán y Eva” y pidió “que la ciudad no se convierta en una ciudad de pecado“.

La alcaldesa de Starkville, Lynn Spruill, también habló a favor de la manifestación: “Creo que es una de esas cosas que muestra la inclusividad de nuestra comunidad, algo que llevo tiempo diciendo que somos. Somos diversos, en mi opinión no estamos divididos; y no quiero empezar a tener esa idea de nosotros.” Spruill explicó que se había reunido con la alcaldesa de un pueblo cercano que había organizado una manifestación del Orgullo y había sido todo un éxito.

Uno de los concejales que votó a favor, Patrick Miller, explicó que no solo se trataba de un tema personal y social sino que el gobierno estaba obligado a verlo desde el punto de vista económico. Miller le dijo a los presentes que en la reunión había visto a un reportero de Associated Press y que si votaban en contra entonces una cuenta con 12,3 millones de seguidores sabría lo que había pasado: “Y eso son 12,3 millones de personas que inmediatamente se harán una idea negativa de Starkville. Y de repente Starkville se convierte en lo que no es. Espero que tengáis eso en cuenta cuando emitáis el voto. Esto va mucho más allá de nuestras creencias personales.

A pesar de todo, cuatro concejales: Ben Carver, David Little, Roy A. Perkins y Henry Vaughn  votaron en contra de la manifestación y Starkville no tendrá Orgullo LGTB. “Esto envía el mensaje de que no somos la comunidad abierta y hospitalaria que pensaba que éramos“, ha comentado la alcaldesa Spruill, que añadió que se sentía profundamente decepcionada.

 starkville-orgulloBailey McDaniel al escuchar el resultado del voto (Foto: Logan Kirkland – SDN)

La organizadora del Pride, Bailey McDaniel, no pudo contener las lágrimas al conocer el resultado de la votación: “De verdad deseaba que la ciudad pudiera formar parte de este evento histórico para Starkville, pero no estarán. Lo único que puedo decir es que ésta no es la última vez que nos tienen que escuchar, específicamente sobre este tema. Esto no es lo que la gente de Starkville quiere, porque la gente de Starkville ama a la gente de Starkville.

Además de agradecer a todo el mundo que habló en favor de la manifestación, McDaniel ya ha explicado que su organización se pondrá en contacto con la ACLU, la Human Rights Campaign y Southern Poverty Law Center para que les ayuden, porque considera que el motivo del rechazo fue la más pura LGTBfobia: “Vamos a tomar acciones contra esto. No había motivo para rechazar la solicitud, estaba perfectamente redactada.” El Starkville Pride, además, está moviendo la historia en redes sociales y mantienen abierta una página en GoFundMe que iba a servir para financiar el Pride 2018 para conseguir más fuerza de cara a 2019.

Desde la Human Rights Campaign Rob Hill, Director estatal de Mississippi, ha emitido un comunicado en el que se lamenta de la decisión: “Ya van dos veces que Starkville demuestra que no apoya a sus ciudadanos LGTBQ, y la comunidad LGTBQ no lo olvidará. Es decepcionante que la Junta de Concejales niegue a las personas LGTBQ de Starkville la posibilidad de celebrar un Orgullo en su propia ciudad.

Fuente | Starkville Daily News, vía EstoyBailando

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Un juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación para las personas trans en el Ejército estadounidense

Martes, 5 de diciembre de 2017

ejercito-trans-contra-trump-696x522El juez federal Marvin J. Garbis ha ordenado la paralización cautelar de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe incorporar a personas transexuales para servir en el Ejército de los Estados Unidos y desfinancia los tratamientos de reasignación de los militares trans. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, el juez considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. Amplía así el alcance con respecto a un fallo similar adoptado por otra juez federal hace tres semanas.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la Justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizaba la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo ha hecho, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis de Baltimore, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). La presentó la American Civil Liberties Union (ACLU) en Maryland el pasado mes de agosto, en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército. El juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans, porque al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, considera probable que los demandantes ganen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense.

Garbis rechaza que su orden cautelar sea prematura y argumenta que las personas trans que sirven en el Ejército ya están sufriendo las consecuencias de la medida. A pesar de que por ahora no se han anunciado despidos, viven con el miedo a un futuro despido y el estigma de ser señalados como incapaces de servir. El juez carga contra el presidente Trump, al que acusa de actuar a golpe de tuit en lugar de escuchar un análisis fundamentado de los representantes militares sobre las consecuencias de la decisión. El abogado de la ACLU Joshua Block ha celebrado el fallo, que calificó de “victoria para el personal militar trans en todo el país” y mostró su satisfacción por la decisión del tribunal de “asegurar que se trate a los militares trans con la dignidad y el respeto que se merecen”. Veremos si la decisión final de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Revés judicial para Donald Trump: una jueza federal paraliza la orden que reinstauró la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército

Sábado, 4 de noviembre de 2017

ejercito-trans-contra-trump-696x522La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly ha ordenado la paralización parcial de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército de los Estados Unidos. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, la jueza considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. La supensión de la orden es parcial, ya que no incluye la desfinanciación de los tratamientos de reasignación de los militares trans.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB: NCLR (National Center for Lesbian Rights) y GLAD (GLBTQ Legal Advocates & Defenders). Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estima pertinente, sino que considera que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que en su fallo suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paraliza la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) sigue vigente. No se trata, en cualquier caso, de una decisión de fondo: la jueza Kollar-Kotelly argumenta que, a diferencia de la amenaza de expulsión de los militares representados en la demanda, esta no contempla por qué la suspensión de los tratamientos de reasignación les afectaría, razón por la cual no se considera competente para paralizarla.

El fallo judicial ha sido recibido con optimismo por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB, que lo consideran una importante primera victoria en la que se adivina larga lucha contra las disposiciones tránsfobas de la administración Trump. “Esta es la primera decisión que tumba la prohibición del presidente Trump, pero no será la última. Los tribunales federales reconocen lo que todo el mundo ya sabe: que la decisión impulsiva del presidente Trump de prohibir a las personas transexuales servir en el Ejército es manifiestamente inconstitucional”, ha declarado Joshua Block, abogado de ACLU (American Civil Liberties Union). Veremos si es así, y sobre todo si finalmente la decisión de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Portland (EE.UU.) quiere acabar con los Drag Shows

Martes, 26 de septiembre de 2017

pueblo-tennessee-prohibicion-dragsEl ayuntamiento de Portland (Tennessee) organiza un debate para decidir si prohibir los shows de drag queens en el distrito centro porque algunos consideran que son espectáculos para adultos.

El abogado de la ciudad avisa de que si aprueban esa ordenanza les van a llover las demandas.

Al parecer a los integrantes del ayuntamiento de Portland en Tennessee (Estados Unidos),  un pueblo de unos 12.000 habitantes, no les hace ninguna gracia el ambiente festivo de los drag queens, pues quieren que los shows de este tipo no se realicen más en esa ciudad.

El Ayuntamiento se reunió para debatir una ordenanza que prohibiría los espectáculos de Drag Queens en el distrito financiero de la ciudad, situado en el centro. Y es que algunas personas consideran que ese tipo de espectáculos no deberían estar ahí porque son espectáculos para adultos y, por lo tanto, hay que enviarlos bien lejos. Como si las Drag Queens fueran strippers. Así es, se pasaron discutiendo por más de una hora con Ray Guillermo, quien trabaja en este negocio.

Durante más de una hora los concejales de la ciudad escucharon a varios vecinos que hablaron tanto a favor como en contra de la ordenanza, la 17-59; Algunos de los argumentos en contra fueron absolutamente delirantes y homófobos. Como por ejemplo los de Nicole Vestal, una residente, que dijo que aplaudía lo que estaban haciendo en el Ayuntamiento porque “A pesar de lo que diga la ACLU, creo que deberíais seguir adelante. Los shows transgénero no tienen cabida en el distrito centro. Si quieren hacer esto, pueden hacerlo en los clubs gais o en la privacidad de sus casas.

Algo parecido le pasa a Tom King, un señor que lleva viviendo en el pueblo desde 1972, que dijo que él no es homófobo, que no tiene nada en contra de los homosexuales y que “si me encuentro a alguno con una rueda pinchada a un lado de la carretera pararé para ayudarle… pero no apoyo este tipo de actividad.

En el lado opuesto, estaba Ray Guillermo, el propietario de la empresa Elite Star Productions que se encarga de producir muchos de esos espectáculos. Según Guillermo el problema es el desconocimiento de lo que es realmente un show de drag queens y por eso invitó a todo el consejo a acudir a uno de los shows a ver realmente sobre lo que están debatiendo: “No hay desnudez, no es entretenimiento para adultos.” A Guillermo se sumó Debbie Linson, que avisó a la junta de que tuvieran cuidado con lo que decidían porque “No creo que a ninguno de nosotros nos guste que nos digan cómo podemos o no podemos vestirnos.

Hubo dos drag queens en la sala que reconvino al consejo municipal. Nicole Grace dijo a la junta que lo que estaban debatiendo era “un ejemplo claro de bullying“. Y Graceyn James Collins les dijo directamente que comparar los shows de drag con shows eróticos era, directamente, insultante: “Los chavales ven lo que hacemos y ésta es su forma de expresarse. En 2005 yo llegué a mi límite como adolescente y el drag salvó mi vida. Ese adolescente que está viendo ahora mismo, ése es el punto de inflexión. Vengan a ver lo que hacemos y tomen su decisión.

La decisión de prohibir o no los shows de drag queens en el distrito centro se iba a tomar esa misma noche, pero finalmente se votó por un aplazamiento hasta el próximo 6 de noviembre porque algunos de los concejales no tenían claro lo que estaba pasando. Bueno, por eso y porque el abogado del ayuntamiento, David Amonette, les dijo que como aprobaran la ordenanza les iban a llover las demandas. El Ayuntamiento ya ha recibido varias cartas de abogados y organizaciones (entre las que están la ACLU y el Tennessee Equality Project) avisando de que si prohíben los shows drags irán a los tribunales y la aseguradora de la ciudad ha pedido que denieguen la moción porque el coste de esos juicios puede ser una locura económica: “Hay varios temas muy serios en esas cartas que me gustaría tener la oportunidad de revisar. Pero les puedo asegurar que si actúan precipitadamente la ciudad será demandada.

Habrá que esperar al 6 de noviembre para ver qué deciden en Portland.

Fuente | The Tennessean, vía EstoyBailando

 

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Demandan a Michigan por la ley que permite la discriminación religiosa a parejas del mismo sexo

Sábado, 23 de septiembre de 2017

StopHomofobiaLa Unión Americana de Libertades Civiles presenta una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito con el objetivo de impugnar que las agencias de adopción infantil contratadas por el estado puedan rechazar a las parejas del mismo sexo basándose en la libertad religiosa.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union) presenta una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito este miércoles, 20 de septiembre, con el objetivo de que agencias de adopción infantil como Catholic Charities (presente en España con el nombre de Cáritas Española) y Bethany Christian Services, contratadas por el estado no puedan rechazar a las parejas del mismo sexo basándose en la libertad religiosa en lo que consideran una violación de la Constitución de los Estados Unidos. La Conferencia Católica de Michigan, brazo político de la iglesia en Michigan, ha criticado la demanda tachándola de «mezquina, divisiva e intolerante (…). Es imperativo que la ley estatal sea defendida de otro ataque flagrante a la fe religiosa en la vida pública».

A pesar de declarar su intención de proteger a sus ciudadanos de la homofobia, en 2015, el gobernador de Michigan, Rick Snyder, firma una ley que dice que las agencias de colocación infantil no están obligadas a prestar servicios que entren en conflicto con sus creencias religiosas. En ese momento, al menos un 25 % de las agencias de adopción del estado eran religiosas, teniendo la única obligación de entregar a los solicitantes rechazados una lista de otros proveedores. Sin embargo, fue firmada antes de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizara el matrimonio homosexual. Según ACLU, permitir la discriminación por parte de las podría marcar la diferencia «entre un niño que encuentra un hogar permanente que le proporcione amor o seguir en el sistema», declara Jay Kaplan, abogado de ACLU.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan se ha negado a hacer ningún comentario sobre esta demanda, que surge después de que el fiscal general de Michigan, Bill Schuette, declinara hablar con ACLU sobre casos de discriminación como el de Dana y Kristy Dumont, rechazadas por dos agencias de adopción en el área de Lansing. La demanda no va en contra de las agencias de adopción, sino sobre el estado de Michigan, que es quien les permite legalmente la discriminación contra familias homosexuales. «Tenemos mucho que ofrecer a un niño, tenemos mucho amor para dar», es lo que Dana Dumont, funcionaria del estado, responde a un representante de la agencia que pretenden contratar que les dice que «la agencia no trabaja con parejas del mismo sexo», obteniendo la misma respuesta de una segunda agencia.

«La idea de que nuestro estado esté financiando organizaciones que mantienen niños en esa situación en lugar de ofrecerles familias de apoyo estables y cariñosas que simplemente tienen dos miembros del mismo sexo, lo que consideran dañino y ofensivo (…). No son sólo instituciones privadas que operan bajo fondos privados con sus propias reglas privadas. Se trata de instituciones a las que se ha otorgado un contrato gubernamental [que utiliza] el dinero de nuestros impuestos públicos para apoyar esta discriminación (…). El hecho de que se me pida que financie, a través de mis propios impuestos, mi propia discriminación es indignante», declara Stephanie White,directora ejecutiva de Equality Michigan. Sólo este año, estados como TexasAlabamaGeorgia y Dakota del Sur han presentado proyectos de ley o ratificado leyes discriminatorias similares.

Fuente Universogay

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Las ONG cargan contra el gobernador demócrata de Carolina del Norte

Martes, 23 de mayo de 2017

roy-cooperRoy Cooper ganó las elecciones al republicano Pat McCrory y prometió derogar la discriminatoria ley HB2, pero en su lugar aprobó la HB142 que era más de lo mismo.

Cooper se defiende asegurando que necesitaba llegar a un “compromiso”, pero las ONG le acusan de ser un chaquetero.

La ciudad de Charlotte aprobó una ordenanza municipal que protegía a las personas trans y permitía que utilizaran el baño del género con el que se identifican. A los republicanos que gobernaban el estado esa ordenanza les pareció fatal, y la atacaron diciendo que eso era competencia del gobierno estatal; así que crearon la HB2: una ley discriminatoria que, entre muchas otras cosas, obligaba a las personas trans a usar el baño del género que había escrito en su DNI.

La ley fue un absoluto desastre. Cientos de empresas se fueron del estado y la imagen de Carolina del Norte quedó muy dañada. Ante unas pérdidas estimadas de 3 billones de dólares si la ley no se derogaba en 5 años, el gobernador republicando Pat McCrory acabó perdiendo las elecciones frente al demócrata Roy Cooper. Una de las primeras cosas que hizo Cooper fue intentar derogar la HB2, pero los republicanos -que seguían controlando la cámara de representantes- le hicieron una jugarreta y lo único que pudo hacer fue aprobar la HB142. Aunque esa ley “anulaba” la HB2, también prohibía a las ciudades aprobar ordenanzas sobre el uso de baños públicos hasta el 2020 diciendo que eso era competencia del estado; lo que implica que la HB2 sigue estando vigente durante 4 años más.

Desde la Human Rights Campaign han denunciado que a pesar de que Cooper quiere vender la HB142 como una victoria (“un acuerdo imperfecto“, lo llama el gobernador), en realidad se trata de “otra versión de la HB2 que oculta un intento desesperado de los legisladores con la esperanza de salvar la economía del estado“. Desde Equality NC su director ejecutivo, Chris Sgro, acusa a Cooper de ser bastante irresponsable con este tema: “El rechazo continuado de Cooper a asumir responsabilidades por las consecuencias negativas de la ley que firmó sobre la comunidad LGTB es descorazonador.

En una conferencia en el Centre for American Progress en Washington, Cooper ha dicho que está preparando una orden ejecutiva para asegurar los derechos de la comunidad LGTB: “Cuando derogamos la HB2 e iniciamos este compromiso dije que necesitábamos tomar medidas adicionales para asegurarnos de proteger a los ciudadanos LGTB. Estamos trabajando en una orden ejecutiva que nos ayude a conseguir esa meta.” Cooper además defendió la HB142 asegurando que “política y emocionalmente habría sido más fácil para mí seguir dando golpes sobre la mesa y no aceptar ese compromiso, pero sabía que no estaba siendo justo con mi estado. No estaba siendo justo con las personas LGTB.

Olivia Alair Dalton, vice-presidenta senior de la Human Rights Campaign (y antigua secretaria de prensa de Michelle Obama) ha declarado que esa afirmación de Cooper es “bastante extraordinaria, teniendo en cuenta que fue él quien firmó la HB142 y convirtió la discriminación en ley.

Más duros se muestran desde la ACLU: “Cooper representa lo más despreciable de la política. No puedes estar en misa y repicando. Nunca tendrás nuestro apoyo o confianza.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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Chelsea Manning, en libertad: punto final a años de ensañamiento por lo que al no reconocimiento de su identidad de género se refiere

Sábado, 20 de mayo de 2017

chelseamanningTras cumplir siete años de los treinta y cinco a los que había sido condenada, en la que se considera la mayor pena por filtrar documentos en los Estados Unidos, Chelase Manning sale de la cárcel recuperando su libertad, reivindicando su identidad sexual y anunciando su intención de convertirse en activista LGBT y luchar por los derechos de las personas transexuales. “Por primera vez, puedo ver un futuro como Chelsea para mí. Puedo imaginarme viviendo como la persona que soy y por fin puedo estar en el mundo exterior. La libertad solía ser algo con lo que soñaba pero nunca me permití imaginármela del todo. Ahora, la libertad es algo que volveré a experimentar con amigos y seres queridos, después de casi siete años de barrotes y cemento…”, declaraba Chelsea Manning, de 29 años de edad, quien alrededor de las 2 de la madrugada y coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, miércoles, 17 de mayo, sale de la cárcel gracias al indulto concedido por Barack Obama tres días antes de entregar el testigo como presidente a Donald Trump.

Chelsea Manning ya está en libertad. Así lo han comunicado tanto su equipo de abogados como ella misma en redes sociales, a pesar de que por el momento no ha hecho declaraciones públicas. La soldado Manning vio conmutada su pena de prisión por Barack Obama, en la que fue una de sus últimas decisiones como presidente de Estados Unidos. De haber tenido que cumplir su sentencia al completo, su salida no habría tenido lugar hasta 2045. Las condiciones en prisión de una mujer obligada a cumplir sentencia en un establecimiento penal masculino condujeron a la soldado a dos intentos de sucidio, así como a una huelga de hambre para que sus necesidades como persona transexual fueran atendidas.

El pasado 17 de enero, como es tradición cuando un presidente de los Estados Unidos abandona el cargo, Barack Obama concedió 69 indultos y 209 conmutaciones de pena. Una de las favorecidas por la conmutación fue la soldado Chelsea Manning, que en agosto de 2013 había sido sentenciada a 35 años de cárcel por filtrar a la web WikiLeaks un gran número de documentos que comprometían a la diplomacia estadounidense y se encontraba recluida en un Barracón disciplinario de Fort Leavenworth, Kansas, la más antigua de las instalaciones penitenciarias de los Estados Unidos, donde ingresan a los soldados condenados más peligrosos, tal y como se la consideraba a Manning por la filtración a WikiLeaks de más de 700.000 documentos, entre los que se encontraba el vídeo conocido como Collateral murder, considerada como consecuencia como una traidora, por algunos, mientras que otros la consideran una heroína al sacar a la luz los abusos cometidos por su propio país en Irak, en Afganistán o en Guantánamo, y convirtiendo Internet en una fuente de información.

Desde 2010 se encontraba en prisión, sometida a condiciones de máxima vigilancia y aislamiento extremo que en su momento fueron muy criticadas por organizaciones humanitarias. Desde el día siguiente a su condena, Chelsea Manning (hasta entonces conocida como Bradley Manning) se declaró públicamente como una mujer transexual, expresando su intención de iniciar su proceso de reasignación.

“Este es mi problema. He tenido signos de ello durante mucho tiempo. Me ha causado problemas con mi familia. Pensé que una carrera militar me ayudaría a deshacerme de él. No pretendo llamar la atención, he intentado superarlo poniéndome en situaciones donde sería imposible. Pero no se va, me está obsesionando más y más según me hago mayor. Ahora, las consecuencias de ello son extremas, me está causando un gran dolor…”, de esta manera Manning hacía pública la lucha que había tenido con su condición como transexual, solicitando iniciar su transición al día siguiente de entrar en prisión. Lo que algunos vieron como una estrategia para que le suavizaran la pena, otros lo interpretan como una manera de liberarse de su propia prisión, la que le había acompañado desde el momento en que tuvo conciencia de su verdadera identidad de género. “El soldado Manning parece generarse presión interior debido a conflictos desconocidos que no parece en disposición de discutir, y es incapaz de manejarlos por sí mismo”, comunicaba de esta insensible manera el sargento Paul Adkins a sus superiores la revelación de la exsoldado de primera clase y analista de inteligencia militar que hablaba de que “la única ‘ayuda’ que parece válida es el castigo severo y/o deshacerme de mí mismo (…). Soy Chelsea Manning. Soy una mujer. Así es como me siento y me he sentido desde la infancia, quiero comenzar una terapia de hormonas lo antes posible. Espero que me apoyen en esta transición”.

Sin embargo, se vio obligada a demandar al Gobierno estadounidense por la negativa de las autoridades penitenciarias a ofrecerle la asistencia precisa. No fue hasta abril de 2015 que consiguió la autorización del Gobierno para iniciar el tratamiento hormonal. Las autoridades militares se negaron incluso a reconocer su nombre de mujer hasta que en abril de 2014, tras la correspondiente demanda, un juez de Kansas lo oficializó.

Sin embargo, a pesar de todas las sentencias y dictámenes, Chelsea Manning ha continuado recluida en un centro penitenciario para varones y se le han negado derechos como el de poder dejarse el pelo largo, como sí se permite en los centros para mujeres. Los continuos castigos a un durísimo aislamiento por las faltas más leves y la lucha continuada por ejercer sus más elementales derechos la condujeron a dos intentos de suicidio, uno en julio pasado y otro en octubre. También llevó a cabo una huelga de hambre ante la negativa de las autoridades de la prisión a que se pudiera someter a cirugía de reasignación, algo que el propio equipo médico había recomendado. Solo cuando la situación fue denunciada por ACLU (Amerinca Civil Liberties Union, la mayor asociación estadounidense de defensa de los derechos civiles, cuyo equipo legal llevó el caso de Manning en los tribunales) los mandos penitenciarios se comprometieron a facilitar el proceso.

Finalmente, Manning consigue convertirse en la primera soldado en recibir un tratamiento hormonal en una prisión militar, contribuyendo a derribar la ley que prohibía las personas transexuales servir en el ejército estadounidense, consiguiendo incluso que le aprobaran la operación de cambio de sexo después de nueve días en huelga de hambre. Logros que no consiguen que se reconcilie consigo misma al seguir confinada en una prisión masculina, lo que lleva a intentar terminar con su vida hasta en dos ocasiones. “Chelsea Manning ha cumplido una condena dura. No creo que ningún ciudadano tenga la impresión de que revelar información clasificada queda impune. Pidió perdón por su crimen, y reconoció que puso en peligro a EEUU. Dado que la pena fue desproporcionada en comparación con la que recibieron otros filtradores, me siento cómodo con esta decisión”, declaraba Barack Obama cuando daba a conocer que había conmutado su pena, gracias en parte a la presión de Courage Foundation, quienes actualmente se vuelcan en pedir el cese de la persecución en torno a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien había prometido que se entregaría a las autoridades estadounidenses si liberaban a Manning.

Dada la precaria situación en prisión de Chelsea Manning, la medida de gracia había sido solicitada repetidamente, incluso por otros responsables de WikiLeaks acogidos fuera de los Estados Unidos, como Edward Snowden o Julian Assange. Finalmente Barack Obama accedió a la petición, que por fin se ha materializado este 17 de mayo. Los abogados de la soldado hacían públicas sus primeras palabras en un comunicado: “Después de otros cuatro meses de ansiosa espera, por fin ha llegado el día. ¡Me apetecen tantas cosas! Sea lo que sea lo que me espera en el futuro, es mucho más importante que el pasado. Ahora mismo estoy resolviendo algunas cosas, lo que es a la vez emocionante, raro, divertido y todo nuevo para mí” 

La propia Manning, en sus redes sociales, ha difundido la que es su primera fotografía en libertad… de sus pies. “Primeros pasos de libertad”, era la frase que la acompañaba, tanto en Twitter como en Instagram. “He visto cambiar al mundo dentro de los muros de la prisión y a través de las cartas que he recibido de veteranos, jóvenes transexuales, padres, políticos y artistas (…). Espero tomar las lecciones que he aprendido, el amor que he recibido, y la esperanza que tengo en trabajar en mejorar las vidas de otros”, declara Manning en un comunicado, confirmando su abogado, Chase Strangio, su intención de convertirse en activista LGBt y defensora de los derechos de las personas transexuales. Tras ser confirmada su liberación por las autoridades penitenciarias, ella misma lo hacía público en su recién inaugurada cuenta de Instagram a través de una imagen que reflejaba sus primeros pasos en libertad, a los que han seguido una pizza y un brindis con champagne:

El ensañamiento por parte de las autoridades militares y carcelarias hacia Chelsea Manning, sobre todo en lo que se refiere al no reconocimiento de su identidad de género, ha finalizado. Le deseamos ahora todo lo mejor.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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La “Ley de libertad religiosa”, firmada por Trump no gusta a absolutamente a nadie

Lunes, 15 de mayo de 2017

ley-libertad-religiosa-trumpFoto: Momento en que Trump firmó la Ley, junto a varios líderes religiosos

 Finalmente Trump ha firmado una Ley de Libertad religiosa que no ha gustado ni a colectivos LGTB, ni a la ACLU ni a la derecha religiosa.

La ACLU asegura que no llevará la ley ante los tribunales salvo que tenga efectos en las políticos del gobierno, y los conservadores protestan por considerar que Trump se ha rendido ante el lobby gay.

No había pasado ni un día desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca que empezó a correr un rumor muy bien fundado de que el recién elegido presidente estaba a punto de firmar una ley de “Libertad Religiosa que permitiría la discriminación a personas LGTB, como hemos visto en estados como Indiana (del que fue gobernador su vicepresidente, Mike Pence) o como lo que estamos viendo en Carolina del Norte (aunque no exactamente por el mismo motivo).

Una ley de “Libertad Religiosa” lo que hace es, básicamente, proteger el derecho de cada individuo a actuar según su fe en cualquier situación; lo que implica básicamente dar carta blanca a un proveedor de servicios a negarse a atender a una persona en base a sus creencias personales. Fue el caso, por ejemplo, de la pastelera hetera que se negó a hacer una tarta para una boda de lesbianas (lo que le causó muchos problemas judiciales y pagar una multa importante).

Aunque en su momento la Ley de Trump acabó aparcada, según dijeron por las presiones que su hija Ivanka y el marido de ésta (miembro del gabinete de Trump) ejercieron en defensa del colectivo LGTB, la semana pasada Trump la firmó; y aunque se han eliminado las partes más controvertidas respecto a los derechos del colectivo y se ha centrado más en los aspectos referentes al Obamacare, la ley sigue siendo un peligro.

Tal y como explican en Queerty, hay 5 motivos por los que esta ley de “libertad religiosa” sigue siendo igual de preocupante. El primero es que la ley declara que “es política de la administración proteger y promover de forma vigorosa la libertad religiosa“; es decir, que aunque a Trump el tema le dé un poco igual su gobierno está ahora legitimado para proteger esa “libertad” y convertirla en piedra angular de su mandato. Además la ley apunta a eliminar la Enmienda Johnson, o lo que es lo mismo: la prohibición de que las organizaciones religiosas participen activamente en política; algo que la enmienda Johnson les prohíbe dado que disfrutan de ventajas fiscales. Ahora los líderes religiosos podrían apoyar o no a un candidato e influir en las elecciones sin necesidad de ocultarse tras organizaciones o grupos de presión.

Las otras cosas que preocupan a los activistas es que con este movimiento queda claro que la posible influencia que ejerciera la familia de Trump ha quedado anulada; que se demuestra que el gobierno de Trump apela para continuar en la Casa Blanca a la ultra derecha religiosa y que, además, cualquier esperanza de que el vicepresidente Mike Pence fuera más moderado se desvanece teniendo en cuenta que es una ley que él mismo firmó cuando era gobernador de Indiana.

Uno de los motivos por los que Trump puede haber decidido eliminar cualquier rastro de discriminación al colectivo LGTB de la nueva ley (que, en su primera versión, se dijo que incluía un pasaje legalizando la discriminación en base a la creencia de que el único matrimonio válido era el heterosexual) pudo ser la carta que más de 1000 líderes religiosos del país le hicieron llegar exigiendo que no utilizara la “libertad religiosa” como base para discriminar a nadie. La carta, publicada en la revista Politico, iba firmada por un colectivo llamado Clérigos Unidos Contra la Discriminación, en la que expresaban al presidente su preocupación por el posible contenido de esa ley: “Aunque su propósito sea fortalecer la libertad religiosa, lo que esta ley conseguiría es darle mal uso a esa libertad convirtiéndola en un arma para discriminar a una gran parte de nuestra nación; incluyendo a las personas LGTBQ, las mujeres o los niños en régimen de acogida. (..) Esto no es lo que significa la libertad religiosa ante la ley, ni lo que la religión significa ante millones de americanos de fe.

Por su parte desde la ACLU aseguran haber analizado concienzudamente el texto de esta nueva ley y han decidido no presentar la demanda que anunciaron que tenían preparada si la ley incluía pasajes que discriminaran a la población LGTB. Según un comunicado, la American Civil Liberties Union ha explicado que la firma de esta ley no ha sido más que una “operación propagandística muy elaborada” por un texto que no tendrá efectos discernibles en la política del país: “Tras una cuidadosa revisión del texto de la ley hemos determinado que esta orden no altera significativamente la habilidad de las instituciones o individuos religiosos para intervenir en el proceso político. La orden lo anuncia, pero tampoco afectará a los servicios de salud reproductivos. La afirmación del presidente Trump de que quería ‘destruir totalmente’ la Enmienda Johnson ha resultado ser una ‘fake news’ de manual.

Aún así la ACLU avisa de que en caso de que esta ley pusiera en marcha algún tipo de acción gubernamental que afectara a los derechos civiles, “volveremos a ver a Trump en los tribunales.

Los que han demostrado no estar nada contentos con esta ley han sido, justamente, aquellos a los que pretendía contentar. Desde la National Organization for Marriage han protestado porque Trump ha cedido ante las presiones de los grupos LGTB: “Aunque estamos decepcionados porque el Presidente Trump no ha protegido directamente la libertad religiosa de las personas de fe, esta batalla está muy lejos de haber terminado.” Declaración a la que se suma la American Family Association, que se lamentan de que en la ley “no hay ni una palabra de alivio, ánimo o apoyo a todos aquellos que han sido víctimas de la persecución imparable del lobby homosexual.

Fuente EstoyBailando

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Pat McCrory, exgobernador de Carolina del Norte, se queja de que no le dan trabajo por haber apoyado la ley LGTBfoba del estado

Jueves, 16 de marzo de 2017

Pat-McCrory-gobernador-de-Carolina-del-Norte-300x239El antiguo gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, ha declarado que tiene dificultades para encontrar quien le contrate, debido a que se le identifica como un fanático intolerante por haber promulgado y defendido durante su mandato la ley que permite la discriminación de las personas LGTB en su estado. La conocida como ley HB2 sigue en vigor debido al pertinaz empeño de los representantes del Partido Republicano, que cuentan con la mayoría en las dos cámaras del estado, a pesar de los esfuerzos del nuevo gobernador, el demócrata Roy Cooper, por intentar derogarla.

Tras perder las pasadas elecciones frente al demócrata Roy Cooper, Pat McCrory se dispuso a continuar con su vida laboral como consultor y asesor. Sin embargo, ha declarado que se encuentra con dificultades para conseguir contratos con empresas. Según el exgobernador, el hecho de que promulgara y defendiera hasta la saciedad la LGTBfoba ley HB2 “ha tenido consecuencias hasta el día de hoy, incluso después de dejar el cargo. La gente es reacia a contratarme, porque, ‘oh, Dios mío, es un fanático’, que es lo último que soy”.

También declara que ha intentado conseguir ser contratado por universidades para dar clases a tiempo parcial, pero se ha encontrado también con la negativa de los rectores, “por temor a las protestas de los estudiantes”. Otra de sus opciones es trabajar para la administración Trump, pero no parece haber nada claro al respecto.

Por supuesto, McCrory no se cree en absoluto responsable de la repercusión que han tenido sus decisiones políticas, sino que culpa de todo a los “grupos liberales” por haberlas denunciado. Siguiendo lo que parece ser una costumbre entre quienes defienden la intolerancia y la discriminación, el exgobernador dice que está “siendo purgado por sus opiniones”, y afirma que “si no estás de acuerdo con la Policía del pensamiento políticamente correcto sobre esta nueva definición de género, eres un fanático, eres lo peor. Es casi como si hubieras violado una ley”.

El fanatismo de la ley HB2, promulgada por el gobernador

La conocida ley HB2 de Carolina del Norte, fue promulgada en marzo de 2016, y prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer medidas de protección contra la discriminación de las personas LGTB, a la vez que deroga las ya existentes. Una de sus consecuencias es la de impedir que las personas transexuales dispongan de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares, siendo esta además la medida que con mayor virulencia se defendió cuando la HB2 fue aprobada, poniendo a las personas transexuales en el punto de mira de los fanáticos.

La medida fue clamorosamente denunciada por activistas y defensores de los derechos civiles, que consiguieron el apoyo de empresas y corporaciones dispuestas incluso a boicotear cualquier actividad en Carolina del Norte mientras la infame ley siguiera en vigor. Figuras del espectáculo como Beyoncé, Bruce Springsteen, Dead & Company, Ringo Starr o Cyndi Lauper cancelaron sus conciertos o donaron su recaudación a colectivos LGTB. Eventos y convenciones trasladaron su sede a otros estados, causando pérdidas cercanas a los 330 millones de dólares. Empresas y corporaciones como PayPal o el Deustche Bank cesaron en sus inversiones. 200 directivos de las principales empresas escribieron una carta solicitando al gobernador la derogación de la ley. Otras 67 apoyaron la demanda de inconstitucionalidad, presentando un documento de apoyo ante el tribunal. La propia liga de baloncesto profesional (NBA) anunció el traslado de la sede del All-Star Game, que debería celebrarse en Charlotte en 2017, si no se eliminaba cualquier discriminación a las personas LGTB de las leyes del estado. Las pérdidas económicas para el estado por esta decisión de la NBA se estimaban en 100 millones de dólares.

A pesar de ello, en los últimos intentos por parte del gobernador demócrata Roy Cooper por llegar a un consenso y derogar la ley, los representantes del Partido Republicano rehusaron finalmente votar por su anulación, a pesar de haber alcanzado acuerdos previos para ello. La ley, por lo tanto, sigue en vigor, sin que por el momento haya visos de un cambio de actitud de los republicanos al respecto.

Fuente Dosmanzanas

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El Supremo de EE. UU. prefiere no pronunciarse sobre los derechos del alumnado trans después de que Trump le retirase la protección federal

Sábado, 11 de marzo de 2017

Tribunal-Supremo-Estados-UnidosEn un giro que no anticipa precisamente buenos tiempos para los derechos LGTB, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que por el momento no se pronunciará sobre el caso de Gavin Grimm, el adolescente al que su instituto no permite usar el baño de chicos que corresponde a su identidad de género masculina, y lo ha devuelto a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito para que lo reevalúe a la luz de las nuevas directrices emitidas recientemente por la administración Trump. Pocos dudan de que en algún momento el Supremo tendrá que acabar pronunciándose sobre el fondo del asunto, pero todo parece indicar que será ya cuando el alto tribunal haya consolidado de nuevo una mayoría conservadora con la incoporación de Neil Gorsuch, el candidato propuesto por Trump para ocupar la vacante existente en este momento.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el Departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administracion Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada).

Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

Obama aumentó la protección, Trump la ha eliminado…

Ya avanzada la batalla legal, el Departamento de Educación de Obama envió en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans. Aquel documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera del texto (junto al cual, por cierto, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual).

La decisión de la administración Obama, conviene tener en cuenta, no tenía que ver directamente con el caso Grimm, y era más bien una reacción a la aporobación de una ley LGTBfoba en Carolina del Norte, que entre otras cosas incluye medidas explícitas de discriminación de las personas trans en su acceso a baños públicos.

La llegada al poder de Donald Trump, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos (como el vicepresidente Mike Pence o el fiscal general Jeff Sessions) convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada hace solo unos días, de forma que estos perdían la protección federal y su situación queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado).

Y el Supremo se inhibe

Finalmente, también Gavin Grimm ha acabado siendo afectado por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, tenía previsto celebrar este mes de marzo las audiencias del caso, con objeto de pronunciarse dentro de unas semanas sobre el fondo del asunto. Sin embargo, tras cambiar la política de Departamento de Educación, el Supremo ha decidido devolver la patata caliente al 4ª Circuito para que reevalúe el caso.

Una decisión que tanto Grimm como los colectivos de defensa de los derechos trans han lamentado. No porque ponga fin al caso, que no lo hace: la discusión vuelve, en cierto modo, al punto de partida, en el que curiosamente aún no había sido emitida la orden del Obama sobre protección del alumnado trans. Pero pocos dudan de que el caso acabará en algún momento volviendo al Tribunal Supremo. Y las perpectivas, en este sentido, no son precisamente halagueñas para el colectivo LGTB, si se tiene en cuenta que lo hará, casi seguramente, con un Tribunal Supremo con una mayoría conservadora consolidada de nuevo, si como es previsible el Senado acaba dando su visto bueno a la nominación de Neil Gorsuch, propuesto por Donald Trump, para sustituir al fallecido Scalia. Seguiremos atentos a los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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Carolina del Norte no deroga la tóxica ”ley de los baños”

Viernes, 23 de diciembre de 2016

mccrory_y_coopEl gobernador en funciones de Carolina del Norte, Pat McCrory (izq), y el nuevo gobernador electo, Roy Cooper (dcha)

Los republicanos de Carolina del Norte se sacan de la manga una jugarreta para no eliminar la “ley de los lavabos” durante la sesión que convocaron para eliminar la “ley de los lavabos”.

La discriminatoria ley de Carolina del Norte que limita el acceso a los baños y vestuarios públicos a personas transexuales podía haber sido derogada esta semana después de meses de protestas y boicots económicos. Sin mbrgo, los legisladores del estado de Carolina del Norte han fracasado en su intento de revocar la polémica Ley HB2. Una norma discriminatoria que prohíbe a las personas transgénero usar sanitarios públicos según su identidad de género y las obliga a usar el baño que corresponda a su sexo biológico en edificios públicos. Carolina del Norte ha perdido una gran oportunidad para quitarse la etiqueta de estado más intolerante de EEUU. Tras más de nueve horas de reuniones a puerta cerrada, los legisladores demócratas de Carolina del Norte se marcharon con el ceño fruncido, fruto de la frustración de no haber podido derogar la ley que ha provocado unas perdidas millonarias al estado.

El Instituto Williams de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), proyectó que las pérdidas para Carolina del Norte, por la HB2, alcanzarían anualmente los 5.000 millones de dólares.La noticia ha resultado una sorpresa de lo más desagradable. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la ciudad más poblada del estado, Charlotte, ha derogado en su totalidad la ordenanza de no discriminación y el anuncio del nuevo gobernador demócrata que anunció que se había llegado al acuerdo de la eliminación de la HB2, que finalmente no ha sido aprobada por el peso republicano en el parlamento estatal de Carolina del Norte.

La ciudad de Charlotte aprobó hace tiempo una ordenanza municipal que protegía a las personas LGTB de cualquier tipo de discriminación y permitía a las personas trans utilizar el baño del género con el que se identifican. Los republicanos, que controlaban el estado de Carolina del Norte, se opusieron y su gobernador tardó muy poco en aprobar la HB2, una ley estatal que permitía a los negocios seguir discriminando a las personas LGTB y obligaba a las personas trans a utilizar el baño del sexo con el que nacieron; porque según ellos es de sentido común que un hombre no tenga acceso al baño de mujeres.

La HB2 ha supuesto un auténtico desastre económico para el estado, con muchos artistas, empresas y eventos largándose a otra parte porque no quieren invertir en un estado que fomenta la discriminación. Aunque el mayor coste ha sido el del puesto del gobernador, Pat McCrory, que perdió las elecciones en noviembre en lo que se entendió era un plebiscito sobre la HB2.

McCrory perdió las elecciones del pasado noviembre frente al demócrata Roy Cooper, que durante la campaña utilizó la derogación de la HB2 como uno de sus puntos fuertes. Y ahora que Cooper ya ha sido declarado vencedor de las elecciones (no sin varios intentos de McCrory por quedarse en el sillón del gobernador) era cuestión de tiempo que pudiéramos decirle adiós a la HB2.

Esta ley, la primera de su tipo, catapultó a Carolina del Norte al centro del debate sobre los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y fue la causante de cientos de millones de dólares en pérdidas económicas y la exclusión del Estado en la celebración de grandes eventos deportivos como el Partido de las Estrellas de la NBA.

Con McCrory derrotado, la ciudad de Charlotte daba por hecho que se iba a derogar la HB2 y comenzó negociaciones para eliminar su ordenanza municipal, que ahora sería innecesaria. Y antes de salir del gobierno los republicanos anunciaron una sesión especial de los legisladores para eliminar la HB2, excusándose en que esa ley sólo existía por ordenanzas como la de Charlotte y que además todo había sido culpa de “la izquierda radical“. El ayuntamiento de Charlotte, la ciudad más grande del Estado, votó el pasado lunes la eliminación de las medidas locales de no discriminación que provocaron la aprobación de la HB2, pidiendo a su vez la derogación inmediata de la ley estatal. “Ahora que la ordenanza de Charlotte finalmente ha sido derogada, la privacidad en nuestras duchas, baños y vestuarios es restaurada y protegida por la ley estatal anterior”, dijo McCrory en una declaración grabada en video. Así, tras el acuerdo, el pasado lunes el consejo de Charlotte votaba por unanimidad la derogación de los artículos que entraban en conflicto con la HB2. Tan solo dejaban en vigor aquellos que prohibían al ayuntamiento establecer contratos oficiales con empresas que no establecieran medidas antidiscriminatorias para sus trabajadores LGTB. Pero eso no bastó a los republicanos, que querían una derogación sin excepciones, y acusaron a la “enloquecida izquierda” de Charlotte —refiriéndose a los representantes demócratas del municipio— de haberles engañado.

El gobernador electo actual, el demócrata Roy Cooper, dijo que contaba con garantías de que los líderes legislativos republicanos apoyarían la derogación de la “ley de los baños”. “Espero que mantengan su palabra”, dijo Cooper en un comunicado, señalando que la derogación ayudará a recuperar los trabajos y eventos perdidos en el boicot. Por ello, este miércoles siguiente, en un nuevo pleno, el consejo derogaba el articulado restante. Aun así, el gobernador electo Roy Cooper hizo unas declaraciones en las que se lamentaba de que los republicanos hubieran roto el acuerdo, a pesar de los esfuerzos realizados en Charlotte.

Pero no ha resultado muy bien… La sesión para repeler la HB2 ha sido un auténtico desastre. El gobernador saliente, el republicano Pat McCrory, había convocado una Asamblea General de las dos cámaras del estado para este mismo miércoles, con el objeto de votar la derogación de la HB2. Pero los representantes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado pusieron todo tipo de objeciones. Interminables interrupciones y recesos llevaron la sesión hasta altas horas de la madrugada, sin que en la Cámara de Representantes se llegara finalmente a realizar ninguna votación, dando la sesión por concluida sin haber tomado ninguna medida.  Para cancelar la ley los republicanos se inventaron otra, la SB4 (Senate Bill 4) que es, básicamente, una cancelación de la HB2. Pero en el último momento intentaron colar en la misma ley una moratoria de 6 meses durante los cuales ningún municipio podría aprobar ninguna ordenanza concerniente al empleo público o el uso de los baños.

En cuanto al Senado, la proposición de ley republicana que trataba de derogar la HB2 fue enmendada por el mismo partido, cuyos miembros votaron favorablemente añadir a la propuesta el establecimiento de un período de demora de seis meses —luego ampliado a todo el ejercicio de 2017—, durante el cual se prohibía aprobar cualquier medida de protección contra la discriminación de las personas LGTB en el estado. Los representantes demócratas acusaron a sus rivales parlamentarios de haberles engañado, pues esa demora, que suponía de hecho continuar con la misma situación, no había formado de los acuerdos.

Tras largos debates, se acordó finalmente someter a votación dos propuestas, una por la que se derogaba completamente la HB2, y otra que recogía la enmienda que incluía la moratoria. La primera propuesta, que suponía la completa derogación de la HB2, fue rechazada por 32 votos a 16. Tras la votación, la sesión quedó finalmente suspendida. La ley discriminatoria sigue totalmente en vigor en Carolina del Norte, con la anuencia del Partido Republicano, que ha conseguido además la claudicación del consejo de la ciudad de Charlotte.

Evidentemente esto ha enfadado muchísimo a los demócratas y a las organizaciones por los derechos del colectivo LGTB, que denuncian que los republicanos han jugado sucio para asegurarse que se eliminaba la ordenanza de Charlotte pero no la HB2: “Éste no era el trato. Esta ley rompe el acuerdo. Charlotte no habría eliminado su ordenanza si esta nueva ley hubiera sido lo acordado“, ha dicho el Senador demócrata Jeff Jackson.

Por su parte los republicanos se defienden diciendo que todo esto es culpa de los demócratas, que pretendían ceder ante la izquierda radical, que ellos no creen en ningún tipo de discriminación pero van a seguir apoyando la HB2 porque “ninguna presión económica, política o ideológica me va a convencer de que lo que está mal está bien. Y permitir que un hombre tenga acceso a los baños y duchas de las mujeres siempre estará mal“, ha dicho Dan Forest, el teniente de Gobernador.

Durante la sesión en la que los republicanos han engañado a todo el mundo se han podido oir gritos de “¡Vergüenza!” por parte de las personas que acudieron al acto. Mara Keisling, la directora del Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha dicho que esta maniobra es inaceptable y que “las acciones de esta legislatura han demostrado a la gente de Carolina del Norte -particularmente a las personas transgénero- que no pueden tener ninguna fe en unos legisladores sinvergüenzas“.

Para Simone Bell, directora regional de Lambda Legal, “la Asamblea General y el gobernador McCrory están jugando al engaño político, y los ciudadanos de Carolina del Norte siguen perdiendo por ello. Es un ultraje que los legisladores de Carolina del Norte no sigan el mandato de los votantes y deroguen la HB2. Mientras la HB2 esté en vigor, miles de personas LGTB que consideran a Carolina del Norte su hogar, especialmente las personas transgénero, están siendo discriminadas y nunca se sentirán seguras. Ha sido un ejercicio contraproducente, al reafirmar al resto del país que Carolina del Norte quiere permanecer atascada en esta disputa divisiva”.

Por su parte, del director del Proyecto LGBT & VIH de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), James Esseks, consideraba que “es una pena que la Asamblea General de Carolina del Norte se haya negado a arreglar el desastre que habían cometido. El apoyo a la comunidad LGBT de líderes políticos, religiosos, empresas y personas de a pie que ha surgido este año no se desvanecerá. Los intentos de expulsar a las personas transgénero de la vida pública no serán tolerados. La legislatura no parece estar dispuesta a deshacer su extralimitación inconstitucional y respetar los derechos de las personas LGBT, así que tendremos que vernos en los tribunales”.

 La Human Rights Campaign también ha protestado por la vergonzosa forma de actuar de los republicanos y desde Lambda Legal y la ACLU acusan al gobernador de jugar al juego de “la gallina política” (ya sabes, a ver quién se atreve a llegar más lejos). “Mientras la HB2 siga en los libros, miles de personas LGTB que llaman hogar a Carolina del Norte, especialmente las personas transgénero, seguirán siendo discriminadas y nunca podrán sentirse seguras. Éste ha sido un ejercicio contraproducente que ha confirmado al resto del país que Carolina del Norte quiere seguir enfrascada en esta disputa divisoria“. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, afirmaba con contundencia que “hoy, la confianza pública ha sido traicionada una vez más. Los legisladores han enviado un mensaje claro: Carolina del Norte sigue cerrada para los negocios. Sus vergonzosas acciones y las promesas que han roto someten a los ciudadanos LGTB de Carolina del Norte a una discriminación establecida por el Estado, que contribuye a un ambiente de acoso y violencia, y continuará infligiendo un daño significativo a la reputación y la economía del estado. Hoy ha quedado claro que la crueldad de los líderes republicanos hacia los ciudadanos LGTB, especialmente las personas transexuales, de Carolina del Norte no conoce límites. Por nuestra parte, seguiremos luchando para derogar la HB2 y proteger a los ciudadanos de Carolina del Norte, haciendo lo que sea necesario”.

Por cierto, que desde la NCAA y la NBA han dicho que su negativa a organizar eventos deportivos en el estado sigue vigente mientras no se elimine por completo la HB2.

Durante este año, la NBA y los principales eventos deportivos universitarios excluyeron a Carolina del Norte como sede en sus agendas. Además, artistas como Bruce Springsteen, Maroon 5 y Pearl Jam cancelaron varios conciertos y compañías como PayPal Holdings y Deutsche Bank desecharon planes de inversión para la creación de nuevos puestos de trabajo en el Estado.

Fuente: Gay Star News | Pink News, vía Cáscara Amarga/EstoyBailandoEstoyBailando

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