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“No nos borrarán”: Así le protestan a Trump ante la nueva arremetida de su Gobierno contra las personas transgénero

Viernes, 26 de octubre de 2018

transflagEn Estados Unidos se calcula que hay más de 1,4 millones de personas transgénero, quienes se verían afectadas si la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo su política de cambio en materia de reconocimiento de género.

Según lo divulgó el diario The New York Times, en un memorando del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) se propone definir legalmente el género de una persona por su sexo biológico al nacer. Este hecho anularía los derechos conquistados por la población trans desde la presidencia del exmandatario Barack Obama. “Sexo significa el estatus de una persona como hombre o mujer en función de rasgos biológicos inmutables identificables durante o antes del nacimiento”, propone el HHS en la nota, según el diario.

“El sexo que figura en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona, a menos que sea refutado por pruebas genéticas confiables”, añade el texto oficial.

Este hecho motivó a que miles de personas protestarán este lunes en Washington ante lo que consideran una nueva arremetida del Gobierno de Trump, que ya ha venido limitado los derechos de las personas trans en ámbitos como la educación y la salud.

“Lucharemos y seremos fuertes, y estaremos aquí después de que esta administración esté en un montón de basura”, aseguró Mara Keisling, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derechos Transgénero, de Estados Unidos.

Los activistas de la comunidad LGBT marcharon hacia la Casa Blanca con pancartas que tenía escrito “#Won’tBeErased” (#NoSeremosEliminados) en apoyó a las persona transgénero. Etiqueta que también posicionaron en las redes sociales.

Entretanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos mencionó que no hablarían de “supuestos documentos filtrados”.

El activismo LGBT se mantiene en alerta en Estados Unidos, y aseguran que habrá impugnaciones legales si dicho rumor se concreta, ya que no permitirán que se vulneren los derechos del colectivo trans.

“Si la administración quiere regresar el tiempo al continuar con su propia definición de sexo frívola y científicamente infundada, estaremos ahí para enfrentar el desafío”, aseveró la directora legal de Lambda, Dianna Flynn.

Por su parte, el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero describió a través de una cadena de tuits los posibles cambios que se plantea el Gobierno de Trump como una “abominación” y “un ataque imprudente” en las vidas de personas transgénero.

“No nos vamos a ninguna parte. Las personas trans no pueden ser borradas con un memo. Publica una selfie. Llama a un amigo. Asiste a nuestro mitin mañana. Todo para mostrarles que #WeWontBeEreased“, dijo la organización en su cuenta de Twitter.

Asimismo, informaron que a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos se están realizando manifestaciones para evitar que esta medida gubernamental se efectúe.

Fuente Universogay

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La administración Trump plantea reformar las leyes federales para suprimir la existencia jurídica de las personas trans

Miércoles, 24 de octubre de 2018

ejercito-trans-contra-trump-696x522La administración presidida por Donald Trump continúa en su denodada persecución de las personas trans. Según ha adelantado The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma de las leyes federales en materia de educación que incluiría una definición del sexo o género que negaría la existencia de las personas trans y, por lo tanto, la posibilidad de que ejerzan algún derecho con su identidad de género real. Según esa definición, «el sexo se refiere a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los Departamentos de Justicia, Salud y Trabajo, por lo que afectaría a las personas trans en todos los aspectos de su vida pública.

El Título IX de la Ley de Derechos Civiles establece la prohibición de discriminar en razón del sexo en los programas de educación que reciban financiación federal. La anterior administración estadounidense, presidida por Barack Obama, estimó que esa disposición también acogía a las personas trans y emitió una directiva en la que ordenaba a las instituciones de enseñanza que respetaran la identidad de género de los alumnos trans en cualquier actividad educativa. Eso amparaba a las personas trans en el uso de los baños públicos, las actividades separadas por género o la asignación de dormitorios, que debían adaptarse a la identidad de género expresada por el alumnado. Los centros que no respetasen esa normativa podían perder la financiación federal. Sin embargo, en cuanto se produjo el cambio de gobierno, la nueva Administración, presidida por Donald Trump, derogó esa directiva y dejó sin protección a los alumnos trans. Pero su pretensión es, al parecer, llegar aún más lejos.

Según un memorándum que ha llegado a manos del diario The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma del mencionado Título IX, en la que se incluiría una definición de lo que es el sexo, con el objetivo de evitar que las personas trans puedan ver reconocida oficialmente su identidad de género. Según el Departamento de Salud, las distintas agencias gubernamentales necesitan adoptar una definición del sexo o género explícita y uniforme como algo determinado «sobre una base biológica clara, fundamentada en la ciencia, objetiva y administrable». Sin embargo, desoyendo las evidencias científicas, pretende que esa definición establezca la existencia de únicamente dos sexos, varón y mujer, inmutables y determinados por los genitales que la persona tuviera al nacer. Además, cualquier disputa administrativa en relación al reconocimiento del sexo o género se dilucidaría con pruebas genéticas.

Específicamente, el memorándum propone que «el sexo se refiera a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento. El sexo que figure en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona a menos que sea refutado por evidencia genética confiable».

La propuesta es que esta definición no solo afecte al Departamento de Educación, sino que sirva de guía al resto de las agencias gubernamentales. Significaría negar la existencia de casi un millón y medio de ciudadanos estadounidenses, cuya identidad de género no sería reconocida por la Administración en materia de derechos civiles de ámbito federal. Específicamente sería adoptada por el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación y el Departamento de Trabajo (llamados coloquialmente «los cuatro grandes»), por lo que afectaría a los ciudadanos trans en todos los aspectos de su vida pública.

Según la directora de Human Rights Campaign, Sarah Warbelow, «las personas trans están asustadas. En cada paso en el que la administración ha tenido la opción, han optado por darle la espalda a las personas trans». Por ello, el Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha convocado una manifestación en la ciudad de Washington, que concluirá frente a la Casa Blanca. Su directora, Mara Keisling, describe la propuesta de reforma como «una medida superagresiva, despectiva y peligrosa» que lo que trata es «decir que no existimos».

El empeño en la discriminación de las personas trans

Esta propuesta de reforma es un paso más del actual Gobierno estadounidense en su ensañamiento en socavar los derechos de las personas trans. Conquistada la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y Mike Pence (cuya LGTBfobia era ya bien conocida antes de ser invitado por Trump a ser su candidato a vicepresidente) se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. Hay en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluirlas del Ejército, que por el momento permanece en suspenso por decisión judicial pero que Trump y Pence parecen decididos a llevar hasta el final y llegar hasta el Tribunal Supremo, cuya actual composición puede serles desdichadamente favorable.

Una de las últimas disposiciones ha sido la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. La administración Trump ordenó que sea el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que han perdido de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos.

Como hemos señalado anteriormente, la administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales. Y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

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Gavin Grimm consigue una importantísima victoria de los derechos trans en un tribunal federal

Miércoles, 30 de mayo de 2018

gavin-grimm-victoria-legal-696x522Un juzgado federal da la razón a Gavin Grimm, un chico trans que denunció a su instituto por no permitirle usar los baños del género con el que se identifica.

El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó el caso porque, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, el gobierno cambió su política respecto a la ley que prohíbe la discriminación sexual en lugares públicos. 

Ya hace tiempo que publicamos la historia del joven trans Gavin Grimm.  Gavin es un chico trans de Gloucester, Virginia (EE.UU.) que en 2014 demandó a su distrito escolar porque le prohibieron utilizar el baño de chicos. Lo curioso del caso es que los problemas de Gavin empezaron cuando protestaron los padres de algunos alumnos al enterarse de que Gavin utilizaba el baño de chicos, porque entre los alumnos no hubo nunca ningún problema durante los dos meses que estuvo usándolo.

La denuncia de Gavin dio muchas vueltas, primero un juzgado dio la razón al distrito escolar pero luego un tribunal de apelaciones se la dio a Gavin. Y así el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que devolvió la demanda a un juzgado federal porque el nuevo presidente Donald Trump, anuló nada más llegar a la Casa Blanca la directriz de Obama que obligaba a los centros públicos (incluidos centros escolares) a permitir que las personas trans utilizaran el baño del género con el que se identifican.

Arenda-L-Wright-AllenAhora la jueza Arenda L. Wright-Allen, del Tribunal del Distrito Este de Virginia, ha sentenciado que Gavin tiene razón. Y punto.

Tras la decisión del Supremo de devolver el caso al tribunal federal el distrito escolar solicitó a la jueza Arenda L. Wright-Allen que desestimara el caso. Pero la jueza dijo que no. Wright-Allen analizó el caso y ha sentenciado que el centro y el distrito vulneraron el Título IX y la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución.

El meollo aquí está en el Título IX. El Título IX es una ley federal de 1972 que prohíbe la discriminación en base al sexo en edificios públicos, como por ejemplo los colegios e institutos que reciben financiación del estado. Durante su mandato Obama ordenó que la discriminación por identidad de género también se considerara discriminación sexual, pero Trump dio marcha atrás a esa orden en cuanto entró en el Despacho Oval.

Y ése es el motivo por el que la victoria de Gavin es tan importante: porque un juzgado federal ha sentenciado que la discriminación por identidad de género también es discriminación sexual y, por lo tanto, está prohibida por el Título IX. De ahí que la jueza Wright-Allen haya ordenado al equipo legal de Gavin (que está siendo asistido por la ACLU) y al distrito escolar a que se sienten para llegar a un acuerdo en 30 días. Aprovechó, además, para señalar el daño gratuito provocado por la junta escolar tanto por “la localización de los baños” como por “la estigmatización y la angustia física y mental infligida sobre el Sr. Grimm.

Siento un increíble alivio“, ha declarado Gavin a través de un comunicado publicado por la ACLU, “Tras luchar esta política desde que tengo 15 años, finalmente tengo una sentencia judicial que dice que lo que la Junta Escolar del Condado de Gloucester me hizo estaba mal e iba en contra de la ley. Estaba dispuesto a no rendirme porque no quiero que ningún otro estudiante tenga que sufrir la misma experiencia por la que tuve que pasar.

Tanto la ACLU como la Human Rights Campaign han celebrado la sentencia. Sarah Warbelow, directora legal de la HRC, ha declarado que “con la sucesión de ataques de la administración Trump-Pence a las personas LGTB+ en este país, incluyendo a los menores, nos alegra que otro juzgado federal haya reafirmado los derechos legales y la dignidad de las personas trans“.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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Un tribunal federal le aclara a Trump que la LGTBfobia también es discriminación sexual

Martes, 6 de marzo de 2018

katzmann104466932-pe_color-240x240El Juez Robert Allen Katzmann y Trump

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York sentencia que la orientación sexual sí está protegida por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles; llevándole la contraria a la Casa Blanca.

Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca una de las primeras cosas que hizo fue cargarse uno de los grandes avances que la administración Obama había llevado a cabo en materia de derechos LGTB+. No, no tumbó el matrimonio igualitario (aunque ganas no le faltan): dijo que la LGTBfobia no es discriminación sexual.

La Ley de Derechos Civiles estadounidense de 1964 deja claro, en su Título VII, que cualquier tipo de discriminación sexual está prohibida. Obama dio orden al Departamento de Justicia de que comenzaran a incluir la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género dentro de ese Título. Pero Trump, cuando cambió a los funcionarios apropiados, dijo lo contrario y de repente las personas LGTB podíamos ser discriminadas de forma legal porque no hay ninguna ley federal (aunque sí algunas estatales) que nos proteja si, por ejemplo, tu jefe decide despedirte por maricón.

Eso fue lo que le pasó a Donald Zarda (ahora fallecido), un profesor de paracaidismo que en 2010 denunció a la empresa para la que trabajaba, Altitude Express Inc., por discriminación homófoba. Aunque no es habitual que ocurra, el Departamento de Justicia de los EE.UU. se involucró en el caso y aunque en un principio (con Obama) estaba a favor de Zarda, más tarde (con Trump) estaba en contra.

Cuando un tribunal le dio la razón a la empresa porque entendían que el Título VII (que prohíbe la discriminación sexual) no incluye la discriminación por orientación sexual, el equipo legal de Zarda recurrió la sentencia en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. El pasado lunes ese tribunal, formado por 13 jueces, le dio la vuelta a esa sentencia y dictaminó que sí, que a pesar de lo que diga Trump el Título VII sí prohíbe la discriminación en base a orientación sexual, identidad y expresión de género puesto que es obvio que existe una relación entre ambas cosas.

El Juez Robert Allen Katzmann escribió en su sentencia que el tribunal sostiene que “la discriminación por orientación sexual constituye una forma de discriminación ‘en base a… el sexo’” y, por lo tanto el despido de Zarda violó el Título VII de la Ley de Derechos Civiles. “Una mujer que es víctima de una acción adversa por parte de su empleador porque se siente atraída por otras mujeres habría sido tratada de forma diferente si hubiera sido un hombre que se siente atraído por mujeres. Por lo tanto podemos concluir que la orientación sexual es una función del sexo y, por extensión, la discriminación por orientación sexual es un subconjunto de la discriminación sexual.

Desde la Human Rights Campaign su Directora Legal, Sarah Warbelow, ha calificado la sentencia como “una victoria a largo plazo por la igualdad”: “La sentencia del Segundo Circuito afirma lo que ya sabíamos: la orientación sexual es una característica protegida bajo el Título VII. Las personas LGTBIQ tienen derecho a un entorno laboral seguro.

Aunque puede parecer poca cosa, lo cierto es que esta sentencia es un varapalo bastante gordo para la LGTBfobia de la administración Trump. Si alguien quiere recurrirla solo podrá recurrir al Tribunal Supremo, puesto que este dictamen sienta un precedente legal que todos los juzgados del país habrán de respetar en casos similares.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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Proponen una ley en Carolina del Sur para convertir el matrimonio gay en “matrimonio parodia”

Sábado, 3 de marzo de 2018

Seis legisladores republicanos de Carolina del Sur presentan una ley para separar los matrimonios heterosexuales (normales) de los homosexuales (parodias).

La ley establece además que el estado no apoye de ninguna forma los “matrimonios parodia” porque no son naturales y porque, según ellos, no se trata de un tema de discriminación homófoba.

Steven Wayne Long, William M. Chumley, James Mikell Burns, John R. McCravy III, Josiah Magnuson y Richard Martin. Estos señores:

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Son seis legisladores republicanos del estado de Carolina del Sur (Estados Unidos) que acaban de apoyar una ley que quiere redefinir el término “matrimonio” para separar al matrimonio heterosexual del homosexual. Sí, Estados Unidos, 2018. Tres años después de que el Tribunal Supremo del país legalizara de facto el matrimonio igualitario a estos seis iluminados se les ha ocurrido dar una vuelta de tuerca porque así son ellos: blancos, heterosexuales (o eso dicen), republicanos y homófobos.

 Un detalle que a lo mejor a alguno se le pasa: los Republicanos son los de Trump. Los que se supone que eran “mejor” que Hillary y los demócratas.

La “Ley de Restauración del Matrimonio y la Constitución” fue leída por primera vez el pasado 15 de febrero y ha sido enviada para su tramitación. No creemos que vaya a ninguna parte, pero presta atención porque aunque en tu país el matrimonio entre personas homosexuales sea legal nada te asegura que no te aparezcan seis energúmenos como éstos. Esa ley, básicamente, “define ciertos términos, incluyendo ‘matrimonio parodia’ y ‘matrimonio’; para aclarar que las políticas en torno a los matrimonios parodia son de naturaleza no secular“. Y además quiere “prohibir al estado que muestre su respeto, apoyo o reconocimiento a cualquier política de matrimonios parodia que trate la orientación sexual como una ‘suspect class’“.

Suspect Class” no es exactamente una “clase sospechosa“, es un término legal acuñado por el Tribunal Supremo para definir a grupos de población que son proclives a ser discriminados. El colectivo LGTB, obviamente, forma una “suspect class“. Y la ley presentada por estos seis indocumentados quiere, básicamente, dejar claras dos cosas: que los matrimonios igualitarios no tienen una raíz religiosa (casi mejor) y por lo tanto no han de ser respetados ni reconocidos; y que el estado no reconozca a las personas homosexuales como posibles víctimas de discriminación para asegurar que sus matrimonios serán “parodias” y no matrimonios reales.

El movimiento es absurdo: intentan volver a ilegalizar el matrimonio entre personas homosexuales convirtiéndolo en una figura jurídica sin valor alguno y se aseguran evitar posibles demandas diciendo, básicamente, que la homofobia no existe. Es un poco como intentar acabar con el racismo haciendo una ley que asegura que las personas racializadas no lo sufren.

La idea de estos seis legisladores es, crear un matrimonio de dos carriles: si eres hetero te casas en un matrimonio normal y si eres homosexual te casas en un matrimonio paródico. ¿Y por qué es una parodia? Porque, como explica la ley (y como los homófobos llevan repitiendo 20 años), “durante milenios las civilizaciones han definido el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Ese matrimonio surgió de la naturaleza de las cosas y es un matrimonio natural, neutral y no controvertido; a diferencia de las formas paródicas del matrimonio.” Sí. Para los republicanos el matrimonio entre personas del mismo sexo es una broma de mal gusto, pero no te quejes porque ellos no son homófobos… ¡es que no existe la homofobia!

Además todos sabemos que el matrimonio heterosexual (sobre todo el de los políticos republicanos) no es una parodia de nada porque los heteros siempre se casan por amor y para tener hijos y nunca tienen aventuras, ni se acuestan con prostitutas pagadas con dinero público y por supuesto no son gais aunque les pillen en una habitación de hotel con un chapero menor de edad.

El texto de la ley asegura además que desde que se aprobó el matrimonio igualitario no ha habido un auge descomunal de bodas gays, pero sí ha crecido la persecución a los cristianos heterosexuales por parte de “Humanistas Seculares” que se dedican a infiltrarse y adoctrinar a los menores en escuelas públicas para inculcarlesuna visión del mundo que es moralmente cuestionable, obscena y no secular“. Y rizan el rizo al añadir que “no está decidido si la orientación sexual es inmutable o genética y se trata, por lo tanto, de un asunto de fe.

No creemos que este insulto en forma de ley llegue a ninguna parte, pero su propia existencia ya es indignante. Sarah Warbelow, Directora Legal de la Human Rights Campaign, ha cargado contra la idea aclarando que “el matrimonio igualitario es la ley indiscutible de este país” y añade que los seis políticos deberían dedicarse a los verdaderos problemas que sufren sus votantes “y no obsesionarse con un tema zanjado que cuenta con el apoyo de la mayoría de americanos“. Desde SC Equality su director ejecutivo, Jeff Ayers, ha señalado al legislador Steven Wayne Long por utilizar el odio para ganar las elecciones: “Esto no es más que el intento de un representante primerizo por contentar a su electorado de extrema derecha en un año electoral. Leyes como ésta promueven el odio, son discriminatorias y solo consiguen que sea más complicado atraer negocios a Carolina del Sur.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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La Corte Suprema del Estado de Washington falla contra una florista que negó sus servicios a una boda entre dos hombres

Miércoles, 22 de febrero de 2017

couple_0Importante sentencia la que ha tenido lugar en Estados Unidos contra una florista que se negó a proveer las flores de una boda entre dos hombres: “Se trata tan poco de tener acceso a flores como los casos de derechos civiles en los sesenta iban de tener acceso a sándwiches”. Así de contundente se ha manifestado el tribunal en una sentencia unánime.

En 2013, Robert Ingersoll y Curt Freed, una pareja de hombres, decidieron contraer matrimonio. Y quisieron que Barronelle Stutzman, dueña de Arlene’s Flowers, les proporcionara flores para su boda. Stutzman le había vendido flores a la pareja desde hacía años. Sin embargo, en esta ocasión se negó. El motivo aducido era que en esta ocasión se trataba de una boda y que el matrimonio entre personas del mismo sexo iba contra su fe cristiana. Ante ello, la pareja decidió demandarla por violación de las normativa contra la discriminación de las personas LGTB vigente en el estado deWashington (un estado de la costa oeste fronterizo con Canadá con un historial especialmente inclusivo) a lo que se añadió el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, afirmando que su negativa a prestar sus servicios a la pareja por su orientación sexual es ilegal.

Fue condenada por el juez del condado de Benton Alex Ekstrom y la multó con 1.000 dólares más un dólar de costes judiciales, argumentando que violó las leyes estatales antidiscriminación y de protección de los consumidores. El juez desestimó los argumentos de la florista que apelaba a la libertad de expresión y religión con intención de protegerse frente a las acusaciones. Mientras que las creencias religiosas se encuentran protegidas por la Primera Enmienda, las acciones basadas en esas creencias no están necesariamente justificadas o amparadas. “La Corte ha confirmado el poder de la legislación para prohibir aquellas conductas que sean discriminatorias a pesar de que sus motivaciones se encuentren relacionadas con las creencias religiosas” cuenta Ekstrom.  La pareja exigió también compensaciones por daños y perjuicios y el pago de los honorarios, según los documentos judiciales.

barronelle_stutzmanStutzman rechazó una oferta de acuerdo del fiscal general que habría puesto fin a futuros litigios, afirmando que estaba protegiendo su derecho al libre ejercicio de la religión mientras se  iniciaba una recogida de fondos para Stutzman. “La abuela de 70 años podría perder su negocio, su casa y sus ahorros. Por seguir su fe podría perder todo lo que tiene“, rezaba la campaña, puesta en marcha a través del portal Gofudme.com para ayudar a la anciana a hacer el pago de la multa. La respuesta fue desproporcionada, y acabó recogiendo más de 100.000 dólares.

El núcleo del caso estaba en si la negativa de Stutzman se debía a una legítima expresión de sus creencias religiosas, como argumentaba la florista, o si estábamos ante un caso de discriminación, como alegaban los demandantes. Para justificar su postura, Stutzman aducía que ofrecerse para proporcionar las flores era más que ofrecer un servicio: sus creaciones, decía, eran una expresión artística personal, por lo que la presencia de las mismas en la boda era una expresión de su personalidad, y consiguientemente podía entenderse como una aprobación personal de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, algo que para ella era inaceptable.

Sin embargo, la sentencia unánime de los jueces es inequívoca: “se trata tan poco de tener acceso a flores como los casos de derechos civiles en los 60 iban de tener acceso a sándwiches”. Según la Corte Suprema de Washington, las leyes que regulan servicios públicos hacen más que regular su funcionamiento, y pueden estar orientados a fines sociales legítimos: “no solo garantizan el acceso a bienes o servicios. Antes bien, están al servicio de fines sociales más amplios, erradicando barreras al tratamiento en igualdad para todos los ciudadanos”, señala. Asimismo, rechaza el argumento de que se trataba de una expresión artística que implicaba aprobación, apoyándose además en que la propia demandante contradecía su propia tesis al reconocer que si vendía flores a musulmanes no estaba con ello haciendo un acto de aprobación o adhesión.

La sentencia, como era de esperar, ha sido muy bien recibida por los grupos de defensa de los derechos civiles y de las personas LGTB y muy mal por la florista y quienes defienden su postura en nombre de la libertad de conciencia y libertad religiosa. “La gente no debería usar nunca sus creencias religiosas personales para violar la ley o los derechos civiles básicos de otros”, ha asegurado Sarah Warbelow, de Human Rights Campaign, una de las asociaciones de defensa de los derechos de las personas LGTB más importantes del país. Kristen Waggoner, abogada de la florista, sostiene sin embargo que el tribunal ha errado al interpretar la ley, pues no se rechazó el servicio a la pareja porque fueran gais sino porque era para una ceremonia que Stutzman no podía aprobar en conciencia. Con esta sentencia Waggoner cree que se pone en peligro incluso la creación artística: “Toda expresión profesional artística está en peligro”, declaraba en conversación telefónica a los periodistas The New York Times.

No tiene la misma opinión el fiscal general del Estado, Bob Ferguson: “Arlene’s Flowers no tiene la obligación de vender flores. Sin embargo, se les requiere que las vendan en igualdad si eligen hacerlo”, afirmó, añadiendo que la sentencia enviaba el mensaje de que: “la orientación sexual es una clase protegida, como la raza o la religión”.

Aunque se trata de una sentencia del sistema judicial estatal, únicamente con jurisdicción en el estado de Washington, puede considerarse relevante para otros casos de denegación de servicios a parejas del mismo sexo, especialmente de cara a celebraciones de bodas. Baste recordar el caso de los pasteleros de Oregón, un estado vecino, que fueron multados con 144.000 dólares por negarse a hacer un pastel para una boda de dos mujeres. En cualquier caso, se trata pues de un pronunciamiento de los jueces que resulta esperanzador en los tiempos que corren. Ilustra también lo importante de luchar en favor de las legislaciones contra la discriminación en los estados (y contra las legislaciones a favor de la discriminación) en un momento en que a nivel federal el panorama se vuelve sombrío.

Los abogados de la florista, en cualquier caso, ya han anunciado que apelarán ante la justicia federal. Esto abriría un camino que podría terminar incluso ante Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Veremos qué sucede.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Católicos integristas demandan a Obama por no dejarles discriminar a las personas trans

Lunes, 2 de enero de 2017

barack-obamaAlgunos católicos americanos se quejan de que una ley de Obama obliga a los médicos religiosos a realizar abortos y reasignaciones de sexo, pero las organizaciones LGTB responden que no.

Antes de salir de la Casa Blanca, el presidente Obama está  firmando leyes y órdenes ejecutivas con la intención de proteger todo su trabajo antes de que llegue Donald Trump e intente cargárselo. Probablemente no sirva de mucho porque en enero los republicanos controlarán todo lo que pueden controlar, pero la clave es no ponérselo fácil, que sus votantes se cansen de que se gasten dinero en cosas que no les afectan realmente y que en cuatro años los manden a  a casa.

Todos sabemos que el nuevo enemigo a batir por parte de los grupos religiosos en Estados Unidos es el colectivo  trans, porque desde que el Tribunal Supremo aprobó el matrimonio igualitario no está muy bien visto ser homófobo. Así que se han pasado a la transfobia, que eso aún sale gratis. En plena guerra por las leyes de “libertad religiosa” y las “leyes de los lavabos“, Obama firmó una orden ejecutiva que obligaba a la administración a permitir que las personas trans utilicen el baño del género con el que se identifican.

Pero además Obama firmó en julio una ley que afectaba al Acta de Cuidado de Salud Asequible para aclarar una parte del texto que podía ser propensa a la discriminación. En realidad la intención no era proteger únicamente a la comunidad trans sino a cualquiera que pudiera ser discriminado, pero estos católicos dicen que no, que en realidad todo es un intento de Obama para obligar a los médicos católicos a hacer cosas que su religión no les permite.

Dice Douglas Wilson, el jefe ejecutivo de la Catholic Benefits Association que “los hospitales católicos proveen un cuidado compasivo a cualquiera, sin importar su estatus. Los pacientes que experimentan disforia de género no merecen menos. La principal ética de cualquier proveedor de servicios de salud es no hacer daño. Y esta ley hace todo lo contrario.

cba3La Catholic Benefits Association ha presentado en un juzgado del Distrito de Dakota del Norte una demanda contra Obama alegando que la ley es “un intento del gobierno de redefinir el término ‘sexo’ en las leyes anti-discriminación federales“. Y añaden que esa ley forzará a los médicos católicos a realizar cirugías de reasignación de sexo o abortos, algo que la Biblia no les permite hacer.

Desde las organizaciones LGTB reconocen que la ley que firmó Obama ofrece una protección importantísima a las personas trans, pero aclaran que no es una ley que fuerce a nadie y que los católicos integristas están haciendo lo que mejor saben hacer: tergiversar las cosas. Según Sarah Warbelow, la directora legal de la Human Rights Campaign, lo que dice la ley es que “si provees un servicio concreto a una persona, no puedes negarte a proveérselo a otra“.

Es decir: que un médico que no realiza reasignaciones de sexo o abortos no estará obligado a hacerlo, pero uno que sí los hace no puede negarse a hacerlo en base a un criterio discriminatorio.

Fuente: Pink News, vía EstoyBailando

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Utah aprueba una ley contra la discriminación a homosexuales. La propuesta obtuvo el apoyo total de la Iglesia mormona en el estado.

Viernes, 13 de marzo de 2015

gay-rights-religious-terraapKody Partridge, izquierda, y su esposa Laurie Wood celebran después de que la legislatura de Utah aprobara una ley contra la discriminación homosexual, este miércoles 11 de marzo del 2015. Foto: AP

Activistas y religiosos mormones del Estado norteamericano de Utah han han unido esfuerzos para conseguir que se prohíba la homofobia, bifobia y transfobia en la región.

 

La legislatura de Utah, de mayoría republicana, dio su aprobación final este miércoles por la noche una ley contra la discriminación de sus residentes homosexuales, bisexuales y transexuales, un texto respaldado por la Iglesia mormona.

La Cámara de Representantes del Estado aprobó por 65 votos contra 10 aprobar la medida desvelada la semana pasada. El Senado regional lo aprobó este viernes.

La propuesta obtuvo el poco habitual apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en el estado y que ayudó a acelerar el paso de la medida en la cámara. El gobernador Gary Bergert, un republicano miembro de la iglesia, indicó que firmará el documento.

Algunos críticos conservadores han alegado que la propuesta, limitada al empleo y la vivienda, no va lo bastante lejos para proteger los derechos religiosos. No aborda cuestiones de discriminación más espinosas, como si un negocio puede negarse a servir a alguien por motivos religiosos, como por ejemplo un fotógrafo de bodas que se opone a trabajar en un enlace entre personas del mismo sexo. Además, las voces discordantes señalan que la ley crea protecciones especiales para personas homosexuales y transgénero.

La iglesia mormona dijo apoyar por completo la ley, que sigue los principios esbozados en su petición de que se aprueben normas que equilibren los derechos religiosos y las protecciones de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

La ley ilegalizaría basar las contrataciones, despidos y otras decisiones de empleo en la orientación sexual o identidad de género. También sería ilegal negarse a vender o alquilar, negar un préstamo para vivienda o basar otras decisiones sobre vivienda en ese criterio.

Ya habíamos conocido que la Iglesia Mormona y la Human Rights Campaign, una organización defensora de los derechos humanos, han respaldado un proyecto de ley que pretende prohibir en el Estado de Utah la discriminación que sufren los ciudadanos en base a su orientación sexual o identidad de género que se extendería a la protección del empleo y la no discriminación en la vivienda. El presidente HRC Chad Griffin se alegra con el apoyo al proyecto de ley por parte de la Iglesia Mormona.

Dijo Griffin que “Este es un momento extraordinario para el estado de Utah, para los estadounidenses LGBT, y para la Iglesia Mormona, que, mediante el apoyo a esta legislación, muestra una voluntad de alinearse con los demás en el lado correcto de la historia. El deseo mostrado por la Iglesia Mormona para trabajar hacia un terreno común debería servir de modelo para otras tradiciones de fe aquí en los Estados Unidos “.

La medida impediría que la población de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales pueda ser discriminada en el ámbito laboral y en el inmobiliario, intentando evitar que una empresa pueda dejar de contratar o despedir a alguien en base a su condición de LGTB.

El proyecto de ley, S. B. 296, contiene tres disposiciones consecuentes. En resumen, el proyecto de ley establece los empleadores, arrendadores y propietarios tienen prohibido negar empleo y vivienda sobre la base de la identidad de género u orientación sexual, y no hay exenciones religiosas a las disposiciones de no discriminación se permitirá a las personas o empresas con fines de lucro. Si los legisladores de Utah aprobasen la medida, el estado se uniría a otros 21 estados que tienen protecciones explícitas de no discriminación basada en la orientación sexual y otros 18 estados que tienen protecciones de identidad de género explícitas. La directora Jurídica de HRC, Sarah Warbelow espera legisladores de Utah se muevan rápidamente sobre el asunto y afirma que: “Este es un paso muy alentador para todos los que estamos comprometidos con la igualdad. Con sólo un corto tiempo que queda en la sesión legislativa del estado, que se espera, la acción rápida y positiva en esta importante medida.

General, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) , , , , ,

Homofobia judicial: la Corte Suprema de Alabama ordena que se impidan los matrimonios entre personas del mismo sexo

Lunes, 9 de marzo de 2015

SC2013_800x600La Corte Suprema de Alabama ha emitido un mandato judicial que prohíbe a los juzgados de familia del estado proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La orden llega después de que un tribunal federal dictaminara que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama viola la Constitución de los Estados Unidos, y de que la juez que la dictó tuviera que reiterar el ámbito de su sentencia para obligar a los jueces de familia a acatarla. Los expertos claman por la barbarie legal que se está cometiendo, pues ni la Corte Suprema de Alabama tiene competencia para contradecir a un tribunal federal, ni puede decidir sobre un caso que no ha sido primeramente decidido en un tribunal estatal de rango inferior, ni tiene autoridad directa sobre los funcionarios de los juzgados de familia.

Las primeras bodas entre parejas del mismo sexo se celebraron en Alabama el pasado 9 de febrero, una vez que había finalizado la suspensión temporal dictada por la juez federal Callie V. S. Granade cuando dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que las prohibían. La administración de Alabama había solicitado tanto a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, como posteriormente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que la sentencia quedase cautelarmente en suspenso mientras se decidía sobre la apelación presentada. Ambos tribunales rechazaron la petición, por lo que la sentencia federal era efectiva y de obligado cumplimiento. Lo que sí decidió la Corte de Apelaciones de 11º Circuito es dejar en suspenso el proceso de apelación hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario, proceso ya iniciado y que probablemente se resolverá el próximo mes de junio.

Aunque el gobernador del estado, Robert Bentley, comunicó su intención inequívoca de acatar el proceso judicial y aceptar la autoridad del tribunal federal al respecto, quien no quiso hacerlo fue el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore. Emitió una resolución en la que ordenaba que “ningún juez de familia expedirá o reconocerá una licencia de matrimonio que sea incompatible con el artículo 1, sección 36.03, de la Constitución de Alabama”. Dicho artículo es el que describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado. Todos los expertos coincidían en que no tenía autoridad ni competencia para dictar una orden así, pero creó la suficiente confusión como para que en muchos de los condados se dejasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

La juez federal Callie V. S. Granade se vio obligada a reiterar que su sentencia era de obligado cumplimiento. Tras ello, la mayoría de los jueces de familia de los condados empezaron a facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demandaban, con la excepción de algunos que decidieron no emitir licencia a pareja alguna, fuera del mismo o distinto sexo.

Pero ni el juez Moore, ni la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Alabama parecieron dispuestos a acatar la legalidad. Admitieron a trámite una petición del grupo homófobo Liberty Counsel, que solicitaba que los jueces de familia cesasen la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, amparándose en “el bien común”. Una vez más se señaló la improcedencia de esa actuación, incluso así lo hizo algún juez disidente, pues una organización privada no está legitimada para solicitar a la Corte Suprema un mandato semejante. Sin embargo, se inició el proceso y los jueces de familia se vieron obligados a informar sobre cada una de las licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo que emitían.

Sirva de ejemplo del grado de intolerancia de los miembros de la Corte Suprema de Alabama, la opinión particular de uno de ellos, Glenn Murdock. Cuando el juez de familia del condado de Mobile consultó a ese tribunal sobre si debía acatar la sentencia federal, consulta que se desestimó, el juez Murdock hizo constar en la respuesta que, de permitirse el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la institución quedaría sin contenido y por lo tanto debería abolirse.

El mismo presidente del tribunal, el juez Moore, ya había instado en su día al gobernador de Alabama, mediante una misiva, a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”.

La agresividad contra los derechos de las personas LGTB por parte del tribunal estatal de más alta instancia de Alabama, ha culminado con la orden emitida este 3 de marzo, en la que esa Corte Suprema establece que “como lo ha hecho durante aproximadamente dos siglos, la ley de Alabama solo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. Los jueces de Alabama tienen el deber de no emitir ninguna licencia de matrimonio en contra de esta ley. Nada en la Constitución de los Estados Unidos altera o anula este deber”. Por tanto, les ordenan no facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demanden.

Para fundamentar su decisión, la Corte Suprema alude a viejos argumentos, como que ”a lo largo de toda su historia, Alabama ha elegido la definición tradicional del matrimonio. Ese hecho no cambia simplemente porque una nueva definición del matrimonio haya ganado ascendencia en algunos sectores del país, aunque uno de esos sectores sea el poder judicial federal. El matrimonio siempre ha tenido lugar entre miembros del sexo opuesto. La razón obvia para esta característica inmutable es la naturaleza. Los hombres y las mujeres se complementan entre sí biológica y socialmente. De manera aún más obvia, la unión sexual entre hombres y mujeres produce hijos.  En resumen, el gobierno tiene un interés evidente en los hijos y las consecuencias que se derivan de la procreación”.

La orden ha sido aprobada con el voto favorable de seis de los siete jueces firmantes. Aunque el juez Moore, en su calidad de presidente, no ha tenido que intervenir con su voto, a nadie se le escapa que su mano está en el fondo y forma de la decisión. El juez disidente, Greg Shaw, dejaba muy clara su postura contraria por motivaciones estrictamente legales: “En su intento de reducir la confusión y restaurar el orden, la opinión mayoritaria se ha desviado de ciertos principios del derecho que socavan su razón para asumir esta competencia. En particular, esta Corte no tiene jurisdicción sobre este caso, no solo porque no proceda de un tribunal inferior, sino también porque trata de instruir a un funcionario del estado sin capacidad judicial sobre cómo realizar un acto ministerial”. Es decir, se han tratado de utilizar acrobacias legales para dictaminar sobre algo sin tener competencia para ello.

La actitud de los miembros de la Corte Suprema de Alabama está siendo comparada inevitablemente con la parte más negra de la historia reciente del estado. Concretamente con la actitud del gobernador George Wallace, que en 1963 se plantó ante las puertas de la Universidad de Alabama para impedir la inscripción de estudiantes de raza negra, como obligaban las leyes antisegregacionistas aprobadas por el gobierno del John F. Kennedy.  El ominoso discurso de Wallace en su toma de posesión como gobernador, en el que incluyó la deleznable frase “segregación ahora, segregación mañana, segregación siempre”, parece haberse convertido ahora, mediante la orden de la Corte Suprema, en un “matrimonio tradicional ahora, matrimonio tradicional mañana, matrimonio tradicional siempre”, con el que continuar la historia de la intolerancia en Alabama.

Sarah Warbelow, directora de asuntos legales de Human Rights Campaign, declaraba con contundencia que “la Corte Suprema del estado de Alabama no tiene autoridad para interferir con una orden judicial federal. Esta orden es indignante y desconcertante, y ninguna jerga legal puede ocultar la animosidad que está en la base de esta sentencia extralegal”.

Shannon Minter, directora jurídica de National Center for Lesbian Rights estima por su parte que “la Corte Suprema de Alabama no solo ha concedido un mandamiento solicitado por grupos privados, sino que se ha excedido aún más al estimar que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Alabama es constitucional, cuestión que ninguna de las partes le había pedido que abordase. Es profundamente lamentable que, mientras el matrimonio igualitario para todo el país está en el horizonte, la Corte Suprema de Alabama esté decidida a permanecer en el lado equivocado de la historia. La actuación de la Corte muestra un cruel desprecio por el impacto de esta decisión arbitraria en las parejas del mismo sexo y sus familias, pero estas familias deben animarse, porque esto es tan solo un tropiezo en el camino hacia la igualdad. Ya han cambiado para siempre la historia de su estado. La cuestión  no es si el matrimonio igualitario volverá a Alabama, sino cuán rápido lo hará”.

David Kennedy, uno de los defensores que consiguió la victoria en el tribunal federal, estima que los jueces de familia que acaten esta orden pueden arriesgarse a demandas por parte de las parejas a quienes no faciliten licencias. “Cuando las leyes del estado entran en conflicto con las leyes federales, las federales ganan”, afirma convencido.

Otros expertos, sin embargo, no son tan optimistas, y opinan que la Cláusula de Supremacía estipulada por la Constitución de los Estados Unidos, que hace regir los dictámenes federales sobre los estatales, se aplicaría caso a caso, lo que obligaría a las parejas a demandar (o unirse a demandas existentes) para que el tribunal federal obligase a un juez de familia en concreto a facilitar la licencia de matrimonio pertinente.

La Corte Suprema de Alabama, por su parte, ha dado a entender que únicamente acatará una orden dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin atender a lo que dicten tribunales de rango inferior, por lo que la batalla judicial parece que va a prolongarse.

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