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Estados Unidos: presentada una proposición de ley de compensación fiscal de las parejas del mismo sexo casadas antes de la derogación de la DOMA

Viernes, 28 de junio de 2019

Cropped Approved CFFLa senadora y candidata a las primarias demócratas Elizabeth Warren ha presentado una proposición de ley para revertir la discriminación fiscal de las parejas del mismo sexo casadas antes de 2013 en Estados Unidos. La medida les devolvería unos 57 millones de dólares en beneficios a los que no pudieron acogerse antes de la derogación parcial de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la Administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. A pesar de que estos enlaces ya eran legales en diez estados, los cónyuges estaban obligados a presentar la declaración de impuestos federal como personas solteras.

Warren presentó por primera vez su proposición de ley en 2017 y la semana pasada inició un nuevo intento de conseguir su aprobación. La norma se fundamenta en la necesidad de reparar la discriminación que sufrieron las parejas del mismo sexo casadas durante la vigencia de la DOMA. Hasta su derogación parcial por el Tribunal Supremo en 2013, la Defense of Marriage Act privaba a estos matrimonios de los beneficios federales disponibles para los de distinto sexo. Entre ellos, los de carácter fiscal. Los cónyuges del mismo sexo casados en los diez estados donde entonces era posible no podían disfrutar de las ventajas de una declaración de impuestos conjunta, porque el Gobierno de Washington no reconocía sus matrimonios.

La medida de la senadora y candidata a las primarias presidenciales del Partido Demócrata beneficiaría especialmente a aquellas parejas con una gran diferencia de ingresos entre sus miembros. Se calcula que se les devolverían unos 57 millones de dólares en impuestos pagados de más. El periodo de cálculo se extiende desde 2004, año en que Massachusetts se convirtió en el primer estado con igualdad matrimonial de Estados Unidos, hasta 2010, ya que el fallo del Supremo de 2013 permitió una retroactividad de tres años. Dos años después, el alto tribunal decretó que el matrimonio es un derecho constitucional del que no se puede privar a las parejas del mismo sexo, abriendo definitivamente la institución en todo el país.

La proposición de ley de Warren pone nuevamente de relieve el trato desigual al que, con frecuencia, tienen que hacer frente las parejas del mismo sexo incluso después de la entrada en vigor de una ley de matrimonio igualitario. En dosmanzanas hemos recogido algunos de estos casos. En agosto de 2018, el Tribunal Fiscal de Hamburgo emitía por ejemplo una sentencia que reconocía a las parejas del mismo sexo casadas el derecho a reclamar algunos de los beneficios fiscales de los que no pudieron disfrutar antes de que el matrimonio fuera igualitario en Alemania.

Un caso similar, pero con desenlace negativo, conocimos hace dos años en España. El Tribunal Constitucional, con mayoría conservadora, daba en 2016 su visto bueno al hecho de que las parejas del mismo sexo anteriores a 2005 no pudieran acceder a determinadas reducciones en el impuesto de sucesiones reservadas a parejas casadas. De hecho, el Constitucional español ya había avalado antes la «constitucionalidad» de que las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio fuesen discriminadas en su acceso a la pensión de viudedad.

Fuente Dosmanzanas

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El Supremo de EE.UU. permite a Trump vetar la entrada de transexuales en el ejército

Viernes, 25 de enero de 2019

ejercito-trans-contra-trump-696x522La mayoría conservadora en el Supremo levanta la suspensión cautelar de la orden de Trump: las personas trans, de nuevo vetadas en el Ejército estadounidense.

Corren malos tiempos para las libertades. En el mundo en general, y en Estados Unidos en particular. Estados Unidos ha dado un nuevo paso atrás en materia de derechos LGBTI tras la alineación del Tribunal Supremo con las tesis tránsfobas de Donald Trump.

Victoria de la administración Trump en su cruzada contra la comunidad trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha decidido levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la orden para excluir a las personas trans del Ejército, con lo que a partir de ahora está prohibida su contratación, como ya ocurría antes de 2016. El fallo, que es provisional hasta que se resuelvan las demandas presentadas, refleja la nueva mayoría conservadora del alto tribunal. La entrada en vigor de la norma discriminatoria supondrá también la interrupción de la financiación de los tratamientos de reasignación, salvo los del personal que se encuentre en pleno proceso.

La agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence ha puesto desde el primer momento a las personas trans en su punto de mira. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso. La administración Trump retomaba la situación previa a junio de 2016, cuando el expresidente Barack Obama abrió las fuerzas armadas a las personas trans, dando inicio a un proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria que debía culminar el mes de enero de 2018.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. En respuesta a sendas demandas, tres jueces federales decretaron suspensiones cautelares de la orden presidencial, al considerar que la norma atenta contra el derecho a un trato igualitario y a la libertad de expresión. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaraba, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podían seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiso poner fin cuanto antes. Es por ello que el pasado noviembre, el procurador general Noel Francisco recurría al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puenteó a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirigió directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Con este atajo, Trump pretendía evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre dos de las demandas.

Un Supremo con una mayoría conservadora, después de la polémica designación de Brett Kavanaugh, decidía este martes por cinco votos a cuatro levantar la paralización de la norma. La petición de puentear a las Cortes de Apelaciones, sin embargo, no fue atendida, y la del Noveno Circuito se pronunciará antes de que el asunto regrese previsiblemente al Supremo para su resolución final. Los activistas se han felicitado por que el caso siga su curso por los tribunales intermedios, pero lamentan que con el fin de la suspensión de la norma tránsfoba, se les complica la vida a los militares trans que sirven en la actualidad. Se enfrentan al despido o a la imposibilidad de acceder a un tratamiento de reasignación, salvo que se encuentren ya en pleno proceso.

Está por ver qué ocurrirá a continuación. Si la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirma las suspensiones cautelares sobre las que tiene que pronunciarse aún, la norma tránsfoba podría volver a quedar paralizada. La sentencia final, en cualquier caso, la tomará con toda probabilidad de nuevo el Tribunal Supremo.

Lamentable esta decisión judicial que viene a respaldar las decisiones tránsfobas de Donald Trump, el presidente que quiere borrar del mapa a los 1,4 millones de transexuales que viven en el país con una nueva ley que hará que el sexo sólo pueda ser femenino o masculino y determinado según los genitales de una persona al nacer.

Con noticias como estas, todas las conquistas que hemos ido realizando en los últimos años están en serio peligro con la fuerza que los populismos de derecha y ultraderecha están adquiriendo en Estados Unidos, Brasil, o en varios países europeos.

Fuente AmbienteG/Dosmanzanas

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La administración Trump recurre al Tribunal Supremo para que acelere la implantación del veto a las personas trans en el Ejército

Martes, 27 de noviembre de 2018

ejercito-trans-contra-trump-696x522Cruzada sin descanso de la administración Trump contra los derechos de la comunidad trans en Estados Unidos. El procurador general ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que tome una decisión sobre su orden para excluir a las personas trans del Ejército. La norma está temporalmente paralizada después de que cuatro tribunales de distrito hayan admitido a trámite otras tantas demandas contra la misma. El Gobierno de Trump pretende acelerar su entrada en vigor, puenteando a los tribunales de apelaciones que debían decidir sobre estos procesos. Acude en su lugar directamente a la más alta instancia judicial, controlada desde octubre por el sector conservador.

La discriminación de las personas trans es, en este momento, el principal objetivo en la agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. La primera de ellas, Doe v. Trump, argumenta que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso». Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre del año pasado emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no se consideró competente para paralizar la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). El juez Garbis ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. En diciembre de 2017, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump. En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por obligarlas a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo. Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaró, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiere poner fin cuanto antes. Es por ello que el viernes pasado, el procurador general Noel Francisco recurrió al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puentea a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirige directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Se trata de la cuarta vez que Trump utiliza este atajo, con el que pretende evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre tres de las demandas.

Los ataques de Trump al Noveno Circuito han motivado incluso una inusual respuesta del presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, reivindicando la independencia del poder judicial. Un Supremo con una mayoría conservadora. después de la designación de Brett Kavanaugh para cubrir la vacante generada por la jubilación de Anthony Kennedy. La nueva mayoría puede extenderse por lustros y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de la comunidad LGTB. En definitiva, un panorama nada halagüeño para la inclusión de las personas trans en el Ejército en el futuro.

Fuente Dosmanzanas

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Los republicanos consolidan la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo y amenazan muy seriamente el avance los derechos civiles de las personas LGTB en Estados Unidos

Martes, 9 de octubre de 2018

brett-kavanaugh-y-donald-trumpBrett Kavanaugh ya es juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Poco han importado las acusaciones de abuso sexual en el pasado. Poco ha importado la movilización progresista en su contra. Lo que cuenta en este caso es la Presidencia y el Senado, y el Partido Republicano recuperó el control simultáneo de ambas instituciones en las elecciones de 2016. Salvo conjunciones circunstanciales inesperadas, el sector más conservador de la sociedad estadounidense se hace con la rama judicial del Gobierno durante lustros, quizá décadas, y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de las personas LGTB. La confirmacion de Kavanaugh supone posiblemente el éxito más importante de la presidencia de Donald Trump, cuya elección en 2016 se confirma como una auténtica tragedia para los derechos civiles de las minorías.

Tras la jubilación el pasado 31 de julio del juez Anthony Kennedy como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Donald Trump designó su candidato a ocupar la plaza, como es su atribución. Eligió a Brett Kavanaugh, un juez de 53 años, que fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ya emitió conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Durante su carrera, ha sido frecuentemente criticado por el partidismo de sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano. Ya desde un primer momento su candidatura fue celebrada por grupos ultraconservadores y fuertemente LGTBIfobos como la American Family Association (AFA),  la National Organization for Marriage (NOM), Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network. Desde el activismo LGTBI, sin embargo, se ha acogido con gran preocupación.

Para que el nombramiento del candidato presidencial sea efectivo, debe ser corroborado por el Senado. Por ello, Brett Kavanaugh se está sometiendo al escrutinio de los senadores, que pueden interrogarle acerca de sus opiniones respecto a diversos asuntos. En la sesión del 6 de septiembre, el juez fue interpelado por la senadora demócrata por California Kamala Harris, que le preguntó sobre cuestiones como el derecho de las mujeres al aborto, la influencia rusa en la política estadounidense, el derecho a portar armas o su propia nominación.

Pero la senadora también le formuló la siguiente pregunta: «Mi pregunta es muy específica. ¿Puede comentar su opinión personal sobre si Obergefell se decidió correctamente? Es un sí o no. Por favor». Obergefell es como se conoce a la sentencia del Tribunal Supremo que instauró el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, por el nombre de uno de los demandantes. Kavanaugh, sin embargo, evitó dar una respuesta directa e hizo referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un pastelero que discriminó a una pareja del mismo sexo: «En Masterpiece Cakeshop, que creo que es relevante para su pregunta, el juez Kennedy escribió en la opinión de la mayoría: “Los días de discriminación contra gais y lesbianas estadounidenses o de tratar a los gais y lesbianas estadounidenses como inferiores en dignidad y valor han terminado”».

Tras ese circunloquio, se produjo el siguiente y revelador diálogo:

—Senadora Harris: «Han terminado. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?».

—Juez Kavanaugh: «Ese es el precedente con el que el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo…».

—Senadora Harris: «Señor, le estoy pidiendo su opinión. Usted es el candidato en este momento, por lo que, como prueba de su capacidad para servir en tribunal más alto de nuestro país, le hago una pregunta muy específica. O está dispuesto a responder o no, y si no está dispuesto a responder, podemos seguir adelante. ¿Cree que Obergefell fue decidido correctamente?

—Juez Kavanaugh: «Todos los jueces han declinado, como cuestión de independencia judicial, responder preguntas sobre esa jurisprudencia. Siguiendo el precedente establecido por la jurisprudencia, todos han declinado».

Posteriormente, el candidato fue interrogado por el senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, que también quiso saber su opinión sobre el matrimonio igualitario y la discriminación de las personas LGTBI. El senador estaba interesado en saber su «opinión moral» sobre las leyes que permiten despedir a una persona debido a su orientación sexual, que están en vigor en la mayoría de los estados, o acerca de si los ciudadanos LGTBI deben temer porque sus matrimonios con personas del mismo sexo vayan a quedar invalidados. El juez se escudó en que había casos pendientes sobre discriminación laboral para no emitir una opinión, por lo que el senador Booker cambió de táctica.

Kavanaugh formaba parte del equipo del entonces presidente George W. Bush cuando este propuso enmendar la Constitución para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El senador Booker quiso saber cuál fue su opinión entonces al respecto. El juez respondió que no recordaba, y que, además, desde 2004 las opiniones acerca de ese asunto habían cambiado mucho, en clara referencia al cambio de criterio al respecto del posterior presidente Barack Obama. El senador entonces quiso saber su opinión actual, y se produjo el siguiente diálogo, no menos esclarecedor que el anterior:

—Senador Booker: «Pero usted tendrá una opinión. No necesito a Obama o a Cheney, tan solo, ¿me quiere dar su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?»

—Juez Kavanaugh: «No recuerdo…».

—Senador Booker: «No le estoy preguntando por su opinión de entonces, le estoy preguntando por su opinión de ahora. ¿Recuerda su opinión actual sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?».

—Juez Kavanaugh: «Bueno, el Tribunal Supremo en Obergefell…».

—Senador Booker: «Señor, su opinión. No he conseguido su historial. No sé si ha llevado a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo. No sé si ha acudido a un matrimonio entre personas del mismo sexo».

—Juez Kavanaugh: «Soy juez, aplico la ley».

—Senador Booker: «¿Ha celebrado un matrimonio gay? ¿Ha presidido uno? ¿Ha oficiado un matrimonio gay?».

—Juez Kavanaugh: «No lo he hecho».

—Senador Booker: «¿Pero no quiere decirme su opinión sobre este asunto?».

—Juez Kavanaugh: «Aplico la ley».

Esta constante elusión de las preguntas referentes a los derechos de las personas LGTBI ha desagradado profundamente a los defensores de los derechos civiles. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, opinaba al respecto que «la negativa de Brett Kavanaugh a responder preguntas muy básicas y muy directas sobre el histórico fallo del Tribunal Supremo que establece la igualdad matrimonial en todo el país es alarmante y completamente inaceptable. La decisión de Obergefell es una ley establecida. Si este candidato no puede ni siquiera afirmar eso o corroborar la igualdad fundamental de las personas LGTB y de nuestras familias, no se le debe otorgar ni se le debe garantizar un nombramiento de por vida para el máximo tribunal de nuestra nación».

Las acusaciones de abuso sexual no detienen su confirmación

El proceso de confirmación de Kavanaugh en el Senado no terminó sin embargo ahí. De forma inesperada vieron la luz al menos tres acusaciones de abuso sexual contra Kavanaugh. La más sólida de ellas fue la que protagonizó la profesora universitaria Christine Blasey Ford, que acusó al juez de haber abusado de ella en 1982, cuando ella tenía 15 años y él 17 (y se encontraba borracho).

Ford llegó a declarar ante el Comité Judicial del Senado, pero la ausencia de pruebas más allá de su propio testimonio (la otra persona presente durante el supuesto abuso, un amigo de Kavanaugh, aseguró no recordar ya nada de lo sucedido aquella noche) y el cierre de filas de los senadores republicanos dejaron en vía muerta la acusación. El FBI acabó de darle la puntilla, al concluir, tras una investigación de solo una semana (durante la cual ni Kavanaugh, ni Christine Blasey Fold ni las otras mujeres que lo acusaban fueron interrogados) que no existían pruebas que la sustentasen.

Finalmente, Kavanaugh fue confirmado por el Senado este sábado. De los dos únicos votos dudosos entre los republicanos, los de las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski (sobre el papel reacias a votar a un juez que seguramente contribuirá a aumentar las restricciones al aborto), Kavanaugh recibió el «sí» de  Collins y la abstención de Murkowski. Esta última, senadora por Alaska, en realidad tenía intención de votar «no», pero finalmente llegó a un compromiso con otro senador republicano, Steve Daines, que ayer sábado quería asistir a la boda de su hija, para abstenerse de votar y de esa forma no obligarlo a acudir a Washington. Por parte de los demócratas Kavanaugh recibió un solo voto, el del Joe Manchin, un demócrata conservador que dentro de un mes opta a la reelección como senador por Virginia Occidental, un estado en el que Donald Trump obtuvo en 2016 casi el 70% del voto popular. Su voto, en cualquier caso, era irrelevante. Kavanaugh fue confirmado finalmente por 50 votos a favor y 48 en contra, y ya es juez del Supremo tras haber jurado su cargo en una ceremonia

La nueva composición del Tribunal Supremo

Kavanaugh sustituye como juez del Supremo a Anthony Kennedy, cuyo voto ha sido el que en la mayoría de ocasiones desempataba entre conservadores y liberales. En este sentido, y pese a sus credenciales conservadoras en otras materias, Kennedy ha destacado por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente.

Con la sustitución de Kennedy por Kavanaugh, un conservador duro, el Supremo queda constituido como sigue: el bando liberal está formado por Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integran John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch (que también fue nombrado por Donald Trump tras ganar las elecciones presidenciales, en este caso después de la sucia maniobra de los republicanos, que al controlar ya el Senado se negaron durante todo el año 2016 a cubrir esa vacante con el candidato designado por Obama) y el propio Kavanaugh.

Por supuesto que a lo largo de los próximos años pueden acontecer circunstancias inesperadas que den la vuelta a la situación, pero conviene tener en cuenta que Ruth Bader Ginsburg, considerada la jueza más progresista del Supremo, cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto (aunque ella misma ha sugerido que su intención es permanecer en el puesto al menos otros cinco años). Y que tras Ginsburg, el juez de mayor edad es Breyer, también de la minoría liberal, que cuenta con 80 años.

El temor a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría conservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante lustros, quizá décadas, es ya una realidad. Por mencionar solo un ejemplo, entre los casos que el Supremo debe decidir en próximos meses se encuentra el caso Zarda, cuya resolución determinará muy posiblemente si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual (lo explicamos con detalle en esta entrada de marzo). A día de hoy, con Kavanaugh en el Supremo, el pesimismo es mayúsculo.

Fuente Dosmanzanas

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El candidato de Trump al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, se niega a responder en el Senado a las preguntas sobre matrimonio igualitario y derechos LGTBI

Lunes, 10 de septiembre de 2018

brett-kavanaugh-y-donald-trumpEl candidato de Donald Trump para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh, se está sometiendo al escrutinio de los senadores estadounidenses, que deben confirmar su nombramiento para que sea efectivo. En el curso del examen senatorial, al candidato le han preguntado por su opinión respecto a la sentencia que permitió el matrimonio igualitario en los Estados Unidos y sobre el fin de la discriminación legal de las personas LGTBI. Kavanaugh, sin embargo, ha eludido responder a ambas cuestiones.

Tras la jubilación el pasado 31 de julio del juez Anthony Kennedy como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump designó su candidato a ocupar la plaza, como es su atribución. Eligió a Brett Kavanaugh, un juez de 53 años, que fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ya emitió conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Durante su carrera, ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano. Su candidatura ha sido celebrada por grupos ultraconservadores y fuertemente LGTBIfobos como la American Family Association (AFA),  la National Organization for Marriage (NOM), Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network. Desde el activismo LGTBI, sin embargo, se ha acogido con gran preocupación.

Para que el nombramiento del candidato presidencial sea efectivo, debe ser corroborado por el Senado. Por ello, Brett Kavanaugh se está sometiendo al escrutinio de los senadores, que pueden interrogarle acerca de sus opiniones respecto a diversos asuntos. En la sesión del 6 de septiembre, el juez fue interpelado por la senadora demócrata por California Kamala Harris, que le preguntó sobre cuestiones como el derecho de las mujeres al aborto, la influencia rusa en la política estadounidense, el derecho a portar armas o su propia nominación.

kamala-harris-y-brett-kavanaugh-300x155Pero la senadora también le formuló la siguiente pregunta: «Mi pregunta es muy específica. ¿Puede comentar su opinión personal sobre si Obergefell se decidió correctamente? Es un sí o no. Por favor». Obergefell es como se conoce a la sentencia del Tribunal Supremo que instauró el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, por el nombre de uno de los demandantes. Kavanaugh, sin embargo, evitó dar una respuesta directa e hizo referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un pastelero que discriminó a una pareja del mismo sexo: «En Masterpiece Cakeshop, que creo que es relevante para su pregunta, el juez Kennedy escribió en la opinión de la mayoría: “Los días de discriminación contra gais y lesbianas estadounidenses o de tratar a los gais y lesbianas estadounidenses como inferiores en dignidad y valor han terminado”».

Tras ese circunloquio, se produjo el siguiente y revelador diálogo:

—Senadora Harris: «Han terminado. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?».

—Juez Kavanaugh: «Ese es el precedente con el que el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo…».

—Senadora Harris: «Señor, le estoy pidiendo su opinión. Usted es el candidato en este momento, por lo que, como prueba de su capacidad para servir en tribunal más alto de nuestro país, le hago una pregunta muy específica. O está dispuesto a responder o no, y si no está dispuesto a responder, podemos seguir adelante. ¿Cree que Obergefell fue decidido correctamente?

—Juez Kavanaugh: «Todos los jueces han declinado, como cuestión de independencia judicial, responder preguntas sobre esa jurisprudencia. Siguiendo el precedente establecido por la jurisprudencia, todos han declinado».

Posteriormente, el candidato fue interrogado por el senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, que también quiso saber su opinión sobre el matrimonio igualitario y la discriminación de las personas LGTBI. El senador estaba interesado en saber su «opinión moral» sobre las leyes que permiten despedir a una persona debido a su orientación sexual, que están en vigor en la mayoría de los estados, o acerca de si los ciudadanos LGTBI deben temer porque sus matrimonios con personas del mismo sexo vayan a quedar invalidados. El juez se escudó en que había casos pendientes sobre discriminación laboral para no emitir una opinión, por lo que el senador Booker cambió de táctica.

corey-booker-y-brett-kavanaugh-300x155Kavanaugh formaba parte del equipo del entonces presidente George W. Bush cuando este propuso enmendar la Constitución para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El senador Booker quiso saber cuál fue su opinión entonces al respecto. El juez respondió que no recordaba, y que, además, desde 2004 las opiniones acerca de ese asunto habían cambiado mucho, en clara referencia al cambio de criterio al respecto del posterior presidente Barack Obama. El senador entonces quiso saber su opinión actual, y se produjo el siguiente diálogo, no menos esclarecedor que el anterior:

—Senador Booker: «Pero usted tendrá una opinión. No necesito a Obama o a Cheney, tan solo, ¿me quiere dar su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?»

—Juez Kavanaugh: «No recuerdo…».

—Senador Booker: «No le estoy preguntando por su opinión de entonces, le estoy preguntando por su opinión de ahora. ¿Recuerda su opinión actual sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?».

—Juez Kavanaugh: «Bueno, el Tribunal Supremo en Obergefell…».

—Senador Booker: «Señor, su opinión. No he conseguido su historial. No sé si ha llevado a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo. No sé si ha acudido a un matrimonio entre personas del mismo sexo».

—Juez Kavanaugh: «Soy juez, aplico la ley».

—Senador Booker: «¿Ha celebrado un matrimonio gay? ¿Ha presidido uno? ¿Ha oficiado un matrimonio gay?».

—Juez Kavanaugh: «No lo he hecho».

—Senador Booker: «¿Pero no quiere decirme su opinión sobre este asunto?».

—Juez Kavanaugh: «Aplico la ley».

Esta constante elusión de las preguntas referentes a los derechos de las personas LGTBI ha desagradado profundamente a los defensores de los derechos civiles. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, opinaba al respecto que «la negativa de Brett Kavanaugh a responder preguntas muy básicas y muy directas sobre el histórico fallo del Tribunal Supremo que establece la igualdad matrimonial en todo el país es alarmante y completamente inaceptable. La decisión de Obergefell es una ley establecida. Si este candidato no puede ni siquiera afirmar eso o corroborar la igualdad fundamental de las personas LGTB y de nuestras familias, no se le debe otorgar ni se le debe garantizar un nombramiento de por vida para el máximo tribunal de nuestra nación».

La nueva composición del Tribunal Supremo

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense ha quedado, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto, aunque ella misma ha sugerido que su intención es permanecer en el puesto al menos otros cinco años. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

Al estar en manos de la mayoría republicana en el Senado, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido reuniones con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.

La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, habría que esperar a ver qué sucede en las próximas elecciones de noviembre, en las que se renueva un tercio del Senado. Según las encuestas la batalla está muy reñida y existen posibilidades de que el control de la cámara alta vuelva a los demócratas. Si así fuera, estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.

Fuente Dosmanzanas

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El pastelero estadounidense que se negó a hacer la tarta de boda a una pareja gay reclama ahora ante la justicia federal su «derecho» a no prestar servicio a una mujer trans

Lunes, 20 de agosto de 2018

jack-phillips-326x245Jack Phillips, el tristemente conocido pastelero de Denver que, tras un largo periplo judicial por negarse a hacer la tarta de boda de una pareja gay, obtuvo el fallo favorable del Tribunal Supremo de Estados Unidos, regresa a la justicia federal por otro episodio de discriminación. En este caso, la afectada es la abogada Autumn Scardina, una mujer trans a la que Masterpiece Cakeshop negó un pastel para la doble celebración de su cumpleaños y de los cambios de género con la excusa «de sus creencias religiosas». Scardina explica que «la mujer del teléfono me dijo que no hacían pasteles para celebrar los cambios de género». Ante la tránsfoba negativa, añade la mujer denunciante, «me quedé atónita». Por su parte, Alliance Defending Freedom (una organización cristiana ultra), ha argumentado, en apoyo al pastelero, que las protecciones de Colorado para las personas trans son «abierta y descaradamente hostiles hacia la religión».

El nuevo episodio de LGTBfobia que salpica a Jack Phillips se remonta al 26 de junio de 2017. La abogada Autumn Scardina llamó por teléfono a Masterpiece Cakeshop para realizar el pedido personalizado de una tarta. «Me preguntaron cómo quería que se viera el pastel y expliqué que celebraba mi cumpleaños el 6 de julio de 2017 y que también sería el séptimo año de mi transición de hombre a mujer». Así figura en la denuncia de Scardina a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. «Cuando les expliqué que soy tran y que quería mi pastel de cumpleaños para celebrar mi transición con un exterior azul y un interior rosado, me dijeron que no harían el pastel de acuerdo a sus creencias religiosas», agrega la denunciante.

Autumn Scardina no ha aclarado si en el momento de realizar el encargo conocía que esa misma pastelería y su regente era la protagonista del caso de discriminación homófoba que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Según alega Kristen Waggoner, del grupo de odio Alliance Defending Freedom, «el Estado de Colorado ignora el mensaje del Tribunal Supremo de Estados Unidos al seguir señalando a Jack para castigarlo y mostrar hostilidad hacia sus creencias religiosas». Con este último argumento como epicentro, y de forma rocambolesca, Phillips se negó a la conciliación amistosa con Scardina, tal y como proponía la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y decidió adelantarse en esta ocasión, convirtiéndose él en demandante ante la justicia federal (arrogándose el falso rol de «víctima» a su libertad religiosa).

En la demanda del pastelero figura, literalmente, la siguiente acusación contra el gobierno demócrata de Colorado: «durante más de seis años, Colorado ha estado en una cruzada para aplastar al demandante Jack Phillips … porque sus funcionarios desprecian lo que él cree y cómo practica su fe». En la misma línea victimista y victimizante, el texto de la denuncia incluye que «la Constitución se erige como un baluarte contra los funcionarios del Estado que atacan a las personas y tratan de arruinar sus vidas debido a la animadversión antirreligiosa del gobierno». La Ley Contra la Discriminación de Colorado prohíbe que los lugares públicos discriminen a las personas por su género o por su orientación sexual.

El caso del pastel nupcial de una pareja gay

Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.

Sin embargo, el resultado final era de 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se inclinaban de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se alineaban con el pastelero. ¿Qué pasó para que se produjera una mayoría tan clara? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. El texto, cuyo ponente fue precisamente Kennedy, señala que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según la interpretación de la mayoría, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del Estado no evaluaron con la objetividad a la que estaban obligados los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.

Fuente Dosmanzanas

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Una encuesta reciente detecta que el apoyo de la población estadounidense a la no discriminación de gais y lesbianas se debilita

Sábado, 18 de agosto de 2018

Manifestacion_gay_proximidades_Capitolio_2009Mal dato el que arroja la última encuesta de la organización Public Religion Research Institute, que muestra un repunte en las posiciones a favor de la discriminación de las parejas del mismo sexo por razones religiosas respecto a hace un año. Aunque los partidarios de la no discriminación siguen siendo mayoría (por muy poco) y el apoyo al matrimonio igualitario se mantiene constante, parece que la era Trump está comenzando a dejarse su huella en el sentimiento de los estadounidenses respecto a los derechos LGTB. Habrá que ver si la tendencia se confirma en el próximo futuro.

Public Religion Research Institute (PRRI) es una organización estadounidense sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación de las relaciones entre religión, cultura y política, a cuyos estudios y encuestas hemos hecho referencia en diversas ocasiones. La última en mayo de este mismo año, a raíz de la publicación del «Atlas de los valores americanos», un estudio realizado a lo largo de 2017 en el que se detallaban las opiniones de la población estadounidense sobre diversos asuntos y que revelaba un aumento significativo en quienes apoyan los derechos LGTB en cuestiones como el matrimonio igualitario o las leyes de protección de las minorías sexuales.

Ahora, una nueva encuesta realizada entre el 27 de junio y el 8 de julio de este año arroja una sombra de preocupación sobre este panorama optimista. En concreto, al preguntar sobre si las empresas y negocios deberían tener derecho a negar sus servicios a parejas del mismo sexo que quieran contratarlas para algún asunto relacionado con su boda alegando motivos religiosos, el 48% responde que no, frente a un 46% que responde que sí: solo dos puntos porcentuales de diferencia. De acuerdo con la encuesta, la sociedad estadounidense está hoy día dividida en dos mitades casi iguales. Hace solo un año, la diferencia entre los que creían que no debería permitirse que este tipo de empresas de servicios puedan rechazar a parejas del mismo sexo y los que creían que sí era de doce puntos porcentuales (53% frente al 41%).

encuesta-prri-2018Por grupos de votantes, el crecimiento de la postura discriminatoria es más acentuada entre los que se identifican como republicanos (73% ahora frente a 67% hace un año) y entre los que se identifican como independientes (45% ahora frente al 40% hace un año). Pero incluso entre los que se identifican como votantes demócratas se aprecia un crecimiento, del 24% hace un año al 27% ahora. Por sexo, las mujeres siguen siendo más contrarias a la discriminación que los hombres, pero en ambos grupos crecen las posturas discriminatorias (40% de las mujeres, frente al 35% hace un año; 52% de los hombres, frente al 48% hace un año):

Si en lugar de preguntarse por empresas de servicios específicos para bodas se pregunta por empresas de servicios en general, la brecha se ensancha un poco: 49% es partidario de que no puedan discriminar a gais y lesbianas alegando razones religiosas, frente a un 42% partidario de que sí puedan hacerlo. Pero también en este aspecto se aprecia el crecimiento de las posturas discriminatorias: hace solo un año, un 56% de los estadounidenses se oponía a que las empresas de servicios pudieran discriminar a gais y lesbianas por razones religiosas, mientras que el 39% era favorable (hablamos específicamente de gais y lesbianas porque así es como se preguntó en la encuesta).

Curiosamente, el apoyo al matrimonio igualitario se mantiene estable respecto a hace un año: el 64% de los estadounidenses defiende el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, frente a un 28% que lo rechaza. Los porcentajes, en este caso, coinciden con los del año pasado. Un dato que muestra que no necesariamente las personas que apoyan el matrimonio igualitario apoyan la ausencia de discriminación contra gais y lesbianas, al menos en una sociedad como la estadounidense, en el que el peso de la religión es mayor que por ejemplo en Europa occidental.

La influencia del Tribunal Supremo, indudable 

us-news-supremecourt-1-abaHay que tener en cuenta que en junio de este año, justo antes de llevarse a cabo la encuesta, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló en favor de Jack Phillips, el pastelero de Denver que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja gay, por 7 votos contra 2. La literalidad de la sentencia limitaba sus efectos a las circunstancias específicas de lo sucedido con Phillips, advirtiendo expresamente que no podía considerarse un aval para que los prestadores de bienes y servicios puedan discriminar a las parejas del mismo sexo por razones religiosas (de forma que la próxima vez que un caso de este tipo llegue a la justicia, esta deberá juzgarlo en su contexto y de forma independiente), lo cierto es que la decisión supuso un importante revés para los derechos LGTB en los Estados Unidos en un momento en el que los grupos conservadores, apoyados en una administración federal favorable a sus intereses, arrecian su ofensiva.

Cuesta pensar que el clima de opinión creado alrededor de la decisión del Supremo, así como la «lluvia fina» en favor de la discriminación de las personas LGTB tanto a nivel de los estados gobernados por los republicanos como a nivel federal de la mano de la administración Trump, no tienen nada que ver con el resultado de esta última encuesta del PRRI. Habrá que esperar para saber si es un mero contratiempo o el inicio de una tendencia negativa. En cualquier caso, resulta preocupante.

Fuente Dosmanzanas

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La candidatura de Brett Kavanaugh para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos provoca un fuerte rechazo en las asociaciones LGTB

Viernes, 20 de julio de 2018

brett-kavanaugh-trump-supreme-court-justice-nominationEl presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha designado su candidato a ocupar la plaza de juez del Tribunal Supremo que dejará vacante Anthony Kennedy el próximo 31 de julio. El elegido es Brett Kavanaugh, actualmente juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Es conocido por su talante conservador en asuntos como el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo o la restricción de los derechos civiles, si bien a lo largo de su carrera no ha tenido que decidir ningún asunto relevante sobre discriminación por orientación sexual o identidad de género. Aun así, su bagaje hace desconfiar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el activismo LGTBI, que han pedido a los senadores que no respalden su nombramiento.

Tras el comunicado del juez Anthony Kennedy en el que anunciaba su próxima jubilación del puesto que ocupa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump no se ha demorado en designar su candidato a ocupar la plaza en la persona de Brett Kavanaugh. De 53 años, Kavanaugh fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ha emitido conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano.

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.

La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, puesto que el próximo mes de noviembre se celebrarán decisivas elecciones que podrían devolver el control de la cámara alta a los demócratas (según estiman las encuestas), estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.

Reacción negativa entre el activismo LGTB

Su conservadurismo y su fama de apoyar sin ambages las medidas de quienes le hayan designado para el cargo han causado alarma entre el activismo LGTB y de defensa de los derechos civiles, que temen que los derechos conquistados al cabo de los años sean revertidos por la nueva configuración del Tribunal Supremo. Por ello, más de cien asociaciones y grupos de defensa de los derechos civiles han solicitado a los senadores que rechacen la elección de Kavanaugh.

Para Lambda Legal, Kavanaugh «garantizaría 40 años más de los valores de Trump en el Tribunal Supremo». La asociación legal afirma que «tenemos buenas razones para temer que el juez Kavanaugh abusará de su poder en el tribunal para proteger a los ricos y poderosos mientras priva a los estadounidenses LGBT de su dignidad, degradando a nuestra comunidad y disminuyendo nuestro estatus como ciudadanos iguales. Hay mucho en juego para permitirle al juez Kavanaugh sentarse en un tribunal que, a lo largo de su historia, ha decidido quién puede casarse, quién puede votar y quién es igual».

Desde ACLU (American Civil Liberties Union), se teme que «Kavanaugh sea el voto decisivo que Trump necesita en el Tribunal Supremo para concertar su campaña de socavamiento de las libertades y derechos civiles a largo plazo».

El National Center For Lesbian Rights estima que «no hay nada en la carrera del juez Brett Kavanaugh que indique que comprende el impacto de la discriminación en las personas LGBT en el mundo real o la importancia de interpretar las leyes de nuestra nación para permitirles participar con plenitud e igualdad en la sociedad».

Human Rights Campaign lanza una dura crítica a su designación, pues considera que «este candidato ha sido escogido por grupos anti-LGBTQ y contra el derecho a decidir de las mujeres, en un esfuerzo explícito por socavar la igualdad. La perspectiva de un juez como Kavanaugh amenaza con erosionar los derechos civiles de nuestro país, bloquear el derecho de los soldados transgénero de servir valientemente a esta nación y dar licencia para discriminar a las personas LGBTQ en todos los aspectos de la vida estadounidense».

También es dura la crítica de GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), desde donde se asegura que «si se confirma, Brett Kavanaugh tendrá la oportunidad de desarrollar en las próximas décadas el peligroso historial anti-LGBTQ del presidente Trump y el vicepresidente Pence y la agenda de los grupos anti-LGBTQ. Al igual que Neil Gorsuch antes que él, Kavanaugh es una elección ideológica diseñada para crear un Tribunal Supremo activista que socavará los derechos y protecciones para las mujeres, las personas LGBTQ, los inmigrantes y todas las personas vulnerables».

También temen en Transgender Law Center que «la elección de Trump para el Tribunal Supremo sea un conservador radical y divisivo cuyo nombramiento supondría una amenaza devastadora para los derechos y el bienestar de las personas transgénero en todo el país». La preocupación de la asociación es natural, puesto que quedan pendientes de resolver numerosos conflictos que afectan al colectivo el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género.

Apoyo de los grupos ultraconservadores

Desde las facciones más conservadoras, sin embargo, se ha acogido con entusiasmo la propuesta del presidente Trump. Grupos como Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network incluso han iniciado campañas de apoyo al candidato presidencial en las que han invertido casi un millón y medio de dólares.

Desde la National Organization for Marriage (NOM) se ha pedido también apoyo económico para respaldar la candidatura de Kavanaugh, pues confían en que sus posiciones conservadoras y su concepción de la Constitución sirvan a su propósito de revertir la sentencia del Tribunal Supremo que permitió el matrimonio igualitario.

Más curiosa ha sido la reacción de la fuertemente LGTBfoba American Family Association (AFA), que en un principio rechazó la elección de Kavanaugh por no creerle lo suficientemente conservador. Sin embargo, poco después, rectificó y ha ofrecido su respaldo, sobre todo porque no quiere «luchar contra el presidente Trump», además de confiar en las ideas del candidato sobre el derecho al aborto, ya que cuenta con el apoyo de muchas asociaciones opuestas al mismo.

Fuente Dosmanzanas

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La jubilación del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy amenaza los derechos conquistados por las personas LGTB

Miércoles, 11 de julio de 2018

anthony-mcleod-kennedy-9362868-1-402El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy ha anunciado su próxima jubilación, que tendrá lugar el próximo 31 de julio. Eso permitirá al presidente Donald Trump elegir a su sustituto, que posteriormente deberá ser convalidado por un Senado con mayoría republicana, inclinando aún más la balanza de fuerzas en el Tribunal Supremo del lado más conservador. Anthony Kennedy, a pesar de pertenecer también a esa sección, se ha destacado, sin embargo, por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente. Los grupos más reaccionarios ya están preparando estrategias para revertir esas sentencias, con la expectativa de la nueva composición del tribunal. Las decisiones futuras del Tribunal Supremo respecto a cuestiones como las leyes tránsfobas vigentes en municipos o estados, o la denegación de prestación de servicios a las personas LGTB escudándose en las creencias religiosas, quedarán en manos de jueces ultraconservadores.

El juez Anthony Kennedy, que cumplirá 82 años el próximo mes de julio, ha anunciado su retirada por jubilación como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nombrado por el presidente Ronald Reagan en el año 1988, forma parte del sector conservador del alto tribunal. Sin embargo, en materia de derechos civiles se ha mostrado siempre favorable a la protección constitucional de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Así lo ha evidenciado en materias como el derecho a la libre decisión de la mujer sobre su embarazo o el respeto a los derechos de las personas LGTB, respecto a los cuales ha debido decidir en cuatro ocasiones fundamentales, que han pasado a formar parte de la historia de la lucha del colectivo estadounidense. En todas ellas, además, ha sido el ponente:

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

romer-vs-evansEn 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según explicaba el juez Kennedy en la sentencia, «la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia».

La sentencia abrió el camino para que las leyes estatales y federales pudieran incluir medidas contra la discriminación de los ciudadanos por razón de la orientación sexual.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

lawrence-vs-texas-300x185En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la «conducta homosexual» vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas sí estuvieran permitidas para las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, con ponencia de Anthony Kennedy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que esos derechos a la intimidad y a la privacidad debían ser disfrutados igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

ediewindsor-cropwebEdith (familiarmente «Edie») Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa, Thea Spyer, en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera de su territorio).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos.

Tras una ardua batalla legal, el caso llegó a manos del Tribunal Supremo, que falló a su favor en una histórica sentencia fechada el 26 de junio de 2013, por una diferencia de 5 votos a favor y 4 en contra. El fallo, de nuevo con el juez Kennedy como redactor, dictaminaba que la sección 3 de la DOMA violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, lo que suponía que los matrimonios entre personas del mismo sexo pasasen a ser inmediatamente reconocidos por la administración federal, independientemente del lugar en el que se hubieran celebrado, en ámbitos como el fiscal, el migratorio o las pensiones.

US vs. Windsor allanó así el camino para la que sería la sentencia definitiva que reconocía la igualdad de las parejas del mismo sexo, que llegaría dos años después.

Obergefell vs. Hodges o la legalización del matrimonio igualitario

obergefell-vs-hodges-300x200Los nueve jueces del Tribunal Supremo tuvieron que discernir en esta ocasión si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde fuera legal. Las sentencias afectaban a los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio y se trataban de las únicas por parte de una Corte de Apelaciones que habían dictaminado en contra del derecho al matrimonio igualitario.

Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción. Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.

El 26 de junio de 2015, de nuevo por una mayoría de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo declaraba inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio igualitario. El argumento y fallo final del dictamen, firmado por el juez Kennedy, rezaba así:

Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.

Con esta última sentencia no solo se legalizaba el matrimonio igualitario en todo el territorio estadounidense, sino que además se reconocía la discriminación histórica sufrida por gais, lesbianas y bisexuales con estas palabras del juez Kennedy:

Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación.

La futura composición del Tribunal Supremo

us-news-supremecourt-1-abaCon el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump).

Ese equilibrio lo romperá quien ocupe el cargo que ha dejado vacante el juez Kennedy. El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente Trump, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar este en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno.

Donald Trump ya ha anunciado que anunciará su candidato el próximo 9 de julio, semanas antes de que sea efectivo el retiro del juez Kennedy. Según sus declaraciones, está barajando entre un grupo de quince posibles opciones, entre las que se contaría a dos mujeres.

Desde el Partido Demócrata se ha solicitado al presidente del Senado que aplace cualquier votación al respecto hasta que se celebren las próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre, que, según las encuestas, devolverían el control de la cámara a los liberales. Piden que sea coherente con lo que él mismo defendió cuando el anterior presidente, Barack Obama, propuso a un candidato al Tribunal Supremo tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia. El presidente del Senado aplazó la decisión hasta que se celebraron las elecciones presidenciales, con el argumento de que así el nuevo candidato tendría el respaldo de los votantes. Sin embargo, la petición ha sido desestimada de inmediato, ante el temor de que los demócratas hagan la propio si obtienen la mayoría en la cámara y aplacen la decisión del nombramiento hasta unas nuevas elecciones presidenciales. Según Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, la votación sobre el candidato del presidente Trump al Tribunal Supremo tendrá lugar en el próximo mes de octubre.

Ciertamente, la mayoría republicana no se ha detenido ante nada para lograr sus objetivos. Cuando Donald Trump se presentó su candidato, Neil Gorsuch, tras ganar las elecciones, se rompió la regla de que la convalidación por el Senado fuera por una mayoría de tres cuartas partes, y se aprobó su nombramiento con mayoría simple, pues ocupan 51 de los 100 escaños del Senado. La única esperanza para los liberales es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto.

El cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio, por lo que el candidato que apruebe finalmente el Senado permanecerá previsiblemente en su cargo durante un largo período, pues, según los rumores, la media de edad de los candidatos valorados por el presidente ronda los 50 años. Por otra parte, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace temer que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

La amenaza para los derechos LGTB

Este nuevo escenario en el más alto tribunal de los Estados Unidos, cuyas decisiones son de altísima relevancia, ha causado entusiasmo entre los sectores de la sociedad más opuestos a los derechos de las minorías sexuales. Así, desde la asociación ultraconservadora Liberty Counsel se emitía un comunicado en el que se afirmaba que «con la jubilación del juez Kennedy habrá una nueva justicia que tendrá un gran impacto en el futuro de los Estados Unidos. Si el juez Kennedy es reemplazado por una persona que sea fiel al texto original y al significado de la Constitución, entonces solo será cuestión de tiempo que cambien varias decisiones horribles, incluidas el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo».

Por su parte, Brian Brown, presidente de la altamente LGTBfoba National Organization for Marriage (NOM) ha solicitado donaciones para financiar una campaña que lleve de nuevo hasta el Tribunal Supremo la cuestión del matrimonio igualitario. Su propósito es que la nueva mayoría conformada tras el nombramiento del candidato del presidente Trump revierta la sentencia favorable al matrimonio igualitario, y se vuelva a la situación anterior, en la que serían los estados quienes legislarían respecto al matrimonio de manera independiente.

La amenaza para los derechos civiles que supone la nueva composición del Tribunal Supremo estadounidense puede tener consecuencias drásticas. Quedan pendientes de resolver conflictos que afectan a colectivos tan sensibles como el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género. También pueden llegar al alto tribunal recursos contra las sanciones a establecimientos y negocios que discriminen a las personas LGTBI escudándose en las convicciones religiosas de sus dueños (la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un asunto semejante se limitaba exclusivamente a ese caso).

Tampoco hay que olvidar que, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son reversibles. Como hemos visto en el caso de Lawrence vs. Texas, la sentencia que declaró inconstitucionales las leyes estatales contra la sodomía revirtió una anterior que las había declarado conformes a la Constitución. El peligro de pérdida de derechos conquistados, como el mismo matrimonio igualitario, la protección contra la discriminación o, incluso, la no injerencia del Estado en las prácticas sexuales consensuadas entre adultos, está sobre la mesa.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de Polonia falla en contra de una copistería que se negó a imprimir una pancarta para una organización LGTB

Miércoles, 20 de junio de 2018

banner-lgbt-business-forum-225x300El Tribunal Supremo de Polonia emitió el pasado jueves una importante sentencia contra la discriminación de las personas LGTB en la prestación de servicios. El alto tribunal ratifica el fallo de una instancia inferior, que condenaba a una copistería por negarse a imprimir una pancarta para una fundación LGTB. La decisión judicial sienta un precedente alentador y contrasta con la reciente sentencia del Supremo de Estados Unidos, que falló a favor de un pastelero que rechazó elaborar la tarta de boda de una pareja de hombres.

Espaldarazo de la justicia polaca a los derechos LGTB en un caso de discriminación que se remonta a 2016. El LGBT Business Forum, que promueve la diversidad en el ámbito laboral y empresarial, encargó a una copistería la impresión de una pancarta con el logotipo de la fundación. La imprenta se negó a realizar el trabajo encomendado por no querer «hacer promoción» del movimiento LGTB. La organización recurrió entonces a la Oficina Antidiscriminación, que llevó el caso a los tribunales. El tribunal de distrito de Łódź condenó a la copistería por discriminación injustificada a indemnizar a sus clientes con 200 złoty (unos 47 euros).

El caso llegó a oídos del fiscal general del Estado y ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, perteneciente a una escisión ultracatólica del gobernante partido Ley y Justicia (PiS). Ziobro ordenó a la fiscalía de Łódź recurrir la sentencia, pero la corte regional ratificó el fallo del tribunal de distrito. El fiscal general elevó el caso al Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país. Su decisión se dio a conocer el pasado jueves y vuelve a dar la razón al LGBT Business Forum.

El alto tribunal respalda las sentencias de las instancias inferiores porque el servicio solicitado se enmarca dentro de las «actividades técnicas habituales» que presta la copistería. El Supremo considera que el establecimiento no puede aducir conflicto de conciencia alguno por la propia naturaleza del servicio que ofrece, que es puramente técnico y carece por tanto de carácter creativo o de otra índole. Por tanto, debe imperar el principio de igualdad ante la ley.

El fiscal general Ziobro ha reaccionado con rabia a la sentencia, que calificó de «contraria a la libertad». «El Tribunal Supremo se ha puesto del lado de la violencia de Estado al servicio de la ideología de los activistas homosexuales», afirmó. El fallo se ha producido antes de que el próximo 3 de julio entren en vigor los cambios impuestos por el Gobierno del PiS, del que Ziobro forma parte, y que según instancias europeas podrían comprometer seriamente la independencia judicial.

Los medios han comparado el caso con la reciente sentencia del Supremo estadounidense que falló a favor de un pastelero de Denver que se había negado a elaborar una tarta de boda para una pareja de hombres. El abogado Jarosław Jaruga cree que habrá que evaluar cada caso por separado. «A veces la libertad de conciencia y religión será una razón legítima para negarse a prestar el servicio, y otras veces puede constituir una manifestación de discriminación injustificada», reflexionó. En cualquier caso, la furia de los ultraconservadores polacos parece confirmar que la sentencia es una importante victoria para los derechos LGTB, y así ha sido saludada por los activistas.

Fuente Dosmanzanas

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Donald Trump celebra el apoyo del Supremo al pastelero homófobo que negó tarta a pareja gay

Jueves, 7 de junio de 2018

trump“¡Gran fallo del Tribunal Supremo para el pastelero!”, dijo el presidente de EEUU en Twitter. 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha otorgado este lunes una victoria judicial a un repostero cristiano de Colorado que se negó a preparar un pastel de bodas para una pareja homosexual, por considerar que los derechos religiosos de éste se habían visto vulnerados.

En una decisión alcanzada por una mayoría de siete contra dos, la máxima corte del país ha dictaminado que una comisión de Colorado, que había decidido que el comerciante debía atender a todos sus clientes independientemente de su orientación sexual, demostró una “animadversión evidente e inaceptable” hacia la religión.

Dicha comisión había dictaminado que el pastelero, Jack Phillips, había violado la ley antidiscriminación del estado de Colorado, que prohíbe a las empresas negar el servicio a las personas por razón de su raza, género, estado civil u orientación sexual.

La sentencia del Supremo, sin embargo, ahora concluye que la comisión vulneró los derechos religiosos del propio Phillips, aunque no ha emitido una decisión definitiva acerca de en qué circunstancias concretas se pueden hacer excepciones a las leyes antidiscriminación basándose en las creencias religiosas.

“La hostilidad de la comisión fue inconsistente con la garantía recogida en la Primera Enmienda de que las leyes se deben aplicar de forma que sean neutrales hacia la religión”, escribió el autor de la sentencia, el magistrado Anthony Kennedy, quien también fue el autor de la histórica decisión de 2015 de legalizar el matrimonio gay en todo el país.Donald Trump celebró el fallo con el que el Tribunal Supremo dio la razón al repostero. “¡Gran fallo del Tribunal Supremo para el pastelero!”, dijo el presidente de EEUU en Twitter.

Sin embargo, Kennedy también recogió en la sentencia que “las personas homosexuales y las parejas homosexuales no pueden ser tratadas como marginados sociales o personas de menor dignidad y valor”, y anticipó que los litigios sobre cuestiones similares probablemente continúen sucediéndose en tribunales inferiores.

“Estas disputas deben resolverse con tolerancia, sin faltas de respeto indepidas a las creencias religiosas sinceras, y sin someter a las personas gays a indignidades cuando buscan bienes y servicios en un libre mercado”, concluyó.

De los 50 estados de EEUU, Colorado es uno de los 21 que tienen leyes antidiscriminación para proteger al colectivo LGTBI.

Fuente Cáscara Amarga

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El Supremo de Estados Unidos falla a favor del pastelero que discriminó a una pareja gay, aunque limita el alcance de la sentencia

Miércoles, 6 de junio de 2018

us-news-supremecourt-1-abaEn una sentencia que ha caído como un jarro de agua fría en los colectivos en favor de los derechos civiles de las personas LGTB, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado en favor de Jack Phillips, el pastelero de Denver que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja gay. La decisión, respaldada por 7 de los 9 jueces del Supremo, supone un importante revés para los derechos LGTB en los Estados Unidos en un momento en el que los grupos conservadores, apoyados en una administración federal favorable a sus intereses, arrecian su ofensiva. Un análisis de la sentencia, en cualquier caso, permite concluir que podría haber sido mucho peor. Explicamos por qué.

Refrescamos en primer lugar los antecedentes del caso, que se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.

Sin embargo, el resultado final ha sido 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se han inclinado de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se han alineado con el pastelero. ¿Qué ha pasado? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. Los siete jueces que han votado a favor de la sentencia, cuyo ponente ha sido precisamente Kennedy, señalan que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según su interpretación, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del estado no atendieron como debían a los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.

El Supremo entiende, en este sentido, que desde el principio hubo menosprecio y falta de objetividad hacia Phillips, y este es el motivo por el cual falla a su favor, sin que la sentencia ponga en duda el derecho del estado de Colorado a proteger a sus ciudadanos de la discriminación. El texto de la sentencia establece, en este sentido, sus propios límites, al advertir que no puede considerarse un aval para que los prestadores de bienes y servicios puedan discriminar a las parejas del mismo sexo por razones religiosas y que la próxima vez que un caso de este tipo llegue a la justicia, esta deberá juzgarlo en su contexto y de forma independiente al caso del pastelero. «El resultado de futuros casos como este en otras circunstancias deberá ser discutido en los tribunales, todo ello en el contexto de entender que estas disputas deben resolverse con tolerancia, sin una indebida falta de respeto a las sinceras creencias religiosas y sin que se humille a las personas homosexuales cuando demandan bienes y servicios en un mercado abierto», expresa literamente la sentencia.

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En definitiva, todo apunta a que el Supremo ha llegado a un compromiso entre conservadores y centristas para emitir un fallo de alcance limitado que si bien da la razón al pastelero lo hace por una razón formal, y no de fondo. Un compromiso que no supone un cambio significativo del statu quo jurídico, a diferencia de lo que habría sucedido si se hubiera dado la razón a cualquiera de las partes por 5 votos contra 4 pero utilizando los argumentos de fondo de una o de la otra parte. Así ha sido recibido, de hecho, por grupos de defensa de los derechos LGTB, como Human Rights Campaign. «Los extremistas antiLGBTQ no han conseguido la ‘licencia para discriminar’ que andaban buscando. La sentencia de hoy no modifica las ya duraderas leyes de derechos civiles de nuestra nación», ha declarado su presidente, Chad Griffin.

En cualquier caso, aunque sobre el papel no signifique un retroceso expreso, a nadie se le oculta que la sentencia supone un revés para el avance de los derechos LGTB en Estados Unidos. Los conservadores la venderán como un triunfo, que animará a muchos negocios a intentar discriminar a parejas del mismo sexo incluso en estados cuyas leyes locales las protejan contra la discriminación en la prestación de bienes y servicios. Parejas que en último término tendrán que seguir acudiendo a los tribunales para ver respetados sus derechos. Y más en un momento regresivo en materia LGTB como el que está viviendo Estados Unidos tanto a nivel de los estados gobernados por los republicanos como a nivel federal, de la mano de la administración Trump.

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union), representantes de Craig y Mullins, la pareja nunca llega a discutir con Phillips el diseño o mensaje que debía llevar la tarta, por lo que según ellos, la libertad de expresión del artista pastelero no se habría puesto en cuestión. La juez Ruth Bader Ginsburg, una de las que han votado en contra de la sentencia, explica que «cuando una pareja contacta con una pastelería para un pastel de bodas, el producto que buscan es un pastel que celebre su boda, no un pastel celebrando bodas heterosexuales o bodas del mismo sexo, y ese es el servicio que se les negó».

Activistas LGBT califican de “peligrosa” la decisión de la Corte de EEUU

Grupos de defensa de los derechos civiles de las personas LGBTIQ calificaron de “frustrante”, “discriminatorio”, “potencialmente dañino” y como un “retroceso” la decisión 7-2 de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Según las declaraciones recogidas por medios de comunicación, tras conocerse el fallo, la pareja conformada por Charlie Craig y Dave Mullins, a quienes Phillips les negó un pastel, aseguraron: “La decisión de hoy significa que nuestra lucha contra la discriminación y el trato injusto continuará. Siempre hemos creído que en Estados Unidos no se le debe rechazar en un negocio abierto al público por ser quien eres. Presentamos este caso porque nadie debería tener que enfrentar la vergüenza y la humillación de que nos digan ‘no servimos a los de su clase’. Seguiremos luchando hasta que nadie lo haga”.

Para la firma de abogados Pro-LGBT Lambda Legal esta decisión si bien es limitada, ya que solo aplica a los hechos específicos de este caso exclusivamente, de igual manera invita a la discriminación y los esfuerzos adicionales para justificar la retención de servicios de personas LGBTQ. Esto alentará todo tipo de estrategia por parte de organizaciones anti LGBTQ bien financiadas que quieran crear excepciones a las leyes de no discriminación (…) La Corte hoy le ha dado la espalda a un precedente de larga data y ofreció no solo aliento, sino también una hoja de ruta para aquellos que negarían los derechos civiles a las personas LGBTQ y a las personas que viven con el VIH”.

Aseguraron que seguirán luchando para que esta “desgarradora” y “exasperante decisión” se entienda por lo que es: “un fallo estrecho limitado a hechos únicos que no pueden usarse para justificar la discriminación en ningún otro contexto”, declaró la firma.

Para el presidente de Human Rights Campaign, Chad Griffin, el lobby antiLGBTIQ no puede abrazar esta decisión como una “licencia para discriminar”. Ni el dictamen cambia las leyes de derechos civiles en Estados Unidos, sin embargo, es una campanada de que las personas LGBTIQ “enfrentan niveles alarmantes de discriminación en todo el país y los esfuerzos de HRC para avanzar en la igualdad son más urgentes que nunca”.

La presidenta y CEO de la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación o GLAAD (por sus siglas en inglés, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) Sarah Kate Ellis dijo: “Aunque la libertad de religión es un valor estadounidense, la discriminación no lo es. Si bien esta decisión no cambia las protecciones existentes de los derechos civiles, deja la puerta abierta para que las exenciones religiosas se utilicen contra las personas LGBTQ”.

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Pantallazo @glaad | Foto: Uso Permitido

El LGBTQ Victory Institute dijo: “Hoy es un día triste para Estados Unidos y especialmente para los jóvenes LGBTQ que crecieron creyendo en el movimiento inevitable hacia la equidad y la justicia para nuestra comunidad. Si bien la Corte Suprema emitió un veredicto estricto centrado exclusivamente en el tratamiento de un pastelero de Colorado por parte de una agencia estatal, los opositores de la igualdad lo utilizarán para tratar de abrir las compuertas. Las fuerzas homofóbicas sobreinterpretarán intencionalmente el fallo y desafiarán las leyes existentes contra la discriminación al negar el servicio a las personas LGBTQ en aún más situaciones, negándoles la cena en un restaurante, el alojamiento en un hotel o el alquiler de un apartamento”.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, dijo: “Este caso nunca fue solo sobre un pastel de bodas. Se trataba de que todas las personas, sin importar quiénes fueran, tenían derecho a celebrar su amor sin enfrentar discriminación. El Partido Demócrata cree que ningún individuo tiene una licencia para discriminar. Creemos en la dignidad de cada ser humano. Y seguiremos luchando por la igualdad de las personas LGBTQ en todas las áreas de nuestra sociedad, desde la vivienda y la atención médica hasta los baños y salas de juntas, las panaderías y las urnas”.

El bufete de abogados anti-LGBT Alliance Defending Freedom, un grupo de odio anti LGBT listado, celebró el fallo. “Jack sirve a todos los clientes; simplemente se niega a expresar mensajes o celebrar eventos que violan sus creencias profundamente arraigadas”, dijeron.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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Oklahoma se suma a los estados que, de mano de los republicanos, otorgan a las agencias de adopción la posibilidad de discriminar a parejas del mismo sexo

Viernes, 18 de mayo de 2018

220px-mary_fallin_official_110th_congress_photoLa gobernadora de Oklahoma, la republicana Mary Fallin, ha estampado su firma en la ley que permite a las agencias de acogida y adopción de niños de titularidad privada rechazar a posibles padres por razones religiosas. Con esta ley, aprobada por amplio margen por la legislatura del estado, Oklahoma se suma a la lista de estados que permiten este tipo de discriminación, casi todos ellos fuertemente conservadores. 

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado de Oklahoma por 33 votos a favor y 7 en contra, mientras que la Cámara de Representantes le dio su visto bueno por 56 a 21. Se trata, conviene tenerlo en cuenta, de un estado fuertemente conservador, en el que los republicanos disponen de mayorías superiores a los dos tercios en ambas cámaras y en el que ningún demócrata ha obtenido la victoria en las elecciones presidenciales desde que lo hiciera Lyndon B. Johnson en 1964.

Aún así, la aprobación del proyecto y su conversión definitiva en ley tras la firma de la gobernadora ha sido recibida con preocupación por grupos LGTB y de defensa de los derechos humanos, que ven con preocupación como iniciativas discriminatorias de este tipo progresan en los estados sin que exista en estos momentos contrapeso alguno en el nivel federal tras conquistar también los republicanos la Casa Blanca en 2016.

Adopción homoparental: aunque es legal en todo el país…

En Estados Unidos, como sucede en tantas otras esferas, las normativas de acogida y adopción difieren entre cada estado, por lo que existe una gran variabilidad. Hasta hace no demasiados años, por ejemplo, convivían estados que permitían la adopción homoparental con otros que la prohibían, en todo o en parte. Diversas sentencias de la justicia federal han acabado, sin embargo, por hacer extensiva la adopción homoparental a todo el territorio estadounidenses. La más importante, la sentencia de junio de 2015 del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, que provocó toda una cascada de reconocimientos jurídicos de la igualdad ante la ley de las parejas del mismo y de distinto sexo.

Por si quedaban dudas, un juez federal de Mississippi declaró en abril de 2016inconstitucional la ley que prohibía la adopción por parejas del mismo sexo en ese estado, aprobada en el año 2000, y que era la última de su tipo en ser desafiada ante los tribunales. Y en junio de 2017 el Supremo arrojó otro jarro de agua fría a los contrarios a la homoparentalidad al obligar al estado de Arkansas a inscribir los nombres de las dos madres en los certificados de nacimiento en aquellos casos en los que estas hubieran recurrido a un donante de esperma anónimo. En ambos casos (Mississippi y Arkansas) la argumentación dejaba claro que la sentencia de junio de 2015 sobre el matrimonio igualitario suponía también el reconocimiento de la igualdad por lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de parentalidad.

… la derecha religiosa apuesta por poner trabas en los estados 

Sin embargo, pese a la derrota por lo que a la prohibición genérica de la adopción homoparental se refiere, la derecha religiosa no se da por vencida, y redirige sus baterías hacia un objetivo más asequible: el sistema de acogida y adopción, en manos en buena parte (sobre todo por lo que a la adopción se refiere) de agencias de titularidad privada. Muchas de ellas, vinculadas a organizaciones religiosas. Permitir a estas que puedan rechazar a candidatos a ser padres adoptivos por razones religiosas legaliza la discriminación de las parejas del mismo sexo. Son ya varios los estados que contaban con normas de este tipo antes de la sentencia del Tribunal Supremo, como Dakota del Norte, Virginia o Michigan (aunque en este último estado la norma ha sido desafiada ante la justicia federal), pero más recientemente han comenzado a sumarse otros. AlabamaDakota del Sur y Texas, tres estados con mayoría republicana en sus legislaturas y gobernadores de ese mismo partido, aprobaron las leyes que lo hacen posible en 2017.

Ahora lo ha hecho Oklahoma y casi con total seguridad el siguiente será su vecina Kansas, cuya legislatura (también controlada por los republicanos) ya ha aprobado el proyecto de ley, si bien de forma algo más ajustada: la Cámara de Representantes por 63 votos contra 58, el Senado por 24 a 15. Una diferencia que permitiría albergar esperanzas si el gobernador del estado estuviese dispuesto a vetarlo, pero Jeff Colyer (también republicano) ya ha anunciado que lo rubricará. El estado de Georgia también discute una medida similar, aunque en este estado existe al menos el antecedente de que el gobernador, aun siendo republicano, vetó hace dos años otra ley discriminatoria. Y no son los únicos: a finales de abril un proyecto similar recibió el visto bueno de un comité del Senado de Colorado, aunque sin posibilidades reales de salir adelante ya que de momento los republicanos solo controlan la cámara alta.

La aprobación de las leyes de Oklahoma y Kansas ha sido saludada por grupos evangélicos y por representantes la Iglesia católica. Por el contrario, ha sido condenada como discriminatoria por grupos de defensa de los derechos LGTB. «Estamos sobre todo preocupados por los niños que desesperadamente están a la espera de un hogar, y que serán víctimas de esta legislación vergonzosa»ha declarado por ejemplo Troy Stevenson, director ejecutivo de Freedom Oklahoma, y que ya ha anunciado su intención de acudir a los tribunales. No es descartable, de hecho, que a medio o largo plazo la cuestión acabe siendo dirimida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por lo pronto, supone un nuevo ensanchamiento de la brecha que separa a los estados más profundamente «rojos» (en el lenguaje político estadounidense, aquellos que tradicionalmente votan republicano) de los estados «azules» (aquellos que tradicionalmente votan demócrata) por lo que a los derechos de las personas LGTB se refiere. Seguiremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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Una pareja gay denuncia a una imprenta por enviarles un panfleto homófobo sobre el pecado y la fe en lugar de su recordatorio de boda

Lunes, 22 de enero de 2018

pareja-gay-demanda-imprenta-panfletos-homofobos-boda-696x522Aunque residen en Australia, Stephen Heasley y Andrew Birg, de 39 y 31 años de edad, son naturales de Pensilvania, donde deciden contraer matrimonio con el objetivo de estar cerca de sus familias. Cuando se encuentran ultimando los preparativos para el enlace, en septiembre del año pasado, solicitan 100 copias de un programa de mano a Vistaprint. En lugar de lo que habían pedido, reciben 80 copias de un folleto de propaganda cristiana, motivo por el que este martes, 16 de enero, presentan una denuncia federal en Massachucetts contra la empresa de impresión, alegando que se los enviaron en forma de ataque y amenaza por ser homosexuales.

Stephen Heasley y Andrew Borg se casaron en Pensilvania (Estados Unidos) el pasado mes de septiembre. El día previo a la ceremonia recibieron el paquete de la imprenta en el que, supuestamente, se encontraban los recordatorios de boda que habían encargado. Sin embargo, en lugar de estos, la imprenta de Massachusetts Vistaprint les envió un panfleto con mensajes homófobos como: «Tentación comprensiva: luchen la buena batalla de la fe», es el titular del panfleto que recibe la pareja, en lugar del programa en tonos azules y dorados que habían solicitado en el que explicaban los eventos del día de su boda, junto con los nombres de los miembros de su familia. A la pregunta «¿Si tu egocentrismo es lo que te atrae al pecado, ¿qué puedes hacer para evitar la tentación?», responden unos versículos bíblicos cristianos para resistir los tres tipos de tentación de Satanás: «La lujuria de la carne es lo que atrae a nuestro cuerpo de una manera pecaminosa», dice el primero, «la Lujuria de los Ojos es lo que nos atrae al pecado cuando lo miramos», afirma el segundo, y «orgullo de la vida es lo que atrae nuestra autoestima de una manera que nos dirige a ser egocéntricos», concluye el tercero. “Es un acto de rebelión contra la santidad de Dios”, “Satanás seduce a tu carne con malos deseos” o “el pecado es el resultado de tu fracaso en resistir la tentación”, entre otras lindezas. En un principio, los afectados lo achacaron a un lamentable error. Sin embargo, esta misma semana han decidido denunciar su caso ante Tribunal de Distrito de Massachusetts por incumplimiento de contrato y dolor emocional. Vistaprint se ha disculpado y ha anunciado una investigación interna.

Stephen Heasley y Andrew Borg se casaron en septiembre el condado de Butler, al oeste de Pensilvania, porque el primero es oriundo de allí; aunque actualmente se han trasladado a Sídney (Australia). Michael J. Willemin, el letrado de la pareja, argumenta en la demanda que “los panfletos, claramente enviados para amenazar y atacar al Sr. Heasley y al Sr. Borg, porque son homosexuales, advierten de que ‘Satanás seduce a tu carne con malos deseos’”. Willemin también alega que “este caso presenta un ejemplo particularmente atroz de una empresa que se niega a proporcionar servicios iguales a los miembros de la comunidad LBGTQ”.

Por ello, finalmente, los afectados han decidido denunciar lo sucedido ante los tribunales estadounidenses por incumplimiento de contrato y daños morales así como porque Vistaprint se negó a hacerse cargo del error y tuvieron que pagar 80$ por la impresión y el envío urgente de los dípticos de la boda. En la demanda, a la que ha tenido acceso el New York Daily News, Andre y Stephen, además de reclamar el dinero y una indemnización han señalado que el envío de esos panfletos tenían una clara intención de odio y pretendían comparar su relación con la “tentación de Satán“. Según han explicado Heasley y Borg a través de un comunicado: “nuestro objetivo es responsabilizar a Vistaprint por el daño que han causado y dar una voz a otras personas que puedan haber sido victimizadas de manera similar, ayudar a prevenir que esto le suceda a otra persona y enviar un mensaje de que habrá consecuencias por actos de odio perpetrados contra otros…, declara la pareja en un comunicado.

En la demanda explican que se sintieron «emocionalmente devastados por la conducta intimidante y discriminatoria de Vistaprinst», calificando el envío como un acto «atroz y despreciable» que les lleva a sentirse amenazados porque esas personas tienen la dirección donde viven sus familiares, lo que les lleva a sentir vulnerables a cualquier otra agresión de carácter homofóbico. «Nos casábamos en una granja familiar en lo que entendemos por ser una parte bastante conservadora y rural de Pensilvania. Si las personas malintencionadas decidieran enfocarse en nuestra boda e invitados, tendríamos muy pocas opciones para escapar o buscar refugio», declara Heasley.

Fundada por Robert Keane en Holanda, Vitsaprint es una empresa que distribuye artículos promocionales y de impresión que ofrece sus servicios a autónomos, PYMES y particulares. Vistaprint, la imprenta a la que realizaron el encargo de sus recordatorios de boda, es una compañía multinacional que opera en más de 120 países de todo el mundo. En Estados Unidos tiene su sede en Massachusetts, aunque su centro mundial está radicado en los Países Bajos y su oficina europea de marketing se encuentra en la ciudad de Barcelona (siendo esta última “la base de Vistaprint para las iniciativas de marketing de la compañía en Europa”).

Mediante un comunicado, la compañía justifica que “acabamos de enterarnos de este incidente en las últimas horas. Entendemos lo molesto que sería para cualquier persona recibir materiales como estos la noche anterior a su boda e inmediatamente hemos lanzado una investigación interna”. La empresa también añade que “Vistaprint nunca discriminará a los clientes por su orientación sexual. Nos enorgullecemos de ser una empresa que celebra la diversidad y permite a los clientes de todo el mundo personalizar los productos para sus eventos especiales”.

Vistaprint de ninguna manera aprueba, y no tolera, la discriminación contra ninguno de nuestros clientes en función de su raza, religión, género u orientación sexual. Alentamos a los miembros de la comunidad LGBTQ a usar nuestros servicios para ayudar a celebrar sus eventos de la vida durante muchos años, y han publicado miles de invitaciones de boda, programas y otro contenido para parejas del mismo sexo”, declara Trynka Shimerman, directora ejecutiva de Vistaprint al día siguiente, 17 de enero, asegurando que han iniciado una investigación para saber el origen y las causas del envío, prometiendo una «acción enérgica» contra cualquier empleado responsable de tal acción. Asimismo, se comprometen a «planificar cómo podemos usar nuestra plataforma de marca global para compartir un mensaje de apoyo para el matrimonio entre personas del mismo sexo y la igualdad en todo el mundo».

Este es el recordatorio de boda que Stephen Heasley y Andrew Borg encargaron a Vistaprint:

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Y este es el que recibieron un día antes del enlace en su domicilio:

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Discriminación empresarial hacia contrayentes del mismo sexo

No es la primera vez que en los Estados Unidos una empresa protagoniza un caso de discriminación hacia contrayentes del mismo sexo en el marco de su boda. Hace poco más de un mes, precisamente, llegaba al Tribunal Supremo de este país la disputa sobre si una pastelería puede negarse a elaborar una tarta nupcial para una pareja homosexual.

El caso se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado: en este estado, la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Fuente | Pink News, vía Dosmanzanas/Universogay

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Un hijo, un padre y el colectivo LGBT celebran la elección de Doug Jones como gobernador de Alabama

Lunes, 18 de diciembre de 2017

171212223429-doug-jones-1-large-169Doug Jones celebra su victoria y detrás su hijo gay Carson

Como publicábamos hace unos días, el candidato demócrata, Doug Jones, se impone al republicano, Roy Moore, como gobernador de Alabama en una campaña que ha girado en torno a los derechos del colectivo LGBT, en la que ha sido crucial la intervención de un padre cuya hija se suicidó tras ser víctima de la misma discriminación que hace gala Moore, mientras que el hijo de Jones, abiertamente homosexual, no ha querido intervenir confiando en la habilidad de su padre.

A pesar que el estado de Alabama está ubicado entre otros marcadamente homofóbicos, como Georgia, Tennessee y Misisipi, el colectivo LGBT celebra la victoria del candidato demócrata para gobernador, Doug Jones, que vence este miércoles, 13 de diciembre, al republicano Roy Moore, quien en su campaña había defendido que la homosexualidad debería ser considerada una enfermedad. Mientras Jones se muestra orgulloso de su hijo, Carson Jones, abiertamente homosexual, muchos aplauden la intervención en campaña de William Nathan Mathis, cuya hija se suicida tras ser víctima de la misma discriminación que proclama Moore.

«Estoy realmente abrumado (…). Al final del día, toda esta carrera ha sido sobre dignidad y respeto. Esta campaña ha sido sobre el estado de derecho. Esta campaña ha sido sobre educación y decencia», declara Jones al ganar por un porcentaje muy ajustado pero que permite la elección de un demócrata después de 25 años. La gran ventaja de Moore se reduce en el momento en que varias mujeres le acusan de agresión sexual cuando tenía alrededor de 30 años, antes de convertirse en juez del Tribunal Supremo de Justicia de Alabama. Según el candidato estas acusaciones proceden de «liberales, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y socialistas», a los que culpa de liderar una «conspiración» para destrozar su carrera política.

https://www.youtube.com/watch?v=cYIz9VeuNX4

Durante su campaña, Moore llega a pedir al Congreso que impugne a la juez federal responsable del bloqueo al veto a las personas transexuales en las Fuerzas Armadas de Donald Trump, así como a los miembros del Tribunal Supremo a hacer lo mismo con el juez que había firmado la sentencia que permite la legalización del matrimonio igualitario en los Estados Unidos, llegando a afirmar que «las personas transexuales no tienen derechos». De hecho, Moore habría sido destituido en dos ocasiones como presidente del Tribunal Supremo de Alabama tras desafiar sentencias del Tribunal Federal que entraban en conflicto con sus creencias religiosas, siendo el fundador de un grupo radical como Fundación para el Derecho Moral, que se opone recientemente a que Kristin Goodwon dirija la Academia de la USAF.

«El pueblo de Alabama eligió a Doug Jones, un aliado con un historial de lucha frontal contra el odio», declara Ben Needham, director del Proyecto Uno América de Human Rights Campaign, mientras que Masen David, director ejecutivo de Freedom for All Americans añade que «las personas LGBT de todo el país estarán felices celebrando los resultados de las elecciones de hoy en Alabama, donde Roy Moore, una de las fuerzas más fervientemente anti-LGBT del país, ha sido derrotado. Moore demostró un abrumador desprecio por las personas LGBT y la incapacidad de tratarnos con el respeto y dignidad básicas. Los resultados de las elecciones de esta noche demuestran que la discriminación no gana las carreras políticas».

Pro, con toda seguridad, quien más orgulloso está de la victoria de Jones es su propio hijo, Carson Jones, abiertamente homosexual. «Obviamente estoy emocionado con la victoria de mi padre. Nos ha abrumado el apoyo de tanta gente que ha hecho posible que esto sucediera. Alabama ha hecho una gran declaración de que la unidad gana. ¡No podría estar más orgulloso de él ni de mi estado natal!», afirma Carson, que no ha querido pronunciarse antes al considerar que su padre es lo suficientemente hábil para para silenciar a quienes se manifiestan contra sus posturas liberales en cuestiones como el aborto y los derechos de los homosexuales, «una necesidad en uno de los estados más conservadores del sur».

Como abogado, Jones encabezó en 1963 la persecución de los miembros del Ku Klux Klan responsables del atentado con bombas en la iglesia de Birmingham y la clínica abortista de Eric Rudolph. En la página web del candidato demócrata queda clara su postura al afirmar que cree «que todos somos creados iguales ante los ojos del Señor y la ley. Si bien hemos progresado en derechos civiles como nación, no podemos ser complacientes con las continuas amenazas a la igualdad y la justicia. La masacre de la iglesia de Charleston motivada por motivos raciales y Charlottesville son claros recordatorios de esa continua amenaza. Creo que los Estados Unidos de América son una tierra de leyes, justicia, libertad, igualdad y oportunidad».

Pero quien sí se ha manifestado en campaña, favoreciendo la oposición a Moore, ha sido William Nathan Mathis, quien explicaba cómo su nieta de había suicidado con sólo 23 años de edad, tras ser víctima de discriminación como la que defiende el candidato republicano. «El juez Roy Moore la llamó una pervertida por una razón: porque era homosexual», declara Mathis, que es lo que el candidato pensaría de los hijos de sus votantes que fueran igualmente gays o lesbianas, indicando que es algo que la gente debe saber porque, siendo candidato se supone que debe defender que todas las personas tienen los mismos derechos, haciendo referencia por error a la Constitución, dado que tal derecho se defiende en la Declaración de Independencia. Mathis llega a afirmar que no considera responsable a Moore del suicidio de su nieta, revelando que él mismo era contrario a las personas homosexuales, siendo una persona religiosa, lo que le llevó a decirle cosas horribles, que ahora lamenta. Si bien no puede rectificar con respecto a su nieta, afirma que los ciudadanos de Alabama, «no necesitamos una persona así que nos represente en Washington».

Fuente Universogay

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El LGTBfobo Roy Moore pierde las elecciones al Senado de los Estados Unidos por Alabama, tras una campaña plagada de fanatismo

Sábado, 16 de diciembre de 2017

Roy Moore, former chief justice of Alabama supreme courtEl conocido LGTBfobo Roy Moore ha perdido las elecciones al Senado de los Estados Unidos por Alabama. Su contrincante, el demócrata Doug Jones, ha conseguido una ajustada victoria en uno de los estados más conservadores del país. Moore (a quien podemos ver en la imagen acudiendo a votar montado a caballo) ha abogado por la penalización de la homosexualidad, la prohibición de ejercer cargos públicos para los ciudadanos de religión musulmana y se ha referido a los tiempos de la esclavitud como la última vez que los Estados Unidos fueron grandes. También ha sido acusado de haber abusado de mujeres cuando aún eran menores de edad. A pesar de todo ello, ha recibido el apoyo incondicional de los grupos evangélicos y del presidente Donald Trump. Su derrota es la derrota del fundamentalismo religioso más reaccionario y de la más abyecta hipocresía.

El pasado 12 de diciembre se celebró en Alabama una elección extraordinaria de su representante en el Senado de los Estados Unidos. Se trataba de elegir al sucesor del exsenador Jeff Session, que ocupaba el cargo desde 1997, tras su dimisión el pasado mes de febrero al ser designado por Donald Trump como fiscal general del Estado.

En un principio, Luther Strange, fiscal general de Alabama, fue designado senador provisional hasta la elección, siendo el candidato preferido por el Partido Republicano y por el propio presidente Donald Trump. Sin embargo, Roy Moore, antiguo presidente de la Corte Suprema de Alabama, consiguió arrebatarle la candidatura por un ajustado margen.

La campaña de Moore se basó en lo que él denominaba la defensa “valores familiares”contra un “ellos” difuso que trataban de mermarlos. En uno de sus discursos, describió a esos “ellos” contra quienes luchaba: “Cuando digo ‘ellos’, ¿quiénes son? Son los liberales. Los que no tienen valores conservadores. Son las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales que quieren cambiar nuestra cultura. Son los socialistas que quieren cambiar nuestra forma de vida y poner al hombre por encima de Dios y que el Gobierno sea nuestro Dios. Son los miembros de la clase dirigente de Washington, que quieren mantener todo igual para no perder su posición, su poder, su prestigio”.

La escalada de fanatismo de su discurso fue incrementándose a lo largo del proceso electoral. Llegó a afirmar que la última vez que los Estados Unidos fueron una gran nación ocurrió durante la época de la esclavitud, también declaró que los estadounidenses de filiación religiosa musulmana no deberían poder acceder a cargos públicos. Si el racismo y la intolerancia no fueran suficientes, salieron a la luz denuncias de varias mujeres, que afirmaron que habían sido acosadas por Moore cuando aún eran menores de edad —alguna de ella contaba tan solo catorce años— y el candidato republicano ya andaba por la treintena.

Nada de esto hizo mella en sus partidarios, sobre todo entre la comunidad evangelista, que le siguió ofreciendo todo su apoyo y le defendió denodadamente. Según sus líderes religiosos“el juez Moore tiene un historial probado de lucha por políticas públicas basadas en valores bíblicos y no en la perversión, y por eso que es un objetivo. Se mantiene fiel a las líneas de combate contra el enemigo interior. Se ha convertido en un baluarte para combatir a aquellos que buscan victimizar a niños y adultos a través de leyes de baño transgénero, adoctrinamiento LGBT en las escuelas, y mucho más”. Tampoco preocupó al presidente Donald Trump, que le apoyó hasta el último momentocon su habitual estilo deslenguado.

alabama-election-results-doug-jones-defeats-roy-moore-in-u-s-senate-raceEn quienes sí que pareció hacer efecto el exceso de fanatismo fue entre las minorías raciales y sexuales, que se movilizaron para votar a favor del candidato demócrata. Finalmente, Doug Jones consiguió el 49,9 % de los votos, frente al 48,4 % obtenido por Roy Moore. Un resultado que desmentía casi todas las encuestas, que daban al candidato republicano por seguro vencedor.

El mapa de votos por condado ofrecía otro dato: el voto urbano se volcaba mayoritariamente por Jones, mientras que el voto rural era incondicional de Moore.

La elección de Doug Jones deja a los representantes del Partido Demócrata con 47 escaños en el Senado, frente a los 51 del Partido Republicano y 2 independientes. Esa exigua mayoría hacía especialmente relevante esta elección, pues en cuestiones como inmigración o derechos civiles, algunos de los senadores republicanos de los estados menos conservadores podrían vetar leyes y dictámenes presidenciales, uno de los mayores temores de Donald Trump.

23532130-mmmainDoug Jones es conocido por su labor como fiscal general del distrito norte de Alabama, durante el mandato presidencial de Bill Clinton.

Su caso más conocido fue la reactivación del procedimiento contra dos miembros del Ku Klux Klan, que atentaron con dinamita contra una iglesia baptista de feligresía negra en 1963, causando la muerte de cuatro niñas y decenas de heridos. El empeño del entonces fiscal Jones consiguió la condena a cadena perpetua para los asesinos.

Roy Moore: una larga historia de fanatismo LGTBfobo

Los ciudados de Alabama pertenecientes a minorías sexuales, raciales o religiosas se han librado de que les representara en el Senado uno de los políticos más fanáticos e intolerantes de la actualidad estadounidense. De su beligerancia contra los derechos LGTB habla su propio historial.

Roy Moore fue suspendido por segunda vez como presidente de la Corte Suprema de Alabama en septiembre de 2016, y en esta ocasión lo fue a perpetuidad. El magistrado fue hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. Moore emitió una orden administrativa en enero de 2016, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban.

Lo mismo había hecho anteriormente, cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos. Moore ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

roy-moore-mandamientos-300x216Tal muestra de auténtica insumisión judicial le acarreó la separación definitiva del cargo, si bien no era la primera vez que se enfrentaba a una sanción semejante. Ya en 2003 fue cesado de su cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. Y es que Moore es conocido no solo por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB, sino también por su fundamentalismo cristiano. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

Moore ha apoyado a quienes proponen que se apruebe en los Estados Unidos una legislación semejante a la rusa contra la llamada “propaganda homosexual”. Aún más allá, en 2015 declaraba ante las cámaras que “la homosexualidad debía ser castigada”, recordando que la Biblia condena la sodomía con la pena de muerte.

 

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que han calificado las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

Fuente Dosmanzanas

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La disputa sobre si una pastelería puede negarse a elaborar una tarta nupcial para una pareja gay llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos

Viernes, 8 de diciembre de 2017

14356040517645El Tribunal Supremo de EE.UU. se niega a tomar en consideración un caso de discriminación hacia matrimonios homosexuales en Houston y abre la puerta a la desigualdad jurídica de las parejas homosexuales.

El mismo Tribunal está estos días escuchando los argumentos del caso del pastelero homófobo de Colorado que podría sentar la base para el blindaje de la Ley de Libertad Religiosa.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchó este martes los argumentos de las partes en el caso Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, un nuevo desafío judicial de los conservadores estadounidenses al matrimonio igualitario. En este caso, el Supremo estadounidense deberá decidir si el pastelero Jack Phillips tiene derecho a discriminar a una pareja del mismo sexo y no elaborar su pastel de boda, pese a que la normativa de su estado (Colorado) prohíbe a los negocios privados discriminar a sus clientes por razón de orientación sexual.

El caso se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado: en este estado, la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Aunque pueda resultar anecdótico, el caso tiene una gran importancia legal, dado que una sentencia de Supremo favorable a Phillips abriría la puerta a que multitud de negocios en todo el país pudiesen discriminar a las parejas del mismo sexo con independencia de que en sus estados existan leyes locales que las protegen contra la discriminación en la prestación de bienes y servicios. Es importante, en este sentido, tener en cuenta los argumentos de los abogados de Phillips. La línea de defensa del pastelero no se basa propiamente en que su “libertad religiosa haya sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica casos de discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a la libertad de expresión, expresamente protegido por la 1ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Phillips argumenta que diseñar un pastel de boda es un proceso “creativo”, y que hacerlo para una pareja del mismo sexo supone forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo.

cake400x300_0Argumentos retorcidos, pero que en caso de ser tenidos en cuenta por el Tribunal Supremo facilitarían que todos aquellos negocios con un componente “creativo” pudiesen discriminar a las parejas del mismo sexo. Las posiciones, en este sentido, aparecen divididas al 50% tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo han dirigido a las partes en la jornada de ayer. Los analistas consideran más que probable que los cuatro miembros conservadores del Supremo (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinen por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro miembros considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado.

El voto que desharía el empate sería el de Anthony Kennedy, un juez “bisagra” cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario ya resultó clave en el pasado. En el año 2013, su votó en el caso United States v. Windsor hizo posible derribar por 5 votos contra 4 la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo). Una sentencia que todos coinciden allanó definitivamente el camino para que dos años después, al resolver el caso Obergefell v. Hodges, el Supremo legalizase el matrimonio igualitario en todo el país, también con los votos de Kennedy (ponente de la sentencia) y de los cuatro jueces progresistas. Está por ver, en este caso, cual será la decisión de Kennedy, que en la jornada de este martes se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con argumentos de las dos partes.

En septiembre, conocíamos que de cara a la resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump apoya al empresario pastelero condenado por violar la Ley Contra la Discriminación de Colorado al negarse a hacer una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo y en octubre publicábamos que un grupo de populares chefs y reconocidos pasteleros y propietarios de restaurantes reclaman al Tribunal Supremo que falle contra el el pastelero de Denver, Jack Phillips.  

El Supremo rechaza pronunciarse sobre un fallo discriminatorio en Texas

0001298Lo que suceda con el caso del pastelero de Colorado, será, pues, de gran importancia. Muy especialmente después de que el pasado lunes el Tribunal Supremo rechazase revisar una decisión judicial adoptada en junio por la conservadora Corte Suprema de Texas, y que daba la razón a dos activistas anti-LGTB que demandaron a la ciudad de Houston por extender los beneficios que concedía a los cónyuges de distinto sexo de sus empleados a los cónyuges del mismo sexo. El mismo Tribunal se ha negado a aceptar un caso (Pidgeon contra Turner) y ese movimiento ha dejado claro, a pesar de haber legalizado el matrimonio igualitario, no las tienen todas consigo sobre la igualdad de derechos entre las parejas homosexuales y las heterosexuales. Jack Pidgeon y Larry Hicks denunciaron a la ciudad de Houston cuando la entonces alcaldesa, Annise Parker, anunció que ofrecería a los cónyuges del mismo sexo de los empleados públicos los mismos beneficios que tenían los cónyuges de los empleados heterosexuales.

Tras un proceso legal bastante largo y complicado el Tribunal Supremo de Texas se posicionó a favor de esa demanda y dictaminó que las parejas homosexuales no tienen por qué recibir los mismos beneficios y derechos que las parejas heterosexuales. Y eso a pesar de que en la sentencia del Supremo del país que legalizó el matrimonio igualitario se dejó claro que las parejas homosexuales podían casarse “en los mismos términos y condiciones que las heterosexuales“. Curiosamente en la misma semana de enero en la que Texas mantenía la discriminación el Supremo del país dictaminaba -otra vez- que en un caso sobre los derechos de los padres homosexuales (Pavan contra Smith) que los matrimonios homosexuales han de tener los mismos derechos y beneficios que los heterosexuales.

La Corte Suprema de Texas consideró entonces que la sentencia sobre el caso Obergefell v. Hodges, que hizo extensivo el matrimonio igualitario a todo el país, no obliga necesariamente a tratar igual a los matrimonios entre personas del mismo y de distinto sexo. No sorprende saber que hubo un juez del Supremo de EE.UU. que votó en contra de esa sentencia igualitaria y no fue otro que Neil Gorsuch, que fue puesto ahí por… Donald Trump.

El caso, cuyo origen se remonta en realidad a una fecha anterior a la de la sentencia del Supremo sobre el matrimonio igualitario, no está de todas formas cerrado: al rechazar el Supremo revisarlo (sin pronunciarse en ningún sentido sobre la cuestión de fondo), el asunto volverá de nuevo a los tribunales de Texas, donde continuará la litigación. Y aunque los activistas LGTB consideran que la justicia acabará dandoles la razón, la negativa del Tribunal Supremo a resolverlo de forma definitiva en este momento arroja dudas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el más alto tribunal estadounidense en defensa de sus propias decisiones sobre el matrimonio igualitario.

Y es que al negarse a juzgarlo y al no hacer ningún comentario al respecto han sentado un precedente tremendamente preocupante y es que -tras los cambios de Trump- podrían estar de acuerdo en que los matrimonios homosexuales no han de tener los mismos derechos.

Como explica la presidenta de la GLAAD, Sarah Kate Ellis, “el Tribunal Supremo acaba de dejar que prevalezca una preocupante sentencia del Supremo de Texas que recorta de forma clara los derechos de las parejas homosexuales casadas. La abnegación del mayor tribunal del país abre la puerta a una embestida de demandas contra los derechos de las personas LGTB+ en todas las instancias.

Huelga decir que si después de esto el Supremo de EE.UU. decide sentenciar a favor del pastelero de Colorado y proteger así la “libertad religiosa” la situación de las parejas homosexuales en EE.UU. volvería a ser tremendamente complicada.

Seguiremos atentos a lo que suceda. La decisión definitiva sobre el pastel de bodas, en cualquier caso, no se conocerá hasta la primavera de 2018.

Fuente LGTBQ Nation, vía Dosmanzanas/EstoyBailando/Cristianos Gays

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Roy Moore, el LGTBfobo expresidente de la Corte Suprema de Alabama, será el candidato republicano al Senado por ese estado

Martes, 10 de octubre de 2017

Roy Moore, former chief justice of Alabama supreme courtEl expresidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, que fue apartado del cargo por desobedecer el dictamen del Tribunal Supremo de los Estados Unidos favorable al matrimonio igualitario, será el candidato republicano al Senado por el estado de Alabama. Moore ha vencido al aspirante Luther Strange, que basó su campaña en postularse como el preferido tanto del establishment republicano como del propio presidente Trump. Roy Moore ha hecho gala repetidamente de su LGTBfobia, con declaraciones a favor de leyes contra la “propaganda homosexual” al estilo ruso, e incluso de penar las relaciones entre personas del mismo sexo.

El próximo mes de diciembre, se celebrará en Alabama una elección extraordinaria de su representante en el Senado de los Estados Unidos. Se trata de elegir al sucesor del exsenador Jeff Session, que ocupaba el cargo desde 1997, que dimitió el pasado mes de febrero tras ser designado por Donald Trump como fiscal general del Estado. En el intervalo, Luther Strange fue nombrado senador provisional por el gobernador de Alabama Robert J. Bentley.

Strange ocupaba anteriormente el cargo de fiscal general de Alabama, y se postuló como un ferviente y radical conservador, que además era el candidato preferido del presidente Trump, a quien ha ofrecido persistentemente su apoyo en cuestiones como inmigración o recorte de derechos de las minorías, entre ellas la LGTB. Durante su ejercicio como senador suplente, fue uno de los que instó al presidente a abandonar los acuerdos de París sobre cambio climático. Durante la campaña, alardeó repetidamente de sus conversaciones directas con el presidente, de quien recibía apoyo constante a través de las redes sociales. Strange era considerado por el entorno presidencial como un senador que apoyaría cualquier medida que tomara el ejecutivo.

Sin embargo, en las primarias celebradas el 15 de agosto, Strange obtuvo el 32,83 % de los votos, sobrepasado por el 38,87 % obtenido por Roy Moore, antiguo presidente de la Corte Suprema de Alabama. Al ser los dos candidatos más votados, se enfrentaron en la elección definitiva, que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre. Moore se declaró vencedor con el 54,89 % de los votos, frente al 45,11 % de Strange.

La campaña de Moore se centró en dos puntos fundamentales: la más feroz LGTBfobia y la defensa de la libertad religiosa, entendida como la imposición de unas determinadas creencias al conjunto de la población. Un discurso demasiado extremista incluso para los más conservadores. En las proclamas de Moore efectuadas durante sus mítines se pudieron escuchar frases como que “el ejército ha sido dañado por las tropas transgénero que invaden nuestros baños y por la inclusividad”, o que “Dios debe ser la fuente de todas las leyes”. Se daba la circunstancia, además, de que su jefe de campaña era Steve Bannon, antiguo consejero del presidente Trump, hasta su cese en agosto de este año.

Sin embargo, tras el triunfo de Moore, el presidente Trump inmediatamente le expresó su apoyo en las redes sociales. Según fuentes cercanas a la presidencia, Trump se habría mostrado furioso por su apoyo al candidato perdedor, achacando su fracaso a la falta de carisma del propio Strange. Roy Moore se enfrentará el próximo mes de diciembre al candidato demócrata Doug Jones.

El candidato republicano más contrario a los derechos LGTB

De obtener el cargo en las futuras elecciones, es de temer que por su parte haga ostentación del mayor de los fanatismos e impulse las propuestas más exacerbadas en contra de los derechos de las minorías sexuales. De su beligerancia contra los derechos LGTB habla su propio historial.

Roy Moore fue suspendido por segunda vez como presidente de la Corte Suprema de Alabama en septiembre de 2016, y en esta ocasión lo fue a perpetuidad. El magistrado fue hallado culpable de seis cargos de violación de los cánones de ética judicial, todos ellos relacionados con su oposición al matrimonio igualitario. Moore emitió una orden administrativa en enero de 2016, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban.

Lo mismo había hecho anteriormente, cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos. Moore ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.

roy-moore-mandamientos-300x216Tal muestra de auténtica insumisión judicial le acarreó la separación definitiva del cargo, si bien no era la primera vez que se enfrentaba a una sanción semejante. Ya en 2003 fue cesado de su cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. Y es que Moore es conocido no solo por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB, sino también por su fundamentalismo cristiano. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

Moore ha apoyado a quienes proponen que se apruebe en los Estados Unidos una legislación semejante a la rusa contra la llamada “propaganda homosexual”. Aún más allá, en 2015 declaraba ante las cámaras que “la homosexualidad debía ser castigada”, recordando que la Biblia condena la sodomía con la pena de muerte.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que han calificado las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

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El Supremo de EE. UU. prefiere no pronunciarse sobre los derechos del alumnado trans después de que Trump le retirase la protección federal

Sábado, 11 de marzo de 2017

Tribunal-Supremo-Estados-UnidosEn un giro que no anticipa precisamente buenos tiempos para los derechos LGTB, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que por el momento no se pronunciará sobre el caso de Gavin Grimm, el adolescente al que su instituto no permite usar el baño de chicos que corresponde a su identidad de género masculina, y lo ha devuelto a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito para que lo reevalúe a la luz de las nuevas directrices emitidas recientemente por la administración Trump. Pocos dudan de que en algún momento el Supremo tendrá que acabar pronunciándose sobre el fondo del asunto, pero todo parece indicar que será ya cuando el alto tribunal haya consolidado de nuevo una mayoría conservadora con la incoporación de Neil Gorsuch, el candidato propuesto por Trump para ocupar la vacante existente en este momento.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el Departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administracion Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada).

Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

Obama aumentó la protección, Trump la ha eliminado…

Ya avanzada la batalla legal, el Departamento de Educación de Obama envió en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans. Aquel documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera del texto (junto al cual, por cierto, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual).

La decisión de la administración Obama, conviene tener en cuenta, no tenía que ver directamente con el caso Grimm, y era más bien una reacción a la aporobación de una ley LGTBfoba en Carolina del Norte, que entre otras cosas incluye medidas explícitas de discriminación de las personas trans en su acceso a baños públicos.

La llegada al poder de Donald Trump, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos (como el vicepresidente Mike Pence o el fiscal general Jeff Sessions) convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada hace solo unos días, de forma que estos perdían la protección federal y su situación queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado).

Y el Supremo se inhibe

Finalmente, también Gavin Grimm ha acabado siendo afectado por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, tenía previsto celebrar este mes de marzo las audiencias del caso, con objeto de pronunciarse dentro de unas semanas sobre el fondo del asunto. Sin embargo, tras cambiar la política de Departamento de Educación, el Supremo ha decidido devolver la patata caliente al 4ª Circuito para que reevalúe el caso.

Una decisión que tanto Grimm como los colectivos de defensa de los derechos trans han lamentado. No porque ponga fin al caso, que no lo hace: la discusión vuelve, en cierto modo, al punto de partida, en el que curiosamente aún no había sido emitida la orden del Obama sobre protección del alumnado trans. Pero pocos dudan de que el caso acabará en algún momento volviendo al Tribunal Supremo. Y las perpectivas, en este sentido, no son precisamente halagueñas para el colectivo LGTB, si se tiene en cuenta que lo hará, casi seguramente, con un Tribunal Supremo con una mayoría conservadora consolidada de nuevo, si como es previsible el Senado acaba dando su visto bueno a la nominación de Neil Gorsuch, propuesto por Donald Trump, para sustituir al fallecido Scalia. Seguiremos atentos a los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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La administración Trump da luz verde a que las escuelas que reciben fondos federales puedan discriminar a los estudiantes trans

Sábado, 25 de febrero de 2017

trumpLa administración Trump ha revocado las directrices emitidas en 2016 por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, según las cuales los centros educativos que reciben financiación federal debían permitir a sus estudiantes trans utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La decisión, no por esperada (había sido adelantada por el ahora vicepresidente Mike Pence en campaña electoral) deja de suponer un golpe muy duro a las personas trans en ese país. La decisión se acompaña, además, de la retirada del apoyo federal a todas las iniciativas de defensa de los derechos de las personas trans en los tribunales, semanas antes de que el Tribunal Supremo decida precisamente sobre la demanda del joven Gavin Grimm, un chico trans al que su instituto prohíbe usar el baño de chicos.

La directiva que ahora deja de estar en vigor fue enviada en mayo de 2016 por el Departamento de Educación a todos los distritos escolares del país. Según aquel texto, prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera de la directiva. Junto a la directiva, de hecho, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual.

Hoy todo ello es historia. La transfobia institucional que el Partido Republicano promueve, y de la que el vicepresidente Pence es uno de sus principales valedores (el propio Pence anunció en campaña que la política de protección del alumnado trans sería una de las que la nueva administración revisaría en caso de ganar Trump las elecciones) se ha impuesto a la que solo meses antes parecía una postura relativamente favorable de Trump a los derechos de las personas trans (e incluso, según asegura The New York Times, a la postura que defendía la nueva secretaria de Educación de Donald Trump, Betsy DeVos, inicialmente proclive a mantener la política de Obama en esta materia). La protección de los estudiantes trans queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la ya vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado, y cuya aprobación desencadenó, en buena parte, la reacción de la administración Obama).

Está por ver también qué sucede ahora con la batalla judicial que la decisión de la administración Obama descencadenó. Recordemos, en este punto, que en verano de 2016 el juez federal de Texas Reed O’Connor emitía una medida cautelar (preliminary injuction) que dejaba en suspenso, justo antes de que empezara el curso escolar, la orden de la administración Obama. La sentencia de O’Connor era la respuesta a una demanda presentada por representantes de 13 estados contra las directrices emitidas por el departamento de Educación. El Departamento de Justicia, que bajo la administración Trump ha pasado a estar dirigido por Jeff Sessions, uno de los políticos más abiertamente LGTBfobos de los Estados Unidos, ya había ordenado dejar de defender la directiva en los tribunales antes incluso de que esta fuese derogada.

El joven Gavin Grimm, sin apoyo de la administración federal

Transgender high school student Gavin Grimm poses in front of his home in Gloucester, Va., Monday, Aug. 22, 2016. A Virginia school board is expected on Monday to formally ask the U.S. Supreme Court to hear a case brought by a transgender teen who wants to use the boys restroom at school. (AP Photo/Steve Helber) Otro de los damnificados por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense es el joven Gavin Grimm, que pierde el apoyo federal en su lucha por el derecho a usar el baño de chicos de su instituto de Gloucester (Virginia) y cuyo caso es uno sobre los que próximamente debe pronunciarse el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Cuando el juez Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). La Corte de Apelaciones devolvió el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina. Una orden que el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente a requerimiento del instituto y sobre cuyo fondo aún no se ha pronunciado (las audiencias del caso están previstas en marzo).

La decisión del Tribunal Supremo en este caso marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Y hoy día las perspectivas son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario. Habrá que estar atentos además a cómo el nuevo marco jurídico federal afecta al caso (cuyo origen en cualquier caso es anterior a que la administración Obama emitiese sus directrices en favor de los estudiantes trans). Estaremos atentos…

Fuente Dosmanzanas

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