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El Supremo de Estados Unidos rechaza estudiar el caso de una reclusa trans a la que se le denegó la cirugía de reasignación

Martes, 17 de diciembre de 2019

E1B1C42E-2DEC-4B59-9E8B-D7A7C71C310AEl Tribunal Supremo de Estados Unidos vuelve a dar la espalda a la comunidad trans. La última instancia judicial del país, controlada por el sector conservador, ha rechazado admitir a trámite un recurso contra la decisión del estado de Texas de impedir a una reclusa trans someterse a cirugía de reasignación de sexo. Vanessa Lynn Gibson, que lleva en prisión desde 1995 por sendos delitos de agresión y asesinato, ha intentado automutilarse y cometer suicidio en varias ocasiones. El fallo contrasta con otros precedentes favorables.

Gibson, de 41 años, fue condenada en 1995 por una agresión y dos años después, por el asesinato de otra reclusa. Desde los quince años vive de acuerdo a su identidad de género femenina. Los médicos le diagnosticaron disforia de género en 2014, y autorizaron su acceso a un tratamiento hormonal. La legislación de Texas, el estado donde cumple condena, no permite sin embargo las «intervenciones quirúrgicas irreversibles» como sería la cirugía de reasignación de sexo.

La reclusa recurrió a la justicia al considerar que la negativa a autorizar la intervención constituye una forma de castigo cruel e inusual prohibida por la octava enmienda de la Constitución. Gibson ha sufrido una depresión que la ha llevado a intentar tanto automutilarse como cometer suicidio. El Tribunal de Apelaciones del quinto circuito, con sede en Nueva Orleans, rechazó en marzo la demanda de Gibson. El caso llegó hasta el Supremo, cuyos jueces rechazaron este lunes su toma en consideración.

A pesar del revés judicial, existen precedentes en los que los tribunales han dado la razón a personas trans en prisión. En 2015, un juez federal autorizaba la cirugía de reasignación de sexo para Shiloh Quine, meses después que Michelle Norsworthy, otra reclusa trans, obtuviera una orden favorable de un tribunal federal con el mismo objetivo. El estado de California se comprometió además a costear las intervenciones.

Los casos de Quine y Norsworthy contrastan con el de Michelle Kosilek. Aunque un juez de Massachusetts ordenó en 2012 su reasignación de sexo, posteriormente, la Corte de Apelaciones (con sede en Boston) echó marcha atrás alegando «problemas de seguridad», así como una supuesta «fuente de angustia mental» para las reclusas que hubieran sido víctimas de violencia de género, en el momento en el que se le trasladara a un centro penitenciario para mujeres.

Fuente Dosmanzanas

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