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La administración Trump recurre al Tribunal Supremo para que acelere la implantación del veto a las personas trans en el Ejército

Martes, 27 de noviembre de 2018

ejercito-trans-contra-trump-696x522Cruzada sin descanso de la administración Trump contra los derechos de la comunidad trans en Estados Unidos. El procurador general ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que tome una decisión sobre su orden para excluir a las personas trans del Ejército. La norma está temporalmente paralizada después de que cuatro tribunales de distrito hayan admitido a trámite otras tantas demandas contra la misma. El Gobierno de Trump pretende acelerar su entrada en vigor, puenteando a los tribunales de apelaciones que debían decidir sobre estos procesos. Acude en su lugar directamente a la más alta instancia judicial, controlada desde octubre por el sector conservador.

La discriminación de las personas trans es, en este momento, el principal objetivo en la agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. La primera de ellas, Doe v. Trump, argumenta que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso». Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre del año pasado emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no se consideró competente para paralizar la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). El juez Garbis ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. En diciembre de 2017, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump. En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por obligarlas a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo. Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaró, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiere poner fin cuanto antes. Es por ello que el viernes pasado, el procurador general Noel Francisco recurrió al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puentea a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirige directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Se trata de la cuarta vez que Trump utiliza este atajo, con el que pretende evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre tres de las demandas.

Los ataques de Trump al Noveno Circuito han motivado incluso una inusual respuesta del presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, reivindicando la independencia del poder judicial. Un Supremo con una mayoría conservadora. después de la designación de Brett Kavanaugh para cubrir la vacante generada por la jubilación de Anthony Kennedy. La nueva mayoría puede extenderse por lustros y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de la comunidad LGTB. En definitiva, un panorama nada halagüeño para la inclusión de las personas trans en el Ejército en el futuro.

Fuente Dosmanzanas

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Los estadounidenses desaprueban las medidas contra el colectivo LGBT de la Administración Trump

Sábado, 7 de abril de 2018

trumpLa mayoría de los ciudadanos estadounidenses desaprueba las medidas contra la comunidad LGBT que promueve el gobierno de Donald Trump, según desvela una encuesta realizada en esta última semana que evidencia la polarización entre los votantes demócratas y los republicanos.

Encargada por The Economist a la organización YouGov, el domingo y el martes de la semana pasada, se realiza una encuesta entre 1500 ciudadanos estadounidenses a las que se les formula más de 150 preguntas referentes a muy diversos ámbitos, de la que se concluye que sólo el 29 % de las personas encuestadas aprueban la manera en que la Administración de Donald Trump gestiona lo que tiene que ver con la comunidad LGBT, de los que sólo el 17 % lo aprobaban de manera inequívoca, mientras que el otro 12 % restante dudaba al respecto. En contraste, el 44 % de las personas encuestadas desaprueba la aproximación del presidente de los Estados Unidos a los asuntos relacionados con las personas homosexuales, bisexuales y transexuales, de los que el 35 % se muestra inequívocamente contrario a su gestión y sólo un 9 % se mantienen en una posición menos categórica. Tan sólo un 27 % de los encuestados manifiesta no tener ninguna opinión al respecto.

En julio del año pasado, el gobierno implanta el veto a personas transgénero en el ejército de los Estados Unidos, que una juez federal del Distrito de Columbia, Colleen Kollar-Kotelly, paraliza en octubre al considerarla una medida anticonstitucional, ratificando su decisión en diciembre. Dado que el 23 de marzo, el presidente Trump ratifica su postura anti trans, que sigue igualmente paralizada aunque proponga algunas rectificaciones y puntualizaciones con respecto a su propuesta inicial, a través de la encuesta se ha formulado una pregunta específica al respecto, descubriendo que el 34 % de los encuestados está de acuerdo con la postura de la Administración, mientras que el 48 % desaprueba este tipo de políticas contra las personas transgénero.

«Hay una diferencia relativamente pequeña entre la opinión general sobre las tropas transgénero y la opinión sobre la decisión específica del presidente de prohibirlas. La evaluación general de la acción del presidente es negativa, excepto entre los republicanos», declara Kathy Frankovic, consultora de encuestas de CBS News, en un blog de YouGov, señalando que quienes conocen a alguna persona transgénero tienen dos veces más probabilidades de apoyar que sirvan en el ejército que aquellas personas que no conocen a ninguna, señalando que «los demócratas tienen el doble de probabilidades que los republicanos» de conocer a una persona transgénero.

Fuente Universo Gay

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Obligada por la justicia a mantener la integración de las personas trans en el Ejército, la administración Trump busca su exclusión con nuevas medidas

Jueves, 5 de abril de 2018

175206-01_12_2012_13_10_55_289716084Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.

El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.

mike-penceSegún numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:

  • Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
  • Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
  • Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.

Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.

dana-white-portavoz-del-pentagono-300x155Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.

kerri-kupec-portavoz-del-departamento-de-justicia-eeuu-300x155La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».

Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).

Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

trumpEl documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.

La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Un segundo juez amplia los términos de la paralización

justicia-300x203-1-300x203-1-300x203Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.

El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).

Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos

En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y  American Military Partner Association (AMPA).

En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Nueva denegación

militares-gays-pentagonoCasi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.

En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.

Fuente Dosmanzanas

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Una juez restituye el derecho de las personas transexuales a incorporarse al ejército de los Estados Unidos

Viernes, 15 de diciembre de 2017

trump_colleen-kollar-kotellyx750La juez, Collen Kollar-Kotelly, se reafirma en su sentencia contra el veto a las personas transexuales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que podrán seguir incorporándose a partir de enero del próximo año, anulando de esta manera la orden ejecutiva emitida por la administración de Donald Trump en sentido contrario, que sólo le queda recurrir al Tribunal Supremo.

Las personas transexuales pueden seguir alistándose a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a partir del 1 de enero, como consecuencia de la última acción de la juez federal del Distrito de Columbia, Colleen Kollar-Kotelly, que este lunes, 11 de diciembre, rechaza el recurso presentado por la Administración de Donald Trump contra la sentencia que ella misma había emitido el 30 de octubre y mediante la que se impide la implantación del veto a los transexuales en el ejército emitido por el presidente estadounidense, al considerarla una medida anticonstitucional, tal y como habían denunciado en julio un grupo de transexuales que sirven en las Fuerzas Armadas.

Ashton B. Carter, secretario de Administración de Barack Obama, es el encargado de anunciar que «con efecto inmediato, los estadounidenses transgénero pueden servir abiertamente» en el ejército de los Estados Unidos, confirmando que «no podrán ser despedidas o separadas de sus puestos en cualquier fuerza del Ejército sólo por ser transgénero». Una medida que se implanta tras un estudio que demuestra que es más elevado cubrir los costes derivados de tratamientos por depresión o suicidio que asumir los procesos de transición de las personas transexuales que sirven en el ejército.

«Después de consultar con mis generales y expertos militares, por favor, quedáis advertidos de que el gobierno de los Estados unidos no aceptará o permitirá (…) a personas transexuales servir en ninguna instalación militar estadounidense. Nuestro ejército debe estar centrado en decisivas y abrumadoras (…) victorias y no puede cargar con los costos médicos y la interrupción que los transexuales conllevarían en el ejército. Gracias», publica Trump en una serie de tuits anunciando el veto a las personas transexuales en las Fuerzas Armadas estadounidenses en julio de este mismo año, ignorando el estudio previo y demostrando que su intención no es otra que mermar los derechos del colectivo LGBT, al contrario de lo que había prometido en campaña. Además de la sentencia de Kollar-Kotelly, otro juez de distrito, Marvin Garbis, ya había exigido al ejército que continuara cubriendo el tratamiento médico que quienes ya se encuentran en un proceso de transición cuando se anuncia el veto de transexuales en las fuerzas armadas.

De esta manera se repite el proceso judicial que ha tenido el veto migratorio a países de mayoría musulmanes, actualmente a la espera de ser revisado por el Tribunal Supremo, camino que, con toda probabilidad va a seguir el veto a transexuales las Fuerzas Armadas. Un organismo que acapara toda la atención del colectivo LGBT puesto que es el encargado de legalizar definitivamente el matrimonio igualitario en todos los estados de la unión, aunque este mismo lunes rechaza revisar el caso de discriminación de Jameka Evans y se encuentra actualmente deliberando el caso de Masterpiece Cakeshop, la pastelería de Colorado cuyo dueño se negó a hacer un pastel de bodas a una pareja del mismo sexo en base a la libertad religiosa, mostrando la Administración de Trump su apoyo al pastelero en lugar de a la pareja discriminada.

Fuente Universogay

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Un juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación para las personas trans en el Ejército estadounidense

Martes, 5 de diciembre de 2017

ejercito-trans-contra-trump-696x522El juez federal Marvin J. Garbis ha ordenado la paralización cautelar de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe incorporar a personas transexuales para servir en el Ejército de los Estados Unidos y desfinancia los tratamientos de reasignación de los militares trans. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, el juez considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. Amplía así el alcance con respecto a un fallo similar adoptado por otra juez federal hace tres semanas.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la Justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizaba la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo ha hecho, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis de Baltimore, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). La presentó la American Civil Liberties Union (ACLU) en Maryland el pasado mes de agosto, en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército. El juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans, porque al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, considera probable que los demandantes ganen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense.

Garbis rechaza que su orden cautelar sea prematura y argumenta que las personas trans que sirven en el Ejército ya están sufriendo las consecuencias de la medida. A pesar de que por ahora no se han anunciado despidos, viven con el miedo a un futuro despido y el estigma de ser señalados como incapaces de servir. El juez carga contra el presidente Trump, al que acusa de actuar a golpe de tuit en lugar de escuchar un análisis fundamentado de los representantes militares sobre las consecuencias de la decisión. El abogado de la ACLU Joshua Block ha celebrado el fallo, que calificó de “victoria para el personal militar trans en todo el país” y mostró su satisfacción por la decisión del tribunal de “asegurar que se trate a los militares trans con la dignidad y el respeto que se merecen”. Veremos si la decisión final de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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El Pentágono paga la cirugía de afirmación de género a una militar a pesar de Trump

Lunes, 20 de noviembre de 2017

militares-gays-pentagonoCon la prohibición de que las personas trans sirvan en el ejército norteamericano suspendida por una juez federal, el Pentágono continúa ofreciendo a las tropas transgénero los mismos derechos que siempre.

En febrero de 2018 se espera que se publiquen las nuevas políticas respecto a los y las militares trans, a pesar de la diferencia de opiniones entre la Casa Blanca y los líderes militares. 

A pesar de que Trump anunció vía Twitter que iba a prohibir a las personas trans formar parte del ejército de los Estados Unidos reinstaurando la prohibición de servir en el Ejército, lo que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

Pero en el propio ejército de los Estados Unidos no parece que tengan pensado hacerle demasiado caso al presidente.  Aunque Trump aseguró que lo había consultado con varios expertos militares lo cierto es que por ahora no ha aparecido ni un miembro del ejército que respalde la maniobra tránsfoba del presidente con la que pretende contentar a la extrema derecha más que mejorar las condiciones laborales de sus soldados. Pero además desde el propio Pentágono parecen tener tan pocas ganas de discriminar a las personas trans que siguen financiando operaciones de afirmación de género entre sus filas.

La última ha sido a una soldado de infantería, condecorada en la Operación Anaconda durante la guerra de Afganistán en 2003, que ha sido operada en un hospital civil. Así lo ha confirmado la Vice-almirante Raquel Bono, que también fue la encargada de aprobar la baja médica de la soldado.

La prohibición de que las personas trans accedan al ejército está siendo tremendamente polémica y ha resultado ser otra medida de Trump que acaba suspendida en un tribunal. Mientras la jueza Colleen Kollar-Kotelly revisa la prohibición (y avisa de que tiene todos los números para ser declarada inconstitucional) y mientras el congreso investiga exactamente qué contactos hubo entre la Casa Blanca y el Pentágono para llegar a esta decisión, el secretario de defensa, Jim Mattis, avisó al ejército de que por ahora las políticas respecto a las personas trans que están en activo se mantienen intactas.

Eso significa que, como ha sido este caso, pueden seguir accediendo a los programas de salud que permiten este tipo de cirugía.

Pero Mattis también avisó de que la medida era temporal hasta que el 21 de febrero de 2018 el Pentágono publique la nueva política en base a lo exigido por la Casa Blanca, desde la que Trump ha pedido que no se permite a más personas trans acceder al ejército pero que sea Mattis el que decida qué hacer con las que ya están en activo. Algo que para Sarah McBride, secretaria de prensa de la Human Rights Campaign, es una clara muestra de que “hay una amplia oposición entre el congreso y los líderes militares frente a los ataques discriminatorios de Donald Trump y Mike Pence a las tropas transgénero.

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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Revés judicial para Donald Trump: una jueza federal paraliza la orden que reinstauró la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército

Sábado, 4 de noviembre de 2017

ejercito-trans-contra-trump-696x522La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly ha ordenado la paralización parcial de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército de los Estados Unidos. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, la jueza considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. La supensión de la orden es parcial, ya que no incluye la desfinanciación de los tratamientos de reasignación de los militares trans.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB: NCLR (National Center for Lesbian Rights) y GLAD (GLBTQ Legal Advocates & Defenders). Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estima pertinente, sino que considera que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que en su fallo suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paraliza la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) sigue vigente. No se trata, en cualquier caso, de una decisión de fondo: la jueza Kollar-Kotelly argumenta que, a diferencia de la amenaza de expulsión de los militares representados en la demanda, esta no contempla por qué la suspensión de los tratamientos de reasignación les afectaría, razón por la cual no se considera competente para paralizarla.

El fallo judicial ha sido recibido con optimismo por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB, que lo consideran una importante primera victoria en la que se adivina larga lucha contra las disposiciones tránsfobas de la administración Trump. “Esta es la primera decisión que tumba la prohibición del presidente Trump, pero no será la última. Los tribunales federales reconocen lo que todo el mundo ya sabe: que la decisión impulsiva del presidente Trump de prohibir a las personas transexuales servir en el Ejército es manifiestamente inconstitucional”, ha declarado Joshua Block, abogado de ACLU (American Civil Liberties Union). Veremos si es así, y sobre todo si finalmente la decisión de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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