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Trump comienza a expulsar del ejército a los soldados VIH+

Sábado, 22 de diciembre de 2018
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19A29E26-7467-47B2-8CC7-E8AD10A82F07En febrero de este año, en mitad de toda la polémica por la prohibición a las personas trans de servir en el ejército ideada por Donald Trump, la administración del actual presidente de los EE.UU. anunció otra política relacionada con el servicio militar estadounidense: la “Deploy or Get Out“. Esta política ordenaba al Pentágono que identificara a todos los miembros de las fuerzas armadas que no puedan ser desplegados en destinos fuera del país por más de 12 meses… y echarlos del ejército.

El ejército de Estados Unidos actualmente considera que las personas que viven con VIH son “no desplegables”.

Desde 1991 el ejército estadounidense rechaza reclutar a cualquier persona con VIH+, pero en el caso de que un miembro en activo resultara positivo el ejército le suministra el tratamiento antirretroviral para mantener la carga viral indetectable (es decir, intransmisible) y así puede seguir desempeñando su trabajo.

Hace unas semanas circuló por internet la historia de Kevin Deese, un cadete de la marina que fue expulsado en 2014 a falta de un mes para licenciarse tras dar positivo en VIH+ en unos análisis regulares. Deese ha decidido denunciar públicamente su caso y luchar para que se derogen las políticos serofóbicas del ejército.

Ahora se ha conocido el caso de dos soldados de las fuerzas aéreas que (con la ayuda de Lambda Legal, la asociación OutsServe-SLDN y el bufete Winston & Strawn LLP actuando pro-bono) han demandado al secretario de defensa de Trump, Jim Mattis, en un juzgado de Virginia por lo que consideran una violación de la ley federal y de la cláusula de protección igualitaria incluida en la Constitución.

Los dos soldados eran miembros en activo de las fuerzas aéreas del ejército y dieron positivo en VIH el año pasado durante un control rutinario. En ese momento comenzaron el tratamiento antirretroviral y los doctores militares los declararon aptos para ser desplegados en cualquier momento, con el visto bueno de sus comandantes. El mes pasado, tras cinco años de servicio en el ejército, ambos soldados fueron declarados no aptos y se les expulsó sin ofrecerles siquiera un puesto de trabajo alternativo que ambos afirman habrían aceptado.

El motivo argumentado por el Pentágono es que el ejército no desplega a personal VIH+ en el Medio Oeste, que es a donde suelen destinar a la mayoría de militares. Ambos soldados argumentan que pueden ser destinados a cualquier lugar del mundo dado que trabajan en mantenimiento y no abandonarían la base en la que está el centro médico, como ya le ha ocurrido a uno en las dos ocasiones en que ha sido llamado a filas.

Scott Schoettes, uno de los abogados de Lambda Legal que representa a los demandantes, explica que es muy fácil para un soldado viajar con un suministro de antirretrovirales suficiente para mantener el virus intransmisible, “lo que realmente estamos exigiendo es que el VIH se trate igual que cualquier otra condición médica a la hora de evaluar si alguien es apto para ser desplegado o no.

Es descorazonador, como poco“, explica uno de los dos soldados en una entrevista a The Washington Post, “Sé perfectamente que estoy sano. Sé que soy bueno en lo que hago, y se me permite la oportunidad de ofrecer a las Fuerzas Aéreas lo que sé que soy capaz de hacer.

Fuente Hazte Queer

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No existe razón médica para el veto a militares trangénero según la Asociación Médica Estadounidense

Martes, 10 de abril de 2018
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ama-meaningful-useAnte el bloqueo de una juez federal de su veto a las personas transgénero en el ejército, la Administración de Donald Trump presenta una nueva orden más concreta, a la que la Asociación Médica Estadounidense responde con que «no existe una razón válida desde el punto de vista médico» para este tipo de prohibición. 

Después de que una juez federal paralizara la prohibición a personas trans de servir en el ejército estadounidense, Donald Trump contraatacaba en marzo con emitiendo una orden que prohíbe el acceso al ejército a aquellos «individuos con antecedentes o diagnóstico de disforia de género, aquellos que requieren un tratamiento médico sustancial, incluso a través de medicamentos o cirugía» porque según la Casa Blanca, presentan un riesgo considerable para la efectividad militar. Sin embargo, este martes, 3 de abril, la Asociación Médica Estadounidense (AMA por sus siglas en inglés: American Medical Association ) responde por carta, argumentando que «no existe una razón válida desde el punto de vista médico» para impedir que las personas transgénero sirvan en el ejército.

«No existe una razón válida desde el punto de vista médico, incluido un diagnóstico de disforia de género, para excluir a las personas transgénero del servicio militar», asegura el Dr. James Madara, director ejecutivo de AMA, en una carta dirigida al secretario de Defensa, Jim Mattis, en la que afirma que la Casa Blanca y el Departamento de Defensa «caracterizaron y rechazaron el amplio cuerpo de investigaciones revisadas por pares sobre la efectividad de la atención médica transgénero», rechazando las afirmaciones de que los militares transgénero no supondrían un alto costo económico al ejército debido a sus necesidades médicas. «El costo financiero es insignificante y es un error de redondeo en el presupuesto de defensa», afirma Madara, quien considera que su identidad de género no «debería usarse como una razón para negar a estadounidenses patrióticos. Deberíamos honrar su servicio».

«Estamos haciendo nuestro trabajo, desplegándonos cuando se nos pide que lo hagamos y somos médicamente capaces (…). Entendemos los altos estándares del servicio militar», declara Blake Dremann, comandante de la Armada de los Estados Unidos, transgénero y presidente de SPART*A, un grupo que defiende los derechos de los militares LGBTQ, aplaudiendo el apoyo brindado por AMA a las personas transgénero del ejército. AMA se ha opuesto al veto a las personas transexuales desde que Trump presentara esta polémica medida, una más de las que han llevado a la mayoría de los estadounidenses a rechazar las medidas contra el colectivo LGBT de su administración.

Fuente Universogay

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Obligada por la justicia a mantener la integración de las personas trans en el Ejército, la administración Trump busca su exclusión con nuevas medidas

Jueves, 5 de abril de 2018
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175206-01_12_2012_13_10_55_289716084Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.

El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.

mike-penceSegún numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:

  • Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
  • Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
  • Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.

Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.

dana-white-portavoz-del-pentagono-300x155Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.

kerri-kupec-portavoz-del-departamento-de-justicia-eeuu-300x155La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».

Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).

Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

trumpEl documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.

La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Un segundo juez amplia los términos de la paralización

justicia-300x203-1-300x203-1-300x203Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.

El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).

Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos

En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y  American Military Partner Association (AMPA).

En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Nueva denegación

militares-gays-pentagonoCasi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.

En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.

Fuente Dosmanzanas

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Un juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación para las personas trans en el Ejército estadounidense

Martes, 5 de diciembre de 2017
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ejercito-trans-contra-trump-696x522El juez federal Marvin J. Garbis ha ordenado la paralización cautelar de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe incorporar a personas transexuales para servir en el Ejército de los Estados Unidos y desfinancia los tratamientos de reasignación de los militares trans. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, el juez considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. Amplía así el alcance con respecto a un fallo similar adoptado por otra juez federal hace tres semanas.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la Justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizaba la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo ha hecho, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis de Baltimore, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). La presentó la American Civil Liberties Union (ACLU) en Maryland el pasado mes de agosto, en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército. El juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans, porque al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, considera probable que los demandantes ganen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense.

Garbis rechaza que su orden cautelar sea prematura y argumenta que las personas trans que sirven en el Ejército ya están sufriendo las consecuencias de la medida. A pesar de que por ahora no se han anunciado despidos, viven con el miedo a un futuro despido y el estigma de ser señalados como incapaces de servir. El juez carga contra el presidente Trump, al que acusa de actuar a golpe de tuit en lugar de escuchar un análisis fundamentado de los representantes militares sobre las consecuencias de la decisión. El abogado de la ACLU Joshua Block ha celebrado el fallo, que calificó de “victoria para el personal militar trans en todo el país” y mostró su satisfacción por la decisión del tribunal de “asegurar que se trate a los militares trans con la dignidad y el respeto que se merecen”. Veremos si la decisión final de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Revés judicial para Donald Trump: una jueza federal paraliza la orden que reinstauró la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército

Sábado, 4 de noviembre de 2017
Comentarios desactivados en Revés judicial para Donald Trump: una jueza federal paraliza la orden que reinstauró la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército

ejercito-trans-contra-trump-696x522La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly ha ordenado la paralización parcial de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército de los Estados Unidos. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, la jueza considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. La supensión de la orden es parcial, ya que no incluye la desfinanciación de los tratamientos de reasignación de los militares trans.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB: NCLR (National Center for Lesbian Rights) y GLAD (GLBTQ Legal Advocates & Defenders). Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estima pertinente, sino que considera que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que en su fallo suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paraliza la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) sigue vigente. No se trata, en cualquier caso, de una decisión de fondo: la jueza Kollar-Kotelly argumenta que, a diferencia de la amenaza de expulsión de los militares representados en la demanda, esta no contempla por qué la suspensión de los tratamientos de reasignación les afectaría, razón por la cual no se considera competente para paralizarla.

El fallo judicial ha sido recibido con optimismo por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB, que lo consideran una importante primera victoria en la que se adivina larga lucha contra las disposiciones tránsfobas de la administración Trump. “Esta es la primera decisión que tumba la prohibición del presidente Trump, pero no será la última. Los tribunales federales reconocen lo que todo el mundo ya sabe: que la decisión impulsiva del presidente Trump de prohibir a las personas transexuales servir en el Ejército es manifiestamente inconstitucional”, ha declarado Joshua Block, abogado de ACLU (American Civil Liberties Union). Veremos si es así, y sobre todo si finalmente la decisión de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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Transexuales seguirán en el ejército de EE UU, según el jefe del Pentágono… mientras estudia la orden de Trump

Jueves, 31 de agosto de 2017
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780x580-youtube-pjxzqq9i1wo-lambda-legal-anuncia-una-demanda-contra-donald-trump-por-veto-de-transexuales-en-el-ejercitoTrump aseguró el pasado viernes decretó que la medida que anunció por Twitter en julio entrará en vigor el 23 de marzo de 2018.

El gobierno ha sido denunciado por grupos en defensa de los transgéneros.

El secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, aseguró este martes que los soldados transexuales podrán seguir sirviendo en el Ejército mientras estudia la orden del presidente de prohibirles la entrada a las Fuerzas Armadas.

Mattis se mostró prudente al señalar que el Pentágono creará un grupo de expertos para analizar la situación y desarrollar un plan de implementación, con el objetivo de determinar “qué es mejor para la eficacia del Ejército para ganar en el campo de batalla”.

Donald Trump sorprendió en julio al anunciar por Twitter que las personas transgénero no podrán servir en ninguna instancia, dando marcha atrás al plan aprobado por su predecesor Barack Obama.

Trump alega que su presencia supondrá un gran coste médico. El pasado viernes decretó que la medida entre en vigor el 23 de marzo de 2018. La orden da sin embargo libertad a Mattis para decidir qué hacer con las personas transexuales que ya forman parte del Ejército.

 El gobierno ha sido denunciado por grupos en defensa de los transgéneros, miembros de las Fuerzas Armadas y la poderosa organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) en representación de soldados transexuales.

Fuente Cáscara Amarga

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Donald Trump firma la orden que prohíbe a las personas trans servir en el Ejército

Lunes, 28 de agosto de 2017
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ejercito-trans-contra-trump-696x522Ya ha pasado. Tras varias semanas de escuchar de todo, Trump firmó ayer el memorándum que impedirá que las personas trans puedan servir en las fuerzas armadas norteamericanas.

La agenda anti-LGTB del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se consolida. Medios estadounidenses de primera línea, como The Wall Street Journal o The New York Times, han adelantado que en próximos días el presidente hará llegar por fin al secretario de Defensa, Jim Mattis, la orden por escrito detallando la prohibición a las personas transexuales de servir en el Ejército de su país. El anuncio, que Trump hizo en Twitter hace varias semanas, había sido recibido con sorpresa tanto por los colectivos LGTB como por buena parte de la clase política estadounidense, legisladores republicanos incluidos, así como por la propia cúpula militar. Pero el presidente está absolutamente dispuesto a implementar la prohibición, que ha sido bienvenida por la derecha religiosa, un sector que se consolida como uno de los apoyos más sólidos de Trump.

Recordemos que no fue hasta 2015 cuando el entonces secretario de Defensa, Ash Carter, anunciaba que por fin se ponía en marcha el proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército estadounidense. “Tenemos soldados, marineros, aviadores y marines transexuales, verdaderos patriotas americanos, que sé que están sufriendo un gran daño debido a una política obsoleta, confusa e inconsistente, que es contraria a los valores del servicio y del mérito individual“, aseguraba entonces Carter. El secretario de Defensa de Obama anunció la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. El proceso culminó un año después. Y aunque se desconocía con exactitud a cuántas personas afectaba, algunas estimaciones situaban la cifra de personas trans que servían por entonces en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Es importante destacar que, a diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla a votación por el Congreso. Por desgracia, ello supone que el ahora presidente Donald Trump tiene capacidad de revertirla, propósito que anunciaba en Twitter hace ahora un mes:

“Tras consultar con mis generales y con expertos militares, comunico que el Gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá personas transgénero en el Ejército. Nuestros militares deben estar centrados en la decisiva y arrolladora victoria [Trump no especificaba contra quién ni contra qué] y no pueden asumir la carga que suponen los tremendos costes médicos y la perturbación que la presencia de transgéneros en el Ejército supondría. Gracias”, expresaba el presidente.

Decisión sorprendente… 

La decisión pillaba por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), a los que el anuncio de Trump sorprendió y que se manifestaron abiertamente en contra. El anuncio también fue recibido con indisimulado estupor por la Junta de Jefes del Estado Mayor, que transmitieron públicamente que en tanto no recibieran instrucciones seguirían sin modificar sus políticas de personal. Las reacciones en contra de la transfobia de Trump iban sucediéndose día tras día, no sólo en forma de carta abierta firmada por un numeroso grupo de veteranos que alabaron a las personas trans que formaron parte del ejército sino también la de algunos miembros en activo del ejército, como el almirante de la Guardia Costera, que ha dicho que no aplicará la prohibición.

Trump tiene ahora que justificar un movimiento que sólo puede explicarse como un claro ataque a los derechos de las personas trans, y en una rueda de prensa ofrecida en su club de golf respondió a varias preguntas de los periodistas y dijo esto sobre la prohibición:

Tengo un gran respeto por la comunidad. Creo que he tenido un gran apoyo, o he tenido un gran apoyo por parte de esa comunidad. Tuve muchos votos. Pero los transgénero, los militares están trabajando en eso ahora. Ha sido una situación muy difícil y creo que le estoy haciendo un favor a mucha gente al salir a la palestra y decirlo. Como ya sabéis, ha sido un tema muy complicado para el ejército, ha sido un tema muy confuso para el ejército, y creo que le estoy haciendo al ejército un gran favor.

… pero firme

Pese al escepticismo de algunos ilusos, que pensaban que todo quedaría en un arrebato tuitero, lo cierto es que la orden de Trump estaría ya recibiendo sus últimos retoques y será transmitida al Pentágono en próximos días. Según se ha adelantado, se trata de un memorándum de dos páginas y media que da un plazo de seis meses al secretario de Defensa, el general Jim Mattis, para desarrollar los detalles y armar la implementación. Por un lado, se prohibiría la incorporación de nuevas personas trans al Ejército. Por otro, se interrumpiría la financiación de los tratamientos hormonales de aquellos militares trans que en estos momentos se encuentran en servicio activo, y por último dejaría en manos de Mattis cómo proceder respecto a su reubicación (e incluso expulsión), que se decidiría caso por caso según cada puesto.

Habrá que esperar a conocer tanto el documento como la forma de implementarlo por parte del Pentágono para estimar el alcance real del daño, pero de lo que no cabe ya duda es de que la decisión supone una segunda gran victoria a nivel federal para la ofensiva tránsfoba que viven los Estados Unidos. La primera de ellas tuvo ya lugar a los pocos días de jurar Trump su cargo como presidente, cuando revocó las directrices emitidas en 2016 por el Departamento de Educación de Obama protegiendo a los estudiantes trans y permitía de nuevo a las escuelas que reciben fondos federales prohibirles el uso de las instalaciones que corresponden a su identidad de género.

Pocos dudan de que la ofensiva tránsfoba de Trump, un político que antes de ser elegido presidente no dudó en presentarse como un aliado de las personas LGTB (con ayuda, todo hay que decirlo, de medios de comunicación y de algunos personajes abiertamente LGTB, como el empresario gay Peter Thiel o la celebrity trans Caitlyn Jenner) no es más que una decisión táctica que tiene como objeto consolidar el apoyo de la influyente derecha religiosa, un sector que durante su campaña electoral mantuvo sus reticencias pero que con Trump en la Casa Blanca y tras sus más recientes polémicas se ha convertido en uno de sus más sólidos apoyos. Ello no evita que sea todo un desastre, para las personas trans en particular y para el colectivo LGTB en general.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

 

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