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Chile: Aplican agravante de Ley Zamudio contra los sujetos que atacaron al joven Luis Lillo en un bus del Transantiago

Sábado, 14 de diciembre de 2019

luis-lillo-movilhEl séptimo juzgado de Garantía decretó 5 años de presidio menor en su grado máximo, los cuales serán cumplidos bajo el régimen de vigilancia intensiva. Los agresores estuvieron en prisión preventiva otros 9 meses por el mismo delito.

La magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Luisa Gajardo Fontecilla, sancionó por homofobia a Sebastián Rodríguez Rosas (19) y Felipe Aldea Muñoz (23), los sujetos que el 9 de marzo pasado atacaron en razón de su orientación sexual al joven Luis Lillo (24) al interior de un bus del Transantiago provocándole fractura nasal, hematomas y estrés post traumático.

La abogada del Movilh, Mónica Arias, precisó que los sujetos “fueron condenados por el delito de robo con violencia consumado aplicándose la agravante de responsabilidad del artículo 12 N° 21 del Código Penal que se estipula en Ley Zamudio) en tanto, Luis fue atacado por su orientación sexual”.

En tal sentido,2 la pena fue 5 años de presidio menor en su grado máximo, la cual se cumplirá en régimen de libertad vigilada intensiva, además de dictarse la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de cumplir programas laborales y de tratamiento de la violencia”, añadió Arias, quien representó a la víctima, al igual que la Fiscalía y la Intendencia.

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Conviene recordar que los imputados se mantuvieron en prisión preventiva en Santiago Uno desde el día 10 de marzo de 2019 , quedando en libertad vigilada intensiva desde el 4 de diciembre pasado. Fue clave para aplicar la agravante de la Ley Zamudio un video aportado como medio de prueba.

El dirigente del Movilh, Óscar Rementeria, precisó que “obtuvimos la máxima pena que la legislación podía permitir en un caso como éste, siendo una buena noticia que se aplicara la agravante de la Ley Zamudio. Por cierto que ante una agresión tan brutal, debería existir prisión efectiva, lo que vuelve a reforzar la necesidad de reformar la Ley Zamudio”.

Fuente MOVILH

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Un reclamo de seguro destapa la homofobia en un juzgado de California

Sábado, 14 de diciembre de 2019

Angry-Attorney-Article-201912052309Un caso judicial en California, EE. UU., Se convirtió en un espectáculo de circo de homofobia la semana pasada, al ver a un abogado de una pequeña empresa explotar en improperios homofóbicos en una “diatriba vulgar”.

Si bien más tarde afirmó que era “por efecto”, la extraña disputa entre el abogado demandante Christoper Hook y el socio del equipo legal Peter Klee vio un simple reclamo de seguro escalar en intercambios acalorados.

Desde decirle al abogado que se “coma un tazón de p****s “ hasta llamar por nombres despectivos en referencia a personas del colectivo LGBT+, la simple disputa por el seguro de 20.000 dólares reveló que Hook amenazó al abogado y les lanzó insultos homofóbicos por correo electrónico.

El caso fue entre el equipo legal Sheppard Mullin que representa al seguro Allstate y una pareja que compite por el pago por daños causados por el agua en su hogar. Durante las negociaciones del acuerdo, Allstate presentó una orden ex parte sobre la conducta de Hook.

“Hook se ha embarcado en una campaña de conducta abusiva e intolerable que comenzó con correos electrónicos profanos, se convirtió en insultos discriminatorios y culminó en repetidas amenazas de violencia física contra los testigos de Allstate, los abogados de Allstate y sus familias”, declararon los documentos judiciales.

Si bien los daños se marcaron en alrededor de $ 20,000, Hook envió “docenas de correos electrónicos abusivos y amenazantes al abogado de Allstate” que incluía “diatribas vulgares”. Pero una “pequeña muestra” incluida en el memorando se ha vuelto viral en Twitter.

“Peter“, escribió Hook en un correo electrónico, “cuando termines de f****ar [sic] a tu chico, dile a Allstate que la demanda ahora es de 305 millones, “En cualquier momento, hijo de p**a”… Quiero el dinero de mis clientes, gays”. Hook continuó: “306 millones, chicos gay”.

El abogado defiende los insultos homofóbicos calificándolo como una “táctica de negociación confidencial”. En un enjambre de calumnias, amenazó con “ahogar” al abogado, golpearlos y volverse “loco de remate” con sus malditos “chupap****s“.

Respondiendo a la solicitud ex parte de Sheppard Mullin, Hook presentó una respuesta alegando que se trataba de una “táctica de negociación confidencial. Dicho esto, el lenguaje utilizado fue “para el efecto “, similar a las bravuconadas o “ hinchadas ” y no estaba destinado a considerarse insultos personales“, se lee en el documento. “En ningún momento los abajo firmantes amenazaron o pretendieron amenazar o pretendieron amenazar a un abogado defensor, sus compañeros de trabajo o sus familias con daños. El abajo firmante se disculpó con el abogado defensor y el Tribunal y declara y garantiza que dicho lenguaje no será utilizado nuevamente por el abajo firmante en este asunto”.

Más tarde, los jueces decidieron suspender todas las declaraciones programadas hasta que se resuelvan las preocupaciones del abogado. El tribunal de distrito programó una audiencia para el asunto el 16 de diciembre.

Fuente Pink News

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Zambia: confirmada la condena de quince años de cárcel a dos hombres por homosexualidad

Viernes, 13 de diciembre de 2019

the-two-kapiri-gay-men-being-taken-away-after-making-court-appearanceLos dos hombres son retirados después de comparecer en la corte.

Un tribunal de apelación de Zambia ha confirmado la pena de quince años de prisión contra dos hombres por el delito de «actos contra natura». Los acusados, arrestados en 2017, fueron declarados culpables hace un año tras ser sometidos a la tortura de los exámenes anales. El embajador estadounidense en el país africano ha protestado contra la «horrible» sentencia, mientras que el presidente Edgar Lungu ha cargado contra las relaciones homosexuales que según su ignorante opinión «no practican ni los animales». Stephen Sambo, de 30 años, y Japhet Chataba, de 38, fueron el año pasado  acusados del delito de “tener relaciones sexuales contra el orden de la naturaleza” .

Los supuestos hechos se produjeron el 25 de agosto de 2017. Japhet Chataba y Stephen Sambo fueron detenidos después de que la empleada de un hotel los denunciara por haber mantenido relaciones sexuales. Durante el juicio, que tuvo lugar el año pasado, cinco testigos afirmaron que habían presenciado los actos por los que se acusa a los dos hombres, que se declararon no culpables. Los fiscales presentaron “videos y fotografías” de los dos hombres, mientras que un empleado del hotel le dijo a la corte que los vio teniendo sexo a través de una ventana. Los acusados se sometieron a la tortura de los exámenes anales, una práctica tan humillante como inútil para la finalidad que pretende.

A pesar de que los resultados de la infame prueba fueron «inconsistentes con las acusaciones», el juez Ackson Mumba consideró que las declaraciones de los testigos y el hecho de que los acusados se negaran a declarar constituían una prueba suficiente para decretar su culpabilidad. Un año después, un tribunal de apelaciones ha confirmado la sentencia de quince años de prisión por el delito de «conocimiento carnal contra natura».

El embajador estadounidense en Zambia ha expresado su consternación por el fallo, que ha calificado de «horrible». Daniel Foote calificó los hechos de crimen sin víctimas, al que contrapuso la impunidad de la corrupción en la administración zambiana. Según Associated Press, el embajador de los Estados Unidos en Zambia, Daniel Foote, dijo que estaba “horrorizado” por la sentencia. Foote dijo que los funcionarios de Zambia no lo intimidarían y agregó que la relación entre los dos hombres no lastima a nadie mientras que “mientras tanto, los funcionarios del gobierno pueden robar millones de dólares públicos sin enjuiciamiento”.

Unas declaraciones que escocieron al Gobierno del país africano, que envió una nota de protesta a la Casa Blanca. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Zambia, Joseph Malanji, dijo que el embajador se estaba entrometiendo en los asuntos internos del país del sur de África, y que el gobierno enviaría una carta de protesta a Washington por los comentarios de Foote.

El presidente Edgar Lungu pidió una rectificación a su homólogo Donald Trump y aprovechó para lanzar una diatriba homófoba. Hablando sobre la sentencia, el presidente del país, Edgar Lungu, dijo a Sky News: “Estamos diciendo que no a la homosexualidad. ¿Por qué deberíamos decir que vamos a ser civilizados si lo permitimos … ¿Estás diciendo que somos muy primitivos ahora porque estamos desaprobando la homosexualidad? Incluso los animales no lo hacen, entonces, ¿por qué deberíamos vernos obligados a hacerlo porque queremos ser vistos como inteligentes, civilizados y avanzados, etc.?” Lungu dijo anteriormente: “Aquellos que defienden los derechos de los homosexuales deberían irse al infierno … Ese tema es extraño para este país”, añadió, sumando a su discurso de odio su profunda ignorancia sobre el tema.

El departamento de Estado norteamericano rehusó contestar si había recibido el requerimiento de Lungu. El mandatario zambiano reconoció que la economía del país depende en parte de la asistencia al desarrollo que envían países como Estados Unidos, pero se reafirmó en su defensa de la legislación homófoba. «Si quieren que la ayuda esté ligada a la homosexualidad, me temo que Occidente nos puede deja

Según Lusaka Times, el presidente de la Iniciativa de Jóvenes Líderes Africanos (YALI, por sus siglas en inglés), Andrew Ntewewe, dijo en una conferencia de prensa que los embajadores de EE. UU. Deberían “contenerse cuando se trata de la gobernanza de este país o el tipo de leyes que decidimos tener”.

Añadió: “De hecho, esos dos inadaptados que fueron encarcelados a 15 años recibieron clemencia por el juez de sentencia que administró la pena mínima de 15 años cuando podría haber optado por la cadena perpetua máxima”.

Las leyes que criminalizan la homosexualidad se derivan del antiguo código penal colonial británico de Rhodesia. Rhodesia del Norte se convirtió en Zambia en 1964.

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

En abril de 2018, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Santa Fe (Argentina): tres hombres atacaron e intentaron abusar a una mujer trans

Viernes, 13 de diciembre de 2019

LAS-PERSONAS-TRANS-NO-SON-PELIGROSAS_DSC_2507-1000x500Por Victoria Rodríguez y Soledad Mizerniuk 

El domingo 8 a la mañana Marisol Nuñez, una mujer trans de 66 años, fue encontrada al costado de la autopista Santa Fe-Rosario, a la vera del río. Había sido atacada por un grupo de hombres y se tiró al río para salvarse. Ahora se recupera de las heridas pero “está muy asustada”. Ya radicó la denuncia en la comisaría y espera  identificar a los abusadores en las cámaras de seguridad de la zona.

Marisol había salido de su casa en Villa Hipódromo para ir al cementerio municipal. Hasta que la atacaron, todos los domingos tuvo la misma rutina. Se despertaba temprano, se preparaba y salía a llevar flores a su mamá, a su papá y a su marido. Era la única salida que respeta en la semana porque, por lo general, prefería quedarse en su casa.

A veces visita a sus hermanos, que viven en la misma cuadra que ella, o a su amiga-hermana Betiana Núñez, otra mujer trans que sobrevivió con ella a las violencias que, bajo gobiernos militares y en democracia, viven ese colectivo. De hecho, tanto Marisol como Betiana integran el grupo de ocho personas trans que reciben la reparación histórica como sobrevivientes de la última dictadura cívico militar, en Santa Fe.

El domingo pasado, Marisol iba por avenida Blas Parera hacia el cementerio cuando paró a comprar flores para llevar a las tumbas de sus familiares. Caminó una cuadra más y vio cómo un auto blanco paraba al lado de ella. Del vehículo bajaron dos hombres y la subieron a la fuerza. Enseguida el conductor arrancó y tomó una calle hacia el oeste. La bajaron en un descampado a la vera del río Salado. Ahí quisieron forzarla a que les practique sexo oral.

La mujer trans de 66 años peleó como pudo y logró zafarse pero la única salida que encontró fue tirarse al río. El agua la revolcó y la golpeó contra la costa hasta que pudo juntar fuerzas para sostenerse a la altura del terraplén de la autopista Santa Fe-Rosario. Pero ya no tenía más aire y se desvaneció. Fue entonces cuando un hombre que pasaba en bicicleta la vio y llamó a la policía creyendo que estaba muerta. Pero cuando llegaron y constataron que todavía respiraba, la trasladaron al hospital José María Cullen.

Hipotermia y traumatismos

Marisol llegó con un cuadro de hipotermia y varios traumatismos pero, después de los estudios de rutina, le dieron el alta. De todas maneras, ella todavía está muy asustada por todo lo que vivió y no quiere hablar con la prensa. Por eso, quien contó los detalles de todo lo que ella vivió a Presentes es Betiana, quien la acompañó desde el primer momento en el hospital y que es su amiga desde hace más de 40 años.

“Se dijeron muchas cosas que no son verdad. Los golpes que tiene son porque se tiró al agua, no la golpearon. Tampoco es verdad que ella salía de una fiesta”, aclara Betiana Miño. “Hoy ya se sentía un poco mejor pero no quiere dar reportajes ni ver a nadie. Quedó muy asustada con lo que le pasó”, agrega.

Ahora Marisol y su entorno esperan que las cámaras de seguridad -de la zona en la que fue secuestrada y en la salida de la ciudad, por donde la bajaron para abusarla- puedan brindar pistas sobre las personas que la atacaron.

Sobrevivientes

Las violencias contra el colectivo trans y travesti son todavía una deuda de la democracia. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la expectativa de vida de ese colectivo está por debajo de los 40 años. “Nosotras somos sobrevivientes de la dictadura y de la prostitución. Es terrible pero todavía hoy hay siempre algún machista que nos persigue o que hace este tipo de cosas”, dice Betiana Miño.

En Santa Fe, según la Encuesta sobre Vulnerabilidad de la Población Trans, que fue realizada por el Ipec (Instituto Provincial de Estadística y Censos) y la Subsecretaría de Diversidad Sexual, el 41,8% de las personas trans o travestis encuestadas sufrió acoso y el 23,6%, abuso. Además, el 38,1% vivió situaciones de agresión o maltrato físico.

El ataque del que fue víctima Marisol, revive en ella y en su compañera miedos que habían dejado atrás. Es que quienes son sobrevivientes de la última dictadura cívico militar y han conseguido, en los últimos años, una reparación económica histórica en la provincia de Santa Fe, hoy piensan proyectos de vida que les permitan descansar y disfrutar de la vida.

“Marisol estaba contenta porque le había salido la reparación histórica. Había decidido cerrar el kiosquito que tenía porque estaba muy cansada. Yo le insistí con que siga vendiendo por lo menos unos helados y juguitos para que no se aburra y ahora estaba viendo si hacía eso”, cuenta Betiana y agrega: “Ahora hay que darle tiempo para que se recupere pero, como siempre, voy a acompañarla porque es mi hermana y porque siempre estuvimos juntas en todo lo malo que enfrentamos”.

Fuente Agencia Presentes

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Las entidades LGTBI que se presentaron como acusación popular celebran la sentencia del caso Pilla-Pilla

Viernes, 13 de diciembre de 2019

1516210488_671881_1516210903_noticia_normalCondena a prisión al líder del grupo de ideología neonazi que ultrajó a tres hombres gais en 2013

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y la Fundación Triángulo, entidades LGTBI que se presentaron como acusación popular en el caso Pilla-Pilla, han celebrado este miércoles la sentencia que condena a cinco años y medio de prisión a , el líder del grupo de ideología neonazi que ultrajó y amenazó a tres hombres gais en 2013 por delitos contra la integridad moral y por revelación de secretos, con los agravantes de superioridad y homofobia.

Ambas entidades consideran que se trata de “una sentencia ejemplarizante contra la homofobia de la ultraderecha” y “un precedente muy importante”, ya que se trata de una de las primeras sentencias que recoge el daño colectivo causado a las personas LGTBI.

En este sentido, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, recuerda que “Pilla-Pilla es uno de los casos más serios y dramáticos contra el colectivo LGTBI de nuestra democracia”. “Nos alegramos mucho tanto de la sentencia, positiva en general, como de que, por primera vez, Movimiento Contra la Intolerancia, FELGTB y Fundación Triángulo nos hayamos unido para presentar una acusación particular defendiendo a todo el colectivo. Ambos hechos suponen pasos adelante en la necesaria concienciación frente a las agresiones por diversidad sexual y de género que se producen en España”, declara.

Por su parte, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha recordado que “debemos celebrar esta sentencia porque se trata de una batalla que llevamos años librando y, finalmente, cuatro de las seis personas acusadas irán a la cárcel y todas cumplirán penas con agravante de homofobia”. Además, ha destacado que “las personas LGTBI sufrimos agresiones LGTBIfóbicas con frecuencia y sentencias como ésta son importantes para animar a otras víctimas a denunciar, a que acudan a la policía y a los juzgados porque, tal y como se ha visto en este caso, se trata de actos violentos susceptibles de ser penados”.

Además, Sangil recuerda que, al margen de este tipo de sentencias, la aprobación de la Ley Estatal LGTBI es imprescindible para que, a través de la pedagogía, se prevenga el odio a las personas LGTBI y se garanticen medidas de protección y reparación a las víctimas de violencia y discriminación por LGTBIfobia”.

Penas insuficientes para los integrantes del grupo ultra

Por su parte, Movimiento contra la intolerancia, que también formó parte de la acusación popular junto a FELGTB y Fundación Triángulo, considera insuficientes las penas para los miembros del grupo que seguían al líder homófobo. Se trata de otras cinco personas acusadas por este caso, que han sido condenadas por los mismos delitos que su cabecilla, pero con penas inferiores que oscilan entre los nueve meses a los tres años de cárcel. “Consideramos que, salvo para el líder, se trata de una sentencia benévola dado el daño que originaron a las víctimas”, asegura el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.

Fuente FELGTB

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Atacaron a mujer trans en El Salvador y la policía se negó a recibir la denuncia

Jueves, 12 de diciembre de 2019

IMG_3432-1070x535Por Paula Rosales

Alexia Trujillo, mujer trans de 25 años, caminaba en la madrugada del sábado 7 de diciembre por la avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero de San Salvador, cuando tres hombres que trabajan de seguridad privada en los comercios de la zona la atacaron a golpes, según denunció la propia víctima.

Armados con una macana de hierro, los agresores siguieron a Alexia unos cien metros, la insultaron y golpearon en la cabeza reiteradas veces. La hirieron salvajemente en la ceja y el ojo derecho. Su cabeza sufrió una herida de tres centímetros. Sus brazos y piernas terminaron con magulladuras por las patadas recibidas.

“Yo caminaba por la plaza Morazán, cuando unos vigilantes me insultaron y me siguieron. Yo no les dije, ni les hice nada. Entre los tres me pegaron una golpiza bien fea”, expresó Alexia a Presentes. Alexia se dedica al comercio de artículos varios en uno de los mercados de la capital del país centroamericano.

El informe “Basta de genocidio trans”, presentado en 2019 por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans, señala que un 19 por ciento de mujeres trans denunciaron que fueron golpeadas o haber sufrido alguna agresión física durante 2018.

“Me dijeron que era un marica de mierda, una basura sidosa, me insultaron bien feo. Entre las tres personas me golpearon y me robaron mis pertenencias”, contó.

La policía se negó a atenderla

Después de la agresión, Alexia fue a la delegación central de la Policía Nacional Civil para interponer la denuncia, pero se negaron a atenderla y fue sacada del lugar.

Presentes solicitó la postura de la policía a la unidad de prensa, acordaron consultar con la delegación de San Salvador, pero al cierre de la nota no se había recibido respuesta.

“Estamos indignadas, las mujeres trans están recibiendo agresiones de parte de los cuerpos de vigilantes privados. Demandamos que se investigue y castigue a los culpables”, señaló Odalys Araujo, defensora de derechos humanos, a Presentes.

Aumentan crímenes por odio

Los ataques hacia las mujeres trans han aumentado en el último trimestre del año: en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes de odio. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos están alarmadas por la escalada de intolerancia hacia las poblaciones diversas.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.

El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada asesinada en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán.

Rosa Granados, una activista trans de 28 años, fue asesinada el sábado 30 de noviembre en su casa en el departamento de la Unión, recibió cuatro disparos en su cabeza.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el código penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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El entrenador del Leipzig lamenta que “el fútbol aún no maneja abiertamente” la homosexualidad

Jueves, 12 de diciembre de 2019

38xE_092Y6p_lEl entrenador del Leipzig lamenta que “el fútbol aún no maneja abiertamente” la homosexualidad

El entrenador del RB Leipzig, el exfutbolista alemán Julian Nagelsmann, se ha mostrado a favor de que los jugadores homosexuales salgan del armario, aunque ha reconocido que “el fútbol aún no maneja abiertamente” esta situación.

“Si un jugador homosexual me dice ‘no soy libre y no puedo rendir’, le diría: ‘Sal del armario. Reconócelo’. No tengo ningún problema con eso”, dijo Nagelsmann durante la celebración navideña de ‘Rainbow Bulls‘, una peña de aficionados del equipo alemán formada sobre todo por gays y lesbianas.

“En general, creo que si uno no puede expresar su sexualidad tampoco puede vivir libremente. Hay demasiados miedos a ser descubierto o a no ser tomado en serio. Si siempre tienes que esconder tu forma de amar, es un gran problema”, añadió Nagelsmann.

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Sin embargo, el técnico, de 32 años, también ve problemas en la salida del armario de jugadores gays en una sociedad que en parte aún no los acepta. “No diría desde un principio: ‘Sal del armario’. Porque, tampoco nos engañemos, el mundo del fútbol es un dominio masculino en el que no todo el mundo está abierto al amor entre dos personas del mismo sexo”, sostuvo.

Lo decisivo, dijo, es si el tema afecta al jugador o a su rendimiento. “Después de todo, el fútbol aún no maneja abiertamente ese tema. Un jugador como Thomas Hitzlsperger salió del armario una vez finalizada su carrera“, recordó.

Fuente Agencias

 

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Prohíben abrazarse a pareja gay en un shopping de Paraguay

Jueves, 12 de diciembre de 2019

Paraguay-foto--1010x505Rodrigo Paredes (23) y Daniel Moreno (30) fueron el domingo al shopping Pinedo, ubicado en la ciudad de San Lorenzo, a 12 km de Asunción. Cerca de las seis de la tarde, se sentaron en uno de los banquitos del pasillo y se abrazaron, cuando una guardia de seguridad de nombre Claudia Herreira les llamó la atención. “No pueden estar así”, les dijo. “¿Cómo es así?”, pregunta Rodrigo. “Así abrazados”, responde. “¿Es porque somos gays?”, inquirió el joven. Herreira afirmó y reforzó que no podían estar así, “a no ser que sean heteros”.

El caso se dio a conocer a raíz de las publicaciones que hizo Rodrigo desde sus redes sociales. “Me da mucha impotencia porque uno va queriendo pasar el rato como cualquier otra persona, compartir con su pareja, con amigos y recibir ese trato de manera discriminatoria. Vimos a otras parejas heterosexuales que estaban tranquilamente abrazados pero nosotros no podíamos por ser dos varones”, subrayó.

La pareja dejó una queja a la gerencia del centro comercial contando lo sucedido y, al cabo de seis días, recibieron una respuesta en la que se disculpaban “si hubo una equivocación”. Cuando Cecilia Figueredo, gerente de marketing del shopping Pinedo fue consultada por Presentes, expresó que el espacio es “inclusivo”, pero que, por política del centro comercial, las parejas deben mantener “el buen comportamiento” en público, indistintamente de su orientación sexual.

Sin embargo, el ejemplo que aportó para esta definición es que las personas no deben estar acostadas en los bancos, lo que no coincide con la versión de los hechos de Rodrigo y Daniel.

“Pinedo es un shopping de familia”

“Acá siempre vienen personas trans, lesbianas, no tenemos problemas con eso. Lo que nosotros cuidamos es el buen comportamiento porque el Pinedo es un shopping de familia y hay gente que nos reclama. Abrazarse y tomarse de la mano, para nosotros, no es ningún problema.  El jefe de monitoreo le comunicó al guardia lo que vio y ella les pidió que se moderen”, dijo Figueredo, y se justificó varias veces con que no les pidieron que se retiraran.

“Es un hecho de discriminación porque somos una pareja homosexual y llama la atención que seamos dos chicos abrazados. Se supone que si vos le querés a una persona querés demostrar cariño”, manifestó Daniel.

“El derecho de admisión en ningún caso es reconocido como un derecho absoluto ni tampoco sujeto a criterios del titular del establecimiento, sino que se encuentra sometida al previo control administrativo con el fin de garantizar su cumplimiento y finalidad adscrita por la ley”, expresó en uno de sus tuits. Además, el mismo día que elevaron el reclamo a la gerencia del shopping, escribieron a las redes del shopping Paseo la Galería para consultarles si tenían políticas similares a las del Pinedo, y se acercaron para verificar que sostuvieran su discurso.

Recrudecieron las denuncias en el 2019

Simón Cazal, cofundador de la organización SomosGay, recordó que este año incrementó la cantidad de personas que se acercaron a la organización a denunciar discriminación y violencias y que a la fecha ascienden a 13, tanto de espacios privados como públicos. A este número se suma este caso del shopping Pinedo y el de Bruno Olmedo.

“Este año recibimos un pico de agresión en relación a las violencias registradas en los últimos 10 años. Hay una militancia constante y activa no solo por parte de los sectores fundamentalistas sino también del Estado y creemos que esa es la causa de este escenario”, sostiene Cazal y considera que el derecho de admisión es la excusa que usan los locales para discriminar abiertamente.

De acuerdo al informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) que se publicará el 10 de diciembre, hasta el mes pasado se registraron tres denuncias de discriminación a lesbianas en lugares públicos (restaurante, club deportivo y negación de alquiler de casa).

“La mayoría de casos que recibimos sobre violencia y discriminación hacia lesbianas suceden en el ámbito familiar”, explicó Rosa Posa, activista de Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas.

Sin ley antidiscriminatoria

El documento fue elaborado por Rosa Posa, de Aireana; Erwing Augsten, de la Red contra toda forma de discriminación (RCTD) y Mariana Sepúlveda, de Panambí (Asociación de travestis, transexuales y transgéneros del Paraguay).

En junio, a Lola Asunción, una mujer trans, le prohibieron el ingreso al Shopping del Sol. En septiembre, echaron a Adison Montiel y Mattias Ayala del shopping Mariscal López por besarse, el mismo mes en que el centro comercial inició una campaña por la inclusión LGBT.

En noviembre, Daniel Guerrero sufrió un ataque de homo-odio en un shopping de la ciudad de Mariano Roque Alonso mientras se estaba cambiando en el baño. Una limpiadora le derramó lavandina en la cara. “Sos un asqueroso de mierda, dejá de espiar a las personas”, le gritó. Llamó a la policía, narró los hechos pero no le creyeron.

El martes, en el Villa Morra Park (una plaza de comidas ubicado sobre la Avenida Mariscal López, en Asunción) a Adriana Lezcano y su pareja le pidieron que no se besen públicamente delante de familias con niñes.

En Paraguay, aún no existe una ley contra forma de discriminación y el gobierno de Mario Abdo Benítez reafirmó su posición en contra de los derechos LGTBIQ+. Ya en campaña declaró que “se le acabaría la tinta” vetando proyectos de leyes que atentaran “contra la familia”. 

No obstante, el artículo 25 de la Constitución Nacional refiere a la expresión de la personalidad y refiere que: “Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad”.

Fuente Agencia Presentes

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VOX y Hazte Oir: las conexiones entre la ultraderecha y el lobby ultracatólico homófobo llegan a las instituciones

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

Ignacio-Arsuaga-Santiago-Abascal_2145395543_13816993_660x371Ignacio Arsuaga, con Santiago Abascal

Decenas de activistas logran actas en el Congreso y las cámaras autonómicas y municipales

La relación entre miembros del partido con Ignacio Arsuaga es previa al nacimiento de VOX. La vinculación entre el presidente de Hazte Oir y Santiago Abascal es personal

Durante los años de irrelevancia política del partido de Abascal, el lobby ultraconservador ha ejercido como su altavoz mediático y social

“Cada uno de los miembros de El Yunque tiene que estar presente en algún tipo de asociación pública, tipo Hazte Oír, CitizenGO, Women of the World, Instituto de Política Familiar o España Generosa”, explica Santiago Mata

En una sentencia del 19 de mayo de 2014, el Juzgado de 1ª Instancia número 48 de Madrid consideró probada y “esencialmente veraz” la relación entre la secta secreta y miembros de Hazte Oír, y desestimó la demanda presentada por Arsuaga contra López Luengos.

La entrada de Vox en las instituciones no solo ha supuesto la imposición de su discurso de extrema derecha, también ha permitido la entrada de nombres vinculados o muy cercanos a lobbies ultracatólicos como Abogados Cristianos o Hazte Oír (HO) en el Congreso de los Diputados, en cámaras autonómicas y municipales. Una investigación de Laura Gallaup en eldiario.es en la que este cronista ha colaborado.

La relación entre miembros del partido con Ignacio Arsuaga, fundador y presidente de la organización ultraconservadora que fletó el autobús transfóbo y llenó las calles de Madrid – con el apoyo de una veintena de obispos – contra el matrimonio igualitario en 2005, es previa al nacimiento de Vox. En algunos casos, como el de Arsuaga y Santiago Abascal, esta cercanía va más allá del activismo y la vinculación es personal: son amigos. El vicesecretario de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros, y la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, también han compartido espacio con Arsuaga en eventos organizados por HO durante años.

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Fuente Religión Digital

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Dos crímenes de odio en la misma región de Guatemala

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

doble-crimen-peten-guatemala-894x447Por Pilar Salazar

Dos asesinatos contra personas LGBT+ , un gay y una lesbiana, se perpetraron hace unos días el departamento de Petén (a 497 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala).

Elito Rodel Puc era un maestro jubilado de 42 años, gay y de origen beliceño. Había viajado a Guatemala a realizar un paseo y fue decapitado. El mismo día en que se halló su cuerpo, Heidi Soraida Tesucún Tut, una mujer lesbiana de 40 años, fue asesinada con múltiples impactos de arma de fuego en San Benito, también en Petén, donde estaban circulando mensajes de odio.

 ElitoPuc-beliceñoElito Rodel Puc salió de su residencia ubicada en El Arenal, del Benque Viejo del Carmen (Belice) el 28 de noviembre, según contó una fuente cercana a él. Su desaparición fue reportada el día 29. El 4 de diciembre vecinos del barrio Suchitán en Melchor de Mencos, Petén, localizaron la cabeza de Elito. Estaba en estado de descomposición, en el área conocida como la Pileta, según confirmaron autoridades policiales.

El 5 de diciembre, vecinos en la línea de adyacencia limítrofe Melchor de Mencos Petén (Guatemala), y el Benque Viejo del Carmen (Belice); encontraron su cuerpo asesinado. Lo habían atado con un lazo y tenía señales de haber sido torturado.

Elito fue presidente de San José Succotz Village, un pueblo en Belice de población mayoritariamente maya y garífuna. También fue un maestro retirado en Mopan Technical High School. Su último empleo había sido en el servicio de autobuses de Silva como vigilante. El reporte de Migración de Guatemala indica que ingresó a Melchor de Mencos desde Belice el jueves 28 de noviembre a las 18:42.

Aunque el cuerpo de Elito ya fue inhumado, según informó un familiar, las autoridades beliceñas y familiares iniciaron con el proceso para confirmar que se trata de él. Una vez que el ADN esté listo, se repatriarán los restos a su país de origen.

Heidi ya había denunciado amenazas

Heidi Soraida Tesucún Tut era ex agente de la Policía Nacional Civil y originaria de la Colonia Itza. Ya había hecho una denuncia por amenazas de muerte, según informó el subcomisario  Luis Pérez.

Heidi conducía en una motocicleta estilo pasola, desde la colonia Tikal al Barrio 20 de Mayo y Vista Hermosa del municipio de San Benito, cuando le dispararon. Vivía con su pareja y su hijo, y se dedicaba a la venta de productos para fiestas y piñatas.

“Era una una mujer trabajadora, buena hija, buena madre, buena hermana y una gran amiga que aunque no vivía con su papá y mamá siempre estaba pendiente”, dice Emy, una amiga cercana.

Mensajes de odio en Petén

mensaje-elnonostientespeteneroAntes de que se perpetraran estos crímenes contra la población LGBTIQ+, los colectivos ya estaban en alerta y preocupados ante la difusión de un mensaje de odio en Melchor de Mencos, Petén. Circuló por Facebook era una amenaza a las organizaciones de la diversidad sexual para que no realizaran el evento “Mis gay”. Provenía de una página de Facebook llamada “ElNo nos tientes petenero”, que difunde información espuria y sin ningún tipo de filtro. Aunque cuenta con una cantidad considerable de seguidores, en los últimos días esta página fue bloqueada.

Según cuenta Carlos Romero, coordinador de la Red Nacional y parte del Observatorio por muertes violentas, el evento “Mis gay” iba a realizarse por primera vez en Melchor de Mencos. Se había coordinado con la Defensoría de la Diversidad y la Policía Nacional Civil para acompañar el evento, aunque se postergó por motivos que aún no están claros.

Romero dijo a este medio que teme que el asesinato de Elito puede haber sido una advertencia para no realizar el evento. Hasta la fecha ya se contabilizan 18 crímenes de odio en Guatemala.

La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, dirigida por Jordán Rodas, se manifestó a través de un comunicado.

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La Defensoría de la Diversidad Sexual de esa procuración, por medio de su representante, Henry España, dijo a este medio que el día miércoles 4 de noviembre fueron alertados por población LGBTIQ del lugar, de la desaparición de Elito. El día viernes fueron informados de la muerte de Heidi. La defensoría también fue alertada de la amenaza. En consecuencia, según indica España, se coordinó con la auxiliatura de Petén y la Policía Nacional Civil la implementación de medidas de seguridad para tal evento en el lugar. A partir de ahora, dijo la fuente, se fortalecerán las acciones de fiscalización hacia el Ministerio Público para que se avance en las investigaciones por el doble crimen de odio.

Fuente Agencia Presentes

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Mujer detenida en el aeropuerto por ser transgénero

Miércoles, 11 de diciembre de 2019

mujer-trans-revela-que-fue-detenida-en-el-aeropuerto-porser-transgenero-en-un-video-viral-emocional_new_indexUna mujer trans ha hablado sobre su terrible experiencia de ser detenida en un aeropuerto debido a su identidad de género.

La mujer trans, que se llama Lilah, publicó un video de sí misma en Twitter donde se la puede ver caminando llorando por un aeropuerto y afirma que: “Es tan jodido que la gente trans tenga que pasar por esto, y sé que es muy dramático llorar en un aeropuerto, pero es tan molesto que la gente trans tenga que pasar por esto y ser detenida…. No puedo más.” La mujer trans fue detenida mientras viajaba a casa por acción de gracias.

En un tweet con el video, agregó: “La semana pasada, literalmente, fui detenida en el aeropuerto por ser transgénero mientras intentaba ir a casa para visitar a mi familia en acción de gracias. Estoy compartiendo esto para que cualquiera que tenga o SIENTA que lo experimente no está solo“.

El video se ha vuelto viral y se ha visto más de 600,000 veces. El tweet de Lilah le ha gustado más de 30,000 veces.

Lilah se ha encontrado con amor y apoyo en línea desde que publicó el video, pero lamentablemente también se ha encontrado con algunos detractores que la acusaron de exagerar y mentir.

En respuesta a uno de esos tweets, Lilah explicó que fue arrastrada a una habitación donde fue interrogada por cinco rondas diferentes de guardias de seguridad que también la palparon y la escanearon con “rayos X y más”. Una situación que además de ser extrema, la tuvo que pasar sola, sin compañía. “Dime si te discriminan, o cállate la boca”, agregó.

Muchas personas trans de las redes sociales se identificaron con Lilah por su experiencia y dijeron que habían tenido experiencias similares con la seguridad aeroportuaria, dejando claro que debía acabar dicha injusticia ya. Mientras que los seguidores han estado identificados sobre cómo se sienten acerca del comportamiento del equipo de seguridad, Lilah pudo coger su vuelo para poder ver a su familia.

Una investigación reciente expuso los desafíos que enfrentan las personas transgénero por la seguridad del aeropuerto. La experiencia de Lilah se produce pocos meses después de que una investigación de ProPublica revelara que los pasajeros trans a menudo sufren búsquedas invasivas por parte de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en los Estados Unidos.

La investigación descubrió que el cinco por ciento de las quejas de derechos civiles contra la TSA estaban relacionadas con el tratamiento de pasajeros trans. Las personas trans constituyen menos del uno por ciento de la población estadounidense.

Como parte de la investigación, una mujer trans llamada Olivia (no es su nombre real) reveló cómo se sintió presionada a mostrarle a la seguridad del aeropuerto en Florida sus genitales para poder volar.

 

Se supone que los oficiales de la TSA no deben permitir que los pasajeros se quiten la ropa interior que tienen delante. Pero, según Olivia, ninguno de los oficiales de la TSA se opuso cuando se quitó los pantalones y la ropa interior para mostrarles sus genitales.

Jenny Burke, secretaria de prensa de la TSA, dijo que la inspección del aeropuerto se realiza “sin tener en cuenta la raza, el color, el sexo, la identidad de género, el origen nacional, la religión o la discapacidad de una persona”.

La aspirante presidencial demócrata Elizabeth Warren luego condenó a la TSA por la investigación, escribiendo en Twitter: “Las personas trans y no binarias no deberían tener que enfrentarse a exámenes invasivos y deshumanizantes para viajar. Debemos hacerlo mejor, y seguiré trabajando para garantizar que todos los estadounidenses trans y no binarios puedan vivir sin miedo ni discriminación“.

Fuente Pink News

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La justicia inglesa prohíbe las protestas junto a un colegio pionero en la enseñanza de la realidad LGTBI

Martes, 10 de diciembre de 2019

manifestacion-contra-educacion-lgtb-600x406Buenas noticias para la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género en el Reino Unido. Un juez de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales ha confirmado la prohibición de manifestarse frente al colegio de primaria Anderton Park de Birmingham. El centro, que desarrolla un proyecto piloto para la enseñanza de la realidad LGTBI, ha sido objeto de protestas continuadas que tuvieron lugar frente a sus puertas durante meses. El ayuntamiento de Birmingham prohibió las concentraciones por difundir falsedades y perturbar el funcionamiento de las clases, hasta el punto de que varios docentes han necesitado tratamiento psicológico. Ahora la justicia inglesa ratifica la exclusión.

El colegio de educación primaria Anderton Park fue uno de los escogidos para un programa piloto de implantación de los nuevos contenidos aprobados en el ámbito de la educación sexual y relacional («Relationship and Sex Education»). El nuevo currículo, que entrará en vigor en todos los centros escolares ingleses en el curso escolar 2020-2021, profundiza en la enseñanza de la diversidad afectivo-sexual y de género, añadiendo conceptos como la existencia de diferentes modelos de familia.

Las protestas contra la medida comenzaron a principios de este año. Varios cientos de manifestantes, algunos de ellos padres de alumnos del colegio, se congregaron regularmente a sus puertas para exigir la retirada del nuevo plan de estudios. Basaron su rechazo en sus creencias musulmanas, religión a la que se adhiere la mayoría de los habitantes de la zona. Grupos cristianos apoyaron la lucha contra la reforma educativa con una recogida de firmas en línea que alcanzó los 100.000 apoyos.

Las concentraciones alcanzaron tal magnitud y continuidad que empezaron a perturbar el normal desarrollo de la actividad docente. Las consignas de las pancartas, repetidas por megáfonos («Mi hijo, mi decisión» o «Adán y Eva, no Adán y Esteban»), así como las amenazas, obligaron a los profesores a impartir clase con las ventanas cerradas e impidieron con frecuencia a los alumnos salir al patio. Más de veinte empleados del colegio necesitaron tratamiento por trastornos de ansiedad y del sueño provocados por la situación.

En mayo, el ayuntamiento de Birmingham decidió tomar cartas en el asunto y aprobó un decreto para prohibir de manera provisional las concentraciones junto a la escuela. El pasado martes, el juez de la Alta Corte de Justicia Mark Warby emitió una sentencia en la que declara permanente la prohibición. Warby argumenta que los manifestantes difunden informaciones «falsas y dañinas», como que el centro «sigue una agenda pedófila» o que «enseña a los alumnos a masturbarse». El fallo condena también a los organizadores de las protestas, que han anunciado que recurrirán, a pagar el 80% de las costas judiciales.

De la sección 28 a la educación en la diversidad

La educación en la diversidad afectivo-sexual y de género ha sido desde hace décadas un asunto candente en el Reino Unido, a menudo utilizado como arma arrojadiza. En 1988, el Gobierno de Margaret Thatcher adoptaba la sección 28, que vetaba a las autoridades locales británicas «promover intencionadamente la homosexualidad o publicar material cuya intención sea la promoción de la homosexualidad», así como «promover la enseñanza en los colegios públicos de la aceptación de la homosexualidad como una supuesta relación familiar». En la práctica, la legislación prohibía a los profesores hablar de homosexualidad en clase o combatir el acoso LGTBfobo.

El Gobierno de Tony Blair derogó la ley en 2003 y los conservadores han pedido perdón públicamente por aprobarla. Diez años después, sin embargo, la polémica saltaba de nuevo al conocerse que varios colegios concertados prohibían expresamente en sus currículos la «promoción de la homosexualidad». Las protestas actuales, que probablemente se multiplicarán cuando entre en vigor el nuevo plan de estudios, confirman que la completa normalización de la enseñanza de la realidad LGTBI está aún lejos de alcanzarse.

Fuente Dosmanzanas

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Solicitan a Facebook implementar medidas para respetar sexo y nombre social de personas trans

Martes, 10 de diciembre de 2019

imagestrans-corazon-movilh-820x394Luego de que a una mujer le desactivaran su cuenta por no coincidir su género con su identidad legal.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó hoy a Facebook que implemente políticas para respetar el nombre y sexo social de las personas trans, luego de que a una mujer de 41 años le desactivaran su cuenta por no coincidir su expresión de género con su identidad legal.

En efecto, cuando hay problemas técnicos o dudas con la propiedad de los perfiles o cuentas, Facebook solicita que las personas acompañen documentos legales que acrediten su identidad.

“Les expliqué que no podía hacer eso, porque era trans y mi identidad legal es distinta a la que me representa. No obtuve más respuestas y me cerraron la cuenta”, señaló la denunciante al Movilh.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, precisó que “todo indicaría que éste no ha sido un tema regulado por Facebook. Muchas personas pueden abrir cuentas con el nombre y sexo que deseen. El problema se origina cuando por alguna razón, técnica o de otro tipo, se desactivan cuentas y la única manera de recuperarlas es con documentos que acrediten nombre y/o sexo. En estos casos, Facebook debe actualizar sus políticas, garantizando la no discriminación a las perosnas trans. Esperamos una buena acogida a esta petición”, finalizó Rementería.

Fuente MOVILH

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Continúa llegando a los colegios material homófobo de HazteOír

Martes, 10 de diciembre de 2019

mis_hijosLa organización ultraconservadora ha mandado cartas, formularios del documento bautizado por los extremistas como «PIN parental» y un manual «contra el adoctrinamiento de género» a 23.000 colegios de toda España. Los últimos centros en recibir este material han sido los centros de Galicia.

HazteOír protagonizó el pasado mes de septiembre su particular ‘Vuelta al cole’ contra la diversidad afectivo-sexual y de género poniendo nuevamente en el foco de su batalla a los menores. La organización ultraconservadora, a la que el Gobierno retiró el estatus de utilidad pública el pasado mes de febrero, elaboró y envió un kit a 23.000 centros escolares de toda España (públicos y concertados) y a sus Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Ampas). Este incluye una carta dirigida a la dirección y profesorado del centro en la que se insta a mostrar una actitud combativa ante lo que ellos definen como «adoctrinamiento en ideología de género».

Un «adoctrinamiento» que viene dado, según la organización, por los cursos de Educación sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género que asociaciones LGTBI imparten a petición de numerosos centros de enseñanza en horario lectivo. Una capacidad reconocida en la LOMCE para que los centros educativos, basados en su propia autonomía, decidan qué formaciones resultan adecuadas para impartir dentro del horario escolar. En este sentido, el kit también incluye un formulario de «PIN parental» para que los padres exijan conocer los contenidos impartidos por cada curso o taller establecido dentro del horario del centro y que sea impartido por personal externo, así como tener la capacidad de que sus hijos e hijas acudan o no a estas formaciones. En la inmensa mayoría de las comunidades autónomas esta exigencia no es válida, pero tras las presiones de Vox para investir un Gobierno autonómico, el Ejecutivo de la Región de Murcia se plegó ante la formación de ultraderecha e implantó la autorización obligatoria de los padres o tutores para que los alumnos puedan acudir a este tipo de actividades. De la misma forma, PP y Ciudadanos han pactado su implantación en Andalucía.

imageEl kit se completa con un extenso manual en el que HazteOír ridiculiza y ataca a la diversidad sexual, a las formaciones que imparten los cursos y a las personas que se sienten sensibilizadas con la causa. En uno de los folletos de la misma campaña, «Mis hijos, mi decisión: Protege a los niños del adoctrinamiento en ideología de género», la organización ultraconservadora llega a asegurar que «existen planes oficiales de adoctrinamiento en las aulas que contemplan iniciar a niños y niñas de 0 a 6 años en juegos eróticos». No es la primera vez que se utiliza esta técnica por parte de HazteOír, que en el logotipo que exhibe en su web se define como «víctima de la ideología de género». Ya en el año 2016 realizó otro envío masivo a centros docentes con material homófobo atacando los progresos de las leyes LGTBI en los parlamentos autonómicos. Acción que ya le costó a la plataforma ultra denuncias y aperturas de diversos expedientes.

Un envío de material que busca apartar al alumnado general del conocimiento y respeto a la diversidad sexual y de género, y que además tendrá consecuencias directas sobre el alumnado LGTBI, al que hará más difícil encontrar el apoyo que necesita en unas etapas de su vida en las que este hecho diferencial les puede llevar a la soledad, a ser víctimas de acoso por sus compañeros y, en múltiples ocasiones, a pensar en el suicidio.

Ante este hecho, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.) interpuso a finales de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por difundir materiales que «incitan al odio» en centros escolares. La rama educativa del sindicato pidió a la Fiscalía que impidiese su reparto a los centros escolares.

Llega dos meses después a Galicia

Lamentablemente, la medida adoptada por CC. OO. no impidió que dos meses después el material de HazteOír llegase a la comunidad educativa gallega. Desde el colectivo de Vigo Nós Mesmas han denunciado la llegada «masiva» de este material a todos los centros en los que trabaja la Rede Educativa de Apoyo LGTBIQ+. Nós Mesmas está a la espera de un rechazo público de la Xunta de Galicia y la Consellería de Educación a este material, claramente contrario a la legislación vigente gallega como la Estrategia de Igualdad entre hombres y mujeres vigente hasta 2020 o el Protocolo de Atención a Menores Trans de 2017.

Por eso, Nós Mesmas ha pedido a la Xunta una condena pública más allá del apoyo en privado y una guía de actuación para todos los centros y Ampas que reciban la documentación de HazteOir.

Educación al gusto de la ultraderecha

«Es como si unos padres que creyeran en el creacionismo pidieran el ‘PIN parental’ cuando se va a explicar a Darwin en Ciencias Naturales, o que los que creen que la Tierra es plana pudieran disculpar la ausencia de sus hijos a clase de Geografía», expuso el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC. OO., Francisco García, al interponer la denuncia. La responsable del gabinete jurídico de este organismo, Carmen Perona, también destacó que la recepción de este material ha provocado «tensión» y «miedo» entre algunos directores y directoras de centros y responsables de Ampas.

En cualquiero caso, el éxito de los ultraconservadores, tanto en su vertiente de organización social (HazteOír) como en su vertiente política (Vox), es haber situado en el debate su idea de «PIN parental», contrario a una ley educativa vigente, la LOMCE, en sus apartados de autonomía de los centros educativos, de atención a la diversidad y educación en valores. Un elemento que por el momento solo parece instaurado en la Región de Murcia (y próximamente en Andalucía), pero tras este movimiento de los ultras parece que será el caballo de batalla en todos los territorios de España donde tengan presencia o puedan condicionar un Gobierno.

Desde diversos colectivos LGTBI se critica que, si finalmente los postulados de los ultraconservadores se imponen, solo acudirán a las charlas de diversidad los alumnos pertenecientes a la comunidad LGTBI y los que ya estén concienciados, dejando fuera a los que necesitan aprender que la diversidad sexual y de género es un aspecto que enriquece a nuestra sociedad y que en ningún aspecto debe considerarse como algo negativo. Otra manera de perpetuar la homofobia, bifobia y transfobia en nuestra sociedad, lanzándoles a las personas LGTBIfobas el mensaje de que su odio está justificado y es aceptable.

Fuente Dosmanzanas

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El activismo de la India se moviliza contra la ley trans aprobada por el Parlamento por ignorar sus reivindicaciones

Lunes, 9 de diciembre de 2019

Stop_Ley_TransLa comunidad LGTBI de la India ha iniciado una movilización para impedir que entre en vigor un proyecto de ley de protección de las personas transgénero aprobado por el Parlamento. Los activistas critican que el texto ignora sus principales reivindicaciones. La norma contempla penas sustancialmente menores para los crímenes cometidos contra una persona trans en comparación con las previstas cuando la víctima es cisgénero, y podría facilitar la violencia contra las personas trans en el seno de sus familias, que es la que sufre con más frecuencia el colectivo. La Corte Suprema de la India ordenó el reconocimiento legal de un tercer sexo en 2014.

El histórico fallo del alto tribunal indio en 2014 reconoció por primera vez el derecho a la autodeterminación de género sin necesidad de que medie una operación de reasignación. Su traslación a la legislación ordinaria, sin embargo, ha sido lenta y decepcionante. En ese mismo año, el legislador Tiruchi Siva introdujo el primer proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia en el Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento indio, cuyos miembros le dieron su respaldo. Sin embargo, su tramitación entró en vía muerta después de que el Gobierno del primer ministro Narendra Modi presentara en 2016 su propio texto ante la cámara baja o Lok Sabha, donde dispone de mayoría absoluta.

La propuesta del Gobierno suponía un retroceso drástico con respecto a las medidas previstas en el texto original de Siva. El Lok Sabha dio su visto bueno al proyecto de ley en diciembre de 2018, ignorando las recomendaciones aportadas por el comité permanente de la cámara y por la propia comunidad LGTBI. Sin embargo, su tramitación no se completó y la iniciativa expiró con la celebración de las elecciones generales de 2019. En agosto de este año, el Lok Sabha aprobaba una nueva versión del proyecto que mantenía su esencia, aunque suprimía alguno de los aspectos más lesivos como la prohibición de mendigar a las personas trans. La semana pasada, la norma superó su siguiente trámite con su aprobación en el Rajya Sabha.

La comunidad trans se ha movilizado desde entonces para impedir que el texto entre en vigor, lo que sucederá cuando lo firme el presidente de la India. Denuncian que en el proyecto «abunda la retórica y escasea el compromiso real por la justicia» y reclaman una ley integral que tenga en cuenta sus reivindicaciones. En particular, señalan la discriminación palmaria que supone el establecimiento de penas de entre seis meses y dos años de prisión para los delitos de violencia sexual contra una persona trans, frente a los siete años que contempla el código penal para los mismos crímenes cometidos contra una persona cis.

El activismo señala otros dos asuntos críticos del proyecto de ley. El primero, que no reconoce el principio de autodeterminación de género, porque mantiene el requisito de una operación genital para poder registrarse bajo un sexo legal diferente al asignado al nacer. Además, la decisión de otorgar la condición de transgénero dependerá de un juez y no se aclara si el Estado financiará los tratamientos de reasignación. El segundo punto, especialmente preocupante, es el artículo que prevé que las personas trans vivan con sus familias o en «centros de rehabilitación». La comunidad trans recuerda que la violencia en el seno de las familias es que con más frecuencia sufre el colectivo. Esperemos que su movilización sirva para lograr una ley que cumpla con sus necesidades.

Fuente Dosmanzanas

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Feminista rusa arrestada y acusada de distribuir “propaganda gay”

Lunes, 9 de diciembre de 2019

15848361-EAD9-4B74-B327-9E82210619A7_cx0_cy9_cw0_w1023_r1_sUna feminista en Rusia ha sido acusada de distribuir “propaganda gay” en un caso criminal que involucra supuesta pornografía.

Yulia Tsvetkova fue nombrada sospechosa en un caso que investiga la distribución de “pornografía criminal”. Está siendo investigada mientras dirige una página de redes sociales llamada Monólogos de la vagina, que alienta a las personas a compartir representaciones artísticas de vaginas para “eliminar el tabú”.

En Rusia, la “propaganda gay” es ilegal, lo que significa que compartir información sobre la vida de las personas LGBT + puede suponer una sentencia de prisión. Si Tsvetkova es declarada culpable bajo la ley de compartir información con menores, podría ser sentenciada a hasta 15 años de prisión o multa, informa The Moscow Times.

En declaraciones recientes a OVD-Info, Tsvetkova dijo que la policía se le acercó en una estación de tren mientras viajaba por un viaje de negocios y que posteriormente la llevaron para interrogarla. Fue acusada por la policía de ser lesbiana y entrenadora sexual.

Yulia dijo que la policía rusa inició una investigación y registró su apartamento y estudio. “Nueve oficiales estaban caminando examinando todos los lápices y los álbumes de recortes de los niños”, dijo Tsvetkova. “Entre otras cosas, dijeron que era lesbiana y una entrenadora sexual que distribuía publicidad. Eso no tiene base en la realidad “. La policía cree que estos dibujos son de naturaleza pornográfica, y con su ayuda Tsvetkova “seduce a los niños” mientras trabajaba en el teatro juvenil Merak.

Su juicio está programado para hoy 9 de diciembre y más de 10,000 personas han firmado una petición expresando su apoyo a Tsvetkova. “La acusación contra la activista es absolutamente absurda: no hay signos de pornografía en sus dibujos, su persecución tiene motivaciones políticas”, dice la petición de Change.org.

Tsvetkova ha enfrentado previamente la atención de la policía por su activismo. “La atención de las agencias de aplicación de la ley fue atraída por seis dibujos que representan a mujeres. Cada uno de ellos ilustra varios lemas que comienzan con la frase “Las mujeres vivas tienen …” y terminan con las palabras “¡Y esto es normal!”. Por lo tanto, el autor de los dibujos muestra que las mujeres que viven tienen vello corporal, grasa, menstruación, arrugas y canas, músculos, piel imperfecta. “La policía cree que estos dibujos son de naturaleza pornográfica, y con su ayuda Tsvetkova seduce a los niños mientras trabaja en el teatro juvenil de Merak”.

Esta no es la primera vez que Tsvetkova ha sido atacada por su activismo. A principios de este año, el festival que organizó fue clausurado por las autoridades. El festival presentará una puesta en escena de una obra de teatro llamada Blue and Pink que explora los estereotipos de género. Sin embargo, las autoridades lo prohibieron por promover el “odio contra los hombres y las relaciones familiares no tradicionales” y por “intentar celebrar ilegalmente un evento LGBT”.

Fuente Pink News

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La última noche de Camila, trans perseguida por pandillas y asesinada por la Policía

Sábado, 7 de diciembre de 2019

1871CB1F-D108-48B5-8B25-2CF6074C0887Impresionante y emotivo recuerdo de Camila. Necesario leerlo, necesario orarlo, necesario reclamarlo. Basta ya de odio tránsfobo.

 Por Paula Rosales y Nelson Rentería

Fotos: PR y VF

Poco antes de las seis de la tarde del miércoles 30 de enero, Camila Aurora Díaz Córdova se colgó el bolso al hombro y dejó su casa para otra noche de trabajo sexual en la misma calle donde lo ejerció durante doce años, al norte de San Salvador. Caminó con desgano y tristeza: llevaba mucho tiempo intentando cambiar su vida. Había buscado otras ocupaciones para sobrevivir sin exponerse a las amenazas de las pandillas y de la policía. Había denunciado ante la justicia la discriminación y la persecución por ser una mujer trans. Había intentado vivir en otras ciudades y países. Había pedido asilo en Estados Unidos y la habían deportado. Las cosas se habían puesto cada vez más difíciles.

Aquí ando ya, en estas calles horrendas y fatales. Aquí ando, ni modo”, le dijo por mensaje de Whatsapp a una amiga, como si supiera lo que le esperaba. Esa madrugada, Camila fue torturada y asesinada. Tenía 29 años, seis menos que la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina.  Sus verdugos quisieron esconder el hecho pero las marcas de su cuerpo hablaron por ella. Por el homicidio, tres policías, Jaime Geovany Mendoza, Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales están detenidos y pueden llegar a ser los primeros condenados por un crimen de odio en El Salvador. Es el primer caso que se judicializa como tal a pesar de que desde 2017 han asesinado a al menos 22 mujeres trans, según cifras de la Federación Salvadoreña LGBTI.

8C28316D-4252-4294-BE05-9D0E467550A5Fany es una perrita que perteneció a Camila. Cuando emigró por primera vez a México la llevó a casa de su mamá. Fotografía de Virginia Flores

Camila nació el 9 de noviembre de 1989 en el municipio de Santa María Ostuma, departamento de La Paz. Segunda hija de la pareja de feligreses de una iglesia cristiana, creció en un pequeño poblado escondido al sudeste del valle de Jiboa. Ahí su familia se dedica al cultivo de maíz, frijoles, piña y caña de azúcar. Sus padres, Edith Córdova y Lino Díaz no pudieron asentarla en los registros de esa alcaldía porque dos días después de que Camila naciera, estalló la ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en su intento por hacerse del poder.

Su mamá recuerda que a pesar de las humillaciones que sufrió en el pueblo, cuando los vecinos reaccionaron a los primeros gestos femeninos de su transición con burlas y rumores, su hija nunca perdió el buen humor: “Si lo ofendían, no decía nada. Nunca le faltaba el respeto a los demás”, contó su madre a Presentes.

B82229F5-C5A8-4ABB-B2A1-D0424D7B4502La discriminación y el acoso es moneda corriente para las personas LGBTI en estos pequeños poblados de El Salvador, donde el machismo y las ideas religiosas radicales están extendidas. No hay espacio para las personas que no se definen como hombres o mujeres.

La falta de tolerancia se traduce en violencias cotidianas. Y ellas, en un deterioro de la salud mental que a veces desencadena en suicidio. Así lo indican los números de la Consulta Nacional sobre realidades LGBTI en El Salvador. Presentada en 2012 por la extinta Dirección de Diversidad del Estado, de 400 personas consultadas, un 61,7 por ciento manifestó conocer a una persona LGBTI que se suicidó.

Camila no estuvo exenta de este calvario. Su mamá intentó hacerla cambiar de opinión sobre su identidad de género. Cuando Camila cumplió los 18 años, quiso que se presentara a servir al comando de Fuerzas Especiales del Ejército salvadoreño. Camila se negó rotundamente. La presión fue tal que no le quedó otro camino: enlistarse y vestir ropa de fajina.

1002FC62-0AF5-4364-98D5-CB3FF7A7842FCamila y Kelly Díaz siempre mantuvieron una relación muy cercana

Su mamá Edith acepta que al principio no podía “consentir” la conducta de su hija, porque iba “en contra de los designios de Dios”. Ahora se arrepiente de aquella actitud y de no haber intentado siquiera aceptar que Camila tenía el derecho de ser quien ella quisiera.

Camila permaneció durante tres meses en la Fuerza Armada y recibió el adiestramiento. Hasta que un día, hastiada de la vida castrense, se negó a realizar el juramento que la convertiría en soldado. Así concluyó su experiencia militar, en 2007. Entonces Camila pensó que Santa María Ostuma no era el mejor lugar para vivir y se mudó a la capital, San Salvador.

La vida en la ciudad, la persecución de las pandillas

En la capital, un primo la recibió en su casa y la bautizó con el nombre de Daniela. Fue la primera vez que le asignaron un nombre femenino. Ese modo de nombrarla fue mucho más que simbólico. A partir de entonces, ella dejó crecer su cabello, lo tiñó de rubio y expresó su identidad de género.

Aunque se sentía más libre, su situación no mejoró. Ahí tampoco encontró un empleo digno. Para sobrevivir debió ejercer por primera vez el trabajo sexual en las calles. Su primo empezó a controlarla y a violentarla. Las rabietas se transformaron en golpes, maltratos y ropa quemada. Hasta que la echó de la casa.

Camila buscó refugio con otras mujeres trans. A Virginia Flores y Mónica Elizondo las había conocido durante las fiestas patronales de San Salvador. Ella no sabía dónde vivíamos, sólo que en la colonia Zacamil, no sabía prácticamente nada de los lugares de San Salvador. No tocó la puerta. Cuando mi pareja iba para el trabajo, me dijo “fíjate que allá afuera hay una persona acostada”, yo salí a ver y la encontré”-  contó Virginia Flores a Presentes.

Mónica y Virginia la acogieron en un apartamento diminuto, en un edificio del complejo de multifamiliares de la colonia Zacamil. Sus nuevas amigas la rebautizaron Camila Aurora.

Lo que siguió fue una secuencia de cambios de direcciones, ausencias, migraciones, desplazamientos, escapes, acosos y la misma búsqueda a cada paso: intentar una vida tranquila.

847317A9-9CC9-4861-965B-3B3E5E3D142ACamila y Virginia cumplen años con una semana de diferencia. La imagen fue la última celebración juntas. Fotografía de Virginia Flores

Su amiga Mónica, de 35 años, quería lo mismo. Ya la habían amenazado y tiroteado su casa. Mónica decidió dejar la vivienda en la colonia Montreal. El 20 de mayo de 2011 volvió a la casa, quería limpiar y controlar que estuviera en orden. La asesinaron mientras se desplazaba al interior de la ruta 47. Según versiones policiales, supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), los mismos que la habían amenazado, le dispararon varias veces.

Aquel año Camila se fue a vivir con su hermana Kelly en una colonia del municipio de Ilopango. Una noche, cuando ellas estaban descansando, otros pandilleros que controlaban la zona, tocaron a su puerta. Llegaron con el pretexto de “conversar” con Camila. Tras varios golpes, subieron al techo de la casa para intentar romperlo y entrar por un hueco. Camila y su hermana comenzaron a recitar los versos del Salmo 91, colgado en una de las paredes.

No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada/Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.

Comencé a orar de rodillas para que los hombres se fueran. Los golpes eran intensos, pero Dios nos hizo el milagro, se cansaron y se fueron. No recuerdo nada más porque me desmayé del miedo”, dijo a Presentes Kelly Díaz Córdoba.

Días después, los pandilleros regresaron a la vivienda cuando las hermanas no estaban y destruyeron sus pocas pertenencias. El colchón de la cama de Camila quedó lleno de agujeros hechos a punta de cuchillo. Ellas decidieron regresar a su casa natal, en Santa María Ostuma. Antes tuvieron que pagar al dueño de la casa por los daños de los pandilleros.

Las amenazas que nadie atendió

Camila quiso volver a la capital, sólo para reafirmar que nada había cambiado. Las amenazas de muerte fueron una constante. A raíz de ellas, el 27 agosto de 2015 interpuso una denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC) contra otros pandilleros identificados por sus alias: Coqui, Gasper y Travieso. Según la denuncia, estos tres pandilleros del Barrio 18 le dieron quince días para pagar la extorsión que cobran a las trabajadoras sexuales por utilizar sus territorios. De lo contrario debían abandonar la calle Celis, al este de la capital.

Una trabajadora sexual puede cobrar a un cliente entre 15 y 20 dólares por su servicio. La pandilla le exige 10 dólares semanales por trabajar en su territorio, según pudo averiguar Presentes. Si no pagan la cuota, los pandilleros les hacen “descuentos”. Así llaman a las golpizas que infringen para que no vuelva a pasar. Cuando las mujeres siguen sin pagar, pueden ser asesinadas.

De acuerdo al informe sobre desplazamiento humano realizado por la Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans en El Salvador-COMCAVIS TRANS-, las pandillas son los mayores atacantes de la población LGBTI. Así lo indica un 79 por ciento de las denuncias documentadas entre marzo y diciembre de 2018.

18A8DA6F-CB54-4FFA-BDD5-ADD61B2072B5Altar elaborado por la organización CRISTOSAL en conmemoración de las personas LGBTI asesinadas en Centroaméricaj

Después de hacer la denuncia, Camila recibió una hoja con el número del caso 5339. La investigación no prosperó. Su acusación pasó a formar parte de una montaña de pendientes en la institución de seguridad pública. De acuerdo a estadísticas de la Policía, en 2015 recibieron 2.242 denuncias de extorsión a nivel nacional.

Organizaciones defensoras de los derechos LGBTI señalan que también puede existir rivalidad entre las mismas compañeras que ejercen el trabajo sexual. La situación se agrava cuando mujeres trans tienen contactos y relaciones con miembros de pandillas. Las asociaciones denuncian además que algunos policías en servicio intimidan, amenazan de muerte o hacen arreglos con trabajadoras sexuales para comprar su protección e impunidad.

El Informe “Basta de Genocidio Trans” -realizado en 2018 por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPIDH Arcoiris Trans- destaca que esta población denuncia en reiteradas oportunidades la vulneración de sus derechos por integrantes de la policía. El informe habla de extorsiones, abusos, golpes y exhibiciones para ridiculizarlas en videos grabados por los mismos agentes.

Migración y pedido de asilo

Hastiadas de la violencia en El Salvador, cinco mujeres trans- Camila Díaz, Virginia Flores, Alejandra Barrera, Diana López y una chica identificada como Arely- empacaron sus escasas pertenencias y abordaron el autobús que las llevó a la frontera norte entre Guatemala y México.

El lunes 7 de marzo de 2016, las cinco treparon a una improvisada balsa construida con neumáticos y tablas, y cruzaron el río Suchiate, que divide ambos países. Para el grupo migrante Camila era una guía. En 2015 ya había recorrido la ruta y había conseguido asilo humanitario en México.

Cuatro días después de arribar a Tapachula (México), fueron atacadas por otras migrantes trans, a quienes ellas identificaron como hondureñas. Según sus testimonios, intentaron asaltarlas, las golpearon y les advirtieron que se largaran de sus territorios, era su lugar de trabajo.

Tras interponer la denuncia en la fiscalía del migrante, el grupo se desintegró. Camila decidió establecerse por unos meses en la Ciudad de México. Pero al final volvió a El Salvador.

17E172FB-AD32-495D-AFFA-2606FEEB2081Camila Díaz y Mónica Elizondo en la última marcha contra la transfobia a la que asistieron juntas. Ambas fueron asesinadas. Fotografía: Virginia Flores.

En febrero de 2017, Camila intentó una vez más cumplir el sueño de vivir en Estados Unidos. Le llevó seis meses recorrer los más de 4 mil kilómetros desde San Salvador hasta la frontera de Tijuana. Allí vivió en el albergue “El Jardín de las Mariposas”, un centro exclusivo para la población LGBTI migrante. Durante su estancia trabajó limpiando casas, cuidando ancianos y en una maquila de ropa.

El 8 de agosto de 2017 cruzó el punto fronterizo de México de Estados Unidos, se entregó a las autoridades estadounidenses y solicitó asilo humanitario. Llevaba todas las pruebas de las agresiones y las denuncias por amenazas de muerte. Su petición se registró con el código A213-086-226 y fue recluida durante tres meses en CoreCivic o Corrections Corporation of America en San Diego, California.

La organización COMCAVIS TRANS ha registrado entre marzo y diciembre de 2018 el desplazamiento forzado interno de 102 personas LGBTI. El 78 por ciento de ellas son mujeres trans. Las personas entrevistadas denunciaron las amenazas, pero la fiscalía no investigó los casos. También señala que desde 2014 a la fecha (noviembre de 2019) 116 mujeres trans han salido de El Salvador en busca de asilo humanitario en diferentes países. Del total, seis casos no fueron aprobados y se activaron las órdenes de deportación. El proceso de asilo puede tardar meses o años y muchas mujeres trans terminan huyendo de forma irregular hacia Guatemala, México o Estados Unidos.

Camila fue retornada a El Salvador en noviembre de 2017. Su trámite de asilo quedó incompleto al firmar su orden de deportación. De acuerdo a cuatro fuentes consultadas por Presentes, fue engañada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) quienes la obligaron a firmar un supuesto documento médico, cuyo contenido estaba en inglés.

    “Es lamentable lo que sucede en Estados Unidos. Hemos oído reportes de tortura, abuso, los encierran en congeladores y también hemos oído casos en que han presionado a las personas a firmar papeles de deportación, les han dicho que van a reunificarlos con sus familias. En el caso de Camila, sabemos que le dijeron que le darían atención médica y no era verdad”, dijo a Presentes Maritza Martínez, directora ejecutiva de Somos Familia, una organización no gubernamental que apoya a la población LGBTI en Estados Unidos. Presentes solicitó la versión de ICE por medio de correo electrónico, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.

En el documento de deportación, al cual Presentes tuvo acceso, ICE estableció que Camila no proporcionó una dirección válida en Estados Unidos donde residiría mientras esperaba que una juez de migración resolviera su petición de asilo. También adujo que Camila “no mostró tener vínculos sustanciales con la comunidad en el país del norte”.

Camila no tenía familiares en Estados Unidos que la recibieran. Pero mantuvo la esperanza que alguna organización internacional de mujeres trans migrantes conociera su caso y la apoyaran. Tampoco  sucedió. De acuerdo a la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, Estados Unidos deportó en 2017 a 14.902 personas migrantes. Una de ellas era Camila.

De regreso en El Salvador, cambió de trabajo. Encontró una oportunidad en una modesta venta de pupusas (comida típica del país) cerca del centro de la capital. Estaba a cargo de la limpieza, atendía clientes y ayudaba en la cocina. Quiso emprender un negocio propio y buscó el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, pero los trámites engorrosos la hicieron desistir. Volvió al trabajo sexual en las calles

Las últimas horas de Camila

El día en que Camila murió sola en un hospital luego de ser torturada, tenía planeado pasarlo en la casa de su madre. Era el domingo electoral. Esos cuatro días antes había ido a trabajar con la idea de juntar el dinero para el viaje. Cuando llegó a la zona, enfiló hasta una caseta de vigilancia privada. Un centinela le hacía el favor de prestarle el lugar para cambiarse de ropa. Cuando estuvo lista, caminó hasta la 27 avenida norte de San Salvador, una arteria que por las noches es solitaria, mal iluminada y poco transitada. Esparcidas por diferentes aceras se puede observar a varias mujeres ofreciendo sus servicios sexuales. En las calles aledañas, los negocios de venta de repuestos para automóviles lucen cerrados y llenos de grafitis. Solo brillan los semáforos, los anuncios comerciales y las luces neón de uno que otro club nudista.

La policía dijo que a las tres de la madrugada del jueves 31 de enero el sistema de emergencias 911 recibió una alerta anónima sobre un caso de “desorden en la vía pública”. Según el reporte, una persona estaba dañando unas plantas ornamentales de una agencia bancaria, en la 23 avenida norte de San Salvador.

Los oficiales Jaime Geovany Mendoza, Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales  fueron hacía allí en la patrulla 01-3937. Al llegar, los agentes observaron que la persona reportada ya estaba esposada. Era Camila.

Horas antes de la detención, Camila había sido vista en el restaurante Los Chicharrones, bebiendo cerveza con  otra mujer trans. Esto es en la “Zona Real”, área de cervecerías y clubes, que las autoridades consideran de “alta incidencia delincuencial”.

Más tarde, Camila anduvo por la 23 avenida norte. En el expediente consta que esa madrugada, Camila parecía alterada, desorientada, estaba descalza y llevaba el vestido negro levantado, dejando entrever su ropa interior roja.

Testigos  dijeron que se asombraron al observar que los policías la golpearon, sin que ella se pudiera defender o proteger, porque se encontraba hincada y esposada por la espalda.

Pobrecita, ahí la agarraron todos y la golpearon. La verguearon, la subieron al pickup y ahí la tuvieron”, contó a Presentes una de las personas que vió la escena y pidió se resguardara su nombre.

A las 3:23 de la madrugada, el oficial Jaime Geovany Mendoza encendió la patrulla y sus compañeros Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales fueron de pie en los costados de la parte trasera del vehículo. Camila iba acostada en la cama en medio de los dos.

Una serie de vídeos incautados por la Fiscalía muestran el recorrido de la patrulla por diferentes calles de la zona norte de San Salvador, incluso fuera del rango de su jurisdicción asignada. Cuando llegaron a la prolongación del bulevar Constitución, sobre el kilómetro cinco y medio, los oficiales lanzaron a Camila del vehículo en marcha. Luego regresaron a la base del sistema de emergencias 911. Según la Fiscalía, los oficiales sabían que era un punto ciego. Los videos de las cámaras captan el momento en que la patrulla regresa a la base del 911 y solo lleva de ocupantes a los agentes. Al volver, no reportaron ninguna novedad en la bitácora.

Alrededor de las cuatro de la mañana, una ambulancia del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) trasladó a Camila Díaz Córdova hacia el hospital nacional Rosales para que fuera atendida por graves lesiones. Camila ingresó como una persona no identificada.

La amiga de Camila, Virginia Flores, se había comunicado por última vez con ella a las 9:07 de la noche del 30 de enero. Se preocupó cuando unos familiares le avisaron que Camila no había llegado a dormir. Tampoco respondía las llamadas ni los mensajes. Virginia fue a la policía, al forense instituto de Medicina Legal y a centros médicos. En cada lugar, mostraba el retrato de su amiga con la esperanza de encontrarla.

Ocho días después de la desaparición, una doctora del Hospital Rosales la reconoció en la foto. Le dijo a Virginia que buscara el cuerpo de su amiga en Medicina Legal. Había fallecido días atrás en el nosocomio, sola, en la mañana del domingo 3 de febrero, el día de las elecciones.

El cuerpo que habla 

El examen forense determinó que la muerte de Camila fue provocada por lesiones contundentes. Su rostro tenía golpes en la boca, frente y ojos. Su espalda presentaba en el lado derecho, una herida profunda. El glúteo derecho quedó  desprendido apenas colgaba por un hilo de piel. El antebrazo izquierdo estaba partido en dos y sus órganos vitales del abdomen habían sufrido lesiones traumáticas severas.

La fiscalía aseguró a Presentes que el peritaje forense determinó que las lesiones de Camila fueron causadas por contundentes golpes hechos durante el recorrido de la patrulla. También confirmó que fue lanzada a la carretera desde el automóvil en movimiento.

La fiscal del caso, Gisela Meléndez, dijo a Presentes que Camila recibió “fuertes golpes mortales en su abdomen” y descartó que las lesiones correspondan a un atropellamiento, como se investigó en un principio.

Pese a que la fiscalía no ha logrado establecer una motivación de los policías para cometer el hecho, considera que hay elementos suficientes para sostener que el asesinato fue motivado por el odio a su identidad y expresión de género. “Un móvil específico no tenemos. Pero hay varios casos en contra de agentes policiales que se exceden del poder”, dijo a Presentes la fiscal Meléndez. La Fiscalía no encontró indicios de que Camila Díaz fuera parte de bandas de criminales ni de que hubiera cometido de delitos.

Violencia institucional en El Salvador

La Policía Nacional Civil de El Salvador fue conformada después de la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a 12 años de una guerra civil (1980-1992). La nueva institución suponía dejar atrás las prácticas represivas y de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, previo y durante el conflicto.

Pero en sus 27 años de funcionamiento, la policía no ha estado exenta de señalamientos de violaciones de derechos humanos, abuso de autoridad, brutalidad y ejecuciones extralegales durante su operativos.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) documentó que miembros de la policía cometieron un total de 116 ejecuciones extralegales con lujo de barbarie entre 2014 y 2018. Algunas de las víctimas no eran pandilleros.

La PDDH concluyó que la pérdida de la vida a manos de agentes del Estado es una lamentable realidad en El Salvador. A pesar de los esfuerzos para profesionalizar a la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada parece una práctica sistemática que muchos agentes actúen por su cuenta e incumplan su obligación de desarrollar su labor dentro del marco legal”, dice el informe presentado en agosto de 2019.

Para la académica y especialista en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, la investigación de la PDDH también constató que existió un patrón de actuación en los casos documentados, que permitió la identificación previa de la víctima, planificación previa de asesinatos  y un esquema de encubrimiento que trascendía a los mismos perpetradores. Para Aguilar, el caso de Camila también siguió ese patrón.

Presentes solicitó en reiteradas ocasiones una entrevista con el Director de la Policía, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, pero al cierre de la nota no fue concedida por la dirección de prensa.

Los imputados y más amenazas 

Hasta el momento, hay tres imputados detenidos por el asesinato de Camila.

El agente Luis Alfredo Avelar, de 35 años de edad, estudió ciencias religiosas en la Universidad Católica de Occidente. Emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. Renunció a la institución policial en 2008 y se reintegró en 2012. En su expediente consta que ha cometido faltas leves: Ausentarse en horas laborales y abandono de servicio.

El segundo imputado es el agente Carlos Valentín Rosales Carpio, de 37 años de edad. Era el de mayor jerarquía en el grupo que atendió la llamada de emergencia. En la prueba de ingreso, en la parte de derechos humanos obtuvo una nota de cuatro de diez puntos.

El tercer imputado es Jaime Geovany Mendoza Rivas, de 28 años de edad. En su expediente el agente no tiene faltas disciplinarias y recibió el reconocimiento a la excelencia policial.

La Fiscalía los acusa por los delitos de privación de libertad y homicidio agravado de Camila. La pena máxima por ambos delitos podría llegar hasta 60 años. Puede ser el primer caso en El Salvador en ser juzgado y condenado como delito motivado por el odio a la identidad ,expresión de género y orientación sexual.

Esto es posible porque en 2015 el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

Esperamos que se haga justicia, estamos garantizando los derechos de nuestros representados y pues si ellos son culpables o no, es un juez de sentencia que lo va determinar en un fallo”, expresó a la prensa Pablo Cruz, abogado defensor de los policías.

Tras la captura de los policías el 1 julio de 2019 y la siguiente investigación del caso de Camila, Presentes conoció testimonios de personas que han sido acosadas y amenazadas por supuestos agentes, los motivan a ir a declarar a favor de los oficiales imputados.

Creo que este caso muestra el deterioro que la actualización policial ha tenido en los últimos años en términos del irrespeto a la vida de grupos vulnerables, el margen de impunidad con el que tienden a actuar, la criminalización también de grupos vulnerables, en este caso una mujer trans que fue vapuleada dentro del vehículo policial y que es abandonada precisamente para simular la ejecución por parte de terceros¨, dijo Jeannette Aguilar a Presentes.

Familiares de Camila también recibieron llamadas por teléfono de una persona que se identificó como supuesto pariente de uno de los agentes detenidos, con el fin de reunirse con ellos para “llegar a algún acuerdo”.

En la llamada, la persona le aseguró a la familia que también “ya habían hablado con personas así como era su hijo (mujer trans)”. Tanto la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos están enterados de estas llamadas, según pudo atestiguar Presentes.

Aunque Jeannette Aguilar no se refirió al caso particular de Camila Díaz, aseguró que la intimidación es una práctica habitual para buscar la impunidad en casos donde son señalados agentes policiales. “Habitualmente la ejecución extralegal iba acompañada, no solo de un esquema para garantizar impunidad, sino también de un esquema de amedrentamiento, de asedio, de amenazas sistemáticas a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares por parte de los mismos perpetradores o de otros elementos policiales para disuadir a las víctimas de que retiraran la denuncia”, dijo Aguilar.

Presentes consultó a la Fiscalía si es posible que la institución policial hubiese alertado a los agentes sobre la investigación en su contra, debido a la salida del país de Luis Alfredo Avelar. El policía emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. “Aun cuando investigamos al mismo cuerpo policial, lo hacemos de la mano con ellos y de alguna manera, ellos se enteran si se les está investigando por algún delito”, dijo la fiscal.

El 14 de agosto de 2019, la unidad de asuntos internos de la Policía envió una carta al juzgado quinto de instrucción para informar que la licencia del software del aparato de extracción UFED Cellebrite está vencida. Por ese motivo no se ha realizado la extracción de la información contenida en los celulares incautados a los tres agentes detenidos.

El UFED Cellebrite es un dispositivo para la extracción y decodificación de información almacenada, oculta o eliminada de dispositivos móviles y aplicaciones. Presentes solicitó información al personal de prensa de la policía sobre el vencimiento del software de extracción, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

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La tumba de Camila Aurora Díaz Córdova yace de espaldas frente a un paisaje sacado de una estampa. El volcán Chinchontepec luce imponente, rodeado de cultivos de caña de azúcar. El pequeño cementerio del municipio de Santa María Ostuma permanece siempre cerrado, para poder ingresar hay que solicitar la llave a un encargado y por ahora no está disponible. Pero esa no fue razón suficiente para que el 9 de noviembre de 2019 Edith Córdova y Virginia Flores se colaran por un hueco en la malla e ingresaran al campo santo. Con lágrimas en los ojos, dejan una ofrenda floral sobre su mausoleo. Ese día Camilia hubiera cumplido 30 años.

Fuente Agencia Presentes

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Arrestarán a carabinero Chileno sólo por reclamar contra la homofobia de un superior

Sábado, 7 de diciembre de 2019

carabinerosTras denunciar los abusos homofóbicos de un capitán, lo quieren sancionar con 15 días de arresto, pese a encontrarse con licencia médica. El funcionario vive en Los Ángeles y trabaja en Los Vilos.

Un lamentable episodio de discriminación denunció un cabo segundo de carabineros al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh-Biobío), luego de que la institución en vez de buscar solución a los abusos homofóbicos que padece en manos de un superior, decidiera sancionarlo solo por reportar los atropellos.

Los acosos, según denuncia, iniciaron entre fines del 2018 y comienzos del 2019 cuando el funcionario fue citado por el capitán de la Subcomisaría de Los Vilos, Felipe Soto Gaillard solo para consultarle si “era verdad lo que andan hablando sobre tu sexualidad”, esto luego de conocerse que el carabinero tenía pareja.

En la oportunidad, el funcionario no tuvo problemas en reconocer su homosexualidad, sin embargo, él nos indica que tiempo después fue maltratado por Soto Gaillard, al señalar que los “maricones traen mala suerte a la unidad””, señaló la presidenta de Movilh-Biobío, Paola Laporte

El denunciante añadió que en marzo del 2019 se repitió una situación similar, cuando su pareja lo fue a buscar a la subcomisaria de Los Vilos. Sin razón alguna, Soto Guillard volvió a indicar, esta vez mientras atendía público, que “los maricones traen mala suerte”.

Debido a que los superiores del funcionario no escucharon, di dieron solución al problema que venía planteando, el carabinero denunció los hechos mediante la plataforma de reclamos y sugerencias de la institución.

El 28 de agosto del 2019 el funcionario prestó declaración a la Fiscalía Administrativa de Carabineros, “pero a ésta poco le importó el acoso homófobo. Se concentró principalmente en saber si el funcionario había o no usado el conducto regular para reclamar, concluyendo arbitrariamente que no y decidiendo sancionarlo con 15 días de arresto. Este es el mismo modus operandi que ha afectado a otros policías gays o lesbianas que denuncian homofobia. Es un abuso laboral extremo”, añadió el dirigente del Movilh. Rolando Jiménez.

El funcionario se encuentra en la actualidad con licencia médica a raíz de la profunda depresión que le han provocado estos hechos.

En tal sentido, el Movilh-BioBío envío hoy una carta a la jefa de DDHH de carabineros, Karina Soza, solicitando que “gestione el cese de toda sanción contra el funcionario, así como la adopción de medidas administrativas contra quienes han vulnerado derechos en razón de su orientación sexual”.

Fuente MOVILH

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Transfemicidio de Lourdes Reinoso: condenaron a perpetua por femicidio al acusado

Sábado, 7 de diciembre de 2019

41552A5F-B2F7-424A-96E9-14FC1EB6CC90Por Gabriela Cruz, desde Tucumán

Julio Tomás Palladini fue condenado a prisión perpetua ayer en un juicio abreviado por el crimen de odio de Lourdes Anahí Reinoso y el homicidio de Francisca Ofelia Palacios. Este es el primer caso en Tucumán en que el asesinato de una mujer trans llega a juicio con la figura de femicidio. “Fue un juicio abreviado porque aceptó la imputación tal como la presentó la Fiscalía”, dijo en diálogo con Presentes Alicia Palacios, prima de Lourdes. “Desde el principio se negó a declarar y esta vez tampoco lo hizo, no contó detalles sobre lo ocurrido ese 14 de enero, habló con tranquilidad y solo asintió cuando se le leía lo que decía el expediente”, agregó la mujer que además figuraba como testigo en la causa.

El veredicto dictado por los jueces Wendy Kassar (presidenta), Emilio Páez de la Torre y María Fernanda Bahler encontró responsable por los delitos de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía en contra de Palacios, en concurso real con el de homicidio triplemente agravado por haber mediado una relación de pareja con la víctima, por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género en contra de su expareja. “No hay dudas que hubo ensañamiento y odio. Él sabía que mi tía les tenía miedo a los hamster que tenía Lourdes de mascota y los usó para torturarla. Le desfiguró la cara a Lourdes y la forma en la que la dejó expuesta demostraba su odio al género”, comentó Alicia.

La familia de Lourdes fue patrocinada por el Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia contra la Mujer, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia que se presentaron como querellantes en la causa. La secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, sostuvo que es un hecho histórico “porque es el primer juicio que llega al debate oral en donde el patrocinio jurídico es ejercido por el Cuerpo de Abogados”. Además, la funcionaria destacó: “Lourdes tenía realizado el cambio de identidad y así fue tratada durante todo el proceso. Pudimos ver el tratamiento que tuvo por parte de la Sala, tal como corresponde a la Ley de Identidad de Género, con el respeto que se merece y refiriéndose a ella en todo momento, cómo la mujer que era”.

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Se quedó con él porque le tenía miedo y estaba amenazada

Lourdes Reinoso, al momento de los hechos, vivía con su tía Francisca Palacio en de Río Nío, departamento de Burruyacu al noreste de Tucumán. El 14 de enero de 2018 Julio Palladini transitó en bicicleta los 60 kilómetros que separan la capital tucumana de esa localidad y encontró a la anciana tomando mates en la galería de su casa. Según figura en el expediente, al llegar la ató, la torturó y la asesinó a cuchillazos. Luego llamó por teléfono a Lourdes Reinoso que había sido su pareja hasta 2016. Allí la golpeó y, cuando Lourdes trató de escapar, la acuchilló y luego prendió fuego la casa.

La relación había empezado en 2011 y en noviembre de 2016 Lourdes decidió terminarla definitivamente. Durante todos esos años los hechos de violencia eran frecuentes. Al finalizar la relación, Lourdes decidió abandonar la casa que compartía con Palladini en la capital tucumana y regresar a vivir a Río Nio con su tía. Allí encontró trabajo en un kiosko y estaba intentando rearmar su vida. “Ella se quedó con él mucho tiempo porque le tenía miedo, estaba amenazada ella y mi tía. Ella misma lo dijo en la denuncia que le hizo en 2017 cuando consiguió que le pongan la (medida de restricción) perimetral: ‘él es capaz de hacer cualquier cosa’. Temía por su vida y por la de mi tía”, cuenta Alicia Palacios que más que primas supo ser su confidente.  “Para nosotros fueron días de mucha angustia y fue una sorpresa que nos den la fecha tan rápido. Agradezco el acompañamiento en un primer momento de la agrupación LOTO – Libertad y Orgullo Trans Organizadxs – que nos puso en contacto con los abogados, a Laura Moreira, hermana de Cinthya Moreira – otra mujer trans asesinada en Tucumán – porque con esas redes una se siente acompañada y con fuerzas para buscar justicia”, dijo a Presentes Palacios.

 Fuente Agencia Presentes

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Celebrar la Super Copa de España de Fútbol en un país donde no nos respetan: la queja de la peña Valencianista LGTBI+

Viernes, 6 de diciembre de 2019

depositphotos_113998256-stock-photo-lgbt-and-saudi-arabia-flagLa Supercopa de España se celebrará en Arabia Saudí: exportación de imagen de marca, publicidad, negocio… pero hay una cara B innegable: el blanqueamiento de regímenes que no respetan los derechos humanos. Una peña aficionada al fútbol ha mostrado su malestar Peña Valencianista LGTBI+ lo ha hecho saber en las redes sociales. Porque allí pertenecer al colectivo LGTB está penado por ley y nuestras vidas corren peligro.

Como explica la Peña Valencianista LGTBI+, el país donde se celebra la Supercopa de España es:

Un país en el que los medios de comunicación no tienen libertad de expresión, donde las mujeres son degradadas al máximo nivel y siempre tienen que estar bajo la supervisión del hombre, ya sea padre, hermano, tutor o marido, el acceso de la mujer a los estadios deportivos es sectoria y discriminatoria.

(…) el feminismo, ateismo y la homosexualidad pueden castigarse con prisión y flagelación, allí no tenemos ningún tipo de derecho.

Pero no es tarde: ojalá este llamamiento haga recapacitar a la RFEF y a su máximo exponente, Luis Rubiales. Porque como dice la Peña Valencianista LGTBI+, «si no quiere volver al formato antiguo o no quiere que se dispute en España, por lo menos que se realice en un país que defienda los derechos humanos»

El fútbol masculino es uno de los deportes en los que salir del armario sigue siendo un tema tabú, especialmente en la élite. Y es que no hay ningún crack que lo haya hecho en activo. La homofobia se palpa en los estadios (no hay más que prestar atención a los cánticos) pero este tipo de acciones no ayudan. Completamente diferente es el ejemplo de sus homólogas del fútbol femenino, donde incluso hemos presenciado bodas.

Fuente AmbienteG

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Recordatorio

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