A sus 80 años, Alice Nkom sigue en pie de lucha. En un continente donde ser LGTBI+ sigue siendo peligroso, esta abogada camerunesa ha dedicado su vida a defender los derechos de las personas LGTBI en África, enfrentándose al gobierno, a la sociedad y a un sistema judicial que penaliza la diversidad. Su valentía y compromiso han hecho de ella un símbolo de resistencia en la lucha por los derechos humanos.

Desde muy joven, Alice Nkom supo que su misión era desafiar las injusticias. En Camerún, la homosexualidad sigue siendo ilegal, con penas que pueden llegar hasta los cinco años de prisión. En este contexto hostil, ella se convirtió en la primera mujer abogada de su país y, más tarde, en la primera en atreverse a defender a nuestra comunidad, criminalizadas simplemente por existir.

En una reciente entrevista con la BBC, Nkom relató los innumerables obstáculos que ha enfrentado. Ha recibido amenazas de muerte, intentos de intimidación y hasta presiones por parte del gobierno para abandonar su trabajo. Pero nada la ha detenido. “Si no luchamos, nadie lo hará por nosotros”, afirmó con determinación. «Siempre defenderé a los homosexuales porque cada día arriesgan su libertad y son encarcelados como perros»

Para Alice Nkom, el miedo nunca ha sido una opción. Su labor ha trascendido fronteras, convirtiéndola en una figura clave en la lucha por los derechos humanos en África. Su organización, la Asociación por la Defensa de los Derechos de los Homosexuales (ADEFHO), sigue ofreciendo apoyo legal y protección a quienes son perseguidos por su orientación sexual.

Su trabajo ha inspirado a muchas personas a no rendirse, a seguir exigiendo un mundo más justo y libre de discriminación. En un continente donde el conservadurismo y la homofobia institucionalizada siguen siendo la norma, la lucha de Alice Nkom es más que una batalla legal: es un acto de amor, de resistencia y de esperanza.

La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa

Recientemente acercábamos la dura resalidad de las Personas LGTBIQ+ en Camerún: “Acosados, atacados y maltratados”: los cameruneses LGBTQ+ se enfrentan a una represión masiva de sus derechos.

Camerún criminaliza la actividad LGBTQ+; un delito castigado con hasta cinco años de prisión y multa. Las personas LGBTQ+ en el país son frecuentemente objeto de discriminación. En 2022, un grupo de la sociedad civil siguió un aumento de la violencia y los abusos contra las personas LGBTQ+ en Camerún.

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a prisión acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las “pruebas” que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados habían estado bebiendo Baileys, una bebida poco masculina. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.

En octubre de 2016, tuvo lugar una redada masiva en un local de ambiente LGTB de Yaundé, con un fuerte dispositivo policial que detuvo a todos los clientes y trabajadores presentes en el local. En diciembre del mismo año, fueron detenidos otros doce hombres por posesión de lubricantes y preservativos, algo considerado por las autoridades como prueba de comportamiento homosexual. A finales de 2017, tres jóvenes fueron detenidos tras caer en una trampa tendida por miembros del ejército, por lo que deberán ser juzgados por un tribunal militar. Y en enero de 2018, el asalto a un local de ambiente homosexual por un grupo de militares se saldaba con muerto y varios heridos graves.

En mayo de 2021, fueron condenadas a cinco años de cárcel dos mujeres trans acusadas de «tentativa de homosexualidad», y en noviembre,una persona intersexual era agredida en Camerún por un grupo de hombres: Una turba violenta agredió sexualmente, golpeó y humilló a una persona intersexual durante varias horas, todo ello mientras lo filmaba en Yaoundé, Camerún. En la capital, Sara (nombre ficticio) fue hospitalizada tras sufrir múltiples hematomas en todo el cuerpo. Sus lesiones fueron tan graves que, estuvo en observación entre 15 y 18 días. Según Human Rights Watch, el horrible ataque sembró el miedo en todo el país.

Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.

Fuente Oveja Rosa/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alice Nkom, Asociación por la Defensa de los Derechos de los Homosexuales (ADEFHO), Camerún, Derechos Humanos, Derechos LGTBIQ+, Homofobia/Transfobia, Personas LGTBIQ

Un total de 2.847 abusos ocurrieron en el último año, en medio de regresiones de los derechos LGBTIQ+ en los tres poderes del Estado. Por primera vez, desde la recuperación de la democracia, se rompió con la tendencia al alza de la igualdad y la no discriminación, iniciándose un ciclo preocupante y de incertidumbres, arrojó el XXIII Informe Anual de DHHH de la Diversidad Sexual y de Género.

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El XXIII Informe de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, dado a conocer hoy por el Movilh, arrojó que los casos y denuncias por discriminación aumentaron un 78,7%, registrándose un total de 2.847 abusos, además de regresiones de los derechos LGBTIQ+ en los tres poderes del Estado, un hecho inédito y sin referentes desde la recuperación de la democracia.

“El 2024, el año del retroceso, es un golpe duro que deja secuelas y daños para la dignidad humana y levanta angustiosas incertidumbres sobre el futuro de los derechos LGBTIQ+. (…) El aumento de las denuncias y casos de LGBTIQfobia, sobrecoge tanto por su virulencia como por la incapacidad del Estado, del Poder Político, y en especial de aquellas autoridades que se dicen promotoras de la igualdad para las diversidades, de hacer efectiva la universalidad de los derechos humanos, en vez de dejarla a merced de los vaivenes políticos, partidarios, electorales y coyunturales de quienes rechazan a las diversidades sexuales y de género”, señaló el Informe que elabora cada año el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

“Este Informe de DDHH, el más triste y preocupante de todos desde su primera edición, es una voz de alerta, un llamado firme y claro al Estado para que adopte medidas inmediatas destinadas a concluir que al menos lo perdido y retrocedido en 2024 será recuperado este año, en vez de intensificarse las regresiones”, apuntó la investigación, junto con precisar que otras características del año fueron la excesiva transfobia, la distorsión de la realidad a través de campañas de desinformación, así como la preocupación del sistema internacional de derechos humanos sobre lo que está ocurriendo en Chile.

Explosivo aumento de las denuncias y casos de discriminación

El 2024 concentra el 23,5% del total de atropellos a los derechos humanos de las personas LGBTQ+ conocidos en los últimos 23 años.

Los 2.847 atropellos del 2024 se dividen en 2 asesinatos; 44 agresiones físicas o verbales perpetradas por desconocidos de las víctimas; 2 agresiones en espacios policiales; 89 abusos laborales y 65 educacionales; 9 movilizaciones  o campañas homo/transfóbicas; 436 casos de exclusión institucional; 42 episodios de marginación o ataques en los espacios públicos o privados al momento de usar algún servicio, comprar un producto o ejercer la libertad de expresión; 131 agresiones comunitarias (propinadas por amigos, familiares o vecinos); 2.024 declaraciones de odio y 3 discriminaciones en los medios de comunicación.

“La ultraderecha, y su ascenso a diversas esferas de poder,  es en gran medida la responsable de los discursos de odio, pero tristemente también lo han sido aquellas autoridades que auto-identificándose como pro-LGBTIQ+ han guardado silencio frente a declaraciones que humillan y hasta amenazan de muerte en razón de la orientación sexual o identidad de género, llegando al extremo de ceder a las exigencias de retrocesos en políticas públicas o leyes, como lo demuestra el incremento del 63,9% de los casos de discriminación institucional, la segunda categoría mayormente responsable del preocupante aumento de las denuncias y episodios de exclusión del último año”, explicó el Informe.

De las 11 categorías de discriminación consideradas en el estudio, en 8 aumentaron los casos y denuncias. Las agresiones en espacios policiales subieron un 200% y los discursos de odio un 116,9%, seguidos por las campañas o movilizaciones homo/transfóbicas (80%+), la discriminación institucional (+63,9%), los abusos en medios de comunicación (+50%) y  en el sistema educacional (+4,8%), las agresiones propinadas por familiares o vecinos (+3,9%) y las perpetradas por desconocidos o personas no cercanas a las víctimas (+2,3%).

“Suaviza” el negativo panorama el hecho de que los asesinatos de odio mermaron un 33%, seguidos por las  marginaciones en espacios públicos y privados (-32,2%) y la discriminación laboral (-6,3%).

El número de instituciones responsables de los 2.847 casos de discriminación detectados en 2024 es inferior en un 36% al año precedente, mientras que la cantidad de personas victimarias es levemente superior, con un 3,9% más. “Ello implica, que el incremento de casos en vez de explicarse por un aumento de personas o  instituciones que discriminan se relaciona, en buena medida, con que quienes excluyen son responsables, en promedio, de varios casos de discriminación, en vez de solo uno”, apuntó el Informe

La investigación explicó además que “si se excluyese de la contabilidad anual de casos de discriminación a los discursos de odio y solo se comparara la vulneración de derechos en otros planos, el resultado es igualmente inquietante: se mantendría la tendencia al alza, con un 23,9% más de atropellos, al pasar de 664 en 2023 a 823 al año siguiente”.

El año de la transfobia

El 39,73% del total de casos de discriminación ocurridos en el año afectaron a la población trans, incrementando los abusos en un alarmante 462,69% en relación al año previo, sumando 1.131 los atropellos a su dignidad humana.

Los abusos contra lesbianas ascendieron a 118, cifra igual a la del año previo y concentrando el 4,14% del total. Mientras que los atropellos contra  hombres gays sumaron 195, un 41% menos que el año previo, acumulando el 6,85% del total nacional.

Los casos de discriminación que afectaron a la población LGBTIQ+ como conjunto acumularon el 49,28% del total, con 1.403 abusos, un 35,82% más que el año precedente

“El 2024 pasará a la historia como el “año de la transfobia”, en tanto los derechos humanos de las personas trans, en especial de niños, niñas y adolescentes (NNA), fueron permanente vulnerados, desconociéndose el derecho a la identidad de género y poniéndose en jaque las conquistas del pasado que habían contribuido a mermar las desigualdades que les afectan, en particular en el acceso a la salud”, apuntó el estudio.

Del total de casos de discriminación, fueron identificados como responsables 39 instituciones y 826 personas, destacándose en un ranking a aquellas con mayor influencia, poder o impacto.

Los movimientos LGBTIQ+ reaccionaron al 90% de los abusos.

Distribución geográfica de los abusos

Valparaíso concentró el 51,32% del total nacional  de casos de discriminación, seguido por las regiones Metropolitana (25,12%), Biobío (5,89%), Los Lagos (2,64%), Coquimbo (2,04), Atacama (1,56%), Tarapacá (1,56%), Maule (1,56%), Ñuble, (1,44%), Antofagasta (1,32%), O´Higgins (1,32%), Magallanes (0,96%), Los Ríos (0,84%), Arica y Parinacota (0,84%), La Araucanía (0,72%) y Aysén (0,48%)

En 11 de las 16 regiones aumentaron las denuncias de discriminación. La lista la encabezan Ñuble (+300%),  Magallanes (+100%), Valparaíso (+80,93%) y  Arica y Parinacota (+75%), seguidas por Atacama (+23,08%), O`Higgins (+22,22%), Coquimbo (+21,43%), Biobío (+19,51%), Tarapacá (+18,18%), Los Ríos (+16,67%) y Los Lagos (+15,79%).

En tanto, en La Araucanía los casos y denuncias por discriminación mermaron un 71,43%, seguida por Maule (-53,57%), Antofagasta (-47,62%), Aysén (-33,3%) y la Región Metropolitana (-6,7%).

En Los Ríos y Valparaíso tuvieron lugar los dos crímenes de odio del año.

Finalmente, los discursos de odio subieron un 116,9%.

El año del retroceso

El pasado Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual había calificado al 2023 como el año del “mal camino”, debido al estancamiento del avance de la igualdad para las personas LGBTIQ+ en las más diversas áreas.

“Del estancamiento al retroceso hay un solo un paso si es que el Estado no adopta medidas para prevenirlo y enfrentarlo, como lamentablemente ocurrió con especial crudeza en 2024: las regresiones se expresaron en los tres poderes del Estado, con el mayor número de retrocesos en el Poder Ejecutivo”, apunta el informe, junto con detallar cada una de las involuciones.

“En el plano legislativo, el Congreso Nacional aprobó una glosa en la Ley de Presupuestos que prohibía al Minsal financiar terapias de hormonización para niños, niñas y adolescentes trans; medida revertida por el Tribunal Constitucional; y dio luz verde a una indicación que condiciona el presupuesto del Programa a la Identidad de Genero (PAIG) a lineamientos transfóbicos. A su vez la Comisión Investigadora Especial (CEI 57) emitió un desinformado y prejuicioso informe que busca limitar derechos de las personas trans, todos retrocesos sin referentes en el quehacer legislativo y que ubican por primera vez al Parlamento en el Ranking Anual de la Discriminación”, apuntó la investigación.

“El Poder Judicial no lo hizo mejor. La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó en un fallo de primera instancia a una organización social y a un medio de comunicación eliminar de sus respectivas publicaciones la denuncia por un caso de homofobia, mientras que en el pasado al pronunciarse por temas similares el Poder Judicial había respetado la libertad de expresión y la autonomía de los movimientos de derechos humanos. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio descartó, por su lado, sancionar por femicidio al asesino de una mujer trans solo porque la víctima no había rectificado su partida de nacimiento, en circunstancias que un fallo previo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique había ido en sentido contrario”, dice el estudio.

Añade que “en el terreno de las políticas públicas, de responsabilidad del Ejecutivo, los retrocesos tuvieron diversos responsables a saber:

-El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) junto con excluir consultas sobre las infancias y adolescencias trans del Censo 2024, dejó al margen preguntas referentes a las orientaciones sexuales, contraviniendo con ello compromisos nacionales e internacionales, muy a diferencia del Censo 2012 que sí había indagado explícitamente sobre las parejas del mismo sexo.

-El Ministerio de Salud (Minsal) ordenó a los recintos públicos postergar las terapias de hormonización para nuevos niños, niñas y adolescentes trans que necesitaran de dicha atención, una medida inédita en el país que obedeció exclusivamente a presiones transfóbicas y a la incapacidad de la cartera de haber generado a tiempo un protocolo nacional para regular el tema.

El Minsal dio otros pasos atrás al no mostrar ningún interés para enfrentar la discriminación que sufren las parejas lésbicas en los programas de fertilización asistida, dejando a la deriva y sin ninguna ayuda u orientación a quienes en el año les negaron tales derechos, ni tampoco dio a conocer los resultados sobre las investigaciones que anunció sobre una denuncia por promoción de terapias que consideran a la homosexualidad como el resultado de problemas o disfunciones familiares. Además incurrió en abierta discriminación al encomendar un prejuicioso estudio sobre las prácticas sexuales y el consumo de drogas, del cual desistió solo tras conocerse públicamente el abuso. En el mismo orden, el Ejecutivo impulsó indicaciones en la Ley de Presupuestos que condicionaron a directrices transfóbicas la mantención del financiamiento del PAIG, un accionar sin referentes en el quehacer gubernamental.

-El Ministerio de Defensa, a diferencia de todas las administraciones pasadas, no dio ninguna señal para enfrentar las denuncias por homo/transfobia ocurridas al interior de las Fuerzas Armadas, desoyendo incluso las advertencias del movimiento LGBTIQ+, lo cual no ocurría desde el año 2012.

-La Subsecretaría de Prevención del Delito, en tanto, sepultó un programa que garantizaba  desde el 2013 la asesoría legal y psicológica gratuita a más del 90% de las denuncias de discriminación por orientación sexual o identidad de género conocidas en Chile, una política surgida tras al asesinato de Daniel Zamudio Vera debido a los aprendizajes que su crimen generó en el Estado y en la Sociedad, los mismos que ahora son desconocidos u olvidados.

Finalmente el Ejecutivo rompió con la tradición gubernamental, estrenada en 2012, en orden a impulsar que toda nueva política, norma o ley que hiciese alguna referencia a la no discriminación, mencionaría explícitamente a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías protegidas, un avance que se desvaneció en los acuerdos sellados con el Congreso Nacional para la aprobación de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y para el avance del Proyecto de Ley sobre Convivencia Escolar, aún en trámite.

La distorsión de la realidad

“El 2024 se caracteriza también como “el año de la distorsión de la realidad”, toda vez que “ocultó” las positivas transformaciones culturales experimentadas el país a favor de los derechos LGBTIQ+ desde la recuperación de la democracia en adelante”, explicó el estudio.

“Mientras todas los encuestas aplicadas en el año por organismos públicos y privados; nacionales e internacionales; para medir las percepciones ciudadanas sobre las diversidades sexuales y de género arrojaron que la mayoría de la población es favorable a los derechos LGBTIQ+; con incrementos en los niveles de aceptación en muchos casos y ubicando a Chile como líder en la región en otros; las arremetidas de odio, especialmente de tipo transfóbica, tuvieron la más amplia expresión en redes sociales y en espacios públicos y privados, en medio del silencio y repliegue de autoridades o instituciones que dicen respaldar los derechos de este sector social”, sostuvo el estudio.

“El explosivo aumento de un 116,9% de los discurso de odio fueron mal asumidos por medios de comunicación y buena parte del Estado como representativos de un nuevo sentir nacional, pasando por alto que se trata de una estrategia y una presión que, al menos felizmente hasta ahora, en nada se relaciona con las mayoritarias percepciones u opiniones del país. El efecto fue dramático, pues sin duda esta distorsión  despejó el camino para  los retrocesos legislativos, judiciales y gubernamentales ocurridos en el año, aún cuando debe advertirse que la universalidad de los derechos humanos siempre respetarse, sea cual sea el resultado de las encuestas”, indicó la investigación.

 Preocupación internacional

“La preocupación sobre la realidad LGBTIQ+ en Chile manifestada por el sistema internacional de derechos humanos, otras de las peculiaridades del 2024,  viene a reflejar que efectivamente en nuestro país se están registrando retrocesos para las diversidades sexuales y de género, sin que el Estado hubiese cumplido compromisos del pasado para mejorar la calidad de vida de este sector de la población, ni contribuyera a mantener los avances conquistados en otros períodos”, redondea el estudio.

“Por un lado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó y expresó su preocupación a Chile por el “aumento” de la violencia contra las personas LGBTIQ+,  instándolo además a derogar el artículo 373 del Código Penal, a reformar  la Ley Zamudio y a crear una institucionalidad antidiscriminatoria. Similares observaciones recibió Chile de parte de los países de la ONU ante los que rindió su Examen Periódico Universal (EPU); los cuales además pidieron una Ley Educación Sexual Integral,  garantizar el acceso a la salud de las personas trans y prevenir los discursos de odio; y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el que advirtió sobre la grave vulneración a  derechos sufridos por lesbianas y trans en territorio nacional”, precisó el Informe.

Hitos positivos sucesos de transcendencia

En el año hubo 31 hitos relacionados con la diversidades sexuales y de género, de los cuales 12 afectaron negativamente los derechos LGBTIQ+ y 19 resultaron ser favorables a la igualdad y a la no discriminación.

“Lamentablemente los hitos negativos tuvieron mayor densidad e impacto que los positivos y buena parte de los sucesos favorables ocurrieron en el extranjero y/o se relacionaron con llamados de atención al Estado de Chile formulados por el sistema internacional de DDHH debido a sus deudas con las personas LGBTIQ+”, señala el estudio.

“En el plano estatal, los hitos positivos fueron la condena por femicidio que impuso el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique contra el asesino de una mujer trans que no había rectificado su partida su nacimiento, Yuridia Pizarro Torres, y la sanción del Juzgado de Letras del Trabajo Talca a la Dirección Regional del Trabajo del Maule por discriminar en razón de su orientación sexual a uno de sus abogados”, indicó la investigación

“A su vez, los municipios de La Cisterna y Panquehue inauguraron sus primeras  Oficinas de la Diversidad Sexual y de Género y el Gobierno Regional Metropolitano y la Usach lanzaron el “Programa Visibles”, la apuesta con mayor aporte presupuestario estatal para promover los derechos LGBTIQ+ conocida en Chile”, añadió.

“En el terreno de las iniciativas gubernamentales, las embajadas de Chile en El Salvador  y Bolivia organizaron los primeros encuentros sobre derechos LGBTIQ+ en esos países. En tanto, a nivel diplomático, y en su calidad de entonces presidentes de la Coalición de Igualdad de Derechos, las embajadas de Alemania y México produjeron en Chile un inédito encuentro sobre derechos LGBTIQ+”, redondeó el Informe.

En el plano social,  agregó “el Movimiento LGBTIQ+ aplicó el sondeo más masivo al sector, la Segunda Encuesta Nacional sobre Diversidades y Discriminación  contestada por más de 4 mil personas, y distintas organizaciones se unieron en el denominado Espacio de Trabajo LGBTIQ+, a lo que sumaron una campaña y un encuentro, ambos inéditos, en Valparaíso, mientras que la XVII edición de Orgullo Parade fue encabezada por niños, niñas y adolescentes trans”.

En un plano más vinculado a la cultura y el espectáculo, “Francisco Saavedra se convirtió en la primera persona abiertamente LGBTIQ+ en animar el Festival Internacional de Viña del Mar”, apuntó el informe.

A nivel internacional, en tanto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la primera resolución de su historia a favor de las personas intersex y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) dio luz verde a una nueva resolución favorables a las personas LGBTIQ+.

“Por último, la política y los movimientos sociales estuvieron cruzados por hechos de histórica relevancia, como fueron las elecciones municipales y regionales, los 25 años de la despenalización de la homosexualidad y el fallecimiento del presidente Sebastián Piñera”, finalizó el Informe.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Abusos, Chile, Delitos de Odio, Derechos LGTBIQ+, Extrema derecha, Homofobia/Transfobia, Personas LGTBIQ, Retroxesos, XXIII Informe de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género

En lo corrido del 2025, 19 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia. 

10 de marzo de 2025. Desde Caribe Afirmativo lamentamos profundamente la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida de Yerson Arley Mora, en inmediaciones del Parque Lineal en Paz de Ariporo, Casanare, Yopal. Yerson, quien había sido reportado como desaparecido desde la madrugada del sábado 8 de marzo, se convierte en la víctima LGBTIQ+ número 19 en lo que va del 2025.

Expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y comunidad, quienes hoy enfrentan un dolor irreparable. Este hecho, además de ser una tragedia personal, es un reflejo de la crisis de derechos humanos que sigue afectando a personas LGBTIQ+ y a poblaciones históricamente vulnerabilizadas en Colombia. La persistencia de la violencia nos exige como sociedad una respuesta contundente y urgente.

Instamos a las autoridades a garantizar una investigación diligente, exhaustiva y transparente, que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen. Es necesario que, durante el proceso de investigación, se implemente la directiva 006 de la Fiscalía General de la Nación, en aras de saber si el crimen estuvo motivado por prejuicios en contra de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa.

Desde Caribe Afirmativo seguiremos denunciando estos actos de violencia y trabajando por una sociedad donde la vida y la dignidad de todas las personas sean respetadas. Hacemos un llamado a las instituciones del Estado, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a no ser indiferentes ante la violencia sistemática que sigue cobrando vidas.

Fuente Caribe Afirmativo

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinato, Casanare, Colombia, Homofobia/Transfobia, Personas LGTBIQ, Yerson Arley Mora, Yopal

Así lo ha declarado el vocal de Relaciones Exteriores de la Federación, Óscar Rodríguez, durante la celebración del IV Congreso de Empresas y Derechos Humanos

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha pedido a la Unión Europea que priorice la erradicación del discurso de odio y la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión” en la nueva Estrategia LGTBI+ para 2025-2030. Así lo ha declarado el vocal de Relaciones Exteriores de la Federación, Óscar Rodríguez, durante la celebración del IV Congreso de Empresas y Derechos Humanos, organizado por la Federación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la sede del Parlamento Europeo en España.

Durante su intervención, Rodríguez ha recordado que “uno de los principales factores que han impulsado el retroceso en los derechos LGTBI+ en algunos países es la normalización del discurso de odio. Grupos políticos de extrema derecha han promovido narrativas que presentan a la comunidad LGTBI+ como una amenaza a los valores tradicionales”. “El propio Parlamento Europeo ha denunciado que el auge del discurso de odio ha contribuido directamente al aumento de los delitos de odio, como ha sucedido en España o Alemania, por eso, es fundamental que la cuestión se priorice en la estrategia europea”, ha destacado.

Además, en relación a la reciente prohibición de la manifestación del Orgullo LGTBI+ en Hungría ha hecho un llamamiento a la acción a la Comisión Europea “para que tome medidas que garanticen el Estado de Derecho tanto ese país como en cualquier otro Estado miembro que ataque las libertades fundamentales y los principios democráticos de la UE”.

Ponencia marco

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, que ha participado en la ponencia marco La realidad de los DDHH a nivel nacional, europeo e internacional, ha asegurado que “el futuro es inquietante, pero en ningún caso desesperanzador”. “Los derechos del colectivo se han visto siempre conquistados, garantizados y protegidos con gobiernos progresistas.  Vamos a tener que trabajar mucho en alianza público-privada y Tercer Sector, con entidades como la Federación, para mantener la atención cuando identifiquemos indicios claros de retroceso y poner los mecanismos de protección necesarios”, ha manifestado.

Y es que, tal y como ha evidenciado, “en ámbito del Gobierno de España, en el Parlamento y en el Congreso, estamos en una situación donde podemos seguir trabajando en avances, pero en las autonomías, en el resto del país, somos conscientes de que los derechos pueden verse en riesgo”.

Asimismo, la investigadora en el Barcelona Centre for International Affairs, Inés Arco, también interviniente en la mesa, ha recordado que el movimiento transnacional antigénero es un grupo de actores muy diversos, organizados transaccionalmente, que erosionan tanto los derechos de la comunidad LGTBI+, como los de las mujeres y cuentan con agendas xenófobas contra la migración.

Las personas LGTBI+ están siendo discriminadas, perseguidas y reprimidas. Y esto inevitablemente nos lleva a hablar de democracia, porque estos sucesos no solamente atentan contra nuestros derechos sino también contra los pilares democráticos.

Se trata de actores que están utilizando todas las estrategias de los defensores de derechos a nivel internacional para erosionar los derechos conquistados. Esta utilización de determinados discursos también se está viendo a nivel nacional por determinados partidos para buscar rédito político.

NOTA. Primera mesa- IV CONGRESO EMPRESAS Y DDHH – Federación Estatal LGTBI+ (2)

Fuente FELGTBI+

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Aina Calvo, Barcelona Centre for International Affairs, Comisión Europea, Delitos de Odio, Derechos Humanos, Derechos LGTBIQ+, Europa, FELGTBI+, Homofobia/Transfobia, Inés Arco, IV Congreso de Empresas y Derechos Humanos, Óscar Rodríguez, Personas LGTBIQ, Unión Europea

Tailyn se convierte en la víctima LGBTIQ+ número 18 en lo que va del 2025.

Desde Caribe Afirmativo lamentamos profundamente la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida de Tailyn Valencia, en Medellín, Antioquia. Los hechos ocurrieron en el barrio Los Ángeles, en el centro de Medellín, Colombia, que pertenece a la Comuna 10, La Candelaria. Tailyn se convierte en la víctima LGBTIQ+ número 18 en lo que va del 2025.

Expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y comunidad, quienes hoy enfrentan un dolor irreparable. Este hecho, además de ser una tragedia personal, es un reflejo de la crisis de derechos humanos que sigue afectando a personas LGBTIQ+ y a poblaciones históricamente vulnerabilizadas en Colombia. La persistencia de la violencia nos exige como sociedad una respuesta contundente y urgente.

Instamos a las autoridades a garantizar una investigación diligente, exhaustiva y transparente, que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen. Es necesario que, durante el proceso de investigación, se implemente la directiva 006 de la Fiscalía General de la Nación, en aras de saber si el crimen estuvo motivado por prejuicios en contra de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa.

Desde Caribe Afirmativo seguiremos denunciando estos actos de violencia y trabajando por una sociedad donde la vida y la dignidad de todas las personas sean respetadas. Hacemos un llamado a las instituciones del Estado, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a no ser indiferentes ante la violencia sistemática que sigue cobrando vidas.

Fuente Caribe Afirmativo

General, Homofobia/ Transfobia. Antioquia, Asesinato, Colombia, Comuna 10, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Medellin, Personas LGTBIQ, Personas trans, Tailyn Valencia

12 de marzo de 2025. El pasado 5 de marzo, Jess, una mujer trans, fue brutalmente agredida por su pareja sentimental en la ciudad de Barranquilla. La víctima sufrió heridas graves ocasionadas con un elemento cortopunzante y golpes en el rostro, además de ser objeto de insultos transfóbicos, según testigos presenciales. Estos hechos evidencian el carácter discriminatorio y de odio del ataque.

Este lamentable incidente ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans en Colombia. Desde Caribe Afirmativo, denunciamos este caso y exigimos una investigación exhaustiva que asegure justicia para Jess y sancione adecuadamente al responsable, aplicando los enfoques diferenciales y la Directiva 006 de 2023, que establece los lineamientos para la investigación y judicialización de violencias motivadas por la orientación sexual e identidad de género. Además, es fundamental que se considere la categoría de “identidad de género”, pues puede ser un factor clave para evidenciar la violencia por prejuicio y basada en género que sufrió Jess. Hasta la fecha, las autoridades no han proporcionado información sobre la captura del agresor ni sobre medidas adicionales de protección para la víctima.

Desde Caribe Afirmativo, hacemos un llamado urgente para visibilizar las diversas formas de violencia que afectan a las personas trans en el país. Según el Observatorio de Derechos Humanos, en 2024 se registraron 25 asesinatos de personas trans y al menos 3 casos de tentativas de feminicidio. En lo que va de 2025, ya se han contabilizado 19 asesinatos de personas LGBTIQ+, de los cuales 7 corresponden a personas trans. Estas cifras reflejan la alarmante vulnerabilidad y los altos índices de violencia y discriminación que enfrenta esta población en Colombia.

Diversos sectores de la sociedad han manifestado su preocupación y han solicitado acciones concretas para combatir la impunidad en estos casos y garantizar la seguridad de Jess ante la posibilidad de que su agresor arremeta nuevamente contra su vida e integridad personal. Asimismo, exigimos la implementación de políticas públicas que brinden seguridad y garantías efectivas para las personas trans en Colombia.

Este nuevo episodio de violencia subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y atención para las víctimas, así como la necesidad de una respuesta contundente por parte del Estado frente a los crímenes por prejuicio y la violencia de género. Es imperativo que se adopten medidas integrales que promuevan una cultura de respeto y protección hacia todas las personas, sin distinción de su identidad de género.

Fuente Caribe Afirmativo

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Washington, DC, EE. UU., 23 de agosto de 2024 – El exterior frontal del Bernard P McDonough Hall en la Facultad de Derecho de Georgetown.

“La violación constitucional detrás de esta amenaza es clara”.

Por Molly Sprayregen, domingo 16 de marzo de 2025

Una nota enviada al Centro de Derecho de Georgetown por el fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Ed Martin, declaró que es “inaceptable” que la escuela “continúe enseñando y promoviendo DEI [diversidad, equidad e inclusión]”. Martin exigió que la escuela eliminara “toda la DEI” de su plan de estudios y preguntó: “Si se encuentra DEI en sus cursos o enseñanza de cualquier manera, ¿actuarán rápidamente para eliminarlo?”

Martin luego lanzó una amenaza directa: “Ningún solicitante para nuestro programa de becarios, nuestra pasantía de verano o empleo en nuestra oficina que sea estudiante o esté afiliado a una facultad de derecho o universidad que continúe enseñando y utilizando la DEI será considerado”. La carta no definió qué cuenta como DEI en un currículo.

The Post Millennial published a letter that Ed Martin, the acting U.S. attorney in DC, sent to the dean of Georgetown Law.

“It has come to my attention reliably that Georgetown Law School continues to teach and promote DEI. This is unacceptable. I have begun an inquiry…”

1/ pic.twitter.com/f7XmC10DrT

— Anna Bower (@AnnaBower) March 6, 2025

“Rara vez he leído una carta más inconstitucional”, opinó el escritor del New York Times, David French. Incluso un estudiante de derecho de primer año sabe que el gobierno federal no puede dictar el punto de vista ni el currículo de una escuela cristiana privada; sin embargo, aquí estaba un fiscal federal abriendo una investigación sobre la libertad de expresión de una escuela jesuita.

El decano de la Facultad de Derecho de Georgetown, William Treanor, no se contuvo en su respuesta a la carta, calificando la amenaza de inconstitucional e “inaceptable”.

“Dada la protección que otorga la Primera Enmienda a la libertad de una universidad para determinar su propio currículo y cómo impartirlo”, escribió Treanor, “la violación constitucional detrás de esta amenaza es clara, como lo es el ataque a la misión de la Universidad como institución jesuita y católica”.

Treanor escribió que la Primera Enmienda “garantiza que el gobierno no puede dirigir lo que Georgetown y su facultad enseñan y cómo enseñarlo”.

“La Corte Suprema ha afirmado continuamente que entre las libertades centrales para los derechos de la Primera Enmienda de una universidad está su capacidad de determinar, con base académica, quién puede enseñar, qué enseñar y cómo enseñarlo. “Éste es un principio fundamental del derecho constitucional”.

El presentador de MSNBC, Joe Scarborough, quedó estupefacto ante la amenaza. “Estas son las mismas personas que han dicho constantemente: ‘¿Cómo pueden interferir con la capacidad de una institución católica para hacer lo que les dicta su conciencia moral?’”, dijo, calificándolo repetidamente de “increíble”.

French también señaló esta gran hipocresía de la administración Trump: “A pesar de todo lo que Trump dice sobre erradicar el ‘sesgo anticristiano’ de Estados Unidos, una de las primeras medidas ejecutivas de su administración violó los derechos a la libertad de expresión y la libertad religiosa de varias congregaciones cristianas”.

“Resulta que Trump sólo quiere proteger a sus aliados cristianos de las represalias del gobierno”, continuó. “Los creyentes disidentes se enfrentarán a su ira y a la ira del Estado”.

Fuente LGBTQNation

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Ante la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de confirmar la pena de 12 años de prisión impuesta a Mark Kislitsyn, activista ruso transgénero y antibelicista, Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia, ha declarado:

“Encarcelar a Mark Kislitsyn en una colonia penal por cargos de ‘traición’ por transferir 10 dólares estadounidenses a una cuenta en Ucrania desafía el sentido común. El auténtico propósito de este enjuiciamiento no es proteger la seguridad del Estado, sino castigar a un activista de derechos humanos por su postura antibelicista. La implacable persecución y los malos tratos sufridos, incluida la negación de la atención médica que necesita como hombre transgénero y los periodos prolongados de reclusión arbitraria en una celda de castigo —casi siempre en régimen de aislamiento—, así lo demuestran. Exigimos la liberación inmediata de Mark Kislitsyn y que se ponga fin a la persecución de cualquier activista antibelicista en Rusia.”

“En una carta escrita en la cárcel, Mark Kislitsyn afirmó: “Quienes tratan de intimidarme… pueden hacerme algo de daño, pero hagan lo que hagan, no conseguirán que renuncie a mis convicciones, que pierda el sentimiento de pertenencia a mi país, y ni siquiera que me ponga de mal humor”, y añadió que quiere que Rusia “sea un hogar y no una prisión.”

Quienes tratan de intimidarme… pueden hacerme algo de daño, pero hagan lo que hagan, no conseguirán que renuncie a mis convicciones, que pierda el sentimiento de pertenencia a mi país, y ni siquiera que me ponga de mal humor.

Mark Kislitsyn

Información complementaria

Mark Kislitsyn, activista LGBTI de Moscú, protestó contra la invasión en gran escala de Ucrania en febrero de 2022 y la criticó en las redes sociales. El 28 de febrero de 2022, fue detenido y multado por su piquete antibelicista. Lo arrestaron de nuevo el 12 de julio de 2023 por cargos de “alta traición” (artículo 275 del Código Penal ruso). Las autoridades rusas sostienen que, horas después de la invasión, Mark Kislitsyn envió 865 rublos (unos 10 dólares) a una cuenta bancaria ucraniana, que, según las autoridades, recolectaba “donaciones para cubrir las necesidades de las fuerzas armadas ucranianas”.

El 23 de diciembre de 2023, el Tribunal Municipal de Moscú condenó a Mark Kislitsyn a 12 años en una colonia penitenciaria. Mark Kislitsyn, que es un hombre transgénero, fue enviado a la colonia penal para mujeres IK-9 de Novosibirsk (Siberia Occidental), donde se le obliga a vestir ropa de mujer. Se le niega el acceso a tratamiento hormonal de afirmación de género, lo que pone en grave riesgo su salud.

Desde noviembre de 2024, Mark Kislitsyn ha sido recluido arbitrariamente en repetidas ocasiones en una celda de castigo (denominada SHIZO) por motivos espurios. En el momento en que expire su castigo actual, el 17 de marzo, habrá pasado más de 70 días en una SHIZO. Está recluido en condiciones inhumanas y degradantes, que incluyen reclusión prolongada en régimen de aislamiento y frío entumecedor.

Publicado el 13 de marzo de 2025

Fuente Amnistía Internacional

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Así lo informó el Colegio Médico (Colmed), desde donde advirtieron que “no permitiremos que prejuicios interfieran en el ejercicio de la medicina”. El Movilh valoró la reacción del gremio y recordó que en 2024 congresistas de Derecha habían denunciado en la Fiscalía a profesionales que atienden a personas trans menores de 18 años.

En una declaración pública, el Colegio Médico sostuvo ayer que “hemos tomado conocimiento de una denuncia presentada por un grupo de parlamentarios contra médicos y médicas que trabajan con personas trans”.

Añadió que “rechazamos la persecución contra médicos que atienden a personas trans. La Mesa Directiva Nacional del Colmed respalda a los colegas denunciados por parlamentarios que buscan amedrentarlos por ejercer su labor con base en la evidencia científica y la ética profesional”

“Esta acusación no solo afecta a los médicos involucrados, sino que sienta un peligroso precedente de persecución en salud. No permitiremos que prejuicios o información falsa interfieran en el ejercicio de la medicina. Desde Colmed, seguiremos defendiendo a quienes trabajan con compromiso  a las y los pacientes que necesitan atención”, puntualizó.

Si bien el Colegio Médico no dio detalles de cuándo ocurrió la arremetida parlamentaria, ni tampoco identificó a los responsables, lo cierto es que el año pasado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) había criticado públicamente a congresistas por presentar el 12 de noviembre anterior una denuncia por “eventual delito de lesión corporal” ante la Fiscalía regional de Valparaíso, donde identificó con nombres y apellidos a profesionales de instituciones públicas y privadas que atienden a personas trans.

El Movilh precisó que dicha denuncia fue firmada por los/as diputados/as Yovana Ahumada (PSC), Juan Irarrázaval (Republicano), Gustavo Benavente (UDI), Miguel Ángel Calisto (IND-Demócratas), Andrés Jouannet (Amarillos), Christian Matheson (IND- Evópoli) y Ximena Ossandón (RN).

“Los hechos que se denuncian corresponden a cirugías médicas denominadas de rea-fimarmación de sexo o afirmación de género realizadas en menores de edad (menos de 18 años)”, señalaba la denuncia.

Los congresistas identificaron como “reconocedores” de estos hechos a  fundaciones y a profesionales de la salud de UC Christus y del Hospital Sótero del Río y a funcionarios del Ministerio de Salud, quienes  en diversos espacios habían afirmado que esos procedimientos se practican en algunas ocasiones, pero para mejorar la calidad de vida de las personas.

El Movilh replicó que “tras esta denuncia hay una abierta motivación transfóbica, a la cual nada le importa la evidencia científica, los derechos de menores de 18 años, ni el derecho preferente de los padres y madres que acompañaron los procesos de transición de sus hijos/as con el único  fin de mejorar su calidad de vida y respetar su identidad de género”.

“Valoramos la reacción del Colegio Médico, en tanto se posiciona a favor de los pacientes y de profesionales que desarrollan su labor en estricto apegoa las evidencias científicas y a los derechos humanos”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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Hungría aprueba una ley que prohíbe la marcha del Orgullo LGTBI

El Parlamento de Hungría prohíbe el desfile del Orgullo LGTBIQ+

El partido de Viktor Orbán argumenta que la norma aprobada busca proteger a los menores de edad.

El Parlamento húngaro aprobó este martes una enmienda a la ley de reunión que prohíbe en la práctica la celebración del desfile del Orgullo LGBTIQ+, con el argumento de proteger a los menores de edad. La norma ha sido propuesta por el partido Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, y ha recibido también el apoyo de los diputados de la extrema derecha.

El texto de la enmienda señala que se prohíben “las reuniones que promuevan o exhiban el cambio de sexo de nacimiento o la homosexualidad“. La enmienda fue aprobada con 136 votos a favor y 27 en contra (36 diputados no votaron).

La oposición democrática ha denunciado que la enmienda vulnera uno de los derechos fundamentales y limita más aún los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en el país centroeuropeo.

En respuesta al proyecto de ley homofóbico que se aprobó, los miembros del partido del Momentum (Movimiento de Momento Centrista) quemaron bengalas en el Parlamento Húngaro con de los colores de la bandera húngara, rojo, blanco y verde, y distribuyeron lo que parecen generarse de imágenes de Orbán besando al primer ministro ruso Vladimir Putin.

El Fidesz, que lleva desde 2010 revalidando una mayoría absoluta de dos tercios, justifica la reforma en la aplicación de la llamada ley de defensa de los menores, que tiene como objetivo declarado respetar el derecho de los niños . Como este cambio legal limita el derecho de reunión, se prevé que el Gobierno promueva una enmienda constitucional para que el derecho de los niños a “los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo físico, mental y moral” esté por encima del resto de derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida.

Los organizadores del Pride de Budapest, que concluye todos los veranos con el desfile de Orgullo LGBTIQ+, ha denunciado que el Gobierno ultranacionalista de Orbán trata a esa comunidad como un chivo expiatorio y que restringe las protestas pacíficas. “Esto no es protección de menores, es fascismo“, enfatizó Pride Budapest en un comunicado. “Se prohíbe celebrar cualquier reunión que viole la prohibición establecida en la ley de defensa de los menores“, indica la enmienda, determinando como infracción la organización de estos eventos y también la participación en ellos.

El Gobierno de Orbán lleva 15 años reduciendo progresivamente los derechos de esta comunidad. En 2011 modificó la Constitución y fijó que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Posteriormente prohibió que la parejas del mismo sexo puedan adoptar a niños.

La llamada ley de defensa de menores, aprobada en 2021, relaciona la homosexualidad con la pederastia, por lo que es considerada homófoba por diferentes ONG y ha sido criticada por la Unión Europea, a la que Hungría pertenece. En respuesta, la UE lanzó una acción legal contra Hungría y congeló los fondos para el país. Pero a principios de 2024, Orbán duplicó su postura, diciendo que “ningún dinero en el mundo” le haría aceptar lo que llamó propaganda LGBTQ+.

Esa norma prohíbe hablar de la homosexualidad en espacios y publicaciones para menores y obliga a las librerías a vender en sobres cerrados los libros en la sección juvenil que abordan ese tema. En 2023, el ultraderechista Orbán aprobó una ley que permite las denuncias anónimas contra familias homosexuales.

Pese a las políticas de Orbán, el apoyo al desfile del Orgullo sigue creciendo entre los húngaros. Mientras que en 2019 el 34% de los encuestados aseguraba que se debería prohibir, hoy solo piensan así el 27%.

Los organizadores afirman que, pese a las prohibiciones, este año se celebrará también el Día del Orgullo, que cumple 30 años en Hungría.

Dávid Vig, director de Amnistía Internacional Hungría, calificó la ley como “un ataque frontal completo contra la comunidad LGBTI y una violación flagrante de las obligaciones de Hungría de prohibir la discriminación y garantizar la libertad de expresión y la asamblea pacífica. En la víspera del 30 aniversario del orgullo de Budapest en junio, esta prohibición dañina retrocede el reloj tres décadas, socavando aún más los derechos ganados de las personas LGBTI en Hungría”.

***

El ultraconservador Viktor Orbán establece así las bases de un Estado cristiano y liberal en Hungría con una modificación constitucional diseñada a su medida. Fidesz, el partido del primer ministro, junto con su socio de coalición KDNP, presentó al Parlamento esta semana su decimoquinta reforma constitucional desde que asumió el poder en 2010. Con la aprobación asegurada gracias a su supermayoría en el Parlamento, la nueva Ley Básica húngara se utilizará para prohibir la marcha del Orgullo LGTBI. Además, establecerá que solo existen dos géneros, masculino y femenino, y corregirá el texto para priorizar al hombre sobre la mujer. Otras modificaciones alterarán la forma en que el gobierno puede actuar por decreto y permitirán la deportación de ciudadanos con doble nacionalidad bajo el pretexto de la seguridad nacional.

La reforma se justifica en un documento en el que Fidesz manifiesta su oposición a las “tendencias del mundo occidental que reinterpretan las instituciones tradicionales, como la familia y la identidad nacional“. También argumentan que la cultura cristiana es la base sobre la que se sustenta el país.

Aunque la Constitución no menciona a las personas LGTBI, al referirse a los derechos de la infancia y a “la protección de su desarrollo físico, mental y moral“, queda claro en Hungría que el Gobierno busca limitar de nuevo los derechos de esta comunidad, presentándolos como una amenaza. Este principio se alinea con la polémica ley considerada homófoba por la UE, que ha resultado en la suspensión de miles de millones de euros de fondos europeos. Además, al afirmar que esta garantía de cuidados “prevalece sobre todos los demás derechos fundamentales, excepto el derecho a la vida“, se establece una conexión directa con el derecho de reunión, que es la base de la marcha del Orgullo LGTBI.

Orbán ya había advertido sobre la intención de prohibir el desfile a finales de febrero, aconsejando a los organizadores que no se molestaran en prepararlo, ya que sería “una pérdida de tiempo y dinero“. Su jefe de Gabinete, Gergely Gulyás, posteriormente explicó que Fidesz estaba trabajando en una reforma constitucional para impedir que el Orgullo se llevara a cabo en espacios públicos, sugiriendo que podría desarrollarse en un lugar cerrado, de manera privada.

En una reforma anterior, se definió en la Ley Fundamental que “la base de la relación familiar es el matrimonio y la relación padre-hijo. La madre es una mujer, el padre es un hombre“. Ahora, esa definición se amplía a: “La base de la relación es el matrimonio y la relación paterno-filial. Una persona es un hombre o una mujer. El padre es un hombre, la madre es una mujer“.

Con estos cambios, Orbán sigue el ejemplo de la cruzada contra las personas trans de su admirado Donald Trump. Una vez que asumió la presidencia por segunda vez, Trump declaró que la política oficial de Estados Unidos sería que solo existen dos géneros, masculino y femenino. Orbán, a su vez, ha declarado en una intervención que “escribamos en la Constitución que una persona es hombre o mujer. Y punto“. El texto que presenta los cambios para impedir el reconocimiento legal de las personas trans sostiene que “la fijación del sexo biológico garantiza el desarrollo sano de la sociedad y el mantenimiento de las normas comunitarias fundamentales“.

Fidesz enfatiza que “el sexo al nacer es una condición biológica que puede ser masculino o femenino, de acuerdo con el orden de la creación. El Estado es responsable de garantizar la protección jurídica de este orden natural y de impedir los intentos de cambiar el sexo al nacer“. Esta ambigua referencia al “orden de la creación” ha sido interpretada como un fundamento que se basa en el relato bíblico que sostiene que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer, por lo que sitúa al género masculino por delante del femenino. Donde antes la Constitución hablaba de madre y padre, ahora se referirá primero al progenitor y después a la progenitora.

Según Márta Pardavi, defensora de los derechos humanos y copresidenta del Comité Helsinki de Hungría, todas estas propuestas, que provienen de un “manual de estrategia iliberal putinesco“, buscan “polarizar la sociedad y forzar a los actores políticos a tomar partido“. La narrativa polarizadora ahora se eleva a la Constitución.

Otros artículos que se reforman permitirán al Gobierno decidir sobre la prórroga y el fin del estado de emergencia declarado en 2022, sin necesidad de pasar por el Parlamento. Al mismo tiempo, se limitan algunas prerrogativas del Ejecutivo, ya que las iniciativas que suspendan una ley o se desvíen de ciertas disposiciones legales necesitarán el respaldo de una mayoría de dos tercios.

Los ultraderechistas Abascal y Orban coinciden en su LGTBIfobia

La nueva versión de la Constitución húngara también garantiza el pago en metálico como derecho constitucional. Asimismo, incluye medidas como la posibilidad de expulsar a ciudadanos con doble nacionalidad si sus acciones se consideran “una amenaza para la soberanía nacional, el orden público, la integridad territorial o la seguridad“. Pardavi indica que este texto es muy vago desde el punto de vista jurídico, y podría excluir a los ciudadanos de la UE. “Un mensaje intimidatorio se está convirtiendo en ley, lo que deja a muchas personas ansiosas, preguntándose si podrían enfrentar repercusiones por asistir a protestas o expresar sus opiniones políticas en las redes sociales“, lamenta la copresidenta del Comité Helsinki de Hungría.

Fuente El País/Agencias

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Qué Fe más frágil… ¿Les ofende cualquier patochada y no ven la discriminación de la mujer en el seno de la Iglesia?… ¿Y la Sra. jueza no tiene otra cosa mejor que hacer?

Abogados Cristianos interpuso esta semana una denuncia ante los juzgados de Gijón

El Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha acordado abrir diligencias por un posible delito de discriminación tras la denuncia presentada por Abogados Cristianos contra los organizadores de la manifestación por el 8M en Gijón / Xixón

La organización interpuso esta semana una denuncia ante los juzgados de Gijón al entender que “la procesión anticristiana” de la ‘Santina Queer‘ podría constituir un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos

Abogados Cristianos se sumó así a la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo que denunció los mismos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)

14.03.2025 | RD/Efe

Fuente Religión Digital

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Ahora está rogando a la gente que compre las Biblias de $60 para poder distribuirlas en las escuelas de todos modos.

Por Daniel Villarreal, martes 11 de marzo de 2025

Ryan Walters, el nacionalista cristiano que preside el Departamento de Educación del Estado de Oklahoma (OSDE), solicitó al gobierno estatal 3 millones de dólares para comprar 55.000 ejemplares de Biblias de 60 dólares firmadas por el presidente Donald Trump para distribuirlas en las aulas de todo el estado. El gobierno rechazó recientemente su solicitud, por lo que Walters ha lanzado una campaña independiente de recaudación de fondos, pidiendo a donantes en línea que las adquieran individualmente para las escuelas.

A finales de julio, Walters emitió una directiva que exige que las aulas de 5.º a 12.º grado de las escuelas públicas enseñen sobre la Biblia y los Diez Mandamientos. Al menos 13 de los distritos escolares más grandes del estado se negaron, alegando que su orden violaba diversas leyes constitucionales y estatales de educación. La Corte Suprema del estado suspendió recientemente la orden de Walters, impidiendo que el OSDE la haga cumplir.

Tras emitir su directiva bíblica, Walters indicó que las Biblias de las escuelas debían incluir reimpresiones de la Constitución, la Carta de Derechos, la Declaración de Independencia y el Juramento a la Bandera para que los estudiantes pudieran estudiar fácilmente los documentos en paralelo. Sin embargo, estos documentos solo se encuentran en la Biblia “God Bless the USA” del cantautor cristiano Lee Greenwood, un producto que contó con el respaldo de Trump y por cuya venta, según se informa, recibe regalías.

Cuando Walters solicitó financiación a la legislatura estatal, los legisladores le preguntaron por qué no consideraba opciones más económicas, como que organizaciones religiosas donaran las Biblias o que los estudiantes accedieran a ellas a través de aplicaciones en línea, según The Oklahoman. Las Biblias sin los documentos políticos estadounidenses mencionados se venden en línea por unos 7 dólares, con descuentos por pedidos al por mayor.

A principios de marzo, un subcomité del Senado de Oklahoma sobre financiación estatal y educación rechazó la solicitud de financiación de Walters. La senadora estatal Mary Boren (demócrata), miembro del subcomité, declaró a KOCO: «El comité se centró principalmente en solicitudes presupuestarias sin muchas complicaciones legales. Queríamos centrarnos en lectura y matemáticas».

El senador estatal Adam Pugh (republicano), quien preside el subcomité, afirmó que Walters debería colaborar con el Departamento de Educación de Oklahoma (OSDE) para encontrar financiación para las Biblias. El gobernador Kevin Stitt (republicano) declaró en una conferencia de prensa esta semana que tampoco apoya la idea de gastar 3 millones de dólares de impuestos en Biblias. Así, Walters ayudó a lanzar una página en el sitio web de la Biblia “Dios Bendiga a los EE. UU.”, invitando a los usuarios a comprar ejemplares individuales y donarlos a escuelas estatales.

“Dios, el cristianismo y los valores morales son de suma importancia”, dice la página web. “Es crucial educar a la próxima generación de líderes estadounidenses: ¡sus hijos! El objetivo de esta campaña es proporcionar ejemplares de la Biblia “Dios Bendiga a los EE. UU.” a tantas escuelas del Departamento de Educación del estado de Oklahoma como sea posible”.

Esta semana, la Corte Suprema del estado emitió una suspensión que prohíbe a Walters hacer cumplir sus órdenes sobre la enseñanza bíblica en las escuelas. La demanda que impugna la orden de Walters lo acusa de violar las protecciones constitucionales contra la enseñanza religiosa exigida por el gobierno y de intentar eludir ilegalmente los procesos legislativos necesarios para promulgar una orden tan amplia en las escuelas públicas estatales.

Si bien Walters se ha comprometido a seguir adelante con su directiva, un grupo de organizaciones opositoras (incluida la ACLU) declaró sobre el fallo del tribunal: “Esta victoria es un paso importante para proteger la libertad religiosa de todos los estudiantes y padres en Oklahoma. El superintendente Ryan Walters ha estado abusando de su poder y el tribunal frenó esos abusos hoy”.

Walters, que quiere prohibir los libros LGBTQ+ pero enseñar la Biblia en las clases de historia de las escuelas públicas, ya ha difundido anteriormente la mentira transfóbica de que las escuelas proporcionan cajas de arena a los estudiantes que se identifican como gatos. También se refirió a los sindicatos de docentes como “organizaciones terroristas” e intentó ilegalmente establecer normas que prohibieran los libros LGBTQ+ y el acceso a los baños de las personas transgénero en las escuelas.

Ha participado en eventos organizados por Moms for Liberty, un grupo de derecha que defiende los derechos de los padres y que se opone a la comunidad LGBTQ+, al que el Southern Poverty Law Center ha calificado como un grupo de odio extremista. Designó a nacionalistas cristianos para que ayudaran a reescribir el currículo de estudios sociales del estado. También nombró a Chaya Raichik, activista anti-LGBTQ+ conocida en línea como Libs of Tik Tok, como Asesora de Medios de la Biblioteca para el estado (a pesar de no tener experiencia educativa, no residir en Oklahoma y haber publicado publicaciones que han generado amenazas de bomba contra estudiantes).

Tras la muerte de Nex Benedict, de 16 años, en febrero, las políticas anti-LGBTQ+ de Walters fueron objeto de un intenso escrutinio, y muchos aliados y defensores lo acusaron de fomentar el ambiente de hostilidad hacia los estudiantes LGBTQ+ que contribuyó a la trágica muerte del adolescente trans. La Human Rights Campaign y más de 350 organizaciones de derechos LGBTQ+, grupos de derechos civiles y líderes enviaron una carta abierta a la legislatura estatal de Oklahoma exigiendo la destitución de Walters.

En agosto pasado, 21 legisladores republicanos de Oklahoma pidieron una investigación de destitución por la gestión de Walters en el Departamento de Educación.

Fuente LGBTQNation

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Un nuevo memorando del Pentágono ha revelado que las exenciones para los hombres y mujeres trans que prestan servicios militares están condicionadas a que nieguen su identidad.

El documento, titulado Clarifying Guidance on Prioritising Military Excellence and Readiness: Retention and Accession Waivers, fue presentado por el gobierno de los EE. UU. como parte del caso judicial Talbott vs. Trump presentado por GLAD Law y el National Center for Lesbian Rights (Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas) en respuesta a la orden ejecutiva del presidente que tenía como objetivo evitar que las personas trans presten servicio en las fuerzas armadas.

Firmada por el presidente a fines de enero, la orden ejecutiva declaró que el ejército ha sido “afligido por una ideología de género radical” y afirmó que “expresar una identidad de género falsa divergente del sexo de un individuo no puede satisfacer los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar”.

La orden cumplió la promesa de campaña de Trump de restablecer su prohibición militar anterior a las personas trans, que entró en vigor durante su primer mandato pero que posteriormente fue revocada por Joe Biden, y se produjo junto con una ofensiva contra las políticas de igualdad en el gobierno y el ejército.

La demanda sostiene que la primera prohibición de Trump, en 2017, fue declarada inconstitucional y que la orden “traiciona los valores estadounidenses fundamentales de igualdad de oportunidades y de juzgar a las personas por sus méritos”.

El nuevo memorando establece que las “restricciones médicas, quirúrgicas y de salud mental” que conllevan la disforia de género y la atención de afirmación de género, incluida la “terapia hormonal cruzada o la reasignación de sexo o la construcción genital, [son] incompatibles con el servicio militar”.

El documento continúa diciendo que los miembros transgénero de las fuerzas armadas podrían ser elegibles para exenciones de retención o adhesión, pero solo si tienen un conjunto de habilidades o un papel especializado que fue vital para las “capacidades de combate” del país y si esencialmente renuncian a su identidad trans y se ocultan.

Para obtener una exención, el personal debe haber vivido en su sexo asignado al nacer durante al menos 36 meses consecutivos, nunca haber intentado la transición a un sexo diferente al asignado al nacer y haber adherido a las normas asociadas con su sexo asignado al nacer.

Las exenciones se considerarán “caso por caso“.

Un memorando anterior presentado ante el tribunal detallaba cómo el Pentágono identificaría a las tropas trans en un plazo de 30 días y, en un plazo de 30 días a partir de eso, comenzaría a “separarlas” del ejército.

Varios miembros trans del ejército, la marina y la fuerza aérea han expresado su oposición a las propuestas de Trump, enfatizando que su género y su capacidad para servir no son mutuamente excluyentes.

En declaraciones a Task & Purpose, una publicación que sirve a la comunidad militar, la sargento mayor de la fuerza aérea Alexandria Holder, quien ha sido analista del lenguaje criptológico árabe durante más de 20 años, dijo: “Que alguien diga que no sirvo con integridad y que lo que ofrezco no es deseado ni bienvenido en el uniforme, me duele”.

Fuente PinkNews

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Outlaw, la organización estudiantil LGBTQ+ del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, en Washington, DC, condenó recientemente a la Federalist Society, un grupo de expertos políticamente conservador, por organizar un foro en la facultad de derecho sobre la revocación de la decisión Bostock v. Clayton County de la Corte Suprema de Estados Unidos, que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo de las personas LGBTQ+. El caso se refiere a la decisión del condado de Clayton de despedir a Gerald Bostock en 2013 debido a su identidad como hombre homosexual; el tribunal finalmente se puso del lado de Bostock.

La Sociedad Federalista es una sociedad jurídica conservadora y libertaria con capítulos en facultades de derecho de todo el país. El debate del 29 de enero se tituló “¿Debería la Corte revocar Bostock?”. Al mismo tiempo, Outlaw organizó un debate titulado “Más allá de Bostock: perspectivas personales y profesionales sobre las leyes antidiscriminación LGBTQ+”.

Una petición que distribuyó el grupo estudiantil afirmaba que el evento estaba “invitando a hacer daño a una comunidad marginada en nuestro campus”, según The Georgetown Voice. La petición continuaba diciendo:

“La libertad de expresión es un derecho importante que debe protegerse. Sin embargo, organizar un debate en el campus sobre los méritos de este caso bien resuelto puede indicar a otros, en este campus y en toda la comunidad en general, que negar protecciones legales a las personas LGBTQ+ es legal y socialmente permisible”.

Además de la petición, Outlaw organizó su propio foro, celebrado al mismo tiempo que el programa de la Sociedad Federalista, sobre el mismo fallo judicial.

Fuente The Georgetown Voice.

General, Iglesia Católica Bostock v. Clayton County, Corte Suprema, DC, en Washington, Federalist Society, Homofobia/Transfobia, Outlaw Center, Universidad de Georgetown, Washington D.C.

La policía que investiga la tortura y asesinato del hombre trans, Sam Nordquist, ha alegado que dos niños podrían haber sido coaccionados para dañarlo antes de su muerte. Los menores no han sido identificados y las autoridades buscan proteger su identidad mientras continúa la investigación.

Las acusaciones fueron realizadas por oficiales que trabajan en el caso en el estado de Nueva York, luego de que siete personas fueran acusadas de asesinato en primer grado. Si son declarados culpables, se enfrentan a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Los sospechosos, Precious Arzuaga, Patrick Goodwin, Kyle Sage, Jennifer Quijano, Emily Motyka, Kimberly Sochia y Thomas Eaves, también han sido acusados de secuestro y poner en peligro a menores dentro del acta de 11 cargos.

Sam Nordquist, originario de Minnesota, fue encontrado muerto en un campo en el norte del estado de Nueva York en febrero, después de que su familia lo reportara como desaparecido y solicitara a la policía estatal realizar un chequeo de bienestar. Tenía 24 años.

Llegó al estado en septiembre, después de comprar un pasaje de ida y vuelta para conocer a una “novia por internet”. Sin embargo, poco después de su llegada, perdió el contacto con sus seres queridos. La policía descubrió que había estado viviendo en el motel Patty’s Lodge, en la pequeña ciudad de Canandaigua, a unas 300 millas de Manhattan.

El 13 de febrero, se descubrieron restos humanos, que se cree pertenecen a Nordquist, en un campo en el condado de Yates, y la policía dijo que había evidencia de que había sido “sometido a un abuso físico y psicológico prolongado”.

Se alega que Nordquist fue agredido sexualmente con una pata de mesa y palos de escoba, y fue golpeado con palos, juguetes para perros, cuerdas y cinturones.

El miércoles (5 de marzo), en una conferencia de prensa, Kelly Wolford la fiscal adjunta del condado de Ontario, expresó su consternación al afirmar que los crímenes son “casi imposibles de comprender”. Según las autoridades, los acusados trataron a Nordquist “como a un perro”, obligándolo a obedecer órdenes bajo condiciones inhumanas.

Uno de los aspectos más impactantes del caso es la presunta coerción de los dos menores para participar en los abusos. Según la acusación, Arzuaga habría obligado a los niños a intervenir en los ataques contra Nordquist para “participar en la conducta que se menciona en este incidente”.

Wolford calificó este hecho como “uno de los aspectos más preocupantes” de la investigación, señalando que las vidas de los menores quedaron marcadas para siempre por lo que presenciaron y vivieron:  “Tener a dos niños participar en la golpiza de otro ser humano es profundamente perturbador. Ha sido, hablo por mí misma y por todos los involucrados en esta investigación, una de las partes más preocupantes de esto. Es desgarrador. 

Hasta el momento, no se ha confirmado si los niños son hijos de Arzuaga, tampoco si están bajo custodia estatal. Wolford evitó comentar sobre este tema, pero subrayó que los menores también son considerados víctimas en este caso.

Wolford también destacó que los siete acusados se conocían entre sí, algunos de ellos mantenían relaciones románticas. Entre los implicados, Goodwin y Sage ya tenían antecedentes por delitos sexuales y estaban en libertad condicional al momento de los hechos. Goodwin, además, residía en una habitación cercana en el motel Patty’s Lodge, donde Nordquist fue retenido y torturado.

“Sam fue golpeado, asaltado, sexualmente abusado, hambriento, mantenido cautivo… tratado como un perro”, afirmó, añadiendo que se le había echado lejía y se vio obligado a comer heces y beber orina. “No podemos adjudicar eso a su género ni a su raza. Sé que muchos se harán la pregunta: ¿por qué? Bueno, mientras esté aquí hoy como ser humano, nunca conoceremos la respuesta.”

La familia de Nordquist ha cuestionado duramente la actuación de las autoridades locales, sugiriendo que su muerte pudo haberse evitado. Según declaraciones de su madre, Linda Nordquist, y su hermana, se solicitaron dos controles de bienestar para Sam antes de su desaparición. Además, afirmaron que Nordquist había expresado sentirse en peligro ante una agencia local de servicios sociales.

“Sam podría estar vivo hoy si hubieran hecho su trabajo”, declaró Linda Nordquist entre lágrimas. La policía estatal de Nueva York respondió a estas críticas asegurando que tomaron “las medidas de investigación adecuadas”. Sin embargo, el Departamento de Servicios Sociales del condado de Ontario no ha emitido comentarios al respecto.

La muerte de Nordquist provocó un torrente de dolor en las comunidades LGBTQ+ de todo EE. UU., y se realizó una vigilia en la Biblioteca Wood, en Canandaigua. Los medios locales informaron que una fotografía de Nordquist estaba rodeada de flores, en los colores de la bandera trans, en la vigilia, y un cartel con las palabras “unidos y luchando por la liberación queer y trans” estaba colgado en la sala.

La asociación Rochester LGBTQ+ Together afirmó sentirse “enojados y disgustados” al conocer el asesinato de Nordquist.

En Bluesky, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló que los acontecimientos en torno al asesinato de Nordquist habían sido “profundamente perturbadores” y que “Minnesota apoya a nuestros vecinos LGBTQ contra este impensable crimen“. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una declaración el 15 de febrero en la que afirmó que su despacho brindaría todo el apoyo necesario para poder hacer justicia para Nordquist, y ofreció su apoyo a la familia de Nordquist y a cualquier persona que lo necesitara.

Linda Nordquist, madre de Sam Nordquist, dio una entrevista para la cadena WROC, afiliada de NewsNation, en la que afirmó que su hijo “te habría dado hasta la camisa que llevaba puesta“. Añadió que era “muy amable, amaba a su familia, amaba a sus sobrinos, era muy extrovertido y trabajaba duro“. Cuando se le preguntó sobre las cinco personas detenidas, respondió: “Pueden pudrirse. Son escoria, son malvados, no sé cómo alguien puede ser tan malvado“.

Tres miembros del consejo municipal de Rochester compartieron un comunicado de prensa en el que expresaron: “Reafirmamos nuestro compromiso de proteger los derechos de las personas trans y garantizar la seguridad de todos. Queremos dejar claro que pertenecen a nuestra comunidad, de manera plena, abierta y sin miedo“.

La New Pride Agenda, una asociación por los derechos del colectivo LGBTQ+ con sede en Nueva York, afirmó que estaban “devastados y enfurecidos” por el asesinato de Nordquist, y que “este no es un incidente aislado; es una consecuencia trágica de la creciente cultura del odio en nuestra sociedad“.

El New York City Anti Violence Project publicó una declaración en la que afirmaba que, independientemente de si las fuerzas del orden clasificaron el asesinato como un delito de odio, la violencia anti-trans suele cruzarse con el racismo, la violencia de odio y la violencia de pareja, y señaló que aproximadamente el 30% de los homicidios de personas trans el año pasado fueron cometidos por alguien que la víctima conocía. El director ejecutivo del proyecto afirmó que el asesinato se basó en una combinación de factores que incluyen “la creciente permisividad hacia el sentimiento anti-trans, la falta de apoyo a las personas trans de color que buscan relaciones cercanas y una indiferencia cultural hacia la humanidad de las personas LGBTQ“.

GLAAD, la organización de defensa LGBTQ más grande del país, ha instado a los fiscales de Nueva York a presentar cargos por delitos de odio. En un comunicado de prensa, afirmaron: “Si bien nos alienta ver que las fuerzas del orden actúan rápidamente para investigar este hecho horrible, advertimos a los investigadores que no descarten los cargos por delitos de odio” y “el odio anti-LGBTQ puede ser perpetrado por cualquier persona, independientemente de su relación con la víctima o su propia identidad de género u orientación sexual“.

Fuente Univisión/Infobae

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Zooey Zephyr (izda) y SJ Howell (dcha)

Victorias como esta son lo que sucede cuando elegimos a personas transgénero y no binarias para el gobierno.

Por Arin Waller Viernes, 7 de marzo de 2025

En un sorprendente giro de los acontecimientos, los representantes republicanos de la Cámara de Representantes en Montana decidieron cruzar el pasillo y votar en contra de dos proyectos de ley antitransgénero, luego de los poderosos discursos pronunciados por los representantes transgénero Zooey Zephyr y SJ Howell.

El presidente Donald Trump ha dejado muy clara su oposición a los derechos LGBTQ+ y, como resultado, los republicanos e incluso algunos demócratas se han sentido envalentonados para impulsar el sentimiento anti-LGBTQ+. Los legisladores republicanos en numerosos estados han propuesto proyectos de ley dirigidos a las personas trans, y los estados dominados por el Partido Republicano como Montana no son una excepción.

El 6 de marzo, día 47 de la 69.ª Legislatura de Montana, los legisladores debatieron casi 250 proyectos de ley, incluidos algunos dirigidos a la población trans, que los representantes republicanos apoyaron en gran medida, con algunas excepciones notables.

El proyecto de ley 675 de la Cámara de Representantes, patrocinado por el representante Caleb Hinkle (republicano), prohibiría las actuaciones de drag y los desfiles del Orgullo en Montana. Hinkle lo propuso en respuesta a una prohibición anterior de drag queens que él mismo había patrocinado y que fue anulada por los tribunales después de que se utilizara contra una mujer trans que no era una artista drag para impedirle hablar en un evento de la biblioteca.

Para evitar esta decisión, el representante Hinkle propuso conceder a las personas el derecho privado de demandar a los artistas drag en lugar de depender de la aplicación de la ley por parte del estado. Hinkle calificó el hecho de ser transgénero como “un fetiche” durante las audiencias del comité.

La representante Zooey Zephyr (demócrata) tomó la palabra y dio un apasionado discurso en respuesta.

“En esencia, el drag es arte. Es un arte muy hermoso. Tiene una historia profunda en este país y es importante para mi comunidad. Ya sabes, si eres una mujer en este organismo que viste un traje hoy, de alguna manera estás desafiando las normas de género que existían hace mucho tiempo”, dijo.

“Hace 50 años, existían leyes que exigían tres prendas de vestir que indicaran el sexo opuesto, que te podían detener y arrestar”, continuó. “Fueron esas leyes las que llevaron a la policía a allanar un bar LGBTQ+ que condujo a los disturbios de Stonewall, uno de los momentos más importantes de los derechos civiles en la historia de mi comunidad”.

Añadió: “El patrocinador… dijo que este proyecto de ley es necesario… y cito sus palabras… ‘porque el transgenerismo es un fetiche basado en el travestismo’. Y estoy aquí para pararme frente al cuerpo y decir que mi vida no es un fetiche. Mi existencia no es un fetiche. Hace un mes, estaba orgullosa de tener a mi hijo en la galería aquí. Muchos de ustedes del otro lado lo conocieron. Cuando voy a acompañarlo a la escuela, eso no es una exhibición lasciva. Eso no es un fetiche. Esa es mi familia. Esto es lo que estos proyectos de ley intentan perseguir… no espectáculos obscenos frente a los niños; “Tenemos la prueba Miller para eso, tenemos leyes para eso. Esta es una manera de apuntar a la comunidad trans, y eso es en mi opinión, y en las propias palabras del orador”.

En un giro sorprendente de los acontecimientos, la representante Sherry Essmann (R) salió en defensa del representante Zephyr, reprendiendo al patrocinador del proyecto de ley por usar los derechos de los padres como su argumento para convertir este proyecto de ley en ley, señalando que un proyecto de ley de ese tipo obstaculizaría los derechos de los padres como el representante Zephyr, y que los representantes que apoyan los derechos de los padres deberían votar en contra de este proyecto de ley.

En las propias palabras de la representante Essmann, “Estoy hablando como madre y abuela. Y estoy muy emocionada porque sé que la representante en el escaño 20 también es madre. No importa lo que pienses de eso, ella está haciendo lo mejor que puede para criar a un niño. Hice lo mejor que pude para criar a mis hijos como me pareció mejor y doy por sentado que mis hijos criarán a mis nietos como les parezca mejor”,

Tras estos dos discursos, 13 representantes republicanos votaron en contra del proyecto de ley.

Este giro de los acontecimientos habría sido notable por sí mismo, pero no fue el único caso de cruce de bandos en cuestiones transgénero en esta sesión.

El proyecto de ley 754 de la Cámara de Representantes, de aprobarse, habría tenido consecuencias aún más devastadoras. La medida habría permitido al estado separar a los niños transgénero de sus padres.

El representante SJ Howell (demócrata) tomó la palabra para argumentar en contra de la aprobación del proyecto de ley. El representante Howell, que es no binario, señaló la vaguedad de lo que el proyecto de ley define como un niño transgénero, ya que podría significar un niño que hace cualquier cosa que desafíe las normas de género convencionales, como tener un determinado corte de pelo o probar un nuevo apodo.

“La transición de género no está definida en este proyecto de ley… entonces, ¿qué significa eso? Tal vez signifique, como dijo el patrocinador, cirugía o tratamiento médico. Tal vez signifique terapia, atención de salud mental. Tal vez signifique un niño que se corta el pelo y se pone un nuevo conjunto de ropa. Tal vez un cambio de nombre… un cambio de nombre legal, o alguien que quiera probar un nombre diferente… una lectura estricta de este proyecto de ley podría incluir todo eso”, dijo Howell.

El representante Howell insistió en que la decisión de que el estado intervenga en la remoción de un niño es un asunto serio que tiene mucho peso. Instaron a los legisladores a tener eso en cuenta y considerar las consecuencias reales.

“Pónganse en el lugar de un trabajador [de los Servicios de Protección Infantil] que se enfrenta a una persona joven, de 15 años tal vez, que es feliz… saludable… que vive en un hogar estable con padres amorosos, que recibe apoyo y tiene sus necesidades satisfechas. ¿Y se supone que deben sacar a ese niño de su hogar y ponerlo al cuidado del estado? No deberíamos estar haciendo eso de ninguna manera”, dijeron.

El proyecto de ley fue a votación; esta vez, el partido republicano de Montana estaba completamente dividido sobre el asunto con 29 representantes republicanos votando en contra, matando el proyecto de ley con un voto mayoritario de todos los representantes.

Al discutir los resultados de estas dos decisiones, la representante Zephyr recurrió a Bluesky, donde en una publicación escribió: “Este tipo de votos nacen de la representación trans en el gobierno”.

Fuente LGTBQNation

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Montana, Partido Demócrata (PD), Partido Republicano (PR), Personas LGTBIQ, Personas trans, Sherry Essmann, SJ Howell, Zooey Zephyr

El obispo Léo Wagener

Un obispo auxiliar de Luxemburgo ha dicho que el gran éxodo católico de la iglesia el otoño pasado fue el resultado de los comentarios que el Papa Francisco hizo allí en septiembre en los que afirmó que hay diferencias inherentes entre hombres y mujeres, una tesis que denigra a las personas LGBTQ+.

 Katholisch.de informó que en una entrevista, el obispo Léo Wagener dijo que 80 personas abandonaron oficialmente la iglesia en octubre y noviembre, apenas un mes después de que el Papa hablara en la Universidad Católica de Lovaina, donde argumentó que los hombres y las mujeres tienen cualidades y roles separados en la sociedad. El discurso fue recibido con críticas por parte de la universidad, que declaró que no estaban de acuerdo con la “posición determinista y reduccionista” presentada por el Papa Francisco.

Durante su visita a la escuela, el rector de la universidad había pedido al Papa una mayor igualdad para las personas LGBTQ+ en la iglesia, así como una mayor igualdad para las mujeres. El National Catholic Reporter detalló sus comentarios:

“En su discurso de amplio alcance, en el que elogió al Papa por su apoyo a los refugiados, sus esfuerzos para combatir el cambio climático y su compromiso con una mayor participación de los laicos en la vida de la Iglesia, el rector lamentó que la Iglesia “con demasiada frecuencia proporciona respuestas universales “de una vez por todas”.

“‘Es alentador que usted, el Papa, tenga el coraje de cuestionar públicamente quién es para juzgar a las personas con una orientación diferente’, dijo Sels, en referencia a la famosa respuesta del Papa en 2013 de ‘¿Quién soy yo para juzgar?’ cuando se le preguntó sobre los sacerdotes homosexuales.

“‘¿No ganaría la Iglesia autoridad moral en nuestro rincón del mundo si tuviera un enfoque menos forzado sobre el tema de la diversidad de género y mostrara más apertura hacia la comunidad LGBTQIA+?’, preguntó Sels, señalando que estaba complacido de que tanto los obispos flamencos como los teólogos de Lovaina hayan ampliado su alcance a los católicos homosexuales”.

Sels también pidió la ordenación de mujeres:

“¿Por qué toleramos esta considerable brecha entre hombres y mujeres en una iglesia que tan a menudo recae sobre los hombros de las mujeres? . . . ¿No sería la iglesia una comunidad más cálida si hubiera un lugar destacado para las mujeres, también en el sacerdocio?”

Desde entonces, ha habido un gran número de retiros de iglesias en todo el país. Sin embargo, esta reducción no es un problema nuevo: Luxemburgo ha visto un descenso de la población católica a lo largo de los años. Actualmente hay 271.000 católicos en Luxemburgo, lo que representa el 41% de la población del país. Diez años antes, 411.000 se identificaban como católicos.

Este marcado descenso podría deberse a una tendencia hacia la disminución, pero no al final, del apoyo estatal a las iglesias en 2015. Además, la Archidiócesis experimentó un déficit de un millón de euros en 2023. Las donaciones, que cubren la mitad del presupuesto, siguen disminuyendo un 5% cada año.

Según Wagener, el país se encuentra con una “Iglesia de la decisión” en lugar de una “Iglesia de la costumbre”. La gente ahora está tomando sus propias decisiones sobre si practicar o no el catolicismo. En épocas anteriores, muchos participaban en la Iglesia o en la educación religiosa debido a la tradición familiar.

Si bien el Papa Francisco ha hecho algunos avances en el liderazgo de las mujeres en la Iglesia, sus palabras sobre el género a menudo muestran que no entiende la igualdad total entre hombres y mujeres. Además, esa visión no reconoce ni afirma las minorías sexuales y de género. Si bien el Papa Francisco ha sido elogiado por sus opiniones progresistas, todavía hay margen de mejora para poder defender verdaderamente la igualdad.

–Sarah Cassidy, New Ways Ministry, 5 de marzo de 2025

Fuente New Ways Ministry

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Catholic University of Leuven, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Léo Wagener, Personas LGTBIQ

Debajo de las alarmantes estadísticas hay historias reales de dolor, miedo y resiliencia.

Por Daniel Anthony. Viernes, 7 de marzo de 2025

En 2024, Camerún sufrió una severa represión de los derechos de las personas LGBTQ+. Las organizaciones de derechos humanos informaron de que al menos 50 personas fueron arrestadas y detenidas por cargos de homosexualidad entre julio y diciembre. Durante este período, también se registraron 17 casos de ataques violentos contra personas percibidas como homosexuales, incluidos seis asesinatos.

Las autoridades camerunesas intensificaron las detenciones, el acoso y la violencia contra las personas sospechosas de ser LGBTQ+. Este enfoque ha contribuido a un clima de miedo y ha aumentado los desafíos para una comunidad ya de por sí vulnerable.

Detrás de las alarmantes estadísticas se esconden historias reales de dolor, miedo y resiliencia. Los cameruneses LGBTQ+ se enfrentan a múltiples niveles de trauma, empezando por las detenciones violentas que suelen llevar a cabo la policía en colaboración con informantes de la comunidad y grupos de justicieros. Las redadas en sus domicilios particulares, las detenciones arbitrarias y la humillación pública se han convertido en la norma. Mientras están detenidos, muchos de ellos se enfrentan a un trato degradante que incluye palizas, violencia sexual y abuso psicológico destinado a obligarlos a confesar o intentar “reformar” sus identidades.

El 30 de septiembre, una redada policial en la ciudad de Douala condujo a la detención de 13 activistas y miembros de Alternatives-Cameroun, una organización que defiende la salud y los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+.

El equipo estaba concluyendo el proyecto CHILL, una iniciativa centrada en la salud pública y la prevención del VIH en su oficina de Douala, cuando el fiscal, acompañado de agentes con placas de Interpol y oficiales de policía, allanó las instalaciones.

Entrevistaron a todos los presentes, confiscaron sus teléfonos y realizaron registros exhaustivos antes de detener a 13 personas, incluido un joven de 17 años, acusados de trata de personas, práctica médica no autorizada y homosexualidad. Si bien nueve de las personas arrestadas fueron posteriormente puestas en libertad bajo fianza, cuatro hombres fueron detenidos.

Los cuatro detenidos —Denis Watonawa, Oumarou, Hermine Ngo Ndaptie y Fotie Zidane— fueron recluidos en la prisión de New Bell en Douala. Los tres hombres (Watonawa, Ndaptie y Zidane) fueron sometidos a exámenes anales forzados, que fueron autorizados por el fiscal y realizados en un hospital local en un intento de encontrar pruebas de homosexualidad, a pesar de sus objeciones. Sin embargo, el examen no fue concluyente porque el médico no pudo confirmar si habían mantenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo.

La Organización Mundial de la Salud y el Grupo de Expertos Forenses Independientes condenaron los exámenes, describiéndolos como una forma de tortura. Afirmaron que “no tiene ningún valor detectar anomalías en el tono del esfínter anal que puedan atribuirse de manera fiable a una relación anal consentida“.

Mientras esperaban una audiencia judicial, los detenidos se encontraban en mal estado de salud y buscaron ayuda. Uno de ellos fue presuntamente drogado y abusado sexualmente por reclusos de la prisión.

Durante la audiencia inicial del 13 de noviembre, los detenidos fueron reprendidos en prisión por cargos de homosexualidad. Tras la segunda audiencia judicial celebrada el 14 de diciembre, tres de ellos fueron puestos en libertad, dejando a un individuo que actualmente está siendo juzgado y enfrenta acusaciones de haber mantenido presuntamente relaciones sexuales con una menor de edad.

Justicia de masas

En Camerún, las personas LGBTQ+ se han visto obligadas a esconderse, a menudo abandonando sus trabajos, escuelas y hogares para evitar ser descubiertas. Las redes sociales, que en su día fueron una herramienta de conexión y activismo, se han convertido en un arma de doble filo. Ahora plantean peligros importantes, ya que las autoridades y los grupos de vigilancia vigilan estas plataformas, utilizando las conversaciones y publicaciones de los usuarios para acosarlos, atacarlos y extorsionarlos.

El Código Penal original de Camerún, establecido en 1965, no penalizaba la homosexualidad. Sin embargo, las enmiendas realizadas en 1972 introdujeron disposiciones que prohibían las relaciones homosexuales consentidas e imponían sanciones, incluidas penas de prisión de cinco años y multas, para las personas que mantenían ese tipo de relaciones.

Peter, un hombre gay de 34 años, compartió con LGBTQ Nation que fue encarcelado después de tener un encuentro casual en Grindr en 2022. Había invitado al hombre de Grindr a su casa, pero el encuentro se agrió cuando el hombre intentó extorsionarlo y, posteriormente, lo delató. Después de que el encuentro provocara un escándalo, los vecinos llamaron a la policía, lo que resultó en la detención de Peter. El hombre afirmó falsamente que Peter lo había atraído a su casa y había intentado violarlo.

“Estuve detenido en prisión sin derecho a fianza durante catorce meses y nunca fui llevado a juicio. También se me negó el acceso a un abogado y una fianza adecuada, mientras que las autoridades exigieron un soborno de 5 millones de francos CFA [aproximadamente 8.000 dólares estadounidenses] para mi liberación. Como no podía pagar esa cantidad, permanecí encarcelado hasta que una ONG intervino y me ayudó a obtener la fianza”.

“Durante mi estancia en prisión, sufrí acoso, ataques y abusos. También conocí a otros hombres que habían sido encarcelados por delitos relacionados con la homosexualidad. Algunos de ellos llevaban más de dos años encarcelados, mientras que otros fueron arrestados simplemente por la simple sospecha de que eran homosexuales. La comida escaseaba y el abuso sexual estaba a la orden del día… especialmente para los chicos homosexuales más jóvenes que soportaban constantemente el abuso sexual de los chicos mayores para poder darles… comida para comer”.

El código penal de Camerún penaliza las relaciones homosexuales consentidas. El marco legal vigente, junto con el estigma social y la discriminación, contribuye a una alta prevalencia de la violencia contra la comunidad LGBTQ+. La ambigüedad de la ley da lugar a una aplicación arbitraria sin pruebas claras. A menudo, la mera sospecha es suficiente para realizar arrestos, lo que crea un precedente peligroso que fomenta la justicia popular. Los arrestos basados únicamente en la identidad percibida son injustos e ilegítimos.

Las autoridades camerunesas tampoco protegen a las personas LGBTQ+ del acoso y la violencia. En cambio, arrestan y detienen a quienes buscan ayuda y denuncian estos incidentes. Según el Manual de investigación sobre género, sexualidad y derecho de 2020, Camerún es reconocido por procesar las relaciones homosexuales consentidas de manera más agresiva que casi cualquier otro país del mundo.

El marco legal también ha envalentonado a los grupos de vigilantes y a las comunidades a tomar el asunto en sus propias manos, lo que conduce a ataques brutales e incluso linchamientos. Un patrón que también se ha visto en países vecinos como Nigeria, Uganda, Ghana, Sudán del Sur y Senegal (donde se exhumó un cadáver y se le prendió fuego después de que la gente supiera que el fallecido era gay).

En una tragedia reciente, dos hombres fueron linchados a muerte en Yaundé, la capital de Camerún, después de que supuestamente se los vio teniendo relaciones sexuales en un automóvil. El reciente ataque provocó indignación y subrayó un desafío creciente para las personas LGBTQ+ en el país y la región en general.

Los dos hombres, ambos de aproximadamente 40 años, acababan de salir de un bar cuando los transeúntes los vieron en su automóvil. Inicialmente, los espectadores creyeron que los hombres estaban teniendo una conversación privada dentro del vehículo. Sin embargo, cuando vieron que el automóvil temblaba, su curiosidad aumentó y se acercaron al vehículo, solo para atrapar a los hombres participando en un acto sexual.

El automóvil fue rápidamente rodeado por una multitud enfurecida que sacó a los hombres y se abalanzó sobre ellos antes de que la policía interviniera y arrestara a los dos hombres. Los liberaron poco después y se cree que sobornaron a la policía, que finalmente los dejó en libertad. Esta es una práctica común en Camerún, donde las autoridades extorsionan regularmente a personas queer para evadir el arresto. Desafortunadamente, la turba vio a los hombres nuevamente y los atacó, desnudándolos y golpeándolos hasta matarlos.

Sus muertes, capturadas en un video perturbador que Facebook ha eliminado, provocaron indignación y provocaron la condena de activistas y organizaciones de derechos humanos. Criticaron la violencia e instaron a los miembros de la comunidad LGBTQ+ a tener cuidado para evitar incidentes similares en el futuro.

Música para matar

En Camerún, los políticos utilizan una retórica anti-LGBTQ+ para ganar poder presentándose como defensores de los “valores tradicionales” contra la influencia occidental. Esto tiene eco en una sociedad conservadora donde los líderes religiosos y las normas culturales se oponen firmemente a la homosexualidad, presentándola como moral y espiritualmente incorrecta. Esta perspectiva alimenta ideologías dañinas y refuerza actitudes negativas hacia las personas LGBTQ+, lo que desencadena ataques de turbas.

Una canción homofóbica que incita a la violencia y llama a la muerte de personas LGBTQ+ se volvió viral recientemente y encabezó las listas de éxitos en Camerún. La canción “Les Nerfs des Boys” (Los nervios de los chicos) de Snoopie le Mélodie, un artista camerunés, está categorizada como “música para matar”, un género que promueve la violencia contra las personas LGBTQ+.

La canción incluye letras explícitas y gráficamente violentas como: “poignardez les pédés” (Apuñalad a los maricas) y “Nous, on déteste les pédés” (Odiamos a los maricas).

Snoopy la Mélodie también distribuyó productos que decían “Apuñalad a los maricas” con una imagen de una daga ensangrentada.

El grupo de derechos humanos ADEFHO (Asociación para la Defensa de los Homosexuales) presentó una denuncia el 19 de noviembre, instando a una investigación sobre el compositor por incitar al odio y al asesinato.

En una de las peticiones presentadas, se alegó que los jóvenes que usan la mercancía han organizado pandillas, se han armado con armas y ya están atacando a personas queer. También ha habido torrentes de videos en TikTok y Facebook de personas cantando la canción y coreando “Poignardez les pédés” en las calles de Camerún. Snoopy la Mélodie interpretó recientemente la canción en varios eventos y la multitud estaba cantando.

Cuatro organizaciones francesas de derechos LGBTQ+ (Familles LGBT, Mousse, STOP Homophobie y ADHEOS) se unieron a ADEFHO para presentar una denuncia en un tribunal de París el 12 de diciembre. Buscan bloquear la distribución de una canción que, según creen, alimenta una tendencia peligrosa y contribuye al aumento de la violencia. La canción está disponible de forma gratuita en Francia en plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube y TikTok.

Para muchos cameruneses LGBTQ+, la actual ola de persecución es una lucha por la supervivencia. Mientras los sistemas legales criminalicen la homosexualidad y las actitudes africanas consientan la violencia queer, el futuro de la comunidad LGBTQ+ en el país seguirá siendo incierto. Hasta que no se aborden estas causas fundamentales, este ciclo interminable de violencia, miedo y trauma continuará.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia. Camerún, Homofobia/Transfobia, Personas LGTBIQ

Recordemos que el pasado mes de enero, los obispos católicos instaron al presidente de Ghana a aprobar ley anti-LGBT.

Los legisladores de Ghana han reintroducido un controvertido proyecto de ley que, de aprobarse, se convertiría en una de las leyes anti-LGBTQ+ más duras de África.

La legislación, titulada Proyecto de Ley de Promoción de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de Ghana, se presentó por primera vez en el parlamento en 2021, tras una represión contra la comunidad LGBTQ+. y es tan extremo que establece una pena de prisión de tres años para quienes simplemente se identifiquen como LGBTQ+, hasta cinco años de prisión para quienes hagan “promoción, patrocinio o apoyo deliberados de actividades LGBTQ+” y campaña por los derechos LGBTQ+ y una pena de prisión de hasta 10 años para cualquier persona involucrada en campañas de defensa de los derechos LGBTQ+ dirigidas a menores

Actualmente, la actividad sexual entre personas del mismo sexo es ilegal en Ghana y se considera “conocimiento carnal antinatural”, lo que se castiga con hasta tres años de prisión. Además de esto, no existe reconocimiento legal de las identidades trans, no se brinda atención que afirme el género, las protecciones contra la discriminación son básicamente inexistentes y las personas queer no pueden servir en el ejército.

El proyecto de ley fue aprobado originalmente por el parlamento de Ghana en febrero de 2024, pero antes de que terminara su mandato político, el entonces presidente Nana Akufo-Addo no lo convirtió en ley.

Su sucesor, John Dramani Mahama, asumió el cargo en enero de 2025 y fue citado diciendo que el proyecto de ley estaba “muerto“, pero agregó que pensaba que “deberíamos tener una conversación sobre ello nuevamente“. John Dramani Mahama, sin embargo, ha declarado que debe serreintroducido por el gobierno, en lugar de a través de miembros individuales del Parlamento.

El legislador de la oposición John Ntim Fordjour, un patrocinador del proyecto de ley, criticó la posición de Mahama. “Se le debe recordar que el Parlamento es una institución independiente y que el ejecutivo no puede dictar al Parlamento lo que debe hacer”, dijo Fordjour a la AP.

Fordjour, junto con otros nueve legisladores, reintrodujo el proyecto de ley la semana pasada, continuando presionando para su aprobación. Los patrocinadores del proyecto de ley han argumentado que es necesario proteger a los niños y a las personas vulnerables de la explotación y el abuso relacionados con las actividades LGBTQ+.

Según informó Reuters,  legisladores de diferentes partidos políticos de Ghana dijeron que la misma legislación, que tiene un parecido sorprendente con el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda, había sido reintroducida y fue patrocinada por 10 miembros del parlamento.

Desde que se presentó por primera vez, el proyecto de ley ha sido polémico, con grupos de derechos humanos ridiculizando a la nación de África occidental por aprobarlo y aumentando en Ghana la preocupación de que tendría un impacto en miles de millones de dólares de financiación vital de otras naciones y del Banco Mundial.

“El proyecto de ley contra los derechos LGBT es incompatible con la larga tradición de paz, tolerancia y hospitalidad de Ghana y contradice las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos”, afirmó Larissa Kojoué, investigadora de Human Rights Watch, sobre la legislación de 2024. “Una ley de ese tipo no sólo erosionaría aún más el Estado de derecho en Ghana, sino que también podría conducir a una mayor violencia gratuita contra las personas LGBT y sus aliados”.

El proyecto de ley ha planteado preocupaciones sobre su impacto económico potencial. El Ministerio de Finanzas de Ghana advirtió el año pasado que la legislación podría poner en peligro $ 3.8 mil millones en fondos del Banco Mundial, y también podría descarrilar el programa de rescate monetario (FMI) de $ 3 mil millones acordado en 2023. Ghana está actualmente en proceso de recuperación de una de sus peores recesiones económicas en décadas.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por las implicaciones del proyecto de ley tanto para los derechos humanos como para la estabilidad económica de Ghana. El año pasado, el Banco Mundial indicó que reconsideraría nuevos fondos para Uganda después de que el país aprobara su propia ley anti-LGBTQ+.

A medida que la economía de Ghana continúa su recuperación, la reintroducción del proyecto de ley anti-LGBTQ+ podría complicar las relaciones con donantes internacionales e instituciones financieras. La creciente controversia sobre el proyecto de ley destaca la tensión entre las políticas sociales del país y su necesidad de apoyo financiero externo.

A pesar de los desafíos, los legisladores de Ghana, incluidos los patrocinadores del proyecto de ley, siguen comprometidos con su aprobación, argumentando que es crucial proteger a la sociedad ghanesa de lo que describen como los peligros del activismo LGBTQ+.

La situación está siendo monitoreada de cerca por las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, que piden una mayor protección de los derechos LGBTQ+ en el país e instan al gobierno a reconsiderar su postura sobre el proyecto de ley.

Los Obispos católicos (no necesariamente cristianos) de Ghana apoyan el proyecto:

Los obispos católicos de Ghana han apoyado en gran medida la ley, que se introdujo por primera vez en 2021, y están pidiendo al presidente que la firme. De hecho, el pasado mes de enero, se reunían con el nuevo Preesidente y le instaron a aprobar ley anti-LGBT. Cuando los representantes de la Conferencia Episcopal Católica de Ghana se reunieron con el presidente de la nación africana este mes para felicitarlo por su elección, también lo instaron a volver a presentar el “Proyecto de Ley de Derechos Humanos Sexuales y Valores Familiares Adecuados“, también conocido como “Proyecto de Ley Anti-LGBT“, que el presidente describió como “efectivamente muerto“.

AdomOnline.com informó que el presidente John Dramani Maham no había dado el asentimiento presidencial al proyecto de ley antes del final del octavo parlamento. Maham también dijo que si el proyecto de ley fuera presentado nuevamente en un nuevo parlamento, debería ser patrocinado por la administración gobernante, en lugar de por un miembro individual del parlamento, porque ese estatus requeriría que incluyera más aportes y asegurara un consenso nacional. El contenido preciso del proyecto de ley actualmente no es público.

El presidente ghanés creía que la legislación es innecesaria para proteger los valores africanos, enfatizando en cambio el papel que juega la educación:

“Si enseñamos nuestros valores en las escuelas, no necesitaremos un proyecto de ley para hacer cumplir nuestros valores familiares. En lugar de aprobar el proyecto de ley sobre valores familiares, deberíamos centrarnos en acordar un plan de estudios que inculque estos valores en nuestros hijos a medida que crecen, de modo que no sea necesaria la legislación”.

Los obispos se mantuvieron firmes en que la legislación era un componente crucial, y el presidente de la Conferencia, el obispo Matthew Gyamfi, le dijo a Maham que “lo que queremos es que el proyecto de ley se convierta en ley. Eso no significa que no pueda enseñarse también en las escuelas una vez que se convierta en ley”. Añadió que “el hecho de que deba enseñarse no niega la necesidad de que se convierta en ley”. Gyamfi invocó un mandato popular y le dijo al presidente recién elegido que “los ghaneses están abrumadoramente a favor de esto, y no queremos que el lenguaje técnico socave la voluntad del pueblo”.

A pesar de la afirmación de los obispos de que existe un consenso nacional a favor del proyecto de ley, el medio de comunicación ghanés GraphicOnline lo describió como “controvertido” e informó de que durante la campaña de Maham para 2024, su aprobación del proyecto de ley dependería de su contenido y también requeriría una amplia consulta con los organismos pertinentes. El presidente afirmó que, aunque el proyecto de ley “no es un proyecto de ley anti-LGBTQI”, también dijo que las preocupaciones LGBTQ+ son, de hecho, “contrarias a nuestra cultura africana… contra nuestra fe religiosa”.

Según Graphic, Maham agradeció a los obispos por el papel de la iglesia en la educación y la atención médica y “dio la bienvenida a su aporte al desarrollo moral y educativo de la juventud de la nación”. Estos avances se producen después de que el Papa Francisco reafirmara en su nueva autobiografía que la homosexualidad “no es un crimen”. La firme oposición de los obispos a los derechos civiles LGBTQ+ ejemplifica la profunda división entre la iglesia en el norte y el sur global. Como dijo el padre James Martin en octubre de 2024, los intentos de suavizar la propia retórica de la Iglesia sobre las personas LGBTQ+, así como cualquier noción de mayor tolerancia en la sociedad civil, a menudo son vistos con sospecha y entendidos como “colonialismo ideológico” por las sociedades no occidentales. Esta tensión es quizás uno de los mayores proyectos sinodales que la iglesia global está llevando adelante, ya que cada vez tiene más peso en el sur global, particularmente en África, donde la iglesia goza de una enorme influencia en la vida pública.

El Domingo de Ramos del año pasado, 2024, el obispo Alfred Agyenta de Navrongo-Bolgatanga animó a Akufo-Addo a firmar la ley porque, según dijo, representaba la voluntad del pueblo ghanés. Comparó al presidente con Poncio Pilato en la narración de la Pasión. Adom Online informó:

“Agyenta dijo que Poncio Pilato entregó a Jesucristo para ser crucificado a pesar de que sabía que era inocente.

“Dijo que fue el miedo lo que obligó a Pilato a sucumbir a las demandas de los sumos sacerdotes y de aquellos que querían que Jesucristo fuera crucificado e instó al presidente a no sucumbir a ‘esas voces que probablemente lo convencieron de no aprobar el proyecto de ley’.

“‘Me he estado preguntando si nuestro presidente no está en el lugar de Pilato porque sabe que la decisión del Parlamento es la mente de todos los ghaneses y, sin embargo, algunas personas le dicen que no firme este proyecto de ley porque habrá consecuencias’”.

El obispo Matthew Kwasi Gyamfi de Sunyani, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Ghana, también animó al presidente a firmar la ley. Dijo en una entrevista que los obispos estaban “sorprendidos” por el retraso porque no pudieron “encontrar ninguna base” para que el presidente no lo firmara.

La difícil situación del colectivo LGTBI en Ghana

En Ghana las relaciones homosexuales son ilegales y pueden conllevar penas de cárcel, aunque en las ciudades más grandes –como Accra o Kumasi– pueda hablarse incluso un tímido y discreto «ambiente». El clima de opresión se extiende, en cualquier caso, a las élites políticas.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional. En septiembre de 2015, sin ir más lejos, el candidato a la presidenciaGeorge Boateng proponía fusilar a «corruptos, gais y lesbianas». Ese mismo año, en dosmanzanas nos hacíamos eco de varios ataques y amenazas homófobas que atemorizaron a la población LGTB de este país.

En noviembre de 2013, el propio Ministerio de Educación decretaba la persecución de los alumnos percibidos como gais o lesbianas a raíz de la denuncia de una alumna que aseguraba sentirse presionada por sus compañeras para «practicar el lesbianismo». En abril de ese año, dos colegios expulsaban a 53 alumnos por ser supuestamente homosexuales. Anteriormente, en julio de 2011, el ministro para la región occidental del país ordenó el arresto de todas las personas homosexuales en su jurisdicción, poco después de que una pareja de hombres fuera desterrada de su localidad por celebrar una ceremonia privada de boda. Un año antes, cientos de personas participaban en una manifestación homófoba cuyo organizador recurrió al argumento de la supuesta «homosexualización» de los jóvenes ghaneses a manos de los extranjeros.

Según el último informe sobe homofobia de Estado de ILGA,  «en los últimos años se han documentado varias detenciones de personas adultas por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Las detenciones a menudo implican abuso psicológico, exposición perjudicial ante los medios de comunicación y exámenes médicos». El informe también asegura que «la policía local atrapa y atrae a personas LGBT (predominantemente hombres homosexuales) a través de los medios de comunicación social» y menciona un episodio sucedido en septiembre de 2020, cuando «los medios de comunicación locales indicaron que 11 mujeres lesbianas fueron detenidas en la ciudad de Aflao, en la región del Volta, después de que se diera a conocer un video de dos de ellas presuntamente implicadas en actos sexuales».

No parece, en este sentido, que las declaraciones que el presidente de Ghana hizo en 2017, cuando reconocía en una entrevista que solo era cuestión de tiempo que las relaciones homosexuales fueran legales en el país, se vayan a materializar próximamente. El propio Nana Akufo-Addo advertía que ello solo ocurriría cuando la opinión pública del país mostrase más signos de tolerancia “al igual que en otras partes del mundo”. De hecho, aquellas tibias declaraciones ya le merecieron al presidente las críticas de líderes de la oposición y medios de comunicación locales.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional.

Y hace tan solo unos días, que cuatro hombres homosexuales eran  golpeados, desterrados y arrestados en Ghana por “solo intentar vivir”. Todo esto apoyado por  Grupos cristianos anti-LGBTQ+ que este mismo junio lanzaban un siniestro anuncio en Ghana…

Retroceso de los derechos LGTBIQ+ en África

A medida que Occidente sigue defendiendo los derechos de las personas LGBTIQ+ tanto dentro como fuera del país, cada vez más naciones africanas han empezado a adoptar una postura LGTBIQ+foba. Además de Ghana, las naciones de Uganda, Kenia y Namibiahan aprobado o impulsado leyes contra la sodomía o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La continua resistencia de África a la aceptación de los derechos LGTBIQ+ ha llevado a organismos internacionales pro-LGBT y a países como Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial a exigir a los países de la región a progresar en la defensa de los Derechos Humanos o a enfrentarse a consecuencias financieras o económicas.

La junta militar que gobierna Burkina Faso, otro país de África occidental, declaró recientemente que los actos homosexuales son ahora un delito penado por la ley. “De ahora en adelante, la homosexualidad y las prácticas asociadas serán castigadas por la ley”, declaró el ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, según la agencia de noticias internacional Agence France-Presse.

En Uganda, la Ley contra la Homosexualidad, también conocida como Ley Matar a los Gays, fue promulgada por el presidente, Yoweri Museveni en mayo de 2023, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo. Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Es una de las leyes antigay más crueles del mundo que establece largas penas de prisión y permite la ejecución por ciertas relaciones homosexuales. La ley permite que los homosexuales sean ejecutados por fusilamiento por mantener relaciones sexuales consentidas.

En octubre, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su administración anunciaron que Uganda quedaría excluida de su programa “Ley de Crecimiento y Oportunidad en África” por su cruel Ley Antigay. A principios de agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda en respuesta a la aprobación de la ley..

Fuente PinkNews/Agencias/Cristianos Gays

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Los manifestantes desplegaron una pancarta de arcoíris de 200 pies de largo mientras vestían accesorios de color rosa y arcoíris frente al edificio del capitolio estatal de Utah.

La alcaldesa de una importante ciudad también protestó por la prohibición iluminando el edificio de la ciudad con los colores del arcoíris. Un profesor dijo que no acatará la nueva prohibición.

Por Daniel Villarreal Lunes 10 de marzo de 2025

El viernes, los manifestantes desplegaron una pancarta de arcoíris de 200 pies frente al capitolio estatal de Utah en Salt Lake City en protesta por un proyecto de ley H.B. 77 que prohibiría las banderas de arcoíris y del Orgullo transgénero, así como otras banderas “no autorizadas” en las escuelas y otras propiedades gubernamentales. En solidaridad, la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, también iluminó el edificio de la ciudad/condado con los colores del arcoíris el viernes pasado.

La legislatura del estado, liderada por los republicanos, ya aprobó el proyecto de ley en una votación de 49 a 20 en la Cámara y 21 a 8 en el Senado. El gobernador estatal Spencer Cox (R) ha indicado que no vetará el proyecto de ley. Si bien no está claro cuántos otros estados o gobiernos locales han aprobado proyectos de ley similares, los Departamentos de Defensa, Estado y Asuntos de Veteranos de los EE. UU. bajo el presidente Donald Trump han emitido recientemente directivas que prohíben ondear banderas del Orgullo en edificios gubernamentales, instalaciones militares y embajadas extranjeras.

El proyecto de ley de Utah solo permite que los miembros del personal en propiedades gubernamentales enarbolen banderas nacionales, estatales, escolares u olímpicas, así como aquellas que reconocen a tribus nativas americanas, prisioneros de guerra y soldados militares desaparecidos en acción y también organizaciones que han sido autorizadas a reunirse en propiedades escolares durante sus eventos.

Las propiedades gubernamentales que violen la ley tienen 30 días para retirar la bandera, después de lo cual serán multadas con $500 por día por cada día que la bandera no autorizada haya estado visible.

Los partidarios del proyecto de ley de Utah afirman que quieren volver a centrar las escuelas en la educación, pero los opositores dicen que la ley reducirá el apoyo visible a los estudiantes trans y queer acosados y marginados que han sido recientemente objeto de las políticas y los políticos republicanos en todo el país.

Corinne Johnson, fundadora y presidenta de Utah Parents United, un grupo estatal de “derechos de los padres” que se opone a las políticas escolares inclusivas de LGBTQ+, dijo a KSTU: “Estamos poniendo a nuestras escuelas de Utah de nuevo en un rumbo para centrarse de nuevo en lo que más importa a los padres y a los estudiantes, que es el éxito de los estudiantes“.

“Las escuelas tienen cierta responsabilidad que deben cumplir“, continuó Johnson. “Nuestra constitución estatal establece que todos los niños pueden recibir una educación gratuita y no sectaria, y eso significa que tenemos que tener un lugar donde la política, la identidad, la religión y todos estos temas se dejen de lado y nos centremos en los principios estadounidenses”.

London Skies, una de las manifestantes en el capitolio, dijo a la estación de noticias antes mencionada: “De hecho, me siento muy segura cuando voy a un vecindario y veo una bandera trans porque sé que tengo un aliado, alguien que me apoya. Especialmente como mujer trans, hay tanta violencia contra nosotras, especialmente con toda la legislación y las cosas que hemos visto este año. Cuando ves eso, te hace sentir que, si algo sucediera, sé que hay alguien de mi lado que me defendería”.

Para mostrar su oposición personal al proyecto de ley, la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, y otros de su oficina iluminaron el edificio de la ciudad y el condado el viernes por la noche.

“Tendrán que despedirme antes de que retire mi bandera del Orgullo”, escribió recientemente el profesor de Utah J. Ryan Waddoups en una carta dirigida a los republicanos del estado. “Sirve como un símbolo para nuestros jóvenes LGBTQ de que son amados, apoyados y aceptados incondicionalmente”.

“Una bandera del Orgullo no promueve la homosexualidad más de lo que una bandera estadounidense promueve la invasión de Groenlandia o la toma de posesión de Canadá. Simplemente les permite saber que no deben tener miedo cuando están en mi habitación”, continuó. “Y, promuevo la misma aceptación para todos mis estudiantes a menos que su postura sea hostil hacia los demás, por ejemplo, los nazis y los traidores. Será un día frío en el infierno antes de que vea una bandera nazi o confederada ondeando en mi habitación o cerca de ella”.

“La bandera del Orgullo. Y si/cuando me despidan, eso me dejará mucho tiempo libre para dedicarlo a revelarles a ustedes los demonios que son”, agregó.

Fuente LGBTQNation

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