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El presidente del Parlamento húngaro equipara las reivindicaciones LGTB a la pedofilia

Martes, 21 de mayo de 2019

220px-László_Kövér_Senate_of_Poland_01Indignación en la comunidad LGTB húngara ante las declaraciones homófobas del presidente del Parlamento, del partido gobernante Fidesz. László Kövér equiparó el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». Los asistentes al Orgullo de Budapest, celebrado este sábado, pidieron la dimisión del político, mientras que la multinacional de muebles y decoración IKEA ha aprovechado para difundir una campaña publicitaria por la igualdad.

Las declaraciones se produjeron durante un acto de la campaña electoral de Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, en Budapest. Kövér departía con los periodistas sobre las posibles formas de preservar la «cultura cristiana», supuestamente en peligro ante el auge del «liberalismo» social y cultural. El presidente del Parlamento ironizó sobre las identidades trans mofándose de los padres que «cuando se les pregunta si es niño o niña, dicen que cuando sea mayor lo decidirá».

Sobre la reivindicación de la apertura del matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo, Kövér declaró que «desde un punto de vista moral, no hay ninguna diferencia entre el comportamiento de un pedófilo y los que piden esto. El niño es en ambos casos un objeto, un artículo de placer, un medio para la realización personal». El político distinguió entre las personas LGTB que exigen sus derechos y un homosexual «normal», que «intenta adaptarse a este mundo sin que lo tengan que considerar necesariamente un igual».

Las declaraciones han despertado el rechazo de los activistas LGTB y de personalidades como el politólogo Zoltán Lakner, que las califica como discurso de odio porque «determinan claramente quienes son blanco de ataque y a quienes hay que odiar». Durante la celebración del Orgullo de Budapest el pasado sábado, los asistentes reclamaron la dimisión del político del Fidesz.

La polémica ha calado en la sociedad húngara. La firma de muebles y decoración IKEA, conocida por sus campañas a favor de la normalización de las familias homoparentales, ha querido aprovechar el momento para recordar su compromiso con la igualdad. La sucursal húngara de la multinacional sueca publicaba el pasado jueves un post en Facebook con la imagen de lápices de colores y las etiquetas #equality #genderequality #beyourself y #Pride. «En IKEA creemos en la diversidad, la igualdad de oportunidades y el trato justo, independientemente del origen o las diferencias individuales. ¡Nadie es igual hasta que todos sean iguales!», proclamaba el texto publicado.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista representada por el partido Fidesz (miembro actualmente suspendido del Partido Popular Europeo) conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz), en el pasado considerado un «paria» político, está considerado hoy día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTB en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año pasado, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, denuncia la persecución de la homosexualidad durante la cumbre entre la Unión Europea y la Liga Árabe

Miércoles, 6 de marzo de 2019

220px-Tallinn_Digital_Summit._Handshake_Xavier_Bettel_and_Jüri_Ratas_(36718144533)_CROP_BETTELEl primer ministro de Luxemburgo, el abiertamente gay Xavier Bettel, ha denunciado la homofobia existente en la mayoría de los países de régimen islamista en la cumbre celebrada en Egipto entre la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes. Según fuentes periodísticas confirmadas por miembros del gabinete de Bettel, el mandatario luxemburgués hizo referencia a su condición de hombre homosexual casado con otro hombre, y que por ello podría ser castigado con la pena de muerte en muchos de los países representados en la reunión. Según testimonios, tras estas palabras se produjo un «silencio glacial» entre muchos de los dirigentes presentes.

Esta semana se ha celebrado en la localidad egipcia de Sharm el-Sheij una cumbre de jefes de Estado o de Gobierno de los miembros de la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes. El pasado miércoles tuvieron lugar en la sesión plenaria los discursos protocolarios habituales por parte de los mandatarios. Durante la intervención del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, aparte de señalar los desafíos globales a que se enfrentan los países representados en la cumbre, el mandatario también quiso denunciar algo que le afecta de manera personal.

El periodista alemán Stefan Leifert publicaba un tuit en el que mencionaba que «el primer ministro de Luxemburgo Xavier Bettel enfrenta a los asistentes con el hecho de que está casado con un hombre y en muchos de los países presentes estaría amenazado de muerte. Silencio glacial de algunos, tranquila satisfacción de otros». El propio Xavier Bettel, desde su cuenta oficial, lo retuiteaba añadiendo: «quedarme callado no era una opción para mí».

Un miembro del gabinete luxemburgués confirmaba también la información, asegurando que Bettel dijo en la reunión «que era homosexual y que el hecho de estar casado con un hombre era punible con la muerte en muchos de los países representados en la mesa», aunque precisaba que tras el discurso del mandantario no se produjo ninguna reacción, pues «en este tipo de reuniones se suceden los discursos sin que se suscite un diálogo». Ya el domingo anterior a la cumbre, el primer ministro había comunicado a los medios que «hablaría de derechos humanos». También añadió que «si yo, como persona gay, no hablara de eso, tendría un problema».

xavier-bettel-marido-vaticano-696x522Xavier Bettel nunca ha ocultado durante su carrera política su orientación sexual. Tampoco ha dudado en aparecer acompañado de su pareja con total naturalidad en actos oficiales, incluso en El Vaticano, desde que en octubre de 2011, a los 38 años, fuera elegido alcalde de Luxemburgo y se convirtiera en el tercer alcalde abiertamente gay de una capital europea tras París (Bertrand Delanoë) y Berlín (Klaus Wowereit), lo que le convirtió en su día en una de las figuras políticas más importantes del Gran Ducado.

Tras su proclamación como primer ministro, Bettel fue también la tercera persona abiertamente homosexual en ocupar la jefatura de Gobierno de un estado soberano, tras la islandesa Jóhanna Sigurðardóttir y el belga Elio Di Rupo. Una vez en el Gobierno, no tardó en promover una ley de matrimonio igualitario, que tomó efectos el 1 de enero de 2015. Tras su boda con el arquitecto Gauthier Destenay, celebrada en mayo del mismo año, se convirtió en el segundo mandatario en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo mientras ostentaba su cargo, pues Jóhanna Sigurðardóttir se casó con Jonina Leosdottir durante su mandato, y el primero de la Unión Europea.

La persecución de las relaciones homosexuales en la Liga Árabe

53332_qimmabagdad_bigLa Liga de Estados Árabes (o Liga Árabe) está compuesta por 22 miembros: Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudí, Siria, Yemen del Norte, Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Catar, Omán, Mauritania, Somalia, Palestina, Yibuti y Comoras.

En 18 de ellos, las relaciones homosexuales son castigadas por la ley con penas de prisión e, incluso, la muerte. Tan solo las legislaciones de Yibuti, Jordania, Bahréin e Irak no hacen referencia a la homosexualidad. En las leyes de algunos de estos países no consta este delito como tal, pero las relaciones homosexuales son igualmente perseguidas bajo cargos de indecencia pública o semejantes (es el caso de Egipto). En Líbano, repetidas sentencias han considerado no punibles las prácticas homosexuales, si bien sigue en vigor el artículo 504 del Código Penal, que castiga los actos «contra natura».

En Arabia Saudí, Somalia y Yemen del Norte consta la aplicación de la pena de muerte para delitos relacionados con la homosexualidad. En zonas de Irak y Siria es implementada por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico). En los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Mauritania la interpretación de la sharía (o ley islámica) permite la pena de muerte, aunque no se tiene conocimiento de que se esté invocando actualmente.

Fuente Dosmanzanas

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Activista LGBT Óscar Cazorla asesinado en su casa en México

Lunes, 18 de febrero de 2019

51571728_2051967298225489_1148546152702935040_nEl activista LGBT pionero Óscar Cazorla fue asesinado en su casa en Juchitán, en Oaxaca, México, el sábado 9 de febrero.

Según la policía de Oaxaca, que ha abierto una investigación de asesinato, el hombre de 68 años murió por un golpe en el corazón infligido por un objeto punzante.

Cazorla era bien conocido en el estado de Oaxaca, en el sur de México, por defender los derechos de quienes se identifican como muxes, un tercer género no binario que se ha celebrado en la cultura indígena del Istmo de Tehuantepec desde tiempos prehispánicos.

En 1976, el activista LGBT+ asesinado fue uno de los fundadores de la Vela de las Auténticas Intrépidas Buscadores del Peligro, una celebración anual que promueve el respeto de los muxes en Juchitán, un pueblo de 75.000 habitantes que alberga a unos 5.000 muxes, según informó AFP en 2017.

El asesinato de Cazorla conmocionó a la comunidad local, que está de luto por el activista: “Los Auténticos, Intrépidos y Peligrosos Buscadores están de luto. Nos dejaste con el corazón roto. Descansa en paz. Mi hermano Óscar Cazorla López”, escribió la presidenta del grupo, Felina Santiago Valdivieso, en Facebook.

En declaraciones a CNN Español, Santiago Valdivieso pidió que se investigue a fondo el asesinato de Cazorla, ya que nadie ha sido arrestado en relación con la muerte.

activista-lgbt-oscar-cazorla-asesinado-en-su-casa-en-oaxaca-mexico-0El pasado lunes, miembros de Las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro, leyeron en conferencia de prensa una carta que enviaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar una investigación exhaustiva en este caso y otros de violencia que se han suscitado en contra de la comunidad muxe. Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la LXIV, Magaly López Domínguez, pidió a las autoridades atender e investigar el caso de Óscar, de quien, dijo, otorgó a los muxes visibilidad y coadyuvó en la lucha contra la homofobia.

“Era una persona muy feliz que recibía a cualquiera en su casa con una sonrisa. No podemos imaginar quién pudo haberlo matado”, dijeron a la emisora. Santiago Valdivieso también denunció el aumento de la violencia homofóba y transfóbica en los últimos cuatro años contra su comunidad: “Estamos involucrados en una ola de violencia que afecta a gran parte de México”, dijeron.

Instituciones internacionales condenan el asesinato del activista LGBT+ Oscar Cazorla

Las instituciones internacionales también condenaron el asesinato de Cazorla. Jan Jarab, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México, dijo en un comunicado: “Condenamos este terrible crimen que afecta a toda la comunidad muxe y a todos los defensores de los derechos humanos en Oaxaca”. Jarab continuó: “En los últimos años, los crímenes de odio y los asesinatos de defensores de los derechos LGBT+ han ocurrido en diferentes partes del país sin ser investigados adecuadamente. Este patrón de impunidad debe ser superado y, para ello, el asesinato de Oscar debe ser esclarecido, a través de una investigación diligente que considere todas las hipótesis posibles, incluyendo la posibilidad de un crimen de odio o de represalias por sus actividades de defensa de los derechos humanos”.

Oscar-CarzolaUn comunicado de la Unión Europea, Noruega y Suiza condenó tanto la muerte de Cazorla como la del periodista Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, quien fue asesinado a tiros en el estado de Tabasco el mismo día del asesinato del activista LGBT+.

La declaración, emitida el martes 12 de febrero, decía: “Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con la familia y los amigos de las víctimas. La muerte de Ramos y Cazorla demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos periodistas y defensores en México”.

Fuente Agencias/20 Minutos

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Un informe de la Human Rights Watch confirma que la ley contra la “propaganda gay” de Rusia es un peligro.

Miércoles, 19 de diciembre de 2018

indiceLa Human Rights Watch, organización que monitoriza que se cumplan los derechos humanos en todo el planeta, acaba de publicar un informe de 92 páginas titulado: “SIN APOYO: La ley rusa contra la ‘Propaganda Gay’ pone en peligro a la juventud LGTB+“.

Desde 2013 en Rusia es ilegal hacer “propaganda” de las orientaciones sexuales no tradicionales. Y por “propaganda” las autoridades rusas entienden cualquier cosa: una foto en tu Twitter, unos dibujos en un colegio, una web de ayuda a jóvenes LGTB+…

El informe que acaba de presentar la Human Rights Watch y que se ha confeccionado en base a un buen montón de entrevistas a jóvenes LGTB+ rusos demuestra que la ley solo ha servido para intensificar el estigma, el acoso y la violencia contra las personas LGTB+. Pero, además, esa ley ha provocado varias situaciones discriminatorias hacia el colectivo, como por ejemplo la imposibilidad de pedir ayuda a un profesional de la salud mental. “La ley rusa contra la ‘propaganda gay” pone en peligro a los jóvenes LGTB+ al negarles el acceso a información vital” explica Michael Garcia Bochenek consejero de derechos de la infancia en la HWR, “Y en mitad de ese clima de hostilidad social hacia las personas LGTB+ en Rusia, la ley prohíbe que los profesionales de la salud mental ayuden a menores que les hacen preguntas sobre la orientación sexual o la identidad de género“.

Entre los testimonios que han recabado con las entrevistas, destacan el de Nikita R., un chico trans de 18 años que asegura que las personas LGTB+ del país llevan cinco años con miedo de salir a la calle: “Sabemos que la gente se cree lo que dicen los medios generalistas, y las historias que cuentan les enseñan que somos criaturas horribles; así que estamos en constante peligro“. Otra persona LGTB+, estudiante en la universidad, explicó que la ley está “asfixiando” al colectivo y una chica lesbiana de 14 años advirtió de que la ley ha dado rienda suelta a la LGTBfobia y que el colectivo tiene miedo de organizar marchas del Orgullo LGTB+; o de salir a la calle y recibir una paliza sabiendo que sus agresores quedarán impunes.

El informe de la HRW se cierra con varias recomendaciones para cambiar esta situación. Muchas de ellas van dirigidas al gobierno ruso.

La HRW exige a Rusia que las autoridades emitan un comunicado condenando el discurso de odio hacia la comunidad LGTB+, y también le exige que se derogue la ley y se deroguen o modifiquen las leyes que discriminan al colectivo. También piden que se apruebe una legislación que proteja los derechos de las personas LGTB+, incluidas las menores de edad, y que se combata la discriminación en los estamentos públicos.

Algunas de las recomendaciones también van dirigidas a la Unión Europea, instándole a presionar al gobierno ruso para que derogue la ley.

Nada de lo que se publica en este informe es nuevo. Ya hace tiempo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conoce el daño que esta ley provoca en el colectivo LGTB+ (y especialmente en los más jóvenes). En verano del año pasado el TEDH ya condenó al gobierno ruso al considerar que la ley es discriminatoria y arbitraria.

Fuente | Human Rights Watch, vía HazteQueer

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Hungría y Polonia impiden la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la Unión Europea favorable a los derechos LGTB

Martes, 11 de diciembre de 2018

bandera-Europa-rasgadaUna vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

Hungría, recordemos, fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista representada por el partido Fidesz (Partido Popular Europeo) conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz), el el pasado considerado un «paria político», está considerado hoy día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

Polonia, un país en el que hace años se llegaron a producir esperanzadores pasos adelante en materia LGTB, la situación dio en  2015 un giro parecido. El primer signo de los nuevos tiempos fue la elección como presidente de Andrzej Duda, del partido ultraconservador Ley y Justicia, una de cuyas primeras medidas fue vetar una nueva ley de identidad de género que había sido ya aprobada por el Parlamento polaco, y que definitivamente quedó arrinconada. Pero el golpe definitivo llegó con las elecciones parlamentarias de octubre de 2015, que otorgaron a Ley y Justicia la mayoría absoluta y que supusieron una importante derrota para la europeísta y liberal Plataforma Cívica, además de la desaparición absoluta de los partidos de izquierda del Parlamento polaco. Un escenario que ha favorecido un giro autoritario al estilo húngaro. Y aunque hace pocas semanas las elecciones locales mostraron una profunda división al respecto entre las Polonias urbana y rural, por el momento no parece suficiente como para asegurar una marcha atrás las elecciones generales de 2019.

Mientras tanto, los dos países se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTB En Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez. Ahora, al menos, ha habido por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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La “purga” gay le cuesta a Tanzania mucho dinero en ayudas internacionales

Lunes, 26 de noviembre de 2018

tanzania-purga-gay-696x522Ya hace días que explicamos que en la región de Dar es Salaam, en Tanzania, ha empezado una “purga” gay impulsada por su gobernador, Paul Makonda, con la intención de identificar, detener y torturar a las personas gais para que “vuelvan” a ser heterosexuales. También hace días que te explicamos que el Ministro de Exteriores del país, Alphaxard Kangi Ndege Lugola, explicó a la prensa que el gobierno no ve con buenos ojos esa “purga”… para luego ir al Parlamento a decir que Tanzania “no es el lugar” para ser homosexual porque “nunca permitiremos que esas cosas ocurran“.

Es asombrosa la inexistente reacción de los colectivos LGTB+ que se lanzaron en tromba a manifestarse frente a las embajadas rusas cuando ocurrió más o menos lo mismo en Chechenia.

A la que esta vez parece que no tenemos que esperar mucho rato es a la comunidad internacional, que aunque en el caso de Chechenia ni estuvo ni se la esperaba, en el caos de Tanzania sí han empezado a mover ficha.

Primero fue la mismísima Unión Europea la que llamó a consultas a su embajador en Dar es Salaam, Roeland van de Geer, y emitió un comunicado denunciando “el deterioro en materia de derechos humanos” en Tanzania. Por su parte el gobierno de Estados Unidos ordenó a la embajada americana en el país que emitiera una alerta de seguridad recomendando a sus ciudadanos que revisaran sus perfiles en redes sociales, porque Makonda ya anunció que no se iba a amilanar a la hora de monitorizar comunicaciones privadas para “detectar” a los homosexuales.

Ahora Tanzania se acaba de llevar un golpe mucho más duro que una consulta a un embajador o una alerta de seguridad. El gobierno de Dinamarca, el segundo país que más ayudas inyecta en el país (unos 53 millones de dólares solo el año pasado), ha anunciado que no seguirán ayudando económicamente al país. Según Ulla Tørnæs, ministra de desarrollo danesa, el país está muy preocupado por “el desarrollo negativo” del país africano,  ha condenado los comentarios homófobos e “inaceptables” de sus responsables políticos y ha anunciado que retiran una ayuda de 10 millones de dólares. “El respeto a los derechos humanos es de suma importancia para Dinamarca“, aseguró Tørnæs

Pero Tanzania no ha perdido solo 10 millones de dólares. Aunque no ha sido por el caso de la “purga” gay, el Banco Mundial ha decidido cancelar los planes de un préstamo de 300 millones de dólares al país; por un lado porque Tanzania ha decidido prohibir que las jóvenes embarazadas vayan a la escuela o al instituto (y también que vuelvan después de dar a luz) y por otro lado por la ley sobre estadística que el país aprobó en septiembre y que convierte en un crimen que se cuestionen los datos que proporciona el gobierno.

Lo de los gobiernos de los países homófobos que dependen de ayudas internacionales para que su población no se rebele contra ellos es, cuando menos, curioso. En sus discursos siempre acusan a los países occidentales de querer “imponer” sus nuevas costumbres (los derechos LGTB+), y las rechazan de pleno… Pero no tienen ningún problema a la hora de aceptar nuestro dinero occidental. Alguien debería tomar nota de eso.

Fuente  Pink News, vía HazteQueer

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Se presentan en España los «principios de conducta» de Naciones Unidas para hacer frente a la discriminación LGTBfóbica en el trabajo

Jueves, 18 de octubre de 2018

ONU-GAYEl Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Forética (asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial) y REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI+) han presentado en España los «Principios de Conducta de Naciones Unidas» para hacer frente a la discriminación contra las personas LGTBI en el ámbito empresarial. La presentación de los Principios ha corrido a cargo de Fabrice Houdart, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estos principios de conducta, basados en la normativa internacional en torno a los derechos humanos y complementarios a los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, buscan ayudar a las empresas a examinar sus políticas y prácticas, así como a establecer nuevas estrategias para respetar y promover los derechos humanos de las personas LGBTI.

Estos estándares se basan en el análisis de buenas prácticas a nivel global y establecen acciones que las empresas pueden llevar a cabo para proteger los derechos de las personas LGBTI. Esto incluye eliminar el trato injusto en el lugar de trabajo, asegurarse de que las operaciones comerciales no contribuyan a la discriminación contra los clientes o proveedores, así como trabajar con los colaboradores para eliminar las prácticas discriminatorias a lo largo de la cadena de suministro. También alientan a las empresas a defender los derechos de las personas LGBTI en los países donde operan, mediante la promoción y el apoyo a las organizaciones locales. Puedes descargar un PDF con información más detallada aquí. Y en este enlace de Naciones Unidas puedes encontrar recursos sobre la materia.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela, ha aprovechado la oportunidad para asegurar que  la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o características sexuales «es una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos». «En el ámbito internacional, España defiende la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación», ha añadido.

Ignacio Sola, director general de Igualdad de Trato y Diversidad, ha expresado por su parte la total adhesión de su dirección general a los «Principios de conducta para las empresas» («LGBTI Business Standards»), impulsados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sola ha defendido además la implementación de políticas activas para incorporar la realidad LGBTI en todas las organizaciones. «La mejora del marco legislativo y el establecimiento de alianzas entre el sector público-sector privado son una muestra del compromiso que este Gobierno ha asumido a favor de la promoción de la igualdad de trato y la diversidad», ha asegurado. Sola ha enumerado además diferentes iniciativas que desde la secretaría de Estado de Igualdad se han puesto en marcha en los últimos años con el propósito de propiciar entornos más inclusivos en las empresas: «Un ejemplo de ello ha sido la firma del Chárter Europeo de la Diversidad, la ejecución del proyecto europeo ADIM (‘Avanzando en gestión de la Diversidad LGBT en el sector público y privado’), en partenariado con el gobierno de Portugal así como el apoyo a la realización de estudios y diagnósticos sobre la situación de las personas LGBTI en el empleo y el apoyo a otras actuaciones que se están llevando a cabo con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa y respeto a los derechos de la comunidad LGBTI».

«Cultura corporativa que favorezca la no discriminación, la igualdad y la inclusión»

Por parte de la CEOE, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Val Díez, ha querido destacar el valor simbólico de que la presentación de los Principios en España haya tenido lugar en la sede de su organización, «como prueba del compromiso de la institución con la difusión de estos valores de igualdad y respeto». Germán Granda, director general de Forética, ha asegurado que «la gestión de la diversidad requiere liderazgo en la construcción de una cultura corporativa que favorezca la no discriminación, la igualdad y la inclusión en su estrategia y operaciones. Es un compromiso ético y además un elemento clave para la competitividad de empresas y organizaciones».

El presidente de REDI, Miguel Castro, ha incidido por su parte en que «las compañías inclusivas no solo se benefician del ‘business case’ que acompaña a la diversidad corporativa en áreas como atracción y retención de talento o innovación. Los estándares de las Naciones Unidas para la inclusión del colectivo LGBTI son una muestra más de la gran importancia del papel que juegan las empresas, y como éstas puedan llegar a ser verdaderos agentes sociales en la defensa de los derechos humanos».

Fuente Dosmanzanas

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Fracaso rotundo del referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía

Martes, 9 de octubre de 2018

viorica-dancila-primera-ministra-de-rumania-referendum-matrimonio-300x155Viorica Dancila, primera ministra de Rumanía, deposita su voto en el referéndum

El referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía no ha alcanzado el mínimo de participación necesario para ser efectivo. Solo un 20,41 % de los censados ha acudido a las urnas, frente al 30 % necesario, lo cual puede calificarse sin duda alguna como de enorme fracaso para los convocantes. Rumanía, pues, no se suma a la lista de países europeos donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está expresamente prohibido en su Constitución, si bien la legislación ordinaria sí lo continúa impidiendo. Actualizaremos la noticia cuando se conozcan los datos del escrutinio con la decisión, ya sin relevancia, de los escasos participantes.

Casi diecinueve millones de ciudadanos rumanos habían sido convocados para votar en referéndum la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo. Para que el resultado fuera vinculante, se necesitaba que participase al menos el 30 % de los censados. Sin embargo, y a pesar de la fuerte presión de los sectores más LGTBfobos —sobre todo la Iglesia ortodoxa— y el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, la participación tan solo ha alcanzado el 20,41 %, por lo que, sea cual sea el resultado del escrutinio final, el texto constitucional no puede ser modificado. La legislación ordinaria sigue impidiendo el matrimonio igualitario en Rumanía, pero al menos su Constitución seguirá sin prohibirlo.

El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado mes de septiembre. En la cámara alta también se superó la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracción frente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30 % del censo electoral y los votos favorables superar el 50 %. El plebiscito se ha celebrado en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre. El primer día, la participación solo alcanzó el 5,72 %, mientras que en la segunda jornada se ha llegado solamente hasta el 20,41 % de participación definitiva.

Tras el resultado, el líder de la USR, Dan Barna, ha pedido la dimisión del Gobierno por «haber dilapidado cuarenta millones de euros en una fantasía». La promotora Coalición por la Familia ha reconocido el mal resultado, aunque se felicita por haber movilizado a casi cuatro millones de rumanos. Por su parte, las asociaciones en defensa de los derechos LGTB, que habían pedido el boicot al referéndum, se han congratulado de que la población se haya abstenido de manera tan clara, pero aún así reclaman que «la comunidad de gais, lesbianas, bisexuales y personas transgénero es parte de la población del país, y tiene muchas familias, que en este momento carecen totalmente de reconocimiento y protección legales. Es hora de que el estado rumano, a través de las autoridades competentes, garantice la igualdad de derechos y obligaciones para las parejas del mismo sexo».

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir.

Expertos legales citados por la web queer.de opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía carece de una ley de uniones civiles. La mención a un «reconocimiento legal y jurídico» de las parejas del mismo sexo podría abrir, sin embargo, el debate legislativo y social sobre esta vía.

El matrimonio igualitario en Europa

Las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en 16 países europeos (entre paréntesis, el año de entrada en vigor de las respectivas normativas):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania  , Malta (2017) y Austria (2019).

Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017) y Austria (2019).

Por otra parte, existen 13 países europeos cuyas respectivas constituciones prohíben expresamente el matrimonio igualitario (entre paréntesis, el año en que entró en vigor la prohibición constitucional):

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013), Eslovaquia (2014) y Armenia (2015).

Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño:

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Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Rumanía sentencia que las parejas homosexuales han de tener igualdad de derechos

Miércoles, 3 de octubre de 2018

200-bandera-RumaniaImportante toma de posición de la justicia rumana sobre los derechos LGTB. El Tribunal Constitucional ha publicado los considerandos de su sentencia del pasado mes de junio en la que reconoció el derecho de residencia a los cónyuges de ciudadanos comunitarios. Según el alto tribunal, las parejas del mismo sexo están amparadas por el derecho constitucional a la protección de la vida privada y familiar. El fallo va en la dirección contraria a la del referéndum del próximo 7 de octubre, en el que se votará una reforma de la ley fundamental para blindar la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. 

A mediados del mes pasado conocíamos que el Senado de Rumanía daba vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución, con lo que Rumanía estaría un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes día 11 de septiembre. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

Sin embargo,  el Tribunal Constitucional del país acaba de decir que las parejas formadas por dos personas del mismo sexo han de tener los mismos derechos que las parejas formadas por dos personas del sexo opuesto. Según los jueces del Tribunal Constitucional rumano, las parejas homosexuales tienen derecho a llevar una vida privada y familiar exactamente igual que las parejas heterosexuales, pues han de tener “el mismo reconocimiento legal de sus derechos y obligaciones“. Que es, curiosamente, un argumento muy parecido al que terminó por tumbar la sección 377 en India, lo que llevó a la legalización de la homosexualidad allí hace unas semanas. Básicamente: va contra la Constitución cualquier ley que penalice lo que la Constitución protege.

Desde Accept, un grupo de derechos LGTB+ rumano, Teodora Ion-Rotaru ha explicado que la sentencia es “extremadamente importante“: “Lo que dice es que las parejas homosexuales han de tener los mismos derechos que las heterosexuales. El Tribunal ha sentenciado que una familia homosexual vale lo mismo que una familia heterosexual.

Aunque el referéndum contra el matrimonio igualitario de los próximos días 6 y 7 de octubre sigue adelante, parece que aunque el resultado afiance la homofobia del país el Gobierno no lo tendrá fácil para modificar la Constitución rumana y definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Porque aunque esta sentencia llegue antes de esa reforma (ahora mismo la Constitución define el matrimonio como una union entre dos cónyuges) muchos expertos ya han avisado de que modificar eso podría suponer una violación de la propia carta magna, un ataque a los derechos humanos de la población homosexual y, además, va en contra de lo que la Unión Europea lleva meses diciendo.

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente | Associated Press, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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El Senado de Rumanía da vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución

Sábado, 15 de septiembre de 2018

200-bandera-RumaniaRumanía está un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

En la línea contraria a la justicia europea

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente Dosmanzanas

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Personas rescatadas por el Open Arms denuncian torturas y explotación sexual

Jueves, 12 de julio de 2018

tagnabou-elvis-rescatado-por-el-open-armsTagnabou Elvis, rescatado por el Open Arms (Olmo Calvo/El Diario)

“En Libia, cada noche violaban delante de nosotros a quien iban a matar”

“Decían ‘ven, ven’ y disparaban. Yo vi como mataron a mi amigo. Cuando estás en esa situación, solo Dios puede ayudarte”

A pesar de los testimonios, la Unión Europea defiende la devolución de migrantes al país vecino

(Gabriela Sánchez, El Diario).- Elvis vivió durante un año y medio encerrado en un búnker oscuro del que no podía escapar. Cada día, cada hora y cada minuto sobrevivía sumido en sus pensamientos para evitar concentrarse en el exterior.

Despertarse a gritos, llamar a su madre para explicarle, entre sollozos de dolor, que ha sido capturado mientras su secuestrador le golpea con su rifle en la misma zona de su cuerpo que la tarde anterior. Escuchar a su madre llorar, pidiéndole perdón por no tener dinero suficiente para pagar lo exigido y acabar con el sufrimiento de su hijo. Esta es solo una pequeña parte de ese “infierno libio” descrito por cada migrante rescatado en el Mediterráneo.

Esta es la Libia a la que la Unión Europea apuesta por devolver a quienes tratan de llegar a Italia arriesgando su vida en el mar, a través del traspaso de las labores de rescate ejercidas hasta ahora por la Guardia Costera italiana y las ONG a una supuesta guardia costera libia.

Dos grandes cicatrices inflamadas le recuerdan los golpes diarios de las milicias que lo mantenían en cautiverio. El dolor más profundo, detalla, no venía de las armas con las que dejaban en carne viva su hombro y su cabeza. El mayor sufrimiento procedía de la voz que le obligaban a escuchar cada día al otro lado del teléfono: Mi madre lloraba pero no tenía dinero. No podía hacer nada pero oía mis gritos. Me forzaban a llamarla”, relata Tagnabou Elvis a bordo del Open Arms.

“Los criminales libios lo hacían cada día, excepto cuando se cansaban de pegar. Como nos golpeaban tanto, había días que estaban agotados y se hartaban de pegarnos”, normaliza el joven de Burkina Faso.

No recuerda el número de asesinatos presenciados. “Cada día uno debía morir”, sentencia Elvis con entereza. Cuando llegaba la noche al búnker sin ventanas en el que eran hacinadas decenas de personas, “si te llamaban, era mala señal”, continúa. “Decían ‘ven, ven’ y disparaban. Yo vi como mataron a mi amigo. Cuando estás en esa situación, solo Dios puede ayudarte, lamenta.

tagnabouelvis_560x280Cicatrices recuerdan a Tagnabou Elvis los golpes de las milicias libias

A las llamadas forzadas, las lesiones y el sentimiento de culpa se añadía el ritual de cada día. “Antes de matarles, los violaban delante de nosotros. Les bajaban los pantalones y después los asesinaban”, dice tras ser preguntado por posibles casos de explotación sexual. Ninguno de sus compañeros agredidos sexualmente sobrevivió: “Si te violaban debías morir”, dice Elvis en el barco español por el que fue rescatado tras su huida de Libia.

En su caso, solo había hombres en la habitación donde él permanecía encerrado. “Cada día asesinaban a uno delante de nosotros. Antes solían violarle. Todas las semanas traían a gente nueva. Mataban, dejaban hueco, para encerrar a otras personas capturadas”, añade el joven burkinés.

Las quemaduras de cigarrillo, las breves descargas eléctricas, los cortes con cuchillos o pellizcos con tenazas son otros de los métodos de tortura a los que se refieren muchas de las personas rescatadas por el Open Arms que han atracado este miércoles en Barcelona. Las mujeres y los hombres muestran señales que su paso por los calabozos libios ha dejado en su cuerpo. Algunas de estas provocadas tras las devoluciones realizadas por la supuesta guardia costera libia.

dos-migrantes-hablan-y-observan-el-mar-desde-el-open-armsDos migrantes hablan y observan el mar desde el Open Arms (Olmo Calvo/Afp)

Elvis logró escapar del cautiverio que le mantuvo encerrado durante la mayor parte de su paso por Libia. “El carcelero se emborrachó y se dejó la llave puesta. Huimos todos. Me acuerdo de correr mucho, me quedé solo. Eran las cinco de la mañana. Entonces encontré a la persona que más me ha ayudado, mi padre en Libia”, recuerda el burkinés. Se trataba de un hombre libio que, junto a su familia, lo acogió en su casa. “Durante un mes, me curó las heridas con agua caliente. Hasta que se frenó la hemorragia”, apunta Elvis, quien le contó su necesidad de escapar de Libia. Hasta que la familia debía irse a vivir a Egipto. “Me dejaban su casa de libia para que viviese allí, pero tenía mucho miedo de que volviesen a capturarme las milicias. Al final, él me pagó el viaje a Europa, asegura el joven. Dos semanas después, viajaba sobre una barca neumática con 60 personas a bordo.

Tras siete horas de travesía, observaron a lo lejos un gran barco. Pensaban que se trataba de una patrullera libia. “Sigamos, sigamos”, dije a mis compañeros. “Habíamos hablado que si venían los agentes libios a devolvernos nos íbamos a tirar al agua, sentencia. “Es demasiado Libia”.

No era una patrullera libia. Era el barco español de Open Arms que este miércoles los ha desembarcado en un puerto seguro. “Si hubiese sido un barco de Libia el que nos hubiese encontrado, todos nosotros estaríamos muertos. Lo habíamos acordado”, concluye el burkinés horas antes de tocar por fin suelo europeo.

 

Fuente Religión Digital

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Activistas polacos pueden enfrentarse a condenas de hasta un año de cárcel por usar banderas arcoíris con un símbolo nacional en el Orgullo LGTB

Jueves, 12 de julio de 2018

activistas_polonia_simbolos-300x150Varios activistas LGTB polacos (sin identificarse el número exacto de afectados) podrían enfrentarse a un juicio por utilizar banderas arcoíris con uno de los símbolos nacionales incrustados. En el peor de los escenarios, además de una sanción económica, podrían encontrarse con una condena de hasta un año de prisión. El ultraconservador ministro del Interior de Polonia, Joachim Brudziński, ha advertido de que «habrá una notificación a la fiscalía por insultar y profanar símbolos nacionales». La simbología oficial polaca está protegida por ley y están recogidos como «delitos» las «blasfemias y los insultos», así cualquier uso público que pueda considerarse como perjudicial o una ofensa criminal. En cualquier caso, y con independencia de lo que pueda dictaminar en su caso la justicia de Polonia, es muy común en numerosos países el uso de símbolos nacionales en combinación con la bandera arcoíris, emblema de la comunidad LGTB internacional.

La ciudad de Częstochowa (una urbe de más de 200.000 habitantes del sur de Polonia) ha celebrado este fin de semana el primer Orgullo LGTB de su historia, además de sumarse como habitualmente al Orgullo estatal de Varsovia, que este año ha reunido a unos 45.000 participantes. Pero algo que en una gran variedad de naciones ya es algo habitual y se encuentra normalizado, como es la combinación de la bandera arcoíris con símbolos nacionales o locales, en Polonia quiere ser perseguido por sus autoridades por considerarse una «profanación»Así lo ha solicitado el propio ministro del interior de este país de Europa Central, Joachim Brudziński.

El símbolo en cuestión es el águila blanca, cuya historia se remonta a la monarquía del siglo XII y que forma parte del escudo nacional y de la bandera de Polonia. Según el imaginario colectivo popular polaco, Lech, el fundador mítico de Polonia, vio un nido de águila blanca con tres polluelos y, al considerarlo como un símbolo de buen augurio, fundó la ciudad de Gniezdnem (hoy conocida como Gniezno), cuyo significado es «nido». Esta historia, que es parte de la leyenda de Lech, Czech y Rus fue recogida por primera vez en la Crónica de la Gran Polonia, escrita en latín, en 1273.

Para el ministro Brudziński «los policías reaccionaron y, en este caso, se formularán cargos por desacato y profanación de los símbolos nacionales. Esa es la policía polaca tan confiable entre los polacos». Con la acusación del gobierno, personificado en su ministro del Interior, los activistas podrían ser condenados hasta a un año de cárcel (si bien sería, en todo caso, muy difícil que llegaran a entrar en prisión si carecen de antecedentes).

Otro caso de negación de servicios por LGTBfobia

El pasado mes de junio fue noticia la resolución del Tribunal Supremo de Polonia, que confirmaba la sentencia anterior del Tribunal de Lodz, a un trabajador de una copistería que se negó a imprimir una pancarta para el LGBT Business Forum. El caso contó con el apoyo de The Campaign Against Homophobia. Precisamente por el reconocimiento de los tribunales a los derechos del colectivo LGTB, el también conservador ministro de justicia, Zbigniew Ziobro, decía sobre la sentencia que, siempre en su opinión, atentaría «en contra de la libertad». También aseguró que el Tribunal Supremo «se ha mantenido del lado de la violencia estatal al servicio de la ideología de los activistas homosexuales».

Precisamente ahora en julio acaba de entrar en vigor una nueva norma legal que cambia la regulación del Tribunal Supremo de Polonia. Asimismo, la Unión Europea ha reiterado que la independencia judicial de este país está en entredicho debido a las nuevas leyes que otorgan al partido gobernante conservador, Ley y Justicia, un mayor poder sobre los nombramientos judiciales.

Fuente Dosmanzanas

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La justicia de Bulgaria reconoce el primer matrimonio entre personas del mismo sexo

Martes, 10 de julio de 2018

bulgaria_cristina_palma_mariama_02-225x300La australiana-chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo acaban de abrir un importante camino en la conquista de derechos LGTB en Bulgaria. El Tribunal Administrativo de Sofía les ha reconocido como matrimonio, siendo la primera pareja del mismo sexo residente en este país balcánico que lo consigue. Su caso se ampara en la prominente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de junio, por la que los cónyuges de parejas del mismo sexo pueden establecerse legalmente en cualquier país o territorio comunitario. El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía, explica que «esta es la naturaleza de la normativa europea: que no haya desigualdad en el territorio de la UE a la hora de conseguir el permiso de residencia», aunque se trate de un país en el que no se contemplen los matrimonios igualitarios en su legislación nacional. Dosmanzanas ha podido hablar con Cristina Palma, una de las cónyuges pioneras, que califica como «un momento histórico» el espaldarazo legal recibido y que, en sus propias palabras, «también es muy importante para el avance de la comunidad LGTB en Bulgaria».

A principios de junio recogíamos la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio».

A raíz de la citada sentencia europea, Cristina Palma y Mariama Diallo han conseguido que su matrimonio sea el primero entre contrayentes del mismo sexo que reconoce la justicia de Bulgaria, aun sin que este país contemple la institución matrimonial civil igualitaria. Palma nació en Chile y residió durante más de 20 años en Australia, por lo que dispone de doble nacionalidad. Diallo, por su parte, es francesa. Contrajeron matrimonio en Francia y solicitaron la residencia en Bulgaria en 2016; un país al que se trasladaron por motivos de trabajo en un principio, pero que «nos enamoró», lo que les motivó a establecer allí su residencia.

Según ha explicado Palma a dosmanzanas en una conversación telefónica, «en 2017, cuando fui a renovar, se tomaron mucho tiempo en responder y en marzo de 2018 me dijeron que no me daban la residencia, porque en Bulgaria no se reconocía el matrimonio del mismo sexo. En ese momento decidimos llevar el Departamento de Inmigraciones al Tribunal Administrativo de Sofía». Y este, amparándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, se veía obligado a admitir legalmente su matrimonio y a concederle la residencia a Cristina Palma. «Además, hasta el 30 de junio Bulgaria ocupaba por primera vez la presidencia rotatoria de la Unión Europea y no podía desoír en esta posición un precepto emanado de la justicia de la propia Unión Europea», alega Palma.

Con todo, el Departamento de Inmigraciones de Bulgaria podría apelar el fallo del Tribunal Administrativo de Sofía, aunque teniendo en cuenta la jurisprudencia europea lo máximo que podría conseguir es alargar los plazos y dificultarle a la pareja los trámites de reconocimiento mientras pudiera extenderse el proceso de resolución la nueva y eventual sentencia (si bien es muy improvable que se cambie el sentido de la actual).

El activista LGTB Marco Vidal, establecido en Sofía, considera que «precisamente para cosas como esta es importante el acceso al matrimonio por parejas del mismo sexo: una pareja formada por una persona de la UE y otra que no es en muchos países no podrá conseguir el permiso de residencia, a pesar de estar casada, mientras en otros sí podrá conseguirlo fácilmente». Para el eslavista español «esta es la naturaleza de esta normativa europea: que no haya desigualdad en el territorio de la UE a la hora de conseguir el permiso de residencia».

Felices e integradas en su entorno rural de Bulgaria

pareja3-221x300Cristina Palma y Mariama Diallo viven en Palamartsa, una pequeña población al norte de Bulgaria (relativamente próxima a la frontera con Rumanía). El municipio cuenta con apenas 450 habitantes y Palma reconoce que es algo «peculiar» en comparación con otras zonas rurales del país, en parte porque buena parte de la población es de origen extranjero (aproximadamente, unas 150 personas). En sendas noticias, dosmanzanas se ha hecho eco, en boca de expertos y activistas como Marco Vidal o Miguel Rodríguez, de la LGTBfobia social, cultural y política de los Balcanes. Rodríguez argumentaba que «las sociedades balcánicas son eminemente rurales y la vida en el pueblo o en las pequeñas ciudades para las personas LGTB es opresiva».

Sin embargo, quizá por el carácter extraordinario y diferencial de Palamartsa o porque algo está empezando a cambiar, Palma y Diallo afirman que «nunca hemos sentido discriminación aquí». Paradójicamente, desde el punto de vista de la convivencia social, señalan haber tenido más problemas en otros países como Francia que en Bulgaria, aunque reconocen que «puede que las parejas de hombres lo tengan más difícil».

En todo caso, como ejemplo de respeto, aplauden la actitud del alcalde de Palamartsa, Georgi Georgiev, que ha sido uno de los primeros regidores del país en apoyar públicamente en los medios de comunicación locales y nacionales a una pareja del mismo sexo.

El Movilh festejó la medida y felicitó a la pareja considerándolo un “hecho histórico para las parejas LGBTI de ese país y una alegre noticia para nosotras y nosotros”, sostuvo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Para la vocera del Movilh. Daniela Andrade, “es gran motivo de Orgullo que sea una chilena quien esté haciendo historia para los derechos LGBTI en Bulgaria y en el mundo. A ella, y a Mariamma, les deseamos toda la felicidad. Han abierto puertas para un mundo mejor y han dado una señal de esperanza para los chilenos y chilenas”.

Añadió que “el Estado de Chile sigue estando en deuda con las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, a las cuales considera de segunda categoría y les niega derechos por su orientación sexual. Este abuso y desigualdad es cada vez más dañino y requiere llegar a su fin.- Reafirmamos nuestra lucha por el matrimonio igualitario, y exigimos al Estado cumplir el compromiso que firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de DDHH a favor de la plena de igualdad para las familias homoparentales y para las parejas del mismo sexo”.

El precedente de Adrian Coman y Robert Hamilton

adrian-si-clabourn2Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal coincidía con su criterio. Oor fin, en junio pasado conocíamos la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que afirmaba que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado

El caso de Lily Babulkova y su esposa Dary

bulgaria_parejas_mismo_sexo-300x225El pasado mes de enero publicábamos que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen, solo unas semanas después, no admitía su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia.

Dosmanzanas también ha contactado con Babulkova para preguntar por su situación, en comparación con el éxito que ha obtenido la pareja formada por Cristina Palma y Mariama Diallo. «Actualmente, tenemos nuestro caso pendiente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Después de que el Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía confirmara el rechazo del municipio para registrar nuestro matrimonio, apelamos y nuestro caso está programado para audiencia el 30 de septiembre de 2019. Después del caso Coman y este reciente juicio en Bulgaria, podríamos solicitar que el caso sea escuchado antes, pero no sabemos si esto será permitido por el tribunal», narra Babulkova.

Esta mujer luchadora y activista agrega que «en sus aspectos prácticos, nuestro caso es bastante diferente al de Cristina y Mariama, ya que su caso se refiere a la cuestión de la residencia, un problema que no tenemos, ya que ambas somos ciudadanas de la UE. Lo que importa es que, hasta donde yo sé, este es el primer caso en Bulgaria en el que se reconoce cualquier derecho relacionado con el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Por lo menos, lo veo como una señal de que los derechos de las familias del mismo sexo entran en la agenda legal búlgara, que es un buen punto de partida para nuestra lucha».

El Convenio de Estambul desataba una ola de LGTBfobia en Bulgaria

bulgaria-300x232En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres salieron a las calles en marzo para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres» (popularmente conocido como «Convenio de Estambul») y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se mostraron detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. El debate se ha mantenido candente desde entonces en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) retiraba su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul ha sido la supuesta introducción de la «ideología de género» en la sociedad búlgara.

¿Referéndum sobre el matrimonio igualitario en este país?

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre «entre un hombre y una mujer», por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Pero a raíz del amplio debate que generó la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria y la cuestión de los derechos del colectivo LGTB, el nacionalista y ultraconservador ministro de Defensa, Krasimir Karakachanov, anunciaba en febrero su solicitud al resto del gobierno de convocar un referéndum sobre el matrimonio igualitario. Para Lily Babulkova, «desafortunadamente, está bastante claro lo que puede mostrar un referéndum, por eso es una manera fácil de tratar de intimidar a los activistas LGTB en Bulgaria. No puedo estar segura, pero realmente creo que no hay posibilidades realistas de que se celebre un referéndum sobre ese tema en un futuro cercano».

«La elite política búlgara ha actuado como si las personas LGTBI no existieran, con la excepción de los populistas de extrema derecha que tienden a ganar puntos con sus votantes al atacar públicamente a las personas LGTBI. En los últimos meses, el Partido Socialista Búlgaro se unió a los nacionalistas en esto. Realmente no veo ningún partido político búlgaro dispuesto a expresar una actitud positiva ante el problema y mucho menos mostrar cualquier voluntad política de acción. Por lo que respecta a los políticos, no tengo mucha esperanza», apostilla Babulkova.

Fuente Dosmanzanas/MOVILH

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla a favor de que una mujer trans cobre la pensión que le había denegado el gobierno del Reino Unido

Viernes, 29 de junio de 2018

justice-europe«Después de casi una década, a M.B. finalmente se le pagará su pensión y el gobierno la reconocerá como mujer», se felicitan Jacqueline Mulryne y Chris Stothers, los abogados de la mujer trans afectada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminaba esta semana que el Reino Unido habría discriminado a M.B. al denegarle la pensión que le correspondería como mujer nacida antes del 6 de abril de 1950. La demandante la solicitó, en mayo de 2008, al cumplir los 60 años (como marca la legislación de este país). Pero M.B. no quiso anular su matrimonio, a pesar de que es un requisito para recibir el certificado británico de reasignación de sexo (algo que para la justicia europea también resulta excluyente). Así pues, la administración de Reino Unido seguía considerando legalmente a M.B. como «hombre» y por tanto rechazaba concederle la pensión hasta los 65 años. En este sentido, «el tribunal considera que la legislación del Reino Unido constituye una discriminación directa basada en el sexo», dice la sentencia.

El TJUE ha puesto de manifiesto que «la normativa británica confiere un trato menos favorable a las personas que hayan cambiado de sexo después de haberse casado que a las personas que hayan conservado su sexo de nacimiento y sigan casadas»Los letrados de M.B., por su parte, alegan que «el tribunal reconoció correctamente que el tratamiento de nuestra clienta por parte del Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) al exigir la anulación de su matrimonio antes de reconocer su sexo y pagar su pensión era directamente discriminatorio».

Con respecto al matrimonio de M.B., quien después de casi diez años de reivindicaciones ya tiene 70 años, el Tribunal establece que «el objetivo del régimen legal de pensiones del Reino Unido es proporcionar protección contra los riesgos de la vejez, al conferir a la persona interesada el derecho a una pensión de jubilación adquirida en relación con las contribuciones pagadas por esa persona durante su vida laboral, independientemente del estado civil». Por este motivo, el requisito de anulación del matrimonio para una persona trans en Reino Unido es «ajeno» al régimen de la pensión de jubilación.

El caso ahora volverá a la mesa del Tribunal Supremo del Reino Unido, que será el encargado de aplicar el fallo. Los abogados de M.B. Jacqueline Mulryne y Chris Stothers, han admitido que tienen «esperanzas» de que el Departamento de Trabajo y Pensiones aplique la sentencia «sin demora». Mulryne y Stothers también sostienen que «esta es una decisión pequeña, pero tiene una gran importancia en el avance hacia una mayor igualdad y respeto».

Fuente Dosmanzanas

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Italia, Grecia, Lituania y Rumanía celebran el Orgullo LGBT con sus respectivas reivindicaciones

Jueves, 14 de junio de 2018

640x0-noticias-18161-2014-3-29-115452Gay Pride | Foto: Wavebreakmedia Ltd/Wavebreak Media/Thinkstock

Además de Polonia, otros países europeos, como Italia, Grecia, Lituania y Rumanía celebran el Orgullo LGBT defendiendo diferentes reivindicaciones en función de las respectivas legislaciones de cada país.

Si bien el Día Internacional del Orgullo LGBT es el 28 de junio, la mayoría de los países desplazan su celebración al primera sábado anterior o posterior a esa fecha o incluso en otras fechas relevantes en sus respectivos países para hacerlo coincidir con otras efemérides locales de acontecimientos relevantes para el colectivo en sus respectivas comunidades. Además de Polonia, el pasado sábado, 9 de junio, también en otros países europeos, como Italia, Grecia, Lituania o Rumanía, se celebra el Orgullo LGBT congregando a miles de manifestantes.

«Es muy importante que estemos aquí, porque tenemos que responder y demostrar que no es cierto que no existamos. Somos personas que pueden tener familias, y cuando decimos familia, todo lo que queremos decir es amor», declara un activista en Roma, donde miles de personas salen a las calles a manifestarse en favor de las familias homoparentales pocos días después de que el nuevo ministro de familias de Italia, Lorenzo Fontana, desatara la controversia al declarar que las familias homosexuales no existen legalmente. El nuevo gobierno de coalición que ha asumido el poder en Italia a principios de este mes incluye a Liga Nacionalista, un grupo de ultraderecha de larga tradición antigay.

Si bien las uniones civiles son legales en Italia desde 2016, lo cierto es que aún no disfrutan de los mismos derechos que las parejas heterosexuales, como por ejemplo acceder a tratamientos de fertilidad. «Hemos estado juntos durante 11 años y queríamos formar una familia, así que nos fuimos al extranjero, a Las Vegas. Regresamos a casa con ella y el estado no reconoce nuestra existencia», declara Simone, que junto con su pareja, Raffaele, tienen una hija de 14 meses, pero a pesar de pagar los mismos impuestos que las parejas de distinto sexo, siguen sin tener los mismos derechos.

En Bucarest, alrededor de 3000 personas celebran la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que gracias a su decisión de que un ciudadano rumano, Adrian Coman, tiene el derecho de vivir en su propio país con su esposo, Claibourn Robert Hamilton, ciudadano estadounidense con el que habría contraído matrimonio legalmente en los Estados Unidos, teniendo los mismo derechos que cualquier otro matrimonio de distinto sexo. Gracias a esta sentencia del tribunal europeo, las parejas del mismo sexo de ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a vivir en cualquier estado miembro, sea cual sea que sea su nacionalidad, incluso en países que no reconocen el matrimonio homosexual, como sucede en Rumanía. «Clai y yo somos dos personas que no aceptamos la discriminación. Si más de nosotros hiciéramos lo mismo, el mundo sería mejor», declara Coman en la manifestación del orgullo de Bucarest.

Una asociación de policías LGBT se une a los miles de manifestantes que se congregan en la que es la 14.ª edición del orgullo en Atenas. Desde que se formara el Gobierno actual, en 2015, Grecia ha extendido las uniones civiles a las parejas del mismo sexo, autorizado el cambio de sexo de menores desde los 15 años de edad y permitido que los menores puedan ser adoptados por parejas del mismo sexo.

«Letonia ocupa el último lugar en la Unión Europea en lo que respecta a los derechos de las personas LGBT. No hay protección contra los crímenes de odio, ni respeto por las personas trans, por eso creemos que este problema es muy urgente», declara Kaspars Zalitis, uno de los organizadores del que se ha denominado como el desfile del «Orgullo báltico» en Riga, incluyendo en su celebración a integrantes de la comunidad LGBT de países como Estonia y Lituania, que tuvieron que soportar las protestas de un grupo de 30 miembros de un grupo de derecha antes del inicio del desfile que protestaban contra «la promoción de la homosexualidad».

Fuente Universogay

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Sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la UE: los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado

Miércoles, 6 de junio de 2018

justice-europeImportantísima sentencia la dada a conocer este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio», señala el alto tribunal europeo en el comunicado de prensa en el que da a conocer el fallo.

El caso es conocido en esta página: Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal ha coincidido con su criterio.

Mediante su sentencia dictada hoy, y según el comunicado hecho público por la institución, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que en el contexto de la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación, el concepto de ‘cónyuge’, que designa a una persona unida a otra mediante el vínculo matrimonial, es neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión». Y aunque la sentencia precisa que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, señala que «la negativa de un Estado miembro a reconocer, únicamente a efectos de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, el matrimonio de éste con un ciudadano de la Unión del mismo sexo, contraído legalmente en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esto supondría que la libertad de circulación variaría de un Estado miembro a otro en función de las disposiciones de Derecho nacional que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cuida de salvaguardar el derecho de los Estados miembros a autorizar o no el matrimonio igualitario, al asegurar que «la obligación de un Estado miembro de reconocer un matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de este último Estado, con el fin exclusivo de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, no afecta negativamente a la institución del matrimonio en el primer Estado miembro. En particular, esa obligación no impone a dicho Estado miembro el deber de contemplar la institución del matrimonio homosexual en su Derecho nacional». Sin embargo, matiza que «una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al estar garantizado el derecho al respeto de la vida privada y familiar en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal de Justicia señala que también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

Rumanía debe actuar en consecuencia

Hay que tener en cuenta que hablamos de una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Será, por tanto, el Tribunal Constitucional de Rumanía el que ahora debe resolver de forma efectiva en favor del matrimonio Coman-Hamilton. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

La decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convierte en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, lo que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sienta un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarán a ser parte del pasado.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento Europeo exige la prohibición de las “terapias de conversión”

Lunes, 5 de marzo de 2018

27773_europarlamento-bandera-lgtbEl Parlamento Europeo apoya, con mayoría aplastante, una enmienda que condena las “terapias de conversión” y exige a los estados miembro que las prohíban.

También han exigido educación escolar que prevenga la discriminación y hacen un llamamiento por la despatologización de las identidades trans. 

El Parlamento Europeo ha aprobado este 1 de marzo, con considerable retraso, el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2016. El texto da cuenta de la situación de la población LGTBI e insta a los países miembros a que apliquen las medidas oportunas para acabar con la discriminación. El informe insiste de nuevo en la necesidad del reconocimiento supraestatal de las uniones entre personas del mismo sexo, así como aboga por la despatologización de la transexualidad y la prohibición de las terapias reparadoras de la orientación sexual.

Las personas LGTB+ somos lo que somos y no podemos “curarnos” ni “cambiar” puesto que no hay nada que curar ni cambiar. Esto, que parece una obviedad, es algo que muchos grupos conservadores no acaban de entender. Uno de esos grupos, por cierto, es el Partido Popular de Javier Maroto, que para no apoyar la Ley LGTBI de Podemos presentó la suya propia en la que eliminaron la prohibición de las “terapias de conversión”.

Habrá que ver qué dice ahora el Partido Popular después de que el Parlamento Europeo haya votado con una amplísima mayoría (435 votos contra 109) un texto que condena esas “terapias” como peligrosas e insta a los países miembros a prohibirlas.

El Parlamento Europeo acoge la iniciativa que prohíbe las terapias de conversión LGTBI y la patologización de las identidades trans, y urge a todos los Estados Miembros a adoptar medidas similares que respeten y pongan el alza el derecho a la identidad de género y a la expresión de género.“, dice el texto; que se aprobó como enmienda al informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

Las terapias de conversión en menores están prohibidas en nueve de los Estados Unidos (y cada vez son más los que toman esa decisión), así como en Suiza, Malta, Taiwan, dos provincias canadienses y el estado australiano de Victoria.

Pero el texto aprobado por el P.E. también condena la discriminación contra las personas LGTB+ y urge a “la inclusión en el currículum escolar de educación sobre el valor de la tolerancia“, en el que se traten temas como la lucha contra la LGTBfobia y otras formas de discriminación. Además también pide a la Comisión y a los Estados Miembro que garanticen la libre circulación de las parejas homosexuales y sus familias; y exigen que “se reconozca el cambio de género [de las personas trans] y se provea un acceso rápido, accesible y transparente a los procedimientos de reconocimiento legal del género sin requisitos médicos como la cirugía o la esterilización“.

El 6 de julio de 2017 se anunció en sesión plenaria del Parlamento Europeo la presentación del informe sobre la situación de la ciudadanía en relación a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea durante el 2016. Sin embargo, hasta el 1 de febrero de este 2018 no se inició el proceso de aprobación en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior quien, tras las enmiendas oportunas dio su respaldo el día 13 del mismo mes. El informe fue presentado a debate en la sesión plenaria del Parlamento del 28, y finalmente fue sometido a votación el pasado 1 de marzo.

Del texto definitivo fue ponente fue el luxemburgués Frank Engel, perteneciente al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos). Tras el debate y la toma en consideración de nuevas enmiendas, fue aprobado por 429 votos a favor, 135 en contra y 69 abstenciones. La resolución, que no es vinculante, insta a la Comisión Europea y los Estados miembros a que apliquen las medidas oportunas en asuntos como los derechos de inmigrantes y refugiados, la protección a la infancia, la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra la discriminación de las minorías. En cuanto a este último asunto, recuerda las obligaciones contraídas con estos dos artículos:

El Parlamento Europeo (…)

50.  Observa que la propuesta de Directiva sobre igualdad de trato de 2008 sigue todavía pendiente de la aprobación del Consejo; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte su posición lo antes posible;

52.  Recuerda que los derechos humanos son universales y que las minorías no deben sufrir discriminaciones; hace hincapié en que los derechos de las minorías son parte inalienable del principio del Estado de Derecho; señala que existe un riesgo mayor de violación de los derechos de las minorías cuando no se respeta el Estado de Derecho;

Respecto a los derechos de las personas LGTBI, el Parlamento lamenta la discriminación que aún sufren las personas LGTBI, e incide en la condena de las terapias reparadoras de la homosexualidad, en la necesidad urgente de despatologización de la transexualidad y en las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las personas intersexuales en todas las esferas de la vida. Estos son los artículos relacionados (las negritas son nuestras):

El Parlamento Europeo (…)

59.  Anima a incluir la educación sobre los valores de la tolerancia en los planes de estudios escolares para dotar a los niños de los instrumentos que necesitan para identificar todas las formas de discriminación, con independencia de que se dirija contra los musulmanes, los judíos, los africanos, la población romaní o las personas LGBTI o contra cualquier otra minoría;

60.  Pide a la Comisión que comparta las mejores prácticas de los Estados miembros para abordar los estereotipos de género en la escuela;

61.  Lamenta que las personas LGBTI sean víctimas de acoso e intimidación y sufran discriminación en diferentes aspectos de sus vidas;

62.  Condena todas las formas de discriminación contra las personas LGBTI; anima a los Estados miembros a que adopten leyes y políticas de lucha contra la homofobia y la transfobia;

63.  Anima a la Comisión Europea a que presente un programa que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos respetando las competencias de los Estados miembros, y a que supervise una transposición y aplicación adecuadas de la legislación de la Unión relativa a las personas LGBTI; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI;

64.  Insta a los Estados miembros que han adoptado legislación relativa a las uniones y/o los matrimonios del mismo sexo a que reconozcan las normas adoptadas por otros Estados miembros con efectos similares; recuerda la obligación de los Estados miembros de aplicar en su totalidad la Directiva 2004/38/CE, incluidas las parejas del mismo sexo y sus hijos; acoge con satisfacción que cada vez más Estados miembros hayan introducido o adaptado sus leyes sobre cohabitación, unión civil y matrimonio para superar las discriminaciones basadas en la orientación sexual que han sufrido las parejas del mismo sexo y sus hijos, y pide a otros Estados miembros que introduzcan una legislación similar; insta a la Comisión a que presente una propuesta para el reconocimiento mutuo pleno de los documentos acreditativos del estado civil en toda la Unión que incluya el reconocimiento jurídico de género, los matrimonios y las uniones de hecho registradas, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos a la libre circulación;

65.  Acoge con satisfacción las iniciativas por las que se prohíben las terapias de conversión LGBTI y se prohíbe la patologización de las identidades trans e insta a todos los Estados miembros a que adopten medidas similares que respeten y apoyen el derecho a la identidad de género y la expresión de género;

66.  Lamenta que las personas transgénero sigan siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos Estados que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales y que desarrollen modelos alternativos de acceso exentos de estigma, garantizando al mismo tiempo que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario; lamenta el hecho de que, en la actualidad, varios Estados miembros sigan imponiendo a las personas transgénero requisitos, como la intervención médica para que se reconozca su cambio de género (también en los pasaportes y documentos de identidad oficiales) y la esterilización forzosa como condición para la reasignación de género; señala que estos requisitos constituyen claramente violaciones de los derechos humanos; pide a la Comisión que oriente a los Estados miembros sobre los mejores modelos de legislación en materia de reconocimiento del género de Europa; pide a los Estados miembros que reconozcan el cambio de género y faciliten el acceso a procedimientos de reconocimiento legal de género rápidos, accesibles y transparentes, sin requisitos médicos como la cirugía, la esterilización o el consentimiento psiquiátrico;

67.  Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al promover que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;

68.  Pide a la Comisión que recopile datos sobre, y que oriente a los Estados miembros sobre las mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales de estas personas; lamenta que siga practicándose la cirugía de «normalización» genital en niños intersexuales en los Estados miembros de la Unión Europea pese a no ser necesaria desde el punto de vista médico y a que los procedimientos médicos en niños les causan un trauma psicológico a largo plazo;

69.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva sobre los derechos de las víctimas y que identifiquen y colmen las lagunas existentes en sus sistemas de protección de los derechos de las víctimas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los derechos de los niños, de los grupos minoritarios o de las víctimas de delitos motivados por el odio.

En el debate, participaron algunos de los eurodiputados españoles. Teresa Jiménez-Becerril Barrio (del Partido Popular) expresó su voto favorable y calificó de acertado el informe en su denuncia de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de la trata, de los colectivos LGTB víctimas del odio o de los migrantes, aunque lamentó la falta de menciones a los derechos de las víctimas del terrorismo, recordando los últimos atentados sufridos en distintas ciudades europeas. Juan Fernando López Aguilar (del Partido Socialista Obrero Español) describió el paisaje de los derechos fundamentales en Europa como «oscuro, señalado por el populismo, el nacionalismo extremo, el odio al diferente, la estigmatización del otro y el discurso del odio que conduce a la xenofobia y al racismo» y abogó por la lucha contra todo tipo de discriminación. Por último, Ramon Tremosa i Balcells (del PDeCAT) dedicó toda su intervención a la situación política de Cataluña.

Estos fueron los votos de los eurodiputados españoles:

  • A favor:
    • Grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa:
      • Beatriz Becerra Basterrechea (Independiente), Izaskun Bilbao Barandica (PNV), Enrique Clavet Chambon, (Independiente), María Teresa Giménez Barbat (no afiliada), Javier Nart Peñalver (Ciudadanos), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (UPyD) y Ramon Tremosa i Balcells (PDeCAT).
    • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
      • Xabier Benito Ziluaga (Podemos), Tania González Peñas (Podemos), Lola Sánchez Caldentey (Podemos), Estefanía Torres Martínez (Podemos) y Miguel Urbán Crespo (Podemos).
    • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
      • Pilar Ayuso González (PP), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PP), Rosa Estaràs Ferragut (PP), Santiago Fisas Ayxelà (PP), Francesc Gambús i Millet (no inscrito), Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes Pascual (PP), Esther Herranz García (PP), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PP), Verónica Lope Fontagné (PP), Antonio López-Istúriz White (PP), Gabriel Mato Adrover (PP), Francisco José Millán Mon (PP) y José Ignacio Valcárcel Siso (PP).
    • Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo:
      • Clara Eugenia Aguilera García (PSOE), Inés Ayala Sender (PSOE), José Blanco López (PSOE), Soledad Cabezón Ruiz (PSOE), Jonás Fernández Álvarez (PSOE), Iratxe García Pérez (PSOE), Eider Gardiazabal Rubial (PSOE), Enrique Guerrero Salom (PSOE), Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE), Ramón Jáuregui Atondo (PSOE), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (PSOE) y Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSOE).
  • En contra:
    • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
      • Pilar del Castillo Vera (PP) y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PP).
  • Abstenciones:
    • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
      • Javier Couso Permuy (IU), Paloma López Bermejo (IU), María Lidia Senra Rodríguez (Alternativa galega de esquerda en Europa) y Ángela Vallina de La Noval (IU).

Las diputadas Terry Reintke y Malin Björk, copresidenta y vicepresidenta respectivamente del Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo, hacían la siguiente declaración:

A pesar del gran progreso en muchos países durante la última década, la discriminación contra las personas LGTBI sigue siendo una realidad en la Unión Europea. Las personas LGBTI deben permanecer libres de discriminación, intimidación y violencia. Se debe garantizar su derecho a la autodeterminación y se debe proteger su integridad física.

Este informe es una evaluación clave para salvaguardar los derechos fundamentales en la Unión Europea. Ahora contamos con el Consejo de Europa y la Comisión Europea para seguir trabajando en la protección y salvaguarda de los derechos de las personas LGTBI en todas las áreas de la vida.

Por su parte, la vicepresidenta de la formación, Sirpa Pietikäinen, hacía la siguiente reflexión sobre las terapias de conversión LGTBI:

Actualmente, solo el Reino Unido, Malta y algunas regiones de España han prohibido explícitamente las terapias de conversión LGBTI. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos ya han condenado la práctica de las terapias de conversión en varios países.

Hoy, por primera vez, el Parlamento Europeo toma una posición contra las terapias de conversión LGBTI. Este informe es un ejemplo de cómo la Unión Europea puede estar a la vanguardia de la lucha por los derechos fundamentales.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Según el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los cónyuges de matrimonios del mismo sexo deben ser reconocidos en toda la Unión

Viernes, 12 de enero de 2018

justice-europeImportante pronunciamiento de Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el caso de Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton. Ya en entradas anteriores hemos comentado su historia: la pareja, casada en Bélgica, presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Una falta de reconocimiento legal que impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. El caso está siendo estudiado por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y aunque aún no hay sentencia, el informe del abogado general de la institución no deja lugar a dudas: los cónyuges de los matrimonios entre personas del mismo sexo de los ciudadanos de la Unión deben ser plenamente reconocidos en todo el territorio comunitario, con independencia de que cada Estado permita o no el matrimonio igualitario en su territorio.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, y como ya comentamos el pasado noviembre, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. Semanas después, nos llega una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) ha hecho públicas sus conclusiones sobre el caso. Y no pueden resultar más claras: la razón está de parte de los demandantes. Según detalla el comunicado de prensa del propio Tribunal Superior de Justicia de la Unión, “el problema jurídico que constituye el eje central del litigio no es la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino la libre circulación de los ciudadanos de la Unión”. “Pues bien, aunque los Estados miembros disponen de la libertad de prever o no el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus ordenamientos jurídicos internos, deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión”, añade.

En este sentido, el abogado general observa que la norma europea no incluye ninguna remisión al Derecho de los Estados miembros para determinar la condición de cónyuge, de modo que dicho concepto debe tener en toda la Unión una interpretación autónoma y uniforme. “Sobre este particular, el abogado general subraya que el concepto de ‘cónyuge’ en el sentido de la Directiva está ligado a un vínculo basado en el matrimonio, aun siendo al mismo tiempo neutro desde el punto de vista del género de las personas de que se trata e indiferente en relación con el lugar donde se ha contraído el matrimonio”, explica el comunicado. En este marco, el abogado general considera que, a la luz de la evolución durante el último decenio en materia de autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en virtud de la cual el término “matrimonio” designa solo una unión entre dos personas de distinto sexo ya no puede seguir aplicándose.

El abogado general va aún más lejos, al señalar que también que el concepto de “cónyuge” está relacionado necesariamente con la vida familiar, que está protegida de idéntico modo por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A este respecto, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (distinto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y cuyo ámbito excede al de esta) ha reconocido que las parejas homosexuales, por un lado, pueden disfrutar de una vida familiar, y, por otro, deben tener la posibilidad de obtener el reconocimiento legal y la protección jurídica de su pareja. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha considerado que en el ámbito de la reagrupación familiar el objetivo consistente en la protección de la familia tradicional no puede justificar una discriminación por razón de la orientación sexual. Recordamos, en este punto, que hace solo unas semanas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló contra Italia por discriminar a seis parejas del mismo sexo casadas legalmente en otros países. Los denunciantes habían recurrido a la justicia europea en 2012, cuando en este país no existía aún ninguna regulación legal de las parejas del mismo sexo. El Estado italiano fue condenado a indemnizar a cada uno de los demandantes con 5.000 euros.

En estas circunstancias, el abogado general considera que el concepto de “cónyuge” en el sentido de la Directiva incluye también a los cónyuges del mismo sexo. “En consecuencia, tal persona puede también residir permanentemente en el territorio del Estado miembro en que su cónyuge se ha establecido en su condición de ciudadano de la Unión tras haber ejercido su libertad de circulación. Esta conclusión es también aplicable al Estado de origen del ciudadano, cuando regresa a él tras haber residido permanentemente en otro Estado miembro en el que ha desarrollado o consolidado una vida familiar, como ha hecho el señor Coman con el señor Hamilton en el caso de autos”, explica el comunicado.

A la espera de una sentencia que marcaría un antes y un después en la Unión

Es importante destacar que las conclusiones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia: su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa, pero ahora son los jueces los que deben deliberar. La sentencia se dictará, por tanto, en un momento posterior, y no hay seguridad absoluta de que sea en el mismo sentido (aunque parece poco probable que sea de otra forma).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que hablamos de una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Será, por tanto, el Tribunal Constitucional de Rumanía el que con posterioridad deberá resolver de forma efectiva en favor del matrimonio Coman-Hamilton. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

Una decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convertiría en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sentaría un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Fuente Dosmanzanas

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Europa, ideología de género y fundamentalismo evangélico

Jueves, 28 de diciembre de 2017

homofobia1(Alex Roig).- Ese fino periodista que es César Vidal, acaba de destapar un episodio que, según él, “ha sido pasado por alto por la práctica totalidad de los medios de comunicación, pero que reviste una importancia extraordinaria”. Actualmente, nos informa, las naciones que integran el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay más Venezuela en estado de suspensión y Bolivia de incorporación) se encuentran negociando un tratado comercial con la Unión Europea.

Pues bien, denuncia y alerta, “la UE ha condicionado la firma de ese tratado a que las naciones hispanoamericanas acepten en el seno de sus legislaciones internas las leyes de ideología de género.  El dato reviste una enorme gravedad, primero, porque se trata de un acto de imperialismo intolerable […]  La ideología de género está siendo impuesta sobre naciones que sienten repugnancia por ella”.

Es cierto que la Unión Europea está en trato con Mercosur, pero esto no muy “actual” ni una novedad oculta, lleva ya 18 largos de negociaciones. Esto es así porque en este tratado no sólo está en juego la llamada “ideología de género -como veremos-, ni mucho menos los intereses económicos, que beneficiarían a ambas partes, y en especial a Europa que bien podría haber la vista gorda sobre determinados aspectos de los derechos humanos, como hacen otros, con tal de llenarse los bolsillos de plata.

Tampoco es de hoy la difamación: “En forma engañosa suele afirmarse que las negociaciones Mercosur-UE en marcha son sobre todo de tipo comercial. No es así, la mayor parte de los temas en discusión son de carácter estructural y comprometen el conjunto de la economía en ámbitos críticos tales como servicios, patentes, propiedad intelectual, compras públicas, inversiones y competencia” (Jorge Marchini, “Union Europea-Mercosur: ¿qué se está negociando?” Nodal. Noticiero de América Latina y El Caribe 7 julio, 2017).

Europa, además de los asuntos legales de inversión y competencia con los que tropieza, alerta también a los países del Mercosur acerca de “un riesgo de aumento de la contaminación del agua, por lo que pide a los gobernantes de Mercosur «una normativa más estricta» sobre el efecto potencial negativo sobre la biodiversidad, agravado por el desarrollo de la demanda de biocombustibles en Europa” (Ganadores y perdedores).

libroPor su parte, los sindicalistas de Europa y del Cono Sur plantearon a las autoridades de ambos bloques sus principales preocupaciones y exigencias para que la negociación avance hacia un verdadero acuerdo de asociación que permita reforzar las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales entre ambas regiones y que sea capaz de potenciar el respeto a los derechos humanos, el empleo digno, el desarrollo sostenible y los valores democráticos, evitando que se constituya en un mero tratado de libre comercio (Sindicatos de Europa y Latinoamérica exigen transparencia en las negociaciones”).

De esto se deduce que Europa no es únicamente una unión de mercados o de bancos -aunque haya mucho de eso-, sino de naciones en torno a una Idea, una idea conocida por Estado de Bienestar, quizá la última utopía de nuestros días. Una utopía, la primera en la historia, puesta en práctica sin violencia y con tremendos resultados positivos para su población. Esta utopía molesta, y mucho a los poderosos de este mundo. Es un mal ejemplo para sus ciudadanos sometidos a todo tipo de incertidumbres, un precedente peligroso que cuestiona sus políticas económicas de desigualdad.

Europa es como una piedra en la bota de los Imperios rojos y azules que se están repartiendo el mundo a su propio gusto. Por eso hay que tantos tiburones que quisieran acabar con la utopía europea, y lo cierto es que están muy cerca de conseguirlo. Europa, además, y desgraciadamente, no se valora a sí misma, “Europa no se quiere”, como documenta magistralmente el periodista Arturo San Agustín (El buitre sobre el Tíber. Península, Barcelona 2008).

Europa ha apostado, y fuerte, por los derechos humanos, tiene experiencia suficiente para saber qué son los regímenes absolutistas, los juicios sin garantía; la tortura y la mutilación; la discriminación por cuestión de religión, raza o sexo. Es preocupante que en muchos círculos latinoamericanos, incluso llamados cristianos, se hable despectivamente de los derechos humanos y se los trate de pura ideología al servicio de los zurdos y de los terroristas. Lo malo es que esto se contagie al ciudadano europeo que no se quiere, que no se valora. De momento, parece que este ciudadano, o sus representantes, están haciendo frente a los nuevos apóstoles de la desigualdad.

derechosAhora, vayamos al grano, ¿qué es eso de ideología de género que, según nuestro periodista de Protestante Digital, se está imponiendo sobre las pobres naciones latinoamericanas? La expresión ideología de género es, hasta donde se puede seguir la pista, es un término propio del papa Juan Pablo II, para quien, en consonancia con la doctrina católica tradicional sobre la sexualidad, es profundamente ofensivo decir que las características sexuales no están determinadas por Dios y la naturaleza, y que las personas pueden nacer en un sexo y decidir ser de otro. Para el católico conservador la homosexualidad no es natural, perturba la idea de una identidad sexual claramente definida por Dios y la naturaleza, y por tanto es una inclinación al mal, una inclinación a violentar la voluntad divina.

A esta ideología de género, o más correcto, contra ella, se han sumado la mayoría de las iglesias evangélicas, y con tal entusiasmo que ha dado lugar al extraño fenómeno del “ecumenismo del odio“. El evangelicalismo es por lo general muy adverso a la Iglesia católica, hasta el punto de que el mismo término “ecumenismo” es objeto de condenación. Sin embargo, en muchos países se está dando ese “ecumenismo del odio”, que consiste en buscar el apoyo de los católicos y de las Conferencias Episcopales de los distintos países de Latinoamérica para manifestarse conjuntamente contra la “ideología de género”. Así hemos podido observar en un mismo evento la presencia de evangélicos fundamentalistas, ultracatólicos de HazteOir y algún que otro obispo.

El cristiano conservador está en todo su derecho de aferrarse a su convicción de la vivencia de sexualidad “como Dios manda”, el problema surge, inevitablemente, cuando la mayoría de los gobiernos democráticos liberales admiten, por una parte, la licitud de una ética que, por motivos religiosos, se opone a la homosexualidad; y por otra, en cuanto garantes de las minorías, admiten en un mismo pie de igualdad a aquellos ciudadanos de distinta orientación sexual a la anterior, y por ley exigen que sean respetados y reconocidos sus derechos como cualquier otro ciudadano.

A nivel privado y de fe, claro que existe una tensión ineludible entre el rechazo religioso de lo homosexual, y la protección de este por parte del Estado constitucional, pero la convivencia pacífica exige, por ley, que nadie sea discriminado por cuestión de raza, religión o sexo. El reto para las iglesias cristianas es cómo conjugar esta ley constitucional con su propia ley religiosa, sin infringir ni una ni otra.

Pero la cuestión es más compleja, pues detrás de este movimiento de protesta y rechazo de lo homosexual se encuentran fuerzas económicas muy poderosas, que están utilizando para sus intereses la llamada “ideología de género”; a la que tienen mucho interés de presentar como una conspiración contra la familia, pero que lo que realmente están haciendo es manipular los sentimiento de muchos creyentes y ciudadanos conservadores para desviar la atención de los verdaderos problemas del pueblo: la creciente precariedad económica del ciudadano, que ni aun teniendo trabajo puede salir de la pobreza; la privatización de los bienes o derechos sociales a la educación, la salud y la seguridad. Detrás de la agenda contra ideología de género se esconden muchos intereses de corte económico y político, que poco a poco se van introduciendo en las sociedades emergentes para perpetuar la vieja esclavitud. Mucho nos temenos que la cuestión homosexual se está utilizando como una cortina de humo para ocultar intereses económicos que no quieren operar a la luz del día.

maniPor último, se puede desaprobar la homosexualidad en todas sus formas por motivos de conciencia y de creencia, pero nunca, y menos en cuanto cristianos, se puede alentar o fomentar el odio al homosexual. Es más, tampoco se puede guardar silencio ante el abuso, la violencia e incluso el linchamiento de este, y no me estoy refiriendo a gobiernos de carácter teocrático como el existente en algunos países musulmanes, donde colgar o arrojar desde una torre al homosexual está al orden del día, sino a naciones de ese Mercosur que, según César Vidal, “sienten repugnancia” por la ideología de género que Europa quiere imponerles. ¿No será que Europa quiere que los derechos humanos se respeten, aunque sea un poco?

El Señor Vidal, que es muy viajado, no puede ignorar que, por ejemplo, en Colombia aumentan homicidios de homosexuales y transexuales, que “en muchos lugares de América Latina, salir a la calle como homosexual significa estar expuesto a graves amenazas, palizas o incluso la muerte”. Por cierto, Colombia ya permite el matrimonio gay, pero la resistencia de sectores religiosos se vio reflejada en 2016 en las campañas de rechazo al histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, al que acusaban de promover una “ideología de género” .

Según Marilia Brochetto, de CNN, casi 600 personas murieron a lo largo de América Latina por la violencia contra la población LGBT entre enero de 2013 y marzo de 2014, según un informe de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de 2015. ¿Sabían que en los primeros meses de 2017 en América Latina y Estados Unidos se han registrado al menos 41 crímenes contra la comunidad LGBT, a los que se suman múltiples agresiones e incluso torturas? (telesur). La ONG Transgender Europe coloca en números absolutos a Brasil primero entre 33 países con asesinatos de personas LGBT registrados en 2016, con 123 casos, seguido por México, 52 (Vanguardia). Según la ONG Grupo Gay de Bahía, entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de 2017 en Brasil se han registrado un total de 277 asesinatos de personas LGTB, lo que supone un promedio de 1,05 al día, superando así el dato de 2016 con una media de 0,95, lo que a todas luces, también es una auténtica barbaridad.

el-desconciertoEl pasado 7 de noviembre de 2017, la filósofa estadounidense Judith Butler, fue “quemada en efigie” como bruja en São Paulo. Judith Butler es conocida por ser feminista y defensora de la igualdad de género. Fue a Brasil difundir la versión en portugués de su libro Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism (Caminos Divergentes. Una crítica judía al sionismo“), grupos conservadores aprovecharon el acto cultural para arremeter contra ella como “bruja comunista”, defensora de la “ideología de género” y “atentar en contra de la familia”. Portaban muñecas gigantes representando la filósofa a las que prendieron fuego (El desconcierto.cl).

Las iglesias, los individuos, pueden estar en contra de la homosexualidad, pero guardar silencio frente a estos actos de violencia es hacerse cómplices de los mismos y está muy lejos del espíritu de Jesucristo.

Significativamente, “si nos fijamos en la religión como variable, lo que encontramos es que cuanto más católico sea el país, más probabilidades habrán de aceptar la homosexualidad y viceversa. Cuanto más protestantes son, menos probabilidades tienen de aceptar esto y menos probabilidades tienen de tener una legislación activa sobre los derechos de los homosexuales”. Las personas LGBT que viven en países dominados por iglesias evangélicas tienden a ser las que tienen más dificultades. Las iglesias católica y evangélica tienen puntos de vista similares sobre la homosexualidad, aunque hay diferencias notables. Aunque ambos se oponen a la homosexualidad, “el clero católico tiende a ser menos opuesto a los estatutos contra la discriminación que el clero evangélico” (cnn). La prueba está precisamente en los mismos países latinoamericanos donde paradójicamente se asesinan a tantos homosexuales.

la-terrible-amenazaAmérica Latina ofrece una narrativa contradictoria. “Mientras que muchos derechos LGBT en los Estados Unidos están enredados en disputas legales en estados individuales, en América Latina, las leyes sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, el cambio de género en las tarjetas nacionales de identidad y las leyes contra la discriminación entraron en vigor en la década pasada, muchos de ellos antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo” (cnn).

Es triste comprobar que para muchos cristianos conservadores parece que el problema más grave de la familia y del país, no es la pobreza, la violencia, el machismo, el abuso infantil dentro del círculo familiar, la inseguridad, la desatención sanitaria, la falta de escolarización, la xenofobia, la discriminación social…, todo parece indicar que para muchos buenos ciudadanos y creyentes ejemplares el único problema, el más amenazante, es, son, los chicos gays, las chicas lesbianas.

Fuente Religión Digital

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comienza a estudiar el caso de la pareja casada en Bélgica cuyo matrimonio no reconoce Rumanía

Miércoles, 6 de diciembre de 2017

adrian-si-clabourn2Importante noticia la que hemos conocido esta semana: la Corte Europea de Justicia comenzó a examinar el martes pasado el caso de una pareja del mismo sexo casada legalmente en Bélgica, pero cuyo matrimonio no reconocen las autoridades de Rumanía. La resolución de este caso, que se conocerá previsiblemente el año que viene, podría sentar un importante precedente para la libertad de circulación de las personas LGTB en el territorio de la Unión Europea. Una sentencia positiva obligaría a todos los estados miembros a reconocer los matrimonios y uniones civiles legalmente celebrados en otros países de la Unión.

La Justicia europea ha empezado a deliberar sobre un asunto cuya resolución podría traer profundas consecuencias para las parejas del mismo sexo. Hemos informado del caso que llevan adelante Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton, casados legalmente en Bélgica. La pareja presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Esta falta de reconocimiento legal impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha anunciado que la Gran Sala se hará cargo de las deliberaciones, que comenzaron la semana pasada. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. La resolución, que previsiblemente se conocerá ya en 2018, podría sentar un importante precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias.

Concretamente, podría tener consecuencias para los únicos seis Estados miembros que actualmente carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo: se trata, además de Rumanía, de Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Una sentencia favorable para los demandantes podría obligar a estos países a reconocer a las parejas del mismo sexo legalmente casadas o unidas civilmente en otros Estados de la Unión cuando al menos uno de los cónyuges sea ciudadano de un Estado miembro. Situaciones como la aquí descrita, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final. Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando hace dos años consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

En mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobaba la medida por 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo y en septiembre, el gobernante Partido Socialdemócrata anunciaba la próxima convocatoria de un referéndum que aún no se ha llevado a cabo. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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