Y Abascal, alumno aventajado del fascista Viktor Orbán

Ampliamos la noticia que ya publicábamos el mes pasado… Victoria para las personas trans que habían iniciado el proceso de reconocimiento legal de su identidad en Hungría antes de la entrada en vigor de la ley que lo prohíbe. El Tribunal Constitucional de ese país ha dictaminado que la mencionada ley no tiene efectos retroactivos. El dictamen de la alta corte húngara, sin embargo, no entra en el fondo del asunto y no invalida un texto que atenta contra la legislación internacional y contra su propia jurisprudencia.

Como en su momento recogimos, la Asamblea Nacional húngara, ampliamente dominada por las fuerzas de derecha, aprobó en mayo del año 2020, en plena primera ola de la pandemia del coronavirus, una ley «ómnibus» que incluye, en su infame Sección 33, la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente todavía en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal. Se da la circunstancia, además, de que el propio Tribunal Constitucional de Hungría había fallado en 2018 a favor del derecho de las personas trans a ver reconocida legalmente su identidad de género.

Finalmente, el pasado 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional húngara aprobaba la ley, posiblemente el mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea desde su fundación. Un órdago que, ya desde que fue anunciado, recibió una respuesta tibia por parte de resto de países de la Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por aquel entonces preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus (la asunción de poderes extraordinarios por su primer ministro, Viktor Orbán) y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo sin más valor que el meramente declarativo.

Ahora el Tribunal Constitucional húngaro ha revisado lo que sucede con las personas que ya iniciaron el procedimiento de modificación de sus datos registrales antes de la entrada en vigor de la mencionada Sección 33, varias de las cuales iniciaron en su momento un procedimiento judicial. La alta corte ha dictaminado que, en efecto, estas personas tienen derecho a que el procedimiento culmine, dado que la legislación no puede tener carácter retroactivo. El Tribunal de hecho, subraya en su sentencia que las leyes no pueden restringir derechos fundamentales y hace mención, en ese sentido, a su propia sentencia de 2018 a favor de que personas trans puedan ver reconocida legalmente su identidad.

La decisión del Tribunal Constitucional de Hungría, además de suponer una noticia importantísima para las personas a las que afecta directamente, supone un pequeño soplo de aire fresco en un país en el que los derechos LGTBI están siendo progresivamente recortados sin que la Unión Europea mueva un dedo para impedirlo, y da esperanza a los que, como la organización LGTBI húngara Háttér Society, tienen intención de desafiar ante los tribunales la totalidad de la Sección 33. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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Nuevos pasos en la aparentemente imparable senda de Hungría hacia la erradicación de los derechos fundamentales de la ciudadanía LGTBI. El Gobierno de Viktor Orbán (Fidesz) ha presentado una reforma de la Constitución que incluye la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Se trata de una medida que eleva al más alto nivel normativo el espíritu de la ley que prohibió la posibilidad de modificar legalmente el género asignado en el momento del nacimiento y que el Parlamento aprobó en mayo de este año. La reforma de la ley fundamental también fija sendas definiciones de «padre» y «madre» que proscriben el reconocimiento de la homoparentalidad e impone que la educación en los colegios debe basarse «en la cultura cristiana».

El pasado día 30 de marzo, el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, se incluyó una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la sección 33. Lo hacía por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya expresábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Dos ultraderechistas, Abascal y Orban, se saludan

Tal vez envalentonado por esta falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, el Gobierno de Orbán ha dado un paso más allá en la supresión de derechos de la comunidad LGTBI. El pasado 10 de noviembre, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba una reforma constitucional que, entre otros puntos, recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que, a pesar de que aparentemente ampara un derecho, en realidad se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Para ellos, la iniciativa blinda al máximo nivel normativo la prohibición de cambiar el género asignado en los archivos registrales, que como se ha explicado antes ya está vigente con carácter general en la legislación ordinaria.

Pero no es esta la única medida de la propuesta de reforma constitucional que pone a la comunidad LGTBI en el punto de mira. El texto presentado incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añadiría la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Para terminar de confirmar este objetivo, la ministra Varga ha anunciado la próxima tramitación de un proyecto de ley para limitar a las parejas casadas la adopción de menores.

Por último, otro de los puntos que ha despertado las alarmas del activismo es el que se refiere a los valores que deben inspirar la educación en las escuelas húngaras. La reforma constitucional impone que estos deben inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». La asociación LGTBI Háttér advierte de que esta formulación hará imposible la inclusión de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en los currículos escolares. El vice primer ministro Semjén ya ha aclarado que la reforma se debe entender como una prohibición de la «propaganda de género», un término paraguas que puede contener cualquier tema relacionado con la realidad LGTBI.

El Gobierno de Orbán avanza un paso más hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad LGBTI, llegando hasta la negación de su identidad en el caso de las personas trans e intersexuales. Retomamos, en este punto, la pregunta que nos hacíamos con motivo de la aprobación de la ley que prohibió la modificación legal del género asignado al nacer: ¿Reaccionará esta vez la Unión Europea con mayor contundencia, o seguirá limitándose a «condenar», «rechazar» y «lamentar»?

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Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Hungría, ampliamente dominado por las fuerzas de derecha, ha culminado la villanía. Por 133 votos a favor y 59 en contra, ha aprobado una ley «ómnibus» que incluye la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. La medida supone, posiblemente, el ataque más grave a los derechos LGTBI en un país de la Unión Europea desde la fundación de la que se supone es una alianza de estados de derecho.

Lo adelantábamos a principios de abril: el vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, había presentado un proyecto de ley que incluía una modificación de la normativa correspondiente al registro civil para impedir que una persona pudiese modificar sus datos registrales, incluyendo el sexo asignado al nacer, en razón de su identidad de gzsoénero. Se trataba, de hecho, de la primera reforma legislativa tras la asunción, el pasado 30 de marzo, de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. Un movimiento que contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional húngara, un parlamento unicameral en el que el partido de Orbán (Fidesz) y sus aliados cuentan con una más que cómoda mayoría absoluta.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Finalmente, este 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional ha aprobado la ley que incluye, entre otras medidas, la sección 33. Según un comunicado de condena hecho público por las organizaciones ILGA Europa, IGLYO, Transgender Europe y OII Europe (Organisation Intersex International Europe) lo ha hecho por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra.

Un ataque sin precedentes a los derechos LGTBI en la Unión Europea

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de una Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución del pasado 17 de abril en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo, sí, pero sin más valor que el meramente declarativo.

También nos hicimos eco en su momento de la carta que un grupo de eurodiputados dirigió al Gobierno húngaro reclamando dar marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explicaba que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. Lamentablemente, la carta estaba firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros.

Ahora Orbán ha culminado el órdago. Al margen de la evolución interna de los acontecimientos en Hungría (habrá que ver si la Corte Constitucional húngara se pronuncia en algún momento) nosotros nos preguntamos si la Unión Europea hara algo o seguirá limitándose a condenar, rechazar, lamentar, monitorizar… Estaremos atentos.

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban se niega a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que piden expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Hungría ha anulado la normativa de Ásotthalom, un pueblo húngaro que hace varias semanas se hizo conocido en todo el mundo por vetar a musulmanes y a homosexuales. Sin duda, un pequeño alivio y una señal de sensatez en un país cuya deriva política hacia la extrema derecha, acentuada desde la crisis de los refugiados pero que ya se había iniciado antes, lleva años causando inquietud en el colectivo LGTB.

Ásotthalom es un pequeño pueblo de poco más de 4.000 habitantes situado al sur de Hungría, muy cerca de la frontera con Serbia. Su alcalde es el periodista László Toroczkai, uno de los vicepresidentes del ultraderechista Jobbik (partido que en las elecciones de hace un año se consolidó como la tercera formación política de Hungría, con algo más del 20% de los votos). El propio Toroczkai se alzó en 2013 con la victoria en las elecciones municipales con más 70% de los votos gracias a su discurso ultranacionalista y desde entonces es alcalde de Ásotthalom.

Un lugar del que casi nadie había escuchado hablar hasta que hace unas semanas los medios internacionales se hicieron eco de una de las medidas aprobadas en noviembre pasado por su Ayuntamiento: la prohibición oficial en el municipio de mezquitas y lugares de oración para musulmanes, del velo y cualquier otra vestimenta tradicional musulmana y de cualquier actividad de “propaganda” de las relaciones homosexuales, incluyendo cualquier información que presentase al matrimonio como una institución no formada exclusivamente por un hombre y una mujer. La medida, de hecho, tenía una finalidad claramente propagandística, que el propio alcalde no tuvo inconveniente en reconocer. Se trataba no solo de evitar la instalación el el pueblo de musulmanes y personas homosexuales, sino de atraer a europeos cristianos que se oponen al multiculturalismo en sus propias naciones. “Le damos la bienvenida a gente de otros países de Europa occidental, personas que no quieren vivir en una sociedad multicultural”, llegó a declarar Toroczkai a la BBC.

Se llegó, de hecho, a diseñar paneles “informativos” con señales de prohibición de mezquitas, de velos islámicos y de muestras de afecto entre personas del mismo sexo, que dieron la vuelta al mundo. El pueblo de Hungría que no quería “ni a musulmanes ni a gais” se hizo famoso, y su alcalde muy posiblemente consolidó su popularidad y consiguió su momento de gloria. Hoy, por fortuna, hemos conocido que el Tribunal Constitucional de Hungría ha anulado la normativa, al considerar que las corporaciones locales húngaras carecen de competencia para restringir derechos fundamentales, algo que la Constitución húngara reserva al Parlamento. Laszlo Székely, defensor del pueblo húngaro, fue el que recurrió la normativa ante el alto tribunal.

Sin duda una (pequeña) buena noticia, y más viniendo de Hungría, un país que en los últimos años no se ha caracterizado precisamente por sus avances en materia LGTB. No siempre fue así: Hungría, recordemos, fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Poco después la derecha populista, representada por el partido Fidesz y su líder Viktor Orbán, conseguía un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución del país para, entre otras medidas autoritarias, “proteger” al matrimonio que se celebra “entre un hombre y una mujer”. El panorama político húngaro no mejoró mucho en 2014: el Fidesz se desgastó mínimamente y revalidó su aplastante mayoría, con casi en 45% de los votos, mientras que Jobbik, abiertamente ultra, ascendía hasta más del 20% y se situaba a solo cinco puntos de Unidad, la coalición de centro-izquierda que a duras penas mantuvo el tipo. Orbán, entretanto, no ha dudado en utilizar el voto húngaro en la Unión Europea para impedir la adopción de medidas de protección de los ciudadanos LGTB a nivel continental.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Ásotthalom, BBC, Discriminación, Fidesz, Homofobia, Hungría, Islam, Islamofobia, Jobbik, László Toroczkai, Tribunal Constitucional de Hungría, Unidad (Hungría), Viktor Orbán