La Federación Estatal LGTBI+ pide que se deje de tratar la intersexualidad como una enfermedad y que se desmedicalice la realidad de las personas intersex.
Así, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, recuerda que “los cuerpos intersex no implican ninguna enfermedad, ni trastorno, sino diversidad”. “Por eso, los colectivos pedimos que dejen de verse como algo raro, feo y patológico, envuelto siempre en un alto grado de secretismo y que se erradiquen las revisiones genitales invasivas y traumáticas para las personas intersex”, declara.
Igualmente, solicita el cese de las cirugías cosméticas e indiscriminadas a menores intersex, tal y como establece la recientemente aprobada Ley Estatal LGTBI+, y reivindica que se deje de someter a la infancia intersex a verdaderas “bombas hormonales”. Tal y como explica Iolanda Melero cofundadora de Kaleidos, entidad de personas interesex miembro de la Federación Estatal LGTBI+, “las intersexualidades no se refieren a la identidad de género, ni a la orientación sexual, sino a corporalidades, porque existen muchos tipos de cuerpos sexuados, no solo los dos típicos de hombre y mujer”.
Tema tabú
Así, Melero defiende que “El tema ha sido tan tabú hasta ahora que muchas personas intersex ahora adultas hemos sabido que lo somos ya de mayores al investigar, porque ni los profesionales médicos, ni la familia nos había dicho nada”, denuncia. “En mi caso, por ejemplo, mis padres descubrieron que yo era intersex cuando tenía 2 años porque una profesora les dijo que tenía los genitales hinchados. Me intervinieron quirúrgicamente a los 2 y a los 4 años. Ni mi familia, ni mi médico me dijeron nunca nada, solo que me habían tenido que operar de ‘ahí abajo’, sin especificar por qué. Un día, ya con 20 años, escuché en la consulta que el doctor le decía a otra persona que yo tenía el síndrome de Morris y entonces lo busqué”, relata Melero.
Así, la Federación y su entidad federada Kaleidos reclaman que cualquier cirugía o procedimiento invasivo genital u hormonal, que no tenga como objetivo de hacer frente a curar una problemática real física del menor, sea aprobado primero por un comité ético, en el que se asesore y empodere a la familia. Además, exigen que estos comités cuenten con expertos en diversidad afectivo-corporal, género, y con conocimientos en el desarrollo del trauma. Y, por supuesto, que haya siempre un consentimiento informado real a las familias y personas intersex acerca del porqué de cada intervención y posibles alternativas, efectos secundarios etc.
Mitos y desestigmatización
Por otra parte, Melero denuncia que, “a día de hoy, siguen circulando multitud de mitos sobre la intersexualidad que generan estigma y miedo a la visibilización como, por ejemplo, que somos el tercer sexo, que somos hermafroditas o que no somos del todo ni hombre, ni mujer”. “Así, para desmentir todos esos bulos, pedimos más visibilidad para las personas intersex desde un punto de vista no patologizante, ni estigmatizante, así como que se incluyan las intersexualidades dentro de la variabilidad del cuerpo en los libros de texto y enseñanza formal de Educación Primaria y Secundaria”, reclama.
El arresto de un grupo de mujeres trans en India, acusadas de pretender ser transgénero, ha provocado críticas por parte de activistas LGBTQ+.
Al menos 19 mujeres trans fueron arrestadas acusadas de extorsión y mendicidad en la ciudad sureña de Hyderabad, dijo a los periodistas la subcomisaria de policía Chandana Deepti.
La policía arrestó al grupo en relación con un negocio de extorsión, del que formaban parte las mujeres, que “fingían ser transgénero (para extorsionar) dinero”, afirmó Deepti.
También afirmó que la policía “sospecha” que dos de los 19 eran trans, ya que ambos se habían sometido a cirugías de afirmación de género.
“El resto ha confesado que son varones. Fueron disfrazados de mujeres para hacer creer a la gente que eran transgénero. Así es como extorsionaban (a la gente)”, dijo Deepti.
Sin embargo, Simran, una activista LGBTQ+ y mujer trans que trabaja para liberar al grupo, alegó que los habían obligado a confesar.
“Cuando me encontré con los (arrestados) en la comisaría, me dijeron que el personal policial los acosaba mucho, insultándolos y abusando de ellos, antes de obligarlos a cambiarse de ropa y ponerse ropa de hombre”, dijo.
Las acusaciones han provocado una feroz reacción de la comunidad transgénero india, que históricamente ha sido marginada en el país.
‘Examen medico’
Deepti se ha convertido en el centro de atención después de que le dijera a la publicación The News Minute (TNM) del sur de la India que las personas habían sido detenidas para un “examen médico” para determinar si eran transgénero o no.
Definió a las personas trans como individuos con “deformidades biológicas” que no tienen “órganos (genitales) completamente desarrollados” y tienen una “tendencia a vestirse como mujeres”.
Los activistas reaccionaron con sorpresa ante sus comentarios, que según ellos son representativos de la falta de comprensión entre los agentes de policía y resaltaron la falta de formación en sensibilidad que reciben los agentes en la India.
La activista por los derechos de las personas trans, Meera Sanghamitra, dijo a TNM que el oficial había confundido claramente a las personas trans con las personas intersexuales, diciendo: “Estas son dos categorías muy diferentes. Algunas personas trans pueden ser personas intersexuales y viceversa.
“Pero no todas las personas intersexuales son transgénero, ni todas las personas trans son intersexuales.
“Muchas personas trans siguen teniendo órganos sexuales que han estado ahí desde su nacimiento. Eso de ninguna manera los hace menos personas trans. Tus genitales son diferentes del género con el que te identificas”.
Según el índice de derechos LGBTQ+ impulsado por la comunidad Equaldex, India ocupa el puesto 42 entre 197 países en términos de derechos LGBTQ+.
Si bien la percepción pública de las personas queer en la India ha mejorado dramáticamente durante los últimos años, las personas LGBTQ+ todavía enfrentan restricciones sociales y legales.
La Federación Internacional de Atletismo le prohibía competir por tener altos valores de testosterona.
CIUDAD DE MÉXICO, México. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó el 11 de julio que la World Athletics violó los derechos de Caster Semenya. El órgano le había prohibido a la doble campeona competir a nivel internacional dentro de la categoría femenina, a menos que, por medio de intervenciones médicas innecesarias, redujera los niveles de testosterona que naturalmente expresa su cuerpo.
Especialistas de Human Rights Watchadvierten que este fallo es “técnico” pues dicen que Semenya “ganó su caso pero no el derecho a competir”.
Caster Semenya es una atleta sudafricana. Fue dos veces campeona olímpica y tres veces campeona mundial en los 800 metros planos, considerada una prueba de élite. De 2009 a 2017 acumuló, de manera consecutiva, 30 victorias en esa misma prueba, su prueba. Sin embargo, desde 2018 las autoridades de atletismo le han negado competir a nivel internacional en la categoría femenina.
“Estoy eufórica por el resultado de la sentencia. Ha tardado mucho en llegar. He luchado y seguiré luchando para que no exista discriminación en el deporte. He sufrido mucho a manos de los poderes fácticos que me han tratado mal. Han cuestionado el trabajo que he hecho para ser la atleta que soy. Mis derechos han sido violados. Mi carrera ha sido afectada. Todo ha sido tan perjudicial. Mental, emocional, física y económicamente”, expresó Caster Semenya en un comunicado.
Un caso para revisar
El fallo se da luego que en 2019 Semenya impugnara esa regulación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) pero perdió. El TAS argumentó que las reglas de la World Athletics “son una medida necesaria y razonable para garantizar una competencia justa en la categoría femenina”.
Dado que el TAS es un órgano suizo, Semenya llevó su demanda ante el Tribunal Federal Suizo pero éste la desestimó porque la World Athletics es una asociación de derecho privado de Mónaco. Pero sí concluyó que las normas violaban los derechos humanos de Semenya.
Semenya finalmente solicitó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisar su caso.
La sentencia Semenya c. Suiza – 10934/214-3 emitida este 11 de julio por el Tribunal Europeo de DDHH determinó que las “regulaciones de elegibilidad femenina” de la World Athletics —que le impidió competir desde 2018 y vivir bajo escrutinio por al menos quince años—, violaron su derecho a la no discriminación, la prohibición al trato inhumano, el derecho al respeto a la vida privada y el derecho al recurso efectivo (estos recursos incluyen el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada).
El fallo determinó que el Tribunal Federal Suizo ‘fracasó’ en defender las normas de derechos humanos aunque éste haya dicho que Semenya ha vivido discriminación. Sin embargo, la sentencia no cambia las regulaciones que, a Semenya y otras atletas como ella, les impide competir en el nivel más alto de competencia.
Quince años de escrutinio
Cuando Semenya tenía 18 años ganó el primer lugar de los 800 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo 2009. Después de una carrera posterior a su victoria la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (ahora llamada World Athletics) le informó que debía reducir sus niveles de testosterona si deseaba continuar corriendo esa prueba en la categoría femenina en competencias internacionales.
La condición que puso World Athletics sobre Semenya en 2009 se debió a que Semenya mejoró sus propios tiempos —8 segundos menos en los 800 metros—. Entonces la WA pensó que era dopaje pero las pruebas fueron negativas. Después vino el prejuicio de que Semenya tuviera una «rara condición médica» que podría garantizar una «ventaja injusta».
Semenya que no quería dejar de competir comenzó a tomar tratamiento hormonal para reducir sus niveles de testosterona. Pero también fue obligada por la WA a someterse a una “verificación de sexo”. Allí se reportó que fue sometida a fotografías invasivas de su cuerpo y pruebas degradantes de endocrinología, ginecología, genética y psicología.
Tras esa prueba la World Athletics y el Comité Olímpico Internacional (COI) determinaron que Semenya es “hiperandrogénica”. Es decir, que su cuerpo expresa naturalmente niveles elevados de testosterona.
También vulnerada la privacidad
La WA filtró el resultado de la “prueba de verificación de sexo” a la que fue sometida y el medio The DailyTelegraph lo publicó en una nota sin perspectiva de derechos humanos en relación a las personas intersexuales.
La filtración de esa información vulneró la privacidad de Semenya y devino en el escrutinio público, mediático y científico sobre su cuerpo, su identidad de género y su rendimiento deportivo.
Semenya se rehusó a seguir tomando medicinas para reducir su nivel de testosterona. En 2018 llevó su lucha a los tribunales para lograr que los cuerpos de las mujeres con físicos poderosos, con apariencia y expresión de género que no se apega a los estándares occidentales de feminidad, dejen de ser vigiladas, perseguidas y sometidas a pruebas de género invasivas —violatorias de derechos humanos— y obligadas a medicarse para reducir su testosterona natural.
Tribunal reconoce que las “reglas de elegibilidad” no tienen certeza científica
El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo determinó que World Athletics violó los derechos humanos de Semenya, mas no anuló las normativas del “Reglamento de Elegibilidad para la Clasificación Femenina de deportistas con diferencias de desarrollo sexual”, conocidas como “Regulaciones DSD”.
Esta norma, actualizada en marzo pasado, regula la participación de las atletas intersex y aquellas que sus cuerpos expresan altos niveles de testosterona de manera natural. Para competir les piden que se sometan a tratamiento hormonal para que reduzcan sus niveles de esta hormona por debajo de los 2.5 nano moles por litro de sangre.
En ese sentido, lograr cambios sustanciales en las Regulaciones DSD podría tomar más tiempo. Pero Semenya dice tener esperanza.
“La justicia ha hablado pero esto es solo el principio (…) Esta decisión seguirá siendo importante para todas las deportistas al establecer dudas sobre el futuro de todas las normas similares. Mi esperanza es que World Athletics, y, de hecho, todos los organismos deportivos, reflexionen sobre las declaraciones realizadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se aseguren de que respetan la dignidad y los derechos humanos de las atletas con las que tratan”, concluyó en su comunicado.
Por una resolución final
Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no anuló las Regulaciones DSD, determinó que en éstas “hay incertidumbre científica en cuanto a su justificación”. Y agregó que “es escasa la evidencia de que las atletas con diferencias de desarrollo sexual tengan alguna ‘ventaja atlética real significativa en las carreras’”.
Por su parte, World Athletics respondió al fallo que buscarán apelar el caso ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para una decisión final y definitiva”, y siguen sosteniendo que sus regulaciones de elegibilidad femenina se mantienen pues afirman “son un medio necesario, razonable y proporcionado para proteger la competencia leal en la categoría femenina”
Desde 2019 la World Athletics se ha deslindado de una responsabilidad frente a la protección de derechos humanos. Alude que es un organismo privado que no está sujeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
En 2020, la ONU calificó estas regulaciones como “mecanismos de exclusión innecesarios, humillantes y dañinos”. Reconoce que en ellas hay una forma particular de discriminación en el deporte hacia las mujeres y niñas negras, incluidas las mujeres y niñas interexuales, originarias del sur global.
“Soy una mujer y soy rápida”
Semenya no ha verbalizado de manera pública si se identifica como una mujer intersexual. Pero sí ha dicho: “Soy una mujer y soy rápida”.
En entrevistas y campañas que hablan de su poderío atlético frente a la exclusión de la World Athletics ha comentado también: “No es justo que me digan que debo cambiar. No es justo que la gente cuestione quién soy”.
Sin embargo, frente a la ola de desinformación y morbo por las características sexuales y la identidad de género de Semenya, es importante aclarar que la intersexualidad es una variación natural en el ser humano y hay muchas formas distintas de ser intersex. Por lo tanto, la intersexualidad no es una patología, no es una identidad de género, no es una orientación sexual y tampoco un “tercer género”.
Una regulación racista y sexista
Las regulaciones de elegibilidad femenina no solo han afectado a Semenya. La restricción de mujeres atletas a través de la vigilancia de sus cuerpos se remonta a la década de 1940. Desde entonces, la World Athletics y en su momento también el Comité Olímpico Internacional (COI), han determinado qué mujeres pueden competir a partir de someterlas a “pruebas de verificación de género”.
“Identificar a las atletas mediante la observación y la sospecha es una forma de controlar los cuerpos de las mujeres en función de definiciones arbitrarias de la feminidad y los estereotipos raciales”, señala HRW.
Derecho para todxs
Desde que Semenya comenzó su lucha por el derecho de todas las mujeres a correr libremente, las Regulaciones DSD se han ejercido de manera sistemática en al menos 10 atletas racializadas y originarias del sur global.
Para la World Athletics la reglamentación que permite la exclusión de las atletas que no quepan en sus estándares de lo que es “ser mujer”, “son legales y un medio necesario, razonable y proporcionado” para lograr su objetivo: “una competencia justa y significativa en el atletismo femenino”.
Teresa Pla, en una imagen sin datar, y cuando adoptó el nombre de Florencio Pla, en una imagen cedida por la editorial Sembra. EDITORIAL SEMBRA
Por Ferran Bono
El libro de una familiar y una película rescatan la figura de un hombre humilde, víctima de la dictadura y los prejuicios, perseguido como un maqui asesino y humillado por intersexual
“¡Que vendrá la Pastora y te comerá!”. Esta amenaza y otras similares eran una forma de atemorizar a los niños que no querían irse a dormir. Aludían a un particular hombre del saco, un coco con nombre de mujer que infundía pánico durante el franquismo, sobre todo en las comarcas del norte de la Comunidad Valenciana y del sur de Cataluña. La dictadura lo convirtió en un mito tras unirse a los maquis. Fue una especie de monstruo, un asesino despiadado que nació con órganos sexuales femenino y masculino. La prensa de la época lo presentaba como “una mujer de entrañas de pedernal, con una siniestra historia de crímenes, cruel, monstruosa y con rasgos hombrunos”.
En realidad, la Pastora siempre se sintió hombre y así lo reveló cuando, acosado y humillado por la Guardia Civil, se pasó a la guerrilla, eligió el seudónimo de Durruti y se quitó las ropas de mujer. Tenía unos 30 años. Luego cambió su nombre original de Teresa por el de Florencio. Nacido en 1917 en Vallibona, pequeña población del interior montañoso de Castellón, fue bautizado como mujer “por las dudas sobre su sexo a causa de una malformación genital” y por evitarle el servicio militar y la posibilidad de ser llamado a filas tras las guerras de Cuba y de Marruecos, apunta el historiador Raül González Devís, en el prólogo de Florencio Pla, la Pastora. La dignitat robada (en catalán, en la editorial Sembra), de Elena Solanas.
Este es el último libro, y el primero de un familiar, destinado a rescatar a Florencio Pla Meseguer de las redes del mito creado por la dictadura. Fue una víctima de la represión franquista, de los prejuicios y de la ignorancia. Un hombre humilde que se quedó muy pronto huérfano y trabajó como pastor, principalmente, en las masías de la comarca de El Maestrat, algunas de las cuales proporcionaban suministros a los maquis. Allí actuaba la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, a la que se sumó en 1949 y perteneció durante casi 20 meses. “Él no tomó una decisión política. Se hizo guerrillero para sobrevivir”, explica Elena Solana, sobrina nieta y autora de la obra, que plasma su esfuerzo por recuperar la dignidad de su familia, empezando por su tío abuelo. “Mi abuela, que vivía con nosotros, nunca nos quiso hablar de su hermano; luego lo entendí todo”, afirmó Solanas, en la presentación del libro el pasado mes en Valencia.
La autora ha tejido una red de complicidades con asociaciones y entidades diversas, ha reconstruido la vida de Florencio Pla y ha hecho justicia con su familia. “Nos lo ocultaron. Nos hicieron creer que había muerto a finales de los ochenta y principios de los noventa, pero no era así. Murió en 2004. Y yo no lo conocí. Me han robado mi historia, mi familia. Por eso he luchado por recuperarla, por contar la verdad, por saber todo lo que pasó, a él y a mi familia, perseguida y represaliada por el franquismo solo por ser su familia. Cuando empecé el sufrimiento, entendí los silencios de antes que decidí a romper”, explica.
Elena Solanas (a la derecha), sobrina nieta de Florencio Pla, en el rodaje del documental ‘Valentes’, emitido por À punt.
Tras huir de su tierra y ocultarse en Andorra, siempre en las montañas, Florencio fue detenido y condenado a pena de muerte en 1961, acusado de hasta 29 asesinatos, y conmutada por 30 años de cárcel. Pasó 17 años en prisión hasta su indulto en 1977. Entonces se fue a vivir a la población valenciana de Olocau, con la familia de Mariano Vinuesa, un funcionario de prisiones con el que trabó amistad. Florencio intentó lleva una vida discreta sin perturbar a sus familiares. “Fue un hombre corriente, que tuvo que sobrevivir a condiciones muy adversas desde que nació y a una adscripción de género con la que no se identificaba”, que no cometió “los crímenes que se le imputaban”, señala el historiador, estudioso de la resistencia armada antifranquista.
El cineasta y guionista Marc Ortiz escuchaba la amenaza esa de que viene la Pastora siendo niño en la población tarraconense de La Sénia. Ahora dirigirá un largometraje de ficción sobre la historia de Florencio Pla, para el que se ha documentado con testimonios de personas que lo conocieron. La productora es Paloma Mora, la misma que produjo el documental sobre la Pastora de la serie Valentes que emitió la cadena autonómica valenciana À Punt hace cinco años, para el que se recabó el testimonio de su sobrina nieta.
La población de Vallibona, donde nació Florencio Pla, en una imagen cedida por la editorial Sembra.
“Elena Solanas nos ayudó mucho y quedó contenta con el tratamiento. Estaba a la defensiva al principio por el amarillismo y sensacionalismo de antiguos trabajos”, apunta Mora. Así lo confirma en el libro la propia Solanas, que siempre se refiere a Florencio como hombre, tal y como él quería. La productora también resalta la ayuda de Montxo Armendáriz, que conoció a la Pastora durante la documentación para su película sobre los maquis El silencio roto, estrenada en 2001. El cineasta vasco ha sido script doctor o asesor de un guion del propio Ortiz, que ha sido seleccionado en el primer campus de verano organizado por la Academia del Cine con la colaboración de Netflix y el Ayuntamiento de Valencia. Los productores son Paloma Mora y Marc Muñoz.
Está previsto que el rodaje empiece el próximo mes de febrero. El equipo de la película, que ficciona partes de la vida de Florencio, se encuentra a la espera de que un conocido actor confirme su participación como protagonista. El proyecto, una coproducción con Colombia y Francia, ha sido bien recibido en festivales como Toronto y Berlín, y ha recibido la ayuda del Institut Valencià de Cultura. Los derechos de emisión han sido preadquiridos por TV-3 y À Punt. “La historia está interesando mucho, porque plantea una cuestión sobre la intersexualidad muy actual”, apunta Paloma Mora.
Calle dedicada a Florencio Pla en Vallibona, en una imagen cedida por Sembra
La película y el reciente libro se suman a los diversos trabajos de investigación histórica, literarios y periodísticos que, ya en democracia, han recuperado la memoria de Florencio Pla, entre otras víctimas de la dictadura franquista. La dramaturga Núria Vizcarro destacó en 2019 con su obra Instrucciones para no tener miedo si viene la Pastora, nominada a dos categorías de los Premios Max. La escritora Alicia Giménez Bartlett se inspiró en la Pastora para escribir la novela Donde nadie te encuentre,que ganó el Premio Nadal en 2011. En una entrevista publicada en 1988 en la revista El Temps, Florencio Pla explicaba que siempre se sintió hombre y su accidentada vida. “¿Y ha vuelto a Vallibona? [su pueblo natal]”, le preguntaba el periodista Miquel Alberola. “Sí, y tan malo que me ponen y el pueblo se volcó nada más llegar. Bajaron de todas las masías y hubo quien me besó la mano y todo. Claro, no me habían visto nunca de hombre”. Hoy, en Vallibona, con 75 habitantes, un paseo lleva el nombre de Florencio Pla, la Pastora.
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Ferran Bono
Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.
Las autoridades migratorias la mantuvieron incomunicada durante doce horas, y luego la deportaron. Denuncian discriminación racial y sexual.
CIUDAD DE MÉXICO, México. El 24 de febrero, Bea Is, defensora de derechos humanos de personas intersex peruanas, fue discriminada por su color de piel y expresión de género por la autoridad migratoria mexicana en el Aeropuerto Internacional de Cancún. La incomunicaron, la aislaron y doce horas después la deportaron injustificadamente a Perú. Las autoridades de migración no le dieron explicación por su retención y deportación.
Bea viajó a México por dos razones: vacaciones y un encuentro entre las organizaciones Brújula Intersex (de México) y Perú Intersex. Ambos colectivos tenían el objetivo de construir una reflexión en torno al trabajo compartido y cómo propiciar espacios de bienestar para activistas intersex de América Latina.
El arribo de Bea desde Lima (Perú) al Aeropuerto Internacional de Cancún fue el 24 de febrero a las 6:32 de la mañana. En el filtro de migración dos agentes la observaron de pies a cabeza y, sin su consentimiento, revisaron su celular.
Bea mostró sus reservaciones de hospedajes en las tres ciudades que iba a visitar. También mostró el itinerario de las actividades como defensora de derechos humanos y el vuelo de regreso. Aún así las agentes no le permitieron ingresar a México.
Una vulneración de derechos
Durante el interrogatorio al que la sometieron los agentes de migración, Bea no mencionó la palabra intersexual. Sin embargo, por cómo fue observada considera que el motivo de su retención, aislamiento, incomunicación y posterior deportación injustificada fue la discriminación racial y características sexuales no normativas. Como parte de su expresión de género Bea dejó crecer el vello de su barba.
“Esto afectó mucho mi salud mental. Me sentí muy vulnerable. Hasta hoy me cuestan hacer las actividades de mi vida. Lo que viví, los tipos de discriminación por la que atravesé en esta situación, a pesar de que la intersexualidad no fue mencionada de manera explícita o tocada en alguna de las preguntas de migración, por cómo las personas de migración me observaron, por mis características raciales y mi expresión de género creo importante mencionar que fue discriminación racial y discriminación por mis características sexuales no hegemónicas”, comentó Bea a Presentes.
La intersexualidad es una forma de diversidad corporal. No es una patología, no es una orientación sexual, no es una identidad de género y no es un “tercer género”.
Luego de la ventanilla de migración, Bea fue trasladada a una habitación en donde observó que había más personas de piel morena.
🔴 Denunciamxs la vulneración de los derechos humanos que sufrió nuestra coordinadora Bea IS en el Aeropuerto Internacional de Cancún en México al ser incomunicada, retenida por 12 horas e injustamente deportada a Perú. https://t.co/tchjKYcQAv
— Asociación Peruana De Personas Intersexuales (@Peru_Intersex) February 28, 2023
“Viví discriminación racial y por mis características sexuales no hegemónicas”
“En el primer filtro viví discriminación racial. Al pasar por la ventanilla de migración me preguntaron las reservas de hotel y vuelo; la señorita junto a otra, me observaron de pies a cabeza viendo las características externas de mi persona. Al pasar a una segunda entrevista me di cuenta que mis características coincidían con el grupo de personas que finalmente fuimos deportadas: en su mayoría con características de pueblos originarios, personas de color y personas que eran de ciertos países. Específicamente de Perú, Colombia y Venezuela. Había un patrón”, comentó a Presentes, Bea Is.
En esa segunda entrevista cuestionaron nuevamente a Bea sobre los motivos de su viaje. Mostró nuevamente, las reservas de su hospedaje y contó que colabora en la defensa de derechos humanos en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), el agente de migración que la entrevistó le dijo “no me quedan claros los motivos de tu viaje, ni tu itinerario”.
Además, el agente de migración revisó más información dentro del celular de Bea, sin su consentimiento.
“Vio el documento del evento que incluye información detallada del encuentro. Ahí está la palabra intersex y los logos de las organizaciones involucradas. Así es que ellos ven el término intersexual pero yo nunca lo hice explícito. Me da la impresión que en algún momento buscan información sobre las organizaciones y lo asumieron al colectivo LGBTIQ+. Finalmente el funcionario de migración determinó que no contaba con los requisitos para ingresar a México”, comenta Bea.
Pese a que Bea demostró documentos y gastos de vuelos y hospedaje, el agente de migración no le dijo la razón de su retención en la estación migratoria.
“El funcionario de migración solo me indicó que tomara asiento. Después de un rato me dijo que debía esperar el vuelo de regreso a mi país de origen”, recuerda Bea.
Autoridades migratorias violan derechos humanos
Actualmente el Instituto Nacional de Migración (INM) no cuenta con criterios, ni formatos, ni protocolos dentro de la Ley de Migración y su Reglamento; incluidas las normas en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del INM, que permita, desde el primer contacto, un trato digno hacia las personas LGBTI+ que se encuentran bajo cualquier estatus migratorio (turista; solicitante de asilo/refugio; migrante con situación administrativa regular o irregular).
El año pasado la activista trans brasileña, Keila Simpson llegaba a la Ciudad de México como invitada a un foro sobre derechos humanos. Fue aislada y deportada porque su documento no coincidía con su expresión de género.
Bea denuncia que ella y las otras personas en la estación migratoria del Aeropuerto Internacional de Cancún no recibieron un trato digno.
“El espacio donde nos tenían era vigilado por un oficial para evitar que alguien saliera. Estaba sucio, hacía frío, nos dieron de comer una vez, pero fue la aerolínea encargada de nuestro retorno; había colchonetas en mal estado y cobijas hechas de un material similar al papel aluminio. Nos prohibieron el uso de aparatos de comunicación y nos amenazaron”, comenta en entrevista.
Y agrega, “nos advirtieron que si alguno de nosotros tenía en su poder algún dispositivo que sirviera para comunicarse, nos iban a poner una alerta migratoria para no ingresar a ningún otro país, dando por sentado que todos los presentes queríamos emigrar a otro país y no nos encontrábamos viajando por placer”.
Además, Bea denuncia que a ella le tomaron fotografías y le pidieron dar su nombre completo. Dijeron que eran requisitos de la aerolínea a cargo de su retorno.
De acuerdo a lo que narra Bea, las autoridades migratorias incumplieron en más de un artículo de la normativa de Estaciones Migratorias y de la Ley de Migración para garantizar un trato digno y apegado a los derechos humanos.
Bea pasó 12 horas incomunicada en la estación migratoria del Aeropuerto Internacional de Cancún hasta que fue retornada en un vuelo a Perú sin que las autoridades migratorias de México justificaran la razón de su deportación.
“Solo nos hicieron firmar la recepción de un sándwich y una gaseosa por parte de Volaris (una aerolínea)”, comenta.
“Exigimos una disculpa pública y la reparación del daño, pues nuestra compañera estaba invitada para viajar a Guanajuato y Ciudad de México. Denunciamos discriminación debida a características sexuales no normativas, así como discriminación de índole etno-racial”, publicó Brújula Intersexual en un comunicado.
El 7 de marzo Copred solicitó a Bea una relatoría de los hechos. Hasta ahora no ha recibido respuesta del proceso de su queja por discriminación.
“Esperemos que puedan avanzar, sabemos que puede ser un proceso quizá lento, sobre todo porque involucra revisar a un organismo tan hermético como lo son las autoridades migratorias”, comentó Bea al final de la entrevista con Presentes.
En el Día Internacional de la Visibilidad Intersex (26 de Octubre) publicamos una serie de definiciones, datos y aclaraciones que Mauro Cabral -activista intersex y trans, director de GATE e integrante de Justicia Intersex*- compartió en sus redes sociales sobre la intersexualidad.
1- Las personas intersex son quienes nacimos con cuerpos cuyas características sexuales varían respecto de las que se consideran promedio, típicas y *la norma*. Hay muchas formas distintas de ser intersex.
2- Las personas intersex tenemos todo tipo de identidad de género. Nacer con un cuerpo intersex no significa no tener identidad de género, o tener un tercer género, o ser una persona no binaria. Significa haber nacido con un cuerpo que varía respecto del promedio femenino o masculino.
3- No todos los cuerpos intersex son *visibles* como tales desde el momento del nacimiento. Muchas veces sí, pero otras muchas veces no.
4- La mejor manera de empezar a hablar de cuerpos intersex en la infancia y la niñez es empezar por la diversidad corporal. Por ejemplo, mostrar que las personas tienen pelo de colores distintos -y algunas no tienen pelo; mostrar que muchas chicas usan el pelo largo, pero otras lo usan corto, y muchos chicos lo usan corto, pero otros lo usan largo. Por supuesto, está bueno hablar de genitales (e.g., muchas chicas tienen vulva, algunas chicas tienen pene) y de prácticas que los involucran (e.g., muchos chicos mean parados, otros chicos mean sentados), lo cierto es que los genitales se ven con menos frecuencia, y está bueno compartir experiencias del mirar y reconocer, que abran espacio al registro de la diversidad corporal de una manera directa y sin misterio.
5- No se trata de esperar a que la persona intersex diga qué es para operarla. Una persona intersex puede decir «soy una chica» y eso no significa que entonces esté bien cortarle el clítoris si es «muy largo» o hacerle una vagina. O puede decir «soy un chico» y eso no significa que esté bien operarle el pene para corregirle la forma que tiene. No importa cuál sea la identidad de género de la persona, incluso si no tiene identidad de género o si tiene varias. Lo *único* que importa es que la persona *quiera* operarse entendiendo cuáles son los riesgos y ventajas del procedimiento.
6- Sobre el término «hermafodrita»: no existen personas con *los genitales de ambos sexos*; esa es la representación mítica y artística, pero no es real.
Para la medicina las personas hermafroditas son aquellas que tienen tejido testicular y ovárico (por ejemplo, ovotestes); eso es así porque la clasificación hermafroditas/pseudohermafroditas fue creada en un momento en el que *la* explicación de la identidad de las personas estaba en las gónadas. Mujeres eran quienes tenían ovarios, hombres quienes tenían testículos, hermafroditas quienes combinaban ambos. Hermafrodita es un término antiguo, con una historia pesada y un impacto muy profundo en la vida de quienes lo encarnamos. Las personas hermafroditas (en el sentido anterior) son personas intersex, pero las personas intersex no son necesariamente hermafroditas.
Los 5 NO
NO instrumentalizar: la existencia de cuerpos, experiencias y personas intersex NO debe utilizarse para otros fines, por más políticamente correctos que parezcan. Por ejemplo decir, *la existencia de cuerpos intersex nos sirve para probar que el mundo es no binario*, no va.
NO simplificar: la intersexualidad no es un tercer sexo. Es un conjunto de múltiples variaciones de las características sexuales. Por ejemplo, decir *hay hembras, machos e intersexuales*, no va.
NO apropiar: la intersexualidad no es una remera para ponerse porque el violeta y el amarillo te quedan bien. Por ejemplo, decir *tod*s somos intersex* u *hoy me siento intersex*, no va.
NO patologizar: las variaciones corporales intersex no son una patología. Por ejemplo, decir que los géneros no binarios permiten estudiar mejor los cuerpos intersex, no va.
NO invisibilizar: que vos no hables, leas o escuches sobre intersexualidad no quiere decir que nadie más lo esté haciendo. Por ejemplo, decir *nadie dice nada sobre intersexualidad, nunca* realmente no va.
La turba la arrastró fuera de un bar para golpearla.(Captura de pantalla a través de Twitter)
Una turba violenta agredió sexualmente, golpeó y humilló a una persona intersexual durante varias horas, todo ello mientras lo filmaba en Yaoundé, Camerún.
En la capital, Sara (nombre ficticio) fue hospitalizada tras sufrir múltiples hematomas en todo el cuerpo. Sus lesiones son tan graves que, según los médicos, deberá estar en observación entre 15 y 18 días.
Según Human Rights Watch, el horrible ataque que ha sembrado el miedo en todo el país tuvo lugar el lunes (15 de noviembre).
Al parecer, el grupo captó la impunidad de sus agresores y se filmó a sí mismo atacando a Sarah durante varias horas en el distrito de Messassi. Dos de los vídeos se hicieron virales en las redes sociales, añadió la organización.
Las sorprendentes imágenes muestran a Sara, una camarera de 27 años, siendo golpeada con ramitas, agredida sexualmente y arrastrada al exterior a plena luz del día para que continúen los golpes.
Había conocido a sus agresores en un bar. Tras rechazar sus insinuaciones, los hombres se lanzaron al ataque, informó TV5Monde.
La policía municipal detuvo a un hombre en relación con el incidente, pero lo puso en libertad sólo 48 horas después.
El Gobierno guarda “silencio ante la violencia sin sentido contra una víctima LGBT+
El 16 de noviembre, la Fundación Camerunesa contra el Sida presentó una denuncia ante la policía en nombre de Sara, como víctima de agresión, lesiones y trato inhumano y degradante.
Human Rights Watch dijo que Sara intentó suicidarse el viernes. “La reciente agresión a una persona intersexual en la ciudad de Yaundé es algo que hay que condenar enérgicamente”, tuiteó Nkwain Hamlet, director ejecutivo del grupo camerunés de derechos LGBT+ Working For Our Wellbeing. “Nadie debe enfrentarse a ese tipo de trato”.
Human Rights Watch ha dado la voz de alarma por lo que describe como un aumento vertiginoso del número de detenciones arbitrarias de personas queer.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de personas entre febrero y abril, acusadas de homosexualidad, según la organización. Entre los 27 detenidos había un niño.
Los detenidos se enfrentan a palizas e incluso a exámenes anales forzados en lo que, según Human Rights Watch, equivale a “tortura”. “Las autoridades aún no han hecho una declaración pública sobre el ataque de Sara”, dijo el grupo en un comunicado en su sitio web. Su silencio sobre este incidente de alto perfil de violencia sin sentido contra una víctima LGBTI corre el riesgo de enviar un mensaje de tolerancia para este tipo de abuso y pone de manifiesto el fracaso del gobierno para proteger a los cameruneses LGBTI”.
La policía, añadió, debe “garantizar la seguridad de los activistas LGBTI que realizan un trabajo crucial en un clima de intimidación y violencia”.
La dura realidad de la comunidad LGTBI camerunesa
A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la complicada situación de las personas LGTB en Camerún, uno de los países con una LGTBIfobia social y de Estado más pujante. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones y abusos policiales, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.
En julio de 2013 se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. También en 2013, fue sentenciado a nueve años de cárcel Cornelius Fonya, acusado de mantener relaciones con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Su abogado, Walter Atoh, ha debido huir del país tras ser amenazado de muerte, mientras se dilucida la apelación. Un año después, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.
A finales de 2015, Joshua Mbarga, un activista LGTB, sufrió la invasión de su hogar por unos delincuentes que intentaron matarle tras robarle con total impunidad. Alertada por los vecinos, la Policía intervino hasta que los asaltantes decidieron acusar a Mbarga de pretender mantener relaciones sexuales con uno de ellos. En ese momento la víctima se convirtió en objeto de investigación.
Como explicábamos más arriba, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel en Camerún, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de «flagrante delito». Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la policía ignora este requerimiento.
El departamento de Estado de los Estados Unidos ha informado de la emisión del primer pasaporte del país con un marcador de sexo legal «X». Culmina así la batalla legal de seis años de duración de Dana Zzyym, activista intersexual y de género no binario. La administración Biden ha anunciado que la tercera opción de sexo legal estará disponible de manera generalizada a partir de comienzos del año que viene. La iniciativa es un paso fundamental para acabar con la discriminación basada en la identidad de género. Otros países, como Alemania, Austria, Islandia o Malta ya han aprobado medidas similares para reconocer la identidad de su población intersexual o de género no binario.
El departamento de Estado ya había adelantado la medida en junio, pero fue el pasado miércoles cuando su portavoz, Ned Price, confirmó la decisión. Se trata de la primera vez que las autoridades estadounidenses emiten un pasaporte con un marcador de sexo legal distinto a los de «masculino» y «femenino». La persona que se ha beneficiado de esta novedad es Dana Zzyym, activista intersexual y de género no binario de la organización Intersex Campaign for Equality.
Zzyym ha librado una batalla legal de seis años con el apoyo de Lambda Legal, que finalmente ha culminado de manera positiva. En octubre de 2015, Lambda Legal presentó una demanda en la Corte de Distrito de Colorado para exigir su derecho a obtener un pasaporte que refleje su identidad de género. El tribunal falló dos veces a favor de Zzyym, en noviembre de 2016 y en septiembre de 2018, pero el departamento de Estado de la administración Trump recurrió las sentencias ante la Corte de Apelaciones del 10º Distrito, a la que pertenece Colorado. Hace algo más de un año, este tribunal ratificó la decisión de su instancia inferior y la nueva administración Biden ha materializado ahora por fin la medida.
El objetivo principal de la reforma es el de «servir mejor a todos los ciudadanos de los Estados Unidos, con independencia de su identidad de género», según Price, que informó de que a partir de comienzos del año que viene se actualizarán los formularios en línea para que cualquier persona pueda solicitar un pasaporte con la nueva opción de sexo legal «X». No se prevé que las autoridades exijan ningún tipo de informe médico para registrarse bajo el género no binario.
La medida es un paso muy importante en la lucha contra la discriminación basada en la identidad de género. Otros países ya han adoptado decisiones similares, ya sea en casos concretos o con carácter general: se trata de Alemania , Argentina, Australia,Austria, Canadá, , Pakistán, la India o Nepal, Islandia o Malta . En el Reino Unido, sin embargo, la justicia rechazó el año pasado la emisión de pasaportes con una tercera opción de sexo legal.
En el Día de la Concienciación sobre la Intersexualidad (26 de octubre), el gobierno de Biden ha denunciado las cirugías genitales forzadas para las personas intersexuales.
El Día de la Concienciación sobre la Intersexualidad pretende poner de relieve los problemas de derechos humanos a los que se enfrentan las personas intersexuales en todo el mundo.
El martes, el Departamento de Estado de EE.UU. tuiteó: “Hoy, en el Día de la Conciencia Intersexual, reconocemos las voces de las personas intersexuales en todo el mundo. Aquí, en el Departamento, estamos comprometidos con la promoción y protección de los derechos humanos de las personas intersexuales”.
El tuit también enlazaba al sitio de comunicaciones internacionales del Departamento de Estado Share America, que explica: “Casi una de cada 2.000 personas nace con variaciones en su anatomía reproductiva o sexual, o tiene un patrón cromosómico que no encaja con lo que se considera típicamente masculino o femenino… Las personas intersexuales están luchando en muchos lugares por el reconocimiento, la igualdad y sus derechos humanos.”
Today on Intersex Awareness Day, we recognize the voices of intersex people around the world. Here at the Department, we are committed to promoting and protecting the human rights of intersex persons. Learn more here: https://t.co/st0fqTddQf.
La página también reconoce el problema de la cirugía genital forzada para los niños intersexuales.
Y añade: “Como las personas intersexuales nacen con características biológicas únicas, son diferentes de las personas transexuales, que no se identifican con su identidad de género asignada. Irónicamente, muchas personas intersexuales reciben cirugías y tratamientos hormonales no deseados por los que las personas transexuales tienen que luchar”.
El Departamento de Estado siguió con otro tuit, compartiendo una cita de Joe Biden durante un discurso a principios de este año.
.@POTUS: Around the globe, including here at home, brave lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex (LGBTQI+) activists are fighting for equal protection under the law, freedom from violence, and recognition of their fundamental human rights. pic.twitter.com/E72oFbXfg6
Decía: “En todo el mundo, incluso aquí en casa, valientes activistas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer e intersexuales (LGBTQI+) están luchando por la igualdad de protección ante la ley, la libertad de la violencia y el reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales”.
En todo el mundo, las personas intersexuales representan la misma proporción de la población que los pelirrojos
Las personas intersexuales han existido durante toda la historia de la humanidad, pero siguen enfrentándose al estigma y la discriminación.
Los rasgos intersexuales son perfectamente naturales y mucho más comunes de lo que la mayoría de la gente cree, ya que representan alrededor del 1,7 por ciento de la población mundial, una cifra aproximadamente equivalente al número de pelirrojos.
En la mayoría de los casos, nacer intersexual supone un riesgo cero, y las personas intersexuales pueden llevar una vida feliz y saludable con poca o ninguna intervención médica.
Sin embargo, a menudo se ha obligado a estos niños a someterse a cirugías innecesarias, con el objetivo de “arreglarlos”, antes de que tengan la edad suficiente para dar su consentimiento.
Las cirugías incluyen la clitoroplastia, la vaginoplastia, la faloplastia y la gonadectomía, y se realizan con frecuencia en los bebés intersexuales hasta el día de hoy, a pesar de que la comunidad pide el fin de estas operaciones.
Hoy en día, un número creciente de organismos médicos opta por no realizar los procedimientos, pero aún queda mucho camino por recorrer.
El socialdemócrata y previsible canciller Olaf Scholz
Alemania celebró el pasado domingo las elecciones generales que ponen punto final a la era Merkel. La retirada de la canciller se ha saldado con una debacle para los democristianos de la CDU/CSU, que cosechan el peor resultado de su historia con un 24%. Por el contrario, los socialdemócratas del SPD se hacen con la victoria tras subir más de cinco puntos. Los otros vencedores son Los Verdes, que consiguen su mejor marca con casi un 15% y tendrán la llave del futuro Gobierno junto con los liberales del FDP. El posible desalojo de la Unión tras dieciséis años liderando el país es una buena noticia para la comunidad LGTBI, que espera avances legislativos que ya se han postergado demasiado tiempo. En lo que se refiere a la visibilidad, el nuevo Bundestag hace historia con las dos primeras mujeres trans en ocupar escaños y al menos otros 19 miembros abiertamente LGTBI.
En cuanto a los comicios del pasado domingo, los resultados han traído la consolidación de las tendencias apuntadas por las encuestas, como ya pasara en 2017. Los socialdemócratas se alzan con la victoria por primera vez desde 2002, impulsados por su bien valorado candidato Olaf Scholz (suben del 20,5% al 25,7% y consiguen 206 escaños en el Bundestag). Los democristianos de la CDU/CSU se desploman tras la salida de Angela Merkel y cosechan su peor resultado histórico (pasan del 32,9% de los votos al 24,1% y se quedan con 196 escaños). El resto del Bundestag se reparte entre Los Verdes, que alcanzan su mejor cifra hasta la fecha (14,8% y 118 escaños), los liberales del FDP, con una ligera subida (11,5% y 92 escaños), la ultraderecha de la AfD con un leve descenso (10,3% y 83 escaños) y la izquierda de Die Linke, junto a los democristianos los grandes perdedores de la noche (4,9% y 39 escaños). También entra un diputado en representación de las minorías danesa y frisona en Schleswig-Holstein.
El cordón sanitario a la extrema derecha deja solo tres posibles coaliciones de Gobierno con mayoría parlamentaria: una repetición de la gran coalición (pero con el SPD al frente) que se da casi por descartada, una coalición «jamaicana» entre CDU/CSU, Verdes y FDP, o un pacto «del semáforo» entre SPD, Verdes y liberales, que hoy en día parece la opción más probable. Requerirá, eso sí, de un gran esfuerzo negociador para conciliar las posturas divergentes, sobre todo en política fiscal y presupuestaria, entre las fuerzas de centroizquierda y los liberales del FDP.
En materia LGTBI, sin embargo, el posible pacto entre tres fuerzas decididamente a favor del avance en derechos se contempla con un moderado optimismo. Sobre las principales reivindicaciones de los colectivos LGTBI alemanes debería haber consenso entre SPD, Verdes y FDP. Se trata, por ejemplo, de la reforma de la ley de identidad de género (que data de 1980) en un sentido despatologizador y de autodeterminación de género, o de la reforma constitucional para prohibir la discriminación basada en la identidad sexual. El refuerzo de la educación en la diversidad, la protección a los refugiados LGTBI o la lucha contra los delitos de odio también podrían estar en la agenda. Estaremos pendientes de las negociaciones.
Una victoria de la visibilidad
El recién elegido Bundestag representa un hito de la visibilidad trans: por primera vez, dos mujeres trans se sentarán en sus escaños. Se trata de Tessa Ganserer, hasta ahora en el Parlamento de Baviera, y de Nyke Slawik, ambas pertenecientes a Los Verdes. La nueva cámara baja cuenta en total con al menos 21 personas abiertamente LGTBI. Nueve pertenecen a Los Verdes, siete al SPD, tres al FDP, uno a la CDU (el ministro de Sanidad en funciones Jens Spahn) y una a la AfD (su colíder Alice Weidel).
Importante medida a favor de las personas LGTBI por parte de la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden. El departamento de Salud ha anunciado la recuperación de la protección antidiscriminatoria en la prestación de servicios sanitarios a las personas trans, intersexuales y de género no binario. Se trata de una nota aclaratoria que el expresidente Barack Obama añadió a su reforma sanitaria, conocida como Obamacare, en 2016. Cuatro años después, la administración Trump decidió anular la orden de Obama, dando vía libre a la exclusión de pacientes basada en su identidad de género del sistema de salud. La medida se cuenta, junto con la reversión de la prohibición de servir en el Ejército, entre las principales iniciativas aprobadas por Biden para restablecer la igualdad de la comunidad trans.
En 2010, la administración de Barack Obama impulsó una de sus medidas más emblemáticas, la Ley de Protección al Paciente y de Cuidados Asequibles (más conocida como Obamacare). La nueva regulación prohibía la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el origen nacional, la discapacidad, la edad o el sexo en cualquier programa o actividad sanitaria que reciba financiación federal. En 2016, durante el segundo mandato de Obama, se añadió una nota aclaratoria para explicar que la categoría protegida «sexo» debía entenderse como «la percepción interna de género de cada cual, que puede ser masculino, femenino, ninguno de los dos o una combinación de masculino y femenino».
La reforma tenía el objetivo de proteger contra la discriminación basada en la identidad de género y prohibir a los profesionales médicos, instituciones y aseguradoras la exclusión de las personas trans o intersexuales en el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos necesarios. El texto fue objeto de demandas legales y varios jueces se pronunciaron a favor y en contra. Con la llegada al poder de Donald Trump, se paralizó la aplicación de la medida hasta su completa abolición que ha llegado esta semana.
En 2019 se produjo el primer intento de consolidar sobre el papel lo que ya se estaba aplicando en la práctica, pero fue en junio de 2020, coincidiendo con el cuarto aniversario del ataque en Orlando, cuando la administración Trump consagró la anulación de la reforma de Obama. Con la nueva definición, la categoría de «sexo» pasaba a entenderse como «masculino o femenino y determinado por la biología», excluyendo por tanto de la protección antidiscriminatoria a las personas trans, intersexuales o de género no binario. El Centro Nacional por la Igualdad Transgénero lamentó que tal retroceso llegara además en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y advertía de que los profesionales médicos podrían rechazar legalmente tratar a pacientes de COVID-19 solo por ser personas trans.
Desde el pasado lunes 10 de mayo, sin embargo, esta posibilidad queda de nuevo descartada. El departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por el secretario Xavier Becerra, anunció que la medida regresiva de la anterior Gobierno republicano queda revertida y se recupera el texto aprobado por Obama en 2016. La administración Biden vincula esta decisión con la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2020 que prohibió la discriminación laboral de la población LGTBI y aclara que los artículos correspondientes del Obamacare que hacen referencia al sexo se interpretarán en un sentido amplio que incluya la orientación sexual y la identidad de género.
La decisión es la segunda de gran calado que afecta a la comunidad trans desde la llegada al poder de Joe Biden en enero de este año. La primera de ellas fue, en realidad, otra rectificación de la anterior administración: la revocación de la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército estadounidense. Una de las medidas estrella de la administración Trump, que puso a la comunidad en su punto de mira con el intento indisimulado de suprimir su existencia jurídica. Un ataque a la igualdad y el reconocimiento de las personas trans que Biden ahora ha empezado a revertir.
Y Abascal, alumno aventajado del fascista Viktor Orbán
Ampliamos la noticia que ya publicábamos el mes pasado… Victoria para las personas trans que habían iniciado el proceso de reconocimiento legal de su identidad en Hungría antes de la entrada en vigor de la ley que lo prohíbe. El Tribunal Constitucional de ese país ha dictaminado que la mencionada ley no tiene efectos retroactivos. El dictamen de la alta corte húngara, sin embargo, no entra en el fondo del asunto y no invalida un texto que atenta contra la legislación internacional y contra su propia jurisprudencia.
Como en su momento recogimos, la Asamblea Nacional húngara, ampliamente dominada por las fuerzas de derecha, aprobó en mayo del año 2020, en plena primera ola de la pandemia del coronavirus, una ley «ómnibus» que incluye, en su infame Sección 33, la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente todavía en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal. Se da la circunstancia, además, de que el propio Tribunal Constitucional de Hungría había fallado en 2018 a favor del derecho de las personas trans a ver reconocida legalmente su identidad de género.
Finalmente, el pasado 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional húngara aprobaba la ley, posiblemente el mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea desde su fundación. Un órdago que, ya desde que fue anunciado, recibió una respuesta tibia por parte de resto de países de la Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por aquel entonces preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus (la asunción de poderes extraordinarios por su primer ministro, Viktor Orbán) y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo sin más valor que el meramente declarativo.
Ahora el Tribunal Constitucional húngaro ha revisado lo que sucede con las personas que ya iniciaron el procedimiento de modificación de sus datos registrales antes de la entrada en vigor de la mencionada Sección 33, varias de las cuales iniciaron en su momento un procedimiento judicial. La alta corte ha dictaminado que, en efecto, estas personas tienen derecho a que el procedimiento culmine, dado que la legislación no puede tener carácter retroactivo. El Tribunal de hecho, subraya en su sentencia que las leyes no pueden restringir derechos fundamentales y hace mención, en ese sentido, a su propia sentencia de 2018 a favor de que personas trans puedan ver reconocida legalmente su identidad.
La decisión del Tribunal Constitucional de Hungría, además de suponer una noticia importantísima para las personas a las que afecta directamente, supone un pequeño soplo de aire fresco en un país en el que los derechos LGTBI están siendo progresivamente recortados sin que la Unión Europea mueva un dedo para impedirlo, y da esperanza a los que, como la organización LGTBI húngara Háttér Society, tienen intención de desafiar ante los tribunales la totalidad de la Sección 33. Estaremos atentos.
La atleta sudafricana Caster Semenya, abiertamente lesbiana, ha dado un nuevo paso en los tribunales para poder proseguir su carrera deportiva en la alta competición. En 2018 la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) aprobó un reglamento sospechosamente selectivo que tiene como fin impedir que Semenya pueda competir, a no ser que se medique para rebajar sus niveles de andrógenos, que de forma natural sintetiza en mayor cantidad que la mayoría de las mujeres. Por ello, tras dos apelaciones infructuosas (en 2019 en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y este mismo año en el Tribunal Supremo Federal de Suiza) la atleta ha decidido elevar su lucha al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Caster Semenya ha dejado claro que continuará su lucha judicial para competir sin discriminación y para «ayudar a crear un mundo más igualitario». Además de Semenya, el reglamento restrictivo del atletismo mundial también impediría que la medallista de plata Francine Niyonsaba de Burundi y la medallista de bronce Margaret Wambui de Kenia compitan en los 800 metros en los Juegos de Tokio del próximo año, condicionando así la clasificación.
La sudafricana, que fue ganadora en 800 metros lisos en los mundiales de 2009 y 2017, así como el oro en la misma categoría en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, siempre ha sido discutida por algunos debido a una supuesta intersexualidad (realidad con la que ella no se siente identificada). Y la aprobación del nuevo reglamento de la IAAF la dejaba prácticamente fuera de juego de la alta competición, como recogía en su momento dosmanzanas, que ha seguido de cerca sus dos carreras: la deportiva y la de la igualdad.
En la primavera de 2019 se hizo pública la vergonzosa decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (también conocido como TAS, sus siglas en francés), que daba la razón a la IAAF en su disputa con Semenya. Y el pasado mes de septiembre, la atleta tampoco corrió mejor suerte en el Tribunal Supremo Federal de Suiza (al que apeló por encontrarse en el país alpino la sede del TAS).
Lejos de rendirse, recientemente la deportista olímpica ha llevado su reivindicación hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no abandonará la batalla en los tribunales hasta que la IAAF admita «el error» que ha cometido y despeje el reglamento de una discriminación tan aberrante que la obligue a abandonar su carrera deportiva, a medicarse o a competir «como hombre» (todas ellas soluciones inaceptables).
Las instituciones sudafricanas se vuelcan con Semenya
El Gobierno de Sudáfrica ha dejado claro el apoyo a su compatriota y declara que «es más que la lucha individual» de una atleta. La Comisión para la Igualdad de Género (CGE) y la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica (SAHRC) «se unen para perseguir la injusticia contra Caster Mokgadi Semenya». Una injusticia que «afecta a las mujeres negras en los países en desarrollo».
Asimismo, según explican las citadas instituciones gubernamentales, «se trata de restaurar su dignidad humana y sus derechos a participar y tener ingresos del deporte, así como los derechos de otros deportistas, que también han sido discriminados y perjudicados por la nueva normativa discriminatoria de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) que entró en vigor en 2019».
Ambas instituciones creen que el resultado del Tribunal Supremo Federal de Suiza equivale a una grave violación del derecho a la integridad corporal, la dignidad humana y la privacidad de atletas como Caster Semenya, «cuyos cuerpos, sin tener la culpa, producen lo que se considera altos niveles de testosterona».
Por lo tanto, la CGE y la SAHRC están «firmemente decididas a organizar una defensa y apoyo a nivel mundial y nacional para las mujeres atletas como Caster Semenya y cualquier otra persona que incumpla la nueva regulación de la IAAF». La CGE y la SAHRC incluirán al Presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Matamela Ramaphosa, en su calidad de Presidente de la Unión Africana, los Ministerios de la Mujer, la Juventud y las personas con discapacidad y Deportes, Arte y Cultura; la Asamblea Nacional a través de los Comités de Cartera de Mujeres, Jóvenes y Personas con Discapacidad y Deportes, Artes y Cultura, así como el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación. Esta petición no se limitará a Sudáfrica y África, sino también a las Naciones Unidas.
El Parlamento sudafricano aprobaba a finales de 2020 una moción sin previo aviso que no solo condena las acciones de la IAAF contra Caster Semenya como una «injusticia y violación de los derechos humanos», sino que también resuelve que hará «todo lo que esté en su poder» para ayudarla en su lucha por la justicia y la igualdad.
Por su parte, el abogado Greg Nott (del bufete Norton Rose Fulbright, que defiende a Semenya), publicó un artículo el pasado 18 de noviembre en el que asegura que la «#OperationRunFree sigue ganando impulso». «Los negros continúan surgiendo de las cenizas de la opresión para dejar su huella en la historia. Tenemos a Kamala Harris convirtiéndose en la primera mujer, negra e india-americana vicepresidenta de los Estados Unidos. Y Lewis Hamilton empató recientemente el récord de carreras de Fórmula 1 de Michael Schumacher para convertirse en el piloto más exitoso en la historia de este deporte».
«Desafortunadamente, la arena internacional del atletismo todavía no está ‘abierta a todos’ por así decirlo y es por eso que nuestra campeona olímpica Caster Semenya no renuncia a su lucha contra la discriminación en el atletismo internacional», agrega Nott.
La policía alemana se vuelve más inclusiva. Con el nuevo año ha entrado en vigor una reforma del reglamento sobre el acceso a las fuerzas de seguridad que abre la puerta a las personas trans, intersexuales o de género no binario. El texto elimina los requisitos que excluían a los candidatos no cisgénero al imponer determinadas características corporales, como disponer de «al menos un testículo funcional» en el caso de los aspirantes varones. El ministerio del Interior cumple así con la promesa de acabar con la discriminación basada en la identidad de género existente hasta ahora.
El acceso al cuerpo de policía en Alemania se rige por la norma PDV 300, que regula los criterios que deben cumplir las personas aspirantes al uniforme. Con la versión en vigor hasta el pasado 31 de diciembre, se exigía de los varones que tuvieran «al menos un testículo funcional» y se descartaba a las mujeres con implantes mamarios. Se requería, además, la estabilidad en la función hormonal «andrológica» o «ginecológica» según el caso.
Con los cambios que han entrado en vigor con el nuevo año, la discriminación de las personas trans, intersexuales y de género no binario ha pasado a la historia. Una nota aclarativa al principio del texto explica que cualquier indicación que utilice la fórmula masculina se entenderá aplicable a todos los géneros. En Alemania existe una tercera opción de sexo legal con la denominación de «diverso» desde 2018. Además, se eliminan los requisitos corporales que excluían de facto a las personas trans e intersexuales.
Se cumple así con una promesa que hizo el ministerio del Interior hace dos años como respuesta a una pregunta parlamentaria de Jens Brandenburg, del FDP, quien se ha felicitado por los cambios. Se trata de un «hito histórico» para la «vinculación de la policía con una sociedad diversa», afirmó. El diputado liberal, proponente de la reforma, reclama ahora formación para que los agentes policiales puedan aplicar sin dificultades la medida. Desde la izquierda de Die Linke también saludan la modificación y destacan su valor para la prevención de la violencia intrapolicial.
Nuevos pasos en la aparentemente imparable senda de Hungría hacia la erradicación de los derechos fundamentales de la ciudadanía LGTBI. El Gobierno de Viktor Orbán (Fidesz) ha presentado una reforma de la Constitución que incluye la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Se trata de una medida que eleva al más alto nivel normativo el espíritu de la ley que prohibió la posibilidad de modificar legalmente el género asignado en el momento del nacimiento y que el Parlamento aprobó en mayo de este año. La reforma de la ley fundamental también fija sendas definiciones de «padre» y «madre» que proscriben el reconocimiento de la homoparentalidad e impone que la educación en los colegios debe basarse «en la cultura cristiana».
El pasado día 30 de marzo, el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, se incluyó una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.
Finalmente, el 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la sección 33. Lo hacía por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya expresábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.
Dos ultraderechistas, Abascal y Orban, se saludan
Tal vez envalentonado por esta falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, el Gobierno de Orbán ha dado un paso más allá en la supresión de derechos de la comunidad LGTBI. El pasado 10 de noviembre, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba una reforma constitucional que, entre otros puntos, recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que, a pesar de que aparentemente ampara un derecho, en realidad se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Para ellos, la iniciativa blinda al máximo nivel normativo la prohibición de cambiar el género asignado en los archivos registrales, que como se ha explicado antes ya está vigente con carácter general en la legislación ordinaria.
Pero no es esta la única medida de la propuesta de reforma constitucional que pone a la comunidad LGTBI en el punto de mira. El texto presentado incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añadiría la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Para terminar de confirmar este objetivo, la ministra Varga ha anunciado la próxima tramitación de un proyecto de ley para limitar a las parejas casadas la adopción de menores.
Por último, otro de los puntos que ha despertado las alarmas del activismo es el que se refiere a los valores que deben inspirar la educación en las escuelas húngaras. La reforma constitucional impone que estos deben inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». La asociación LGTBI Háttér advierte de que esta formulación hará imposible la inclusión de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en los currículos escolares. El vice primer ministro Semjén ya ha aclarado que la reforma se debe entender como una prohibición de la «propaganda de género», un término paraguas que puede contener cualquier tema relacionado con la realidad LGTBI.
El Gobierno de Orbán avanza un paso más hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad LGBTI, llegando hasta la negación de su identidad en el caso de las personas trans e intersexuales. Retomamos, en este punto, la pregunta que nos hacíamos con motivo de la aprobación de la ley que prohibió la modificación legal del género asignado al nacer: ¿Reaccionará esta vez la Unión Europea con mayor contundencia, o seguirá limitándose a «condenar», «rechazar» y «lamentar»?
Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orbannegándose a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que pedían expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría
La justicia estadounidense ha suspendido una orden que pretendía despojar a las personas trans de la protección antidiscriminatoria en la sanidad. Se trata de una reforma que la administración Trump aprobó en junio y que pretendía dar vía libre a la exclusión de pacientes del sistema de salud basada en su identidad de género. El texto se enmarca en una estrategia más amplia de la administración republicana cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans. El juez federal Frederic Block decretó, un día antes de su prevista entrada en vigor, la paralización de la medida. Considera que es contraria al precedente establecido por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género.
En 2010, la administración de Barack Obama impulsó una de sus medidas más emblemáticas, la Ley de Protección al Paciente y de Cuidados Asequibles (más conocida como Obamacare). La nueva regulación prohibía la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el origen nacional, la discapacidad, la edad o el sexo en cualquier programa o actividad sanitaria que reciba financiación federal. En 2016, durante el segundo mandato de Obama, se añadió una nota aclaratoria para explicar que la categoría protegida «sexo» debía entenderse como «la percepción interna de género de cada cual, que puede ser masculino, femenino, ninguno de los dos o una combinación de masculino y femenino».
La reforma de 2016 tenía el objetivo de proteger contra la discriminación basada en la identidad de género y prohibir a los profesionales médicos, instituciones y aseguradoras la exclusión de las personas trans o intersexuales en el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos necesarios. El texto fue objeto de demandas legales y varios jueces se pronunciaron a favor y en contra. Con la llegada al poder de la administración de Donald Trump, se paralizó la aplicación de la medida hasta que en junio de este año se anunció su completa abolición.
El departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el cambio en un comunicado de prensa en el que justifica la derogación como un «retorno» al «sentido literal de la ley según se aprobó en el Congreso» y se vanagloria del ahorro en costes que supondrá. Con la nueva definición, la categoría de «sexo» se entendería como «masculino o femenino y determinado por la biología», excluyendo por tanto de la protección antidiscriminatoria a las personas trans, intersexuales o de género no binario.
La entrada en vigor de la reforma estaba prevista para el pasado 18 de agosto. Pero un día antes, un juez federal decretaba su paralización. El magistrado Frederic Block del Tribunal del Distrito Este de Nueva York consideró que la medida de la administración Trump entra en contradicción con la histórica sentencia del Tribunal Supremo, que se hizo pública también en el mes de junio, y que declaró ilegal la discriminación laboral basada en la orientación sexual o en la identidad de género. La orden del juez Block da respuesta a la demanda presentada por dos mujeres trans y paraliza la aplicación de la medida, pero no es una sentencia firme.
En el fondo del asunto se encuentra la discusión sobre el alcance de la definición de «sexo» aplicada a las normas antidiscriminatorias. Mientras que la administración Obama amplió sus límites para incluir a las personas trans, intersexuales o no binarias, la actual Casa Blanca republicana se ha fijado como objetivo la supresión de la existencia jurídica de las personas trans. En esta estrategia se enmarca la aprobación de medidas para excluir la identidad de género de las protecciones antidiscriminación que existían en el acceso al empleo, la educación, la vivienda y por último la sanidad. Una regresión que la justicia está poco a poco revirtiendo.
Albania aprueba una legislación que protegerá a los bebés intersexo frente a operaciones de asignación de sexo innecesarias y se convierte en uno de los pocos países del mundo en tener una legislación sobre este problema
La intersexualidad humana es una condición biológica que permite la coexistencia en el mismo organismo de atributos sexuales masculinos y femeninos.
A pesar de que las Naciones Unidas ya han exigido una cuarentena de veces desde 2011 que se ponga fin a la cirugía de asignación de sexo en bebés intersexo (aquellos que nacen con rasgos genitales tanto masculinos como femeninos), lo cierto es que pocos países le han hecho caso.
Tras prohibir el pasado mes de mayo las “terapias de conversión”, Albania ahora es también uno de esos pocos países (entre los que se encuentran Malta, Chile y Portugal) que ya tiene una legislación que protege los derechos de esos bebés. Y es que desde el Ministerio de Sanidad del país se ha promovido una ley que prohibirá explícitamente cualquier tipo de cirugía innecesaria en los bebés intersexo (un 1.7%, más o menos) para que sus rasgos genitales encajen con las expectativas sociales sobre qué deberías tener entre las piernas.
La Sociedad de Ayuda Legal de Tirana (TLAS) ha sido el grupo encargado de trabajar con la comunidad intersexo del país para redactar esta ley. “Nos iban llegando todos estos casos y nos sorprendió porque era la primera vez que nos dimos cuenta de este problema“, explica Anisa Metalla, abogada de la TLAS, “Investigamos, encontramos más casos, y entendimos cómo debía tomarse en consideración la situación. Entendimos que no se trataba de un problema únicamente del registro civil, sino que más bien era el indicativo de un problema mayor. Los derechos fundamentales de estas personas estaban siendo vulnerados por la inexistencia de una legislación dedicada que se refiriera a su problemática.“
Gracias a esta nueva ley todas las cirugías que no sean necesarias para la salud del bebé quedan prohibidas, y en caso de que los progenitores no actúen según los consejos médicos se establecerá un proceso estricto (en el que se involucrará a la Unidad de Protección del Menor) para que un grupo multidisciplinar explique bien la situación a los padres.
Además los doctores que se nieguen a seguir ese protocolo se arriesgan a perder su licencia o incluso ser procesados judicialmente.
Nuevo golpe a la comunidad trans estadounidense por parte de la administración Trump. El departamento de Salud ha anunciado la anulación de una norma, aprobada en 2016, que ampliaba la protección antidiscriminatoria en la prestación de servicios sanitarios. El texto, que prohíbe la discriminación basada en una serie de características, fijaba una definición de sexo inclusiva con las personas trans, intersexuales y de género no binario. La reforma aprobada ahora revierte esta descripción y redefine el sexo como «masculino o femenino y determinado por la biología». El activismo alerta de que el cambio da vía libre a la exclusión de pacientes del sistema sanitario basada en su identidad de género. La medida se enmarca en una estrategia más amplia cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans.
En 2010, la administración de Barack Obama impulsó una de sus medidas más emblemáticas, la Ley de Protección al Paciente y de Cuidados Asequibles (más conocida como Obamacare). La nueva regulación prohibía la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el origen nacional, la discapacidad, la edad o el sexo en cualquier programa o actividad sanitaria que reciba financiación federal. En 2016, durante el segundo mandato de Obama, se añadió una nota aclaratoria para explicar que la categoría protegida «sexo» debía entenderse como «la percepción interna de género de cada cual, que puede ser masculino, femenino, ninguno de los dos o una combinación de masculino y femenino».
La reforma tenía el objetivo de proteger contra la discriminación basada en la identidad de género y prohibir a los profesionales médicos, instituciones y aseguradoras la exclusión de las personas trans o intersexuales en el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos necesarios. El texto fue objeto de demandas legales y varios jueces se han pronunciado a favor y en contra. Con la llegada al poder de la administración de Donald Trump, se paralizó la aplicación de la medida hasta su completa abolición que ha llegado esta semana.
En 2019 se produjo el primer intento de consolidar sobre el papel lo que ya se estaba aplicando en la práctica, pero fue el viernes pasado, coincidiendo con el cuarto aniversario del ataque en Orlando, cuando se consagró la anulación de la reforma de Obama. El departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el cambio en un comunicado de prensa en el que justifica la derogación como un «retorno» al «sentido literal de la ley según se aprobó en el Congreso» y se vanagloria del ahorro en costes que supondrá. Con la nueva definición, la categoría de «sexo» se entenderá como «masculino o femenino y determinado por la biología», excluyendo por tanto de la protección antidiscriminatoria a las personas trans, intersexuales o de género no binario.
El Centro Nacional por la Iguadad Transgénero ha lamentado que la medida excluyente llegue en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y advierte de que, a partir de ahora, los profesionales médicos podrán rechazar legalmente tratar a pacientes de COVID-19 solo por ser personas trans. La organización Human Rights Campaign ha anunciado que demandarán a la administración Trump ante los tribunales por la reforma, que también elimina la protección contra la discriminación de pacientes que hayan abortado en el pasado o la obligación de informar sobre la existencia de un servicio de traducción de documentos.
Una auténtica cruzada contra los derechos de las personas trans
El cambio introducido ahora se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump, cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans en Estados Unidos. Ya lo adelantábamos en octubre de 2018, cuando informábamos de la prevista reforma de las leyes federales que incluiría una definición del sexo o género que negaría la existencia de las personas trans. Según esa definición, aprobada ahora por el departamento de Salud, «el sexo se refiere a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los departamentos de Educación, Justicia y Trabajo, por lo que negaría a las personas trans la posibilidad de que ejerzan algún derecho con su identidad de género real en todos los aspectos de su vida pública.
Y es que si por algo se está caracterizando la administración Trump en el ámbito LGTBI es por la incansable batalla contra los derechos y la inclusión de la comunidad trans, su principal objetivo en este momento. Tras conquistar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence pusieron en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluir a las personas trans del Ejército, que permaneció en suspenso por decisión judicial hasta que un Tribunal Supremo controlado por el sector conservador ratificó la exclusión.
En mayo de 2018 se consumó también la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. Como en el caso que hoy nos ocupa, la administración Trump ordenó que fuera el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que han perdido de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos. La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés).
El Parlamento de Hungría, ampliamente dominado por las fuerzas de derecha, ha culminado la villanía. Por 133 votos a favor y 59 en contra, ha aprobado una ley «ómnibus» que incluye la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. La medida supone, posiblemente, el ataque más grave a los derechos LGTBI en un país de la Unión Europea desde la fundación de la que se supone es una alianza de estados de derecho.
Lo adelantábamos a principios de abril: el vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, había presentado un proyecto de ley que incluía una modificación de la normativa correspondiente al registro civil para impedir que una persona pudiese modificar sus datos registrales, incluyendo el sexo asignado al nacer, en razón de su identidad de gzsoénero. Se trataba, de hecho, de la primera reforma legislativa tras la asunción, el pasado 30 de marzo, de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. Un movimiento que contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional húngara, un parlamento unicameral en el que el partido de Orbán (Fidesz) y sus aliados cuentan con una más que cómoda mayoría absoluta.
Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.
Finalmente, este 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional ha aprobado la ley que incluye, entre otras medidas, la sección 33. Según un comunicado de condena hecho público por las organizaciones ILGA Europa, IGLYO, Transgender Europe y OII Europe (Organisation Intersex International Europe) lo ha hecho por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra.
Un ataque sin precedentes a los derechos LGTBI en la Unión Europea
Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de una Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución del pasado 17 de abril en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo, sí, pero sin más valor que el meramente declarativo.
También nos hicimos eco en su momento de la carta que un grupo de eurodiputados dirigió al Gobierno húngaro reclamando dar marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explicaba que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. Lamentablemente, la carta estaba firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros.
Ahora Orbán ha culminado el órdago. Al margen de la evolución interna de los acontecimientos en Hungría (habrá que ver si la Corte Constitucional húngara se pronuncia en algún momento) nosotros nos preguntamos si la Unión Europea hara algo o seguirá limitándose a condenar, rechazar, lamentar, monitorizar… Estaremos atentos.
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El pasado viernes, el Parlamento Europeo incluyó, en una amplia resolución referida a la respuesta europea al coronavirus, una referencia expresa al ataque a los derechos de las personas trans e intersexuales que el Gobierno húngaro ha pergeñado con esta excusa. Por otra parte, un grupo de 63 eurodiputados ha dirigido una carta al Gobierno húngaro en la que solicitan que dé marcha atrás en su proyecto de negar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans y de las personas intersexuales. Solo cuatro de ellos son españoles.
Hace un par de semanas informamos de que el Gobierno húngaro ha presentado un proyecto de ley que incluye una modificación de la normativa correspondiente al registro civil con objeto de impedir que las personas trans (así como las personas intersexuales en desacuerdo el sexo que les fue asignado al nacer) puedan modificar sus datos registrales en razón de su identidad de género. Se trata de la primera reforma legislativa tras la asunción de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán, con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. La reforma, de amplísimo calado, aparece sin embargo «disimulada» como un apartado más (el 33) más dentro de un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias.
Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. La respuesta expresa del resto de países y de la propia institución comunitaria es, por el momento, tibia, más allá de advertencias genéricas sobre la evolución del Estado de derecho en Hungría. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y ha asegurado estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans).
Por el momento, lo único que nos consta que el Parlamento Europeo incluyó en su resolución de este viernes 17 de abril en la que demanda una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones «rechaza enérgicamente toda tentativa de retroceder en lo relativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI y, en este contexto, condena las tentativas de penalizar más severamente la asistencia en caso de aborto, estigmatizar a las personas seropositivas por HIV y reducir el acceso de los jóvenes a la educación sexual en Polonia, así como los ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Un rechazo que se agradece, pero que por el momento no tiene más valor que el meramente declarativo.
Más interesante nos resulta, como termómetro de la preocupación real que esta cuestión genera entre los eurodiputados, la carta que un grupo de ellos ha dirigido al Gobierno húngaro reclamando que dé marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explica que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. De hecho, la legislación aún vigente en Hungría contempla que sus ciudadanos pueden adaptar sus datos legales a su identidad de género con un informe médico al respecto pero sin están obligados a acreditar, por ejemplo, que se han sometido a tratamiento hormonal o a cirugía de reasignación. En este sentido, se trata de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.
Lamentablemente, la carta está firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros. Solo cuatro de ellos son españoles. Se trata de los socialistas Juan Fernando López Aguilar y Mónica Silvana González (del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), el diputado de Catalunya en Comú Ernest Urtasun (grupo Verdes/Alianza Libre Europea) y el diputado de Junts per Catalunya Antoni Comín (no inscrito). Ello no le quita valor, pero nos hubiera gustado ver más firmas respaldándola.
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26 de octubre de 2018
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