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La Corte de Casación italiana sentencia en contra de la filiación de los hijos no biológicos nacidos en el extranjero mediante gestación subrogada

Viernes, 6 de septiembre de 2019

Foto-Palazzaccio-095XLa Corte de Casación, máxima instancia judicial de Italia, ha emitido una sentencia sobre el reconocimiento de los hijos nacidos en el extranjero mediante gestación subrogada. El alto tribunal deniega a los progenitores no biológicos la posibilidad de inscribirse como padres o madres del menor, pero deja abierta la puerta de la adopción. Refuta así el criterio de un tribunal de Trento que falló a favor de los derechos de parentalidad de una pareja de hombres que había tenido un hijo en Canadá mediante este controvertido procedimiento. Los afectados pueden recurrir todavía a la justicia europea, que en casos similares se ha inclinado por permitir el registro de ambos padres.

La sentencia es la respuesta a la demanda de una pareja de hombres residente en Trento que tuvo un hijo mediante gestación subrogada en Canadá y recurrió a la justicia para ver reconocidos sus derechos de parentalidad. En 2017, el Tribunal de Apelación de esta ciudad del norte de Italia decretó que ambos podían inscribirse como padres del menor. El alcalde de Trento, Alessandro Andreatta (del Partido Democrático, PD), se negó a registrar a estos hijos.

La Corte de Casación enmienda ahora al tribunal de Trento y deniega el derecho de inscribirse como padre al progenitor no biológico, al que deja abierta la puerta de la adopción a título particular. Los activistas, sin embargo, se muestran moderadamente optimistas, porque la sentencia pone el acento en la prohibición de la gestación subrogada en Italia y no en la homoparentalidad. Mientras que la reproducción asistida solo está abierta a las parejas casadas, la maternidad subrogada está vetada en todas las circunstancias.

Los afectados pueden todavía apelar a la justicia europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya sentenció en 2016 que la negativa del Estado francés a registrar a tres niños nacidos en el extranjero mediante gestación subrogada viola el derecho de los menores al respeto de su vida privada. Se trata de un tema con posiciones encontradas, también en el seno de la comunidad LGTB. La justicia europea consideró que aunque los Estados pueden prohibir este procedimiento, negarles los derechos de filiación a los hijos que hayan nacido así en otro país que sí se los reconozca es una vulneración de los derechos de los menores.

Jurisprudencia favorable a la homoparentalidad

Por lo pronto, la sentencia de la Corte de Casación cierra la puerta al registro de estos menores, pero no se pronuncia sobre los concebidos mediante reproducción asistida, que han sido reconocidos por varios ayuntamientos y por el propio alto tribunal. En abril de 2018, por ejemplo, la ciudad de Turín permitía la inscripción del hijo de una pareja de mujeres concebido con fecundación in vitro en Dinamarca. Otras dos parejas del mismo sexo siguieron sus pasos, con el apoyo de la alcaldesa Chiara Appendino, del Movimiento Cinco Estrellas (M5S). Su correligionaria, la regidora romana Virginia Raggi, también permitió el registro de otro menor nacido en circunstancias similares. Otro de los casos fue el de una pareja de mujeres, una española y otra italiana, casadas (y luego divorciadas) en España, y que tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en Barcelona. Tras serles reconocidos los derechos de parentalidad en Italia por un tribunal de Turín, la Corte de Casación los confirmaba de forma definitiva en septiembre de 2016.

En cuanto a la gestación subrogada, en 2016 un tribunal de menores de Roma reconocía los derechos de parentalidad de otra pareja gay que tuvo a su hijo mediante este procedimiento en Canadá. Y ya antes otros tribunales habían reconocido en varios casos la stepchild adoption (la posibilidad de que en el seno de una pareja del mismo sexo uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos biológicos del otro) y situaciones equiparables. Una posibilidad que ahora refuerza la sentencia de la Corte de Casación. En 2017, el tribunal de menores de Florencia reconocía por primera vez en la historia de Italia a una pareja de hombres como padres adoptivos de dos niños con los que no tenían vínculo biológico (es decir, una adopción «pura y dura» por una pareja del mismo sexo).

En el plano político, la situación se tornó aún más difícil tras la llegada al poder de la Liga Norte, una formación abiertamente contraria al reconocimiento de la homoparentalidad, y que ha formado parte del gobierno de coalición con el M5S. El que ha sido ministro de Familia y Discapacidad hasta el pasado julio, Lorenzo Fontana, hizo gala de su abierto desprecio por la comunidad LGTB al negarles la condición de familias a las familias homoparentales y querer terminar con las inscripciones de hijos de parejas del mismo sexo nacidos en el extranjero mediante técnicas a las que no tienen acceso en Italia. Habrá que ver si la nueva coyuntura política que se abre en el país transalpino tras el acuerdo entre el M5S y el PD para formar un nuevo gobierno sin la presencia de la derecha populista aporta novedades en este sentido.

Fuente Dosmanzanas

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Austria elimina las trabas a la celebración de bodas entre parejas del mismo sexo binacionales

Jueves, 8 de agosto de 2019

lgbt-austriaSiete meses después de la entrada en vigor del matrimonio igualitario, el Parlamento de Austria ha tumbado la principal discriminación que seguían sufriendo las parejas del mismo sexo. En enero, el ministerio del Interior, en manos entonces de la extrema derecha del FPÖ, emitió unas recomendaciones en las que instaban a los registros civiles a que no celebraran bodas entre personas del mismo sexo si alguno de los contrayentes tiene la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. Tras la caída en mayo del Gobierno de coalición entre la derecha conservadora y la extrema derecha, el Parlamento ha aprobado una disposición que anula las directrices que impedían a muchas parejas ejercer su derecho reconocido por el Tribunal Constitucional.

El 1 de enero de 2019 expiraba el plazo dado por el Tribunal Constitucional austriaco en el fallo que consideraba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria. La inacción del Gobierno del canciller conservador Sebastian Kurz (ÖVP) obligó a la comunidad LGTB del país a esperar más de un año para que la sentencia entrara en vigor. Ese mismo día, Nicole Kopaunik y Daniela Paier se convertían en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio sin necesidad de que mediara una sentencia. Tres meses antes se había casado otra pareja de mujeres tras demandar al Estado austriaco ante los tribunales, caso que culminó en la histórica sentencia del Constitucional de diciembre de 2017.

Pero el Gobierno de coalición entre la derecha conservadora del ÖVP y la extrema derecha del FPÖ, contrarios ambos a la equiparación de derechos de la ciudadanía LGTB, consiguió colar una restricción discriminatoria. Varias parejas del mismo sexo se llevaron la desagradable sorpresa de que la Administración se negaba a tramitar su boda. El motivo, que alguno de los contrayentes tenía la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. El ministerio del Interior, en manos del FPÖ, había emitido unas recomendaciones en las que instaba a los registros civiles a rechazar las solicitudes de matrimonio de estas parejas.

Tras la caída del Gobierno a raíz del caso Ibiza, el Consejo Nacional, la cámara baja del Parlamento austriaco, aprobó en junio la anulación de la cláusula discriminatoria introducida por la extrema derecha. Todos los partidos salvo el propio FPÖ apoyaron la medida, que entró en vigor el pasado jueves 1 de agosto. La votación parlamentaria había tenido lugar junto con la de una resolución para prohibir las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género en menores de edad. La iniciativa del portavoz socialdemócrata de Igualdad, Mario Lindner (SPÖ), también salió adelante con la única oposición de la extrema derecha.

La disolución del Gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha ha abierto la puerta a algunos avances en el reconocimiento de los derechos LGTB en un país en el que los más importantes se han alcanzado a partir de sentencias judiciales. El Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente,  la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. El último logro ha sido la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales. Con una desfavorable situación parlamentaria frente a estos alentadores precedentes judiciales, la comunidad LGTB se aferró al anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional en octubre de 2017 se materializó en la histórica sentencia de dos meses después: la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso al matrimonio es inconstitucional. Un mensaje rotundo, por muchos palos en las ruedas que se empeñen en poner la derecha y la extrema derecha desde el Gobierno.

Fuente Dosmanzanas

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Once activistas detenidos por intentar organizar un Orgullo LGTBI en San Petersburgo

Jueves, 8 de agosto de 2019

Orgullo-San-Petersburgo-2019-300x169Ha vuelto a suceder, de la misma forma que en 2018, en 2017 y en ocasiones anteriores. A pesar de los repetidos dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las autoridades de San Petersburgo han impedido una vez más la celebración del Orgullo LGTBI. Once activistas fueron detenidos. 

Varias decenas de activistas se concentraron este sábado, 3 de agosto, en la conocida Plaza del Palacio de San Petersburgo, escenario de importantes episodios de la historia rusa. Portaban banderas arcoíris, de la comunidad trans y alguna bandera de la subcultura bear. Durante breves instantes pudieron desplegar pancartas reivindicativas y hacer declaraciones a la prensa, pero rápidamente hicieron acto de aparición las fuerzas del orden con intención de impedir el evento, que había sido prohibido por orden judicial el pasado jueves. Según The Moscow Times, 11 activistas que intentaron resistirse de forma pasiva fueron detenidos. Tres de ellos fueron evacuados en ambulancia.

El siguiente vídeo de Radio Svoboda muestra imágenes de lo sucedido:

Rusia, la LGTBIfobia que no cesa

Una vez más, a pesar de su fuerte determinación, los activistas rusos han vuelto a ser víctimas de la represión de un Estado que alienta la LGTBIfobia con leyes que prohíben el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que, como se ha comprobado en repetidas ocasiones, permiten que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso encarcelados.

Por otra parte, además de la violencia institucional, las víctimas de la LGTBIfobia social, por su parte, se encuentran en total indefensión ante la laxitud e inoperancia, cuando no connivencia, de las autoridades, que incluso tratan de invisibilizar las motivaciones de los agresores. Por no hablar de la especial persecución que sufren las personas LGTBI en la república rusa de Chechenia.

En esta ocasión, además, las protestas de San Petersburgo tienen lugar solo un par de semanas después del asesinato en la antigua capital zarista de la activista bisexual Yelena Grigoryeva, cuyo nombre apareció en una lista de personas LGTBI «a cazar» publicada por un medio LGTBIfobo ruso.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos insta a Rusia a permitir las asociaciones LGTBI

Lunes, 22 de julio de 2019

tribunal-de-estrasburgoEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha multado a Rusia por violar la libertad de asociación al bloquear el registro de grupos LGTBI.

La denuncia fue presentada por los grupos Rainbow House, Movement for Marriage Equality y Sochi Pride House, los cuales alegan que su registro como entidades legales fue bloqueado simplemente porque su objetivo es promover los derechos de la comunidad LGTBI.

En una decisión dictada el martes 16 de julio, el Tribunal determinó por unanimidad que Rusia había discriminado por motivos de orientación sexual y había violado el derecho de las personas a la libertad de asociación. Por una votación de 4-3, el Tribunal también sentencia a Rusia pagar 42.500€ a los reclamantes.

En sus presentaciones ante el Tribunal, el Gobierno ruso citó sus leyes que prohíben la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales dirigidas a menores, y afirmó que los objetivos de los grupos son contrarios a las tradiciones nacionales, a la política estatal de familia y la ley rusa, que estipulaba que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el objetivo de dar a luz y criar hijos.

El Tribunal ha declarado que los ciudadanos deberían poder formar una entidad legal para actuar colectivamente en un campo de interés mutuo, describiéndolo como uno de los aspectos más importantes del derecho a la libertad de asociación”.

No se puede decir que las negativas a registrar a las organizaciones solicitantes sobre la base de que promovieron los derechos LGBT están justificadas de manera razonable u objetiva. De las decisiones de las autoridades nacionales y de las observaciones del Gobierno se desprende que para obtener el registro, las organizaciones solicitantes habrían tenido que cambiar sus objetivos, es decir, renunciar a la promoción de los derechos LGBT. [Las decisiones] tocaron el núcleo mismo de las organizaciones solicitantes y afectaron la esencia del derecho a la libertad de asociación”.

homofobia-rusia

Es la tercera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Rusia ha violado los derechos de las personas LGTBI, aunque tiene poco poder para tomar medidas de ejecución en caso de violaciones continuas. Sin embargo, la victoria ha sido celebrada por grupos de derechos humanos por el precedente que establece.

Joanne Sawyer, del Centro Europeo de Defensa de los Derechos Humanos, dijo: “Este juicio reafirma la importancia vital para que las personas puedan agruparse y organizarse en torno a causas compartidas. Los estados deben actuar positivamente para garantizar que este derecho sea significativo, especialmente cuando las personas pertenecen a grupos minoritarios vulnerables o marginados o tienen puntos de vista impopulares”.

Arpi Avetisyan, de ILGA-Europa, dijo: “Estamos muy satisfechos con la sentencia pionera del Tribunal Europeo que confirma el derecho vital a la libertad de asociación para quienes promueven los derechos de las personas LGBTI. Esta sentencia envía un mensaje clave a los activistas LGBTI en Rusia y otros países de Europa que enfrentan restricciones discriminatorias similares: la negativa a registrar asociaciones no puede justificarse por el motivo de la protección de la moral”.

Fuente Oveja Rosa

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El Senado de Rumanía rechaza dos proposiciones de ley de uniones civiles que incluían a parejas del mismo sexo

Jueves, 28 de marzo de 2019

Coat_of_arms_of_the_Senate_of_RomaniaUna comisión del Senado rumano ha rechazado dos proposiciones de ley de uniones civiles para las parejas de distinto o del mismo sexo. El primer proyecto lo había redactado el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y contaba con el apoyo de 42 parlamentarios de cuatro partidos diferentes. Pero el senador socialdemócrata (PSD) Șerban Nicolae, vicepresidente de la comisión, opinó que la medida «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». A diferencia de la primera, que excluía la adopción conjunta, la segunda propuesta dejaba este asunto abierto. La habían elaborado los liberales del ALDE y se saldó también con el rechazo de la comisión.

La posibilidad de aprobar una ley de uniones civiles se viene discutiendo en Rumanía desde hace más de diez años. En 2008, el senador de la minoría húngara Péter Eckstein-Kovács presentaba una proposición de ley que decayó con la convocatoria de las elecciones de ese año. En 2011, fue un senador liberal-conservador (PNL), Viorel Arion, el que introdujo un nuevo texto, que llegó a recibir un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Pero el Gobierno del conservador Emil Boc rechazó su tramitación. Dos años después, el diputado verde Remus Cernea lo volvía a intentar en la cámara baja, donde se topó con el rechazo de la comisión.

Hace ahora un año, el Consejo Nacional contra la Discriminación (CNCD) redactó una propuesta legislativa que presentó al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria. En su elaboración participaron también asociaciones LGTB como ACCEPT y MozaiQ. Se trata de una regulación de las parejas del mismo o de distinto sexo que otorga derechos similares al matrimonio en áreas como la seguridad social, fiscalidad o prevención de la violencia doméstica. La medida excluye la posibilidad de la adopción conjunta para las parejas del mismo sexo, que en cambio verían reconocido su matrimonio contraído legalmente en otro país como una unión civil.

Se redactó una proposición de ley sobre la base del texto presentado por el CNCD, que fue secundada por 42 parlamentarios del PSD, PNL, USR (Unión Salvar Rumanía, anticorrupción) y UDMR (minoría húngara). El 31 de octubre del año pasado se registraba la medida ante el Parlamento. Paralelamente, el diputado Andrei Gerea y el senador Ion Popa, ambos de ALDE, presentaban su propia proposición de ley de uniones civiles el 2 de noviembre. El texto equipara las parejas unidas con los matrimonios en materia de herencia, pensión de viudedad, seguridad social y obtención de la ciudadanía, entre otros. A diferencia de la propuesta multipartita, no prohibía ni regulaba la adopción conjunta.

El pasado martes 12 de marzo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, con mayoría socialdemócrata, rechazaba ambas propuestas. Sobre la primera, el vicepresidente Șerban Nicolae opinaba que «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». Edward Dirca, senador del USR y uno de los firmantes del texto, le replicó que «ya va siendo hora» de crear un marco legal de uniones civiles. Los representantes de las asociaciones LGTB también lamentaron el dictamen desfavorable y recordaron que Italia y Grecia recibieron sanciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no regular las uniones entre personas del mismo sexo.

El fracaso del referéndum contra el matrimonio igualitario

En julio de 2016 comenzó en Rumanía un proceso para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario. Fue cuando el Tribunal Constitucional dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación promovida por la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa), que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo de 2017 se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada en septiembre del año pasado. En ambos casos se alcanzó la mayoría requerida de dos tercios.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30% del censo electoral y los votos favorables superar el 50%. El plebiscito se celebró en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre y fracasó estrepitosamente al congregar tan solo al 20,41% de la población con derecho a voto.

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se desarrolló parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica y presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre de 2016 que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir. Expertos legales opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía sigue careciendo de una ley de uniones civiles tras el rechazo de las dos últimas propuestas.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio austriaco de Interior, en manos de la extrema derecha, pone trabas a la celebración de bodas entre parejas del mismo sexo binacionales

Miércoles, 30 de enero de 2019

team-kurzSebastian Kurz, canciller de Austria

Apenas unas semanas después de la entrada en vigor de la igualdad matrimonial en Austria, muchas parejas del mismo sexo se han encontrado con problemas para formalizar su unión. El ministerio del Interior, en manos de la extrema derecha del FPÖ, ha emitido unas recomendaciones en las que instan a los registros civiles a que no celebren bodas entre personas del mismo sexo si alguno de los contrayentes tiene la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. En Viena, se está impidiendo el reconocimiento de los enlaces celebrados en el extranjero. Son intentos del Gobierno de coalición entre la derecha conservadora y la extrema derecha por torpedear la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que decretó el fin del matrimonio excluyente.

El 1 de enero de 2019 expiraba el plazo dado por el Tribunal Constitucional austriaco en el fallo que consideraba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria. La inacción del Gobierno del canciller Sebastian Kurz obligó a la comunidad LGTB del país a esperar más de un año para que la sentencia entrara en vigor. Ese mismo día, Nicole Kopaunik y Daniela Paier se convertían en la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio sin necesidad de que mediara una sentencia. Tres meses antes se había casado otra pareja de mujeres tras demandar al Estado austriaco ante los tribunales, caso que culminó en la histórica sentencia del Constitucional de diciembre de 2017.

Pero el Gobierno de coalición entre la derecha conservadora del ÖVP y la extrema derecha del FPÖ, contrarios ambos a la equiparación de derechos de la ciudadanía LGTB, se las ha ingeniado para poner alguna traba. Varias parejas del mismo sexo se han llevado la desagradable sorpresa de que la administración se negaba a tramitar su boda. El motivo, que alguno de los contrayentes tenía la nacionalidad de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. El ministerio del Interior, en manos del FPÖ, ha emitido unas recomendaciones en las que insta a los registros civiles a rechazar las solicitudes de matrimonio de estas parejas.

Ha sido el presidente de la asociación LGTB Rechtskomitee Lambda, Helmut Graupner, el que ha avisado de esta injusta situación. En su organización han recibido numerosas llamadas de parejas del mismo sexo cuyos enlaces han sido rechazados a causa de la nacionalidad de uno o los dos contrayentes. Según Graupner, muchos de estos casos se han dado en la ciudad de Viena, cuyas autoridades impiden incluso el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo celebrados en el extranjero, con independencia de la nacionalidad de los cónyuges. El activista lamenta que, a pesar de la sentencia inequívoca del Constitucional, la comunidad LGTB tenga que «luchar duramente en los tribunales por cada milímetro de eliminación de discriminaciones».

La trayectoria del reconocimiento de los derechos LGTB en Austria le da la razón a Graupner: los más importantes se han alcanzado a partir de sentencias judiciales. El Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente,  la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. El último logro ha sido la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales. Con una desfavorable situación parlamentaria frente a estos alentadores precedentes judiciales, la comunidad LGTB se aferró al anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional en octubre de 2017 se materializó en la histórica sentencia de dos meses después: la exclusión de las parejas del mismo sexo del acceso al matrimonio es inconstitucional. Un mensaje rotundo, por muchos palos en las ruedas que se empeñen en poner la derecha y la extrema derecha desde el Gobierno.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Macedonia por no disponer de un procedimiento de modificación de los datos registrales de las personas trans

Martes, 22 de enero de 2019

tribunal-de-estrasburgo0BC510D8-D383-427B-A4AC-C8A93BAE35D1Importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Macedonia por no disponer de un procedimiento que permita que la mención al sexo de las personas trans en los documentos oficiales se corresponda con su identidad de género. El fallo supone un espaldarazo a los derechos de las personas trans en aquellos países de Europa en los que estos no están todavía reconocidos.

El demandante, «X», es un hombre trans nacido en 1987. Ciudadano de Macedonia, vive en Skopje, la capital de la exrepública yugoslava. Desde muy temprana edad su identidad de género ha sido masculina, aunque no fue hasta 2010 cuando comenzó tratamiento hormonal en un centro especializado de Belgrado, en la vecina Serbia. En 2011 solicitó ante las autoridades de su país el cambio de nombre, que sí le fue concedido, pasando de tener un nombre claramente femenino a uno claramente masculino. Sin embargo, la mención al sexo en su documento de identidad permaneció invariable. El Ministerio de Justicia macedonio argumentó que no disponía de ninguna prueba de que X hubiera «cambiado de sexo». Se da la circunstancia de que X no se había sometido a cirugía de reasignación. X apeló la decisión, contraargumentando que en su país no existía ningún tipo de regulación sobre la materia y que exigirle una cirugía genital para ver reconocida legalmente su identidad masculina suponía obligarlo a un tratamiento al que él no quería someterse y que supone, de hecho, su esterilización forzada. El Ministerio de Justicia, sin embargo, rechazó la petición.

En 2013, X se sometió a una doble mastectomía, también en Belgrado, y X reactivó su demanda. De hecho consiguió un dictamen forense oficial que recomendaba que se procediese a la modificación de la mención al sexo, pese a lo cual el Ministerio de Justicia de Macedonia continuó negándose.

Ahora, tras examinar el caso y los diferentes informes presentados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la ausencia de reconocimiento legal de su identidad masculina sin necesidad de someterse a cirugía genital ha supuesto para X consecuencias negativas en su salud mental y en su vida, dictaminando que la ausencia de un procedimiento que se lo permita en Macedonia supone una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho al respeto a la vida privada y familiar. El alto tribunal condena a Macedonia a pagar una compensación económica de 9.000 euros al demandante.

Satisfacción de los colectivos LGTB

Diferentes colectivos LGTB han expresado su satisfacción por la sentencia. Antonio Mihajlov, presidente de la organización macedonia Subversive Front, organización macedonia que también se había personado en el proceso, considera que supone un mensaje muy claro a las autoridades de Macedonia, «no solo para introducir el reconocimiento legal de la identidad de género, sino también para aprobar la nueva ley de protección y prevención contra la discriminación que se encuentra en trámite parlamentario desde mayo de 2008». Conviene recordar, en este punto, que Macedonia ocupa el puesto 41 de 49 en la última clasificación de ILGA Europa sobre los derechos LGTB  en el continente.

Precisamente, además de Subversive Front, ILGA Europa (organización paraguas que agrupa a cerca de 600 colectivos LGTB del continente) junto a Transgender Europe y Trans Network Balkan, se había personado también en el proceso como tercera parte.

Fuente Dosmanzanas

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Dos mujeres de la localidad de Velden se casan el primer día de vigencia de la igualdad matrimonial en Austria

Sábado, 5 de enero de 2019

Nicole-Kopaunik-y-Daniela-PaierEl 1 de enero de 2019 ha entrado en vigor la igualdad matrimonial en Austria y dos mujeres ya han inscrito sus nombres en los anales de la historia al convertirse en la primera pareja del mismo sexo que se casa en este país centroeuropeo sin necesidad de una sentencia. Nicole Kopaunik y Daniela Paier, ambas de 37 años, se casaron cinco minutos después de la medianoche del 1 de enero con la implicación del ayuntamiento y de buena parte del municipio. «Decidimos casarnos y estamos felices por ello», han declarado estas mujeres, que han acordado tomar el apellido de Kopaunik. Cinco de las parejas que desafiaron las leyes de Austria ante el Tribunal Supremo obtuvieron un permiso especial para contraer matrimonio temprano. Una de esas parejas fue la formada por dos mujeres de Viena que se casaron el pasado mes de octubre.

Poco después de la medianoche se celebró la primera boda entre personas del mismo sexo en Austria sin que medie una sentencia. La pareja y la comunidad de Velden trabajaron juntos para eliminar algunos obstáculos, según ha señalado Ferdinand Vouk, el alcalde socialdemócrata de Velden. «Estamos acostumbrados a aceptar desafíos. Fue un gran placer y un honor para nosotros que Nicole y Daniela se casaran con nosotros. El procedimiento se inició, todo estaba bien, y por eso tenemos una pareja felizmente casada aquí en Velden», ha explicado Vouk a la prensa.

El matrimonio era solo una cuestión de tiempo para Nicole Kopaunik y Daniela Paier, o más bien una cuestión de regulación legal. «Ahora todos tienen la oportunidad de decidir por sí mismos, si quieren un ‘matrimonio igualitario’ o si quieren una pareja de hecho, lo que no ocurría antes. Decidimos casarnos y estamos felices por ello», dice Kopaunik. Daniela Paier dijo que el matrimonio es precisamente una familia. «También somos una familia y tendremos un apellido», que será el de Kopaunik.

Para el registrador Klaus Gottwald, esta ceremonia de boda ha sido algo especial. «Aunque tengo rutina, fue emocionante. Hubo algunos pequeños obstáculos, como la expresión del ‘marido legalmente casado’. Tenemos dos esposas, y eso tenía que ser ensayado primero».

Nicole-Kopaunik

El bloqueo político a la igualdad en Austria

En Austria se ha vivido una situación de bloqueo sobre el matrimonio igualitario similar a la que se vivió en Alemania hasta junio de 2018, cuando ya avanzábamos que la apertura del matrimonio en este país podría tener consecuencias en su vecino del sur. A diferencia de Alemania, en el caso austriaco eran los socialdemócratas los que ostentaban en la pasada legislatura la jefatura de un Gobierno de gran coalición. Si bien el SPÖ es favorable a la igualdad LGTB, en su etapa en la cancillería utilizó la reticencia de sus socios conservadores para perpetuar la discriminación. Ya en junio de 2015, por ejemplo, los Verdes presentaron ante el Consejo Nacional una propuesta de resolución pidiendo la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo que se saldó con el rechazo de las principales formaciones políticas (SPÖ, ÖVP y FPÖ).

Entre los miembros del anterior Gobierno, se habían posicionado a favor de la equiparación de derechos los ministros de Asuntos Sociales y Sanidad, así como el canciller socialdemócrata Christian Kern, en agosto de 2016. Se trata del primer jefe de Gobierno de Austria que se pronunciaba en estos términos. Sus palabras, sin embargo, no se materializaron en hechos en el tiempo que estuvo en el cargo, a pesar del compromiso expreso de impulsar una serie de medidas que incluían la igualdad matrimonial.

Los tribunales se adelantaron a los políticos

Los avances en el reconocimiento de los derechos LGTB en Austria se han alcanzado hasta ahora principalmente a partir de sentencias judiciales: el Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente,  la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. El último logro ha sido la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales.

Con una desfavorable situación parlamentaria frente a estos alentadores precedentes judiciales, la comunidad LGTB se aferró al anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional en octubre: los magistrados del alto tribunal estudiarían la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio, por si constituía una discriminación basada en la orientación sexual. El activista de Rechtskomitee Lambda Helmut Graupner ya era optimista entonces: “Si todo va bien, las parejas del mismo sexo podrán casarse a partir de enero de 2018 también en Austria. Se puede poner a enfriar el champán”, afirmaba en Facebook.

El fallo del Constitucional de 2018 ha sido efectivamente positivo, pero para que el derecho al matrimonio haya sido efectivo para todas las parejas se ha tenido que esperar un año más de lo que previó Graupner. Concretamente entraba en vigor este 1 de enero de 2019, ya que antes no se logró aprobar la medida por la vía parlamentaria. La apertura del matrimonio para las parejas del mismo sexo coincide con la de las uniones civiles a las de distinto sexo, con lo que todas las parejas podrán decidir con qué figura registran su relación.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Rusia por prohibir el Orgullo y discriminar al colectivo LGBT

Viernes, 30 de noviembre de 2018

tribunal-de-estrasburgoLa Corte de Estrasburgo indicó que el veto ruso contra los grupos LGBT entre los años 2009 y 2014 viola los derechos humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, Francia, condenó esta semana a Rusia por negarse a permitir los actos públicos convocados por el colectivo de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) entre los años 2009 y 2014. Además de discriminar a este grupo y no permitirles presentar un recurso efectivo contra las decisiones judiciales.

E igualmente la corte pidió a Rusia que introduzca medidas sistémicas para remediar las violaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la que es firmante.

En total fueron presentadas 50 demandas contra Rusia, y la queja principal está relacionada con “el rechazo persistente de las autoridades rusas a aprobar las peticiones para celebrar manifestaciones LGBT”.

Según la sentencia, ese rechazo no puede ser justificado por ningún imperativo en defensa del orden, por lo que ha vulnerado el derecho a la libertad de reunión”.

Los argumentos del fallo son los mismos por los que el Tribunal de Estrasburgo condenó a Rusia en 2010informó Efe.

homofobia-rusiaEntonces, se concluyeron vulneraciones de los derechos a la libertad de reunión, a un recurso efectivo y la prohibición de la discriminación, en referencia a las prohibiciones del Día del Orgullo Gay, en 2006, 2007 y 2008.

En ese momento las sentencias concluyeron que el miedo a que se produjeran altercados no justificaba la prohibición “ya que las autoridades de Moscú no hicieron un esfuerzo adecuado para evitar los disturbios”.

Asimismo, el Tribunal de Estrasburgo indicó que la “reprobación moral” evidenciada en las declaraciones oficiales del alcalde de Moscú, era un indicador de que había trasladado su rechazo personal contra el desarrollo de las manifestaciones.

La Corte europea, que no encuentra diferencias notables entre ambos casos, recuerda a Rusia que debe seguir en este caso la sentencia que se publicó entonces.

La sentencia defiende, por seis votos contra uno, que el fallo en sí constituye una indemnización suficiente en cuanto a los daños morales. Todos los demandantes habían solicitado entre 5.000 y 500.000 euros por ese concepto.

giphyLa jueza suiza Hellen Keller, voto en contra porque considera que indemnizar por daños morales “hubiera supuesto una compensación más firme, dando a Rusia un incentivo financiero para corregir la situación lo antes posible y evitar futuras violaciones”.

“La homofobia se ha puesto muy de moda en el Estado en Rusia”, afirmó recientemente el activista LGTB Míjalil Tumasov, miembro fundador de la red LGBT rusa.

“A día de hoy en Rusia es ‘cool’ ser homófobo”, aseguró el activista, quien además denunció que los crímenes de odio contra la comunidad homosexual en ese país aumentaron 30% en 2017.

Fuente Universogay

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Un adolescente gana demanda por “propaganda homosexual” en Rusia

Martes, 30 de octubre de 2018

maxim-neverov2Maxim Neverov tiene 16 años y vive en Rusia. Su vida dio un drástico cambio cuando de un día para otro recibió una demanda por “propaganda homosexual”.

Todo sucedió cuando subió a sus redes sociales fotos donde hombres jóvenes sin camiseta se abrazaban. Una comisión de asuntos juveniles lo acusó y lo multó con casi 700 euros por “promover relaciones sexuales no tradicionales entre menores”.

El presidente Putin, uno de los más grandes homófobos del mundo, prohibió cualquier tipo de mención a la homosexualidad, con la excusa de “proteger a los niños”, desatando la homofobia en la Federación Rusa, donde se llegan a triplicar los crímenes de odio contra los miembros del colectivo LGBT. Durante las últimas elecciones presidenciales, se llega a publicar un spot que refleja de manera peyorativa el pánico gay del votante de Putin, mientras que una encuesta reciente refleja que el 83% de los rusos considera que el sexo gay es «reprensible». Esta situación que ha llevado a muchas personas a huir del país, solicitando asilo como refugiados por miedo a perder su vida o el riesgo que supone su orientación sexual para ellos mismos o sus familiares.

El año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la ley de propaganda LGTB de Rusia violaba las normas de los tratados europeos, el derecho a la libertad de expresión y discriminaba a las personas LGBT, un fallo que Moscú considera injusto.

Maxim apeló en el tribunal de la ciudad de Biysk, y un juez dictaminó que no se puede considerar que es culpable porque no hay pruebas suficientes, por lo que ha anulado la multa.

Lo normal es que cuando te aplican esta injusta ley, seas condenado, por lo que el adolescente ha dicho: “Ha sido totalmente inesperado. Tenía listo un borrador para publicar en las redes sociales que decía: ‘El tribunal confirmó la decisión y estamos listos para seguir luchando por la justicia”, según sus declaraciones a Reuters.

El abogado de Neverov, Artyom Lapov, miembro del grupo de derechos de los homosexuales Russian LGBT Network, ha asegurado que el fallo es “una señal para la comunidad LGBT de que pueden y deben luchar por sus derechos”.

Nos alegra muchísimo este fallo. Sabemos que la comunidad LGTB sufre profundamente la represión de un Estado homófobo que busca acabar con gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Un paso pequeño, pero un paso que llevará a alguna parte mejor.

Rusia: Homofobia de Estado:

En 2013 entró en vigor en la Federación Rusa a ley contra la «propaganda homosexual»una norma que sanciona con fuertes multas cualquier información positiva sobre la realidad LGTB que pueda alcanzar a menores, y que en la práctica hace imposible la lucha contra el acoso por LGTBfobia y los crímenes de odio y dificulta sobremanera la celebración de cualquier evento LGTB, permitiendo por ejemplo que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso temporalmente encarcelados.

La hostilidad surge desde ámbitos religiosos y políticos, donde trabajan mano a mano para estigmatizar a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales, así como implementando leyes a favor de la discriminación. Un líder de la Iglesia Ortodoxa llega a proclamar en febrero que la iglesia tiene el poder de «curar» la homosexualidad a través de terapias de conversión. En la misma línea, el obispo de la diócesis de Moscú, Ilarión Alféyev, asegura que la iglesia puede hacer que las personas LGBT se transformen en heterosexuales para convertirse en «un hombre de familia con todas las de la ley».

Fuente Oveja Rosa

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no admite a trámite la demanda de los alcaldes franceses que se niegan a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo

Martes, 23 de octubre de 2018

tribunal-de-estrasburgoEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado este 4 de octubre la inadmisión a trámite del recurso presentado por un grupo de alcaldes franceses contra su obligación como servidores públicos de celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Una larga batalla perdida por parte del sector más LGTBfobo de los ediles franceses, que ya vieron derrotadas sus intenciones por el Consejo Constitucional de su país. El dictamen es claro: no hay objeción de conciencia que ampare la homofobia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

El matrimonio igualitario fue aprobado en Francia en mayo de 2013 tras un largo proceso parlamentario que fue acompañado por un extraordinario despliegue de homofobia social, cuya expresión máxima fueron las manifestaciones organizadas por el grupo LGTBfobo Manif pour tous. Se multiplicaron los discursos de odio, que llegaron a normalizarse socialmente, y se produjeron numerosas agresiones verbales y físicas hacia las asociaciones o particulares que defendían los derechos civiles de las minorías. Desde una parte del espectro político, gran parte de quienes proclamaban consignas discriminatorias se sintió respaldado y apoyado.

Con ese respaldo social, una vez promulgada la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos alcaldes expresaron su intención de negarse a celebrar este tipo de enlaces, amparándose en el supuesto derecho a la objeción de conciencia debido a sus creencias religiosas. El Ministerio de Justicia difundió entonces una circular en la que recordaba que el incumplimiento de la ley de la República por parte de los servidores públicos podría conllevar sanciones disciplinarias, penas de prisión de hasta cinco años y multas de hasta 75.000 euros.

En respuesta a esta medida, varios de estos alcaldes se agruparon en un colectivo denominado Maires pour l’enfance (Alcaldes por la infancia, una manera muy poco sutil de relacionar una vez más homosexualidad y pederastia, al ligar la defensa de la infancia con la oposición a los derechos de las parejas del mismo sexo). Bajo estas siglas, presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la directriz de Ministerio de Justicia, que fue denegado por el Consejo Constitucional francés en octubre de 2013, al dictaminar que la circular del Ministerio de Justicia estaba ajustada a derecho «porque el Estado únicamente está garantizando la aplicación de la ley por parte de los servidores públicos y el buen funcionamiento y la neutralidad del servicio público».

Tras el dictamen desfavorable del Consejo Constitucional, el colectivo decidió interponer demanda contra el mismo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en febrero de 2014, arguyendo que se había violado el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que proclama el derecho a «la libertad de pensamiento, conciencia y religión». Sin embargo, este 4 de octubre un juez único del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha comunicado la inadmisión a trámite del recurso, ya que los demandantes ejercían sus funciones en nombre del Estado francés y, por lo tanto, no actuaban como particulares. Ya no cabe, pues, otra instancia a la que recurrir para eludir sus obligaciones como servidores públicos y tener patente de corso para discriminar a los ciudadanos en función de su orientación sexual. No hay objeción de conciencia que ampare la homofobia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

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Sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la UE: los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado

Miércoles, 6 de junio de 2018

justice-europeImportantísima sentencia la dada a conocer este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio», señala el alto tribunal europeo en el comunicado de prensa en el que da a conocer el fallo.

El caso es conocido en esta página: Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal ha coincidido con su criterio.

Mediante su sentencia dictada hoy, y según el comunicado hecho público por la institución, «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que en el contexto de la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación, el concepto de ‘cónyuge’, que designa a una persona unida a otra mediante el vínculo matrimonial, es neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión». Y aunque la sentencia precisa que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, señala que «la negativa de un Estado miembro a reconocer, únicamente a efectos de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, el matrimonio de éste con un ciudadano de la Unión del mismo sexo, contraído legalmente en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esto supondría que la libertad de circulación variaría de un Estado miembro a otro en función de las disposiciones de Derecho nacional que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cuida de salvaguardar el derecho de los Estados miembros a autorizar o no el matrimonio igualitario, al asegurar que «la obligación de un Estado miembro de reconocer un matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de este último Estado, con el fin exclusivo de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, no afecta negativamente a la institución del matrimonio en el primer Estado miembro. En particular, esa obligación no impone a dicho Estado miembro el deber de contemplar la institución del matrimonio homosexual en su Derecho nacional». Sin embargo, matiza que «una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al estar garantizado el derecho al respeto de la vida privada y familiar en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal de Justicia señala que también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

Rumanía debe actuar en consecuencia

Hay que tener en cuenta que hablamos de una remisión prejudicial, que permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio, interroguen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional: es el tribunal de cada país quien debe resolver el litigio de conformidad, eso sí, con la decisión europea. Será, por tanto, el Tribunal Constitucional de Rumanía el que ahora debe resolver de forma efectiva en favor del matrimonio Coman-Hamilton. Un país, Rumanía, en el que en este momento se está desarrollando en paralelo un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario vía referéndum.

La decisión favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, convierte en papel mojado dicha prohibición por lo que a los matrimonios con otros ciudadanos de la Unión se refiere, lo que no es poco. Y sobre todo, la decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar. De esta forma, la resolución sienta un importantísimo precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias. Y muy especialmente en el caso de los seis Estados miembros que carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y que además de Rumanía son Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Situaciones como la que han sufrido Adrian Coman y su marido, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarán a ser parte del pasado.

Fuente Dosmanzanas

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Hooligans rusos advierten a fanáticos del fútbol LGBTI que serán atacados durante el Mundial

Miércoles, 30 de mayo de 2018

pride-in-football-at-england-v-slovakia-gameFoto de la web de Pride in Football, 

Los radicales del fútbol ruso han enviado mensajes amenazantes a activistas y seguidores del balompié de Inglaterra asegurándoles que serán “eliminados” si demuestran su afecto durante la Copa del Mundo

Fanáticos del fútbol gay y transgéneros han recibido amenazas por parte seguidores del fútbol ruso de que serán perseguidos y atacados si van a la Copa del Mundo que inicia en el país euroasiático el próximo 14 de junio.

“Hemos recibido mensajes que dicen que si nos encuentran nos apuñalarán. Hemos hecho las denuncias ante la policía y se están investigando”, declaró a Mirror, el líder de la alianza de grupos fanáticos del fútbol LGBT Pride in Football, Joe White. Comentó, además, que la organización ha recibido correos electrónicos diciéndoles que los fanáticos de la comunidad LGBT serán eliminados y atacados durante Rusia 2018.

Asimismo, estas amenazas han estado dirigidas a advertirles de no “exhibir públicamente la sexualidad” durante la cita mundialista. Es decir, no tomarse de la mano ni ser “muy afectuosos como parejas en público” para garantizar su seguridad.

En este sentido, White indicó que la FIFA “al menos estaba presionando a las autoridades rusas para que investigaran las amenazas”. Calificó como “ridículo” que les dieran la Copa del Mundo 2018 a Rusia y el 2022 a Qatar, dos de los países más intolerantes con la comunidad de gays, lesbianas, trans y bisexuales. En este último país, la homosexualidad es considerada ilegal.

“Pude salir y casi volver al armario y actuar como un camionero, pero ese tipo de situaciones juega exactamente con lo que estamos tratando de mostrar que es un problema (…) No deberíamos tener que sentir que tenemos que comportarnos de manera diferente a como lo haríamos”, dijo White, quien aseguró que experimentará y vivirá la Copa del Mundo.

El ministro del Gobierno ruso, Mikhail Degtyarev, ha estimado que alrededor de dos millones de personas visitarán Rusia durante la Copa del Mundo.

Los crímenes de odio contra las personas LGBT se han duplicado en el país desde que Rusia creó una ley que prohíbe la “propaganda” homosexual. Una legislación de 2013 duramente condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que prohíbe cualquier tipo de propaganda relacionada con la diversidad sexual, el orgullo gay o la defensa de los derechos LGTB.

Hace unos meses, Alexei Smertin, dirigente de la Federación Rusa de fútbol aseguró que los fanáticos de la Copa Mundial no serán afectados por la ley rusa que prohíbe la propaganda homosexual y hasta dejó en claro que podrá ondear la bandera del orgullo gay libremente por las calles rusas.

“Definitivamente no habrá ningún veto a los símbolos del arcoíris en Rusia. Es claro que pueden venir acá y no serán multados por expresar sus sentimientos”, dijo Smertin en una conferencia de prensa en Moscú.

Entretanto, la FIFA ha dejando en claro que el comportamiento homofóbico no será tolerado en los eventos deportivos que organiza.

Rusia, epicentro de la homofobia

A veces los pequeños detalles dicen mucho. Ojalá llegue el día en que las autoridades rusas no se limiten a desaconsejar las prácticas homófobas de sus ciudadanos fuera de sus fronteras, sino que las persigan también en su propio país. Algo que hoy parece sin embargo muy lejano, tanto en lo jurídico como en lo social. A lo largo de los últimos años no hemos dejado de trasladar a nuestros lectores informaciones sobre la práctica impunidad de los grupos criminales homófobos, dedicados a la extorsión, acoso y tortura de personas LGTB, y que son muy tímidamente perseguidos por las autoridades.

De hecho, las autoridades alientan aún más la homofobia con leyes como la aprobada en 2013, que prohíbe informar positivamente de la homosexualidad a menores, a la vez que permite que quienes simplemente enarbolan una bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados con multas considerables o incluso encarcelados. Una ley, recordamos, cuya defensa dio lugar a la articulación de una especie de “internacional homófoba” cuyas consecuencias seguimos sufriendo en el resto del mundo (organizaciones como HazteOír, por ejemplo, se contaron entre sus valedoras). Por no hablar de la inhibición de las autoridades rusas ante la persecución homófoba en Chechenia, al fin y al cabo una república de la Federación Rusa gobernada en estos momentos por los aliados de Vladimir Putin.

 Y aun así sigue habiendo valientes que se atreven a dar la cara, como el joven Ivan Kravistin, del que hablábamos en 2016, que se niega a volver al armario y hacer más discreta su apariencia pese a haber sufrido una grave agresión por parte de un hombre al que no gustó su aspecto de “maricón”. Kravistin sí que denunció, y aunque el agresor fue acusado de “gamberrismo” no hubo la más mínima intención de considerar el ataque un crimen de odio.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Suecia aprueba indemnizar con más de 22.000 euros a las personas trans a las que obligó a esterilizarse para poder ver reconocida su identidad de género

Lunes, 26 de marzo de 2018

bandera_sueciaEl diccionario de Suecia incluye oficialmente un pronombre de género neutro

“Hen”, el pronombre neutro que ya es oficial en Suecia

La Iglesia de Suecia usará el género neutro para referirse a Dios

El Parlamento de Suecia ha aprobado el pago de una indemnización compensatoria a las personas trans que fueron obligadas a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. Se trata de la primera vez que un país toma esta decisión, en lo que supone una importante victoria de los colectivos en favor de los derechos de las personas trans. En 2016, el ministro de Salud Pública del país escandinavo, Gabriel Wikström, confirmó que el Gobierno sueco pagaría una indemnización a las personas trans que fueron víctimas de la esterilización forzada.

El 19 de diciembre de 2012 un tribunal de Estocolmo consideró inconstitucional y contraria a la Convención Europea sobre Derechos Humanos la ley de 1972 que obligaba a aquellas personas transexuales que quisieran modificar su situación registral a someterse a la esterilización. Comprensiblemente, la ley despertaba una fuerte oposición dentro del país (el entonces primer ministro Fredrik Reinfeldt la describió en 2010 como “un capítulo oscuro de la historia sueca”) y provocaba asombro en el extranjero. El Gobierno sueco ya tenía programado eliminar el requisito de esterilización a partir del 1 de julio de 2013, pero el dictamen judicial lo adelantó unos meses (en enero de 2013 nos hicimos eco en esta misma página).

Ya por entonces la presidenta de la Federación Sueca por los Derechos LGTB (RFSL) adelantó su intención de demandar indemnizaciones para las personas que sufrieron la ley (se estima que de 600 a 700). Han pasado cinco años, pero por fin el Parlamento sueco ha tomado la decisión de resacirlas. Recibirán 225.000 coronas suecas (algo más de 22.000 euros). A modo de precedente, en 1999 el Parlamento sueco aprobó indemnizaciones por 175.000 coronas suecas para las víctimas de esterilizaciones forzadas bajo un programa de eugenesia en vigor entre 1935 y 1996. “Ha sido una larga lucha, y estoy feliz de que la RFSL haya jugado un importante papel en esta histórica victoria. Hemos demandado esto desde 2013, cuando el requisito de esterilizarse para modificar legalmente la identidad de género fue abolido. El dinero no puede deshacer el daño de perder de forma forzada tus capacidades reproductivas, pero la compensación monetaria es un paso importante para que el Estado resarza de alguna forma a todas aquellas personas que lo sufrieron”, ha declarado Emelie Mire Åsell, portavoz del área trans e intersex de la RFSL.

La decisión ha sido saludada tanto por ILGA-Europa como por Transgender Europe, que consideran que marcha un importante precedente. “Esta decisión es un mensaje para los 16 países europeos en los que se continua obligando a las personas trans a esterilizarse antes de ver reconocida legalmente su identidad de género. La Corte Europea de Derechos Humanos ya falló en 2017 que los requisitos de infertilidad en las leyes de reconocimiento de la identidad de género son contrarios a los derechos humanos de las personas trans, de modo que todos los países que los siguen exigiendo deben reformar sus leyes”, expresa el comunicado de Transgender Europe.

Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017, como señalaba el comunicado de Transgender Europe, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Y aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, según esta organización 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó el pasado mes de octubre tramitar una ley en ese sentido.

En España, aunque la situación es más favorable y no se exige la esterilización como tal, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo pendiente de ser actualizado por el Congreso, donde la proposición de ley correspondiente, presentada por el grupo socialista, fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma. Posteriormente permaneció bloqueada durante varias semanas más por la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos. El desbloqueo no tuvo lugar hasta finales de febrero, un año después de ser registrada. Esperemos que se apruebe en próximas semanas.

 

Fuente Dosmanzanas

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El PP del País Vasco se niega a anular el nombramiento de la jueza hómofoba María Elósegui

Sábado, 24 de marzo de 2018

maria_elosegui_itxaso_2016_cropped-jpegEl PP vota contra una iniciativa del Parlamento Vasco que pide la destitución de la jueza si no se retracta de sus declaraciones homófobas. 

¿Dónde están los de #YoSoyGayYdelPP?

El Parlamento Vasco ha debatido sobre el tema del nombramiento de María Elósegui en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa señora jueza que decía que “la homosexualidad produce patologías”… y ha manifestado su apoyo a la iniciativa de 75 eurodiputados que instan al Tribunal a revocar su nombramiento en caso de que no se retracte de sus declaraciones. Asimismo, en una declaración firmada de forma conjunta por Elkarrekin Podemos, PNV, PSOE-EE y EH Bildu han mostrado su “total discrepancia con las declaraciones” realizadas por esta señora. Y, por supuesto, con el voto en contra… del PP

Son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras. Recordemos que para la jueza, los homosexuales hemos implantado la promiscuidad como estilo de vida y eso lleva “no solo a un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, sino también a la aparición o el aumento de patologías piscosexuales” asegurando entre otras muchas barbaridades que “el consumo de pornografía y la promiscuidad son síntomas de retrato psicosexual que requieren un diagnóstico.”

Tras el revuelo causado por su nombramiento, aseguró con soberbia que no pensaba moverse de su puesto. Claro que nada de esto impidió que el PP de La Rioja la invitara a colaborar en la ley trans de la Comunidad. Y el año que viene llorarán otra vez si no les invitan al Orgullo.

Fuente | La Vanguardia, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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El PP retira en el Parlamento de La Rioja la solicitud de María Elósegui como experta en Ley de Igualdad

Sábado, 17 de febrero de 2018

maria_elosegui_itxaso_2016_cropped-jpegEl jefe del Ejecutivo riojano ha justificado la renuncia a la participación de Elósegui en la ponencia de esa ley en su reciente nombramiento como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha comunicado hoy que el Grupo Parlamentario Popular registró ayer en la Cámara regional la retirada de su solicitud de la comparecencia de María Elósegui como experta en la redacción de la futura Ley de Igualdad de La Rioja.

Ceniceros ha intervenido en el pleno del Parlamento de La Rioja para responder a una pregunta del diputado de Podemos Juan Calvo sobre la petición de la comparecencia de esta jurista como experta.

El jefe del Ejecutivo regional ha justificado la renuncia a la participación de Elósegui en la ponencia de esa ley en su reciente nombramiento como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También ha considerado que “no debería proceder la formulación de esta pregunta” porque él acude al Parlamento a someterse al control de la acción del Gobierno. “No procede entrar en este apartado en el debate, se refiere a una determinación que ha tomado un grupo parlamentario, siempre contestaré gustosamente sobre las actuaciones del Gobierno, no de los grupos”, ha recalcado.

 Calvo se ha alegrado de esta “rectificación” porque, ha dicho que Elósegui, catedrática en la Universidad de Zaragoza, considera que “la homosexualidad produce patologías”, de modo que el diputado de Podemos ha calificado como “un grave error” que participara como experta en la elaboración de la Ley de Igualdad de La Rioja. Ha lamentado que “esta señora mantenga posiciones transfóbicas y homofóbicas”, al defender que la transexualidad es una patología severa, que requiere terapias psicológicas y psiquiátricas.

El parlamentario de la formación morada también ha considerado “preocupante” las reflexiones de Elósegui sobre el matrimonio igualitario y que califique como “promiscuas” a las personas LGTBI. Ha emplazado a Ceniceros a manifestar su opinión sobre la homofobia y la transfobia porque la rectificación al retirar la petición de comparecencia no supone que “no opinen igual” que ella. Además, ha dicho que Elósegui tenía que haber dimitido o haber sido relevada como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sus “lamentables” opiniones y por haber “falseado” su currículum.

Por su parte, la diputada socialista Ana Santos también ha preguntado en el pleno sobre esta petición de comparecencia, por parte del PP, de Elósegui; ante lo que la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, se ha remitido a lo ya contestado por Ceniceros.

Santos, en su intervención, ha afirmado que no duda de la preparación y conocimientos de Elósegui, pero “su trayectoria está llana de prejuicios”; y ha dicho que al PSOE le “ha indignado” que el Grupo Popular designara entre los expertos a esta jueza, quien “apela a terapias psicológicas y psiquiátricas para curar la transexualidad”.

Ha preguntado al Grupo Popular cómo puede ser que apoye con su voto una campaña de sensibilización y normalización de la realidad LGTBi en el Parlamento de La Rioja y, por otro lago, proponga un perfil como experta a quien mantiene “postulados discriminatorios”.

Santos ha dicho que se caracteriza por su persistencia y hablará del colectivo LGTBI “hasta el último instante por los veinte años de silencio en este Parlamento”.

Fuente Cáscara Amarga

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75 eurodiputados se adhieren a una carta de los socialistas españoles en la que se pide la revocación del nombramiento de María Elósegui

Martes, 13 de febrero de 2018

maria_elosegui_itxaso_2016_cropped-jpegLa delegación socialista española (PSOE) en el Parlamento Europeo ha promovido una carta que solicita la revocación del nombramiento de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puedes descargarla aquí). Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, a la carta se han adherido todos los eurodiputados de Podemos y de Izquierda Unida, así como varios de los integrados en el grupo liberal del Parlamento Europeo (ALDE). En concreto, la independiente Beatriz Becerra (una eurodiputada muy destacada por su defensa de los derechos LGTB), así como Izaskun Bilbao (PNV), Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Carolina Punset (Ciudadanos) y Ramón Tremosa (PDeCAT).

Por el contrario, no han secundado la misiva ni Javier Nart (el otro eurodiputado de Ciudadanos) ni Enrique Calvet ni Teresa Giménez Barbat. Estos dos últimos, al igual que Beatriz Becerra, fueron  elegidos en su momento en las listas de UPyD (aunque luego abandonaron el partido). Todos ellos forman parte de ALDE, el grupo liberal del Parlamento Europeo.

Tampoco la han secundado el eurodiputado de EH Bildu Josu Juaristi ni la eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda Lidia Senra (que abandonó en marzo de 2017 la delegación de Izquierda Plural y que ya no está integrada en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea), así como ninguno de los eurodiputados del Partido Popular. Cabe señalar, en este sentido, que la delegación socialista española en el Parlamento Europeo recabó para su carta el apoyo de distintos grupos políticos de la Eurocámara, pero no de todos. No lo hizo “del Partido Popular Europeo, de los no inscritos y de las formaciones antieuropeas y xenófobas”, según el comunicado en el que anunciaron la iniciativa.

La carta cuenta con 75 firmas en total (un 10% del total de eurodiputados) y ha sido remitida este lunes al presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Michele Nicoletti, y al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi. En ella los firmantes expresan su profunda preocupación por las opiniones vertidas por María Elósegui en diferentes trabajos y conferencias en referencia a la homosexualidad y a la transexualidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordemos, no es una institución vinculada a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, y sun función es la de actuar como garante de los derechos reconocidos por la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales.

Elósegui no piensa dimitir

Este sábado nos hacíamos eco, precisamente, de la negativa de Elósegui a renunciar a su cargo por voluntad propia. En una entrevista a El Confidencial, se mostraba incluso desafiante hacia los que se lo han pedido. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, declaraba.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado 24 de enero hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

De ahí que tanto los colectivos LGTB españoles como europeos hayan expresado su inquietud. Como también contamos el sábado, ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, ha hecho público un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo.

Fuente Dosmanzanas

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María Elósegui responde con chulería a las peticiones de dimisión: “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada y eso es irreversible”

Lunes, 12 de febrero de 2018

maria_elosegui_itxaso_2016_cropped-jpegMaría Elósegui no solo se enroca en sus posiciones en una entrevista a El Confidencial, sino que incluso se muestra desafiante y responde con chulería cuando se le recuerda la petición de dimisión. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, ha declarado. Mientras tanto, los colectivos LGTB europeos muestra su preocupación por el nombramiento de Elósegui como magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado día 24 hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Lo sucedido desde entonces es bien conocido: peticiones de cese por el falseamiento del currículum, solicitud de explicaciones al Gobierno, petición de dimisión en change.org… Como era previsible, nada de eso ha sucedido. La propia María Elósegui lo deja claro en la entrevista a El Confidencial. “Parte de la polémica se ha centrado en sus ideas. Miembros del colectivo LGTBI han promovido una recogida de firmas para que usted dimita. ¿Cree usted que debe dimitir?”, le preguntan. “He sido votada por una asamblea parlamentaria y me debo a mis electores. Los periódicos, con todos mis respetos, no es el lugar en el que se vota. Se vota con los procedimientos formales, no se hace un juicio en paralelo. Eso no tiene ni pies ni cabeza”, responde. “La petición que le hacen es que dimita porque consideran que usted es homófoba”, insiste la periodista. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, añade Elósegui.

La nueva jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste además en que sus palabras han sido manipuladas. “Niego la mayor. No son mis palabras, se han sacado de contexto y tergiversado, han puesto en boca mía cosas que no he dicho yo. Han hecho una mezcla, un popurrí, con idea de lesionar mi honor y buscando un acoso o discriminación laboral”, asegura.

Afirmaciones, es necesario insistir, que no son ciertas: son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras. Ni tergiversación ni manipulación.

Posicionamiento de ILGA Europe

La alarma por las opiniones de Elósegui, entretanto, ya ha sobrepasado nuestras fronteras. ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, hizo público hace varios días un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que expresa su preocupación y asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo. “Seguimos esperando a el Gobierno dé una respuesta sobre las negligencias que llevaron a que sus declaraciones homófobas y tránsfobas no supusiesen su automático descarte para ese puesto”, añade la FELGTB, en referencia a la exigencia al Gobierno español de explicaciones.

Fuente Dosmanzanas

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El PP de La Rioja ya consideraba a María Elósegui “experta” en transexualidad antes de ser elegida jueza en Estrasburgo y el PSOE inicia una campaña europea para revocar su nombramiento

Viernes, 2 de febrero de 2018

maria_elosegui_itxaso_2016_cropped-jpegLos socialistas europeos inician una recogida de firmas en el Parlamento Europeo para exigir que María Elósegui se retracte de sus comentarios LGTBfóbicos.

Si la catedrática no reacciona, el PSOE enviará una carta exigiendo la revocación del nombramiento de Elósegui como jueza del TEDH.

El Partido Popular de La Rioja ha invitado a la María Elósegui, la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza cuyo pensamiento LGTBfobo saltó a los medios tras ser elegida jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales, cuya toma en consideración fue aprobada en noviembre con el voto favorable de PSOE, Ciudadanos y Podemos y la abstención de los populares. Un detalle nos llama la atención: la invitación a Elósegui fue hecha antes de que estallase la polémica, lo que a nuestro juicio sugiere que, al menos en parte, el Partido Popular conocía sus postulados. 

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado día 24 hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Lo sucedido desde entonces es bien conocido: PSOE y Unidos Podemos, por ejemplo, han pedido directamente el cese de Elósegui por el falseamiento del currículum, mientras que Ciudadanos ha criticado duramente su inclusión en la terna y ha pedido explicaciones al Gobierno. En change.org, por su parte, hay en marcha una petición de dimisión de Elósegui, dirida además a los representantes de España en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que hagan “haga todo lo que esté en su mano” para que no llegue a tomar posesión de su cargo. Y son solo algunas de las reacciones…

El PP de La Rioja ya había invitado a Elósegui como “experta” en transexualidad

Este miércoles, sin embargo, se añadía una pieza más al vodevil, al conocerse que María Elósegui ha sido invitada por el PP al Parlamento de La Rioja como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales. En noviembre, recordemos, el Parlamento riojano aprobaba la toma en consideración de una proposición de ley en ese sentido promovida por PSOE, Ciudadanos y Podemos, y ante la que los populares preferían abstenerse.

Una invitación que según el portavoz parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, fue anterior a que la LGTBfobia de Elósegui saltara a los medios. Según asegura el diario La Rioja, Garrido no ha aclarado si ahora se le retirará la invitación. “Podría ser, pero lo cierto es que no hemos tenido tiempo ni de planteárnoslo“, ha declarado. “La ahora juez de Estrasburgo supongo que tendrá una agenda muy complicada, pero lo que sí quiero dejar claro es que el criterio de elección, en su momento antes de hacerse públicas las supuestas manifestaciones que luego ha desmentido, fue por currículo científico”, añadía a este periódico.

El colectivo riojano Gylda ya ha expresado su absoluto rechazo a la presencia de Elósegui en el Parlamento regional, criticando además la actitud del PP por lo que la aprobación de la ley de transexualidad se refiere. “Gylda siempre se ha caracterizado por mantener un trato correcto con todas las fuerzas políticas y que continuaremos llevando a cabo, manteniendo reuniones, promoviendo iniciativas, etc. (…) Durante este último año, nuestra entidad ha mantenido varias reuniones con el PP, la última con su portavoz parlamentario don Jesús Garrido, en la que pudimos constatar el total desconocimiento de la realidad trans por parte de esta fuerza política, ofertándoles la posibilidad de reunirse con personas trans y especialmente, con madres y padres de menores trans para que pudieran conocer de primera mano su realidad, circunstancia que el PP no ha aceptado a día de hoy”explican de hecho en su nota, en la que acusan además a este partido de querer dilatar los plazos para que acabe la legislatura sin que la ley sea aprobada.

En toda esta historia, lo que más nos llama la atención es el hecho de que el PP de La Rioja hubiera tramitado la invitación a Elósegui para opinar sobre una ley de transexualidad ANTES de que saltara a los medios la polémica sobre su LGTBfobia. Una circunstancia que nos hace pensar que ese partido (o al menos alguien en ese partido) era plenamente consciente de sus posicionamientos sobre el tema, “supuestamente” desconocidos por los partidos políticos hasta la semana pasada. Y es que, como ya resaltamos en la primera entrada que dedicamos al tema (un día antes que los medios generalistas) es al referirse a la transexualidad cuando Elósegui expresa sus opiniones más extremas. Nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTubede Una Mujer Una Voz.

En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

Es grave que alguien como Elósegui vaya a ocupar una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también es muy grave que en pleno 2018, casi trece años después de que el PP invitara a Aquilino Polaino al Senado de España para insultar a las personas homosexuales, haga lo mismo en La Rioja con las personas transexuales. Y de forma a todas luces consciente: si el PP no conocía las opiniones de Elósegui sobre las personas transexuales ¿para qué la invitó a una ley dedicada a este colectivo?

El PSOE inicia una campaña europea para revocar su nombramiento

Pues mientras el mismo PP invita a esta mujer a participar en la redacción de la Ley Integral Trans de la Rioja desde el PSOE han empezado una campaña a nivel europeo contra su nombramiento. Los diputados socialistas españoles en el Parlamento Europeo han iniciado una recogida de firmas para exigir a Elósegui que se retracte de sus declaraciones pasadas sobre el colectivo LGTB+. Entre las cosas que esta mujer nos ha ido dedicando está, por ejemplo, su idea de que una persona trans lo que tiene que hacer es buscar ayuda psicológica en lugar de vivir en contra de su “biología”, que los homosexuales no es que estemos enfermos pero sí que transmitimos muchas enfermedades y sufrimos varias patologías o que el preservativo es malo porque eso hace que los violadores violen más.

Si Elósegui no se retractara de esas declaraciones, los socialistas europeos enviarán una carta a Michele Nicoletti, presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, y a Guido Raimondi, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para exigir que se revoque su nombramiento.

Los socialistas europeos insisten en que la igualdad de género y la lucha contra la LGTBfobia deberían ser ejes fundamentales de las instituciones de la UE, y en pedir que Elósegui se retracte ya que lleva años esparciendo el odio contra el colectivo LGTB+ como para que ahora tenga algo que decir sobre nuestros derechos a nivel europeo.

Por respeto a todo lo que el colectivo LGTB+ y las mujeres han sufrido y siguen sufriendo por culpa de personas con las ideas de Elósegui su nombramiento ni siquiera debería haber sido propuesto.

 Fuente Europapress/ Dosmanzanas/EstoyBailando

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Renunciar a Estrasburgo no es una opción para María Elósegui a pesar de la polémica por su homofobia

Sábado, 27 de enero de 2018

maria_elosegui_itxaso_2016_cropped-jpegAnte la polémica por la elección de María Elósegui Itxaso para integrarse como representante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, la magistrada no se plantea renunciar ante la polémica debido a sus declaracioens homofóbicas y transfóbicas. 

Seis años después de que el Parlamento Europeo solicitara a la Organización Mundial de la Salud que dejara de considerar la transexualidad como una enfermedad, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención de salud a nivel internacional confirma a finales de marzo del año pasado que así lo iba a hacer de cara a este año, aunque pasando de denominar que las personas transexuales tienen «trastornos de personalidad y el comportamiento» a denominar que tienen «incongruencia de género». Esa misma incongruencia parece estar instalada en la votación realizada este martes, 23 de enero, por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mediante la que han elegido a María Elósegui Itxaso, juez y catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, para representar a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Gobierno español estaba obligado a presentar una terna de candidatos para el puesto, proponiendo junto a la magistrada a José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, y a Francisco Pérez de los Cobos, expresidente del Tribunal Constitucional y favorito del gobierno quien se ha tenido que conformar con ningún voto, mientras que Elósegui se alza con el puesto por mayoría absoluta, señalando que podrá aportar al tribunal una «sensibilidad especial» con los derechos humanos y una perspectiva de mujer, siendo, de hecho, la primera mujer que España aporta al tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La sensibilidad y perspectiva a las que se refiere son aquellas que le han hecho notoria al haber demostrado su parcialidad en lo que se refiere a temas relacionados con la asignatura de religión y la iglesia, el aborto, el uso de preservativos y de la píldora del día después, la educación sexual, las personas transexuales y las homosexuales. «Es una clara patología referente al sexo psicológico que crea una severa disfunción que en no pocos casos conduce al suicidio», afirma la juez sobre las personas transexuales, denotando su preocupación por el fallecimiento de personas transexuales que no son asesinadas, así como considera que la conducta homosexual «es mucho más compulsiva, lleva, a pesar de la gran necesidad afectiva de estas personas, a tener un elevado número de parejas», dando por sentado que la promiscuidad está ligada a una orientación sexual determinada, la homosexual, y no a un género, el masculino, o un comportamiento, el heterosexual.

«Desde el Observatorio Español contra la LGBTfobia estamos verdaderamente alarmados y preocupados de que se haya elegido a la Jueza María Elósegui para un puesto de tal relevancia y compromiso social como el TEDH, con tales actitudes ante la diversidad sexual y otros temas muy alejados de la sociedad actual, y que consideramos anticientíficas, discriminantes, estigmatizantes y contra la dignidad de las personas LGBTI. Es lamentable que nos hayamos enterado tan tarde de estos antecedentes tan deplorables en una persona que deberá intervenir en futuros procesos sobre los derechos de las personas LGBTI en Europa. Una situación paradójicamente comparable a la elección de Arabia Saudita como miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres en Naciones Unidas el año pasado, o la elección de Venezuela, Emiratos Árabes y otros como miembros del Consejo de Derechos Humanos también de Naciones Unidas», declara con contundencia Paco Ramírez, presidente del Observatorio.

Ferviente defensora de la conspiración mundial de la «ideología de género» y la «ideología gay», Elósegui se opone al matrimonio igualitario y a que las parejas del mismo sexo puedan tener descendencia. Promover el uso del preservativo incita a la violación, según su opinión, en lugar de prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, de la misma forma que cuestiona el uso de la píldora del día después. Mientras apela a la libertad de cátedra al hablar de educación sexual, critica a quienes consideran que la asignatura religión está de más en un país laico. Si bien fomenta la fidelidad, recalca que es un valor todavía más importante para la mujer con el objetivo de lograr la felicidad de la pareja, fomentando de esta manera la sumisión de la mujer en el libro El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres. Incluso llega a defender las terapias de conversión, que ella denomina «terapias psicológicas-psiquiátricas» a las que opina deberían someterse las personas transexuales.

La Asamblea del Consejo de Europa está compuesta por 324 miembros y otros tantos suplentes repartidos en siete grupos que aglutinan a partidos políticos de distintos países. Con 12 representantes y otros tantos suplentes, entre diputados y senadores, la mitad pertenecen al PP, tres al PSOE, una Unidos Podemos, otro a Ciudadanos y uno más al PNV. Izquiera Unida, Podemos y En Comú, se han sumado a las críticas del colectivo LGBT por la elección de Elósegui, a la que califican igualmente de «homófoba».

Sin embargo, todas estas reacciones están equivocadas y responden a una mala interpretación de sus textos y sus opiniones, por lo que Elósegui ya ha manifestado su rechazo a renunciar a este puesto. «No pienso que la homosexualidad sea una enfermedad ni que los homosexuales padezcan enfermedades por su orientación sexual (…). Las declaraciones que se han reproducido se han sacado de contexto (…). De hecho, algunas afirmaciones que se me han atribuido forman parte de textos publicados en Latinoamérica que incluyen términos y expresiones, como ideología gay, que yo nunca he utilizado porque no estoy de acuerdo con ellos: no se ajustan a la realidad», declara Elósegui, recordando que es una firme defensora de los derechos humanos y la igualdad y está en contra de la discriminación, como demuestra su trayectoria en organismos como el Consejo de Europa, además de que estuvo integrada en el equipo que se encarga de elaborar el borrador de la ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres en España, promulgada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuente Universogay

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