28 de agosto de 2025. El Informe Anual 2024 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA World), la red más grande en el mundo de organizaciones de derechos de las personas LGBTIQ+, integrada por 2.126 miembros (entre ellos Caribe Afirmativo) en 175 países.

Este informe de ILGA constituye uno de los documentos más relevantes para entender el estado actual de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en todo el mundo. En un contexto global, marcado por avances históricos y graves retrocesos, el informe no solo documenta hechos, sino que también plantea reflexiones urgentes y líneas de acción.

Este análisis es especialmente importante para América Latina y el Caribe, donde se presentan desafíos estructurales como el desplazamiento forzado, la discriminación a razón de su orientación e identidad de género y la falta de políticas de protección integral. Además, la ausencia de un liderazgo firme de Estados Unidos en materia de derechos LGBTIQ+ agrega un elemento crítico al panorama internacional. A partir de este informe, se logran identificar las principales amenazas, pero también las oportunidades para impulsar una respuesta articulada desde la región.

Un año de avances y retrocesos

De acuerdo al informe, 2024 fue un año de contrastes. Por un lado, se celebran algunos logros significativos, como por ejemplo en Namibia y Dominica (países de África y el Caribe, respectivamente) donde se eliminaron leyes coloniales que criminalizaban la homosexualidad. Viajando hacia Europa y Asia, vemos los ejemplos positivos de Grecia, Estonia y Tailandia, naciones que reconocieron del matrimonio igualitario, mientras que Nepal se aceptó el nombre identitario en los registros civiles a personas con experiencias de vida trans.

Sin embargo, el informe de ILGA visibilizó retrocesos en otras latitudes, como sucede en el país africano de Mali, donde se aprobó una ley que, por primera vez en su historia, penaliza las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. Por otra parte, en Georgia, país de Europa del este, se aprobó una nueva ley que prohíbe cualquier reconocimiento a las parejas del mismo sexo, adopciones de menores por familias homoparentales, el reconocimiento legal del género y la difusión de noticias sobre asuntos LGBTI en las esferas públicas.

En efecto, ILGA advierte que, por primera vez en 13 años, hubo más retrocesos que avances en protección a personas trans en toda Europa y Asia Central. A estos recursos legislativos se suman los discursos de odio alimentados por líderes políticos y grupos religiosos conservadores; estas narrativas generan un clima de hostilidad y suelen traducirse en la aprobación de políticas regresivas y violentas en contra de las personas LGBTIQ+.

Mayor atención a la movilidad humana

El Informe Anual 2024 de ILGA pone un énfasis especial en la situación de las personas LGBTIQ+ en contextos de movilidad humana, particularmente solicitantes de refugio o asilo. La persecución por motivos de orientación sexual e identidad de género sigue siendo una de las principales causas de desplazamiento forzado en muchas regiones del mundo. Sin embargo, la respuesta de los Estados continúa siendo fragmentada e insuficiente, ya que no hay una verdadera articulación entre los gobiernos de la región para garantizar el acompañamiento a las personas LGBTIQ+ que se desplazan por el mundo.

En América Latina y el Caribe, el informe visibiliza el desplazamiento de personas venezolanas. Muchas personas LGBTIQ+ han cruzado fronteras buscando protección, pero al llegar a países receptores como Colombia, Perú o Brasil, se enfrentan a nuevas barreras: trámites burocráticos complejos, falta de políticas específicas de protección y situaciones de discriminación en servicios básicos como salud y empleo.

En este contexto, desde Caribe Afirmativo se pone especial énfasis en las barreras actuales para la regularización migratoria en Colombia: el Permiso por Protección Temporal (PPT), documento clave para la regularización migratoria de los venezolanos, no se está expidiendo para adultos. Aunque este documento reconoce los nombres y géneros identitarios de las personas con experiencia de vida trans, esto es posible luego de cumplir con procesos burocráticos y costosos ante notarías. Y si bien es cierto que el Estado, a través de la Cancillería, ofrece otros mecanismos de regularización (como el PEP TUTOR, visas, etcétera), estos exigen requisitos que dificultan su acceso, incluso en el caso del PEP TUTOR no se está implementando a la fecha debido a la falta de un reglamento.

Volviendo al informe, ILGA alerta sobre la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ en rutas migratorias peligrosas, donde enfrentan riesgos de violencia sexual, explotación laboral y trata de personas. Estas dinámicas requieren una respuesta coordinada entre los Estados y la sociedad civil para garantizar mecanismos efectivos de protección.

Estados Unidos y la financiación a proyectos humanitarios

El informe dedica un apartado especial a Estados Unidos, un país que se ha autoproclamado como el “faro de la libertad en el mundo”, pero que en la realidad atraviesa una profunda crisis en materia de derechos LGBTIQ+. ILGA advierte que en 2024 se registraron más de 533 proyectos de ley anti-LGBTIQ+ en distintos estados, con especial énfasis en limitar derechos de personas trans. Estas iniciativas incluyen desde prohibiciones para acceder a tratamientos de afirmación de género hasta restricciones en la participación de personas trans en deportes y la censura de contenidos educativos sobre diversidad.

Aunado a lo anterior, la administración de Donald Trump suspendió, desde el 24 de enero de 2024, el financiamiento de programas de ayuda humanitaria a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), afectando severamente a cientos de organizaciones humanitarias por todo el mundo, particularmente relacionadas con movilidad humana, enfoques diferenciales en diversidad sexual y atenciones a grupos vulnerables, en efecto, el 47 % de los recursos humanitarios implementados a nivel internacional en el año 2024 fueron financiados por esta agencia estadounidense, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas.

La postura del gobierno de Estados Unidos se endureció con las recientes medidas antimigración, que particularmente afecta a personas LGBTIQ+ y demás grupos en situación de vulnerabilidad que solicitan protección internacional. Las políticas restrictivas de asilo, reforzadas en los últimos años, han limitado las posibilidades de quienes huyen de la violencia y persecución en sus países de origen. ILGA advierte que estas medidas contradicen las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.

Tras la finalización de la financiación, por parte de Estados Unidos, a la cooperación internacional puso en jaque la acción humanitaria en todo el mundo. Según un informe de Global Policy, el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), interrumpió cientos de programas de asistencia humanitaria en el mundo, aumentó las brechas de financiación de programas de desarrollo y mayor carga para otros donantes que no cuentan con la misma capacidad financiera que Estados Unidos.

En medio de este panorama preocupante, vale destacar el apoyo que viene avanzando la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a varios proyectos humanitarios dirigidos al mejoramiento de organizaciones y colectivos de base comunitaria LGBTIQ+ en las Américas que brindan servicios a las personas sexodiversas en situación de movilidad humana y protección internacional. Uno de estos proyectos es “Construyendo Puentes, Tejiendo Caminos”, que busca fortalecer a 58 organizaciones de las Américas con asistencia técnica, una robusta herramienta de sistematización de información y capacitación en materia de protección internacional. Gracias al proyecto “Construyendo Puentes, Tejiendo Caminos”, estas organizaciones acceden a información sobre otras fuentes de financiación y tienen la posibilidad de construir nuevas alianzas estratégicas entre pares. Muchas de estas organizaciones antes percibían recursos por parte de USAID para motorizar sus proyectos, pero ahora cuentan con el respaldo de la AECID para sostener sus acciones en favor de cientos de personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana en el continente americano.

Nuestra respuesta conjunta

Frente a estos desafíos, ILGA ha desempeñado un papel fundamental al documentar las violaciones de derechos y llevar estos casos a instancias internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre sus aportes más relevantes destaca el informe Laws on Us, que ofrece un análisis detallado de las leyes vigentes en cada país y su impacto real en la vida de las personas LGBTIQ+. Este recurso es vital para organizaciones de base que buscan respaldar su trabajo de incidencia con datos concretos.

La iniciativa LGBTI Pathways también es clave, ya que aborda específicamente la situación de las personas LGBTIQ+ en contextos migratorios. Este programa ofrece herramientas para que las organizaciones locales puedan acompañar a quienes buscan refugio, al tiempo que presiona a los gobiernos para que adopten políticas más inclusivas.

En la 31ª Conferencia Mundial de ILGA, celebrada en 2024, activistas de todo el mundo coincidieron en la necesidad de una estrategia común frente a la ola anti-derechos. Allí se reafirmó que la defensa de los derechos LGBTIQ+ debe ser interseccional y considerar factores como migración, género, raza y clase social.

Ante los enormes desafíos en materia de derechos humanos LGBTIQ+ y movilidad humana con enfoque diferencial de género, es importante acompañar a las organizaciones de derechos LGBTIQ+ que tengan entre sus ejes de acción la movilidad humana para la articulación de alianzas, compartir recursos, mejorar el acceso a la información y generar nuevas estrategias de incidencia, tal como se está implementando con el proyecto “Construyendo Puentes, Tejiendo Caminos” explicado arriba.

Además, es necesario que los gobiernos reconozcan explícitamente la orientación sexual y la identidad de género como motivos válidos para la protección internacional de personas en situación de movilidad humana. Asimismo, la cooperación internacional debe priorizar el fortalecimiento tanto de organizaciones como de proyectos relacionados con la movilidad humana y acceso a mecanismos de protección internacional con enfoque sexodiverso.

En resumen, el Informe Anual 2024 de ILGA nos recuerda que los derechos conquistados pueden retroceder si no hay vigilancia, articulación y acción colectiva. En un contexto donde Estados Unidos se repliega de su rol de liderazgo, América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de asumir las riendas y trabajar en pro de la acción humanitaria a través de organizaciones civiles fortalecidas.

Fuente Caribe Afirmativo

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17 de julio de 2025. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó recientemente sobre la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan las personas LGBTIQ+ cuando se ven forzadas a desplazarse de sus territorios. Según datos del organismo internacional, más de dos tercios de las personas desplazadas en el mundo no cruzan fronteras, permanecen dentro de sus propios países. Sin embargo, cuando se trata de personas LGBTIQ+, su situación es aún más precaria debido a las múltiples formas de discriminación y violencia que enfrentan por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Las vulnerabilidades estructurales a las que se enfrentan las personas LGBTIQ+ se ven intensificadas por su estatus como migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o desplazados internos”, señalaron unos cuarenta expertos y expertas en derechos humanos de la ONU en una declaración conjunta, subrayando la urgencia de atender esta problemática.

La ONU destacó que las personas LGBTIQ+ se encuentran entre las más afectadas de los más de 84 millones de personas desplazadas que existen actualmente en el mundo. Además, advirtió sobre los riesgos específicos que enfrentan durante el tránsito y en los lugares de acogida, donde muchas veces son revictimizadas, discriminadas, agredidas o excluidas de los sistemas de protección y atención humanitaria.

Desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado internacional y exhortamos a las autoridades, a las agencias humanitarias y a la sociedad en general a no dar la espalda a esta realidad. Es urgente garantizar entornos seguros, inclusivos y respetuosos para las personas LGBTIQ+ desplazadas, migrantes o refugiadas, sin importar su estatus migratorio ni las causas que las llevaron a huir.

Fuente Caribe Afirmativo

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En su cruzada tránsfoba, la Fachosfera ha vuelto a sacar bajo palio a pasear a esta señora que muestra, simplemente su opinión personal pero que sirve a la persecución Terfa contra las personas Trans…

Lo que uno se pregunta es por qué a esta señora le han renovado su mandato para otro periodo de tres años…

La relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y niñas condena despectivamente el lenguaje inclusivo dejando a la ONU en situación delicada. La relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, instó a los gobiernos a definir el género en función del sexo biológico y a dejar de utilizar lenguaje neutro al referirse a las mujeres.

“No se puede proteger lo que no se puede definir”, declaró Alsalem al presentar su polémico informe durante la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Alsalem confesó que nunca imaginó que llegaría el momento en el que fuera necesario elaborar un informe para recordar que los términos “mujeres” y “niñas” son categorías biológicas y jurídicas diferenciadas. Haciéndose la víctima, tras su ataque inmisericorde contra las personas trans, dijo que su planteamiento ha provocado “reacciones viscerales” y ha recibido intentos de descrédito por parte de gobiernos influyentes y agencias de la propia ONU.

En el documento, Alsalem sostiene que la inexistente ideología de género vulnera el derecho internacional y perjudica de forma grave a mujeres y niñas. Critica a aquellos gobiernos que han sustituido términos como “madres” o “mujeres” por expresiones como “personas gestantes”  o “personas menstruantes”, y les acusa de diluir la protección específica que ellas necesitan. “Borrar a las mujeres y el lenguaje que refleja sus necesidades no solo es indignante y regresivo, sino que constituye una de las peores formas de violencia que pueden sufrir”, subrayó.

El informe también remarca que el derecho internacional protege a las mujeres en función de su sexo biológico y no en base al concepto subjetivo de “identidad de género”. En consecuencia, Alsalem defiende que las personas que se autoidentifican como transgénero no tienen derecho a acceder a las mismas protecciones diseñadas para mujeres biológicas.

La presentación del documento desencadenó un intenso debate en el Consejo. La Unión Europea afirmó que el enfoque de género es una obligación jurídica internacional. Suiza y Países Bajos calificaron la propuesta de Alsalem de “regresiva”, mientras que Colombia, en nombre de 37 países de Europa y América Latina, la consideró un “retroceso” en materia de derechos humanos. Canadá defendió que “el género es una construcción social” y Alemania alertó de que las clasificaciones binarias pueden excluir a colectivos vulnerables.

Agencias clave de la ONU como ONU Mujeres, UNFPA, OMS y UNICEF también rechazaron las recomendaciones de Alsalem, alegando que las políticas sobre “violencia de género” y el lenguaje inclusivo son exigencias del derecho internacional.

Pese a las críticas, Alsalem siguió en sus trece: “El sexo biológico no es un tabú ni un concepto anticuado, sino un aspecto innato, inmutable y fundamental de la existencia humana”.

Como era de esperar, Ss postura recibió el respaldo del Vaticano, como se sabe, primer “defensor” del Feminismo y de países mundialmente reconocidos por proteger a mujeres y niñas y grandes defensores de los Derechos de las Mujeres como Kuwait, Costa de Marfil, Burkina Faso y Sudán (Es necesario recordar que esto es ironía….)

Fuente Agencias

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Mensaje conjunto de cara a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU de Sevilla

La Iglesia española convoca una ‘cumbre paralela‘, con la participación de La Conferencia Episcopal Española; el Arzobispado de Sevilla; la alianza “Enlázate por la Justicia” de Sevilla; Cáritas; CONFER; Justicia y Paz; Manos Unidas; REDES y el HUB España de la Economía de Francisco (EoF The Economy of Francesco), en colaboración de la Universidad Loyola y la Fundación Etea – Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola 

En la ‘Declaración de Sevilla’, que se leerá en todas las parroquias de España, insta, entre otras cosas, a una «mayor regulación y transparencia en el endeudamiento internacional, que prevean crisis de deuda futuras, evitando condiciones perjudiciales para los países deudores y garantizando condiciones de vida digna de sus ciudadanos»

“La paz no puede existir sin justicia social, y la justicia social exige una transformación profunda de las estructuras económicas que perpetúan la pobreza y la desigualdad»

12.06.2025 Jesús Bastante

Es preciso “condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas” así como de la “deuda ecológica”, tal y como se pide en la bula del Jubileo 2025 “Spes non confundit” y en el Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2025. Esta es una de la conclusiones del mensaje que las ONG católicas españolas, ‘bendedicas‘ por la Conferencia Episcopal, quieren lanzar de cara a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU que se celebrará a finales de mes en Sevilla, y de cuyo contenido informó ayer Pedro Sánchez a León XIV.

A lo largo de esos días, la Iglesia española, además, convocará una suerte de ‘cumbre paralela‘ en la capital hispalense, con la participación de La Conferencia Episcopal Española -a través de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana, la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social y el Departamento de Ecología Integral-; el Arzobispado de Sevilla; la alianza “Enlázate por la Justicia” de Sevilla; Cáritas; CONFER; Justicia y Paz; Manos Unidas; REDES y el HUB España de la Economía de Francisco (EoF The Economy of Francesco), en colaboración de la Universidad Loyola y la Fundación Etea – Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola.

Así, entre el 25 de junio y hasta el 2 de julio, las ONG católicas españolas llevarán al ‘cónclave‘ de líderes mundiales la petición especial, lanzada en el Jubileo de 2025, de lacancelación de la deuda externa, y de la «deuda ecológica« a los países empobrecidos, en la línea de la bula publicada por Francisco y asumida por Prevost: «Hay otra invitación apremiante que deseo dirigir en vista del Año jubilar; va dirigida a las naciones más ricas, para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas”.

‘Declaración de Sevilla‘

Uno de los momentos más especiales será la lectura, en todas las parroquias de España, de la ‘Declaración de Sevilla’, en la que se reclaman distintas propuestas. Así, se instará a la «cancelación o reestructuración de la deuda para liberar a los países más vulnerables del sobreendeudamiento«; los «canjes de deuda (debt swaps) por inversiones en salud, educación, seguridad alimentaria y medioambiente«; o una «mayor regulación y transparencia en el endeudamiento internacional, que prevean crisis de deuda futuras, evitando condiciones perjudiciales para los países deudores y garantizando condiciones de vida digna de sus ciudadanos«.

A su vez, se instará a «la creación y dotación de sistemas justos de financiación climática, que reconozcan la deuda ecológica de los países desarrollados con los países más vulnerables», un «marco multilateral inclusivo y equitativo, donde todas las partes involucradas en las crisis del endeudamiento soberano tengan voz y representación«, y «una economía centrada en la persona humana, inspirada en la justicia y la solidaridad, que reconozca la dignidad de todo ser humano y promueva modelos económicos basados en el bien común, el respeto a la naturaleza y la equidad global«.

“La paz no puede existir sin justicia social, y la justicia social exige una transformación profunda de las estructuras económicas que perpetúan la pobreza y la desigualdad. Que este Jubileo traiga para todos, especialmente para los niños, niñas y jóvenes de los países más empobrecidos, un verdadero tiempo de gracia, justicia, y esperanza”, culmina la declaración que se leerá en los templos.

A falta de cambios mínimos, esta es la agenda de la ‘cumbre‘ católica de Sevilla

MIÉRCOLES 25

A las 19.30 h en Fundación Cajasol (Plaza San Francisco, 1) Mesa Redonda “Justicia y dignidad, jubileo de la esperanza y financiación para el desarrollo” en la que participarán varios expertos en economía internacional y el Obispo Auxiliar de Sevilla, Mons. Ramón Valdivia Giménez. Presentado y moderado por Karen Mendoza., periodista de la Delegación de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Sevilla.

A las 21 h en la Plaza Nueva, habrá un Círculo de Silencio especial. Organizada por la Delegación diocesana de migraciones de la Archidiócesis de Sevilla.

VIERNES 27

De 18.30 h. a 20.30 h. en Centro de Actividades de los ODS Fundación MAS (Calle Torneo 67) Mesa Redonda “¿Qué financiación para qué desarrollo?” con Elena Cerdeiras (provincial IBVM), Pedro José Gómez (Profesor de Economía y del Máster Economía Internacional y Desarrollo de la UCM), Inmaculada Mercado (Proclade Bética) María Llinás (F. Kambia) Irene Cebrián (IBVM Youth Representative España) y Janet Palafox  (IBVM/CJ UNNGO Representative). Presentado y moderado por Marta Santos (IBVM) (cartel)

A las 21:00 h. en la S.I. Catedral de Sevilla se celebrará una VIGILIA ESPECIAL presidida por el Arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses-

SÁBADO 28 y DOMINGO 29: las organizaciones católicas participarán en el Foro Social organizado por el Mecanismo de la Sociedad Civil para la FfD presenciales o en streaming.

DOMINGO 29 A las 19.30 h desde los Jardines de Cristina hasta “Las Setas” (Plaza de la Encarnación) las organizaciones católicas irán a la GRAN MARCHA de la SOCIEDAD CIVIL

LUNES 30 a las 20.30 h previsiblemente en el Palacio Arzobispal (Pl. Virgen de los Reyes) Mesa Redonda “Son personas, no números: economía al servicio de las personas y el planeta” con la Eduardo Agosta Scarel (CEE-Director Ecología Integral y Doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos), Mª Luz Ortega Carpio (Dra en Económicas y Empresariales, profesora de Organizaciones Económicas Internacionales en la Universidad Loyola de Sevilla), Agustín Domingo Moratalla (Catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia) y Elena Pérez Lagüela (Doctora en Economía, Profesora de Economía en la UCM y experta en África). Presentado y moderado por Marta Isabel González (Manos Unidas ExJ y EoF).  Este panel ha sido presentado para desarrollarse también como Side Event oficial (interior FIBES) con apoyo de 7 organizaciones ECOSOC (a la espera de confirmación). En este evento se contará con la presencia y eventual participación de Emilce Cuda, Secretaria Ejecutiva de la Pontificia Comisión para América Latina en el Vaticano

La mayoría de estos eventos serán PRESENCIALES y en ESPAÑOL pero algunos de ellos eventualmente pueden ser retransmitidos en streaming y con traducción inglés y francés, o grabados en video y retransmitidos después en el canal Youtube de Enlázate por la Justicia.

Además se ha confirmado:

Un Side Event oficial (interior FIBES), el lunes 30 de junio de 12.30 a 14 h. organizado por la delegación de la Santa Sede que asistirá a la 4FfD

Un Side Event externo, el martes 1 de julio a las 8.30 h. de la mañana y previsiblemente en el Palacio Arzobispal, ”Jubilee, Debt and Development” organizado por Initiative For Policy Dialogue (IPD) at Columbia University, Suramericana Vision, Caritas Internationalis y CAFOD y con la presencia confirmada del Premio Nobel Joseph Stiglitz

Fuente Religión Digital

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Anteriormente se había referido a los demócratas como “estafadores pedófilos”.

Por Daniel Villarreal Miércoles, 13 de noviembre de 2024

El presidente electo Donald Trump nominó a la representante Elise Stefanik (republicana por Nueva York) como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Si bien ingresó a la Cámara de Representantes en 2015 como moderada, ha apoyado cada vez más a Trump y también las políticas republicanas contra las personas transgénero.

Stefanik tiene poca experiencia en política exterior y se hará eco de las posturas aislacionistas y proisraelíes de Trump en la ONU, diciendo: “Estados Unidos sigue siendo el faro del mundo, pero esperamos y debemos exigir que nuestros amigos y aliados sean socios fuertes en la paz que buscamos”. Su historial un tanto mixto en materia de derechos LGBTQ+ implica que no será amiga de las personas LGBTQ+ mientras sirva en la ONU.

 Elise Stefanik de un vistazo

• Ubicación: Schuylerville, Nueva York
• Afiliación partidista: Republicano
• Raza/Etnia: Checo/Italiano-Americano
• Identidad de género: femenina
• Orientación: Heterosexual
• Pronombres: ella/ella/ella
• Aliado LGBTQ+: algo

Redes Sociales

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• X: @RepStefanik
• Instagram: RepStefanik
• YouTube: repelisestefanik
• Website: GallegoForArizona.com

La postura de Elise Stefanik sobre cuestiones LGBTQ+

Matrimonio entre personas del mismo sexo: En 2022, Stefanik estuvo entre los 47 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron con los demócratas para ayudar a aprobar la Ley de Respeto al Matrimonio, una ley que exige que los gobiernos federal y estatal reconozcan las uniones entre personas del mismo sexo.

Niños trans en el deporte: En abril de 2023, votó a favor de un proyecto de ley que requeriría que las escuelas y universidades con apoyo federal prohibieran a los atletas trans practicar deportes.

Acceso transgénero a baños públicos: Stefanik alentó a sus seguidores a votar en contra de la Proposición 1 de Nueva York, conocida como Enmienda de Igualdad de Derechos, que incluiría explícitamente a las personas LGBTQ+ en los derechos y protecciones enumerados en la Declaración de Derechos del Estado de Nueva York.

“La Proposición 1 cambiaría la Constitución de Nueva York, permitiendo que los niños biológicos usen los baños de niñas en las escuelas públicas”, escribió Stefanik. La enmienda fue aprobada con el apoyo del 61,9% de los votantes estatales.

No digas discusiones sobre gays/LGBTQ+ en las escuelas: Stefanik ha expresado su apoyo a la llamada Declaración de Derechos de los Padres, un proyecto de ley que entregaría a los niños trans a sus padres potencialmente poco solidarios y también requeriría que las escuelas incluyan en línea todos los libros y planes de estudio de la biblioteca. Sus disposiciones son similares a las que buscan otros defensores de los “derechos de los padres” que apoyan leyes anti-LGBTQ+ de “No digas gay” en las escuelas de todo el país.

También ha propuesto un proyecto de ley para evitar que las escuelas administradas por el Departamento de Defensa utilicen pronombres personales trans-inclusivos o mantengan la identidad de género de los estudiantes confidencial de los padres.

Atención de afirmación de género para jóvenes trans: En septiembre, habló en un evento de campaña del ahora presidente electo Donald Trump apoyando su promesa de prohibir los cuidados de afirmación de género para menores transgénero.

Protecciones contra la discriminación: En 2016, votó para agregar una disposición a la Ley de Autorización de Defensa Nacional que permitiría la discriminación anti-LGBTQ+ en todas las agencias federales.

En 2019, fue uno de los ocho republicanos que votaron a favor de la Ley de Igualdad, una ley que agregaría la orientación sexual y la identidad de género a las leyes federales contra la discriminación. Sin embargo, en 2021 votó en contra a pesar de que el texto del proyecto de ley no había cambiado sustancialmente.

En febrero de 2021, copatrocinó la Ley de Equidad para Todos, una ley que buscaba prohibir simultáneamente la discriminación contra la identidad de género y la orientación sexual y al mismo tiempo permitía exenciones para que las organizaciones religiosas y los proveedores de servicios discriminaran a las personas LGBTQ+. Ella retiró su apoyo al proyecto de ley un año después después de que grupos religiosos y conservadores lo criticaran por reconocer la existencia de personas trans.

Otros temas LGBTQ+

En mayo de 2022, acusó a los demócratas de ser pedófilos en una publicación en las redes sociales sobre la escasez nacional de fórmula para bebés luego de los problemas en la cadena de suministro de COVID-19. Su uso del insulto se hace eco del de otros republicanos que acusan a sus oponentes, personas LGBTQ+ y aliados de preparar a niños para abusar sexualmente.

The White House, House Dems, & usual pedo grifters are so out of touch with the American people that rather than present ANY PLAN or urgency to address the nationwide baby formula crisis, they double down on sending pallets of formula to the southern border. Joe Biden has NO PLAN

— Elise Stefanik (@EliseStefanik) May 13, 2022

La carrera de Stefanik

• Se graduó de Harvard College en 2006 con una Licenciatura en Gobierno.
• Trabajó de 2006 a 2009 en el personal del Consejo de Política Interna del presidente George W. Bush y en la oficina del jefe de gabinete.
• Se desempeñó en 2012 como asistente del representante estadounidense Paul Ryan (R-WI)
• Elegido en 2015 para desempeñarse como representante estadounidense de Nueva York
• Nombrado en 2015 miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara
• Ganó la reelección en 2016, 2018, 2020, 2022 y 2024
• Elegido en 2021 para ocupar el cargo de presidente de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes
• Nombrado en 2024 para servir como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

 Un pasado mixto pero un futuro feo

Stefanik fue la mujer más joven elegida para el Congreso cuando comenzó en 2015. Votó en contra de los recortes de impuestos de Trump para los ricos en 2017, su retirada del acuerdo climático de París, su prohibición de viajar a musulmanes y la eliminación de la neutralidad de la red por parte de la FCC. Sin embargo, votó a favor de derogar Obamacare, amenazando el acceso a la atención médica para millones de estadounidenses.

Desde entonces, Stefanik se ha convertido en un ferviente partidario de Trump y sus políticas de derecha. El representante Gerry Connolly (D-VA), que sirve junto a Stefanik en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, calificó su nombramiento en la ONU como “un regalo para (el presidente ruso) Vladamir Putin”, ya que se opone a la financiación estadounidense para ayudar a Ucrania a luchar contra la actual invasión rusa y apoya los continuos ataques de Israel contra civiles palestinos.

Mientras se desempeñaba como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, ha publicado anuncios que se hacen eco de la llamada “Teoría del Gran Reemplazo”, una teoría de conspiración antisemita según la cual los demócratas están permitiendo que los inmigrantes indocumentados entren a Estados Unidos para ganar en votación y silenciar a los votantes republicanos. Esta teoría ha sido citada por numerosos supremacistas blancos y tiradores masivos que han apuntado a comunidades de color.

Fuente LGBTQNation

General, Homofobia/ Transfobia. Donald Trump, Elise Stefanik, Homofobia/Transfobia, ONU, Personas LGTBIQ

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución histórica que pide el fin a la discriminación, la violencia y prácticas que violan los derechos humanos de las personas intersex.

La resolución, informó ILGA Mundo, fue presentada por Finlandia, Sudáfrica, Chile y Australia, y busca que los Estados garanticen el derecho a la salud física y mental de las personas intersex. Para ello pide a la Oficina del Alto Comisionado que elabore un informe mundial en el que se revisen las leyes y políticas discriminatorias, actos de violencia y prácticas que violan sus derechos humanos; incluidas las intervenciones médicas innecesarias, que pueden ser irreversibles y se realizan sin el consentimiento pleno, libre e informado de las personas intersex, sobre todo las infancias.

También la resolución busca que se analicen las buenas prácticas y mecanismos de protección jurídica y recursos legales que tienen los Estados para garantizar el derecho a la salud física y mental de las personas intersex.

Qué es la intersexualidad

La intersexualidad es una forma de diversidad corporal. No es una patología, no es una orientación sexual, no es una identidad de género y no es un “tercer género”.

De acuerdo al informe Violencia contra personas LGBTI en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), “la violencia contra las personas intersex se deriva de la falta de reconocimiento y aceptación hacia las personas cuyos cuerpos difieren del estándar corporal masculino y femenino”.

Según el primer Informe de Mapeo Legal Intersex de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) sólo seis países prohíben intervenciones médicas innecesarias a personas intersex.

Un hito para la defensa de los derechos humanos intersex

La votación fue aprobada por el Consejo con 24 votos a favor, 23 abstenciones y cero en contra. Votaron a favor Albania, Alemania, Argentina. Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, Finlandia, Francia, Ghana, Honduras, India, Japón, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Rumania, Sudáfrica, Estados Unidos y Vietnam.

En tanto, se abstuvieron, Argelia, Bangladesh, Benín, Burundi, Camerún, China, Costa de Marfil, Eritrea, Gambia, Georgia, Indonesia, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Malawi, Malasia, Maldivas, Marruecos, Paraguay, Qatar, Somalia, Sudán, Emiratos Árabes.

Foto de la votación. ILGA Mundo (pincha para ampliar la imagen)

La resolución de la ONU

“Esta resolución marca otro hito en la forma en que los organismos internacionales contemplan los derechos de las personas intersex», afirmaron 35 organizaciones intersex sobre la resolución. «A lo largo de los años, el trabajo tanto de la sociedad civil como de los Estados ha cobrado un enorme impulso, pero esta vez las cosas podrían dar un giro aún más decisivo. Gracias a esta votación, el primer informe oficial de las Naciones Unidas que aborda la situación de los derechos humanos de las personas con variaciones innatas en las características sexuales aumentará la concienciación sobre esta cuestión de un modo que los Estados ya no podrán ignorar y sobre el que tendrán que actuar2, dijeron.

El texto de la ONU parte reconociendo que “las personas con variaciones innatas en las características sexuales; es decir, las personas que nacen con características sexuales que no se ajustan a las definiciones típicas de los cuerpos masculinos o femeninos, como la anatomía sexual, los órganos reproductivos y los patrones hormonales o cromosómicos (también conocidas como personas intersexuales); existen en todas las sociedades”

Añade que “a lo largo de su vida, las personas con variaciones innatas en las características sexuales pueden ser objeto de formas múltiples e interseccionales de discriminación en todos los ámbitos de la vida, como el acceso a la educación, la salud, el empleo, el deporte y la seguridad social, así como de restricciones en el ejercicio de la capacidad jurídica y en el acceso a recursos legales y a la justicia”

En tal sentido, expresó “gran preocupación por la violencia y las prácticas nocivas a las que se enfrentan las personas con variaciones innatas en las características sexuales, incluidos los niños, en todas las regiones del mundo, entre ellas intervenciones innecesarias o aplazables desde el punto de vista médico, que pueden ser irreversibles, con respecto a las características sexuales, realizadas sin el consentimiento pleno, libre e informado de la persona en cuestión y, en el caso de los niños, sin cumplir las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño”

Por tanto, el Consejo de la ONU solicitó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que prepare un informe  “en el que se examinen detalladamente las leyes y políticas discriminatorias, los actos de violencia y las prácticas nocivas contra las personas con variaciones innatas en las características sexuales, en todas las regiones del mundo, así como sus causas fundamentales; y en el que se examinen también las mejores prácticas —como los mecanismos de protección jurídica y los recursos legales— , especialmente en relación con la efectividad del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Dicho informe deberá ser presentado en el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Además pidió al Ato Comisionado que organice la celebración de “una mesa redonda” para abordar “las leyes y políticas discriminatorias, los actos de violencia y las prácticas nocivas contra las personas con variaciones innatas en las características sexuales, en todas las regiones del mundo, así como sus causas fundamentales, entre ellas las ideas erróneas y la información inexacta, y en la que se examinen también las mejores prácticas, especialmente en relación con la efectividad de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”

Finalmente alentó a los Estados “a que, en colaboración con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, intensifiquen la lucha contra la discriminación, la violencia y las prácticas nocivas hacia las personas con variaciones innatas en las características sexuales y aborden sus causas fundamentales, como los estereotipos, la difusión de ideas erróneas e información inexacta, la estigmatización y los tabúes, y trabajen para que esas personas puedan hacer efectivo el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”

General, Historia LGTBI Consejo de Derechos Humanos, ILGA Mundo, Intersexualidad, ONU, Organización de Naciones Unidas (ONU), Personas intersex

El Comité de DDHH de la ONU también lamentó que Chile aún no derogue el artículo 373 del Código Penal y carezca de una institucionalidad nacional para enfrentar la discriminación. Para sus conclusiones, la ONU tuvo a la vista un informe enviado por el Movilh donde se advertían y denunciaban todos estos problemas.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó y expresó su preocupación a Chile por el “aumento” de la violencia contra las personas LGBTIQ+, porque aún no deroga el artículo 373 del Código Penal, por la escasa utilidad de la Ley Zamudio y por la ausencia de una institucionalidad  que enfrente a nivel nacional la discriminación,  por lo que instó al Estado a adoptar medidas al respecto, informó hoy el Movilh.

Las conclusiones tuvieron lugar luego de que el Comité de la ONU analizará los niveles de cumplimiento de Chile con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teniendo a la vista diversos informes, entre esos uno del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) donde alertó sobre todos los tópicos LGBTIQ+ en los cuales el órgano internacional hoy llama la atención a Chile.

“Recibimos de muy buena manera estas observaciones de la ONU, pues hasta ahora el Estado no ha tomado nota de lo que venimos denunciando y advirtiendo, en particular en los Informes Anuales de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género. Esperamos que ahora el Estado de Chile cumpla en breve y con urgencia con las solicitudes formuladas por la ONU”, señaló el Movilh

En su sesión del pasado 22 de marzo y un informe publicado hoy, el Comité de Derechos Humanos de la ONU lamentó “que el artículo 373 del Código Penal no haya sido aun derogado” y expresó su preocupación por el “aumento del número de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTQ+, incluyendo las altas tasas de suicidio. Al Comité le preocupa también el alto nivel de impunidad por delitos de odio contra personas LGBTQ+,¡ entre otras razones por la falta de denuncias para evitar una revictimización”

Por tanto, el Comité exigió a Chile “redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género”, y lo instó a adoptar las siguientes medidas: “Garantizar que los delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima sean investigados exhaustivamente, que los responsables sean llevados ante la justicia y si son declarados culpables que sean sancionados adecuadamente, y que las víctimas tengan acceso a una reparación integral”; “Establecer mecanismos que faciliten a las víctimas la interposición de denuncias de discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género, y adoptar medidas para evitar la revictimización” e “Incrementar las campañas de educación y sensibilización de la población, y la capacitación del sector público, judicial, privado y docente, para promover la tolerancia y el respeto a la diversidad, incluyendo las personas LGBTQ+”.

En relación a la Ley Zamudio, el Comité “observa con preocupación la falta de aplicación efectiva de la Ley No. 20.609 que establece medidas contra la discriminación, en particular, su limitación a la “discriminación arbitraria”, las bajas tasas de enjuiciamiento de dichas demandas, la dificultad de aportar pruebas suficientes para acreditarla fehacientemente, así como la falta de medidas de reparación y medidas preventivas en dicha ley. El Comité está preocupado por las múltiples formas de discriminación, incluyendo la discriminación racial hacia las personas afrodescendientes. El Comité lamenta la ausencia de una institución a nivel nacional para la lucha contra la discriminación”

Por tanto,   la ONU pidió el Estado de Chile: “Adaptar su legislación a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la extensión de la definición de discriminación para incluir la discriminación indirecta, múltiple y estructural, y asegurar una efectiva implementación de la misma”;  “Fortalecer las medidas de prevención, y asegurar el acceso efectivo a la justicia y a las medidas de reparación; e “Incrementar las campañas de sensibilización y capacitación y considerar la creación de una institución de ámbito nacional responsable en materia de discriminación”

De acuerdo al XXII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, lanzado la semana anterior por el Movilh, los casos y denuncia de discriminación contra personas LGBTIQ+ aumentaron un 52% el último año, contabilizándose 1.597 atropellos, la cifra más alta de la cual se tiene registro en el país.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Homofobia/Transfobia, Ley Zamudio, MOVILH, ONU

Sectores antiderechos insisten en prohibir o acotar la participación de las mujeres en trans en competencias. Qué dice la ciencia.

CIUDAD DE MÉXICO, México. En los últimos años se argumentó, sin bases científicas concluyentes, que la participación de las mujeres trans en los deportes representa una supuesta “ventaja injusta” para las mujeres cisgénero. Esta narrativa no sólo la han usado las federaciones deportivas de élite sino también en los grupos antiderechos en puesto de toma de decisión.

Pero, ¿qué dicen las organizaciones de derechos humanos y la ciencia sobre esto?, ¿cómo estas prohibiciones repercuten en los derechos humanos de las mujeres y niñas?

Prohibición de atletas trans sin evidencia científica

Un informe publicado en el 2021 reveló que las mujeres trans no tienen ninguna ventaja biomédica en el deporte de élite. Y aclara que los factores sociales como la nutrición y las cualidades en los entrenamientos son lo que afecta el resultado de su desempeño.

Este informe hace una revisión en profundidad de la literatura científica publicada en inglés entre 2011 y 2021 sobre mujeres trans en deportes de élite. Y en éste se destaca que los factores biomédicos no representan ninguna amenaza para las deportistas cisgénero. En parte porque hay poca evidencia que busque identificar la ventaja de la pubertad que vivieron las mujeres trans, y son escasos los estudios sobre deporte de alto rendimiento que involucre a personas trans.

Este informe, además, concluye que las mujeres trans que han recibido atención médica de afirmación de género, suprimiendo sus niveles de testosterona, no tienen ninguna ventaja biológica.

“La política del deporte de élite se formula dentro de normas culturales geopolíticas transmisóginas, misóginas y racistas», aclara en documento.

Comité Olímpico Internacional: “es poco claro el papel de la testosterona para medir una ventaja injusta”

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (realizados en 2021 por la pandemia de covid-19) fue la primera vez que participaron atletas trans y no binaries de élite. Sin embargo, la atención estuvo en Láurel Hubbard, pesista neozelandesa y primera mujer trans en competir en unos Juegos Olímpicos. Su paso fue breve pues falló sus tres intentos de levantamiento en la división peso pesado de mujeres.

Posterior a la participación de Hubbard, en noviembre de 2021 el Comité Olímpico Internacional (COI) publicó un nuevo “marco sobre equidad, inclusión y no discriminación por motivos de identidad de género y variaciones sexuales” con énfasis en los criterios de elegibilidad en las categorías femeniles.

En el documento afirman que “no hay consenso científico sobre cómo la testosterona afecta el actuar deportivo. Es poco claro el papel que juega para medir una ventaja injusta, porque el rendimiento se mide de manera distinta en cada deporte”.

Protestas trans en Texas por los deportes.

Finalmente, el COI determinó que cada federación deportiva debe establecer sus propios criterios de elegibilidad. Éstos deben estar “apegados a los derechos humanos, con pruebas científicas sólidas que contemplen los contextos y procuren el bienestar de los atletas”.

A partir de ello, las federaciones de atletismo, ciclismo, natación, ajedrez y recientemente la federación estadounidense de box generaron políticas que prohíben la participación de mujeres trans en las categorías femeninas de sus disciplinas. En ellas las condiciones van desde estar bajo hormonación desde los 12 años, mantener cierto nivel de testosterona en sangre o haberse sometido a cirugías de reasignación de sexo.

En un comunicado, la World Athletics (WA) asegura que las razones por las que se prohíbe la participación de mujeres trans está “guiada por el principio general de proteger la categoría femenina”. Y al mismo tiempo argumentan que “actualmente no hay atletas transgénero compitiendo internacionalmente en el atletismo y, en consecuencia, no hay evidencia atlética específica del impacto que estas atletas tendrían en la equidad de la competencia femenina en el atletismo”.

El psicólogo trans Dau García Dauder explica en su ensayo La intersexualidad en la construcción de la diferencia racial que en las reglas de elegibilidad “la alta testosterona es enmarcada como una ventaja y, de repente, como un problema de salud para las mujeres; las enferma. Es preciso regularla, para proteger la justicia y la salud. Así, las pruebas de verificación de sexo se convierten de forma sorprendente en regulaciones médicas por ‘el bien de la deportista’, para protegerla de la testosterona”.

Y agrega, “el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) habla de una discriminación necesaria, razonable y proporcionada para el objetivo de preservar la integridad de las atletas’. Paradójicamente, las mujeres menos privilegiadas (procedentes de países ‘en desarrollo’) son vistas como una amenaza y con ventaja; la justicia e integridad parece que solo aplica a las mujeres del norte. Es preciso subrayar que las intervenciones exigidas por la regulación son las mismas que los activistas intersex vienen denunciando”.

Antiderechos usan el falso argumento de la ‘ventaja injusta’

Estas narrativas sin fundamento científico son utilizadas además para la creación de leyes que prohíben competir a nivel estudiantil a niñas, jóvenes y mujeres trans en Estados Unidos.

Hasta ahora en ese país hay 6 estados con directrices que excluyen a les estudiantes trans y no binaries al exigirles que participen en deportes según su sexo asignado al nacer. Otros 3 estados prohíben la participación de estudiantes trans y no binaries a menos que se hayan sometido a una cirugía. Y en 16 estados existen políticas discriminatorias que crean barreras adicionales a la inclusión de estudiantes trans y no binarios, de acuerdo al seguimiento que realiza la organización Trans Athlete.

Esta ola legislativa anti trans está llegando a América Latina. En México congresistas como Teresa Castell y aspirantes a puestos de representación popular en México como Eduardo Verástegui buscan legislar e impulsar una carrera política desde la desinformación y los pánicos morales.

Regulaciones sexistas, racistas y violatorias de derechos humanos

La ONU ha calificado estos mecanismos de exclusión como “innecesarios, humillantes y dañinos”. Reconoce explícitamente que hay una forma particular de discriminación en el deporte hacia las mujeres negras y niñas atletas del sur global.

Desde 1940 la federación mundial de atletismo ha violado los derechos humanos de las atletas con “pruebas de sexo” y “certificados de feminidad” con propósitos de “elegibilidad”, así lo revela el informe “Nos están ahuyentando del deporte: violaciones de los derechos humanos en las pruebas de sexo de las mujeres deportistas de élite”, publicado por Human Rights Watch (HRW). 

Estas medidas además tienen un carácter racista pues hasta ahora a las atletas que les han prohibido competir son negras y originarias de países del sur global. Y también han afectado a mujeres intersexuales y aquellas que de manera natural expresan niveles elevados de testosterona.

Para HRW estas prácticas implican daños físicos, psicológicos y económicos para las atletas. Además, señala que “identificar a las atletas mediante la observación y la sospecha es una forma de controlar los cuerpos de las mujeres en función de definiciones arbitrarias de la feminidad y estereotipos raciales”.

Geo González@georginagon

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Comité Olímpico Internacional (COI), Dau García Dauder, Deporte, Eduardo Verástegui, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch (HRW), México, Mujeres Trans, ONU, Teresa Castell, Trans Athlete, World Athletics (WA)

7 Enero 2024.

Derechos humanos

Shiraz, una mujer trans de 23 años de Alejandría (Egipto), intentó suicidarse al no ser aceptada por su familia. Hoy, con el apoyo de la agencia de migración de la ONU (OIM), ve un futuro mejor en su nuevo hogar en la ciudad turca de Esmirna.

 A primera vista, nadie se daría cuenta del tumultuoso viaje que Shiraz ha afrontado para encontrar su lugar en el mundo. Shiraz estudia programación y sueña con ser cardiocirujana. Le gusta la danza del vientre, y sus videos de en la plataforma social TikTok acumulan miles de visitas y likes.

Sin embargo, el observador perspicaz notaría las cicatrices de sus brazos, que revelan su historia de manera silenciosa.

«La primera vez que me identifiqué como niña fue de pequeña», recuerda. «Anhelaba ir a una escuela para niñas«.

La revelación de la infancia de Shiraz marcó un cambio en su vida. Su familia conservadora, incapaz de comprender su identidad de género, respondió con violencia. Más tarde, cuando era adolescente, la sometieron a una dolorosa terapia electroconvulsiva y la convencieron de que su identidad de género era un trastorno mental.

“Después de un par de sesiones, no pude soportarlo más e intenté suicidarme. Me tiré desde un tercer piso. Me rescató la gente que se reunía abajo”, relata.

A pesar de que sufría un tormento inimaginable, Shiraz no recibió el apoyo necesario. La diferencia entre su apariencia física y la apariencia que figuraba en sus documentos de identidad oficiales le convirtió la vida en un reto.

Durante un tiempo encontró refugio en casa de su abuela, quien era su único apoyo, hasta que también ella recibió amenazas de violencia. Entonces, Shiraz quedó abandonada en la calle.

Fue entonces cuando supo de la existencia de una ONG que ayudaba a personas como ella. Al tener la oportunidad de reflexionar sobre su futuro, se planteó la posibilidad de emigrar. Así empezó su viaje a Turquía.

Primero se trasladó a Estambul y luego a Mersin, en el sur del país. Allí la vida tampoco fue fácil al principio, tuvo que enfrentarse a retos similares, buscar apoyo y protección.

«Estaba deprimida. Nunca imaginé que volvería a estudiar», rememora.

Una organización local remitió a Shiraz al Centro Municipal y Comunitario de Inmigrantes de Mersin, gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en coordinación con el Ayuntamiento Metropolitano de Mersin, que brinda a asistencia a quienes necesiten desde apoyo psicosocial, hasta asesoramiento jurídico y facilitación de trámites esenciales.

«Fue la OIM la que volvió a darle vida a mis sueños«, sostiene.

En los dos últimos años, el Centro se ha convertido en un faro de esperanza para Shiraz. Recibió el apoyo psicosocial que tanto precisaba, al igual que ayuda con el alojamiento. Además, el Centro le facilitó servicios de traducción para obtener sus documentos de identidad y la ayudó a matricularse en una universidad de Esmirna.

«Ahora estudio en la Facultad de Programación, pero quiero cambiar a Medicina. Para eso necesito mejorar mi turco«, explica. «Quiero ser cardiocirujana, ya que a menudo nos duele el corazón. Quiero ayudar a la gente«.

En vías de su reasentamiento en un tercer país, Shiraz anticipa una nueva etapa en su vida y está dispuesta a hacer realidad sus sueños, «como debería hacer toda chica«. Domina el árabe, el alemán, el inglés, francés y español, y confía en su capacidad para instalarse pronto en su hogar definitivo.

El Centro Municipal y Comunitario de Inmigrantes, que forma parte del programa de Protección y Resiliencia de la OIM, se gestiona en cooperación con el Ayuntamiento Metropolitano de Mersin. Es uno de los seis centros que funcionan en toda Turquía, cuyo objetivo es prestar la asistencia necesaria a los migrantes y refugiados y fomentar la cohesión entre las comunidades. El apoyo a través de los centros es posible gracias a la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos.

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Mirada global Historias humanas

Fuente Noticias ONU.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alejandría, Centro Municipal y Comunitario de Inmigrantes de Mersin, Egipto, Esmirna, ONU, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Personas trans, Shiraz, Turquía

La ministra del Interior, Suella Braverman, cree que temer la discriminación por ser gay o mujer no es suficiente para tener derecho a asilo según las leyes internacionales sobre refugiados.

En el último de muchos discursos brillantes y alegres, Braverman dió una charla el martes (26 de septiembre) en el American Enterprise Institute en Washington, sobre sus esperanzas de tomar medidas enérgicas contra los solicitantes de asilo y la migración en general.

En un discurso visto por The Times, Braverman argumentará a favor de una revisión de la supuestamente obsoleta Convención de la ONU sobre Refugiados de 1951, firmada por 146 países, insistiendo en que “ahora vivimos en una época completamente diferente”.

Braverman advertirá sobre una reciente afluencia en el número de personas que pueden calificar para asilo gracias al alejamiento del término “temor bien fundado” en favor de términos como “temor creíble” o “temor plausible”.

Esto, al parecer, está dirigido a quienes buscan asilo por temor a la discriminación y otros peligros debido a su sexualidad o género.

“Permítanme ser clara: hay vastas zonas del mundo donde es extremadamente difícil ser gay o ser mujer”, dice su discurso. “Donde se persigue a personas, es correcto que ofrezcamos refugio. Pero no podremos sostener un sistema de asilo si, en efecto, el simple hecho de ser gay o mujer y temer la discriminación en tu país de origen es suficiente para calificar para protección”.

En respuesta a las afirmaciones del próximo discurso de Braverman, un portavoz de la organización benéfica Rainbow Migration dijo a The Times: “Estamos consternados al escuchar que el Ministro del Interior está cuestionando la legitimidad de las personas LGBTQI+ que solicitan asilo en el Reino Unido. Las propias estadísticas del gobierno sugieren que solo el 2 por ciento de todas las solicitudes de asilo en 2022 incluyeron la orientación sexual como motivo para necesitar protección. Ya es cierto que las personas LGBTQI+ deben enfrentar un temor fundado de persecución para calificar para la protección de refugiados en el Reino Unido”.

El discurso de odio de Braverman se produce cuando datos del Ministerio del Interior revelan un aumento del 89 por ciento en el número de lesbianas, gays y bisexuales que solicitaron asilo en el Reino Unido por motivos de orientación sexual de 2021 a 2022.

Las solicitudes que incluían la orientación sexual como parte de la base para solicitar asilo representaron solo el dos por ciento del número total de solicitantes de asilo en 2022. Y, de esas solicitudes de asilo basadas en la orientación sexual, a 739 personas se les concedió asilo u otras formas de irse por este motivo: un aumento del nueve por ciento desde 2021.

Estas solicitudes de asilo basadas en la orientación sexual provienen de personas de países con leyes anti-LGBTQ+ duras y a menudo potencialmente mortales, como Uganda o Pakistán.

Mientras que el proyecto de ley contra la homosexualidad de Uganda impone la pena de muerte a las personas homosexuales declaradas culpables en los llamados casos “agravados”, mientras que en Pakistán la homosexualidad es ilegal y se castiga con cadena perpetua.

A pesar de esas amenazas muy reales a las personas que buscan asilo desesperadamente en el Reino Unido, no sería diferente que Braverman desestimara el bienestar de las personas LGBTQ+ mientras intenta hacer cumplir sus políticas draconianas.

A principios de este mes, Braverman criticó a los agentes de policía del Reino Unido por trabajar en eventos del Orgullo LGBTQ+ durante el verano.

El ministro del Interior dijo a los Comunes que a los jefes de policía y a los funcionarios electos no se les pagaba por “bailar con drag queens. Están ahí para mantener a la gente segura. No les pagamos para que ondeen banderas en los desfiles, bailen con drag queens o hagan campaña”, dijo. “Es por eso que finalmente puse fin a toda asociación con Stonewall en el Ministerio del Interior y por eso espero que todos los PCC (comisionados de policía y delitos) y los jefes de policía se concentren en reducir el crimen y reconstruir la confianza, no en jugar a la política”.

Braverman ha ordenado una revisión del “activismo político de la policía” como resultado de su percibida lealtad a la comunidad LGBTQ+.

Esto a pesar de una revisión independiente de la Policía Metropolitana a principios de este año que la consideró institucionalmente racista, misógina y homofóbica. En una disculpa formal emitida en junio, el jefe de la Policía Metropolitana de Londres se disculpó con la comunidad LGBTQ+ por sus fracasos pasados y prometió para restaurar a los oficiales de enlace comunitario LGBTQ+ en toda la ciudad. Pero esto podría ser un paso demasiado lejos en los libros de Braverman.

La agencia de la ONU para los refugiados critica los comentarios de Braverman sobre asilo LGBTQ+

Braverman enfrentó una fuerte reacción esta semana cuando criticó públicamente la convención de refugiados de 1951, alegando que ya no era adecuada para su propósito.

En otra parte de su discurso, pronunciado en el American Enterprise Institute en Washington DC, Braverman afirmó que ser discriminado por ser LGBTQ+ o ser mujer no es razón suficiente para calificar para asilo.

“Permítanme ser claro: hay vastas zonas del mundo donde es extremadamente difícil ser gay o ser mujer”, dijo Braverman en su discurso del martes (26 de septiembre).

“Donde se persigue a personas, es correcto que ofrezcamos refugio. Pero no podremos sostener un sistema de asilo si, en efecto, el simple hecho de ser gay o mujer y temer la discriminación en el país de origen es suficiente para calificar para protección”.

Actualmente, es ilegal ser LGBTQ+ en 64 estados miembros de la ONU.

Braverman también sugirió que el gobierno del Reino Unido haría “todo lo que sea necesario” para abordar el problema de los inmigrantes que llegan ilegalmente, incluso si eso significara abandonar la convención.

En una inusual declaración pública, ACNUR respondió a los comentarios de Braverman y defendió la convención de refugiados de 1951. “La necesidad no es una reforma o una interpretación más restrictiva, sino una aplicación más sólida y consistente de la convención y su principio subyacente de responsabilidad compartida”, se lee en un comunicado de la agencia, según BBC News. “Cuando las personas corren riesgo de persecución por su orientación sexual o identidad de género, es crucial que puedan buscar seguridad y protección”, se lee en la declaración.

La declaración también hizo una clara referencia a la altísima acumulación de solicitudes de asilo en el Reino Unido.

El mes pasado, el Ministerio del Interior publicó estadísticas que revelaban un número récord de solicitantes de asilo, con 175.000 solicitudes esperando a ser decididas. “Una respuesta adecuada al aumento de llegadas y al actual retraso en materia de asilo en el Reino Unido incluiría fortalecer y acelerar los procedimientos de toma de decisiones”, sugirió ACNUR.

Braverman también ha sido condenado por la organización benéfica de asilo LGBTQ+ Micro Rainbow, que acusó al Ministro del Interior de utilizar a personas LGBTQ+ como chivos expiatorios. “Las personas LGBTQI a menudo se enfrentan a la muerte, el encarcelamiento y la violencia. Cuando vienen al Reino Unido en busca de seguridad, tienen que pasar por un sistema de asilo que los vuelve a traumatizar y deshumanizar. Además, el nivel de prueba es muy alto”, dijo a PinkNews el fundador y director ejecutivo, Sebastian Rocca. “El sistema, tal como está, es increíblemente difícil. Estos comentarios buscan volver a convertir a los inmigrantes y a las personas LGBTQI en chivos expiatorios para obtener beneficios políticos”.

El Partido Laborista también ha criticado los comentarios de Braverman. “En muchos países, la persecución de las personas LGBTQ+ está muy extendida, mientras que las leyes discriminatorias significan que se enfrentan a prisión o incluso a la pena de muerte simplemente por ser ellos mismos”, dijo Nadia Whittome, diputada laborista de Nottingham East. “Quienes huyen al Reino Unido ya son sometidos a ‘pruebas’ deshumanizantes para demostrar su identidad y el Ministerio del Interior todavía no les cree. Braverman alienta a la comunidad internacional a darle la espalda a los refugiados LGBTQ+ y aumenta el riesgo de que las personas sean enviadas a la muerte”.

También ha habido reacciones negativas del propio partido de Braverman tras el discurso.

El miembro conservador de la Asamblea de Londres, Andrew Boff, dijo a BBC News que Braverman estaba “culpando a las víctimas” para distraer la atención de la “espantosa acumulación de solicitudes de asilo”.

Otro parlamentario conservador, que prefirió permanecer en el anonimato, señaló que a menos que el Primer Ministro Rishi Sunak “se deshaga” de Braverman, existía el peligro de que “se reflejara mal en él”. Sin embargo, Downing Street confirmó a la emisora nacional que había aprobado el discurso de Braverman

Fuente PinkNews

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Si no fuera tan peligroso este discurso de odio de estos fascistas, que señalan el objetivo para que otros actúen, sería cosa de risa…

HazteOír retuerce un informe de la ONU para hablar sobre sacerdotes forzados a “celebrar matrimonios homosexuales”

La organización ultra advierte que «España puede convertirse en un lugar inseguro para los cristianos» 

«Sabemos hasta dónde quiere llegar el lobby LGTBI», perpetra la organización ultra en una ‘campaña’ de recogida de firmas lanzada la pasada semana. «Su objetivo es forzar a los sacerdotes a que oficien matrimonios entre personas del mismo sexo o arriesgarse a perder su privilegio de celebrar matrimonios que sean legalmente reconocidos»

«También buscan que los Estados miembros de la ONU utilicen a distintos líderes religiosos para que defiendan públicamente las ideología LGBT, imponiendo así esta visión única a todas las religiones, incluida nuestra fe cristiana (…). Se trata de una intromisión directa en nuestra libertad religiosa y nuestras creencias»

«Los alarmantes efectos de esta medida podrían llegar muy lejos: desde el cura de tu barrio hasta tus hijos en la universidad, ¡e incluso tú mismo! Expresar tus opiniones basadas en tus creencias religiosas podría convertirse en un delito»

El grupo ultracatólico alimenta el ideario de la extrema derecha con una nueva campaña que agita un pretendido peligro para la libertad religiosa: “Está siendo amenazada por culpa de la presión del lobby LGTBI”. Sin embargo, el documento de propuestas no dice nada de eso

16.08.2023 Jesús Bastante

Nada ocurre por casualidad. Días después de que el sector más ultra de Vox impusiera sus postulados en la formación dirigida por Santiago Abascal al dejar el poder en manos de perfiles como el de Jorge Buxadé, Ignacio Garriga o Kiko Méndez de Monasterio –vinculados a ramificaciones cercanas a El Yunque, el Opus Dei o HazteOír–, esta última asociación ultracatólica, a través de su presidente, Ignacio Arsuaga, ha lanzado una campaña de recogida de firmas –vehiculada por Citizen Go– contra uno de sus últimos objetivos, que los ultras ligan a la Agenda 2030: “La ONU pretende imponer la visión LGTB a todas las religiones. Imagina lo que puede suponer, obligarán a los sacerdotes a celebrar matrimonios homosexuales y si se niegan, los denunciarán”, recalca la petición, que ya ha alcanzado las 270.000 firmas y que llega a sugerir que “España puede convertirse en un lugar inseguro para los cristianos”. Un escándalo… si no fuera porque la denuncia es absolutamente falsa.

La corriente de fondo que aviva este grupo de presión no se ha detenido. “Sabemos hasta dónde quiere llegar el lobby LGTBI”, perpetra la organización ultra. “Su objetivo es forzar a los sacerdotes a que oficien matrimonios entre personas del mismo sexo o arriesgarse a perder su privilegio de celebrar matrimonios que sean legalmente reconocidos”, insisten, citando un informe de propuestas presentado durante la 53.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se lo que se hace es animar a “prestar atención a las voces y prácticas de las comunidades inclusivas” en las comunidades religiosas para, “ayudar a cambiar las narrativas que afirman que el ejercicio de la libertad de religión o creencias es incompatible con el disfrute igualitario de los derechos humanos por parte de las personas LGBT”.

Precisamente, HazteOír cae en esa práctica y narrativa al retorcer el texto de Naciones Unidas y utilizarlo para alimentar el arsenal ultra contra el colectivo LGTBI, que denominan lobby.

ñadido HazteOír agitando los puntos de guerra cultural que aplica también el partido Vox.

La ONU pretende imponer la visión LGBT a todas las religiones.

Imagina lo que puedes suponer, obligarán a los sacerdotes a celebrar «matrimonios homosexuales» y si se niegan, los denunciarán.

— HazteOir.org (@hazteoir) August 14, 2023

Por eso piden «Por favor, firma nuestra petición para salvaguardar nuestras creencias cristianas frente a la agenda LGBT que promueven las Naciones Unidas«, finaliza la carta de Arsuaga, en la que, entre otras lindezas, se insiste en que «nuestra libertad religiosa está siendo amenazada desde la ONU por culpa de la presión del lobby LGTBI».

HazteOir afirma que el informe presentado en el 53º Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), en el que «se afirma que nuestra libertad religiosa es incompatible con los derechos LGBT». «Dicho informe -apunta la organización ultra- sugiere que el Gobierno español debería ayudar a que las religiones fuesen más tolerantes con las personas LGBT y penalizar a las organizaciones religiosas que no cumplan con esas directrices».

«Los alarmantes efectos de esta medida podrían llegar muy lejos: desde el cura de tu barrio hasta tus hijos en la universidad, ¡e incluso tú mismo! Expresar tus opiniones basadas en tus creencias religiosas podría convertirse en un delito», sacuden desde HazteOir, que insta «tanto a Pedro Sánchez, como Alberto Núñez-Feijóo a que tomen medidas para salvaguardar nuestras creencias cristianas frente a la agenda LGBT que promueven las Naciones Unidas».

«En España tenemos una fuerte comunidad cristiana que valora su libertad religiosa. Creemos que manteniéndonos firmes en nuestra fe e instando a Sánchez y a Feijóo a rechazar este informe de la ONU, podemos demostrar la fuerza de nuestra convicción«, concluye Arsuaga.

 “También buscan que los Estados miembros de la ONU utilicen a distintos líderes religiosos para que defiendan públicamente las ideología LGBT, imponiendo así esta visión única a todas las religiones, incluida nuestra fe cristiana (…). Se trata de una intromisión directa en nuestra libertad religiosa y nuestras creencias”, ha a

🔴 ¡URGENTE!

Firma 🖊 nuestra petición visitando el enlace: https://t.co/z3HTcvHQbX

El choque entre los derechos cristianos y la agenda LGTBI ha llegado a un punto crítico.

Hilo 👇 pic.twitter.com/QlX8z8M2XV

— HazteOir.org (@hazteoir) August 15, 2023

En realidad, lo que ha señalado la ONU es prácticamente a la inversa. El propio responsable del informe, Víctor Madrigal-Borloz, recalca que el único objetivo es denunciar cómo la violencia, la discriminación y la exclusión pueden tener consecuencias graves y negativas para la personalidad, la dignidad y la espiritualidad de las personas LGTBI. Madrigal-Borloz afirmó lo contrario de lo que muestra el grupo ultracatólico: “La libertad de religión o creencia no es incompatible con la igualdad para el colectivo LGTBI”.

“A menudo son marginados, estigmatizados y excluidos de las comunidades religiosas simplemente por ser quienes son”, señaló este experto independiente de la ONU en orientación sexual e identidad de género, quien añadió que, a lo largo de la historia, algunas formas de entender la religión “se han utilizado deliberadamente para justificar la violencia y la discriminación, a menudo desafiando la doctrina de esas religiones, y también más allá del alcance de la libertad de religión o de creencias”.

Pero esas afirmaciones han dado igual a la hora de que HazteOír pusiera en marcha la maquinaria de la desinformación: “Por favor, firma nuestra petición para salvaguardar nuestras creencias cristianas frente a la agenda LGBT que promueven las Naciones Unidas”, finaliza la carta de Arsuaga, en la que se insiste en que “nuestra libertad religiosa está siendo amenazada desde la ONU por culpa de la presión del lobby LGTBI”.

“Dicho informe –apunta la organización ultra– sugiere que el Gobierno español debería ayudar a que las religiones fuesen más tolerantes con las personas LGBTI y penalizar a las organizaciones religiosas que no cumplan con esas directrices. podrían llegar muy lejos: desde el cura de tu barrio hasta tus hijos en la universidad, ¡e incluso tú mismo! Expresar tus opiniones basadas en tus creencias religiosas podría convertirse en un delito”, sacuden desde HazteOír,

 Madrigal-Borloz señaló al presentar su trabajo que abrazar la espiritualidad y la fe es un camino que debe estar disponible para todos, incluidas todas las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. “El derecho a la libertad de religión o de creencias es un escudo para proteger la manifestación lícita de las convicciones personales, así como para proteger el derecho a no ser parte de una determinada creencia ni ser objeto de violaciones de los derechos humanos que se aleguen justificadas por ella”, concluyó.

Fuente Religión Digital/ElDiario

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. 53º Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), Extrema derecha, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Matrimonio igualitario, ONU

La Federación Internacional de Atletismo le prohibía competir por tener altos valores de testosterona.

CIUDAD DE MÉXICO, México. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó el 11 de julio que la World Athletics violó los derechos de Caster Semenya. El órgano le había prohibido a la doble campeona competir a nivel internacional dentro de la categoría femenina, a menos que, por medio de intervenciones médicas innecesarias, redujera los niveles de testosterona que naturalmente expresa su cuerpo.

Especialistas de Human Rights Watch advierten que este fallo es “técnico” pues dicen que Semenya “ganó su caso pero no el derecho a competir”.

Caster Semenya es una atleta sudafricana. Fue dos veces campeona olímpica y tres veces campeona mundial en los 800 metros planos, considerada una prueba de élite. De 2009 a 2017 acumuló, de manera consecutiva, 30 victorias en esa misma prueba, su prueba. Sin embargo, desde 2018 las autoridades de atletismo le han negado competir a nivel internacional en la categoría femenina.

“Estoy eufórica por el resultado de la sentencia. Ha tardado mucho en llegar. He luchado y seguiré luchando para que no exista discriminación en el deporte. He sufrido mucho a manos de los poderes fácticos que me han tratado mal. Han cuestionado el trabajo que he hecho para ser la atleta que soy. Mis derechos han sido violados. Mi carrera ha sido afectada. Todo ha sido tan perjudicial. Mental, emocional, física y económicamente”, expresó Caster Semenya en un comunicado.

Un caso para revisar

El fallo se da luego que en 2019 Semenya impugnara esa regulación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) pero perdió. El TAS argumentó que las reglas de la World Athletics “son una medida necesaria y razonable para garantizar una competencia justa en la categoría femenina”.

Dado que el TAS es un órgano suizo, Semenya llevó su demanda ante el Tribunal Federal Suizo pero éste la desestimó porque la World Athletics es una asociación de derecho privado de Mónaco. Pero sí concluyó que las normas violaban los derechos humanos de Semenya.

Semenya finalmente solicitó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisar su caso.

La sentencia Semenya c. Suiza – 10934/214-3 emitida este 11 de julio por el Tribunal Europeo de DDHH determinó que las “regulaciones de elegibilidad femenina” de la World Athletics —que le impidió competir desde 2018 y vivir bajo escrutinio por al menos quince años—, violaron su derecho a la no discriminación, la prohibición al trato inhumano, el derecho al respeto a la vida privada y el derecho al recurso efectivo (estos recursos incluyen el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada).

El fallo determinó que el Tribunal Federal Suizo ‘fracasó’ en defender las normas de derechos humanos aunque éste haya dicho que Semenya ha vivido discriminación. Sin embargo, la sentencia no cambia las regulaciones que, a Semenya y otras atletas como ella, les impide competir en el nivel más alto de competencia. 

Cuando Semenya tenía 18 años ganó el primer lugar de los 800 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo 2009. Después de una carrera posterior a su victoria la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (ahora llamada World Athletics) le informó que debía reducir sus niveles de testosterona si deseaba continuar corriendo esa prueba en la categoría femenina en competencias internacionales.

La condición que puso World Athletics sobre Semenya en 2009 se debió a que Semenya mejoró sus propios tiempos —8 segundos menos en los 800 metros—. Entonces la WA pensó que era dopaje pero las pruebas fueron negativas. Después vino el prejuicio de que Semenya tuviera una «rara condición médica» que podría garantizar una «ventaja injusta». 

Semenya que no quería dejar de competir comenzó a tomar tratamiento hormonal para reducir sus niveles de testosterona. Pero también fue obligada por la WA a someterse a una “verificación de sexo”. Allí se reportó que fue sometida a fotografías invasivas de su cuerpo y pruebas degradantes de endocrinología, ginecología, genética y psicología.

Tras esa prueba la World Athletics y el Comité Olímpico Internacional (COI) determinaron que Semenya es “hiperandrogénica”. Es decir, que su cuerpo expresa naturalmente niveles elevados de testosterona.

También vulnerada la privacidad

La WA filtró el resultado de la “prueba de verificación de sexo” a la que fue sometida y el medio The DailyTelegraph lo publicó en una nota sin perspectiva de derechos humanos en relación a las personas intersexuales. 

La filtración de esa información vulneró la privacidad de Semenya y devino en el escrutinio público, mediático y científico sobre su cuerpo, su identidad de género y su rendimiento deportivo.

Semenya se rehusó a seguir tomando medicinas para reducir su nivel de testosterona. En 2018 llevó su lucha a los tribunales para lograr que los cuerpos de las mujeres con físicos poderosos, con apariencia y expresión de género que no se apega a los estándares occidentales de feminidad, dejen de ser vigiladas, perseguidas y sometidas a pruebas de género invasivas —violatorias de derechos humanos— y obligadas a medicarse para reducir su testosterona natural.

Tribunal reconoce que las “reglas de elegibilidad” no tienen certeza científica

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo determinó que World Athletics violó los derechos humanos de Semenya, mas no anuló las normativas del “Reglamento de Elegibilidad para la Clasificación Femenina de deportistas con diferencias de desarrollo sexual”, conocidas como “Regulaciones DSD”.

Esta norma, actualizada en marzo pasado, regula la participación de las atletas intersex y aquellas que sus cuerpos expresan altos niveles de testosterona de manera natural. Para competir les piden que se sometan a tratamiento hormonal para que reduzcan sus niveles de esta hormona por debajo de los 2.5 nano moles por litro de sangre.

En ese sentido, lograr cambios sustanciales en las Regulaciones DSD podría tomar más tiempo. Pero Semenya dice tener esperanza.

“La justicia ha hablado pero esto es solo el principio (…) Esta decisión seguirá siendo importante para todas las deportistas al establecer dudas sobre el futuro de todas las normas similares. Mi esperanza es que World Athletics, y, de hecho, todos los organismos deportivos, reflexionen sobre las declaraciones realizadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se aseguren de que respetan la dignidad y los derechos humanos de las atletas con las que tratan”, concluyó en su comunicado.

Por una resolución final

Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no anuló las Regulaciones DSD, determinó que en éstas “hay incertidumbre científica en cuanto a su justificación”. Y agregó que “es escasa la evidencia de que las atletas con diferencias de desarrollo sexual tengan alguna ‘ventaja atlética real significativa en las carreras’”.

Por su parte, World Athletics respondió al fallo que buscarán apelar el caso ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para una decisión final y definitiva”, y siguen sosteniendo que sus regulaciones de elegibilidad femenina se mantienen pues afirman “son un medio necesario, razonable y proporcionado para proteger la competencia leal en la categoría femenina”

Desde 2019 la World Athletics se ha deslindado de una responsabilidad frente a la protección de derechos humanos. Alude que es un organismo privado que no está sujeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En 2020, la ONU calificó estas regulaciones como “mecanismos de exclusión innecesarios, humillantes y dañinos”. Reconoce que en ellas hay una forma particular de discriminación en el deporte hacia las mujeres y niñas negras, incluidas las mujeres y niñas interexuales, originarias del sur global.

“Soy una mujer y soy rápida”

Semenya no ha verbalizado de manera pública si se identifica como una mujer intersexual. Pero sí ha dicho: “Soy una mujer y soy rápida”.

En entrevistas y campañas que hablan de su poderío atlético frente a la exclusión de la World Athletics ha comentado también: “No es justo que me digan que debo cambiar. No es justo que la gente cuestione quién soy”.

Sin embargo, frente a la ola de desinformación y morbo por las características sexuales y la identidad de género de Semenya, es importante aclarar que la intersexualidad es una variación natural en el ser humano y hay muchas formas distintas de ser intersex. Por lo tanto, la intersexualidad no es una patología, no es una identidad de género, no es una orientación sexual y tampoco un “tercer género”.

Una regulación racista y sexista

Las regulaciones de elegibilidad femenina no solo han afectado a Semenya. La restricción de mujeres atletas a través de la vigilancia de sus cuerpos se remonta a la década de 1940. Desde entonces, la World Athletics y en su momento también el Comité Olímpico Internacional (COI), han determinado qué mujeres pueden competir a partir de someterlas a “pruebas de verificación de género”.

Esto está documentado en la investigación “Nos están ahuyentando del deporte”: violaciones de los derechos humanos en las pruebas de sexo de las mujeres deportistas de élite” publicada por Human Rights Watch (HRW). En ella se menciona que estas prácticas implican daños físicos, psicológicos y dificultades económicas para las atletas. Muchas veces el éxito en el atletismo significa mejorar sus condiciones de vida y en ocasiones una salida de los entornos de pobreza donde crecieron ellas y sus familias.

“Identificar a las atletas mediante la observación y la sospecha es una forma de controlar los cuerpos de las mujeres en función de definiciones arbitrarias de la feminidad y los estereotipos raciales”, señala HRW.

Derecho para todxs

Desde que Semenya comenzó su lucha por el derecho de todas las mujeres a correr libremente, las Regulaciones DSD se han ejercido de manera sistemática en al menos 10 atletas racializadas y originarias del sur global.

Además, desde marzo de este año las regulaciones de elegibilidad femenina de World Athletics prohíbe la participación de atletas trans.

Para la World Athletics la reglamentación que permite la exclusión de las atletas que no quepan en sus estándares de lo que es “ser mujer”, “son legales y un medio necesario, razonable y proporcionado” para lograr su objetivo: “una competencia justa y significativa en el atletismo femenino”.

Geo González@georginagon

Fuente Agencia Presentes

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El gobierno británico está ayudando a financiar la labor de una organización religiosa virulentamente homófoba en Uganda, cuyos líderes han respaldado una propuesta de ley que tipificaría como delito penal la identificación como homosexual, según ha revelado un informe.

Analizando los datos oficiales facilitados a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés), el informe del Instituto de Periodismo y Cambio Social (IJSC, por sus siglas en inglés) descubrió un número «asombroso» de conexiones entre organizaciones anti-LGBTQ+ de Uganda y donantes de ayuda internacional, incluido el Reino Unido.

Según la IATI, el Inter-Religious Council of Uganda-Consejo Interreligioso de Uganda (IRCU, por sus siglas en inglés), un organismo interreligioso, es receptor directo de fondos de ayuda del Reino Unido en su calidad de «socio ejecutor» de un programa cuyo objetivo es hacer realidad la «ambición de una sociedad abierta en Uganda» del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En febrero, miembros de la IRCU, entre ellos la Iglesia de Uganda y varias iglesias evangélicas, firmaron una declaración en la que expresaban su «gran preocupación» por «la creciente propagación de la homosexualidad» en Uganda, y el efecto de «la agenda LGBTQ» en el bienestar de los niños.

Dos semanas después, se presentó en el parlamento el proyecto de ley contra la homosexualidad 2023, en un esfuerzo por ampliar la legislación antigay del país, y el mes pasado fue aprobado por el parlamento ugandés, con el voto a favor de 387 de los 389 diputados.

La propuesta de ley, que fue condenada como «probablemente una de las peores de su clase en el mundo» por el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, impone penas de capital y cadena perpetua por mantener relaciones homosexuales, hasta 14 años por «intento» de homosexualidad, y 20 años de cárcel por «reclutamiento, promoción y financiación» de «actividades» homosexuales.

Cualquier persona que se identifique como «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de hombre y mujer», podría ser condenada a una pena de prisión de hasta 10 años.

El proyecto de ley se encuentra en el limbo después de que el Presidente Yoweri Museveni -que este mes calificó la homosexualidad de «amenaza… para la raza humana»– se negara a firmarlo para convertirlo en ley y solicitara al Parlamento que lo examinara de nuevo.

Museveni ha recibido presiones de Estados Unidos para que vete la ley, y un funcionario del gobierno advirtió de que, si se convertía en ley, la administración de Biden estudiaría posibles «repercusiones… quizá económicas». Estados Unidos proporciona más de 950 millones de dólares (770 millones de libras) al año a la nación africana.

En 2014, la administración Obama habría retirado la ayuda gubernamental a la IRCU después de que la organización apoyara la precursora del proyecto de ley 2023, la Ley contra la Homosexualidad, que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Después de que el Parlamento ugandés aprobara por abrumadora mayoría el proyecto de ley de 2023, el ministro británico de Desarrollo, Andrew Mitchell, declaró que Gran Bretaña estaba «profundamente decepcionada» por la decisión. Pero el dinero de la ayuda sigue fluyendo hacia la IRCU.

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, la organización ha recibido hasta la fecha 134.900 libras en el marco de un programa denominado Uganda – Sociedad Abierta, que comenzó en junio de 2021 y se prolongará hasta marzo de 2024.

Claire Provost, autora del informe del IJSC, ha declarado: «Esta investigación ha revelado un número realmente asombroso de conexiones entre organizaciones religiosas anti-LGBT en Uganda y donantes de ayuda internacional y agencias de desarrollo. Los donantes y las agencias de desarrollo, así como los defensores de los derechos humanos, deben examinar más ampliamente la financiación en todos los países y asegurarse de que estas prácticas no están socavando los derechos humanos en ninguna parte».

Nana Darkoa Sekyiamah, escritora feminista ghanesa que ha participado en el informe, ha declarado: «Se ha financiado a organizaciones que han hablado públicamente y han defendido el odio a las comunidades queer»: «Se ha financiado a organizaciones que han hablado públicamente y han defendido el odio a las comunidades queer. Creemos que esto tiene que acabar. No creemos que se deba financiar a organizaciones que promueven el odio».

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Pink News/Cristianos Gays/

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Expertas de la ONU suscriben que “esta nueva legislación alinea el sistema español de reconocimiento de la identidad de género con la mejor práctica de autoidentificación identificada por la ONU”

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) celebra el posicionamiento en favor de la Ley Trans y LGTBI+ española de nueve personas expertas independientes de Naciones Unidas, integrantes de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, mayor órgano de expertos independientes de la ONU.

A través de un comunicado, nueve miembros de Naciones Unidas, entre quienes figura la presidenta del grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de la ONU, Dorothy Estrada-Tanck, su vicepresidenta Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti, también miembros del equipo, y el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Victor Madrigal-Borloz, suscriben que esta nueva legislación “alinea el sistema español de reconocimiento de la identidad de género con la mejor práctica de autoidentificación identificada por la ONU”.

Asimismo, confirman que “contrariamente a algunas narrativas erróneas, el nuevo sistema garantiza la seguridad jurídica mediante la posibilidad de revisión judicial, haciendo recaer adecuadamente la carga de la prueba en la parte que cuestiona y en el Estado, y no en las personas trans y otras personas con diversidad de género. De este modo, se han eliminado obstáculos arbitrarios, humillantes y perjudiciales para el reconocimiento legal”.

“El cumplimiento de los derechos humanos implica necesariamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación”

En este sentido, Óscar Rodriguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, reitera que “el cumplimiento de los derechos humanos implica necesariamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación” y aplaude que Naciones Unidas se posicione para recordarlo “ante la proliferación de discursos de odio que señalan a las personas trans como violadoras o enfermas”.

Así, Rodríguez recuerda también que España ha recibido apoyos y felicitaciones internacionales como el de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, que felicitó a España por la aprobación de una ley que permite la autodeterminación de género sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos o el del propio Consejo de Europa de Igualdad, Minorías e Inclusión.

“Con la aprobación de la Ley Trans y LGTBI+ España se alinea con la Estrategia para la Igualdad de las personas LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea, que señala la autodeterminación como esencial para el avance de los derechos de las personas trans. Las legislaciones de Malta, Portugal o Dinamarca ya reconocen desde hace tiempo este derecho fundamental y, próximamente, Alemania y los Países Bajos se sumarán a esta lista. Más allá de las fronteras de la Unión Europea, la experiencia de países como Nueva Zelanda o Argentina demuestran que las políticas LGTBI+ y feministas van naturalmente de la mano”, informa.

“Es una obviedad repetir esto, pero, ante el auge del discurso ultraconservador del miedo,  nos vemos en la necesidad de recordar que las personas trans hemos existido siempre”

Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, reitera que “es una obviedad repetir esto, pero, ante el auge del discurso ultraconservador del miedo, que nos señala como una amenaza, nos vemos en la necesidad de recordar que las personas trans hemos existido siempre. Ya había mujeres trans antes de esta ley y las había con sus DNI reflejando su género. Tenemos Ley trans en casi todas las comunidades autónomas españolas desde hace años”, defiende.

“El cambio que esta ley introduce es que ahora, no tendremos que pasar por la humillación de ser diagnosticadas de una enfermedad mental que, tal y como reconoce la OMS, no existe porque no estamos enfermas. Es una ley administrativa que elimina trámites que atentaban contra nuestra dignidad a la hora de cambiar el género en mi DNI, nada más. Una ley que dota de derechos a una minoría vulnerable es una ley que nos hace crecer como sociedad”, asegura Sangil.

NOTA. Posicionamiento de la ONU

Fuente FELGTBI+

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Una carta dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos por parte de UN Watch instó con éxito a la ONU a denegar la candidatura de Qatar a la presidencia del foro de derechos humanos a raíz de unos tuits antisemitas.

Enviada de Qatar pierde candidatura para puesto de Derechos Humanos en la ONU por comentarios antisemitas

La embajadora de Qatar ante las Naciones Unidas, Hend Al-Muftah, ha perdido su candidatura para presidir el próximo Foro de Derechos Humanos de la ONU debido a sus recientes tuits en los que calificaba a los judíos de “nuestros enemigos” y a los gays de “repugnantes”, según el organismo de vigilancia de los derechos humanos UN Watch.

En una carta enviada el 12 de septiembre al presidente del Consejo de Derechos Humanos, coincidiendo con la apertura de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, UN Watch instó a la ONU a denegar la candidatura de Qatar para presidir el foro de derechos humanos, que se inaugura la misma semana en que Qatar acoge la Copa del Mundo.

“Los judíos gobiernan el mundo” y “Los sionistas estadounidenses controlan los medios de comunicación de Estados Unidos”

La carta comienza: “La embajadora Al-Muftah escribe que ‘los judíos’ centraron sus inversiones en la industria y los medios de comunicación, ‘y por eso dominaron, tiranizaron y gobernaron el mundo’. Una vez más, dice Al-Muftah, ‘los sionistas estadounidenses controlan los medios de comunicación de Estados Unidos’, y ‘por lo tanto están bien orientados para lograr su anti-Islam en todas partes’. Este odio, recuerda, le fue inculcado desde el principio: ‘¡Aprendimos desde pequeños que los judíos son nuestros enemigos!’”.

“Sobre los gays, la embajadora Al-Muftah es igualmente clara y coherente”, continúa la carta. “En octubre de 2011, pidió ‘la maldición de Dios’ sobre los gays, y también sobre aquellos que ‘los alentaban’. En junio de 2018, volvió a pedir la maldición de Dios sobre los gays. Admirando a Rusia en el Mundial 2018 por oponerse a los gays, exclamó: ‘¡Que Dios los maldiga!’”.

“Elogiamos al presidente del Consejo, Federico Villegas, por hacer lo correcto y rechazar al embajador del odio de Qatar”, dijo Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch y autor de la carta.

“Hend Al-Muftah es una rabiosa antisemita que durante una década ha estado tuiteando un vil odio contra los judíos y los homosexuales, al tiempo que difundía malignas teorías conspirativas sobre los países occidentales. Es la última persona del mundo que debería dirigir un foro de la ONU sobre derechos humanos, democracia y Estado de derecho”, añadió Neuer.

La carta también señala un tuit de 2013 en el que Al-Muftah escribió en árabe: “Sólo recuerdo nuestro himno matutino de mi infancia: Palestina es nuestro país, Los judíos son nuestros enemigos, Y saludo a la bandera”.

Patricia Hermanns, la embajadora de Bahamas, está prevista para ocupar el puesto.

A principios de este mes, Jerusalén mantuvo conversaciones directas con Doha con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita a Israel prestar asistencia consular a los israelíes que planeen viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2022, que se celebrará en Qatar este invierno.

Qatar no ha mostrado señales positivas respecto a los intentos de Israel de utilizar el evento futbolístico mundial como trampolín para establecer relaciones diplomáticas con el Estado del Golfo, rico en petróleo. Al parecer, también se pidió a Israel que permitiera a los aficionados al fútbol palestinos viajar a Doha para asistir a la Copa del Mundo.

Fuente IsraelNoticias

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La alta comisionada de la ONU denuncia el nivel de represión del Gobierno de Ortega

Michelle Bachelet, dijo hoy que el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua está acentuando todavía más la represión de la sociedad civil y que «desde mayo, la policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente»

Denunció que las detenciones arbitrarias continúan, así como el encarcelamiento de personas percibidas como opositoras y el cese forzado de la actividad de oenegés, según informes recogidos por su oficina

Todo esto está provocando un nivel sin precedentes de salidas del país: «En los últimos ocho meses, la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando los 150.000«, precisó y pidió la libertad de los presos políticos

La fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales, respondió Bachelet exponía hechos «alejados de nuestra realidad» y que el informe forma parte de una «campaña liderada por Estados Unidos»

16.06.2022 | RD/EFE

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua está acentuando todavía más la represión de la sociedad civil, que empezó con fuerza en 2018, y que últimamente hasta los sacerdotes católicos son víctimas de persecución.

 «Desde mayo, la policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente», sostuvo la alta comisionada en la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe de su oficina sobre la situación en Nicaragua.

Michelle Bachelet teme que régimen de Nicaragua aumente la represión – https://t.co/8log6Lfqav #16Jun #DerechosHumanos #MichelleBachelet #Nicaragua #ONU pic.twitter.com/5cFtF8yubN

— Noticias Al Despertar (@NoticiasAlDesp1) June 16, 2022

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que dirige Bachelet ha recogido en los últimos meses nuevas informaciones que indica que las detenciones arbitrarias continúan, así como el encarcelamiento de personas percibidas como opositoras y el cese forzado de la actividad de oenegés.

Todo esto está provocando un nivel sin precedentes de salidas del país, incluso mayores a las que se registraban en la década de 1980 durante la Revolución Sandinista.

«En los últimos ocho meses, la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando los 150.000«, precisó, tras señalar que también se ha disparado el número de los que son interceptados en las fronteras de Estados Unidos.

Sobre los prisioneros políticos, indicó que hay 173 detenidos en relación con las protestas cívicas de 2018 y medio centenar en el contexto de las elecciones del año pasado, quienes «afrontan condiciones de detención contrarias a las reglas mínimas de Naciones Unidas».

https://twitter.com/reporteni/status/1537450028280623104?s=21&t=RhLIpkCSf_Fx3becrWXBtw

Para todos ellos Bachelet pidió la libertad, tras denunciar que entre otros abusos que sufren está la restricción de visitas de familiares, a los que solo se permitió ir a verlos cuatro veces este año, aunque esto excluía a los hijos menores de edad.

Por otra parte, el informe indica que la Asamblea Nacional (controlada por el gobierno) ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones este año, lo que arroja un total de 454 desde noviembre de 2018, a lo que se suman medidas similares contra doce universidades, que han quedado bajo control estatal.

Tras estas denuncias, Bachelet instó al Gobierno de Nicaragua cesar «las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional«.

La represión en #Nicaragua sigue empeorando, con detenciones y persecución de opositores, organizaciones de la sociedad civil e incluso sacerdotes, dijo @mbachelet en el Consejo de Derechos Humanos @UN_HRC https://t.co/dpqjnIyb51

— Noticias ONU (@NoticiasONU) June 16, 2022

Consideró que otorgar acceso al país al personal de su organismo sería visto como un gesto muy positivo.

La fiscal general de Nicaragua, Wendy Morales, respondió a la presentación de Bachelet diciendo que ésta exponía hechos «alejados de nuestra realidad« y que se trataba de «una agresión unilateral contra nuestro pueblo y su gobierno legítimamente constituido», a pesar de las denuncias de la ONU y organismos internacionales sobre la falta de transparencia de las elecciones.

Agregó que el informe de Bachelet forma parte de una «campaña liderada por Estados Unidos» con el fin de «inmiscuirse en los asuntos internos de los países».

#HRC50 | La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,@MBachelet, actualizó al Consejo de Derechos Humanos de la @ONU_es sobre los "dramáticos" acontecimientos recientes en #Nicaragua.

DECLARACIÓN COMPLETA ▶️https://t.co/feuoVMZ0fw pic.twitter.com/ks3kgnAxgl

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) June 16, 2022

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Obispos centroamericanos se solidarizan con la Iglesia en Nicaragua  

El Sedac pide a las autoridades nicaragüenses diálogo y derecho a la seguridad y libertad 

Los obispos de la región centroamericana exhortan a las autoridades a buscar y encontrar caminos de diálogo que posibiliten la convivencia armónica entre los ciudadanos y las instituciones de Nicaragua

Solidaridad con todos los miembros de la Iglesia en el país, en particular con quienes están sufriendo la vulneración de su derecho a la seguridad y libertad plena

Referencia particular a Mon. Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí y al Pbro. Harving Padilla, párroco de la Parroquia San Juan Bautista de la Ciudad de Masay

17.06.2022

(Vatican News).- Escuchamos el clamor del pueblo nicaragüense y nos apena la situación social, económica y política que atraviesa provocándole dolor y sufrimiento: así lo expresan los obispos de la región centroamericana unidos colegiadamente en el Secretariado Episcopal de América Central, en un comunicado publicado en la Solemnidad del Corpus Christi.

Derecho a la seguridad y libertad plena

Los prelados, que expresan su solidaridad con la Iglesia que peregrina en Nicaragua, hacen referencia en particular a Mons. Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí y al Pbro. Harving Padilla, párroco de la Parroquia San Juan Bautista de la Ciudad de Masaya, quienes sufren la vulneración de su derecho a la seguridad y libertad plena.

Buscar caminos de diálogo

A Dios piden la comprensión, la tolerancia, el diálogo, la unidad y la paz, y exhortan a las autoridades civiles y militares “a buscar y encontrar caminos de diálogo que posibiliten la convivencia armónica entre los ciudadanos y las instituciones que conforman el entramado de dicha sociedad, entre ellas la Iglesia que a lo largo de cinco siglos ha velado con amor por dicho pueblo”. 

En la solemnidad del Corpus Christi, conociendo la fe, amor y devoción de nuestros pueblos, y, siendo el nicaragüense uno de ellos, – concluyen – pedimos a Nuestro Señor Jesús, que por su Cuerpo y Sangre se logre la unidad nacional tan anhelada y necesaria en Nicaragua.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Daniel Ortega, Harving Padilla, Iglesia Católica, Michelle Bachelet, Nicaragua, ONU, persecucion, Rolando Álvarez, Wendy Morales

Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso sufren mayor exclusión y discriminación cuando huyen de sus países en busca de refugio y protección. Decenas de relatores de derechos humanos instan a garantizarles el goce de sus garantías fundamentales dondequiera que vivan.

Más de dos tercios de las personas desplazadas en el mundo no han salido de sus fronteras nacionales en busca de seguridad, sino que se mueven dentro del territorio de su propio país. Cuando estas personas son lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso, estos desplazamientos las colocan en una situación aún más frágil que la de otros migrantes y a menudo son discriminadas por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Unos cuarenta expertos de la ONU en derechos humanos*, al igual que de otros organismos especializados, hicieron este lunes una declaración conjunta denunciando la vulnerabilidad de ese colectivo cuando huye de la persecución, y llamando a todos los gobiernos a asegurarles protección y un trato digno.

Los relatores aseveraron que las personas LGBT destacan entre las más vulnerables y marginadas de los 84 millones de individuos desplazados que existen actualmente en el mundo.

Explicaron que el motivo del desplazamiento de ese grupo se debe muchas veces a que residen en países que no ofrecen una protección sólida de los derechos humanos.

“Las vulnerabilidades estructurales a las que se enfrentan las personas LGBT se ven intensificadas por su estatus como migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o desplazados internos”, añadieron.

Mayor riesgo de sufrir atropellos

“Los refugiados, los solicitantes de asilo, los migrantes, los desplazados internos y las personas apátridas trans y de género diverso se encuentran entre las personas que corren más riesgo de sufrir abusos físicos y psicológicos, golpizas, violaciones, torturas y asesinatos, ya que su expresión de género visible se percibe a menudo como un desafío directo a las normas sociales dominantes en los países o zonas de origen, tránsito y destino”, recalca la declaración.

En este sentido, los expertos argumentaron que las personas LGBT desplazadas internas en Estados que criminalizan las relaciones consensuadas entre individuos del mismo sexo o donde las diversas identidades de género, rara vez son reconocidas y atendidas de manera sistemática por las instituciones que asisten a los desplazados, la mayoría de las veces en zonas frágiles o afectadas por conflictos.

La exclusión socioeconómica alimentada por la estigmatización, la discriminación, los conflictos armados, las catástrofes naturales, el cambio climático y la persecución por agentes estatales y no estatales son algunas de las causas que obligan a muchas personas de orientación sexual e identidad de género diversas a huir de sus hogares en busca de un entorno seguro en el que puedan vivir tranquilas y ejercer plenamente sus derechos, agregaron.

Matheus Affonso/Grita en la favela. Un acitivista con una camiseta donde se lee un logo con la palabra Amarégay, un juego de palabras que usa el nombre de la Favela da Maré, que significa que el amor es gay y Maré es gay.

Vulnerabilidad en todas las etapas

Los relatores indicaron que si esas personas migran a otros países, suelen enfrentar peligros similares o mayores de violencia, xenofobia, racismo, misoginia, discriminación por edad, marginación socioeconómica y aislamiento de las redes de apoyo tradicionales.

“En todas las etapas de su viaje, son especialmente vulnerables a la violencia, los abusos y la explotación por numerosos actores, entre los que se incluyen, aunque no exclusivamente, las autoridades de inmigración y seguridad, los traficantes y los contrabandistas, al igual que de otros desplazados y, con bastante frecuencia, los actores responsables de su seguridad y bienestar a su llegada a los lugares de asilo”, apunta la declaración.

Tras su reubicación, en las jurisdicciones en las que la composición de la familia se define únicamente por normas heteronormativas, las personas LGBT que se desplazan no pueden gozar su derecho a la reagrupación familiar.

Los expertos detallaron que los abusos contra las personas LGBT desplazadas pueden observarse en forma de violencia de género, exclusión de servicios esenciales como un refugio y una vivienda seguros y adecuados, falta de acceso a alimentos y artículos no comestibles básicos, falta de atención médica y servicios psicosociales, y falta de acceso los servicios financieros o apoyo a los medios de subsistencia.

Asimismo, se les margina de la economía formal al bloqueárseles la entrada al mercado de trabajo y, consecuentemente, aumentando su riesgo a la explotación sexual y otros atropellos.

Invertir en la protección de los derechos humanos

Los relatores consideraron que en vista de que sigue aumentando el desplazamiento de población, los Estados, las empresas y las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil deben invertir en el desarrollo de políticas y programas basados en los derechos humanos que tengan en cuenta las dimensiones del desarraigo forzado y la orientación sexual y la identidad de género, promoviendo una mayor colaboración y coordinación entre todos los actores responsables de la protección de las personas desplazadas LGBT.

Para concluir, sostuvieron que es esencial abordar el origen de los desplazamientos y garantizar que el colectivo LGBT pueda vivir libre de la violencia y la discriminación en sus comunidades para que no deban buscar protección en otro lugar.

Entre la lista de expertos firmantes de la declaración se encuentran:

Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Balakrishnan Rajagopal, Relator especial sobre la vivienda adecuada; Clément N. Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza; Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán; Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas de edad; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias.

* Los Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que abordan situaciones específicas de los países o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos en Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

Fuente Naciones Unidas. Noticias ONU

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Balakrishnan Rajagopal, Cecilia Jiménez-Damary, Claudia Mahler, Clément N. Voule, David R. Boyd, Felipe González Morales, Javaid Rehman, Migrantes LGTBI+, Morris Tidball-Binz, Naciones Unidas, Olivier De Schutter, ONU, Personas refugiadas LGTBI, Tomoya Obokata, Víctor Madrigal-Borloz

La agencia de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA ONUSIDA ha calificado la cobertura mediática del virus de la viruela del mono de “racista y homófoba”, advirtiendo de que exacerba el estigma y socava la respuesta al creciente brote. El domingo, ONUSIDA afirmó que “una proporción significativa de los casos recientes de viruela del mono se ha identificado entre los gays, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres”. En consecuencia, algunos medios de comunicación estaban informando sobre la enfermedad de una forma que podía alimentar estereotipos racistas y homófobos.

La agencia de la ONU explicó que la transmisión de la viruela del mono es más probable a través del contacto físico estrecho de una persona con los pacientes. Puede afectar a cualquiera, subrayó ONUSIDA. Sin embargo, algunos medios de comunicación presentan a los africanos y a los homosexuales de una forma que puede “reforzar los estereotipos homófobos y racistas y exacerbar el estigma”. Identificada por primera vez en 1970, la infección se ha registrado en más de 100 países hasta ahora.

“El estigma y la culpa socavan la confianza y la capacidad de responder eficazmente durante los brotes como éste”, dijo el director ejecutivo adjunto de ONUSIDA, Matthew Kavanagh. “La experiencia demuestra que la retórica estigmatizadora puede desactivar rápidamente la respuesta basada en pruebas, avivando los ciclos de miedo, alejando a la gente de los servicios sanitarios, obstaculizando los esfuerzos para identificar las causas y fomentando medidas punitivas e ineficaces”, añadió. Es pertinente señalar que al menos 11 naciones africanas han declarado la viruela del mono como endémica.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una infección vírica poco frecuente, que se da sobre todo en las zonas tropicales de África occidental y central. Tiene síntomas leves, y la mayoría de las personas infectadas se recuperan en pocas semanas. Sin embargo, la cepa que se está propagando en la actualidad puede resultar mortal, matando al menos a una de cada 100 personas, advierten los expertos.

La infección vírica suele producirse entre quienes manipulan monos o comen carne poco cocinada. Puede transmitirse entre humanos a través de las gotitas en el aire o tocando a la persona infectada. Se descubrió por primera vez en 1958. La primera infección humana se registró en la República Democrática del Congo en 1970. El primer caso en EE.UU. y el Reino Unido se registró en 2003 y 2018, respectivamente. Hasta ahora, se han notificado al menos 92 casos confirmados en laboratorio y 28 casos sospechosos de la enfermedad en 12 países de todo el mundo.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Estigmatización, Homofobia/Transfobia, Matthew Kavanagh., OMS, ONU, ONUSIDA, Personas LGTBI, Racismo

22 de agosto: Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

“Seguimos siendo testigos del aumento del discursos de odio, la intolerancia e incluso la violencia física y los ataques a personas, grupos y sitios, simplemente debido a sus creencias religiosas o su importancia”, sostiene el secretario general de la ONU

“La libertad de religión o de creencias es un Derecho Humano, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hoy, este derecho se está probando”

 ONU reclama terminar con el acoso a la Comunidad Musulmana Ahmadía en el mundo: En Argelia, Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán o Sri Lanka.

22.08.2021 | RD/Ep

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recordado este viernes a las víctimas de la violencia basada en la religión, con motivo del Día Internacional de este hecho, y ha lamentado el “aumento de la intolerancia”.

“Seguimos siendo testigos del aumento del discurso de odio, la intolerancia e incluso la violencia física y los ataques a personas, grupos y sitios, simplemente debido a sus creencias religiosas o su importancia”, ha destacado Guterres en un discurso publicado por Naciones Unidas.

Ahondando en este aspecto, el secretario general de la ONU ha apuntado que, a menudo, este tipo de violencia va acompañada de la vulneración de otros Derechos Fundamentales, incluido e derecho a la libertad de pensamiento o de conciencia.

Además, en un contexto de crisis pandémica derivada de la COVID-19, el racismo y el estigma, junto con la desinformación, “ha exacerbado aún más esta peligrosa convergencia”.

“A pesar de los riesgos, las víctimas continúan hablando con gran valentía para defender sus derechos. Me solidarizo plenamente con ellos y con los decididos esfuerzos de los actores de la sociedad civil, líderes comunitarios y religiosos para movilizarnos contra cualquier acto de violencia o discriminación”, ha aseverado Guterres.

Así pues, el líder de Naciones Unidas ha puesto en los Estados la responsabilidad de “prohibir y disuadir la discriminación y la violencia”, así como “proteger los Derechos Humanos de las minorías religiosas y garantizar que los autores de estos delitos rindan cuentas”, a la par que la comunidad internacional apoya a las víctimas de estos “actos atroces”.

Naciones Unidas ha remarcado haber hecho de este problema una prioridad que se debe abordar a través de algunas de las iniciativas que se han lanzado en esta materia, como el Llamado de acción por los Derechos Humanos, o el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Discursos de Odio, junto con el Plan de las Naciones Unidas para salvaguardar los lugares religiosos.

“La libertad de religión o de creencias es un Derecho Humano, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hoy, este derecho se está probando”, ha añadido Guterres, quien ha zanjado su discurso apuntando a un compromiso global para “cambiar el rumbo de esta terrible tendencia” y para construir “sociedades más inclusivas y pacíficas, donde la diversidad se celebra como una riqueza”.

Fuente Religión Digital

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Islam, Judaísmo António Guterres, Delitos de Odio, Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias, ONU, Religiones

Uganda es uno de los 70 países donde ser homosexual se castiga con la cárcel.

El parlamento de Uganda ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe aún más las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el sexo anal y el trabajo sexual, duplicando así un código penal que ya considera ilegal ser LGBT+. El proyecto de ley pasó su tercera lectura en el parlamento el 3 de mayo. Ahora se debe a la firma del presidente Yoweri Museveni, después de lo cual se convierte en ley.

El Parlamento de Uganda confirmó el lunes (3 de mayo) en Twitter que el proyecto de ley sobre delitos sexuales había sido aprobado en tercera lectura, poniendo fin a su largo paso por la cámara. Gran parte de lo que el proyecto de ley de delitos sexuales penaliza ya es ilegal en Uganda. Las personas sorprendidas manteniendo relaciones con personas del mismo sexo ya se enfrentan a cadena perpetua, y parte de la redacción del proyecto de ley de delitos sexuales está extraída de la Ley del Código Penal de 1950. Una modificación del código en el año 2000 supuso la penalización de los actos sexuales entre mujeres, ya que el sexo oral y anal entre parejas del mismo sexo y mixtas se castigaba con una pena de siete años de prisión por «indecencia grave«.

Presentado por primera vez en 2015, el proyecto de ley de delitos sexuales se vendió como un esfuerzo de línea dura para acabar con la violencia sexual abordando los «defectos» del código penal. Sin embargo, al cubrir las lagunas del código penal, la ley también criminaliza aún más el hecho de ser LGBT+ y establece amplias restricciones a la vida sexual de los ugandeses. Según la cláusula 11, los «delitos contra natura» incluirán tanto la zoofilia como a quienes «realicen un acto sexual con otra persona en contra del orden de la naturaleza».

El Comité de la Cámara en pleno, compuesto por todos los diputados en ejercicio, también añadió una «prohibición de los actos sexuales entre personas del mismo sexo». Los legisladores también aprobaron las recomendaciones del comité de que, «para completar», se añada a la lista de «delitos contra natura» el hecho de «penetrar el ano de otra persona con su órgano sexual o con cualquier objeto».

The Parliament of Uganda yesterday passed the Sexual Offences Bill,2019

The unjust recommendations and clauses in the bill which criminalise same sex acts and sex work create avenues for further infringement on the rights of persons targeted under the guise of enforcing the law pic.twitter.com/i9nOJgzMnA

— hrapf (@hrapf_uganda) May 4, 2021

La amplia ley incluye la introducción de un registro de delincuentes sexuales y la tipificación como delito del uso de drogas para la violación o la difusión de una cinta o grabación de un acto sexual sin el consentimiento de esa persona. Sin embargo, durante el examen en comisión, se eliminó una cláusula fundamental que habría permitido la retirada del consentimiento antes o durante los actos sexuales.

Otras nuevas medidas son el endurecimiento de las medidas de salvaguardia para proteger a los niños del acoso sexual en las escuelas. Los legisladores también ampliaron una cláusula para que no sólo se considere delito el trabajo sexual, sino que también se penalice a quienes pagan por sexo.

Si bien los legisladores estaban divididos en cuanto al género sobre algunas de las cláusulas del proyecto de ley, como la retirada del consentimiento, la Cámara estaba de acuerdo sobre las cláusulas que criminalizan la homosexualidad. Después de todo, el proyecto de ley llega más de un año después de que los legisladores dieran un brusco giro al llamado proyecto de ley «Matar a los Gays», que pretendía introducir la pena de muerte para la «homosexualidad agravada».

The already existing criminalization in the penal code Act has already caused great damages to LGBTQ persons. This move by @Parliament_Ug to further criminalize consensual same sex intercourse is not only threat to bodily autonomy but as well to access to health. pic.twitter.com/R5X2sfblUd

— LET’S WALK UGANDA (@LWUGANDA) May 4, 2021

No era la primera vez que la tan temida legislación estuvo a punto de hacerse realidad. El Parlamento la aprobó por primera vez en 2014, pero el Tribunal Constitucional la rechazó en medio de una fuerte reacción internacional.

Las Naciones Unidas están pidiendo a Uganda que enmiende un proyecto de ley para prohibir las relaciones entre personas del mismo sexo que suscita “serias preocupaciones sobre los derechos humanos” y amenaza con socavar la salud pública.

Las relaciones sexuales entre hombres ya son ilegales en Uganda, pero el muy denostado proyecto de ley sobre delitos sexuales (Sexual Offences Bill ) va un paso más allá al clasificar todos los actos entre personas del mismo sexo como “delitos no naturales” junto con la bestialidad.

Otras disposiciones alarmantes incluyen la prohibición del trabajo sexual, el sexo oral y anal para todas las parejas, y la prueba del VIH obligatoria y forzada de los acusados de delitos.

Un portavoz del alto comisionado de la ONU, Rupert Colville, señala que el castigo del proyecto de ley para las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo se ha reducido a 10 años de cárcel en lugar de cadena perpetua; sin embargo, representa una grave violación de los derechos humanos.

“El hecho es que esas relaciones todavía están criminalizadas”, dijo. “Esto, en un país donde el estigma, la discriminación y la violencia contra las personas por su orientación sexual e identidad de género están generalizados y a menudo se cometen con impunidad, dado que las víctimas suelen tener demasiado miedo para denunciar cualquier ataque en su contra”.

Los activistas han expresado especial preocupación por las pruebas de VIH forzadas en una región donde las tasas de infección y estigmatización son altas.

«Tales disposiciones no solo violan las obligaciones de Uganda en materia de derechos humanos y también corren el riesgo de socavar la salud pública, lo que hace que las personas tengan miedo de presentarse para las pruebas y el tratamiento esenciales, lo que afecta los esfuerzos críticos de prevención y tratamiento del VIH», dijo Colville. «También corren el riesgo de alimentar aún más el VIH en Uganda y África subsahariana».

Su alarma fue compartida por Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, quien instó a los legisladores a reconsiderar el proyecto de ley antes de que deshaga el progreso de Uganda en la reducción del impacto del VIH. «Estoy profundamente preocupada por la aprobación por parte del parlamento de Uganda de partes de este proyecto de ley que criminalizan y marginan aún más a los grupos vulnerables de conciudadanos y les niegan sus derechos humanos, incluido el derecho a la salud», dijo en un comunicado. «Dirigirse a las personas que viven con el VIH, las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y los trabajadores sexuales aumenta el estigma y la discriminación y socava la respuesta al VIH al impedir que las personas reciban el tratamiento, la prevención y los servicios de atención del VIH que necesitan con tanta urgencia».

La ONU da la bienvenida a algunas partes de la ley de amplio alcance, que incluye la introducción de un registro de delincuentes sexuales y tipifica como delito el uso de drogas para violación durante una cita o la publicación de un video sexual sin el consentimiento de esa persona. Sin embargo, Colville insiste en que el proyecto de ley en su conjunto no cumple con el derecho y las normas internacionales y debe ser enmendado con urgencia.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/ Transfobia, ONU, ONUSIDA, Rupert Colville, Sexual Offences Bill, VIH/SIDA, Winnie Byanyima