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Explicador: No hay evidencia científica que muestre ventaja atlética de mujeres trans

Jueves, 22 de febrero de 2024

IMG_2240Sectores antiderechos insisten en prohibir o acotar la participación de las mujeres en trans en competencias. Qué dice la ciencia.

CIUDAD DE MÉXICO, México. En los últimos años se argumentó, sin bases científicas concluyentes, que la participación de las mujeres trans en los deportes representa una supuesta “ventaja injusta” para las mujeres cisgénero. Esta narrativa no sólo la han usado las federaciones deportivas de élite sino también en los grupos antiderechos en puesto de toma de decisión.

Pero, ¿qué dicen las organizaciones de derechos humanos y la ciencia sobre esto?, ¿cómo estas prohibiciones repercuten en los derechos humanos de las mujeres y niñas?

Prohibición de atletas trans sin evidencia científica

Un informe publicado en el 2021 reveló que las mujeres trans no tienen ninguna ventaja biomédica en el deporte de élite. Y aclara que los factores sociales como la nutrición y las cualidades en los entrenamientos son lo que afecta el resultado de su desempeño.

Este informe hace una revisión en profundidad de la literatura científica publicada en inglés entre 2011 y 2021 sobre mujeres trans en deportes de élite. Y en éste se destaca que los factores biomédicos no representan ninguna amenaza para las deportistas cisgénero. En parte porque hay poca evidencia que busque identificar la ventaja de la pubertad que vivieron las mujeres trans, y son escasos los estudios sobre deporte de alto rendimiento que involucre a personas trans.

Este informe, además, concluye que las mujeres trans que han recibido atención médica de afirmación de género, suprimiendo sus niveles de testosterona, no tienen ninguna ventaja biológica.

“La política del deporte de élite se formula dentro de normas culturales geopolíticas transmisóginas, misóginas y racistas», aclara en documento.

Comité Olímpico Internacional: “es poco claro el papel de la testosterona para medir una ventaja injusta”

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (realizados en 2021 por la pandemia de covid-19) fue la primera vez que participaron atletas trans y no binaries de élite. Sin embargo, la atención estuvo en Láurel Hubbard, pesista neozelandesa y primera mujer trans en competir en unos Juegos Olímpicos. Su paso fue breve pues falló sus tres intentos de levantamiento en la división peso pesado de mujeres.

Posterior a la participación de Hubbard, en noviembre de 2021 el Comité Olímpico Internacional (COI) publicó un nuevo “marco sobre equidad, inclusión y no discriminación por motivos de identidad de género y variaciones sexuales” con énfasis en los criterios de elegibilidad en las categorías femeniles.

En el documento afirman que no hay consenso científico sobre cómo la testosterona afecta el actuar deportivo. Es poco claro el papel que juega para medir una ventaja injusta, porque el rendimiento se mide de manera distinta en cada deporte”.

IMG_2241Protestas trans en Texas por los deportes.

Finalmente, el COI determinó que cada federación deportiva debe establecer sus propios criterios de elegibilidad. Éstos deben estar “apegados a los derechos humanos, con pruebas científicas sólidas que contemplen los contextos y procuren el bienestar de los atletas”.

A partir de ello, las federaciones de atletismo, ciclismo, natación, ajedrez y recientemente la federación estadounidense de box generaron políticas que prohíben la participación de mujeres trans en las categorías femeninas de sus disciplinas. En ellas las condiciones van desde estar bajo hormonación desde los 12 años, mantener cierto nivel de testosterona en sangre o haberse sometido a cirugías de reasignación de sexo.

En un comunicado, la World Athletics (WA) asegura que las razones por las que se prohíbe la participación de mujeres trans está “guiada por el principio general de proteger la categoría femenina”. Y al mismo tiempo argumentan que actualmente no hay atletas transgénero compitiendo internacionalmente en el atletismo y, en consecuencia, no hay evidencia atlética específica del impacto que estas atletas tendrían en la equidad de la competencia femenina en el atletismo”.

El psicólogo trans Dau García Dauder explica en su ensayo La intersexualidad en la construcción de la diferencia racial que en las reglas de elegibilidad “la alta testosterona es enmarcada como una ventaja y, de repente, como un problema de salud para las mujeres; las enferma. Es preciso regularla, para proteger la justicia y la salud. Así, las pruebas de verificación de sexo se convierten de forma sorprendente en regulaciones médicas por ‘el bien de la deportista’, para protegerla de la testosterona”.

Y agrega, “el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) habla de una discriminación necesaria, razonable y proporcionada para el objetivo de preservar la integridad de las atletas’. Paradójicamente, las mujeres menos privilegiadas (procedentes de países ‘en desarrollo’) son vistas como una amenaza y con ventaja; la justicia e integridad parece que solo aplica a las mujeres del norte. Es preciso subrayar que las intervenciones exigidas por la regulación son las mismas que los activistas intersex vienen denunciando”.

Antiderechos usan el falso argumento de la ‘ventaja injusta

IMG_2239Estas narrativas sin fundamento científico son utilizadas además para la creación de leyes que prohíben competir a nivel estudiantil a niñas, jóvenes y mujeres trans en Estados Unidos.

Hasta ahora en ese país hay 6 estados con directrices que excluyen a les estudiantes trans y no binaries al exigirles que participen en deportes según su sexo asignado al nacer. Otros 3 estados prohíben la participación de estudiantes trans y no binaries a menos que se hayan sometido a una cirugía. Y en 16 estados existen políticas discriminatorias que crean barreras adicionales a la inclusión de estudiantes trans y no binarios, de acuerdo al seguimiento que realiza la organización Trans Athlete.

Esta ola legislativa anti trans está llegando a América Latina. En México congresistas como Teresa Castell y aspirantes a puestos de representación popular en México como Eduardo Verástegui buscan legislar e impulsar una carrera política desde la desinformación y los pánicos morales.

Regulaciones sexistas, racistas y violatorias de derechos humanos

La ONU ha calificado estos mecanismos de exclusión como “innecesarios, humillantes y dañinos”. Reconoce explícitamente que hay una forma particular de discriminación en el deporte hacia las mujeres negras y niñas atletas del sur global.

Desde 1940 la federación mundial de atletismo ha violado los derechos humanos de las atletas con “pruebas de sexo” y “certificados de feminidad” con propósitos de “elegibilidad”, así lo revela el informe “Nos están ahuyentando del deporte: violaciones de los derechos humanos en las pruebas de sexo de las mujeres deportistas de élite, publicado por Human Rights Watch (HRW). 

Estas medidas además tienen un carácter racista pues hasta ahora a las atletas que les han prohibido competir son negras y originarias de países del sur global. Y también han afectado a mujeres intersexuales y aquellas que de manera natural expresan niveles elevados de testosterona.

Para HRW estas prácticas implican daños físicos, psicológicos y económicos para las atletas. Además, señala que “identificar a las atletas mediante la observación y la sospecha es una forma de controlar los cuerpos de las mujeres en función de definiciones arbitrarias de la feminidad y estereotipos raciales”.

4 de enero de 2024
Geo González@georginagon
 Edición: Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , ,

HRW acusa a Jordania de “ataque sistemático” contra comunidad LGTB

Viernes, 22 de diciembre de 2023
Comentarios desactivados en HRW acusa a Jordania de “ataque sistemático” contra comunidad LGTB

IMG_1967Activistas LGBTQ+ obligados a huir de Jordania por la persecución del gobierno

La organización Human Rights Watch (HRW) acusó el pasad9 día 5 a Jordania de “atacar de forma sistemática” a los activistas y los miembros de la comunidad LGTB en el país árabe, y de coordinar “ofensivas ilegales” contra la libertad de expresión y reunión en torno al género y la sexualidad.

Los activistas LGBTQ+ han sido blanco de las autoridades jordanas, en lo que los grupos de derechos humanos califican de represión de la libertad de expresión.

Según informes, el Departamento General de Inteligencia (GID) de Jordania y su Dirección de Seguridad Pública intimidaron a varios destacados activistas del país en un intento de acabar con el activismo de género y sexualidad.

Según los informes, se amenazó a las víctimas con violencia, detenciones y procesamientos. Varios activistas se vieron obligados a cerrar sus organizaciones o incluso a huir del país.

Human Rights Watch (HRW) entrevistó a 13 activistas que afirmaron que las fuerzas de seguridad jordanas, en especial los agentes de los servicios de inteligencia, los citaban en repetidas ocasiones para interrogarlos, durante los cuales eran intimidados con regularidad.

Las autoridades jordanas han lanzado un ataque coordinado contra los activistas de los derechos LGBT, dirigido a erradicar cualquier debate sobre género y sexualidad de las esferas pública y privada“, declaró Rasha Younes, investigadora principal del programa LGBT de HRW.

“Las tácticas de intimidación de las fuerzas de seguridad y la interferencia ilegal en la organización de la comunidad LGBT han llevado al activismo a una mayor clandestinidad y han forzado a los líderes de la sociedad civil a una realidad imposible: la autocensura severa o la huida de Jordania“.

Uno de los propietarios de un centro cultural de la capital, Ammán, cuyo evento de proyección de películas LGBTQ+ fue cancelado tras la intimidación de las autoridades, declaró haber sido interrogado por el gobernador de la ciudad.

Y el director de una organización LGBTQ+ afirmó que, a raíz de las amenazas, se vieron obligados a cerrar sus oficinas, interrumpir sus operaciones en Jordania y, en última instancia, huir del país.

“[Mi novio y yo] tuvimos que dejarlo todo atrás -nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros recuerdos- y huir“, afirmó. “Es aterradora la influencia que pueden tener sólo con la intimidación, sin tener que mover un dedo. Dieron un vuelco a nuestras vidas, bajo amenazas, y lo más aterrador era que sabíamos que harían todo lo que habían amenazado si volvíamos a casa“.

La persecución de LGBTQ+ en Jordania es un “ataque coordinado“, según activistas

En agosto, The Guardian sacó a la luz acusaciones similares de intimidación por parte de la policía secreta jordana.

Algunas fuentes informaron al periódico de un reciente aumento de la persecución de personas y grupos LGBTQ+ en el país, con la detención de algunas personas a principios de año.

Una fuente, el director de un centro LGBTQ+ no identificado, fue presuntamente obligado por las autoridades a subir a un coche e interrogado durante la noche.

Los agentes del GID llamaron entonces a sus padres y les dijeron que era homosexual, lo que, según el director, arruinó su relación.

Todo ello a pesar de que Jordania es uno de los pocos países de Oriente Medio donde la actividad sexual entre personas del mismo sexo no es ilegal. Las leyes sobre sodomía, que se remontan a la dominación británica, fueron derogadas en 1951.

En sus recomendaciones tras el aumento de las amenazas contra manifestantes LGBTQ+, HRW pidió al gobierno que prohibiera atacar a personas por su orientación sexual o identidad de género.

También instó a Jordania a “proteger la libertad de expresión en línea y fuera de línea“, así como “la privacidad de las comunicaciones por Internet”.

Dirigiéndose a las fuerzas de seguridad implicadas en el interrogatorio, afirmó: “Dejen de atacar e intimidar a los activistas de la sociedad civil, incluidas las personas LGBT”.

Según el sitio web Equaldex, dedicado al índice de derechos LGBTQ+, Jordania sigue siendo un país peligroso para ser homosexual. Ocupa el puesto 142 de 197 países en su índice de igualdad.

Mientras tanto, una Encuesta Mundial de Valores reveló que más del 95% de los jordanos piensa que la homosexualidad no es ética ni justificable, mientras que el 94% no aceptaría como vecinos a personas queer.

Fuente PinkNews

Homofobia/ Transfobia., Islam , , , , ,

Irak prohibirá las palabras “homosexual” y “género” mientras las parejas del mismo sexo podrían ser ejecutadas en virtud del proyecto de ley anti-LGBT

Viernes, 1 de septiembre de 2023
Comentarios desactivados en Irak prohibirá las palabras “homosexual” y “género” mientras las parejas del mismo sexo podrían ser ejecutadas en virtud del proyecto de ley anti-LGBT

Sin títuloManifestantes homofóbicos en Irak queman dos banderas del Orgullo con X dibujadas en ellas. (Getty)

Iraq está ordenando a sus plataformas de medios que no utilicen las palabras “homosexual” o “género”.

La Comisión de Medios y Comunicaciones de Irak (CMC, por sus siglas en inglés) emitió nuevas directivas para los medios y las plataformas de redes sociales, ordenándoles que dejen de usar “homosexualidad” cuando hablen sobre personas LGBTQ+ y que en su lugar hablen solo de “desviación sexual“, que el gobierno define como “relaciones sexuales repetidas entre miembros del mismo sexo… si ocurren más de tres veces”, lo que ha avivado las llamas de la discriminación en el país.

El CMC también prohibirá la palabra “género” y prohibirá que todas las compañías de telefonía e Internet con licencia en el país la usen. Los funcionarios afirmaron que la medida tenía la intención de salvaguardar los llamados valores sociales y supuestamente mantener el orden público. Aún no se han publicado sanciones específicas por violar la política planificada, pero se espera que los castigos puedan incluir una multa.

Si bien Irak no prohíbe explícitamente la homosexualidad, las cláusulas de moralidad y percepción pública en su código penal significan que las personas LGBTQ+ son un objetivo rutinario a nivel nacional e institucional.

Un proyecto de ley que prohíbe la homosexualidad fue presentado al parlamento el mes pasado por el jefe adjunto del comité de asuntos legales, Mortada Al-Saadi, quien pidió al presidente del Consejo de Representantes, Mohammed al-halbousi, que lo incluyera en la agenda durante la sesión legislativa que comienza en Septiembre.

En este sentido, se insta a Irak a que abandone esta propuesta de ley que podría dar lugar a la ejecución de quienes sean declarados culpables de “conducta entre personas del mismo sexo”.

El político independiente iraquí Raad Al-Maliki introdujo enmiendas a la “Ley de Lucha contra la Prostitución” el 15 de agosto que convertirían las relaciones entre personas del mismo sexo en un delito penal, castigable con la pena de muerte o cadena perpetua. Cualquiera que fuera encontrado “promoviendo la homosexualidad” sería sentenciado a un mínimo de siete años de prisión, así como a una multa sustancial.

Ahora, un grupo de organizaciones benéficas, incluido el grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), han instado al gobierno iraquí a derogar la ley. “La ley anti-LGBT propuesta por Irak amenazaría las vidas de los iraquíes que ya enfrentan un entorno hostil”, dijo Rasha Younes, investigadora de derechos LGBT de HRW. Los legisladores iraquíes están enviando un mensaje atroz a las personas LGBT de que su discurso es criminal y sus vidas son prescindibles”, añadió.

Actualmente, la intimidad entre personas del mismo sexo no está prohibida en Irak. Sin embargo, las autoridades han utilizado lagunas en las llamadas cláusulas de moralidad para procesar a las personas LGBT.

También prohíbe la atención que afirma el género, lo que llama “cambio de sexo” basado en el deseo personal. Los intentos de cambiar la identidad de género se castigarían con un mínimo de un año de prisión. El castigo también se aplica a los médicos que administran atención de afirmación de género o realizan cirugías de afirmación de género.

Se hace una excepción para las personas intersexuales que requieren una intervención quirúrgica que confirme el sexo biológico, pero solo categorice a hombres y mujeres.

“El gobierno iraquí no ha logrado abordar las prácticas discriminatorias que sustentan la violencia contra las personas LGBT”, continuó Younes. “En cambio, ha promovido una legislación anti-LGBT ‘basada en la moral’ que alimenta la violencia y la discriminación contra minorías sexuales y de género ya marginadas. El gobierno iraquí debería abandonar inmediatamente la propuesta de ley anti-LGBT y poner fin al ciclo de violencia e impunidad contra las personas LGBT”.

El odio anti-LGBTQ+ ha estado aumentando en la región desde principios de año con otro proyecto de ley publicado por el gobierno regional del Kurdistán en Irak que, de aprobarse, castigaría la defensa de LGBTQ+ con hasta un año de prisión y una multa de cinco millones de dinares. (£ 3.000).

Además, Rasan, el único grupo de derechos humanos en Kurdistán que aboga por la igualdad LGBTQ+, fue prohibido por “actividades en el campo de la homosexualidad” en mayo, según Human Rights Watch.

Según el Índice de Igualdad del grupo de defensa de la comunidad LGBTQ+ Equality Index, Equaldex, que clasifica a los países en función de la igualdad queer, Irak ocupa el puesto 176 de 197.

Una Encuesta Mundial de Valores de 2017-2022 encontró que solo el dos por ciento de los ciudadanos iraquíes cree que la homosexualidad es justificable, mientras que el 55 por ciento la considera injustificable. Además, el índice comunitario de derechos LGBT Equaldex encontró que Irak es uno de los países más homofóbicos del mundo, ocupando el puesto 154 de 197. Los datos recopilados el año pasado sugieren que solo el dos por ciento de la población apoya la homosexualidad, mientras que el 55 por ciento se opone. El resto se negó a responder o afirmó no saber.

Fuente PinkNews/Agencia Nova

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Reconocen que Caster Semenya fue discriminada pero aún no puede competir

Martes, 8 de agosto de 2023
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CasterSemenya_1465732cLa Federación Internacional de Atletismo le prohibía competir por tener altos valores de testosterona.

CIUDAD DE MÉXICO, México. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó el 11 de julio que la World Athletics violó los derechos de Caster Semenya. El órgano le había prohibido a la doble campeona competir a nivel internacional dentro de la categoría femenina, a menos que, por medio de intervenciones médicas innecesarias, redujera los niveles de testosterona que naturalmente expresa su cuerpo.

Especialistas de Human Rights Watch advierten que este fallo es “técnico” pues dicen que Semenya “ganó su caso pero no el derecho a competir”.

Caster Semenya es una atleta sudafricana. Fue dos veces campeona olímpica y tres veces campeona mundial en los 800 metros planos, considerada una prueba de élite. De 2009 a 2017 acumuló, de manera consecutiva, 30 victorias en esa misma prueba, su prueba. Sin embargo, desde 2018 las autoridades de atletismo le han negado competir a nivel internacional en la categoría femenina.

“Estoy eufórica por el resultado de la sentencia. Ha tardado mucho en llegar. He luchado y seguiré luchando para que no exista discriminación en el deporte. He sufrido mucho a manos de los poderes fácticos que me han tratado mal. Han cuestionado el trabajo que he hecho para ser la atleta que soy. Mis derechos han sido violados. Mi carrera ha sido afectada. Todo ha sido tan perjudicial. Mental, emocional, física y económicamente”, expresó Caster Semenya en un comunicado.

Un caso para revisar

El fallo se da luego que en 2019 Semenya impugnara esa regulación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) pero perdió. El TAS argumentó que las reglas de la World Athletics “son una medida necesaria y razonable para garantizar una competencia justa en la categoría femenina”.

Dado que el TAS es un órgano suizo, Semenya llevó su demanda ante el Tribunal Federal Suizo pero éste la desestimó porque la World Athletics es una asociación de derecho privado de Mónaco. Pero sí concluyó que las normas violaban los derechos humanos de Semenya.

Semenya finalmente solicitó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisar su caso.

La sentencia Semenya c. Suiza – 10934/214-3 emitida este 11 de julio por el Tribunal Europeo de DDHH determinó que las “regulaciones de elegibilidad femenina” de la World Athletics —que le impidió competir desde 2018 y vivir bajo escrutinio por al menos quince años—, violaron su derecho a la no discriminación, la prohibición al trato inhumano, el derecho al respeto a la vida privada y el derecho al recurso efectivo (estos recursos incluyen el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada).

El fallo determinó que el Tribunal Federal Suizo ‘fracasó’ en defender las normas de derechos humanos aunque éste haya dicho que Semenya ha vivido discriminación. Sin embargo, la sentencia no cambia las regulaciones que, a Semenya y otras atletas como ella, les impide competir en el nivel más alto de competencia. 

Quince años de escrutinio

Cuando Semenya tenía 18 años ganó el primer lugar de los 800 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo 2009. Después de una carrera posterior a su victoria la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (ahora llamada World Athletics) le informó que debía reducir sus niveles de testosterona si deseaba continuar corriendo esa prueba en la categoría femenina en competencias internacionales.

La condición que puso World Athletics sobre Semenya en 2009 se debió a que Semenya mejoró sus propios tiempos —8 segundos menos en los 800 metros—. Entonces la WA pensó que era dopaje pero las pruebas fueron negativas. Después vino el prejuicio de que Semenya tuviera una «rara condición médica» que podría garantizar una «ventaja injusta»

Semenya que no quería dejar de competir comenzó a tomar tratamiento hormonal para reducir sus niveles de testosterona. Pero también fue obligada por la WA a someterse a una “verificación de sexo”. Allí se reportó que fue sometida a fotografías invasivas de su cuerpo y pruebas degradantes de endocrinología, ginecología, genética y psicología.

Tras esa prueba la World Athletics y el Comité Olímpico Internacional (COI) determinaron que Semenya es “hiperandrogénica”. Es decir, que su cuerpo expresa naturalmente niveles elevados de testosterona.

También vulnerada la privacidad

La WA filtró el resultado de la “prueba de verificación de sexo” a la que fue sometida y el medio The DailyTelegraph lo publicó en una nota sin perspectiva de derechos humanos en relación a las personas intersexuales. 

La filtración de esa información vulneró la privacidad de Semenya y devino en el escrutinio público, mediático y científico sobre su cuerpo, su identidad de género y su rendimiento deportivo.

Semenya se rehusó a seguir tomando medicinas para reducir su nivel de testosterona. En 2018 llevó su lucha a los tribunales para lograr que los cuerpos de las mujeres con físicos poderosos, con apariencia y expresión de género que no se apega a los estándares occidentales de feminidad, dejen de ser vigiladas, perseguidas y sometidas a pruebas de género invasivas —violatorias de derechos humanos— y obligadas a medicarse para reducir su testosterona natural.

Tribunal reconoce que las “reglas de elegibilidad” no tienen certeza científica

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo determinó que World Athletics violó los derechos humanos de Semenya, mas no anuló las normativas del “Reglamento de Elegibilidad para la Clasificación Femenina de deportistas con diferencias de desarrollo sexual”, conocidas como Regulaciones DSD.

Esta norma, actualizada en marzo pasado, regula la participación de las atletas intersex y aquellas que sus cuerpos expresan altos niveles de testosterona de manera natural. Para competir les piden que se sometan a tratamiento hormonal para que reduzcan sus niveles de esta hormona por debajo de los 2.5 nano moles por litro de sangre.

En ese sentido, lograr cambios sustanciales en las Regulaciones DSD podría tomar más tiempo. Pero Semenya dice tener esperanza.

“La justicia ha hablado pero esto es solo el principio (…) Esta decisión seguirá siendo importante para todas las deportistas al establecer dudas sobre el futuro de todas las normas similares. Mi esperanza es que World Athletics, y, de hecho, todos los organismos deportivos, reflexionen sobre las declaraciones realizadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se aseguren de que respetan la dignidad y los derechos humanos de las atletas con las que tratan”, concluyó en su comunicado.

Por una resolución final

Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no anuló las Regulaciones DSD, determinó que en éstas “hay incertidumbre científica en cuanto a su justificación”. Y agregó que “es escasa la evidencia de que las atletas con diferencias de desarrollo sexual tengan alguna ‘ventaja atlética real significativa en las carreras’”.

Por su parte, World Athletics respondió al fallo que buscarán apelar el caso ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para una decisión final y definitiva”, y siguen sosteniendo que sus regulaciones de elegibilidad femenina se mantienen pues afirman “son un medio necesario, razonable y proporcionado para proteger la competencia leal en la categoría femenina”

Desde 2019 la World Athletics se ha deslindado de una responsabilidad frente a la protección de derechos humanos. Alude que es un organismo privado que no está sujeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En 2020, la ONU calificó estas regulaciones como “mecanismos de exclusión innecesarios, humillantes y dañinos”. Reconoce que en ellas hay una forma particular de discriminación en el deporte hacia las mujeres y niñas negras, incluidas las mujeres y niñas interexuales, originarias del sur global.

“Soy una mujer y soy rápida”

Semenya no ha verbalizado de manera pública si se identifica como una mujer intersexual. Pero sí ha dicho: “Soy una mujer y soy rápida”.

En entrevistas y campañas que hablan de su poderío atlético frente a la exclusión de la World Athletics ha comentado también: “No es justo que me digan que debo cambiar. No es justo que la gente cuestione quién soy”.

Sin embargo, frente a la ola de desinformación y morbo por las características sexuales y la identidad de género de Semenya, es importante aclarar que la intersexualidad es una variación natural en el ser humano y hay muchas formas distintas de ser intersex. Por lo tanto, la intersexualidad no es una patología, no es una identidad de género, no es una orientación sexual y tampoco un “tercer género”.

Una regulación racista y sexista

Las regulaciones de elegibilidad femenina no solo han afectado a Semenya. La restricción de mujeres atletas a través de la vigilancia de sus cuerpos se remonta a la década de 1940. Desde entonces, la World Athletics y en su momento también el Comité Olímpico Internacional (COI), han determinado qué mujeres pueden competir a partir de someterlas a “pruebas de verificación de género”.

Esto está documentado en la investigación Nos están ahuyentando del deporte”: violaciones de los derechos humanos en las pruebas de sexo de las mujeres deportistas de élite publicada por Human Rights Watch (HRW). En ella se menciona que estas prácticas implican daños físicos, psicológicos y dificultades económicas para las atletas. Muchas veces el éxito en el atletismo significa mejorar sus condiciones de vida y en ocasiones una salida de los entornos de pobreza donde crecieron ellas y sus familias.

“Identificar a las atletas mediante la observación y la sospecha es una forma de controlar los cuerpos de las mujeres en función de definiciones arbitrarias de la feminidad y los estereotipos raciales”, señala HRW.

Derecho para todxs

Desde que Semenya comenzó su lucha por el derecho de todas las mujeres a correr libremente, las Regulaciones DSD se han ejercido de manera sistemática en al menos 10 atletas racializadas y originarias del sur global.

Además, desde marzo de este año las regulaciones de elegibilidad femenina de World Athletics prohíbe la participación de atletas trans.

Para la World Athletics la reglamentación que permite la exclusión de las atletas que no quepan en sus estándares de lo que es “ser mujer”,son legales y un medio necesario, razonable y proporcionado” para lograr su objetivo: “una competencia justa y significativa en el atletismo femenino”.

31 de julio de 2023
Geo González@georginagon
Edición: Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

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Casadas con hombres, atacadas y discriminadas: los abusos contra las lesbianas y bisexuales en el mundo

Jueves, 30 de marzo de 2023
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NO LESBOFOBIAUna investigación de Human Rights Watch en más de 20 países documenta cómo las mujeres lesbianas, bisexuales y ‘queer’ y las personas no binarias se enfrentan a violencia y discriminación generalizada que les impide construir relaciones, hogares y familias

Por Icíar Gutiérrez

La novia de Amani puso fin a la relación entre ambas en junio de 2021. Durante meses, sus padres habían estado “negándose a dejarla salir de casa” y “presionándola para que se casara con un hombre”. No era la primera vez, cuenta esta activista y escritora de Túnez de 27 años en un testimonio recogido por Human Rights Watch (HRW), que una mujer la dejaba por no ser un hombre, por no ser una pareja, dice, “lo suficientemente buena”.

Según explica a la organización, las mujeres queer que conoce “o bien han sido coaccionadas para casarse con un hombre o bien han roto con una novia que fue coaccionada para casarse con un hombre”. “Está en todas partes. Es el telón de fondo de nuestras vidas”, dice. Amani, denuncia HRW, corre el riesgo de sufrir violencia física, acoso sexual y detenciones arbitrarias por parte de la Policía tunecina. De hecho, ha pasado por las tres situaciones.

“La experiencia de Amani es múltiple: es objeto de ataques por ser homosexual y tener apariencia masculina; también corre el riesgo de sufrir amenazas y agresiones como activista lesbiana, y se encuentra en una situación de precariedad jurídica debido a las leyes contra el colectivo LGBT”, explica la ONG. “Además, corre el riesgo de ser detenida y acosada discriminatoriamente en la calle por ser mujer fuera de la ciudad natal de su familia, y de ser acusada reiteradamente por la policía de huir”.

Su caso sirve de introducción de un extenso informe publicado este martes por la organización especializada en derechos humanos, que documenta cómo las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y las personas no binarias de todo el mundo “se enfrentan a la violencia de las fuerzas de seguridad, familiares y otros, junto con la discriminación generalizada que les impide construir relaciones, hogares y familias”.

En una investigación en más de 20 países, Human Rights Watch denuncia cómo los regímenes legales machistas y patriarcales –como la tutela masculina, las leyes de herencia desiguales y la discriminación contra las mujeres solteras– violan los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y “las dejan en una situación de desventaja significativa en prácticamente todos los aspectos de sus vidas”. A ello se suma la discriminación en otras áreas, como el trabajo, los servicios de fertilidad, la migración o el acceso a la justicia.

Un ejemplo son los regímenes jurídicos que exigen que las mujeres obtengan el permiso de un tutor masculino para alquilar un apartamento, o que dan prioridad a los hijos varones en la herencia de tierras, a menudo significan que ninguna de las integrantes de una relación de personas lesbianas, bisexuales o queer puede alquilar, poseer o heredar una vivienda. Según datos del Banco Mundial citados en el informe, dos quintas partes de los países de todo el mundo limitan los derechos de propiedad de las mujeres, lo que representa “una barrera económica y legal a menudo insuperable” para las parejas de lesbianas, bisexuales y queer.

Erin Kilbride, investigadora de derechos LGTB y derechos de la mujer en HWR y autora del informe, explica en un comunicado que rara vez se documenta “la magnitud de la violencia brutal, la discriminación legal y el acoso sexualizado a los que se enfrentan” estas mujeres. La ONG remarca que hay una grave falta de investigación y políticas “que se centren específicamente en los derechos de las personas lesbianas, bisexuales y queer, y también ve necesario apoyar el trabajo de las activistas.

Matrimonios forzados

Tras entrevistar a 66 activistas, investigadoras, abogadas y líderes de movimientos lesbianas, bisexuales y queer entre marzo y septiembre de 2022, Human Rights Watch concluye que el matrimonio forzado es una de las diez áreas clave de abusos contra los derechos humanos que más afectan a la vida de estas mujeres.

“La heterosexualidad obligatoria, la presión para casarse con hombres y las prácticas de matrimonio coercitivo fueron los abusos más frecuentemente denunciados experimentados por las entrevistadas, incluyendo en Canadá, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malawi, México, Polonia, Sri Lanka, Tanzania, Túnez y Ucrania”, reza el informe de HRW.

Según recoge la ONG, la documentación sobre matrimonios heterosexuales forzados es escasa y cita un informe de 2019 de la organización OutRight que documentó varios casos en los que el matrimonio forzado fue la última forma de violencia infligida a una persona después de haber sido sometida a las llamadasviolaciones correctivas (en un intento de cambiar su sexualidad).

HRW escuchó historias similares a las de Amani de otras personas de todo el mundo afectadas por matrimonios con hombres a los que no querían o que no pueden abandonar. En Malawi, Asante, lesbiana, ha sido agredida físicamente dos veces por el marido de su pareja bisexual, una mujer que quiere divorciarse pero no tiene dinero para conseguirlo. Liliya, de Kirguistán, fue obligada por sus padres a casarse con un hombre a los 19 años. “No hay camino hacia la libertad si no te casas [con un hombre]”, dice Lliliya, fundadora de una organización en defensa de los derechos del colectivo.

De acuerdo con HRW, las violaciones de los derechos de propiedad de las mujeres a menudo obligan a las lesbianas, bisexuales y queer a casarse con hombres para tener acceso a la tierra y a la propiedad, lo que contribuye a las prácticas matrimoniales coercitivas e impiden a quienes se divorcian de sus maridos o enviudan inicien nuevas relaciones no heterosexuales y económicamente viables más adelante.

Impunidad

Muchas entrevistadas explican que quienes, dentro de esta comunidad, tienen apariencia masculina se enfrentan “a toda una vida de marginación económica, discriminación y acoso en el trabajo, maltrato psicológico, así como ataques de las fuerzas de seguridad y violencia física y sexual”. Activistas de Argentina, El Salvador y Kirguistán explican que estas personas “a menudo se ven obligadas a hacer trabajos precarios con prácticas laborales deficientes (trabajo agrícola, trabajo sexual y talleres de automóviles, respectivamente) o campos dominados por hombres, en los que sufren abusos físicos y sexuales”.

El informe también denuncia que la violencia policial se dirige a las personas de presentación masculina de manera diferente a sus contrapartes de apariencia femenina.

Las personas y parejas de aspecto más femenino sufren ataques en público que les obligan a limitar sus movimientos, denuncia el informe. La ONG ha recopilado relatos de nueve parejas “asesinadas o brutalmente atacadas en solo cinco países (Italia, México, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) desde 2015”. Las entrevistadas afirman que estas agresiones les llevan a “autocontrolar” sus movimientos por miedo a salir de casa con su pareja.

En este sentido, la entidad denuncia que la impunidad de los crímenes violentos contra lesbianas, bisexuales y queer es “rampante”. Pone como ejemplo el caso de Sheila Adhiambo Lumumba, lesbiana no binaria de 25 años, que en abril de 2022 fue hallada desnuda y asesinada en su dormitorio al norte de Nairobi. “Durante las semanas posteriores al asesinato, la Policía keniana no investigó adecuadamente el caso, dejando a los amigos y familiares de Sheila la tarea de recoger pruebas y grabaciones de las cámaras de seguridad”.

HRW exige a las autoridades gubernamentales que investiguen exhaustivamente y de manera transparente las denuncias de violencia y que elaboren leyes, políticas y protocolos que protejan explícitamente los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y las personas no binarias. También piden “reformar los sistemas patriarcales de control, incluidas las leyes, políticas y prácticas de tutela masculina, así como las leyes discriminatorias.

Human Rights Watch entrevistó a 60 personas en 20 países: Argentina, Canadá, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Hungría, Indonesia, Japón, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malawi, México, Polonia, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Túnez, Ucrania y Uganda.

Hizo otras seis entrevistas a activistas de Austria, Bulgaria, Alemania, Italia, Rusia y España en la Conferencia EuroCentralAsian Lesbian celebrada en Budapest del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2022.

Fuente El Diario

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Agentes fronterizos de EE.UU. expulsan migrantes LGBT+ pese a la excepción otorgada por Biden.

Viernes, 10 de junio de 2022
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E7FC6BA0-3047-4462-8654-CA66AF5E1500-768x484Human Rights Watch (HRW) advierte que las personas refugiadas LGTBI sufren “condiciones abusivas y peligrosas” en la frontera del país con México

Las personas LGTBI migrantes que huyen de la persecución en sus países de origen están sufriendo “condiciones abusivas y peligrosas” en México cuando los agentes fronterizos estadounidenses no les permiten cruzar la frontera para solicitar asilo, ha declarado Human Rights Watch (HRW).

La entidad no gubernamental, que documenta las violaciones de los derechos humanos, dijo que los agentes fronterizos estadounidenses están expulsando a las personas migrantes LGTBI a pesar de la promesa del gobierno del presidente Joe Biden de proteger a la comunidad.

Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGTBI) y otros solicitantes de asilo que huyen de la persecución en sus países de origen experimentan condiciones abusivas y peligrosas en México cuando se les impide cruzar la frontera para solicitar asilo, dijo HRW en un comunicado publicado el martes 31 de mayo. HRW llevó a cabo una investigación en coordinación con Casa de Colores, una organización estadounidense-mexicana que trabaja para brindar refugio y servicios legales a los solicitantes de asilo.

Los agentes fronterizos estadounidenses expulsan a las personas migrantes LGTBI

“Estados Unidos debe restablecer el acceso al asilo para todas las personas, pero mientras Biden se lo impida, como mínimo debe utilizar inmediatamente las exenciones existentes para los solicitantes de asilo en situación de riesgo, incluidas las personas LGTBI”, afirmó Ari Sawyer, investigador sobre cuestiones fronterizas de Estados Unidos en HRW.

“Los protocolos del gobierno estadounidense incluyen exenciones para los solicitantes de asilo que están en mayor riesgo, y el presidente Joe Biden ha prometido que los agentes estadounidenses las aplicarán. Pero los agentes fronterizos tienen una amplia discreción para conceder o denegar excepciones, y no hay consecuencias claras para los agentes que no lo hacen ni controles para garantizar que las excepciones se gestionan adecuadamente”, informó la ONG.

“Seguir expulsando sumariamente a los solicitantes de asilo LGTBI y seropositivos a México o a sus países de origen pone sus vidas en grave peligro”, añadió HRW, que dijo que dos políticas aplicadas por la administración del ex presidente Donald Trump siguen siendo empleadas por la administración Biden para bloquear el acceso al sistema de asilo a la mayoría de las personas que intentan cruzar.

Varios solicitantes de asilo LGTBI dijeron a HRW que habían sido deportados incluso después de expresar su temor a ser devueltos y de decir a los agentes fronterizos estadounidenses que se identificaban como LGTBI+, que tenían VIH o que habían sufrido abusos relacionados con su identidad de género, su expresión de género o su orientación sexual, dijo HRW.

En mayo del 2021, el Gobierno de estados Unidos abrió sus puertas a migrantes trans varados en la frontera norte de México con el otorgamiento de excepciones humanitarias a varias mujeres trans, entre ellas a Susana Coreas, migrante de El Salvador y fundadora de Casa de Colores en Ciudad Juárez.

”Los solicitantes de asilo LGBTQ+ y VIH positivos enfrentan graves riesgos para su salud y seguridad desde el momento en que huyen de sus países, a menudo después de años de abusos selectivos, hasta que llegan a la frontera de los Estados Unidos”, dijo Susana Coreas, directora de Casa de Colores.

Fuente Sin Embargo

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‘Quería ser quien soy ahora’: Tiffany dejó la violencia en Honduras para vivir en EU

Martes, 8 de febrero de 2022
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De acuerdo con el Comité de DDHH de la ONU, entre 2009 y 2020 se registraron 335 muertes violentas de personas LGBTI en Honduras

Por Eréndira Aquino
6 de febrero, 2022

Pasaron más de diez años de deportaciones, miedo, vivir en las calles y ejercer el trabajo sexual para que Tiffany, de origen hondureño, lograra cumplir sus dos sueños: transicionar como mujer y llegar a Estados Unidos.

“Quería que la gente me viera, quería ser quien ahora soy, una mujer trans… La primera vez que salí tenía 16 años, en 2011. Soy de un lugar donde predomina la Mara y yo ya estaba experimentando, ya sabía que me gustaban los hombres. A escondidas me vestía con ropa de mi mamá y de mi hermana, me maquillaba”, cuenta.

A pesar de que se ocultaba, Tiffany fue descubierta por su madre, quien le dio una golpiza, lo que motivó que saliera huyendo de su casa y de su país.

En el camino comenzó a vestirse como mujer por primera vez. Su primer círculo de apoyo fueron las trabajadoras sexuales trans de Guatemala. “Me empiezan a maquillar y con ellas me puse por primera vez un par de tacones. Salí con falda a la calle, traía brassiere… ¡Sentí que me quería comer el mundo! Aunque no podía ni caminar”, relata Tiffany con una sonrisa.

Titubea un poco, y en seguida reconoce que todo el recorrido que hizo, lo hizo sin un peso. “Ejerciendo trabajo sexual con traileros, así fue mi camino”.

Después de varios meses de tránsito, consiguió llegar a Tenosique, Tabasco, donde vivió por aproximadamente cuatro años, a la espera de conseguir documentos que le permitieran permanecer legalmente en México, pero no lo consiguió. En cambio, fue enviada por las autoridades de vuelta a Honduras, pese al riesgo en el que se encontraba.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre 2009 y 2020 se registraron 335 muertes violentas de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Honduras, de las cuales 109 ocurrieron en los últimos tres años.

Naciones Unidas ha documentado que las víctimas identificadas como parte de la comunidad LGBTI comparten rasgos como evidentes señales de tortura o castigos, violaciones, golpes en el rostro, quemaduras, heridas en distintas partes del cuerpo y muertes causadas con armas de fuego.

“Mis ilusiones empezaron a morir en la calle”

“Sufrí mucha discriminación de mi familia. El pueblo de donde soy era de puro cabrón, puro marero -integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha-. Estuve un año en Honduras de regreso, me pasaron muchas cosas. De la noche a la mañana tuve que volver a salir huyendo”, recuerda.

Al ser una mujer trans, “me tocaba estar con los mareros, aunque son homofóbicos. Practicaba sexo con ellos por miedo, pero uno de ellos me buscaba siempre que andaba tomado. Yo vivía con una amiga y estaba estudiando cosmetología, ya trabajaba en una estética”.

Según la organización Human Rights Watch (HRW), la violencia contra las personas de la comunidad LGBT en Honduras está asociada con factores económicos que derivan en una marginación sistemática que suele empezar con el rechazo y el abuso por parte de sus familias.

En un informe elaborado en 2020, HRW señaló que la discriminación en la educación y el empleo por motivos de orientación sexual e identidad de género agudizan la marginación económica, y con el tiempo dejan a muchas personas LGBT sin medios de vida estables y con pocas opciones que no sean vecindarios de bajos recursos, a menudo controlados por pandillas.

Era el caso de Tiffany, quien vivía con miedo, hasta el día en el que no pudo soportar más los insultos que el “marero” que la buscaba le gritó.

“Fue tanta mi cólera, porque ya tenía que soportar que no me gustaba, y después quiso seguirme humillando… No me aguanté y vulgarmente le respondí que él era más puto que yo, porque después de comerse el tigre le tenía miedo al cuero” detalla.

En seguida sintió el golpe de la botella de alcohol que sostenía su agresor contra su rostro, y comenzó a sangrar. Salió corriendo y no tuvo tiempo de más que tomar su bolso de maquillaje y salir del cuarto que rentaba. Durmió en otra casa esa noche y a la mañana siguiente volvió a cruzar la frontera hacia Guatemala.

Esta vez Tiffany no quiso cruzar por Tabasco, y prefirió probar suerte en Tapachula, Chiapas. Era junio de 2019 y la ciudad se encontraba saturada debido a la entrada de una caravana migrante. No había lugar en los albergues y los servicios de migración se encontraban saturados.

“Traía todavía las heridas de los vidrios. Fui a derechos humanos y les conté mi historia. Me canalizaron con la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por sus siglas en inglés) y COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados)”, donde su trámite nuevamente se estancó.

Hasta una tarde en la que fue vista por un conocido de Honduras en Tapachula, quien contó por redes sociales que la había encontrado en México. De inmediato recibió mensajes de su hermana advirtiéndole que en su pueblo ya se sabía dónde estaba.

“Presenté los mensajes de Whatsapp a la COMAR y me dieron un traslado para la Ciudad de México. Por un momento me sentí esperanzada porque había avanzado más allá de Chiapas pero mi vida fue un infierno… lo más difícil estaba por comenzar”.

Sin redes de apoyo ni papeles para poder trabajar, al llegar a la Ciudad de México Tiffany se vio en la necesidad de volver a realizar trabajo sexual.

“Yo solo buscaba una lugar donde vestirme de mujer, tener un empleo normal… la vida que siempre soñé, pero cometí la equivocación de darle mis papeles a guardar a una de las “madrotas” -encargadas de los puntos de trabajo sexual-. Ella desapareció un día con mis cosas. No la volví a ver”.

El tiempo en el que Tiffany estuvo en la Ciudad de México coincidió con el inicio de la pandemia de COVID, lo que complicó aún más su situación: “los clientes bajaron mucho, iban puros que consumían piedra o cristal… ya no había gente que quisiera pagar por servicios sexuales, a lo más, pedían que le compraras alguna droga y ofrecían compartirla a cambio de compañía”.

“Empecé a consumir drogas y en un abrir y cerrar de ojos mi vida dio un cambio. Ya no tenía para pagar hotel. Todas las ilusiones con que venía empezaron a morir en la calle. Mis papeles de migración no salían y yo me hundía cada vez más en la prostitución”, lamenta.

La sororidad trans cruza fronteras

“Es bonito reírse cuando ya estás acá, pero no creas, cuando lo estás viviendo solo tienes miedo de las cosas que pueden pasar”, cuenta entre carcajadas Tiffany, quien actualmente se encuentra en Texas, Estados Unidos, después de una aventura que le llevó meses, y pudo ser posible gracias al apoyo de otras mujeres trans.

La primera en tenderle la mano fue Victoria, quien coordina una organización llamada LLeca-Escuchando la calle. Cada martes, acompañada de voluntarios, acude al Monumento a la Revolución por las noches, para regalar comida y ropa a las mujeres que ejercen el trabajo sexual.

“Ahí fue donde conocí a Victoria, que nos regalaba comida y ropa. Haz de cuenta que en Revolución se forman como 100 trabajadoras sexuales, algunas entaconadas o descalzas, todas con sus pelucas, en lencería o vestidas, pero están formadas por un taco”. Poco a poco su relación comenzó a ser más cercana.

La ayuda de Victoria, cuenta, fue crucial para que pudiera salir del trabajo sexual y del consumo de drogas. Por voluntad propia acudió a un centro de desintoxicación y estuvo internada tres meses, en los que se recuperó, hasta el día en el que salió y pocas horas después le informaron por teléfono que una de sus amigas, quien estuvo anexada con ella, había fallecido.

“No es excusa, pero es algo que no supero hasta el día de hoy. Después de eso empecé a tomar, recaí, pero Victoria y otras chicas del trabajo me dijeron que tenía que valer la pena el esfuerzo que había hecho”. Pero lo que definitivamente la hizo decidir que ya no quería esa vida fue presenciar el ataque contra una de sus compañeras por parte de una madrota. Consiguió la dirección de Victoria, y sin invitación, acudió a tocar su puerta.

Aquella noche, recuerda Victoria, “ni siquiera la esperábamos. Ya que llegó la invité a pasar, se sentó a cenar cereal y de repente un taxista tocó a la puerta para preguntar por ella porque no había pagado”.

Tiffany ríe y reconoce que no tenía para pagar, que de hecho acudió con Victoria porque no tenía dinero para comprar algo que comer, menos aún alquilar una habitación para dormir.

Victoria vive en un departamento de dos habitaciones, en el que desde que comenzó la pandemia da alojamiento a trabajadoras sexuales que se encuentran en situación de calle, y desde aquel día ella era una más de sus huéspedes. Sin embargo, a diferencia de sus compañeras, debía vivir encerrada, ante el miedo de que pudieran hacerle algo por haber sido testigo de la agresión a su compañera.

Mientras las otras huéspedes de Victoria le retribuían el apoyo yendo con ella a dejar comida a las trabajadoras sexuales o llevando ropa, Tiffany colaboraba con las labores del hogar y la preparación de los alimentos. Se encontraba segura mientras no saliera del departamento, pero no pasó mucho tiempo antes de que decidiera que no quería vivir más así.

Consiguió que una amiga que vive en Estados Unidos le enviara dinero para que intentara cruzar la frontera y, en cuanto lo tuvo en sus manos, pagó su pasaje rumbo a Reynosa, Tamaulipas, donde ya la esperaba un ‘coyote’ para llevarla hasta Texas.

“Desgraciadamente después de que me cruzaron, ya en Texas, me subieron a una patrulla y me regresaron por el puente fronterizo. El de migración nos dijo “Bienvenidos a México” y en ese momento rompí en llanto, me arrodillé y grité. Sentí que se me venía el mundo encima”, relata.

Llevaba el dinero contado y tenía días sin comer. Aún con la ropa mojada por haber cruzado por el río, y de vuelta en México, Tiffany pensó que su única opción sería regresar a la capital y ejercer el trabajo sexual. Victoria le mandó 200 pesos para que comprara comida. Con lo que sobró, recuerda que pagó una hora de servicio en un café internet.

“Me fui a meter al café internet y llorando le conté a una amiga que vive en Nueva York que me habían regresado, que estaba mal y no sabía que hacer. Ella me dio el número de mamá Susana. Me dijo que le explicara la verdad de lo que estaba pasando y ella me iba a ayudar sin pensarlo”.

Y así fue como estableció contacto con la directora del albergue Casa de Colores, que apoya a mujeres trans migrantes a llegar a Texas, Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida y de seguridad, en los casos en que son víctimas de amenazas y persecución.

“Que sea lo que Dios quiera”

La noche en que realizamos la entrevista, Tiffany se encuentra nuevamente realizando maletas. A la mañana siguiente, tiene un vuelo programado para viajar de Texas a California, en donde la esperan integrantes de Translatina, otra asociación que apoya a migrantes, quienes le brindarán alojamiento y la apoyarán para buscar ofertas educativas y de empleo.

Entre risas muestra un lápiz labial, una paleta de sombras y un rimel que se llevó de la casa de Victoria cuando partió a Reynosa. “Llegué solo con la ropa puesta, lo único que traía era el maquillaje en el brassiere para poder retocarme donde fuera”.

Llegar a Ciudad Juárez -donde se encontraba el cruce fronterizo en el que Susana y Casa de Colores podían ayudarla- tampoco fue sencillo. Victoria y sus amigas de la capital juntaron el dinero justo para que comprara el boleto de autobús y tuvo que pasar más de un día sin comida.

Después de años, por fin, pudo cruzar a los Estados Unidos, gracias a que Casa de Colores cuenta con una excepción al Título 42, normativa establecida por el gobierno del expresidente Trump para expulsar migrantes de su territorio. Fue recibida en un hogar donde lo primero que le dijeron era que eligiera la ropa y los zapatos que quisiera, mismos que ahora lleva consigo rumbo a su nueva vida.

“Llevo muchos años ejerciendo el trabajo sexual. Ahora tengo la oportunidad de estar acá, y la verdad todavía no sé para donde voy, pero estoy segura que se me van a abrir muchas puertas. Quiero estudiar inglés y alguna otra cosa para no volver a tener que emplearme en lo mismo”, confiesa.

Ahora que está segura en otro país, solo espera “que sea lo que Dios quiera”.

Fuente Animal Político

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Malasia presiona para que la ley Sharia sea más dura con los musulmanes LGBT + mientras compite por un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Miércoles, 14 de abril de 2021
Comentarios desactivados en Malasia presiona para que la ley Sharia sea más dura con los musulmanes LGBT + mientras compite por un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

 malaysia-protest-trans-lgbt-governmentLos manifestantes se reúnen frente a una mezquita en Malasia en 2011 para instar al gobierno a reconocer a la comunidad LGBT + (Mohd Rasfan / AFP / Getty)

Malasia está presionando para que la ley Sharia sea más dura contra los musulmanes LGBT +, incluso cuando hace una oferta para un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El martes (6 de abril), el gobierno de Malasia anunció planes para avanzar con una enmienda a la Ley de Tribunales de la Sharia que permitiría imponer castigos más severos a la comunidad LGBT +.

Las estrictas leyes islámicas del país ya penalizan cualquier forma de sexo anal u oral con hasta 20 años de prisión y azotes obligatorios, pero los ministros quieren impulsarlo aún más.

El ministro de asuntos religiosos, Datuk Zulkifli Mohamad, ha respaldado enérgicamente la enmienda, inicialmente presentada por su adjunto, que aumentaría drásticamente los límites máximos de sentencia que los tribunales de la sharia pueden imponer contra los delitos de la sharia.

Las personas LGBT + están “violando las normas” del comportamiento humano, declaró el ministro mientras defendía la propuesta. “No podemos aceptar tales prácticas. Solo necesitamos manejar el problema con sabiduría, invitándolos y educándolos para que regresen al camino correcto ”, informó Free Malaysia Today.

La insistencia del gobierno en leyes draconianas anti-LGBT + fue criticada por el Joint Action Group for Gender Equality (JAG) -Grupo de Acción Conjunta para la Igualdad de Género (JAG)-, una coalición de 14 organizaciones de derechos de las mujeres en Malasia.

En declaraciones a Malay Mail,  el grupo recordó al gobierno de Malasia su intención de unirse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo que se opone a todo lo que representa la enmienda de la ley Sharia. “Es irónico que estas medidas discriminatorias propuestas, una clara violación de los derechos humanos, coincidan con la candidatura del ministro de Relaciones Exteriores, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, de integrar Malasia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, dijeron. “La decisión del gobierno de seguir adelante con una sentencia más severa contra las personas musulmanas LGBT + estaría en contradicción con la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Como tal, JAG solicita al gabinete de ministros que evite que la propuesta se presente en la próxima sesión parlamentaria y que se abstenga de perseguir a la comunidad LGBT +“.

JAG dijo que también le preocupa que el ministro de asuntos religiosos, Zulkifli, haya respaldado abiertamente los programas de terapia de conversión administrados por el gobierno al enmascararlos como un enfoque más suave. “Aquellos que se dirigen principalmente a mujeres transgénero, lesbianas y gays hacen cumplir la violencia prolongada y sancionada por el estado contra las mujeres”, agregaron, y señalaron que esto contradice las protecciones contra la discriminación de la constitución de Malasia.

La poderosa declaración está firmada conjuntamente por 10 organizaciones, incluidas Women’s Aid Organisation, All Women’s Action Society (Awam), Sisters in Islam (SIS), and Justice for Sisters.

La Ley 355 limita las sentencias que pueden imponer los tribunales de la sharia. La sentencia actual bajo la ley incluye tres años de prisión, una multa de RM5,000 (£ 905) y seis golpes con un bastón.

Sin embargo, el viceministro de Asuntos Religiosos, Ahmad Marzuk Shaary, Marzuk dijo que este castigo “no estaba teniendo mucho efecto en el grupo de personas”. Dijo que “Todas las agencias religiosas estatales y los encargados de hacer cumplir la ley han recibido instrucciones de tomar medidas contra aquellas [personas LGBT +] que no se comporten en consecuencia”.

Neela Ghoshal, directora asociada de derechos LGBT + de HRW, dijo que los estatutos estatales y federales de Malasia que criminalizan a las personas LGBT + están “ya fuera de los límites” con respecto al derecho internacional. Agregó que el gobierno del país “parece hundirse aún más en su desprecio por los derechos humanos. En lugar de aumentar las sanciones por acciones que no perjudican a nadie, el gobierno debería derogar esas sanciones”, dijo Ghoshal.

Los 13 estados y el territorio federal de Malasia penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y la no conformidad de género. El código penal federal también castiga cualquier forma de sexo anal u oral con hasta 20 años de prisión y azotes obligatorios.

Marzuk también propuso que ser trans y producir o compartir contenido de redes sociales considerado “obsceno e indecente” podría ser un delito específico bajo la Ley 355. Esto incluiría producir o compartir imágenes de expresión de género no conforme.

La activista transgénero Nisha Ayub dijo: “En Malasia, las personas transgénero viven con el temor de ser atacadas y procesadas simplemente por ser quienes somos. ¿No somos parte de la sociedad? ¿No se supone que estamos protegidos por las leyes como los demás?

Activistas de derechos humanos de Malasia dijeron que los tribunales nunca habían impuesto penas con azotes, que son una forma de tortura según el derecho internacional, por conducta entre personas del mismo sexo antes de 2018. Pero en septiembre de 2018, el estado de Terengganu impuso una condena con azotes contra dos mujeres acusadas de intento relaciones entre personas del mismo sexo. En noviembre de ese año, el tribunal de la Sharia de Selangor condenó a cinco hombres a multas, encarcelamiento y azotes, mientras que otros que se declararon no culpables están a la espera de juicio.

En julio de 2020, el ministro de asuntos religiosos, Zulkifli Mohamad, publicó una publicación en Facebook que otorgaba “licencia completa” a los agentes federales para arrestar a personas transgénero y “asesorarlas” o “educarlas” para que “vuelvan al camino correcto”.

Escalada de LGTBfobia pese al cambio político en Malasia

whipping_bernama_020317_03En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían a principios de este mes de septiembre seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa. Y en 209, el ministro de turismo Datuk Mohamaddin bin Ketapi  afirmaba en un evento en Alemania, que “No hay gays en Malasia”.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

240_f_91794336_7p8lv2bh0kbuky7jtsfknzjnmrl2bndyEspecialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Malasia pretende aumentar las sanciones a personas LGTB+

Viernes, 29 de enero de 2021
Comentarios desactivados en Malasia pretende aumentar las sanciones a personas LGTB+

malaysia-protest-trans-lgbt-governmentManifestantes frente a una mezquita en Shah Alam, cerca de Kuala Lumpur, el 4 de noviembre de 2011 para instar al gobierno de Malasia a que reconozca a la comunidad LGBT +. (MOHD RASFAN / AFP a través de Getty Images)

Se ha instado al gobierno de Malasia a que renuncie a la propuesta de un ministro del gabinete de aumentar las sanciones penales contra las personas LGBT +.

Human Rights Watch (HRW) dijo que el intento de fortalecer las sanciones penales contra los malasios LGBT + es el último de una serie de medidas para cimentar una postura anti-LGBT + y anti-derechos humanos bajo el gobierno del primer ministro.

El viceministro de Asuntos Religiosos, Ahmad Marzuk Shaary, propuso enmiendas a la Ley de Tribunales de la Sharia (Jurisdicción Penal) (Ley 355) que permitirían a los tribunales estatales dictar sentencias más severas para las relaciones entre personas del mismo sexo que la sentencia máxima actual permitida por la ley federal.

La Ley 355 limita las sentencias que pueden imponer los tribunales de la sharia. La sentencia actual bajo la ley incluye tres años de prisión, una multa de RM5,000 (£ 905) y seis golpes con un bastón.

Sin embargo, Marzuk dijo que este castigo “no estaba teniendo mucho efecto en el grupo de personas”. Dijo: “Todas las agencias religiosas estatales y los encargados de hacer cumplir la ley han recibido instrucciones de tomar medidas contra aquellas [personas LGBT +] que no se comporten en consecuencia”.

Neela Ghoshal, directora asociada de derechos LGBT + de HRW, dijo que los estatutos estatales y federales de Malasia que criminalizan a las personas LGBT + están “ya fuera de los límites” con respecto al derecho internacional. Agregó que el gobierno del país “parece hundirse aún más en su desprecio por los derechos humanos. En lugar de aumentar las sanciones por acciones que no perjudican a nadie, el gobierno debería derogar esas sanciones”, dijo Ghoshal.

Los 13 estados y el territorio federal de Malasia penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y la no conformidad de género. El código penal federal también castiga cualquier forma de sexo anal u oral con hasta 20 años de prisión y azotes obligatorios.

Marzuk también propuso que ser trans y producir o compartir contenido de redes sociales considerado “obsceno e indecente” podría ser un delito específico bajo la Ley 355. Esto incluiría producir o compartir imágenes de expresión de género no conforme.

Actividad transgénero Nisha Ayub dijo: “En Malasia, las personas transgénero viven con el temor de ser atacadas y procesadas simplemente por ser quienes somos. ¿No somos parte de la sociedad? ¿No se supone que estamos protegidos por las leyes como los demás?

Activistas de derechos humanos de Malasia dijeron que los tribunales nunca habían impuesto penas con azotes, que son una forma de tortura según el derecho internacional, por conducta entre personas del mismo sexo antes de 2018. Pero en septiembre de 2018, el estado de Terengganu impuso una condena con azotes contra dos mujeres acusadas de intento relaciones entre personas del mismo sexo. En noviembre de ese año, el tribunal de la Sharia de Selangor condenó a cinco hombres a multas, encarcelamiento y azotes, mientras que otros que se declararon no culpables están a la espera de juicio.

En julio de 2020, el ministro de asuntos religiosos, Zulkifli Mohamad, publicó una publicación en Facebook que otorgaba “licencia completa” a los agentes federales para arrestar a personas transgénero y “asesorarlas” o “educarlas” para que “vuelvan al camino correcto”.

Escalada de LGTBfobia pese al cambio político en Malasia

whipping_bernama_020317_03En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían a principios de este mes de septiembre seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».

Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa.

Un entorno difícil para las personas LGTB

Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.

La LGTBfobia social y política imperante en Malasia ha llevado a situaciones que rozan el absurdo, y que hemos recogido en esta misma página. En febrero del año pasado, en un vídeo promovido por el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia se sugería a los homosexuales que «aprender» a ser hetero es como iniciarse en la equitación. En febrero de este año nos hacíamos eco de un artículo que ejemplificaba la estigmatización de la comunidad LGTB también desde los medios de comunicación. En abril, nos enterábamos de que la Universidad de Ciencias de Malasia (USM) celebró un concurso de carteles para “convertir”alumnos gays en heterosexuales. Y en mayo que el gobierno de Malasia ha comenzado a bloquear páginas LGTB+, incluido el portal Utopia-Asia que es la principal fuente de información para viajeros gais en la región.

Otros ejemplos son el anuncio de censura de programas con personajes homosexuales; la censura de una escena de La Bella y la Bestia, de la que ya hemos hablado, y de una canción de Lady Gaga o la cancelación de un Festival que se celebraba desde 2008 para promover el respeto a la diversidad sexual.

240_f_91794336_7p8lv2bh0kbuky7jtsfknzjnmrl2bndyEspecialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de  T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Ser LGBTI en el Triángulo Norte de América Central es vivir en peligro

Martes, 20 de octubre de 2020
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Screenshot_2020-10-13 centralamerica_lgbt1020sp_web pdfPor Paula Rosales, desde El Salvador

Foto: Portada informe Human Rights Watch (HRW)

Los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica no han hecho los esfuerzos suficientes para garantizar la integridad y seguridad de las personas LGBTI en sus países. Por eso,  muches se ven obligades a escapar principalmente a Estados Unidos donde rechazan su solicitud de asilo, señala un informe realizado por la organización Human Rights Watch (HRW).

El informe “Vivo cada día con miedo’: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos” recoge los testimonios de 116 personas de los tres países.

El Estado y las pandillas: principales amenazas

Según el estudio de HRW, los principales actores que atentan contra la comunidad son los cuerpos de seguridad del Estado, como policías, soldados, las pandillas, el crimen organizado y sus propias familias, sin que los estados garanticen su protección.

“Los gobiernos del Triángulo Norte no brindan una protección adecuada a las personas LGBT contra la violencia y la discriminación, y que estas deben sortear graves obstáculos si intentan obtener asilo en Estados Unidos”, señaló Human Rights Watch en un comunicado.

Los gobiernos de los tres países son conservadores, como el del hondureño Juan Orlando Hernández y el guatemalteco Alejandro Giammattei, o el estilo totalitario del salvadoreño Nayib Bukele, quién suprimió la dirección de la diversidad sexual en 2019 y adoptó otras medidas que contravienen los derechos de la población como la anulación de la única línea telefónica para recibir denuncias de discriminación y ataques.

Huyendo de la pobreza y los altos niveles de violencia, miles de centroamericanos salen de sus países en busca de mejores oportunidades. Desde 2018, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, formaron caravanas de migrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos, muchos perdieron la vida y fueron deportados hacia sus países.

Trump y el rechazo de Estados Unidos

El éxodo desató el enojo del presidente Donald Trump, quien reforzó las medidas de seguridad en las fronteras y coordinó estrategias de contención de los países de origen para frenar el flujo de personas.

El presidente estadounidense Donald Trump también anunció el 20 de abril, en el marco de la crisis por coronavirus, que su país estableció la suspensión temporal de peticiones de asilo humanitario, afectando a la población de la diversidad sexual.

Para las organizaciones defensoras de los derechos LGBTI, esta política pone en riesgo de muerte a las personas migrantes que huyen de sus países de origen para salvar su vida.

“Para algunas personas LGBT de la región, pedir asilo en Estados Unidos es la única esperanza de seguridad. Pero el gobierno de Trump lo impide de todas las maneras posibles”, expresó Neela Goshal investigadora sénior sobre derechos de las personas LGBT de HRW.

Sin condena para los crímenes de odio

Human Rights Watch destaca que tanto Honduras como El Salvador han aprobado leyes sobre delitos de odio en los últimos 10 años, pero ninguno de estos países ha impuesto condenas por esos delitos.

En julio, en un fallo inédito, tres policías fueron condenados a 20 años de prisión, luego que un juez los encontrara culpables de asesinar con brutalidad a la mujer trans, Camila Díaz, sin embargo, el agravante de crimen de odio no fue incluido.

Camila Díaz, que era perseguida por la pandilla Barrio 18, viajó a Estados Unidos y solicitó asilo, pero le fue denegado por las autoridades.

Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), dijo a Presentes que en Centroamérica no existen las condiciones necesarias para que la población LGBTI pueda desarrollarse plenamente, debido a políticas de exclusión y discriminación, muchas veces impulsadas desde el Estado.

“Vivimos en países cimentados por sistemas o patrones heteropatriarcales y a esto se le suma a la crisis económica, política y de poca transparencia, que también contribuyen a que no se obtengan esos medios necesarios para asegurar el sostenimiento de la vida de las personas LGBTI y de sus familias”, dijo a Rodríguez a Presentes.

Según COMCAVIS registra desde 2015 hasta la fecha, unas 450 personas de la población LGBTI han salido del país, en busca de protección internacional, mientras que de enero a junio de 2020, unas 110 personas se debieron desplazar, en el contexto de la pandemia, por razones de violencia, persecución y amenazas en El Salvador.

Fuente Agencia Presentes

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10.000 niños estadounidenses se salvaron de la terapia de conversión

Viernes, 5 de julio de 2019
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10000-ninos-estadounidenses-se-salvaron-de-la-terapia-de-conversion_leftSe calcula que unos 10,000 estadounidenses LGBT+ han sido protegidos de la terapia de conversión después de que las prohibiciones estatales hicieran que la desacreditada práctica fuera ilegal para los menores en 18 estados, según un estudio.

El Instituto Williams de la UCLA informó que en los siete años transcurridos desde que California se convirtió en el primer estado en prohibir la terapia de conversión para menores, miles de niños de entre 13 y 17 años se han librado de la terapia dañina, aunque miles más están en riesgo mientras que sigue siendo legal en la mayoría de los estados.

El estudio estima que alrededor de 16.000 jóvenes LGBT de entre 13 y 17 años de edad recibirán terapia de conversión de un profesional de la salud autorizado antes de cumplir los 18 años, y aproximadamente 57.000 más se someterán al tratamiento de un asesor religioso o espiritual.

La terapia de conversión es “una serie de prácticas peligrosas y desacreditadas que afirman falsamente que cambian la orientación sexual o la identidad o expresión de género de una persona”, según . Se ha practicado en los EE.UU. durante más de un siglo, a menudo utilizando técnicas de aversión como las descargas eléctricas, el calor o las náuseas inducidas.

California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker. En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado junio Maine.

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

Pero en el resto de los estados donde es legal, los padres pueden obligar a sus hijos a participar en la terapia en contra de su voluntad. Esta práctica nociva se compara a menudo con la tortura y está relacionada con un mayor riesgo de depresión, suicidio y drogadicción.

La opinión pública está cambiando

Al realizar encuestas de opinión pública a nivel nacional, el estudio de la UCLA encontró que la mayoría de las personas en los EE.UU. apoyan poner fin al uso de la terapia de conversión en menores de 18 años.

El estudio agregó que una encuesta nacional de 2019 realizada por Ipsos/Reuters encontró que el 56% de los adultos de EE. UU. apoyan que es ilegal que los profesionales de la salud mental realicen la terapia en menores de 18 años, en comparación con una minoría (18%) que piensa que debería ser legal.

El 10 de junio, Alemania anunció planes para prohibir la práctica en el transcurso del año, y el Ministro de Salud, Jens Spahn, dijo: “La homosexualidad no es una enfermedad, por lo que no necesita ser tratada. La investigación científica desde finales de la década de 1940 ha sido notablemente consistente en que la orientación sexual y la identidad de género son notablemente resistentes a los esfuerzos por cambiar”, dijo a NBC News Catherine Lugg, profesora de la Graduate School of Education de la Universidad de Rutgers. “Desde la década de 1970, ninguna organización médica creíble ha afirmado que uno puede cambiar -o, por implicación, debería cambiar- su orientación sexual y/o identidad de género”.

Una tendencia creciente a la prohibición

Además de Austria, Alemania y Malta, país donde la ley lleva en vigor desde 2016, también Irlanda y el Reino Unido están dando pasos en la misma dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (y no solo debido al escándalo de la diócesis de Alcalá: otros casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias. En 2018, el Parlamento Europeo adoptó un texto no vinculante en el que se pedía a los miembros de la UE que prohibieran esta práctica, y Malta y España fueron los primeros en tipificarla como delito.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Cromosomax/Cristianos Gays

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Human Rights Watch critica a Japón por seguir esterilizando a las personas trans

Lunes, 25 de marzo de 2019
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indiceLa ONG presenta un demoledor informe contra Japón después de que el país ratifique la ley que obliga a las personas que buscan un cambio de género legal a someterse a esterilización. 

El pasado mes de enero el Tribunal Supremo de Japón ratificó la Ley 111 contra la que Takakito Usui, un hombre trans, había puesto una demanda. Según la Ley 111 cualquier persona que quiera cambiar su género legal “no puede tener glándulas reproductivas, o éstas han de haber perdido permanentemente su función“. Es decir, que se han de someter a un proceso de esterilización.

No solo eso, la Ley 111 (aprobada en 2003) también obliga a las personas trans a “poseer un cuerpo que parezca tener partes similares a los órganos genitales del género opuesto“. Efectivamente, además de esterilizarte también tienes que someterte sí o sí a una reasignación de sexo.

Y si no, no existes. Como declaró Usui después de la sentencia que tumbó su caso legal, “lo esencial no debería ser si te has hecho una operación o no, sino cómo quieres vivir como individuo“.

Tras esa sentencia del Supremo la ONG Human Rights Watch se puso a trabajar y durante dos meses ha entrevistado a 48 personas trans que viven en Japón y a varios abogados, doctores y académicos por todo el país. El resultado del informe es demoledor: “El procedimiento en Japón para cambiar el género legal de un individuo es regresivo y dañino“. Sí, he traducido “regressive” como “regresivo” porque puede significar tanto “retrógrado” como “contraproducente” y causalmente esa Ley es esas dos cosas.

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Como explica Kanae Doi, directora de Human Rights Watch en Japón, el país “debe defender los derechos de las personas trans y dejar de obligarlas a someterse a una cirugía para ser legalmente reconocidas“. El informe, titulado “Un obstáculo muy alto: El Abusivo Proceso de Reconocimiento Trangsénero Legal“, añade en su resumen que “la legislación en concreto -conocida como la ‘Ley de Casos Especiales de Desorden de Género’- es contraria a la legislación sobre derechos humanos internacional y a las últimas prácticas médicas internacionales.” Una ley que,añade Kanae Doi, “está basada en una premisa anticuada que trata la identidad de género como una ‘enfermedad mental’ y debe ser revisada urgentemente“.

Hace unos meses la Seguridad Social japonesa anunciaba la creación de un programa para ayudar a las personas trans a costear las operaciones necesarias para cumplir los requisitos legales. Y es que desde que se supo que Tokyo sería la sede de los JJ.OO. de 2020, el país nipón parecía haber empezado ligeros pasos hacia la igualdad del colectivo LGTB+ al, por ejemplo, prohibir a sus hoteles discriminar a parejas gais e incluso empezando a promover políticas contra la discriminación del colectivo. Es posible, como han señalado varios activistas LGTB+ de Japón, que los Juegos Olímpicos sean una oportunidad para que el país se abra a Occidente y comience a adoptar valores sociales más progresistas.

FuenteHuman Rights Watch, vía HazteQueer

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No longer alone, la campaña lanzada por Oriente Medio contra la LGTBfobia

Jueves, 26 de abril de 2018
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no-longer-aloneNo longer alone (Nunca más Solos) es el nombre que recibe la campaña dirigida por la Fundación Árabe por las Libertades y la Igualdad (AFE) y la organización Human Rights Watch (HRW), entidades que trabajan por los derechos humanos, causas LGTB e igualdad, ejerciendo una labor de concientización sobre la realidad de la población LGTB.

En el video han participado alrededor de 34 activistas y personas LGTB en el que nos exponen su vida y relatan su realidad. Provenientes de los distintos países que conforman el medio oriente, buscan abrir una brecha en medio de la constante violencia tanto social, física y moral que aún se ejerce contra la población diversa en estos lugares.

“Figuras religiosas, el Gobierno, tus padres… Todos quieren opinar sobre lo que haces con lo que tienes entre las piernas. Quiero recordarles que no es su problema, que nuestros cuerpos, deseos e ideas son solo nuestras. Si no les gusta lo que somos, ustedes son los que están equivocados” Rima, Lybia.

La población LGTB en los países árabes se enfrenta constantemente a la criminalización de su orientación sexual e identidad de género. Es muy difícil que las personas expresen libremente su sexualidad en público, debido a las mismas leyes impuestas que ilegalizan este tipo de acciones, que bien analizadas deberían hacer parte de la misma naturalidad.

Estos jóvenes activistas arriesgan su vida en la lucha contra la LGTBfobia, una situación que trasciende incluso en el mismo desarrollo del activismo, el cual se debe ejercer a puerta cerrada y siempre a escondidas por evasión al castigo, sanciones o la misma pena de muerte.

“No queremos dar la imagen de víctimas, queremos contar nuestra realidad, que también tiene violencia, pero queremos enseñar lo positivo”.

En el mundo la diversidad crece en poder y visibilización, el miedo a ser quien realmente somos no puede impedir alzar nuestra voz, por ello cada vez se hace más necesario encontrar escenarios que nos permitan testificar que no estamos solos, y que tenemos el deber de unirnos para hacer valer nuestros derechos.

Fuente Oveja Rosa

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Human Rights Watch (HRW) acusa a la Policía de Chechenia de intentar “purgar” de la sociedad a homosexuales

Martes, 30 de mayo de 2017
Comentarios desactivados en Human Rights Watch (HRW) acusa a la Policía de Chechenia de intentar “purgar” de la sociedad a homosexuales

chechenia-colectivo-lgtb-manifestaciones-696x522“Mucho de los hombres detenidos han huido de Chechenia, pero mientras sigan en Rusia se enfrentan a un doble riesgo de ser perseguidos por las fuerzas de seguridad chechenas y por sus propios familiares”. 

La organización internacional Human Rights Watch ha elaborado un informe de 42 páginas sobre Chechenia, basado en entrevistas con víctimas que han escapado de la purga homófoba de esta república semiautónoma de la Federación de Rusia. El documento explica cómo, con el apoyo y el permiso del Kremlin, Ramzán Kadýrov, presidente de la República de Chechenia, ha construido un régimen tiránico y autocrático que viola los derechos humanos de los disidentes, entre los que se incluyen los hombres homosexuales (sin descartar otras posibles víctimas LGTB). La citada ONG pide al presidente federal, Vladimir Putin, que se haga justicia y que se proteja a las víctimas, así como a los periodistas amenazados por informar sobre el tema en Rusia.

Human Rights Watch (HRW) ha acusado en un informe a la Policía de Chechenia de detener, torturar, golpear y humillar a decenas de hombres homosexuales y bisexuales en un intento por “purgarles” de la sociedad chechena.

A principios de mayo, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que solicitaría al fiscal general, Yuri Chaika, y al ministro del Interior, Vladimir Kolokoltsev, que apoyen las investigaciones iniciadas desde la Comisión de Derechos Humanos sobre las supuestas violaciones de Derechos Humanos del colectivo homosexual en Chechenia.

HRW ha pedido a Rusia que garantice que su investigación sobre estas acusaciones será eficaz y que perseguirá a las autoridades chechenas correspondientes en el caso de que se demuestre que han cometido abusos con los homosexuales.

“Los hombres sometidos a estas purgas de homosexuales han sufrido un terrible cautiverio en Chechenia”, ha asegurado el director sobre derechos de la comunicad LGTB de HRW, Graeme Reid. “El Kremlin debe llevar ante la justicia a aquellos responsables de la violencia y proteger a toda la población rusa, sin importar su orientación sexual”, ha añadido.

La organización no gubernamental ha señalado que la Policía de Chechenia mantiene encerrados a los hombres en varios centros de detención no oficiales, en los que también se encontraban drogadictos y supuestos insurgentes. Las autoridades golpeaban y electrocutaban a los detenidos y animaban a otros reclusos a pegar y humillar a los hombres homosexuales.

 HRW también ha llamado a la comunidad internacional a proporcionar un refugio seguro a las víctimas, que permanecen en riesgo de sufrir daños físicos si continúan en Rusia.

“Mucho de los hombres detenidos han huido de Chechenia, pero mientras sigan en Rusia se enfrentan a un doble riesgo de ser perseguidos por las fuerzas de seguridad chechenas y por sus propios familiares”, ha asegurado la organización en un comunicado.

Chechenia es un país de mayoría musulmana muy conservador en el que la homosexualidad llegar a ser considerada como una práctica que va en contra del honor familiar.

El periódico ruso ‘Novaya Gazeta’ informó en abril de que las autoridades chechenas mantenían detenidos a más de un centenar de hombres por ser homosexuales. Al menos tres de ellos han muerto a manos de las autoridades, según este medio.

Fuente Cáscara Amarga

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“No hay lugar en Indonesia para las personas LGTB”, dice el gobierno

Martes, 16 de agosto de 2016
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indonesa_manifestacionManifestación en Yakarta contra la nueva oleada homófoba en el país asiático

Grupos islámicos presionan para que el Tribunal Constitucional de Indonesia aplique leyes que penalicen las leyes homosexuales. Actualmente la ley sólo penaliza cuando se mantienen relaciones sexuales con un menor de edad, ya sea a través de relaciones heterosexuales u homosexuales.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha alertado de que la comunidad LGTB ha sufrido un “deterioro inmediato” de sus derechos, tras una serie de ataques verbales por parte de los ministros, los partidarios de una línea dura religiosas y organizaciones islámicas influyentes.

Altos funcionarios e instituciones indonesias comenzaron por primera vez este año a realizar ataques verbales en público contra los homosexuales en el sureste de Asia, añade el informe, que revela un también la existencia de un llamamiento para prohibir a la comunidad LGTB en los campus universitarios.

En respuesta al informe de HRW, responsables indonesios indicaron que la protección de los derechos de la comunidad homosexual en el país no es una prioridad: “Los derechos de los ciudadanos, como ir a la escuela u obtener una cédula de identidad, están protegidos, pero no hay lugar en Indonesia para la proliferación del movimiento LGTB”, declaró el portavoz de la Presidencia, Johan Budi.

Varios ministros figuran entre los altos cargos que realizaron recientemente ataques verbales contra la comunidad LGTB. El de Defensa había vinculado los derechos de los homosexuales a una “especie de guerra moderna”.

Estas declaraciones, realizadas a principios de año, provocaron una intensificación de la violencia contra las minorías sexuales en Indonesia, según el informe de HRW. “Para aquellos de nosotros que han hecho tantos esfuerzos y tomaron muchos riesgos para expresarse, es un paso importante hacia atrás“, lamentan desde la ONG internacional.

Una nueva oleada de LGTBfobia está recorriendo el país asiático. De hecho, el Tribunal Supremo del país estudiará criminalizar las relaciones homosexuales tras la petición de una organización islámica que defiende que las personas homosexuales “pueden ser libres para vivir, pero no para mostrar su estilo de vida”.

Indonesia es, en teoría, uno de los estados musulmanes más moderados, lo que no impide que hasta el 93 % de sus habitantes considere que la homosexualidad debería estar prohibida, según una encuesta de 2013. En una de las provincias más ortodoxas del país, Aceh, las relaciones homosexuales se castigan con 100 latigazos y grupos islámicos como Aliansi cinta keluarga (AILA según sus siglas en indonesio, que en español vendría a decir ‘alianza del amor de la familia’), afirman que la homosexualidad está causando una «degradación moral» en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo, por lo que han pedido al gobierno leyes contra la comunidad LGTB.

«Vemos la degradación moral que se está produciendo. Puramente por amor a nuestra nación, debemos hacer algo mientras tenemos una oportunidad», declara Rita Hendrawaty Soebagio, presidenta de AILA, añadiendo que la razón para tomar medidas es que «tenemos normas más claras. No estamos intentado criminalizar a aquellos que tienen una orientación sexual diferente. Ese no es el punto. Son libres de vivir, pero no de mostrar su estilo de vida».

La propaganda contra la comunidad LGTB se ha incrementado en los últimos meses, tal y como alerta un informe de Human Rights Watch, a través de consignas como «las personas LGTB son enfermos mentales, los emojis de homosexuales corrompen a los jóvenes impresionables, la homosexualidad es parte de la agenda global del mal», o de declaraciones de políticos como el Ministro de Defensa, que llegó a etiquetar el activismo LGTB como una guerra contra la nación que era más peligrosa que una bomba nuclear; el Ministro de Tecnología y Educación Superior, que hizo un llamamiento para la prohibición de estudiantes homosexuales, bisexuales o transexuales en los campus universitario; o el alcalde de una localidad llegó a decir que las madres debían educar a sus hijos a no ser gays; lo que ha llevado al incremento de agresiones contra homosexuales.

AILA ha presentado una revisión judicial a la Corte Constitucional en cinco audiencias que incluyen testimonios de expertos en salud que afirman que el sexo gay puede causar enfermedades de transmisión sexual. A finales de este mes tendrá lugar la última audiencia, en la que se espera la comparecencia de activistas LGTB y grupos que luchan por los derechos humanos que se opongan a la criminalización de las relaciones homosexuales.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga/Universogay

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Indonesia pedirá a WhatsApp que retire los emojis gays

Martes, 16 de febrero de 2016
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emoticonos_gaysLa homosexualidad no es ilegal en Indonesia, donde el 88 % de sus 250 millones de habitantes profesa el Islam, en su mayoría moderado, y que en general es tolerante con esta condición sexual.

Human Rights Watch (HRW) ha instado al presidente de Indonesia a defender los derechos de los homosexuales, un día después de que su gobierno exigiera la retirada de emoticonos que aluden a esta orientación sexual de aplicaciones de mensajería.

La organización envió una carta al presidente del país, Joko Widodo, en la que denuncia la proliferación de comentarios despectivos por parte de altos cargos del gobierno contra el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGBT).

También recrimina la toma de medidas discriminatorias por parte de autoridades locales y de educación como la prohibición de grupos de estudiantes para LGBT o de un acto informativo sobre el VIH para este colectivo.

“El presidente Jokowi debería condenar urgentemente estos comentarios contra los LGBT antes de que este tipo de retórica abra la puerta a más abusos”, dijo en la carta Graeme Reid, director de derechos de LGBT de HRW.

La homosexualidad no es ilegal en Indonesia, donde el 88 % de sus 250 millones de habitantes profesa el Islam, en su mayoría moderado, y que en general es tolerante con esta condición sexual.

En la carta, la organización enumera varios incidentes ocurridos en los últimos meses como el arresto de dos mujeres que se abrazaron en público en la región de Aceh, la única del país donde rige la Ley Islámica, o la suspensión de un seminario en Yakarta por amenazas de un grupo islamista.

La misiva fue enviada después de que el portavoz del ministerio de Información, Ismail Cawidu, llamara a redes sociales y plataformas de mensajería a retirar etiquetas que expresen apoyo a la homosexualidad, tras una campaña en Internet contra la aplicación Line por este motivo.

Cawidu dijo que Line ya aceptó retirar todas las etiquetas relacionadas con el colectivo LGBT, y que el gobierno contactará con WhatsApp, propiedad de Facebook, para hacer la misma petición, según el diario Kompas. HRW recordó que en 2014 la ONU instó a todas las instituciones del estado indonesio a reconocer la existencia de los LGBT como parte integral de la sociedad del país.

“Proteger a los LGBT de la violencia y la discriminación es uno de los compromisos de Indonesia con los derechos humanos. El presidente Jokowi debería declarar sin ambigüedades su apoyo hacia los derechos fundamentales de todos los indonesios y proteger a los LGBT”, dijo Reid.

Infierno y persecución homófoba en la provincia de Aceh

La provincia autónoma de Aceh (en la zona norte de Sumatra) aprobó en septiembre de 2014 una penosa ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor el pasado mes de octubre. Ese mismo mes nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia presenta una realidad diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción es Aceh, donde desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. Pero la influencia islamista se deja sentir también en otros lugares de Indonesia. La de Aceh es desde luego la peor situación, puesto que como decíamos arriba la homosexualidad no es formalmente delito en el resto del país. Ello no significa que en otras partes sea buena. En 2004, las autoridades municipales de Palembang, en Sumatra Meridional, dictaron por ejemplo una regulación en la que aglutinaban la actividad de las personas LGTB como “prostitución”. En virtud de ese reglamento, todas las personas acusadas de cometer cualquiera de esas actividades se enfrentan a la perspectiva de un máximo de seis meses de prisión o 5.000.000 de rupias (360 euros, 380 dólares) de multa.

En otras zonas existe una actitud algo más tolerante, especialmente en zonas urbanas como Yakarta. Con todo, la influencia de los islamistas más radicales se hace sentir cada vez más. En la propia Yakarta las autoridades prohibieron en 2012 un concierto de Lady Gaga, abanderada de los derechos LGTB, por considerarla un personaje diabólico y antirreligioso. Los fundamentalistas también han obligado a cancelar una reunión de la división asiática de la ILGA (International Lesbian and Gay Association) en Surabaya y han amenazado a los organizadores del Q! Film Festival, un festival de cine LGTB, por mencionar otros dos ejemplos.

En marzo de este 2015, el Consejo de Ulemas de Indonesia dictó una fetua en la que se exigía que los actos homosexuales sean castigados con la pena de muerte. Aunque el Consejo de Ulemas no tiene ningún poder legislativo o ejecutivo en Indonesia, su influencia social es elevada. Indonesia también votó el pasado 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

Fuente Agencias/Cáscara amarga/Dosmanzanas

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Cuatro meses de prisión para los agresores de una mujer transexual en Marruecos

Lunes, 17 de agosto de 2015
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noticias_file_foto_1015345_1435741460Una condena blandísima, teniendo en cuenta que dos jóvenes tuvieron la misma pena ¡por besarse en público!… Curiosa justicia la de estos fundamentalistas…

El tribunal ha retomado el juicio que fue aplazado a finales del mes pasado contra dos jóvenes por dar una paliza a una mujer transexual en Fez.

 Un tribunal de la ciudad marroquí de Fez ha condenado por “violencia y daño intencionado” a cuatro meses de cárcel a dos jóvenes que trataron de linchar a una mujer transexual el pasado 30 de junio junto a una muchedumbre.

Según explicó Mohamed Uazzani, miembro de la Organización marroquí de Derechos Humanos (OMDH), el Tribunal de Primera Instancia de Fez también condenó a los jóvenes a pagar una multa de 500 dirhams (unos 45 euros) cada uno.

Uazzani se mostró satisfecho con la condena y aseguró que lo más importante es que “la gente sepa que no pueden cometer este tipo de agresiones sin ser castigadas”.

A los dos condenados se les acusaba de “agresión, con golpes y heridas, de un joven sobre la vía pública” por patear junto a numerosas personas, además de otras que observaron sin hacer nada, a unsa mujer transexual en una céntrica calle de Fez.

En varios vídeos que rápidamente comenzaron a circular por internet se podía observar a una muchedumbre golpeando al joven tendido en el suelo, que en un momento dado logra ponerse en pie y busca refugio en un centro comercial, donde un policía lo protege.

La primera audiencia de este caso, que provocó una ola de indignación en las redes y en numerosos medios marroquíes, comenzó el 9 de julio y al menos 75 abogados de diferentes ciudades de Marruecos participaron en la defensa de la víctima.

Pese a que el ministro marroquí de Justicia, Mustafa Ramid, defendió que los agresores debían ser procesados por su acto, al tiempo exhortó a los homosexuales a que dejasen de “provocar a la sociedad”.

Human Rights Watch (HRW) pidió al Gobierno marroquí que deje de “hacer comentarios homófobos” y lamentó que “la persona encargada de la justicia en este incidente” realice declaraciones que presentan “a las personas percibidas como gais como anormales”.

La homosexualidad está criminalizada en Marruecos por el artículo 489 del Código Penal, que castiga con una pena de entre seis meses y tres años a “quien cometa un acto impúdico contra natura con un individuo de su mismo sexo”, y sufre también de una gran reprobación social.

Fuente Agencias

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El Ministro marroquí Mustapha Ramid culpa a la víctima de una brutal agresión LGTBfoba de lo ocurrido y pide a los homosexuales que no “provoquen” ataques Y

Martes, 21 de julio de 2015
Comentarios desactivados en El Ministro marroquí Mustapha Ramid culpa a la víctima de una brutal agresión LGTBfoba de lo ocurrido y pide a los homosexuales que no “provoquen” ataques Y

mustapha-ramidAsí que la víctima resulta ser la provocadora… Repugnante

Lamentables declaraciones las del ministro de Justicia marroquí, el islamista Mustafá Ramid, en relación al brutal ataque sufrido hace unos días por una mujer transgénero a mano de un grupo de salvajes, en la ciudad de Fez. En ellas, Ramid insinúa que las personas LGTB son coculpables de las agresiones que reciben. La ONG Human Rights Watch no ha tardado en denunciar públicamente esta intolerable actitud que, sin lugar a dudas, contribuye a fomentar la LGTBfobia social.

Human Rights Watch (HRW) ha pedido al Gobierno marroquí que deje de “hacer comentarios homófobos” después de que el ministro de Justicia, Mustafa Ramid, realizara unos comentarios homófobos tras el linchamiento de una mujer transgénero en Fez por una multitud de personas. El ataque de odio en la ciudad marroquí de Fez ha derivado en una serie de polémicas declaraciones por parte del ministro de Justicia, Mustafá Ramid, que aunque ha abogado por procesar a los responsables también ha pedido a los homosexuales que dejen de “provocar”.

En un comunicado emitido esta misma semana, HRW señalaba queal mismo tiempo que el ministro de Justicia Mustafá Ramid ha dicho que los agresores deben ser procesados ​​y que dos sospechosos permanecen bajo custodia, este ha hecho también varias declaraciones contra los homosexuales desde que tuvo lugar el asalto. Dijo que los homosexuales deben evitar ‘provocar a la sociedad’, y que los ciudadanos no deben ‘hacer cumplir la ley por sí mismos’ – como si la víctima hubiese provocado el incumplimiento de la ley debido a su apariencia. El Ministerio de Justicia procesa con frecuencia a hombres bajo las leyes contra la homosexualidad del país”.

El ministro de Justicia ha abogado por localizar y juzgar a los responsables, dentro de unas investigaciones en las que ya han sido detenidos dos hombres de 30 años. Sin embargo, HRW ha denunciado que Ramid ha incluido en varias de sus reacciones declaraciones homófobas. El 6 de julio, una semana después del ataque, Ramid insistió en que “la homosexualidad no debería permitirse en Marruecos” y advirtió de que no “asumirá la responsabilidad” de defender al colectivo LGTBI “ante Alá”. “No dejaremos que haya quien aplique la ley por su cuenta, pero las personas implicadas no deberían provocar a la sociedad, porque la sociedad es como es”, apostilló el ministro, culpando también de este tipo de incidentes a las víctimas.

Asimismo, la directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson, apuntó quelo que la persona a cargo de la justicia en Marruecos debería anunciar a raíz de este ataque homófobo es una política de tolerancia cero hacia este tipo de ataques“.

La paliza tuvo lugar en la madrugada del 29 de junio, cuando un taxista expulsó a un pasajero al grito de “janit“, el término peyorativo para homosexuales u hombres afeminados. Una multitud rodeó a esta persona y le golpeó, según la versión ofrecida por la víctima a Human Rights Watch (HRW) y los vídeos difundidos en Internet. El terrible episodio al que hacemos referencia tuvo lugar en la madrugada del pasado lunes 29 de junio, cuando un grupo de jóvenes agredía brutalmente a una mujer transgénero. La grabación de la agresión llegó al medio marroquí Goud que procedió a difundir el vídeo, que acabó siendo viral. Gracias a esto, las autoridades marroquíes pudieron perseguir y detener a dos de los agresores por haber actuado “fuera de la ley”.

En la citada grabación se muestra a la víctima intentando escapar de un taxi oscuro tras mantener una disputa con el conductor, que acabó echándola del coche al grito de ‘khanit’ (término local despectivo para referirse a los homosexuales). Los agresores, todos ellos hombres jóvenes, prácticamente la sacan del coche y empiezan a agredirla brutalmente con puñetazos y golpes. La mujer acaba en el suelo, mientras los agresores la patean, hasta que la víctima parece quedar semiinconsciente. De repente saca fuerzas de flaqueza, consigue ponerse de pie y corre despavorida, mientras la turba la persigue. Afortunadamente, tras un instante de gran angustia, acaba por refugiarse en un mercado donde un policía armado hace valer su autoridad. La mujer pudo ser finalmente evacuada en un coche de policía al que los agresores continuaron arrojando botellas, según los medios que cubrieron la noticia.

El pasado 1 de julio, la policía anunció la detención de dos sospechosos de 30 años de edad. Al parecer, el 7 de julio el tribunal de Fez se negó a poner en libertad provisional a los sospechosos y programó una segunda audiencia para el próximo 23 de julio. Medios de comunicación marroquíes informaron de que los detenidos están siendo acusados ​​de asalto. Cincuenta y cinco abogados de varias regiones del país, muchos en representación de las organizaciones marroquíes de derechos humanos, han ofrecido apoyo legal a la víctima”, aportaba la misma nota de prensa emitida por HRW.

“Los gritos del taxista provocaron todo”, ha lamentado la víctima de la paliza en una entrevista con HRW. En este sentido, ha negado que, como sugiere el ministro, tenga parte de responsabilidad en lo ocurrido: “No incité el ataque ni me lo merezco. Soy como cualquier otra persona”.

Este lamentable episodio, como tantos otros que tienen lugar prácticamente a diario en el país, ponen de relieve la delicada situación que aún hoy viven las personas LGTB en Marruecos. Lo cierto es que aún existe un elevado grado de homofobia social, por no hablar de la LGTBfobia de Estado. En ese sentido, cabe recordar que si bien la legislación marroquí castiga las relaciones sexuales entre hombres con multas y penas que pueden llegar a los tres años de cárcel, la aplicación de dicha normativa se considera relajada en comparación con otros países musulmanes. Una tendencia que sin embargo parece estar cambiando, a la luz de las últimas noticias que llegan del país.

Fuente Cáscara Amarga y Dosmanzanas

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Human Rights Watch publica un informe sobre el incremento de la violencia hacia LGBT en Rusia

Jueves, 18 de diciembre de 2014
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noticias_file_foto_916567_1418722068Human Rights Watch alerta del creciente número de agresiones a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales desde la que se dio a conocer el proyecto de ley federal contra la “propaganda gay”.

La ONG Human Rights Watch (HRW) publicó ayer (15 de diciembre) un informe en el que denuncia el incremento de la violencia hacia la comunidad LGBT en Rusia, sobre todo desde la aprobación de la ley anti propaganda gay en junio de 2013, que “legalizó en la práctica la discriminación contra personas LGBT y las identificó como ciudadanos de segunda categoría”, según la organización.

El informe “Licencia para dañar: Violencia y persecución de personas y activistas LGBT en Rusia” cuenta con 85 páginas y se elaboró a partir de decenas de entrevistas minuciosas mantenidas con personas y activistas LGBT en 16 ciudades de Rusia, que sufrieron ataques o intensa persecución debido a su orientación sexual o su identidad de género. Numerosas personas LGBT relataron haber sido golpeadas, secuestradas, humilladas y señaladas como “pedófilos” o “pervertidos”, en algunos casos por parte de grupos organizados homofóbicos y en otros por desconocidos en el metro, la vía pública, clubes nocturnos, cafés y, en un caso, en una entrevista de trabajo.

Las autoridades rusas no cumplen con su obligación de prevenir y juzgar actos de violencia homofóbica. Una cantidad cada vez mayor de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) han sido agredidas y hostigadas en distintas regiones de Rusia en el período tanto previo como posterior a la adopción de la ley federal contra la propaganda LGBT, en junio de 2013”, señala la ONG en un comunicado.

“A pesar de que la violencia que experimentan las personas LGBT en Rusia está claramente motivada por la homofobia, las autoridades ignoran de manera deliberada que estos actos constituyen delitos de odio y no protegen a las víctimas”, señala Tanya Cooper, investigadora sobre Rusia de Human Rights Watch. “Las autoridades rusas deberían juzgar los hechos de violencia homofóbica, y cesar su participación en la discriminación contra personas LGBT o su tolerancia de estos actos. La ley contra la propaganda LGBT no protege a ninguna persona, pero sí otorga a los homófobos un motivo más que conveniente para considerar que las vidas de las personas LGBT tienen menos valor para el gobierno. El gobierno ruso debería derogar la ley y detener la discriminación contra ciudadanos LGBT de Rusia”, añade.

“HRW documentó el estigma, la persecución y la violencia que enfrentan personas LGBT en Rusia en el transcurso de su vida diaria. La mayoría de los entrevistados afirmaron que estos problemas se intensificaron desde 2013. En algunos casos, fueron atacados por grupos organizados de repudio a personas LGBT, que surgieron en decenas de ciudades y localidades rusas a fines de 2012”, asegura la ONG. Estos grupos de nacionalistas radicales engañan a hombres y adolescentes gays simulando concertar una cita, los retienen contra su voluntad y los humillan y exponen filmando el encuentro y posteriormente publicándolos en internet. “Sentí que había sangre en mi boca, pero justo después supe que los agresores me habían fracturado la mandíbula por dos sitios”, dijo una víctima de uno de estos grupos organizados. En otros casos, las víctimas indicaron haber sido agredidas físicamente por desconocidos mientras realizaban sus actividades cotidianas. Varias víctimas dijeron que los agresores los siguieron y en muchos casos los golpearon, al mismo tiempo que los señalaron por ser gays, llamándolos “maricas” y expresando insultos homofóbicos en sitios públicos.

La gran mayoría de los activistas LGTB entrevistados han sido agredidos al menos una vez durante eventos públicos a favor de los derechos de las personas LGTB desde 2012, y relataron ataques ocurridos en diversas ciudades. Indicaron que, a pesar de que son sistemáticamente hostigados y agredidos por los grupos que organizan contramanifestaciones en repudio a los derechos de personas LGBT, la policía no adopta medidas adecuadas para prevenir los ataques y protegerlos frente a actos de violencia.

HRW informa que de las 78 víctimas de violencia y persecución homófoba y transfóbica entrevistadas para el informe, 22 no denunciaron a la policía las agresiones sufridas debido a que temían ser hostigadas directamente por miembros de esta fuerza y no creían que la Policía respondería seriamente a los ataques. Numerosas víctimas consideraban que denunciar las agresiones a la policía era una pérdida de tiempo. De hecho, cuando las víctimas sí habían planteado una denuncia policial, fueron muy pocos los casos en que hubo una sucesiva investigación.

“Los organismos rusos de aplicación de la ley cuentan con herramientas para procesar penalmente hechos de violencia homofóbica, pero no tienen la voluntad de hacerlo”, señaló Cooper. “Al no frenar ni sancionar la violencia y la agresión homofóbicas, las personas LGBT y quienes defienden sus derechos quedan expuestas a un mayor riesgo de ataques”.

Human Rights Watch determinó que si bien Rusia cuenta con leyes contra los delitos motivados por odio, “las autoridades no reconocen como delitos de odio los ataques homofóbicos más aberrantes”. Ninguno de los casos documentados en el informe se investigó como delito motivado por el odio. En algunos casos documentados en el informe, en los cuales la Policía sí inició formalmente una investigación, los agentes restaron importancia a los hechos, se mostraron renuentes a tomar medidas de investigación concretas y a menudo culparon a las víctimas por los ataques sufridos. Solamente en 3 de los 44 casos en los cuales las víctimas presentaron una denuncia policial se desarrolló un proceso penal contra los responsables. Al menos dos de los agresores en estos casos fueron condenados, pero las penas aplicadas no guardaron proporción con la gravedad del daño infligido a las víctimas.

Para descargar el PDF completo del informe, pinche aquí.

Fuente Ragap

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Denuncian el desprecio en la Sanidad de Yemen hacia las personas con VIH

Viernes, 7 de noviembre de 2014
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Sanaa_HIV1-600Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes que a las personas con VIH y sida se les niega sistemáticamente la atención médica dentro del sistema de salud de Yemen.

Ha pedido a las autoridades yemeníes que pongan fin a la discriminación que hacen los trabajadores de la salud en contra de los enfermos de VIH.

Han demandado que se garantice la igualdad de acceso según se exige en la ley de Igualdad de Trato de 2009.

“Echar a los enfermos del hospital porque tienen VIH no es sólo discriminatorio, es cruel”, ha subrayado el subdirector para Oriente Próximo de HRW, Nadim Houry. “El Ministerio de Salud debe hacer que se cumpla la ley de restricción de la discriminación de las personas con VIH, ha añadido.

En septiembre de 2014, la organización internacional habló con siete yemeníes infectados con VIH y a los que se les había negado en repetidas ocasiones cualquier asistencia sanitaria cuando el personal médico se enteró de su estado serológico. De hecho, seis trabajadores de la salud reconocieron que esa discriminación era común en los centros de salud estatales.

Desde 2009, la ley de Igualdad de Trato ofrece asistencia médica gratuita a las personas con VIH e impone sanciones penales a los trabajadores de la salud que les discriminen.

Expulsados de los hospitales

Durante sus entrevistas Human Rights Watch se encontró con relatos como el ocurrido el pasado 15 de agosto de este año, cuando un médico del Hospital Republicano estatal de Saná se negó a tratar a una paciente que sufría convulsiones tras haberse enterado de que era seropositiva. Según han relatado tres sanitarios a la ONG, delante de otros pacientes y del personal, el médico gritó a la paciente y le ordenó que abandonara el hospital porque era portadora del VIH.

Además, el médico exigió que arrestasen al marido de la paciente por haber ocultado la información. Personal del centro lo retuvo durante 45 minutos antes de ponerlo en libertad con la advertencia de que “no causara problemas en el futuro”, según ha podido recoger HRW.

Pero la ONG ha denunciado que la discriminación va más allá de los hospitales públicos. En 2012, una mujer seropositiva fue expulsada de una clínica privada sin tener en cuenta que necesitaba una cesárea para poder dar a luz.

Ante esta situación, profesionales como el doctor Ahmed al Garati, que trabaja y trata a personas con VIH en el Hospital Republicano de Saná, han expresado su preocupación por la falta de voluntad de otros sanitarios. “Ofrecemos a nuestros empleados todo el equipo de seguridad necesario, no tiene nada que ver con el riesgo”, ha asegurado. “Es pura discriminación. Los mismos trabajadores de la salud no tienen ningún problema para tratar a los pacientes que tienen otras enfermedades que conllevan mayor riesgo de infección”, ha añadido.

Tratamientos privados

Al ser tan complicado el acceso a un tratamiento público, los enfermos de VIH suelen verse obligados a recurrir a servicios privados. Estos pacientes han denunciado, según explica HRW, que les aplican tarifas más altas para su medicación y tratamiento. “Teniendo en cuenta que no somos capaces de utilizar las instalaciones públicas, algunos médicos se aprovechan de la situación y nos cobran el doble del costo médico normal, el que cobran a otros pacientes en la misma instalación para el mismo procedimiento”, ha explicado una persona con VIH.

Pese a las denuncias, la ONG no ha recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno de Yemen.

La agencia de Naciones Unidas ONUSIDA estimó que en 2013 en Yemen vivían unas 6.000 personas con VIH. Además, en un informe de ese mismo año aseguraron que se estaban produciendo avances en el tratamiento de esta enfermedad, medidas y tratamientos que sufrieron una congelación de la financiación después de la crisis política de 2011.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) defiende el derecho de todas las personas a tener acceso a la salud, un pacto que Yemen ratificó en 1987. El Derecho Internacional también defiende el acceso a la atención médica y prohíbe la discriminación por cualquier motivo.

Fuente Infosalus

Imagen y video Médicos Sin Fronteras

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