Ser LGBTI en el Triángulo Norte de América Central es vivir en peligro
Por Paula Rosales, desde El Salvador
Foto: Portada informe Human Rights Watch (HRW)
Los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica no han hecho los esfuerzos suficientes para garantizar la integridad y seguridad de las personas LGBTI en sus países. Por eso, muches se ven obligades a escapar principalmente a Estados Unidos donde rechazan su solicitud de asilo, señala un informe realizado por la organización Human Rights Watch (HRW).
El informe “Vivo cada día con miedo’: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos” recoge los testimonios de 116 personas de los tres países.
El Estado y las pandillas: principales amenazas
Según el estudio de HRW, los principales actores que atentan contra la comunidad son los cuerpos de seguridad del Estado, como policías, soldados, las pandillas, el crimen organizado y sus propias familias, sin que los estados garanticen su protección.
“Los gobiernos del Triángulo Norte no brindan una protección adecuada a las personas LGBT contra la violencia y la discriminación, y que estas deben sortear graves obstáculos si intentan obtener asilo en Estados Unidos”, señaló Human Rights Watch en un comunicado.
Los gobiernos de los tres países son conservadores, como el del hondureño Juan Orlando Hernández y el guatemalteco Alejandro Giammattei, o el estilo totalitario del salvadoreño Nayib Bukele, quién suprimió la dirección de la diversidad sexual en 2019 y adoptó otras medidas que contravienen los derechos de la población como la anulación de la única línea telefónica para recibir denuncias de discriminación y ataques.
Trump y el rechazo de Estados Unidos
El éxodo desató el enojo del presidente Donald Trump, quien reforzó las medidas de seguridad en las fronteras y coordinó estrategias de contención de los países de origen para frenar el flujo de personas.
El presidente estadounidense Donald Trump también anunció el 20 de abril, en el marco de la crisis por coronavirus, que su país estableció la suspensión temporal de peticiones de asilo humanitario, afectando a la población de la diversidad sexual.
Para las organizaciones defensoras de los derechos LGBTI, esta política pone en riesgo de muerte a las personas migrantes que huyen de sus países de origen para salvar su vida.
“Para algunas personas LGBT de la región, pedir asilo en Estados Unidos es la única esperanza de seguridad. Pero el gobierno de Trump lo impide de todas las maneras posibles”, expresó Neela Goshal investigadora sénior sobre derechos de las personas LGBT de HRW.
Sin condena para los crímenes de odio
Human Rights Watch destaca que tanto Honduras como El Salvador han aprobado leyes sobre delitos de odio en los últimos 10 años, pero ninguno de estos países ha impuesto condenas por esos delitos.
En julio, en un fallo inédito, tres policías fueron condenados a 20 años de prisión, luego que un juez los encontrara culpables de asesinar con brutalidad a la mujer trans, Camila Díaz, sin embargo, el agravante de crimen de odio no fue incluido.
Camila Díaz, que era perseguida por la pandilla Barrio 18, viajó a Estados Unidos y solicitó asilo, pero le fue denegado por las autoridades.
Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), dijo a Presentes que en Centroamérica no existen las condiciones necesarias para que la población LGBTI pueda desarrollarse plenamente, debido a políticas de exclusión y discriminación, muchas veces impulsadas desde el Estado.
“Vivimos en países cimentados por sistemas o patrones heteropatriarcales y a esto se le suma a la crisis económica, política y de poca transparencia, que también contribuyen a que no se obtengan esos medios necesarios para asegurar el sostenimiento de la vida de las personas LGBTI y de sus familias”, dijo a Rodríguez a Presentes.
Según COMCAVIS registra desde 2015 hasta la fecha, unas 450 personas de la población LGBTI han salido del país, en busca de protección internacional, mientras que de enero a junio de 2020, unas 110 personas se debieron desplazar, en el contexto de la pandemia, por razones de violencia, persecución y amenazas en El Salvador.
Fuente Agencia Presentes
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