Un bello artículo que aparecía el año pasado en la página de la Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia de Chile y Argentina:
Al conmemorarse el 42º(este año, 43º) aniversario de su martirio, con su asesinato aún impune, podríamos destacar dos razones por las cuales Óscar Arnulfo Romero, obispo de los años ochenta, sigue tan vigente en el siglo XXI y es transversal a las distintas generaciones, siendo admirado, amado, venerado por su pueblo, y reconocido como “San Romero de América”.
El Salvador es el más pequeños de los países centroamericanos y uno de los tres más densamente poblados en la región, según cifras del Banco Mundial. Desde la guerra civil de los ’80, ha tenido una limitada democracia, con malos gobiernos, grupos armados criminales, mafia, y pandillas que han intensificado la violencia gracias a diferentes ideologías políticas que buscan controlar el país.
En este contexto, la violación sistemática de los derechos humanos sigue siendo el principal e histórico problema.
La pobreza aunque ha disminuido por alcanzar mejores rentas, se agrava con el problema migratorio, y últimamente, por la mala salud pública que ha dejado más en evidencia la pandemia.
PROFETA
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por defender, precisamente, los derechos humanos de su pueblo en medio de la cruenta guerra civil que afectó a este país.
Justamente, él denunció la violencia militar y paramilitar (de los escuadrones de la muerte y de los comandos urbanos de la guerrilla), en una confrontación armada que se extendió por 12 años, dejando más de 75 mil muertos, 8 mil desaparecidos y un millón de refugiados.
El arzobispo mártir, Romero, levantó su voz dentro del movimiento popular para exigir un alto a la represión, y a la vez, denunciar el sistema económico que condenaba a la miseria a miles de generaciones en su país.
Estas condiciones no han cambiado sustantivamente en El Salvador, por lo cual su legado sigue fuerte y su voz sigue siendo oída cada día.
IMPUNIDAD
Pero por su martirio, Óscar Arnulfo Romero llegó a los altares antes de que sus sicarios a los tribunales de justicia.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, en 1993, creada con motivo de los acuerdos del proceso de paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador, responsabilizó a los escuadrones de la muerte que dirigía el coronel, ya fallecido, Roberto D´Aubuisson, líder de la inteligencia política y fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernaría el país durante dos décadas. Este informe también señalaba a otros militares: los capitanes Alberto Saravia, Eduardo Ávila, Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
Pero una ley de amnistía de 1993 impidió, entonces, iniciar un proceso en contra de ellos. Ha habido intentos posteriores de buscar justicia a través de los tribunales pero sin avances ni logros.
CANONIZACIÓN
El Papa Francisco canonizó a Romero. Pero antes fue reconocido en su santidad por el propio pueblo que lo ha venerado desde aquel 24 de marzo, cuando una religiosa de la capilla donde celebraba la eucaristía, exclamó: «¡Han matado al santo!. Luego, el obispo (catalán-brasileño), Pedro Casaldáliga, lo consagró también en su santidad al escribir: «San Romero de América, nuestro pastor y mártir».
Estos hechos vienen a ser la segunda razón de cómo el amor y veneración de los más sencillos se ha mantenido y hasta crecido en estos 42 años.
EJEMPLO DE PASTOR
En los países de América Latina, tenemos la lamentable experiencia de quienes acceden a instancias de poder, sean estas políticas, sociales, económicas o eclesiales, muy pronto rompen el vínculo con su base que les legitima, y como consecuencia, se vuelven más insensibles a los problemas de sus respectivas realidades.
Con Óscar Arnulfo Romero, sucedió todo lo contrario.
El obispo mártir de El Salvador, usó su poder arzobispal, no para sentarse en la cátedra y pedir o buscar beneficios eclesiásticos. Desde ese lugar, el poder lo uso en tanto servicio, como tiene que ser en perspectiva evangélica, y su enérgica voz fue su principal arma para defender al pueblo pobre y sufriente. La proclamación de la verdad fue siempre su pasión.
MEMORIA AGRADECIDA
Hoy, al conmemorarse los 42 años de su asesinato, aún impune, la gente sencilla y pobre que lo ama, venera, se encomienda, y confía en él, no es solo de El Salvador. Es de todo el continente y por ello se le reconoce como el «Santo de América”.
En la actual crisis de nuestra iglesia, deberíamos pedir que San Romero de América ilumine en la conversión a su pueblo a quienes hoy tienen la responsabilidad de pastorear. Que les de la valentía de reconocer errores y de transformarse en verdaderos profetas. Que les aumente su capacidad de escucha, como Romero escuchó a Rutilio Grande y a su gente en su propio proceso de conversión.
por Aníbal Pastor N. / periodista
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Fuente foto: Serie podcast «La senda hacia el martirio» de la Radio YSUCA, dependiente de la Vicerrectoría de Proyección Social de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA.
“Ofrece una rigurosa reconstrucción de su filosofía, su teología y su teoría política, no aisladamente como si se tratara de compartimentos estancos, sino en su carácter unitario”
“López de Goicoechea elabora un lúcido perfil intelectual de Ellacuría a través de un amplio y riguroso recorrido por los años de su formación y la etapa de madurez”
“La obra de López de Goicoechea viene a confirmar de manera argumentada que Ignacio Ellacuría es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo y que, treinta y tres años después de su asesinato, sigue iluminando la oscuridad del presente”
Desde el asesinato del filósofo y teólogo hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría, rector de la UCA (San Salvador), el 16 de noviembre de 1989, se han publicado sus obras completas en la editorial de la UCA, celebrado numerosos congresos y escrito importantes investigaciones sobre su pensamiento.
Coincidiendo con el 33 aniversario de su asesinato voy a comentar hoy la obra de Javier López de Goicoechea Zabala, doctor en filosofía y en derecho, profesor de la Facultad de Derecho y del Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense y profesor invitado en la UCA, de San Salvador (El Salvador), Hacerse cargo de la realidad. Sobre la teología-política de Ignacio Ellacuría, que me parece una de las más clarividentes de la producción bibliográfica en torno a Ellacuría ya que ofrece una rigurosa reconstrucción de su filosofía, su teología y su teoría política, no aisladamente como si se tratara de compartimentos estancos, sino en su carácter unitario.
Y lo hace con rigor metodológico y fidelidad creativa al pensamiento de Ellacuría, del que destaca la originalidad de su método de historificación de los conceptos y su orientación emancipatoria. Un pensamiento que, en expresión zubiriana, se hace cargo de la realidad y cuyo resultado es una nueva teología-política, como praxis de liberación y transformación socio-económica a través de una correcta articulación de los tres elementos de su reflexión: ética, política y religión. Son tres elementos que suelen aparecer desconectados y Ellacuría los interconecta, pero sin caer en confesionalismos y respetando la autonomía de la ética y de la política.
López de Goicoechea elabora un lúcido perfil intelectual de Ellacuría a través de un amplio y riguroso recorrido por los años de su formación y la etapa de madurez, así como por los problemas filosóficos de su época: problema del ser, de la historia y de la deshumanización tecnificada del ser humano, y por las bases filosóficas de su pensamiento, de Aristóteles a Zubiri, pasando por Tomás de Aquino, Hegel, Marx, Ortega y Gasset, Ernst Bloch y la Escuela de Frankfurt (especialmente Herbert Marcuse).
Elabora una sugerente geografía en torno a cuatro ciudades que marcaron el peregrinaje intelectual de Ellacuría: Quito, Innsbruck, Madrid y San Salvador, mostrando “su apertura radical a un pensamiento a la intemperie, fruto de la época que le tocó vivir y de los problemas a los que tuvo que enfrentarse desde el rigor conceptual de la Filosofía”.
Pero su pensamiento no es discipular como si hiciera un seguimiento mimético de sus maestros -Rahner en teología, Zubiri en filosofía, monseñor Romero en espiritualidad-, sino que desemboca en un pensamiento propio muy sólido y consistente caracterizado por la creatividad y la ubicación contextual, en respuesta a los desafíos del momento histórico, siendo uno de los más graves el de la violencia en El Salvador, que analiza en sus diferentes niveles: estructural, revolucionario y terrorista, optando por la no violencia activa desde sus raíces pacifistas de inspiración evangélica. Su respuesta sigue teniendo vigencia hoy y puede contribuir a enriquecer el pensamiento crítico, la praxis política y el horizonte liberador de las religiones, sobre todo de las monoteístas, cuya teología primera es la ética de la liberación.
La obra de López de Goicoechea viene a confirmar de manera argumentada que Ignacio Ellacuría es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo y que, treinta y tres años después de su asesinato, sigue iluminando la oscuridad del presente. Asimismo, es el mejor reconocimiento a un maestro español de la filosofía, la teología y la teoría política; reconocimiento que, a mi juicio, no tiene, o al menos no de manera suficiente, en el actual panorama intelectual español.
El libro comienza y termina con un poema de Ernesto Cardenal que se refiere a texto del profeta Isaías 21,11: “Centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿qué hora es de la noche” (según otras versiones: “Centinela, ¿cuánto queda de la noche?”), y López de Goicoechea lo aplica a Ellacuría de esta guisa:
“Toda la vida y el pensamiento de Ignacio Ellacuría evoca a ese centinela del poema de Ernesto Cardenal que en las lúgubres noches de cualquier país centroamericano nos ubica en el tiempo y en la realidad de pueblos sometidos al miedo y a la violencia extrema. Ellacuría, como aquel centinela, dedicó su vida intelectual a ejercer el papel de recordarnos siempre dónde estamos situados y cuál es nuestro compromiso urgente. Nos avisa de que estamos en un tiempo trágico y en una hora crucial. El mal común es la fría descripción de cuanto acontece a nuestro alrededor a la luz del candil que nos permite atisbar pueblos sometidos al desfavorecimiento y la exclusión social. Nos sitúa en un extraño mundo contradictorio donde el progreso económico, científico y tecnológico nos permite a muchos privilegiados disfrutar de cotas de bienestar nunca conocidas en la historia de la humanidad. Pero, a la vez, nos alerta del injusto reparto para tantos y tantos pueblos sufrientes de estos bienes preciados que este mundo ha alcanzado. La desigualdad extrema es el nuevo paradigma de nuestros tiempos, no el progreso, ni la ciencia y sus biotecnologías aplicadas” (p. 174).
Me parece muy adecuada la presentación de Ellacuría como centinela del pueblo. Ciertamente, lo fue durante varias décadas y alertó de la noche oscura en la que vivían las mayorías populares sometidas a todo tipo de opresiones. Fue también el centinela que trabajó de pensamiento, palabra y obra por la liberación de dichas mayorías. Hoy sigue haciéndolo a través de su ejemplaridad de vida, de su obra y de su pensamiento. Es la mejor herencia que nos deja para seguir sus huellas.
Activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Raquel Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y personas vulneradas.
SAN SALVADOR, El Salvador. El partido gobernante de El Salvador, Nuevas Ideas, eligió de titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a Raquel Caballero. Es una abogada conservadora y cristiana que en el pasado ha sido cuestionada por violentar los derechos de la población LGBTI.
Reconocidas activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
No es la primera vez que la abogada – también se presenta como «coach personal» en su cuenta de Twitter- es elegida en la institución estatal. Su primer nombramiento fue entre 2016 y 2019, y fue promovido por el partido ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Su gestión estuvo llena de denuncias de nepotismo. En 2019 fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por contrataciones y ascensos irregulares de familiares dentro de la institución.
Marginó a las personas LGBT
Los grupos de derechos humanos de la población LGBTI la recuerdan como una funcionaria que marginó y desechó los avances logrados por las asociaciones en administraciones previas.
En 2012 se constituyó la mesa permanente de la Procuraduría sobre los derechos humanos de la población LGBTI. De acuerdo a dos organizaciones consultadas, Caballero se negó a recibirles y continuar con el espacio que sirvió para el diálogo y debate.
Pese a esos señalamientos, el oficialismo del partido del presidente Nayib Bukele la eligió la semana pasada para el periodo de 2022-2025.
“Ella ya estuvo en el cargo y definitivamente no nos dejó un buen sabor de boca porque no se pudo trabajar de la mano con ella cuando estuvo en la PDDH”, expresó a Presentes, Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
Procuradora violentó derecho a protesta
En septiembre de 2017, Caballero presentó la memoria de labores de su primer año de gestión. Pero en su discurso se atribuyó los resultados de su antecesor. Además mintió sobre los resultados de la defensa de la población de diversidad sexual.
En ese momento, la activista Karla Avelar -junto a otras compañerxs- se puso de pie para protestar, formando una cadena humana.
“Ese día además de sentir rabia, sentí miedo porque ella inmediatamente mandó a llamar a seguridad, ella misma dio la orden que llamaran a seguridad. Sentí miedo, frustración e indignación porque una procuradora de derechos humanos nos estaba negando el derecho a expresar nuestro sentir”, expresó Avelar a Presentes.
Cómplice del régimen de excepción
Raquel Caballero fue designada por 67 votos de los 84 posibles en el Congreso. Los opositores al oficialismo consideran que su designación servirá para avalar y encubrir las violaciones a derecho humanos durante el régimen de excepción con la que buscan terminar con las pandillas.
“No buscan poner en estos espacios personas idóneas al cargo que lleguen ahi para velar por los derechos de la población, ni a cumplir con sus facultades dadas por ley. Ponen funcionarios que lleguen a esos espacios a avalar los abusos de poder al gobierno de turno”, dijo a la prensa la diputada del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso.
La polémica por su nombramiento traspasó las denuncias en redes sociales y forzó al presidente Nayib Bukele a justificar su elección en una transmisión en vivo. Bukele lo hizo acuerpado por militares y policías de alto rango. Guevara expresó su apoyo a las políticas de seguridad implementadas por Bukele.
Presentes no pudo obtener una respuesta de parte de la nueva procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Creo que tomar la decisión de su elección ha sido una arbitrariedad y una falta de respeto para los derechos de las personas LGBTI específicamente. Nosotras vamos a buscar un diálogo y al final de cuentas el tiempo dirá, pero personalmente no creo que haya avances con ella”, señaló Linares.
Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante el régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.
La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.
“Su elección servirá para legitimar las acciones que el gobierno está haciendo y le permitirá al gobierno actual tener el control dentro de la procuraduría de los derechos humanos”, señaló la reconocida activista, Karla Avelar.
«Ella va a hacer lo que el presidente le ordene»
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Bukele anunció en la transmisión que permitirá el ingreso a las prisiones a observadores para que comprueben el “respeto a los derechos humanos de los detenidos”. El anterior procurador, Apolonio Tobar visitó una de las cárceles en un fallido afán de apaciguar los señalamientos de violaciones de derechos humanos. Al final de su mandato el informe de su visita no fue público.
“Ella va a hacer lo que el presidente le ordene. Va a llegar hasta donde el presidente se lo permita, ella no va a hacer nada por esclarecer las violaciones de derechos humanos que se están dando dentro de este régimen de excepción. Ella no va a hacer nada por las muertes que se han registrado dentro de los centros penales. Ella va a hacer lo mínimo”, recalcó Avelar.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó el martes en Ginebra su preocupación por los impactos del régimen de excepción en el respeto de los derechos humanos de la población y la «progresiva pérdida de independencia» de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su «falta de reacción ante violaciones de derechos».
A través de su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador anunció la suspensión del contrato entre el Instituto de Formación Docente y la televisora.
SAN SALVADOR, El Salvador. El gobierno de El Salvador anuló un contrato con un instituto de formación docente que transmitía un programa educativo en la televisora estatal. Fue luego de recibir presiones ciudadanas de que estaban ideologizando a los estudiantes con contenido de identidad sexual.
El lunes 26 se viralizó un video, elaborado con animaciones digitales. En él se explicaba que, a partir de la pubertad, los adolescentes podrían tener atracción hacia otras personas, inclusive del mismo género. Luego, el material hacia una definición de las palabras heterosexual, homosexual y bisexual, pero algunos usuarios cuestionaron el contenido.
“Alguien podría decirme quién está manejando canal 10? ¿Qué necesita meter ideología de genero a nuestros niños? Video impartido a 8vo Grado. Las cosas malas no se callan señores (sic)”, escribió en Twitter un Youtuber llamado Saúl Montes.
Minutos más tarde, el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter la decisión de su gobierno de suspender el contrato con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), que está adscrito al Ministerio de Educación y la televisora.
Alguien podria decirme quien esta manejando canal 10? Que necesita meter Idiologia de genero a nuestros niños?
Video impartido a 8vo Grado.
Las cosas malas no se callan señores. pic.twitter.com/sXjtw0s21J
La dirección del canal advirtió que las razones de la finalización del acuerdo se deben por “incumplir los estándares educativos” por parte del Instituto a cargo de la elaboración curricular del programa que se transmite desde mayo de 2020.
Contenido para educar en pandemia
Las emisiones televisivas iniciaron en el marco de la pandemia de Covid-19 que provocó el cierre de centros educativos del país centroamericano.
El programa es coordinado entre el despacho de la esposa del presidente, Gabriela de Bukele y el Ministerio de Educación.
El diseño de los contenidos los realiza el centro especializado creado por ley del Congreso aprobada en 2019. Entre sus facultades está el desarrollo de una oferta curricular integral o de especialidades que se necesiten en el sistema educativo de El Salvador.
El episodio transmitido forma parte de la guía de aprendizaje vigente desde el año 2013 sobre la construcción de la sexualidad. Está dirigida a estudiantes de octavo curso cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años, donde se reconoce las identidades y orientaciones diversas.
Corto sobre identidad sexual emitido por Canal 10 de El Salvador. El contenido se creó para estudiantes de 13 y 14 años. El contenido fue elaborado por INFOD que pertenece al Ministerio de Educación.
Discursos sin discriminación
“A mí me gustó el video porque explica lo que es, sin discriminar. Está mal que el gobierno haga eso porque minimiza a un gran grupo de personas como que fueran inexistentes porque en las escuelas públicas y privadas, universidades siempre hay personas del colectivo LGBTI”, expresó a PresentesScarleth Camila, adolescente trans estudiante de séptimo año.
Previo a su ascenso como gobernante, Bukele se mostró a favor de los derechos de la población LGBTI. Pero el primer día de su mandato cerró la oficina de inclusión y en los años posteriores adoptó una actitud conservadora para mantener el respaldo a su gestión.
El Salvador es profundamente conservador. La iglesia católica y evangélica de diferentes denominaciones tienen una gran influencia sobre las decisiones ejecutivas y legislativas del país centroamericano.
Recientemente el gobierno de Nayib Bukele envió al Congreso el anteproyecto de Ley “Crecer juntos”. Allí se sumaban las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre incluir en la prohibición de tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos la orientación e identidad de género. Sin embargo, grupos antiderechos presionaron y fue eliminado de la redacción final.
“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista”
El Diagnóstico Descriptivo sobre la situación de personas LGBTI en el Centro Escolar Jorge Lardé de la capital, realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas, señala que la población estudiantil con identidad y orientación disidente sufre violencia verbal, marginación, exposición de orientación sexual sin su consentimiento, acoso e invalidación.
“La inclusión de temas de educación sexual por parte del Ministerio de Educación en los programas de educación básica y media, es una necesidad y un derecho. Brinda a nuestrxs estudiantes los conocimientos necesarios que les acompañen en sus procesos de formación de identidad, en la exploración de su sexualidad, en romper estigmas que les rodeen y proteger de los prejuicios de nuestra sociedad”, expresó la red universitaria de diversidad y género “Fresno UCA” en un comunicado.
Las personas consultadas para la elaboración del diagnóstico revelaron que el acoso en el centro educativo les provocó problemas de concentración, inasistencia a clases, insomnio, miedo de salir a la calle, auto culpabilización y finalmente deserción escolar.
“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista. A mi edad muchos adolescentes están empezando a descubrir sus cuerpos, este es un país que tiene este tema como un tabú”, dijo Scarleth Camila.
Al cierre de la nota no hubo respuesta del INFOD, su página web fue desactivada y su director destituido por orden ministerial.
Anunciamos que hemos removido de su cargo al director del INFOD e iniciaremos una reestructuración profunda de la institución, promoviendo cambios que permitan impulsar la reforma educativa y un aprendizaje guiado por los valores que caracterizan a la sociedad salvadoreña. pic.twitter.com/kQjFIHxS7S
Karla durante la Marcha del Orgullo en San Salvador de 2022
Es un paso inédito e histórico. Karla Guevara es abogada y había iniciado el proceso hace tres años.
SAN SALVADOR, El Salvador. Un tribunal de El Salvador autorizó un inédito cambio de nombre y sexo a una personas trans. Karla Guevara es abogada y había iniciado el proceso hace tres años.
“Por tanto a nombre de la República de El Salvador fallo a lugar decretar el cambio de nombre propio (…) ha lugar al cambio de la referencia al sexo masculino al genero femenino”, estableció el fallo del juzgado al que Presentes tuvo acceso.
Karla, directora del Colectivo Alejandría de derechos humanos de la población LGBTI, dijo a Presentes que el 11 agosto tuvo la audiencia final en un juzgado de familia en la que no llevaba muchas esperanzas de obtener una resolución favorable a su caso.
“Me siento inmensamente feliz. No puedo explicar la felicidad que siento porque es algo que solo una persona trans sabe. Todo el calvario que sufrió durante toda su vida y que ahora poder acceder a sus documentos de identidad con sus documentos como una es”, dijo a Presentes.
Un proceso duro
De acuerdo a Karla, durante el proceso, a cargo de una jueza de familia, sufrió discriminación debido a que no se reconoció su identidad de género.
“Salí prácticamente llorando del juzgado porque fue una audiencia bastante revictimizante porque realmente no llevaba ninguna esperanza de que fuera un fallo a favor”, expresó Karla a Presentes.
En febrero pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo parcial donde reconoció que las personas trans pueden cambiar su nombre en los documentos de identidad acorde a su género autopercibido y ordenó al Congreso a legislar para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, a la fecha no se ha discutido el anteproyecto de Ley de Identidad de Género presentado desde 2018.
“La Asamblea Legislativa deberá emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género”, dice el texto de la medida.
El fallo del tribunal responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada en 2016 por defensoras de derechos humanos. En ella advertían que los artículos 11 y 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural (LNPN) vulneran el derecho de las personas trans a cambiar su nombre.
(Nueva York) – Las personas transgénero en El Salvador sufren un alto nivel de discriminación en la vida cotidiana, debido a que no existe en el país ningún procedimiento para el reconocimiento legal de la identidad de género, señalaron Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS en un informe que se difundió hoy. La Asamblea Legislativa de El Salvador debería cumplir con una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia y crear un procedimiento sencillo y eficiente que permita que las personas trans puedan reflejar correctamente en los documentos de identidad su identidad de género autodeclarada.
En el informe de 42 páginas, ‘“Solo queremos salir adelante’: Necesidad de reconocimiento legal de la identidad de género en El Salvador”, se expone la discriminación generalizada que experimentan las personas trans debido a la discrepancia que existe entre su género y sus documentos de identidad. Los investigadores se centraron en la discriminación en cuatro áreas principales: salud, empleo, votación y gestiones bancarias. Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS concluyeron que la falta de documentos precisos, lo cual a menudo se combina con prejuicios hacia las personas trans, obstaculiza de manera grave la posibilidad de las personas trans de efectivizar estos derechos.
“La Corte Suprema de El Salvador ha dejado en claro que las personas trans tienen derecho a su identidad y, ahora, la Asamblea Legislativa, debe cumplir con la decisión y garantizar los derechos de estas personas”, señaló Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de personas LGBT de Human Rights Watch. “Sin esa legislación, las personas trans seguirán en situación de desventaja en la sociedad, exacerbada por la violencia generalizada y la discriminación que enfrentan en todos los aspectos de la vida”.
En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dispuso que la Constitución prohíbe discriminar por razones de identidad de género y le otorgó al poder legislativo un año para elaborar un mecanismo por el cual las personas trans pudieran cambiar su nombre en los documentos de identidad. A fin de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y reducir al mínimo la discriminación, la Asamblea Legislativa también debería permitir a las personas trans modificar las anotaciones de género en sus documentos, mediante un procedimiento administrativo que sea sencillo, eficiente y gratuito, sobre la base de la autodeclaración.
Para comprender y documentar el daño relacionado con la falta de reconocimiento legal del género en El Salvador, Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS entrevistaron a 43 personas transgénero en San Salvador, San Luis Talpa, Santa Ana, Santa Tecla, La Unión y Zacatecoluca, y también de manera remota.
En agosto de 2021, algunos legisladores, en colaboración con organizaciones trans, presentaron un proyecto de Ley de Identidad de Género que crearía un mecanismo de reconocimiento legal del género, pero aún no fue tratado por miembros de la Comisión de La Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa. En mayo de 2021, esa misma comisión archivó un proyecto similar presentado en 2018 durante la legislatura anterior, así como otros 29 proyectos sobre diversos temas a los que consideró “no acordes a la realidad”. Activistas trans expresaron críticas contundentes a esa decisión.
Muchas de las personas trans entrevistadas les contaron a los investigadores que experimentaron discriminación al visitar establecimientos de atención de la salud públicos. Dijeron que el personal de centros de salud las expuso como personas transgénero al llamarlas por sus nombres legales en las salas de espera, las sometió a engorrosos cuestionamientos sobre su identidad y que las humilló y se buró de ellas.
Las personas entrevistadas también describieron sus experiencias relacionadas con la búsqueda de empleo, cuando los posibles empleadores se daban cuenta de que la persona que estaban entrevistando era trans al mirar sus documentos. En algunos casos, los posibles empleadores les dijeron abiertamente que no las contratarían por ser transgénero.
La mayoría de las personas trans entrevistadas señalaron que les resultaba difícil acceder a depósitos bancarios propios y remesas que les enviaban sus familiares en el exterior, debido a que los empleados bancarios cuestionaban su identidad porque no coincidía con sus documentos.
Muchas de las personas entrevistadas dijeron que no enfrentaron impedimentos a su derecho a votar durante las elecciones de febrero de 2021. Sin embargo, dos mujeres trans expresaron que no pudieron votar porque su documento de identidad no coincidía con su identidad de género, mientras que varias otras contaron que les permitieron votar, pero tuvieron que someterse a preguntas que consideraron humillantes.
Cada vez más países de América Latina cuentan con procedimientos para el reconocimiento legal del género, como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, que ofrecen mecanismos administrativos sencillos basados en la autodeclaración. La presidenta de la vecina Honduras anunció hace poco que el país haría las reformas necesarias para asegurar este derecho, en cumplimiento del pronunciamiento histórico que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021 en un caso relacionado con Honduras.
En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encargada de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirmó que los Estados deben establecer procedimientos de reconocimiento legal del género sencillos y eficientes sobre la base de la autoidentificación, sin requisitos invasivos ni estigmatizantes.
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual El Salvador es parte, se establece la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos para todas las personas, el derecho al reconocimiento que todos tienen ante la ley y el derecho a la privacidad. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que interpreta el PIDCP, también ha exhortado a los gobiernos a garantizar los derechos de las personas transgénero, incluido el derecho al reconocimiento legal de su identidad de género.
En 2017, el gobierno salvadoreño reconoció a través de un informe que las personas LGBT en ese país enfrentan “tortura, tratos inhumanos o degradantes, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias y otras formas de abuso, gran parte de ella cometida, incluso, por agentes de seguridad pública”. En un informe de 2021 de Human Rights Watch se confirmó la evaluación del gobierno salvadoreño y se concluyó que la marginación social y económica agudiza el riesgo de violencia, lo cual provoca que las personas trans sean especialmente vulnerables a situaciones de abuso.
“El Salvador tiene una deuda histórica con la comunidad trans, y la creación de un mecanismo de reconocimiento legal del género puede ser un primer paso para saldar esa deuda”, manifestó Bianka Rodríguez, directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS. “Seguiremos siendo objeto de violencia y discriminación en la sociedad hasta que se reconozca nuestra capacidad de autodeterminación, nuestra dignidad y nuestra libertad”.
Scarleth tiene 16 años y hace dos comenzó su transición. Las vivencias familiares y educativas en un país que niega la identidad de género.
SAN SALVADOR, El Salvador. El confinamiento obligatorio por la COVID-19 en El Salvador fue para la adolescente Henríquez una oportunidad para reflexionar sobre su identidad hasta entonces reprimida. Todo el tiempo que tuvo para pensar permitió que la decidiera a mostrar al mundo con su expresión femenina. De ahora en adelante se llamaría Scarleth Camila.
Con las clases escolares suspendidas y otras actividades limitadas, Scarleth Camila Henríquez dedicó la mayor parte de 2020 a buscar información en su teléfono móvil sobre cómo definir la identidad que sentía desde pequeña. En la popular red social TikTok encontró variados contenidos de adolescentes trans que respondieron la mayoría de las inquietudes que tenía en ese momento.
Una mujer alta y delgada
“Pienso que si la pandemia no hubiera pasado yo todavía estuviera reprimida. La pandemia me ayudó un montón porque yo estaba en mi casa, nadie salía. Yo publicaba lo que quería y no tenía comentarios negativos. Los que tenía por redes sociales los borraba y ya”, expresó a Presentes la joven de 16 años de edad.
Pese a la resistencia y negativa de su familia, siempre se imaginó como una mujer alta y delgada: “es lo que soy ahora”, dijo orgullosa.
Dice que la música de la neoyorquina Lady Gaga le recuerda momentos felices de su infancia, por sus letras con mensajes de exaltación y aceptación de la diversidad. Asegura que sus canciones son como himnos que la acompañan en la transición hacia su identidad femenina.
También utilizó las redes sociales para expresar públicamente su deseo de iniciar la adopción de la identidad, que tuvo que postergar desde la niñez. Las reacciones de su familia trataban de hacerla desistir. Pero la decisión de Scarleth era inamovible.
“Mi familia reaccionó mal. Me dijeron que estaba confundida, que era una etapa de la edad, que cuando estuviera más grande iba a cambiar, que probara a una mujer para que no sintiera confusión, y que por ley me tenían que gustar las mujeres”, recordó.
Transicionar en un país conservador
El Salvador es profundamente conservador. La iglesia católica y cristiana de diferentes denominaciones tienen una gran influencia sobre las decisiones ejecutivas y legislativas del país centroamericano.
Recientemente el gobierno de Nayib Bukele envió al Congreso el anteproyecto de Ley “Crecer juntos”. Allí se sumaban las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre incluir en la prohibición de tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos la orientación e identidad de género. Sin embargo, grupos antiderechos presionaron y fue eliminado de la redacción final.
En 2018, fue presentado al Congreso el anteproyecto de Ley de Identidad de Género. En 2021 fue archivado por las diputadas del partido oficialista Nuevas Ideas. Lo justificaron diciendo que era una propuesta obsoleta y que no respondía a la realidad del país. Ese mismo año se entregó nuevamente una adaptación de la propuesta, pero aún no se ha discutido en la comisión correspondiente.
Para Scarleth, contar con una Ley de Identidad de Género es esencial para el desarrollo de su vida. Durante la XII marcha contra la transfobia, ella preparó un cartel y recorrió las calles de la capital exigiendo su pronta aprobación.
“La ley de identidad es importante porque somos ciudadanas, ciudadanos, valemos en El Salvador. Todas mis amigas trans, hermanos trans pagan impuestos y no valen sus derechos”, señaló Scarleth en la primera marcha que participaba en su vida.
“Creo que ahora está cambiando la mentalidad de las personas porque hay más visibilidad, pero falta mucho que recorrer. La ley de identidad sería un gran boom para nosotras porque no nos discriminaran en los trabajos o escuelas”, recalcó la adolescente.
Además de luchar por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI, la joven está comprometida con la causa de la despenalización del aborto en un país con una de las leyes más duras en contra de mujeres que sufren emergencias obstétricas.
Pronombre, transición y familia
Para Scarleth, contar con el apoyo de su familia es vital para continuar su proceso de transición. Vive junto a su mamá y hermano mayor. Pese a tener valores religiosos muy profundos, la mamá de Scarleth la apoya con condicionantes de vestimenta. Su transición ha sido apoyada principalmente por su papá, a quién visita regularmente.
“A mi mamá se lo dije por WhatsApp a los 14 años, cuando vi todo el empoderamiento LGBT pensé que era el momento y lo hice. Mi papá me dijo que me iba a amar tal y como yo fuera siempre. Mi mamá no lo tomó muy bien por su religión, me dijo que me acepta pero que respetara la casa y no fuera a llegar en falda”, recordó Scarleth.
Para muchas personas LGBTI sus familias se convierten en los principales violentadores. Las discriminan y las expulsan de sus hogares por causa de su identidad, orientación y expresión, provocando afectaciones psicosociales irreversibles en muchos casos.
El rol de las familias
El informe “Condiciones actuales de la población LGBTI 2020 – 2021”, elaborado por Comcavis Trans, refleja que el 56 por ciento de un total de 244 personas encuestadas, sufrieron desplazamiento forzado interno por amenazas de las violentas pandillas que aún dominan las comunidades.
Con la transición Scarleth pidió que su familia la llamaran por el pronombre femenino, pero aún no lo usan con la frecuencia que a ella le gustaría. El Salvador no cuenta con políticas públicas para evitar la discriminación de las personas LGBTI, la negativa al uso de pronombres acordes a su identidad ha provocado violencias en los centros de estudio, sanatorios y oficinas del Estado que se resisten a respetarles.
“Todo mi camino trans ha sido sola, creo que si me acompañara mi familia sería más fácil. Yo creo que mi vida ha sido super fácil, en cambio otras personas trans las sacan de sus casas y tienen que buscar donde vivir, trabajar. Es feo no tener información sobre salud trans”, dijo Scarleth.
“Siempre tomo lo positivo de la vida. Yo siento que mi vida es privilegiada, a otras las sacan de sus casas, las golpean sus mismos padres por el machismo que existe”, agregó.
El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra personas LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.
Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.
Escuela sin protocolo de atención a población LGBTI
El artículo dos de la Ley General de educación de El Salvador establece que la normativa, de estricto cumplimiento, debe promover el respeto a los derechos humanos e insta a combatir todo espíritu de intolerancia y odio en las instalaciones educativas, sin embargo, la práctica está alejada de este mandato.
Scarleth tuvo que abandonar los estudios en 2018 debido a discriminación del resto de estudiantes. Se refugió en su casa durante un año hasta que retomó las clases presenciales en 2019 y virtuales en 2020 durante la cuarentena obligatoria de la pandemia.
De acuerdo a “Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005-2050 y los censos de educación” unos 31 mil estudiantes no fueron matriculados el mismo año que Scarleth se retiró.
Desde que inició el año escolar de 2021, las clases fueron híbridas entre presencial y virtual. Scarleth ha tenido que asistir a clases con uniforme masculino y es nombrada con el nombre asignado al nacer, también pidió a los maestros que la llamaran por su pronombre femenino, pero no tuvo recepción su solicitud.
“Me gustaría que existiera una ley de identidad de género porque en la escuela hablé que mi pronombre y mi nombre me los tenían que respetar porque no voy a hacer ni la primera ni la última trans que esté en la escuela. Hace unos años hubo dos trans en mi escuela y una de ellas fue súper buleada”, dijo Scarleth.
Una ley por la educación
El Diagnóstico Descriptivo sobre la situación de personas LGBTI en el Centro Escolar Jorge Lardé de la capital, realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas, señala que la población estudiantil con identidad y orientación disidente sufre violencia verbal, marginación, exposición de orientación sexual sin su consentimiento, acoso e invalidación.
Las personas consultadas para la elaboración del diagnóstico revelaron que el acoso en el centro educativo les provocó problemas de concentración, inasistencia a clases, insomnio, miedo de salir a la calle, auto culpabilización y finalmente deserción escolar.
“En la escuela he sentido gran apoyo de mis compañeras y compañeros a pesar que hay personas que son transfóbicas, pero no me junto con ellos”, señaló Scarleth.
Presentes consultó a comunicaciones del Ministerio de Educación, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.
Una semilla de Marsha P Johnson
Scarleth quiere ser abogada para defender a personas vulneradas. Desea escribir un libro con sus memorias. Espera con ansias tomar clases de guitarra, del idioma inglés, concluir sus estudios, trabajar y adoptar un bebé. Cree fervientemente que la sociedad salvadoreña cambiará y será más tolerante con las identidades y orientaciones disidentes.
“Yo en el futuro no me quiero ver en la calle y que alguien me mate solo por ser trans. Yo siento que ahorita socialmente está cambiando, cuando salgo a las calles no escucho comentarios transfóbicos, que obviamente existen, pero en mi experiencia no. Siento que quiero seguir el camino que inició Marsha P Johnson, ella me inspira”, puntualizó Scarleth.
El congreso salvadoreño aprobó en 2015 una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.
La mayoría de casos han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.
El fallo a favor de Camila Díaz fue el primero con una condena en el país centroamericano. En febrero de 2021 tres pandilleros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron condenados hasta 66 años de prisión por el asesinato de Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez. Ningún fallo tomó en cuenta el agravante de crimen por odio.
En 2021 COMCAVIS Trans reportó siete asesinatos en contra de la población LGBTI: un hombre trans, cuatro mujeres trans y dos hombres gays.
🌎🏳️🌈🏳️⚧️#Cobertura
🇸🇻📢🌈El Salvador marchó x el #OrgulloLGBT
💥El cierre de la dirección de diversidad, el desmantelamiento de mesas de trabajo y la negativa de tratar la Ley de identidad de género fueron algunas de las consignas.
Crece la preocupación por la falta de información sobre los detenidos, en su mayoría en forma ilegítima. La población LGBT es la más afectada.
MEJICANOS, El Salvador. Cientos de mujeres esperan en una extensa fila afuera de un centro penal de El Salvador. Aguardan su turno para suplicar información acerca de sus familiares detenidos durante el polémico régimen de excepción.
Algunas, con sus ojos llorosos, buscan respuestas para la incertidumbre que viven desde que el Congreso aprobó una emergencia de seguridad que suspende derechos constitucionales.
Las personas duermen sobre cartones, bajo improvisados toldos de plástico colgados en espacios de la calle. Se alimentan con comida que varias iglesias preparan para regalar a las familias que esperan afuera de la prisión La Esperanza, al norte de la capital. Su denominador común es la pobreza y la estigmatización de vivir en zonas populosas con presencia de pandillas.
Esperan días enteros bajo el sol y la lluvia. Denuncian que una noche fueron despertados por chorros de agua que les lanzaban desde un camión cisterna, mientras estaban acostados en la calle. Lamentan que los soldados y policías les han amenazado para que se vayan de la zona.
“Nos dijo un policía: ‘ahora nosotros tenemos la ley que los podemos agarrar y los podemos hasta matar a cualquiera. Tenemos la autoridad que el gobierno nos ha dado’. Eso no es justo, yo tengo mucho miedo”, relató a Presentes, María Méndez, mientras esperaba su turno en la fila.
Cuenta que su hijo de 24 años fue detenido en una zona rural mientras realizaba labores agrícolas. Los policías le pidieron que los acompañara a la delegación para una investigación y lo dejaron detenido desde el cinco de mayo.
Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, detuvieron a 32.529 personas. Todas están acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones.
Largas filas esperan por ingresar a las cárceles para tener datos de sus familiares detenidos en forma arbitraria. Registro: Paula Rosales. Edición: Estefanía Cajeao.
Población LGBTI
Keiry Mena, una mujer trans de 44 años. Fue detenida por cuatro policías la tarde del domingo 8 de mayo cuando salió a comprar esmaltes de uñas para su trabajo. La mujer atiende a domicilio debido a que no cuenta con local para sus clientas.
De acuerdo al testimonio de Esmeralda Molina, sobrina de Keiry, esa tarde los policías le dijeron que fue detenida porque tenía cuatro denuncias anónimas. La acusan de extorsión. Ese día le quitaron el teléfono celular como “prueba”. Keiry vive junto a su mamá y hermana en un mesón ubicado en “el callejón de los niños”, en la ciudad industrial de Soyapango, 11 kilómetros al oeste de la capital.
En la Procuraduría General notificaron que cambiaron el delito de extorsión por agrupaciones ilícitas, sin notificar previamente a la familia. Keiry ayuda económicamente a su mamá y hermana quienes ahora están con incertidumbre para pagar el alquiler de la habitación que comparten.
Ningún organismo brinda datos certeros sobre el estado de las personas detenidas. Foto: Paula Rosales.
Ninguna respuesta
Desde que inició el régimen de excepción en marzo, la Procuraduría General de la República atiende miles de familias que peregrinan afuera del edificio en busca de ayuda y respuestas que nadie les da. Han escuchado cuando los servidores públicos dicen que “no iban a apelar por las personas que se han detenido”.
“Lo que hacen es una injusticia. Se la llevaron injustamente y sin pruebas, porque no traían ningún documento ni las denuncias de las personas que hicieran constar. Tampoco pruebas de las personas que la misma policía me indicó que tenían”, dijo a PresentesEsmeralda Molina.
Las clientas habituales de Keiry apoyaron a su familia con dinero para colaborar con los gastos de movilización. Es interminable cantidad de trámites que deben hacer para tramitar la liberación de Keiry.
El centro Diké de personas transgénero y LGBTI registró la detención de cinco personas de la población durante los casi dos meses que lleva la medida. Un hombre gay, dos mujeres trans y dos hombres trans han sido detenidos, informó a PresentesGabriel Fernández, director de protección y antiviolencia.
En la última marcha, durante el día de lucha contra el LGBTIOdio pidieron por la libertad de Alessandra. Foto Paula Rosales.
Estigmatización y violencia
Entre las principales vulneraciones registradas por Diké está el irrespeto a la identidad de género. Las personas detenidas han sido expuestas desnudas y obligadas a guardar prisión en celdas que no corresponden a su expresión.
Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.
“Muchas veces se piensa que son pandilleros que se han ‘disfrazado’ para eludir la justicia. Han sido ridiculizados tanto para mujeres como hombres trans”, expresó a Presentes Gabriel Fernández de Diké.
Cuentas vinculadas a policías y soldados difundieron imágenes de mujeres trans con su torso desnudo a quienes acusan de ser colaboradoras de la pandilla Barrio 18.
“Hay agravio a su integridad física ya que se les asigna en el caso de las mujeres trans junto con hombres que pueden agredirlas ya sea física o verbalmente. Esto las pone en un eminente peligro”, señaló Gabriel.
Al momento de ingresar a los centros penales, los detenidos son expuestos a tratos denigrantes. Su cabello es cortado y son expuestos ante las cámaras gubernamentales en ropa interior para difundirlos por las redes sociales, y medios de propaganda oficial. Las mujeres trans son tratadas como el resto de la población masculina.
La organización CRISTOSAL ha documentado del 27 de marzo al 19 de mayo 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. El 77.7 por ciento de los victimarios fueron agentes de la policía.
Consideran que al menos 16 personas detenidas han muerto en este periodo. Se presume que algunos fueron golpeados al interior de los centros de detención provocándoles la muerte. Otros casos fueron por negarles el acceso a tratamientos médicos prescritos.
“Se ha documentado que mueren por golpizas algunos o porque las propias autoridades penitenciarias no les permiten acceso a sus documentos. En ambas situaciones hay una responsabilidad de violación a la vida de las autoridades por muerte”, expresó a la prensa David Morales, director de derechos humanos de CRISTOSAL.
La organización CRISTOSAL documentó 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. Foto: Paula Rosales.
Familias sin recursos ni información
Las familias de Alessandra y Keiry viven cada día con la preocupación de garantizar los gastos generados por sus detenciones. Desde que fueron retenidas utilizaron los pocos ahorros o pedir dinero prestado para cumplir con las exigencias de los centros penales.
“Mi hermana sacó de un ahorro que tenía para comprar un teléfono, yo puse todo el dinero que tenía de la venta de ropa”, expresó Juan Carlos que pidió omitir su apellido por seguridad.
Los niveles del azúcar en la sangre de la mamá de Alessandra se elevaron. Con la precaria economía familiar han tenido que cubrir los gastos médicos provocados por la detención de su hija.
La falta de información clara sobre las condiciones de las personas detenidas aumenta la incertidumbre de sus familias que deben peregrinar por las instituciones en busca de datos fiables sobre sus procesos.
“La información que se encuentra respecto a cómo están estas personas es casi nula. La limitan mucho casi siempre solo a familiares. Ha habido ocasiones que hemos hecho el acompañamiento con familiares ya sea a bartolinas o procuraduría y no se les ha dado la información necesaria”, señaló Gabriel de Diké.
Presentes solicitó en tres ocasiones comentarios del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sin tener respuesta al cierre de la nota.
Desde el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Bukele, periodistas y activistas LGBT sufrieron amenazas y hostigamientos.
SAN SALVADOR, El Salvador. El Congreso salvadoreño aprobó en marzo una nueva y polémica reforma el código penal del país. Esta medida establece condenas de hasta 15 años para periodistas que publiquen contenidos informativos sobre las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18.
La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.
Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.
El amedrentamiento permanente
Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.
Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.
“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.
El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.
“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.
Justificando las reformas
La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.
Mordaza al hablar de pandillas
Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.
En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.
En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.
Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.
“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.
En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.
El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.
Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.
El castigo a la prensa
“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.
Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.
“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.
El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.
“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.
“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.
De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.
Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.
“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.
El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.
Pronunciamiento frente a las amenazas de muerte que ha recibido nuestro Secretario de Comunicaciones, @EIvanOrtiz, defensor de Derechos Humanos y activista político en El Salvador: pic.twitter.com/fmWuIEZRug
— Federación Salvadoreña LGBTI (@feslgbti) April 20, 2022
La mujer fue sacada a la fuerza de su casa por no tener documento de identidad.
EL SALVADOR, San Salvador. La madrugada del martes 26 de abril, Alessandra Sandoval, de 24 años, se despertó por los golpes de la policía en la puerta de la vivienda que comparte con su madre, en un populoso barrio de las periferias de la capital. Fue detenida por no presentar su documento de identidad personal.
“Mi hermana se encontraba en la casa de mi mamá. Llegaron a la casa a revisar, y por ser la única persona que no tenía documentos se la llevaron detenida”, dijo a Presentes, Carlos Rivera, hermano de Alessandra.
Alessandra no ha tramitado el Documento Único de Identidad (DUI), por negarse a utilizar el nombre masculino asignado al nacer. El Salvador aún no cuenta con una ley de identidad de género que acredite el nombre de acuerdo a su expresión autopercibida.
La familia de Alessandra expresó que no es la primera vez que la policía hace revisiones de rutina en las viviendas. Los ingresos deben ser autorizados por cada vecino, y son permitidos porque se enmarcan dentro del plan Casa Segura de la institución encargada de la seguridad pública. Sin embargo, desde que inició el régimen de excepción, policías y soldados pueden entrar sin previo aviso a las casas.
“La han llevado detenida injustamente porque ella no es delincuente, ni nada por el estilo y solo por no tener el documento está detenida. Los policías se enojaron por eso y se la llevaron”, expresó Carlos.
Un régimen que quita derechos
El régimen de excepción, aprobado en el congreso el 27 de marzo, fue renovado por treinta días más esta semana. Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.
Alessandra se dedica a la venta de ropa de segunda mano igual que su hermano Carlos. Desde la detención de ella, no pudo salir a entregar los pedidos que le hacen por las redes sociales. Tampoco tiene los recursos suficientes para pagar los servicios de asesoría legal.
La falta del documento de identidad de Alessandra dificulta. Sin él, no pueden solicitar la constancia de antecedentes penales o solvencias de la policía que exigen las autoridades para su liberación.
Los abogados penalistas cobran entre quinientos y tres mil dólares por defender a las personas detenidas durante el régimen de excepción.
Más de 19.000 personas han sido detenidas durante 32 días acusadas de pandilleros. Ninguna de estas capturas tuvo orden de un juzgado.
El Congreso aprobó en marzo reformas para aumentar los años de prisión en los delitos contemplados en el código penal, procesal penal, ley antiterrorista y ley penal juvenil. El objetivo era disuadir a quienes integren y colaboren con las violentas pandillas. Los menores de edad de 12 a 16 años podrían ser condenados hasta una década de prisión.
“Exigimos que por lo menos exista el mínimo de respeto de la probabilidad de inocencia. Mientras eso se comprueba, deberían tener un mínimo de cuidado de no hacer detenciones arbitrarias por el simple hecho de cumplir con un número o meta que les han dado a los policías”, expresó Mónica.
La situación de Alessandra
La policía le informó a la familia de Alessandra que sería acusada de colaborar con las pandillas y podría ser condenada entre 20 y 30 años de prisión.
“Estoy bastante mal. Me dijo el policía que si no nos rebuscamos a mi hermana la van a poner como colaboradora (de la pandilla) y ella no es nada de eso”, expresó llorando Carlos a Presentes.
Para la organización Amnistía Internacional el régimen de excepción ha provocado “una tormenta perfecta” en la violación de derechos humanos a las personas detenidas durante este período.
“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, expresó el organismo en un comunicado difundido esta semana.
Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cinco detenidos murieron después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.
Hasta el 27 de mayo están suspendidos en el país centroamericano las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Los detenidos en este periodo no tienen derecho a tener un defensor y pueden ser detenidas hasta seis meses mientras duran las investigaciones fiscales.
La cuenta de Twitter Halcón Azul publicó las fotografías de dos mujeres trans desnudas durante la detención, dirigiéndose a ellas por sus nombres de identidad de género como “alias”.
El hecho se registró el jueves cuando el joven se dirigía a una reunión con Amnistía Internacional. Crece la preocupación por la violencia policial contra la población LGBT.
SAN SALVADOR, El Salvador. Esteban M (nombre de la víctima modificado para resguardar su integridad) es un hombre transexual de 27 años. La tarde del jueves 21 de abril la policía lo obligó a descender del autobús para una revisión rutinaria en el marco del régimen de excepción.
El Congreso salvadoreño, controlado por el presidente Nayib Bukele, aprobó la madrugada del 27 de marzo un régimen de excepción durante treinta días en todo el territorio del país centroamericano que se extendió a partir del 25 de abril, por 30 días más.
El objetivo es contener una inusitada alza de asesinatos provocados por las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18. La situación puso en entredicho la efectividad del Plan Control Territorial del gobierno.
Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Durante 27 días la policía y militares han detenido a más de 15.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.
Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso
Esteban es activista y defensor de derechos humanos, pertenece a la organización Cultura Trans. El día de su detención se dirigía a una reunión con la organización Amnistía Internacional pero no se presentó.
El colectivo Cultura Trans trabaja desde 2017 en incidencia de políticas públicas y en la formulación de protocolos de atención a población LGBTI.
El activista salió de su casa a las 13 a reunirse con Liam Fernando Linares (coordinador de Cultura Trans) para ir juntos al sitio de la organización internacional. Al ver que su amigo tardaba en acudir a la cita, Linares le llamó sin obtener respuesta. Recién a las 14.24, Esteban respondió para informar que había sido detenido. Ese fue su último mensaje.
Esteban relató que policías ordenaron a varias personas a descender del autobús, pero centraron su atención específicamente en él por los tatuajes artísticos que tiene en su cuerpo. Cuestionaron por qué su nombre era diferente al documento de identidad personal.
“Lo golpearon e hincaron, luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido”
Desde que inició el régimen de excepción la sede de la fuerza naval se ha convertido en una especie de centro de detención provisional mientras las personas detenidas son enviadas a los centros penales del país.
“En el actual contexto en el que se han suspendido garantías judiciales fundamentales, las personas LGBTI pudieran experimentar mayores violaciones a los derechos humanos. Incluidas detenciones arbitrarias en centros penitenciarios sin que se reconozca su identidad de género”, dijo a Presentes Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Esteban relató que fue humillado por el cuerpo de seguridad. Además de los golpes lo insultaron y lo encerraron junto a otras mujeres detenidas en el centro de detención provisional.
“Lo golpearon e hincaron. Luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido. Hicieron que se quitara el binder que es la camisa compresora que usamos para que se nos vea el pecho plano. Hicieron que se desnudara para revisar si no tenía más tatuajes”, expresó Liam a Presentes.
“Es importante enfatizar que las personas LGBTI han sufrido desproporcionadamente de altos niveles de violencia y discriminación en El Salvador. En el pasado hemos documentado cómo personas LGBTI tuvieron que huir del país por amenazas, hostigamiento y violencia, sin recibir protección del Estado”, señaló Erika.
Denuncias en redes
Las redes sociales son hoy el principal medio de denuncia de detenciones arbitrarias del gobierno. Después que la retención de Esteban se hizo pública fue liberado golpeado y atemorizado por la brutal experiencia que vivió.
El régimen de excepción suspende las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Las personas detenidas en este periodo no tienen derecho a un defensor y pueden permanecer encarceladas hasta seis meses, mientras duran las investigaciones fiscales.
Nayib Bukele de 40 años, acostumbra a tener una imagen desenfadada y moderna. Se autoproclama un “dictador de El Salvador”, “el emperador” o “el presidente más cool del mundo” y se apoya en las redes sociales para impulsar su agenda alejada de los señalamientos.
Con una retórica incendiaria, similar al estilo del expresidente estadounidense Donald Trump, se ha convertido en una especie de policía, investigador y juez. La presunción de inocencia es cosa obsoleta para el gobierno.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de El Salvador a investigar a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos en observancia al debido proceso legal. También pidió absoluto respeto a las garantías judiciales y adoptar una política de seguridad ciudadana integral que tenga como premisa la protección a los derechos humanos.
Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cuatro detenidos han muerto después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.
En las primeras horas del 25 de abril, el congreso de El Salvador aprobó extender 30 días más el régimen de excepción en El Salvador.
Trío anti-derechos LGBT+… Nicolás Maduro, Nayib Bukele y Daniel Ortega.
Son tres de los países latinoamericanos con mayor cantidad de menciones negativas en el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el mundo. Brasil, señalado por el aumento de asesinatos de personas trans.
En América Latina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador fueron tres de los peores países para ser una persona de la comunidad LGBT+ durante el año pasado, junto a los 9 países caribeños que siguen criminalizando las relaciones homosexuales, perennes integrantes de esa bochornosa lista año tras año.
Así se desprende del flamante informe sobre Derechos Humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de EU, que su titular Antony Blinken presentó la semana pasada, y en el que nuevamente aparecen Rusia y China como los principales perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos en el 2021 (con la invasión a Ucrania, el régimen de Putin se aseguró revalidar el título en el 2022)
Con respecto a Venezuela, uno de los régimenes más represivos en la región en términos generales, el gobierno de Biden menciona el desabastecimiento de antirretrovirales para personas portadoras de VIH y enfermas de SIDA, que han sufrido desde el 2016 una criminal escasez de medicamentos, agudizada luego que el Estado se convirtiera en el único autorizado para comprarlos. Esta dramática situación ha llevado al exilio a decenas de miles de pacientes imposibilitados de continuar su tratamiento en el país, además de empujar a otra enorme cantidad de personas positivas a interrumpir su adherencia, lo que debilita el sistema inmune y acelera la progresión del virus en el cuerpo.
El informe también señala que la Defensoría Especial para la Protección de las Personas de la Diversidad Sexual de Venezuela es “ineficaz” y que la mayoría de los delitos de odio contra personas LGBT+ no son investigados, detallando la falta de legislación en el país para proteger a personas de dicho colectivo, que van desde la falta de un marco legal para relaciones entre personas del mismo sexo hasta la ausencia de una ley de identidad de género.
“El régimen de Maduro niega sistemáticamente el reconocimiento legal a las personas transgénero e intersexuales al impedirles obtener los documentos de identidad necesarios para acceder a la educación, el empleo, la vivienda y la atención médica. Esta vulnerabilidad a menudo llevó a las personas transgénero e intersexuales a convertirse en víctimas de la trata de personas”, apunta el Departamento de Estado.
Tampoco dejaron pasar la persecución por parte de las Fuerzas Armadas en Venezuela contra sexualidades diversas. Los cinco cuerpos que la integran, centrales para el proyecto dictatorial de Maduro, tipifican como delito las relaciones homosexuales en el código de justicia militar, sancionando a los miembros de la comunidad LGBT con prisión de uno a tres años y multas.
Desprotección y persecución
Con respecto a Nicaragua, vale recordar que el país recién despenalizó la homosexualidad en el Código Penal de 2008, tras haberlo hecho brevemente a principios de los 90s. Se trata de otro país latinoamericano donde las violaciones contra las libertades y los DD.HH. son moneda corriente en relación a toda su población, situación que solo ha empeorado en los últimos años.
La población LGBT+ no cuenta con protección alguna por parte del Estado, y derechos que en muchos países de la región ya llevan más de una década, como el matrimonio igualitario, no podrían estar más alejados de la agenda represiva del matrimonio Ortega-Murillo, quienes han prohibido toda manifestación que no sea de apoyo a su régimen, incluyendo la Marcha del Orgullo de Managua, y han perseguido a militantes LGBT+, quienes en muchos casos han debido exiliarse.
“Los grupos LGBT+ denunciaron discriminación, falta de acceso a la justicia y falta de respuesta de la policía. El gobierno y los simpatizantes del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del oficialismo] atacaron con frecuencia a los participantes LGBT+ en particular en las protestas civiles, utilizando campañas de difamación en línea y ataques físicos en algunos casos”, indica el gobierno estadounidense.
Y añade: “Los activistas dijeron que los presos políticos LGBT+ ocultaron su orientación por temor a un aumento de los abusos por parte de los guardias de la prisión”.
La falta de protección para las personas trans y el abuso en manos de la Policía es otro de los temas que detalle el informe. “Las mujeres transgénero detenidas por participar en protestas a favor de la democracia sufrieron hostigamiento particular durante su detención. Las retuvieron con reclusos varones, las obligaron a desnudarse frente a sus compañeros y los guardias las arengaron específicamente”.
La Constitución nicaragüense no reconoce el derecho a la autodeterminación con respecto a la identidad de género, por lo cual, señalan, “el sistema penitenciario no está obligado a separar a los reclusos en función de la identidad de género”, provocando una violencia todavía mayor hacia las personas trans.
Presidente millennial, agenda ultra-conservadora
Cuando Nayib Bukele llegó al poder en junio del 2019, el ex alcalde de San Salvador prometió una renovación de la política salvadoreña (“Nuevas Ideas” llamó a su partido), cautivando a numerosos medios internacionales que hicieron énfasis tanto en su juventud (37 años al momento de asumir) como en sus estrategias de comunicación alejadas del proselitismo de antaño y enfocadas en el uso de redes sociales y el trato directo con los ciudadanos.
Sin embargo, su presunta modernidad no ha pasado de gestos superficiales (informalidad al vestir) o la adopción de tendencias muy cuestionadas (su fanatismo por las criptomonedas). Con respecto a la agenda doméstica de derechos, el presidente salvadoreño, que ha cooptado el Poder Judicial para poder reelegirse, dejó en claro el año pasado que en su reformulación del Estado no había lugar para el matrimonio igualitario o el derecho a abortar de las mujeres.
“Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, dijo Bukele, cuyo desinterés por la población LGBT+ es documentada en el informe.
“[En El Salvador] la policía y las pandillas continúan cometiendo actos de violencia contra las personas LGBT+. Estas acciones fueron toleradas por el gobierno y los perpetradores rara vez fueron procesados”, señalan.
Y agregan: “Activistas LGBT+ denunciaron ante la Fiscalía General que recibieron amenazas de muerte en redes sociales. En general, la Policía no actuó ante estas denuncias. Las ONG informaron que los funcionarios públicos, incluida la Policía, cometieron actos de violencia y discriminación contra las personas LGBT+. Personas de la comunidad LGBTQI+ afirmaron que la Policía Nacional Civil y funcionarios de la Fiscalía General acosaron a personas transgénero y homosexuales que denunciaron casos de violencia contra personas LGBT+, incluso mediante la realización de cacheos al desnudo innecesarios e invasivos”.
El informe también recuerda que la administración Bukele eliminó en 2020 la Secretaría de Inclusión y que la oficina ministerial a la que le trasladó esas responsabilidades no cuenta con apoyo alguno y no ha impulsado cambios significativos para las personas LGBT+ en el país.
El caso brasileño
Si bien todos los países de la región reciben un señalamiento con respecto a las violaciones de los DDHH de las personas LGBT+ que han ocurrido en sus territorios el año pasado, ya sean aspectos puntuales como en Uruguay y Argentina o sistemáticos como en numerosas naciones del Caribe y Centroamérica, destaca en el informe realizado por el Departamento de Estado el caso de Brasil.
Si bien el gobierno de Biden reconoce que en general los actos de violencia contra las personas LGBT+ han disminuido en Brasil desde el 2017, también advierten sobre el aumento de homicidios contra las personas trans. En los primeros 6 meses del año pasado, fueron 80 los crímenes, y el Departamento de Estado estima que la cifra real posiblemente sea mayor.
“El Romero santo y asesinado debe ser para nosotros siempre un recuerdo peligroso”
“Sentía cercano al prójimo oprimido y veía en él el rostro del Señor crucificado”
“Hoy, al recordarlo, cuando tendemos a ponerlo en un pasado violento y heroico, muy diferente de nuestra actualidad, le hacemos un flaco favor a su santidad. Porque de muchas maneras el prójimo oprimido continúa estando a nuestro lado”
“Sólo podremos celebrar a Romero desde la solidaridad humilde y combativa. Esa misma solidaridad que tuvo quien ‘siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos‘ (2Cor 8, 9)”
| José M. Tojeira sj
Celebramos un año más la santidad de Mons. Romero en el día de su muerte martirial. Y es bueno preguntarnos qué es lo que hace santo a este obispo, tímido y profeta al mismo tiempo, riguroso consigo mismo y libre para anunciar el Evangelio del Reino, que se dirigía espiritualmente con un sacerdote del Opus Dei y se confesaba con un jesuita. Y la respuesta que brota con mayor rapidez es clara: Sentía cercano al prójimo oprimido y veía en él el rostro del Señor crucificado. Y ahí, en la debilidad del infravalorado y marginado, encontraba la fuerza para anunciar y denunciar.
Hablaba con todos, trataba de ayudar siempre, soportaba ataques, insultos e incluso la enemistad de algunos (a veces más que algunos) de sus hermanos en el episcopado. Pero su cariño y su preocupación indeclinable eran los pequeños, los marginados y los perseguidos por defender y trabajar en favor de la igual dignidad humana de los hijos e hijas de Dios.
Vivía con una enorme sencillez en un asilo de enfermos terminales y disfrutaba sintiéndose acogido y querido por los pobres. Su bondad y su heroicidad nos facilita ponerlo en una hornacina del pasado, como una de las personas que nos recuerda al Jesús que pasó por este mundo “haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo” (Hechos 10, 38). Pero no basta la admiración de una santidad si no se siente al mismo tiempo un fuego interior como el que sentía los apóstoles al interiorizar la resurrección del Señor.
Hoy, al recordarlo, cuando tendemos a ponerlo en un pasado violento y heroico, muy diferente de nuestra actualidad, le hacemos un flaco favor a su santidad. Porque de muchas maneras el prójimo oprimido continúa estando a nuestro lado. Y un santo del que recordemos sus glorias pasadas sin que nos inquiete en nuestro presente no deja de ser una especie de adorno personal y, con frecuencia, una muestra de narcisismo institucional.
Quienes viven y sufren en la marginalidad y la pobreza, los migrantes menospreciados por su origen o por el color de su piel, las víctimas de las guerras, los saharauis abandonados porque la economía es más importante que las personas, son parte de esa legión de oprimidos que siguen cuestionando nuestras historias personales y sociales.
Si no los sentimos inmediatos, si algo no nos llama a hacerlos históricamente significativos, nos alejamos de lo más hondo de nuestra realidad humana: la capacidad de sentirnos fraternos, miembros de la misma especie. Y al olvidar y traicionar nuestra humanidad traicionamos también nuestra fe. De poco nos serviría entonces el recuerdo de aquellos que en el pasado amaron tanto a sus prójimos que pudieron vivir sin que el odio de los violentos, e incluso la muerte, nublara su mirada de profetas.
Mons. Romero nos llama siempre al presente. Así lo entendieron quienes propusieron en la ONU que el 24 de marzo fuera el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas”. La Asamblea General de la ONU aprobó en 2010 la titulación de ese día en honor a Monseñor Romero. Casi podríamos decir que lo canonizó antes que su propia y nuestra Iglesia.
Pero tanto a los cristianos como a la ciudadanía humanista nos cuesta demasiado romper la comodidad que nos cuestiona el que sufre. Y ponemos al margen de nuestras mentes a quien la sociedad ha marginado ya antes, de un modo injusto y con frecuencia violento. El Romero santo y asesinado debe ser para nosotros siempre un recuerdo peligroso. Peligroso para el statu quo del dinero, de la egolatría y del poder, y peligroso también para quienes, despertados y urgidos por su recuerdo, tratemos simultáneamente de odiar al mal y amar al enemigo. Sólo podremos celebrar a Romero desde la solidaridad humilde y combativa. Esa misma solidaridad que tuvo quien “siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos” (2Cor 8, 9).
Cristianismo liberador, ciudadanía crítica, pedagogía de la liberación, democracia participativa y cultura de paz
“Estoy en San Salvador invitado a participar en las celebraciones del 42 aniversario del asesinato de monseñor Romero y en el 105 aniversario de su nacimiento. Su figura no ha caído en olvido, todo lo contrario”
“Creo, empero, que sin embargo que en algunos sectores jerárquicos y movimientos cristianos conservadores se está desenfocando su verdadera personalidad, como muchos temíamos una vez fuera elevado a los altares”
“Urge recuperar la figura profética y liberadora de Monseñor Romero, su dimensión política subversiva y su teología de la liberación hecha realidad a nivel personal, eclesial y social”
“En el clima actual de integrismo que se respira en importantes sectores de la curia romana y del fenómeno nuevo que califico de ‘cristoneofascista’, es necesario recuperar la figura de Romero como modelo y referente de un cristianismo liberador y de una ciudadanía crítica, activa y participativa”
“Ofrezco a continuación el siguiente decálogo que actualiza su vida, su mensaje y su práctica y constituye un desafío para el cristianismo instalado en el sistema”
Estoy en San Salvador invitado a participar en las celebraciones del 42 aniversario del asesinato de monseñor Romero y en el 105 aniversario de su nacimiento. Su figura no ha caído en olvido. Todo lo contrario, como demuestran los numerosos actos conmemorativos organizados por las diferentes organizaciones romeristas de las diferentes iglesias estos días en la ciudad salvadoreña, de la que fue arzobispo de 1977 a 1980.
Creo, empero, que sin embargo que en algunos sectores jerárquicos y movimientos cristianos conservadores se está desenfocando su verdadera personalidad, como muchos temíamos una vez fuera elevado a los altares. Con frecuencia las canonizaciones lejos de acercar a las personas convertidas en santas al pueblo las colocan en una hornacina y las convierten en inaccesibles.
La imagen que se está difundiendo de Romero en algunos sectores es la de un obispo piadoso, devoto de la Virgen María, milagrero, obediente a Roma… No pongo en duda dichas actitudes, al menos durante una etapa de su vida, pero no fueron por las que destacó durante los tres años de arzobispo de San Salvador, ni la función principal que ejerció y menos aún el motivo de su asesinato.
Urge recuperar la figura profética y liberadora de Monseñor Romero, su dimensión política subversiva y su teología de la liberación hecha realidad a nivel personal, eclesial y social. Yo creo que la canonización de monseñor Romero constituye un reconocimiento de la teología de la liberación, perseguida durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI y seguida y practicada hoy por el papa Francisco.
En el clima actual de integrismo que se respira en importantes sectores de la curia romana, de no pocos obispos y sacerdotes católicos, contrarios a las reformas del Papa Francisco, y del fenómeno nuevo que califico de cristoneofascista, que consiste en la alianza entre la extrema derecha política y organizaciones integristas dentro de la iglesia católica, como Hazte Oír, Germinans germinabit, Asociación de Abogados Cristianos, etc. (cf. Juan José Tamayo, La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye?, Icaria, Barcelona, 2022, 3ª ed.) es necesario recuperar la figura de Romero como modelo y referente de un cristianismo liberador y de una ciudadanía crítica, activa y participativa. Él sigue siendo faro y antorcha que ilumina la oscuridad del presente y transmite esperanza para la construcción de la utopía de “Otro Mundo Posible”.
Ofrezco a continuación el siguiente decálogo que actualiza su vida, su mensaje y su práctica y constituye un desafío para el cristianismo instalado en el sistema.
1. Cristianismo liberador. Romero es el símbolo luminoso de un cristianismo liberador en el horizonte de la teología de la liberación que asumió la opción ética-evangélica por las personas y los colectivos empobrecidos de su país, frente a las tendencias alienantes y neoconservadoras. Puso en práctica, la afirmación de Paulo Freire: “No podemos aceptar la neutralidad de las iglesias ante la historia” y ejemplificó con su vida y su muerte martirial el ideal del poeta cubano José Martí: “Con los pobres de la tierra mi suerte yo quiero echar”.
2. Ciudadanía crítica, activa y participativa. Romero fomentó a través de sus homilías, cartas pastorales, emisora de la arquidiócesis y programas radiofónicos, el ejercicio de una ciudadanía crítica, activa y participativa. Reconocía la existencia de una conciencia crítica que iba formándose en el cristianismo salvadoreño, un cristianismo consciente, no de masas. Citando la Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en Puebla de los Ángeles (México) en 1979, defendía la necesidad de “ser forjadores de nuestra propia historia”, no permitiendo que sean otros quienes desde fuera nos impongan el destino a seguir. La Iglesia tiene que implicarse en dicha ciudadanía activa: “En la medida en que seamos Iglesia, es decir, cristianos verdaderos, encarnadores de Evangelio, seremos el ciudadano oportuno, el salvadoreño que se necesita en esta hora” (Homilía 17/1/1979).
3. Pedagogía concientizadora desde la opción por los pobres. Monseñor Romero fue un excelente pedagogo que siguió el método jocista del ver-juzgar-actuar y el de concientización de Paulo Freire: paso de la conciencia ingenua e intransitiva a la conciencia transitiva y activa, de la conciencia mítica a la conciencia histórica, de la conciencia crítica a la acción transformadora y a la praxis liberadora.
4. Espiritualidad liberadora. Monseñor Romero fue una persona espiritual, un místico, pero sin caer en el espiritualismo alejado de la realidad. Fue una persona profundamente piadosa, pero no con una piedad alienante ajena a los conflictos sociales. Fue un pastor, pero de los que huelen a oveja, como pide el papa Francisco a los sacerdotes y obispos. Vivió la devoción a María, pero no la María sumisa, sino la María de Nazaret del Magnificat que declara destronados a los poderosos y empoderados a los humildes, despoja de sus bienes a los ricos y sacia a los pobres.
5. Monseñor Romero fue un referente en la lucha por la justicia para creyentes de las diferentes religiones y no creyentes de las distintas ideologías. Igualmente lo fue para los políticos por su nueva manera de entender la relación crítica y dialéctica entre poder y ciudadanía, así como para los dirigentes religiosos por la necesaria articulación entre espiritualidad y opción por los pobres, ejercicio pastoral y actitud profética.
6. Democracia participativa.La democracia hoy está enferma, gravemente herida, y, si no sabemos defenderla, es posible que esté herida de muerte. Se encuentra sometida al asedio del mercado y acorralada por múltiples sistemas de dominación, que son más fuertes que ella y amenazan con derribarla. Estos sistema de dominación son: el capitalismo en su versión neoliberal; el colonialismo en su versión neocolonial extractivista, anti-indigena y anti-afrodescendiente; el patriarcado en su versión más extrema de la violencia de género (machista), que se salda con decenas de miles de feminicidios en todo el mundo; los fundamentalismos religiosos y su irracional y destructora deriva terrorista; el modelo científico-técnico de desarrollo de la modernidad, que destruye nuestra casa común, la naturaleza; la violencia estructural del sistema, que somete a miles de millones de personas a situaciones de extrema e inhumana pobreza y de muerte.
Como respuesta frente a la democracia herida de muerte es necesario, en palabras del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, democratizar la revolución y revolucionar la democracia. Monseñor Romero puede ser un referente en esta tarea. Creo que es aplicable al cristianismo liberador lo que afirma Ellacuría de la relación entre revolución y universidad:
“Si la revolución no pasa por la universidad, en el sentido de que no es ella su motor principal, la universidad debe pasar por la revolución, porque revolución y razón no tienen por qué estar en contradicción; más bien, en las cuestiones históricas se reclaman y se exigen mutuamente”.
Cierto: entre cristianismo y revolución no hay contradicción.
7. Trabajo por la paz y la justicia a través de la no violencia activa. Ignacio Ellacuría dijo que: “Con monseñor Romero Dios ha pasado por El Salvador”. Yo me atrevería a decir: monseñor Romero es piedra angular en el edificio de la cultura de paz que estamos llamados a construir todas y todos en El Salvador, en América Latina y en todo el mundo. Eso sí, desde la opción por los pobres.
8. Invitación a la utopía.La utopía sufre hoy un enorme desdén, cuando no un grave desprecio, un largo destierro y un maltrato semántico. Calificar a una persona, a un colectivo o a un proyecto de utópico no es precisamente un piropo, sino una descalificación en toda regla, es como llamarla ingenua, fantasmagórica, ilusa, ajena a la realidad, etc. La utopía vive un largo destierro. Es excluida de todos los campos del saber y del quehacer humano y natural: de la ciencia, donde impera la razón científico-técnica; de la filosofía, donde impera la razón instrumental; de las ciencias sociales, por ejemplo, de la economía, donde impera la razón contante y sonante; de la política, donde se impone la razón de Estado; de las religiones, donde se tiende a proponer la salvación espiritual más allá de la historia.
La utopía sufre también un maltrato semántico por parte de los diccionaristas, que suelen definirla como plan bueno y muy halagüeño, pero irrealizable, subrayando su imposibilidad de realización y sometiendo a los seres humanos a una especie de fatalismo histórico que da por buena la afirmación “las cosas son como son y no pueden ser de otra manera”, los lleva a instalarse cómodamente en la realidad y a renunciar a todo cambio.
Monseñor Romero no se instaló cómodamente en el (des)orden establecido, ni con-sintió con el pecado estructural, ni hizo las paces con el gobierno, como le pedía Juan Pablo II. Encarnó en su vida, su mensaje y su práctica liberadora la realización de la utopía, no como un ideal irrealizable y fantasmagórico, sino conforme a los dos momentos que la caracterizan: la denuncia y la propuesta de alternativas.
–Denuncia de la negatividad de la historia, encarnada en los poderes que oprimían y explotaban a las mayorías populares: oligarquía, ejército, escuadrones de la muerte, gobierno de la Nación.
–Propuesta de alternativas, en lenguaje cristiano del reino de Dios como la gran utopía, que Romero traducía en la construcción una sociedad no violenta, justa e igualitaria, y de una “Iglesia de la esperanza”. Alternativas realizables a través de los movimientos populares, que el apoyó durante su ministerio pastoral mediado políticamente en San Salvador.
La mejor expresión de la utopía de Romero fue la respuesta que dio a un periodista, unos días antes de ser asesinado: “Si me matan, resucitaré en el pueblo”. No estaba hablando del dogma de la resurrección de los muertos, ni de la vida eterna, sino de la nueva vida del pueblo salvadoreño liberado de la violencia, la injusticia y la pobreza. Su resurrección era la resurrección del pueblo.
9. Actitud antiimperialista. Romero se enfrentó al Imperio estadounidense en una carta dirigida al presidente Jimmy Carter en la que se oponía a la ayuda económica y militar de Estados Unidos al Gobierno y al Ejército de El Salvador porque constituía una injerencia inaceptable en los destinos de su país y agudizaba la injusticia y la represión contra el pueblo. Al final la ayuda llegó y sucedió lo que Romero había anunciado: intervencionismo estadounidense, más represión contra el pueblo y masacres contra poblaciones enteras. En eso derivó la ayuda del Pentágono.
10. ¡Cese la represión! Constantes fueron las llamadas a la reconciliación, pero no en abstracto, sino acompañadas del reparto equitativo de la tierra, que pertenece a todos los salvadoreños. No justificó la violencia revolucionaria como respuesta a la violencia del sistema, sino que apeló al diálogo y la negociación, y a buscar soluciones racionales. Exigió al Ejército, a la Guardia Nacional, a la Policía y a los soldados que dejaran de matar a sus compatriotas en una llamada entre dramática y desesperada: “En nombre de Dios… y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!’”
#23deMarzo Tal día como hoy, en 1980, Monseñor Óscar Romero pronunciaba esta impresionante homilía en San Salvador. Al día siguiente le asesinaron.Ojalá pudieran escucharla hoy todos los soldados de todas las guerras. "En nombre de Dios,cese la represión"https://t.co/Mpvupag2OA
Imanol Uribe presentó en Málaga su última película, “Llegaron de noche”, con un guion basado en la historia real de la única testigo del crimen de los jesuitas en El Salvador
“Creo que esta película tiene, por lo menos, la función de traer al presente lo que ocurrió y rememorarlo“, ha dicho el director vasco. “Y si puede aportar algo, fantástico”, ha resumido, con una sonrisa en la cara
El realizador compareció junto a Juana Acosta, que da vida a Lucía, la testigo, Carmelo Gómez, como el padre Tojeira y a Ben Temple, que interpreta al padre Tipton, mediador cuando la familia de Lucía peor lo estaba pasando
Uribe, nacido en El Salvador y educado con los jesuitas, tenía pendiente contar esta historia ocurrida en 1989, un suceso que ha permanecido fresco en su memoria
El título de la cinta, viene de la premonición del propio Ellacuría (Karra Elejalde) quien, en un momento de la película, comenta a sus compañeros “Si me matan de día sabrán que ha sido la guerrilla, pero si llegan de noche, serán los militares”
| RD/EFE
Imanol Uribe ha llegado hoy a Málaga para presentar su última película, “Llegaron de noche“, con un guion basado en la historia real de la única testigo del crimen de los jesuitas en El Salvador, en la que fue asesinado el sacerdote y teólogo de la liberación, Ignacio Ellacuría.
“Creo que esta película tiene, por lo menos, la función de traer al presente lo que ocurrió y rememorarlo“, ha dicho el director vasco en una rueda de prensa en Málaga, donde la película compite en la Sección Oficial de la 25 edición del Festival de Cine de Málaga.
El realizador compareció junto a Juana Acosta, que da vida a Lucía, la limpiadora de la universidad donde vivían y fueron asesinados los sacerdotes, y única testigo del crimen; Carmelo Gómez, como el padre Tojeira, en su regreso “puntual” al cine, según se ha apresurado a precisar el leonés, y a Ben Temple, que interpreta al padre Tipton, mediador cuando la familia de Lucía peor lo estaba pasando.
“En este momento en el que la verdad está tan disociada y todo son ‘fakes’ y no sabes qué defender, el ejemplo de esta mujer humilde, que se jugó la vida -literalmente-, por defender la verdad, aun sin entender por qué no podía contarla -ha explicado Uribe-, me parece el mejor hilo conductor para contar la matanza de los jesuitas que defendían la Teología de la Liberación, a los que yo admiraba muchísimo”.
Uribe, nacido en El Salvador y educado con los jesuitas, tenía pendiente contar esta historia ocurrida en 1989, un suceso que ha permanecido fresco en su memoria.
Con guion de Daniel Cebrián, también presente en Málaga junto a los productores Gerardo Herrero (Tornasol) y María Luisa Gutiérrez (Bowfinger), “Llegaron de noche” se ha puesto inesperadamente de actualidad debido a que, 32 años más tarde, el caso de la matanza se ha reabierto tras la anulación el pasado año del proceso contra los autores intelectuales del asesinato.
El juicio, celebrado en la Audiencia Nacional de España hace un par de semanas, concluyó con uno de los militares implicados, Inocencio Montano, condenado a 133 años y 4 meses de cárcel por aquel asesinato la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989.
“La noticia nos pilló con la película rodada y terminando. Por lo menos a este le han caído 130 años, pero a la mayoría de los culpables los amnistiaron inmediatamente y prácticamente todos están de rositas por la calle”, se ha lamentado el director, aunque celebra que el caso se haya reabierto en El Salvador y haya una orden de detención contra el presidente Cristiani “para que se presente a juicio, porque quería escabullirse”.
“Algo se mueve ahí, y si la película puede aportar algo, fantástico”, ha resumido, con una sonrisa en la cara.
La imposibilidad de rodar en El Salvador hizo que la producción se trasladara a Cali, ciudad natal de Juana Acosta, que por su parte dedicó meses a preparar el papel de Lucía con la propia Lucía, en su casa de California -no dice el lugar concreto por miedo, explica la actriz colombiana-, aun cuando han pasado más de 30 años de la terrorífica experiencia.
Lucía y su familia fueron engañados por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que los retuvieron y torturaron para que se echasen atrás en la versión de que los autores de la matanza de los jesuitas habían sido militares.
De ahí viene el nombre de la película, de la premonición del propio Ellacuría (Karra Elejalde) quien, en un momento de la película, comenta a sus compañeros “Si me matan de día sabrán que ha sido la guerrilla, pero si llegan de noche, serán los militares”.
Carmelo Gómez interpreta al padre Tojeira, uno de los supervivientes de la matanza, “no como un personaje, sino alguien lo mas parecido a la persona”, ha explicado Gómez, que asegura haberse conmovido el tiempo que convivió con los jesuitas para preparar la película por “cómo afrontan el compromiso con la vida, y con la muerte”.
“Llegaron de noche”, explica Gómez, “es una tragedia, con todos sus ingredientes, contada a través de una mirada fascinante, que es la de Juana (Lucía)”.
Gerardo Herrero ha agradecido la colaboración de los jesuitas, que aportaron “un montón de información” y el magnífico contacto de Lucía.
Por su parte, Gutiérrez ha abundado que “esta película había que contarla; desgraciadamente, es muy actual, y ojalá sirva para remover conciencias y que se haga justicia sobre lo que pasó”.
“Yo creo que solo porque se haga justicia para esa familia que ha tenido que huir de su país del horror de una guerra como estamos viendo ahora tantas familias en Ucrania, solo por ellos, por honrarlos a ellos, debería ser vista esta película”, ha concluido Acosta.
Tras esta presentación, la cinta llegó el pasado viernes 25 a las salas españolas.
En el Día Internacional de la Mujer, un programa de tevé se negó a entrevistar a la activista trans Britany Castillo.
SAN SALVADOR, El Salvador. En el marco del día internacional de las mujeres, activistas de la Asamblea Feminista fueron invitadas al canal 12 para participar en la revista matutina “Hola El Salvador”, pero una de ellas fue discriminada por su identidad de género y le negaron su participación en el programa.
Ambas participarían en el programa de televisión que se transmite todas las mañanas a nivel nacional. La entrevista a las activistas fue acordada una semana de anterioridad, dijo a Presentes Castillo.
De acuerdo con su testimonio, las activistas fueron recibidas en la recepción del canal. Les pidieron esperar hasta que la producción les indicara el momento de pasar al estudio. Minutos después, una persona del equipo les notificó que solamente una de ellas podía participar en los quince minutos de entrevista que les concedieron días atrás.
“Nos dijeron que solamente podía entrar una de nosotras por las tomas gráficas. Luego que habían vendido la publicidad y que el tiempo no era suficiente. Que solamente podía participar quien representaba a las mujeres, porque la otra persona que estaba ahí no era mujer”, narró Britany a Presentes.
El canal no respondió
La producción del programa justificó que no podían salir las dos en cámara, a pesar de que en el monitor de la sala de espera Britany observó que en la entrevista previa participaron cinco personas.
“Es lamentable que se negara el derecho de participar en un espacio de entrevista que ya se había gestionado y estaba confirmada. Que se le haya dicho que solo la ‘representante de mujeres’ podía hablar, es negarle el reconocimiento de su identidad de género como mujer trans, sumado a la vulneración de su derecho a la libertad de expresión”, dijo a Presentes Angélica Carcamo, expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador – APES.
Presentes pidió comentarios a la producción de canal 12, pero en la recepción respondieron que “por el momento no se encontraba nadie del programa, pero que pasarían el mensaje (a los encargados)”. Al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.
La discriminación, una moneda corriente
“Este día denunciamos a canal 12, que en este día ha discriminado. No puede ser que en el día de los derechos de las mujeres este canal cierre las puertas a activistas feministas y transfeministas. No puede ser que sigan generando tanto odio, tanta discriminación y tanta violencia”, dijo Sara García en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Este día fuimos a @Canal_12 con @BritanyCasL para hablar de nuestras luchas transfeministas desde @AsambleaFemSV. Sin embargo, el canal fue discriminador, misógino y transfóbico, no permitieron la particiación de nuestra compa, con “argumentos” que sólo denotan odio. pic.twitter.com/jY2hvUExih
El informe “Estudio de casos que evidencian la discriminación y violencia contra la población LGBTI en El Salvador” realizado por la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – Comcavis Trans, señala que el 90 por ciento de las personas consultadas en la investigación ha sufrido discriminación por su orientación e identidad de género.
“Hoy denunciamos que el canal 12 no permitió participar en una entrevista a nuestra compañera transfeminista Britany Castillo. Condenamos esta acción que representa violencia, odio, exclusión y transfobia”, señaló la Asamblea Feminista en su cuenta oficial de Twitter.
“No contamos con una ley de identidad de género en este país machista y patriarcal. Espero que por fin pueda haber una ley de identidad de género y que no nos sigan violentando en estos espacios donde no conciben que existimos mujeres que nos construimos a base de nuestra feminidad”, expresó Britany.
Britany lamentó que un hombre que no se identificó del equipo de producción del canal la haya ignorado completamente. Mientras lo hacía, justificaba a Sara García los motivos del cambio repentino del espacio de la entrevista, después de rechazar participar por la discriminación.
“Era como si yo no existiera en ese momento, como que era una pared que no podía dar mi opinión porque ni siquiera me miraba. Dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, que si nos pronunciamos públicamente a ellos les daba igual”, agregó Britany.
Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un comunicado condenando la discriminación contra Britanny.
El papel que juegan los medios
Los medios de comunicación tradicionales en El Salvador mantienen una agenda conservadora y limitan la apertura a identidades disidentes en su programación.
El canal 12 forma parte de una red de medios que cuentan con una escuela para presentadores de televisión y locución, sin tomar en cuenta formación de abordaje de contenidos de género y diversidad.
“Aunque hay avances en medios comunitarios y digitales en abrirles espacios, aún hay muchos retos. Por ejemplo: los medios privados siguen mostrando una postura conservadora y excluyente hacia la comunidad trans. Es necesario que los medios implementen políticas de no exclusión y manuales de tratamiento informativo hacia las personas trans. Las gremiales de periodistas y la academia también pueden abonar a ello”, acotó Angélica.
La Corte Constitucional de El Salvador emitió un fallo a favor del reconocimiento del nombre de personas trans. Repercusiones.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo parcial el martes 22 de febrero donde reconoce que las personas trans pueden cambiar su nombre en los documentos de identidad acorde a su género autopercibido. “La Asamblea Legislativa deberá emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género”, dice el texto de la medida.
El fallo del tribunal responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada en 2016 por defensoras de derechos humanos. En ella advertían que los artículos 11 y 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural (LNPN) vulneran el derecho de las personas trans a cambiar su nombre.
«El Congreso deberá adecuar la ley»
La demanda señalaba que la ley no reconoce la identidad de las personas trans. “Omite la condición social de algunas personas en cuanto a su disconformidad entre el sexo biológico y la identidad de género”. Y eso vulnera el derecho de tener un nombre que responda a su sexo e identidad autopercibida. En la sentencia la Corte establece que el Congreso deberá adecuar la ley o legislar para cumplir con lo señalado en el documento.
“Con este fallo la sala ha reconocido que nuestro nombre es lesivo para nuestra dignidad humana como personas trans. Porque somos sujetas de violencia y de falta de accesode derechos fundamentales.Establece que también es algo que debe de normarse: existen formas de discriminación por el no adecuamiento de esta ley porque existe un trato discriminatorio y no justificado”, expresó Bianka Rodríguez, directora de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS.
Bianka Rodríguez, directora de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS.
La resolución no fue expedida exclusivamente para las personas trans. Los magistrados constitucionales incluyeron demandas sobre la supresión del apellido en casos de abandono familiar.
En qué se basó la demanda que impulsó el fallo
La demanda presentada en 2016 tomó de referencia el derecho internacional. Específicamente, la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí insta a los Estados a adoptar normativas jurídicas que garanticen la protección y el respeto del derecho a la identidad de las personas trans, sin embargo el fallo no lo tomó en cuenta.
“En este punto es importante, porque la sala no está resolviendo el derecho a la adecuación del género de las personas trans. Está accediendo al cambio del nombre. Por lo tanto es imperante que la Asamblea Legislativa no haga únicamente una reforma a la ley del nombre, sino una ley, una normativa integral. Establece que debe de adecuarse las reformas necesarias. Pero también, que puede adoptarse una normativa específica para que sea compatible con la identidad de género de las personas trans”, señaló Bianka.
Frenos a ley de identidad de género en El Salvador
“Es como una orden judicial que parte de la Sala de lo Constitucional a que la Asamblea tiene que legislar acerca del reconocimiento acorde a la identidad de género. Habla en un espectro bastante importante porque la ley del nombre únicamente engloba al nombre. Pero cuando habla de este reconocimiento de identidad es donde los diputados deberán de generar esta normativa específica para las personas trans”, acotó Bianka.
El anteproyecto presentado en 2018, fue retomado y presentado nuevamente tres meses después del archivo por la la Mesa Permanente por la Ley de Identidad de Género al Congreso. Hasta el momento no se ha iniciado su estudio en la comisión correspondiente.
La nueva propuesta de ley fue recibida por los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Nuestro Tiempo.Juntos apenas alcanzan cinco votos de los 84 en el Congreso.
«Las personas trans necesitamos que se legisle»
“Lastimosamente la comisión no ha tenido a bien darnos respuesta. Pero esperamos que con este fallo de la Sala que reconozcan que existe la necesidad de que las personas trans cuenten con seguridad jurídica. Además es importante tener este mensaje para la Asamblea Legislativa que tiene un lema que están sirviendo al pueblo. El pueblo en su término son todos y somos todas las personas. Por lo tanto las personas trans ahora necesitamos que realmente se legisle sobre esta necesidad”, expresó Bianka.
Foto: Marcha para reclamar Ley de Identidad de Género, mayo 2019. Archivo Presentes/Paula Rosales
El Congreso ha tomado polémicas decisiones desde que asumieron el nuevo periodo legislativo (2021 – 2024). En su primera sesión destituyeron a la Sala Constitucional, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Lo hicieron bajo el argumento de supuestamente bloquear las medidas del gobierno durante la pandemia de Covid-19.
“Como funcionarios públicos puedan darle cumplimiento a este fallo de la Sala de lo Constitucional. Si no hubiese una recepción proactiva de la Asamblea Legislativa, tendríamos que ir habilitando el espacio internacional por la omisión de legislar sobre esta necesidad porque los derechos no se pueden ir postergando”, agregó Bianka.
A Carlos le exigieron que se cortara el pelo y no hiciera visible su homosexualidad en el instituto donde daba clases de inglés.
Carlos Lara comenzó a trabajar como profesor de inglés en el Instituto Nacional de San Antonio Silva, un cantón ubicado en San Miguel, en el oriente de El Salvador, en 2016. Era primera vez que trabajaba en esta escuela, que queda en el lugar de donde es originario. Lara hablaba abiertamente sobre su homosexualidad y ese enero, cuando iniciaron las clases, usó el pelo corto, pero se lo dejó crecer y sus rizos quedaron visibles. El director del instituto le puso dos condiciones para renovar su contrato. Una era que se cortara el pelo y otra que dejara de hablar sobre su orientación sexual.
Él no aceptó las condiciones. Al no contar con una justificación válida para renovar el contrato, confrontó al director con la Ley de la Carrera Docente y la Constitución. Pero prefirió no denunciar el caso en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).
Lara se reconoce como afrodescendiente en un país que invisibiliza a las minorías. La población afro en El Salvador es un tema que no se aborda en ningún plan de estudios de las escuelas o universidades, y que recientemente la academia ha comenzado a investigar.
Empezar a reconocerse
Hubo un tiempo en el que el joven reprimió su gusto por el pelo largo y rizado. Lo usó corto y se lo alisó. Se sentía incómodo con su color de piel moreno y con sus ojos negros.
La abuela paterna de Lara es la que tiene el pelo rizado y su mismo color de piel. Con su papá y otras tías, maternas y paternas, comparten el color de piel. Las visitas a casa de la abuela paterna no eran tan constantes como las visitas que hacían a la abuela materna.
En casa, escuchaba burlas sobre la piel negra y el pelo rizado que predominaban en la familia. “Las ideas de racismo y supremacía también pasan en la familia. Hacen que uno rechace a ciertos parientes y ame o tenga respeto u obediencias a otros”, reflexiona.
Para 2017, la relación de Lara con sus padres no estaba bien. Ellxs sabían que su hijo es gay, pero no lo aceptaban. Entonces él viajó a Tela, una ciudad del caribe hondureño. Iba por una semana y se quedó por cinco meses.
En Honduras conoció a su pareja, un activista, y decidió no volver a dar clases en escuelas, sino dedicarse de lleno a la pintura. Pintaba desde pequeño, pero ese año se alejó de pintar escenas de la cotidianidad salvadoreña para reflejar en su arte el LGBTIQ+ odio.
Al volver a El Salvador, la vida cambió. Sus padres, con quienes visitaba casi todos los días la iglesia católica, lo expulsaron de casa. Su padre lo golpeó en dos ocasiones y en una de ellas le lesionó fuertemente la quijada.
Mientras estaba en el proceso de asumirse como un hombre gay y se desprendía obligado de su familia, Lara comenzó a interesarse por sus orígenes. Entonces conoció a Marielba Herrera, una antropóloga afrosalvadoreña, en una ponencia sobre afrodescendencia que ella dio en el Teatro Nacional de San Miguel.
Hacia el origen
Herrera recuerda el día que conoció a Lara. Vio que, entre lxs asistentxs, había un chico con rasgos afros, que tocaba tambores, hablaba portugués y que vestía una camisa africana. Y pensó inmediatamente que se trataba de un afrodescendiente.
Tras su ponencia, Lara se le acercó y le planteó que posiblemente él también fuera afrodescendiente. “Te toca a vos investigar si sos o no”, le encomendó Herrera.
A sus 28 años y ante la falta de un registro familiar sobre su descendencia afro, la información de la que parte Lara para afirmarse como tal, además de sus rasgos físicos y los de su familia, es que en San Antonio Silva hubo producción de añil y allí posiblemente trabajaron africanxs.
Afrodescendencia y racismo en El Salvador
Durante la colonia, explica la antropóloga Herrera, miles de africanxs esclavizaxs llegaron a El Salvador y establecieron vínculos con otras personas. Eso permitió que la población afrodescendiente creciera.
Su llegada fue parte de una política de repoblación del territorio que ocurrió en toda América Latina ante la muerte de indígenas por diferentes causas. La corona española pretendía seguir creciendo económicamente con el trabajo que los africanxs realizaban en estas tierras.
Yohalmo Cabrera, un exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el único partido de izquierdas, es también afrodescendiente y un profesor de Estudios Sociales ya jubilado. Él ha realizado investigaciones sobre la afrodescendencia salvadoreña. Sostiene que, desde mediados de 1500 y por 300 años más, cuando El Salvador fue productor de añil, muchxs africanxs vinieron esclavizadxs a trabajar en las haciendas añileras.
Marielba Herrera hace referencia a un documento de 1807, elaborado por Antonio Basilio Gutiérrez Ulloa, quien fue intendente de San Salvador a finales de la colonia. Allí se indica que para entonces el país contaba con “enorme” descendencia de africanxs.
En 1933, agrega, el general Maximiliano Hernández Martínez decretó la Ley de Migración, la cual prohibía la entrada de africanos, chinos y otras razas, como consecuencia de una política eugenésica tomada por países de la región en un contexto de guerra mundial.
Con la ley se pretendía empezar a “limpiar” a las sociedades y hacer creer que lxs latinoamericanxs provenían de una “raza superior”. Pero no se expulsó a lxs afrodescendientes de El Salvador. Hay documentos que sustentan que al país podían entrar personas de otros lugares si justificaban que llegaban a trabajar, como el caso de los afros que trabajaron en ferrocarriles.
Un racismo con historia y sin registro
La antropóloga afirma que el racismo que hay en el país centroamericano viene desde la colonia.
“La gente dice que no, que aquí no somos racistas, que respetamos a todo el mundo. No es cierto, nada que ver. Somos un país altamente racista. Cuando viene alguien afro al país es una sorpresa, la gente hasta gira para verlo, porque les parece un ser exótico”, menciona Herrera.
Señala que actualmente, sin la ley del martinato (del período gobernado por Martínez), aún hay restricciones migratorias para las personas afros.
Ejemplifica un caso salvadoreño de discriminación racial. En 2018, una delegación de personas del Congo, en África, había sido invitada oficialmente a un festival de cultura, pero del grupo de 30, solo tres pudieron ingresar al país.
En el censo de Población y Vivienda de 2007, el último censo realizado en el país y que arrojó que había 7 millones de habitantes, 7,441 respondieron que se autoreconocían como negrxs.
Sin embargo, Herrera cuestiona que la pregunta para obtener ese dato fue muy abierta y mal planteada. Se limitaba a conocer si las personas eran “negrxs de raza”. Faltó enumerar un listado de indicadores, como preguntar si en la familia había un ancestro negro o africano o si las personas habían nacido en un territorio con prácticas culturales afros.
Las investigaciones sobre afrodescendencia salvadoreña las inició en la última década el historiador Pedro Escalante Arce y a partir de sus hallazgos las han continuados otrxs académicxs. Herrera, la presidenta de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, se ha especializado en investigar religiosidad popular.
Ella destaca que hay presencia de población afro en todo el país, en algunos lugares más visibles que en otros, como el caso de San Alejo, un pueblo del departamento de La Unión, cercano a San Antonio Silva, el cantón donde nació y creció Lara.
Para explicar la interseccionalidad, Arévalo recurre a la académica estadounidense Kimberlé Crenshaw. quien indica que la interseccionalidad no es la suma de características negativas, pero existen marcadores, como en este caso, la afrodescendencia y la sexualidad, que confluyen y actúan negativamente, lo que genera menos posibilidades de una adecuada inserción social.
“Esa situación de interseccionalidad te va mostrar que sos más vulnerable a sufrir más situaciones de violencia en tu cuerpo, en tu identidad, como tal, por tener esos marcadores que interaccionan en vos. Van aumentando esos rasgos de violencia”, dice el investigador.
Uno de los trabajos de Arévalo es la historia de Rosaura Pereira, una chica trans hondureña que llegó El Salvador y vivió entre San Miguel y La Unión, dos departamentos rodeados de playas en el oriente del país. Leer más…
La joven de 22 años estaba desaparecida desde diciembre. Es el primer crimen del año contra la población LGBT.
SAN SALVADOR, El Salvador. Autoridades salvadoreñas confirmaron el crimen de Alexa Valle Landaverde, una mujer trans de 22 años que estaba reportada como persona desaparecida desde la segunda semana de diciembre de 2021. El supuesto responsable del hecho será procesado por el delito de privación de libertad.
Este es el primer asesinato contra la población LGBTI en el país centroamericano.
De acuerdo con su familia, Valle Landaverde salió el viernes 10 de diciembre de la casa que compartía con su mamá. Luego perdió la comunicación, por eso, ella emprendió su búsqueda.
Un familiar relató a Presentes que Alexa salió junto a su pareja desde tempranas horas de su vivienda ubicada en el municipio de Quezaltepeque, unos 21 kilómetros al norte de la capital. Al finalizar el día, intentaron tener comunicación con ella, pero su teléfono aparecía apagado.
El director de la policía, Mauricio Arriaza, informó el viernes 28 de enero sobre el hallazgo de los restos humanos, presumiblemente de Alexa. Pero fue hasta el lunes 31 que las autoridades forenses realizaron el examen de ADN para confirmar la identidad de la víctima.
“Estamos presentando la captura de José Elías Hernández Morales por el delito de desaparición de personas, quien en fecha 11 de diciembre de 2021 en Quezaltepeque privó de libertad al joven G.A.V.L, conocido como Alexa”, dijo el director policial, Mauricio Arriaza Chicas a la prensa.
Durante el evento, Arriaza se refirió a Alexa en masculino. Los restos humanos de Valle Landaverde fueron encontrados en un pozo seco en el municipio de Ciudad Arce, 26 kilómetros al oeste del último sitio donde fue vista.
“En el lugar se localizó un pozo seco donde se encontraron osamentas humanas, a los cuales se les realizarán los análisis de ADN y así determinar si estos pertenecen a la víctima”, informó la fiscalía.
El Ministerio Publico informó el martes que José Elías Hernández Morales está acusado del delito de privación de personas. Las investigaciones indican que Hernández Morales citó a Alexa el día de su desaparición para cenar juntos. Durante la audiencia inicial se decretó detención provisional mientras continúa la investigación.
@Director_PNC Estamos presentando la captura de José Elías Hernández Morales por el delito de desaparición de personas; quien en fecha 11/12/2021 en Quezaltepeque, privó de libertad al joven Gerardo Alexander Valle Landaverde, conocido como Alexa. https://t.co/OAGd9mAyG6pic.twitter.com/AMFkd9AXdk
“Se esperan los análisis dentro de estas diligencias de investigación, pues se ha logrado también encontrar unos restos humanos en el Cantón Zapotitán. Hasta estos momentos estamos a la espera de los resultados de ADN”, dijo la fiscal del caso al finalizar la audiencia inicial.
De confirmar que los restos encontrados en el pozo son de Alexa, el delito cambiará a homicidio, dijo la fiscal del caso.
“Ya hicieron la prueba de ADN, pero todavía estamos esperando la respuesta. Vamos a dejarlo en manos de Dios”, dijo a Presentes un familiar de Alexa.
Facebook y Whatsapp activos posteriores a la desaparición
Alexa mantenía activa su perfil en la red social Facebook, ahí mostraba sus actividades cotidianas. Una de sus últimas publicaciones fue una serie de cuatro fotografías junto a un hombre que no es el detenido.
La familia de Alexa confirmó a Presentes que la ropa que viste en las imágenes, se encontró en su casa, por tanto, eran antiguas. Y, por lo tanto, fueron publicadas posterior a su desaparición.
“Ella me aparecía conectada. En mi historia de Facebook aparecía que ella había visto mi historia, le escribí al messenger para preguntarle cómo estaba y el mensaje aparecía visto”, dijo Jessica a Presentes.
La organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS Trans, reportó en 2020 ocho asesinatos en contra de la población LGBTI. Hasta el 16 de diciembre de 2021 se contabilizaban siete personas asesinadas: un hombre trans, cuatro mujeres trans y dos hombres gay. Alexa no había reportado amenazas en su contra, se dedicó al comercio informal de ropa en su municipio.
Agravante de odio no se aplica a las sentencias
El congreso salvadoreño aprobó en 2015 una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.
La mayoría de casos han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.
Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.
“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.
Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.
En tres meses han destituido a los magistrados de la Corte constitucional y el Fiscal General, aprobaron la polémica ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal y enviaron al archivo propuestas de ley de agua y la ley por la Igualdad y la no Discriminación.
El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar iniciativas sin oposición.
Bukele, de 40 años de edad, se autodenomina el “presidente más cool” del mundo. Arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán”no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.
“Estamos a la expectativa porque ahora tenemos a quien señalar. Nuevas Ideas cuenta mayoría absoluta en la Asamblea y el poder de decisión para adecuar normativas y dictar leyes que garanticen los derechos de todas las personas por igual”, expresó Britanie.
Sin ley de identidad de género, las personas trans no pueden estudiar dignamente. Su nombre no se respeta en los títulos. Algunas ni siquiera terminan la educación básica por la discriminación que viven en las aulas.
San Salvador, EL SALVADOR. Cuando Amalia Leiva había logrado que la departamental educativa de San Salvador, amenazara con sancionar al director de la escuela pública que no la dejaba inscribirse en la modalidad nocturna para retomar su séptimo grado, el maestro -cuenta ella- usó a pandilleros para amedrentarla. Era 2015 y Amalia comenzaba su vida en la capital. Cinco años antes su familia la había echado de casa por encontrarle un kit de maquillaje. Entonces, la vida de aquella niña que cursó sus primeros años entre colegios católicos, vivió la crisis económica de sus padres, pero siempre tuvo su atención, cambió.
Su padre, recuerda Amalia, la amenazaba desde Estados Unidos por la identidad de género femenina que ella estaba descubriendo. Su madre le dio la espalda. Se refugió por eso en la casa de su abuelo paterno, donde aprendió a cortar caña y se enteró de la desigualdad que sufren lxs jornalerxs. Por ese tiempo también llegó el activismo.
Fuera de casa
Amalia había llegado a la ciudad con muchas ganas de estudiar. Aunque era abril y el año escolar había comenzado tres meses atrás, una maestra le permitió llenar su ficha de inscripción y retomar su séptimo grado, cuenta. Las cosas, dice, no le fueron fáciles desde el primer día: el director de la escuela la sacó de la clase bajo la excusa que se había inscripto tarde.
Amalia cuenta que ella inició la denuncia en la departamental educativa y cuando, con respaldo de esa instancia, logró que el director se reuniera con ella y con la planta de docentes para tratar el tema, él comenzó preguntándole si creía en dios.Volvió a justificarse en que ella no podía estudiar por haberse inscrito fuera del plazo.
Amalia insistió en su derecho a entrar a la escuela y cuenta que el director le espetó que prefería que ahí estudiaran pandilleros a que lo hiciera una chica como ella.
La negativa de la escuela
La reunión quedó grabada en el teléfono de Amalia. El audio lo presentó en la departamental educativa, que le extendió una carta al docente con la amenaza de sancionarlo si no la admitía en la escuela. La carta citaba los derechos de Amelia que, según la Constitución, el director estaba violando. Allí se citaba el inciso 20 del artículo 56 de la Ley de la Carrera Docente, que considera como falta muy grave que unx docentx no admita a alumnxs por diferentes motivos, como las diferencias sociales, raciales, políticas o “de otra índole”.
El director, mientras tanto, terminó sacándola de la escuela con pandilleros, dice ella. A esta denuncia le dio seguimiento la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero sin una legislación que proteja su condición de persona trans en El Salvador.
Amalia, sin embargo, volvió a intentar cursar su séptimo grado. Esta vez bajo la modalidad a distancia. En la escuela la quisieron obligar a posar para una foto con el pelo amarrado. Se opuso y la escuela borró todos sus datos del sistema.
“Para El Salvador, Amalia solo tiene séptimo grado. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque es una pelea que me dejó muchas gratificaciones y muchas lecciones de vida”, dice ella. Hoy es una activista de los derechos de la población LGBTIQ+.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador (MINEDUCYT) cuenta con una Unidad de Género y una política de género, que no es difundida a lxs docentxs, de acuerdo a lo que afirmaAmalia.
Y en el caso de las universidades, la Universidad de El Salvador (UES, la universidad estatal) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) son las únicas que respetan el derecho a la identidad de las personas trans, dice la activista.
Pero estas instituciones, como todas las del sistema educativo público y privado, pueden emitir diplomas de reconocimiento con el nombre elegido por las personas trans. No así títulos, porque al no haber una Ley de Identidad de Género, las personas trans, para el Estado salvadoreño, seguirán llamándose por el nombre según su documento.
Este año, lxs diputadxs de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, archivaron varios proyectos de ley presentado por la sociedad civil, entre ellos la Ley de Identidad de Género.
Brenda Rosales es una escultora que, en 2006, sin haber hecho su transición, se graduó de la carrera de Artes Plásticas de la UES y hace unos días fue reconocida por la universidad como unx de sus exalumnxs y profesionales destacadxs.
El diploma de reconocimiento lleva su nombre elegido, pero en el título universitario se mantiene su nombre de acuerdo a su documento de identidad.
Rosales, sin embargo, considera que este reconocimiento es significativo porque la universidad le ha reconocido su identidad de género.
Lo mismo pasa en el lugar donde trabaja, el Ministerio de Cultural, donde le han permitido que use su carnet de empleada con su nombre elegido.
“Es engorroso llegar a un lugar en el que de repente las personas no sepan ni cómo tratarnos, porque se basan en un documento. Hay muchas que tienen ética a la hora de dirigir la pregunta de cómo quieren que nos llamen. Admiro la voluntad que tienen, pero otras no lo hacen adrede o no saben cómo tratarnos”, sostiene la artista.
A pesar del decreto 56, hay desamparo
En el Ministerio de Cultural está la Unidad de Género y Diversidad, a la cual el gobierno de Bukele asignó las funciones de la Secretaría de Inclusión Social que él y su gabinete desaparecieron a inicios de su gestión, en junio de 2019, y que entre sus objetivos tenía velar por la aplicación del Decreto Ejecutivo 56.
Rosales es Técnica y Especialista en dicha unidad, pero en esta entrevista no quiere profundizar sobre el trabajo de la instancia, porque dice que es nueva en el área.
Amalia señala que, de todos los ministerios, el MINEDUCYT fue el reacio en aplicar el Decreto Ejecutivo 56. Por hoy, la aplicación de este decreto es uno de los cuestionamientos que más realizan las organizaciones de la población LGBTIQ+, porque sigue vigente, pero la población no ve visible el trabajo de la Unidad de Género y Diversidad.
Agencia Presentes solicitó una entrevista a lxs encargadxs de la Unidad de Género del MINEDUCYT, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
Universidades sin políticas contra LGBTIQ+fobia
Danilo Ramírez es el director ad honorem del Centro de Estudios de Géneros de la UES. Esta universidad cuenta solo con una política de equidad de género, pero no tiene una unidad de género. Para el próximo año, la política será actualizada y contemplará acciones a favor de las personas de la diversidad sexual.
Por el miedo de la población LGBTIQ+ de hacer visible su identidad y expresión de género en espacios que no son de su confianza, estos centros de estudios no llevan registro de la cantidad de estudiantes diversos que tienen.
Desde la UES, dice Ramírez, todavía se planea un censo interno para contabilizarles, tomando en cuenta que uno de los errores del censo sería que muchxs prefieren que su sexualidad pase desapercibida.
La discriminación, el mal permanente
El Primer Informe Situacional de la Población LGBTI publicado por la PDDH en 2017 señaló que el 52.5 % de las mujeres trans en El Salvador han recibido amenazas de muerte o violencia. En primer lugar, por el transodio; y segundo, por la extorsión impuesta por las pandillas para quienes realizan trabajo sexual.
Ante la falta de un protocolo para atender casos de discriminación, Ramírez menciona que lo que él hace es acompañar a las víctimas a presentar las denuncias ante instancias internas de la universidad.
Pero sin protocolos de actuación respaldados por las autoridades universitarias, las denuncias quedan archivadas.
Desde el Centro de Estudios de Géneros, dice, se trabaja en capacitaciones de sensibilización en temas sobre diversidad sexual, que comenzaron con lxs docentxs, estudiantes y personal administrativo de la Facultad de Medicina, de donde, en su momento, recibieron denuncias por discriminación de una chica trans que ya egresó.
La formación universitaria
La UCA, por su parte, respeta internamente la identidad de género de las personas trans: les permite a estas realizar cursos, diplomados o taller con su nombre elegido. Amalia está pronta a graduarse de la Escuela de Formación Política de esta universidad.
Hasta el momento, la universidad solo ha recibido la denuncia de una ciudadana trans canadiense que no pudo inscribirse a una carrera con su nombre elegido por la falta de la Ley de Identidad de Género en El Salvador. Y al final, tuvo que hacerlo con el nombre que aparecía en su documento, cuenta Omar Serrano, encargado de la Vicerrectoría de Proyección Social, de esta universidad de la Compañía de Jesús.
La UCA, según el académico, tiene entre sus “principios y valores” la no discriminación. No cuenta con una Unidad de Género, solo con políticas contra el acoso sexual, laboral y la discriminación, además de comités de éticas que reciben denuncias.
En los casos de discriminación por razones de género y orientación sexual ocurre una autocensura: las personas no denuncian la discriminación que sufren porque saben que su denuncia será infructuosa, opina Serrano. “Creo que uno de los frutos de la impunidad es que la gente no denuncie. Estoy refiriéndome a todo nivel”, señala.
El camino de Amalia
Amalia tiene 25 años y está por publicar un libro de poesía. Le lleva la lucha al sistema que la excluyó y ha continuado estudiando cursos, diplomados y talleres de todo tipo, desde derecho hasta medicina.
Espera llegar a la edad en la que pueda ir al Centro Nacional del Registro y que sus poemas queden registrados bajo el nombre que ella ha elegido.
Pero esta es su decisión: “No voy a vivir con un título con un nombre que no me identifica. Yo sé muy bien que, si no me preparo académicamente, los años van a seguir pasando, pero estoy dispuesta a morir con dignidad”.
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