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“Aquella fatídica madrugada de noviembre”, por Juan José Tamayo.

Sábado, 13 de junio de 2020

dia-mataron-Ellacuria_2176592399_14086101_660x371Juan José Tamayo, al presunto responsable del asesinato de Ellacuría: “La historia no le absolverá”

“No tenía nada en contra de los jesuitas”: Montano se declara inocente del asesinato de Ellacuría, pero sólo responde a las preguntas de su abogado

Ildefonso Camacho: “La consigna era eliminar a Ignacio Ellacuría, pero sin dejar testigos”

En el mes de agosto, durante mi estancia en San Salvador como profesor invitado en la Universidad Don Bosco y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), leí la novela Noviembre, del escritor salvadoreño Jorge Galán, que se inspira en el asesinato de seis jesuitas -Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno. Amando López y Joaquín María López y López-, y dos mujeres -Elba Ramos, empleada doméstica, y su hija Celina, de 15 años-, por el sanguinario batallón Atlacatl, del Ejército salvadoreño. Sucedió en la UCA la fatídica madrugada del 16 de noviembre de 1989. La novela aporta luz sobre los hechos y se adentra en otros crímenes impunes contra religiosos y religiosas de El Salvador como el jesuita Rutilio Grande, monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, y cuatro religiosas de Estados Unidos. Recoge el testimonio de Alfredo Cristiani, entonces presidente del país centroamericano, que reconoce la autoría militar de los crímenes de los jesuitas.

El novelista se vio obligado a abandonar el país por las amenazas de muerte recibidas. La obra se caracteriza por un insobornable compromiso ético, una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento de las víctimas y la valentía para denunciar a los autores materiales y a los responsables intelectuales, a quienes pone nombre. Ha sido galardonada con el Premio de la Real Academia Española 2016 por ser “una novela y una construcción literaria llena de verdad histórica y humana”.

Leí el libro de Jorge Galán recorriendo algunos de los escenarios donde sucedió el óctuplo asesinato. Visité las aulas donde impartían clases los profesores. Conocí la residencia donde vivía la comunidad de jesuitas. Toqué el césped del Jardín de Rosas donde se encontraron los cadáveres, así llamado porque en él plantó Obdulio, esposo de Elba y papá de Celina, un círculo de rosas rojas y en el centro dos rosas amarillas en memoria de su hija y de su esposa. Entré en la capilla y me detuve ante sus tumbas. Visité el Memorial de los Mártires del Centro Monseñor Romero donde están expuestos algunos de los enseres personales de los muertos, entre ellos el libro ensangrentado El Dios crucificado, del teólogo alemán Jürgen Moltmann, que se encontraba en la estantería de la habitación de Jon Sobrino y cayó al suelo cuando fue arrastrado el cuerpo de uno de los asesinados. Es todo un símbolo en plena sintonía con Ellacuría, para quien la realidad histórica de los “pueblos crucificados” es el lugar social y hermenéutico de su teología.

Los militares entraron en la UCA con la voluntad de eliminar a su rector, Ignacio Ellacuría, una de las figuras más relevantes de la teología y de la filosofía de la liberación, y a sus compañeros jesuitas, prestigiosos intelectuales que analizaban críticamente la realidad del país centroamericano desde diferentes disciplinas: ciencias sociales, psicología social, filosofía, teología, teoría política, filosofía de los derechos humanos, etcétera. El múltiple asesinato, la autoría militar del mismo y la forma irracional como se produjo conmovieron a El Salvador, a América Latina y al mundo entero.

Mientras leía la novela y recorría los lugares de la vida y de la muerte de los mártires me rondaba una pregunta: ¿Por qué los mataron? Y encontré varias respuestas.

Para los sectores eclesiásticos salvadoreños aliados con el Ejército, la oligarquía y el poder político, el asesinato se debió a que los jesuitas se habían alejado de su misión pastoral y se habían implicado en la actividad política del lado de los guerrilleros revolucionarios. “¡Se lo tenían merecido!”, pensaban para sus adentros.

Jon Sobrino, compañero de las víctimas, que se libró de la muerte por encontrarse fuera de El Salvador, piensa de manera muy distinta: los mataron “porque analizaron la realidad y sus causas con objetividad. Dijeron la verdad del país con sus publicaciones y declaraciones públicas. Desenmascararon la mentira y practicaron la denuncia profética. Por ser conciencia crítica de una sociedad de pecado y conciencia creativa de una sociedad distinta, la utopía del reino de Dios entre los pobres. ¡Y eso no se perdona!”

No puedo compartir la respuesta de los sectores eclesiásticos conservadores, sí la de Sobrino, a la que añadiría: los mataron por haber vivido el cristianismo no como opio del pueblo, sino como liberación de los oprimidos, denunciar la triple alianza del poder político, económico y militar, trabajar por la paz y la justicia desde la no violencia y anticipar con su estilo de vida la utopía de otro mundo posible.

Juan José Tamayo

Fuente El País

Juan José Tamayo es director de la Cátedra “Ignacio Ellacuría” de la Universidad Carlos III de Madrid y codirector de Ignacio Ellacuría: utopía y teoría crítica (Tirant lo Blanch, 2014).

Espiritualidad, General, Iglesia Católica , , , , , , , , , , , , , ,

Covid-19 en El Salvador: falta de atención, ataques en redes y discriminación a trans

Martes, 7 de abril de 2020

WhatsApp-Image-2020-04-04-at-10.43.33-e1586022329418-1024x719Por Paula Rosales, desde San Salvador

En medio de la pandemia por Covid-19, organizaciones LGBT+ exigen al Estado salvadoreño garantizar la salud y derechos de las personas LGBT+ y en especial de las trans, a raíz de la falta de asistencia y de las denuncias por discriminación y ataques en las redes.

Karla C, una adolescente trans de 16 años, tenía fiebre, tos y dolor de garganta, y le pidió a una amiga que la llevara a un hospital público del departamento de San Miguel, al este de la capital (El Salvador). Por los síntomas, temía ser portadora del coronavirus que ha causado más de 58 mil fallecidos en el mundo. Pero Karla denunció que no fue atendida.

“Le dijo al doctor que se sentía mal de verdad. El médico nos dijo que ahí no estaban atendiendo ese tipo de casos y que nos fuéramos para la casa. Una enfermera que estaba ahí nos dijo cosas bien feas”, recordó Stephanie Martínez, una amiga que la acompañó en las diligencias.

Después que los médicos y enfermeras de turno se negaran a atenderla en ese hospital* del departamento de San Miguel, la adolescente y su amiga se dirigieron a una unidad de salud. Allí sí fue atendida, descartaron que los síntomas estuvieran relacionados con el coronavirus, y le dieron tratamiento para infección en la garganta.

Presentes consultó al ministerio de Salud sobre el caso de Karla, pero al cierre de la nota no se recibió respuesta.

A pesar de ser una adolescente, Karla C. sobrevive como trabajadora sexual en las calles de la ciudad de San Miguel. De lo poco que gana debe pagar el alquiler de la habitación en la que vive. Desde que el Congreso aprobara por solicitud del ejecutivo un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales a la libertad de circulación y una cuarentena domiciliar obligatoria ordenada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Karla no tiene ingresos para su subsistencia. Se las arregla gracias al apoyo de vecinas que le regalan comida.

Sin ingresos para la subsistencia

WhatsApp-Image-2020-04-04-at-10.43.33-2-1024x943Aunque el presidente Bukele anunció la noche del viernes 27 de marzo la entrega de 300 dólares para alimentación de 1,5 millones de hogares salvadoreños, Karla no puede acceder. El gobierno deberá erogar 450 millones de dólares para cumplir con la entrega del beneficio económico, que ha colapsado los centros de registro de la subvención y ha generado malestar en miles de personas que no fueron beneficiadas.

Stephanie Martínez, trabajadora sexual y compañera de Karla, asegura que no recibió el beneficio. No sabe cómo sobrevivirá en el marco de esta epidemia. “Nadie ha sido beneficiado, ni en mi familia, ni yo salí beneficiada ni ninguna de mis amigas trans. No podemos salir a trabajar porque la mayoría somos sexoservidoras y no podemos salir a la calle. El gobierno no nos da ninguna ayuda ni apoyo porque. Aquí en El Salvador hasta nuestro presidente es muy discriminativo”, expresó Stephanie a este medio.

“A consecuencia de la coyuntura que en la actualidad atraviesa nuestro país a raíz del COVID-19, ha dado lugar, en algunos casos, a la desprotección de las poblaciones más vulnerables, entre estas la población LGBTIQ+, debido a la falta de medidas concretas o programas de asistencia y protección por parte del Estado específicamente a la población trans”, detalló en un comunicado el ombudsman, José Apolonio Tobar.

Transfobia en las redes

Una imagen de  la defensora de derechos humanos, Camila Portillo sosteniendo en su mano derecha el Documento Único de Identidad (DUI), fue publicada en paginas de Facebook insinuando que no fue beneficiada por el bono de 300 dólares anunciado por el gobierno por “ser travesti”.

“He soportado la vulneración de calumnias y difamación, a partir de una foto mía del 2014, cuando no me dejaron votar. Ahora la han puesto en varios temas de noticias diciendo que no pude acceder a los 300 dólares por el DUI y lógicamente lo han hecho en situación de burla hacia las personas trans, dijo a Presentes Camila Portillo.

El gobierno ha sido señalado en reiteradas ocasiones por organizaciones defensoras de derechos humanos de provocar ataques virtuales a quienes considera como sus opositores.

“Hay un montón de gente comentando cosas bien feas. Dejé de leerlos por salud mental, porque hay comentarios bastante fuertes que nos puede afectar psicológicamente porque entramos en una psicosis que pensamos que todo el mundo nos quiere hacer daño” señaló Camila.

Los ataques a Camila comenzaron desde que ella cuestionó el manejo de la crisis sanitaria que tiene al país centroamericano con 56 casos activos y tres muertes. Los comentarios de muchas personas en las redes sociales están orientados a difamar y ridiculizar a la población trans.

Exigen al Estado garantizar seguridad de las trans

WhatsApp-Image-2020-04-04-at-10.43.33-4-1024x759(pincha en la imagen para ampliarla)

“Desde la Red Salvadoreña de Defensoras condenamos estas agresiones transfóbicas y expresamos profunda preocupación por las Defensoras de Derechos Humanos que están aconteciendo por la defensa que se ejercen en el marco de las medidas adoptadas por el GOES ante el Covid19. Exigimos al Estado salvadoreño garantizar la seguridad integral de la defensora Camila Portillo y de las personas transgénero, reconociendo la exposición y vulneración que enfrentan al no ser reconocida legalmente su identidad” expresaron en un comunicado.

Tengo miedo que continúen los ataques, que más que ataques cibernéticos se vuelvan ataques físicos al terminar esta situación y no solo por la parte de la divulgación de la fotografía, sino que por pertenecer a los grupos que estamos constantemente denunciando las violaciones de derechos humanos que se están realizando con estas medidas de represión que el gobierno ha tomado”, lamentó Portillo.

El congreso salvadoreño estudia desde 2018 una propuesta de ley de identidad de género. Aun sigue sin avanzar.

*Nota de edición: el nombre del hospital se mantiene en reserva para preservar la seguridad de quienes sufrieron discriminación.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

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Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , ,

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dice no al matrimonio igualitario y compara a las personas LGTBI con los extraterrestres

Viernes, 27 de marzo de 2020

2202811D-434D-4BAC-B779-F15C0C9F1C14 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,

Como concepto no

El presidente de El Salvador Nayib Bukele Ortez dijo que rechaza la discriminación contra la comunidad LGBTI y los crímenes de odio pero que además está en contra del matrimonio igualitario.

Bukele lo expresó en una conversación vía redes sociales con el cantante René Pérez Joglar, más conocido como Residente, del extinto grupo Calle 13, de Puerto Rico. El cantante preguntó a Bukele sobre su opinión en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo y    éste contestó: “Siento que el matrimonio por definición… es como que tú digas qué es el matrimonio, vaya es el casamiento de un hombre con una mujerEso no inhibe que podas tener la pareja que queras y los derechos que queras. Que no tenemos seguro social o derecho de visita. ¿Por qué no?”, cuestionó.

Señaló, además, que en la actualidad no hay leyes que permitan a las parejas homosexuales o de otras variantes acceder a derechos sociales desde su especificidad. “No hay legislación que permita eso”, admitió. “Como concepto no”, reiteró finalmente después que el cantante volvió a preguntar qué opinaba sobre el asunto.

Bukele recalcó en que el ser humano es uno solo, y que al final la igualdad debe prevalecer. “Yo siempre he dicho que si algún día vinieran los extraterrestres, nos uniríamos todos porque nos veríamos tan iguales que no veríamos las diferencias que existen entre nosotros”, añadió.

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A principios de enero de este año el magistrado Aldo Cáder Camilot anunció que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentenciará en los primeros meses del año que transcurre a favor o en contra de la demanda de inconstitucionalidad que bloque el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El recurso fue presentado en el año 2016 cuando eran jueces de esa instancia los ahora exfuncionarios José Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Óscar Armando Pineda Navas.

Se trata, según él dijo en aquellos días, de una demanda “vieja” contra algunas disposiciones del Código de Familia, específicamente el artículo 90, porque “no permite el matrimonio entre dos hombres, por ejemplo, o dos mujeres”.

En enero de 2018, la Sala de lo Constitucional frenó la ratificación de una reforma a la Constitución, aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2015 con la que se pretendía prohibir el matrimonio gay. En esa ocasión votaron a favor de la prohibición los partidos ARENA, PCN, PDC, GANA y la entonces bancada Unidos por El Salvador.

Ese día fue aprobado un decreto de reforma a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución otorgando rango constitucional al matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, definir el ámbito de aplicación del matrimonio y la adopción.

Los diputados también pretendían que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países no tuvieran validez jurídicas en El Salvador.

En agosto de 2019 la Iglesia Católica salvadoreña criticó la admisión de las demandas que hizo la Sala de lo Constitucional. En ese entonces el arzobispo José Luis Escobar Alas reiteró que el matrimonio no es entre dos personas del mismo sexo como ya lo habían hecho diputados conservadores.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencias/Diario1/Salvadorgram/Cristianos Gays

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Asesinan a joven gay: dos crímenes de odio a LGBTI+ en una semana en El Salvador

Lunes, 23 de marzo de 2020

Jaime-Natividad-Rubio-El-Salvador-crimenes-LGBT-2020-e1584721573363-474x237Jaime Natividad Rubio Ramos,

Por Paula Rosales, desde San Salvador

Jaime Natividad Rubio Ramos, un hombre gay de 28 años, es la segunda víctima LGBT+ asesinada en una semana en la zona oriental de El Salvador. En este país aún no hay víctimas fatales de la pandemia de coronavirus, pero en 2020 ya se documentan al menos tres crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual. Dos de ellas, asesinadas en la última semana.

De acuerdo a testimonios de pobladorxs, Jaime se encontraba departiendo el 15 de marzo junto a otras personas en la Laguna de Olomega, municipio de El Carmen, departamento de La Unión, a 170 kilómetros al sudeste de la capital del país.  Fue la ultima vez que lo vieron con vida. “Pobladores de la zona escucharon disparos y al día siguiente encontraron el cadáver de la víctima. El cuerpo sin vida tenía entre diez y doce horas de fallecido, por tanto el levantamiento y las diligencias se realizaron el día 16. Sabemos que Jaime recibió tres disparos”, dijo a Presentes una fuente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos que solicitó reserva.

Jaime se dedicaba a organizar eventos y a crear coreografías para eventos de belleza en diferentes departamentos del país centroamericano. De acuerdo a fuentes consultadas por Presentes, era un joven emprendedor que se esforzaba para destacar con su trabajo.

“Jaime era un joven muy trabajador, con todo un mundo para descubrir en nuestro país, que no te da muchas oportunidades y menos siendo miembro de nuestra comunidad LGBTIQ, donde tantas veces se nos margina. Me siento muy mal. Es un asesinato que en verdad me afecta”, dijo a Presentes Edgar Zelaya, diseñador de modas y colega de trabajo de Jaime.

Presentes consultó a la delegación de la policía en el municipio de El Carmen, pero se negaron a responder. No es la primera vez que la institución a cargo de la seguridad pública niega información a este medio.

“La oficina fiscal de La Unión, confirma que el occiso Jaime Natividad Rubio, según la información preliminar recolectada en la escena pertenecía al colectivo LGBTI. La investigación por el momento está centrada en determinar el perfil social de la víctima, para establecer una línea de investigación”, afirmó a Presentes una fuente fiscal.

Dos asesinatos a LGBT+ en una semana

mujer-trans-launion-Tita-Andrade-UmañaTita Andrade Umaña

Con el asesinato de Jaime, ya son al menos tres los crímenes de odio hacia personas LGBT+ reportados en El Salvador en lo que va de 2020.

Tita Andrade Umaña, una persona trans de 32 años, salió de su casa el viernes 6 de marzo en el municipio de Intipucá en el departamento de La Unión, 180 kilómetros al sureste de la capital de El Salvador. La encontraron asesinada, el sábado 7 en un descampado del caserío La Agencia, en una zona rural del oriente del país centroamericano.

El primer transfeminicidio de 2020 se perpetró el 16 de enero contra Briyit Michelle Alas, una mujer trans de 21 años. Briyit fue asesinada de cinco disparos y después fue lanzada a un barranco en Ciudad Delgado, a ocho kilómetros de la capital. Por este crimen aún no hay personas detenidas.

El congreso reformó en el año 2015 el código penal e incluyó al homicidio agravado el perjuicio de crímenes cometidos por odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero desde la reforma ningún caso ha logrado condena con esta tipificación.

Sin justicia, con impunidad

“Los asesinatos van a seguir ocurriendo porque nosotras somos la cara visible de toda la población LGBTI y somos las más expuestas en cuanto al ojo público. Con nuestros crímenes siempre ha existido impunidad en el país”, dijo Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

“Las acusaciones han disminuido porque existe mucha corrupción en las autoridades. Aunque los jueces quieran hacer su trabajo, las autoridades correspondientes de acusar y defender siempre terminan llegando a un acuerdo donde sale favorecido el culpable”, expresó Linares a Presentes.

Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019 

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.

El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.

Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil.

Crímenes de odio siguen impunes

2019020410144827559El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Tres policías a juicio por el transfemicidio de Camila Díaz

Viernes, 20 de marzo de 2020

8C28316D-4252-4294-BE05-9D0E467550A5Por Paula Rosales, desde San Salvador

El tribunal 5to. de instrucción de El Salvador decretó el miércoles 11 de marzo enviar a juicio a tres policías acusados del homicidio agravado de Camila Díaz, una persona trans, en enero de 2019. Camila había sido deportada desde Estados Unidos después que le negaran el asilo humanitario, y amenazada a muerte en reiteradas veces por las violentas pandillas que operan en Centroamérica.

El juez de Instrucción de San Salvador, Sidney Blanco, consideró que existen abundantes pruebas que incriminan a los tres agentes en la muerte de Camila Díaz Córdova, una trabajadora sexual de 29 años. De ser encontrados culpables, se les aplicarán obtener penas de entre 20 y 30 años de prisión.

Sin agravante por crimen de odio

El caso inicialmente contemplaba tres delitos: privación de libertad, homicidio agravado con el perjuicio de haber sido motivado por el odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero solo quedó firme uno. “Ya el juez emitió la resolución en contra de los tres imputados y les ordenó continuar en la detención provisional que se encuentran y pasar a juicio, pero únicamente por el delito de homicidio agravado”, dijo a Presentes una persona de prensa de los tribunales.

“En cuanto al delito de privación de libertad, de acuerdo a todas las evidencias presentadas no se pudo establecer que ese delito porque cuando llegaron los agentes y arrestaron Camila, ellos estaban cumpliendo su deber como policías y la ley dice que cuando alguien esta haciendo desordenes públicos la policía tiene todo el deber de llevárselo, por ese delito quedaron sobreseídos”, dijo la empleada del tribunal a Presentes.

De acuerdo con la fiscalía, la madrugada del 31 de enero de 2019, los policías implicados llegaron para atender una emergencia en una calle al norte de la capital, en la que tenían un reporte que Díaz estaba realizando disturbios en la vía pública, por lo que fue arrestada y llevada en una patrulla.

“El agravante de crimen por odio no se tomó en cuenta porque no se estableció, solo el agravante por superioridad porque eran agentes policiales”, afirmó la empleada.

Durante el trayecto, se sospecha a partir de las evidencias que la mujer trans fue golpeada por los agentes y luego lanzada a una carretera, donde fue rescatada con vida horas más tarde por una ambulancia. Camila Díaz Córdova murió en un hospital el 3 de febrero de 2019.

“Es lamentable, creo que podía ser el primer caso que llegara a juicio con ese agravante de crimen por odio. Lamentablemente en El Salvador los crímenes hacia las LGBTI y en específico hacia la población trans ningún caso había alcanzado la vista pública o sentencia”, dijo a Presentes Virginia Flores, amiga de Camila.

Desde 1992 hasta la fecha, en El Salvador han sido asesinadas más de 600 mujeres trans.

“Voy a esperar a ver qué pasa en la etapa de sentencia si son condenados o no. Le pediría al juez que no es justo que ellos queden en libertad, existen pruebas y seria injusto que quedaran en libertad burlándose de la justicia y quizá cometiendo lo mismos crímenes con otras personas”.

Camila Díaz Córdova había huido y solicitado asilo en Estados Unidos en 2017 por constantes amenazas de pandillas, sin embargo, su petición de asilo fue rechazada por las autoridades y fue deportada al país centroamericano ese mismo año.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Asesinan y prenden fuego a Tita, trans de 32 años, en El Salvador

Miércoles, 18 de marzo de 2020

mujer-trans-launion-Tita-Andrade-UmañaTita Andrade Umaña

Por Paula Rosales, desde San Salvador

Tita Andrade Umaña, una persona trans de 32 años, salió de su casa el viernes 6 de marzo en el municipio de Intipucá en el departamento de La Unión, 180 kilómetros al sureste de la capital de El Salvador. La encontraron asesinada, el sábado 7 en un descampado del caserío La Agencia, en una zona rural del oriente del país centroamericano. Por la autopsia se logró determinar quién era.

Residentes de la zona reportaron un conato de incendio y al verificar hallaron el cuerpo calcinado en un 90 por ciento, de acuerdo al reporte policial de La Unión. La fiscalía general anunció el martes 10 en su cuenta de Twitter que hay una persona detenida, sospechosa de haber cometido el crimen. Aunque en los trámites judiciales, Tita es llamada por su nombre asignado al nacer.

“Se ha decretado detención administrativa en contra de Ronald Asael Cáceres Campos, por el delito de homicidio simple de Jaime Ulises Andrade Umaña, miembro de la comunidad LGBTI. El hecho ocurrió el día sábado 7 de marzo en Intipucá, La Unión”, informó la institución. “La detención se hizo efectiva este día a las 15 horas, como resultado de investigación de la fiscalía. Se ha logrado recabar abundante prueba en contra del acusado”, publicó el ente.

«Se desconoce el móvil que originó el homicidio. La causa de la muerte está por determinarse mediante autopsia, ya que la víctima presentaba quemaduras en todo el cuerpo y hasta ahora aún no tenemos el resultado de la autopsia», expresó a la prensa el oficial de servicio de la policía.

20200311_093912015_fdpt12032020corhomici01.jpg_525981578Ronald Asael Cáceres Campos,

Tita es la segunda víctima asesinada de la población LGBTI en El Salvador en lo que va de 2020. Las investigaciones de estos crímenes avanzan muy poco en el país. La gran mayoría queda impune debido a investigaciones débiles que no permiten el enjuiciamiento de los responsables.

El primer transfeminicidio de 2020 se perpetró el 16 de enero contra Briyit Michelle Alas, una mujer trans de 21 años. Briyit fue asesinada de cinco disparos y después fue lanzada a un barranco en Ciudad Delgado, a ocho kilómetros de la capital. Por este crimen aún no hay personas detenidas.

El congreso reformó en el año 2015 el código penal e incluyó al homicidio agravado el perjuicio de crímenes cometidos por odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero desde la reforma ningún caso ha logrado condena con esta tipificación.

Sin justicia, con impunidad

“Los asesinatos van a seguir ocurriendo porque nosotras somos la cara visible de toda la población LGBTI y somos las más expuestas en cuanto al ojo público. Con nuestros crímenes siempre ha existido impunidad en el país”, dijo Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.

“Las acusaciones han disminuido porque existe mucha corrupción en las autoridades. Aunque los jueces quieran hacer su trabajo, las autoridades correspondientes de acusar y defender siempre terminan llegando a un acuerdo donde sale favorecido el culpable”, expresó Linares a Presentes.

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Tita Andrade Umaña

Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019 

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.

El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión, a 182 kilómetros al este de San Salvador.

Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil.

Crímenes de odio siguen impunes

2019020410144827559El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencias/ Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Organizaciones LGBTI advierten “autoritarismo” en presidente Bukele

Jueves, 20 de febrero de 2020

2019020410144827559Por Paula Rosales

La población LGBTI de El Salvador está preocupada por las señales de “autoritarismo” que mostró el presidente Nayib Bukele al irrumpir, junto con soldados y policías armados, en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero. Fue con la intención de presionar a los diputados para que aprobaran negociar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar sus planes de seguridad.

Organizaciones feministas y LGBTI se congregaron en la Plaza del Monumento al Salvador del Mundo a protestar ante el avance de la militarización del Estado y por la amenaza de destruir el sistema democrático del país centroamericano.

Bukele, que asumió su mandato el 1 de junio de 2019, ha sido cuestionado por sus censuras a la prensa, violaciones al derecho de información de ciudadanos, despidos numerosos en diferentes instituciones del Estado y nepotismo.

El mandatario de 38 años también se ha pronunciado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y solo está de acuerdo con practicar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro.

Al principio de su mandato, Bukele suprimió la Secretaria de Inclusión Social, institución encargada para velar por los derechos y por hacer cumplir el decreto presidencial que establecía la erradicación de la discriminación en todo el Estado de la población LGBTI.

“La población LGBTI está muy preocupada respecto a estas más recientes señales de autoritarismo que ha mostrado el presidente Bukele. Siempre que se trata de políticas de militarización de la vida pública es la población LGBTI una de las que queda más expuesta a sufrir abusos de parte de los militares”, dijo a Presentes Roberto Zapata, de la asociación AMATE.

2-1024x768El informe “Basta de genocidio trans”, elaborado por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), muestra cómo en El Salvador las mujeres trans son violentadas por instituciones del Estado, específicamente por los cuerpos de seguridad, del total de denuncias recibidas el 36% fue atacada por la Policía y el 6% por la Fuerza Armada.

“Estos sistemas de represión solo incrementan los niveles de vulnerabilidad. Insistimos muchas veces que estos contextos militarizados nada han favorecido para reducir la violencia, la violencia únicamente se ve reflejada o pretenden clasificarla en la violencia pandilleril y no en otros tipos de violencia como la violencia de género, sabemos que las mujeres y la población LGBTI estamos inmersas en esas condiciones de vulnerabilidad”, dijo a Presentes Yanilet Mejía, activista lesbiana feminista e integrante de la organización las Hijas de Safo.

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, asesinada presuntamente por policías y Anahy Miranda, están siendo judicializados. El señalado por asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Un episodio oscuro

Después de irrumpir el recinto, Bukele se sentó en la silla del diputado presidente e hizo una oración para pedir “consejo divido” para la decisión de eliminar la Asamblea Legislativa con sus 84 diputados.

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El mandatario salió del palacio legislativo y azuzó a la población que había llegado a apoyarlo afuera del edificio y los motivó a aplicar el artículo 87 de la Constitución Nacional que se refiere al derecho a la insurrección.

“Cuando funcionarios rompan el orden constitucional el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Yo le pregunté a Dios y Él me dijo: “paciencia”. En unos meses vamos a tener esta asamblea, porque la vamos a tomar por la fuerza”, arengó Bukele.

Para diversos sectores del país y organismos internacionales, el joven mandatario salvadoreño provocó uno de los episodios más “oscuros” desde la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado (1980-1992).

“Creo que esto nos está poniendo en un contexto de peligrosidad a todas las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres trans y población LGBTI, todas estamos quedando en un estado de vulnerabilidad con la militarización porque estamos siendo gobernados por uniformados, creo que El Salvador debe de cambiar la táctica y nuestros gobernantes deben de ser creadores de paz”, dijo a Presentes Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano- ASPIDH Arcoíris Trans.

5-2-1024x768Defensoras y activistas consideran la medida como una clara usurpación de poderes, un retroceso en los derechos y convertiría al país centroamericano en un país sin garantías constitucionales.

“Vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del Estado”, expresaron las organizaciones LGBTI en un comunicado.

El Salvador permitió desde el año 2009 que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad pública del país, decisión que ha sido cuestionada por los organismos defensores de derechos humanos por los altos niveles represivos y el aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y golpizas.

Fuente Agencia Presentes

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Asesinaron a balazos a una chica trans en el centro de San Salvador: tenía 21 años

Martes, 21 de enero de 2020

AC58B792-44AF-4AE3-8B22-0F90332DA2C7Sigue el horror

Un nuevo crimen hacia la población de mujeres trans de El Salvador se dio a conocer el viernes.

Briyit Michelle Alas, una mujer trans de 21 años, fue asesinada el jueves 16 de enero en uno de los municipios con mayores índices de violencia en El Salvador. El cuerpo de Briyit Michelle Alas de tan solo 21 años fue encontrado en el reparto Santa Margarita 2 de Ciudad Delgado. La víctima no fue reconocida al instante pues no encontraron sus documentos en la escena, su cuerpo tenía cinco impactos de bala, tres en su tórax, uno detrás de la oreja y uno en el brazo y luego fue lanzada a un barranco en Ciudad Delgado, unos ocho kilómetros del centro de la capital. La policía se refirió a todo el tiempo ella en masculino.

Fuentes consultadas por Presentes dijeron que Briyit salió de su casa y luego se dirigió hacia un parque de la capital salvadoreña; ahí fue vista por ultima vez y les expresó a unas amigas que iba camino a la cuadra en donde ejercía el trabajo sexual.

Desde ayer por la tarde que salió desapareció y ya nadie supo nada más, hasta ahora que lastimosamente la compañera está muerta”, relató a Presentes una defensora de derechos que pidió omitir su identidad por seguridad.

Según una fuente, la familia de Alas fue quien logró identificarla; llevaba varias horas sin reportarse en casa, luego comenzaron a ver circular las fotos del cuerpo sin vida de la joven en redes sociales, constatando que la ropa coincidía con la que la habían visto y el ese mismo día por la noche fueron a la morgue para estar seguras que se trataba de ella.

Este es el primer caso que se registra en el presente año, y se suma a los cientos de casos sin resolver que las organizaciones LGBTQ salvadoreñas tienen contabilizadas y de los cuales son pocos a los que las autoridades salvadoreñas han dado seguimiento.

El centro histórico de San Salvador tiene altos índices de denuncias de personas desaparecidas, robos y asesinatos.

Invisible para las cifras oficiales

A Briyit la asesinaron el mismo día en que el país conmemoraba 28 años de la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a doce años de conflicto armado. Es la primera vez que el Estado no celebra oficialmente la fecha. El presidente Nayib Bukel anunció ese día que no se reportó ningún homicidio en el país centroamericano. “Podemos confirmar que hemos cerrado el jueves 16 de enero con 0 homicidios a nivel nacional”, publicó Bukele en su cuenta personal de Twitter.

La familia de Alas es de escasos recursos, y solicitó ayuda a las organizaciones defensoras de derechos humanos de mujeres trans, por lo que activistas y organizaciones LGBTQ han puesto de su parte para ayudar con los gastos fúnebres a la familia. Indican que el acceso a estudio y empleo es reducido para esta población. En muchos casos se suman al comercio informal o se arriesgan a ejercer el trabajo sexual en las duras calles de San Salvador y en las principales ciudades del país centroamericano.

Fuimos donde la familia y recién se enteraron. De hecho ayer en la noche les enviaron una foto y hoy tarde es que la mamá salió a reconocer el cuerpo. Dijo que ayer salió por la tarde, unas compañeras la vieron en el Parque Libertad y dijo que iba a trabajar, pero a la cuadra no llegó”, expresó Camila Portillo.

Desgraciadamente no tenemos mayor información, si salió con un cliente o como fue el hecho, no quisimos ahondar en detalles con la familia, pero nos pusimos a sus órdenes para cualquier cosa que necesitara y les pusimos en contacto con Jessica Torres de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ya que ella quiere darle seguimiento al caso”, informó Camila Portillo de la Asociación ASPIDH Arcoiris Trans.

La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH y Arcoíris Trans lamentaron el nuevo transfeminicidio y demandaron que el Estado investigue éste y otros crímenes que aun no logran ser juzgados.

Dicha organización publicó el día viernes en sus redes sociales, “Desde ASPIDH se le hace un llamado a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos y al Presidente Nayib Bukele para que se pronuncie ante los transfeminicidios de El Salvador. Todo con el fin de visibilizar la realidad que la población LGBTI en especial la de mujeres trans, tiene que vivir día a día”.

Exigimos que el Estado salvadoreño investigue y judicialice a las personas responsables de los crímenes por odio hacia la población LGBTI”, publicaron en su cuenta oficial.

Por su parte la activista independiente Aislinn Odaly´s menciona que el Estado debe garantizar el derecho al trabajo para las personas trans, en especial a las mujeres trans, ya que algunas se ven orilladas a ejercer el trabajo sexual en las calles y es ahí donde se corre mayor peligro, “somos más visibles y vulnerables por tener una identidad de género diferente a la asignada al nacer”, agrega Aislinn.

Briyit se topó con una sociedad que le negó la oportunidad de acceder a un trabajo con mayores garantías; ella se formó en cursos de gastronomía salvadoreña, nunca pudo practicar porque la rechazaban por ser una mujer trans”, menciona Bianca Rodríguez directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS, otra de las organizaciones que ha estado al pendiente de ayudar a la familia de Alas.

Pese a las evidencia de los lujos de barbarie con los que se cometen estos crímenes, el Estado salvadoreño sigue en silencio ante estos crímenes contra la población LGBTQ. “El silencio y la falta de acceso a la justicia de este gobierno, con lleva a que se perpetúen más crímenes de odio y que siga predominando la impunidad”, agrega Rodríguez.

Aumentaron los asesinatos a personas trans

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.

El supuesto responsable de asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de diez mil dólares para continuar el proceso en libertad.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión,  a 182 kilómetros al este de San Salvador.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

 Fuente Agencias/ Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Asesinaron a tiros a una mujer trans en El Salvador: tenía 28 años

Sábado, 11 de enero de 2020

12017697_988270104564313_626590877471949308_o-1064x532Por Paula Rosales

Cristi Conde Vásquez, mujer trans de 28 años, fue asesinada el jueves 19 de diciembre. Fue perseguida y llevada a un sitio en donde le propinaron unos cinco disparos, de acuerdo a un reporte de la Policía Nacional Civil. Es el octavo asesinato registrado en 2019 a una mujer trans. La Policía tardó en confirmar el homicidio a un periodista local y la Justicia aún no está investigando el caso.

Carlos Rodríguez, procurador adjunto para la defensa de derechos civiles e individuales, dijo a Presentes: “Como Procuraduría para la defensa de los derechos humanos hemos señalado con absoluta preocupación la poca efectividad de las autoridades a cargo de garantizar el acceso a la justicia. En estos casos hemos señalado que la actuación de las autoridades es lenta u omisa en estos casos. Las calificaciones que se dan, como el caso de Anahy, fiscalía opto por no calificar el delito como crimen por odio. La fiscalía casi en la totalidad de casos omite aplicar la circunstancia agravante de crimen por odio”, agregó.

Bianka Rodríguez, directora de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), informó a Presentes que Cristi Conde era originaria de Las Isletas, departamento de La Paz, 53 kilómetros al sur este de la capital de El Salvador. Se dedicaba al comercio ambulante, una de las principales fuentes de ingreso de la población trans.

El estudio “Sin derechos igualitarios: El acceso desigual de la población LGBTQ a la seguridad social en el área metropolitana de San Salvador”, elaborado por la asociación Acción por la Memoria y Apoyo al Trabajo para la Equidad en El Salvador (AMATE), indica que el 50 por ciento de mujeres trans encuestadas se dedica al trabajo remunerado por cuenta propia, es decir comercio informal sin prestaciones sociales como acceso a salud o ahorro de pensión. El informe se realizó con 384 personas.

Las organizaciones defensoras de los derechos de personas trans, indican que el acceso a estudio y empleo es reducido para esta población, en muchos casos se suman al comercio informal o se arriesgan a ejercer el trabajo sexual en las duras calles de San Salvador y en las principales ciudades del país centroamericano.

“Que terrible y que dolor e impotencia da ver y vivir estos casos en donde siguen cegando la vida a nuestra población TRANS, este día fue asesinada nuestra hermana La Costeñita como era conocida”, escribió en su cuenta personal Odalys Araujo, defensora de derechos humanos.

Aumentaron los asesinatos en el último trimestre de 2019

De enero a diciembre de 2019, asesinaron a ocho mujeres trans y un hombre gay. De acuerdo a los casos registrados por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Solamente los casos de Camila Díaz, presuntamente asesinada por policías y Anahy Miranda, han sido judicializados.

El supuesto responsable de asesinar a Anahy le fue impuesta una fianza de 10 mil dólares para continuar el proceso en libertad.

Octubre y noviembre de 2019 fueron los meses más difíciles, en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans del país centroamericano.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán, Rosa Granados, una activista trans de 28 años asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión,  a 182 kilómetros al este de San Salvador.

Rosa Granados, una activista trans de 28 años, fue asesinada el sábado 30 de noviembre en su casa en el departamento de la Unión, recibió cuatro disparos en su cabeza.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el código penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Atacaron a mujer trans en El Salvador y la policía se negó a recibir la denuncia

Jueves, 12 de diciembre de 2019

IMG_3432-1070x535Por Paula Rosales

Alexia Trujillo, mujer trans de 25 años, caminaba en la madrugada del sábado 7 de diciembre por la avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero de San Salvador, cuando tres hombres que trabajan de seguridad privada en los comercios de la zona la atacaron a golpes, según denunció la propia víctima.

Armados con una macana de hierro, los agresores siguieron a Alexia unos cien metros, la insultaron y golpearon en la cabeza reiteradas veces. La hirieron salvajemente en la ceja y el ojo derecho. Su cabeza sufrió una herida de tres centímetros. Sus brazos y piernas terminaron con magulladuras por las patadas recibidas.

“Yo caminaba por la plaza Morazán, cuando unos vigilantes me insultaron y me siguieron. Yo no les dije, ni les hice nada. Entre los tres me pegaron una golpiza bien fea”, expresó Alexia a Presentes. Alexia se dedica al comercio de artículos varios en uno de los mercados de la capital del país centroamericano.

El informe “Basta de genocidio trans”, presentado en 2019 por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans, señala que un 19 por ciento de mujeres trans denunciaron que fueron golpeadas o haber sufrido alguna agresión física durante 2018.

“Me dijeron que era un marica de mierda, una basura sidosa, me insultaron bien feo. Entre las tres personas me golpearon y me robaron mis pertenencias”, contó.

La policía se negó a atenderla

Después de la agresión, Alexia fue a la delegación central de la Policía Nacional Civil para interponer la denuncia, pero se negaron a atenderla y fue sacada del lugar.

Presentes solicitó la postura de la policía a la unidad de prensa, acordaron consultar con la delegación de San Salvador, pero al cierre de la nota no se había recibido respuesta.

“Estamos indignadas, las mujeres trans están recibiendo agresiones de parte de los cuerpos de vigilantes privados. Demandamos que se investigue y castigue a los culpables”, señaló Odalys Araujo, defensora de derechos humanos, a Presentes.

Aumentan crímenes por odio

Los ataques hacia las mujeres trans han aumentado en el último trimestre del año: en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes de odio. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos están alarmadas por la escalada de intolerancia hacia las poblaciones diversas.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.

El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada asesinada en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán.

Rosa Granados, una activista trans de 28 años, fue asesinada el sábado 30 de noviembre en su casa en el departamento de la Unión, recibió cuatro disparos en su cabeza.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el código penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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La última noche de Camila, trans perseguida por pandillas y asesinada por la Policía

Sábado, 7 de diciembre de 2019

1871CB1F-D108-48B5-8B25-2CF6074C0887Impresionante y emotivo recuerdo de Camila. Necesario leerlo, necesario orarlo, necesario reclamarlo. Basta ya de odio tránsfobo.

 Por Paula Rosales y Nelson Rentería

Fotos: PR y VF

Poco antes de las seis de la tarde del miércoles 30 de enero, Camila Aurora Díaz Córdova se colgó el bolso al hombro y dejó su casa para otra noche de trabajo sexual en la misma calle donde lo ejerció durante doce años, al norte de San Salvador. Caminó con desgano y tristeza: llevaba mucho tiempo intentando cambiar su vida. Había buscado otras ocupaciones para sobrevivir sin exponerse a las amenazas de las pandillas y de la policía. Había denunciado ante la justicia la discriminación y la persecución por ser una mujer trans. Había intentado vivir en otras ciudades y países. Había pedido asilo en Estados Unidos y la habían deportado. Las cosas se habían puesto cada vez más difíciles.

Aquí ando ya, en estas calles horrendas y fatales. Aquí ando, ni modo”, le dijo por mensaje de Whatsapp a una amiga, como si supiera lo que le esperaba. Esa madrugada, Camila fue torturada y asesinada. Tenía 29 años, seis menos que la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina.  Sus verdugos quisieron esconder el hecho pero las marcas de su cuerpo hablaron por ella. Por el homicidio, tres policías, Jaime Geovany Mendoza, Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales están detenidos y pueden llegar a ser los primeros condenados por un crimen de odio en El Salvador. Es el primer caso que se judicializa como tal a pesar de que desde 2017 han asesinado a al menos 22 mujeres trans, según cifras de la Federación Salvadoreña LGBTI.

8C28316D-4252-4294-BE05-9D0E467550A5Fany es una perrita que perteneció a Camila. Cuando emigró por primera vez a México la llevó a casa de su mamá. Fotografía de Virginia Flores

Camila nació el 9 de noviembre de 1989 en el municipio de Santa María Ostuma, departamento de La Paz. Segunda hija de la pareja de feligreses de una iglesia cristiana, creció en un pequeño poblado escondido al sudeste del valle de Jiboa. Ahí su familia se dedica al cultivo de maíz, frijoles, piña y caña de azúcar. Sus padres, Edith Córdova y Lino Díaz no pudieron asentarla en los registros de esa alcaldía porque dos días después de que Camila naciera, estalló la ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en su intento por hacerse del poder.

Su mamá recuerda que a pesar de las humillaciones que sufrió en el pueblo, cuando los vecinos reaccionaron a los primeros gestos femeninos de su transición con burlas y rumores, su hija nunca perdió el buen humor: “Si lo ofendían, no decía nada. Nunca le faltaba el respeto a los demás”, contó su madre a Presentes.

B82229F5-C5A8-4ABB-B2A1-D0424D7B4502La discriminación y el acoso es moneda corriente para las personas LGBTI en estos pequeños poblados de El Salvador, donde el machismo y las ideas religiosas radicales están extendidas. No hay espacio para las personas que no se definen como hombres o mujeres.

La falta de tolerancia se traduce en violencias cotidianas. Y ellas, en un deterioro de la salud mental que a veces desencadena en suicidio. Así lo indican los números de la Consulta Nacional sobre realidades LGBTI en El Salvador. Presentada en 2012 por la extinta Dirección de Diversidad del Estado, de 400 personas consultadas, un 61,7 por ciento manifestó conocer a una persona LGBTI que se suicidó.

Camila no estuvo exenta de este calvario. Su mamá intentó hacerla cambiar de opinión sobre su identidad de género. Cuando Camila cumplió los 18 años, quiso que se presentara a servir al comando de Fuerzas Especiales del Ejército salvadoreño. Camila se negó rotundamente. La presión fue tal que no le quedó otro camino: enlistarse y vestir ropa de fajina.

1002FC62-0AF5-4364-98D5-CB3FF7A7842FCamila y Kelly Díaz siempre mantuvieron una relación muy cercana

Su mamá Edith acepta que al principio no podía “consentir” la conducta de su hija, porque iba “en contra de los designios de Dios”. Ahora se arrepiente de aquella actitud y de no haber intentado siquiera aceptar que Camila tenía el derecho de ser quien ella quisiera.

Camila permaneció durante tres meses en la Fuerza Armada y recibió el adiestramiento. Hasta que un día, hastiada de la vida castrense, se negó a realizar el juramento que la convertiría en soldado. Así concluyó su experiencia militar, en 2007. Entonces Camila pensó que Santa María Ostuma no era el mejor lugar para vivir y se mudó a la capital, San Salvador.

La vida en la ciudad, la persecución de las pandillas

En la capital, un primo la recibió en su casa y la bautizó con el nombre de Daniela. Fue la primera vez que le asignaron un nombre femenino. Ese modo de nombrarla fue mucho más que simbólico. A partir de entonces, ella dejó crecer su cabello, lo tiñó de rubio y expresó su identidad de género.

Aunque se sentía más libre, su situación no mejoró. Ahí tampoco encontró un empleo digno. Para sobrevivir debió ejercer por primera vez el trabajo sexual en las calles. Su primo empezó a controlarla y a violentarla. Las rabietas se transformaron en golpes, maltratos y ropa quemada. Hasta que la echó de la casa.

Camila buscó refugio con otras mujeres trans. A Virginia Flores y Mónica Elizondo las había conocido durante las fiestas patronales de San Salvador. Ella no sabía dónde vivíamos, sólo que en la colonia Zacamil, no sabía prácticamente nada de los lugares de San Salvador. No tocó la puerta. Cuando mi pareja iba para el trabajo, me dijo “fíjate que allá afuera hay una persona acostada”, yo salí a ver y la encontré”-  contó Virginia Flores a Presentes.

Mónica y Virginia la acogieron en un apartamento diminuto, en un edificio del complejo de multifamiliares de la colonia Zacamil. Sus nuevas amigas la rebautizaron Camila Aurora.

Lo que siguió fue una secuencia de cambios de direcciones, ausencias, migraciones, desplazamientos, escapes, acosos y la misma búsqueda a cada paso: intentar una vida tranquila.

847317A9-9CC9-4861-965B-3B3E5E3D142ACamila y Virginia cumplen años con una semana de diferencia. La imagen fue la última celebración juntas. Fotografía de Virginia Flores

Su amiga Mónica, de 35 años, quería lo mismo. Ya la habían amenazado y tiroteado su casa. Mónica decidió dejar la vivienda en la colonia Montreal. El 20 de mayo de 2011 volvió a la casa, quería limpiar y controlar que estuviera en orden. La asesinaron mientras se desplazaba al interior de la ruta 47. Según versiones policiales, supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), los mismos que la habían amenazado, le dispararon varias veces.

Aquel año Camila se fue a vivir con su hermana Kelly en una colonia del municipio de Ilopango. Una noche, cuando ellas estaban descansando, otros pandilleros que controlaban la zona, tocaron a su puerta. Llegaron con el pretexto de “conversar” con Camila. Tras varios golpes, subieron al techo de la casa para intentar romperlo y entrar por un hueco. Camila y su hermana comenzaron a recitar los versos del Salmo 91, colgado en una de las paredes.

No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada/Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.

Comencé a orar de rodillas para que los hombres se fueran. Los golpes eran intensos, pero Dios nos hizo el milagro, se cansaron y se fueron. No recuerdo nada más porque me desmayé del miedo”, dijo a Presentes Kelly Díaz Córdoba.

Días después, los pandilleros regresaron a la vivienda cuando las hermanas no estaban y destruyeron sus pocas pertenencias. El colchón de la cama de Camila quedó lleno de agujeros hechos a punta de cuchillo. Ellas decidieron regresar a su casa natal, en Santa María Ostuma. Antes tuvieron que pagar al dueño de la casa por los daños de los pandilleros.

Las amenazas que nadie atendió

Camila quiso volver a la capital, sólo para reafirmar que nada había cambiado. Las amenazas de muerte fueron una constante. A raíz de ellas, el 27 agosto de 2015 interpuso una denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC) contra otros pandilleros identificados por sus alias: Coqui, Gasper y Travieso. Según la denuncia, estos tres pandilleros del Barrio 18 le dieron quince días para pagar la extorsión que cobran a las trabajadoras sexuales por utilizar sus territorios. De lo contrario debían abandonar la calle Celis, al este de la capital.

Una trabajadora sexual puede cobrar a un cliente entre 15 y 20 dólares por su servicio. La pandilla le exige 10 dólares semanales por trabajar en su territorio, según pudo averiguar Presentes. Si no pagan la cuota, los pandilleros les hacen “descuentos”. Así llaman a las golpizas que infringen para que no vuelva a pasar. Cuando las mujeres siguen sin pagar, pueden ser asesinadas.

De acuerdo al informe sobre desplazamiento humano realizado por la Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans en El Salvador-COMCAVIS TRANS-, las pandillas son los mayores atacantes de la población LGBTI. Así lo indica un 79 por ciento de las denuncias documentadas entre marzo y diciembre de 2018.

18A8DA6F-CB54-4FFA-BDD5-ADD61B2072B5Altar elaborado por la organización CRISTOSAL en conmemoración de las personas LGBTI asesinadas en Centroaméricaj

Después de hacer la denuncia, Camila recibió una hoja con el número del caso 5339. La investigación no prosperó. Su acusación pasó a formar parte de una montaña de pendientes en la institución de seguridad pública. De acuerdo a estadísticas de la Policía, en 2015 recibieron 2.242 denuncias de extorsión a nivel nacional.

Organizaciones defensoras de los derechos LGBTI señalan que también puede existir rivalidad entre las mismas compañeras que ejercen el trabajo sexual. La situación se agrava cuando mujeres trans tienen contactos y relaciones con miembros de pandillas. Las asociaciones denuncian además que algunos policías en servicio intimidan, amenazan de muerte o hacen arreglos con trabajadoras sexuales para comprar su protección e impunidad.

El Informe “Basta de Genocidio Trans” -realizado en 2018 por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPIDH Arcoiris Trans- destaca que esta población denuncia en reiteradas oportunidades la vulneración de sus derechos por integrantes de la policía. El informe habla de extorsiones, abusos, golpes y exhibiciones para ridiculizarlas en videos grabados por los mismos agentes.

Migración y pedido de asilo

Hastiadas de la violencia en El Salvador, cinco mujeres trans- Camila Díaz, Virginia Flores, Alejandra Barrera, Diana López y una chica identificada como Arely- empacaron sus escasas pertenencias y abordaron el autobús que las llevó a la frontera norte entre Guatemala y México.

El lunes 7 de marzo de 2016, las cinco treparon a una improvisada balsa construida con neumáticos y tablas, y cruzaron el río Suchiate, que divide ambos países. Para el grupo migrante Camila era una guía. En 2015 ya había recorrido la ruta y había conseguido asilo humanitario en México.

Cuatro días después de arribar a Tapachula (México), fueron atacadas por otras migrantes trans, a quienes ellas identificaron como hondureñas. Según sus testimonios, intentaron asaltarlas, las golpearon y les advirtieron que se largaran de sus territorios, era su lugar de trabajo.

Tras interponer la denuncia en la fiscalía del migrante, el grupo se desintegró. Camila decidió establecerse por unos meses en la Ciudad de México. Pero al final volvió a El Salvador.

17E172FB-AD32-495D-AFFA-2606FEEB2081Camila Díaz y Mónica Elizondo en la última marcha contra la transfobia a la que asistieron juntas. Ambas fueron asesinadas. Fotografía: Virginia Flores.

En febrero de 2017, Camila intentó una vez más cumplir el sueño de vivir en Estados Unidos. Le llevó seis meses recorrer los más de 4 mil kilómetros desde San Salvador hasta la frontera de Tijuana. Allí vivió en el albergue “El Jardín de las Mariposas”, un centro exclusivo para la población LGBTI migrante. Durante su estancia trabajó limpiando casas, cuidando ancianos y en una maquila de ropa.

El 8 de agosto de 2017 cruzó el punto fronterizo de México de Estados Unidos, se entregó a las autoridades estadounidenses y solicitó asilo humanitario. Llevaba todas las pruebas de las agresiones y las denuncias por amenazas de muerte. Su petición se registró con el código A213-086-226 y fue recluida durante tres meses en CoreCivic o Corrections Corporation of America en San Diego, California.

La organización COMCAVIS TRANS ha registrado entre marzo y diciembre de 2018 el desplazamiento forzado interno de 102 personas LGBTI. El 78 por ciento de ellas son mujeres trans. Las personas entrevistadas denunciaron las amenazas, pero la fiscalía no investigó los casos. También señala que desde 2014 a la fecha (noviembre de 2019) 116 mujeres trans han salido de El Salvador en busca de asilo humanitario en diferentes países. Del total, seis casos no fueron aprobados y se activaron las órdenes de deportación. El proceso de asilo puede tardar meses o años y muchas mujeres trans terminan huyendo de forma irregular hacia Guatemala, México o Estados Unidos.

Camila fue retornada a El Salvador en noviembre de 2017. Su trámite de asilo quedó incompleto al firmar su orden de deportación. De acuerdo a cuatro fuentes consultadas por Presentes, fue engañada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) quienes la obligaron a firmar un supuesto documento médico, cuyo contenido estaba en inglés.

    “Es lamentable lo que sucede en Estados Unidos. Hemos oído reportes de tortura, abuso, los encierran en congeladores y también hemos oído casos en que han presionado a las personas a firmar papeles de deportación, les han dicho que van a reunificarlos con sus familias. En el caso de Camila, sabemos que le dijeron que le darían atención médica y no era verdad”, dijo a Presentes Maritza Martínez, directora ejecutiva de Somos Familia, una organización no gubernamental que apoya a la población LGBTI en Estados Unidos. Presentes solicitó la versión de ICE por medio de correo electrónico, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.

En el documento de deportación, al cual Presentes tuvo acceso, ICE estableció que Camila no proporcionó una dirección válida en Estados Unidos donde residiría mientras esperaba que una juez de migración resolviera su petición de asilo. También adujo que Camila “no mostró tener vínculos sustanciales con la comunidad en el país del norte”.

Camila no tenía familiares en Estados Unidos que la recibieran. Pero mantuvo la esperanza que alguna organización internacional de mujeres trans migrantes conociera su caso y la apoyaran. Tampoco  sucedió. De acuerdo a la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, Estados Unidos deportó en 2017 a 14.902 personas migrantes. Una de ellas era Camila.

De regreso en El Salvador, cambió de trabajo. Encontró una oportunidad en una modesta venta de pupusas (comida típica del país) cerca del centro de la capital. Estaba a cargo de la limpieza, atendía clientes y ayudaba en la cocina. Quiso emprender un negocio propio y buscó el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, pero los trámites engorrosos la hicieron desistir. Volvió al trabajo sexual en las calles

Las últimas horas de Camila

El día en que Camila murió sola en un hospital luego de ser torturada, tenía planeado pasarlo en la casa de su madre. Era el domingo electoral. Esos cuatro días antes había ido a trabajar con la idea de juntar el dinero para el viaje. Cuando llegó a la zona, enfiló hasta una caseta de vigilancia privada. Un centinela le hacía el favor de prestarle el lugar para cambiarse de ropa. Cuando estuvo lista, caminó hasta la 27 avenida norte de San Salvador, una arteria que por las noches es solitaria, mal iluminada y poco transitada. Esparcidas por diferentes aceras se puede observar a varias mujeres ofreciendo sus servicios sexuales. En las calles aledañas, los negocios de venta de repuestos para automóviles lucen cerrados y llenos de grafitis. Solo brillan los semáforos, los anuncios comerciales y las luces neón de uno que otro club nudista.

La policía dijo que a las tres de la madrugada del jueves 31 de enero el sistema de emergencias 911 recibió una alerta anónima sobre un caso de “desorden en la vía pública”. Según el reporte, una persona estaba dañando unas plantas ornamentales de una agencia bancaria, en la 23 avenida norte de San Salvador.

Los oficiales Jaime Geovany Mendoza, Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales  fueron hacía allí en la patrulla 01-3937. Al llegar, los agentes observaron que la persona reportada ya estaba esposada. Era Camila.

Horas antes de la detención, Camila había sido vista en el restaurante Los Chicharrones, bebiendo cerveza con  otra mujer trans. Esto es en la “Zona Real”, área de cervecerías y clubes, que las autoridades consideran de “alta incidencia delincuencial”.

Más tarde, Camila anduvo por la 23 avenida norte. En el expediente consta que esa madrugada, Camila parecía alterada, desorientada, estaba descalza y llevaba el vestido negro levantado, dejando entrever su ropa interior roja.

Testigos  dijeron que se asombraron al observar que los policías la golpearon, sin que ella se pudiera defender o proteger, porque se encontraba hincada y esposada por la espalda.

Pobrecita, ahí la agarraron todos y la golpearon. La verguearon, la subieron al pickup y ahí la tuvieron”, contó a Presentes una de las personas que vió la escena y pidió se resguardara su nombre.

A las 3:23 de la madrugada, el oficial Jaime Geovany Mendoza encendió la patrulla y sus compañeros Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales fueron de pie en los costados de la parte trasera del vehículo. Camila iba acostada en la cama en medio de los dos.

Una serie de vídeos incautados por la Fiscalía muestran el recorrido de la patrulla por diferentes calles de la zona norte de San Salvador, incluso fuera del rango de su jurisdicción asignada. Cuando llegaron a la prolongación del bulevar Constitución, sobre el kilómetro cinco y medio, los oficiales lanzaron a Camila del vehículo en marcha. Luego regresaron a la base del sistema de emergencias 911. Según la Fiscalía, los oficiales sabían que era un punto ciego. Los videos de las cámaras captan el momento en que la patrulla regresa a la base del 911 y solo lleva de ocupantes a los agentes. Al volver, no reportaron ninguna novedad en la bitácora.

Alrededor de las cuatro de la mañana, una ambulancia del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) trasladó a Camila Díaz Córdova hacia el hospital nacional Rosales para que fuera atendida por graves lesiones. Camila ingresó como una persona no identificada.

La amiga de Camila, Virginia Flores, se había comunicado por última vez con ella a las 9:07 de la noche del 30 de enero. Se preocupó cuando unos familiares le avisaron que Camila no había llegado a dormir. Tampoco respondía las llamadas ni los mensajes. Virginia fue a la policía, al forense instituto de Medicina Legal y a centros médicos. En cada lugar, mostraba el retrato de su amiga con la esperanza de encontrarla.

Ocho días después de la desaparición, una doctora del Hospital Rosales la reconoció en la foto. Le dijo a Virginia que buscara el cuerpo de su amiga en Medicina Legal. Había fallecido días atrás en el nosocomio, sola, en la mañana del domingo 3 de febrero, el día de las elecciones.

El cuerpo que habla 

El examen forense determinó que la muerte de Camila fue provocada por lesiones contundentes. Su rostro tenía golpes en la boca, frente y ojos. Su espalda presentaba en el lado derecho, una herida profunda. El glúteo derecho quedó  desprendido apenas colgaba por un hilo de piel. El antebrazo izquierdo estaba partido en dos y sus órganos vitales del abdomen habían sufrido lesiones traumáticas severas.

La fiscalía aseguró a Presentes que el peritaje forense determinó que las lesiones de Camila fueron causadas por contundentes golpes hechos durante el recorrido de la patrulla. También confirmó que fue lanzada a la carretera desde el automóvil en movimiento.

La fiscal del caso, Gisela Meléndez, dijo a Presentes que Camila recibió “fuertes golpes mortales en su abdomen” y descartó que las lesiones correspondan a un atropellamiento, como se investigó en un principio.

Pese a que la fiscalía no ha logrado establecer una motivación de los policías para cometer el hecho, considera que hay elementos suficientes para sostener que el asesinato fue motivado por el odio a su identidad y expresión de género. “Un móvil específico no tenemos. Pero hay varios casos en contra de agentes policiales que se exceden del poder”, dijo a Presentes la fiscal Meléndez. La Fiscalía no encontró indicios de que Camila Díaz fuera parte de bandas de criminales ni de que hubiera cometido de delitos.

Violencia institucional en El Salvador

La Policía Nacional Civil de El Salvador fue conformada después de la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a 12 años de una guerra civil (1980-1992). La nueva institución suponía dejar atrás las prácticas represivas y de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, previo y durante el conflicto.

Pero en sus 27 años de funcionamiento, la policía no ha estado exenta de señalamientos de violaciones de derechos humanos, abuso de autoridad, brutalidad y ejecuciones extralegales durante su operativos.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) documentó que miembros de la policía cometieron un total de 116 ejecuciones extralegales con lujo de barbarie entre 2014 y 2018. Algunas de las víctimas no eran pandilleros.

La PDDH concluyó que la pérdida de la vida a manos de agentes del Estado es una lamentable realidad en El Salvador. A pesar de los esfuerzos para profesionalizar a la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada parece una práctica sistemática que muchos agentes actúen por su cuenta e incumplan su obligación de desarrollar su labor dentro del marco legal”, dice el informe presentado en agosto de 2019.

Para la académica y especialista en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, la investigación de la PDDH también constató que existió un patrón de actuación en los casos documentados, que permitió la identificación previa de la víctima, planificación previa de asesinatos  y un esquema de encubrimiento que trascendía a los mismos perpetradores. Para Aguilar, el caso de Camila también siguió ese patrón.

Presentes solicitó en reiteradas ocasiones una entrevista con el Director de la Policía, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, pero al cierre de la nota no fue concedida por la dirección de prensa.

Los imputados y más amenazas 

Hasta el momento, hay tres imputados detenidos por el asesinato de Camila.

El agente Luis Alfredo Avelar, de 35 años de edad, estudió ciencias religiosas en la Universidad Católica de Occidente. Emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. Renunció a la institución policial en 2008 y se reintegró en 2012. En su expediente consta que ha cometido faltas leves: Ausentarse en horas laborales y abandono de servicio.

El segundo imputado es el agente Carlos Valentín Rosales Carpio, de 37 años de edad. Era el de mayor jerarquía en el grupo que atendió la llamada de emergencia. En la prueba de ingreso, en la parte de derechos humanos obtuvo una nota de cuatro de diez puntos.

El tercer imputado es Jaime Geovany Mendoza Rivas, de 28 años de edad. En su expediente el agente no tiene faltas disciplinarias y recibió el reconocimiento a la excelencia policial.

La Fiscalía los acusa por los delitos de privación de libertad y homicidio agravado de Camila. La pena máxima por ambos delitos podría llegar hasta 60 años. Puede ser el primer caso en El Salvador en ser juzgado y condenado como delito motivado por el odio a la identidad ,expresión de género y orientación sexual.

Esto es posible porque en 2015 el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

Esperamos que se haga justicia, estamos garantizando los derechos de nuestros representados y pues si ellos son culpables o no, es un juez de sentencia que lo va determinar en un fallo”, expresó a la prensa Pablo Cruz, abogado defensor de los policías.

Tras la captura de los policías el 1 julio de 2019 y la siguiente investigación del caso de Camila, Presentes conoció testimonios de personas que han sido acosadas y amenazadas por supuestos agentes, los motivan a ir a declarar a favor de los oficiales imputados.

Creo que este caso muestra el deterioro que la actualización policial ha tenido en los últimos años en términos del irrespeto a la vida de grupos vulnerables, el margen de impunidad con el que tienden a actuar, la criminalización también de grupos vulnerables, en este caso una mujer trans que fue vapuleada dentro del vehículo policial y que es abandonada precisamente para simular la ejecución por parte de terceros¨, dijo Jeannette Aguilar a Presentes.

Familiares de Camila también recibieron llamadas por teléfono de una persona que se identificó como supuesto pariente de uno de los agentes detenidos, con el fin de reunirse con ellos para “llegar a algún acuerdo”.

En la llamada, la persona le aseguró a la familia que también “ya habían hablado con personas así como era su hijo (mujer trans)”. Tanto la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos están enterados de estas llamadas, según pudo atestiguar Presentes.

Aunque Jeannette Aguilar no se refirió al caso particular de Camila Díaz, aseguró que la intimidación es una práctica habitual para buscar la impunidad en casos donde son señalados agentes policiales. “Habitualmente la ejecución extralegal iba acompañada, no solo de un esquema para garantizar impunidad, sino también de un esquema de amedrentamiento, de asedio, de amenazas sistemáticas a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares por parte de los mismos perpetradores o de otros elementos policiales para disuadir a las víctimas de que retiraran la denuncia”, dijo Aguilar.

Presentes consultó a la Fiscalía si es posible que la institución policial hubiese alertado a los agentes sobre la investigación en su contra, debido a la salida del país de Luis Alfredo Avelar. El policía emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. “Aun cuando investigamos al mismo cuerpo policial, lo hacemos de la mano con ellos y de alguna manera, ellos se enteran si se les está investigando por algún delito”, dijo la fiscal.

El 14 de agosto de 2019, la unidad de asuntos internos de la Policía envió una carta al juzgado quinto de instrucción para informar que la licencia del software del aparato de extracción UFED Cellebrite está vencida. Por ese motivo no se ha realizado la extracción de la información contenida en los celulares incautados a los tres agentes detenidos.

El UFED Cellebrite es un dispositivo para la extracción y decodificación de información almacenada, oculta o eliminada de dispositivos móviles y aplicaciones. Presentes solicitó información al personal de prensa de la policía sobre el vencimiento del software de extracción, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

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La tumba de Camila Aurora Díaz Córdova yace de espaldas frente a un paisaje sacado de una estampa. El volcán Chinchontepec luce imponente, rodeado de cultivos de caña de azúcar. El pequeño cementerio del municipio de Santa María Ostuma permanece siempre cerrado, para poder ingresar hay que solicitar la llave a un encargado y por ahora no está disponible. Pero esa no fue razón suficiente para que el 9 de noviembre de 2019 Edith Córdova y Virginia Flores se colaran por un hueco en la malla e ingresaran al campo santo. Con lágrimas en los ojos, dejan una ofrenda floral sobre su mausoleo. Ese día Camilia hubiera cumplido 30 años.

Fuente Agencia Presentes

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Otro crimen de odio en El Salvador: cuatro transfemicidios en 40 días

Miércoles, 4 de diciembre de 2019

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El asesinato de Rosa Granados, una activista trans de 28 años, nuevamente ha levantado las alarmas en El Salvador. En un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans y las organizaciones han pedido a la Fiscalía que aplique la agravación del Código Penal sobre crímenes de odio por causa de  la identidad o expresión de género. Bianka Rodríguez dijo que entregaron una correspondencia a la Presidencia de la República para que, en tres meses, reestablezca la dirección de diversidad sexual, eliminada tras la disolución de la Secretaría de Inclusión Social.

De acuerdo a fuentes policiales, Rosa fue asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión,  a 182 kilómetros al este de San Salvador. Al momento del ataque se encontraba sola y vecinos llamaron al 911, informando que en la zona se habían escuchado varios disparos. La Policía llegó y encontró el cuerpo en el suelo. En la escena se encontraron casquillos de bala calibre 9 milímetros.

Rosa integraba la organización Estrellas del Golfo y realizaba trabajo comunitario sobre la promoción de los derechos de las personas LGBTI en el oriente del país. También comercializaba productos de belleza por catálogo. Los vendía en los cantones aledaños de Loma Larga. De acuerdo a fuentes consultadas por Presentes, una hipótesis es que fue extorsionada por las pandillas que le exigían la entrega del dinero de sus ventas.

Hace un tiempo, Rosa intentó interponer la denuncia ante la fiscalía general. Pero al final desistió debido a lo engorroso que puede ser el proceso de investigación en El Salvador.

A raíz de las amenazas recibidas, unos días antes de que la asesinaran estaba pensando en emigrar por tierra hacia los Estados Unidos. Era el plan que tenían con una amiga, pero no lograron materializar su decisión.

Según la activista Bianka Rodríguez, la víctima había revertido su proceso de expresión de género como mujer trans, debido a las amenazas recibidas.  La presidenta de Comcavis dijo que desconocen quién había amenazado a Granados. “La principal causa viene siendo la impunidad y que no existen políticas de protección; en específico, en el caso de la compañera de La Unión, que fue asesinada, nos preocupa porque a pesar que ya se había acercado a las instancias pertinentes a denunciar que estaba siendo amenazada, las instituciones no le brindaron la protección específica”, dijo la activista.

Ever Daniel Pacheco, director de la organización Estrellas del Golfo, lamentan que Rosa no haya logrado huir del país: “Nos ha sorprendido y nos preocupa. Ahora fue Rosa y mañana puede ser alguien más. Hace media hora recibí la llamada de otra compañera que vive cerca de la casa de Rosa y que también está siendo amenazada”, expresó Ever a Presentes.

Cuatro transfemicidios en 40 días

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador. El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán.

Días después, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó «su repudio y profunda consternación» ante el asesinato. «Jade, junto a la organización COMCAVIS Trans, defendía incansablemente los derechos de las personas LGBTI y recientemente participó en las consultas para la construcción del capítulo nacional del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) de El Salvador», informó esa agencia.

La ACNUR llamó la atención sobre «hacer las investigaciones necesarias y evitar que presuntos crímenes de odio queden en la impunidad. Esto, según los compromisos presentados por el gobierno salvadoreño durante la reciente reunión del MIRPS en México, y en línea con los compromisos asumidos en la Declaración de la Ciudad de México”, adoptada días atrás.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/El Mundo/Cristianos Gays

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Asesinaron a otra mujer trans en El Salvador: 3 transfemicidios en menos de un mes

Jueves, 21 de noviembre de 2019

75282207_1026699397672964_5586923257119899648_o-1024x837Esto es insoportable…

Por Paula Rosales, desde San Salvador

El asesinato de Victoria Pineda, una mujer trans de 44 años, así como las marcas de brutalidad que presentaba su cuerpo, ha levantado las alarmas en El Salvador. En menos de un mes ya se reportan tres crímenes contra la población trans.

A Victoria la asesinaron con saña en la madrugada del sábado 16 de noviembre, en una calle del cantón Cara Sucia, en el municipio costeño de Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, 113 kilómetros al oeste de San Salvador.

El cuerpo sin vida fue abandonado en medio de la calle. Lo encontraron desnudo, con la cabeza cubierta de troncos y una llanta de automóvil. Fuentes de la policía señalaron que su rostro fue desfigurado por golpes con piedras.

Las organizaciones defensoras de los derechos LGBTI están gravemente preocupadas por el incremento de las violencias. Entre enero y noviembre de 2019 se reportan siete asesinatos en contra de esta población trans.

Para Bianka Rodríguez, directora de la organización Comunicando y Capacitando Mujeres Trans – COMCAVIS TRANS, los asesinatos fueron cometidos por razones de odio a la identidad y expresión de género de las víctimas.

“El cuerpo de Victoria fue encontrado completamente desnudo, bajo un simbolismo de las manos abiertas como en señal de crucifixión. Tenía una llanta con troncos en sus manos, la llanta es como que simula la corona (espinas)”, expresó Bianka a Presentes, haciendo una comparación del Cristo en la cruz.

Presentes solicitó información a la policía del cantón Cara Sucia pero expresaron no estar autorizados para dar detalles.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

Días después, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó «su repudio y profunda consternación» ante el asesinato. «Jade, junto a la organización COMCAVIS Trans, defendía incansablemente los derechos de las personas LGBTI y recientemente participó en las consultas para la construcción del capítulo nacional del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) de El Salvador», informó esa agencia.

La ACNUR llamó la atención sobre «hacer las investigaciones necesarias y evitar que presuntos crímenes de odio queden en la impunidad. Esto, según los compromisos presentados por el gobierno salvadoreño durante la reciente reunión del MIRPS en México, y en línea con los compromisos asumidos en la Declaración de la Ciudad de México, adoptada días atrás.

Gobierno en silencio 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno.

Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

La ministra de Cultura, Suecy Callejas, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje sobre la violencia en general, pero sin referirse a la población LGBTI.  “Condenamos la violencia social, en especial aquella que ataca a las poblaciones más vulnerables. Estamos trabajando para esclarecer las causas de los recientes homicidios”, expuso la ministra en su cuenta personal.

Fuente Agencia Presentes

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Intentaron asesinar a una defensora de derechos humanos trans en Honduras

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

HONDURAS-2-948x474HONDURAS--1024x477Por Paula Rosales

La defensora de derechos humanos y coordinadora de la Asociación Feminista Trans (AFET), Alejandra Vega Balenciaga de 36 años, sobrevivió el sábado 9 de noviembre a un brutal ataque ocurrido en la ciudad de San Pedro Sula, unos 270 kilómetros al sudeste de la capital hondureña.

El ataque ocurrió la madrugada. La defensora fue sujetada por la espalda por una persona desconocida, quien golpeó su cabeza en repetidas veces contra una pared, ocasionándole traumas craneales y múltiples heridas que la mantuvo por varios días en cuidados intensivos.

De acuerdo a la denuncia de AFET, Alejandra fue reconocida por su atacante quien la insultó por su expresión de género e hizo referencia durante la agresión a su trabajo como activista y mujer trans.

“En Honduras las personas de la comunidad LGBT seguimos siendo objetos de las violaciones a nuestros derechos humanos y en particular las mujeres trans”, expresó la asociación AFET en en comunicado divulgado en sus redes sociales.

De acuerdo a estadísticas registradas por la organización Cattrachas, desde 2009 a octubre 2019 se han cometidos 337 asesinatos de personas LGBTI, 39 corresponden a mujeres lesbianas, 190 gays, 107 trans y una persona desaparecida sin definir su identidad. Solamente en el mes de julio de 2019 fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.

Los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, son considerados con altas tasas de criminalidad y homicidios, de las que la población LGBTI también son víctimas.

En julio pasado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), condenó que en 2019 se han cometido 20 muertes violentas a personas de la población LGBTI en el país centroamericano, además instaron al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

“La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario”, indicó el organismo en un comunicado.

Fundamentalismo religioso e impunidad 

La impunidad más el fundamentalismo religioso está propiciando que los crímenes contra la comunidad LGBTI sigan en ascenso. El año pasado la cifra fue de 27 casos y en el 2017, cuando Honduras vivió una crisis política derivada de las elecciones, se registraron 34 casos.

La violencia contra la diversidad sexual ha sido más evidente a partir de octubre del año pasado, a raíz de que la comunidad LGBTI propiciara acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo el matrimonio entre las personas del mismo sexo y la adopción de menores a parejas homoparentales.

Los miembros de la diversidad sexual interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 112 de la Constitución de la República, sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo y al artículo 116 sobre la adopción.

De acuerdo a la valoración de Iván Banegas, miembro de la Asociación Colectivo Violeta, los ataques a la comunidad LGBTI se incrementaron luego que los grupos de la diversidad sexual pusieran en la agenda pública y plantearan ante las instituciones del Estado sus demandas basados en derechos conquistados en otros países.

La violencia contra la diversidad sexual se asocia, según el defensor de los derechos LGBTI Erik Martínez, a la crisis política-social que vive constantemente Honduras a raíz del golpe de Estado de 2009. A modo de ejemplo, Martínez citó que en apenas seis meses, después del golpe de Estado, se registraron 22 crímenes.

Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno

En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.

En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.

En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.

“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.

Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse

Fuente Agencia Presentes

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“El día que mataron a Ellacuría”, por Pedro Miguel Lamet

Sábado, 16 de noviembre de 2019

ellacuria_1280x720_foto610x342Hoy, 30 años después,lo recuerdo como si fuera hoy. me causó un impacto especial en aquellos momentos de duda y reflexión…

Los mártires son testimonio que desafía nuestra incoherencia en el seguimiento del Jesús del Evangelio.

Leído en su blog:

Pocos días antes que lo mataran Ignacio Ellacuría vino a verme y me dijo: “Pedro: las cosas están muy mal en El Salvador. Quieren matarme. Pero no creo que lleguen a tanto. Lo que te aseguro es que no callaré”.

Los nombres que están detrás de la matanza de los jesuitas en El Salvador. “Un militar dijo: ‘Son curas, no hay problema. No tienen armas'”

El testimonio de los mártires sigue interpelándonos

Julio L. Martínez, sj.: “Estos mártires son la voz de la conciencia, testigos de la apertura a la verdad y a sus exigencias”

El 16 de noviembre de 1989 día que mataron a Ellacuría -este sábado hará 30 años- yo estaba en un restaurante, almorzando con los informadores religiosos de los medios  de Madrid. Presidía el “patriarca” de entonces, Martín Descalzo, que pocos días antes había escrito en ABC un artículo contra Ellacuría. Me llamaron al teléfono del restaurante -entonces no había móvil- para darme la noticia del asesinato de los jesuitas y las cocineras de la UCA. Lo comuniqué a mis colegas y se quedaron de piedra.

Tres días antes había venido a mi casa a verme Ignacio Ellacuría. Manteníamos relaciones estrechas, porque él seguía con interés el semanario “Vida Nueva” de entonces, que a la sazón yo dirigía,  y muchas veces le había llevado en mi coche por las calles de Madrid. En ocasiones para visitar a Carmen Conde, esposa de Zubiri, del que Ignacio era especialista. Meses antes él, Sobrino y Jon Cortina me invitaron a comer para pedirme que escribiera una biografía de Rutilio Grande, otro mártir jesuita salvadoreño, muy amigo de monseñor Romero, que ahora está en avanzado proceso de canonización y que ya cuenta con una bunea biografía. Pero aquel día Ignacio me pidió que montara la Facultad de Comunicación de la UCA. Le dije que estaba muy cogido entonces por el periodismo y los libros y le presenté a Norberto Alcover, que finalamente se encargó de lo de la facultad.

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Podéis imaginar cómo me quedé cuando escuché la noticia. Me impresionó el impacto unánime con que respondieron los medios de comunicación españoles e internacionales. Sólo Martín Descalzo no se atrevió a escribir sobre el tema, por haberlo descalificado semanas antes. Que medios laicos como “El País” dieran al caso tanta cobertura probaba que hay causas como la justicia, que en  este caso brotaba de un compromiso cristiano, que son indiscutibles. Era la herencia de una línea marcada por Pedro Arrupe y el  el famoso Decreto IV asumido por la Congregación General de la Compañía. Hoy han muerto más de un centenar de jesuitas en todo el mundo por defender los derechos de los pobres. Pero ni El Salvador ni en la Iglesia se ha hecho justicia. Los culpables siguen libres. El proceso de beatificación y canonización de estos hombres, sacerdotes y religiosos, que dieron su vida desde la fe por el Cristo de carne y hueso crucificado en El Salvador. (Como lo hizo Romero, felizmente canonizado) está en espera, pues la Postulación de la Compañía anda muy ocupada con Rutilio Grande y el gran padre Arrupe.

¿Ellacu y sus compañeros no tenían defectos? Claro que sí, como cualquier hombre y como  todos los mártires y santos. A Ignacio, por ejemplo, le acusaban, como suele suceder a los que tienen capacidad de liderazgo, de ser un poco dictador en la Universidad. Pero lo grande es dar la vida cuando uno es débil y frágil. Ellacuría también lo era. Se puede apreciar en su voz un poco temblorosa. Aquella tarde que estuvo en mi casa me dijo: “Pedro: las cosas están muy mal en El Salvador. Quieren matarme. Pero no creo que lleguen a tanto. Lo que te aseguro es que no callaré”. Me limité a darle un abrazo y sentir vergüenza. ¡Regresó a El Salvador al día siguiente sabiendo que seguramente lo iban a matar! Al fin y al cabo mis riesgos eran sólo de papel y tinta,  y de que  acabaran borrándome, como sucedió años después, durante algún tiempo de los medios. Pero él fue asesinado; yo aquí sigo, vivo y coleando.

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Hoy me atrevo a rezarles:

Querido Ignacio y Compañeros Mártires: Rogad por la Iglesia, para que siga como vosotros dando su vida y su sangre por amor y  la liberación integral de los pobres, deprimidos, maltratados y olvidados de este mundo. Amén.

También he querido honrar su memoria en este soneto:

EL JARDÍN DE LA SANGRE
(A los mártires de El Salvador)

Se ha quebrado la noche enamorada
en el jardín de sangre de la vida
donde nacieron rosas de una herida
y se enterraron sueños de alborada.

Se pudre en el silencio y sepultada
aquella carne noble y abatida,
mientras pierden los pobres la partida
en la guerra del dólar desatada.

Pero esa voz que calla entre los muertos
sigue gritando al mundo con más bríos
la plenitud que vuestra muerte inicia,

que es hora de cambiar nuestros desiertos
por el mar que anunciaban vuestros ríos:
¡Amor es combatir por la justicia!

Pedro Miguel Lamet

Mi entrevista sobre el tema con Radio ECCA de Canarias:

http://www.ivoox.com/hace-20-anos-el-salvador-audios-mp3_rf_155391_1.html

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Nuevo transfemicidio en El Salvador: encontraron a Jade debajo de un puente

Martes, 12 de noviembre de 2019

Por Paula Rosales

EI9bFMzWoAI2vA0Jade Camila Díaz fue encontrada muerta el sábado flotando debajo de un puente del río Torola, en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador, informaron desde la Policía. Con este asesinato ya se contabilizan al menos seis crímenes de odio a mujeres trans en lo que va del año.

De acuerdo con el reporte policial, una mujer que no se identificó reportó a la unidad de emergencias del 911 el hallazgo de un cuerpo en el afluente, por lo que los oficiales se dirigieron a la zona y localizaron el cadáver.

“El cuerpo tenía una soga en la cintura con una piedra”, dijo a Presentes un agente policial de Morazán, y no quiso agregar más detalles. El cuerpo fue encontrado entre el limite de los municipios Osicala y Meanguera.

Jade, de 27 años de edad, había sido reportada como desaparecida el jueves a las 18:00 horas en la zona rural de Lolotiquillo, donde vivía.

La fiscalía reacción en el día de hoy informando sobre el hallazgo del cuerpo de Jade, pero sin dar mayores detalles.

El crimen de Díaz ha causado alarma entre la población trans de la zona oriental del país, ya que en octubre una adolescente trans fue acuchillada en las calles del departamento de San Miguel.

“La violencia transfóbica se ha desatado y eso nos hace sentir vulnerables”, dijo a Presentes Tatiana Molina, defensora de derechos humanos LGBTI y amiga de Jade.

 

Discriminada por su identidad

Jade trabajó en restaurantes del departamento de Morazán, atendiendo clientes, pero desde que realizó su transición hormonal femenina hace dos años no logró emplearse más, por lo que sin más opciones de empleo tuvo que ejercer el trabajo sexual en las calles de San Miguel.

“Me dijo que cuando trabajaba con apariencia de chico gay no tenía ningún problema, pero cuando hizo su transición a mujer trans fue rechazada en los trabajos. Se quejaba que le ponían excusas y no la quisieron contratar más”, dijo Tatiana.

Jade sentía temor de salir a las calles después del ataque cometido en contra de una adolescente trans ocurrido en la misma avenida en donde trabajaba en el departamento de San Miguel.

Por su parte, la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) Arcoiris Trans denunció “la ola de violencia y asesinatos cometidos a nuestras compañeras trans en El Salvador”, escribió la organización en sus redes sociales.

Mientras tanto, la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) demandó al Estado realizar “una investigación inmediata y diligente de los hechos y que emprenda medidas urgentes que garanticen la protección de personas LGBTI”.

Fuente Agencia Presentes

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Crímenes de odio siguen impunes en El Salvador: exigen investigarlos

Jueves, 7 de noviembre de 2019

JUSTICIA-FEMINICIDIOS-TRANS-1024x768Por Paula Rosales, desde El Salvador

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuals, Trans e Intersexuales (FESLGBTI) exigió al Estado la investigación y judicialización de los crímenes de odio cometidos en contra de la población LGBTI.

De acuerdo a registros de la Federación, de enero a octubre de 2019 asesinaron a siete personas LGBTI con extrema crueldad, de los cuales, cinco casos se cometieron en contra de mujeres trans.

El pronunciamiento de las organizaciones se hizo escuchar después del asesinato de Anahy Miranda Rivas en la madrugada del domingo pasado. La joven trans de 27 años fue asesinada con saña al interior de un vehículo en un concurrido bulevar de San Salvador.

La Federación documentó en los últimos tres años al menos 20 asesinatos de mujeres trans de 16 a 32 años. La esperanza de vida de ellas no sobrepasa los 33 años. Mientras tanto, entre la población de hombres trans se contabilizaron al menos tres asesinatos durante los años 2017, 2018 y 2019.
Crímenes de odio siguen impunes

La Federación Salvadoreña LGBTI exige a la fiscalía y a la policía, así como a los demás operadores del sector de justicia, que investiguen el asesinato de personas LGBTI, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y prejuicio, y buscando la condena de los culpables de estos crímenes”, expresó Roberto Zapata de la organización Amate El Salvador.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el código penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

“La vida se defiende sin importar edad, género o condición. Quien se atreva a atentar contra este derecho, que es irreemplazable, tendrá que afrontar duras consecuencias jurídicas. Y mi obligación es velar porque esto se cumpla”, escribió el fiscal Raúl Melara en su cuenta de Twitter.

Fuente Agencia Presentes

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Asesinaron a una mujer trans de 25 años en San Salvador

Miércoles, 30 de octubre de 2019

Anahi-Miranda-Rivas-El-SalvadorPor Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

  • A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
  • A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
  • Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
  • A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
  • Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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Frida Sofía, la trans que peleó contra las adicciones en los barrios populares de San Salvador

Lunes, 28 de octubre de 2019

frida_sofia_trans_salvador8-1024x768A un mes de su muerte, recordamos a Frida Sofía, trans salvadoreña, a través de quienes la conocieron, y reconstruyen vida y legado.

Por Paula Rosales, desde San Salvador (texto y fotos)

Frida Sofía murió sola en su pieza en los populares condominios Saavedra, en la capital de El Salvador. Las autoridades forenses indicaron que fue un infarto. La encontraron sin vida el último domingo de septiembre. Su cuerpo inerte pasó tres días en el apartamento donde vivía, esperando. La propagación de “olores raros” por los pasillos grises del edificio fue la señal de alerta para llamar a la policía.

Frida Sofía murió en medio de maquinas de coser, telas y encajes que utilizaba para confeccionar delantales, gabachas, vestidos y blusas. Su familia no apareció para reclamar su cuerpo y sus restos corrieron el riesgo de ir a parar a una fosa común, donde reposan los cadáveres sin identificar, en el Instituto de Medicina Legal de El Salvador.

La historia de Frida Sofía se construye y reconstruye en colectivo, como si estuviera hecha de retazos de recuerdos dispersos sobre los que cada persona tiene su versión. Dicen que nació en el municipio de Izalco, 63 kilómetros al oeste de la capital. Evocan que tuvo una mamá de crianza y una hermana que aún deambula por las calles.

Su familia, la que está reunida en la funeraria para rendirle homenaje, son personas LGBTI+ y ex adictos al alcohol y a las drogas que provienen de diferentes grupos, parte de la organización Alcohólicos Anónimos (AA) en El Salvador. Una de sus premisas expresa que el anonimato es la base espiritual de sus tradiciones.

José Manuel, de 57 años, recuerda muy bien el día que conoció a Frida. Aunque reconoce que su memoria le falla, no puede olvidar la primera impresión que sintió cuando ella llegó al albergue “La Cachada”. Ese lugar se ha convertido en una suerte de redención  para personas que padecen alcoholismo y drogadicción.

A pesar que ese encuentro sucedió hace 17 años, su voz se entrecorta al recordarla.

«Esa noche, ella levantó la mano y le dimos la bienvenida. Llegó bien pechita (delgada) y dio una señal de ayuda. Yo no sé andar viniendo a estos velorios, pero al recordar el estado en el que llegó y como salió después, nunca más volvió a beber».

Frida Sofía tocó fondo en la vida. Durmió en las calles, durante un tiempo realizó trabajo sexual, fue alcohólica y adicta al crack.

«Yo recuerdo a Frida como una persona que viene del infierno, de calabozos espirituales de donde no hay un poder humano que pueda sacarnos. Y ella siempre manifestó que los AA la habían rescatado», dijo a Presentes, Jaime A, está sentado en uno de los sillones de la sala de velación.

Con esfuerzo y la ayuda de sus compañeros, llegó a dejar todas las adicciones por 17 años. Y se convirtió en terapeuta para ayudar a luchar contra ellas. Según los testigos, fue una de las mejores. Decenas de hombres y mujeres siguieron sus consejos y, sobre todo, su testimonio.

 «Ella tenía una terapia tan amena, una terapia de shock, contundente, tocándole la mente a la gente, tocando el ego, bajando el orgullo. Hablaba de la pared creada por el ego de un individuo soberbio, obstinado, el que no quiere aceptar su enfermedad y padecimiento de alcoholismo», recordó Jaime A.

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Promotora de la vida

Su féretro de color celeste está adornado con flores de todos los colores. Girasoles, rosas blancas, amarillas y rojas como un homenaje a su lucha.

Frida Sofía ha muerto y de su imagen solo da cuenta una fotografía sobre el vidrio del ataúd. En la instantánea ella luce elegante, con su cabello rojizo, pendientes, una blusa de mosaico y una sonrisa tímida.

Las personas han llegado a rendirle homenaje. Guardan silencio, se inclinan en señal de respeto, y algunos, hasta se toman una foto frente a su ataúd para guardar el recuerdo del velorio de Frida Sofía, una mujer trans salvadoreña que se convirtió en una especie de heroína contra las adicciones en los barrios más populares de San Salvador.

La calle frente a la funeraria Casa Blanca, al este de la capital, está repleta de personas. Lxs dolientes forman pequeños grupos. Conversan, toman café, fuman cigarrillos y ríen. Parece una tertulia o el festejo de alguien, no un velorio, pero están homenajeando a una promotora de la vida.

En la diminuta sala de velaciones, iluminada por una luz blanquecina, algunos se atreven a cantar con guitarra o a improvisar el rezo de un santo rosario. En ese minúsculo espacio convergen vendedoras del mercado, que aún tienen su delantal abrazado a su cintura, y hombres con marcas en sus rostros que reflejan la rudeza de las calles.

La noche de la velación, Joselyn Paola, de 39 años entró sola a la capilla ardiente y se acercó al féretro para ver a su amiga por última vez. Estuvo unos segundos contemplando en silencio, luego salió con su rostro descompuesto por el dolor.

«Por Frida logré salir»

Conoció a Frida en su adolescencia. Dice que haberla encontrado hace 20 años, cuando ambas ejercían el trabajo sexual, cambió su vida. A Frida le gustaba mucho la música de Laura León, Ana Gabriel y Paulina Rubio. Juntas superaron el alcoholismo y mantuvieron su amistad por dos décadas.

«En la calle nos ven como menos, no nos valoran. Cuando llegué al grupo sentí que de verdad me querían. ‘Es mi familia’, dije yo. Aquí me aceptan tal como soy: maquillada, pintada, vanidosa. Antes nadie daba un cinco por mí, me quedaba tirada en las cunetas, pero por Frida logré salir. Me decía que yo tenía valor, por ella aprendí a ser honrada con el trabajo de mis manos».

Sus compañeros lucharon por una despedida digna. No era una persona sin identificar, ella era Frida Sofía. Las amistades y sus hermanos buscaron entre sus bolsas y carteras algo de dinero para colaborar en la compra del ataúd y el espacio en el cementerio La Bermeja, donde reposan sus restos. Frida Sofía ha muerto, sus restos descansan en paz.

Este trabajo fue realizado con el apoyo de la Fundación Internacional de Medios de Comunicación de las Mujeres como parte de ¡Exprésate !, su iniciativa en El Salvador y Guatemala.

Fuente Agencia Presentes

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Homofobia contra las personas refugiadas LGTBI

Viernes, 25 de octubre de 2019

problema-refugiados-gays-2016-veranoDesgraciadamente hoy en día todavía hay 77 países en el mundo en que las relaciones entre personas del mismo sexo se castigando con cárcel e incluso con la pena de muerte. Esto lleva a que cierto número de personas tengan que huir de su país de origen y buscar fortuna en otro.

El número de refugiados LGBT ha aumentado considerablemente en los últimos años, así lo recogen los datos recogidos de ACNUR una ONG de la ONU en cargada de proteger a los refugiados que hay a lo largo del mundo.

Muchas de estas personas forman parte del colectivo LGBT, que sufren a diario todo tipo de discriminación, persecución con violencia incluida. Aunque huyan de su país de origen siguen encontrándose con el mismo problema en mayor o menor medida al país al que llegan.

Cada año ACNUR hace entrega de un premio, llamado premio Nansen para los Refugiados, a todas las personas o asociaciones que dedican sus esfuerzos a ayudar de cualquier manera posible a los refugiados. Con motivo de la edición de este año, ha sido premiada Bianka Rodríguez, una joven transexual de El Salvador. Bianka es directora ejecutiva de la organización Comcavis Trans, asociación dedicada a defender los derechos de los refugiados LGBT.

En el evento celebrado en México, Rodríguez declaró lo siguiente: “el galardón reconoce y visibiliza una realidad que enfrentamos miles de personas que por nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género nos son negados esos derechos, donde nuestro diario vivir es la discriminación y la violencia. Vivimos en países donde nos toca resistir, sobrevivir, huir o morir; esa es nuestra cruda realidad”. También al recibir el premio homenajeo a 89 víctimas LGBT en México asesinadas por su condición sexual durante este año y a las 15 personas asesinadas en su país El Salvador.

Fuente Cromosomax

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , ,

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