El recientemente reelegido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaba de prohibir que la mal llamada “ideología de género” entre en las escuelas del país, calificándola de “antinatural, antidios y antifamilia”.
SAN SALVADOR – El gobierno del presidente Nayib Bukele, ha intensificado sus críticas y políticas contra la ideología de género. Colectivos LGBTI y feministas denuncian retrocesos en el acceso a derechos en instituciones del Estado.
Luego de su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento desarrollado en Estados Unidos por grupos conservadores y de ultraderecha, Bukele declaró al movimiento Padres en Acción que su gobierno no permite el desarrollo de contenidos académicos con ideología de género ni en escuelas ni colegios.
“(Nuestros hijos) se los confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en sus vidas, biología, matemática, cosas importantes para su aprendizaje. Luego vienen y quieren meterles ideologías. Quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza”, dijo en declaraciones con la directora de Moms for Liberty, una organización que busca expulsar la llamada ideología de género de las escuelas.
En la CPAC intervinieron, además, el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y el mandatario argentino, Javier Milei, quien esta semana también anunció que prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública del país sudamericano.
Un poder inconstitucional
Bukele, de 42 años de edad, se ha autodefinido como “el dictador más cool del mundo”. Ganó a inicios de febrero la reelección con una aplastante victoria pese a la prohibición de la Constitución que impide los mandatos consecutivos.
De origen palestino, Nayib es uno de los diez hijos de Armando Bukele Kattán, un fallecido empresario y fundador de cuatro mezquitas en El Salvador.
“Nos hacen pagar (impuestos) para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos, ese es el verdadero peligro y hay que erradicar eso de las escuelas”, agregó.
“Es un plan premeditado para destruir a las futuras generaciones”, sostuvo Bukele.
🏳️🌈 Sigan apoyando y aplaudiendo a alguien que esta en contra de sus derechos, alguien que habla de mejorar la educación y en 5 años ni una sola reforma al sistema y si en este nuevo periodo las hay, esta claro que serán encontrar de nuestra libertad . 💅👠#Ladydragpic.twitter.com/7GGRrSVmb6
El mandatario descartó que el país se contemplaran cambios en materia de aborto, matrimonio del mismo sexo y la eutanasia en un pliego de reformas a la Carta Magna que fueron promovidas por un equipo de abogados dirigidos por su propio vicepresidente, Félix Ulloa.
“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia”, escribió Bukele en septiembre de 2021.
Un año más tarde, el gobierno prohibió emitir un contenido de identidad sexual en la televisora estatal canal 10 y anuló un contrato con un instituto de formación docente que transmitía un programa educativo, después de recibir presiones ciudadanas que argumentaban supuesta ideologización a estudiantes.
La directora de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), Mónica Linares, denunció que en noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia decidió terminar un acuerdo con la organización para realizar jornadas de sensibilización de jueces y personal de la corte por las solicitudes cambio de nombres e identidad.
Regimen de Excepción
Pero las principales críticas a su gobierno derivan de la aplicación de casi dos años de un Régimen de Excepción para combatir a las pandillas llamadas “maras”. La polémica medida que suspende algunos derechos constitucionales ha permitido detener a más de 75.000 presuntos miembros de estas estructuras.
Según datos oficiales, en 2023, el número de homicidios en El Salvador se redujo un 68.8% debido a la continuidad del estado de emergencia. El año pasado se cometieron 154 asesinatos, frente a los 495 del año previo, mientras que se reportó una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del continente.
Durante 24 meses, las organizaciones de derechos humanos contabilizan unas 236 muertes bajo custodia del Estado y más 5,775 de personas a quienes les han violado los derechos humanos. Entre ellas reportan 53 vulneraciones a poblaciones LGBTI+, de las cuales 39 son detenciones arbitrarias, afectando principalmente a mujeres trans y hombres gay.
Escuelas sin ideología de género
Luego de las declaraciones de Bukele a Padres en Acción, el periodista y analista venezolano Eduardo Menoni, publicó en su cuenta de X: “ÚLTIMA HORA: DURÍSIMO GOLPE AL LOBBY LGBTIQ+. El ministerio de educación de El Salvador CONFIRMA que ha expulsado de guías, libros y materiales educativos, todo rastro de la ideología de género de las escuelas. • ¿Apoyas esta CONTUNDENTE MEDIDA ordenada por Nayib Bukele?”, escribió.
El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, citó el post de Menoni y confirmó que “todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, sin dar detalles.
“Todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas”, ha confirmado el ministro de Educación de El Salvador, José Mauricio Pineda, siguiendo las instrucciones de Bukele, que cree importante “que se retome a Dios en las escuelas, que se retome la moral, el civismo, que se aprendan las cosas tradicionales, como matemática e historia, […] nadie está en contra de modernizarse, de lo que estamos en contra es que metan ideologías antinaturales, antidios, antifamilia, eso no cabe en nuestras escuelas”, dijo.
Diputados oficialistas publicaron mensajes de respaldo a la medida de prohibir la enseñanza de ideología de género, mientras que simpatizantes de Bukele alabaron sus declaraciones. Un caricaturista identificado como @KikeCastaneda2 dibujó una mano que dice El Salvador depositando en un recipiente de la basura banderas de la población LGBTI, con la frase que “no quede rastro”.
Agencia Presentes solicitó un pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta, sin embargo, en una breve publicación en X, la cartera de Estado que los contenidos con ideología de género fueron expulsados de guías, libros y materiales educativos.
El ministerio de Salud ordenó esta semana retirar todo material que tenga que ver con diversidad sexual y documentos que permitían identificar el género de los usuarios en los centros asistenciales, denunciaron activistas LGBTI.
Para la tribuna y contra la Constitución
“Tal parece que están buscando quedar bien con estos grupos que se oponen a los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. Está claro que hay un sentido político de buscar, provocar y promover la discriminación, a pesar que la Constitución de la república, prohíbe la discriminación hacia las personas por cualquier razón”, dijo a Presentes Mariana Moisa, de la Colectiva Feminista.
Por su parte, el activista, Erick Ortiz, dijo que el oficialismo estaba recurriendo al miedo construido sobre la base de la desinformación que existe sobre la población LGBTI.
“Ese caballito imaginario que llaman ‘ideología de género’, en este caso, no es más que un paraguas para explotar políticamente las vidas de personas que siempre hemos estado excluidas, y radicalizar religiosamente a su base de aplaudidores”, escribió Ortiz en X.
“Las personas LGBT+ seremos solo unas más en la larga lista de perseguidas que se utilizarán para atornillar su narrativa de víctima (y paladín de las causas absurdas). Mientras engaña ahora a las derechas huérfanas de proyecto político, como antes lo hizo con la izquierda salvadoreña, el Señor de Los Sueños (Bukele) construye un Estado cuya única finalidad es la de imponer una dinastía familiar cleptocrática. Y para ello, el camaleón mutará las veces que sean necesarias” agregó.
De nuevo presidente de El Salvador tras unas elecciones fraudulentas
El artículo 154 de la Constitución salvadoreña establece que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”
En dicho encuentro, Bukele expuso su testimonio sobre el apoyo que recibió de Dios en su acceso a la presidencia del país. Contó cómo el Espíritu Santo anunció a unos pastores evangélicos antes de las elecciones que él sería presidente de El Salvador
Bukele tomó la Asamblea rodeado de militares y policías, violando el dispositivo de seguridad legislativa. Se sentó en la silla del presidente del Poder Legislativo, hizo sonar el gong para abrir la sesión, se quedó en silencio, se cubrió el rostro con las manos, se puso a orar y, haciendo apelación a una legitimidad divina, dijo que Dios le había hablado y le había dicho que “tuviera paciencia”
Nayib Bukele acaba de conseguir la presidencia de la República de El Salvador por segunda vez. Y lo ha hecho en unas elecciones fraudulentas ya que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección. El artículo 154 establece que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funcionesni un día más”. El artículo 248 es contundente al afirmar que “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Por si hubiera alguna duda sobre la no continuidad del Presidente, según el artículo 75, “pierden los derechos de ciudadano los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. Según este artículo, promoviendo su reelección y presentándose a ella, es el propio Bukele el que pierde sus derechos de ciudadanía.
En esta artículo voy a centrarme en la alianza del Bukele con los sectores evangélicos fundamentalistas, de los que es rehén. Son ellos quienes legitiman religiosamente su política represiva, autoritaria y, a la postre, antidemocrática, desde que asumió la presidencia por primera vez en 2019. En diciembre de 2018, en vísperas del cierre de la campaña electoral a la presidencia de la República salvadoreña, el candidato Bukele se comprometió ante un grupo de pastores evangélicos a crear una Secretaría de Valores en sintonía con la educación moral que ellos impartían en sus iglesias. En su toma de posesión como presidente de la República, el 1 de junio de 2019, invitó a dirigir una oración al pastor evangélico argentino Dante Gebel, ministro de las Asambleas de Dios, pastor de River Church de Anaheim (California) y cantante en estadios abiertos donde ha conseguido reunir a 100.000 personas
Años antes de ser presidente, Bukele recibió la visita de Franklin Cerrato, pastor evangélico para la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, con quien desde entonces mantiene una estrecha relación. El 23 de julio de 2019, Cerrato organizó un encuentro de líderes evangélicos de la diáspora, del Movimiento Pastores por El Salvador y de la Latino Coalition for Israel con Bukele, ya como presidente de la República, en el hotel Crowne Plaza de San Salvador, donde presentó una propuesta de Iglesia para la nación y un plan de trabajo conjunto para “recuperar los valores y principios para la familia”. En dicho encuentro, Bukele expuso su testimonio sobre el apoyo que recibió de Dios en su acceso a la presidencia del país. Contó cómo el Espíritu Santo anunció a unos pastores evangélicos antes de las elecciones que él sería presidente de El Salvador.
El ‘anuncio’ de Dios
En 2012 había ganado las elecciones a la alcaldía de San Salvador. Su intención era volver a sus empresas una vez terminada su gestión en la alcaldía. Pero sus planes cambiaron cuando un grupo de pastores de distintos países se presentó en su despacho para informarle de lo que Dios les había comunicado: que sería presidente de la República y después tendría otro cargo que no le revelarían.
En citado encuentro del 23 de julio estuvo presente Mario Bramnick, pastor asesor de Donald Trump, cuya misión era defender a Israel y convencer a los líderes latinoamericanos para que trasladaran sus embajadas en Israel a Jerusalén. El pastor anunció allí el final del cautiverio de El Salvador y de toda América Latina y declaró a Bukele libertador de su país: “Estamos en una etapa de cumplimiento de la profecía de los 70 -dijo-. El tiempo del cautiverio se acabó, el Señor está levantando Ciros no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Bolsonaro es un Ciro, su presidente Bukele es un Ciro para este tiempo. Dios está sobre él” [1].
Bramnick reconoció estar en un tiempo “muy sobrenatural” y presumió de que, gracias a la intervención divina y al lobby de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ya había trasladado a Jerusalén su embajada en Israel. La vinculación de Bukele con pastores ultraconservadores no se limita a encuentros puntuales, son relaciones sostenidas por redes cercanas a Bramnick, con fuertes lazos políticos con gobiernos de derecha y una expresa oposición al matrimonio homosexual y al aborto, propuestas fundamentales de la agenda moral de los pastores evangélicos, que coinciden con las de la Iglesia católica.
Otros personajes políticos de la derecha salvadoreña han reforzado la tendencia presidencial hacia el fundamentalismo. La diputada del Partido Conciliación Nacional, Eileen Romero, presentó en noviembre de 2019 en la Asamblea Legislativa una moción para decretar la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas. También en noviembre de 2019, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa otorgó un espacio en la agenda oficial para que un grupo de diez pastores evangélicos entrara a orar por los diputados y las diputadas para que “Dios los ilumine” a la hora de legislar sobre los grandes temas del país.
Oraciones para legitimar el autogolpe
Desde su elección como presidente de la República de El Salvador, en junio de 2019, Nayib Bukele viene dando numerosas muestras de autoritarismo y autocracia, que llegaron a su zenit con el autogolpe de Estado en febrero de 2020. El 9 de febrero de ese año convocó por vía de urgencia a la Asamblea Legislativa para aprobar un crédito de 109 millones de dólares para su plan de seguridad pública, denominado Control Territorial, que había sido impugnado anteriormente por fallos de tipo constitucional. Esta situación llevó a la parte opositora de la Legislatura a rechazar la convocatoria. Ante la negativa, Bukele hizo un llamamiento a la insurrección popular pidiendo a la gente que acudiera al exterior de la Asamblea para presionarla por la aprobación del crédito extraordinario. El Ejército le prestó públicamente lealtad y le mostró su disposición a cumplir sus órdenes. Las Fuerzas Armadas ocuparon las calles adyacentes a la Asamblea y finalmente todo el recinto legislativo. Se trataba de una violación del Estado laico y de un retroceso democrático.
Ese mismo día, con la sola asistencia de 28 de los 84 diputados, Bukele tomó la Asamblea rodeado de militares y policías, violando el dispositivo de seguridad legislativa. Se sentó en la silla del presidente del Poder Legislativo, hizo sonar el gong para abrir la sesión, se quedó en silencio, se cubrió el rostro con las manos, se puso a orar y, haciendo apelación a una legitimidad divina, dijo que Dios le había hablado y le había dicho que “tuviera paciencia”.
Lo que hizo Bukele en realidad fue un intento de golpe contra la Asamblea Legislativa al entrar en ella rodeado de militares y policías y, a la postre, contra la democracia, así como una usurpación de la función del presidente del Legislativo. La toma militar de la Asamblea fue un atentado contra la regla democrática de separación de poderes, que pretendió legitimar religiosamente a través de la oración que hizo sentado en la sede del presidente del Poder Legislativo. Los únicos apoyos con los que contó fueron su partido aliado, el ejército y la policía. Con la toma militar del Parlamento demostró su negativa al diálogo y su incapacidad para llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa.
Numerosos colectivos sociales condenaron la militarización, la toma violenta y la profanación del espacio legislativo nacional. La oposición reclamó la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para frenar lo que calificó de “autogolpe de Estado”. La OEA no se pronunció al principio de manera concluyente, pero días después respaldó a Bukele.
Gestión autoritaria de covid-19 en El Salvador
Volvió a demostrar su perfil autoritario, antidemocrático y religiosamente fundamentalista durante la pandemia de la covid-19. Declaró “Estado de Excepción” sin que se hubiera producido un solo caso de contagio. Cuando los casos de contagio aumentaron, anunció en la cadena nacional de radio y televisión que la presidencia, en vista de la difícil situación, decretaría el domingo 24 de mayo de 2020 como Día Nacional de la Oración “para que Dios sane nuestra tierra y nos permita vencer la pandemia que está golpeando al mundo entero”.
Nuevamente, el 9 de agosto del mismo año, cuando la pandemia estaba en su mayor escalada en El Salvador, decretó otro Día Nacional de la Oración “para pedir a Dios que nos proteja de esta enfermedad y nos libre de sufrimiento”. Cuando los casos comenzaron a bajar, atribuyó el descenso, entre otras causas, a los días nacionales de la oración decretados por él.
Recuperar la figura profética de monseñor Romero
En el clima de integrismo político-religioso reinante hoy en El Salvador, creo necesario recuperar la figura profética y de gran talla moral de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, asesinado por orden del Mayor Roberto D’Aubuisson y canonizado por el papa Francisco el 14 de octubre de 2018. Cuarenta y cuatro años después de su asesinato sigue siendo faro que ilumina la oscuridad del presente. Él es hoy un símbolo del cristianismo liberador que asumió la opción ética y evangélica por las personas y los colectivos empobrecidos de su país. Ejerció una ciudadanía crítica y activa y defendió que fueran los propios salvadores “los forjadores de nuestra historia” y no permitieran que poderes exteriores les impusieran el destino a seguir.
Romero fue un excelente pedagogo popular que, a través del método jocista del ver-juzgar-actuar y de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, contribuyó a que el pueblo pasara de la conciencia ingenua e intransitiva a la conciencia transitiva y crítica, de la conciencia mítica a la conciencia histórica y de esta a la praxis transformadora. Constituye un referente en la lucha por la justicia para creyentes de las diferentes religiones y para no creyentes de distintas ideología, así como para los políticos por su manera de entender y practicar la relación crítica y dialéctica entre poder y ciudadanía, y para los dirigentes religiosos por su correcta articulación entre fe y política, sin caer en el fundamentalismo.
Monseñor Romero es piedra angular en la construcción de la cultura de paz en El Salvador, en América Latina y en todo el mundo; cultura de paz que no es la ausencia de conflictos ni se limita a la ausencia de guerra, sino que ha de ir acompañada del trabajo por la igualdad en todos los ámbitos, siempre que no desemboquen en uniformidad, y del respeto a las diferencias de todo tipo, siempre que no desemboquen en desigualdad.
Romero no se instaló cómodamente en el (des)orden establecido, ni consintió con el pecado estructural, ni hizo las paces con el gobierno, como le pedía Juan Pablo II. Encarnó la utopía en su vida, su mensaje y su práctica liberadora, no como ideal irrealizable y fantasmagórico, sino conforme a los dos momentos que la caracterizan: la denuncia de los poderes que oprimían a las mayorías populares y la propuesta de alternativas.
La mejor expresión del compromiso de monseñor Romero con la utopía fue la respuesta que dio a la pregunta de un periodista sobre si tenía miedo a que lo mataran: “Si me matan, resucitaré en el pueblo”
La mejor expresión del compromiso de monseñor Romero con la utopía fue la respuesta que dio a la pregunta de un periodista sobre si tenía miedo a que lo mataran: “Si me matan, resucitaré en el pueblo”. No estaba hablando de la resurrección de los muertos, ni de la vida eterna. Se refería a la nueva vida del pueblo salvadoreño, liberado de la violencia estructural, la guerra, la injusticia y la pobreza.
Otra lección que nos enseña monseñor Romero y que nos invita a practicar en tiempos de supremacismo como los que estamos viviendo es su actitud anti-imperialista. Él se enfrentó al Imperio estadounidense en una carta dirigida a su presidente, Jimmy Carter, en la que se oponía a la ayuda económica y militar de Estados Unidos al Gobierno de El Salvador, porque, a su juicio, constituía una injerencia inaceptable en los destinos de su país y reforzaba la injusticia y la represión contra el pueblo.
La espiritualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, como lo es la sociabilidad. Monseñor Romero es hoy un ejemplo de espiritualidad liberadora. Él fue una persona espiritual, sin caer en el espiritualismo; un místico sin caer en el misticismo evasivo de la realidad; una persona profundamente religiosa, pero no con una piedad ajena a los conflictos sociales, sino inmersa en ellos.
[1] Ciro fue el rey persa que liberó a Israel de la dominación de Babilonia.
Comentarios desactivados en El Salvador: Bianka Rodríguez, la primera mujer trans en votar con su identidad
Bianka Rodríguez votó por primera vez con una identidad validada en las elecciones de El Salvador. Aldo Peña, un hombre trans, votó a pesar de no figurar en el padrón electoral, ya que el Estado no ha querido reconocer su cambio de nombre por razones de identidad de género. Falta legislación que proteja el derecho a la identidad de la población trans en El Salvador en procesos institucionales como las votaciones.
El domingo a la tarde, se dirigió al centro de votación en la Escuela de Educación Parvularia «Alberto Masferrer», en Cuscatancingo. Allí, se encontró con representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que monitorearon a distancia para asegurar un proceso sin complicaciones. En el padrón electoral, su nombre coincidía con el DUI.
«Esta es la primera vez que emito el sufragio con una identidad que me representa», resaltó Bianka. Señala que este logro supuso un desafío, reconociendo el privilegio de haber cambiado su nombre en contraste con otres compañeres trans que aún luchan por el reconocimiento de su identidad.
«Para mí, como Bianka, es un momento trascendental en mi vida porque se comienza a eliminar esa violencia institucional permeada dentro de las instituciones públicas y que tanto nos afecta a nosotros en el goce y las libertades fundamentales de nuestros derechos humanos». Bianka espera que la Asamblea Legislativa cumpla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional para reformar la ley del nombre.
Bianka Rodríguez votó en la Escuela de Educación Parvularia «Alberto Masferrer», en Cuscatancingo, acompañada de personal de la PDDH.
Aunque los derechos de la población LGBTIQA+, incluyendo el reconocimiento de la identidad, no son completamente reconocidos, Bianka subraya la relevancia de participar en los procesos partidarios y la importancia de no renunciar al derecho al voto. Destacó que no estamos lejos de ver mujeres trans ser electas en el país y enfatizó la importancia de postularse a estos cargos para asegurar la representación de este sector de la población.
«No podemos seguir votando por personas que nos tienen en el olvido o nos tienen en la oscuridad de la democracia. Las personas LGBTIQA+ formamos parte de esta democracia, de la ciudadanía de este país y debemos ejercer el derecho al voto y que este sea libre de violencia y discriminación».
La lucha por un nombre
Aldo Peña, un hombre trans de 40 años, se presentó a votar el cuatro de febrero a pesar de no figurar en el padrón electoral. Su ausencia se debe a que el Estado no reconoce su cambio de nombre por motivos de identidad de género. El nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI) no refleja su identidad ni su expresión de género. Y no coincide con el nombre con el que se presenta y es reconocido por los demás. Desde que cumplió 18 años, abandonó ese nombre y, si hubiera sido posible, habría comenzado a usar su verdadero nombre, Aldo, desde los 8 años.
A las 9:05 de la mañana, Aldo se presentó en el Centro Escolar Juana López, Ciudad Delgado, para ejercer su voto. Le acompañaba discretamente una representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), asegurándose de que su derecho no fuera vulnerado.
Aldo Peña sigue luchando para que se reconozca su derecho al nombre.
Estas elecciones no son las primeras para Aldo. Llevar a cabo procesos oficiales y ser objeto de miradas extrañadas no es algo nuevo. No obstante, con cierto tono divertido, comenta que en las mesas receptoras de votos siempre hay sorpresa cuando se presenta, ya que su nombre no coincide con su apariencia.
En esta ocasión, la persona encargada de recibir su documento no prestó atención y pronunció en voz alta su nombre anterior. Con amabilidad, Aldo le pidió que se refiriera a él por sus apellidos.
«Venir a votar es como ir a pasar una consulta al Seguro Social. Me genera cierto nerviosismo porque me preocupa qué tipo de persona me encontraré y si enfrentaré discriminación», compartió Aldo, tras señalar que, por lo general, las personas en las mesas receptoras de votos reciben capacitación para respetar la identidad de los votantes. «Pero en esta ocasión, ella parecía muy nerviosa. Pude notar que se puso más inquieta que yo, a pesar de que venía con el temor de ser discriminado».
«Yo ya soy legalmente Aldo Alexander Peña, yo soy legalmente Aldo. Lastimosamente no cumplieron la orden de la jueza. Ella ordenó modificar mi partida de nacimiento, pero la orden no tuvo validez para el personal de la alcaldía que se negó a darme mis documentos», relata Aldo. Asegura que continuará luchando para que se cumpla ese cambio y para que a él, al igual que al resto de la población, se le garantice el derecho a su identidad.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) establece en su instructivo para los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que las personas de la población LGBTIQA+ deben ejercer su derecho al voto en un entorno libre de discriminación. Subraya que a las personas trans no se les negará el derecho al voto si la fotografía del DUI no coincide con su apariencia física (expresión de género), explicando que es suficiente con verificar sus rasgos físicos y que su nombre, número y firma coincidan con los registros en el padrón electoral.
Según el personal del TSE, quienes integran las JRV están preparadas para no obstaculizar el voto de ninguna persona por su apariencia y han llevado a cabo campañas para fomentar la participación de toda la población, incluyendo la LGBTIQA+. Durante una capacitación para periodistas organizada por el TSE, Alharaca indagó sobre la implementación de estas capacitaciones. Se informó que, desde la disolución de la Secretaría de Inclusión Social durante la primera reunión de consejo de ministros de Nayib Bukele, en junio de 2019, han enfrentado dificultades para establecer contacto con diversas organizaciones a fin de crear, validar e implementar protocolos y capacitaciones. No obstante, los esfuerzos persisten para garantizar que todas las personas puedan ejercer su voto sin discriminación.
Esta nota se publica como parte de una alianza de contenidos entre Alharaca -donde fue publicada originalmente- y Presentes.
Comentarios desactivados en El Triángulo Norte centroamericano expulsa a la diversidad sexual
En Honduras, Guatemala y El Salvador, las disidencias sexuales, para salvar sus vidas, deciden huir. El peso que la religión tiene en Latinoamérica.
De entre los tres libros a la vista en un mueble de la sala, resalta uno que lleva por título El Exiliado. Es un libro de poemas de un autor argentino que le regalaron en un evento al que fue con uno de los tres amantes que ha conocido por Grindr, la aplicación más usada para encuentros entre hombres.
A la par de ese libro, hay otro que Arturo levanta. Lo abre y muestra la contratapa, donde aparece la foto del amante escritor que ha presumido esta tarde de primavera.
Arturo vive en un edificio con vista a la avenida Cabildo, una vía emblemática y concurrida de la Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Llegó hace cuatro meses a la ciudad y no tiene país. A sus 43 años ha vivido entre Honduras y Costa Rica, y hoy está en Argentina.
Entre los seis y los 12 años, sus papás le pegaron porque su hermano mayor les contó que lo veía jugando y acariciándose con otros niños vecinos de su edad. Su hermano también le pegaba cuando se emborrachaba, y sus tías católicas le decían que se iría al infierno por ser un niño amanerado.
A los 17 años, Arturo escapó de su pueblo. Terminó el bachillerato y se mudó a San Pedro Sula. Esta ciudad industrial y Tegucigalpa, la capital hondureña, son las más importantes del país. También han figurado algunas veces como unas de las más peligrosas del mundo.
Una discriminación estructural
La violencia hacia las personas de la diversidad sexual comienza en la casa, continúa en las escuelas y se extiende en todos los espacios sociales. Incluidos aquellos en los que se toman decisiones políticas.
“El mayor problema de América Latina es que es una región religiosa, principalmente católica”, opina Adriana Espinosa, directora de Viajes de Emergencia y Asistencias Financieras de Rainbow Railroad, una organización canadiense, con presencia mundial. Ayuda a las personas LGBTIQ+ a salir de sus países por la violencia que atraviesan por no vivir dentro de la norma heterosexual.
La organización acompaña actualmente 400 casos de personas LGBTIQ+ que huyen porque son perseguidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Entre los casos están el de un hondureño y el de dos mujeres nicaragüenses reubicadxs en Argentina.
A nivel cultural, Latinoamérica no está de acuerdo con la diversidad sexual, agrega Espinosa, y las personas son católicas de nacimiento, aunque no sean practicantes.
El Congreso de Guatemala, por ejemplo, aprobó en 2022 la conmemoración del Día por la Vida y la Familia, fijando la fecha cada 9 de marzo. El decreto aprobado por lxs diputadxs, explícitamente, obliga a los tres poderes del Estado a realizar actividades para “proteger” la concepción tradicional y heterosexual de la familia, y prohíbe hablar sobre educación sexual el país.
…
Después de informarse sobre la diversidad sexual y entender que la atracción que sentía por otros hombres también la sentían otros hombres, Arturo se convirtió en activista LGBTIQ+.
En San Pedro Sula, tuvo su primer novio, sus primeros amigos gais y fue diagnosticado con VIH. En 2007, con lo que había aprendido hasta entonces, comenzó a trabajar, dentro de una organización, en la prevención y tratamiento de las personas de la diversidad sexual viviendo con VIH.
Pero Honduras estaba por estallar. El 28 de junio de 2009, a un año de terminar su gobierno, el presidente Juan Manuel Zelaya, un militar de izquierda, fue derrocado en un golpe de Estado y luego se instaló un gobierno de facto.
El día del golpe y los que le siguieron hubo toques de queda. Los cuerpos de seguridad estatal, policías y militares, fueron denunciados a nivel internacional por organizaciones sociales debido al uso excesivo de la fuerza y los crímenes que cometieron contra civiles.
Una de las víctimas del golpe fue un amigo y compañero de trabajo de Arturo. A él, dice, lo mataron los militares cuando transitaba por la calle. Era un hombre organizado, y esto, más ser amanerado, le valió para ser asesinado.
Esta condena describe las violaciones a los derechos humanos en Honduras. En total, durante el golpe, hubo 300 asesinatos y así el país centroamericano, según la Corte IDH, pasó a ser uno de los más inseguros. Y, San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo.
De todos los grupos de la población LGBTIQ+, la que ha sido mayormente vulnerada es la población trans, sobre todo las mujeres trans, por su identidad y expresión de género visibles y contrarias a la norma heterosexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que la esperanza de vida de una mujer trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años.
Sin una Ley de Identidad de Género que les reconozca, las personas trans siguen sin acceder a derechos humanos básicos como la salud y la educación. Y, al no insertarse en un mundo laboral formal, algunas mujeres trans no tienen otra opción para buscar ingresos distinta al trabajo sexual.
“Ser LGBTIQ+ es una sentencia de muerte en Honduras, no hay ninguna ley de protección”, apunta Osmán Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, que está conformado por 15 organizaciones con presencia en 16 municipios hondureños.
El estigma y la violencia que pesan contra la diversidad sexual en Honduras son tal que, cuando una persona es visiblemente LGBTIQ+ y quiere acceder a un servicio de salud, primero tiene que pasar por un testeo de VIH. A la discriminación social se suma que las pandillas obligan a algunas mujeres trans y a algunos gais a vender droga, señala Lara.
Las organizaciones hondureñas, con los pocos recursos que tienen, trabajan en el acompañamiento legal a las personas de la población LGBTIQ+ y registran las violencias que enfrentan.
En 2023, según el Comité LGBTIQ+, 48 personas de las disidencias sexuales fueron asesinadas en Honduras. Guatemala alcanzó índices de violencia similares, con 34 casos registrados. Estos homicidios se fundamentan en el odio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas, por ello son llamados crímenes de odio y, en la mayoría de los casos, quedan impunes.
“En víctimas LGBTIQ+, Honduras tiene un triste récord”, reconoce Tony García, Vice Canciller Consular y Migratorio en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022.
A pesar de reconocer la violencia hacia la diversidad sexual, García minimiza su impacto al afirmar que no es una de las principales razones de la migración en Honduras. Según él, lxs hondureñxs emigran principalmente para reunificarse con familiares en Estados Unidos, donde reside un millón y medio de hondureñxs. La segunda causa para migrar es el desempleo y, en último lugar, por la amenaza de las pandillas.
Lo mismo ocurre con el gobierno guatemalteco, el cual no reconoce en sus registros la migración como resultado de la violencia, mucho menos la violencia estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.
Alharaca solicitó una entrevista con representantes del Instituto Guatemalteco de Migración. Alejandra Mena, de la oficina de prensa, atendió la entrevista por escrito. Allí, dice que lxs guatemaltecxs migran por «mejoras» y oportunidades laborales, reunificación social y “familiar”.
De parte de El Salvador, no hubo una respuesta de las autoridades sobre la migración forzada.
Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.
En el Triángulo Norte centroamericano, los Estados no han legislado a favor los derechos de las disidencias sexuales, lo que les hace más vulnerables a la violencia. Los crímenes contra estas personas quedan impunes, no hay leyes de identidad de género que reconozcan a las personas trans y el matrimonio igualitario no está permitido. En esta región, no solo hay presencia de pandillas, sino que, paralelo a estos grupos, las policías y los ejércitos han sido agresores de identidades sexuales diversas, hasta asesinarlas o expulsarlas de sus países.
“Estas violencias, la mayoría de veces, las viven en silencio y no son denunciadas, porque los represores son también policías o funcionarios públicos judiciales”, enfatiza Patricia Vargas, investigadora guatemalteca especializada en población LGBTIQ+ y violencia contra las mujeres.
Vargas lleva años documentando los procesos migratorios y la exclusión que viven las disidencias sexuales en Guatemala. Una de sus investigaciones apunta a que, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, la capital, de cada 100 personas en situación de calle, una es parte de la población LGBTIQ+.
Son personas que muchas veces, dice la especialista, viajan del interior del país creyendo que en la capital la situación de discriminación y racismo que viven en sus comunidades va a cambiar. Pero en la capital se enfrentan con un racismo “diluido” y también con más clasismo que en sus comunidades de origen.
Arturo, agotado por la itinerancia constante y tras enfrentar una nueva pérdida en su organización, tomó la decisión de huir a Costa Rica. La decisión surgió cuando un compañero, después de que las pandillas asesinaran a su pareja y a toda su familia (10 personas en total) en 2012, se vio obligado a huir a Estados Unidos. En Costa Rica, Arturo vivió durante una década.
En Centroamérica, Costa Rica se vuelve un posible destino para quienes huyen de la violencia, pero la migración masiva no permite que el país dé respuesta rápida a todos los procesos migratorios.
Dennis Castillo es un hombre gay refugiado en Costa Rica. Huyó en 2012 de Honduras y al año de haber llegado se agrupó con otres activistas para formar el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA-Casa Abierta), que acompaña legal y psicológicamente. Además, ayuda a la integración social a las personas de la diversidad sexual que buscan refugio. “Las personas LGBTI no migramos con familias biológicas, viajamos solos, elegimos familia”, menciona Castillo.
IRCA acompaña 902 casos de solicitudes de refugio. De ellos, la mitad espera una resolución final a su solicitud. Pero, de acuerdo con Castillo, desde 2018 —cuando estalló la crisis política en Nicaragua— a la fecha, Costa Rica tramita 250 mil solicitudes.
El refugio es una protección internacional que brindan los Estados a personas que huyen por situaciones de violencia de sus países de origen. Hay dos convenciones que regulan este tema, una de 1961 y otra de 1967. Ambas consideran que una persona puede ser refugiada al ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, por sus opiniones políticas o por pertenecer a un determinado grupo social.
Las solicitudes de refugio de las personas LGBTQI+, según normativa desarrollada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), el ente encargado de las personas refugiadas, son tramitadas bajo las últimas dos causas.
El mismo informe revela que, a julio de 2022, en el mundo había un millón de personas procedentes de Centroamérica y México refugiadas o solicitantes de refugio. La cifra superó por un 590 % a la cantidad de casos que había en 2015.
Alejandro Córdova presentó El show de la Taylor el 4 de noviembre en La Casa Rosada, San Salvador. Foto: Kellys Portillo.
En la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Córdova conoció el ballroom y, al encuentro con esta subcultura representativa de la comunidad latina y afroestadounidense de inicios del siglo XX, le agradece haber redescubierto su identidad sexual.
La Taylor, como se hace llamar en el mundo artístico, en referencia a la cantante de pop estadounidense Taylor Swift, es una persona no binaria de El Salvador que viajó en junio de 2019 a estudiar becade una maestría en dramaturgia a Argentina.
Después de la pandemia del COVID-19, optó por establecerse en Buenos Aires para avanzar en su carrera profesional. Sin embargo, durante un viaje de cinco semanas a El Salvador entre octubre y noviembre de 2023, llegó a la conclusión de regresar. Económicamente, Argentina ya no le resulta viable: en su primer día de gobierno, Milei devaluó la moneda e implementó medidas que liberalizan la economía en un contexto de inflación descontrolada. Además, su enfoque en recortar el gasto público ha llevado al presidente ultraderechista a amenazar con el cierre de espacios artísticos, incluyendo el Fondo Nacional de las Artes.
«Estoy tomando una decisión basada en oportunidades», comenta Córdova en una entrevista telefónica con Alharaca, a pocos días de regresar a El Salvador.
El paso de La Taylor por Argentina estuvo marcado por los escenarios: uno de sus proyectos, Yender, una obra que habla sobre las vivencias dentro de la cultura ballroom, ganó el Fondo Nacional de las Artes; y, en Buenos Aires, inspirade en la cantante estadounidense, comenzó a presentar sus shows, en los que mezcla la poesía y la música para hablar sobre sus romances con hombres. En 2022, también se casó con una persona no binaria y pudo acceder gratuitamente a su tratamiento de antirretrovirales cuando conoció su diagnóstico positivo de VIH.
En El Salvador, Córdova no experimentó violencia familiar debido a su orientación sexual cuando aún se autopercibía como un hombre gay. Reconoce que, a nivel social, no todas las personas LGBTIQ+ tienen la misma experiencia. “El Salvador es un lugar bien hostil para crecer como disidencia sexual”, afirma.
Desde la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los de Refugiados de 1961 y su adhesión al mismo, Argentina ha reconocido como refugiadas a 773 personas que han huido debido a la persecución que sufrían en sus países de origen por sus opiniones políticas o por pertenecer a un grupo social determinado, como la población LGBTIQ+, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional para los Refugiados.
En 2011, el gobierno de este país sudamericano consideró la posibilidad de otorgar visas humanitarias a personas del Triángulo Norte de Centroamérica, inspirándose en el Programa Siria, el cual entrega visas humanitarias a personas sirias que escapan de una guerra que se ha prolongado por 12 años. La discusión de las visas para centroamericanxs, según Esteban Tome Fuentes, exfuncionario a cargo del programa, no prosperó.
En Guatemala, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) accedió a testimonios de cuatro personas LGBTIQ+ que vivieron estas terapias con las que se les pretendía «corregir» su orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.
La investigación, llamada “¿Cura o tortura? ECOSIEGCS—Esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales—. Las mal llamadas ‘terapias de conversión’ en Guatemala”, explica que en Guatemala no solo se intenta “corregir” a las personas de población LGBTIQ+ por medio de la religión, que ve como enfermedades a las orientaciones sexuales y a las identidades sexuales diversas, sino que también a través de las psicoterapias.
En las escuelas, explayan lxs investigadores de Flacso, hay represiones directas o indirectas para las personas LGBTIQ+, como la expulsión de los centros de estudio y el encubrimiento del bullying homolesboodiante por parte de la comunidad educativa. Luego, esta exclusión evoluciona a la expulsión de las personas de sus países de origen.
«La mía es una migración diferente a la migración de irse por mejorar económicamente o porque no te gusta el país. En nuestro país hay persecución para las personas LGBTI», advierte Arturo, el activista gay de Honduras.
Argentina, en cambio, tiene aprobados derechos que les falta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para garantizar el desarrollo y una vida digna de las personas LGBTIQ+. Pero estas garantías están amenazadas con el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que el 10 de diciembre asumió su cargo y ya inició un recorte al gasto público, dejando más vulnerables a las disidencias sexuales y a las mujeres.
En Argentina, las personas trans tienen derecho a cambiarse de nombre, a la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales en el sistema público, porque, además, hasta el momento, la salud es gratis para argentinxs y extranjerxs; lo mismo que el sistema de educación en todos sus niveles. Y transversalmente, las escuelas imparten la materia de Educación Sexual Integral. También, el país ha legalizado el matrimonio igualitario y las uniones civiles de personas LGBTIQ+.
“Las personas LGBTIQ+ migran porque no están en igualdad de oportunidades”, dice Karla Guevara, activista trans, directora del Colectivo Alejandría y secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI+.
El colectivo que preside Guevara ha trabajado en los últimos 11 años en el acompañamiento de personas trans salvadoreñas para que puedan acceder a derechos como la salud y la información en prevención y tratamiento al VIH. Recientemente, también abrió Casa Francela, un centro comunitario creado para convertirse en un punto de encuentro de las disidencias sexuales.
Ante el escenario de violencia compartido por los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, la migración forzada ha sido una constante. Pero entre 2018 y 2019 se volvió más visible y masiva. Durante esos años, de Honduras, El Salvador y Guatemala partieron caravanas de migrantes hacia Estados Unidos que hicieron que la administración de Donald Trump obligara a los gobiernos a frenar la migración.
En estas caravanas, Lara, el activista hondureño, dice que las organizaciones de Honduras identificaron 62 casos de migrantes LGBTIQ+.
Por el imaginario colectivo del «sueño americano», Amaral Arévalo, un investigador salvadoreño especializado en violencia y homicidios contra personas LGBTIQ+ de El Salvador, dentro del Instituto Fernándes Figueira, en Brasil, indica que el principal país de destino que buscan lxs migrantes centroamericanos es Estados Unidos.
En Rainbow Railroad pretenden “desmantelar” la migración hacia Norteamérica y ofrecen otros países latinoamericanos de reinstalo a lxs solicitantes de refugio, cuenta Adriana Espinosa.
Este año, la organización lanzó un programa para reubicar a latinoamericanxs LGBTIQ+ en Argentina, donde el refugio es tramitado en menos de un año, pero no todxs lxs solicitantes aceptan este destino.
“Los latinoamericanos no queremos ir a Latinoamérica. Tenemos esa mala percepción de nosotros mismos y nuestros compañeres en Latinoamérica, del país o de las situaciones económicas”, menciona la especialista.
Guevara, la activista salvadoreña, opina que las personas de la diversidad sexual no eligen migrar a un país distinto a Estados Unidos, porque no cualquiera puede pagar un boleto de avión, como para viajar a Argentina. A las disidencias sexuales no les queda otra opción que arriesgar su vida, atravesando por tierra la ruta migratoria.
…
Durante la década de los 90, en Europa, detalla Arévalo, hubo hombres gais que huyeron hacia Estados Unidos porque eran perseguidos por gustar de otros hombres. Desde finales de los años 60, el país norteamericano ya abanderaba la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo.
De 2016 a la fecha, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) colabora asesorando a personas de diferentes países del mundo que, por ser parte de la disidencia sexual, además de sufrir conflictos internos en sus lugares de origen, se ven obligadas a migrar o refugiarse en Argentina.
A este tipo de migración se le llama sexilio, que es una palabra derivada de la combinación de sexo con exilio: personas obligadas a salir de sus países o que salen por razones propias, porque no siguen las normas sociales y heterosexuales.
Los sexilios que hoy ocurren en el Triángulo Norte centroamericano se caracterizan porque en esta región los principales represores son los Estados, que no garantizan ningún derecho para las personas LGBTIQ+, sostiene Arévalo. «Garantizan, básicamente, una muerte», recalca.
La representación de ACNUR en Argentina, consultada por Alharaca, aclaró que no podía hablar detalladamente sobre los casos de asilo en ese país, por la confidencialidad de la información, pero remitió informes que dan cuenta sobre el desplazamiento y migración forzada ocurrida en los últimos años en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.
Antes, en 2021, y en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+, fue expulsado de casa después de que sus padres se enteraran de que es gay. Cuando logró independizarse, comenzó el régimen de excepción en El Salvador y él, que es un militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido salvadoreño de izquierda, y crítico en redes sociales del gobierno del presidente Nayib Bukele, fue perseguido hasta recibir una amenaza de muerte.
Funes tomó una llamada anónima en Telegram. Era la voz de una mujer que, luego de decirle que se iba a morir, colgó de golpe el teléfono. Días más tarde, un motociclista, al que no conocía, llegó a buscarlo a la casa de sus padres.
Él asume que esto ocurrió a partir de sus críticas al gobierno. En Facebook, donde suele postear publicaciones contra Bukele, tiene más de dos mil seguidores.
Funes ya había terminado la carrera de Relaciones Internacionales. Este título le sirvió para aplicar a la maestría. En agosto de 2021, lo aceptaron en una universidad argentina para estudiar una maestría en Derechos Humanos y viajó a Buenos Aires.
En octubre de 2023, tenía que volver a El Salvador, porque ya había terminado sus estudios, pero su madre le advirtió que no regresara, porque afuera de la casa suele parquearse una camioneta con vidrios polarizados, y sospecha que lo están buscando.
Una de las condiciones del refugio es que la persona no pueda regresar a su país de origen, ya que, al hacerlo, el Estado que le ha otorgado el refugio asume que ya no existen las condiciones de peligrosidad que motivaron su huida. Funes tiene la intención de establecerse nuevamente en El Salvador, en el futuro, por lo que no solicita refugio. Planea vivir en Sudamérica, hasta que pueda retornar.
«La intersección entre el acceso a recursos, el color de la piel, desgraciadamente, y el nivel educativo de las personas que migran influye mucho en cómo es su proceso, en cómo será su proceso y en qué acceso tienen a ciertas cosas o a cierta información”, sostiene Vargas, la investigadora guatemalteca.
María Fernanda Parada, una veinteañera salvadoreña, que se autopercibe como pansexual y reconoce sus privilegios, reside en Buenos Aires desde enero. En su familia nunca ha sido discriminada por su orientación sexual. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo Francés Salvadoreño, un colegio privado, en el que frecuentemente lxs profesores, recuerda, le decían a lxs alumnxs que debían marcharse del país.
El año pasado, comenzó su carrera en una universidad de Francia, pero desistió de cursarla, porque no le gustaba el enfoque. Sin embargo, allá pudo explorar la libertad de la metrópolis, su sexualidad y salió por primera vez con mujeres. En El Salvador su grupo “queer”, dice, era reducido y todxs se conocían entre sí.
“Hay un montón de gente que estamos dejando desamparada y ellos solos no se pueden salvar así nomás”, apunta. Este año, Parada cursa el ciclo inicial para ingresar a la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires y, en los pocos meses viviendo en Argentina, ha logrado hacer amistades diversas. Al terminar la carrera, su plan es volver a El Salvador para trabajar como periodista e investigar sobre población LGBTIQ+.
…
De las 200 consultas que la FALGBT+ ha recibido en los últimos años de personas que quieren refugiarse en Argentina, la mayoría son de personas de Ucrania y Rusia, países que están en guerra desde febrero de 2022. Un caso, aclara Maribe Sgariglia, secretaria de Relaciones Internacionales de la FALGBT+, a veces se traduce en más casos, porque algunas personas huyen con parejas e hijxs.
Sgariglia explica que estxs migrantes preparan su huida con ahorros, consiguen trabajos remotos y también se asesoran anticipadamente sobre los procesos migratorios que deben realizar. Una vez en Argentina, hacen comunidad entre sus mismas nacionalidades, al punto de crear un grupo de Telegram para comunicarse.
No ocurre lo mismo con aquellxs que, además de la barrera del idioma en otro país, se encuentran solxs. Hay jamaiquinxs que no han podido acostumbrarse a Argentina y han tenido que regresar a su país, aunque saben que allá, donde está criminalizada la homosexualidad, su vida corre peligro, agrega la activista.
La mayoría de latinxs LGBTIQ+ que buscan refugio en el país Sudamericano, dice Sgariglia, han pasado por situación de calle: “Llegan acá quizá sin ningún recurso ni económico ni social, sin redes. La mayoría de esas personas vienen solas, su familia queda atrás con un vínculo súper duro”.
Como el caso de Arturo, la migración forzada de la diversidad sexual ocurre en dos pasos, enfatiza Amaral Arévalo: si las personas son del interior del país, primero se desplazan al área metropolitana y después migran. Sin embargo, estos trayectos están condicionados por las redes de apoyo con las que cuentan en su país de origen o en el país de destino.
En Costa Rica, Arturo no trabajó como activista. Fue cajero en un banco, mesero en restaurantes de comida rápida, administrador de un hotel y carnicero.
Le pareció que, en Costa Rica, la población LGBTIQ+ ya había ganado derechos que en Honduras no se han reconocido. Por ello, no encontró forma de trabajar en su área. Aunque pudo migrar a Estados Unidos, porque allá está una de sus hermanas y para allá migró el colega al que asesinaron la pareja, no era un país que le llamara la atención para vivir. Y en Costa Rica no quiso refugiarse, ya que lo considera un país xenófobo.
En 2021, con la idea de que, casi una década después de haber huido de Honduras su familia y el país habían cambiado, volvió. Pero la situación de violencia seguía igual.
Pensó mudarse a la casa de sus padres, dos personas mayores y solas, en Ocotepeque. Quería cuidarles, pero su mamá le condicionó en cómo debía vestir, actuar y con quién debía de relacionarse en el pueblo. Tampoco podía hablar de temas que le incomodaran a la familia, como su homosexualidad y su condición de persona viviendo con VIH.
En una discusión, su papá lo agredió por hablar de su homosexualidad. Desde entonces, Arturo decidió nunca volver a su casa de infancia. Se fue, de nuevo, para San Pedro Sula, donde no logró conseguir trabajo. Se quedó unos días en la casa de otra de sus hermanas, pero empezó a ser perseguido por un carro del que, en tres ocasiones, un grupo de desconocidos se bajó y lo apaleó. La última vez, aparte de golpearlo, le robaron el celular.
Intentó denunciar el primer ataque, pero cuando lo vieron golpeado de la cara, los policías de una delegación se burlaron de él. Arturo dijo que no valía la pena seguir viviendo en Honduras.
La tarde del jueves cae en Buenos Aires. Afuera está el ruido habitual de la ciudad porteña, dentro de este departamento, un gay hondureño busca refugio porque su país lo expulsó.
Hay días en los que Arturo no sale de casa. Se siente novato y solo en esta ciudad de cuatro millones de habitantes, que apenas está aprendiendo a recorrer por su cuenta. En una canasta al centro de la mesa del comedor hay dos guineos, una fruta abundante en el trópico centroamericano. De vez en cuando, Arturo prepara comida hondureña, sobre todo sopas de frijoles y ensaladas frescas, para sentirse en su país.
“Allá sí estaba solo, pero me iba, tal vez, adonde mis amigos. Dejé todo, pero a la vez no tengo nada”, lamenta.
Con la asunción de Milei y el ajuste económico en Argentina, Arturo se replantea la idea de seguir su proceso de asilo y pretende volver a Honduras, donde su vida no está asegurada.
Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Exprésate. El nombre del personaje principal del texto se ha omitido por razones de seguridad. Fue publicada por nuestro medio aliado Alharaca.
Argentina 2023: Diario de un mal año para la igualdad y los derechos LGBT:
Este 2023 cierra con incertidumbre en Argentina. El repaso de un año de pocas buenas noticias para la diversidad sexual y la igualdad, y un rotundo avance de la derecha extrema cuestionando la agenda de derechos. Leer más…
Perú 2023: Retrocesos en derechos LGBTI y aumento de transfeminicidios:
Los sectores antiderechos avanzaron contra la comunidad LGBT, en el contexto del gobierno represivo de Dina Boluarte. Leer más…
***
Guatemala 2023: en medio de la crisis política, aumentó la violencia hacia personas LGBTIQ+:
Hubo al menos 34 crímenes de odio, un 20% más que en los últimos tres años. La crisis política y social agrava la violencia hacia personas LGBTI+. Leer más…
***
Paraguay 2023: Avance antiderechos y antigénero en el país «Provida» y «Profamilia»
Este 2023 la desinformación y las narrativas antiderechos se instalaron desde la campaña electoral. El nuevo gobierno avanzó con políticas en esa dirección. Hasta se planteó crear el “orgullo hetero“. Leer más…
***
El Salvador 2023: Personas LGBTI+ temen a las Fuerzas de Seguridad y el Congreso no trató la ley de identidad de género
Al cierre de este año, las organizaciones ven incumplimientos de leyes que garanticen sus derechos, retroceso en los espacios de diálogo y acuerdos con las instituciones del Estado salvadoreño y acoso de policías y soldados. Leer más…
***
México2023: respuestas comunitarias, desinformación y violencia que no cesa
El activismo fue protagonista este año en México. No cesó la violencia y hubo algunos avances en materia de derechos. Leer más…
***
Honduras 2023: el gobierno sigue en deuda con la población LGBTI+ y crece la violencia
En los dos últimos años, fueron asesinadas 93 personas disidentes sexuales.Leer más…
Comentarios desactivados en El Salvador: las personas LGBTI+ se sienten a salvo de las pandillas pero temen a policías y militares
El regimen de excepción del presidente Bukele disminuyó las amenazas de pandillas pero aumentaron las violaciones de ddhh por parte de la Policía y Fuerzas Armadas.
SAN MIGUEL, El Salvador. Hace siete años, un grupo de pandilleros golpeó a la mujer trans O. C. porque le tenían prohibido transitar por un popular vecindario al oriente de El Salvador. Mientras la agredían, unos vecinos salieron de sus viviendas para defenderla. Los pandilleros huyeron. Antes de marcharse, recogieron unas rocas volcánicas que había tiradas en la calle y se las lanzaron al cuerpo.
La maquillista de 36 años de edad asegura que ellos le negaban el paso simplemente porque era parte de la población LGBTI. También por residir en una zona controlada por otra pandilla rival, sin que ella tuviera algún vínculo con esa estructura. No podía caminar ni para abordar el autobús o visitar un familiar.
“Esa vez me iban a quitar la vida, pero por los vecinos no me lo hicieron. Ellos me golpearon toda en contra una pared”, dijo a Presentes la mujer identificada como O. C. por razones de seguridad.
Con el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, ahora O.C puede transitar sin miedo a las pandillas, pero el nuevo peligro son las propias fuerzas de seguridad del Estado.
Entre el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio pasado, las organizaciones señalan detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso, el allanamiento de morada, tratos crueles inhumanos y degradantes.
La llegada de las pandillas
Durante los años noventa, cientos de salvadoreños que formaron parte de las pandillas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles fueron deportados a su país de origen. En los años posteriores, el fenómeno se extendió en todo el país centroamericano. Vecindarios completos quedaron bajo el dominio de las llamadas “Maras”. Ellas controlaban, bajo amenazas de muerte, las actividades de los habitantes y los comercios.
Según los especialistas, en sus territorios cometían una diversidad de delitos. Asesinaban y desaparecían personas, cometían abusos sexuales, cobraban extorsiones y mantenían acoso y discriminación contra la población LGBTI. Además, forzaban a los residentes a colaborar en sus actividades y les imponían silencio.
El informe retoma estadísticas de la policía entre el 1 de enero 2020 y el 31 de marzo de 2022. Señala que, de los 60 casos, 19 corresponden a lesiones, 41 a amenazas, de los cuales 15 se cometieron en los departamentos de San Salvador, 11 en San Miguel, nueve en Sonsonate y siete en La Libertad, entre otros.
Además, la misma investigación reporta 60 casos de desapariciones en el mismo período.
Información oficial
Oficialmente la institución policial registró 15 asesinatos en contra de la población en los años 2020 y 2021. Pero la organización Amate reportó en 2019 nueve crímenes, cinco en 2020, cuatro en 2021 y al menos uno en 2022, aunque podría haber un caso de subregistro.
La policía detuvo el 8 de octubre a Jairo Castellanos sospechoso de asesinar tres días antes a Víctor Rivas un estudiante universitario de 24 años de edad, con quien según las autoridades mantenía “una relación sentimental”.
“Este sujeto (Castellanos) pagará con décadas en prisión por el delito cometido. Se terminaron los tiempos de impunidad para todos los criminales que atentan contra la vida de los salvadoreños. Este homicida será sometido ante la justicia”, escribió en la red social X, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Pagos semanales y palizas
La ciudad de San Miguel, 138 kilómetros al este de la capital, San Salvador, lugar donde habitan más de 345 mil habitantes, era disputada por las pandillas Mara Salvatrucha, una de las facciones del Barrio 18 y Mirada Locos 13.
“No me sentía seguro en mi propio país. En algún momento pensé en emigrar hacia otro país porque sí me sentía inseguro. Decía: ‘¿Cómo voy a hacer si paso por esta zona, esta colonia?, me matan o me desaparecen”, expresó O. C. a Presentes.
Los pandilleros también exigían el pago semanal de 10 dólares a las trabajadoras sexuales LGBTI en las calles de la ciudad.
Cuatro trabajadoras relataron a Presentes que estaban obligadas a pagar el monto o de lo contrario eran golpeadas con bates, palos de escoba o garrotes con clavos. También las amenazaban con atentar contra miembros de su familia. Otras fueron asesinadas o desaparecidas.
En el año 2005, Elizabeth (nombre ficticio por razones de seguridad), una mujer trans fue atacada por dos hombres mientras ejercía trabajo sexual. Recibió golpes en su cabeza y cuerpo, finalmente le dieron una puñalada con la intención de asesinarla. Cayó inconsciente y despertó apenas vestida con su ropa interior. Estuvo hospitalizada durante cuatro días.
“Las pandillas nos limitaban la circulación. Estar acá no podíamos (en la calle), a no ser que pagáramos la cuota que pedían, la mal llamada renta o colaboración. Debían de pagar 10 dólares semanales para tener autorización de trabajar en los territorios bajo su control”, dijo Elizabeth de 37 años de edad.
Luego de la muerte de 87 salvadoreños en marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele pidió al Congreso que aprobara un Régimen de Excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, para combatir a las pandillas.
Menos crímenes, menos derechos
El régimen de excepción se prorrogó durante 19 meses y desde entonces se detuvieron a más de 73.000 supuestos pandilleros. Liberaron a unas 7,000 personas y se mantienen con medidas sustitutivas a la detención.
Según las autoridades de seguridad, la implementación del Régimen de Excepción ha permitido reducir 56.7% el número de homicidios en 2022, frente al año previo. También reportan una baja de los delitos como las extorsiones.
“Ahora es diferente. El sistema de seguridad que ahora tenemos como que ha frenado un poquito la intención de las personas al ejercer ese odio hacia nosotras, ya una se siente uno más segura hoy”, expresó Elizabeth a Presentes.
Denuncias contra soldados y policías
“Exigimos Libertad para el santaneco Brayan Eliú Estrada Moreno, joven de la comunidad LGBTI que por falsa denuncia en FB está preso injustamente. Las pandillas no aceptan entre sus filas personas LGBTI pero un ser inescrupuloso lo denunció usando una red social irresponsablemente”, publicó el Socorro Jurídico Humanitario en la red social X el 13 de septiembre.
Pero no es la única denuncia. Siete organizaciones no gubernamentales recibieron 5,490 casos de víctimas de violaciones a derechos humanos durante los primeros 15 meses de vigencia del Régimen de Excepción. Entre los denunciantes se incluyen las identidades de las víctimas que corresponden a 36 mujeres trans y 37 a hombres trans.
Del total, 42 vulneraciones han sido cometidos contra bisexuales, 32 contra gais, 19 contra lesbianas y un pansexual, indica el reporte.
Estos suelen ir acompañados de acoso, coacción, hostigamiento, desplazamiento forzado interno, malos tratos, tortura y hasta la muerte de privados de libertad, de los cuales ya se registran 180 muertes de personas bajo custodia del Estado, sin que haya investigaciones de parte de la Fiscalía General.
Desamparo legal de personas LGBTI+
“La población LGBTI ha estado expuesta a diferentes niveles de violencia y discriminación. El régimen de excepción también ha agravado su situación de vulnerabilidad. Quedan en completo desamparo ante la ausencia de marcos normativos y mecanismos que les protejan”, expresan las organizaciones en un comunicado.
Dos trabajadoras sexuales trans relataron a Presentes que estuvieron tres meses en prisión. Un cliente las acusó de robo.
Aunque su caso no tenía relación con el estado de emergencia para combatir a las pandillas, la supuesta víctima de robo no presentó cargos en contra las mujeres trans en los tribunales. Ellas fueron liberadas, pero permanecieron tres meses en prisión, donde les cortaron el cabello y recibieron maltrato.
Trans acusadas de pandilleras
Las mujeres trans aseguran que de la misma manera algunas de sus compañeras han sido detenidas en el marco del Régimen de Excepción, aunque no son pandilleras, han sido acusadas falsamente. Para junio, la Federación Salvadoreña LGBTI aseguraba que unas 80 personas de la población permanecían detenidas.
“El régimen está bien pero no la forma en cómo lo están aplicando. Para llevarse a todos estos (pandilleros) han tenido que sacrificar a muchas personas inocentes”, expresó Elizabeth.
Según los críticos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una entidad estatal creada para fungir como una institución independiente y velar por los derechos de los ciudadanos, ha guardado silencio ante los cientos de casos de vulneraciones.
“Se informa que la PDDH se encuentra recopilando y sistematizando toda la información relacionada con el Régimen de Excepción, la cual se hará de conocimiento público posteriormente. Por lo que, no se pude brindar la información requerida”, respondió la institución a Presentes luego de una solicitud de información sobre denuncias contra la población LGBTI.
“En cuanto al tema de pandillas, lo que nos han comentado es que sí se siente una percepción diferente de seguridad, no se sufre el mismo nivel de acoso y violencia que se tenía antes. Pero que ese miedo que se tenía antes se ha trasladado ciertamente hasta cierto grupo, policías y militares”, dijo a Presentes, Gonzalo Montano, especialista en formación del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica de Amate.
Comentarios desactivados en Utopía americana: mujeres trans huyen de Centroamérica
Cuatro mujeres trans que huyeron de México y Centroamérica hacia Estados Unidos relatan por qué se embarcaron en el camino migrante. Con tiempos y lugares distintos, todas tienen en común el abandono del Estado y una sociedad conservadora que les empujó a buscar la sobrevivencia lejos de Guatemala, Honduras, México y El Salvador.
La violencia de género y la falta de oportunidades obliga a las mujeres trans de Centroamérica y México a migrar. Las protagonistas de esta historia, Sasha, Ana Andrea, Tanya y Rachel, vivieron en sus países vulneraciones que las empujaron a huir para salvarse.
Ellas son parte de unas cifras estremecedoras: entre el 1 de octubre de 2019 y el 20 de septiembre de 2020 fueron asesinadas 350 personas transgénero en todo el mundo, el 98 % de las víctimas fueron mujeres y el 82 % de los casos sucedieron en Centroamérica, según datos del Proyecto de Monitoreo de Homicidios de Personas Transgénero realizado por Transrespect vs Transphobia.
Ante esta realidad, las mujeres trans no solo huyen sino también se organizan y crean sus propias formas de resistir y acuerparse. Ana Andrea Molina es prueba de ello. Siendo indocumentada, creó el refugio para migrantes LGBTIQ+ Casa Anandrea. En el lugar, además dan asistencia jurídica a las mujeres para que puedan salir de los centros de detención luego de cruzar la frontera sur de Estados Unidos.
Sasha, Rachel y Tanya han estado ahí y cuentan su historia alrededor del trabajo de la organización que le acercó a una nueva oportunidad de vida.
Comentarios desactivados en El Salvador: los acusados de la masacre jesuita
34 años después, el Fiscal General ha acusado a Alfredo Cristiani y a los ocho asesinos
“Los soldados del presidente Cristiani llegaron por la noche, forzaron la puerta principal de la casa, los dejaron salir al jardín y les dispararon en la cabeza. Los cerebros se esparcieron”
“Dijeron que apoyaban al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, eran su fachada ideológica, responsables de la violencia y de la guerra civil”
“El teólogo Sobrino conocía bien a sus colegas y amigos. Dijo después del cruel asesinato que todos eran cristianos de una sola pieza. Más bien, eran la fachada de las mayorías populares, los pobres y los oprimidos del país”
“El 5 de junio, 34 años después de la masacre, el Fiscal General ha acusado a Alfredo Cristiani y a los ocho asesinos”
| Francesco Strazzari
(SettimanaNews).- El pasado 5 de junio, la Fiscalía General de la República de El Salvador presentó la acusación contra ocho personas –militares de alto rango– que estarían involucradas en la masacre de los seis jesuitas de la Universidad (UCA), la cocinera y su hija de 16 años. Acusado el ex presidente Alfredo Cristiani, quien habría organizado el plan implementado el 16 de noviembre de 1989.
El padre de Alfredo era un inmigrante de Bagnaria, provincia de Pavía, y su madre Marghot Burkard era descendiente de inmigrantes suizos.
Alfredo, nacido el 22 de noviembre de 1947, fue educado en la “escuela americana” de San Salvador, continuó sus estudios de economía en Washington, en la famosa Universidad de Georgetown. Al regresar a San Salvador, trabajó en nombre de la familia adinerada, que operaba principalmente en el comercio de café y algodón. Se casó con Margarita Llach en 1970.
Permaneció fuera de la política hasta 1980, cuando el conflicto armado con el movimiento FLMN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) alcanzó un punto crítico. Se involucró en la Alianza Nacionalista Republicana (ARENA), que había sido fundada por la “Escuela de las Américas”, dirigida por el oficial Roberto D’Aubuisson quien, en 1985, renunció tras el desastroso resultado de las elecciones presidenciales.
Cristiani se convirtió en líder del partido en 1988. En 1989 fue elegido presidente de El Salvador con el 53,8% de los votos.
Hace años, recogí el testimonio del conocido teólogo Jon Sobrino, que no estaba en casa el 16 de noviembre de 1989. Otro jesuita de la comunidad se había ido a dormir a otra comunidad. De ocho jesuitas, seis estuvieron presentes y fueron asesinados.
Los soldados del presidente Cristiani llegaron por la noche, forzaron la puerta principal de la casa, los dejaron salir al jardín y les dispararon en la cabeza. Los cerebros se esparcieron. Locos, los soldados tiraron máquinas de escribir, computadoras, grabaciones al suelo y robaron documentos y grabaciones. Entrando en la capilla de Mons. Romero, asesinado en marzo de 1980, apuntaron a la foto grande y le dispararon al corazón.
El poder de la derecha se enfureció contra la Universidad Jesuita porque estaban molestando a la gente. Los jesuitas fueron llamados comunistas y marxistas, antipatriotas, incluso ateos. El régimen de Cristiani quería silenciarlos, expulsarlos del país, dispersarlos, verlos muertos.
Se formularon acusaciones concretas contra la Universidad y los jesuitas: apoyaban al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, eran su fachada ideológica, responsables de la violencia y de la guerra civil.
El teólogo Sobrino conocía bien a sus colegas y amigos. Dijo después del cruel asesinato que todos eran cristianos de una sola pieza, convencidos de que estaban siguiendo a Jesús de Nazaret en la lucha por la liberación de la injusticia y el abuso. Conocían bien el marxismo para analizar la situación de opresión en el llamado Tercer Mundo, pero también eran conscientes de las serias dudas del análisis marxista.
El marxismo nunca fue su principal fuente de inspiración, como también se sostenía en la Curia romana. El rector, Ignacio Ellacuría, fue una celebridad como filósofo y teólogo, recuerda el teólogo Sobrino. Fue el Evangelio de Jesús el que inspiró la acción de los jesuitas. Seguían repitiendo que no apoyaban a un partido político o a un gobierno en particular o a un movimiento popular en particular.
Fueron fieles a las palabras del obispo masacrado Romero: “Los juicios políticos deben juzgarse según si benefician o no al pueblo”. Por esta razón apoyaron lo positivo en los movimientos populares y también en el FMLN, pero criticaron sus acciones terroristas y los asesinatos de civiles. Eran partidarios del diálogo y de la negociación con los líderes del movimiento. Hablaron de ello con el presidente Cristiani, con miembros del gobierno, con políticos y diplomáticos, incluidos algunos soldados, que se mantuvieron firmes en denunciar los abusos y violaciones de los derechos humanos por parte del ejército y los escuadrones de la muerte, denunciando la brutalidad de los crímenes.
Es una estupidez, me dijo Sobrino, decir que eran la fachada ideológica del FLMN. Más bien, eran la fachada de las mayorías populares, los pobres y los oprimidos del país. Sufrían cuando la Iglesia no era evangélica; cuando se miraba más a sí misma y a la institución que al dolor de la gente; cuando varios eclesiásticos de la jerarquía mostraron incomprensión e indiferencia ante el sufrimiento del pueblo y cuando silenciaron a Mons. Romero.
El 22 de marzo de 1990, a las 7 de la mañana, el obispo de Sao Félix (Brasil), el místico y poeta Pedro Casaldáliga, se dirigió al Centro Pastoral “Mons. Romero” para visitar el lugar de la masacre. Se encontró por casualidad con Obdulio, el esposo de Elba, el cocinero y el padre de Celina, ambos acribillados a balazos. Obdulio estaba ocupado en su trabajo. Estaba colocando plantas de rosas en el lugar del martirio. Los dos se abrazaron. Pedro quería darle algo a su esposo y a su padre. Tenía un rosario y se lo dio. Se lo puso alrededor del cuello. Al día siguiente, Casaldáliga, un conocido poeta, escribió estos versos dedicados a la UCA y a los heridos:
Ya sois la verdad en cruz y la ciencia en profecía, y es total la compañía, compañeros de Jesús. El juramento consumado,
la UCA y el pueblo herido dictan la misma lección que las cátedras-fosas y Obdulio cuida las rosas de nuestra liberación.
El 5 de junio, 34 años después de la masacre, el Fiscal General ha acusado a Alfredo Cristiani y a los ocho asesinos.
Un bello artículo que aparecía el año pasado en la página de la Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia de Chile y Argentina:
Al conmemorarse el 42º(este año, 43º) aniversario de su martirio, con su asesinato aún impune, podríamos destacar dos razones por las cuales Óscar Arnulfo Romero, obispo de los años ochenta, sigue tan vigente en el siglo XXI y es transversal a las distintas generaciones, siendo admirado, amado, venerado por su pueblo, y reconocido como “San Romero de América”.
El Salvador es el más pequeños de los países centroamericanos y uno de los tres más densamente poblados en la región, según cifras del Banco Mundial. Desde la guerra civil de los ’80, ha tenido una limitada democracia, con malos gobiernos, grupos armados criminales, mafia, y pandillas que han intensificado la violencia gracias a diferentes ideologías políticas que buscan controlar el país.
En este contexto, la violación sistemática de los derechos humanos sigue siendo el principal e histórico problema.
La pobreza aunque ha disminuido por alcanzar mejores rentas, se agrava con el problema migratorio, y últimamente, por la mala salud pública que ha dejado más en evidencia la pandemia.
PROFETA
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por defender, precisamente, los derechos humanos de su pueblo en medio de la cruenta guerra civil que afectó a este país.
Justamente, él denunció la violencia militar y paramilitar (de los escuadrones de la muerte y de los comandos urbanos de la guerrilla), en una confrontación armada que se extendió por 12 años, dejando más de 75 mil muertos, 8 mil desaparecidos y un millón de refugiados.
El arzobispo mártir, Romero, levantó su voz dentro del movimiento popular para exigir un alto a la represión, y a la vez, denunciar el sistema económico que condenaba a la miseria a miles de generaciones en su país.
Estas condiciones no han cambiado sustantivamente en El Salvador, por lo cual su legado sigue fuerte y su voz sigue siendo oída cada día.
IMPUNIDAD
Pero por su martirio, Óscar Arnulfo Romero llegó a los altares antes de que sus sicarios a los tribunales de justicia.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, en 1993, creada con motivo de los acuerdos del proceso de paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador, responsabilizó a los escuadrones de la muerte que dirigía el coronel, ya fallecido, Roberto D´Aubuisson, líder de la inteligencia política y fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernaría el país durante dos décadas. Este informe también señalaba a otros militares: los capitanes Alberto Saravia, Eduardo Ávila, Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
Pero una ley de amnistía de 1993 impidió, entonces, iniciar un proceso en contra de ellos. Ha habido intentos posteriores de buscar justicia a través de los tribunales pero sin avances ni logros.
CANONIZACIÓN
El Papa Francisco canonizó a Romero. Pero antes fue reconocido en su santidad por el propio pueblo que lo ha venerado desde aquel 24 de marzo, cuando una religiosa de la capilla donde celebraba la eucaristía, exclamó: «¡Han matado al santo!. Luego, el obispo (catalán-brasileño), Pedro Casaldáliga, lo consagró también en su santidad al escribir: «San Romero de América, nuestro pastor y mártir».
Estos hechos vienen a ser la segunda razón de cómo el amor y veneración de los más sencillos se ha mantenido y hasta crecido en estos 42 años.
EJEMPLO DE PASTOR
En los países de América Latina, tenemos la lamentable experiencia de quienes acceden a instancias de poder, sean estas políticas, sociales, económicas o eclesiales, muy pronto rompen el vínculo con su base que les legitima, y como consecuencia, se vuelven más insensibles a los problemas de sus respectivas realidades.
Con Óscar Arnulfo Romero, sucedió todo lo contrario.
El obispo mártir de El Salvador, usó su poder arzobispal, no para sentarse en la cátedra y pedir o buscar beneficios eclesiásticos. Desde ese lugar, el poder lo uso en tanto servicio, como tiene que ser en perspectiva evangélica, y su enérgica voz fue su principal arma para defender al pueblo pobre y sufriente. La proclamación de la verdad fue siempre su pasión.
MEMORIA AGRADECIDA
Hoy, al conmemorarse los 42 años de su asesinato, aún impune, la gente sencilla y pobre que lo ama, venera, se encomienda, y confía en él, no es solo de El Salvador. Es de todo el continente y por ello se le reconoce como el «Santo de América”.
En la actual crisis de nuestra iglesia, deberíamos pedir que San Romero de América ilumine en la conversión a su pueblo a quienes hoy tienen la responsabilidad de pastorear. Que les de la valentía de reconocer errores y de transformarse en verdaderos profetas. Que les aumente su capacidad de escucha, como Romero escuchó a Rutilio Grande y a su gente en su propio proceso de conversión.
por Aníbal Pastor N. / periodista
Reproductor de vídeo
00:00
01:13
___________________________
Fuente foto: Serie podcast «La senda hacia el martirio» de la Radio YSUCA, dependiente de la Vicerrectoría de Proyección Social de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA.
“Ofrece una rigurosa reconstrucción de su filosofía, su teología y su teoría política, no aisladamente como si se tratara de compartimentos estancos, sino en su carácter unitario”
“López de Goicoechea elabora un lúcido perfil intelectual de Ellacuría a través de un amplio y riguroso recorrido por los años de su formación y la etapa de madurez”
“La obra de López de Goicoechea viene a confirmar de manera argumentada que Ignacio Ellacuría es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo y que, treinta y tres años después de su asesinato, sigue iluminando la oscuridad del presente”
Desde el asesinato del filósofo y teólogo hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría, rector de la UCA (San Salvador), el 16 de noviembre de 1989, se han publicado sus obras completas en la editorial de la UCA, celebrado numerosos congresos y escrito importantes investigaciones sobre su pensamiento.
Coincidiendo con el 33 aniversario de su asesinato voy a comentar hoy la obra de Javier López de Goicoechea Zabala, doctor en filosofía y en derecho, profesor de la Facultad de Derecho y del Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense y profesor invitado en la UCA, de San Salvador (El Salvador), Hacerse cargo de la realidad. Sobre la teología-política de Ignacio Ellacuría, que me parece una de las más clarividentes de la producción bibliográfica en torno a Ellacuría ya que ofrece una rigurosa reconstrucción de su filosofía, su teología y su teoría política, no aisladamente como si se tratara de compartimentos estancos, sino en su carácter unitario.
Y lo hace con rigor metodológico y fidelidad creativa al pensamiento de Ellacuría, del que destaca la originalidad de su método de historificación de los conceptos y su orientación emancipatoria. Un pensamiento que, en expresión zubiriana, se hace cargo de la realidad y cuyo resultado es una nueva teología-política, como praxis de liberación y transformación socio-económica a través de una correcta articulación de los tres elementos de su reflexión: ética, política y religión. Son tres elementos que suelen aparecer desconectados y Ellacuría los interconecta, pero sin caer en confesionalismos y respetando la autonomía de la ética y de la política.
López de Goicoechea elabora un lúcido perfil intelectual de Ellacuría a través de un amplio y riguroso recorrido por los años de su formación y la etapa de madurez, así como por los problemas filosóficos de su época: problema del ser, de la historia y de la deshumanización tecnificada del ser humano, y por las bases filosóficas de su pensamiento, de Aristóteles a Zubiri, pasando por Tomás de Aquino, Hegel, Marx, Ortega y Gasset, Ernst Bloch y la Escuela de Frankfurt (especialmente Herbert Marcuse).
Elabora una sugerente geografía en torno a cuatro ciudades que marcaron el peregrinaje intelectual de Ellacuría: Quito, Innsbruck, Madrid y San Salvador, mostrando “su apertura radical a un pensamiento a la intemperie, fruto de la época que le tocó vivir y de los problemas a los que tuvo que enfrentarse desde el rigor conceptual de la Filosofía”.
Pero su pensamiento no es discipular como si hiciera un seguimiento mimético de sus maestros -Rahner en teología, Zubiri en filosofía, monseñor Romero en espiritualidad-, sino que desemboca en un pensamiento propio muy sólido y consistente caracterizado por la creatividad y la ubicación contextual, en respuesta a los desafíos del momento histórico, siendo uno de los más graves el de la violencia en El Salvador, que analiza en sus diferentes niveles: estructural, revolucionario y terrorista, optando por la no violencia activa desde sus raíces pacifistas de inspiración evangélica. Su respuesta sigue teniendo vigencia hoy y puede contribuir a enriquecer el pensamiento crítico, la praxis política y el horizonte liberador de las religiones, sobre todo de las monoteístas, cuya teología primera es la ética de la liberación.
La obra de López de Goicoechea viene a confirmar de manera argumentada que Ignacio Ellacuría es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo y que, treinta y tres años después de su asesinato, sigue iluminando la oscuridad del presente. Asimismo, es el mejor reconocimiento a un maestro español de la filosofía, la teología y la teoría política; reconocimiento que, a mi juicio, no tiene, o al menos no de manera suficiente, en el actual panorama intelectual español.
El libro comienza y termina con un poema de Ernesto Cardenal que se refiere a texto del profeta Isaías 21,11: “Centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿qué hora es de la noche” (según otras versiones: “Centinela, ¿cuánto queda de la noche?”), y López de Goicoechea lo aplica a Ellacuría de esta guisa:
“Toda la vida y el pensamiento de Ignacio Ellacuría evoca a ese centinela del poema de Ernesto Cardenal que en las lúgubres noches de cualquier país centroamericano nos ubica en el tiempo y en la realidad de pueblos sometidos al miedo y a la violencia extrema. Ellacuría, como aquel centinela, dedicó su vida intelectual a ejercer el papel de recordarnos siempre dónde estamos situados y cuál es nuestro compromiso urgente. Nos avisa de que estamos en un tiempo trágico y en una hora crucial. El mal común es la fría descripción de cuanto acontece a nuestro alrededor a la luz del candil que nos permite atisbar pueblos sometidos al desfavorecimiento y la exclusión social. Nos sitúa en un extraño mundo contradictorio donde el progreso económico, científico y tecnológico nos permite a muchos privilegiados disfrutar de cotas de bienestar nunca conocidas en la historia de la humanidad. Pero, a la vez, nos alerta del injusto reparto para tantos y tantos pueblos sufrientes de estos bienes preciados que este mundo ha alcanzado. La desigualdad extrema es el nuevo paradigma de nuestros tiempos, no el progreso, ni la ciencia y sus biotecnologías aplicadas” (p. 174).
Me parece muy adecuada la presentación de Ellacuría como centinela del pueblo. Ciertamente, lo fue durante varias décadas y alertó de la noche oscura en la que vivían las mayorías populares sometidas a todo tipo de opresiones. Fue también el centinela que trabajó de pensamiento, palabra y obra por la liberación de dichas mayorías. Hoy sigue haciéndolo a través de su ejemplaridad de vida, de su obra y de su pensamiento. Es la mejor herencia que nos deja para seguir sus huellas.
Comentarios desactivados en Activistas de El Salvador denuncian que la nueva procuradora de ddhh es cómplice de violencias
Activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Raquel Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y personas vulneradas.
SAN SALVADOR, El Salvador. El partido gobernante de El Salvador, Nuevas Ideas, eligió de titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a Raquel Caballero. Es una abogada conservadora y cristiana que en el pasado ha sido cuestionada por violentar los derechos de la población LGBTI.
Reconocidas activistas y defensoras de los derechos humanos criticaron el nombramiento de Caballero. Consideran que provocará el estancamiento de los derechos de las personas LGBTI, mujeres y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
No es la primera vez que la abogada – también se presenta como «coach personal» en su cuenta de Twitter- es elegida en la institución estatal. Su primer nombramiento fue entre 2016 y 2019, y fue promovido por el partido ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Su gestión estuvo llena de denuncias de nepotismo. En 2019 fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por contrataciones y ascensos irregulares de familiares dentro de la institución.
Marginó a las personas LGBT
Los grupos de derechos humanos de la población LGBTI la recuerdan como una funcionaria que marginó y desechó los avances logrados por las asociaciones en administraciones previas.
En 2012 se constituyó la mesa permanente de la Procuraduría sobre los derechos humanos de la población LGBTI. De acuerdo a dos organizaciones consultadas, Caballero se negó a recibirles y continuar con el espacio que sirvió para el diálogo y debate.
Pese a esos señalamientos, el oficialismo del partido del presidente Nayib Bukele la eligió la semana pasada para el periodo de 2022-2025.
“Ella ya estuvo en el cargo y definitivamente no nos dejó un buen sabor de boca porque no se pudo trabajar de la mano con ella cuando estuvo en la PDDH”, expresó a Presentes, Mónica Linares, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans.
Procuradora violentó derecho a protesta
En septiembre de 2017, Caballero presentó la memoria de labores de su primer año de gestión. Pero en su discurso se atribuyó los resultados de su antecesor. Además mintió sobre los resultados de la defensa de la población de diversidad sexual.
En ese momento, la activista Karla Avelar -junto a otras compañerxs- se puso de pie para protestar, formando una cadena humana.
“Ese día además de sentir rabia, sentí miedo porque ella inmediatamente mandó a llamar a seguridad, ella misma dio la orden que llamaran a seguridad. Sentí miedo, frustración e indignación porque una procuradora de derechos humanos nos estaba negando el derecho a expresar nuestro sentir”, expresó Avelar a Presentes.
Cómplice del régimen de excepción
Raquel Caballero fue designada por 67 votos de los 84 posibles en el Congreso. Los opositores al oficialismo consideran que su designación servirá para avalar y encubrir las violaciones a derecho humanos durante el régimen de excepción con la que buscan terminar con las pandillas.
“No buscan poner en estos espacios personas idóneas al cargo que lleguen ahi para velar por los derechos de la población, ni a cumplir con sus facultades dadas por ley. Ponen funcionarios que lleguen a esos espacios a avalar los abusos de poder al gobierno de turno”, dijo a la prensa la diputada del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso.
La polémica por su nombramiento traspasó las denuncias en redes sociales y forzó al presidente Nayib Bukele a justificar su elección en una transmisión en vivo. Bukele lo hizo acuerpado por militares y policías de alto rango. Guevara expresó su apoyo a las políticas de seguridad implementadas por Bukele.
Presentes no pudo obtener una respuesta de parte de la nueva procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Creo que tomar la decisión de su elección ha sido una arbitrariedad y una falta de respeto para los derechos de las personas LGBTI específicamente. Nosotras vamos a buscar un diálogo y al final de cuentas el tiempo dirá, pero personalmente no creo que haya avances con ella”, señaló Linares.
Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante el régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.
La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.
“Su elección servirá para legitimar las acciones que el gobierno está haciendo y le permitirá al gobierno actual tener el control dentro de la procuraduría de los derechos humanos”, señaló la reconocida activista, Karla Avelar.
«Ella va a hacer lo que el presidente le ordene»
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Bukele anunció en la transmisión que permitirá el ingreso a las prisiones a observadores para que comprueben el “respeto a los derechos humanos de los detenidos”. El anterior procurador, Apolonio Tobar visitó una de las cárceles en un fallido afán de apaciguar los señalamientos de violaciones de derechos humanos. Al final de su mandato el informe de su visita no fue público.
“Ella va a hacer lo que el presidente le ordene. Va a llegar hasta donde el presidente se lo permita, ella no va a hacer nada por esclarecer las violaciones de derechos humanos que se están dando dentro de este régimen de excepción. Ella no va a hacer nada por las muertes que se han registrado dentro de los centros penales. Ella va a hacer lo mínimo”, recalcó Avelar.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó el martes en Ginebra su preocupación por los impactos del régimen de excepción en el respeto de los derechos humanos de la población y la «progresiva pérdida de independencia» de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su «falta de reacción ante violaciones de derechos».
Comentarios desactivados en El gobierno de El Salvador prohibió emitir contenido de identidad sexual en la televisión estatal
A través de su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador anunció la suspensión del contrato entre el Instituto de Formación Docente y la televisora.
SAN SALVADOR, El Salvador. El gobierno de El Salvador anuló un contrato con un instituto de formación docente que transmitía un programa educativo en la televisora estatal. Fue luego de recibir presiones ciudadanas de que estaban ideologizando a los estudiantes con contenido de identidad sexual.
El lunes 26 se viralizó un video, elaborado con animaciones digitales. En él se explicaba que, a partir de la pubertad, los adolescentes podrían tener atracción hacia otras personas, inclusive del mismo género. Luego, el material hacia una definición de las palabras heterosexual, homosexual y bisexual, pero algunos usuarios cuestionaron el contenido.
“Alguien podría decirme quién está manejando canal 10? ¿Qué necesita meter ideología de genero a nuestros niños? Video impartido a 8vo Grado. Las cosas malas no se callan señores (sic)”, escribió en Twitter un Youtuber llamado Saúl Montes.
Minutos más tarde, el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter la decisión de su gobierno de suspender el contrato con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), que está adscrito al Ministerio de Educación y la televisora.
Alguien podria decirme quien esta manejando canal 10? Que necesita meter Idiologia de genero a nuestros niños?
Video impartido a 8vo Grado.
Las cosas malas no se callan señores. pic.twitter.com/sXjtw0s21J
La dirección del canal advirtió que las razones de la finalización del acuerdo se deben por “incumplir los estándares educativos” por parte del Instituto a cargo de la elaboración curricular del programa que se transmite desde mayo de 2020.
Contenido para educar en pandemia
Las emisiones televisivas iniciaron en el marco de la pandemia de Covid-19 que provocó el cierre de centros educativos del país centroamericano.
El programa es coordinado entre el despacho de la esposa del presidente, Gabriela de Bukele y el Ministerio de Educación.
El diseño de los contenidos los realiza el centro especializado creado por ley del Congreso aprobada en 2019. Entre sus facultades está el desarrollo de una oferta curricular integral o de especialidades que se necesiten en el sistema educativo de El Salvador.
El episodio transmitido forma parte de la guía de aprendizaje vigente desde el año 2013 sobre la construcción de la sexualidad. Está dirigida a estudiantes de octavo curso cuyas edades oscilan entre 14 y 15 años, donde se reconoce las identidades y orientaciones diversas.
“A mí me gustó el video porque explica lo que es, sin discriminar. Está mal que el gobierno haga eso porque minimiza a un gran grupo de personas como que fueran inexistentes porque en las escuelas públicas y privadas, universidades siempre hay personas del colectivo LGBTI”, expresó a PresentesScarleth Camila, adolescente trans estudiante de séptimo año.
Previo a su ascenso como gobernante, Bukele se mostró a favor de los derechos de la población LGBTI. Pero el primer día de su mandato cerró la oficina de inclusión y en los años posteriores adoptó una actitud conservadora para mantener el respaldo a su gestión.
El Salvador es profundamente conservador. La iglesia católica y evangélica de diferentes denominaciones tienen una gran influencia sobre las decisiones ejecutivas y legislativas del país centroamericano.
Recientemente el gobierno de Nayib Bukele envió al Congreso el anteproyecto de Ley “Crecer juntos”. Allí se sumaban las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre incluir en la prohibición de tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos la orientación e identidad de género. Sin embargo, grupos antiderechos presionaron y fue eliminado de la redacción final.
“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista”
El Diagnóstico Descriptivo sobre la situación de personas LGBTI en el Centro Escolar Jorge Lardé de la capital, realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas, señala que la población estudiantil con identidad y orientación disidente sufre violencia verbal, marginación, exposición de orientación sexual sin su consentimiento, acoso e invalidación.
“La inclusión de temas de educación sexual por parte del Ministerio de Educación en los programas de educación básica y media, es una necesidad y un derecho. Brinda a nuestrxs estudiantes los conocimientos necesarios que les acompañen en sus procesos de formación de identidad, en la exploración de su sexualidad, en romper estigmas que les rodeen y proteger de los prejuicios de nuestra sociedad”, expresó la red universitaria de diversidad y género “Fresno UCA” en un comunicado.
Las personas consultadas para la elaboración del diagnóstico revelaron que el acoso en el centro educativo les provocó problemas de concentración, inasistencia a clases, insomnio, miedo de salir a la calle, auto culpabilización y finalmente deserción escolar.
“El gobierno nos quiere tener a todos con su ideología heteronormativa, patriarcal y machista. A mi edad muchos adolescentes están empezando a descubrir sus cuerpos, este es un país que tiene este tema como un tabú”, dijo Scarleth Camila.
Al cierre de la nota no hubo respuesta del INFOD, su página web fue desactivada y su director destituido por orden ministerial.
Anunciamos que hemos removido de su cargo al director del INFOD e iniciaremos una reestructuración profunda de la institución, promoviendo cambios que permitan impulsar la reforma educativa y un aprendizaje guiado por los valores que caracterizan a la sociedad salvadoreña. pic.twitter.com/kQjFIHxS7S
Comentarios desactivados en Por primera vez una persona trans de El Salvador pudo cambiar su nombre y sexo en el documento
Karla durante la Marcha del Orgullo en San Salvador de 2022
Es un paso inédito e histórico. Karla Guevara es abogada y había iniciado el proceso hace tres años.
SAN SALVADOR, El Salvador. Un tribunal de El Salvador autorizó un inédito cambio de nombre y sexo a una personas trans. Karla Guevara es abogada y había iniciado el proceso hace tres años.
“Por tanto a nombre de la República de El Salvador fallo a lugar decretar el cambio de nombre propio (…) ha lugar al cambio de la referencia al sexo masculino al genero femenino”, estableció el fallo del juzgado al que Presentes tuvo acceso.
Karla, directora del Colectivo Alejandría de derechos humanos de la población LGBTI, dijo a Presentes que el 11 agosto tuvo la audiencia final en un juzgado de familia en la que no llevaba muchas esperanzas de obtener una resolución favorable a su caso.
“Me siento inmensamente feliz. No puedo explicar la felicidad que siento porque es algo que solo una persona trans sabe. Todo el calvario que sufrió durante toda su vida y que ahora poder acceder a sus documentos de identidad con sus documentos como una es”, dijo a Presentes.
Un proceso duro
De acuerdo a Karla, durante el proceso, a cargo de una jueza de familia, sufrió discriminación debido a que no se reconoció su identidad de género.
“Salí prácticamente llorando del juzgado porque fue una audiencia bastante revictimizante porque realmente no llevaba ninguna esperanza de que fuera un fallo a favor”, expresó Karla a Presentes.
En febrero pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo parcial donde reconoció que las personas trans pueden cambiar su nombre en los documentos de identidad acorde a su género autopercibido y ordenó al Congreso a legislar para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, a la fecha no se ha discutido el anteproyecto de Ley de Identidad de Género presentado desde 2018.
“La Asamblea Legislativa deberá emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género”, dice el texto de la medida.
El fallo del tribunal responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada en 2016 por defensoras de derechos humanos. En ella advertían que los artículos 11 y 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural (LNPN) vulneran el derecho de las personas trans a cambiar su nombre.
(Nueva York) – Las personas transgénero en El Salvador sufren un alto nivel de discriminación en la vida cotidiana, debido a que no existe en el país ningún procedimiento para el reconocimiento legal de la identidad de género, señalaron Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS en un informe que se difundió hoy. La Asamblea Legislativa de El Salvador debería cumplir con una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia y crear un procedimiento sencillo y eficiente que permita que las personas trans puedan reflejar correctamente en los documentos de identidad su identidad de género autodeclarada.
En el informe de 42 páginas, ‘“Solo queremos salir adelante’: Necesidad de reconocimiento legal de la identidad de género en El Salvador”, se expone la discriminación generalizada que experimentan las personas trans debido a la discrepancia que existe entre su género y sus documentos de identidad. Los investigadores se centraron en la discriminación en cuatro áreas principales: salud, empleo, votación y gestiones bancarias. Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS concluyeron que la falta de documentos precisos, lo cual a menudo se combina con prejuicios hacia las personas trans, obstaculiza de manera grave la posibilidad de las personas trans de efectivizar estos derechos.
“La Corte Suprema de El Salvador ha dejado en claro que las personas trans tienen derecho a su identidad y, ahora, la Asamblea Legislativa, debe cumplir con la decisión y garantizar los derechos de estas personas”, señaló Cristian González Cabrera, investigador sobre derechos de personas LGBT de Human Rights Watch. “Sin esa legislación, las personas trans seguirán en situación de desventaja en la sociedad, exacerbada por la violencia generalizada y la discriminación que enfrentan en todos los aspectos de la vida”.
En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dispuso que la Constitución prohíbe discriminar por razones de identidad de género y le otorgó al poder legislativo un año para elaborar un mecanismo por el cual las personas trans pudieran cambiar su nombre en los documentos de identidad. A fin de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y reducir al mínimo la discriminación, la Asamblea Legislativa también debería permitir a las personas trans modificar las anotaciones de género en sus documentos, mediante un procedimiento administrativo que sea sencillo, eficiente y gratuito, sobre la base de la autodeclaración.
Para comprender y documentar el daño relacionado con la falta de reconocimiento legal del género en El Salvador, Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS entrevistaron a 43 personas transgénero en San Salvador, San Luis Talpa, Santa Ana, Santa Tecla, La Unión y Zacatecoluca, y también de manera remota.
En agosto de 2021, algunos legisladores, en colaboración con organizaciones trans, presentaron un proyecto de Ley de Identidad de Género que crearía un mecanismo de reconocimiento legal del género, pero aún no fue tratado por miembros de la Comisión de La Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa. En mayo de 2021, esa misma comisión archivó un proyecto similar presentado en 2018 durante la legislatura anterior, así como otros 29 proyectos sobre diversos temas a los que consideró “no acordes a la realidad”. Activistas trans expresaron críticas contundentes a esa decisión.
Muchas de las personas trans entrevistadas les contaron a los investigadores que experimentaron discriminación al visitar establecimientos de atención de la salud públicos. Dijeron que el personal de centros de salud las expuso como personas transgénero al llamarlas por sus nombres legales en las salas de espera, las sometió a engorrosos cuestionamientos sobre su identidad y que las humilló y se buró de ellas.
Las personas entrevistadas también describieron sus experiencias relacionadas con la búsqueda de empleo, cuando los posibles empleadores se daban cuenta de que la persona que estaban entrevistando era trans al mirar sus documentos. En algunos casos, los posibles empleadores les dijeron abiertamente que no las contratarían por ser transgénero.
La mayoría de las personas trans entrevistadas señalaron que les resultaba difícil acceder a depósitos bancarios propios y remesas que les enviaban sus familiares en el exterior, debido a que los empleados bancarios cuestionaban su identidad porque no coincidía con sus documentos.
Muchas de las personas entrevistadas dijeron que no enfrentaron impedimentos a su derecho a votar durante las elecciones de febrero de 2021. Sin embargo, dos mujeres trans expresaron que no pudieron votar porque su documento de identidad no coincidía con su identidad de género, mientras que varias otras contaron que les permitieron votar, pero tuvieron que someterse a preguntas que consideraron humillantes.
Cada vez más países de América Latina cuentan con procedimientos para el reconocimiento legal del género, como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, que ofrecen mecanismos administrativos sencillos basados en la autodeclaración. La presidenta de la vecina Honduras anunció hace poco que el país haría las reformas necesarias para asegurar este derecho, en cumplimiento del pronunciamiento histórico que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021 en un caso relacionado con Honduras.
En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encargada de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirmó que los Estados deben establecer procedimientos de reconocimiento legal del género sencillos y eficientes sobre la base de la autoidentificación, sin requisitos invasivos ni estigmatizantes.
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual El Salvador es parte, se establece la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos para todas las personas, el derecho al reconocimiento que todos tienen ante la ley y el derecho a la privacidad. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que interpreta el PIDCP, también ha exhortado a los gobiernos a garantizar los derechos de las personas transgénero, incluido el derecho al reconocimiento legal de su identidad de género.
En 2017, el gobierno salvadoreño reconoció a través de un informe que las personas LGBT en ese país enfrentan “tortura, tratos inhumanos o degradantes, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias y otras formas de abuso, gran parte de ella cometida, incluso, por agentes de seguridad pública”. En un informe de 2021 de Human Rights Watch se confirmó la evaluación del gobierno salvadoreño y se concluyó que la marginación social y económica agudiza el riesgo de violencia, lo cual provoca que las personas trans sean especialmente vulnerables a situaciones de abuso.
“El Salvador tiene una deuda histórica con la comunidad trans, y la creación de un mecanismo de reconocimiento legal del género puede ser un primer paso para saldar esa deuda”, manifestó Bianka Rodríguez, directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS. “Seguiremos siendo objeto de violencia y discriminación en la sociedad hasta que se reconozca nuestra capacidad de autodeterminación, nuestra dignidad y nuestra libertad”.
Comentarios desactivados en Cómo es la vida de una adolescente trans en El Salvador
Scarleth tiene 16 años y hace dos comenzó su transición. Las vivencias familiares y educativas en un país que niega la identidad de género.
SAN SALVADOR, El Salvador. El confinamiento obligatorio por la COVID-19 en El Salvador fue para la adolescente Henríquez una oportunidad para reflexionar sobre su identidad hasta entonces reprimida. Todo el tiempo que tuvo para pensar permitió que la decidiera a mostrar al mundo con su expresión femenina. De ahora en adelante se llamaría Scarleth Camila.
Con las clases escolares suspendidas y otras actividades limitadas, Scarleth Camila Henríquez dedicó la mayor parte de 2020 a buscar información en su teléfono móvil sobre cómo definir la identidad que sentía desde pequeña. En la popular red social TikTok encontró variados contenidos de adolescentes trans que respondieron la mayoría de las inquietudes que tenía en ese momento.
Una mujer alta y delgada
“Pienso que si la pandemia no hubiera pasado yo todavía estuviera reprimida. La pandemia me ayudó un montón porque yo estaba en mi casa, nadie salía. Yo publicaba lo que quería y no tenía comentarios negativos. Los que tenía por redes sociales los borraba y ya”, expresó a Presentes la joven de 16 años de edad.
Pese a la resistencia y negativa de su familia, siempre se imaginó como una mujer alta y delgada: “es lo que soy ahora”, dijo orgullosa.
Dice que la música de la neoyorquina Lady Gaga le recuerda momentos felices de su infancia, por sus letras con mensajes de exaltación y aceptación de la diversidad. Asegura que sus canciones son como himnos que la acompañan en la transición hacia su identidad femenina.
También utilizó las redes sociales para expresar públicamente su deseo de iniciar la adopción de la identidad, que tuvo que postergar desde la niñez. Las reacciones de su familia trataban de hacerla desistir. Pero la decisión de Scarleth era inamovible.
“Mi familia reaccionó mal. Me dijeron que estaba confundida, que era una etapa de la edad, que cuando estuviera más grande iba a cambiar, que probara a una mujer para que no sintiera confusión, y que por ley me tenían que gustar las mujeres”, recordó.
Transicionar en un país conservador
El Salvador es profundamente conservador. La iglesia católica y cristiana de diferentes denominaciones tienen una gran influencia sobre las decisiones ejecutivas y legislativas del país centroamericano.
Recientemente el gobierno de Nayib Bukele envió al Congreso el anteproyecto de Ley “Crecer juntos”. Allí se sumaban las recomendaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sobre incluir en la prohibición de tratamientos médicos psicológicos o psiquiátricos la orientación e identidad de género. Sin embargo, grupos antiderechos presionaron y fue eliminado de la redacción final.
En 2018, fue presentado al Congreso el anteproyecto de Ley de Identidad de Género. En 2021 fue archivado por las diputadas del partido oficialista Nuevas Ideas. Lo justificaron diciendo que era una propuesta obsoleta y que no respondía a la realidad del país. Ese mismo año se entregó nuevamente una adaptación de la propuesta, pero aún no se ha discutido en la comisión correspondiente.
Para Scarleth, contar con una Ley de Identidad de Género es esencial para el desarrollo de su vida. Durante la XII marcha contra la transfobia, ella preparó un cartel y recorrió las calles de la capital exigiendo su pronta aprobación.
“La ley de identidad es importante porque somos ciudadanas, ciudadanos, valemos en El Salvador. Todas mis amigas trans, hermanos trans pagan impuestos y no valen sus derechos”, señaló Scarleth en la primera marcha que participaba en su vida.
“Creo que ahora está cambiando la mentalidad de las personas porque hay más visibilidad, pero falta mucho que recorrer. La ley de identidad sería un gran boom para nosotras porque no nos discriminaran en los trabajos o escuelas”, recalcó la adolescente.
Además de luchar por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI, la joven está comprometida con la causa de la despenalización del aborto en un país con una de las leyes más duras en contra de mujeres que sufren emergencias obstétricas.
Pronombre, transición y familia
Para Scarleth, contar con el apoyo de su familia es vital para continuar su proceso de transición. Vive junto a su mamá y hermano mayor. Pese a tener valores religiosos muy profundos, la mamá de Scarleth la apoya con condicionantes de vestimenta. Su transición ha sido apoyada principalmente por su papá, a quién visita regularmente.
“A mi mamá se lo dije por WhatsApp a los 14 años, cuando vi todo el empoderamiento LGBT pensé que era el momento y lo hice. Mi papá me dijo que me iba a amar tal y como yo fuera siempre. Mi mamá no lo tomó muy bien por su religión, me dijo que me acepta pero que respetara la casa y no fuera a llegar en falda”, recordó Scarleth.
Para muchas personas LGBTI sus familias se convierten en los principales violentadores. Las discriminan y las expulsan de sus hogares por causa de su identidad, orientación y expresión, provocando afectaciones psicosociales irreversibles en muchos casos.
El rol de las familias
El informe “Condiciones actuales de la población LGBTI 2020 – 2021”, elaborado por Comcavis Trans, refleja que el 56 por ciento de un total de 244 personas encuestadas, sufrieron desplazamiento forzado interno por amenazas de las violentas pandillas que aún dominan las comunidades.
Con la transición Scarleth pidió que su familia la llamaran por el pronombre femenino, pero aún no lo usan con la frecuencia que a ella le gustaría. El Salvador no cuenta con políticas públicas para evitar la discriminación de las personas LGBTI, la negativa al uso de pronombres acordes a su identidad ha provocado violencias en los centros de estudio, sanatorios y oficinas del Estado que se resisten a respetarles.
“Todo mi camino trans ha sido sola, creo que si me acompañara mi familia sería más fácil. Yo creo que mi vida ha sido super fácil, en cambio otras personas trans las sacan de sus casas y tienen que buscar donde vivir, trabajar. Es feo no tener información sobre salud trans”, dijo Scarleth.
“Siempre tomo lo positivo de la vida. Yo siento que mi vida es privilegiada, a otras las sacan de sus casas, las golpean sus mismos padres por el machismo que existe”, agregó.
El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra personas LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.
Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.
Escuela sin protocolo de atención a población LGBTI
El artículo dos de la Ley General de educación de El Salvador establece que la normativa, de estricto cumplimiento, debe promover el respeto a los derechos humanos e insta a combatir todo espíritu de intolerancia y odio en las instalaciones educativas, sin embargo, la práctica está alejada de este mandato.
Scarleth tuvo que abandonar los estudios en 2018 debido a discriminación del resto de estudiantes. Se refugió en su casa durante un año hasta que retomó las clases presenciales en 2019 y virtuales en 2020 durante la cuarentena obligatoria de la pandemia.
De acuerdo a “Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005-2050 y los censos de educación” unos 31 mil estudiantes no fueron matriculados el mismo año que Scarleth se retiró.
Desde que inició el año escolar de 2021, las clases fueron híbridas entre presencial y virtual. Scarleth ha tenido que asistir a clases con uniforme masculino y es nombrada con el nombre asignado al nacer, también pidió a los maestros que la llamaran por su pronombre femenino, pero no tuvo recepción su solicitud.
“Me gustaría que existiera una ley de identidad de género porque en la escuela hablé que mi pronombre y mi nombre me los tenían que respetar porque no voy a hacer ni la primera ni la última trans que esté en la escuela. Hace unos años hubo dos trans en mi escuela y una de ellas fue súper buleada”, dijo Scarleth.
Una ley por la educación
El Diagnóstico Descriptivo sobre la situación de personas LGBTI en el Centro Escolar Jorge Lardé de la capital, realizado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas, señala que la población estudiantil con identidad y orientación disidente sufre violencia verbal, marginación, exposición de orientación sexual sin su consentimiento, acoso e invalidación.
Las personas consultadas para la elaboración del diagnóstico revelaron que el acoso en el centro educativo les provocó problemas de concentración, inasistencia a clases, insomnio, miedo de salir a la calle, auto culpabilización y finalmente deserción escolar.
“En la escuela he sentido gran apoyo de mis compañeras y compañeros a pesar que hay personas que son transfóbicas, pero no me junto con ellos”, señaló Scarleth.
Presentes consultó a comunicaciones del Ministerio de Educación, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.
Una semilla de Marsha P Johnson
Scarleth quiere ser abogada para defender a personas vulneradas. Desea escribir un libro con sus memorias. Espera con ansias tomar clases de guitarra, del idioma inglés, concluir sus estudios, trabajar y adoptar un bebé. Cree fervientemente que la sociedad salvadoreña cambiará y será más tolerante con las identidades y orientaciones disidentes.
“Yo en el futuro no me quiero ver en la calle y que alguien me mate solo por ser trans. Yo siento que ahorita socialmente está cambiando, cuando salgo a las calles no escucho comentarios transfóbicos, que obviamente existen, pero en mi experiencia no. Siento que quiero seguir el camino que inició Marsha P Johnson, ella me inspira”, puntualizó Scarleth.
El congreso salvadoreño aprobó en 2015 una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.
La mayoría de casos han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.
El fallo a favor de Camila Díaz fue el primero con una condena en el país centroamericano. En febrero de 2021 tres pandilleros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron condenados hasta 66 años de prisión por el asesinato de Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez. Ningún fallo tomó en cuenta el agravante de crimen por odio.
En 2021 COMCAVIS Trans reportó siete asesinatos en contra de la población LGBTI: un hombre trans, cuatro mujeres trans y dos hombres gays.
🌎🏳️🌈🏳️⚧️#Cobertura
🇸🇻📢🌈El Salvador marchó x el #OrgulloLGBT
💥El cierre de la dirección de diversidad, el desmantelamiento de mesas de trabajo y la negativa de tratar la Ley de identidad de género fueron algunas de las consignas.
Comentarios desactivados en Denuncian graves vulneraciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador
Crece la preocupación por la falta de información sobre los detenidos, en su mayoría en forma ilegítima. La población LGBT es la más afectada.
MEJICANOS, El Salvador. Cientos de mujeres esperan en una extensa fila afuera de un centro penal de El Salvador. Aguardan su turno para suplicar información acerca de sus familiares detenidos durante el polémico régimen de excepción.
Algunas, con sus ojos llorosos, buscan respuestas para la incertidumbre que viven desde que el Congreso aprobó una emergencia de seguridad que suspende derechos constitucionales.
Las personas duermen sobre cartones, bajo improvisados toldos de plástico colgados en espacios de la calle. Se alimentan con comida que varias iglesias preparan para regalar a las familias que esperan afuera de la prisión La Esperanza, al norte de la capital. Su denominador común es la pobreza y la estigmatización de vivir en zonas populosas con presencia de pandillas.
Esperan días enteros bajo el sol y la lluvia. Denuncian que una noche fueron despertados por chorros de agua que les lanzaban desde un camión cisterna, mientras estaban acostados en la calle. Lamentan que los soldados y policías les han amenazado para que se vayan de la zona.
“Nos dijo un policía: ‘ahora nosotros tenemos la ley que los podemos agarrar y los podemos hasta matar a cualquiera. Tenemos la autoridad que el gobierno nos ha dado’. Eso no es justo, yo tengo mucho miedo”, relató a Presentes, María Méndez, mientras esperaba su turno en la fila.
Cuenta que su hijo de 24 años fue detenido en una zona rural mientras realizaba labores agrícolas. Los policías le pidieron que los acompañara a la delegación para una investigación y lo dejaron detenido desde el cinco de mayo.
Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, detuvieron a 32.529 personas. Todas están acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones.
Largas filas esperan por ingresar a las cárceles para tener datos de sus familiares detenidos en forma arbitraria. Registro: Paula Rosales. Edición: Estefanía Cajeao.
Población LGBTI
Keiry Mena, una mujer trans de 44 años. Fue detenida por cuatro policías la tarde del domingo 8 de mayo cuando salió a comprar esmaltes de uñas para su trabajo. La mujer atiende a domicilio debido a que no cuenta con local para sus clientas.
De acuerdo al testimonio de Esmeralda Molina, sobrina de Keiry, esa tarde los policías le dijeron que fue detenida porque tenía cuatro denuncias anónimas. La acusan de extorsión. Ese día le quitaron el teléfono celular como “prueba”. Keiry vive junto a su mamá y hermana en un mesón ubicado en “el callejón de los niños”, en la ciudad industrial de Soyapango, 11 kilómetros al oeste de la capital.
En la Procuraduría General notificaron que cambiaron el delito de extorsión por agrupaciones ilícitas, sin notificar previamente a la familia. Keiry ayuda económicamente a su mamá y hermana quienes ahora están con incertidumbre para pagar el alquiler de la habitación que comparten.
Ningún organismo brinda datos certeros sobre el estado de las personas detenidas. Foto: Paula Rosales.
Ninguna respuesta
Desde que inició el régimen de excepción en marzo, la Procuraduría General de la República atiende miles de familias que peregrinan afuera del edificio en busca de ayuda y respuestas que nadie les da. Han escuchado cuando los servidores públicos dicen que “no iban a apelar por las personas que se han detenido”.
“Lo que hacen es una injusticia. Se la llevaron injustamente y sin pruebas, porque no traían ningún documento ni las denuncias de las personas que hicieran constar. Tampoco pruebas de las personas que la misma policía me indicó que tenían”, dijo a PresentesEsmeralda Molina.
Las clientas habituales de Keiry apoyaron a su familia con dinero para colaborar con los gastos de movilización. Es interminable cantidad de trámites que deben hacer para tramitar la liberación de Keiry.
El centro Diké de personas transgénero y LGBTI registró la detención de cinco personas de la población durante los casi dos meses que lleva la medida. Un hombre gay, dos mujeres trans y dos hombres trans han sido detenidos, informó a PresentesGabriel Fernández, director de protección y antiviolencia.
En la última marcha, durante el día de lucha contra el LGBTIOdio pidieron por la libertad de Alessandra. Foto Paula Rosales.
Estigmatización y violencia
Entre las principales vulneraciones registradas por Diké está el irrespeto a la identidad de género. Las personas detenidas han sido expuestas desnudas y obligadas a guardar prisión en celdas que no corresponden a su expresión.
Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.
“Muchas veces se piensa que son pandilleros que se han ‘disfrazado’ para eludir la justicia. Han sido ridiculizados tanto para mujeres como hombres trans”, expresó a Presentes Gabriel Fernández de Diké.
Cuentas vinculadas a policías y soldados difundieron imágenes de mujeres trans con su torso desnudo a quienes acusan de ser colaboradoras de la pandilla Barrio 18.
“Hay agravio a su integridad física ya que se les asigna en el caso de las mujeres trans junto con hombres que pueden agredirlas ya sea física o verbalmente. Esto las pone en un eminente peligro”, señaló Gabriel.
Al momento de ingresar a los centros penales, los detenidos son expuestos a tratos denigrantes. Su cabello es cortado y son expuestos ante las cámaras gubernamentales en ropa interior para difundirlos por las redes sociales, y medios de propaganda oficial. Las mujeres trans son tratadas como el resto de la población masculina.
La organización CRISTOSAL ha documentado del 27 de marzo al 19 de mayo 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. El 77.7 por ciento de los victimarios fueron agentes de la policía.
Consideran que al menos 16 personas detenidas han muerto en este periodo. Se presume que algunos fueron golpeados al interior de los centros de detención provocándoles la muerte. Otros casos fueron por negarles el acceso a tratamientos médicos prescritos.
“Se ha documentado que mueren por golpizas algunos o porque las propias autoridades penitenciarias no les permiten acceso a sus documentos. En ambas situaciones hay una responsabilidad de violación a la vida de las autoridades por muerte”, expresó a la prensa David Morales, director de derechos humanos de CRISTOSAL.
La organización CRISTOSAL documentó 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. Foto: Paula Rosales.
Familias sin recursos ni información
Las familias de Alessandra y Keiry viven cada día con la preocupación de garantizar los gastos generados por sus detenciones. Desde que fueron retenidas utilizaron los pocos ahorros o pedir dinero prestado para cumplir con las exigencias de los centros penales.
“Mi hermana sacó de un ahorro que tenía para comprar un teléfono, yo puse todo el dinero que tenía de la venta de ropa”, expresó Juan Carlos que pidió omitir su apellido por seguridad.
Los niveles del azúcar en la sangre de la mamá de Alessandra se elevaron. Con la precaria economía familiar han tenido que cubrir los gastos médicos provocados por la detención de su hija.
La falta de información clara sobre las condiciones de las personas detenidas aumenta la incertidumbre de sus familias que deben peregrinar por las instituciones en busca de datos fiables sobre sus procesos.
“La información que se encuentra respecto a cómo están estas personas es casi nula. La limitan mucho casi siempre solo a familiares. Ha habido ocasiones que hemos hecho el acompañamiento con familiares ya sea a bartolinas o procuraduría y no se les ha dado la información necesaria”, señaló Gabriel de Diké.
Presentes solicitó en tres ocasiones comentarios del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sin tener respuesta al cierre de la nota.
Comentarios desactivados en Cómo impacta a mujeres y a las diversidades la persecución a periodistas en El Salvador
Desde el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Bukele, periodistas y activistas LGBT sufrieron amenazas y hostigamientos.
SAN SALVADOR, El Salvador. El Congreso salvadoreño aprobó en marzo una nueva y polémica reforma el código penal del país. Esta medida establece condenas de hasta 15 años para periodistas que publiquen contenidos informativos sobre las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18.
La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.
Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.
El amedrentamiento permanente
Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.
Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.
“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.
El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.
“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.
Justificando las reformas
La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.
Mordaza al hablar de pandillas
Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.
En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.
En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.
Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.
“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.
En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.
El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.
Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.
El castigo a la prensa
“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.
Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.
“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.
El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.
“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.
“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.
De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.
Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.
“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.
El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.
Pronunciamiento frente a las amenazas de muerte que ha recibido nuestro Secretario de Comunicaciones, @EIvanOrtiz, defensor de Derechos Humanos y activista político en El Salvador: pic.twitter.com/fmWuIEZRug
— Federación Salvadoreña LGBTI (@feslgbti) April 20, 2022
Comentarios desactivados en El Salvador: Una mujer trans fue arrestada arbitrariamente en el marco del régimen de excepción
La mujer fue sacada a la fuerza de su casa por no tener documento de identidad.
EL SALVADOR, San Salvador. La madrugada del martes 26 de abril, Alessandra Sandoval, de 24 años, se despertó por los golpes de la policía en la puerta de la vivienda que comparte con su madre, en un populoso barrio de las periferias de la capital. Fue detenida por no presentar su documento de identidad personal.
“Mi hermana se encontraba en la casa de mi mamá. Llegaron a la casa a revisar, y por ser la única persona que no tenía documentos se la llevaron detenida”, dijo a Presentes, Carlos Rivera, hermano de Alessandra.
Alessandra no ha tramitado el Documento Único de Identidad (DUI), por negarse a utilizar el nombre masculino asignado al nacer. El Salvador aún no cuenta con una ley de identidad de género que acredite el nombre de acuerdo a su expresión autopercibida.
La familia de Alessandra expresó que no es la primera vez que la policía hace revisiones de rutina en las viviendas. Los ingresos deben ser autorizados por cada vecino, y son permitidos porque se enmarcan dentro del plan Casa Segura de la institución encargada de la seguridad pública. Sin embargo, desde que inició el régimen de excepción, policías y soldados pueden entrar sin previo aviso a las casas.
“La han llevado detenida injustamente porque ella no es delincuente, ni nada por el estilo y solo por no tener el documento está detenida. Los policías se enojaron por eso y se la llevaron”, expresó Carlos.
Un régimen que quita derechos
El régimen de excepción, aprobado en el congreso el 27 de marzo, fue renovado por treinta días más esta semana. Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.
Alessandra se dedica a la venta de ropa de segunda mano igual que su hermano Carlos. Desde la detención de ella, no pudo salir a entregar los pedidos que le hacen por las redes sociales. Tampoco tiene los recursos suficientes para pagar los servicios de asesoría legal.
La falta del documento de identidad de Alessandra dificulta. Sin él, no pueden solicitar la constancia de antecedentes penales o solvencias de la policía que exigen las autoridades para su liberación.
Los abogados penalistas cobran entre quinientos y tres mil dólares por defender a las personas detenidas durante el régimen de excepción.
Más de 19.000 personas han sido detenidas durante 32 días acusadas de pandilleros. Ninguna de estas capturas tuvo orden de un juzgado.
El Congreso aprobó en marzo reformas para aumentar los años de prisión en los delitos contemplados en el código penal, procesal penal, ley antiterrorista y ley penal juvenil. El objetivo era disuadir a quienes integren y colaboren con las violentas pandillas. Los menores de edad de 12 a 16 años podrían ser condenados hasta una década de prisión.
“Exigimos que por lo menos exista el mínimo de respeto de la probabilidad de inocencia. Mientras eso se comprueba, deberían tener un mínimo de cuidado de no hacer detenciones arbitrarias por el simple hecho de cumplir con un número o meta que les han dado a los policías”, expresó Mónica.
La situación de Alessandra
La policía le informó a la familia de Alessandra que sería acusada de colaborar con las pandillas y podría ser condenada entre 20 y 30 años de prisión.
“Estoy bastante mal. Me dijo el policía que si no nos rebuscamos a mi hermana la van a poner como colaboradora (de la pandilla) y ella no es nada de eso”, expresó llorando Carlos a Presentes.
Para la organización Amnistía Internacional el régimen de excepción ha provocado “una tormenta perfecta” en la violación de derechos humanos a las personas detenidas durante este período.
“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, expresó el organismo en un comunicado difundido esta semana.
Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cinco detenidos murieron después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.
Hasta el 27 de mayo están suspendidos en el país centroamericano las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Los detenidos en este periodo no tienen derecho a tener un defensor y pueden ser detenidas hasta seis meses mientras duran las investigaciones fiscales.
La cuenta de Twitter Halcón Azul publicó las fotografías de dos mujeres trans desnudas durante la detención, dirigiéndose a ellas por sus nombres de identidad de género como “alias”.
Comentarios desactivados en La policía de El Salvador detuvo violentamente a un activista trans durante el régimen de excepción
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
El hecho se registró el jueves cuando el joven se dirigía a una reunión con Amnistía Internacional. Crece la preocupación por la violencia policial contra la población LGBT.
SAN SALVADOR, El Salvador. Esteban M (nombre de la víctima modificado para resguardar su integridad) es un hombre transexual de 27 años. La tarde del jueves 21 de abril la policía lo obligó a descender del autobús para una revisión rutinaria en el marco del régimen de excepción.
El Congreso salvadoreño, controlado por el presidente Nayib Bukele, aprobó la madrugada del 27 de marzo un régimen de excepción durante treinta días en todo el territorio del país centroamericano que se extendió a partir del 25 de abril, por 30 días más.
El objetivo es contener una inusitada alza de asesinatos provocados por las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18. La situación puso en entredicho la efectividad del Plan Control Territorial del gobierno.
Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.
El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.
Durante 27 días la policía y militares han detenido a más de 15.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.
Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso
Esteban es activista y defensor de derechos humanos, pertenece a la organización Cultura Trans. El día de su detención se dirigía a una reunión con la organización Amnistía Internacional pero no se presentó.
El colectivo Cultura Trans trabaja desde 2017 en incidencia de políticas públicas y en la formulación de protocolos de atención a población LGBTI.
El activista salió de su casa a las 13 a reunirse con Liam Fernando Linares (coordinador de Cultura Trans) para ir juntos al sitio de la organización internacional. Al ver que su amigo tardaba en acudir a la cita, Linares le llamó sin obtener respuesta. Recién a las 14.24, Esteban respondió para informar que había sido detenido. Ese fue su último mensaje.
Esteban relató que policías ordenaron a varias personas a descender del autobús, pero centraron su atención específicamente en él por los tatuajes artísticos que tiene en su cuerpo. Cuestionaron por qué su nombre era diferente al documento de identidad personal.
“Lo golpearon e hincaron, luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido”
Desde que inició el régimen de excepción la sede de la fuerza naval se ha convertido en una especie de centro de detención provisional mientras las personas detenidas son enviadas a los centros penales del país.
“En el actual contexto en el que se han suspendido garantías judiciales fundamentales, las personas LGBTI pudieran experimentar mayores violaciones a los derechos humanos. Incluidas detenciones arbitrarias en centros penitenciarios sin que se reconozca su identidad de género”, dijo a Presentes Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Esteban relató que fue humillado por el cuerpo de seguridad. Además de los golpes lo insultaron y lo encerraron junto a otras mujeres detenidas en el centro de detención provisional.
“Lo golpearon e hincaron. Luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido. Hicieron que se quitara el binder que es la camisa compresora que usamos para que se nos vea el pecho plano. Hicieron que se desnudara para revisar si no tenía más tatuajes”, expresó Liam a Presentes.
“Es importante enfatizar que las personas LGBTI han sufrido desproporcionadamente de altos niveles de violencia y discriminación en El Salvador. En el pasado hemos documentado cómo personas LGBTI tuvieron que huir del país por amenazas, hostigamiento y violencia, sin recibir protección del Estado”, señaló Erika.
Denuncias en redes
Las redes sociales son hoy el principal medio de denuncia de detenciones arbitrarias del gobierno. Después que la retención de Esteban se hizo pública fue liberado golpeado y atemorizado por la brutal experiencia que vivió.
El régimen de excepción suspende las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Las personas detenidas en este periodo no tienen derecho a un defensor y pueden permanecer encarceladas hasta seis meses, mientras duran las investigaciones fiscales.
Nayib Bukele de 40 años, acostumbra a tener una imagen desenfadada y moderna. Se autoproclama un “dictador de El Salvador”, “el emperador” o “el presidente más cool del mundo” y se apoya en las redes sociales para impulsar su agenda alejada de los señalamientos.
Con una retórica incendiaria, similar al estilo del expresidente estadounidense Donald Trump, se ha convertido en una especie de policía, investigador y juez. La presunción de inocencia es cosa obsoleta para el gobierno.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de El Salvador a investigar a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos en observancia al debido proceso legal. También pidió absoluto respeto a las garantías judiciales y adoptar una política de seguridad ciudadana integral que tenga como premisa la protección a los derechos humanos.
Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cuatro detenidos han muerto después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.
En las primeras horas del 25 de abril, el congreso de El Salvador aprobó extender 30 días más el régimen de excepción en El Salvador.
Comentarios desactivados en Venezuela, Nicaragua y El Salvador, en la mira por violaciones de DD.HH. contra las personas LGBT+
Trío anti-derechos LGBT+… Nicolás Maduro, Nayib Bukele y Daniel Ortega.
Son tres de los países latinoamericanos con mayor cantidad de menciones negativas en el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el mundo. Brasil, señalado por el aumento de asesinatos de personas trans.
En América Latina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador fueron tres de los peores países para ser una persona de la comunidad LGBT+ durante el año pasado, junto a los 9 países caribeños que siguen criminalizando las relaciones homosexuales, perennes integrantes de esa bochornosa lista año tras año.
Así se desprende del flamante informe sobre Derechos Humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de EU, que su titular Antony Blinken presentó la semana pasada, y en el que nuevamente aparecen Rusia y China como los principales perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos en el 2021 (con la invasión a Ucrania, el régimen de Putin se aseguró revalidar el título en el 2022)
Con respecto a Venezuela, uno de los régimenes más represivos en la región en términos generales, el gobierno de Biden menciona el desabastecimiento de antirretrovirales para personas portadoras de VIH y enfermas de SIDA, que han sufrido desde el 2016 una criminal escasez de medicamentos, agudizada luego que el Estado se convirtiera en el único autorizado para comprarlos. Esta dramática situación ha llevado al exilio a decenas de miles de pacientes imposibilitados de continuar su tratamiento en el país, además de empujar a otra enorme cantidad de personas positivas a interrumpir su adherencia, lo que debilita el sistema inmune y acelera la progresión del virus en el cuerpo.
El informe también señala que la Defensoría Especial para la Protección de las Personas de la Diversidad Sexual de Venezuela es “ineficaz” y que la mayoría de los delitos de odio contra personas LGBT+ no son investigados, detallando la falta de legislación en el país para proteger a personas de dicho colectivo, que van desde la falta de un marco legal para relaciones entre personas del mismo sexo hasta la ausencia de una ley de identidad de género.
“El régimen de Maduro niega sistemáticamente el reconocimiento legal a las personas transgénero e intersexuales al impedirles obtener los documentos de identidad necesarios para acceder a la educación, el empleo, la vivienda y la atención médica. Esta vulnerabilidad a menudo llevó a las personas transgénero e intersexuales a convertirse en víctimas de la trata de personas”, apunta el Departamento de Estado.
Tampoco dejaron pasar la persecución por parte de las Fuerzas Armadas en Venezuela contra sexualidades diversas. Los cinco cuerpos que la integran, centrales para el proyecto dictatorial de Maduro, tipifican como delito las relaciones homosexuales en el código de justicia militar, sancionando a los miembros de la comunidad LGBT con prisión de uno a tres años y multas.
Desprotección y persecución
Con respecto a Nicaragua, vale recordar que el país recién despenalizó la homosexualidad en el Código Penal de 2008, tras haberlo hecho brevemente a principios de los 90s. Se trata de otro país latinoamericano donde las violaciones contra las libertades y los DD.HH. son moneda corriente en relación a toda su población, situación que solo ha empeorado en los últimos años.
La población LGBT+ no cuenta con protección alguna por parte del Estado, y derechos que en muchos países de la región ya llevan más de una década, como el matrimonio igualitario, no podrían estar más alejados de la agenda represiva del matrimonio Ortega-Murillo, quienes han prohibido toda manifestación que no sea de apoyo a su régimen, incluyendo la Marcha del Orgullo de Managua, y han perseguido a militantes LGBT+, quienes en muchos casos han debido exiliarse.
“Los grupos LGBT+ denunciaron discriminación, falta de acceso a la justicia y falta de respuesta de la policía. El gobierno y los simpatizantes del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del oficialismo] atacaron con frecuencia a los participantes LGBT+ en particular en las protestas civiles, utilizando campañas de difamación en línea y ataques físicos en algunos casos”, indica el gobierno estadounidense.
Y añade: “Los activistas dijeron que los presos políticos LGBT+ ocultaron su orientación por temor a un aumento de los abusos por parte de los guardias de la prisión”.
La falta de protección para las personas trans y el abuso en manos de la Policía es otro de los temas que detalle el informe. “Las mujeres transgénero detenidas por participar en protestas a favor de la democracia sufrieron hostigamiento particular durante su detención. Las retuvieron con reclusos varones, las obligaron a desnudarse frente a sus compañeros y los guardias las arengaron específicamente”.
La Constitución nicaragüense no reconoce el derecho a la autodeterminación con respecto a la identidad de género, por lo cual, señalan, “el sistema penitenciario no está obligado a separar a los reclusos en función de la identidad de género”, provocando una violencia todavía mayor hacia las personas trans.
Presidente millennial, agenda ultra-conservadora
Cuando Nayib Bukele llegó al poder en junio del 2019, el ex alcalde de San Salvador prometió una renovación de la política salvadoreña (“Nuevas Ideas” llamó a su partido), cautivando a numerosos medios internacionales que hicieron énfasis tanto en su juventud (37 años al momento de asumir) como en sus estrategias de comunicación alejadas del proselitismo de antaño y enfocadas en el uso de redes sociales y el trato directo con los ciudadanos.
Sin embargo, su presunta modernidad no ha pasado de gestos superficiales (informalidad al vestir) o la adopción de tendencias muy cuestionadas (su fanatismo por las criptomonedas). Con respecto a la agenda doméstica de derechos, el presidente salvadoreño, que ha cooptado el Poder Judicial para poder reelegirse, dejó en claro el año pasado que en su reformulación del Estado no había lugar para el matrimonio igualitario o el derecho a abortar de las mujeres.
“Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, dijo Bukele, cuyo desinterés por la población LGBT+ es documentada en el informe.
“[En El Salvador] la policía y las pandillas continúan cometiendo actos de violencia contra las personas LGBT+. Estas acciones fueron toleradas por el gobierno y los perpetradores rara vez fueron procesados”, señalan.
Y agregan: “Activistas LGBT+ denunciaron ante la Fiscalía General que recibieron amenazas de muerte en redes sociales. En general, la Policía no actuó ante estas denuncias. Las ONG informaron que los funcionarios públicos, incluida la Policía, cometieron actos de violencia y discriminación contra las personas LGBT+. Personas de la comunidad LGBTQI+ afirmaron que la Policía Nacional Civil y funcionarios de la Fiscalía General acosaron a personas transgénero y homosexuales que denunciaron casos de violencia contra personas LGBT+, incluso mediante la realización de cacheos al desnudo innecesarios e invasivos”.
El informe también recuerda que la administración Bukele eliminó en 2020 la Secretaría de Inclusión y que la oficina ministerial a la que le trasladó esas responsabilidades no cuenta con apoyo alguno y no ha impulsado cambios significativos para las personas LGBT+ en el país.
El caso brasileño
Si bien todos los países de la región reciben un señalamiento con respecto a las violaciones de los DDHH de las personas LGBT+ que han ocurrido en sus territorios el año pasado, ya sean aspectos puntuales como en Uruguay y Argentina o sistemáticos como en numerosas naciones del Caribe y Centroamérica, destaca en el informe realizado por el Departamento de Estado el caso de Brasil.
Si bien el gobierno de Biden reconoce que en general los actos de violencia contra las personas LGBT+ han disminuido en Brasil desde el 2017, también advierten sobre el aumento de homicidios contra las personas trans. En los primeros 6 meses del año pasado, fueron 80 los crímenes, y el Departamento de Estado estima que la cifra real posiblemente sea mayor.
Las imágenes, fotografías y artículos presentadas en este blog son propiedad de sus respectivos autores o titulares de derechos de autor y se reproducen solamente para efectos informativos, ilustrativos y sin fines de lucro. Yo, por supuesto, a petición de los autores, eliminaré el contenido en cuestión inmediatamente o añadiré un enlace. Este sitio es gratuito y no genera ingresos.
El propietario del blog no garantiza la solidez y la fiabilidad de su contenido. Este blog es un lugar de entretenimiento. La información puede contener errores e imprecisiones.
Este blog no tiene ningún control sobre el contenido de los sitios a los que se proporciona un vínculo. Su dueño no puede ser considerado responsable.
Nuevos Miembros
Para unirse a este grupo es necesario REGISTRARSE y OBLIGATORIO dejar en el FORO un primer mensaje de saludo y presentación al resto de miembros.
Por favor, no lo olvidéis, ni tampoco indicar vuestros motivos en las solicitudes de incorporación.
Comentarios recientes