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Atacaron a mujer trans en El Salvador y la policía se negó a recibir la denuncia

Jueves, 12 de diciembre de 2019

IMG_3432-1070x535Por Paula Rosales

Alexia Trujillo, mujer trans de 25 años, caminaba en la madrugada del sábado 7 de diciembre por la avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero de San Salvador, cuando tres hombres que trabajan de seguridad privada en los comercios de la zona la atacaron a golpes, según denunció la propia víctima.

Armados con una macana de hierro, los agresores siguieron a Alexia unos cien metros, la insultaron y golpearon en la cabeza reiteradas veces. La hirieron salvajemente en la ceja y el ojo derecho. Su cabeza sufrió una herida de tres centímetros. Sus brazos y piernas terminaron con magulladuras por las patadas recibidas.

“Yo caminaba por la plaza Morazán, cuando unos vigilantes me insultaron y me siguieron. Yo no les dije, ni les hice nada. Entre los tres me pegaron una golpiza bien fea”, expresó Alexia a Presentes. Alexia se dedica al comercio de artículos varios en uno de los mercados de la capital del país centroamericano.

El informe “Basta de genocidio trans”, presentado en 2019 por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans, señala que un 19 por ciento de mujeres trans denunciaron que fueron golpeadas o haber sufrido alguna agresión física durante 2018.

“Me dijeron que era un marica de mierda, una basura sidosa, me insultaron bien feo. Entre las tres personas me golpearon y me robaron mis pertenencias”, contó.

La policía se negó a atenderla

Después de la agresión, Alexia fue a la delegación central de la Policía Nacional Civil para interponer la denuncia, pero se negaron a atenderla y fue sacada del lugar.

Presentes solicitó la postura de la policía a la unidad de prensa, acordaron consultar con la delegación de San Salvador, pero al cierre de la nota no se había recibido respuesta.

“Estamos indignadas, las mujeres trans están recibiendo agresiones de parte de los cuerpos de vigilantes privados. Demandamos que se investigue y castigue a los culpables”, señaló Odalys Araujo, defensora de derechos humanos, a Presentes.

Aumentan crímenes por odio

Los ataques hacia las mujeres trans han aumentado en el último trimestre del año: en un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes de odio. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos están alarmadas por la escalada de intolerancia hacia las poblaciones diversas.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador.

El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada asesinada en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán.

Rosa Granados, una activista trans de 28 años, fue asesinada el sábado 30 de noviembre en su casa en el departamento de la Unión, recibió cuatro disparos en su cabeza.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el código penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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La última noche de Camila, trans perseguida por pandillas y asesinada por la Policía

Sábado, 7 de diciembre de 2019

1871CB1F-D108-48B5-8B25-2CF6074C0887Impresionante y emotivo recuerdo de Camila. Necesario leerlo, necesario orarlo, necesario reclamarlo. Basta ya de odio tránsfobo.

 Por Paula Rosales y Nelson Rentería

Fotos: PR y VF

Poco antes de las seis de la tarde del miércoles 30 de enero, Camila Aurora Díaz Córdova se colgó el bolso al hombro y dejó su casa para otra noche de trabajo sexual en la misma calle donde lo ejerció durante doce años, al norte de San Salvador. Caminó con desgano y tristeza: llevaba mucho tiempo intentando cambiar su vida. Había buscado otras ocupaciones para sobrevivir sin exponerse a las amenazas de las pandillas y de la policía. Había denunciado ante la justicia la discriminación y la persecución por ser una mujer trans. Había intentado vivir en otras ciudades y países. Había pedido asilo en Estados Unidos y la habían deportado. Las cosas se habían puesto cada vez más difíciles.

Aquí ando ya, en estas calles horrendas y fatales. Aquí ando, ni modo”, le dijo por mensaje de Whatsapp a una amiga, como si supiera lo que le esperaba. Esa madrugada, Camila fue torturada y asesinada. Tenía 29 años, seis menos que la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina.  Sus verdugos quisieron esconder el hecho pero las marcas de su cuerpo hablaron por ella. Por el homicidio, tres policías, Jaime Geovany Mendoza, Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales están detenidos y pueden llegar a ser los primeros condenados por un crimen de odio en El Salvador. Es el primer caso que se judicializa como tal a pesar de que desde 2017 han asesinado a al menos 22 mujeres trans, según cifras de la Federación Salvadoreña LGBTI.

8C28316D-4252-4294-BE05-9D0E467550A5Fany es una perrita que perteneció a Camila. Cuando emigró por primera vez a México la llevó a casa de su mamá. Fotografía de Virginia Flores

Camila nació el 9 de noviembre de 1989 en el municipio de Santa María Ostuma, departamento de La Paz. Segunda hija de la pareja de feligreses de una iglesia cristiana, creció en un pequeño poblado escondido al sudeste del valle de Jiboa. Ahí su familia se dedica al cultivo de maíz, frijoles, piña y caña de azúcar. Sus padres, Edith Córdova y Lino Díaz no pudieron asentarla en los registros de esa alcaldía porque dos días después de que Camila naciera, estalló la ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en su intento por hacerse del poder.

Su mamá recuerda que a pesar de las humillaciones que sufrió en el pueblo, cuando los vecinos reaccionaron a los primeros gestos femeninos de su transición con burlas y rumores, su hija nunca perdió el buen humor: “Si lo ofendían, no decía nada. Nunca le faltaba el respeto a los demás”, contó su madre a Presentes.

B82229F5-C5A8-4ABB-B2A1-D0424D7B4502La discriminación y el acoso es moneda corriente para las personas LGBTI en estos pequeños poblados de El Salvador, donde el machismo y las ideas religiosas radicales están extendidas. No hay espacio para las personas que no se definen como hombres o mujeres.

La falta de tolerancia se traduce en violencias cotidianas. Y ellas, en un deterioro de la salud mental que a veces desencadena en suicidio. Así lo indican los números de la Consulta Nacional sobre realidades LGBTI en El Salvador. Presentada en 2012 por la extinta Dirección de Diversidad del Estado, de 400 personas consultadas, un 61,7 por ciento manifestó conocer a una persona LGBTI que se suicidó.

Camila no estuvo exenta de este calvario. Su mamá intentó hacerla cambiar de opinión sobre su identidad de género. Cuando Camila cumplió los 18 años, quiso que se presentara a servir al comando de Fuerzas Especiales del Ejército salvadoreño. Camila se negó rotundamente. La presión fue tal que no le quedó otro camino: enlistarse y vestir ropa de fajina.

1002FC62-0AF5-4364-98D5-CB3FF7A7842FCamila y Kelly Díaz siempre mantuvieron una relación muy cercana

Su mamá Edith acepta que al principio no podía “consentir” la conducta de su hija, porque iba “en contra de los designios de Dios”. Ahora se arrepiente de aquella actitud y de no haber intentado siquiera aceptar que Camila tenía el derecho de ser quien ella quisiera.

Camila permaneció durante tres meses en la Fuerza Armada y recibió el adiestramiento. Hasta que un día, hastiada de la vida castrense, se negó a realizar el juramento que la convertiría en soldado. Así concluyó su experiencia militar, en 2007. Entonces Camila pensó que Santa María Ostuma no era el mejor lugar para vivir y se mudó a la capital, San Salvador.

La vida en la ciudad, la persecución de las pandillas

En la capital, un primo la recibió en su casa y la bautizó con el nombre de Daniela. Fue la primera vez que le asignaron un nombre femenino. Ese modo de nombrarla fue mucho más que simbólico. A partir de entonces, ella dejó crecer su cabello, lo tiñó de rubio y expresó su identidad de género.

Aunque se sentía más libre, su situación no mejoró. Ahí tampoco encontró un empleo digno. Para sobrevivir debió ejercer por primera vez el trabajo sexual en las calles. Su primo empezó a controlarla y a violentarla. Las rabietas se transformaron en golpes, maltratos y ropa quemada. Hasta que la echó de la casa.

Camila buscó refugio con otras mujeres trans. A Virginia Flores y Mónica Elizondo las había conocido durante las fiestas patronales de San Salvador. Ella no sabía dónde vivíamos, sólo que en la colonia Zacamil, no sabía prácticamente nada de los lugares de San Salvador. No tocó la puerta. Cuando mi pareja iba para el trabajo, me dijo “fíjate que allá afuera hay una persona acostada”, yo salí a ver y la encontré”-  contó Virginia Flores a Presentes.

Mónica y Virginia la acogieron en un apartamento diminuto, en un edificio del complejo de multifamiliares de la colonia Zacamil. Sus nuevas amigas la rebautizaron Camila Aurora.

Lo que siguió fue una secuencia de cambios de direcciones, ausencias, migraciones, desplazamientos, escapes, acosos y la misma búsqueda a cada paso: intentar una vida tranquila.

847317A9-9CC9-4861-965B-3B3E5E3D142ACamila y Virginia cumplen años con una semana de diferencia. La imagen fue la última celebración juntas. Fotografía de Virginia Flores

Su amiga Mónica, de 35 años, quería lo mismo. Ya la habían amenazado y tiroteado su casa. Mónica decidió dejar la vivienda en la colonia Montreal. El 20 de mayo de 2011 volvió a la casa, quería limpiar y controlar que estuviera en orden. La asesinaron mientras se desplazaba al interior de la ruta 47. Según versiones policiales, supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), los mismos que la habían amenazado, le dispararon varias veces.

Aquel año Camila se fue a vivir con su hermana Kelly en una colonia del municipio de Ilopango. Una noche, cuando ellas estaban descansando, otros pandilleros que controlaban la zona, tocaron a su puerta. Llegaron con el pretexto de “conversar” con Camila. Tras varios golpes, subieron al techo de la casa para intentar romperlo y entrar por un hueco. Camila y su hermana comenzaron a recitar los versos del Salmo 91, colgado en una de las paredes.

No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada/Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.

Comencé a orar de rodillas para que los hombres se fueran. Los golpes eran intensos, pero Dios nos hizo el milagro, se cansaron y se fueron. No recuerdo nada más porque me desmayé del miedo”, dijo a Presentes Kelly Díaz Córdoba.

Días después, los pandilleros regresaron a la vivienda cuando las hermanas no estaban y destruyeron sus pocas pertenencias. El colchón de la cama de Camila quedó lleno de agujeros hechos a punta de cuchillo. Ellas decidieron regresar a su casa natal, en Santa María Ostuma. Antes tuvieron que pagar al dueño de la casa por los daños de los pandilleros.

Las amenazas que nadie atendió

Camila quiso volver a la capital, sólo para reafirmar que nada había cambiado. Las amenazas de muerte fueron una constante. A raíz de ellas, el 27 agosto de 2015 interpuso una denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC) contra otros pandilleros identificados por sus alias: Coqui, Gasper y Travieso. Según la denuncia, estos tres pandilleros del Barrio 18 le dieron quince días para pagar la extorsión que cobran a las trabajadoras sexuales por utilizar sus territorios. De lo contrario debían abandonar la calle Celis, al este de la capital.

Una trabajadora sexual puede cobrar a un cliente entre 15 y 20 dólares por su servicio. La pandilla le exige 10 dólares semanales por trabajar en su territorio, según pudo averiguar Presentes. Si no pagan la cuota, los pandilleros les hacen “descuentos”. Así llaman a las golpizas que infringen para que no vuelva a pasar. Cuando las mujeres siguen sin pagar, pueden ser asesinadas.

De acuerdo al informe sobre desplazamiento humano realizado por la Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans en El Salvador-COMCAVIS TRANS-, las pandillas son los mayores atacantes de la población LGBTI. Así lo indica un 79 por ciento de las denuncias documentadas entre marzo y diciembre de 2018.

18A8DA6F-CB54-4FFA-BDD5-ADD61B2072B5Altar elaborado por la organización CRISTOSAL en conmemoración de las personas LGBTI asesinadas en Centroaméricaj

Después de hacer la denuncia, Camila recibió una hoja con el número del caso 5339. La investigación no prosperó. Su acusación pasó a formar parte de una montaña de pendientes en la institución de seguridad pública. De acuerdo a estadísticas de la Policía, en 2015 recibieron 2.242 denuncias de extorsión a nivel nacional.

Organizaciones defensoras de los derechos LGBTI señalan que también puede existir rivalidad entre las mismas compañeras que ejercen el trabajo sexual. La situación se agrava cuando mujeres trans tienen contactos y relaciones con miembros de pandillas. Las asociaciones denuncian además que algunos policías en servicio intimidan, amenazan de muerte o hacen arreglos con trabajadoras sexuales para comprar su protección e impunidad.

El Informe “Basta de Genocidio Trans” -realizado en 2018 por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPIDH Arcoiris Trans- destaca que esta población denuncia en reiteradas oportunidades la vulneración de sus derechos por integrantes de la policía. El informe habla de extorsiones, abusos, golpes y exhibiciones para ridiculizarlas en videos grabados por los mismos agentes.

Migración y pedido de asilo

Hastiadas de la violencia en El Salvador, cinco mujeres trans- Camila Díaz, Virginia Flores, Alejandra Barrera, Diana López y una chica identificada como Arely- empacaron sus escasas pertenencias y abordaron el autobús que las llevó a la frontera norte entre Guatemala y México.

El lunes 7 de marzo de 2016, las cinco treparon a una improvisada balsa construida con neumáticos y tablas, y cruzaron el río Suchiate, que divide ambos países. Para el grupo migrante Camila era una guía. En 2015 ya había recorrido la ruta y había conseguido asilo humanitario en México.

Cuatro días después de arribar a Tapachula (México), fueron atacadas por otras migrantes trans, a quienes ellas identificaron como hondureñas. Según sus testimonios, intentaron asaltarlas, las golpearon y les advirtieron que se largaran de sus territorios, era su lugar de trabajo.

Tras interponer la denuncia en la fiscalía del migrante, el grupo se desintegró. Camila decidió establecerse por unos meses en la Ciudad de México. Pero al final volvió a El Salvador.

17E172FB-AD32-495D-AFFA-2606FEEB2081Camila Díaz y Mónica Elizondo en la última marcha contra la transfobia a la que asistieron juntas. Ambas fueron asesinadas. Fotografía: Virginia Flores.

En febrero de 2017, Camila intentó una vez más cumplir el sueño de vivir en Estados Unidos. Le llevó seis meses recorrer los más de 4 mil kilómetros desde San Salvador hasta la frontera de Tijuana. Allí vivió en el albergue “El Jardín de las Mariposas”, un centro exclusivo para la población LGBTI migrante. Durante su estancia trabajó limpiando casas, cuidando ancianos y en una maquila de ropa.

El 8 de agosto de 2017 cruzó el punto fronterizo de México de Estados Unidos, se entregó a las autoridades estadounidenses y solicitó asilo humanitario. Llevaba todas las pruebas de las agresiones y las denuncias por amenazas de muerte. Su petición se registró con el código A213-086-226 y fue recluida durante tres meses en CoreCivic o Corrections Corporation of America en San Diego, California.

La organización COMCAVIS TRANS ha registrado entre marzo y diciembre de 2018 el desplazamiento forzado interno de 102 personas LGBTI. El 78 por ciento de ellas son mujeres trans. Las personas entrevistadas denunciaron las amenazas, pero la fiscalía no investigó los casos. También señala que desde 2014 a la fecha (noviembre de 2019) 116 mujeres trans han salido de El Salvador en busca de asilo humanitario en diferentes países. Del total, seis casos no fueron aprobados y se activaron las órdenes de deportación. El proceso de asilo puede tardar meses o años y muchas mujeres trans terminan huyendo de forma irregular hacia Guatemala, México o Estados Unidos.

Camila fue retornada a El Salvador en noviembre de 2017. Su trámite de asilo quedó incompleto al firmar su orden de deportación. De acuerdo a cuatro fuentes consultadas por Presentes, fue engañada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) quienes la obligaron a firmar un supuesto documento médico, cuyo contenido estaba en inglés.

    “Es lamentable lo que sucede en Estados Unidos. Hemos oído reportes de tortura, abuso, los encierran en congeladores y también hemos oído casos en que han presionado a las personas a firmar papeles de deportación, les han dicho que van a reunificarlos con sus familias. En el caso de Camila, sabemos que le dijeron que le darían atención médica y no era verdad”, dijo a Presentes Maritza Martínez, directora ejecutiva de Somos Familia, una organización no gubernamental que apoya a la población LGBTI en Estados Unidos. Presentes solicitó la versión de ICE por medio de correo electrónico, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.

En el documento de deportación, al cual Presentes tuvo acceso, ICE estableció que Camila no proporcionó una dirección válida en Estados Unidos donde residiría mientras esperaba que una juez de migración resolviera su petición de asilo. También adujo que Camila “no mostró tener vínculos sustanciales con la comunidad en el país del norte”.

Camila no tenía familiares en Estados Unidos que la recibieran. Pero mantuvo la esperanza que alguna organización internacional de mujeres trans migrantes conociera su caso y la apoyaran. Tampoco  sucedió. De acuerdo a la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, Estados Unidos deportó en 2017 a 14.902 personas migrantes. Una de ellas era Camila.

De regreso en El Salvador, cambió de trabajo. Encontró una oportunidad en una modesta venta de pupusas (comida típica del país) cerca del centro de la capital. Estaba a cargo de la limpieza, atendía clientes y ayudaba en la cocina. Quiso emprender un negocio propio y buscó el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, pero los trámites engorrosos la hicieron desistir. Volvió al trabajo sexual en las calles

Las últimas horas de Camila

El día en que Camila murió sola en un hospital luego de ser torturada, tenía planeado pasarlo en la casa de su madre. Era el domingo electoral. Esos cuatro días antes había ido a trabajar con la idea de juntar el dinero para el viaje. Cuando llegó a la zona, enfiló hasta una caseta de vigilancia privada. Un centinela le hacía el favor de prestarle el lugar para cambiarse de ropa. Cuando estuvo lista, caminó hasta la 27 avenida norte de San Salvador, una arteria que por las noches es solitaria, mal iluminada y poco transitada. Esparcidas por diferentes aceras se puede observar a varias mujeres ofreciendo sus servicios sexuales. En las calles aledañas, los negocios de venta de repuestos para automóviles lucen cerrados y llenos de grafitis. Solo brillan los semáforos, los anuncios comerciales y las luces neón de uno que otro club nudista.

La policía dijo que a las tres de la madrugada del jueves 31 de enero el sistema de emergencias 911 recibió una alerta anónima sobre un caso de “desorden en la vía pública”. Según el reporte, una persona estaba dañando unas plantas ornamentales de una agencia bancaria, en la 23 avenida norte de San Salvador.

Los oficiales Jaime Geovany Mendoza, Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales  fueron hacía allí en la patrulla 01-3937. Al llegar, los agentes observaron que la persona reportada ya estaba esposada. Era Camila.

Horas antes de la detención, Camila había sido vista en el restaurante Los Chicharrones, bebiendo cerveza con  otra mujer trans. Esto es en la “Zona Real”, área de cervecerías y clubes, que las autoridades consideran de “alta incidencia delincuencial”.

Más tarde, Camila anduvo por la 23 avenida norte. En el expediente consta que esa madrugada, Camila parecía alterada, desorientada, estaba descalza y llevaba el vestido negro levantado, dejando entrever su ropa interior roja.

Testigos  dijeron que se asombraron al observar que los policías la golpearon, sin que ella se pudiera defender o proteger, porque se encontraba hincada y esposada por la espalda.

Pobrecita, ahí la agarraron todos y la golpearon. La verguearon, la subieron al pickup y ahí la tuvieron”, contó a Presentes una de las personas que vió la escena y pidió se resguardara su nombre.

A las 3:23 de la madrugada, el oficial Jaime Geovany Mendoza encendió la patrulla y sus compañeros Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín Rosales fueron de pie en los costados de la parte trasera del vehículo. Camila iba acostada en la cama en medio de los dos.

Una serie de vídeos incautados por la Fiscalía muestran el recorrido de la patrulla por diferentes calles de la zona norte de San Salvador, incluso fuera del rango de su jurisdicción asignada. Cuando llegaron a la prolongación del bulevar Constitución, sobre el kilómetro cinco y medio, los oficiales lanzaron a Camila del vehículo en marcha. Luego regresaron a la base del sistema de emergencias 911. Según la Fiscalía, los oficiales sabían que era un punto ciego. Los videos de las cámaras captan el momento en que la patrulla regresa a la base del 911 y solo lleva de ocupantes a los agentes. Al volver, no reportaron ninguna novedad en la bitácora.

Alrededor de las cuatro de la mañana, una ambulancia del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) trasladó a Camila Díaz Córdova hacia el hospital nacional Rosales para que fuera atendida por graves lesiones. Camila ingresó como una persona no identificada.

La amiga de Camila, Virginia Flores, se había comunicado por última vez con ella a las 9:07 de la noche del 30 de enero. Se preocupó cuando unos familiares le avisaron que Camila no había llegado a dormir. Tampoco respondía las llamadas ni los mensajes. Virginia fue a la policía, al forense instituto de Medicina Legal y a centros médicos. En cada lugar, mostraba el retrato de su amiga con la esperanza de encontrarla.

Ocho días después de la desaparición, una doctora del Hospital Rosales la reconoció en la foto. Le dijo a Virginia que buscara el cuerpo de su amiga en Medicina Legal. Había fallecido días atrás en el nosocomio, sola, en la mañana del domingo 3 de febrero, el día de las elecciones.

El cuerpo que habla 

El examen forense determinó que la muerte de Camila fue provocada por lesiones contundentes. Su rostro tenía golpes en la boca, frente y ojos. Su espalda presentaba en el lado derecho, una herida profunda. El glúteo derecho quedó  desprendido apenas colgaba por un hilo de piel. El antebrazo izquierdo estaba partido en dos y sus órganos vitales del abdomen habían sufrido lesiones traumáticas severas.

La fiscalía aseguró a Presentes que el peritaje forense determinó que las lesiones de Camila fueron causadas por contundentes golpes hechos durante el recorrido de la patrulla. También confirmó que fue lanzada a la carretera desde el automóvil en movimiento.

La fiscal del caso, Gisela Meléndez, dijo a Presentes que Camila recibió “fuertes golpes mortales en su abdomen” y descartó que las lesiones correspondan a un atropellamiento, como se investigó en un principio.

Pese a que la fiscalía no ha logrado establecer una motivación de los policías para cometer el hecho, considera que hay elementos suficientes para sostener que el asesinato fue motivado por el odio a su identidad y expresión de género. “Un móvil específico no tenemos. Pero hay varios casos en contra de agentes policiales que se exceden del poder”, dijo a Presentes la fiscal Meléndez. La Fiscalía no encontró indicios de que Camila Díaz fuera parte de bandas de criminales ni de que hubiera cometido de delitos.

Violencia institucional en El Salvador

La Policía Nacional Civil de El Salvador fue conformada después de la firma del Acuerdo de Paz que puso fin a 12 años de una guerra civil (1980-1992). La nueva institución suponía dejar atrás las prácticas represivas y de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, previo y durante el conflicto.

Pero en sus 27 años de funcionamiento, la policía no ha estado exenta de señalamientos de violaciones de derechos humanos, abuso de autoridad, brutalidad y ejecuciones extralegales durante su operativos.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) documentó que miembros de la policía cometieron un total de 116 ejecuciones extralegales con lujo de barbarie entre 2014 y 2018. Algunas de las víctimas no eran pandilleros.

La PDDH concluyó que la pérdida de la vida a manos de agentes del Estado es una lamentable realidad en El Salvador. A pesar de los esfuerzos para profesionalizar a la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada parece una práctica sistemática que muchos agentes actúen por su cuenta e incumplan su obligación de desarrollar su labor dentro del marco legal”, dice el informe presentado en agosto de 2019.

Para la académica y especialista en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, la investigación de la PDDH también constató que existió un patrón de actuación en los casos documentados, que permitió la identificación previa de la víctima, planificación previa de asesinatos  y un esquema de encubrimiento que trascendía a los mismos perpetradores. Para Aguilar, el caso de Camila también siguió ese patrón.

Presentes solicitó en reiteradas ocasiones una entrevista con el Director de la Policía, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, pero al cierre de la nota no fue concedida por la dirección de prensa.

Los imputados y más amenazas 

Hasta el momento, hay tres imputados detenidos por el asesinato de Camila.

El agente Luis Alfredo Avelar, de 35 años de edad, estudió ciencias religiosas en la Universidad Católica de Occidente. Emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. Renunció a la institución policial en 2008 y se reintegró en 2012. En su expediente consta que ha cometido faltas leves: Ausentarse en horas laborales y abandono de servicio.

El segundo imputado es el agente Carlos Valentín Rosales Carpio, de 37 años de edad. Era el de mayor jerarquía en el grupo que atendió la llamada de emergencia. En la prueba de ingreso, en la parte de derechos humanos obtuvo una nota de cuatro de diez puntos.

El tercer imputado es Jaime Geovany Mendoza Rivas, de 28 años de edad. En su expediente el agente no tiene faltas disciplinarias y recibió el reconocimiento a la excelencia policial.

La Fiscalía los acusa por los delitos de privación de libertad y homicidio agravado de Camila. La pena máxima por ambos delitos podría llegar hasta 60 años. Puede ser el primer caso en El Salvador en ser juzgado y condenado como delito motivado por el odio a la identidad ,expresión de género y orientación sexual.

Esto es posible porque en 2015 el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

Esperamos que se haga justicia, estamos garantizando los derechos de nuestros representados y pues si ellos son culpables o no, es un juez de sentencia que lo va determinar en un fallo”, expresó a la prensa Pablo Cruz, abogado defensor de los policías.

Tras la captura de los policías el 1 julio de 2019 y la siguiente investigación del caso de Camila, Presentes conoció testimonios de personas que han sido acosadas y amenazadas por supuestos agentes, los motivan a ir a declarar a favor de los oficiales imputados.

Creo que este caso muestra el deterioro que la actualización policial ha tenido en los últimos años en términos del irrespeto a la vida de grupos vulnerables, el margen de impunidad con el que tienden a actuar, la criminalización también de grupos vulnerables, en este caso una mujer trans que fue vapuleada dentro del vehículo policial y que es abandonada precisamente para simular la ejecución por parte de terceros¨, dijo Jeannette Aguilar a Presentes.

Familiares de Camila también recibieron llamadas por teléfono de una persona que se identificó como supuesto pariente de uno de los agentes detenidos, con el fin de reunirse con ellos para “llegar a algún acuerdo”.

En la llamada, la persona le aseguró a la familia que también “ya habían hablado con personas así como era su hijo (mujer trans)”. Tanto la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos están enterados de estas llamadas, según pudo atestiguar Presentes.

Aunque Jeannette Aguilar no se refirió al caso particular de Camila Díaz, aseguró que la intimidación es una práctica habitual para buscar la impunidad en casos donde son señalados agentes policiales. “Habitualmente la ejecución extralegal iba acompañada, no solo de un esquema para garantizar impunidad, sino también de un esquema de amedrentamiento, de asedio, de amenazas sistemáticas a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares por parte de los mismos perpetradores o de otros elementos policiales para disuadir a las víctimas de que retiraran la denuncia”, dijo Aguilar.

Presentes consultó a la Fiscalía si es posible que la institución policial hubiese alertado a los agentes sobre la investigación en su contra, debido a la salida del país de Luis Alfredo Avelar. El policía emigró de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado el 26 de abril de 2019. “Aun cuando investigamos al mismo cuerpo policial, lo hacemos de la mano con ellos y de alguna manera, ellos se enteran si se les está investigando por algún delito”, dijo la fiscal.

El 14 de agosto de 2019, la unidad de asuntos internos de la Policía envió una carta al juzgado quinto de instrucción para informar que la licencia del software del aparato de extracción UFED Cellebrite está vencida. Por ese motivo no se ha realizado la extracción de la información contenida en los celulares incautados a los tres agentes detenidos.

El UFED Cellebrite es un dispositivo para la extracción y decodificación de información almacenada, oculta o eliminada de dispositivos móviles y aplicaciones. Presentes solicitó información al personal de prensa de la policía sobre el vencimiento del software de extracción, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

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La tumba de Camila Aurora Díaz Córdova yace de espaldas frente a un paisaje sacado de una estampa. El volcán Chinchontepec luce imponente, rodeado de cultivos de caña de azúcar. El pequeño cementerio del municipio de Santa María Ostuma permanece siempre cerrado, para poder ingresar hay que solicitar la llave a un encargado y por ahora no está disponible. Pero esa no fue razón suficiente para que el 9 de noviembre de 2019 Edith Córdova y Virginia Flores se colaran por un hueco en la malla e ingresaran al campo santo. Con lágrimas en los ojos, dejan una ofrenda floral sobre su mausoleo. Ese día Camilia hubiera cumplido 30 años.

Fuente Agencia Presentes

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Otro crimen de odio en El Salvador: cuatro transfemicidios en 40 días

Miércoles, 4 de diciembre de 2019

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El asesinato de Rosa Granados, una activista trans de 28 años, nuevamente ha levantado las alarmas en El Salvador. En un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans y las organizaciones han pedido a la Fiscalía que aplique la agravación del Código Penal sobre crímenes de odio por causa de  la identidad o expresión de género. Bianka Rodríguez dijo que entregaron una correspondencia a la Presidencia de la República para que, en tres meses, reestablezca la dirección de diversidad sexual, eliminada tras la disolución de la Secretaría de Inclusión Social.

De acuerdo a fuentes policiales, Rosa fue asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión,  a 182 kilómetros al este de San Salvador. Al momento del ataque se encontraba sola y vecinos llamaron al 911, informando que en la zona se habían escuchado varios disparos. La Policía llegó y encontró el cuerpo en el suelo. En la escena se encontraron casquillos de bala calibre 9 milímetros.

Rosa integraba la organización Estrellas del Golfo y realizaba trabajo comunitario sobre la promoción de los derechos de las personas LGBTI en el oriente del país. También comercializaba productos de belleza por catálogo. Los vendía en los cantones aledaños de Loma Larga. De acuerdo a fuentes consultadas por Presentes, una hipótesis es que fue extorsionada por las pandillas que le exigían la entrega del dinero de sus ventas.

Hace un tiempo, Rosa intentó interponer la denuncia ante la fiscalía general. Pero al final desistió debido a lo engorroso que puede ser el proceso de investigación en El Salvador.

A raíz de las amenazas recibidas, unos días antes de que la asesinaran estaba pensando en emigrar por tierra hacia los Estados Unidos. Era el plan que tenían con una amiga, pero no lograron materializar su decisión.

Según la activista Bianka Rodríguez, la víctima había revertido su proceso de expresión de género como mujer trans, debido a las amenazas recibidas.  La presidenta de Comcavis dijo que desconocen quién había amenazado a Granados. “La principal causa viene siendo la impunidad y que no existen políticas de protección; en específico, en el caso de la compañera de La Unión, que fue asesinada, nos preocupa porque a pesar que ya se había acercado a las instancias pertinentes a denunciar que estaba siendo amenazada, las instituciones no le brindaron la protección específica”, dijo la activista.

Ever Daniel Pacheco, director de la organización Estrellas del Golfo, lamentan que Rosa no haya logrado huir del país: “Nos ha sorprendido y nos preocupa. Ahora fue Rosa y mañana puede ser alguien más. Hace media hora recibí la llamada de otra compañera que vive cerca de la casa de Rosa y que también está siendo amenazada”, expresó Ever a Presentes.

Cuatro transfemicidios en 40 días

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador. El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán.

Días después, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó «su repudio y profunda consternación» ante el asesinato. «Jade, junto a la organización COMCAVIS Trans, defendía incansablemente los derechos de las personas LGBTI y recientemente participó en las consultas para la construcción del capítulo nacional del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) de El Salvador», informó esa agencia.

La ACNUR llamó la atención sobre «hacer las investigaciones necesarias y evitar que presuntos crímenes de odio queden en la impunidad. Esto, según los compromisos presentados por el gobierno salvadoreño durante la reciente reunión del MIRPS en México, y en línea con los compromisos asumidos en la Declaración de la Ciudad de México”, adoptada días atrás.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/El Mundo/Cristianos Gays

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Asesinaron a otra mujer trans en El Salvador: 3 transfemicidios en menos de un mes

Jueves, 21 de noviembre de 2019

75282207_1026699397672964_5586923257119899648_o-1024x837Esto es insoportable…

Por Paula Rosales, desde San Salvador

El asesinato de Victoria Pineda, una mujer trans de 44 años, así como las marcas de brutalidad que presentaba su cuerpo, ha levantado las alarmas en El Salvador. En menos de un mes ya se reportan tres crímenes contra la población trans.

A Victoria la asesinaron con saña en la madrugada del sábado 16 de noviembre, en una calle del cantón Cara Sucia, en el municipio costeño de Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, 113 kilómetros al oeste de San Salvador.

El cuerpo sin vida fue abandonado en medio de la calle. Lo encontraron desnudo, con la cabeza cubierta de troncos y una llanta de automóvil. Fuentes de la policía señalaron que su rostro fue desfigurado por golpes con piedras.

Las organizaciones defensoras de los derechos LGBTI están gravemente preocupadas por el incremento de las violencias. Entre enero y noviembre de 2019 se reportan siete asesinatos en contra de esta población trans.

Para Bianka Rodríguez, directora de la organización Comunicando y Capacitando Mujeres Trans – COMCAVIS TRANS, los asesinatos fueron cometidos por razones de odio a la identidad y expresión de género de las víctimas.

“El cuerpo de Victoria fue encontrado completamente desnudo, bajo un simbolismo de las manos abiertas como en señal de crucifixión. Tenía una llanta con troncos en sus manos, la llanta es como que simula la corona (espinas)”, expresó Bianka a Presentes, haciendo una comparación del Cristo en la cruz.

Presentes solicitó información a la policía del cantón Cara Sucia pero expresaron no estar autorizados para dar detalles.

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador.

Días después, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó «su repudio y profunda consternación» ante el asesinato. «Jade, junto a la organización COMCAVIS Trans, defendía incansablemente los derechos de las personas LGBTI y recientemente participó en las consultas para la construcción del capítulo nacional del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) de El Salvador», informó esa agencia.

La ACNUR llamó la atención sobre «hacer las investigaciones necesarias y evitar que presuntos crímenes de odio queden en la impunidad. Esto, según los compromisos presentados por el gobierno salvadoreño durante la reciente reunión del MIRPS en México, y en línea con los compromisos asumidos en la Declaración de la Ciudad de México, adoptada días atrás.

Gobierno en silencio 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno.

Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

La ministra de Cultura, Suecy Callejas, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje sobre la violencia en general, pero sin referirse a la población LGBTI.  “Condenamos la violencia social, en especial aquella que ataca a las poblaciones más vulnerables. Estamos trabajando para esclarecer las causas de los recientes homicidios”, expuso la ministra en su cuenta personal.

Fuente Agencia Presentes

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Intentaron asesinar a una defensora de derechos humanos trans en Honduras

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

HONDURAS-2-948x474HONDURAS--1024x477Por Paula Rosales

La defensora de derechos humanos y coordinadora de la Asociación Feminista Trans (AFET), Alejandra Vega Balenciaga de 36 años, sobrevivió el sábado 9 de noviembre a un brutal ataque ocurrido en la ciudad de San Pedro Sula, unos 270 kilómetros al sudeste de la capital hondureña.

El ataque ocurrió la madrugada. La defensora fue sujetada por la espalda por una persona desconocida, quien golpeó su cabeza en repetidas veces contra una pared, ocasionándole traumas craneales y múltiples heridas que la mantuvo por varios días en cuidados intensivos.

De acuerdo a la denuncia de AFET, Alejandra fue reconocida por su atacante quien la insultó por su expresión de género e hizo referencia durante la agresión a su trabajo como activista y mujer trans.

“En Honduras las personas de la comunidad LGBT seguimos siendo objetos de las violaciones a nuestros derechos humanos y en particular las mujeres trans”, expresó la asociación AFET en en comunicado divulgado en sus redes sociales.

De acuerdo a estadísticas registradas por la organización Cattrachas, desde 2009 a octubre 2019 se han cometidos 337 asesinatos de personas LGBTI, 39 corresponden a mujeres lesbianas, 190 gays, 107 trans y una persona desaparecida sin definir su identidad. Solamente en el mes de julio de 2019 fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.

Los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, son considerados con altas tasas de criminalidad y homicidios, de las que la población LGBTI también son víctimas.

En julio pasado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), condenó que en 2019 se han cometido 20 muertes violentas a personas de la población LGBTI en el país centroamericano, además instaron al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

“La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario”, indicó el organismo en un comunicado.

Fundamentalismo religioso e impunidad 

La impunidad más el fundamentalismo religioso está propiciando que los crímenes contra la comunidad LGBTI sigan en ascenso. El año pasado la cifra fue de 27 casos y en el 2017, cuando Honduras vivió una crisis política derivada de las elecciones, se registraron 34 casos.

La violencia contra la diversidad sexual ha sido más evidente a partir de octubre del año pasado, a raíz de que la comunidad LGBTI propiciara acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo el matrimonio entre las personas del mismo sexo y la adopción de menores a parejas homoparentales.

Los miembros de la diversidad sexual interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 112 de la Constitución de la República, sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo y al artículo 116 sobre la adopción.

De acuerdo a la valoración de Iván Banegas, miembro de la Asociación Colectivo Violeta, los ataques a la comunidad LGBTI se incrementaron luego que los grupos de la diversidad sexual pusieran en la agenda pública y plantearan ante las instituciones del Estado sus demandas basados en derechos conquistados en otros países.

La violencia contra la diversidad sexual se asocia, según el defensor de los derechos LGBTI Erik Martínez, a la crisis política-social que vive constantemente Honduras a raíz del golpe de Estado de 2009. A modo de ejemplo, Martínez citó que en apenas seis meses, después del golpe de Estado, se registraron 22 crímenes.

Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno

En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.

En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.

En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.

“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.

Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse

Fuente Agencia Presentes

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“El día que mataron a Ellacuría”, por Pedro Miguel Lamet

Sábado, 16 de noviembre de 2019

ellacuria_1280x720_foto610x342Hoy, 30 años después,lo recuerdo como si fuera hoy. me causó un impacto especial en aquellos momentos de duda y reflexión…

Los mártires son testimonio que desafía nuestra incoherencia en el seguimiento del Jesús del Evangelio.

Leído en su blog:

Pocos días antes que lo mataran Ignacio Ellacuría vino a verme y me dijo: “Pedro: las cosas están muy mal en El Salvador. Quieren matarme. Pero no creo que lleguen a tanto. Lo que te aseguro es que no callaré”.

Los nombres que están detrás de la matanza de los jesuitas en El Salvador. “Un militar dijo: ‘Son curas, no hay problema. No tienen armas'”

El testimonio de los mártires sigue interpelándonos

Julio L. Martínez, sj.: “Estos mártires son la voz de la conciencia, testigos de la apertura a la verdad y a sus exigencias”

El 16 de noviembre de 1989 día que mataron a Ellacuría -este sábado hará 30 años- yo estaba en un restaurante, almorzando con los informadores religiosos de los medios  de Madrid. Presidía el “patriarca” de entonces, Martín Descalzo, que pocos días antes había escrito en ABC un artículo contra Ellacuría. Me llamaron al teléfono del restaurante -entonces no había móvil- para darme la noticia del asesinato de los jesuitas y las cocineras de la UCA. Lo comuniqué a mis colegas y se quedaron de piedra.

Tres días antes había venido a mi casa a verme Ignacio Ellacuría. Manteníamos relaciones estrechas, porque él seguía con interés el semanario “Vida Nueva” de entonces, que a la sazón yo dirigía,  y muchas veces le había llevado en mi coche por las calles de Madrid. En ocasiones para visitar a Carmen Conde, esposa de Zubiri, del que Ignacio era especialista. Meses antes él, Sobrino y Jon Cortina me invitaron a comer para pedirme que escribiera una biografía de Rutilio Grande, otro mártir jesuita salvadoreño, muy amigo de monseñor Romero, que ahora está en avanzado proceso de canonización y que ya cuenta con una bunea biografía. Pero aquel día Ignacio me pidió que montara la Facultad de Comunicación de la UCA. Le dije que estaba muy cogido entonces por el periodismo y los libros y le presenté a Norberto Alcover, que finalamente se encargó de lo de la facultad.

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Podéis imaginar cómo me quedé cuando escuché la noticia. Me impresionó el impacto unánime con que respondieron los medios de comunicación españoles e internacionales. Sólo Martín Descalzo no se atrevió a escribir sobre el tema, por haberlo descalificado semanas antes. Que medios laicos como “El País” dieran al caso tanta cobertura probaba que hay causas como la justicia, que en  este caso brotaba de un compromiso cristiano, que son indiscutibles. Era la herencia de una línea marcada por Pedro Arrupe y el  el famoso Decreto IV asumido por la Congregación General de la Compañía. Hoy han muerto más de un centenar de jesuitas en todo el mundo por defender los derechos de los pobres. Pero ni El Salvador ni en la Iglesia se ha hecho justicia. Los culpables siguen libres. El proceso de beatificación y canonización de estos hombres, sacerdotes y religiosos, que dieron su vida desde la fe por el Cristo de carne y hueso crucificado en El Salvador. (Como lo hizo Romero, felizmente canonizado) está en espera, pues la Postulación de la Compañía anda muy ocupada con Rutilio Grande y el gran padre Arrupe.

¿Ellacu y sus compañeros no tenían defectos? Claro que sí, como cualquier hombre y como  todos los mártires y santos. A Ignacio, por ejemplo, le acusaban, como suele suceder a los que tienen capacidad de liderazgo, de ser un poco dictador en la Universidad. Pero lo grande es dar la vida cuando uno es débil y frágil. Ellacuría también lo era. Se puede apreciar en su voz un poco temblorosa. Aquella tarde que estuvo en mi casa me dijo: “Pedro: las cosas están muy mal en El Salvador. Quieren matarme. Pero no creo que lleguen a tanto. Lo que te aseguro es que no callaré”. Me limité a darle un abrazo y sentir vergüenza. ¡Regresó a El Salvador al día siguiente sabiendo que seguramente lo iban a matar! Al fin y al cabo mis riesgos eran sólo de papel y tinta,  y de que  acabaran borrándome, como sucedió años después, durante algún tiempo de los medios. Pero él fue asesinado; yo aquí sigo, vivo y coleando.

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Hoy me atrevo a rezarles:

Querido Ignacio y Compañeros Mártires: Rogad por la Iglesia, para que siga como vosotros dando su vida y su sangre por amor y  la liberación integral de los pobres, deprimidos, maltratados y olvidados de este mundo. Amén.

También he querido honrar su memoria en este soneto:

EL JARDÍN DE LA SANGRE
(A los mártires de El Salvador)

Se ha quebrado la noche enamorada
en el jardín de sangre de la vida
donde nacieron rosas de una herida
y se enterraron sueños de alborada.

Se pudre en el silencio y sepultada
aquella carne noble y abatida,
mientras pierden los pobres la partida
en la guerra del dólar desatada.

Pero esa voz que calla entre los muertos
sigue gritando al mundo con más bríos
la plenitud que vuestra muerte inicia,

que es hora de cambiar nuestros desiertos
por el mar que anunciaban vuestros ríos:
¡Amor es combatir por la justicia!

Pedro Miguel Lamet

Mi entrevista sobre el tema con Radio ECCA de Canarias:

http://www.ivoox.com/hace-20-anos-el-salvador-audios-mp3_rf_155391_1.html

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General, Iglesia Católica ,

Nuevo transfemicidio en El Salvador: encontraron a Jade debajo de un puente

Martes, 12 de noviembre de 2019

Por Paula Rosales

EI9bFMzWoAI2vA0Jade Camila Díaz fue encontrada muerta el sábado flotando debajo de un puente del río Torola, en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador, informaron desde la Policía. Con este asesinato ya se contabilizan al menos seis crímenes de odio a mujeres trans en lo que va del año.

De acuerdo con el reporte policial, una mujer que no se identificó reportó a la unidad de emergencias del 911 el hallazgo de un cuerpo en el afluente, por lo que los oficiales se dirigieron a la zona y localizaron el cadáver.

“El cuerpo tenía una soga en la cintura con una piedra”, dijo a Presentes un agente policial de Morazán, y no quiso agregar más detalles. El cuerpo fue encontrado entre el limite de los municipios Osicala y Meanguera.

Jade, de 27 años de edad, había sido reportada como desaparecida el jueves a las 18:00 horas en la zona rural de Lolotiquillo, donde vivía.

La fiscalía reacción en el día de hoy informando sobre el hallazgo del cuerpo de Jade, pero sin dar mayores detalles.

El crimen de Díaz ha causado alarma entre la población trans de la zona oriental del país, ya que en octubre una adolescente trans fue acuchillada en las calles del departamento de San Miguel.

“La violencia transfóbica se ha desatado y eso nos hace sentir vulnerables”, dijo a Presentes Tatiana Molina, defensora de derechos humanos LGBTI y amiga de Jade.

 

Discriminada por su identidad

Jade trabajó en restaurantes del departamento de Morazán, atendiendo clientes, pero desde que realizó su transición hormonal femenina hace dos años no logró emplearse más, por lo que sin más opciones de empleo tuvo que ejercer el trabajo sexual en las calles de San Miguel.

“Me dijo que cuando trabajaba con apariencia de chico gay no tenía ningún problema, pero cuando hizo su transición a mujer trans fue rechazada en los trabajos. Se quejaba que le ponían excusas y no la quisieron contratar más”, dijo Tatiana.

Jade sentía temor de salir a las calles después del ataque cometido en contra de una adolescente trans ocurrido en la misma avenida en donde trabajaba en el departamento de San Miguel.

Por su parte, la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) Arcoiris Trans denunció “la ola de violencia y asesinatos cometidos a nuestras compañeras trans en El Salvador”, escribió la organización en sus redes sociales.

Mientras tanto, la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) demandó al Estado realizar “una investigación inmediata y diligente de los hechos y que emprenda medidas urgentes que garanticen la protección de personas LGBTI”.

Fuente Agencia Presentes

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Crímenes de odio siguen impunes en El Salvador: exigen investigarlos

Jueves, 7 de noviembre de 2019

JUSTICIA-FEMINICIDIOS-TRANS-1024x768Por Paula Rosales, desde El Salvador

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuals, Trans e Intersexuales (FESLGBTI) exigió al Estado la investigación y judicialización de los crímenes de odio cometidos en contra de la población LGBTI.

De acuerdo a registros de la Federación, de enero a octubre de 2019 asesinaron a siete personas LGBTI con extrema crueldad, de los cuales, cinco casos se cometieron en contra de mujeres trans.

El pronunciamiento de las organizaciones se hizo escuchar después del asesinato de Anahy Miranda Rivas en la madrugada del domingo pasado. La joven trans de 27 años fue asesinada con saña al interior de un vehículo en un concurrido bulevar de San Salvador.

La Federación documentó en los últimos tres años al menos 20 asesinatos de mujeres trans de 16 a 32 años. La esperanza de vida de ellas no sobrepasa los 33 años. Mientras tanto, entre la población de hombres trans se contabilizaron al menos tres asesinatos durante los años 2017, 2018 y 2019.
Crímenes de odio siguen impunes

La Federación Salvadoreña LGBTI exige a la fiscalía y a la policía, así como a los demás operadores del sector de justicia, que investiguen el asesinato de personas LGBTI, aplicando la reforma al código penal referida a crímenes por odio y prejuicio, y buscando la condena de los culpables de estos crímenes”, expresó Roberto Zapata de la organización Amate El Salvador.

El Congreso de El Salvador reformó en 2015 el código penal para tipificar los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, hasta la fecha todos los casos continúan impunes.

“La vida se defiende sin importar edad, género o condición. Quien se atreva a atentar contra este derecho, que es irreemplazable, tendrá que afrontar duras consecuencias jurídicas. Y mi obligación es velar porque esto se cumpla”, escribió el fiscal Raúl Melara en su cuenta de Twitter.

Fuente Agencia Presentes

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Asesinaron a una mujer trans de 25 años en San Salvador

Miércoles, 30 de octubre de 2019

Anahi-Miranda-Rivas-El-SalvadorPor Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

  • A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
  • A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
  • Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
  • A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
  • Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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Frida Sofía, la trans que peleó contra las adicciones en los barrios populares de San Salvador

Lunes, 28 de octubre de 2019

frida_sofia_trans_salvador8-1024x768A un mes de su muerte, recordamos a Frida Sofía, trans salvadoreña, a través de quienes la conocieron, y reconstruyen vida y legado.

Por Paula Rosales, desde San Salvador (texto y fotos)

Frida Sofía murió sola en su pieza en los populares condominios Saavedra, en la capital de El Salvador. Las autoridades forenses indicaron que fue un infarto. La encontraron sin vida el último domingo de septiembre. Su cuerpo inerte pasó tres días en el apartamento donde vivía, esperando. La propagación de “olores raros” por los pasillos grises del edificio fue la señal de alerta para llamar a la policía.

Frida Sofía murió en medio de maquinas de coser, telas y encajes que utilizaba para confeccionar delantales, gabachas, vestidos y blusas. Su familia no apareció para reclamar su cuerpo y sus restos corrieron el riesgo de ir a parar a una fosa común, donde reposan los cadáveres sin identificar, en el Instituto de Medicina Legal de El Salvador.

La historia de Frida Sofía se construye y reconstruye en colectivo, como si estuviera hecha de retazos de recuerdos dispersos sobre los que cada persona tiene su versión. Dicen que nació en el municipio de Izalco, 63 kilómetros al oeste de la capital. Evocan que tuvo una mamá de crianza y una hermana que aún deambula por las calles.

Su familia, la que está reunida en la funeraria para rendirle homenaje, son personas LGBTI+ y ex adictos al alcohol y a las drogas que provienen de diferentes grupos, parte de la organización Alcohólicos Anónimos (AA) en El Salvador. Una de sus premisas expresa que el anonimato es la base espiritual de sus tradiciones.

José Manuel, de 57 años, recuerda muy bien el día que conoció a Frida. Aunque reconoce que su memoria le falla, no puede olvidar la primera impresión que sintió cuando ella llegó al albergue “La Cachada”. Ese lugar se ha convertido en una suerte de redención  para personas que padecen alcoholismo y drogadicción.

A pesar que ese encuentro sucedió hace 17 años, su voz se entrecorta al recordarla.

«Esa noche, ella levantó la mano y le dimos la bienvenida. Llegó bien pechita (delgada) y dio una señal de ayuda. Yo no sé andar viniendo a estos velorios, pero al recordar el estado en el que llegó y como salió después, nunca más volvió a beber».

Frida Sofía tocó fondo en la vida. Durmió en las calles, durante un tiempo realizó trabajo sexual, fue alcohólica y adicta al crack.

«Yo recuerdo a Frida como una persona que viene del infierno, de calabozos espirituales de donde no hay un poder humano que pueda sacarnos. Y ella siempre manifestó que los AA la habían rescatado», dijo a Presentes, Jaime A, está sentado en uno de los sillones de la sala de velación.

Con esfuerzo y la ayuda de sus compañeros, llegó a dejar todas las adicciones por 17 años. Y se convirtió en terapeuta para ayudar a luchar contra ellas. Según los testigos, fue una de las mejores. Decenas de hombres y mujeres siguieron sus consejos y, sobre todo, su testimonio.

 «Ella tenía una terapia tan amena, una terapia de shock, contundente, tocándole la mente a la gente, tocando el ego, bajando el orgullo. Hablaba de la pared creada por el ego de un individuo soberbio, obstinado, el que no quiere aceptar su enfermedad y padecimiento de alcoholismo», recordó Jaime A.

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Promotora de la vida

Su féretro de color celeste está adornado con flores de todos los colores. Girasoles, rosas blancas, amarillas y rojas como un homenaje a su lucha.

Frida Sofía ha muerto y de su imagen solo da cuenta una fotografía sobre el vidrio del ataúd. En la instantánea ella luce elegante, con su cabello rojizo, pendientes, una blusa de mosaico y una sonrisa tímida.

Las personas han llegado a rendirle homenaje. Guardan silencio, se inclinan en señal de respeto, y algunos, hasta se toman una foto frente a su ataúd para guardar el recuerdo del velorio de Frida Sofía, una mujer trans salvadoreña que se convirtió en una especie de heroína contra las adicciones en los barrios más populares de San Salvador.

La calle frente a la funeraria Casa Blanca, al este de la capital, está repleta de personas. Lxs dolientes forman pequeños grupos. Conversan, toman café, fuman cigarrillos y ríen. Parece una tertulia o el festejo de alguien, no un velorio, pero están homenajeando a una promotora de la vida.

En la diminuta sala de velaciones, iluminada por una luz blanquecina, algunos se atreven a cantar con guitarra o a improvisar el rezo de un santo rosario. En ese minúsculo espacio convergen vendedoras del mercado, que aún tienen su delantal abrazado a su cintura, y hombres con marcas en sus rostros que reflejan la rudeza de las calles.

La noche de la velación, Joselyn Paola, de 39 años entró sola a la capilla ardiente y se acercó al féretro para ver a su amiga por última vez. Estuvo unos segundos contemplando en silencio, luego salió con su rostro descompuesto por el dolor.

«Por Frida logré salir»

Conoció a Frida en su adolescencia. Dice que haberla encontrado hace 20 años, cuando ambas ejercían el trabajo sexual, cambió su vida. A Frida le gustaba mucho la música de Laura León, Ana Gabriel y Paulina Rubio. Juntas superaron el alcoholismo y mantuvieron su amistad por dos décadas.

«En la calle nos ven como menos, no nos valoran. Cuando llegué al grupo sentí que de verdad me querían. ‘Es mi familia’, dije yo. Aquí me aceptan tal como soy: maquillada, pintada, vanidosa. Antes nadie daba un cinco por mí, me quedaba tirada en las cunetas, pero por Frida logré salir. Me decía que yo tenía valor, por ella aprendí a ser honrada con el trabajo de mis manos».

Sus compañeros lucharon por una despedida digna. No era una persona sin identificar, ella era Frida Sofía. Las amistades y sus hermanos buscaron entre sus bolsas y carteras algo de dinero para colaborar en la compra del ataúd y el espacio en el cementerio La Bermeja, donde reposan sus restos. Frida Sofía ha muerto, sus restos descansan en paz.

Este trabajo fue realizado con el apoyo de la Fundación Internacional de Medios de Comunicación de las Mujeres como parte de ¡Exprésate !, su iniciativa en El Salvador y Guatemala.

Fuente Agencia Presentes

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Homofobia contra las personas refugiadas LGTBI

Viernes, 25 de octubre de 2019

problema-refugiados-gays-2016-veranoDesgraciadamente hoy en día todavía hay 77 países en el mundo en que las relaciones entre personas del mismo sexo se castigando con cárcel e incluso con la pena de muerte. Esto lleva a que cierto número de personas tengan que huir de su país de origen y buscar fortuna en otro.

El número de refugiados LGBT ha aumentado considerablemente en los últimos años, así lo recogen los datos recogidos de ACNUR una ONG de la ONU en cargada de proteger a los refugiados que hay a lo largo del mundo.

Muchas de estas personas forman parte del colectivo LGBT, que sufren a diario todo tipo de discriminación, persecución con violencia incluida. Aunque huyan de su país de origen siguen encontrándose con el mismo problema en mayor o menor medida al país al que llegan.

Cada año ACNUR hace entrega de un premio, llamado premio Nansen para los Refugiados, a todas las personas o asociaciones que dedican sus esfuerzos a ayudar de cualquier manera posible a los refugiados. Con motivo de la edición de este año, ha sido premiada Bianka Rodríguez, una joven transexual de El Salvador. Bianka es directora ejecutiva de la organización Comcavis Trans, asociación dedicada a defender los derechos de los refugiados LGBT.

En el evento celebrado en México, Rodríguez declaró lo siguiente: “el galardón reconoce y visibiliza una realidad que enfrentamos miles de personas que por nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género nos son negados esos derechos, donde nuestro diario vivir es la discriminación y la violencia. Vivimos en países donde nos toca resistir, sobrevivir, huir o morir; esa es nuestra cruda realidad”. También al recibir el premio homenajeo a 89 víctimas LGBT en México asesinadas por su condición sexual durante este año y a las 15 personas asesinadas en su país El Salvador.

Fuente Cromosomax

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Dos asesinatos a personas LGBT+ en menos de 24 horas en Guatemala

Miércoles, 16 de octubre de 2019

GUATEMALA-VIDALIA-Y-RAMIRO.002-712x356Ramiro Duarte, (Izda) y Vidalia Molina Delgado (Dcha)

Por Pilar Salazar, desde Ciudad de Guatemala

Vidalia Molina Delgado era una mujer trans de El Salvador, pero residía en Mazatenango desde hace ya varios años por desplazamiento forzado a raíz de la violencia en su país de origen. En la noche del viernes 11, desconocidos ingresaron a su negocio “Bar Mery” ubicado en la 2 avenida de la zona 1 de Mazatenango (a 160 kilómetros de la Ciudad de Guatemala) donde le acertaron disparos con arma de fuego en el rostro y torax, según dice el informe policial.

El sábado a las 5:30 am, Ramiro Duarte, un adolescente gay de 15 años (originario del barrio el Mitchal) que había sido secuestrado, fue encontrado muerto. Su cuerpo había sido acribillado con 8 balazos. Los vecinos dijeron que escucharon disparos de arma de fuego a las 11:35 pm del viernes, en la aldea Seneca Morales Izabal (a 308 km de la Ciudad de Guatemala). La misma noche en que asesinaron a Vidalia.

La Red Nacional de la Diversidad, Otrans Reinas de la Noche, Colectivo Visibles y la Oficina del procurador de los Derechos Humanos se manifestaron al respecto repudiando el hecho y exigieron una investigación para dar con los responsables de ambas muertes, perpetradas en menos de 24 horas.

Carlos Romero coordinador de la Red Nacional de la Diversidad Sexual dijo a este medio que hasta el día de hoy el “Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género”  ha registrado 15 asesinatos en Guatemala en lo que va del año de personas LGBT+

Mary*, una amiga de Vidalia, contó que ya había sufrido amenazas de extorsión. Y dice que ya existía una denuncia en el Ministerio Público por esto. Los restos de Vidalia fueron trasladados a su país de origen para ser inhumados.

Según cuenta Saskia Subary*, amiga de Ramiro, el joven había sido expulsado de la casa de sus padres, se había ido a vivir con su abuela y buscó trabajo para sobrevivir. Saskia resalta el miedo a ser libres de quienes viven en esa zona. “Acá nos vestimos de mujer a escondidas. Si lo hacemos libremente somos objeto de discriminación, de rechazo Morales es un lugar muy machista y vivimos con el miedo de que algo nos vaya a pasar”. Ramiro había participado este año en el evento “Miss gay luna roja” en el mismo departamento, como Maris Bell Brown.

El defensor de la diversidad sexual Henry España declaró a este medio que en el asesinato del adolescente, “se puede identificar la saña, ya que se utilizaron por 8 impactos de bala en el rostro, pero también por haber sido secuestrada la persona y luego dejada tirada. Por eso la PDH emitió un comunicado exigiendo al Ministerio Público una pronta investigación y que se identifique que los crímenes tienen un agravio de orientación sexual o identidad de género”.

El texto del comunicado expresó: “El @PDHgt condena la muerte violenta de 2 personas de la diversidad sexual, ocurridas en las últimas 24 horas en Izabal y Suchitepéquez. Expresa su solidaridad y condolencias a sus familiares, amigos y la comunidad LGBTIQ+. Exige al @MPguatemala y @PNCdeGuatemala realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Rechaza todo tipo de hechos de violencia contra toda persona.”

El 4 de mayo del 2017, la diputada Sandra Morán, de la Bancada Convergencia, presentó una iniciativa de Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio (Iniciativa 5278), con el objetivo de que las personas vivan libres de discriminación por su religión, edad u orientación sexual e identidad de género. Pero dicha iniciativa no ha encontrado respuesta en el Congreso de la República.

*Los nombres de estas fuentes figuran con seudónimos para preservar su seguridad.

Fuente Agencia Presentes

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Personas LGBTI preocupadas por acuerdo de asilo entre EEUU y El Salvador

Lunes, 30 de septiembre de 2019

Caravana-3-1024x512Por Paula Rosales

Activistas LGBTI rechazaron el acuerdo que suscribieron los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador para convertir al país centroamericano en un “tercer país seguro” para tramitar solicitudes de asilo. Según las organizaciones de derechos humanos, en El Salvador no existen las condiciones para desarrollarlo. El acuerdo se firmó el viernes por presión del presidente estadounidense Donald Trump, después que miles de centroamericanos desbordaran la frontera sur buscando entrar al país del norte.

Karla Guevara, directora del Colectivo Alejandría, lamentó que el gobierno de El Salvador aduzca que tenga la capacidad de recibir a migrantes de diferentes países de la región y que intentan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Considera que no se les podrá brindar las protecciones mínimas, ni proveerles empleo y ni garantías básicas de supervivencia.

“Es una situación bastante grave como pasaría en cualquiera de los países del Triángulo Norte, especialmente a las poblaciones LGBTI y que es la población que mas sufre desplazamiento forzado porque no existen condiciones sociales y económicas en nuestros países de origen”, dijo Karla Guevara a Presentes.

De acuerdo a Bianka Rodríguez, directora de la asociación trans Comcavis, este acuerdo pone en riesgo a las personas trans que sufren desplazamiento forzoso en El Salvador por causa de la violencia.

“Las personas LGBTI se verán afectadas porque desde este momento las personas LGBTI no podrán visibilizar la persecución que sufren ni la falta de garantía a sus derechos”, expresó Bianka a Presentes.

Decenas de personas de la población LGBTI salvadoreña sufren a diario amenazas, discriminación y persecución por lo que se ven obligados a emigrar irregularmente o solicitar asilo en otras naciones, principalmente en los Estados Unidos.

Bianka considera que El Salvador no tiene la capacidad para recibir a migrantes que intentan obtener asilo en Estados Unidos.

“(El Salvador) no puede solucionar la problemática de migración y de desplazamiento forzado de sus mismos ciudadanos. Es inviable que se convierta en un tercer país seguro”, expresó.

Pese a que las autoridades no dieron detalles, este acuerdo obligará a la nación centroamericana a recibir a los inmigrantes que quieran solicitar asilo en Estados Unidos.

“Parte de este acuerdo es sobre asilo. Un potencial uso del acuerdo es que las personas que cruzan por El Salvador deberían poder pedir protecciones ahí. Queremos hacer cumplir la integridad de ese proceso en toda la región pero es una parte más amplia de nuestra alianza para tratar los lujos migratorios en Centroamérica”, dijo a la prensa el secretario de Seguridad Nacional en funciones de Estados Unidos, Kevin McAleenan.

Según datos oficiales, por el territorio salvadoreño transitan ciudadanos nicaragüenses, hondureños, colombianos, venezolanos, cubanos y africanos que buscan llegar a los Estados Unidos.

Unos 17.000 salvadoreños han sido deportados desde los Estados Unidos desde octubre de 2018 hasta la fecha, según cifras del gobierno norteamericano.

“Estados Unidos es el único país que nos ofrece a la población LGBTI condiciones que no nos ofrecen nuestros países de origen”, recalcó Karla.

Por su parte Charanya Krishnaswami, directora de defensa para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, condenó el pacto alcanzado y considera que es una “burla” del derecho de asilo.

“El Salvador tiene una de las tasas de violencia más altas del mundo, incluida la violencia de género, tan rampante que Amnistía Internacional lo declaró uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer. No es seguro para sus propios ciudadanos, y mucho menos para los solicitantes de asilo”, expresó Krishnaswami en un comunicado.

El Salvador registro una tasa de 51 por cada 100.000 en 2018, una de las más altas del mundo, según Naciones Unidas. Más de 600 mujeres trans han sido asesinadas desde 1992.

Fuente Agencia Presentes

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Jon Sobrino: “Romero vivió y murió como Jesús de Nazaret”

Jueves, 26 de septiembre de 2019

MOns. Romero“Proclamó la verdad, fue poseído por ella y la proclamó con pasión”

Lo que sucedió en el Vaticano el 14 de octubre de 2018 – su canonización – fue importante, pero en el lenguaje de los antiguos fue un “accidente”

Termino con las palabras ya citadas por Ignacio Ellacuría: “Con Monseñor Romero Dios ha pasado por El Salvador”. Palabras de mártir a mártir

¿Cuál era entonces el contenido del 14 de octubre? Le preguntaron a un campesino quién era Monseñor Romero, y sin dudarlo respondió: “Monseñor Romero ha dicho la verdad. Nos defendió a los pobres. Y por eso lo mataron”. Es decir, vivió y murió como Jesús de Nazaret

Escribo desde San Salvador, donde ya había vivido durante tres años, desde 1977, cuando Romero fue nombrado arzobispo, hasta su asesinato en 1980. Lo que estoy a punto de decir es algo conocido entre nosotros. En otros lugares, a pesar de aceptar e incluso admirar a Monseñor Romero, el enfoque puede ser diferente, y a menudo lo es.

Creo que personas como Ellacuría -mártir a su vez- o este siervo que soy, pueden añadir algo, a saber, la experiencia personal, directa e inmediata de Monseñor Romero. Durante la misa, Ellacuría dijo: Con Monseñor Romero Dios ha pasado por El Salvador”. No lo dijo por su aguda inteligencia, sino por su contacto real con el arzobispo. Por mi parte, en virtud del contacto personal con él, lo primero que escribí y dije después de su asesinato fue que “Monseñor Romero creía en Dios”.

Lo que sucedió en el Vaticano el 14 de octubre de 2018 – su canonización – fue importante, pero en el lenguaje de los antiguos fue un “accidente”. La “sustancia” era el verdadero Oscar Romero, su acción y su palabra, su total confianza en Dios, su total obediencia a Dios y su total entrega a los pobres y víctimas de este mundo.

No era necesario declararlo santo

En El Salvador, el 24 de marzo de 1980, el día de su asesinato, nadie pensó en términos de canonización, pero mucha gente habló de la excelencia humana, cristiana y arzobispal de Monseñor Romero. Llorando, una campesina dijo: “Mataron al santo”. Pocos días después Don Pedro Casaldáliga escribió: “San Romero de América, nuestro pastor y mártir”. Nadie pensó que sería necesario trabajar en alguna curia para declararlo santo.

No sucedió como en otras ocasiones. Cuando murió José María Escrivá de Balaguer, muchos se apresuraron a obtener su canonización. Cuando murió Madre Teresa de Calcuta, la estima por sus virtudes ya era grande, especialmente por su amorosa parcialidad hacia los que sufren y abandonados, y se esperaba su canonización. Cuando murió el Papa Juan Pablo II, se escuchó el grito “santo de inmediato”.

Nada de esto sucedió después de la muerte de Oscar Romero. Y vale la pena recordar que el mismo día en que fue enterrado el muerto Romero, se vivieron los horrores que había enfrentado el Romero vivo: en la plaza de la catedral llena de personas, estallaron bombas, muchos huyeron en busca de refugio y dejaron allí una montaña formada con cientos de zapatos. El delegado oficial del Papa, Monseñor Corripio, entre otros, pidió que fuera llevado inmediatamente al aeropuerto. Por otro lado, hay una foto en la que se puede ver a seis sacerdotes cargando sobre sus hombros el ataúd de Monseñor Romero, y entre ellos al Padre Ignacio Ellacuría.

el-romero-de-cerezoVayamos a la sustancia. Monseñor Urioste solía repetir que Romero era el salvadoreño más amado por las mayorías oprimidas y el más odiado por las minorías de los opresores.

Proclamó la verdad, fue poseído por ella y la proclamó con pasión

¿Cuál era entonces el contenido del 14 de octubre? Le preguntaron a un campesino quién era Monseñor Romero, y sin dudarlo respondió: “Monseñor Romero ha dicho la verdad. Nos defendió a los pobres. Y por eso lo mataron”. Es decir, vivió y murió como Jesús de Nazaret.

Proclamó la verdad, fue poseído por ella y la proclamó con pasión. Cuando la realidad era positiva para los pobres, Monseñor Romero proclamó la verdad como evangelio -buenas noticias- con alegría y regocijo.

Cuando la realidad era negativa, era miseria, opresión y represión, crueldad, muerte -especialmente para los pobres- Monseñor Romero decía la verdad como una mala noticia, denunciando y desenmascarando, y la decía con dolor. Rico en verdad, Romero fue un evangelizador sincero y un profeta incorruptible.

Como “anunciador de la verdad”, Mons. Romero expresó juicios sobre la realidad, sobre toda la realidad. Dejó que “la realidad tomara la palabra” (Karl Rahner) y tuvo la honestidad de hacer pública la palabra hablada por la realidad misma.

Sobre la base de estos principios Monseñor Romero habló la verdad de una manera sin precedentes en el país, ni antes ni después de él.

romero_01Lo dijo enérgicamente, porque se basaba en el principio esencial y fundamental: “No hay nada tan importante como la vida humana, como la persona humana. Sobre todo, la persona de los pobres y oprimidos” (16 de marzo de 1980). En Puebla le preguntó a Leonardo Boff: “Ustedes los teólogos nos ayudan a defender lo mínimo, que es el don más grande de Dios: la vida”. La proclamó ampliamente, para poder decir “toda” la verdad. Por esta razón su Eucaristía en las misas dominicales en la catedral podía durar una hora y media o más. Lo dijo públicamente, “desde los tejados” como lo pidió Jesús, en la catedral y a través de la estación de radio diocesana YSAX, que fue repetidamente objeto de ataques con bombas y sufrió interferencias. Su última homilía tuvo que ser pronunciada frente a un teléfono conectado a una estación de radio en Costa Rica. La YSAX sigue emitiendo, pero, sin Monseñor Romero, ha perdido el extraordinario valor que tenía. Romero decía la verdad de manera popular, aprendiendo muchas cosas del pueblo, de modo que, sin saberlo, los pobres y los campesinos eran en parte, coautores de sus homilías y de sus cartas pastorales: “Tú y yo escribimos la cuarta carta pastoral” (6 de agosto de 1979); “Tú y yo hacemos esta homilía” (16 de septiembre de 1979). Y formuló frases notables sobre su relación con el pueblo para decir la verdad: “Siento que el pueblo es mi profeta” (8 de julio de 1979); “Hemos hecho una reflexión tan profunda que creo que el obispo siempre tiene mucho que aprender de su pueblo” (9 de septiembre de 1979).

Respetaba y apreciaba la razón

Y fue popular también porque Monseñor Romero respetaba y apreciaba la “razón”, el pensamiento de la gente, de la gente sencilla. Y evitó con éxito la infantilización religiosa, un riesgo siempre presente en el trabajo pastoral.

En América Latina, y ciertamente en El Salvador, creo que un buen número de personas aceptan la “opción por los pobres”. Podemos decir que ya pertenece a la ortodoxia eclesial, con el riesgo de que toda ortodoxia suavice la aspereza y diluya lo fundamental. Sin subestimar las cosas bien dichas sobre los pobres y la pobreza en Puebla, especialmente la impresionante letanía de los rostros de los pobres (n. 32-39), su multitud (n. 29), las causas estructurales de la pobreza y las necesidades de los pobres (n. 30), insisto en una comprensión más precisa de la opción, que aparece en la formulación teológica de Puebla. Dice en el n. 1142 del documento: “Los pobres merecen una atención preferencial, sea cual sea la situación moral o personal en la que se encuentren. Hecho a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos, esta imagen de ellos es borrosa e incluso indignada. Por eso Dios los defiende y los ama”.

Asesinato-arzobispo-Oscar-Romero-marzo_LNCIMA20130628_0300_27Ese campesino había comprendido bien la opción de Monseñor Romero por los pobres: “Nos defendió a los pobres”. No tengo nada más que añadir a este solemne juicio del campesino. Ni al lenguaje que usaba: defendía “nosotros los pobres”, es decir, nosotros “los que somos pobres”. La conclusión es que Monseñor Romero no sólo amó a los pobres y oprimidos del país, sino que también los defendió. Semana tras semana defendió a los pobres y a las víctimas con la verdad que proclamó públicamente en sus homilías. Estimuló la organización popular y la asistencia jurídica para defender a los campesinos y a las víctimas. Cuando la represión se desató, abrió las puertas del seminario central de San José de la Montaña para recibir a los campesinos que huían de Chalatenango, algo que ciertamente molestaba a varios obispos. Leer más…

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Gobierno de El Salvador despide a personal LGBTI

Miércoles, 11 de septiembre de 2019

2019020410144827559Nayib Bukele

SAN SALVADOR – La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI) denunció despidos injustificados en el recién ascendido gobierno del presidente Nayib Bukele, una decisión que atenta contra los derechos laborales de la población.

Bukele, que asumió su mandato el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarias de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que dejó en el limbo a unas 120 de personas, incluidas lesbianas, mujeres y hombres trans.

La Secretaría de Inclusión Social, creada en 2009 por el entonces partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pretendía avanzar en materia de derechos y desarrollo de sectores tradicionalmente excluidos de la agenda de los gobiernos.

Su programa insigne era “Ciudad Mujer”, que atendía de manera integral a mujeres en las seis sedes distribuidas en el empobrecido país centroamericano. Es en este programa en donde se empleaban a la mayoría de personas LGBTI.

Bukele despidió al personal sin posibilidad de reubicarlo

“Demandamos a las autoridades respectivas otorgar estabilidad laboral a las personas trans y mujeres lesbianas contratadas en las distintas instituciones gubernamentales, y aun en aquellas secretarías que han sido disueltas, puesto que son quienes más barreras enfrentarían para insertarse laboralmente debido al prejuicio social imperante”, expresó la federación en un comunicado.

Tatiana Molina, una mujer trans de 27 años, fue recepcionista durante seis años en la sede del programa gubernamental “Ciudad Mujer” de San Miguel, al oriente de la capital, pero fue despedida el pasado 31 de julio.

«Injusto e ilegal»

Molina sostiene que fue citada el 20 de agosto para que firmara su carta de liquidación de la plaza que ocupó; de no firmar la carta tampoco podía volver al trabajo.

“La carta decía que por decreto de ministros nuestras plazas serían suprimidas, y que por eso nos estaban liquidando, algo totalmente injusto e ilegal porque no había ningún proceso previo que respaldara la necesidad de suprimir los puestos de trabajo, de un día para otro nos hicieron el proceso de liquidación”, dijo Tatiana a Presentes.

Lamenta que, a pesar de haber votado al actual presidente, ahora está en una situación de desempleo. Ahora intentará un emprendimiento propio, mientras espera que un tribunal constitucional decida sobre un amparo presentado.

“Espero que las instituciones nos pueden brindar apoyo, para demostrar que nuestras plazas tienen que ser respetadas, porque estamos amparadas por la ley del servicio civil, y que por ende si no hemos incumplido con nuestros deberes, merecemos gozar de estabilidad laboral como dicta la ley, por eso mismo esperamos un fallo a favor de nuestros derechos laborales”, expresó.

De enfoque de derechos al Ministerio de Cultura

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública.

La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Nos ha pasado para Cultura. Nosotros no deberíamos de estar ahí, no somos un problema cultural. Deberían de mandar ahí a las personas que tienen la cultura de discriminar, a nosotros no”, dijo a Presentes Bryan Rodríguez, subdirector de la Asociación Generación Hombres Trans.

De acuerdo al informe “La exclusión laboral de personas trans en San Salvador”, presentado en 2016 por el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), la precarización y el poco acceso laboral en la capital afecta al 63.6% de mujeres trans y al 44.4 % de hombres trans.

Esta precariedad obliga a que las mujeres trans ejerzan el trabajo sexual en calles de la ciudad. En el caso de los hombres trans, a la falta de empleo debe sumarse el trabajo y comercio informal.

Las tasas de desempleo para mujeres trans es del 12.5% , mientras que para los hombres tras es del 11%. Mientras que los porcentajes generales para la población cisgénero es de 4.9 y 6.9% para mujeres y hombres respectivamente.

Cierre de espacios de diálogo

Las organizaciones también denunciaron el cierre de mesas de discusión temáticas en los Ministerios de Seguridad y Trabajo, espacios que servían para crear políticas de no discriminación; acceso al trabajo para personas LGBTI.

Las mesas han descontinuado las reuniones periódicas con las organizaciones, quienes presentaron una carta solicitando su continuidad, al cierre de la nota no han recibido comunicación de la petición.

“El presidente en tres horas como población LGBTI nos hizo añicos, en vez de seguir avanzando nos esta quitando los espacios que hemos ganado, es un gran retroceso”, dijo Rodríguez.

Defensores de derechos humanos sienten que el discurso del presidente Nayib Bukele pueda exacerbar los ataques hacia las personas LGBTI, ya que al no tener una posición clara sobre los derechos de las poblaciones diversas y su negativa a recibirlos piensan que puede incrementar la discriminación y la intolerancia.

En marzo de 2018 fue presentado en el Congreso un anteproyecto de Ley de Identidad de Género que aún se encuentra en estudio en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género.

Él (presidente) tiene un cierre completo con nuestra población. Lo que él está haciendo es provocar una elevación de violencia hacia la población LGBTI. Su discurso es “está bien que los violenten”, con el discurso del presidente si hay hombres, mujeres trans, gay, lesbianas asaltados, perseguidos, violentados, asesinados pues no se va a hacer nada”, expresó Rodríguez.

Fuente Agencia Presentes

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El Salvador: Gabriel Gasteazoro, el abogado que lucha ante la Justicia por matrimonio igualitario

Sábado, 24 de agosto de 2019

Gabriel-Gasteazoro-1024x512La Corte Suprema de Justicia de El Salvador admitió analizar una demanda de inconstitucionalidad en relación a la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Conversamos con Gabriel Gasteazoro, el joven activista y abogado que redactó e interpuso el documento que está en boca de todxs y que podría revolucionar el concepto de familia en ese país.

Por Franchesca Mata para Marcha*

Empezó la demanda siendo muy joven, en tercer año de derecho y le tomó dos años terminarla. Escribirla despacio y en el período de universidad le ayudó a ir incorporando ideas que surgían al evidenciar que en el derecho de familia las normas sólo incluían a parejas heterosexuales, pero también en el derecho administrativo, societario, en la ley de ética gubernamental para prevenir la corrupción. Es decir, evidenció como la heteronorma excluía a quienes tienen una orientación sexual por fuera de ella y eligen vivirla, lo que, en El Salvador, no sólo implica discriminación y señalamientos de la sociedad sino que también les acarrea inseguridad jurídica.

Gabriel es abogado y activista salvadoreño. Su experiencia se ha centrado en derecho constitucional con enfoque de género, y desde allí nos explica: “la Constitución salvadoreña no da un concepto de familia; en ella se establece que TODA persona tiene derecho a constituir su propia familia. Por eso, sostiene la idea que familia no es sinónimo de amor, ni de la unión de dos personas que procrean vida, pensar que el concepto se limita a mamá, papá e hijxs, deja fuera un sin número de familias constituidas, en la praxis, como tal. Una familia persigue un fin común: amor, sí; pero también fines socio económicos, de responsabilidad afectiva, económica”.

“Esta sentencia puede revolucionar el concepto de familia en El Salvador”

Por eso cree que “esta sentencia puede revolucionar el concepto de familia en El Salvador. Hasta ahora, cuando se delibera sobre el término, sólo se hace para discutir sobre adopción. Pero ahora se está hablando para permitir el reconocimiento social de otro tipo de familias, llámense familias monoparentales, homoparentales, abuelas con nietxs y de darle también la protección jurídica que estas familias merecen tener”.

– Gabriel, explicanos más en concreto sobre la protección jurídica de la que hablas…

Pensá que si quiero sacar un préstamo para poner un negocio, no puedo porque debo tener un cierto nivel salarial con mi grupo familiar, pero como con mi compañero no somos pareja, en términos legales, no llegamos a ser sujetos de crédito. Si me separo de mi pareja y adquirimos bienes ¿cómo los dividimos?

– ¿Qué pasa con el derecho, la libertad de elección, en el marco de la prohibición actual al matrimonio entre personas del mismo sexo?

Todas las personas deben elegir, ni el Estado ni ninguna persona puede decidir sobre qué tipo de relación queres tener vos.

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En El Salvador el Código de Familia dice:

Art. 11.- El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida.

Art. 33.- La ley regulará las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges entre sí y entre ellos y sus hijos, estableciendo los derechos y deberes recíprocos sobre bases equitativas; y creará las instituciones necesarias para garantizar su aplicabilidad. Regulará asimismo las relaciones familiares resultantes de la unión estable de un varón y una mujer.

Art. 90.- Son causas de nulidad absoluta del matrimonio: (…) 3a) Cuando los contrayentes sean del mismo sexo (…).

Para Gabriel, el código de familia salvadoreño da un concepto de matrimonio arcaico, de una unión para toda la vida, cuando para él, “el matrimonio es una unión con un mutuo acuerdo, por un determinado tiempo, que puede ser toda la vida, sí, pero que no es la única opción, pueden ser 10 o 15 años pero en definitiva es hasta donde lleguen de mutuo acuerdo”, y remata, la libertad de elección es eso: cuándo comenzar, cuando terminar y con quien.

***

– En el 2016 ya eras un activista por los derechos de la comunidad LGTBI, hacer esta demanda era una forma de militar desde tus conocimientos. Pero entonces no eras abogado, sino estudiante. Ahora, ¿“la profesión” o el ejercicio de cargos profesionales pueden coexistir con el activismo en las calles?

Sí . Creo que toda lucha debe empezar de forma colectiva, no de forma individual; todos los grandes cambios se han dado a través de las luchas de organizaciones populares y de base crítica.

– ¿Qué pensas sobre los comentarios en redes sociales, que señalan que en El Salvador (uno de los países más violento del continente) hay cosas mucho más importantes que estar resolviendo sobre la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo?

Claro que hay un sin número de problemas más urgentes: la violencia hacia niñas y niños, personas refugiadas, desplazamiento interno, travesticidios, la violencia en contra de las mujeres; claro que hay temas más urgentes, más sensibles; pero las luchas son interseccionales. ¿Vamos a dejar de luchar? No. Hay que dar las luchas desde cada trinchera, yo hice esto porque sentí que desde este lugar podía aportar.

– Finalmente, ¿vos te queres casar?

(Respira y entre risas, pero con voz firme, responde): sí me quiero casar. Quiero tener hijos, quiero adoptar, no creo en embarazos subrogados porque lo considero otra forma de explotación a la mujer. No sé cuándo lo quiero hacer, pero al final es protección y en algún momento yo voy a sentir la necesidad de tener esa protección legal pero también tengo una idea romántica que sé debo deconstruir pero que todavía la tengo –risas- . Quiero adoptar gemelos, quiero que me molesten y decirle a uno el nombre de otro, esas cosas; quiero tener la posibilidad de ser una familia con mi pareja, entre nosotros dos pero que después se amplié, tener hijos, criarlos, multiplicar el amor, que seamos más.

Esta nota se publicó originalmente en Marcha, una mirada popular y feminista de Argentina y el Mundo. 

Fuente Agencia Presentes

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Informe: Cada día asesinan al menos a 4 personas LGBTI en América Latina

Miércoles, 14 de agosto de 2019

01-hondurasPor Paula Rosales

SAN SALVADOR – Al menos unos 1.300 asesinatos de personas LGBTI se han cometido en los últimos cinco años en América Latina, haciendo un promedio de cuatro homicidios diarios, según un informe que preocupa a organismos de derechos humanos. El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el observatorio Sin Violencia LGBTI, recoge datos estadísticos de asesinatos cometidos en nueve países: Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia.

“Enfrentamos cuestiones de naturalización (de la violencia) en toda la región y es un hecho innegable. Mucha gente justifica que las condiciones en las que morimos las personas LGBTI las buscamos y particularmente nos las merecemos, nadie merece morir de esa forma, nadie merece vivir con violencia y nadie merece vivir con sus derechos violentados”, expresó Carlos Romero, secretario de la red nacional de diversidad sexual de Guatemala.

El observatorio regional indica que el país donde se cometieron más asesinatos durante cinco años de personas LGBTI fue Colombia con 542 homicidios; seguido de México 402 casos y Honduras con 164.

La lista también recoge datos de Perú con 57 asesinatos; El Salvador 53; República Dominicana 28; Guatemala 26; Paraguay 12 y Bolivia 8.

“Encontramos una tendencia de retroceso en la región (…) La mayoría de los casos corresponden a personas entre los 18 y 25 años, lo que nos parece alarmante”, expresó David Alonzo del equipo de Colombia Diversa.

Las organizaciones indicaron que poseen proyecciones preliminares de la Asociación brasileña ANTRA en las que en el mismo periodo habrían sido asesinadas 1.650 personas de la población, con un promedio de un homicidio por día.

La mayoría de las victimas corresponde a hombres gay y mujeres trans y se logró determinar que el 30 por ciento de los crímenes fueron causados por prejuicio. Según el estudio los asesinatos fueron motivados por la orientación sexual e identidad de género de las victimas.

El uso de las armas de fuego predomina en los crímenes, sin embargo, en los asesinatos de hombres gay y bisexuales son cometidos con objetos cortantes y ahorcamiento. Mientras tanto, las mujeres trans, bisexuales y lesbianas son asesinadas con arma de fuego en su mayoría.

“Las personas LGBTI seguimos enfrentando el estigma, muchas familias casi celebran que desaparecemos de este mundo para no seguir enfrentando el estigma con el que han vivido toda la vida. Morimos en el silencio, en la negación, morimos en la invisibilidad’, puntualizó Romero.

Los lugares más peligrosos para las personas LGBTI son la calle y la casa. Los datos recabados indican que el 80 por ciento de los cuerpos de las victimas fueron encontrados es espacios públicos abiertos y en sus domicilios particulares. Se destaca que las mujeres trans y lesbianas fueron atacadas en espacios abiertos, mientras que los ataques a hombres gay fueron cometidos en sus casas. 

Las activistas sostienen que la radicalización de los discursos religiosos y ultra conservadores, así como la militarización de la seguridad de los Estados, como el caso, de Brasil, Colombia y El Salvador está promoviendo estos hechos.

Triángulo Norte de Centroamérica  

El llamado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, es uno de los territorios más difíciles para las poblaciones diversas porque solo en la conservadora región 243 crímenes.

El estudio indica que 63 personas LGBTI asesinadas en esta región tenían entre 13 y 15 años; 95 tenían entre 18 y 25 años y 164 tenían entre 26 y 30 años.

Organizaciones que conforman el observatorio consideran que las cifras de los crímenes cometidos en contra de la población LGBTI continúan aumentando y los gobiernos siguen sin definir políticas de protección efectivas para prevenir, investigar y sancionar los asesinatos.

“Es momento de dejar atrás ésta impunidad y que empiecen las personas LGBTI a acceder a la justicia, sabemos que en muchos países de la región en especial Guatemala, El Salvador y Honduras son los tres países del Triangulo Norte más violentos para las personas LGBTI”, dijo a Presentes Bianka Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS.

Fuente Agencia Presentes

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Alessia Genovés, la primera periodista trans de El Salvador

Sábado, 3 de agosto de 2019

IMG_8932-3264x1632Por Paula Rosales

SAN SALVADOR – Alessia Genovés camina sin vacilar por los pasillos de un complejo de tribunales de uno de los países mas violentos del mundo. Ha llegado a cubrir una audiencia de intimación sobre el asesinato de Camila Díaz, una mujer trans que fue golpeada hasta su muerte en febrero pasado. Intentará llegar hasta el fondo de los hechos.

Su sola presencia es un suceso. Se enfrenta a la mirada atónita de abogados, policías y administrativos que la estudian de pies a cabeza. Murmuran, se sienten sacudidos por su presencia. Los signos de interrogación se dibujan en sus ojos.

Alessia tiene 22 años, estudia periodismo en la Universidad de El Salvador, el único centro de estudios público del país centroamericano. Reportea el caso de Camila Díaz porque fue invitada para acompañar el trabajo de Presentes. Esta no es su primera experiencia en el ejercicio periodístico. Además de realizar prácticas universitarias, ha colaborado con organizaciones sociales en comunicaciones. Esta es su primera asignación sobre un caso de asesinato.

Dice no tener miedo a ejercer la profesión que eligió. Espera que su identidad y expresión no sean problema para el desarrollo de su carrera. Parece que Alessia tiene una coraza que la protege de las reacciones de quienes la tratan por primera vez.

“Quiero que se genere el cambio en la aceptación de la sociedad, ojalá que haya una empresa que acepte a una persona transgénero, creo que puedo ayudar para que otras personas trans puedan tener acceso a una carrera profesional y ejercerla sin prejuicios, que una trabajadora social ya no se dedique al trabajo sexual, por ejemplo”, dijo Alessia a Presentes.

En el juzgado le extendió su mano al encargado de prensa, quien de inmediato no supo qué responder después de su presentación. Unos policías escucharon cuando Alessia se presentó como periodista, entre murmuraciones dudaron que lo fuera. Ella se dedicó a reportear e hizo caso omiso.

Teatro y poesía para alejarse del acoso

IMG_8594Alessia utiliza el teatro como un espacio de denuncia y de liberación, ahí puede ser quien sea, sin importar los estereotipos. Entre sus escritos, tiene una antología inédita que espera publicar algún día.

Los acosos en la universidad fueron los detonantes para buscar una opción de desahogo, recuerda que en respuesta a las humillaciones de sus compañeros de clase decidió ingresar a la compañía de teatro “Acto único”. En la época que sintió discriminación acepta que tuvo algunos episodios de violencia en contra de quienes le agredieron.

Además de causarle molestias, el tiempo de la carrera de Alessia se ha alargado porque no ha sentido el apoyo de las autoridades de la universidad para denunciar los ataques que sucedían en las redes sociales.

“Me he retrasado y me han hecho sentir bastante mal, porque no siento seguridad en la universidad, hay gente que se dedica a acosar a los demás sin que nadie haga nada. Hay una falta de principios”, dijo Alessia.

Sin embargo, en la Universidad de El Salvador, que es la más antigua del país, la brecha y discriminación de género es uno de sus principales problemas a resolver. Para contener y eliminar los abusos registrados en el recinto académico, las autoridades crearon en 2014 el centro de estudios de género, que se encarga de promover la equidad y la autonomía de las mujeres.

Sin embargo, pese a contar con la defensoría estudiantil, las denuncias de acoso y abuso sexual causadas por catedráticos no cesan. En 2018 la población estudiantil fue de 61.987, del cual 54 por ciento corresponde a mujeres.

El centro de estudios de género presentó en 2018 el estudio “La Universidad de El Salvador como espacio de reproducción de la violencia de género”, el informe recoge denuncias de violencia psicológica, emocional, sexual, económica, simbólica, física y patrimonial.

El estudio reflejó que del total de denuncias de personas más violentadas en el recinto universitario el 64.82 por ciento corresponde a mujeres; el 34.66 por ciento a poblaciones LGBTI y el 18.52 por ciento a hombres.

“Ella ha gozado de los mismos derechos y también por su identidad de género no dudo que en algún momento al igual que cualquier otra persona pueda haber experimentado problemas de cualquier naturaleza. Sin embargo, nunca ha venido a poner ninguna denuncia”, dijo a Presentes Arely Franco, jefa del departamento de periodismo de la Universidad de El Salvador.

Alessia comparte aulas con otros 800 estudiantes del departamento de periodismo de la Universidad de El Salvador y es la primera mujer trans en egresar del Alma Mater, al menos, públicamente.

Familia y pasión

Alessia se reconoce en la obra de Fiódor Dostoievski. Dice que la tragedia de los hermanos Karamázov fue una suerte de presagio del drama familiar que ha tenido que vivir. Es la penúltima de cinco hermanos. Ha tenido que dividirse entre las viviendas de su madre y su abuela paterna. Sus padres están separados desde que Alessia era menor de edad. Su mamá no ha tenido trabajos estables, en algún tiempo se dedicó a las ventas de servicios fúnebres. Dice que la relación con su papá fue difícil desde la niñez.

Recuerda que durante su infancia no estuvo alejada de los abusos físicos y emocionales. Aún se cuestiona del por qué era golpeada, menospreciada y hasta calumniada por sus padres. A pesar de que ahora tiene una relación cordial, los recuerdos de su infancia son perennes.

Alessia inició su transición en 2016. El proceso de reemplazo hormonal comenzó en 2018. La aceptación de su familia se dividió cuando mostró su identidad y expresión de género. Su mamá y algunos familiares la apoyan completamente, mientras que su abuela y papá no están de acuerdo.

Cuando asumió su identidad sintió inseguridad y miedo, pensaba que los cambios podrían ponerla en riesgo debido a las denuncias de ataques y asesinatos de mujeres trans en El Salvador. Sin embargo, ahora dice que se siente cómoda con su decisión.

Ahora vive en una zona con presencia de las temidas pandillas de El Salvador. Ahí comparte casa con su abuela paterna, un par de perros chihuahua, pollos y palomas, pese a que su abuela no está de acuerdo con su identidad y expresión de género.

La primera mujer trans periodista en El Salvador

IMG_8584Ejercer el periodismo en el país centroamericano, que se disputa con Venezuela el titulo del más violento del mundo, es un verdadero desafío. Poco acceso al trabajo, salarios y condiciones laborales precarias, acoso sexual y cibernético son apenas algunos de los desafíos que Alessia deberá afrontar.

Allessia ya tuvo una oportunidad en un canal de televisión local que se transmite en algunos departamentos de El Salvador por señal de paga. Lo hizo cuando aún tenía su expresión masculina. Ahí realizó entrevistas, reportajes y producción de contenidos culturales y de entretenimiento.

“Al igual que cualquier otra profesional (su desafío) es tener apertura. En general, en los medios de comunicación de nuestro país es poca la oferta laboral que tienen respecto a la demanda que hay, ella tiene que hacer valer sus derechos mediante sus cualidades y capacidades como periodista”, expresó Arely Franco a Presentes.

De acuerdo a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Alessia es la primer mujer trans que ejerce el oficio en el país y está rompiendo los esquemas del conservador país.

APES presentó en 2018 un diagnóstico sobre el entorno de trabajo de mujeres periodistas en El Salvador en donde se evidenciaron las condiciones y precariedad del trabajo de prensa.

“Podría sufrir discriminación por tener una expresión de género que no coincida con los roles y las expectativas que son asignados a una persona por su sexo biológico, lógicamente esto implicaría complicaciones en tener acceso a un trabajo en cualquier medio de comunicación”, dijo a Presentes Angélica Cárcamo, Presidenta de APES.

De acuerdo al estudio de la gremial, el 78.85 por ciento de las encuestadas dijo que las empresas mediáticas no promueven la equidad de genero que garantizaría los derechos de las mujeres periodistas. Además, reconocieron que son victimas de expresiones de violencia, acoso sexual y menosprecio de sus capacidades de trabajo por el hecho de ser mujer.

“A las empresas mediáticas en general les sugerimos tener una apertura a reconocer y visibilizar las diversidades, hacerlo permitiría para que las personas que son transgénero o de la comunidad LGBTI vean a personas en las que puedan identificarse”, recalcó Cárcamo.

Un día de cobertura

Pese a la sorpresa de la primera impresión, periodistas de diferentes medios que cubren el área judicial recibieron con amabilidad y sin discriminación. Alessia compartió algunos detalles e impresiones de la cobertura.

“Mi verdadero reto es asumir mi responsabilidad social como periodista y reconocer la necesidad de generar empatía ante las actitudes abusivas de los demás para saber qué hacer y cómo hacer”, dijo.

La tarde transcurrió lentamente, adentro del juzgado un juez se disponía a escuchar a tres policías acusados de asesinar a Camila Díaz. Alessia esperó a que finalizara la intimación de los cargos y decidir sus siguientes pasos.

Estuvo sentada por tres horas en las sillas de espera en donde han descansado personas acusadas de violación, asesinato, robo y otros delitos, ahí aguardo pacientemente la decisión del juez sobre los policías.

Alessia reportea uno de los 68 asesinatos de mujeres trans cometidos en El Salvador entre 2016 y 2019. Sabe que esta entrando a terreno fangoso que la pone en riesgo letal. Pero está dispuesta a arriesgarlo todo para ejercer la profesión que decidió estudiar.

Acudió nuevamente al juzgado, el lugar estaba más lleno que la última vez. Su larga cabellera estaba perfectamente alaciada. Se notaba ansiosa por conocer el veredicto, sacó una libreta roja de su bolso negro, lapicero y el teléfono dispuesta a entrevistar a todas las partes del proceso.

“Me siento satisfecha de que mi trabajo sea tomado en cuenta. Siento que es una labor que debe realizarse con responsabilidad, con legalidad y con mucho cuidado y eso estoy dispuesta a asumir”, expresó Alessia.

  • Este reportaje fue apoyado por la International Women’s Media Foundation como parte de ¡Exprésate!, su iniciativa en América Latina.”

Fuente Agencia Presentes

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La ONU condenó ola de asesinatos a personas LGBTI en Honduras

Lunes, 22 de julio de 2019

orgullo HondurasLa oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) condenó las muertes violentas de 20 personas de la población LGBTI en 2019 en ese país. El organismo internacional lamentó que sólo en el mes julio fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.

“La OACNUDH expresa su preocupación frente a estos graves hechos y a las reiteradas denuncias sobre ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas miembros de la comunidad LGBTI en el país”, expresaron en un comunicado difundido el lunes.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció al respecto: “Urge a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia, tomando en cuenta la posibilidad de que hayan sido motivados en prejuicios basados en la orientación sexual, expresión/identidad de género –reales o percibidas– o características sexuales de estas personas. La CIDH reitera su preocupación ante los altos niveles de violencia en contra de personas trans en la región y la baja expectativa de vida de esta población”, dice el comunicado. 

Los países que conforman el Triangulo Norte de Centroamérica, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, son considerados con altas tasas de criminalidad y homicidios, de las que también son víctimas la población LGBTI.

Ante el acoso, discriminación, amenazas y muertes, decenas de mujeres trans centroamericanas han integrado caravanas de migrantes que buscan a llegar a los Estados Unidos.

“La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario”, indica OACNUDH.

En 2018 la ONU expresó preocupación sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y señaló la impunidad en el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGBTI.

Fuente Agencia Presentes

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Trans denuncian tratos inhumanos en centros de detención en EEUU

Sábado, 20 de julio de 2019

IMG_8903-1228x614Por Paula Rosales, desde San Salvador

Al menos unas 29 mujeres trans migrantes, originarias de México y Centroamérica, denunciaron abusos y tratos discriminatorios por agentes migratorios mientras estuvieron detenidas en el centro correccional de Cibola ubicado en Nuevo México, Estados Unidos.

La denuncia fue hecha a través de una carta escrita por las víctimas en el centro de detención, y enviada por correo a la organización Trans Queer Pueblo, quienes la difundieron en un video publicado en sus redes sociales.

En la carta, las trans detenidas entre abril y junio de 2019, denunciaron la falta de atención médica y tratos discriminatorios como desnudarlas para revisarlas por parte de agentes migratorios.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), tiene bajo su custodia a las mujeres trans firmantes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba y Rusia que huyeron de la violencia y buscan asilo en el país del norte.

“Yo le dije a ICE que uno venía de sufrir de nuestros países y no valía la pena que nos tuvieran sufriendo en Cibola. Se sufre mucho en este lugar, el agua para tomar es reciclada, la que se usa en los baños sanitarios la pasan por filtro para reutilizarla, del grifo sale hasta con pedazos de papel higiénico”, dijo a Presentes Julissa Medrano, mujer trans salvadoreña migrante.

Julissa Medrano huyó en enero de este año de El Salvador por las amenazas de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13, quienes la habían sentenciado a muerte por su identidad de género y orientación sexual. Estuvo detenida en Cibola desde el 3 de abril hasta el 3 de julio de 2019.

La unidad 900 es el espacio en Cibola asignado para las mujeres trans que esperan presentarse ante un juez migratorio para solicitar asilo. En la denuncia pública, las mujeres trans también expusieron que agentes migratorios las obligan a firmar documentos en inglés que no comprenden, muchos de estos papeles son órdenes de deportación “voluntaria”.

“En días pasados los trabajadores de esta unidad nos engañaron obligándonos a firmar hojas que no fueron explicadas, ni sabíamos cual era la verdadera finalidad”, denunció Karla Bautista, coordinadora del proyecto Liberación para Trans Queer Pueblo, quien leyó la carta de denuncia de las mujeres trans detenidas en Cibola.

Las mujeres que firman la denuncia pública dicen que no tuvieron la atención adecuada para personas con VIH; que no hay medicina para infecciones en la piel que han adquirido en el centro de detención y se les limita el uso del agua e implementos de limpieza personal.

“En la hielera (centro correccional) estuve trece días, y solo una vez me sacaron para bañarme, fue muy doloroso. Si me hubieran dejado más tiempo en Cibola, me hubiera vuelto loca”, expresó Julissa a Presentes.

De acuerdo a Julissa Medrano, “la hielera” de Cibola es un cuarto muy frío ubicado en el piso subterráneo del centro de detención. En ese espacio caben unas 10 personas, no hay camas, a las personas les entregan una alfombra para que la pongan en el piso para dormir y un pedazo de papel de aluminio para cubrirse del frío.

El centro de detención Cibola se encuentra en la villa Milán. La ciudad tiene apenas 11 kilómetros cuadrados y el 67 por ciento de su población es hispana o latina. Es la única instalación en donde se cuenta con un área específica para poblaciones diversas.
Antecedentes en Cibola

Cibola es el mismo centro donde en 2018 estuvo detenida cinco días Roxsana Hernández Rodríguez. Esta mujer trans de 33 años llegó a Estados Unidos en una de las caravanas migrantes que partieron de Honduras.

A Roxsana la trasladaron a Cibola el 16 de mayo de 2018, después de entregarse al servicio de migración para solicitar asilo en Estados Unidos. Roxsana estuvo cinco días en la ‘’hielera’’ donde tuvo un cuadro complicado de diarrea y vómitos. Después la trasladaron al hospital Lovelace Medical Center en Albuquerque. Allí permaneció ocho días en cuidados intensivos y falleció el 25 de mayo por neumonía, deshidratación y complicaciones asociadas al VIH.

De acuerdo a declaraciones del patólogo forense Kris Sperry -brindadas a medios de comunicación en noviembre de 2018- cuando se realizó una segunda autopsia a Roxsana, esta determinó que se encontró evidencia de abuso físico, como hematomas profundos en su abdomen y manos, así como evidencia de trauma por fuerza contundente.

Julissa estuvo en “la hielera” de Cibola entre el 11 y el 24 de marzo de 2019. Contó a Presentes que en ese tiempo estuvo sola y solamente le permitieron bañarse una vez en trece días, además, el papel de aluminio para cubrirse del frío se rompió y tuvo que soportar un clima al que nunca estuvo acostumbrada.

“Son bien malos, son ingratos, se ven cosas terribles. Pero la necesidad de salvar nuestra vida nos hace aguantar todo lo que tenemos que pasar en estos centros de detención, es doloroso”, dijo Julissa.

Julissa recuperó la libertad el pasado 3 de julio. Su caso fue atendido por la organización de Mujeres Latinas Transgéneras – TRANSLATINAS, quienes le ayudaron en el proceso legal de asilo y a sufragar los gastos de traslado hacia el estado donde Julissa reside en los Estados Unidos junto a una familiar. Al momento de su salida de Cibola, quedaron 41 mujeres trans que esperan respuesta a sus procesos migratorios.

Organizaciones como TRANSLATINA, que da asistencia legal a mujeres trans en proceso de asilo, están organizando actividades de denuncia pública sobre los casos de Cibola.

Fuente Agencia Presentes

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