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Denuncian graves vulneraciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador

Sábado, 28 de mayo de 2022

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Crece la preocupación por la falta de información sobre los detenidos, en su mayoría en forma ilegítima. La población LGBT es la más afectada.

MEJICANOS, El Salvador. Cientos de mujeres esperan en una extensa fila afuera de un centro penal de El Salvador. Aguardan su turno para suplicar información acerca de sus familiares detenidos durante el polémico régimen de excepción.

Algunas, con sus ojos llorosos, buscan respuestas para la incertidumbre que viven desde que el Congreso aprobó una emergencia de seguridad que suspende derechos constitucionales.

Las personas duermen sobre cartones, bajo improvisados toldos de plástico colgados en espacios de la calle. Se alimentan con comida que varias iglesias preparan para regalar a las familias que esperan afuera de la prisión La Esperanza, al norte de la capital. Su denominador común es la pobreza y la estigmatización de vivir en zonas populosas con presencia de pandillas.

Esperan días enteros bajo el sol y la lluvia. Denuncian que una noche fueron despertados por chorros de agua que les lanzaban desde un camión cisterna, mientras estaban acostados en la calle. Lamentan que los soldados y policías les han amenazado para que se vayan de la zona.

“Nos dijo un policía: ‘ahora nosotros tenemos la ley que los podemos agarrar y los podemos hasta matar a cualquiera. Tenemos la autoridad que el gobierno nos ha dado’. Eso no es justo, yo tengo mucho miedo”, relató a Presentes, María Méndez, mientras esperaba su turno en la fila.

Cuenta que su hijo de 24 años fue detenido en una zona rural mientras realizaba labores agrícolas. Los policías le pidieron que los acompañara a la delegación para una investigación y lo dejaron detenido desde el cinco de mayo.

Desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo, detuvieron a 32.529 personas. Todas están acusadas de colaborar o pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y su rival Barrio 18 en sus facciones. 

Largas filas esperan por ingresar a las cárceles para tener datos de sus familiares detenidos en forma arbitraria.
Registro: Paula Rosales.
Edición: Estefanía Cajeao.

Población LGBTI

Keiry Mena, una mujer trans de 44 años. Fue detenida por cuatro policías la tarde del domingo 8 de mayo cuando salió a comprar esmaltes de uñas para su trabajo. La mujer atiende a domicilio debido a que no cuenta con local para sus clientas.

Keiry se formó como estilista en la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans. También en la extinta Dirección de Diversidad Sexual de la clausurada Secretaría de Inclusión Social por orden del populista presidente Nayib Bukele.

De acuerdo al testimonio de Esmeralda Molina, sobrina de Keiry, esa tarde los policías le dijeron que fue detenida porque tenía cuatro denuncias anónimas. La acusan de extorsión. Ese día le quitaron el teléfono celular como “prueba”. Keiry vive junto a su mamá y hermana en un mesón ubicado en “el callejón de los niños”, en la ciudad industrial de Soyapango, 11 kilómetros al oeste de la capital.

En la Procuraduría General notificaron que cambiaron el delito de extorsión por agrupaciones ilícitas, sin notificar previamente a la familia. Keiry ayuda económicamente a su mamá y hermana quienes ahora están con incertidumbre para pagar el alquiler de la habitación que comparten.

el-salvador-puerta-de-la-carcel-1024x768Ningún organismo brinda datos certeros sobre el estado de las personas detenidas.
Foto: Paula Rosales.

Ninguna respuesta

Desde que inició el régimen de excepción en marzo, la Procuraduría General de la República atiende miles de familias que peregrinan afuera del edificio en busca de ayuda y respuestas que nadie les da. Han escuchado cuando los servidores públicos dicen que “no iban a apelar por las personas que se han detenido”.

“Lo que hacen es una injusticia. Se la llevaron injustamente y sin pruebas, porque no traían ningún documento ni las denuncias de las personas que hicieran constar. Tampoco pruebas de las personas que la misma policía me indicó que tenían”, dijo a PresentesEsmeralda Molina.

Las clientas habituales de Keiry apoyaron a su familia con dinero para colaborar con los gastos de movilización. Es interminable cantidad de trámites que deben hacer para tramitar la liberación de Keiry.

El centro Diké de personas transgénero y LGBTI registró la detención de cinco personas de la población durante los casi dos meses que lleva la medida. Un hombre gay, dos mujeres trans y dos hombres trans han sido detenidos, informó a PresentesGabriel Fernández, director de protección y antiviolencia.

Esteban M (nombre de la víctima modificado para resguardar su integridad) es un hombre transexual de 27 años que denuncia que la tarde del jueves 21 de abril la policía lo obligó a descender del autobús para una revisión rutinaria. Los cuerpos de seguridad lo golpearon y ordenaron a que se desnudara para comprobar que no tuviera tatuajes alusivos a las pandillas. Fue liberado horas después.

La madrugada del martes 26 de abril, Alessandra Sandoval, de 24 años, se despertó por los golpes de la policía en la puerta de la vivienda que comparte con su madre, en un populoso barrio de las periferias de la capital. La detuvieron por no presentar su documento de identidad personal y fue trasladada a un centro penal de hombres.

El-Salvador-Alessandra-1-1024x1021En la última marcha, durante el día de lucha contra el LGBTIOdio pidieron por la libertad de Alessandra.
Foto Paula Rosales.

Estigmatización y violencia 

Entre las principales vulneraciones registradas por Diké está el irrespeto a la identidad de género. Las personas detenidas han sido expuestas desnudas y obligadas a guardar prisión en celdas que no corresponden a su expresión.

Fuentes consultadas por Presentes comentaron que el hacinamiento dentro de las prisiones durante régimen especial es insostenible. En cada celda hay entre 130 y 140 personas que deben sortear los espacios para dormir, los baños también son utilizados como dormitorios.

“Muchas veces se piensa que son pandilleros que se han ‘disfrazado’ para eludir la justicia. Han sido ridiculizados tanto para mujeres como hombres trans”, expresó a Presentes Gabriel Fernández de Diké.

 

Cuentas vinculadas a policías y soldados difundieron imágenes de mujeres trans con su torso desnudo a quienes acusan de ser colaboradoras de la pandilla Barrio 18. 

“Hay agravio a su integridad física ya que se les asigna en el caso de las mujeres trans junto con hombres que pueden agredirlas ya sea física o verbalmente. Esto las pone en un eminente peligro”, señaló Gabriel.

Al momento de ingresar a los centros penales, los detenidos son expuestos a tratos denigrantes. Su cabello es cortado y son expuestos ante las cámaras gubernamentales en ropa interior para difundirlos por las redes sociales, y medios de propaganda oficial. Las mujeres trans son tratadas como el resto de la población masculina.

La organización CRISTOSAL ha documentado del 27 de marzo al 19 de mayo 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción. El 77.7 por ciento de los victimarios fueron agentes de la policía.

Consideran que al menos 16 personas detenidas han muerto en este periodo. Se presume que algunos fueron golpeados al interior de los centros de detención provocándoles la muerte. Otros casos fueron por negarles el acceso a tratamientos médicos prescritos.

“Se ha documentado que mueren por golpizas algunos o porque las propias autoridades penitenciarias no les permiten acceso a sus documentos. En ambas situaciones hay una responsabilidad de violación a la vida de las autoridades por muerte”, expresó a la prensa David Morales, director de derechos humanos de CRISTOSAL.

El-Salvador-carceles-afuera-1-1024x768La organización CRISTOSAL documentó 555 casos de violaciones a derechos humanos durante detenciones en el régimen de excepción.
Foto: Paula Rosales.

Familias sin recursos ni información 

Las familias de Alessandra y Keiry viven cada día con la preocupación de garantizar los gastos generados por sus detenciones. Desde que fueron retenidas utilizaron los pocos ahorros o pedir dinero prestado para cumplir con las exigencias de los centros penales.

“Mi hermana sacó de un ahorro que tenía para comprar un teléfono, yo puse todo el dinero que tenía de la venta de ropa”, expresó Juan Carlos que pidió omitir su apellido por seguridad.

Los niveles del azúcar en la sangre de la mamá de Alessandra se elevaron. Con la precaria economía familiar han tenido que cubrir los gastos médicos provocados por la detención de su hija.

La falta de información clara sobre las condiciones de las personas detenidas aumenta la incertidumbre de sus familias que deben peregrinar por las instituciones en busca de datos fiables sobre sus procesos. 

“La información que se encuentra respecto a cómo están estas personas es casi nula. La limitan mucho casi siempre solo a familiares. Ha habido ocasiones que hemos hecho el acompañamiento con familiares ya sea a bartolinas o procuraduría y no se les ha dado la información necesaria”, señaló Gabriel de Diké.

Presentes solicitó en tres ocasiones comentarios del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sin tener respuesta al cierre de la nota.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. , , ,

Cómo impacta a mujeres y a las diversidades la persecución a periodistas en El Salvador

Lunes, 9 de mayo de 2022

2202811D-434D-4BAC-B779-F15C0C9F1C14-768x432Desde el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Bukele, periodistas y activistas LGBT sufrieron amenazas y hostigamientos.

SAN SALVADOR, El Salvador. El Congreso salvadoreño aprobó en marzo una nueva y polémica reforma el código penal del país. Esta medida establece condenas de hasta 15 años para periodistas que publiquen contenidos informativos sobre las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18.

La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.

Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.

El amedrentamiento permanente

Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.

Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.

“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.

9E812FAF-0CC3-455F-AA8C-E90B8839C1C3El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.

“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.

Justificando las reformas

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.

Mordaza al hablar de pandillas

Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.

En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.

En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.

Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.

7040E0B3-6BF7-40DD-B2D9-794D61D49CE4“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.

En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.

El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.

Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.

El castigo a la prensa

“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.

Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.

“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.

 

El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.

“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.

“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.

De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.

Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.

“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

Libertad de información en riesgo

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI),señaló en un comunicado su preocupación por el aumento de acosos digitales y discursos de odio desde la implementación del régimen de excepción, que ponen en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.

“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.

El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.

Fuente Agencia Presentes

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El Salvador: Una mujer trans fue arrestada arbitrariamente en el marco del régimen de excepción

Sábado, 7 de mayo de 2022

150D9E39-2885-4172-B97E-F131D6B2B081La mujer fue sacada a la fuerza de su casa por no tener documento de identidad.

EL SALVADOR, San Salvador. La madrugada del martes 26 de abril, Alessandra Sandoval, de 24 años, se despertó por los golpes de la policía en la puerta de la vivienda que comparte con su madre, en un populoso barrio de las periferias de la capital. Fue detenida por no presentar su documento de identidad personal.

“Mi hermana se encontraba en la casa de mi mamá. Llegaron a la casa a revisar, y por ser la única persona que no tenía documentos se la llevaron detenida”, dijo a Presentes, Carlos Rivera, hermano de Alessandra.

Alessandra no ha tramitado el Documento Único de Identidad (DUI), por negarse a utilizar el nombre masculino asignado al nacer. El Salvador aún no cuenta con una ley de identidad de género que acredite el nombre de acuerdo a su expresión autopercibida.

La familia de Alessandra expresó que no es la primera vez que la policía hace revisiones de rutina en las viviendas. Los ingresos deben ser autorizados por cada vecino, y son permitidos porque se enmarcan dentro del plan Casa Segura de la institución encargada de la seguridad pública. Sin embargo, desde que inició el régimen de excepción, policías y soldados pueden entrar sin previo aviso a las casas.

“La han llevado detenida injustamente porque ella no es delincuente, ni nada por el estilo y solo por no tener el documento está detenida. Los policías se enojaron por eso y se la llevaron”, expresó Carlos.

Un régimen que quita derechos

El régimen de excepción, aprobado en el congreso el 27 de marzo, fue renovado por treinta días más esta semana. Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.

El presidente Nayib Bukele solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

“Como ya sabemos cómo son las autoridades en El Salvador que primero pegan y después preguntan pues hay que tener toda la documentación en regla. Debemos tener ciertas precauciones”, expresó Monica Linares a Presentes, directora de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoiris Trans.

Sin dinero para contratar asesoría legal

Alessandra se dedica a la venta de ropa de segunda mano igual que su hermano Carlos. Desde la detención de ella, no pudo salir a entregar los pedidos que le hacen por las redes sociales. Tampoco tiene los recursos suficientes para pagar los servicios de asesoría legal.

La falta del documento de identidad de Alessandra dificulta. Sin él, no pueden solicitar la constancia de antecedentes penales o solvencias de la policía que exigen las autoridades para su liberación.

Los abogados penalistas cobran entre quinientos y tres mil dólares por defender a las personas detenidas durante el régimen de excepción.

Más de 19.000 personas han sido detenidas durante 32 días acusadas de pandilleros. Ninguna de estas capturas tuvo orden de un juzgado.

El Congreso aprobó en marzo reformas para aumentar los años de prisión en los delitos contemplados en el código penal, procesal penal, ley antiterrorista y ley penal juvenil. El objetivo era disuadir a quienes integren y colaboren con las violentas pandillas. Los menores de edad de 12 a 16 años podrían ser condenados hasta una década de prisión.

“Exigimos que por lo menos exista el mínimo de respeto de la probabilidad de inocencia. Mientras eso se comprueba, deberían tener un mínimo de cuidado de no hacer detenciones arbitrarias por el simple hecho de cumplir con un número o meta que les han dado a los policías”, expresó Mónica.

La situación de Alessandra

La policía le informó a la familia de Alessandra que sería acusada de colaborar con las pandillas y podría ser condenada entre 20 y 30 años de prisión.

“Estoy bastante mal. Me dijo el policía que si no nos rebuscamos a mi hermana la van a poner como colaboradora (de la pandilla) y ella no es nada de eso”, expresó llorando Carlos a Presentes.

Para la organización Amnistía Internacional el régimen de excepción ha provocado “una tormenta perfecta” en la violación de derechos humanos a las personas detenidas durante este período.

“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, expresó el organismo en un comunicado difundido esta semana.

https://twitter.com/amnistiaonline/status/1518632119064485890?s=12

Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cinco detenidos murieron después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.

Hasta el 27 de mayo están suspendidos en el país centroamericano las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Los detenidos en este periodo no tienen derecho a tener un defensor y pueden ser detenidas hasta seis meses mientras duran las investigaciones fiscales.

La cuenta de Twitter Halcón Azul publicó las fotografías de dos mujeres trans desnudas durante la detención, dirigiéndose a ellas por sus nombres de identidad de género como “alias”.

Fuente Agencia Presentes

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La policía de El Salvador detuvo violentamente a un activista trans durante el régimen de excepción

Jueves, 5 de mayo de 2022

  2202811D-434D-4BAC-B779-F15C0C9F1C14-768x432El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,

El hecho se registró el jueves cuando el joven se dirigía a una reunión con Amnistía Internacional. Crece la preocupación por la violencia policial contra la población LGBT.

SAN SALVADOR, El Salvador. Esteban M (nombre de la víctima modificado para resguardar su integridad) es un hombre transexual de 27 años. La tarde del jueves 21 de abril la policía lo obligó a descender del autobús para una revisión rutinaria en el marco del régimen de excepción.

El Congreso salvadoreño, controlado por el presidente Nayib Bukele, aprobó la madrugada del 27 de marzo un régimen de excepción durante treinta días en todo el territorio del país centroamericano que se extendió a partir del 25 de abril, por 30 días más.

El objetivo es contener una inusitada alza de asesinatos provocados por las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18. La situación puso en entredicho la efectividad del Plan Control Territorial del gobierno.

Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Durante 27 días la policía y militares han detenido a más de 15.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.

Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso

Esteban es activista y defensor de derechos humanos, pertenece a la organización Cultura Trans. El día de su detención se dirigía a una reunión con la organización Amnistía Internacional pero no se presentó.

El colectivo Cultura Trans trabaja desde 2017 en incidencia de políticas públicas y en la formulación de protocolos de atención a población LGBTI.

El activista salió de su casa a las 13 a reunirse con Liam Fernando Linares (coordinador de Cultura Trans) para ir juntos al sitio de la organización internacional. Al ver que su amigo tardaba en acudir a la cita, Linares le llamó sin obtener respuesta. Recién a las 14.24, Esteban respondió para informar que había sido detenido. Ese fue su último mensaje.

Esteban relató que policías ordenaron a varias personas a descender del autobús, pero centraron su atención específicamente en él por los tatuajes artísticos que tiene en su cuerpo. Cuestionaron por qué su nombre era diferente al documento de identidad personal.

El Salvador no cuenta con una ley de identidad de género. El 22 de febrero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo parcial que reconoce el derecho de las personas trans de cambiar su nombre en los documentos de identidad acorde a su género autopercibido.

“Lo golpearon e hincaron, luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido”

Desde que inició el régimen de excepción la sede de la fuerza naval se ha convertido en una especie de centro de detención provisional mientras las personas detenidas son enviadas a los centros penales del país.

“En el actual contexto en el que se han suspendido garantías judiciales fundamentales, las personas LGBTI pudieran experimentar mayores violaciones a los derechos humanos. Incluidas detenciones arbitrarias en centros penitenciarios sin que se reconozca su identidad de género”, dijo a Presentes Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Esteban relató que fue humillado por el cuerpo de seguridad. Además de los golpes lo insultaron y lo encerraron junto a otras mujeres detenidas en el centro de detención provisional.

“Lo golpearon e hincaron. Luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido. Hicieron que se quitara el binder que es la camisa compresora que usamos para que se nos vea el pecho plano. Hicieron que se desnudara para revisar si no tenía más tatuajes”, expresó Liam a Presentes.

El informe “Estudio de casos que evidencian la discriminación y violencia contra la población LGBTI en El Salvador realizado por la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – Comcavis Trans, señala que el 90 por ciento de las personas consultadas en la investigación ha sufrido discriminación por su orientación e identidad de género.

“Es importante enfatizar que las personas LGBTI han sufrido desproporcionadamente de altos niveles de violencia y discriminación en El Salvador. En el pasado hemos documentado cómo personas LGBTI tuvieron que huir del país por amenazas, hostigamiento y violencia, sin recibir protección del Estado”, señaló Erika.

Denuncias en redes

Las redes sociales son hoy el principal medio de denuncia de detenciones arbitrarias del gobierno. Después que la retención de Esteban se hizo pública fue liberado golpeado y atemorizado por la brutal experiencia que vivió.

El régimen de excepción suspende las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Las personas detenidas en este periodo no tienen derecho a un defensor y pueden permanecer encarceladas hasta seis meses, mientras duran las investigaciones fiscales.

Nayib Bukele de 40 años, acostumbra a tener una imagen desenfadada y moderna. Se autoproclama un “dictador de El Salvador”, “el emperador” o “el presidente más cool del mundo” y se apoya en las redes sociales para impulsar su agenda alejada de los señalamientos.

Con una retórica incendiaria, similar al estilo del expresidente estadounidense Donald Trump, se ha convertido en una especie de policía, investigador y juez. La presunción de inocencia es cosa obsoleta para el gobierno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de El Salvador a investigar a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos en observancia al debido proceso legal. También pidió absoluto respeto a las garantías judiciales y adoptar una política de seguridad ciudadana integral que tenga como premisa la protección a los derechos humanos.

Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cuatro detenidos han muerto después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.

En las primeras horas del 25 de abril, el congreso de El Salvador aprobó extender 30 días más el régimen de excepción en El Salvador.

Fuente Agencia Presentes

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Venezuela, Nicaragua y El Salvador, en la mira por violaciones de DD.HH. contra las personas LGBT+

Lunes, 2 de mayo de 2022

CCFCEA7C-5208-4A03-8E46-1CF7BEDBD0E7Trío anti-derechos LGBT+… Nicolás Maduro, Nayib Bukele y Daniel Ortega.

Son tres de los países latinoamericanos con mayor cantidad de menciones negativas en el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el mundo. Brasil, señalado por el aumento de asesinatos de personas trans.

Por Rodrigo Duarte

En América Latina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador fueron tres de los peores países para ser una persona de la comunidad LGBT+ durante el año pasado, junto a los 9 países caribeños que siguen criminalizando las relaciones homosexuales, perennes integrantes de esa bochornosa lista año tras año.

Así se desprende del flamante informe sobre Derechos Humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de EU, que su titular Antony Blinken presentó la semana pasada, y en el que nuevamente aparecen Rusia y China como los principales perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos en el 2021 (con la invasión a Ucrania, el régimen de Putin se aseguró revalidar el título en el 2022)

Con respecto a Venezuela, uno de los régimenes más represivos en la región en términos generales, el gobierno de Biden menciona el desabastecimiento de antirretrovirales para personas portadoras de VIH y enfermas de SIDA, que han sufrido desde el 2016 una criminal escasez de medicamentos, agudizada luego que el Estado se convirtiera en el único autorizado para comprarlos. Esta dramática situación ha llevado al exilio a decenas de miles de pacientes imposibilitados de continuar su tratamiento en el país, además de empujar a otra enorme cantidad de personas positivas a interrumpir su adherencia, lo que debilita el sistema inmune y acelera la progresión del virus en el cuerpo.

El informe también señala que la Defensoría Especial para la Protección de las Personas de la Diversidad Sexual de Venezuela es “ineficaz” y que la mayoría de los delitos de odio contra personas LGBT+ no son investigados, detallando la falta de legislación en el país para proteger a personas de dicho colectivo, que van desde la falta de un marco legal para relaciones entre personas del mismo sexo hasta la ausencia de una ley de identidad de género.

“El régimen de Maduro niega sistemáticamente el reconocimiento legal a las personas transgénero e intersexuales al impedirles obtener los documentos de identidad necesarios para acceder a la educación, el empleo, la vivienda y la atención médica. Esta vulnerabilidad a menudo llevó a las personas transgénero e intersexuales a convertirse en víctimas de la trata de personas”, apunta el Departamento de Estado.

Tampoco dejaron pasar la persecución por parte de las Fuerzas Armadas en Venezuela contra sexualidades diversas. Los cinco cuerpos que la integran, centrales para el proyecto dictatorial de Maduro, tipifican como delito las relaciones homosexuales en el código de justicia militar, sancionando a los miembros de la comunidad LGBT con prisión de uno a tres años y multas.

Desprotección y persecución

Con respecto a Nicaragua, vale recordar que el país recién despenalizó la homosexualidad en el Código Penal de 2008, tras haberlo hecho brevemente a principios de los 90s. Se trata de otro país latinoamericano donde las violaciones contra las libertades y los DD.HH. son moneda corriente en relación a toda su población, situación que solo ha empeorado en los últimos años.

La población LGBT+ no cuenta con protección alguna por parte del Estado, y derechos que en muchos países de la región ya llevan más de una década, como el matrimonio igualitario, no podrían estar más alejados de la agenda represiva del matrimonio Ortega-Murillo, quienes han prohibido toda manifestación que no sea de apoyo a su régimen, incluyendo la Marcha del Orgullo de Managua, y han perseguido a militantes LGBT+, quienes en muchos casos han debido exiliarse.

“Los grupos LGBT+ denunciaron discriminación, falta de acceso a la justicia y falta de respuesta de la policía. El gobierno y los simpatizantes del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del oficialismo] atacaron con frecuencia a los participantes LGBT+ en particular en las protestas civiles, utilizando campañas de difamación en línea y ataques físicos en algunos casos”, indica el gobierno estadounidense.

Y añade: “Los activistas dijeron que los presos políticos LGBT+ ocultaron su orientación por temor a un aumento de los abusos por parte de los guardias de la prisión”.

La falta de protección para las personas trans y el abuso en manos de la Policía es otro de los temas que detalle el informe. “Las mujeres transgénero detenidas por participar en protestas a favor de la democracia sufrieron hostigamiento particular durante su detención. Las retuvieron con reclusos varones, las obligaron a desnudarse frente a sus compañeros y los guardias las arengaron específicamente”.

La Constitución nicaragüense no reconoce el derecho a la autodeterminación con respecto a la identidad de género, por lo cual, señalan, “el sistema penitenciario no está obligado a separar a los reclusos en función de la identidad de género”, provocando una violencia todavía mayor hacia las personas trans.

Presidente millennial, agenda ultra-conservadora

Cuando Nayib Bukele llegó al poder en junio del 2019, el ex alcalde de San Salvador prometió una renovación de la política salvadoreña (“Nuevas Ideas” llamó a su partido), cautivando a numerosos medios internacionales que hicieron énfasis tanto en su juventud (37 años al momento de asumir) como en sus estrategias de comunicación alejadas del proselitismo de antaño y enfocadas en el uso de redes sociales y el trato directo con los ciudadanos.

Sin embargo, su presunta modernidad no ha pasado de gestos superficiales (informalidad al vestir) o la adopción de tendencias muy cuestionadas (su fanatismo por las criptomonedas). Con respecto a la agenda doméstica de derechos, el presidente salvadoreño, que ha cooptado el Poder Judicial para poder reelegirse, dejó en claro el año pasado que en su reformulación del Estado no había lugar para el matrimonio igualitario o el derecho a abortar de las mujeres.

“Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, dijo Bukele, cuyo desinterés por la población LGBT+ es documentada en el informe.

“[En El Salvador] la policía y las pandillas continúan cometiendo actos de violencia contra las personas LGBT+. Estas acciones fueron toleradas por el gobierno y los perpetradores rara vez fueron procesados”, señalan.

Y agregan: “Activistas LGBT+ denunciaron ante la Fiscalía General que recibieron amenazas de muerte en redes sociales. En general, la Policía no actuó ante estas denuncias. Las ONG informaron que los funcionarios públicos, incluida la Policía, cometieron actos de violencia y discriminación contra las personas LGBT+. Personas de la comunidad LGBTQI+ afirmaron que la Policía Nacional Civil y funcionarios de la Fiscalía General acosaron a personas transgénero y homosexuales que denunciaron casos de violencia contra personas LGBT+, incluso mediante la realización de cacheos al desnudo innecesarios e invasivos”.

El informe también recuerda que la administración Bukele eliminó en 2020 la Secretaría de Inclusión y que la oficina ministerial a la que le trasladó esas responsabilidades no cuenta con apoyo alguno y no ha impulsado cambios significativos para las personas LGBT+ en el país.

El caso brasileño

Si bien todos los países de la región reciben un señalamiento con respecto a las violaciones de los DDHH de las personas LGBT+ que han ocurrido en sus territorios el año pasado, ya sean aspectos puntuales como en Uruguay y Argentina o sistemáticos como en numerosas naciones del Caribe y Centroamérica, destaca en el informe realizado por el Departamento de Estado el caso de Brasil.

Si bien el gobierno de Biden reconoce que en general los actos de violencia contra las personas LGBT+ han disminuido en Brasil desde el 2017, también advierten sobre el aumento de homicidios contra las personas trans. En los primeros 6 meses del año pasado, fueron 80 los crímenes, y el Departamento de Estado estima que la cifra real posiblemente sea mayor.

Se trata del mayor número de personas trans asesinadas en ese período de tiempo en todo el mundo, por delante de México, Honduras y el propio Estados Unidos.

Fuente Infobae

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San Óscar Romero y la inmediatez del prójimo oprimido

Jueves, 7 de abril de 2022

san_romero“El Romero santo y asesinado debe ser para nosotros siempre un recuerdo peligroso” 

“Sentía cercano al prójimo oprimido y veía en él el rostro del Señor crucificado”

“Hoy, al recordarlo, cuando tendemos a ponerlo en un pasado violento y heroico, muy diferente de nuestra actualidad, le hacemos un flaco favor a su santidad. Porque de muchas maneras el prójimo oprimido continúa estando a nuestro lado”

“Sólo podremos celebrar a Romero desde la solidaridad humilde y combativa. Esa misma solidaridad que tuvo quien ‘siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos‘ (2Cor 8, 9)”

Celebramos un año más la santidad de Mons. Romero en el día de su muerte martirial. Y es bueno preguntarnos qué es lo que hace santo a este obispo, tímido y profeta al mismo tiempo, riguroso consigo mismo y libre para anunciar el Evangelio del Reino, que se dirigía espiritualmente con un sacerdote del Opus Dei y se confesaba con un jesuita. Y la respuesta que brota con mayor rapidez es clara: Sentía cercano al prójimo oprimido y veía en él el rostro del Señor crucificado. Y ahí, en la debilidad del infravalorado y marginado, encontraba la fuerza para anunciar y denunciar.

Hablaba con todos, trataba de ayudar siempre, soportaba ataques, insultos e incluso la enemistad de algunos (a veces más que algunos) de sus hermanos en el episcopado. Pero su cariño y su preocupación indeclinable eran los pequeños, los marginados y los perseguidos por defender y trabajar en favor de la igual dignidad humana de los hijos e hijas de Dios.

Vivía con una enorme sencillez en un asilo de enfermos terminales y disfrutaba sintiéndose acogido y querido por los pobres. Su bondad y su heroicidad nos facilita ponerlo en una hornacina del pasado, como una de las personas que nos recuerda al Jesús que pasó por este mundo “haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo” (Hechos 10, 38). Pero no basta la admiración de una santidad si no se siente al mismo tiempo un fuego interior como el que sentía los apóstoles al interiorizar la resurrección del Señor.

Hoy, al recordarlo, cuando tendemos a ponerlo en un pasado violento y heroico, muy diferente de nuestra actualidad, le hacemos un flaco favor a su santidad. Porque de muchas maneras el prójimo oprimido continúa estando a nuestro lado. Y un santo del que recordemos sus glorias pasadas sin que nos inquiete en nuestro presente no deja de ser una especie de adorno personal y, con frecuencia, una muestra de narcisismo institucional.

Quienes viven y sufren en la marginalidad y la pobreza, los migrantes menospreciados por su origen o por el color de su piel, las víctimas de las guerras, los saharauis abandonados porque la economía es más importante que las personas, son parte de esa legión de oprimidos que siguen cuestionando nuestras historias personales y sociales.

Si no los sentimos inmediatos, si algo no nos llama a hacerlos históricamente significativos, nos alejamos de lo más hondo de nuestra realidad humana: la capacidad de sentirnos fraternos, miembros de la misma especie. Y al olvidar y traicionar nuestra humanidad traicionamos también nuestra fe. De poco nos serviría entonces el recuerdo de aquellos que en el pasado amaron tanto a sus prójimos que pudieron vivir sin que el odio de los violentos, e incluso la muerte, nublara su mirada de profetas.

Mons. Romero nos llama siempre al presente. Así lo entendieron quienes propusieron en la ONU que el 24 de marzo fuera el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas”. La Asamblea General de la ONU aprobó en 2010 la titulación de ese día en honor a Monseñor Romero. Casi podríamos decir que lo canonizó antes que su propia y nuestra Iglesia.

Pero tanto a los cristianos como a la ciudadanía humanista nos cuesta demasiado romper la comodidad que nos cuestiona el que sufre. Y ponemos al margen de nuestras mentes a quien la sociedad ha marginado ya antes, de un modo injusto y con frecuencia violento. El Romero santo y asesinado debe ser para nosotros siempre un recuerdo peligroso. Peligroso para el statu quo del dinero, de la egolatría y del poder, y peligroso también para quienes, despertados y urgidos por su recuerdo, tratemos simultáneamente de odiar al mal y amar al enemigo. Sólo podremos celebrar a Romero desde la solidaridad humilde y combativa. Esa misma solidaridad que tuvo quien “siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos” (2Cor 8, 9).

Fuente Religión Digital

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“Si me matan, resucitaré en el pueblo”: Actualidad de monseñor Romero en el 42 aniversario de su asesinato

Martes, 5 de abril de 2022

romero_01Cristianismo liberador, ciudadanía crítica, pedagogía de la liberación, democracia participativa y cultura de paz

“Estoy en San Salvador invitado a participar en las celebraciones del 42 aniversario del asesinato de monseñor Romero y en el 105 aniversario de su nacimiento. Su figura no ha caído en olvido, todo lo contrario”

“Creo, empero, que sin embargo que en algunos sectores jerárquicos y movimientos cristianos conservadores se está desenfocando su verdadera personalidad, como muchos temíamos una vez fuera elevado a los altares”

“Urge recuperar la figura profética y liberadora de Monseñor Romero, su dimensión política subversiva y su teología de la liberación hecha realidad a nivel personal, eclesial y social”

“En el clima actual de integrismo que se respira en importantes sectores de la curia romana y del fenómeno nuevo que califico de ‘cristoneofascista’, es necesario recuperar la figura de Romero como modelo y referente de un cristianismo liberador y de una ciudadanía crítica, activa y participativa”

“Ofrezco a continuación el siguiente decálogo que actualiza su vida, su mensaje y su práctica y constituye un desafío para el cristianismo instalado en el sistema”

Estoy en San Salvador invitado a participar en las celebraciones del 42 aniversario del asesinato de monseñor Romero y en el 105 aniversario de su nacimiento. Su figura no ha caído en olvido. Todo lo contrario, como demuestran los numerosos actos conmemorativos organizados por las diferentes organizaciones romeristas de las diferentes iglesias estos días en la ciudad salvadoreña, de la que fue arzobispo de 1977 a 1980.

Creo, empero, que sin embargo que en algunos sectores jerárquicos y movimientos cristianos conservadores se está desenfocando su verdadera personalidad, como muchos temíamos una vez fuera elevado a los altares. Con frecuencia las canonizaciones lejos de acercar a las personas convertidas en santas al pueblo las colocan en una hornacina y las convierten en inaccesibles.

La imagen que se está difundiendo de Romero en algunos sectores es la de un obispo piadoso, devoto de la Virgen María, milagrero, obediente a Roma… No pongo en duda dichas actitudes, al menos durante una etapa de su vida, pero no fueron por las que destacó durante los tres años de arzobispo de San Salvador, ni la función principal que ejerció y menos aún el motivo de su asesinato.

Urge recuperar la figura profética y liberadora de Monseñor Romero, su dimensión política subversiva y su teología de la liberación hecha realidad a nivel personal, eclesial y social. Yo creo que la canonización de monseñor Romero constituye un reconocimiento de la teología de la liberación, perseguida durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI y seguida y practicada hoy por el papa Francisco.

En el clima actual de integrismo que se respira en importantes sectores de la curia romana, de no pocos obispos y sacerdotes católicos, contrarios a las reformas del Papa Francisco, y del fenómeno nuevo que califico de cristoneofascista, que consiste en la alianza entre la extrema derecha política y organizaciones integristas dentro de la iglesia católica, como Hazte Oír, Germinans germinabit, Asociación de Abogados Cristianos, etc. (cf. Juan José Tamayo, La Internacional del odio. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se deconstruye?, Icaria, Barcelona, 2022, 3ª ed.) es necesario recuperar la figura de Romero como modelo y referente de un cristianismo liberador y de una ciudadanía crítica, activa y participativa. Él sigue siendo faro y antorcha que ilumina la oscuridad del presente y transmite esperanza para la construcción de la utopía de “Otro Mundo Posible”.

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Ofrezco a continuación el siguiente decálogo que actualiza su vida, su mensaje y su práctica y constituye un desafío para el cristianismo instalado en el sistema.

1. Cristianismo liberador. Romero es el símbolo luminoso de un cristianismo liberador en el horizonte de la teología de la liberación que asumió la opción ética-evangélica por las personas y los colectivos empobrecidos de su país, frente a las tendencias alienantes y neoconservadoras. Puso en práctica, la afirmación de Paulo Freire: “No podemos aceptar la neutralidad de las iglesias ante la historia” y ejemplificó con su vida y su muerte martirial el ideal del poeta cubano José Martí: “Con los pobres de la tierra mi suerte yo quiero echar”.

2. Ciudadanía crítica, activa y participativa. Romero fomentó a través de sus homilías, cartas pastorales, emisora de la arquidiócesis y programas radiofónicos, el ejercicio de una ciudadanía crítica, activa y participativa. Reconocía la existencia de una conciencia crítica que iba formándose en el cristianismo salvadoreño, un cristianismo consciente, no de masas. Citando la Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en Puebla de los Ángeles (México) en 1979, defendía la necesidad de “ser forjadores de nuestra propia historia”, no permitiendo que sean otros quienes desde fuera nos impongan el destino a seguir. La Iglesia tiene que implicarse en dicha ciudadanía activa: “En la medida en que seamos Iglesia, es decir, cristianos verdaderos, encarnadores de Evangelio, seremos el ciudadano oportuno, el salvadoreño que se necesita en esta hora” (Homilía 17/1/1979).

3. Pedagogía concientizadora desde la opción por los pobres. Monseñor Romero fue un excelente pedagogo que siguió el método jocista del ver-juzgar-actuar y el de concientización de Paulo Freire: paso de la conciencia ingenua e intransitiva a la conciencia transitiva y activa, de la conciencia mítica a la conciencia histórica, de la conciencia crítica a la acción transformadora y a la praxis liberadora.

4. Espiritualidad liberadora. Monseñor Romero fue una persona espiritual, un místico, pero sin caer en el espiritualismo alejado de la realidad. Fue una persona profundamente piadosa, pero no con una piedad alienante ajena a los conflictos sociales. Fue un pastor, pero de los que huelen a oveja, como pide el papa Francisco a los sacerdotes y obispos. Vivió la devoción a María, pero no la María sumisa, sino la María de Nazaret del Magnificat que declara destronados a los poderosos y empoderados a los humildes, despoja de sus bienes a los ricos y sacia a los pobres.

5. Monseñor Romero fue un referente en la lucha por la justicia para creyentes de las diferentes religiones y no creyentes de las distintas ideologías. Igualmente lo fue para los políticos por su nueva manera de entender la relación crítica y dialéctica entre poder y ciudadanía, así como para los dirigentes religiosos por la necesaria articulación entre espiritualidad y opción por los pobres, ejercicio pastoral y actitud profética.

6. Democracia participativa.La democracia hoy está enferma, gravemente herida, y, si no sabemos defenderla, es posible que esté herida de muerte. Se encuentra sometida al asedio del mercado y acorralada por múltiples sistemas de dominación, que son más fuertes que ella y amenazan con derribarla. Estos sistema de dominación son: el capitalismo en su versión neoliberal; el colonialismo en su versión neocolonial extractivista, anti-indigena y anti-afrodescendiente; el patriarcado en su versión más extrema de la violencia de género (machista), que se salda con decenas de miles de feminicidios en todo el mundo; los fundamentalismos religiosos y su irracional y destructora deriva terrorista; el modelo científico-técnico de desarrollo de la modernidad, que destruye nuestra casa común, la naturaleza; la violencia estructural del sistema, que somete a miles de millones de personas a situaciones de extrema e inhumana pobreza y de muerte.

Como respuesta frente a la democracia herida de muerte es necesario, en palabras del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, democratizar la revolución y revolucionar la democracia. Monseñor Romero puede ser un referente en esta tarea. Creo que es aplicable al cristianismo liberador lo que afirma Ellacuría de la relación entre revolución y universidad:

“Si la revolución no pasa por la universidad, en el sentido de que no es ella su motor principal, la universidad debe pasar por la revolución, porque revolución y razón no tienen por qué estar en contradicción; más bien, en las cuestiones históricas se reclaman y se exigen mutuamente”.

Cierto: entre cristianismo y revolución no hay contradicción.

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7. Trabajo por la paz y la justicia a través de la no violencia activa. Ignacio Ellacuría dijo que: “Con monseñor Romero Dios ha pasado por El Salvador”. Yo me atrevería a decir: monseñor Romero es piedra angular en el edificio de la cultura de paz que estamos llamados a construir todas y todos en El Salvador, en América Latina y en todo el mundo. Eso sí, desde la opción por los pobres.

8. Invitación a la utopía.La utopía sufre hoy un enorme desdén, cuando no un grave desprecio, un largo destierro y un maltrato semántico. Calificar a una persona, a un colectivo o a un proyecto de utópico no es precisamente un piropo, sino una descalificación en toda regla, es como llamarla ingenua, fantasmagórica, ilusa, ajena a la realidad, etc. La utopía vive un largo destierro. Es excluida de todos los campos del saber y del quehacer humano y natural: de la ciencia, donde impera la razón científico-técnica; de la filosofía, donde impera la razón instrumental; de las ciencias sociales, por ejemplo, de la economía, donde impera la razón contante y sonante; de la política, donde se impone la razón de Estado; de las religiones, donde se tiende a proponer la salvación espiritual más allá de la historia.

La utopía sufre también un maltrato semántico por parte de los diccionaristas, que suelen definirla como plan bueno y muy halagüeño, pero irrealizable, subrayando su imposibilidad de realización y sometiendo a los seres humanos a una especie de fatalismo histórico que da por buena la afirmación “las cosas son como son y no pueden ser de otra manera”, los lleva a instalarse cómodamente en la realidad y a renunciar a todo cambio.

Monseñor Romero no se instaló cómodamente en el (des)orden establecido, ni con-sintió con el pecado estructural, ni hizo las paces con el gobierno, como le pedía Juan Pablo II. Encarnó en su vida, su mensaje y su práctica liberadora la realización de la utopía, no como un ideal irrealizable y fantasmagórico, sino conforme a los dos momentos que la caracterizan: la denuncia y la propuesta de alternativas.

Denuncia de la negatividad de la historia, encarnada en los poderes que oprimían y explotaban a las mayorías populares: oligarquía, ejército, escuadrones de la muerte, gobierno de la Nación.

Propuesta de alternativas, en lenguaje cristiano del reino de Dios como la gran utopía, que Romero traducía en la construcción una sociedad no violenta, justa e igualitaria, y de una “Iglesia de la esperanza”. Alternativas realizables a través de los movimientos populares, que el apoyó durante su ministerio pastoral mediado políticamente en San Salvador.

La mejor expresión de la utopía de Romero fue la respuesta que dio a un periodista, unos días antes de ser asesinado: “Si me matan, resucitaré en el pueblo”. No estaba hablando del dogma de la resurrección de los muertos, ni de la vida eterna, sino de la nueva vida del pueblo salvadoreño liberado de la violencia, la injusticia y la pobreza. Su resurrección era la resurrección del pueblo.

9. Actitud antiimperialista. Romero se enfrentó al Imperio estadounidense en una carta dirigida al presidente Jimmy Carter en la que se oponía a la ayuda económica y militar de Estados Unidos al Gobierno y al Ejército de El Salvador porque constituía una injerencia inaceptable en los destinos de su país y agudizaba la injusticia y la represión contra el pueblo. Al final la ayuda llegó y sucedió lo que Romero había anunciado: intervencionismo estadounidense, más represión contra el pueblo y masacres contra poblaciones enteras. En eso derivó la ayuda del Pentágono.

10. ¡Cese la represión! Constantes fueron las llamadas a la reconciliación, pero no en abstracto, sino acompañadas del reparto equitativo de la tierra, que pertenece a todos los salvadoreños. No justificó la violencia revolucionaria como respuesta a la violencia del sistema, sino que apeló al diálogo y la negociación, y a buscar soluciones racionales. Exigió al Ejército, a la Guardia Nacional, a la Policía y a los soldados que dejaran de matar a sus compatriotas en una llamada entre dramática y desesperada: “En nombre de Dios… y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!’”

Fuente Religión Digital

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‘Llegaron de noche’, la película sobre la matanza de los jesuitas en El Salvador, se presentó en Málaga

Martes, 5 de abril de 2022

1CD618E8-B20F-41C7-91BC-A9BBBF11FFEALa cinta ya puede verse en las salas españolas

Imanol Uribe presentó en Málaga su última película, “Llegaron de noche”, con un guion basado en la historia real de la única testigo del crimen de los jesuitas en El Salvador

“Creo que esta película tiene, por lo menos, la función de traer al presente lo que ocurrió y rememorarlo“, ha dicho el director vasco. “Y si puede aportar algo, fantástico”, ha resumido, con una sonrisa en la cara

El realizador compareció junto a Juana Acosta, que da vida a Lucía, la testigo, Carmelo Gómez, como el padre Tojeira y a Ben Temple, que interpreta al padre Tipton, mediador cuando la familia de Lucía peor lo estaba pasando

Uribe, nacido en El Salvador y educado con los jesuitas, tenía pendiente contar esta historia ocurrida en 1989, un suceso que ha permanecido fresco en su memoria

El título de la cinta, viene de la premonición del propio Ellacuría (Karra Elejalde) quien, en un momento de la película, comenta a sus compañeros “Si me matan de día sabrán que ha sido la guerrilla, pero si llegan de noche, serán los militares”

Imanol Uribe ha llegado hoy a Málaga para presentar su última película, “Llegaron de noche, con un guion basado en la historia real de la única testigo del crimen de los jesuitas en El Salvador, en la que fue asesinado el sacerdote y teólogo de la liberación, Ignacio Ellacuría.

“Creo que esta película tiene, por lo menos, la función de traer al presente lo que ocurrió y rememorarlo“, ha dicho el director vasco en una rueda de prensa en Málaga, donde la película compite en la Sección Oficial de la 25 edición del Festival de Cine de Málaga.

El realizador compareció junto a Juana Acosta, que da vida a Lucía, la limpiadora de la universidad donde vivían y fueron asesinados los sacerdotes, y única testigo del crimen; Carmelo Gómez, como el padre Tojeira, en su regreso “puntual” al cine, según se ha apresurado a precisar el leonés, y a Ben Temple, que interpreta al padre Tipton, mediador cuando la familia de Lucía peor lo estaba pasando.

“En este momento en el que la verdad está tan disociada y todo son ‘fakes’ y no sabes qué defender, el ejemplo de esta mujer humilde, que se jugó la vida -literalmente-, por defender la verdad, aun sin entender por qué no podía contarla -ha explicado Uribe-, me parece el mejor hilo conductor para contar la matanza de los jesuitas que defendían la Teología de la Liberación, a los que yo admiraba muchísimo”.

Uribe, nacido en El Salvador y educado con los jesuitas, tenía pendiente contar esta historia ocurrida en 1989, un suceso que ha permanecido fresco en su memoria.

Con guion de Daniel Cebrián, también presente en Málaga junto a los productores Gerardo Herrero (Tornasol) y María Luisa Gutiérrez (Bowfinger), “Llegaron de noche” se ha puesto inesperadamente de actualidad debido a que, 32 años más tarde, el caso de la matanza se ha reabierto tras la anulación el pasado año del proceso contra los autores intelectuales del asesinato.

El juicio, celebrado en la Audiencia Nacional de España hace un par de semanas, concluyó con uno de los militares implicados, Inocencio Montano, condenado a 133 años y 4 meses de cárcel por aquel asesinato la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989.

La noticia nos pilló con la película rodada y terminando. Por lo menos a este le han caído 130 años, pero a la mayoría de los culpables los amnistiaron inmediatamente y prácticamente todos están de rositas por la calle”, se ha lamentado el director, aunque celebra que el caso se haya reabierto en El Salvador y haya una orden de detención contra el presidente Cristiani “para que se presente a juicio, porque quería escabullirse”.

“Algo se mueve ahí, y si la película puede aportar algo, fantástico”, ha resumido, con una sonrisa en la cara.

La imposibilidad de rodar en El Salvador hizo que la producción se trasladara a Cali, ciudad natal de Juana Acosta, que por su parte dedicó meses a preparar el papel de Lucía con la propia Lucía, en su casa de California -no dice el lugar concreto por miedo, explica la actriz colombiana-, aun cuando han pasado más de 30 años de la terrorífica experiencia.

Lucía y su familia fueron engañados por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que los retuvieron y torturaron para que se echasen atrás en la versión de que los autores de la matanza de los jesuitas habían sido militares.

De ahí viene el nombre de la película, de la premonición del propio Ellacuría (Karra Elejalde) quien, en un momento de la película, comenta a sus compañeros “Si me matan de día sabrán que ha sido la guerrilla, pero si llegan de noche, serán los militares”.

Carmelo Gómez interpreta al padre Tojeira, uno de los supervivientes de la matanza, “no como un personaje, sino alguien lo mas parecido a la persona”, ha explicado Gómez, que asegura haberse conmovido el tiempo que convivió con los jesuitas para preparar la película por “cómo afrontan el compromiso con la vida, y con la muerte”.

“Llegaron de noche”, explica Gómez, “es una tragedia, con todos sus ingredientes, contada a través de una mirada fascinante, que es la de Juana (Lucía)”.

Gerardo Herrero ha agradecido la colaboración de los jesuitas, que aportaron “un montón de información” y el magnífico contacto de Lucía.

Por su parte, Gutiérrez ha abundado queesta película había que contarla; desgraciadamente, es muy actual, y ojalá sirva para remover conciencias y que se haga justicia sobre lo que pasó”.

“Yo creo que solo porque se haga justicia para esa familia que ha tenido que huir de su país del horror de una guerra como estamos viendo ahora tantas familias en Ucrania, solo por ellos, por honrarlos a ellos, debería ser vista esta película”, ha concluido Acosta.

Tras esta presentación, la cinta llegó el pasado viernes 25 a las salas españolas.

Fuente Religión Digital

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El Salvador: Un canal televisivo se negó a entrevistar en vivo a una reconocida activista trans

Miércoles, 16 de marzo de 2022

El-Salvador-10-1200x600En el Día Internacional de la Mujer, un programa de tevé se negó a entrevistar a la activista trans Britany Castillo.

SAN SALVADOR, El Salvador. En el marco del día internacional de las mujeres, activistas de la Asamblea Feminista fueron invitadas al canal 12 para participar en la revista matutina “Hola El Salvador”, pero una de ellas fue discriminada por su identidad de género y le negaron su participación en el programa.

Britany Castillo, mujer trans y reconocida activista que forma parte de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoiris Trans – llegó junto a Sara García de la Asamblea Feminista a las instalaciones del canal.

Ambas participarían en el programa de televisión que se transmite todas las mañanas a nivel nacional. La entrevista a las activistas fue acordada una semana de anterioridad, dijo a Presentes Castillo.

De acuerdo con su testimonio, las activistas fueron recibidas en la recepción del canal. Les pidieron esperar hasta que la producción les indicara el momento de pasar al estudio. Minutos después, una persona del equipo les notificó que solamente una de ellas podía participar en los quince minutos de entrevista que les concedieron días atrás.

“Nos dijeron que solamente podía entrar una de nosotras por las tomas gráficas. Luego que habían vendido la publicidad y que el tiempo no era suficiente. Que solamente podía participar quien representaba a las mujeres, porque la otra persona que estaba ahí no era mujer”, narró Britany a Presentes.

El canal no respondió

La producción del programa justificó que no podían salir las dos en cámara, a pesar de que en el monitor de la sala de espera Britany observó que en la entrevista previa participaron cinco personas.

“Es lamentable que se negara el derecho de participar en un espacio de entrevista que ya se había gestionado y estaba confirmada. Que se le haya dicho que solo la ‘representante de mujeres’ podía hablar, es negarle el reconocimiento de su identidad de género como mujer trans, sumado a la vulneración de su derecho a la libertad de expresión”, dijo a Presentes Angélica Carcamo, expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador – APES.

Presentes pidió comentarios a la producción de canal 12, pero en la recepción respondieron que “por el momento no se encontraba nadie del programa, pero que pasarían el mensaje (a los encargados)”. Al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

La discriminación, una moneda corriente

Este día denunciamos a canal 12, que en este día ha discriminado. No puede ser que en el día de los derechos de las mujeres este canal cierre las puertas a activistas feministas y transfeministas. No puede ser que sigan generando tanto odio, tanta discriminación y tanta violencia”, dijo Sara García en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El informe “Estudio de casos que evidencian la discriminación y violencia contra la población LGBTI en El Salvador” realizado por la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – Comcavis Trans, señala que el 90 por ciento de las personas consultadas en la investigación ha sufrido discriminación por su orientación e identidad de género.

Hoy denunciamos que el canal 12 no permitió participar en una entrevista a nuestra compañera transfeminista Britany Castillo. Condenamos esta acción que representa violencia, odio, exclusión y transfobia”, señaló la Asamblea Feminista en su cuenta oficial de Twitter.

La falta de ley avala los actos discriminatorios

El Salvador no cuenta con una ley de identidad de género. El 22 de febrero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo parcial que reconoce el derecho de las personas trans de cambiar su nombre en los documentos de identidad acorde a su género autopercibido.

“No contamos con una ley de identidad de género en este país machista y patriarcal. Espero que por fin pueda haber una ley de identidad de género y que no nos sigan violentando en estos espacios donde no conciben que existimos mujeres que nos construimos a base de nuestra feminidad”, expresó Britany.

Britany lamentó que un hombre que no se identificó del equipo de producción del canal la haya ignorado completamente. Mientras lo hacía, justificaba a Sara García los motivos del cambio repentino del espacio de la entrevista, después de rechazar participar por la discriminación.

“Era como si yo no existiera en ese momento, como que era una pared que no podía dar mi opinión porque ni siquiera me miraba. Dijo que hiciéramos lo que quisiéramos, que si nos pronunciamos públicamente a ellos les daba igual”, agregó Britany.

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

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El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un comunicado condenando la discriminación contra Britanny.

El papel que juegan los medios

Los medios de comunicación tradicionales en El Salvador mantienen una agenda conservadora y limitan la apertura a identidades disidentes en su programación.

El canal 12 forma parte de una red de medios que cuentan con una escuela para presentadores de televisión y locución, sin tomar en cuenta formación de abordaje de contenidos de género y diversidad.

“Aunque hay avances en medios comunitarios y digitales en abrirles espacios, aún hay muchos retos. Por ejemplo: los medios privados siguen mostrando una postura conservadora y excluyente hacia la comunidad trans. Es necesario que los medios implementen políticas de no exclusión y manuales de tratamiento informativo hacia las personas trans. Las gremiales de periodistas y la academia también pueden abonar a ello”, acotó Angélica.

Fuente Agencia Presentes

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Qué significa el fallo de la Corte de El Salvador a favor de reconocer nombre de personas trans

Lunes, 7 de marzo de 2022

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La Corte Constitucional de El Salvador emitió un fallo a favor del reconocimiento del nombre de personas trans. Repercusiones.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo parcial el martes 22 de febrero donde reconoce que las personas trans pueden cambiar su nombre en los documentos de identidad acorde a su género autopercibido. La Asamblea Legislativa deberá emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género”, dice el texto de la medida.

El fallo del tribunal responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada en 2016 por defensoras de derechos humanos. En ella advertían que los artículos 11 y 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural (LNPN) vulneran el derecho de las personas trans a cambiar su nombre.

«El Congreso deberá adecuar la ley»

La demanda señalaba que la ley no reconoce la identidad de las personas trans. “Omite la condición social de algunas personas en cuanto a su disconformidad entre el sexo biológico y la identidad de género”. Y eso vulnera el derecho de tener un nombre que responda a su sexo e identidad autopercibida. En la sentencia la Corte establece que el Congreso deberá adecuar la ley o legislar para cumplir con lo señalado en el documento.

Con este fallo la sala ha reconocido que nuestro nombre es lesivo  para nuestra dignidad humana como personas trans. Porque somos sujetas de violencia y de falta de acceso de derechos fundamentales. Establece que también es algo que debe de normarse: existen formas de discriminación por el no adecuamiento de esta ley porque existe un trato discriminatorio y no justificado”, expresó Bianka Rodríguez, directora de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS.

bianka-1200x600Bianka Rodríguez, directora de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS.

La resolución no fue expedida exclusivamente para las personas trans. Los magistrados constitucionales incluyeron demandas sobre la supresión del apellido en casos de abandono familiar.

En qué se basó la demanda que impulsó el fallo

La demanda presentada en 2016 tomó de referencia el derecho internacional. Específicamente, la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí insta a los Estados a adoptar normativas jurídicas que garanticen la protección y el respeto del derecho a la identidad de las personas trans, sin embargo el fallo no lo tomó en cuenta.

“En este punto es importante, porque la sala no está resolviendo el derecho a la adecuación del género de las personas trans. Está accediendo al cambio del nombre. Por lo tanto es imperante que la Asamblea Legislativa no haga únicamente una reforma a la ley del nombre, sino una ley, una normativa integral. Establece que debe de adecuarse las reformas necesarias. Pero también, que puede adoptarse una normativa específica para que sea compatible con la identidad de género de las personas trans”, señaló Bianka.

Frenos a ley de identidad de género en El Salvador

MarchaTransElSalvador3-1024x683El Salvador no cuenta aún con una ley de identidad de género. En mayo de 2021 legisladoras del partido oficial Nuevas Ideas enviaron al archivo el anteproyecto que se estudiaba en la comisión de la mujer y género del Congreso. Marcela Pineda, diputada oficialista consideró que la ley, junto a otros 30 expedientes que estaban en estudio, eran “obsoletos y no acordes a la realidad”.

“Es como una orden judicial que parte de la Sala de lo Constitucional a que la Asamblea tiene que legislar acerca del reconocimiento acorde a la identidad de género. Habla en un espectro bastante importante porque la ley del nombre únicamente engloba al nombre. Pero cuando habla de este reconocimiento de identidad es donde los diputados deberán de generar esta normativa específica para las personas trans”, acotó Bianka.

El anteproyecto presentado en 2018, fue retomado y presentado nuevamente tres meses después del archivo por la la Mesa Permanente por la Ley de Identidad de Género al Congreso. Hasta el momento no se ha iniciado su estudio en la comisión correspondiente.

La nueva propuesta de ley fue recibida por los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Nuestro Tiempo.Juntos apenas alcanzan cinco votos de los 84 en el Congreso.

«Las personas trans necesitamos que se legisle»

“Lastimosamente la comisión no ha tenido a bien darnos respuesta. Pero esperamos que con este fallo de la Sala que reconozcan que existe la necesidad de que las personas trans cuenten con seguridad jurídica. Además es importante tener este mensaje para la Asamblea Legislativa que tiene un lema que están sirviendo al pueblo. El pueblo en su término son todos y somos todas las personas. Por lo tanto las personas trans ahora necesitamos que realmente se legisle sobre esta necesidad”, expresó Bianka.

E865C677-4E91-47F2-9DBC-2F077AD990A2-768x576Foto: Marcha para reclamar Ley de Identidad de Género, mayo 2019. Archivo Presentes/Paula Rosales

El Congreso ha tomado polémicas decisiones desde que asumieron el nuevo periodo legislativo (2021 – 2024). En su primera sesión destituyeron a la Sala Constitucional, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Lo hicieron bajo el argumento de supuestamente bloquear las medidas del gobierno durante la pandemia de Covid-19.

“Como funcionarios públicos puedan darle cumplimiento a este fallo de la Sala de lo Constitucional. Si no hubiese una recepción proactiva de la Asamblea Legislativa, tendríamos que ir habilitando el espacio internacional por la omisión de legislar sobre esta necesidad porque los derechos no se pueden ir postergando”, agregó Bianka.

Fuente Agencia Presentes

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El doble estigma de ser afro y LGBT en El Salvador: la historia de Carlos Lara

Jueves, 10 de febrero de 2022

45C4157D-8F53-4751-8D78-5AB5FEA9EE6EA Carlos le exigieron que se cortara el pelo y no hiciera visible su homosexualidad en el instituto donde daba clases de inglés.

Carlos Lara comenzó a trabajar como profesor de inglés en el Instituto Nacional de San Antonio Silva, un cantón ubicado en San Miguel, en el oriente de El Salvador, en 2016. Era primera vez que trabajaba en esta escuela, que queda en el lugar de donde es originario. Lara hablaba abiertamente sobre su homosexualidad y ese enero, cuando iniciaron las clases, usó el pelo corto, pero se lo dejó crecer y sus rizos quedaron visibles. El director del instituto le puso dos condiciones para renovar su contrato. Una era que se cortara el pelo y otra que dejara de hablar sobre su orientación sexual.

Él no aceptó las condiciones. Al no contar con una justificación válida para renovar el contrato, confrontó al director con la Ley de la Carrera Docente y la Constitución. Pero prefirió no denunciar el caso en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

Lara se reconoce como afrodescendiente en un país que invisibiliza a las minorías. La población afro en El Salvador es un tema que no se aborda en ningún plan de estudios de las escuelas o universidades, y que recientemente la academia ha comenzado a investigar.

Empezar a reconocerse

Hubo un tiempo en el que el joven reprimió su gusto por el pelo largo y rizado. Lo usó corto y se lo alisó. Se sentía incómodo con su color de piel moreno y con sus ojos negros.

La abuela paterna de Lara es la que tiene el pelo rizado y su mismo color de piel. Con su papá y otras tías, maternas y paternas, comparten el color de piel. Las visitas a casa de la abuela paterna no eran tan constantes como las visitas que hacían a la abuela materna.

En casa, escuchaba burlas sobre la piel negra y el pelo rizado que predominaban en la familia. “Las ideas de racismo y supremacía también pasan en la familia. Hacen que uno rechace a ciertos parientes y ame o tenga respeto u obediencias a otros”, reflexiona.

A esta discriminación hacia aquellxs que étnicamente son diferentes, lxs disidentes sexuales en El Salvador también enfrentan constantes ataques LGBTIQ+ odiantes o despidos injustificados de su trabajo por su identidad. No tienen ninguna garantía de protección estatal en el actual gobierno de Nayib Bukele.

La discriminación en el hogar

CF564D4C-7AF5-4561-9688-421BBCCE9564Para 2017, la relación de Lara con sus padres no estaba bien. Ellxs sabían que su hijo es gay, pero no lo aceptaban. Entonces él viajó a Tela, una ciudad del caribe hondureño. Iba por una semana y se quedó por cinco meses.

En Honduras conoció a su pareja, un activista, y decidió no volver a dar clases en escuelas, sino dedicarse de lleno a la pintura. Pintaba desde pequeño, pero ese año se alejó de pintar escenas de la cotidianidad salvadoreña para reflejar en su arte el LGBTIQ+ odio.

Al volver a El Salvador, la vida cambió. Sus padres, con quienes visitaba casi todos los días la iglesia católica, lo expulsaron de casa. Su padre lo golpeó en dos ocasiones y en una de ellas le lesionó fuertemente la quijada.

Mientras estaba en el proceso de asumirse como un hombre gay y se desprendía obligado de su familia, Lara comenzó a interesarse por sus orígenes. Entonces conoció a Marielba Herrera, una antropóloga afrosalvadoreña, en una ponencia sobre afrodescendencia que ella dio en el Teatro Nacional de San Miguel.

Hacia el origen

Herrera recuerda el día que conoció a Lara. Vio que, entre lxs asistentxs, había un chico con rasgos afros, que tocaba tambores, hablaba portugués y que vestía una camisa africana. Y pensó inmediatamente que se trataba de un afrodescendiente.

Tras su ponencia, Lara se le acercó y le planteó que posiblemente él también fuera afrodescendiente. “Te toca a vos investigar si sos o no”, le encomendó Herrera.

A sus 28 años y ante la falta de un registro familiar sobre su descendencia afro, la información de la que parte Lara para afirmarse como tal, además de sus rasgos físicos y los de su familia, es que en San Antonio Silva hubo producción de añil y allí posiblemente trabajaron africanxs.

Afrodescendencia y racismo en El Salvador

40E7BEEF-D91B-4D59-BAD6-3A8AEA382AF2-768x576Durante la colonia, explica la antropóloga Herrera, miles de africanxs esclavizaxs llegaron a El Salvador y establecieron vínculos con otras personas. Eso permitió que la población afrodescendiente creciera.

Su llegada fue parte de una política de repoblación del territorio que ocurrió en toda América Latina ante la muerte de indígenas por diferentes causas. La corona española pretendía seguir creciendo económicamente con el trabajo que los africanxs realizaban en estas tierras.

Yohalmo Cabrera, un exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el único partido de izquierdas, es también afrodescendiente y un profesor de Estudios Sociales ya jubilado. Él ha realizado investigaciones sobre la afrodescendencia salvadoreña. Sostiene que, desde mediados de 1500 y por 300 años más, cuando El Salvador fue productor de añil, muchxs africanxs vinieron esclavizadxs a trabajar en las haciendas añileras.

Marielba Herrera hace referencia a un documento de 1807, elaborado por Antonio Basilio Gutiérrez Ulloa, quien fue intendente de San Salvador a finales de la colonia. Allí se indica que para entonces el país contaba con “enorme” descendencia de africanxs.

En 1933, agrega, el general Maximiliano Hernández Martínez decretó la Ley de Migración, la cual prohibía la entrada de africanos, chinos y otras razas, como consecuencia de una política eugenésica tomada por países de la región en un contexto de guerra mundial.

Con la ley se pretendía empezar a “limpiar” a las sociedades y hacer creer que lxs latinoamericanxs provenían de una “raza superior”. Pero no se expulsó a lxs afrodescendientes de El Salvador. Hay documentos que sustentan que al país podían entrar personas de otros lugares si justificaban que llegaban a trabajar, como el caso de los afros que trabajaron en ferrocarriles.

Un racismo con historia y sin registro

La antropóloga afirma que el racismo que hay en el país centroamericano viene desde la colonia.

“La gente dice que no, que aquí no somos racistas, que respetamos a todo el mundo. No es cierto, nada que ver. Somos un país altamente racista. Cuando viene alguien afro al país es una sorpresa, la gente hasta gira para verlo, porque les parece un ser exótico”, menciona Herrera.

Señala que actualmente, sin la ley del martinato (del período gobernado por Martínez), aún hay restricciones migratorias para las personas afros.

Ejemplifica un caso salvadoreño de discriminación racial. En 2018, una delegación de personas del Congo, en África, había sido invitada oficialmente a un festival de cultura, pero del grupo de 30, solo tres pudieron ingresar al país.

En el censo de Población y Vivienda de 2007, el último censo realizado en el país y que arrojó que había 7 millones de habitantes, 7,441 respondieron que se autoreconocían como negrxs.

Sin embargo, Herrera cuestiona que la pregunta para obtener ese dato fue muy abierta y mal planteada. Se limitaba a conocer si las personas eran “negrxs de raza”. Faltó enumerar un listado de indicadores, como preguntar si en la familia había un ancestro negro o africano o si las personas habían nacido en un territorio con prácticas culturales afros.

Las investigaciones sobre afrodescendencia salvadoreña las inició en la última década el historiador Pedro Escalante Arce y a partir de sus hallazgos las han continuados otrxs académicxs. Herrera, la presidenta de la Red de Estudios Afrocentroamericanos, se ha especializado en investigar religiosidad popular.

Ella destaca que hay presencia de población afro en todo el país, en algunos lugares más visibles que en otros, como el caso de San Alejo, un pueblo del departamento de La Unión, cercano a San Antonio Silva, el cantón donde nació y creció Lara.

Más violencia por ser negro y gay

En El Salvador, la situación del color de piel marca territorios y puestos de trabajo, apunta Amaral Arévalo, investigador del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Lara, el joven migueleño, además de autoreconocerse como afrodescendiente, es gay. Eso lleva a ser más discriminado en un país racista y LGBTIQ+ odiante, donde no hay leyes ni políticas públicas a favor de las disidencias sexuales.

Para explicar la interseccionalidad, Arévalo recurre a la académica estadounidense Kimberlé Crenshaw. quien indica que la interseccionalidad no es la suma de características negativas, pero existen marcadores, como en este caso, la afrodescendencia y la sexualidad, que confluyen y actúan negativamente, lo que genera menos posibilidades de una adecuada inserción social. 

“Esa situación de interseccionalidad te va mostrar que sos más vulnerable a sufrir más situaciones de violencia en tu cuerpo, en tu identidad, como tal, por tener esos marcadores que interaccionan en vos. Van aumentando esos rasgos de violencia”, dice el investigador.

Uno de los trabajos de Arévalo es la historia de Rosaura Pereira, una chica trans hondureña que llegó El Salvador y vivió entre San Miguel y La Unión, dos departamentos rodeados de playas en el oriente del país.
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Encontraron asesinada a Alexa, la joven trans desaparecida desde diciembre en El Salvador

Jueves, 3 de febrero de 2022

273122052_5138697746180215_4669621774149507239_nLa joven de 22 años estaba desaparecida desde diciembre. Es el primer crimen del año contra la población LGBT.

 SAN SALVADOR, El Salvador. Autoridades salvadoreñas confirmaron el crimen de Alexa Valle Landaverde, una mujer trans de 22 años que estaba reportada como persona desaparecida desde la segunda semana de diciembre de 2021. El supuesto responsable del hecho será procesado por el delito de privación de libertad.

Este es el primer asesinato contra la población LGBTI en el país centroamericano.

De acuerdo con su familia, Valle Landaverde salió el viernes 10 de diciembre de la casa que compartía con su mamá. Luego perdió la comunicación, por eso, ella emprendió su búsqueda.

Un familiar relató a Presentes que Alexa salió junto a su pareja desde tempranas horas de su vivienda ubicada en el municipio de Quezaltepeque, unos 21 kilómetros al norte de la capital. Al finalizar el día, intentaron tener comunicación con ella, pero su teléfono aparecía apagado.

El director de la policía, Mauricio Arriaza, informó el viernes 28 de enero sobre el hallazgo de los restos humanos, presumiblemente de Alexa. Pero fue hasta el lunes 31 que las autoridades forenses realizaron el examen de ADN para confirmar la identidad de la víctima.

“Estamos presentando la captura de José Elías Hernández Morales por el delito de desaparición de personas, quien en fecha 11 de diciembre de 2021 en Quezaltepeque privó de libertad al joven G.A.V.L, conocido como Alexa”, dijo el director policial, Mauricio Arriaza Chicas a la prensa.

Durante el evento, Arriaza se refirió a Alexa en masculino. Los restos humanos de Valle Landaverde fueron encontrados en un pozo seco en el municipio de Ciudad Arce, 26 kilómetros al oeste del último sitio donde fue vista.

La identificación

Cifras oficiales indican que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021 reportaron 1,124 personas desaparecidas en El Salvador.

“En el lugar se localizó un pozo seco donde se encontraron osamentas humanas, a los cuales se les realizarán los análisis de ADN y así determinar si estos pertenecen a la víctima”, informó la fiscalía.

El Ministerio Publico informó el martes que José Elías Hernández Morales está acusado del delito de privación de personas. Las investigaciones indican que Hernández Morales citó a Alexa el día de su desaparición para cenar juntos. Durante la audiencia inicial se decretó detención provisional mientras continúa la investigación.

“Se esperan los análisis dentro de estas diligencias de investigación, pues se ha logrado también encontrar unos restos humanos en el Cantón Zapotitán. Hasta estos momentos estamos a la espera de los resultados de ADN”, dijo la fiscal del caso al finalizar la audiencia inicial.

De confirmar que los restos encontrados en el pozo son de Alexa, el delito cambiará a homicidio, dijo la fiscal del caso.

“Ya hicieron la prueba de ADN, pero todavía estamos esperando la respuesta. Vamos a dejarlo en manos de Dios”, dijo a Presentes un familiar de Alexa.

Facebook y Whatsapp activos posteriores a la desaparición

Alexa mantenía activa su perfil en la red social Facebook, ahí mostraba sus actividades cotidianas. Una de sus últimas publicaciones fue una serie de cuatro fotografías junto a un hombre que no es el detenido.

La familia de Alexa confirmó a Presentes que la ropa que viste en las imágenes, se encontró en su casa, por tanto, eran antiguas. Y, por lo tanto, fueron publicadas posterior a su desaparición.

Cuando se hizo la primera alerta de la desaparición, el perfil de Facebook de Alexa aún aparecía activo, Jessica Hernández de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoiris Trans, mostró a Presentes capturas de imagen de la actividad de la cuenta de Whatsapp de Alexa.

“Ella me aparecía conectada. En mi historia de Facebook aparecía que ella había visto mi historia, le escribí al messenger para preguntarle cómo estaba y el mensaje aparecía visto”, dijo Jessica a Presentes.

La organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS Trans, reportó en 2020 ocho asesinatos en contra de la población LGBTI. Hasta el 16 de diciembre de 2021 se contabilizaban siete personas asesinadas: un hombre trans, cuatro mujeres trans y dos hombres gay. Alexa no había reportado amenazas en su contra, se dedicó al comercio informal de ropa en su municipio.

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Agravante de odio no se aplica a las sentencias

El congreso salvadoreño aprobó en 2015 una reforma a los artículos 129 y 155 del código penal para reconocer los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género.

La mayoría de casos han sido desestimados en las cortes del país. Únicamente cinco de 600 asesinatos en contra de mujeres trans ocurridos desde 1992 a la fecha han sido judicializados: Camila Díaz, Anahy Miranda, Tita Andrade, Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez.

El fallo a favor de Camila Díaz fue el primero con una condena en el país centroamericano. En febrero de 2021 tres pandilleros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron condenados hasta 66 años de prisión por el asesinato de Sayuri Orellana y Daniela Rodríguez. Ningún fallo tomó en cuenta el agravante de crimen por odio.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, en junio de 2019, una de las primeras decisiones de su gabinete fue la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

2019020410144827559Desde el pasado 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, en el país centroamericano no han faltado las puestas en escena protagonizadas por el partido oficialista, con jóvenes que dicen “luchar por el pueblo”.

En tres meses han destituido a los magistrados de la Corte constitucional y el Fiscal General, aprobaron la polémica ley que reconoce a Bitcoin como moneda de curso legal y enviaron al archivo propuestas de ley de agua y la ley por la Igualdad y la no Discriminación.

El partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, al conseguir, junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar iniciativas sin oposición.

Bukele, de 40 años de edad, se autodenomina el “presidente más cool” del mundo. Arrasó las elecciones de 2019 y se convirtió en el fenómeno mediático que logró derrotar a los partidos tradicionales del país centroamericano. En las 41 páginas de su oferta electoral “Plan Cuscatlán” no hay ninguna propuesta para la población LGBTI.

“Estamos a la expectativa porque ahora tenemos a quien señalar. Nuevas Ideas cuenta mayoría absoluta en la Asamblea y el poder de decisión para adecuar normativas y dictar leyes que garanticen los derechos de todas las personas por igual”, expresó Britanie.

Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Excluidas de la educación: otras violencias contra personas trans en El Salvador

Miércoles, 29 de diciembre de 2021

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Sin ley de identidad de género, las personas trans no pueden estudiar dignamente. Su nombre no se respeta en los títulos. Algunas ni siquiera terminan la educación básica por la discriminación que viven en las aulas.

San Salvador, EL SALVADOR. Cuando Amalia Leiva había logrado que la departamental educativa de San Salvador, amenazara con sancionar al director de la escuela pública que no la dejaba inscribirse en la modalidad nocturna para retomar su séptimo grado, el maestro -cuenta ella- usó a pandilleros para amedrentarla. Era 2015 y Amalia comenzaba su vida en la capital. Cinco años antes su familia la había echado de casa por encontrarle un kit de maquillaje. Entonces, la vida de aquella niña que cursó sus primeros años entre colegios católicos, vivió la crisis económica de sus padres, pero siempre tuvo su atención, cambió.

Su padre, recuerda Amalia, la amenazaba desde Estados Unidos por la identidad de género femenina que ella estaba descubriendo. Su madre le dio la espalda. Se refugió por eso en la casa de su abuelo paterno, donde aprendió a cortar caña y se enteró de la desigualdad que sufren lxs jornalerxs. Por ese tiempo también llegó el activismo.

Fuera de casa

Amalia había llegado a la ciudad con muchas ganas de estudiar. Aunque era abril y el año escolar había comenzado tres meses atrás, una maestra le permitió llenar su ficha de inscripción y retomar su séptimo grado, cuenta. Las cosas, dice, no le fueron fáciles desde el primer día: el director de la escuela la sacó de la clase bajo la excusa que se había inscripto tarde.

Amalia cuenta que ella inició la denuncia en la departamental educativa y cuando, con respaldo de esa instancia, logró que el director se reuniera con ella y con la planta de docentes para tratar el tema, él comenzó preguntándole si creía en dios.Volvió a justificarse en que ella no podía estudiar por haberse inscrito fuera del plazo.

Amalia insistió en su derecho a entrar a la escuela y cuenta que el director le espetó que prefería que ahí estudiaran pandilleros a que lo hiciera una chica como ella.

La negativa de la escuela

La reunión quedó grabada en el teléfono de Amalia. El audio lo presentó en la departamental educativa, que le extendió una carta al docente con la amenaza de sancionarlo si no la admitía en la escuela. La carta citaba los derechos de Amelia que, según la Constitución, el director estaba violando. Allí se citaba el inciso 20 del artículo 56 de la Ley de la Carrera Docente, que considera como falta muy grave que unx docentx no admita a alumnxs por diferentes motivos, como las diferencias sociales, raciales, políticas o “de otra índole”.

El director, mientras tanto, terminó sacándola de la escuela con pandilleros, dice ella. A esta denuncia le dio seguimiento la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero sin una legislación que proteja su condición de persona trans en El Salvador.

Amalia, sin embargo, volvió a intentar cursar su séptimo grado. Esta vez bajo la modalidad a distancia. En la escuela la quisieron obligar a posar para una foto con el pelo amarrado. Se opuso y la escuela borró todos sus datos del sistema.

“Para El Salvador, Amalia solo tiene séptimo grado. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque es una pelea que me dejó muchas gratificaciones y muchas lecciones de vida”, dice ella. Hoy es una activista de los derechos de la población LGBTIQ+.

No hay avances en materia de identidad de género

La población LGBTIQ+ no cuenta con leyes a su favor. El único avance legislativo ocurrió en 2015, cuando lxs diputados aprobaron agravar las amenazas y los crímenes por razones de odio en el Código Penal.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador (MINEDUCYT) cuenta con una Unidad de Género y una política de género, que no es difundida a lxs docentxs, de acuerdo a lo que afirmaAmalia.

Y en el caso de las universidades, la Universidad de El Salvador (UES, la universidad estatal) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) son las únicas que respetan el derecho a la identidad de las personas trans, dice la activista.

Pero estas instituciones, como todas las del sistema educativo público y privado, pueden emitir diplomas de reconocimiento con el nombre elegido por las personas trans. No así títulos, porque al no haber una Ley de Identidad de Género, las personas trans, para el Estado salvadoreño, seguirán llamándose por el nombre según su documento.

Este año, lxs diputadxs de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, archivaron varios proyectos de ley presentado por la sociedad civil, entre ellos la Ley de Identidad de Género.

Una de las diputadas oficialistas los calificó de “obsoletos y no acordes a la realidad”. Las organizaciones LGBTIQ+ presentaron otra iniciativa en agosto pasado, que aún no es tratada.

El diploma sí, el título no

Brenda Rosales es una escultora que, en 2006, sin haber hecho su transición, se graduó de la carrera de Artes Plásticas de la UES y hace unos días fue reconocida por la universidad como unx de sus exalumnxs y profesionales destacadxs.

El diploma de reconocimiento lleva su nombre elegido, pero en el título universitario se mantiene su nombre de acuerdo a su documento de identidad.

Rosales, sin embargo, considera que este reconocimiento es significativo porque la universidad le ha reconocido su identidad de género.

Lo mismo pasa en el lugar donde trabaja, el Ministerio de Cultural, donde le han permitido que use su carnet de empleada con su nombre elegido.

“Es engorroso llegar a un lugar en el que de repente las personas no sepan ni cómo tratarnos, porque se basan en un documento. Hay muchas que tienen ética a la hora de dirigir la pregunta de cómo quieren que nos llamen. Admiro la voluntad que tienen, pero otras no lo hacen adrede o no saben cómo tratarnos”, sostiene la artista.

A pesar del decreto 56, hay desamparo

En el Ministerio de Cultural está la Unidad de Género y Diversidad, a la cual el gobierno de Bukele asignó las funciones de la Secretaría de Inclusión Social que él y su gabinete desaparecieron a inicios de su gestión, en junio de 2019, y que entre sus objetivos tenía velar por la aplicación del Decreto Ejecutivo 56.

Este prevenía la discriminación por razones de orientación, expresión o identidad de género, y proyectaba charlas de sensibilización en temáticas sobre la diversidad sexual al personal que trabajaba en instancias que pertenecían al Ejecutivo.

Rosales es Técnica y Especialista en dicha unidad, pero en esta entrevista no quiere profundizar sobre el trabajo de la instancia, porque dice que es nueva en el área.

Amalia señala que, de todos los ministerios, el MINEDUCYT fue el reacio en aplicar el Decreto Ejecutivo 56. Por hoy, la aplicación de este decreto es uno de los cuestionamientos que más realizan las organizaciones de la población LGBTIQ+, porque sigue vigente, pero la población no ve visible el trabajo de la Unidad de Género y Diversidad.

Agencia Presentes solicitó una entrevista a lxs encargadxs de la Unidad de Género del MINEDUCYT, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Universidades sin políticas contra LGBTIQ+fobia

Danilo Ramírez es el director ad honorem del Centro de Estudios de Géneros de la UES. Esta universidad cuenta solo con una política de equidad de género, pero no tiene una unidad de género. Para el próximo año, la política será actualizada y contemplará acciones a favor de las personas de la diversidad sexual.

Por el miedo de la población LGBTIQ+ de hacer visible su identidad y expresión de género en espacios que no son de su confianza, estos centros de estudios no llevan registro de la cantidad de estudiantes diversos que tienen.

Desde la UES, dice Ramírez, todavía se planea un censo interno para contabilizarles, tomando en cuenta que uno de los errores del censo sería que muchxs prefieren que su sexualidad pase desapercibida.

La discriminación, el mal permanente

E865C677-4E91-47F2-9DBC-2F077AD990A2-768x576El Primer Informe Situacional de la Población LGBTI publicado por la PDDH en 2017 señaló que el 52.5 % de las mujeres trans en El Salvador han recibido amenazas de muerte o violencia. En primer lugar, por el transodio; y segundo, por la extorsión impuesta por las pandillas para quienes realizan trabajo sexual.

Ante la falta de un protocolo para atender casos de discriminación, Ramírez menciona que lo que él hace es acompañar a las víctimas a presentar las denuncias ante instancias internas de la universidad.

Pero sin protocolos de actuación respaldados por las autoridades universitarias, las denuncias quedan archivadas.

Desde el Centro de Estudios de Géneros, dice, se trabaja en capacitaciones de sensibilización en temas sobre diversidad sexual, que comenzaron con lxs docentxs, estudiantes y personal administrativo de la Facultad de Medicina, de donde, en su momento, recibieron denuncias por discriminación de una chica trans que ya egresó.

La formación universitaria

La UCA, por su parte, respeta internamente la identidad de género de las personas trans: les permite a estas realizar cursos, diplomados o taller con su nombre elegido. Amalia está pronta a graduarse de la Escuela de Formación Política de esta universidad.

Hasta el momento, la universidad solo ha recibido la denuncia de una ciudadana trans canadiense que no pudo inscribirse a una carrera con su nombre elegido por la falta de la Ley de Identidad de Género en El Salvador. Y al final, tuvo que hacerlo con el nombre que aparecía en su documento, cuenta Omar Serrano, encargado de la Vicerrectoría de Proyección Social, de esta universidad de la Compañía de Jesús.

La UCA, según el académico, tiene entre sus “principios y valores” la no discriminación. No cuenta con una Unidad de Género, solo con políticas contra el acoso sexual, laboral y la discriminación, además de comités de éticas que reciben denuncias.

En los casos de discriminación por razones de género y orientación sexual ocurre una autocensura: las personas no denuncian la discriminación que sufren porque saben que su denuncia será infructuosa, opina Serrano. “Creo que uno de los frutos de la impunidad es que la gente no denuncie. Estoy refiriéndome a todo nivel”, señala.

El camino de Amalia

Amalia tiene 25 años y está por publicar un libro de poesía. Le lleva la lucha al sistema que la excluyó y ha continuado estudiando cursos, diplomados y talleres de todo tipo, desde derecho hasta medicina.

Espera llegar a la edad en la que pueda ir al Centro Nacional del Registro y que sus poemas queden registrados bajo el nombre que ella ha elegido.

Pero esta es su decisión: “No voy a vivir con un título con un nombre que no me identifica.  Yo sé muy bien que, si no me preparo académicamente, los años van a seguir pasando, pero estoy dispuesta a morir con dignidad”.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. , , , ,

El Salvador forzó la esterilización de mujeres con VIH

Jueves, 23 de diciembre de 2021

El-Salvador-estirilizacionCuando Lizz se enteró de que estaba embarazada, también le informaron que tenía VIH. Al momento de parir a su única hija, a la edad de 17 años, fue esterilizada de manera forzada por el personal médico de uno de los principales hospitales públicos de El Salvador. La Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema del país centroamericano solo reconoció que se violó su derecho de salud reproductiva. A once años de lo ocurrido, mantiene el deseo de volver a ser madre. Este texto es parte del proyecto de periodismo colaborativo #CambiaLaHistoria, impulsado por la Deutsche Welle Akademie.

Lizz había recibido meses antes de forma simultánea la noticia de su embarazo y el resultado positivo a la prueba del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Asegura que le preocupaba más la noticia de su embarazo que el diagnóstico del virus

Una mañana de diciembre de 2010, Lizz* sintió en su vientre que su bebé pateaba fuerte y con ello exigía su llegada al mundo. Su embarazo, marcado por la desesperanza de un diagnóstico imprevisto, estaba por llegar a término.

Desde su llegada al Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”, el más importante para la atención de la mujer en El Salvador, personal médico le preguntó si quería ser esterilizada, pero Lizz respondió que no. Por su condición de VIH le tenían que hacer una cesárea y en la noche fue llevada a la sala de operaciones.

Minutos antes de que se le aplicara la anestesia para practicarle la cesárea, una enfermera le preguntó de nuevo si se iba a esterilizar y le entregó un formulario para autorizar el procedimiento. Lizz firmó sin haber sido informada plenamente de las consecuencias.

A once años de lo ocurrido, habla sobre ese día a través de una videollamada. Hace una pausa, quita la mirada de la pantalla y dice: «prácticamente me iban a dejar morir, me dijeron que si no firmaba no me iban a atender. Yo firmé porque no soportaba el dolor».

Después de dar a luz a su única hija, a Lizz le fue mutilada una parte de su órgano reproductivo en una intervención quirúrgica para impedir que volviera a tener hijos cuando sólo tenía 17 años.

Cuatro años después, el caso de Lizz fue llevado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, donde se comprobó que no tenía la capacidad plena para otorgar su consentimiento informado para ser esterilizada por el hecho de ser menor de edad.

I Un pilar de apoyo

Cuando Lizz tenía apenas 16 años, tuvo una relación con un hombre ocho años mayor que ella. A los pocos meses, comenzó a sentir malestar y dolores de cabeza intensos. Fue al médico en la comunidad de Cojutepeque, a menos de una hora de la capital, y después de hacer estudios le dijeron que estaba embarazada y que también era portadora de VIH.

“En ese momento lo que más me preocupó fue estar embarazada. No dimensioné el diagnóstico de VIH”, relata.

Cuando le dio la noticia a su pareja, él no se sorprendió. Ya sabía que era portador del virus y le ofreció vivir en pareja. Lizz salió de la casa de sus padres y suspendió sus estudios. Hoy considera que quedó embarazada por un acto de violación porque aún era menor de edad.

De su comunidad tuvo que ir los siguientes meses al Hospital de la Mujer, el único para atención materna en el país, donde recibió un tratamiento de retrovirales. Al nacer, su bebé nació con diagnóstico negativo. Estaba libre del virus.

El virus de la inmunodeficiencia humana ataca al sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer. Se transmite a través del intercambio de líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales.

Los datos del Estado reflejan que las probabilidades de que un menor se infecte de VIH al momento de su nacimiento son muy bajos. Según el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) uno de cada 100 bebés nacidos de madres con VIH son diagnosticados con el virus. Estos datos coinciden con los reflejados en el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida ONUSIDA, donde se asegura que el riesgo de que una mujer con VIH le transmita el virus a su hijo se reduce a un 5 % o menos con un tratamiento eficaz.

Lizz recibió el tratamiento estipulado por el MINSAL. Incluso, el mismo informe asegura que para el año 2010 el 100 % de embarazadas con VIH conocidas en el país, recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión infantil. Estas cifras reflejan que Lizz podía tener más hijos de forma segura.

En 2019, el Ministerio de Salud de El Salvador reportó 26,893 personas vivas con VIH en el país, de ellas el 34 % eran mujeres.

Lizz dio seguimiento a su estado de salud y el de su bebé en su hospital local, unos 18 km al sur de la capital del país, y ahí tuvo conexión con organizaciones de apoyo a personas con VIH cuando iba a sus citas médicas.

“Yo iba a controles al Hospital de Cojutepeque, ahí me uní a un grupo de apoyo y a organizaciones feministas no gubernamentales. Él (su expareja) era un hombre alcohólico y me golpeaba. Sufrí mucho abuso físico. Pero al unirme a estos grupos me empoderé. Me empoderé muchísimo”, dice en tono enérgico. Cuando su bebé cumplió tres meses, decidió separarse y volvió a casa de sus padres.

En el hospital conoció a integrantes de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, que trabaja a favor de los derechos de las personas con VIH. Ellos le brindaron una beca para terminar sus estudios de educación media. Las terapias psicológicas y las sesiones grupales contribuyeron a su formación y empoderamiento. Y asegura que después de un proceso de sanación muy difícil, ahora puede hablar con mayor facilidad sobre el tema.

II Más mujeres con VIH esterilizadas

El caso de Lizz no ha sido el único. Otras mujeres con VIH y menores de edad han sido esterilizadas de forma sistemática en El Salvador.

En su juicio de amparo, se comprobó que “en la práctica hospitalaria se esteriliza a niñas y adolescentes con el único requisito que estas suscriban un formulario de autorización para tal efecto”. En el fallo al que tuvo acceso Alharaca, se documenta que una de las doctoras interrogadas en el proceso dijo que «una menor de doce años de edad puede ser esterilizada según la normativa de planificación familiar».

La Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar (GTAPF), mencionada en el amparo, no estipula que exista esterilizaciones a ciertos pacientes en razón de edad, únicamente exige que haya un consentimiento informado del paciente.

El caso de Lizz fue llevado al Poder Judicial gracias a la Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva (ANP+VN), enfocada en la reducción de la morbilidad del VIH en El Salvador.

Junto con otras organizaciones de la sociedad civil y autoridades, participaron en la realización del Índice de Estigma en Personas con VIH (INDEX) 2019, haciendo entrevistas a pacientes en 19 hospitales del sistema público de salud.

En el Informe se documentó que 23 de 514 personas encuestadas fueron esterilizadas sin su conocimiento o su consentimiento en el último año. Todas las que afirmaron este hecho eran mujeres. La mayoría de ellas son de escasos recursos económicos y tienen poco acceso a educación, señala Catherine Serpas, directora ejecutiva de ANP+VN.

El mismo estudio reflejó que a un 7.2 % de las personas encuestadas le aconsejaron no tener hijos y un 5.6 % menciona que fue presionado, motivado o inducido para esterilizarse de forma permanente por medio de ligadura de trompas o vasectomía.

Serpas añadió que en el estudio también encontraron tres casos más de menores de edad que contaban su experiencia.

“Fue alarmante encontrarnos con casos de esterilizaciones forzadas. El primer caso que recolectamos fue de una mujer que vivió esto en 1998. Además, aquí encontramos casos de niñas, menores de edad”, expresa Serpas. Ella dice que la asociación no guardó registro de todos, sin embargo, al realizar contacto con algunas mujeres, muchas decidieron no participar en procesos legales por miedo al estigma.

Una de las que sí lograron dar seguimiento fue Lizz, luego de realizar el estudio INDEX 1.0. “El caso ocurrió en 2010, pero ella habló de este hecho hasta 2014”, explicó.

III La batalla legal

Las organizaciones de protección de los derechos de personas con VIH suelen formar parte de los grupos de ayuda como a los que asistía Lizz. Ahí conoció a compañeras que pasaron por lo mismo y que fueron persuadidas por el personal médico para ser esterilizadas. Eso la motivó a hablar e iniciar un proceso legal con el acompañamiento de ANP+VN.

En 2014 promovieron un amparo para que se reconociera la violación de los derechos de salud reproductiva de Lizz y discriminación en razón del VIH por parte del personal médico del Hospital Nacional de la Mujer «Dra. María Isabel Rodríguez».

Un elemento clave para llevar el caso era tener el expediente médico, el cual solicitaron al hospital por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero les fue negado. Hasta que fueron llevadas al juicio de amparo, las autoridades del hospital entregaron el expediente, el cual no tenía pruebas que justificaran la esterilización.

La defensa de Lizz tuvo acceso a declaraciones de parte del equipo médico que señalaban que “no tenía sentido” que las personas con VIH siguieran teniendo bebés.

El director del hospital negó ante la Sala cualquier acto de discriminación por VIH o que se haya forzado a la paciente para ser sometida a esterilización.

La Sala de lo Constitucional declaró en 2015 que sí hubo «vulneración de sus derechos fundamentales a la salud reproductiva, a la autodeterminación reproductiva y a la integridad personal —con relación al hecho de que, siendo menor de edad, y por lo tanto no teniendo la capacidad plena para otorgar su consentimiento informado para ser esterilizada».

“Sí logramos probar que hubo discriminación (en razón de VIH), pero la Sala no lo admitió”, lamentó su abogada y apoderada legal Crissia Pérez.

En el fallo de la Sala se ordenó la promoción de un proceso por los daños materiales y morales y garantizar un tratamiento psicológico adecuado para superar las secuelas por el acto de esterilización.

IV Maternidad. Un derecho negado

Lizz sufrió cuadros de depresión recurrentes. Después del juicio quiso recuperar su fertilidad.

La esterilización quirúrgica es un procedimiento en el que las trompas de Falopio, que transportan el óvulo desde el ovario hasta el útero, se bloquean. Esto puede ser por atadura y corte de los conductos, por cauterización, o cierre con un anillo o grapa.

Un 20 % de las mujeres esterilizadas se arrepiente de su decisión, pero hay casos que no se pueden revertir. Uno de ellos fue el de Lizz.

«Hay diferentes tipos de cortar las trompas, pero el corte que le hizo el médico era al ras. No había forma de reconstruir las trompas. Nosotros interpretamos esto como una práctica de violencia y un acto de lesa humanidad», señala Catherine Serpas.

Entre enero de 2013 hasta julio de 2021 se realizaron 36 esterilizaciones en mujeres que verificaron parto con un diagnóstico principal VIH de un total de 280 partos en los hospitales públicos del país, según datos del MINSAL brindados por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública.

***

Una ginecóloga que trabaja para el sistema de salud público, cuyo nombre desea omitir para resguardar su seguridad, advierte que es una temática discutible el recomendar a una mujer con VIH no tener hijos.

“Si nos remontamos a los años ochenta, el diagnóstico de infección por VIH era prácticamente una muerte anunciada. Hoy tenemos la facilidad de que hay diversos programas de apoyo para estos pacientes, que incluyen la terapia antirretroviral, exámenes de control y grupos de apoyo social y psicológico”, explica.

La médica asegura que si la paciente es responsable de su salud y sus medicamentos, puede embarazarse y llevar el control periódico de su embarazo.

“Ahora, si el panorama es diferente con una paciente que ha tenido poca adherencia a su tratamiento o sea irresponsable en sus controles, que tenga enfermedades secundarias no controladas o de mal pronóstico», advierte, «se vuelve necesario evitar el embarazo para evitar complicaciones maternas o fetales”.

Serpas explica que los temas de salud reproductiva no son vistos como un problema. “Eso pasa porque vivimos en un mundo que se ve totalmente masculino, y más, en temas como el VIH”, dice.

ANP+VN recibe con frecuencia reclamos sobre la falta de apoyo en términos de planificación familiar, agrega. “Todavía se cree que la persona recibe el diagnóstico y se olvida de su vida sexual… Hemos detectado que a la hora que se les hace la citología (prueba de detección del virus del papiloma humano, que causa el cáncer de cérvix) han recibido maltrato por parte del personal de salud, siempre con la interpretación de ‘¿por qué sigue teniendo relaciones sexuales?’. La respuesta del VIH ha evolucionado, pero el pensamiento sigue siendo mediocre”.

IV Migración

Lizz no solo enfrentó la violencia obstétrica en su país, durante el juicio también recibió llamadas anónimas donde la amenazaban con atentar contra su vida. En sus visitas al hospital para recibir tratamiento psicológico, hubo personal médico que la intentó persuadir para que desistiera en su demanda.

El Jefe Departamento de VIH y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Derechos Humanos, Jaime Argueta, reconoció que “no existe un sistema de protección que pueda dar garantías a la persona que ha tenido el valor de presentar la denuncia, para protegerla contra el mismo estado. Incluso, ella empezó a ser cuestionada al momento de recibir su tratamiento».

Cada vez es menos frecuente es el estigma en ámbito de salud o en el ámbito laboral, dice, pero aún se pide la “prueba de VIH para el ingreso a un empleo como parte de la batería de exámenes”.

En el ámbito comunitario, advierte que todavía hay mucha discriminación y se divulgan los diagnósticos de personas en los lugares donde ellos viven.

“Tal vez trabajan en una sala de belleza y alguien empieza a divulgar el diagnóstico y pierden sus clientes. O venden cualquier tipo de alimentos ya preparados para el consumo y también son afectadas en sus formas de vida”, expuso.

Lizz vivía en una zona declarada de alto riesgo de violencia por pandillas. Esto se convirtió en una razón más que la llevó a migrar a Estados Unidos junto con su hija y su actual pareja. Allá, a más de 10 mil kilómetros del país que la expulsó, ahora intenta rehacer su vida.

“Quería una vida mejor para mi hija. El miedo también tuvo que ver en mi decisión de migrar”, expresó.

V Una nueva vida

A pesar de su condición migratoria irregular, Lizz ha logrado tener acceso a un tratamiento de retrovirales a través de un protocolo en un Centro de Investigación en Estados Unidos, al cual accedió por medio de un hospital.

Por ahora trabaja, estudia inglés y desea regresar a la Universidad a estudiar leyes para ayudar a otras personas: “Mi sueño es trabajar en una organización que ayude en los derechos humanos o migración”.

Según la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH Sida (ICW Latina), en El Salvador el marco legal que establece sanciones para el personal sanitario en el caso de la esterilización forzada a las mujeres con VIH tiene una calificación positiva, es decir, según esta organización los médicos sí reciben penalidad ante estos casos. Sin embargo, los que atendieron el caso de Lizz no recibieron ninguna penalidad.

Al cierre de esta investigación se solicitó una entrevista con la jefa del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Dra. Ana Isabel Nieto Gómez, para conocer su postura respecto al caso de Lizz, sin embargo no se recibió respuesta. La doctora Nieto fungía en ese mismo cargo en 2010, cuando Lizz fue esterilizada de forma forzosa.

En la actualidad Nieto es funcionaria del Gobierno del presidente Nayib Bukele. Su régimen ha sido señalado por nula rendición de cuentas, dar poco acceso a la prensa y por declarar “confidencial” información pública.

En la actualidad ANP+VN trabaja para brindar apoyo legal, capacitaciones, atención psicológica, reinserción laboral y generación de alternativas de ingresos para personas con VIH. Además, tiene estrecha relación con los grupos de apoyo de personas con VIH de la red hospitalaria nacional. Cientos de personas se han visto beneficiadas por sus proyectos. Su abogada compartió que cuando la prensa cubrió el caso de Lizz, tuvieron conocimiento de más casos a los que podrían dar más seguimiento y llevar a la justicia si contaran con los fondos.

*El nombre real de Lizz no se da a conocer en protección a su integridad

Fuente Agencia Presentes

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El Salvador no protege a las personas LGBTIQ+ despedidas por discriminación

Martes, 14 de diciembre de 2021

67A6F3F7-83F7-4881-9A9B-B48E30922822El mecanismo para prevenir estas violencias, al menos en instituciones públicas, no es implementado por el gobierno actual. El presidente Nayib Bukele eliminó la Dirección de Diversidad Sexual, la instancia encargada de aplicarlo y de capacitar en temas de diversidad sexual al personal que dependía del Ejecutivo.

 Ernesto es un chico gay. Fue despedido de una Alcaldía del oriente de El Salvador después de haber sufrido durante un mes discriminación y acoso laboral. Durante cuatro años trabajó allí como Jefe de Turismo, pero desde mayo, cuando cambió la administración, fue removido al área de Archivo y Digitación.

En su nuevo trabajo, Ernesto era enviado a visitas de campo junto con otro compañero delegado por sus jefes. La alcaldía garantizaba su traslado, pero a diferencia de la anterior modalidad de trabajo, ya no disponía de un vehículo para sus viajes. Tenía un carro lo llevaba a las cercanías de su destino. Así es que, debía caminar al menos cinco kilómetros en zonas rurales para realizar funcionar de catastro o señalar postes de electricidad.

Además del cansancio y del peligro que implicaba recorrer lugares solo, en los viajes soportaba los ataques homoodiantes de su compañero. En una ocasión, le obligó a que se metiera a un terreno con un matorral, donde Ernesto encontró un panal y las abejas le persiguieron.

El 30 de junio, un motorista de Uber al que Ernesto conocía y había recomendado a su hermana, le fue a buscar a la alcaldía para cobrarle un viaje . El hombre llegó hasta su oficina y amablemente le pidió que salieran del local. Afuera, comenzó a golpearlo y él se defendió.

Nadie de la alcaldía intervino. Al contrario, la comuna usó los videos de las cámaras de vigilancia en su contra. Pese a contar con un tipo de contratación que amerita un proceso administrativo para llegar a un despido, a Ernesto lo despidieron omitiendo ese proceso.

“Ellos trataron la forma de hacer las cosas verbalmente y en el documento hablan lo contrario. En los documentos no dicen que me despidieron por ser gay, cuando así fue, le dieron otra modalidad a mi despido… En la alcaldía solo tienen gente homofóbica”, cuenta. Prefiere que en esta nota no aparezca su nombre ni que se den detalles que puedan poner en peligro su integridad.

Ernesto ha denunciado su caso en la Fiscalía General de la República, pero la denuncia no avanza. Lo que así avanzó es un juicio laboral en un juzgado y para la próxima semana está programada la audiencia.

Sin ingresos

En la administración pasada de la alcaldía, Ernesto había logrado un convenio de la comuna con un ministerio para construir un parque central. Con el cambio de gobierno municipal a Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, la alcaldía se desentendió del proyecto.

Ya despedido, personal del ministerio siguió en contacto con Ernesto para terminar la obra. Pero la página oficial de Facebook de la alcaldía publicó un video, con una fotografía suya y música de terror de fondo. Allí decía que Ernesto ya no trabajaba para la municipalidad y que no se hacían responsables de las acciones que él realizara.

Ese mismo video llevó a que una orquesta a la que él pertenecía, de la que era manager, cantante y bailarín, lo despidiera. También, a partir de la publicación, dejaron de llamarlo para producir fiestas de quince años, otro de sus ingresos.

Contra la LGBTIQ+ fobia en instituciones públicas

En El Salvador, las personas LGBTIQ+ que pueden optar por un empleo formal pero que luego son despedidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género no cuentan con una normativa que les proteja. Ni en las instituciones públicas ni en las instituciones privadas.

En el país, hubo un mecanismo de prevención de la discriminación para lxs empleadxs de las disidencias sexuales que trabajan en las instituciones públicas dependientes del Ejecutivo. Fue el Decreto Ejecutivo 56, aprobado en 2010, en la administración del expresidente Mauricio Funes, con el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil.

Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, en junio de 2019, una de las primeras decisiones de su gabinete fue la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual, encargada de aplicar el decreto. Sus funciones las derivó a la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura.

La dirección tenía un call center al que podían llamar aquellxs empleadxs que se sintieran discriminadxs por su orientación sexual, identidad o expresión de género. También realizaba capacitaciones para sensibilizar en temas LGBTIQ+ al personal de instituciones públicas.

Aunque el decreto no contemplaba sanciones, Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amata El Salvador, recuerda que en una ocasión, una persona a la que un chico gay denunció por discriminación fue removida a otra institución.

A la fecha, el decreto no ha desaparecido, pero las organizaciones sociales denuncian que no tienen claridad de su aplicación. Así lo señala Jessica Torres, experta en temas LGBTIQ+ y procuradora adjunta de Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Para Torres, el decreto tenía dos defectos, por su carácter Ejecutivo, era temporal pero era limitado. Se aplicaba solamente en las instancias que dependían de la presidencia, y dejaba afuera a otras instituciones públicas. Es decir, en el caso del despido de Ernesto de la alcaldía, la normativa no hubiese tenido ningún valor.

En los últimos años, la PDDH recibió seis denuncias de las disidencias sexuales por estigma y discriminación, no solamente en el área laboral. Sin embargo, en los casos laborales, aclara Torres, sobresalen las denuncias contra el sector privado.

Temor a denunciar

Roberto Saldaña, coordinador de áreas de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y coordinador del programa LGBTIQ+ , explica que no se recibieron denuncias de violación laboral en instituciones públicas. No se denuncia por temor a represalias.

En los últimos dos años, con Bukele al frente del Ejecutivo, fueron despedidas injustificadamente diferentes personas de las instancias públicas. A partir de junio de este año, cuando Nuevas Ideas (su partido) arrasó con las elecciones en las alcaldías, hubo muchos despidos sin un debido proceso.

Desde 2015, la FEASIES capacitó a lxs líderes, lideresas y a las bases sindicales en temas de diversidad sexual. A partir de entonces, observaron cambios: lxs sindicalistas de la disidencia sexual están más empodoradxs y aumentó la afiliación de personas de LGBTIQ+ a la federación.

Entre las denuncias que recibe la FEASIES, se encuentran muchas de mujeres trans a quienes en sus lugares de trabajo no les permiten expresar su identidad de género, prohibiéndoles vestuario femenino y maquillaje. A ellas, cuando trabajaban en el Ejecutivo, fue a quienes más benefició el Decreto Ejecutivo 56, dice.

De forma general, según señala Saldaña, lo que sucede con los despidos en El Salvador es que por desconocimiento sobre las leyes laborales, un 80 por ciento de lxs empleadxs firman su indemnización antes de denunciar una violación a sus derechos laborales. Cuando esto ocurre, ya no pueden ayudar.

“No queda claro si el Decreto Ejecutivo 56 está completamente inaplicable o no. Es curioso que, dentro del Ministerio de Cultura, si verificás documentos actuales creados por la Unidad de Género y Diversidad, no menciona el decreto. Es como si que no existiera, como si no hubiera antecedentes, como si el tema se tratara por primeva vez. Tiene que ver mucho con la política tácita del régimen: borrar lo que había antes”, sostiene Roberto Zapata, secretario de la Asociación Amate El Salvador.

Esta asociación acompañó, con la llegada al Ejecutivo de Bukele, a mujeres trans y lesbianas despedidas con la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social. También lo hizo con la reducción de personal de Ciudad Mujer, proyecto insignia de los gobiernos de izquierda, con un enfoque integral en acompañamiento a las mujeres.

Presentes intentó contactar a delegadxs de la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultural, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Hasta el momento, lo más cercano sobre la discriminación hacia la población LGBTIQ+ que existe en la legislación salvadoreña es una resolución de 2009 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un pronunciamiento sobre la negación del Ministerio de Gobernación hacia un grupo de hombres gay que querían conformar una organización.

El tribunal, en su momento, estableció que no era posible discriminar a las personas por su orientación sexual. Para entonces en el país no había mayor educación sobre la identidad de género. Por ejemplo, esta resolución no sirvió para vincularse con otras leyes.

Durante los dos gobiernos pasados, el Ministerio de Trabajo realizaba feria de empleo dedicadas a personas LGBTIQ+. También contaba con una ventanilla de atención especializadas para ellas. La iniciativa no continuó y aunque las organizaciones y la PDDH ya se reunieron con delegados del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura para seguir con estos proyectos, todavía no reciben una respuesta oficial.

Mientras, como el caso de Ernesto, podrían continuar los despidos injustificados de personas de las disidencias sexuales sin ninguna protección estatal.

Tras las publicaciones de la alcaldía en sus redes sociales, Ernesto no tuvo más ingresos. Sólo la remuneración por la producción de una fiesta de 15 años hace una semana. “Con la fiesta rosa pagué tres meses de la renta de la casa. Con la comida, voy pasándola. Por ratos me ayuda mi mamá, por ratos me desespero, pero ahí voy”, detalló el joven.

Fuente Agencia Presentes

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El Salvador: Una pandilla asesinó a un joven gay después de asistir a una fiesta

Viernes, 10 de diciembre de 2021

259862482_1878564619012425_2537147459015135648_nFue atacado por recorrer la zona de una pandilla contraria a su barrio. A pesar de lo que dice el gobierno, los crímenes de odio siguen en aumento.

Brayan Alexander Aguiñada García de 22 años fue atacado con arma de fuego cuando regresaba hacia su casa ubicada en Copapayo, departamento de Sonsonate. El crimen fue cometido después de participar en una fiesta que cada año organiza la municipalidad de Armenia por su patrono.

Personas cercanas a la víctima contaron a Presentes que Brayan visitaba con frecuencia la pequeña ciudad, pese a que la pandilla Barrio 18, que controla la zona, le advirtió que no lo hiciera. Su lugar de residencia está bajo el dominio de sus rivales, Mara Salvatrucha MS13.

Transgredir estas advertencias les ha costado la vida a muchas personas en esa región. Por la misma razón, Brayan Aguinanda fue asesinado la madrugada del 21 de noviembre.

“Brayan había comentado que le habían prohibido que fuera a Armenia. Recibió amenazas por parte de grupos pandilleriles de la 18. Le dijeron que no lo querían ver más en Armenia porque si no lo iban a matar”, dijo a Presentes una persona defensora de derechos humanos que pidió resguardar su identidad por temor a represalias.

Las reglas de las pandillas: “no queremos culeros”

La Policía Nacional Civil informó en su cuenta oficial de Twitter que una patrulla trasladó a Brayan hasta el hospital donde murió. “Reportamos un homicidio en Cantón Tres Ceibas, Armenia, Sonsonate. Nuestras unidades trasladaron a la víctima a un centro asistencial donde falleció. Rastreamos la zona en busca de los hechores”, publicó la policía en la mañana del 21 de noviembre.

Presentes consultó a las sedes policiales del departamento de Sonsonate pero aseguraron no estar autorizados para dar información sobre el caso. También se contactó al área de prensa de la policía en reiteradas ocasiones, pero al cierre de la nota no respondieron.

Las pandillas son estructuras delincuenciales que surgieron en las calles de Los Ángeles de Estados Unidos. Se establecieron en El Salvador tras una masiva deportación de sus integrantes hacia el empobrecido país centroamericano.

En los territorios, los pandilleros defienden a muerte, extorsionan, controlan y determinan la vida de las personas. Tienen reglas claras sobre la orientación sexual: “no queremos culeros (una palabra despectiva para llamar a las personas gay)”.

El cuerpo de Bryan fue encontrado en la zona conocida como las Tres Ceibas, dos kilómetros de su casa. “Nadie sabe cómo Brayan salió, porque nadie vio que lo hiciera después de volver de la fiesta”, expresó la persona defensora de derechos humanos.

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Vivir en peligro

El Cantón Tres Ceibas es una zona peligrosa por la presencia de las pandillas. De acuerdo cifras oficiales de la Policía, en octubre asesinaron a dos hombres por “trabajar en zona de la pandilla contraria”.

El Salvador tuvo un notable descenso de los homicidios provocados. En su mayoría, por la disputa a muerte de las pandillas para hacerse del control del comercio y tráfico de drogas, las extorsiones a negocios y el uso de “sus territorios”.

Según el presidente Nayib Bukele, el descenso se debe a la efectividad del Plan Control Territorial. Sin embargo, especialistas en seguridad afirman que se debe a un posible pacto o negociación entre el gobierno y las pandillas Mara Salvatrucha MS-13, Barrio 18 revolucionarios y sureños.

Una fuente policial consultada por Presentes, y que pidió se reservara su identidad por miedo a represalias internas, confirmó que las pandillas continúan ejerciendo control y su accionar en los territorios. A pesar de que los asesinatos se han reducido, se han incrementado las cifras de personas desaparecidas.

“Hasta ahorita no he visto ninguna hoja impresa del Plan Control Territorial. No sé si existe. Las pandillas mantienen el control territorial, sigue igual, no ha cambiado. El tránsito de la droga, la extorsión, sigue igual”, aseguró a Presentes una fuente policial.

Los crímenes que no descienden

La Fiscalía General reportó de enero al 30 de noviembre del presente año 2.063 personas desaparecidas a nivel nacional.

“No ha tenido ningún efecto, ya que no se puede decir en este momento que viviendo en una zona donde domina una pandilla, se puede ir tranquilamente donde domina otra. A lo mejor se puede entrar, pero no se sabe si va a salir. Podemos ver que no hay seguridad, no existe tranquilidad”, lamentó la persona defensora de derechos humanos.

De acuerdo a cifras oficiales durante el 1 de enero al 2 de noviembre se han contabilizado 936 asesinatos, mientras en 2020 de enero a diciembre se cometieron 1.322 crímenes.

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Trans e Intersexuales (FESLBTBI), ha reportado cinco crímenes de personas LGBTI en lo que va de 2021.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , ,

En el último año se han registrado más asesinatos de personas trans que en ningún periodo similar anterior desde que se realiza el registro.

Jueves, 9 de diciembre de 2021

movilh-transfobia-820x394El pasado 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans recordó un año más la violencia ejercida contra las personas trans y género-diversas en todo el mundo. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar y que ha hecho públicos con motivo de esta conmemoración, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se han registrado 375 asesinatos de personas trans y género-diversas, la cifra más alta desde que lleva a cabo este registro. El número real de víctimas, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento de aquellos casos sobre los que trasciende algún tipo de información y esta es recogida por la organización. Y en muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se han registrado 375 asesinatos de personas trans y género-diversas. Se trata de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, periodo durante el cual se tuvo constancia de 350 personas trans asesinadas, y que supera también la que era cifra más alta hasta el momento (369 entre las mismas fechas de 2017-2018).

Brasil vuelve a ser, como los años anteriores, el país con más asesinatos registrados (125 en esta ocasión). Le sigue México, con 65 asesinatos; Estados Unidos, con 53 (de las cuales el 89% eran personas de color), y Colombia, con 25. Por detrás se sitúan Filipinas, con 17 asesinatos; Argentina, con 14; Pakistán, con 11; India, con 10; Ecuador, con 8; Honduras y Myanmar, con 5; Turquía, con 4; Chile, El Salvador, Francia, Perú y Venezuela, con 3; Bolivia, Costa Rica, Guatemala e Italia, con 2; y finalmente Azerbaiyán, España, Grecia, Haití, Kazajistán, Malaui, Nicaragua, Portugal, Puerto Rico y Rusia con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se tiene constancia de 4.042 asesinatos de personas trans y género-diversas en 80 países del mundo. Brasil (con 1.645 víctimas), México (con 593) y Estados Unidos (con 324) son los tres países que encabezan el registro.

Iratxe Otero, asesinada en España

España vuelve a aparecer un año más en esta macabra lista, debido al asesinato de Iratxe Otero, una mujer trans de origen colombiano asesinada en diciembre de 2020 en Arona (Tenerife).

Nuestro país, de hecho, acumula 14 víctimas el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Los nombres más recientes incluidos en este listado han sido los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife y que aparece en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el listado del pasado año.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021:

  • El 96% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
  • El 58% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo.
  • El 43% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes.
  • El 89% de las víctimas registradas en Estados Unidos eran personas racializadas.

 

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El Día Internacional de la Memoria Trans

El Día Internacional de la Memoria Trans fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo.

Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2021 y los datos expuestos aquí

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

 Fuente Dosmanzanas

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Guardias de seguridad de una tienda golpearon a una pareja de lesbianas en San Salvador

Viernes, 1 de octubre de 2021

75B3CF0B-23A6-4CE7-A49E-FF4CE2EBFC0AUna pareja de lesbianas se besó en la tienda Imperio USA y los guardias de seguridad las increparon y golpearon. La policía culpó a las víctimas.

 Comprar ropa se tradujo en un ataque lesboodiante en un almacén en El Salvador cuando el 14 de septiembre guardias de seguridad increparon y golpearon a una pareja en la tienda Imperio USA, ubicada frente a la plaza Francisco Morazán.

“Llegamos a la tienda por la mañana y nos dimos un beso entre los estantes. Un vigilante se acercó de forma violenta y nos exigió que saliéramos del lugar”, contó la pareja a Presentes.

Ellas exigieron que les mostraran el código de comportamiento del lugar. La respuesta fue que otros dos vigilantes armados las rodearan para expulsarlas a empujones.

“Ellas se dieron un beso e inmediatamente un vigilante se les acercó de forma violenta y empezó a decirles expresiones lesbofóbicas, a decirles que mejor se buscaran marido y que esas cosas no eran permitidas ahí”, dijo a Presentes Lissania Zelaya, integrante del colectivo AMORALES.

AMORALES es una organización de feministas, artistas y profesionales que promueve los derechos humanos y la toma de espacios públicos para mujeres y disidencias. Al día siguiente del ataque, en el Día de la Independencia, participaron de la marcha masiva contra el gobierno, en reclamo por la ley de bitcoins, la reforma constitucional y el desmantelamiento del Poder judicial.

Hubo una mujer que las defendió ahí adentro, al parecer era una empleada quien las defendió y les dijo ‘hijas, mejor váyanse porque estos hombres son unos machos’. La compañera dice que en lo que ella se da la vuelta viene el tipo y le pega por la espalda, cuando yo llegué revisamos a la compañera y evidentemente en la espalda tiene signos de violencia”, expresó Lissania.

La policía, contra las víctimas

Al recibir el golpe por la espalda, la pareja se defendió provocando un altercado con los atacantes. El personal del almacén llamó a la policía quienes en un primer momento amenazaron con detener a las víctimas por “causar desordenes públicos”. Las víctimas fueron rodeadas por policías, militares y los vigilantes que las atacaron.

“Estos sujetos (atacantes) se han reído  y se han reído enfrente de la policía y todavía el gerente del almacén indicó al vigilante, aquí también hay una protección por parte del gerente hacia este vigilante, le indica que se vaya porque nosotras estamos en ese momento interponiendo la denuncia”, acotó Lissania.

A pesar que las víctimas dieron una primera declaración a la policía en el lugar del ataque, no lograron detener al principal agresor porque fue protegido por el gerente del almacén.

“Primero lo catalogaron como un desorden público. Yo alegué que no podía ser un desorden público ni una riña o pleito porque no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza y en la posesión de armas. Mis compañeras eran dos mujeres que no estaban armadas, ellos eran tres hombres, uno de ellos tenía un arma de fuego, los demás tenían macanas y tenían esposas también, eran tres hombres armados frente a dos mujeres que no estaban armadas”, lamentó Lissania.

Presentes consultó a la delegación de la policía que está a cargo del área geográfica donde ocurrió el ataque. Al preguntarles por qué no detuvieron al agresor, se limitaron a responder que “sí interpusieron la denuncia por agresiones” sin dar mayores detalles.

No puede haber confianza en la policía porque inclusive en el momento en que las compañeras estaban poniendo la denuncia la policía les dijo que ellas aparecen en el video y que también le levantaron la mano al vigilante. Pero en realidad las compañeras estaban defendiéndose. Ellos también han intentado que las compañeras desistan de poner la denuncia”, lamentó Lissania.

Ataques en la impunidad

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBTI, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de género y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo el presidente Nayib Bukele eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

“En El Salvador ha pasado en varias empresas, en lugares de comida, ha pasado en centros comerciales y creemos que es necesario que estas situaciones se regulen dentro de la Ley Integral Para una Vida Libre de Violencia (LEIV) expresamente como un delito motivado por odio, porque las compañeras no estaban haciendo nada que transgrediera el orden público y la paz social que es a lo que alegan siempre y ellas estaban en todo el ejercicio de su derecho”, señaló Lissania.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, además se crearon mesas de interinstitucionales en los ministerios de trabajo y seguridad que en la actual administración no funcionan.

Creemos que si es importante que las denuncias puedan sentar un precedente también para que las mujeres no tengamos que vivir este tipo de violencia, sino que se nos proteja y que las personas alrededor sepan que es un derecho legitimo el que se está reclamando y que también se está defendiendo un derecho, creemos que es necesario que se reconozca que existen este tipo de acciones que son motivadas por odio”, puntualizó Lissania.

La extinta dirección creo la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían, sin embargo, el actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.

Fuente Agencia Presentes

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Jesuitas de México y Centroamérica: “Las migraciones forzadas rebasan la capacidad de los países y hacen indispensable la colaboración”

Miércoles, 22 de septiembre de 2021

DB587DA4-A4F9-4982-9B79-16C3F86D118FPropuestas de los religiosos ante la ‘cruda‘ realidad de la migración ‘forzada’

Con preocupación por las condiciones históricas de desigualdad socioeconómica que vive la región del Centro y Norte de América, así como la situación de violencia que se vive en Honduras, El Salvador, Guatemala y México, los Jesuitas de México y Centroamérica comparten en un documento su postura ante las migraciones forzadas en la región, así como sus propuestas para atender sus causas

El documento se ha centrado en la realidad migratoria del norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) y su relación con México y Estados Unidos y especifica la labor realizada por ambas provincias a favor de los migrantes

Con respecto a Nicaragua, se indica que merecería un tratamiento aparte. También Costa Rica y Panamá son realidades diferentes pero muy atravesadas por las olas migratorias como países receptores fundamentalmente

El documento analiza las causas por las que las personas se ven obligadas a migrar, a partir de los foros realizados con personas investigadoras y expertas en ambas provincias. Desde esta realidad, se indican siete causas estructurales

Anima la colaboración de las obras apostólicas de las provincias de México y Centroamérica, para atender los grandes retos de la región, así como tener y fortalecer un marco común desde el cual orientar la incidencia social y política

(Vatican News).-Animar la colaboración de las obras apostólicas de las provincias de México y Centroamérica, para atender los grandes retos de la región, así como tener y fortalecer un marco común desde el cual orientar la incidencia social y política. Es el objetivo que se propone el documento emitido por los Jesuitas de México y Centroamérica, en el que enumeran “propuestas” para atender las causas estructurales y culturales de las migraciones forzadas en la región.
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Centrado en la realidad migratoria del norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) y su relación con México y Estados Unidos, el texto especifica la labor realizada por ambas provincias a favor de los migrantes:

La Provincia Mexicana acompañó la llegada de las hermanas y los hermanos refugiados de Guatemala en los territorios de Campeche y Chiapas en la década de 1980. En el año 2001 se creó el Servicio Jesuita a Migrantes para promover la hospitalidad en las estructuras civiles y eclesiales, y en el año 2017 se reactivó el Servicio Jesuita a Refugiados para atender la frontera sur y en el presente año se inició un proyecto en la frontera norte. Actualmente la mayoría de las parroquias, universidades y misiones indígenas a cargo de la Compañía de Jesús en México tienen un programa de atención a las migraciones o responsables de asuntos migratorios.

La Provincia Centroamericana articula diversas instancias que han incorporado el eje de las migraciones dentro de su trabajo y que hacen parte de la Red Jesuita con Migrantes en la región:  En Panamá lo realiza Fe y Alegría; en Costa Rica el Servicio Jesuita para Migrantes; en Nicaragua el Servicio Jesuita a Migrantes; en Honduras el ERIC y Radio Progreso; en El Salvador la Universidad Centroamericana y la parroquia de Arcatao; en Guatemala la Universidad Rafael Landívar, Fe y Alegría, ADESI en el Ixcán, junto con una incipiente Oficina de Servicio y otras instancias parroquiales.

Con respecto a Nicaragua, se indica que merecería un tratamiento aparte. También Costa Rica y Panamá son realidades diferentes – se lee –  pero muy atravesadas por las olas migratorias como países receptores fundamentalmente.

Indispensable la colaboración

Precisando que la migración humana contemporánea es una realidad compleja que rebasa las dinámicas propias de cada país e implica la colaboración con otros contextos”, los Jesuitas de México y Centroamérica afirman que es “indispensable” la colaboración entre ambas provincias, con énfasis en el caso del triángulo norte de Centroamérica debido a su alta vulnerabilidad.

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El documento analiza finalmente las causas por las que las personas se ven obligadas a migrar, a partir de los foros realizados con personas investigadoras y expertas en ambas provincias:

1) Una pérdida de esperanza en poder resolver su situación personal familiar al ver que su contexto local, nacional y regional no mejora ni tiene perspectivas de hacerlo;

2) Una necesidad de protección internacional ante la sensación de riesgo vital por la inseguridad, violencia, carencia de recursos económicos;

3) La atracción por irse a Estados Unidos generada por la brecha de oportunidades, de salarios que existe entre este país y Honduras, El Salvador o Guatemala

4) La necesidad de mantener la unidad o buscar la reunificación familiar.

Asimismo, desde esta realidad, se indican siete causas estructurales:

1) La desigualdad de oportunidades para el desarrollo humano pleno asociada a un modelo económico.

2) La desilusión hacia los procesos democráticos existentes y que se asocia a un modelo de estado.

3) La deficiencia de los sistemas tributarios y de protección social.

4) La influencia del narcotráfico y el tráfico de armas.

5) La (in)seguridad, militarización y sistemática violación de los derechos humanos.

6) La vulnerabilidad frente a las amenazas inducidas por el cambio y la variabilidad climática.

7) El horizonte individualista de la vida unido al universalismo que prioriza las categorías globales sobre las locales.

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Fuente Religión Digital

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Iberia no dejó viajar a la activista trans Bianka Rodríguez a un encuentro LGBTIQ+

Jueves, 9 de septiembre de 2021

bianka-1200x600Hoy, afortunadamente se encuentra participando en el I Encuentro Internacional de Organizaciones que trabajan por la defensa del Colectivo LGTBI+ que se celebra en San Sebastián, organizado por la ONGD Mugen Gainetik y la asociación Gehitu y financiado por la Dirección General de Cooperación Internacional de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La salvadoreña Bianka Rodríguez no pudo abordar un vuelo para asistir al World Pride and Euro Games, en Dinamarca, pese a contar con los requisitos de viaje y una invitación oficial. En el aeropuerto de su país, se enfrentó a un personal de aerolínea transodiante.

Bianka Rodríguez llegó a las 4 de la tarde al aeropuerto salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, el pasado 14 de agosto. Tuvo el tiempo suficiente para registrar su documentación y así abordar un vuelo con el que haría escala en Madrid, para luego dirigirse a Dinamarca, al World Pride and Euro Games, un encuentro que juntó a más de 200 defensorxs de derechos humanos LGBTIQ+ entre la segunda y tercera semana de agosto.

Sin embargo, Rodríguez, una reconocida activista trans de El Salvador, no pudo abordar el avión, a pesar de cumplir los requisitos de vuelo establecidos por la aerolínea: la doble dosis de vacuna contra la COVID-19 y su test PCR negativo. Además, ella contaba con una carta extendida por organizadores del encuentro, debido a las restricciones migratorias que actualmente tiene ese país.

La activista no solo perdió su asistencia al World Pride and Euro Games, sino también su participación en un foro sobre desplazamiento forzado de personas LGBTIQ+, una temática central que trabaja en El Salvador y por cuya labor, en 2019, fue reconocida con el Premio Nansen Regional para las Américas, otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

En entrevista con Agencia Presentes, Rodríguez relató que, en cuestión de 50 minutos, se registró y registró su equipaje en Iberia, y una colaboradora que le atendió en el mostrador de la aerolínea, inicialmente, aprobó su viaje. Pero, pasados 10 minutos, le dijo que tenía que consultar “una situación” con el gerente.

Y, entonces, la decisión cambió:  Rodríguez no podía viajar porque tenía 10 días de haber recibido su segunda dosis de la vacuna y, al hacer escala en Madrid, el requisito, según la colaboradora, era que hubiesen pasado 14 días. La activista explicó que estaría de tránsito en Madrid, en ningún momento saldría del aeropuerto y mostró, nuevamente, la carta de invitación oficial a Dinamarca.

Al World Pride and Euro Games también fue invitado el activista Érick Iván Ortiz, quien en ese momento estaba con Bianka. Y aunque él ya se había hecho el registro en la aerolínea y tenía todo en orden para viajar, la colaboradora de Iberia alegó que Ortiz tampoco no cumplía con los requisitos de viaje. Tenía menos de 10 días de haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Les activistas llamaron a la aerolínea, donde les informaron que no existían problema con su aterrizaje en Madrid, porque elles iban de tránsito. Explicaron esto a la colaboradora, pero ella se negó a seguirles atendiendo, bajo la excusa de que iniciaría con el abordaje de pasajeres en la puerta de embargue. Lo que podía hacer, señaló, era documentar que Rodríguez y Ortiz se presentaron al aeropuerto, pero no pudieron viajar por incumplir normas de viaje.

También elles exigieron hablar con el gerente. Este les preguntó el motivo de viaje y resolvió que podían viajar, pero sin equipaje. Elles se opusieron, porque el viaje implicaría estar aproximadamente 20 días afuera de El Salvador. El colaborador de Iberia pidió, entonces, que mandaran sus documentos a un correo, para comprobar que lo decían era verdad. Esperaron 40 minutos y no tuvieron respuesta.

Sociedad transodiante 

Durante esta conversación, el gerente nunca respetó la identidad y expresión de género de Rodríguez. Les hizo esperar otros cinco minutos y luego les dijo que no habían recibido respuesta sobre el aval para que elles viajaran. Luego les avisó de que tenía que subir a la puerta de embarque y, por último, les dijo que estaba evitando que les deportaran desde Madrid, porque no cumplían con las medidas de bioseguridad. El centro de operaciones no les dio una respuesta rápida, pero Rodríguez ya estaba cansada del maltrato y prefirió irse.

Al estar afuera del aeropuerto, recibió una llamada telefónica de Ortiz, quien le dijo que lo habían dejado abordar y que todo se había tratado de “una equivocación”, pero que tenía un minuto para llegar a tomar el vuelo. Algo imposible, porque le implicaría pasar nuevamente por los controles sanitarios.

 “Para mí, cuando el gerente me trató de él y cuando nunca me dieron una respuesta fue un momento estresante, transfóbico. No hay ninguna otra explicación que hasta que yo me retiro, voluntariamente, le dan el pase a la otra persona para que suba al avión”, denuncia Rodríguez.  

 

El pasado 17 de agosto, Ortiz denunció desde su cuenta de Twitter el hecho. Relató que, a los pocos minutos de que Rodríguez se retiró del aeropuerto, Iberia le notificó que él sí podía abordar el avión, porque vieron que portaba la carta de invitación a Dinamarca. “Y cuando llegué a Madrid vi banderitas arcoíris con el logo de @Iberia. Sin vergüenzas”, escribió el activista.

Al día siguiente de haber perdido su vuelo, Rodríguez se contactó con la aerolínea y esta la condicionó a pagar 700 dólares para viajar ese mismo día o al día siguiente. Ella se negó.

Para Roberto Zapata, de la organización Amate El Salvador, empresas multinacionales, como Iberia, quieren venderse abiertas con el tema de la diversidad sexual, pero en la sociedad todavía existe transfobia, además de discriminación para grupos vulnerables. En ese sentido, Zapata considera muy importante que Rodríguez y Ortiz realizaron en sus redes sociales.  

“En este caso, simplemente nos pudimos dar cuenta porque les ha pasado a dos defensores de derechos humanos visibles, pero de lo contrario probablemente hubiera quedado en el anonimato, como queda la gran mayoría de estos casos, que solo los conocemos a nivel de grupo de amistades o un poco la comunidad LGBTI, pero no la población en general”, sostiene.

Agencia Presentes intentó comunicarse con voceres de la Iberia para conocer su postura sobre este hecho denunciado por les activistas y reprochado por la población LGBTIQ+ salvadoreña. Al cierre de esta nota, no hubo ninguna respuesta.

Fuente Agencia Presentes

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Recordatorio

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