El pasado jueves a las 15hs. en la sede de la Gobernación en Rosario se firmó dicho programa que se da en el marco de las acciones de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, a través de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, informa que el jueves 18 de agosto a las 15hs. en la cludad de Rosario, el Gobernador Miguel Lifschitz suscribió el “Programa Conjunto para la inclusión integral del colectivo trans de la Provincia de Santa Fe”, el cual será llevado a cabo junto al Sistema de Naciones Unidas en Argentina y la Federación Argentina LGBT.

Participarán del evento junto a Lifschitz el Coordinador de ONUSIDA (Programa Conjunto de Naciones Unidas para la respuesta al VIH) de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Dr. Alberto Stella, el Ministro de Desarrollo Social Jorge Álvarez, la Secretaria de Politicas Sociales Vanesa Oddi, el Subsecretario de Polìticas de Diversidad Sexual Esteban Paulón, la Presidenta de la FALGBT Marcela Romero y demás integrantes del Gabinete provincial, así como referentes de organizaciones de la sociedad civil.

Dicho programa es el resultado de un trabajo de más de dos años entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas en nuestro país (especialmente PNUD y ONUSIDA) y las organizaciones miembro de la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) y ha recogido las principales demandas del colectivo de personas trans (travestis, transexuales, transgéneros) en materia de inclusión laboral, social, educativa, familiar y habitacional entre otras.

Asimismo se propone garantizar el más alto nivel de inclusión por parte de este colectivo en todas las políticas públicas que el Gobierno de Santa Fe lleva adelante y que se ejecutan a través de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, las cuales contarán con el monitoreo y acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas y de la Federación Argentina LGBT.

Este programa se inscribe además en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, también conocidos como Objetivos Mundiales, diecisiete objetivos contra la pobreza que el mundo se comprometió a alcanzar para 2030 y que apuntan a una serie de áreas que incluyen la reducción de la pobreza, el hambre, las enfermedades, la desigualdad de género y el acceso al agua y saneamiento.

Al respecto Esteban Paulon, Subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual expresó “tras varios años de trabajo junto a las organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno de Santa Fe y el Sistema de Naciones Unidas hoy avanzamos en la firma de este compromiso que será un punto de partida para lograr una mayor inclusión del colectivo trans en nuestra provincia”.

Asimismo agregó “estamos muy entusiasmados con la implementación de este Programa, pionero a nivel mundial, que nace y se ejecuta a partir de un esfuerzo conjunto del Gobierno provincial, las organizaciones de la sociedad civil – en especial la FALGBT – y los organismos internacionales. Sin dudas abrimos un camino de innovación y avance sin precedentes.”

Fuente FALGTB

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María Alejandra Aranda, Secretaria de Educación de la FALGBT, fue electa representante de la Comuna 6 por el Partido Socialista (ECO). Se convierte de este modo en la primer Comunera abiertamente lesbiana electa en la Ciudad.

La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans celebra la asunción de su Secretaria de Educación, María Alejandra Aranda, como representante de la Comuna  6 por el Partido Socialista. Aranda había sido electa en las pasadas elecciones porteñas del 5 de julio participando en representación del Partido Socialista en la alianza ECO.

Cabe destacar que que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra organizada en 15 Comunas, las cuales se rigen bajo la Ley 1.777 sancionada en 2005. Cada una de estas comunas es un órgano de Gobierno compuesto por la Junta Comunal y su Presidente. Los 7 miembros que componen a la Junta son elegidos por los vecinos en las elecciones y se mantienen en sus cargos por cuatro años.

Las Comunas tienen poder de decisión sobre diversas custiones vinculadas al espacio público y la convivencia urbana por lo que la elección de Aranda constituirá un aporte importante para la promoción de actividades vinculadas a la igualdad y no discriminación en la ciudad.

Al respecto Marcela Romero, Presidenta electa de la FALGBT expresó «es una gran alegría celebrar la asunción de nuestra compañera Marita Aranda, actual Secretaria de Educación de la FALGBT, como Comunera elegida por la elección popular»

Asimismo agregó «como siempre acompañaremos a Marita en este nuevo desafío y en el impulso a acciones de visibilidad en materia de igualdad y no discriminación».

Para finalizar María Rachid, Secretaria General electa de la FALGBT valoró«desde la FALGBT impulsamos la visibilidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans en cargos de elección popular. Me tocó personalmente esa experiencia al ser electa como primera Diputada abiertamente lesbiana en la Ciudad y no tenemos dudas que Marita Aranda lo hará fantásticamente, representando a todas las vecinas y vecinos de la Comuna 6».

Fuente Prensa FALGTB

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La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) informa que ha suscripto un convenio de cooperación recíproca con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Participaron de la firma del mismo el ministro de la cartera nacional, Dr. Julio Alak; el presidente de la FALGBT, Esteban Paulón; la secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad y Legisladora porteña, María Rachid; la vicepresidenta de la FALGBT, Claudia Castrosín Verdú y la Defensora LGBT de Buenos Aires, Flavia Massenzio.

El convenio tiene por objeto:

a. Intercambio de experiencias y desarrollo de actividades de cooperación, capacitación y asistencia en materia de derechos de las personas LGBT y otras áreas de interés común.

b. Desarrollo conjunto de acciones que permitan mejoras en el acceso a la Justicia de las personas LGBT en todo el territorio de la República Argentina.

c. Colaboración en la capacitación recíproca de recursos humanos.

d. Cooperación en el diseño, promoción e implementación de políticas públicas que garanticen y en su caso permitan mejorar el acceso de la población LGBT a una ciudadanía plena.

e. Promover e impulsar las propuestas de políticas públicas que se desprenden del Plan de Ciudadanía LGBT elaborado por la FALGBT junto al Sistema de Naciones Unidas.

f. Desarrollar investigaciones e informes sobre la situación de la población LGBT.

Al respecto, Esteban Paulón expresó lo siguiente: “Es una gran alegría avanzar por medio de este convenio en un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para seguir sumando acciones que peritan achicar la brecha existente entre la igualdad legal y la igualdad real”.

Para finalizar, Paulón destacó: “Queremos agradecer al ministro Julio Alak la predisposición permanente de trabajo en materia de igualdad, y estamos convencidas y convencidos que con esta tarea conjunta, podremos fortalecer las acciones de la Defensoría LGBT, así como impulsar la implementación del Plan de Ciudadanía LGBT que hemos elaborado junto ONUSIDA y PNUD en nuestro país”.

Fuente FALGTB

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A través de un convenio la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans y la Universidad Metropolitana para la educacion y el trabajo se comprometieron a trabajar conjuntamente para promover la inculsión del colectivo LGBT en el ámbito universitario a través de un programa de becas, así como desarrollar investigaciones en torno a las temáticas de la educación y el trabajo.

Participarón de la firma del convenio el Rector de la UMET Lic. Nicolás Trotta, el Presidente de la FALGBT, Lic. Esteban Paulón, la Secetaria General de la FALGBT y Presidenta de ATTTA Marcela Romero, la vicepresidenta de la FALGBT Claudia Castrosín Verdú, la Secretaria Académica de la UMET Lic. Laura Sirotzky, la Defensora LGBT de CABA Dra. Flavia Massenzio y las secretarias de Educación, Inclusión Laboral y Juventud de la FALGBT, María Alejandra Aranda, Lucila Lancioni y Julieta Calderón respectivamente.

Entre los objetivos del convenio se destacan:

1. Asistencia técnica recíproca para el tratamiento de temas inherentes a la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos que asisten a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, así como el intercambio de información, documentación técnica y bibliográfica de mutuo interés, en particular relativas a la diversidad sexual.

2. Capacitación y sensibilización al personal docente y no docente de la UMET en diversidad sexual.

3. Realización de acciones de sensibilización con las y los estudiantes que concurren a la UMET en todas las modalidades, carreras y niveles.

4. Otorgamiento de becas totales y parciales para favorecer la inclusión universitaria del colectivo LGBT, en especial la de las mujeres y varones trans.

5. Diseño de estrategias y organización de campañas de promoción de los derechos e intereses comunes a las PARTES.

6. Formulación y ejecución de proyectos de investigación sobre temas de mutuo interés, en cooperación con organismos públicos nacionales e internacionales.

7. Coordinación de acciones para el trabajo de la temática de la diversidad sexual en el mundo sindical, en especial con las organizaciones gremiales con las cuales la UMET y la FALGBT mantienen lazos de cooperación.

Al respecto Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT expresó “es una enorme alegría haber suscripto este convenio con la UMET que nos brindará la oportunidad de seguir profundizando las acciones que desde la FALGBT llevamos adelante en pos de la inclusión educativa y laboral de lesbianas, gays, bisexuales y trans”.

Asimismo agregó “Este convenio nos brinda una herramienta muy importante para transformar la igualdad legal en igualdad real ya que a través del programa de becas que se implementará muchas personas LGBT, en especial mujeres y varones trans, podrán acceder a estudios superiores sin ningún tipo de discriminación.“

Por su parte Nicolás Trotta, Rector de la UMET, destacó   “celebramos la suscripción de este convenio que aporta más diversidad e inclusión a nuestra institución, al tiempo que nos permite profundizar en la temática de la diversidad sexual con nuestros equipos y conjuntamente con la FALGBT.”  

Fuente FALGTB

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 Otra de las grandes innovaciones es el abordaje particular de la discriminación en los espectáculos deportivos, sin dudas uno de los ámbitos en los cuales aún resta mucho por hacer para revertir situaciones discriminatorias recientes. Al respecto Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT, expresó “es un gran orgullo poder celebrar hoy la aprobación de la mejor ley de prevención y sanción de la discriminación en América Latina, fruto del trabajo de nuestra organización, nuestra compañera y Legisladora María Rachid junto a los Diputados Lipovetsky, Seijo y Pagani.”

Texto completo de la ley

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La Federación Argentina LGBT (FALGTB) pide la aprobación de una nueva ley de actos discriminatorios, un nuevo régimen de licencias por paternidad y maternidad más igualitario y la creación de un Programa Integral de inclusión Trans con motivo del inicio del año legislativo.

El 1 de marzo se inicia un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso argentino. Con el discurso de la Presidenta Cristina Fernández, la Asamblea legislativa pondrá en marcha el funcionamiento de sus comisiones y plenarios, con el objetivo de abordar diversos temas de relevancia para la sociedad argentina.

Desde la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans han expresado “la necesidad de avanzar urgentemente con las deudas pendientes que tiene aún el Congreso de la Nación para con el colectivo de la diversidad sexual”.

Entre esas deudas destacan la aprobación de una nueva Ley de actos discriminatorios que, siendo una deuda histórica del Congreso con el colectivo LGBT, constituye el proyecto pendiente más relevante.

Asimismo, durante este año, la FALGBT trabajará junto al Frente Parlamentario por la Diversidad Sexual en modificaciones al régimen de licencias por paternidad y maternidad, que no sólo incluyan la realidad de las familias con padres y madres del mismo sexo, sino que propicien una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares en las parejas y matrimonios heterosexuales.

También la FALGBT buscará avanzar con otro de los temas pendientes destacados: la creación de un Programa Integral de Inclusión trans que garantice a este colectivo derechos básicos como el empleo, la atención integral de la salud y un régimen especial de protección social a las personas trans de más de 40 años.

Al respecto Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT, ha manifestado que “un nuevo año parlamentario se inicia y creemos que es una nueva oportunidad de trabajar para seguir avanzando en la ampliación de derechos y remover las barreras discriminatorias que aún existen en nuestro país. Sabemos que más allá de los enormes avances obtenidos en estos años, son muchos los temas pendientes y largo el camino que debemos recorrer para lograr que la igualdad sea una realidad concreta para todas las personas y en todo el país.”

Asimismo agregó que “este año debe ser una prioridad parlamentaria la aprobación de la nueva ley de penalización de actos discriminatorios, que la FALGBT impulsa desde 2007 y que es una deuda histórica que el Congreso tiene con lesbianas, gays, bisexuales y trans.”

Por su parte Marcela Romero, Secretaria General de la FALGBT y Presidenta de ATTTA concluyó: “Vamos a trabajar nuevamente desde el Frente Parlamentario por la Diversidad Sexual para activar los debates necesarios en materia de diversidad sexual. Debemos lograr un nuevo régimen de licencias por paternidad y maternidad, así como la creación de un Programa Integral de inclusión trans para garantizar los derechos a la salud la educación y el empleo de nuestro colectivo. “

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Con la participación de periodistas, deportistas y artistas, la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) lanza una inédita campaña contra la discriminación en el fútbol, en especial hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans. La idea recoge el principio de Fair Play de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para hacerlo extensivo al accionar de las hinchadas.

La campaña, disponible en las redes sociales durante toda la competición deportiva en Brasil, recupera algunos de los insultos discriminatorios – no sólo hacia el colectivo LGBT – que pueden escucharse en las canchas de fútbol, por parte de las hinchadas, e invita a revisar esos cánticos discriminatorios, a través de un mensaje en la voz de reconocidos periodistas, deportistas y artistas de nuestro país.

Tomando como propio el principio de Fair Play que promueve la FIFA, la FALGBT invita a extender ese concepto del juego limpio a las tribunas e hinchadas, con el objetivo de promover la inclusión y no discriminación bajo ningún pretexto en el deporte en general, y el fútbol en particular.

Participan de la campaña – que fue producida íntegramente por el equipo de la FALGBT – Sergio Goycochea, Mex Urtizberea, Mariano Zabaleta, Juan Manuel “Rifle” Varela, Eugenia Tobal, Miguel Osovi, José Chatruc y Germán Paolosky, todas ellas reconocidas figuras del deporte, el espectáculo y el periodismo.

Al respecto Esteban Paulón, presidente de la FALGBT, expresó “hoy estamos lanzando esta campaña que es una apuesta a recuperar los mejores valores del deporte en general, y el fútbol en particular, de inclusión, solidaridad e igualdad. Creemos que el valor del Fair Play que impulsa hace años la FIFA tiene que salir de las canchas y llegar a las hinchadas, para combatir fuertemente la discriminación – no sólo hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans – también en las tribunas.”

Asimismo Paulón agregó que “el Mundial de Brasil 2014 es una extraordinaria oportunidad para visibilizar las situaciones discriminatorias que ocurren habitualmente en las canchas de fútbol – no sólo en Argentina – y llamar a una reflexión sobre la necesidad de seguir abriendo espacios de convivencia y construcción de igualdad en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el deporte”.

Para finalizar Paulón recordó “en el mismo sentido queremos aprovechar para reclamar al Congreso de la Nación la aprobación del proyecto de ley de actos discriminatorios que ha presentado la FALGBT hace varios años, e incluye un capítulo que aborda el tema de la discriminación en espectáculos deportivos. A pesar de la gravedad de tantas situaciones, aún esperamos por su tratamiento parlamentario”.

Todos los videos de la campaña pueden verse haciendo click aquí.

Fuente Prensa FALGBT

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La ley plantea una serie de vulneraciones, en particular para mujeres y diversidades que están entre los grupos más desprotegidos.

Fuente Agencia Presentes 

7 de junio de 2024

Maby Sosa

Edición: María Eugenia Ludueña, Ana Fornaro

La Federación Argentina LGBT pidió a los diputadxs que votaran en contra de la ley. Ahora elevarán el pedido al Senado.

“Pedimos a todas esas organizaciones políticas,que no nos abandonen en este momento. Que no permitan que se destruyan los espacios que han contribuido a reconocer nuestros derechos y hoy -de alguna manera- velan por ellos”.

María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA, dijo a Presentes: “Esta ‘Ley Bases’ la única libertad que consagra es la de vulnerar derechos y discriminar. De aprobarse, el gobierno no solo va a destruir a INADI, a Télam y tantos otros organismos que fundamentales en el reconocimiento de nuestros derechos. También anula la posibilidad de reclamar la reincorporación ante un despido discriminatorio y el acceso a moratorias para las personas que necesitan jubilarse y que, -producto de la violencia a la que fueron sometidas por la sociedad y el Estado, como las personas trans- no tengan los años de aportes que se requieren. Eso, son algunos de los muchos otros derechos que con la media sanción se destruyeron en el Congreso”.

📝 Carta abierta a Legisladores Nacionales de ambas Cámaras

🇦🇷 Estimades legisladores:

En estos días tienen en sus manos los destinos del país, especialmente el de las personas que por distintos motivos, entre ellos la discriminación, encuentran obstáculos en el acceso a sus pic.twitter.com/diCToD3Yo3

— Federación Argentina LGBT+ (@FALGBT) April 29, 2024

Trabajo, jubilación y cupos

Con la eliminación de la moratoria previsional sólo 9 de cada 10 mujeres podrán acceder a una jubilación a los 60 años. Podrán acceder recién a partir de los 65 años.

Esta situación se agrava en el caso de las personas travestis y trans, quienes en su mayoría recién a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género (2012) pudieron en un escaso número acceder a puestos laborales, casi en su totalidad, informales.

En 2021, la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans (27.636) permitió el acceso al empleo formal a casi 574 en el ámbito nacional hasta febrero de 2023. La cifra descendió tras la ola de despidos en el sector público de parte del gobierno de Javier Milei.

Estas medidas, afirma Micale, profundizan la desigualdad y favorecen la precariedad.

“Los grupos vulnerables (en su mayoría mujeres, diversidades y extranjeros) en un contexto de estas características terminan arraigados a tareas de menor calificación. Y son, en general, quienes no tienen la oportunidad de cubrir el mínimo de años para una jubilación. Acceden a trabajos informales porque la sobrevida requiere acceder a cualquier modo legítimo de sobrevivencia. Esto impacta en la falta de contribución y por ende en la falta de cobertura”.

Además, analiza, “se anticipa un panorama de profundización de la pobreza. Explica, “el impacto es directo porque lo que se está poniendo en crisis son las normas protectoras de derecho del trabajo y las de la seguridad social”.

En ese sentido, Luci Cavallero expresa, “esta no registración que fomenta el Estado a través de esta ley termina arrojando que no tengamos aportes necesarios para poder jubilarnos. Y el Estado nos vuelve a penalizar dándonos una pensión. Cinco años más tarde y 20% más baja que la jubilación mínima. En tanto ciudadanas y trabajadoras de este país en todos sus puntos, es una ley absolutamente regresiva y que tiene que ser rechazada de plano por el Senado”.

Despidos y políticas de inclusión en baja

Apenas asumió el gobierno de Milei planteó el cierre deI Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Hasta el 8 de abril se registraron 100 despidos de personas trans en el Estado. Esto representa casi el 10% del cupo alcanzado en dos años y medio (955 personas trans contratades). Los datos fueron aportados por el Noveno Monitoreo de la Ley 27636 (Cupo laboral trans) del Observatorio de Género y Diversidad de ATE Nacional y el Observatorio de Zaguán Transindica.

– Las áreas más afectadas, según la misma fuente, son Secretaría de Trabajo (27), Desarrollo Social (23), ANSES (20) y Cancillería (10). Esto equivale al 77% del ex-Ministerio de Trabajo o el 36% del ex-Ministerio de Desarrollo Social.

– Un informe elaborado por ACIJ y ELA, en alianza con Amnistía Internacional, CELS, EcoFeminita, Fundar y FES Argentina plantea que en lo que va de 2024 el gasto en políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que en 2023.

– En lo que respecta a políticas de inclusión laboral, el programa ‘Potenciar Trabajo’, del cual dos tercios de sus beneficiarios son mujeres, experimentó una reducción del 71% en términos reales en comparación con el mismo período de 2023.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Homofobia/Transfobia, Javier Milei, La Federación Argentina LGBT, “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”

Esta es la basura que provoca el gobierno del psicópata Milei:

Entre los 120 despidos hay muchas personas con cupo trans travesti y de discapacidad, y otras con más de 15 años de trabajo. Desmantelan áreas de Género y Diversidad, y se cierran casi todas las delegaciones del INADI en el país. Exigen frenar el desguace y reincorporar a lxs despedidxs.

Fuente Agencia Presentes

Agustina Ramos

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Murió Andrea, tercera víctima fatal del ataque lesbicida y sobreviviente de Cromañón

Ataque de odio LGBT en Barracas: ya son dos las mujeres muertas por el incendio en un hotel familiar

La trama detrás del doble lesbicidio y ataque en Barracas: amenazas y saña

Un vecino atacó a dos parejas de lesbianas y provocó un incendio en una pensión de Barracas. Una de las víctimas murió a causa de las quemaduras.

Agustina Ramos

Este hecho se enmarca en un contexto de aumento en los ataques a personas LGBT+ desde el triunfo de Javier Milei en las elecciones que lo coronaron presidente de la Nación. El primer mandatario y distintos funcionarios de La Libertad Avanza promueven discursos hostiles y de desinformación sobre la diversidad sexual.

Sin ir más lejos, la semana pasada, el abogado, amigo y referente de Javier Milei, Nicolás Márquez, dijo en una entrevista con Radio Con Vos que “cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad -como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena- está incentivando una conducta autodestructiva”. De esta forma justificó, a través de datos falsos, por qué no debería haber políticas públicas a favor del colectivo LGBT+.

La lista de discursos sigue. El año pasado, la canciller Diana Mondino, al ser consultada sobre su opinión sobre el matrimonio igualitario comparó a la homosexualidad con los piojos. “Como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”, dijo.

“Avalar la violencia y la discriminación desde el Estado genera más violencia y discriminación en la sociedad.  Los crímenes de odio como este están relacionados a los discursos de odio cada vez más frecuentes en nuestro país”, analizó la activista María Rachid, en diálogo con esta agencia.

Además mostró su preocupación ante el intento “de destruir los organismos a los que acudimos en los casos de discriminación y violencia como el INADI”. “Sin el INADI solo nos queda una Justicia que pocas veces funciona como debería en estos casos y una ley antidiscriminatoria de 1988 que no ofrece ninguna herramienta para poder evitar o responder a las situaciones de discriminación y violencia que estamos viviendo”, concluyó.

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De acuerdo al informe de la Federación Argentina LGBT hubo 133 crímenes de odio de los cuales 118 fueron agresiones contra mujeres trans.

Rosario Marina

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Delitos de Odio, Federación Argentina LGBT (FALGBT), Homofobia/Transfobia

Más de 85 despidos de personas travestis y trans en dos semanas en el Estado y un ataque el cupo laboral.

Fuente Agencia Presentes

Agustina Ramos

Ariel Gutraich

El gobierno nacional despidió al menos a 85 personas travestis y trans que trabajaban en la administración pública en las dos últimas semanas. Se trata de “un ataque explícito a la población trans” y “un retroceso enorme” en derechos ganados, aseguraron activistas y sindicalistas. Además, las organizaciones relevaron hasta el momento 10 trabajadores trans despedides en distintos municipios del país.

“Es un ataque a la desarticulación de estas políticas que le cambiaron la vida a muchas personas y al país”, dijo a Presentes Pato Laterra, integrante del Frente de Travajadores TTNB (Travestis, Trans y No Binaries) del Estado y del colectivo TranSindical Zaguán.

En diciembre el decreto 84/2023 exceptuaba a quienes habían ingresado a través de cupos (de discapacidad y de inserción laboral travesti trans) de las “no renovaciones de contrataciones”. Pero les trabajadores recibieron la noticia de su desvinculación a través de correos electrónicos en los últimos días.

Ataques múltiples

El Frente de Trabajadores TTNB del Estado y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) relevaron hasta el momento 85 personas travestis y trans despedidas. En su mayoría son trabajadores de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación (28 personas), Anses (20) y Secretaría de Desarrollo Social (13). Entre ellas, hay personas que habían ingresado a trabajar hace más de 10 años.

“Estamos hablando de un ataque dirigido al cupo laboral trans. Pero también se quieren desarticular las oficinas y la federalización de las políticas públicas. La mayoría de los despidos estuvieron en las delegaciones de Anses y la Secretaría de Trabajo que son oficinas que dan acceso a las políticas públicas. Las oficinas son la ventana al Estado”, explicó Laterra.

Hasta diciembre del año pasado, 955 personas habían ingresado a trabajar al sector público nacional a través del cupo laboral travesti trans. “Con los 85 despidos que hubo hasta ahora estamos hablando de casi el 10% de la nómina. Es un ataque que es mucho mayor al que podemos pensar hacia las personas cis en la administración pública nacional, que más o menos se corresponde a un 3%”, indicó Laterra, que también es profesor en Economía y Género en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires.

Por otra parte, las organizaciones sindicales también se encuentran relevando a las personas del colectivo travesti trans que fueron desvinculadas de distintos municipios del país. Hasta el momento contabilizaron 10 de municipios de Río Negro, Córdoba, Mendoza y la Universidad Nacional de San Martín, aunque la cifra podría ser mayor.

Una inserción laboral récord 

Desde la Ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (TTT) “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, sancionada en 2021, la inserción laboral de este colectivo en el ámbito público aumentó en más de un 900%.

“El cupo trans es el resultado de un proceso que se inicia en el 2012 con activistas de enorme valor en los derechos humanos como Diana Sacayán. Implicó todo un desarrollo a lo largo del tiempo. Se aprobó en el 2015 en la Provincia de Buenos Aires. En 2017 se armó el Frente por el Cupo Trans con las organizaciones que impulsaron proyectos en el legislativo nacional. En el 2019 cuando asumo a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres recupero toda esa agenda social. El presidente Alberto Fernández generó el decreto de cupo trans y lo constituyó en una política pública en el 2020. Y en junio del año siguiente se constituye en ley nacional”, explicó la activista trans Alba Rueda y ex embajadora LGBTI+ en Cancillería.

Mucho más que un trabajo

“Me despidieron el día miércoles 27 de marzo del año 2024 a la noche en pleno inicio de Semana Santa a través de un correo. No contemplaron en sí la ley de cupo laboral travesti trans”, compartió a Pesentes Bárbara Ubran. Ella es travesti y tiene 27 años. Empezó a trabajar en febrero de 2022 en una dependencia de la Secretaría de Trabajo de la Nación en la localidad pampeana de Santa Rosa a través del cupo trans.

El acceso a un empleo formal fue dificultoso a lo largo de toda su vida debido a la discriminación que existe hacia el colectivo travesti trans: primero al interior de sus familias, por lo que muchas deben abandonar sus hogares; luego en la escuela, lo que las lleva a no poder terminar sus estudios; y finalmente en el ámbito laboral.

“Desde los 15 siempre estuvo presente la prostitución porque era lo único que había. Después estuve haciendo alguna que otra changuita, rebuscándomelas, estuve de bachera en algún lugar de comida o en algún kiosco. Pero siempre te pagaban la mitad de lo que le pagaban a los demás. Por la identidad de una dicen ‘ah, esta necesita plata a toda costa’”, graficó. En los últimos años su situación laboral “había mejorado un poco” -contó- ya que co-condujo un programa de televisión pública pampeano y trabajó en una biblioteca popular.

“Para mí el trabajo es súper importante porque en lo personal me dio el poder de luchar día a día, de querer aprender más, de vivir. Me daba una seguridad y una autovaloración a nivel personal muy grande. Me dignificó mucho el trabajo en sí”, subrayó.

Bárbara Ubran junto a sus compañerxs de la Agencia Territorial

Retroceso en derechos 

A Franco, una mansculinidad trans “kwir” de 37 años, también le resultó difícil acceder a un empleo previo. “Hasta que no tuve mi identidad se me hizo muy difícil habitar la vida, desde lo más íntimo hasta lo social. Recién cuando tuve mi identidad me sentí más armado para salir a buscar trabajo”, compartió a esta agencia.

Luego de un proceso de entrevistas que duró entre cuatro y cinco meses, Franco ingresó a trabajar en agosto pasado en la agencia territorial de la Secretaria de Trabajo ubicada en la localidad rionegrina de Viedma. Allí se encargaba de la gestión y el acompañamiento a emprendedores de Viedma y zonas aledañas.

“A partir de que asume Milei empieza una incertidumbre muy grande sobre si iban a seguir estas políticas o no y empezó un desfinanciamiento, un desguace cada vez más grande. Empezaron a faltar jefes de las agencias, autoridades en rangos intermedios, firmas para los proyectos, no se actualizaban los valores de los programas. Llegó el tema de los despidos. Nos habían exceptuado en diciembre y ahora caímos en la bolsa. Acá estamos resistiendo”, contó.

Para Clarisa Gambera, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, los despidos implican “un retroceso enorme en términos de democratización de los ámbitos laborales y el avance de luchar contra la discriminación de personas que habían quedado absolutamente excluidas de la posibilidad de tener trabajo”.

“Que el Estado pueda incorporar personas travestis, trans y no binarias también marcaba un faro para el sector privado. Fue un proceso complejo donde se hicieron formaciones, capacitaciones en los lugares de trabajo, en recursos humanos. Cuando desandás una política pública que fue inversión del Estado siempre es un profundo retroceso y se desinvierte”, subrayó, en diálogo con Presentes.

Las personas afectadas por los despidos se encuentran “preocupadas, tristes, consternadas porque esto les quita la posibilidad de vivir el día a día, de tener un ingreso digno para sostenerse”, describió Laterra.

Acciones colectivas 

“Los despidos hacia las personas trans hablan de una deshumanización brutal del Estado. Esto trae muchas implicancias para las personas que se ven otra vez expulsadas fuera de sus empleos en un contexto de mayor pobreza y desigualdad y busca generar un mensaje para la sociedad”, agregó Rueda.

Estas desvinculaciones se dan en el marco de un conjunto de medidas que atacan la agenda de género como la prohibición del lenguaje inclusivo, la intención de reducir la Ley Micaela, el cierre del Inadi o la no renovación de contrato de Diana Zurco, primera conductora trans de la Televisión Pública Nacional.

En respuesta a esta situación, desde la Federación Argentina LGBT (FALGBT) presentarán amparos colectivos y otros individuales “para reclamar la reincorporación de todas las personas despedidas, especialmente aquellas que estaban cumpliendo con los cupos de discapacidad y de personas trans”, indicó María Rachid, integrante de la comisión directiva de la FALGBT.

Además presentarán un pedido de informes en el Congreso de la Nación a través del diputado Esteban Paulón sobre los despidos en el Estado de personas que hayan ingresado a través de distintos cupos.

En tanto, hoy a las 17.30 tendrá lugar una Asamblea de Trabajadores TTNB en Belgrano 2527 que se puede seguir también de forma virtual a través de las redes @travajadorxsttnb.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Cupo laboral travesti-trans, Despidos, Homofobia/Transfobia, Javier Milei, Personas LGTBIQ, Personas trans

El fundador de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Buenos Aires murió a los 78 años

La Iglesia de la Comunidad Metropolitana  (MCC) nos envía el siguiente comunicado:

Con el más sentido pésame lamentamos informarles el fallecimiento de nuestro Amado Hermano, Rev. Roberto González, ocurrido el pasado lunes 8 de abril en Buenos Aires, Argentina.

González se formó religiosamente en la Iglesia Metodista. Trabajó en su juventud para el Ejército de Salvación donde fue Capitán, habiendo extendido su campo de acción al Paraguay. Tuvo dos hijos, María Isabel y Francisco -producto de su primer matrimonio- que le dejaron tres nietos y una bisnieta.

Posteriormente estudió en el ISEDET (Instituto Evangélico de Altos Estudios Teológicos), con sede en Buenos Aires, donde a pesar de la oposición que encontró por sus posturas teológicas, pudo culminar sus estudios.

En 1987, en su cumpleaños, fundó la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Argentina después de recibir un llamado de un ministro del CCM, John Doner (con su esposo Pepe Hernández). Roberto fue pastor de esa iglesia hasta el año 2005, mientras que también fue Pastor Asociado de MCC en Nueva York en el año 2007.

Roberto González y Norberto D’Amico son fundadores de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Buenos Aires. Imagen: Sebastián Freire

Paralelamente a su actividad como clérigo, González desarrolló un trabajo activista con la comunidad LGBT de su entorno, enfrentándose principalmente a la Iglesia Católica Romana por hechos homofóbicos que derivaron en protestas públicas y estableciendo alianzas con otras organizaciones de derechos humanos, y notablemente, para lograr el apoyo de otras iglesias por el fin de la violencia y la discriminación contra la diversidad de género, la promoción del matrimonio igualitario, el respeto a las personas trans y otros temas relacionados. Esto resultó en que Argentina finalmente abordara los derechos de las personas LGBTIQA+, incluido el matrimonio. Esta incidencia tuvo gran eco en la diversa sociedad argentina, para la que Roberto ha sido un referente en varios sentidos.

Persona muy estimada en los círculos clericales y laicos dentro de MCC, González siempre mostró gran elocuencia, posiciones apasionadas sobre una Divinidad inclusiva, radicalmente amorosa y que abraza permanentemente la Creación Diversa.

Luego de participar durante varios años en el CCM local que funciona en la Iglesia Metodista Flores de CABA, el pastor enfermó y estuvo hospitalizado durante varios meses, y tras complicaciones de su padecimiento falleció a las 8 de la mañana del lunes 8 de abril de 2024.

Nuestras oraciones de consuelo y fortaleza para su viudo, el Pastor Norberto D’ Amico, sus hijos, nietos y bisnieta, así como para la congregación que tanto amaba y ahora llora su partida. Gracias a Dios por su fructífera vida y obra.

Hoy falleció el Pastor Roberto González, un histórico militante #LGBT+ con quien tuve la fortuna de compartir muchos años de activismo, desde los inicios de la @FALGBT, hasta las conquistas de estos tiempos🌈
Junto a su compañero, Norber, nos enseñaron a vivir la fe en diversidad pic.twitter.com/Kuy2mYnTkS

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) April 8, 2024

Y lo completa con este enlace (Pagina 12 – “Adiós al pastor gay Roberto González, referente histórico lgbti“) que no nos resistimos a publicar:

El pastor Roberto González fue el primer religioso que participar activamente en defensa de los derechos lgbti, cuando muy pocas personas se atrevían. La misma valentía tuvo cuando desde 1973 participó en la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes, que ayudaba a ingresar a la Argentina aún democrática a personas perseguidas por dictaduras vecinas.

 Por Adriana Carrasco

Podemos verlo en la fotografía más difundida de la primera marcha del orgullo gay en Argentina (2 de julio de 1992), al centro en la cabecera, con cuello ministerial y una gran cruz. El pastor Roberto González fue el primer religioso que se atrevió a dar la cara en las calles de Buenos Aires por sus hermanos que no podían participar con el rostro descubierto. La misma valentía que tuvo cuando desde 1973 participó en la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), que ayudaba a ingresar a la Argentina aún democrática a personas perseguidas por las dictaduras de Chile y Uruguay, y de ser posible, colaborar para que obtuvieran asilo en países seguros.

En una de las primeras marchas del orgullo en Buenos Aires

Roberto González, fundador de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en nuestro país y uno de los pioneros del movimiento lgtb argentino durante la década de 1980, falleció el lunes a los 78 años.

Se formó en teología y como pastor en el marco de las iglesias de la tradición protestante. Trabajó en ISEDET (Instituto Evangélico de Estudios Teológicos), donde luchó para que docentes y estudiantes comprendieran que las teologías que excluyen y discriminan no representan los ideales cristianos. Muchas pastoras y pastores escucharon el mensaje de Roberto González y entendieron que incluir a homosexuales, lesbianas y travestis en las iglesias significaba ampliar y enriquecer la comprensión de la experiencia humana.

Cuando Roberto González organizó la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Buenos Aires, pensó en un espacio de religiosidad donde gays y lesbianas pudieran manifestar su fe cristiana y luego incluyó también a travestis y trans. En sus inicios, la Iglesia funcionaba en un bar de la comunidad gay. Durante el día el pastor asistía como voluntario de la fundación Coinsida, en la sala de Infectología del Hospital de Clínicas.

En la década de 1990 se volvió invitado frecuente a programas de televisión junto con otros activistas/militantes gays y lesbianas. No les avisaban que era para cruzarlos al aire con curas fundamentalistas. Roberto González tenía un sentido del humor punzante y ácido, y para la última entrevista que le realizó Matías Máximo para Soy (10 de setiembre de 2021), eligió la siguiente anécdota. “El mejor momento fue cuando en un programa de televisión cordobés le preguntaron a Carlos Jáuregui cómo le gustaba que lo presenten, y Jáuregui dijo ‘puto’. Entonces, cuando estábamos al aire, el conductor le pregunta ‘¿cuántos putos hay en su organización?’”.

Roberto González y Norberto D’Amico: una historia de amor y fe

Entre 1995 y 1997 el pastor González y su compañero de vida, Norberto D’Amico, continuaron formándose en teología en la ICM de Nueva York. Al regresar a Buenos Aires participaron en la casa comunitaria lgtb de Paraná 157.

 La vida de Roberto González puede resumirse en medio siglo de arriesgar su vida y renunciar a las comodidades que pudo haber tenido al llegar a la vejez, para servir a la comunidad lgtb y defender los derechos humanos y la justicia social. Integrantes de las comunidades evangélicas en las que participó Roberto González y del colectivo lgtb lo despidieron en una emotiva ceremonia en la Iglesia Metodista de Flores.

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Dámaris “Biscochito” León migró desde Ecuador para vivir su identidad trans y cumplir su sueño de ser bailarina. Fue asesinada por un hombre.

Fuente Agencia Presentes

Agustina Ramos

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La justicia condenó a un influencer por discriminación en entornos digitales contra una mujer trans.

El ultraderechista Manuel Jorge Gorostiaga, conocido en las redes como Danann, ridiculizó y humilló a una mujer transgénero en redes sociales. Lo hizo el Día Internacional de la Visibilidad Trans. El influencer deberá pagar una multa y no podrá mencionar a la víctima en ninguna plataforma digital.

CIUDAD DE BUENOS AIRES, Argentina. En un fallo histórico, el influencer libertario Manuel Jorge Gorostiaga (@danannoficial en redes sociales) recibió una condena por discriminación. Se trata de la primera condena por discriminación en entornos digitales.

De acuerdo a lo difundido por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el influencer deberá pagar una multa en efectivo. Además, se le impuso la prohibición de volver a nombrar o referirse a la víctima en cualquiera de sus plataformas o medio de alcance público.

El caso fue llevado a juicio por la fiscala Andrea Scanga, titular de la Fiscalía especializada en Discriminación del MPF CABA.

En la denuncia consta cómo el posteo del influencer condenado incitó a “comentarios agraviantes y descalificatorios hacia su persona y colectivo que representa”. También explica que en más de una ocasión tuvo miedo “de ser agredida en la calle por desconocidos.”

Un fallo que sienta precedentes

El comunicado emitido por el MPF, explica. “Es la primera condena a un influencer por discriminación. Para llegar a eso la fiscalía tuvo en cuenta que el nombrado, haciendo abuso de su derecho a la libertad de expresión, viralizó la imagen de una mujer trans con comentarios despectivos negándole su condición de mujer y su posibilidad de autodeterminación”.

La jueza Paula Nuñez Gelvez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) 21, condenó al imputado por la contravención de discriminación, según el artículo 71 del código contravencional.

“Es un fallo histórico muy importante porque sienta un precedente. Respecto de la respuesta de la justicia a la violencia y discriminación en las redes sociales”, dijo María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

“La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo sobre libertad de expresión. Establece primero el principio de libertad de expresión. Pero después también dice que cuando estas expresiones lesionan los derechos o la reputación de terceros debe tener responsabilidades ulteriores fijadas por ley”, expresó Rachid. “Establece que no puede haber censura previa. Pero que si hay responsabilidades ulteriores, cuando esas expresiones lesionan derechos de terceros o la reputación de otra persona.”

En ese sentido, Rachid aclaró que en el ordenamiento jurídico de la Argentina hay legislación en donde se establecen las consecuencias de estas conductas. También que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece el delito de injurias y calumnias cuando se lesionan derechos como el derecho a la no discriminación, o el derecho a la identidad de género.

🗣️ “Danann fue un agente de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, se llama en realidad Manuel Jorge Gorostiaga y hace abiertamente campaña por Milei y por Bullrich, posa con un Falcón verde, posa con armas”, @arilijalad en #ElPase

Miralo acá 👉 https://t.co/5hU6CbNt3d pic.twitter.com/VVs0nvCHaA

— El Destape Radio (@eldestape_radio) October 17, 2023

Discriminación a gran escala

De acuerdo a la presentación que se realizó, la publicación realizada por el influencer fue vista por 75 mil personas y tuvo más de 700 comentarios de odio al momento de la denuncia, en 2023.

Esto fue puesto en consideración por parte de la fiscalía, al igual que se trata de una persona que tiene al menos 4 millones de seguidores y hasta recibió el premio Martín Fierro “Influencer de Opinion”.

En ese sentido, la fiscala Scanga sostuvo que hasta el momento de la agresión la víctima tenía un perfil social desconocido y fue expuesta en forma masiva. Y que la conducta del agresor en redes, atentó contra derechos personales como el honor, la dignidad, su imagen, su derecho a autodeterminarse y su identidad de género. Destacó que el posteo fue un acto de discriminación no solo contra ella en particular, sino contra todo el colectivo trans.

Hoy se hizo justicia!
Un popular influencer fue condenado por la Justicia porteña, a través de la decisión de la Jueza Paula Viginia Nuñez Gelvez, por sus dichos discriminatorios y odiantes hacia las personas trans. La condena representa un antecedente único, esperando que (+) pic.twitter.com/IvHumgDAss

— Federación Argentina LGBT+ (@FALGBT) March 12, 2024

Un límite para la violencia

Rachid dijo que era importante destacar el trabajo que desarrolló la Fiscalía Especializada contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la coordinación de la fiscal Scanga y la participación del Instituto Contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría LGBT.

“Desde el instituto emitimos dictámenes de opinión. En este caso participando en el juicio. Personalmente yo fui a declarar explicando cuál es el ordenamiento jurídico de la discriminación en Argentina”, manifestó Rachid. “También explicando por qué, qué efecto tienen este tipo de expresiones en la vida de las personas trans en nuestro país y en el mundo”.

Rachid resaltó por qué un fallo de estas características sienta precedente. “Explica también por qué constituyen violencia bajo distintos pretextos, entre ellos el de identidad de género. Es un fallo muy importante y esperamos que haya otros en el mismo sentido. Vamos a seguir trabajando para que haya un límite a tanta violencia y tanta discriminación en todos los ámbitos y esto incluye las redes sociales, por supuesto”.

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Delitos de Odio, FALGBT, INADI, Influencer, María Rachid, Personas LGTBIQ, Personas trans

BUENOS AIRES, Argentina. En una decisión que el activismo consideró “histórica”, el Poder Judicial porteño ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que presente en el plazo de 90 días un programa habitacional para personas trans. Además, lo instó a realizar un relevamiento de esta población que reside en la ciudad. El material probatorio, un dictamen de 65 páginas del fiscal y la insistencia de las organizaciones LGBTIQ+ fueron claves en la decisión.

Se trata de un fallo de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo que tuvo lugar el 1° de febrero de 2024. Fue firmado por los jueces Horacio Guillermo Aníbal Corti y Hugo Ricardo Zuleta, con el voto disidente de la jueza Gabriela Seijas.

“Los programas habitacionales del GCBA no contemplan las dificultades del colectivo actor para acceder a ellos, lo que ocasiona que dichas políticas no resulten adecuadas y no brinden un umbral mínimo de garantías exigible al Estado local”, asegura el escrito.

Un logro del activismo

Desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la Defensoría LGBT celebraron la sentencia.

“Luego de unos años de batalla judicial logramos esta sentencia de Cámara que ordena al Gobierno de la Ciudad a desarrollar un plan habitacional para las personas trans en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó, en diálogo con Presentes, María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“Ya hemos solicitado al GCBA ponernos a trabajar lo antes posible en este plan y esperamos que así sea. Ojalá la Ciudad no apele. En definitiva es lo que tiene que hacer un gobierno: trabajar para que todos sus habitantes accedan a sus derechos”, continuó Rachid.

La causa inició en 2018 a partir de un amparo presentado por el Defensor oficial de primera instancia y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) contra el GCBA para obtener un alojamiento adecuado.

El proceso se transformó en una demanda colectiva a partir de una decisión del juez Roberto Gallardo. Así se adhirieron la FALGBT y la Defensoría LGBT, mientras la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos fue admitida como amicus curiae.

En aquella ocasión el gobierno porteño rechazó la demanda y luego, en agosto del 2022 el doctor Martín Converset rechazó la acción de amparo. Frente a esto, el Ministerio Público de la Defensa, la FALGBT y la Defensoría LGBT apelaron.

El desamparo de una gran población

Los jueces llegaron a la actual decisión a partir del material probatorio adjuntado a la causa. Ésta ilustraba “la experiencia negativa de personas integrantes del colectivo trans al intentar obtener ayudas adecuadas en materia de acceso a la vivienda”. Además, se sumaron informes socio ambientales, relevamiento de hoteles y entrevistas producidos por el Ministerio Público de la Defensa.

Los jueces Corti y Zuleta coincidieron con lo planteado por el fiscal Juan Octavio Gauna, quien elaboró un dictamen de 65 páginas. Allí describió de forma detallada los problemas que obstruyen el derecho a la vivienda de la población trans en el distrito y la necesidad de modificar o crear políticas acordes. Además, pidió que se revocara la sentencia que rechazó al amparo y que se hiciera lugar parcialmente a la demanda.

“(Las personas trans) en situación de vulnerabilidad que residen en la Ciudad no consiguen créditos hipotecarios del Instituto de la Vivienda local (IVC), al no contar con los ingresos estables exigidos, sin calificar tampoco dentro del esquema de prioridades estipulado por dicha autoridad que promueve el beneficio para las familias con hijos y personas con discapacidad”, sostuvo el doctor Gauna.

También quedó demostrado, según el fiscal, que el subsidio habitacional que brinda el gobierno porteño “no soluciona eficazmente el déficit en materia habitacional que sufren las personas integrantes del colectivo, al existir barreras para el acceso a los hoteles y pensiones que habitualmente se utilizan en esta clase de programas”.

Además, advirtió que no hay datos oficiales sobre la población trans en el distrito.  “Esta omisión de información es un factor que coadyuva a explicar por qué los programas sociales que lleva adelante la Ciudad en materia de vivienda no han dado una respuesta adecuada para los integrantes del colectivo trans”, aseveró.

Noventa días para presentar un plan

Los jueces hicieron lugar al recurso de apelación y revocaron la sentencia que había rechazado el amparo de las organizaciones. A su vez ordenaron al Ministerio de Desarrollo Social porteño a presentar un programa de acceso a los planes habitacionales para la población trans vulnerable que reside en la Ciudad en el plazo de 90 días. Este deberá “contemplar difusión, plazos de ejecución y organismo a cargo”, indicaron.

También ordenaron al GCBA a realizar un relevamiento del colectivo trans del distrito con relación a la vivienda y programas sociales en el mismo plazo.

La jueza Seijas votó en disidencia al considerar que no se probó que el Estado “haya dejado en situación de desamparo a personas en grado de extrema vulnerabilidad que no pueden procurarse necesidades vitales básicas y perentorias”. 

Al ser consultada por esta agencia, Pamela Malewicz, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos del gobierno porteño, dijo que “somos conscientes del problema habitacional que en la actualidad sufren las personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires”. También reconoció que “la población trans ha experimentado históricamente un perjuicio significativo en cuanto a la cuestión habitacional”.

En este sentido compartió que la Dirección de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría articula con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño para “dar una respuesta inmediata a la demanda espontánea de refugio” en los paradores para personas en situación de calle o situaciones de violencia.

Y señaló que este trabajo “no se centra únicamente en la respuesta inmediata a la emergencia”, sino “en el acceso a derechos de las personas trans para mejorar las perspectivas a largo plazo”.

Las políticas actuales son insuficientes

A lo largo de su dictamen, el fiscal Gauna había advertido sobre la política de hogares y paradores que ofrece el GCBA. “Incluso limitando el examen a aquellos donde se admiten con un cupo a personas trans y travestis, no es adecuada al no representar una solución sostenible. Son ámbitos donde la intimidad de las personas no está debidamente resguardada, prevén estadías temporarias y la permanencia durante el día es excepcional”, sostuvo.

Para el fiscal, “si bien el GCBA cuenta en la actualidad con diversas normas, programas y organismos que se ocupan del problema de la falta de acceso a la vivienda digna en su jurisdicción, con enfoque en las personas más vulnerables de la población, (…) en lo que atañe al colectivo trans en situación de vulnerabilidad que reside en la Ciudad, dichas políticas públicas, cuando pueden llegar a sus destinatarios, lo hacen en forma desarticulada y sin contemplar sus particularidades”. 

“Ello provoca una situación de sistemática ineficacia de las apuntadas acciones, en tanto no logran brindar oportuna protección al grupo, en el umbral mínimo de garantías exigible al Estado local”, concluyó.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Argentina, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Comunidad Homosexual Argentina (CHA), FALGTB, María Rachid, Personas trans, Programa habitacional

En Honduras, Guatemala y El Salvador, las disidencias sexuales, para salvar sus vidas, deciden huir. El peso que la religión tiene en Latinoamérica.

A la par de ese libro, hay otro que Arturo levanta. Lo abre y muestra la contratapa, donde aparece la foto del amante escritor que ha presumido esta tarde de primavera.

Arturo vive en un edificio con vista a la avenida Cabildo, una vía emblemática y concurrida de la Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Llegó hace cuatro meses a la ciudad y no tiene país. A sus 43 años ha vivido entre Honduras y Costa Rica, y hoy está en Argentina.

Nació en la Honduras de la década de los 80, cuando todavía la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad un trastorno mental. Su infancia transcurrió en Ocotepeque, un pueblo hondureño de montañas, fronterizo con El Salvador y Guatemala, en pleno Triángulo Norte de Centroamérica.

Entre los seis y los 12 años, sus papás le pegaron porque su hermano mayor les contó que lo veía jugando y acariciándose con otros niños vecinos de su edad. Su hermano también le pegaba cuando se emborrachaba, y sus tías católicas le decían que se iría al infierno por ser un niño amanerado.

A los 17 años, Arturo escapó de su pueblo. Terminó el bachillerato y se mudó a San Pedro Sula. Esta ciudad industrial y Tegucigalpa, la capital hondureña, son las más importantes del país. También han figurado algunas veces como unas de las más peligrosas del mundo.

Una discriminación estructural

La violencia hacia las personas de la diversidad sexual comienza en la casa, continúa en las escuelas y se extiende en todos los espacios sociales. Incluidos aquellos en los que se toman decisiones políticas.

“El mayor problema de América Latina es que es una región religiosa, principalmente católica”, opina Adriana Espinosa, directora de Viajes de Emergencia y Asistencias Financieras de Rainbow Railroad, una organización canadiense, con presencia mundial. Ayuda a las personas LGBTIQ+ a salir de sus países por la violencia que atraviesan por no vivir dentro de la norma heterosexual.

La organización acompaña actualmente 400 casos de personas LGBTIQ+ que huyen porque son perseguidas por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Entre los casos están el de un hondureño y el de dos mujeres nicaragüenses reubicadxs en Argentina.

A nivel cultural, Latinoamérica no está de acuerdo con la diversidad sexual, agrega Espinosa, y las personas son católicas de nacimiento, aunque no sean practicantes.

El Congreso de Guatemala, por ejemplo, aprobó en 2022 la conmemoración del Día por la Vida y la Familia, fijando la fecha cada 9 de marzo. El decreto aprobado por lxs diputadxs, explícitamente, obliga a los tres poderes del Estado a realizar actividades para “proteger” la concepción tradicional y heterosexual de la familia, y prohíbe hablar sobre educación sexual el país.

…

Después de informarse sobre la diversidad sexual y entender que la atracción que sentía por otros hombres también la sentían otros hombres, Arturo se convirtió en activista LGBTIQ+.

En San Pedro Sula, tuvo su primer novio, sus primeros amigos gais y fue diagnosticado con VIH. En 2007, con lo que había aprendido hasta entonces, comenzó a trabajar, dentro de una organización, en la prevención y tratamiento de las personas de la diversidad sexual viviendo con VIH.

Pero Honduras estaba por estallar. El 28 de junio de 2009, a un año de terminar su gobierno, el presidente Juan Manuel Zelaya, un militar de izquierda, fue derrocado en un golpe de Estado y luego se instaló un gobierno de facto.

El día del golpe y los que le siguieron hubo toques de queda. Los cuerpos de seguridad estatal, policías y militares, fueron denunciados a nivel internacional por organizaciones sociales debido al uso excesivo de la fuerza y los crímenes que cometieron contra civiles.

Una de las víctimas del golpe fue un amigo y compañero de trabajo de Arturo. A él, dice, lo mataron los militares cuando transitaba por la calle. Era un hombre organizado, y esto, más ser amanerado, le valió para ser asesinado.

La noche del 28 de junio, un grupo de policías también asesinó a Vicky Hernández, una mujer trans, mientras ejercía su jornada como trabajadora sexual. Por este crimen todavía impune, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado hondureño en  2021.

Esta condena describe las violaciones a los derechos humanos en Honduras. En total, durante el golpe, hubo 300 asesinatos y así el país centroamericano, según la Corte IDH, pasó a ser uno de los más inseguros. Y, San Pedro Sula, una de las ciudades más peligrosas del mundo.

De todos los grupos de la población LGBTIQ+, la que ha sido mayormente vulnerada es la población trans, sobre todo las mujeres trans, por su identidad y expresión de género visibles y contrarias a la norma heterosexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que la esperanza de vida de una mujer trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años.  

Sin una Ley de Identidad de Género que les reconozca, las personas trans siguen sin acceder a derechos humanos básicos como la salud y la educación. Y, al no insertarse en un mundo laboral formal, algunas mujeres trans no tienen otra opción para buscar ingresos distinta al trabajo sexual.

“Ser LGBTIQ+ es una sentencia de muerte en Honduras, no hay ninguna ley de protección”, apunta Osmán Lara, presidente del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, que está conformado por 15 organizaciones con presencia en 16 municipios hondureños.

El estigma y la violencia que pesan contra la diversidad sexual en Honduras son tal que, cuando una persona es visiblemente LGBTIQ+ y quiere acceder a un servicio de salud, primero tiene que pasar por un testeo de VIH. A la discriminación social se suma que las pandillas obligan a algunas mujeres trans y a algunos gais a vender droga, señala Lara.

Las organizaciones hondureñas, con los pocos recursos que tienen, trabajan en el acompañamiento legal a las personas de la población LGBTIQ+ y registran las violencias que enfrentan.

En 2023, según el Comité LGBTIQ+, 48 personas de las disidencias sexuales fueron asesinadas en Honduras. Guatemala alcanzó índices de violencia similares, con 34 casos registrados. Estos homicidios se fundamentan en el odio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas, por ello son llamados crímenes de odio y, en la mayoría de los casos, quedan impunes.

“En víctimas LGBTIQ+, Honduras tiene un triste récord”, reconoce Tony García, Vice Canciller Consular y Migratorio en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022. 

A pesar de reconocer la violencia hacia la diversidad sexual, García minimiza su impacto al afirmar que no es una de las principales razones de la migración en Honduras. Según él, lxs hondureñxs emigran principalmente para reunificarse con familiares en Estados Unidos, donde reside un millón y medio de hondureñxs. La segunda causa para migrar es el desempleo y, en último lugar, por la amenaza de las pandillas.

Lo mismo ocurre con el gobierno guatemalteco, el cual no reconoce en sus registros la migración como resultado de la violencia, mucho menos la violencia estructural que enfrenta la población LGBTIQ+.

Alharaca solicitó una entrevista con representantes del Instituto Guatemalteco de Migración. Alejandra Mena, de la oficina de prensa, atendió la entrevista por escrito. Allí, dice que lxs guatemaltecxs migran por «mejoras» y oportunidades laborales, reunificación social y “familiar”.

De parte de El Salvador, no hubo una respuesta de las autoridades sobre la migración forzada.

Arturo no tuvo otra opción que huir de San Pedro Sula durante el toque de queda. Junto a uno de sus colegas, pidió medidas de protección a la CIDH por la persecución estatal de la que eran víctimas lxs activistas en ese tiempo. Las medidas no les aseguraban que sus vidas estuvieran a salvo, porque quienes les cuidaban, por órdenes de la CIDH, eran policías que frente a ellos presumían la violencia que ejercían contra la población LGBTIQ+.

En el Triángulo Norte centroamericano, los Estados no han legislado a favor los derechos de las disidencias sexuales, lo que les hace más vulnerables a la violencia. Los crímenes contra estas personas quedan impunes, no hay leyes de identidad de género que reconozcan a las personas trans y el matrimonio igualitario no está permitido. En esta región, no solo hay presencia de pandillas, sino que, paralelo a estos grupos, las policías y los ejércitos han sido agresores de identidades sexuales diversas, hasta asesinarlas o expulsarlas de sus países.

“Estas violencias, la mayoría de veces, las viven en silencio y no son denunciadas, porque los represores son también policías o funcionarios públicos judiciales”, enfatiza Patricia Vargas, investigadora guatemalteca especializada en población LGBTIQ+ y violencia contra las mujeres.

Vargas lleva años documentando los procesos migratorios y la exclusión que viven las disidencias sexuales en Guatemala. Una de sus investigaciones apunta a que, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, la capital, de cada 100 personas en situación de calle, una es parte de la población LGBTIQ+.

Son personas que muchas veces, dice la especialista, viajan del interior del país creyendo que en la capital la situación de discriminación y racismo que viven en sus comunidades va a cambiar. Pero en la capital se enfrentan con un racismo “diluido” y también con más clasismo que en sus comunidades de origen.

Arturo, agotado por la itinerancia constante y tras enfrentar una nueva pérdida en su organización, tomó la decisión de huir a Costa Rica. La decisión surgió cuando un compañero, después de que las pandillas asesinaran a su pareja y a toda su familia (10 personas en total) en 2012, se vio obligado a huir a Estados Unidos. En Costa Rica, Arturo vivió durante una década.

En Centroamérica, Costa Rica se vuelve un posible destino para quienes huyen de la violencia, pero la migración masiva no permite que el país dé respuesta rápida a todos los procesos migratorios.

Dennis Castillo es un hombre gay refugiado en Costa Rica. Huyó en 2012 de Honduras y al año de haber llegado se agrupó con otres activistas para formar el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA-Casa Abierta), que acompaña legal y psicológicamente. Además, ayuda a la integración social a las personas de la diversidad sexual que buscan refugio. “Las personas LGBTI no migramos con familias biológicas, viajamos solos, elegimos familia”, menciona Castillo.

IRCA acompaña 902 casos de solicitudes de refugio. De ellos, la mitad espera una resolución final a su solicitud. Pero, de acuerdo con Castillo, desde 2018 —cuando estalló la crisis política en Nicaragua— a la fecha, Costa Rica tramita 250 mil solicitudes. 

El refugio es una protección internacional que brindan los Estados a personas que huyen por situaciones de violencia de sus países de origen. Hay dos convenciones que regulan este tema, una de 1961 y otra de 1967. Ambas consideran que una persona puede ser refugiada al ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, por sus opiniones políticas o por pertenecer a un determinado grupo social.

Las solicitudes de refugio de las personas LGBTQI+, según normativa desarrollada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), el ente encargado de las personas refugiadas, son tramitadas bajo las últimas dos causas.

El informe Dejarlo todo atrás. Relatos de personas que se ven forzadas a huir de Centroamérica y México, publicado por ACNUR en septiembre de 2023, indica que, hasta 2020, 3.9 millones de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras han migrado hacia diferentes regiones.  

El mismo informe revela que, a julio de 2022, en el mundo había un millón de personas procedentes de Centroamérica y México refugiadas o solicitantes de refugio. La cifra superó por un 590 % a la cantidad de casos que había en 2015.

Alejandro Córdova presentó El show de la Taylor el 4 de noviembre en La Casa Rosada, San Salvador.
Foto: Kellys Portillo.

En la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Córdova conoció el ballroom y, al encuentro con esta subcultura representativa de la comunidad latina y afroestadounidense de inicios del siglo XX, le agradece haber redescubierto su identidad sexual.

La Taylor, como se hace llamar en el mundo artístico, en referencia a la cantante de pop estadounidense Taylor Swift, es una persona no binaria de El Salvador que viajó en junio de 2019 a estudiar becade una maestría en dramaturgia a Argentina.

Después de la pandemia del COVID-19, optó por establecerse en Buenos Aires para avanzar en su carrera profesional. Sin embargo, durante un viaje de cinco semanas a El Salvador entre octubre y noviembre de 2023, llegó a la conclusión de regresar. Económicamente, Argentina ya no le resulta viable: en su primer día de gobierno, Milei devaluó la moneda e implementó medidas que liberalizan la economía en un contexto de inflación descontrolada. Además, su enfoque en recortar el gasto público ha llevado al presidente ultraderechista a amenazar con el cierre de espacios artísticos, incluyendo el Fondo Nacional de las Artes.

«Estoy tomando una decisión basada en oportunidades», comenta Córdova en una entrevista telefónica con Alharaca, a pocos días de regresar a El Salvador.

El paso de La Taylor por Argentina estuvo marcado por los escenarios: uno de sus proyectos, Yender, una obra que habla sobre las vivencias dentro de la cultura ballroom, ganó el Fondo Nacional de las Artes; y, en Buenos Aires, inspirade en la cantante estadounidense, comenzó a presentar sus shows, en los que mezcla la poesía y la música para hablar sobre sus romances con hombres. En 2022, también se casó con una persona no binaria y pudo acceder gratuitamente a su tratamiento de antirretrovirales cuando conoció su diagnóstico positivo de VIH.

En El Salvador, Córdova no experimentó violencia familiar debido a su orientación sexual cuando aún se autopercibía como un hombre gay. Reconoce que, a nivel social, no todas las personas LGBTIQ+ tienen la misma experiencia. “El Salvador es un lugar bien hostil para crecer como disidencia sexual”, afirma.

Desde la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los de Refugiados de 1961 y su adhesión al mismo, Argentina ha reconocido como refugiadas a 773 personas que han huido debido a la persecución que sufrían en sus países de origen por sus opiniones políticas o por pertenecer a un grupo social determinado, como la población LGBTIQ+, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional para los Refugiados.

En 2011, el gobierno de este país sudamericano consideró la posibilidad de otorgar visas humanitarias a personas del Triángulo Norte de Centroamérica, inspirándose en el Programa Siria, el cual entrega visas humanitarias a personas sirias que escapan de una guerra que se ha prolongado por 12 años. La discusión de las visas para centroamericanxs, según Esteban Tome Fuentes, exfuncionario a cargo del programa, no prosperó.

De México a Sudamérica, las personas LGBTIQ+ son perseguidas por la familia y por sus comunidades, basadas en la religión; y en el caso de los activistas, por los Estados, señala Espinosa, de Rainbow Railroad. Algunas, dice la especialista, son sometidas a las “terapias de conversión”. Las denominadas “terapias de conversión” deberían prohibirse, ya que según afirma Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género en un informe de mayo de 2020 sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, pueden equipararse a formas de tortura.

En Guatemala, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) accedió a testimonios de cuatro personas LGBTIQ+ que vivieron estas terapias con las que se les pretendía «corregir» su orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual.

La investigación, llamada “¿Cura o tortura? ECOSIEGCS —Esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales—. Las mal llamadas ‘terapias de conversión’ en Guatemala”, explica que en Guatemala no solo se intenta “corregir” a las personas de población LGBTIQ+ por medio de la religión, que ve como enfermedades a las orientaciones sexuales y a las identidades sexuales diversas, sino que también a través de las psicoterapias.

En las escuelas, explayan lxs investigadores de Flacso, hay represiones directas o indirectas para las personas LGBTIQ+, como la expulsión de los centros de estudio y el encubrimiento del bullying homolesboodiante por parte de la comunidad educativa. Luego, esta exclusión evoluciona a la expulsión de las personas de sus países de origen.

«La mía es una migración diferente a la migración de irse por mejorar económicamente o porque no te gusta el país. En nuestro país hay persecución para las personas LGBTI», advierte Arturo, el activista gay de Honduras.

Argentina, en cambio, tiene aprobados derechos que les falta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para garantizar el desarrollo y una vida digna de las personas LGBTIQ+. Pero estas garantías están amenazadas con el gobierno del ultraderechista Javier Milei, que el 10 de diciembre asumió su cargo y ya inició un recorte al gasto público, dejando más vulnerables a las disidencias sexuales y a las mujeres.

En Argentina, las personas trans tienen derecho a cambiarse de nombre, a la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales en el sistema público, porque, además, hasta el momento, la salud es gratis para argentinxs y extranjerxs; lo mismo que el sistema de educación en todos sus niveles. Y transversalmente, las escuelas imparten la materia de Educación Sexual Integral. También, el país ha legalizado el matrimonio igualitario y las uniones civiles de personas LGBTIQ+.

“Las personas LGBTIQ+ migran porque no están en igualdad de oportunidades”, dice Karla Guevara, activista trans, directora del Colectivo Alejandría y secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI+.

El colectivo que preside Guevara ha trabajado en los últimos 11 años en el acompañamiento de personas trans salvadoreñas para que puedan acceder a derechos como la salud y la información en prevención y tratamiento al VIH. Recientemente, también abrió Casa Francela, un centro comunitario creado para convertirse en un punto de encuentro de las disidencias sexuales.

Ante el escenario de violencia compartido por los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, la migración forzada ha sido una constante. Pero entre 2018 y 2019 se volvió más visible y masiva. Durante esos años, de Honduras, El Salvador y Guatemala partieron caravanas de migrantes hacia Estados Unidos que hicieron que la administración de Donald Trump obligara a los gobiernos a frenar la migración.

En estas caravanas, Lara, el activista hondureño, dice que las organizaciones de Honduras identificaron 62 casos de migrantes LGBTIQ+.

Por el imaginario colectivo del «sueño americano», Amaral Arévalo, un investigador salvadoreño especializado en violencia y homicidios contra personas LGBTIQ+ de El Salvador, dentro del Instituto Fernándes Figueira, en Brasil, indica que el principal país de destino que buscan lxs migrantes centroamericanos es Estados Unidos.

En Rainbow Railroad pretenden “desmantelar” la migración hacia Norteamérica y ofrecen otros países latinoamericanos de reinstalo a lxs solicitantes de refugio, cuenta Adriana Espinosa.

Este año, la organización lanzó un programa para reubicar a latinoamericanxs LGBTIQ+ en Argentina, donde el refugio es tramitado en menos de un año, pero no todxs lxs solicitantes aceptan este destino.

“Los latinoamericanos no queremos ir a Latinoamérica. Tenemos esa mala percepción de nosotros mismos y nuestros compañeres en Latinoamérica, del país o de las situaciones económicas”, menciona la especialista.

Guevara, la activista salvadoreña, opina que las personas de la diversidad sexual no eligen migrar a un país distinto a Estados Unidos, porque no cualquiera puede pagar un boleto de avión, como para viajar a Argentina. A las disidencias sexuales no les queda otra opción que arriesgar su vida, atravesando por tierra la ruta migratoria.

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Durante la década de los 90, en Europa, detalla Arévalo, hubo hombres gais que huyeron hacia Estados Unidos porque eran perseguidos por gustar de otros hombres. Desde finales de los años 60, el país norteamericano ya abanderaba la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo.

De 2016 a la fecha, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) colabora asesorando a personas de diferentes países del mundo que, por ser parte de la disidencia sexual, además de sufrir conflictos internos en sus lugares de origen, se ven obligadas a migrar o refugiarse en Argentina.

A este tipo de migración se le llama sexilio, que es una palabra derivada de la combinación de sexo con exilio: personas obligadas a salir de sus países o que salen por razones propias, porque no siguen las normas sociales y heterosexuales.

Los sexilios que hoy ocurren en el Triángulo Norte centroamericano se caracterizan porque en esta región los principales represores son los Estados, que no garantizan ningún derecho para las personas LGBTIQ+, sostiene Arévalo. «Garantizan, básicamente, una muerte», recalca.

La representación de ACNUR en Argentina, consultada por Alharaca, aclaró que no podía hablar detalladamente sobre los casos de asilo en ese país, por la confidencialidad de la información, pero remitió informes que dan cuenta sobre el desplazamiento y migración forzada ocurrida en los últimos años en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Sigfredo Funes sí planificó su huida. Lleva más de un año viviendo en Buenos Aires y no quiere volver a su país. Con la excusa de migrar, aplicó a una beca para cursar una maestría en Argentina y así salir de El Salvador.

Antes, en 2021, y en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+, fue expulsado de casa después de que sus padres se enteraran de que es gay. Cuando logró independizarse, comenzó el régimen de excepción en El Salvador y él, que es un militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido salvadoreño de izquierda, y crítico en redes sociales del gobierno del presidente Nayib Bukele, fue perseguido hasta recibir una amenaza de muerte.

Funes tomó una llamada anónima en Telegram. Era la voz de una mujer que, luego de decirle que se iba a morir, colgó de golpe el teléfono. Días más tarde, un motociclista, al que no conocía, llegó a buscarlo a la casa de sus padres.

Él asume que esto ocurrió a partir de sus críticas al gobierno. En Facebook, donde suele postear publicaciones contra Bukele, tiene más de dos mil seguidores.

Funes ya había terminado la carrera de Relaciones Internacionales. Este título le sirvió para aplicar a la maestría. En agosto de 2021, lo aceptaron en una universidad argentina para estudiar una maestría en Derechos Humanos y viajó a Buenos Aires.

En octubre de 2023, tenía que volver a El Salvador, porque ya había terminado sus estudios, pero su madre le advirtió que no regresara, porque afuera de la casa suele parquearse una camioneta con vidrios polarizados, y sospecha que lo están buscando.

Una de las condiciones del refugio es que la persona no pueda regresar a su país de origen, ya que, al hacerlo, el Estado que le ha otorgado el refugio asume que ya no existen las condiciones de peligrosidad que motivaron su huida. Funes tiene la intención de establecerse nuevamente en El Salvador, en el futuro, por lo que no solicita refugio. Planea vivir en Sudamérica, hasta que pueda retornar.

«La intersección entre el acceso a recursos, el color de la piel, desgraciadamente, y el nivel educativo de las personas que migran influye mucho en cómo es su proceso, en cómo será su proceso y en qué acceso tienen a ciertas cosas o a cierta información”, sostiene Vargas, la investigadora guatemalteca.

María Fernanda Parada, una veinteañera salvadoreña, que se autopercibe como pansexual y reconoce sus privilegios, reside en Buenos Aires desde enero. En su familia nunca ha sido discriminada por su orientación sexual. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo Francés Salvadoreño, un colegio privado, en el que frecuentemente lxs profesores, recuerda, le decían a lxs alumnxs que debían marcharse del país.

El año pasado, comenzó su carrera en una universidad de Francia, pero desistió de cursarla, porque no le gustaba el enfoque. Sin embargo, allá pudo explorar la libertad de la metrópolis, su sexualidad y salió por primera vez con mujeres. En El Salvador su grupo “queer”, dice, era reducido y todxs se conocían entre sí.

“Hay un montón de gente que estamos dejando desamparada y ellos solos no se pueden salvar así nomás”, apunta. Este año, Parada cursa el ciclo inicial para ingresar a la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires y, en los pocos meses viviendo en Argentina, ha logrado hacer amistades diversas. Al terminar la carrera, su plan es volver a El Salvador para trabajar como periodista e investigar sobre población LGBTIQ+.

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De las 200 consultas que la FALGBT+ ha recibido en los últimos años de personas que quieren refugiarse en Argentina, la mayoría son de personas de Ucrania y Rusia, países que están en guerra desde febrero de 2022. Un caso, aclara Maribe Sgariglia, secretaria de Relaciones Internacionales de la FALGBT+, a veces se traduce en más casos, porque algunas personas huyen con parejas e hijxs.

Sgariglia explica que estxs migrantes preparan su huida con ahorros, consiguen trabajos remotos y también se asesoran anticipadamente sobre los procesos migratorios que deben realizar. Una vez en Argentina, hacen comunidad entre sus mismas nacionalidades, al punto de crear un grupo de Telegram para comunicarse.

No ocurre lo mismo con aquellxs que, además de la barrera del idioma en otro país, se encuentran solxs. Hay jamaiquinxs que no han podido acostumbrarse a Argentina y han tenido que regresar a su país, aunque saben que allá, donde está criminalizada la homosexualidad, su vida corre peligro, agrega la activista.

La mayoría de latinxs LGBTIQ+ que buscan refugio en el país Sudamericano, dice Sgariglia, han pasado por situación de calle: “Llegan acá quizá sin ningún recurso ni económico ni social, sin redes. La mayoría de esas personas vienen solas, su familia queda atrás con un vínculo súper duro”.

Como el caso de Arturo, la migración forzada de la diversidad sexual ocurre en dos pasos, enfatiza Amaral Arévalo: si las personas son del interior del país, primero se desplazan al área metropolitana y después migran. Sin embargo, estos trayectos están condicionados por las redes de apoyo con las que cuentan en su país de origen o en el país de destino.

En Costa Rica, Arturo no trabajó como activista. Fue cajero en un banco, mesero en restaurantes de comida rápida, administrador de un hotel y carnicero.

Le pareció que, en Costa Rica, la población LGBTIQ+ ya había ganado derechos que en Honduras no se han reconocido. Por ello, no encontró forma de trabajar en su área. Aunque pudo migrar a Estados Unidos, porque allá está una de sus hermanas y para allá migró el colega al que asesinaron la pareja, no era un país que le llamara la atención para vivir. Y en Costa Rica no quiso refugiarse, ya que lo considera un país xenófobo.

En 2021, con la idea de que, casi una década después de haber huido de Honduras su familia y el país habían cambiado, volvió. Pero la situación de violencia seguía igual.

Pensó mudarse a la casa de sus padres, dos personas mayores y solas, en Ocotepeque. Quería cuidarles, pero su mamá le condicionó en cómo debía vestir, actuar y con quién debía de relacionarse en el pueblo. Tampoco podía hablar de temas que le incomodaran a la familia, como su homosexualidad y su condición de persona viviendo con VIH.

En una discusión, su papá lo agredió por hablar de su homosexualidad. Desde entonces, Arturo decidió nunca volver a su casa de infancia. Se fue, de nuevo, para San Pedro Sula, donde no logró conseguir trabajo. Se quedó unos días en la casa de otra de sus hermanas, pero empezó a ser perseguido por un carro del que, en tres ocasiones, un grupo de desconocidos se bajó y lo apaleó. La última vez, aparte de golpearlo, le robaron el celular.

Intentó denunciar el primer ataque, pero cuando lo vieron golpeado de la cara, los policías de una delegación se burlaron de él. Arturo dijo que no valía la pena seguir viviendo en Honduras.

La tarde del jueves cae en Buenos Aires. Afuera está el ruido habitual de la ciudad porteña, dentro de este departamento, un gay hondureño busca refugio porque su país lo expulsó.

Hay días en los que Arturo no sale de casa. Se siente novato y solo en esta ciudad de cuatro millones de habitantes, que apenas está aprendiendo a recorrer por su cuenta. En una canasta al centro de la mesa del comedor hay dos guineos, una fruta abundante en el trópico centroamericano. De vez en cuando, Arturo prepara comida hondureña, sobre todo sopas de frijoles y ensaladas frescas, para sentirse en su país.

“Allá sí estaba solo, pero me iba, tal vez, adonde mis amigos. Dejé todo, pero a la vez no tengo nada”, lamenta.

Con la asunción de Milei y el ajuste económico en Argentina, Arturo se replantea la idea de seguir su proceso de asilo y pretende volver a Honduras, donde su vida no está asegurada.

Nota: Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Exprésate. El nombre del personaje principal del texto se ha omitido por razones de seguridad. Fue publicada por nuestro medio aliado Alharaca.

Stanley Luna

Carlos Lara

Fuente Agencia Presentes

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. Alejandra Mena, Alejandro Córdova, Argentina, Dennis Castillo, Diversidad sexual, ECOSIEG, El Salvador, FALGBT, Homofobia/Transfobia, Honduras, Iglesia Católica, Karla Guevara, La Taylor, María Fernanda Parada, Nayib Bukele, Osman Lara, Religión, Sexilio, Sigfredo Funes, Triángulo Norte de Centroamérica, Xiomara Castro

La docente y referente del Bachillerato Mocha Celis denunció las graves agresiones que sufrió en la última semana. “La violencia resuelve con educación, con diálogo y con derechos”, dijo

BUENOS AIRES, Argentina. Manu Mireles, secretaria académica del Bachillerato Mocha Celis, activista trans no binarie y defensora de derechos humanos, caminaba por el barrio de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia una reunión cuando un grupo de varones empezó a gritarle. Ella no respondió y siguió caminando. Ellos siguieron gritando, hasta que la alcanzaron y la golpearon, dándole patadas en su cuerpo cuando ya estaba en el piso.

“Me lastimaron mucho y se fueron. Ninguna persona se metió, nadie me ayudó a levantarme del piso”, contó Manu Mireles a Agencia Presentes, después de relatar lo ocurrido. 

A los pocos días, por el barrio de Tribunales, también en la Ciudad de Buenos Aires, Manu estaba llegando a su casa cuando una persona le gritó “puto”. Ella, como en la situación anterior, no se dio vuelta, pero sintió que le tiraron algo. Ahí sí se da vuelta y siente una patada en la cara, el ojo lastimado y la sangre. El agresor salió corriendo y continuó con los gritos.

“Esto tiene que ver con una expresión de terror y disciplinamiento que imponen sobre nuestras identidades”, dice Manu, quien el jueves denunció en sus redes sociales estas agresiones. Al día siguiente de la última agresión tenía que trabajar y luego viajar a la provincia de Chaco por el Tercer Foro Latinoamericano de Educación Trans. Desde allá habló con Presentes.

Los repudios

Aún no pudo hacer la denuncia ante fiscalía, policía ni ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por el viaje: “No paré de trabajar y efectivamente todavía no lo tenía resuelto hasta que decidí hacerlo público y por redes sociales. Después muy temprano tuve que venirme a Chaco”.

Amnistía Internacional tiene un canal de denuncias al que también acudirá una vez que vuelva a Buenos Aires.

Muchas organizaciones repudiaron los ataques sufridos por la activista: el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, Amnistía Internacional Argentina, la Fundación Igualdad, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y más referentes de la comunidad LGBTIQ+.

Mensajes de odio en redes sociales previos al ataque

A principios de agosto Manu Mireles asistió al programa de la Televisión Pública, Abro Hilo -conducido por Sol Despeinada y Leyla Becha-, para hablar sobre la salud de personas trans. Allí explicó: “¿Qué pasa cuando soy un varón trans y voy a la ginecóloga? ¿Qué pasa cuando soy una chica trans y voy al urólogo o a la uróloga? Lo que pasa es que hay mucha violencia”. Después, se publicó un reel en Instagram con lo que dijo la activista, y obtuvo más de 12 mil me gusta y casi 200 comentarios que, en su mayoría, eran de odio.

Algunos de los mensajes agredían a Manu en particular. Otros lo hacían con una pretendida explicación científica o religiosa: “Creo que debería empezar por ir a un psiquiatra”; “Al ginecólogo a qué? A que te revise las pelotas?”; “Yo me autopercibo delfín y me pasa lo mismo cuando voy al veterinario …”; “Un médico o una médica se forma para atender personas: mujeres u hombres. tendrían que formarse en tu autopercepción? No existen los cuerpos NO Binarios. Tu imagen, tu estética o tu performance no es un dato científico para que un profesional haga un diagnóstico. No puedo creer esto en la @tv_publica”; “No necesitan urólogos ni ginecólogos. Lo que necesitan son psicólogos, psiquiatras o a Dios”.

Además de esos comentarios de odio, Manu también recibió amenazas por mensaje privado. “Fueron días también de mucha angustia”, contó.

“Yo soy vocera institucional de la Mocha, soy activista y confío en el potencial de la comunicación y de la educación para garantizar los derechos. Eso significa que ser visible también implica muchas veces tener un nivel de exposición que hace que la violencia se enfoque en nosotres”, agregó Manu.

Según datos de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), en 2022 aumentaron los crímenes de odio en Argentina: fueron 129, mientras que el año anterior habían sido 120. Los números de este año aún no fueron publicados.

“La avanzada de la ultraderecha y los discursos de odio tienen un impacto directo sobre nuestros cuerpos”

En los últimos meses, alrededor de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), que ocurrieron el 13 de agosto en Argentina, crecieron los casos de violencia, de abuso en la calle, violencia verbal, violencia física. «Esto no es un hecho aislado», dice Manu Mireles.

“Los discursos de odio tienen un impacto y una penetración cultural tan importante y tan fuerte que independientemente incluso del resultado de las elecciones ya generan una matriz en la que personas que son violentas y que somos bien conservadoras se sientan legitimadas para poder reproducir estos niveles de violencia”, explicó la activista.

En las últimas semanas, otras personas que asisten al Mocha Celis también relataron agresiones en la calle y en el transporte público.

Amnistía Internacional Argentina publicó en sus redes sociales, tras el repudio al ataque sufrido por la activista, un posteo donde cuentan la misma situación: «En las últimas semanas se registró un aumento de este tipo de agresiones vinculadas a la orientación sexual e identidad de género. Esta es otra prueba de las graves consecuencias de los discursos que incitan a la violencia, y de cómo atentan contra la integridad y la seguridad de las víctimas”.

Distintas organizaciones sociales vienen advirtiendo sobre este mismo punto. “La avanzada de la ultraderecha y los discursos de odio tienen un impacto directo sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, que se traducen en estos niveles de violencia”, explicó Manu Mireles.

“No es admisible que siga en tela de juicio si somos personas legítimas”

También el Bachillerato Popular Mocha Celis publicó en su repudio la misma advertencia: “Sabemos que este no es un hecho aislado. Es producto de los discursos de odio que circulan de manera constante y que nos ponen en peligro. Lo demuestra el aumento de las violencias que se registró en las últimas dos semanas”. 

“Si cada vez que hay un cambio electoral, se va a hacer un plebiscito sobre nuestros derechos, no es admisible que esto ocurra. No es admisible que siga en tela de juicio si somos personas legítimas. No es admisible que se siga pretendiendo negociar nuestros derechos”, dijo Manu Mireles.

Como lo hizo en su publicación en redes sociales, insistió en que la respuesta a esta violencia es la educación, el diálogo y la garantía de derechos: “La respuesta es pensar en comunidad, es articular de forma colectiva y sin duda la violencia nunca va a ser más grande que el amor de nuestra comunidad, nunca va a ser más grande que nuestra lucha incansable y con la convicción de que es necesario que tengamos un Estado que sea con una democracia mucho más profunda y que garantice la vida, la equidad y la justicia para todas las personas”.

Rosario Marina

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Agresiones, Argentina, Bachillerato Mocha Celis, Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Manu Mireles

Se trata de la artista drag Naira Castillo, quien actualmente se encuentra internada junto a su pareja. “Esto no fue un accidente“, dicen las organizaciones LGBT.

(Noticia en progresión)

SAN JUAN, Argentina. Naira Castillo, una mujer trans de 32 años y artista drag de la Casa de la Cultura, fue internada con el 40% de quemaduras corporales junto a su pareja Federico Navarro. El jueves 10 de agosto por la noche un delivery en bicicleta les dejó un supuesto “regalo” en su casa de San Juan. El paquete estalló en manos de ella y de su pareja.

Ocurrió entre las calles Haití y República Líbano, del barrio de San Luis, San Juan, departamento de Rawson, cerca de las 21. Intervinieron agentes de la Comisaría N° 24, Policía Científica, la División Siniestros y la División de Bomberos Locales. Tanto Naira como su pareja fueron tratadxs por personal médico del Hospital Marcial Quiroga.

Medios locales caratularon el hecho como “Dos personas graves en un incendio”, “explosión en Rawson”, “Confuso incendio en investigación”, basado en un parte de la Comisaría N° 24. Pero el oficial Ortiz aludió “no poder compartir a esta agencia” cuando le fue solicitado.

Crecimiento de los discursos de odio

Para Mathías Gael Bravo, presidente del Consejo de la Diversidad y de Primavera Diversa Colectivo Cultural, se trató de un atentado a la comunidad LGBTI+ de San Juan. “La propia Naira le dijo a uno de los policías del Hospital Marcial Quiroga, apenas llegó al lugar, que ella había recibido un parlante de regalo que había explotado”.

Y agregó “considero que esto no fue un accidente. No fue un incendio ni es casualidad. Tampoco es la primera vez que suceden estos supuestos accidentes, de estas características. Hace un tiempo ya que vienen manejándose discursos de odio en nuestra provincia. Si bien hay muchos derechos y conquistas, hay grupos específicos odiantes, de derecha, y avanzan impresionantemente. Es un atentado permanente y tenemos mucho miedo”.

San Juan y la escalada de odio

Según el último informe realizado en el 2020 por el Observatorio de Crímenes de Odio de la Federación Argentina LGBT: “(…) Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2020, el 84% de los casos (127) corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar, con el 12% (19) se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 3% de los casos (4) le siguen las lesbianas; y por último con el 1% (2) los varones trans.

San Juan no parece ser la excepción de estos datos nacionales. Desde la semana pasada organizaciones LGBTI+ locales denunciaron públicamente haber sido víctimas de ataques con explosivos, en un bar amigo del colectivo, “Casa Fuegah”. Allí algunos peatones anónimos arrojaron estos explosivos sobre personas disidentes que se encontraban haciendo fila para una de las fiestas denominada Viciosx.

Desde diferentes espacios de diversidad denuncian actos de violencia.

La espera por el esclarecimiento

Por su parte tanto la madre como la hermana de Naira, aguardan su recuperación y la evolución en su estado de salud. “Quiero contarles que Naira ya fue a una habitación común donde expulsa el aire de adentro hacia afuera para que no se aproximen ni virus ni bacterias. Las vendas se las van a ir cambiando cada 48 horas, relató Celina Castillo, hermana de Naira, quien muy gentilmente comparte el parte médico de su hermana diariamente con amigues y cercanxs.

Al consultarle sobre la investigación expresó: “Escuché varias cosas, pero como decimos con mi mamá, vamos a saber bien todo apenas Naira despierte”.

A cargo de la investigación se encuentra el Ministerio Público Fiscal, junto a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y el Centro de Abordaje y Contención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género de San Juan.

La empresa ECOGAS realizará pericias en el domicilio de Naira y Federico que buscan determinar el origen de la explosión.

Adam Yan López

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Casa Fuegah, Consejo de la Diversidad y de Primavera Diversa Colectivo Cultural, Delios de Odio, Departamento de Rawson, Discursos de odio, Federico Navarro, Homofobia/Transfobia, Mathías Gael Bravo, Naira Castillo, Personas LGTBIQ, Personas trans, San Juan