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El tribunal de distrito falla contra la trabajadora de la iglesia despedida Shelly Fitzgerald en un caso de discriminación

Jueves, 27 de octubre de 2022
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Shelly Fitzgerald.

Shelly Fitzgerald.

Un tribunal federal falló a favor de la Arquidiócesis de Indianápolis y una de sus escuelas secundarias católicas en una demanda presentada por Shelly Fitzgerald, una exconsejera vocacional cuyo contrato no se renovó debido a su matrimonio entre personas del mismo sexo.

Basándose en fallos anteriores de la Corte Suprema de los EE. UU. que enfatizaron la excepción ministerial en relación con las prácticas laborales de las escuelas religiosas y las leyes gubernamentales, el juez Richard Young del Distrito Sur de Indiana falló el 30 de septiembre en el caso Fitzgerald v. Roncalli High School and the Archdiocese of Indianapolis.. Esta decisión refleja un fallo similar de Young presentado por otro ex consejero de Roncalli contra la misma escuela y arquidiócesis. El Catholic New Service (CNS) informó:

“Young dijo que la Arquidiócesis de Indianápolis y sus escuelas pueden seleccionar, retener o despedir a los profesores de acuerdo con sus estándares religiosos, algo que también enfatizó hace un año”.

Fitzgerald fue despedida de Roncalli High School en 2018 después de servir durante 15 años como codirector de orientación. La escuela se negó a renovar su contrato para el año siguiente después de que ella confirmara que estaba casada entre personas del mismo sexo. Los administradores escolares dijeron que la relación de Fitzgerald violó su acuerdo con la escuela. CNS informó:

“El 29 de septiembre, el tribunal desestimó la demanda y señaló que ‘Roncalli le encomendó a Fitzgerald que enseñara la fe católica y llevara a cabo’ su misión religiosa.

“El contrato describía a los empleados de la escuela como ministros de la fe. También contenía una cláusula que estipulaba que los empleados perderían sus puestos si se involucraban en una conducta que no se adhiriera a ‘las enseñanzas morales o religiosas de la Iglesia Católica Romana’”.

A pesar de que el juez indicó en documentos judiciales que el papel de un orientador es “predominantemente secular” y que sería “una exageración” describir a un orientador como un ministro, los representantes de la escuela afirmaron que Roncalli “confió a orientadores como Fitzgerald para transmitir el mensaje de la iglesia además de sus deberes seculares”.

La Arquidiócesis de Indianápolis y sus escuelas se han visto envueltas en controversias durante varios años debido a la discriminación laboral. Además de Fitzgerald, Lynn Starkey fue despedida en 2019 de su cargo en el departamento de orientación de Roncalli por un matrimonio entre personas del mismo sexo y ha perdido casos judiciales en su propia demanda por discriminación. Kelly Fisher, una trabajadora social de la escuela, fue despedida ese mismo año por apoyar a Fitzgerald y Starkey.

En otra parte de la arquidiócesis, el arzobispo Charles Thompson obligó a Cathedral High School a despedir a Joshua Payne-Elliott por su matrimonio entre personas del mismo sexo. La Escuela Preparatoria Jesuita Brebeuf rechazó la solicitud del arzobispo de despedir a su esposo, Layton Payne-Elliott, por la misma razón. Thompson luego despojó a Brebeuf Jesuit de su afiliación católica, que la escuela y la Provincia del Medio Oeste de los jesuitas han apelado al Vaticano. Católicos y aliados LGBTQ+ han protestado por estos despidos, pero muchas de las demandas no han tenido éxito en los tribunales estadounidenses.

En Indianápolis y en otros lugares, el cuerpo docente y el personal LGBTQ+ de las escuelas católicas siguen estando sujetos a normas de empleo desiguales. Los tribunales civiles pueden permitir que continúe esta discriminación basándose en interpretaciones conservadoras de la libertad religiosa dictadas por un Tribunal Supremo derechista. Sin embargo, incluso si los líderes de la iglesia tienen derecho a discriminar, deben acatar las enseñanzas sociales de la iglesia que los llaman a respetar la dignidad humana y los derechos laborales justos.

—Bobby Nichols (él/él), New Ways Ministry, 20 de octubre de 2022

Fuente New Ways Ministry

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Tras negativa de ser reincorporadas, trans de Paraná convocan a marcha

Viernes, 17 de enero de 2020
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PHOTO-2019-11-28-12-49-14-1024x768“El TRAVAjo para les trans es una deuda de la democracia. La reincorporación es una decisión política”. Con esa frase, el colectivo LGTB+ de Paraná convoca  a una marcha en Paraná el miércoles 15 de enero, para exigirle al intendente Adán Bahl que restituya los puestos laborales  a las seis personas trans cuyos contratos cayeron el 31 de octubre pasado. 

Por Silvia Mernes

“En Paraná marchamos el miércoles 15 a las 18 horas desde Casa de Gobierno hasta la Municipalidad. Exigimos al Intendente Adán Bahl la reincorporación de les compañeres trans despedides”, se lee en la convocatoria, que fue difundida a través de las redes sociales y que lleva las etiquetas #LosDerechosNoSeTocan y #ReincorporaciónYA.

Los contratos de Iara Aranzazú Quiroga, Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián Berón, Gabriela Abigail Manrique, Paola Natalí López y Fernanda Ramírez finalizaron el 31 de octubre pasado –durante la gestión del anterior intendente, Sergio Varisco– y no fueron renovados.

“Le exigimos al actual intendente la reincorporación inmediata de les compañeres travas y trans”, remarcó en declaraciones a Presentes Keili González, activista trava feminista de Nogoyá, que estará en la capital entrerriana para acompañar la lucha. “Nos hemos organizado para defender un derecho elemental porque no tenemos por qué seguir soportando que nos roben la vida y con esas piezas construyan políticas en beneficio de unos pocos. No debemos ser variable de ajuste. Debemos ser parte de esas decisiones que allanen la vida de les oprimides”, agregó.

La activista consideró “incompatible que simultáneamente a esta vulneración de derechos se cree el Área de la Mujer, Género y Diversidad en la Municipalidad, y que quienes estén sentades como responsables hagan caso omiso y sean cómplices de la violencia que ejerce el Estado sobre nuestro colectivo. Son compañeras que están sentadas ahí gracias a nuestras luchas”, recordó.

La marcha fue resuelta en una asamblea abierta realizada el sábado 11 de enero en la Plaza Sáenz Peña, luego de que el Municipio comunicara oficialmente a les trabajadores la decisión de no reincorporarles.

“Debido a la emergencia económica en la que se encuentra la Municipalidad, que fue declarada por ordenanza, y las denuncias que se encuentran en la justicia respecto a los actos administrativos realizados por el gobierno anterior, no es posible, por el momento, la reincorporación de las seis personas travestis y trans cuyos contratos vencieron el 31 de octubre pasado”, se les informó en una reunión que se desarrolló el lunes 6 de enero entre representantes del colectivo LGBT+ de la capital entrerriana y dos funcionarias municipales: la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo, y la subsecretaria de Mujer y Diversidad, Cristina Ingleson.

“Me fui desilusionada”, dijo Iara Quiroga, una de las trabajadoras trans, al finalizar esa reunión. Contó que, en un intento de paliar la situación, las funcionarias se ofrecieron a conseguirles “un bolsón de mercadería y un voucher para la luz”. Pero lamentó: «Hay compañeras que no tienen vivienda propia, como yo, y no tenemos dónde vivir, así que qué luz vamos a pagar”.

Unos días antes, el viernes 3 de enero, la grupa viajó a Buenos Aires [link *1] para plantear su situación ante Cecilia Merchán, secretaria de Igualdad y Diversidad, y Alba Rueda, la subsecretaria de Diversidad, ambas dependientes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta.

Volvieron felices porque las funcionarias nacionales se mostraron dispuestas a contribuir en la búsqueda de una solución y propusieron conformar una mesa de trabajo articulado entre el Municipio de Paraná, el Gobierno de Entre Ríos y Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, que tenga como objetivo “resolver esta situación en particular así como promover la inclusión de la comunidad trava trans de Paraná en general”. También notaron que  este caso podría dar impulso al desarrollo de políticas públicas que permitan el acceso al trabajo formal a toda la comunidad trans del país.

En cambio, en la reunión con las autoridades paranaenses no encontraron las respuestas que esperaban. Tras el cambio de gobierno municipal, producido el 11 de diciembre pasado, les contratades sintieron que podía ser una realidad lograr nuevos contratos y sostener el empleo formal. Pero desde el Municipio mantuvieron la decisión de no reincorporarles bajo dos argumentos: primero, la obligación de acatar el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que revocó el dictamen en primera instancia (del juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto) [link *2] que hizo lugar al amparo [link *3] presentado por las seis personas trans; y segundo, que los contratos vencieron el 31 de octubre y la decisión de no renovarlos fue de la anterior gestión.

La grupa ya anunció que, además de la movilización del miércoles y las futuras gestiones administrativas que puedan realizar, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia. Porque el objetivo primero es recuperar los puestos laborales. Pero la aspiración principal es reivindicar el derecho del colectivo trava trans a acceder y sostener un trabajo digno.

Fuente Agencia Presentes

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Trabajadoras trans de Paraná luchan por sus puestos: llevaron planteo a Nación

Viernes, 10 de enero de 2020
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PHOTO-2019-11-28-12-49-14-1024x768 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Por Silvina Mernes, desde Paraná

Las seis personas trans que iniciaron un reclamo judicial luego de que cayeran sus contratos en la Municipalidad de Paraná, llevaron sus planteos ante funcionarias del Gobierno nacional. De este modo apuestan no sólo a recuperar sus puestos laborales, sino también a que su caso sea el puntapié inicial para el impulso de políticas públicas que permitan el acceso al trabajo formal a toda la comunidad trans del país.

Iara Aranzazú Quiroga, Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián Berón, Gabriela Abigail Manrique, Paola Natalí López y Fernanda Ramírez, viajaron a Buenos Aires el viernes 3 de enero para entrevistarse con funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta. Fueron recibides por la secretaria de Igualdad y Diversidad, Cecilia Merchán, y la subsecretaria de Diversidad, Alba Rueda.

El contacto con las funcionarias se dio luego de que el 27 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos revocara el fallo del juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, que había hecho lugar al amparo contra la baja de los contratos –presentado por la grupa el 28 de noviembre– y ordenado a la Municipalidad de la capital entrerriana la reincorporación inmediata de les trabajadores.

La gestión del entonces intendente Sergio Varisco apeló esa sentencia de primera instancia y luego el STJ revirtió la decisión de Barbirotto y rechazó el planteo de reincorporación, al considerar que la administración municipal “no cometió ninguna irregularidad legal al omitir la renovación contractual una vez vencido el periodo que duró el vínculo de empleo público”.

En el encuentro con las funcionarias nacionales, les trabajadores informaron “el estado de situación actual luego de los dos fallos judiciales (a favor y en contra en primera y segunda instancia, respectivamente)” y plantearon la necesidad de generar una “articulación” con distintos estamentos estatales para lograr la reincorporación de las seis personas trans que fueron desvinculadas de sus puestos laborales en el Municipio.

“Nos escucharon”, resaltó en declaraciones a Presentes Fernanda Ramírez, una de las trabajadoras despedidas, al hacer un balance de la reunión. Por su parte, Iara Quiroga amplió: “Nos vinimos contentas porque la construcción la vamos a seguir, más allá de lo que diga la Justicia”. Resaltó que Merchan y Rueda se mostraron dispuestas a contribuir en la búsqueda de una solución. Para ello se planteó la posibilidad de conformar una mesa de trabajo articulado entre el Municipio de Paraná, el Gobierno de Entre Ríos y Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, que tenga como objetivo “resolver esta situación en particular así como promover la inclusión de la comunidad trava trans de Paraná en general”.

Iara señaló también que el caso de Paraná podría ser considerado como un puntapié inicial para desarrollar políticas públicas futuras destinadas al acceso al trabajo formal de la comunidad trava trans. En la charla, las funcionarias les aseguraron que el cupo laboral trava trans “es un eje” para ese Ministerio y señalaron que la intención es que “el cupo se de en toda la Argentina”. Por eso resaltaron la importancia de “reconocer e incorporar estos procesos de promoción y garantía de derechos locales para potenciarlos y replicarlos” en todo el país.

Además, desde la cartera se ofrecieron “posibles líneas de acciones que puedan resolver la situación de vulnerabilidad actual hasta tanto se resuelva la situación de manera más permanente”.

La reunión «fue muy productiva ya que permitió buscar alternativas y pensar estrategias para resolver nuestra situación en particular así como la situación de toda la comunidad trans de Paraná y por qué no, del país”, afirmaron Iara, Vanesa, Matías, Fernanda, Paola y Gabriela. “Fue crucial sentir la hermandad entre nosotras, porque saber que hay una compañera trans (en referencia a Alba Rueda, subsecretaria de Diversidad) en estos espacios nos permite pensar en cambiar las cosas. Agradecemos profundamente la predisposición de atendernos y buscar alternativas”, apuntaron también.

El camino

El camino para acceder a los contratos en la Municipalidad de Paraná –que significaron para elles el ingreso al empleo formal– se inició en 2018, cuando el Municipio a encargó Iara, Vanesa, Matías, Fernanda, Paola y Gabriela un proyecto para relevar a la comunidad trans de la ciudad y conocer sus condiciones de vida y sus características sociodemográficas.

Los datos que se obtuvieron a través del relevamiento –que se inició en septiembre de ese año– develaron la situación de vulnerabilidad social, económica y ciudadana que atraviesa ese colectivo.  Como consecuencia, y en base a ese informe final, la Municipalidad comenzó a implementar políticas tendientes a reconocer y reparar los derechos del colectivo, y a lograr su inclusión laboral.

Los seis contratos de locación de servicio otorgados a través del Decreto N° 217, fueron fruto de esa política. Por eso al quedar sin empleo el 31 de octubre pasado, la grupa decidió emprender el camino de lucha para recobrar esos puestos laborales y el derecho a un trabajo digno.

El 28 de noviembre presentaron un amparo en la justicia entrerriana, reclamando su recontratación o el pase a planta permanente del Estado. El 6 de diciembre, en un fallo histórico que incorpora la perspectiva de género, el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, hizo lugar al amparo y ordenó al Municipio “dictar los actos administrativos necesarios para la reincorporación de las amparistas, computada a partir del 1º de noviembre de 2019, mediante la renovación de los contratos en las mismas condiciones que prestaban servicios, con el consecuente abono de los sueldos devengados en el mes de noviembre del corriente y hasta que se implemente efectivamente el mecanismo de selección y designación de agentes trans que reglamente el municipio, conforme el cupo establecido en la Ordenanza nº 9834”. Le daba al Municipio un plazo de tres días hábiles para cumplir la sentencia. Pero la gestión del entonces intendente Varisco apeló. Y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el voto de los vocales Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Germán Carlomagno, hizo lugar parcialmente a la apelación, revocó el fallo de Barbirotto y rechazó el planteo de reincorporación.

“Si de algo no puede acusarse a la administración es que haya ejercido actos discriminatorios -en sentido negativo- contra las amparistas”, se lee en la sentencia del STJ, que fue fundamentada por el juez Giorgio. “No advierto que la administración haya actuado (…) contrariando alguna norma jurídica, ejerciendo su potestad discrecional de manera -además- enteramente razonable en el contexto institucional que atraviesa la Municipalidad de Paraná (cuya situación es de público conocimiento) por lo que no se configura en la especie aquella ilegitimidad en la omisión estatal que exige el amparo”, indica el magistrado en otro párrafo.

En el mismo fallo, que tiene fecha del 27 de diciembre, el STJ también hizo lugar parcialmente al amparo y resolvió que se les abone a les seis trabajadores los haberes correspondientes a noviembre, por considerar verificada “la efectiva prestación laboral por parte de las accionantes” durante ese mes.

A la Corte

Tras el fallo adverso del STT, les trabajadores decidieron continuar el proceso en la justicia y por eso evalúan elevar la apelación ante la Corte Suprema de Justicia. “La idea es apelar porque nosotras necesitamos el laburo”, sostuvo Iara ante Presentes. “Ojalá se pueda tener un arreglo con nuestros contratos y nuestros pases a planta, que se puedan llevar adelante políticas públicas para nuestra comunidad, que venimos luchando hace un montón, y podamos concretar un ingreso al Municipio. Porque no queremos retroceder”, agregó.

Luego contó que mantuvieron reuniones informales con integrantes de la actual gestión municipal, encabezada por el intendente Adán Bahl. “Pero se hicieron siempre fuera de lo formal, que es lo que nos interesa”, lamentó. Fernanda, por su parte, espera que las nuevas autoridades municipales tengan “un gesto humano” y resuelvan la reincorporación de las seis. “La esperanza nunca se pierde”, finalizó.

Fuente Agencia Presentes

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Juez de Paraná ordenó a la Municipalidad reincorporar a trabajadoras trans

Martes, 24 de diciembre de 2019
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PHOTO-2019-11-28-12-49-14-1024x768Por Gisela Romero, desde Paraná

La Justicia de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, hizo lugar al amparo presentado por cinco mujeres trans y un varón trans de la ciudad y ordenó su reincorporación. Si bien la comuna apeló el fallo, la sentencia debe cumplirse. Presentes accedió a los fundamentos de la sentencia, considerada histórica por el colectivo travesti trans.

El juez Penal de Niños y Adolescentes,  Pablo Barbirotto, hizo lugar al amparo presentado por Vanesa Arami Bello, Paola López, Gabriela Abigail Manríquez, Iara Aranzazu Quiroga, Fernanda Ramírez y Matías Berón contra el municipio de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

Y, en el texto al que tuvo acceso Presentes, el magistrado dispuso “ordenar al Departamento Ejecutivo Municipal a que en el término de tres (3) días hábiles a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda a dictar los actos administrativos necesarios para la reincorporación de las amparistas, computada a partir del 1 de noviembre de 2019, mediante la renovación de los contratos en las mismas condiciones que prestaban servicios, con el consecuente abono de los sueldos devengados en el mes de noviembre del corriente y hasta que se implemente efectivamente el mecanismo de selección y designación de agentes trans que reglamente el municipio, conforme el cupo establecido en la Ordenanza nº9834”.

“Considero que es una sentencia ejemplar, que sentará un precedente. En la cual el magistrado resuelve con perspectiva de género, en protección a derechos de raigambre constitucional y convencional. Procurando la igualdad de oportunidades de las personas en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”, dijo a Presentes la abogada Aranzazu Quiroga, patrocinadora de la grupa.

La letrada informó que el municipio apeló la sentencia, por lo cual ahora tendrá que resolver el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. La presentación fue interpuesta el sábado y, de acuerdo a los tiempos de la Justicia, la sentencia del alto cuerpo se conocerá en unos 10 días. “Igualmente la sentencia se tiene que cumplir mientras tanto. O sea, el miércoles deben reincorporarlas”, explicó.

Fallo histórico

La sentencia del juez Pablo Barbirotto fue muy bien recibida en la grupa que accionó judicialmente, que salió públicamente a agradecerle al magistrado y a celebrar la decisión.

Me pareció un paso gigante hacia nosotras, la comunidad travesti, trans, y que sí hay personas que piensan en nosotras y nos ven como a cualquier persona que puede desempeñar una labor pública”, manifestó a Presentes Fernanda Ramírez, una de las mujeres trans que firmó el amparo.

Sentí mucha emoción, alivio, felicidad de que alguien me respete mi identidad de género y que vea que mi elección de vida no tiene que ver con mi capacidad laboral. Esto es algo histórico en la ciudad de Paraná como también en la provincia”, resaltó Fernanda, quien agradeció en particular, “por la dedicación, esfuerzo y por creer en nosotras a María Marta Zuiani, Gonzalo Molina, a la doctora Aranzazu Quiroga y al Juez Barbiroto”.

Por su parte Gabriela Manrique, otra de las denunciantes, resaltó ante Presentes la importancia del fallo. “El viernes me enteré. Estaba yendo a la escuela porque tenía que rendir una materia, porque curso de noche, y me llamó la concejal María Marta Zuiani y me dio la sorpresa. Sentí una gran alegría y no podía creer, porque era una buena noticia para el grupo recuperar el trabajo. Fue una noticia fantástica”, señaló.

Ahora espero poder seguir con mi vida cotidiana. El miércoles nos tenemos que presentar a ver qué nos espera”, comentó además Gabriela. Y redondeó: “Recuperar el trabajo es digno para cualquier persona, es lo que buscábamos como grupo y lo podemos compartir. Estoy muy feliz”.

En la misma línea Gonzalo Molina, integrante del Programa Integral de Género, Derechos y Salud de la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), quien acompañó a sus compañeres en la presentación del amparo, aseguró: “Este fallo es histórico. Así como lo elaboramos, presentamos y militamos colectivamente, el impacto es colectivo. No es un fallo individual para las personas trans que fueron amparistas sino para toda una comunidad la Justicia estuvo a la altura de las circunstancias y se reivindicó en el lugar de las garantías de derechos”.

“El fallo también es una posibilidad que se abre para toda una comunidad travesti trans que tuvo vinculaciones previas casi exclusivamente por la criminalización sobre sus identidades. Entonces en este caso, que haya un acceso a la Justicia para reparar un derecho es muy valioso, y sienta un antecedente necesario que también permite tener esperanzas para seguir luchando. En ese sentido estamos muy contentos y contentas”, afirmó ante Presentes.

El planteo de la Municipalidad

Los doctores Walter Rolandelli, Francisco Avero, Adrian Albornoz y Guido Zufiaurre, en representación de la comuna paranaense, rechazaron la demanda de las trabajadoras trans.

Entre otros argumentos, los abogados expresaron que “en caso de resolverse a favor significaría una violación a la división de poderes, ya que se configuraría una injerencia del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, por cuanto el Municipio cuenta con facultades discrecionales de contratación, renovación, o no renovación, de contratos temporales que solo cuentan como limitación el que se ajusten al presupuesto aprobado”.

Además, consideraron que la acción interpuesta “no se ajusta a derecho, viola principios constitucionales y afecta la institucionalidad, por cuanto pretenden que se les reconozca el derecho al pago de los haberes pertenecientes al mes de noviembre, cuando dejaron de tener una vinculación contractual con su representada el día 31 de octubre de 2019”.

Argumentos de la sentencia

El juez Barbirotto consideró en la sentencia que la demanda fue interpuesta en tiempo y forma.

Entre sus argumentos, sostuvo que “en forma preliminar, es conveniente advertir la radical importancia de la perspectiva de género para resolver este caso”. Y planteó que esto “implica cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas”. A la vez que sentenció: “Es que, si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las personas -cualquiera sean sus identidades-…”.

“En esta línea, sabido es que la comunidad travesti, transexual y transgénero se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato…Por ello, es que el reclamo de un trabajo digno de los o las componentes del colectivo trans, se hace presente”, observó Barbirotto.

El juez cita diferentes normativas al fundar su sentencia, y en el ámbito local menciona el artículo 15º de la Constitución de la provincia que reconoce y garantiza «…el derecho a la diversidad, al pluralismo y la igualdad de oportunidades”.

“A mayor abundamiento, el reconocimiento de identidades que no representan la visión dicotómica de inteligibilidad social varón-mujer, desterró al colectivo trans de ámbitos familiares, educativos y laborales, y sobre todo, lo expuso a situaciones de violencia institucional, social y cultural; por lo que la afectación de su estabilidad laboral tiene un impacto altamente negativo en sus vidas y más contundentes que el de otras personas. Esto debió ser apreciado por el Municipio a la hora de decidir la no renovación”, apuntó más adelante. Y advirtió: “En base a estas razones, no se puede evaluar el cese de los contratos de la misma forma que la de otras y otros trabajadores como pretende hacer valer el municipio”.

En esta línea, el magistrado resumió: “Es decir, la situación concreta del colectivo trans, no puede equipararse con la de otros colectivos vulnerables (madres solteras, personas con discapacidad, etc.) a las cuales tampoco se les renovó sus contratos a su vencimiento, principalmente por todas las causas de vulneración, exclusión y estigmatización supra expuestas que sufren las personas trans y, además, porque para la situación particular de otros colectivos vulnerables el Estado afortunadamente ya previó una fuerte cobertura social que no cuentan, sin embargo, las personas trans”.

“Entiendo, en suma, que por vía del trabajo formal y digno se inicia la efectiva restauración de derechos históricamente vulnerados, porque el trabajo formal en el caso de la población trans permite erradicar la prostitución y la exposición a los circuitos de violencia, a la vez que posibilita a la cobertura social de salud, jubilación y el resto de los derechos humanos esenciales íntimamente vinculados con la actividad laboral digna”, redondeó Barbirotto.

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El Tribunal de la UE prohíbe a la Iglesia despedir a empleados por cuestiones religiosas

Jueves, 13 de septiembre de 2018
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justice-europeSanciona a un hospital alemán por echar a un médico que se casó tras divorciarse

La Justicia considera que las convicciones no son “condición esencial” para la actividad profesional

(J. Bastante).- La Iglesia no tiene potestad para despedir a una persona por criterios exclusivamente ‘morales‘. Así ha sucedido en España con el caso de Resurrección Galera, y ahora ocurre lo propio en el Tribunal de la UE de Luxemburgo, que ha sancionado a un hospital alemán por despedir a un médcio tras casarse por segunda vez.

La sentencia, tal y como recoge El País, ha rechazado que un hospital de Düsseldorf dependiente de la Iglesia Católica alemana despidiera a su jefe de Medicina Interna por haberse divorciado y posteriormente haber contraído matrimonio al considerar que sus convicciones no sonuna condición esencial” para su actividad profesional.

La sentencia, que ve el despido “discriminatorio, no es el primer revés que reciben en el marco de sus relaciones laborales las instituciones eclesiásticas alemanas, que emplean a más de 1,3 millones de personas.

En concreto, J. Q., creyente católico se separó de su mujer, y al cabo de un año rehízo su vida sentimental. La dirección del hospital no dijo nada, pero sí despidió al médico cuando contrajo matrimonio por segunda vez. Entonces, alegaron “causas sociales”, que se aplican desde 1993 en la Iglesia alemana.

Estas directrices afirman que todos los trabajadores católicos deben reconocer y respetar los principios de la doctrina religiosa y moral católica en materia de fe y buenas costumbres” y recuerda que “la vida personal” de la plantilla debe dar “testimonio” de ello.

Así, las autoridades justificaron el despido de J. Q. al considerar que había infringido de forma grave los deberes que tenía con su empresa al casarse por lo civil sin que su anterior matrimonio fuese declarado nulo por la Iglesia.

Fuente Religión Digital

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Denuncian despidos improcedentes a empleados que son portadores del VIH en Paraguay

Lunes, 1 de mayo de 2017
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780x580-youtube-ecsfttehpmk-denuncian-despidos-improcedentes-a-empleados-que-son-portadores-del-vih-en-paraguayCuatro personas portadoras del VIH han sido despedidas después de que las empresas les hicieran «controles de rutina» en los que les hacen la prueba del VIH sin su conocimiento ni su consentimiento, según denuncia el Centro de Denuncias de VIH/sida en Paraguay.

El coordinador del Centro de Denuncias de VIH/sida y Derechos Humanos de Paraguay, Francisco Benítez Añazco, denuncia que en el período de enero a marzo de este mismo año se han registrado cuatro denuncias contra grandes empresas y particulares por despidos improcedentes a personas que son portadoras del VIH. « Las denuncias se refieren al estado serológico de las personas. Las empresas siguen violando la voluntariedad y confidencialidad», declara Benítez, quien sostiene que se trata de una práctica reiterativa desde 2014, que se habría incrementado en este año al haberse denunciado 4 en sólo tres meses, cuando el año pasado se registraron únicamente 6 casos en 12 meses.

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Centro de Denuncias de VIH/SIDA y DDHH Facebook – Foto: Uso permitido

«A ninguna persona que vive con VIH se le puede negar el derecho a un trabajo. En primer lugar, el VIH no incapacita a las personas para el ejercicio de cualquier puesto laboral y no representa un peligro para nadie», declara Benítez, explicando que en Paraguay la Ley 3940/09 protege al trabajador mediante la prohibición de exigirle la prueba de VIH tanto para ser contratados, como para garantizar su permanencia en el puesto laboral. Lo que algunas empresas parecen estar haciendo es someter a sus empleados a la prueba del VIH sin su conocimiento ni su consentimiento y en la creencia de que se trata de «controles de rutina», lo cuál es igualmente un procedimiento ilegal. «Aprovechan eso para realizarlo, sin el conocimiento del empleado y por lo tanto sin el consentimiento», explica Benítez.

Establecimientos y empresas como Hotel Borboun, Supermercado Los Jardines, Retail, Cavalaro SACI, Personal, Tigo, Supermercado Stock, Casa Paraná, Il Mangiare, Frigorífico Concepción, Policlínico Naval, Harinero, Brau Medical Paraguay S.A., Cinteplast Argentina, Cercepar, Farmacenter, Jobs, Copetín Toño, Agua Mineral Doña Teresa, McDonalds, o el Hotel Sheraton son algunas de las empresas que desde 2012 han sido denunciadas por discriminación laboral y que se exponen a multas o incluso el cierre definitivo de su actividad. En el primer trimestre de 2017 el Centro de Denuncias del VIH/SIDA y Derechos Humanos, informó que de 74 denuncias que recibieron, 44 pertenecen a personas que viven con VIH, de los cuales, cuatro están relacionados con despidos laborales al tener conocimiento de su estado serológico.

Fuente Universogay

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El trabajo es un derecho humano

Miércoles, 3 de febrero de 2016
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0000187735Pablo Fracchia (izda) con su pareja

Pablo Fracchia, compañero de la Federación Argentina LGBT, se desempeñaba en la Dirección de Derechos Humanos, en el Ministerio de Seguridad. En la carta, explica cómo fue su despido. En esa cartera, ya fueron echados alrededor de 200 personas.

Por Pablo Fracchia

¿Por qué no? Si lo mismo que viví yo hoy le pasó a casi mas de 30.000 personas que llegaron un día a su puesto de laburo y les avisaron que no tenían mas trabajo.

Desde que llegó la nueva gestión, intentamos, desde la Dirección de Derechos Humanos en la que trabajo, presentarnos ante las nuevas autoridades para contarles lo que hacíamos. No nos recibieron. Nunca.

Hoy despidieron a parte del equipo que finalmente identificó a Luciano Arruga, y no lo saben. Porque nadie se tomó 10 minutos para sentarse con nosotros y preguntarnos cual era nuestra tarea o que políticas abordábamos.

Yo no fui el único caso, 13 compañeras y compañeros de la Dirección y casi doscientos y pico de laburantes del ministerio se enteraron hoy que ya no tenían mas trabajo.

No le conozco la cara al tipo que agarró un listado de nombres y decidió con un fibron nuestro destino y el de nuestras familias, y eso es macabro.

De la Dirección en la que trabajo, salieron las normativas que regulan qué tiene que hacer la Policía Federal ante un caso de Violencia intrafamiliar, o la resolución que permite que hoy tengamos personas trans en las fuerzas.

Tampoco lo saben. No les interesó. Solo querían que “les cierre el numero”.

Leo que muchos de mis contactos sostienen el relato oficial de que el macrismo está limpiando ñoquis. Y yo eso no lo puedo permitir. Los que me conocen saben quien soy, mis valores y de mi decisión consciente (aun resignando salario) de irme del ámbito privado para aportar todo lo que humildemente pueda para la construcción de políticas públicas.

Acá el problema es que no sobran trabajadores estatales, acá va a faltar un Estado presente. Y lo hacen porque vienen por tu laburo, por tu salario. Porque con 30.000 nuevos desempleados, vamos estar haciendo fila en la puerta de tu laburo dispuestos a cobrar menos que vos, para poder llevar el pan a la casa. ¿Y sabes quien gana con eso? El empresario, que ahora si puede negociar salarios “mas competitivos” como a ellos les gusta decir.

¿Todos somos ñoquis? Aún sabiendo que los tipos pueden ir a mi archivo y ver cómo marqué mi dedito durante todo este tiempo.

¿Todos los despedidos somos ñoquis? Ñoquis que administran el comercio, ñoquis que hacen satélites, ñoquis que gestionan las jubilaciones de nuestros abuelos.

Decime que me echás por Kirchnerista. Decime que me rajas porque queres poner a alguien tuyo a que cobre mi sueldo. Decime que es porque queres desguazar al Estado, y debatiremos todo lo necesario. Pero no me digas que me echás por ñoqui, porque es una falta de respeto a mi profesión, a mi compromiso y a mi decisión de ser un trabajador estatal, porque un puesto de laburo menos en el Estado, es un derecho conquistado que no se defiende.

Espero que despertemos, y podamos corregir el error histórico de dejar que la derecha gobierne de manera democrática por primera vez en la Argentina. Un saludo especial a Jerry Millman, actual Secretario de Seguridad Interior -Ex Diputado Nacional y el responsable de negociar los despidos- quien hasta hace 3 horas era el hijo mimado de Margarita Stolbizer del GEN en la 3ra Sección Electoral y ex candidato a Intendente de Progresistas de Avellaneda. Algún dia también los dirigentes de los partidos deberán hacerse cargo de los monstruos que crean. Porque parece que él ya ganó.

Por mi parte, estaré junto a mis compañeros y compañeras en pie de lucha, resistiendo el embate neoliberal. ¡Acá no se rinde nadie! ¡Ni un paso atrás, ni para tomar impulso! ¡Organización y Lucha!

Fuente FALGBT

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Diferencias en las diócesis de Florida: El arzobispo de Miami, Thomas Wenski , amenaza a sus empleados con el despido si apoyan el matrimonio igualitario y el de San Petersburgo, Robert Lynch, pide calma, respeto y acogida

Domingo, 11 de enero de 2015
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archbishop_wenski_mosaicLa ropa que llevan y las cruces que cada uno tienen detrás, lo dicen todo…

El arzobispo Wenski escribió un mensaje a sus trabajadores en el que les aconsejaba que se comportasen según los principios de la Iglesia católica.

Tras la reciente legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Florida, muchos miembros de la Iglesia se han opuesto ya a la nueva legislación, expresándose públicamente en contra de esta.

La última polémica la protagoniza Thomas Wenski , arzobispo de Miami, que ha enviado un mensaje a todos los empleados de la Iglesia advirtiéndoles de que cualquier expresión de apoyo al matrimonio gay – incluso si se tratase de un tweet o un mensaje de Facebook – podría costarles sus puestos de trabajo.

“Cualquiera que sea el papel que usted tiene dentro de la Arquidiócesis, representa públicamente a la Iglesia Católica y a la Archidiócesis en todo lo que hace y dice” fueron algunas de las palabras recogidas en la nota, según informa la cadena de noticias NBC.

El arzobispo incluyó también un extracto del manual de comportamiento que deben seguir sus empleados. Uno de los capítulos indicaba que de todos los trabajadores de la arquidiócesis “se espera que se comporten de una manera ética y moral en consonancia con los principios católicos.”

Este mismo artículo llegaba a afirmar que un comportamiento incompatible con las enseñanzas católicas podría conducir al despido, “incluso si este se produjese fuera del trabajo realizado por el empleado de la Arquidiócesis.”

En el blog del New Ways Ministry, un grupo líder en la defensa de los homosexuales y lesbianas católicos, el periodista Bob Shine dijo que el mensaje de Wenski fue la “forma más trágica para empezar el nuevo año” y espera “que otros obispos de Florida y de otros lugares no imiten esas tácticas amenazantes. Un mensaje de apoyo al colectivo teniendo en cuenta la situación de numerosos trabajadores de la iglesia que incluso han sufrido despidos por apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero los obispos de Estados Unidos no tienen una política uniforme sobre la cuestión, que está despertando controversia y un intenso debate en la Iglesia Católica en general. Sin embargo, los obispos de Alemania se han comprometido a cambiar sus políticas de empleo para permitir que tanto gays como lesbianas puedan contraer matrimonio.

tbo.comOtro obispo, monseñor Robert Lynch, de San Petersburgo, también ha hablado sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Florida, pero esta vez tratando de calmar el miedo y la histeria fomentada por otros líderes católicos del estado.

En un artículo para el Tampa Bay Times, el obispo Lynch comienza con el lenguaje esperado sobre la opinión de los obispos sobre el matrimonio y anima a los opositores de la igualdad del matrimonio a defender sus puntos de vista en el diálogo con los demás. Menos habitual es lo que sigue en la segunda mitad de la columna, en la que Lynch expresa cierta conciencia de las contribuciones de las parejas del mismo sexo a la iglesia y la sociedad. Invocando al papa Francisco y al Sínodo sobre la Familia, escribe:

También reconozco que la realidad de la familia hoy en día, en todas sus complejidades, presenta a la iglesia unos desafíos pastorales que la Iglesia se esfuerza por aceptar a las personas en las circunstancias concretas de su vida y darles su apoyo y alentarlos en su búsqueda de Dios y su deseo a ser miembros de la iglesia.

Por lo tanto, no deseo prestar nuestra voz a las nociones que podría sugerir que las parejas del mismo sexo son una amenaza incapaz de  compartir relaciones  marcadas por el amor y la santidad y, por lo tanto, incapaces de contribuir a la edificación de la iglesia y la más amplia la sociedad.

 “En medio del cambio de las definiciones sociales e interpretaciones del matrimonio, sin duda puede haber alguna confusión. Sin embargo, con paciencia y  humildad, nuestra iglesia  debe esforzarse continuamente por descubrir lo que el Espíritu dice y responder a la sugerencia de los Padres del Sínodo para discernirir cuál es la respuesta pastoral fiel a la enseñanza de iglesia y marcada por el respeto y la sensibilidad podría ser apropiada para las parejas del mismo sexo, así como se afirma en los diseños creativos de Dios y para la comprensión sacramental de la iglesia del matrimonio son afirmados. “

Se puede leer la columna del obispo en su totalidad haciendo clic aquí. Su sustancia, así como el tono de Lynch, es marcadamente diferente de la declaración de la Conferencia Católica de la Florida y la reacción del arzobispo de Miami, Thomas Wenski. Bondings 2.0 informó ayer acerca de la carta de Wenski sobre la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo intimidando a los trabajadores de la iglesia y advirtiéndoles de no  apoyar públicamente los derechos LGBT en cualquier lugar y en cualquier momento.

El obispo Lynch tiene un historial relativamente positivo sobre temas LGBT, indicando previamente que la Diócesis de San Petersburgo quiso dar la bienvenida a las personas LGBT. Lynch  calificó el 2014 Sínodo sobre la Familia de 2014 como un momento importante de honestidad y colegialidad.” Él fue uno de los pocos obispos estadounidenses que aportaron resultados de la encuesta diocesana previa a la reunión de octubre en Roma. Escribiendo en su blog acerca de los resultados, Lynch dijo que deseaba oír más de los católicos que se han alejadoy escribió sobre los temas LGBT:

“He hecho saber que no voy a tolerar ningún tipo de discriminación o cualquier cosa que huela a punitivo con los hijos de parejas del mismo sexo. Creo que todos los representantes de los diferentes ministerios de la Iglesia pueden ser más amables, más suaves, más acogedores y menos críticos con aquellos que no se identifican con nuestra praxis y  predicación sobre el matrimonio y la vida familiar por estar en desacuerdo con sus experiencias

El enfoque de Bishop Lynch sobre el matrimonio igualitario mantiene sus convicciones mientras reconoce respetuosamente que los derechos LGBT son reconocidos por el derecho civil y que los líderes de la iglesia deben responder en consecuencia como pastores.

Fuente  New Ways Ministry,

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