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Exigen a la Justicia se esclarezca la muerte de la joven trans Victoria Núñez: apuntan a la policía

Lunes, 2 de agosto de 2021

E7AcIARX0AAnZJCTravestis y trans autoconvocadxs, familiares y amigues, exigieron que la justicia investigue el caso y se esclarezcan las causas de su fallecimiento y demandaron al gobierno nacional, provincial y municipal la falta de políticas públicas concretas para el colectivo.

Vicky Núñez, una joven trans de 27 años, de Paraná, Entre Ríos, murió el pasado miércoles en circunstancias poco claras tras una intervención policial. Travestis y trans autoconvocadxs, familiares y amigues, exigieron que la justicia investigue el caso y se esclarezcan las causas de su fallecimiento y demandaron al gobierno nacional, provincial y municipal la falta de políticas públicas concretas para el colectivo. La concentración fue frente al edificio del Poder Judicial y frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Luego de las intervenciones y la lectura del documento marcharon hacia el palacio municipal.

Marcela, la mamá de la joven, manifestó estar “destrozada” ante el hecho, dijo que todavía la Justicia no les ha informado de nada y solicitó “manejarse con cautela” respetando el dolor.

¿Por qué se señala a la Policía de Entre Ríos?

Según la información a la que accedió Presentes a través de su familiares y amigos, Jorge, pareja de Vicky, llamó a la Policía cuando ella entró en shock. Al acudir al domicilio ubicado en la zona de calles Newbery y Garrigo, el móvil del 911 la encontró convulsionando por lo que se pidió la intervención de la ambulancia para su traslado al hospital San Martín. A los pocos minutos se confirmó su deceso.

En diálogo con Presentes, Macarena Cornejo, militante y activista de Paraná demandó: “Es una muerte dudosa. Amistades acompañamos a la familia en el proceso judicial y seguimos a la espera de que la Justicia de una respuesta. Como colectivo vamos a acompañar el pedido de justicia, queremos que actúen con un buen proceder, queremos saber la verdad”.

WhatsApp-Image-2021-07-26-at-20.56.18-1024x576Por su parte, Iara Aranzazú Quiroga, activista, militante y amiga de Victoria dijo haberla conocido desde años, en las noches cuando ejercían la prostitución. La describió como una joven simpática, divertida y “luminosa” y señaló al Estado y en particular a la Policía por haber intervenido de manera violenta en el procedimiento.

 En este sentido, aseguró estar cansada de que quiénes tienen la responsabilidad de bregar por los derechos de las disidencias sexoafectiva porque miran para otro lado y señaló al gobierno provincial y municipal por no dar respuestas ante las continúas demandas y solicitudes de las “compañeras”.

Para describir a Vicky, Wanda Sayes amiga de la misma expresó: “Fue una gran amiga. Estuvo siempre presente en mis peores momentos, era una persona especial. Su muerte no puede quedar en la nada como venimos viendo con las pérdidas de otras compañeras. Por su memoria vamos a seguir luchando”.

¿Qué denunciaron en el documento?

“Hoy el dolor nos vuelve a encontrar a las travestis y trans. La muerte de Victoria Núñez, ‘Vicky’ como la conocíamos dentro del colectivo, como tantas veces hacen explícitas las condiciones de vida de las travestis y trans y dejan en evidencia, como siempre, la ausencia del Estado. La extrema pobreza, la vulnerabilidad, la soledad, las huellas del maltrato y la violencia sistemática exponen la situación en la cuales vivimos, algo que ya no pueden esconder”, dice el documento.

WhatsApp-Image-2021-07-26-at-20.56.18-1-1024x576En segundo lugar, demanda: “Basta de violencia policial y denunciamos a la Policía de Rosario Romero y de Bordet. Le exigimos verdad y Justicia por los travesticidios de Vicki, Nicki, La Loba y cada una de nuestras muertas. Basta crímenes de odio y basta de travesticidios y transfemicidios”.

En tercer lugar manifiesta: “El dolor no nos paralizará. Nos encontramos en un día de intensificación de lucha, denuncias, demandas, reclamos y reivindicaciones por la igualdad de los derechos para cada una de nuestras cuerpas, por cada una que pisa no solo ésta ciudad sino la provincia entera. Porque hacemos responsable al Estado y los Gobiernos, sin distinciones, de la vida a la que nos condenaron y nos condenan”.

Manifestación en Córdoba contra transfemicidios terminaron en represión policial

El lunes a la noche el colectivo @aparicionconvidadetehuel.cba convocó a encontrarse en la Plaza de la Intendencia de Córdoba Capital: “hartxs de que nos asesinen, nos desaparezcan y nos encierren por ser quienes somos”, dijeron en la proclama.

Según informó el medio local La Tinta, mientras se manifestaban pacíficamente, Infantería reprimió violentamente con gases lacrimógenos y se llevó detenidas a dos personas trans. Se encuentran en la Unidad Fiscal de Atención Inmediata (UFAI). “Ya están interviniendo abogadxs de organizaciones sociales y la Coordinación Regional de los Centros de Acceso a Justicia. Desde la organización llaman a concentrarse en calle Laprida 730, para exigir la inmediata liberación”.

Esta marcha para exigir justicia por la joven trans formoseña Fátima Belén, quien fue asesinada en una comisaría. Tan solo tres días después, el miércoles 21 de julio, Vicky Nuñez falleció en circunstancias dudosas luego de una intervención policial.

Fuente Agencia Presentes

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Tras negativa de ser reincorporadas, trans de Paraná convocan a marcha

Viernes, 17 de enero de 2020

PHOTO-2019-11-28-12-49-14-1024x768“El TRAVAjo para les trans es una deuda de la democracia. La reincorporación es una decisión política”. Con esa frase, el colectivo LGTB+ de Paraná convoca  a una marcha en Paraná el miércoles 15 de enero, para exigirle al intendente Adán Bahl que restituya los puestos laborales  a las seis personas trans cuyos contratos cayeron el 31 de octubre pasado. 

Por Silvia Mernes

“En Paraná marchamos el miércoles 15 a las 18 horas desde Casa de Gobierno hasta la Municipalidad. Exigimos al Intendente Adán Bahl la reincorporación de les compañeres trans despedides”, se lee en la convocatoria, que fue difundida a través de las redes sociales y que lleva las etiquetas #LosDerechosNoSeTocan y #ReincorporaciónYA.

Los contratos de Iara Aranzazú Quiroga, Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián Berón, Gabriela Abigail Manrique, Paola Natalí López y Fernanda Ramírez finalizaron el 31 de octubre pasado –durante la gestión del anterior intendente, Sergio Varisco– y no fueron renovados.

“Le exigimos al actual intendente la reincorporación inmediata de les compañeres travas y trans”, remarcó en declaraciones a Presentes Keili González, activista trava feminista de Nogoyá, que estará en la capital entrerriana para acompañar la lucha. “Nos hemos organizado para defender un derecho elemental porque no tenemos por qué seguir soportando que nos roben la vida y con esas piezas construyan políticas en beneficio de unos pocos. No debemos ser variable de ajuste. Debemos ser parte de esas decisiones que allanen la vida de les oprimides”, agregó.

La activista consideró “incompatible que simultáneamente a esta vulneración de derechos se cree el Área de la Mujer, Género y Diversidad en la Municipalidad, y que quienes estén sentades como responsables hagan caso omiso y sean cómplices de la violencia que ejerce el Estado sobre nuestro colectivo. Son compañeras que están sentadas ahí gracias a nuestras luchas”, recordó.

La marcha fue resuelta en una asamblea abierta realizada el sábado 11 de enero en la Plaza Sáenz Peña, luego de que el Municipio comunicara oficialmente a les trabajadores la decisión de no reincorporarles.

“Debido a la emergencia económica en la que se encuentra la Municipalidad, que fue declarada por ordenanza, y las denuncias que se encuentran en la justicia respecto a los actos administrativos realizados por el gobierno anterior, no es posible, por el momento, la reincorporación de las seis personas travestis y trans cuyos contratos vencieron el 31 de octubre pasado”, se les informó en una reunión que se desarrolló el lunes 6 de enero entre representantes del colectivo LGBT+ de la capital entrerriana y dos funcionarias municipales: la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo, y la subsecretaria de Mujer y Diversidad, Cristina Ingleson.

“Me fui desilusionada”, dijo Iara Quiroga, una de las trabajadoras trans, al finalizar esa reunión. Contó que, en un intento de paliar la situación, las funcionarias se ofrecieron a conseguirles “un bolsón de mercadería y un voucher para la luz”. Pero lamentó: «Hay compañeras que no tienen vivienda propia, como yo, y no tenemos dónde vivir, así que qué luz vamos a pagar”.

Unos días antes, el viernes 3 de enero, la grupa viajó a Buenos Aires [link *1] para plantear su situación ante Cecilia Merchán, secretaria de Igualdad y Diversidad, y Alba Rueda, la subsecretaria de Diversidad, ambas dependientes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta.

Volvieron felices porque las funcionarias nacionales se mostraron dispuestas a contribuir en la búsqueda de una solución y propusieron conformar una mesa de trabajo articulado entre el Municipio de Paraná, el Gobierno de Entre Ríos y Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, que tenga como objetivo “resolver esta situación en particular así como promover la inclusión de la comunidad trava trans de Paraná en general”. También notaron que  este caso podría dar impulso al desarrollo de políticas públicas que permitan el acceso al trabajo formal a toda la comunidad trans del país.

En cambio, en la reunión con las autoridades paranaenses no encontraron las respuestas que esperaban. Tras el cambio de gobierno municipal, producido el 11 de diciembre pasado, les contratades sintieron que podía ser una realidad lograr nuevos contratos y sostener el empleo formal. Pero desde el Municipio mantuvieron la decisión de no reincorporarles bajo dos argumentos: primero, la obligación de acatar el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que revocó el dictamen en primera instancia (del juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto) [link *2] que hizo lugar al amparo [link *3] presentado por las seis personas trans; y segundo, que los contratos vencieron el 31 de octubre y la decisión de no renovarlos fue de la anterior gestión.

La grupa ya anunció que, además de la movilización del miércoles y las futuras gestiones administrativas que puedan realizar, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia. Porque el objetivo primero es recuperar los puestos laborales. Pero la aspiración principal es reivindicar el derecho del colectivo trava trans a acceder y sostener un trabajo digno.

Fuente Agencia Presentes

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Trabajadoras trans de Paraná luchan por sus puestos: llevaron planteo a Nación

Viernes, 10 de enero de 2020

PHOTO-2019-11-28-12-49-14-1024x768 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Por Silvina Mernes, desde Paraná

Las seis personas trans que iniciaron un reclamo judicial luego de que cayeran sus contratos en la Municipalidad de Paraná, llevaron sus planteos ante funcionarias del Gobierno nacional. De este modo apuestan no sólo a recuperar sus puestos laborales, sino también a que su caso sea el puntapié inicial para el impulso de políticas públicas que permitan el acceso al trabajo formal a toda la comunidad trans del país.

Iara Aranzazú Quiroga, Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián Berón, Gabriela Abigail Manrique, Paola Natalí López y Fernanda Ramírez, viajaron a Buenos Aires el viernes 3 de enero para entrevistarse con funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta. Fueron recibides por la secretaria de Igualdad y Diversidad, Cecilia Merchán, y la subsecretaria de Diversidad, Alba Rueda.

El contacto con las funcionarias se dio luego de que el 27 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos revocara el fallo del juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, que había hecho lugar al amparo contra la baja de los contratos –presentado por la grupa el 28 de noviembre– y ordenado a la Municipalidad de la capital entrerriana la reincorporación inmediata de les trabajadores.

La gestión del entonces intendente Sergio Varisco apeló esa sentencia de primera instancia y luego el STJ revirtió la decisión de Barbirotto y rechazó el planteo de reincorporación, al considerar que la administración municipal “no cometió ninguna irregularidad legal al omitir la renovación contractual una vez vencido el periodo que duró el vínculo de empleo público”.

En el encuentro con las funcionarias nacionales, les trabajadores informaron “el estado de situación actual luego de los dos fallos judiciales (a favor y en contra en primera y segunda instancia, respectivamente)” y plantearon la necesidad de generar una “articulación” con distintos estamentos estatales para lograr la reincorporación de las seis personas trans que fueron desvinculadas de sus puestos laborales en el Municipio.

“Nos escucharon”, resaltó en declaraciones a Presentes Fernanda Ramírez, una de las trabajadoras despedidas, al hacer un balance de la reunión. Por su parte, Iara Quiroga amplió: “Nos vinimos contentas porque la construcción la vamos a seguir, más allá de lo que diga la Justicia”. Resaltó que Merchan y Rueda se mostraron dispuestas a contribuir en la búsqueda de una solución. Para ello se planteó la posibilidad de conformar una mesa de trabajo articulado entre el Municipio de Paraná, el Gobierno de Entre Ríos y Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, que tenga como objetivo “resolver esta situación en particular así como promover la inclusión de la comunidad trava trans de Paraná en general”.

Iara señaló también que el caso de Paraná podría ser considerado como un puntapié inicial para desarrollar políticas públicas futuras destinadas al acceso al trabajo formal de la comunidad trava trans. En la charla, las funcionarias les aseguraron que el cupo laboral trava trans “es un eje” para ese Ministerio y señalaron que la intención es que “el cupo se de en toda la Argentina”. Por eso resaltaron la importancia de “reconocer e incorporar estos procesos de promoción y garantía de derechos locales para potenciarlos y replicarlos” en todo el país.

Además, desde la cartera se ofrecieron “posibles líneas de acciones que puedan resolver la situación de vulnerabilidad actual hasta tanto se resuelva la situación de manera más permanente”.

La reunión «fue muy productiva ya que permitió buscar alternativas y pensar estrategias para resolver nuestra situación en particular así como la situación de toda la comunidad trans de Paraná y por qué no, del país”, afirmaron Iara, Vanesa, Matías, Fernanda, Paola y Gabriela. “Fue crucial sentir la hermandad entre nosotras, porque saber que hay una compañera trans (en referencia a Alba Rueda, subsecretaria de Diversidad) en estos espacios nos permite pensar en cambiar las cosas. Agradecemos profundamente la predisposición de atendernos y buscar alternativas”, apuntaron también.

El camino

El camino para acceder a los contratos en la Municipalidad de Paraná –que significaron para elles el ingreso al empleo formal– se inició en 2018, cuando el Municipio a encargó Iara, Vanesa, Matías, Fernanda, Paola y Gabriela un proyecto para relevar a la comunidad trans de la ciudad y conocer sus condiciones de vida y sus características sociodemográficas.

Los datos que se obtuvieron a través del relevamiento –que se inició en septiembre de ese año– develaron la situación de vulnerabilidad social, económica y ciudadana que atraviesa ese colectivo.  Como consecuencia, y en base a ese informe final, la Municipalidad comenzó a implementar políticas tendientes a reconocer y reparar los derechos del colectivo, y a lograr su inclusión laboral.

Los seis contratos de locación de servicio otorgados a través del Decreto N° 217, fueron fruto de esa política. Por eso al quedar sin empleo el 31 de octubre pasado, la grupa decidió emprender el camino de lucha para recobrar esos puestos laborales y el derecho a un trabajo digno.

El 28 de noviembre presentaron un amparo en la justicia entrerriana, reclamando su recontratación o el pase a planta permanente del Estado. El 6 de diciembre, en un fallo histórico que incorpora la perspectiva de género, el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, hizo lugar al amparo y ordenó al Municipio “dictar los actos administrativos necesarios para la reincorporación de las amparistas, computada a partir del 1º de noviembre de 2019, mediante la renovación de los contratos en las mismas condiciones que prestaban servicios, con el consecuente abono de los sueldos devengados en el mes de noviembre del corriente y hasta que se implemente efectivamente el mecanismo de selección y designación de agentes trans que reglamente el municipio, conforme el cupo establecido en la Ordenanza nº 9834”. Le daba al Municipio un plazo de tres días hábiles para cumplir la sentencia. Pero la gestión del entonces intendente Varisco apeló. Y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el voto de los vocales Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Germán Carlomagno, hizo lugar parcialmente a la apelación, revocó el fallo de Barbirotto y rechazó el planteo de reincorporación.

“Si de algo no puede acusarse a la administración es que haya ejercido actos discriminatorios -en sentido negativo- contra las amparistas”, se lee en la sentencia del STJ, que fue fundamentada por el juez Giorgio. “No advierto que la administración haya actuado (…) contrariando alguna norma jurídica, ejerciendo su potestad discrecional de manera -además- enteramente razonable en el contexto institucional que atraviesa la Municipalidad de Paraná (cuya situación es de público conocimiento) por lo que no se configura en la especie aquella ilegitimidad en la omisión estatal que exige el amparo”, indica el magistrado en otro párrafo.

En el mismo fallo, que tiene fecha del 27 de diciembre, el STJ también hizo lugar parcialmente al amparo y resolvió que se les abone a les seis trabajadores los haberes correspondientes a noviembre, por considerar verificada “la efectiva prestación laboral por parte de las accionantes” durante ese mes.

A la Corte

Tras el fallo adverso del STT, les trabajadores decidieron continuar el proceso en la justicia y por eso evalúan elevar la apelación ante la Corte Suprema de Justicia. “La idea es apelar porque nosotras necesitamos el laburo”, sostuvo Iara ante Presentes. “Ojalá se pueda tener un arreglo con nuestros contratos y nuestros pases a planta, que se puedan llevar adelante políticas públicas para nuestra comunidad, que venimos luchando hace un montón, y podamos concretar un ingreso al Municipio. Porque no queremos retroceder”, agregó.

Luego contó que mantuvieron reuniones informales con integrantes de la actual gestión municipal, encabezada por el intendente Adán Bahl. “Pero se hicieron siempre fuera de lo formal, que es lo que nos interesa”, lamentó. Fernanda, por su parte, espera que las nuevas autoridades municipales tengan “un gesto humano” y resuelvan la reincorporación de las seis. “La esperanza nunca se pierde”, finalizó.

Fuente Agencia Presentes

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Juez de Paraná ordenó a la Municipalidad reincorporar a trabajadoras trans

Martes, 24 de diciembre de 2019

PHOTO-2019-11-28-12-49-14-1024x768Por Gisela Romero, desde Paraná

La Justicia de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, hizo lugar al amparo presentado por cinco mujeres trans y un varón trans de la ciudad y ordenó su reincorporación. Si bien la comuna apeló el fallo, la sentencia debe cumplirse. Presentes accedió a los fundamentos de la sentencia, considerada histórica por el colectivo travesti trans.

El juez Penal de Niños y Adolescentes,  Pablo Barbirotto, hizo lugar al amparo presentado por Vanesa Arami Bello, Paola López, Gabriela Abigail Manríquez, Iara Aranzazu Quiroga, Fernanda Ramírez y Matías Berón contra el municipio de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

Y, en el texto al que tuvo acceso Presentes, el magistrado dispuso “ordenar al Departamento Ejecutivo Municipal a que en el término de tres (3) días hábiles a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda a dictar los actos administrativos necesarios para la reincorporación de las amparistas, computada a partir del 1 de noviembre de 2019, mediante la renovación de los contratos en las mismas condiciones que prestaban servicios, con el consecuente abono de los sueldos devengados en el mes de noviembre del corriente y hasta que se implemente efectivamente el mecanismo de selección y designación de agentes trans que reglamente el municipio, conforme el cupo establecido en la Ordenanza nº9834”.

“Considero que es una sentencia ejemplar, que sentará un precedente. En la cual el magistrado resuelve con perspectiva de género, en protección a derechos de raigambre constitucional y convencional. Procurando la igualdad de oportunidades de las personas en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”, dijo a Presentes la abogada Aranzazu Quiroga, patrocinadora de la grupa.

La letrada informó que el municipio apeló la sentencia, por lo cual ahora tendrá que resolver el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. La presentación fue interpuesta el sábado y, de acuerdo a los tiempos de la Justicia, la sentencia del alto cuerpo se conocerá en unos 10 días. “Igualmente la sentencia se tiene que cumplir mientras tanto. O sea, el miércoles deben reincorporarlas”, explicó.

Fallo histórico

La sentencia del juez Pablo Barbirotto fue muy bien recibida en la grupa que accionó judicialmente, que salió públicamente a agradecerle al magistrado y a celebrar la decisión.

Me pareció un paso gigante hacia nosotras, la comunidad travesti, trans, y que sí hay personas que piensan en nosotras y nos ven como a cualquier persona que puede desempeñar una labor pública”, manifestó a Presentes Fernanda Ramírez, una de las mujeres trans que firmó el amparo.

Sentí mucha emoción, alivio, felicidad de que alguien me respete mi identidad de género y que vea que mi elección de vida no tiene que ver con mi capacidad laboral. Esto es algo histórico en la ciudad de Paraná como también en la provincia”, resaltó Fernanda, quien agradeció en particular, “por la dedicación, esfuerzo y por creer en nosotras a María Marta Zuiani, Gonzalo Molina, a la doctora Aranzazu Quiroga y al Juez Barbiroto”.

Por su parte Gabriela Manrique, otra de las denunciantes, resaltó ante Presentes la importancia del fallo. “El viernes me enteré. Estaba yendo a la escuela porque tenía que rendir una materia, porque curso de noche, y me llamó la concejal María Marta Zuiani y me dio la sorpresa. Sentí una gran alegría y no podía creer, porque era una buena noticia para el grupo recuperar el trabajo. Fue una noticia fantástica”, señaló.

Ahora espero poder seguir con mi vida cotidiana. El miércoles nos tenemos que presentar a ver qué nos espera”, comentó además Gabriela. Y redondeó: “Recuperar el trabajo es digno para cualquier persona, es lo que buscábamos como grupo y lo podemos compartir. Estoy muy feliz”.

En la misma línea Gonzalo Molina, integrante del Programa Integral de Género, Derechos y Salud de la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), quien acompañó a sus compañeres en la presentación del amparo, aseguró: “Este fallo es histórico. Así como lo elaboramos, presentamos y militamos colectivamente, el impacto es colectivo. No es un fallo individual para las personas trans que fueron amparistas sino para toda una comunidad la Justicia estuvo a la altura de las circunstancias y se reivindicó en el lugar de las garantías de derechos”.

“El fallo también es una posibilidad que se abre para toda una comunidad travesti trans que tuvo vinculaciones previas casi exclusivamente por la criminalización sobre sus identidades. Entonces en este caso, que haya un acceso a la Justicia para reparar un derecho es muy valioso, y sienta un antecedente necesario que también permite tener esperanzas para seguir luchando. En ese sentido estamos muy contentos y contentas”, afirmó ante Presentes.

El planteo de la Municipalidad

Los doctores Walter Rolandelli, Francisco Avero, Adrian Albornoz y Guido Zufiaurre, en representación de la comuna paranaense, rechazaron la demanda de las trabajadoras trans.

Entre otros argumentos, los abogados expresaron que “en caso de resolverse a favor significaría una violación a la división de poderes, ya que se configuraría una injerencia del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, por cuanto el Municipio cuenta con facultades discrecionales de contratación, renovación, o no renovación, de contratos temporales que solo cuentan como limitación el que se ajusten al presupuesto aprobado”.

Además, consideraron que la acción interpuesta “no se ajusta a derecho, viola principios constitucionales y afecta la institucionalidad, por cuanto pretenden que se les reconozca el derecho al pago de los haberes pertenecientes al mes de noviembre, cuando dejaron de tener una vinculación contractual con su representada el día 31 de octubre de 2019”.

Argumentos de la sentencia

El juez Barbirotto consideró en la sentencia que la demanda fue interpuesta en tiempo y forma.

Entre sus argumentos, sostuvo que “en forma preliminar, es conveniente advertir la radical importancia de la perspectiva de género para resolver este caso”. Y planteó que esto “implica cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas”. A la vez que sentenció: “Es que, si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las personas -cualquiera sean sus identidades-…”.

“En esta línea, sabido es que la comunidad travesti, transexual y transgénero se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato…Por ello, es que el reclamo de un trabajo digno de los o las componentes del colectivo trans, se hace presente”, observó Barbirotto.

El juez cita diferentes normativas al fundar su sentencia, y en el ámbito local menciona el artículo 15º de la Constitución de la provincia que reconoce y garantiza «…el derecho a la diversidad, al pluralismo y la igualdad de oportunidades”.

“A mayor abundamiento, el reconocimiento de identidades que no representan la visión dicotómica de inteligibilidad social varón-mujer, desterró al colectivo trans de ámbitos familiares, educativos y laborales, y sobre todo, lo expuso a situaciones de violencia institucional, social y cultural; por lo que la afectación de su estabilidad laboral tiene un impacto altamente negativo en sus vidas y más contundentes que el de otras personas. Esto debió ser apreciado por el Municipio a la hora de decidir la no renovación”, apuntó más adelante. Y advirtió: “En base a estas razones, no se puede evaluar el cese de los contratos de la misma forma que la de otras y otros trabajadores como pretende hacer valer el municipio”.

En esta línea, el magistrado resumió: “Es decir, la situación concreta del colectivo trans, no puede equipararse con la de otros colectivos vulnerables (madres solteras, personas con discapacidad, etc.) a las cuales tampoco se les renovó sus contratos a su vencimiento, principalmente por todas las causas de vulneración, exclusión y estigmatización supra expuestas que sufren las personas trans y, además, porque para la situación particular de otros colectivos vulnerables el Estado afortunadamente ya previó una fuerte cobertura social que no cuentan, sin embargo, las personas trans”.

“Entiendo, en suma, que por vía del trabajo formal y digno se inicia la efectiva restauración de derechos históricamente vulnerados, porque el trabajo formal en el caso de la población trans permite erradicar la prostitución y la exposición a los circuitos de violencia, a la vez que posibilita a la cobertura social de salud, jubilación y el resto de los derechos humanos esenciales íntimamente vinculados con la actividad laboral digna”, redondeó Barbirotto.

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Trans de Paraná denunciaron al municipio por despidos injustificados

Martes, 3 de diciembre de 2019

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Por Gisela Romero, desde Paraná

Cinco mujeres trans y un varón trans de la ciudad Paraná, provincia de Entre Ríos, denunciaron despidos por parte del gobierno municipal. Ayer presentaron un amparo en la Justicia provincial para que se reconozcan sus derechos laborales y sean recontratadxs o pasadxs a la planta permanente del Estado.

Vanesa Arami Bello, Paola López, Gabriela Abigail Manríquez, Iara Aranzazu Quiroga, Fernanda Ramírez y Matías Berón habían sido alcanzadxs por las políticas públicas instrumentadas desde la comuna para revertir su situación de extrema vulnerabilidad. Tras haber sido contratadas, fueron desvinculadas del Estado municipal el 31 de octubre. Ante lo ocurrido, resolvieron acudir a la Justicia entrerriana. Y el jueves 28 de noviembre, con el sol del mediodía, no estuvieron solas en el Palacio de Justicia para presentar el amparo. Las acompañaron activistas del colectivo LGBTIQ+ de la ciudad y organizaciones sociales.

“Realizamos la presentación de un amparo en nombre de seis personas que son contratadas del municipio de la ciudad de Paraná. Habían sido contratadas luego de un marco de acción que tuvo el municipio: intervinieron en un relevamiento de la población trans y surgieron un montón de resultados positivos para la comunidad. También fueron partícipes del Centro de Perfeccionamiento municipal, donde pudieron terminar sus estudios y demás”, informó a Presentes la abogada Aranzazu Quiroga, patrocinadora de la grupa.

“Luego de estos antecedentes, que llevaron un tiempo, fueron contratadas por el municipio con un contrato de locación de servicio, lo cual es mucho más beneficioso que un contrato de locación de obra, por seis meses. Siguieron trabajando siempre en la temática de la inclusión social y lograron el dictado de la Ordenanza municipal sobre el cupo laboral trans, continuó la abogada. En ese sentido consideró que la contratación de las cinco mujeres trans y del varón trans “fue en el marco bien evidente de una acción positiva de progresividad de ganancias de derechos en los que les compete”.

“Luego de seis meses tuvieron una renovación de sus contratos, pero lxs introdujeron en una contratación masiva de gente por dos meses, lo cual dejó vislumbrar que sus derechos no eran plenos en base a lo que venían”, precisó Quiroga. Esta nueva contratación incluía a 400 personas, y el contrato vencía el 31 de octubre. “Durante el mes de noviembre siguieron trabajando pero no tuvieron ninguna noticia y saben que no van a tener ni continuidad contractual ni un pase a planta permanente, que es lo que hubiera correspondido. Entonces, de eso se trata el amparo, pretendiendo que el municipio haga un acto de reconocimiento hacia los derechos ganados y los vuelva a contratar o haga un pase a planta permanente”, comunicó a este medio.

El 27 de junio de este año el Concejo Deliberante de Paraná aprobó la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación que contempla la inclusión y el cupo laboral trans, entre otras. Y aunque dicha norma fue reglamentada —con modificaciones fuertemente cuestionadas por el colectivo LGBTIQ+—, el propio municipio avanzó en el despido de les trabajadores.

«La lectura que se puede hacer es que se creó en ellxs una expectativa. Su contratación fue en el marco de la continuidad de derechos enmarcado en el artículo 75 inciso 23 de nuestra Constitución nacional, que habla de la igualdad de oportunidades, y tienen un montón de derechos de tratados internacionales de derechos humanos que los amparan y protegen frente a ese actuar positivo que tuvo el municipio y que ahora podemos entender como que hay una contradicción y una violación de esos derechos».

En definitiva, “se trata de una contradicción de los actos propios, bien del Derecho Administrativo, donde el municipio vulnerando el principio de buena fe, primero se comporta de una forma y luego tiene un comportamiento totalmente contradictorio».

La abogada destacó que tratándose de un amparo, la respuesta por parte de la Justicia entrerriana se conocerá con celeridad. «En la provincia de Entre Ríos somos pioneros en esto, porque tenemos un amparo que es una vía rápida, heroica, única y expedita, y posiblemente en una semana ya tengan una sentencia», puntualizó.

PHOTO-2019-11-28-12-49-14-1024x768Al ser consultada si dicha sentencia deberá ser acatada por las autoridades municipales, Quiroga respondió: «Depende de lo que disponga el juez, porque estamos supeditadxs a una decisión judicial, pero con todos los elementos y los argumentos en Derecho en que basamos el amparo, lógicamente si nos hacen lugar al mismo la Municipalidad no tiene otra opción que acatar. Tiene que pasar un plazo para que la sentencia quede firme y después no tiene otra opción que acatar».

«Este tema es muy importante y claramente vulneratorio de derechos constitucionales. Por esto tenemos muchas expectativa en los resultados que obtengamos porque para nosotrxs hay una violación muy clara del Derecho Constitucional de progresividad, es decir, primero se avanza hacia la conquista de derechos y la no continuidad del contrato demuestra una regresividad», reflexionó, por último, la letrada.

No se puede retroceder

Vanesa Arami Bello, Paola López, Gabriela Abigail Manríquez, Iara Aranzazu Quiroga, Fernanda Ramírez y Matías Berón difundieron un comunicado dando a conocer su realidad.

“Es bien sabida la situación de precariedad, vulnerabilidad y falta de oportunidades para el acceso al empleo formal que sufrimos las personas travestis y trans —se lee en el texto enviado a Presentes—. Hace muchos años que venimos luchando como colectivo para la inserción laboral y para que la prostitución no sea la única salida de subsistencia posible, y parecía que en Paraná lo estábamos logrando, que estábamos dando pasos concretos: primero con el relevamiento, luego con nuestra contratación y más recientemente con la sanción del ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación”. 

“Pero la situación actual nos vuelve a colocar en el lugar de siempre, desprotegidas y sin garantías, ya que nuestros contratos fueron dados de baja al igual que muchos otros contratos que son considerados políticos, pero vale la pena luchar para que se entienda que nuestras contrataciones se debieron a un proceso de trabajo en proyectos concretos y de una acción positiva que buscaba revertir la situación de vulneración de derechos en la que vivimos, advierten en el comunicado.

Y reiteran: “Nosotras reclamamos inclusión laboral en su momento y lo seguimos haciendo, la respuesta del Estado fue nuestra contratación y después el cupo, no se puede ahora retroceder en esto”.

El grupo recibió el apoyo de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, que hizo pública su posición: “Nos solidarizamos con les compañeres travestis y trans empleadas municipales que fueron despedidas, repudiamos este accionar de la gestión Municipal de Sergio Varisco y apoyamos el reclamos de nuestres compañeres. Si bien, como lo hicimos en la reciente marcha del 25N pedimos la reincorporación de todas las mujeres , travestis y trans despedida en la municipalidad, nos parece importante destacar la situación de extrema vulnerabilidad de la comunidad trans«. Y desde la Asamblea demandaron: »Reincorporación de les compañeres trans, implementación efectiva de la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación a Travestis y Trans de Paraná”.

«Es perder una gran oportunidad para las trans»

Fernanda Ramírez, una de las mujeres trans que firmó el amparo, continúa presentándose a trabajar en el área de Desarrollo Social cada mañana. Desde el 22 de febrero de este año fue contratada por la municipalidad y por las redes sociales tomó conocimiento que había sido despedida. Fue cuando empezaron a circular por Facebook las listas con nombres y apellidos.

“Quedarme sin trabajo es perder una gran oportunidad para población trans de incluirnos en un trabajo digno, acceder a una obra social, a vivienda digna. Era la oportunidad de que sepan que también somos capaces de tomarnos con responsabilidad el trabajo y de aprender como qualquier empleado municipal, provincial o nacional, o en un lugar privado también. Esta decisión municipal es un retroceso en el contexto de inclusión e integración de igualdad de derechos humanos”.

Contexto

El amparo judicial se interpuso en el marco de una oleada de despidos registrada a nivel municipal en la capital entrerriana. Desde el viernes pasado un grupo de contratadxs de obra y de servicio, cuyos contratos fueron cortados, instalaron un acampe frente al palacio municipal para reclamar la reincorporación.

Por una disposición judicial durante este miércoles por la tarde liberaron el corte de tránsito que mantenían en el microcentro de la ciudad. Hasta el momento no han obtenido respuestas de las autoridades del gobierno que encabeza Sergio Varisco.

Estudio: condiciones de vida de la población trans

En octubre de 2016 se sancionó en Paraná la Ordenanza 9478 de creación del Consejo Representativo de Diversidad Municipal, con el objetivo de promover la creación e implementación de políticas públicas. Y en febrero del año siguiente se presentó el proyecto de relevamiento de la población trans de la ciudad, confeccionado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos; la Universidad Nacional de Entre Ríos; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación delegación Entre Ríos.

«Fuimos diagnosticando que la principal situación a atender era la de la población travesti trans y la respuesta del Estado era que para atenderla se requería información certera que pudiera fundamentar acciones y políticas públicas para revertirla. Por esto, desde UADER, UNER, INADI y la Secretaría de DDHH confeccionamos el proyecto de relevamiento, lo pusimos a discusión y lo presentamos en el Consejo Representativo de Diversidad, donde fue votado y modificado, y luego se consiguió el financiamiento para poder realizarlo», dijo a Presentes Gonzalo Molina, integrante del Programa Integral de Género, Derechos y Salud de la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio de la UADER, que también participó en la creación del Consejo, donde se encontraron diferentes actores.

Para su realización, la Municipalidad firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. La prueba piloto se efectuó en el segundo semestre de 2018. Para esta tarea fueron contratados Vanesa, Paola, Gabriela, Iara, Fernanda y Matías, quienes formaron parte de las diferentes etapas del relevamiento que se extendieron desde octubre de 2018 a enero de 2019.

Molina mencionó, por un lado, que «la importancia de este trabajo es que fue una primera prueba oficial, cuyo antecedente más cercano que encontramos fue un relevamiento de 2012 realizado en La Matanza pero este tenía otro componente más formal». Y, por el otro, «porque era manifiesto en el proyecto y en las argumentaciones que los datos debían ser utilizados para generar acciones y políticas públicas dentro del Estado y eso fue lo que efectivamente pasó y estábamos en proceso de implementación hasta esta situación».

A su vez, subrayó que los datos del relevamiento sirvieron para que se construyera la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación a travestis y trans. «Los datos fueron tenidos en cuenta por funcionarios públicos porque en su momento dejaron trabajar a quienes estábamos desde la base articulando en este sentido y construyendo redes», afirmó Molina a este medio.

Molina expresó qué significa en este escenario que una femineidad o masculinidad trans se queden sin su fuente laboral. «En el contexto actual la pérdida de trabajo para las personas trans tiene una doble cuestión: a nivel nacional, se enmarca en el contexto de gran crisis y desempleo que sufre la Argentina a partir de la aplicación de políticas neoliberales del gobierno nacional. Y eso tiene una incidencia de mayor dificultad para estas personas para conseguir alternativas de ingresos económicos —detalló—. A nivel local, está también el impacto subjetivo que genera en estas personas haber hecho un proceso subjetivo y colectivo de ampliación de derechos, donde se convirtieron en agentes de promoción de sus propios derechos y de sus compañeros y compañeras, y estaban generando un proceso de inclusión. Es un aspecto negativo para su propia vida pero también para toda una comunidad que lo siente como un retroceso en inclusión y ampliación de derechos».

Las cifras del informe

Para este informe fueron entrevistadas 60 personas trans y travestis de 17 años o más, en Paraná, en el marco de la encuesta de condiciones de vida de esta población. El 80%, entre los 20 y 49 años.

El reporte reveló que el 60% realizó el cambio registral de su partida de nacimiento y Documento Nacional de Identidad (DNI). A su vez, que el 60% de las personas entrevistadas vive con otras personas: familiares (30%) y pareja (23%), en tanto que el 37% viven solas. Cerca del 80% reside en casas, el resto en departamentos, piezas, ranchos, etc.; la mayoría de ellas de su propiedad (28%), de propiedad familiar (28%) y en alquiler (26%). Estas están ubicadas en barrios de planes de viviendas sociales (56%) y villas de emergencia (7%).

En tanto, el 68% de las personas encuestadas no cuenta con cobertura de salud, prepaga o plan estatal y cuando se atiende por chequeos generales (57%) o seguimiento de tratamiento o enfermedad (22%), lo hace en hospitales públicos (63%) y centros y salas de salud (37%).

En cuanto a la educación, el 71% no terminó el nivel secundario, de los cuales el 17% no cuenta con el primario terminado. El 23% terminó el secundario y sólo el 3% cuenta con terciario universitario completo.

El estudio también confirmó que la discriminación en el ámbito educativo es alta. El 53% de las personas entrevistadas dijo haber vivido discriminación por parte de compañeres, maestras o maestros y directivos de escuela y el 33% tuvo que abandonar sus estudios por su identidad de género.

Sobre la ocupación, el 73% realiza actividades por las que obtiene dinero: la prostitución, la peluquería, el cuidado de personas, la venta de productos y la costura son las más mencionadas. No obstante, al indagar no sólo si está actualmente en situación de prostitución, sino también si lo estuvo anteriormente, el 73% responde afirmativamente. Y el 57% de las entrevistadas se inició en la prostitución entre los 16 y 20 años y el 20% entre los 11 y 20 años.

Fuente Agencia Presentes

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