Comentarios desactivados en Inédito: Seremi de Vivienda, Municipio de San Felipe (Chile) y movimientos LGBTIQ+ firman protocolo para ceder terrenos a familias sin casa
El inédito acuerdo, promovido por el Comité de Vivienda LGBT Aconcagua con el apoyo de Movilh, beneficiará a unas 600 familias de todas las orientaciones sexuales e identidades de género
Un inédito acuerdo que beneficiará a 600 familias de escasos recursos económicos de la comuna de San Felipe alcanzaron esta semana el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Municipio, un Comité de Vivienda y movimientos LGBTIQA+.
En efecto, tras llevar años de trámites y de juntar dinero para un subsidio, el Comité de Vivienda LGBT, que encabeza la dirigente trans María López Barrera, consiguió que el Estado le ceda 8.3 hectáreas; que luego aumentaran a 10 hectáreas; para construir casas que beneficiarían a 600 personas y familias de escasos recursos económicos, sin vivienda y que pertenecen a toda las orientaciones sexuales e identidades de género.
El “Protocolo de acuerdo” fue firmado por la Seremi de Vivienda, Belén Paredes; el Director Regional del Serviu, Rodrigo Uribe; la Consejera Nacional Plan de Emergencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Irma Troncoso; la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo; López Barrera y el fundador del Movilh, Rolando Jiménez, quien actuó como mediador.
“Esta noticia es la mejor que me ha pasado en mi vida porque es nuestro primer paso para que la gente tenga dignidad de verdad, y esto lo vamos a hacer en conjunto con este gobierno comunal y con el gobierno central”, aseguró López Barrera.
“Hoy día se está dando curso a una realidad, un sueño anhelado de una comunidad de vivienda que necesita realmente solidificar estos sueños», señaló la alcaldesa Castillo, a lo que el diputado Nelson Venegas añadió “lo que se está empezando a consolidar es demasiado importante a través de dirigentes que soy muy exigentes pero que son serios, y que más allá de las críticas que muchas veces surgen desde la política, aquí en San Felipe tienen una tremenda alcaldesa y ojalá que la gente sepa apreciarla”.
«El año pasado logramos concretar la compra de un terreno de grandes dimensiones para la comuna de San Felipe que va a permitir, después de 8 años de que no existía vivienda, poder generar un impulso no solo en la vivienda, sino también en la posibilidad de generar un barrio con equipamiento y áreas verdes”, redondeó la Seremi Paredes
Por último, Jiménez sostuvo que «felicitamos al Comité de Vivienda LGBT por su perseverancia y por haber luchado para conseguir viviendas para todas las personas, incluidas las heterosexuales y cisgéneros. La mirada inclusiva de este Comité es un ejemplo que va en ayuda de los sectores más vulnerables. Aplaudimos a la Seremi de Vivienda y a la alcaldesa de San Felipe por haber escuchado el sentir ciudadano. Me siento orgulloso de haber mediado en tan importante lucha, relacionada con el derecho a la vivienda”,
Comentarios desactivados en Transfeminicidio de Mireya: la Justicia de México deja impune el caso que podía marcar un cambio
Foto: Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuense
A Mireya Rodríguez Lemus, defensora trans, la asesinaron en 2020 en Chihuahua. Fue el primer caso judicializado que consideró la identidad de género. Cómo sigue el reclamo de Justicia para Mireya después del fallo que deja impune el crimen.
El caso de Mireya Rodríguez Lemus, defensora trans asesinada en 2020 en Chihuahua, pudo ser un parteaguas para el derecho de acceso a la justicia de las mujeres trans en México. Fue el primer caso judicializado en donde se consideró la identidad de género de una mujer trans. A casi dos años del transfeminicidio de Mireya Rodriguez Lemus tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua dejaron impune su transfeminicidio al desestimar más de 70 pruebas que inculpaban al único detenido, que quedó en libertad. Activistas y familiares consideran que en esta instancia la Justicia actuó de manera discriminatoria.
La Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a los Derechos Humanos comunicó que apelará la resolución. “Personal técnico – jurídico de la Fiscalía, en coadyuvancia con la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses (la organización fundada por Mireya), elaboran los agravios respectivos para que sea un Tribunal de Alzada quien revise dicha resolución”.
Foto: Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuense
Mireya era una mujer trans, trabajadora sexual y activista de Chihuahua, estado al norte de México. El 2 de septiembre de 2020 fue encontrada sin vida y con signos de violencia en su casa.
Las organizaciones que siguen de cerca el caso –Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, el Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt, la organización Letra S y el padre de Mireya rechazaron el veredicto. Denuncian que la y los jueces encargados del cuerpo colegiado del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ), actuaron desde una visión sesgada, y expresaron que buscarán otras instancias de justicia.
El 8 de julio de 2022, los jueces Aram Delgado García y Ricardo Márquez Torres, y la jueza Lucero Moreno Navarrete del TSJ de Chihuahua pusieron en duda la última prueba de vida de Mireya. Así desestimaron más de 70 pruebas y pusieron en libertad al presunto asesino.
Primer transfeminicidio investigado “en razón de género”
Foto: Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuense
“El 8 de julio esos tres jueces mataron nuevamente a mi hermana Mireya y a todas las personas trans de Chihuahua. Ese es el mensaje que mandan: que no valemos, como si fuéramos invisibles para la justicia, que cualquiera puede ser la siguiente y no pasa nada. El mensaje para las personas que sienten odio por nosotras es que no les pasa nada porque no se hace justicia”, dijo a Presentes, Mayte Gardea, activista, amiga de Mireya y actual presidenta de Unión y Fuerza Mujeres Trans Chihuahuenses.
Fue el primer proceso de justicia en México donde la identidad de género de una mujer trans asesinada se inscribió como parte de la investigación judicial. Nunca antes un hecho como este había sido calificado como “homicidio en razón de género”. Así lo hizo la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Chihuahua, días después del crimen. El 11 de septiembre de 2020, acusó por homicidio agravado por razón de género y robo con penalidad agravada al presunto responsable. Al acusado se le dictó prisión preventiva por dos años como medida cautelar.
Todo esto ocurrió tras denuncias y exigencias hechas en 2020 por activistas y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su oficina en México, también se sumó al reclamo de Justicia por el transfeminicidio de Mireya. Su muerte se inscribió en un contexto de altísima violencia letal hacia defensoras de ddhh como ella.
“A pesar de la relevancia del caso, ya que es el primer asesinato de una mujer trans en la entidad que se investigó con perspectiva de género, aún permean ciertos vicios en los organismos de impartición de justicia, al basar sus decisiones en perspectivas parciales, con presencia de ciertos prejuicios, que afectan directamente a la resolución final”, señalaron en un comunicado las organizaciones que acompañan el caso.
¿Quién era Mireya?
Foto: Cheros AC
“Mireya era una mujer trans fuerte, aguerrida. Ejercía el trabajo sexual y era defensora de derchos humanos. Mireya peleó por los derechos de las mujeres trans, y los y las trabajadores sexuales de Chihuahua. Logró que se quitara el ‘carnet de sanidad’ (recomendación 58/2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos), un carnet que no se trataba de sanidad sino de estigma, persecusión policial y discriminación a esta población”, recuerda Mayte Gardea en entrevista con Presentes.
Además, Mireya fue promotora del Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/sida. Fundó la asociación Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses y organizó los primeros encuentros estatales de mujeres trans.
Qué se sabe del transfeminicidio de Mireya
Mireya Rodriquez fue vista por última vez el 30 de agosto de 2020. El 2 de septiembre de ese año fue encontrada sin vida en su domicilio y su cuerpo presentaba signos de violencia. Además, su celular y su automóvil habían sido robados.
De acuerdo a la abogada de la familia de Mireya, Laura Hernández, la cronología de los hechos muestra inconsistencias entre las versiones de la Fiscalía y la defensa del acusado, lo que influyó en el órden de los eventos considerados por los jueces del Tribunal de Justicia.
La madrugada del 2 de septiembre de 2020, cuenta Laura Hernández, “compañeras trans y una vecina encuentran el cadáver de Mireya, llaman a la policía y en ese momento inician las investigaciones”.
El 11 de septiembre de 2020, como se mencionó, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada de Chihuahua acusó por homicidio agravado por razón de género y robo con penalidad agravada al presunto responsable. Y se le dictó prisión preventiva.
El periodista Leonardo Bastida informó que la aprehensión del presunto responsable sucedió tras “haber encontrado en su domicilio, ropa con sangre, incluido un par de tenis, cuyas huellas fueron detectadas en el área de los hechos. Además de haber dado positivo en las pruebas de grafología”.
La abogada mencionó que el presunto asesino también robó y vendió el auto de Mireya después de que la asesinó. Además, tenía en su posesión el celular de la activista, pero no precisó si éstas pruebas fueron descartadas por los jueces del Tribunal.
Imprecisiones y pruebas descartadas
La abogada explicó: “El médico legista que realizó la necropsia a Mireya concluyó: ‘no se puede precisar con exactitud la fecha de la muerte, por diferentes factores, pudo ser en los últimos cinco días’. Pero el Tribunal encargado del caso, afirmó que Mireya ‘perdió la vida alrededor de las 8:00 am del 28 de agosto’. Sin embargo, se tienen pruebas de vida de Mireya de ese día y sábanas de comunicación de whatsapp”.
Además, comentó que en el expediente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se recabaron 65 testimonios de los cuales los jueces solamente consideraron diez. Y hubo 75 pruebas documentales de las cuales solo se consideró una prueba.
“Pareciera que los jueces trataran de justificar su fallo en la sentencia, con prejuicios hacia Mireya y las mujeres trans”, dijo la abogada. Añadió que dos de las principales pruebas que no consideraron los jueces en la sentencia fueron: la comunicación en whatsapp que Mireya mantuvo con sus compañeras y familiares durante el 28 y 29 de agosto de 2020. Y un peritaje de contexto que consideró la vulnerabilidad de las mujeres trans en Chihuahua y las violencias por prejuicio, con el fin de juzgar con enfoque diferenciado, perspectiva de derechos humanos y de género.
Los prejuicios de la y los jueces, las pruebas descartadas y la imprecisión sobre la fecha en que Mireya fue asesinada fueron las razones para que el TSJ de Chihuahua mantuviera impune el transfeminicidio de Mireya Rodriguez.
“Mireya fue revictimizada hasta después de su asesinato”
Mayte Gardea dijo que “se suponía que las investigaciones iban a contar con perspectiva de derechos humanos, de género. No fue así. Al grado incluso que el día que dictaron sentencia, a mí y a la abogada nos tenían rodeada de gente de seguridad. Al transfeminicida no. Estamos en un estado con muchos prejuicios. Gadea advierte: su hermana Mireya “fue revictimizada hasta después de ser asesinada por esos tres jueces que son un peligro para las mujeres víctimas de feminicidios y transfeminicidios en Chihuahua”.
Por su parte, la abogada Laura Hernandez señaló que la sentencia también tiene fallas de forma. La redacción de ésta revictimiza a Mireya, no así al acusado.
“Se repiten muchísimos de los prejuicios que existen. Hay una violencia por prejuicio dentro de la misma redacción de la sentencia, por ejemplo ‘Mireya era robusta, tenía manos grandes, era agresiva”. Y por parte del indiciado dice ‘era deportista’, explica.
Con la resolución de la y los jueces, Mayte Gardea siente miedo y durante la llamada telefónica con Presentes, no pudo evitar recordar a Marisela Escobedo.
Marisela Escobedo era una mujer que buscó justicia por el feminicidio de su hija, Rubí Fraire Escobedo, joven de 16 años asesinada por su novio. Marisela comenzó una lucha por justicia y verdad, investigó por cuenta propia y a pesar de todas las pruebas presentadas los jueces absolvieron al hombre. Meses después, en 2010, Marisela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. El autor intelectual del crimen fue el mismo hombre que había matado a su hija.
“Si no hubo justicia para Marisela, que fue asesinada frente a Palacio (de Gobierno), ¿qué nos espera a nosotras que somos mujeres trans cuando el transfeminicida está libre? Miedo, miedo e impunidad porque no hay justicia”, se sigue preguntando Mayte Gardea.
“La gran mayoría de los transfeminicidios sucedidos en Chihuahua han quedado en la impunidad. En la mayoría de los casos, no se identifica al asesino. A veces ni siquiera se identifica a la víctima, no se tiene contacto con la familia de la víctima. Cuando se identifica al asesino muchas veces no es detenido. Y cuando es detenido, como en el caso de Mireya Rodriguez, los jueces fallan a favor del presunto responsable y con una determinación absolutoria lo dejan el libertad”, explicó Alejandro Brito, director de Letra S, durante una conferencia de prensa.
Y agregó, “la impunidad en los transfeminicidios es muy cercana al cien por ciento. De ahí la rabia que sentimos por la liberación de este responsable. Para nosotros cumplía con todas las pruebas que acreditaban que esta persona fue quien le quitó al vida a nuestra compañera“, concluyó Brito.
Solicitan medidas de seguridad y apelación
Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia, la abogada solicitó medidas de seguridad a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para las personas que fueron testigas protegidas durante las investigaciones.
Además, la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a los Derechos Humanos comunicó que apelará la resolución emitida por el Tribunal. Y junto a Unión y Fuerza de Mujeres Trans, elaboran los agravios cometidos “tras el fallo absolutorio de Iván Arturo G. P. quien, de acuerdo con el órgano técnico, es probable responsable del homicidio de la activista, Mireya R. L”.
“Lo que queremos es Justicia”
Mayte Gardea comentó que agotarán todas las instancias de justicia que sean posibles a nivel estatal y federal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso reclamar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. «Estamos en un momento de hartazgo. Lo que queremos es Justicia y que seamos acreedoras de la misma”, comentó.
Habló de fortalecer el trabajo comunitario con mujeres trans y trabajadoras sexuales en Chihuahua, con información sobre justicia y prevención, sobre cómo denunciar y qué hacer en caso de encontrarse en una situación de riesgo.
“A falta de sensibilidad por parte de las autoridades, a falta de justicia, lo que nos queda es el trabajo comunitario. Pero también, no te voy a mentir, hay sentimientos encontrados. Veo un futuro de lucha incansable. Sobre todo porque (en Chihuahua) estamos en un momento de crisis para todos, todes y todas las defensoras de derechos humanos”, concluyó.
“Me quitaron a una hija, espero hagan valer la vida humana”
El caso de Mireya Rodriguez pudo ser un parteaguas para el derecho de acceso a la justicia de las mujeres trans a nivel local y nacional, al ser el primer caso que fue judicializado en donde se consideró la identidad de género de una mujer trans.
Además de ser el primer caso en que se reconoció, al menos desde la Fiscalía, la identidad de género de Mireya ante la Justicia, para la abogada “es un caso paradigmático”. También fue la primera vez se catalogó como testigas protegidas a mujeres trans que brindaron sus testimonios durante las investigaciones. Y porque el padre de Mireya permanece presente en el pedido de justicia por el transfeminicidio de su hija; algo que la activista Mayte Gardea considera inusual.
”Tener el apoyo (familiar) después de asesinadas no es lo común para la mayoría de las mujeres trans”, dice.
En ese sentido, el papá de Mireya, Jesús Rodriguez, dijo en conferencia de prensa: “Lo que yo quisiera es que se le hiciera justicia. Cuando se cometió el crimen no solo me quitaron una hija, me quitaron mi salud. Espero que este mensaje les llegue a todos y que lo escuchen los jueces honestos y hagan valer la vida humana”.
Comentarios desactivados en Mujer trans y su pareja denuncian despido transfóbico de la empresa Geotel de Calama
La mujer fue despedida solo por ir vestida y maquillada acorde a su identidad de género. “¿Qué mierda eres?, anda a lavarte la cara”, le señaló el hijo de la gerente de la empresa, tras lo cual fue despedida.
Una mujer trans (22), Lauren Francuper, denunció que ella y su pareja, Carlos Flores, fueron despedidos de la empresa Geotel Calama, solo en razón de su orientación sexual e identidad de género, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
Al pololo, que se desempeñaba como administrador de compras y bodega, la gerente Marisol Webar “le “preguntó si éramos pareja, y al día siguiente le prohibieron la entrada al hotel, sin previo aviso”, denunció la mujer.
Acto seguido, de acuerdo a la denuncia, la gerente señaló que “la gente como ustedes quieren sacar plata nomás. Ustedes los gays son así de traicioneros, se les da la oportunidad y después decepcionan. ¿Cómo se me ocurre contratar a estos gays?”
La afectada, que se desempeñaba como auditora nocturna, hasta ese momento nunca había expresado su género, pero dos días más tarde, el 13 de diciembre decidió ir al trabajo vestida acorde su identidad.
El hijo de la gerente, que además ese día estaba de huésped en el hotel, “comienza a insultarme y decirme qué es una falta grave venir así. Yo le explico, pero él no escucha y me hostiga, a pesar de no tener cargo en el hotel. Me pregunta “¿qué mierda eres tú” y me dice “anda a lavarte la cara””, denunció la mujer.
Luego el hijo de la gerente “llamó a carabineros por mi maquillaje y deciden despedirme en ese instante por una supuesta “falta grave”. Me acusan, solo por expresar mi género, de pretender ejercer el comercio sexual, además de advertirme que “no quiero más maricones en mi hotel, esto ya es degeneración””.
El encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez, calificó “discriminatorio, abusivo e invasivo de la privacidad el actuar de Geotel Calama, el cual ha violentado el Código Laboral, la Ley Zamudio y la Ley de Identidad de Género. Llamamos a todas las personas a no ocupar ninguno de los servicios en este hotel por incurrir en abierta discriminación contra la diversidad sexual y de género”.
El Movilh asesoró además a la pareja afectada para que interponga una denuncia en la Inspección del Trabajo y en tribunales.
Comentarios desactivados en Trans de Paraná denunciaron al municipio por despidos injustificados
Por Gisela Romero, desde Paraná
Cinco mujeres trans y un varón trans de la ciudad Paraná, provincia de Entre Ríos, denunciaron despidos por parte del gobierno municipal. Ayer presentaron un amparo en la Justicia provincial para que se reconozcan sus derechos laborales y sean recontratadxs o pasadxs a la planta permanente del Estado.
Vanesa Arami Bello, Paola López, Gabriela Abigail Manríquez, Iara Aranzazu Quiroga, Fernanda Ramírez y Matías Berón habían sido alcanzadxs por las políticas públicas instrumentadas desde la comuna para revertir su situación de extrema vulnerabilidad. Tras haber sido contratadas, fueron desvinculadas del Estado municipal el 31 de octubre. Ante lo ocurrido, resolvieron acudir a la Justicia entrerriana. Y el jueves 28 de noviembre, con el sol del mediodía, no estuvieron solas en el Palacio de Justicia para presentar el amparo. Las acompañaron activistas del colectivo LGBTIQ+ de la ciudad y organizaciones sociales.
“Realizamos la presentación de un amparo en nombre de seis personas que son contratadas del municipio de la ciudad de Paraná. Habían sido contratadas luego de un marco de acción que tuvo el municipio: intervinieron en un relevamiento de la población trans y surgieron un montón de resultados positivos para la comunidad. También fueron partícipes del Centro de Perfeccionamiento municipal, donde pudieron terminar sus estudios y demás”, informó a Presentes la abogada Aranzazu Quiroga, patrocinadora de la grupa.
“Luego de estos antecedentes, que llevaron un tiempo, fueron contratadas por el municipio con un contrato de locación de servicio, lo cual es mucho más beneficioso que un contrato de locación de obra, por seis meses. Siguieron trabajando siempre en la temática de la inclusión social y lograron el dictado de la Ordenanza municipal sobre el cupo laboral trans”, continuó la abogada. En ese sentido consideró que la contratación de las cinco mujeres trans y del varón trans “fue en el marco bien evidente de una acción positiva de progresividad de ganancias de derechos en los que les compete”.
“Luego de seis meses tuvieron una renovación de sus contratos, pero lxs introdujeron en una contratación masiva de gente por dos meses, lo cual dejó vislumbrar que sus derechos no eran plenos en base a lo que venían”, precisó Quiroga. Esta nueva contratación incluía a 400 personas, y el contrato vencía el 31 de octubre. “Durante el mes de noviembre siguieron trabajando pero no tuvieron ninguna noticia y saben que no van a tener ni continuidad contractual ni un pase a planta permanente, que es lo que hubiera correspondido. Entonces, de eso se trata el amparo, pretendiendo que el municipio haga un acto de reconocimiento hacia los derechos ganados y los vuelva a contratar o haga un pase a planta permanente”, comunicó a este medio.
El 27 de junio de este año el Concejo Deliberante de Paraná aprobó la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación que contempla la inclusión y el cupo laboral trans, entre otras. Y aunque dicha norma fue reglamentada —con modificaciones fuertemente cuestionadas por el colectivo LGBTIQ+—, el propio municipio avanzó en el despido de les trabajadores.
«La lectura que se puede hacer es que se creó en ellxs una expectativa. Su contratación fue en el marco de la continuidad de derechos enmarcado en el artículo 75 inciso 23 de nuestra Constitución nacional, que habla de la igualdad de oportunidades, y tienen un montón de derechos de tratados internacionales de derechos humanos que los amparan y protegen frente a ese actuar positivo que tuvo el municipio y que ahora podemos entender como que hay una contradicción y una violación de esos derechos».
En definitiva, “se trata de una contradicción de los actos propios, bien del Derecho Administrativo, donde el municipio vulnerando el principio de buena fe, primero se comporta de una forma y luego tiene un comportamiento totalmente contradictorio».
La abogada destacó que tratándose de un amparo, la respuesta por parte de la Justicia entrerriana se conocerá con celeridad. «En la provincia de Entre Ríos somos pioneros en esto, porque tenemos un amparo que es una vía rápida, heroica, única y expedita, y posiblemente en una semana ya tengan una sentencia», puntualizó.
Al ser consultada si dicha sentencia deberá ser acatada por las autoridades municipales, Quiroga respondió: «Depende de lo que disponga el juez, porque estamos supeditadxs a una decisión judicial, pero con todos los elementos y los argumentos en Derecho en que basamos el amparo, lógicamente si nos hacen lugar al mismo la Municipalidad no tiene otra opción que acatar. Tiene que pasar un plazo para que la sentencia quede firme y después no tiene otra opción que acatar».
«Este tema es muy importante y claramente vulneratorio de derechos constitucionales. Por esto tenemos muchas expectativa en los resultados que obtengamos porque para nosotrxs hay una violación muy clara del Derecho Constitucional de progresividad, es decir, primero se avanza hacia la conquista de derechos y la no continuidad del contrato demuestra una regresividad», reflexionó, por último, la letrada.
No se puede retroceder
Vanesa Arami Bello, Paola López, Gabriela Abigail Manríquez, Iara Aranzazu Quiroga, Fernanda Ramírez y Matías Berón difundieron un comunicado dando a conocer su realidad.
“Es bien sabida la situación de precariedad, vulnerabilidad y falta de oportunidades para el acceso al empleo formal que sufrimos las personas travestis y trans —se lee en el texto enviado a Presentes—. Hace muchos años que venimos luchando como colectivo para la inserción laboral y para que la prostitución no sea la única salida de subsistencia posible, y parecía que en Paraná lo estábamos logrando, que estábamos dando pasos concretos: primero con el relevamiento, luego con nuestra contratación y más recientemente con la sanción del ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación”.
“Pero la situación actual nos vuelve a colocar en el lugar de siempre, desprotegidas y sin garantías, ya que nuestros contratos fueron dados de baja al igual que muchos otros contratos que son considerados políticos, pero vale la pena luchar para que se entienda que nuestras contrataciones se debieron a un proceso de trabajo en proyectos concretos y de una acción positiva que buscaba revertir la situación de vulneración de derechos en la que vivimos”, advierten en el comunicado.
Y reiteran: “Nosotras reclamamos inclusión laboral en su momento y lo seguimos haciendo, la respuesta del Estado fue nuestra contratación y después el cupo, no se puede ahora retroceder en esto”.
El grupo recibió el apoyo de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, que hizo pública su posición: “Nos solidarizamos con les compañeres travestis y trans empleadas municipales que fueron despedidas, repudiamos este accionar de la gestión Municipal de Sergio Varisco y apoyamos el reclamos de nuestres compañeres. Si bien, como lo hicimos en la reciente marcha del 25N pedimos la reincorporación de todas las mujeres , travestis y trans despedida en la municipalidad, nos parece importante destacar la situación de extrema vulnerabilidad de la comunidad trans«. Y desde la Asamblea demandaron: »Reincorporación de les compañeres trans, implementación efectiva de la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación a Travestis y Trans de Paraná”.
«Es perder una gran oportunidad para las trans»
Fernanda Ramírez, una de las mujeres trans que firmó el amparo, continúa presentándose a trabajar en el área de Desarrollo Social cada mañana. Desde el 22 de febrero de este año fue contratada por la municipalidad y por las redes sociales tomó conocimiento que había sido despedida. Fue cuando empezaron a circular por Facebook las listas con nombres y apellidos.
“Quedarme sin trabajo es perder una gran oportunidad para población trans de incluirnos en un trabajo digno, acceder a una obra social, a vivienda digna. Era la oportunidad de que sepan que también somos capaces de tomarnos con responsabilidad el trabajo y de aprender como qualquier empleado municipal, provincial o nacional, o en un lugar privado también. Esta decisión municipal es un retroceso en el contexto de inclusión e integración de igualdad de derechos humanos”.
Contexto
El amparo judicial se interpuso en el marco de una oleada de despidos registrada a nivel municipal en la capital entrerriana. Desde el viernes pasado un grupo de contratadxs de obra y de servicio, cuyos contratos fueron cortados, instalaron un acampe frente al palacio municipal para reclamar la reincorporación.
Por una disposición judicial durante este miércoles por la tarde liberaron el corte de tránsito que mantenían en el microcentro de la ciudad. Hasta el momento no han obtenido respuestas de las autoridades del gobierno que encabeza Sergio Varisco.
Estudio: condiciones de vida de la población trans
En octubre de 2016 se sancionó en Paraná la Ordenanza 9478 de creación del Consejo Representativo de Diversidad Municipal, con el objetivo de promover la creación e implementación de políticas públicas. Y en febrero del año siguiente se presentó el proyecto de relevamiento de la población trans de la ciudad, confeccionado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos; la Universidad Nacional de Entre Ríos; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación delegación Entre Ríos.
«Fuimos diagnosticando que la principal situación a atender era la de la población travesti trans y la respuesta del Estado era que para atenderla se requería información certera que pudiera fundamentar acciones y políticas públicas para revertirla. Por esto, desde UADER, UNER, INADI y la Secretaría de DDHH confeccionamos el proyecto de relevamiento, lo pusimos a discusión y lo presentamos en el Consejo Representativo de Diversidad, donde fue votado y modificado, y luego se consiguió el financiamiento para poder realizarlo», dijo a Presentes Gonzalo Molina, integrante del Programa Integral de Género, Derechos y Salud de la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio de la UADER, que también participó en la creación del Consejo, donde se encontraron diferentes actores.
Para su realización, la Municipalidad firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. La prueba piloto se efectuó en el segundo semestre de 2018. Para esta tarea fueron contratados Vanesa, Paola, Gabriela, Iara, Fernanda y Matías, quienes formaron parte de las diferentes etapas del relevamiento que se extendieron desde octubre de 2018 a enero de 2019.
Molina mencionó, por un lado, que «la importancia de este trabajo es que fue una primera prueba oficial, cuyo antecedente más cercano que encontramos fue un relevamiento de 2012 realizado en La Matanza pero este tenía otro componente más formal». Y, por el otro, «porque era manifiesto en el proyecto y en las argumentaciones que los datos debían ser utilizados para generar acciones y políticas públicas dentro del Estado y eso fue lo que efectivamente pasó y estábamos en proceso de implementación hasta esta situación».
A su vez, subrayó que los datos del relevamiento sirvieron para que se construyera la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación a travestis y trans. «Los datos fueron tenidos en cuenta por funcionarios públicos porque en su momento dejaron trabajar a quienes estábamos desde la base articulando en este sentido y construyendo redes», afirmó Molina a este medio.
Molina expresó qué significa en este escenario que una femineidad o masculinidad trans se queden sin su fuente laboral. «En el contexto actual la pérdida de trabajo para las personas trans tiene una doble cuestión: a nivel nacional, se enmarca en el contexto de gran crisis y desempleo que sufre la Argentina a partir de la aplicación de políticas neoliberales del gobierno nacional. Y eso tiene una incidencia de mayor dificultad para estas personas para conseguir alternativas de ingresos económicos —detalló—. A nivel local, está también el impacto subjetivo que genera en estas personas haber hecho un proceso subjetivo y colectivo de ampliación de derechos, donde se convirtieron en agentes de promoción de sus propios derechos y de sus compañeros y compañeras, y estaban generando un proceso de inclusión. Es un aspecto negativo para su propia vida pero también para toda una comunidad que lo siente como un retroceso en inclusión y ampliación de derechos».
Las cifras del informe
Para este informe fueron entrevistadas 60 personas trans y travestis de 17 años o más, en Paraná, en el marco de la encuesta de condiciones de vida de esta población. El 80%, entre los 20 y 49 años.
El reporte reveló que el 60% realizó el cambio registral de su partida de nacimiento y Documento Nacional de Identidad (DNI). A su vez, que el 60% de las personas entrevistadas vive con otras personas: familiares (30%) y pareja (23%), en tanto que el 37% viven solas. Cerca del 80% reside en casas, el resto en departamentos, piezas, ranchos, etc.; la mayoría de ellas de su propiedad (28%), de propiedad familiar (28%) y en alquiler (26%). Estas están ubicadas en barrios de planes de viviendas sociales (56%) y villas de emergencia (7%).
En tanto, el 68% de las personas encuestadas no cuenta con cobertura de salud, prepaga o plan estatal y cuando se atiende por chequeos generales (57%) o seguimiento de tratamiento o enfermedad (22%), lo hace en hospitales públicos (63%) y centros y salas de salud (37%).
En cuanto a la educación, el 71% no terminó el nivel secundario, de los cuales el 17% no cuenta con el primario terminado. El 23% terminó el secundario y sólo el 3% cuenta con terciario universitario completo.
El estudio también confirmó que la discriminación en el ámbito educativo es alta. El 53% de las personas entrevistadas dijo haber vivido discriminación por parte de compañeres, maestras o maestros y directivos de escuela y el 33% tuvo que abandonar sus estudios por su identidad de género.
Sobre la ocupación, el 73% realiza actividades por las que obtiene dinero: la prostitución, la peluquería, el cuidado de personas, la venta de productos y la costura son las más mencionadas. No obstante, al indagar no sólo si está actualmente en situación de prostitución, sino también si lo estuvo anteriormente, el 73% responde afirmativamente. Y el 57% de las entrevistadas se inició en la prostitución entre los 16 y 20 años y el 20% entre los 11 y 20 años.
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La abogada explicó: “El médico legista que realizó la necropsia a Mireya concluyó: ‘no se puede precisar con exactitud la fecha de la muerte, por diferentes factores, pudo ser en los últimos cinco días’. Pero el Tribunal encargado del caso, afirmó que Mireya ‘perdió la vida alrededor de las 8:00 am del 28 de agosto’. Sin embargo, se tienen pruebas de vida de Mireya de ese día y sábanas de comunicación de whatsapp”.
Por su parte, la abogada Laura Hernandez señaló que la sentencia también tiene fallas de forma. La redacción de ésta revictimiza a Mireya, no así al acusado. 
Mayte Gardea comentó que agotarán todas las instancias de justicia que sean posibles a nivel estatal y federal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso reclamar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. «Estamos en un momento de hartazgo. Lo que queremos es Justicia y que seamos acreedoras de la misma”, comentó.
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