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Tras negativa de ser reincorporadas, trans de Paraná convocan a marcha

Viernes, 17 de enero de 2020

PHOTO-2019-11-28-12-49-14-1024x768“El TRAVAjo para les trans es una deuda de la democracia. La reincorporación es una decisión política”. Con esa frase, el colectivo LGTB+ de Paraná convoca  a una marcha en Paraná el miércoles 15 de enero, para exigirle al intendente Adán Bahl que restituya los puestos laborales  a las seis personas trans cuyos contratos cayeron el 31 de octubre pasado. 

Por Silvia Mernes

“En Paraná marchamos el miércoles 15 a las 18 horas desde Casa de Gobierno hasta la Municipalidad. Exigimos al Intendente Adán Bahl la reincorporación de les compañeres trans despedides”, se lee en la convocatoria, que fue difundida a través de las redes sociales y que lleva las etiquetas #LosDerechosNoSeTocan y #ReincorporaciónYA.

Los contratos de Iara Aranzazú Quiroga, Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián Berón, Gabriela Abigail Manrique, Paola Natalí López y Fernanda Ramírez finalizaron el 31 de octubre pasado –durante la gestión del anterior intendente, Sergio Varisco– y no fueron renovados.

“Le exigimos al actual intendente la reincorporación inmediata de les compañeres travas y trans”, remarcó en declaraciones a Presentes Keili González, activista trava feminista de Nogoyá, que estará en la capital entrerriana para acompañar la lucha. “Nos hemos organizado para defender un derecho elemental porque no tenemos por qué seguir soportando que nos roben la vida y con esas piezas construyan políticas en beneficio de unos pocos. No debemos ser variable de ajuste. Debemos ser parte de esas decisiones que allanen la vida de les oprimides”, agregó.

La activista consideró “incompatible que simultáneamente a esta vulneración de derechos se cree el Área de la Mujer, Género y Diversidad en la Municipalidad, y que quienes estén sentades como responsables hagan caso omiso y sean cómplices de la violencia que ejerce el Estado sobre nuestro colectivo. Son compañeras que están sentadas ahí gracias a nuestras luchas”, recordó.

La marcha fue resuelta en una asamblea abierta realizada el sábado 11 de enero en la Plaza Sáenz Peña, luego de que el Municipio comunicara oficialmente a les trabajadores la decisión de no reincorporarles.

“Debido a la emergencia económica en la que se encuentra la Municipalidad, que fue declarada por ordenanza, y las denuncias que se encuentran en la justicia respecto a los actos administrativos realizados por el gobierno anterior, no es posible, por el momento, la reincorporación de las seis personas travestis y trans cuyos contratos vencieron el 31 de octubre pasado”, se les informó en una reunión que se desarrolló el lunes 6 de enero entre representantes del colectivo LGBT+ de la capital entrerriana y dos funcionarias municipales: la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo, y la subsecretaria de Mujer y Diversidad, Cristina Ingleson.

“Me fui desilusionada”, dijo Iara Quiroga, una de las trabajadoras trans, al finalizar esa reunión. Contó que, en un intento de paliar la situación, las funcionarias se ofrecieron a conseguirles “un bolsón de mercadería y un voucher para la luz”. Pero lamentó: «Hay compañeras que no tienen vivienda propia, como yo, y no tenemos dónde vivir, así que qué luz vamos a pagar”.

Unos días antes, el viernes 3 de enero, la grupa viajó a Buenos Aires [link *1] para plantear su situación ante Cecilia Merchán, secretaria de Igualdad y Diversidad, y Alba Rueda, la subsecretaria de Diversidad, ambas dependientes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta.

Volvieron felices porque las funcionarias nacionales se mostraron dispuestas a contribuir en la búsqueda de una solución y propusieron conformar una mesa de trabajo articulado entre el Municipio de Paraná, el Gobierno de Entre Ríos y Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, que tenga como objetivo “resolver esta situación en particular así como promover la inclusión de la comunidad trava trans de Paraná en general”. También notaron que  este caso podría dar impulso al desarrollo de políticas públicas que permitan el acceso al trabajo formal a toda la comunidad trans del país.

En cambio, en la reunión con las autoridades paranaenses no encontraron las respuestas que esperaban. Tras el cambio de gobierno municipal, producido el 11 de diciembre pasado, les contratades sintieron que podía ser una realidad lograr nuevos contratos y sostener el empleo formal. Pero desde el Municipio mantuvieron la decisión de no reincorporarles bajo dos argumentos: primero, la obligación de acatar el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que revocó el dictamen en primera instancia (del juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto) [link *2] que hizo lugar al amparo [link *3] presentado por las seis personas trans; y segundo, que los contratos vencieron el 31 de octubre y la decisión de no renovarlos fue de la anterior gestión.

La grupa ya anunció que, además de la movilización del miércoles y las futuras gestiones administrativas que puedan realizar, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia. Porque el objetivo primero es recuperar los puestos laborales. Pero la aspiración principal es reivindicar el derecho del colectivo trava trans a acceder y sostener un trabajo digno.

Fuente Agencia Presentes

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Trabajadoras trans de Paraná luchan por sus puestos: llevaron planteo a Nación

Viernes, 10 de enero de 2020

PHOTO-2019-11-28-12-49-14-1024x768 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Por Silvina Mernes, desde Paraná

Las seis personas trans que iniciaron un reclamo judicial luego de que cayeran sus contratos en la Municipalidad de Paraná, llevaron sus planteos ante funcionarias del Gobierno nacional. De este modo apuestan no sólo a recuperar sus puestos laborales, sino también a que su caso sea el puntapié inicial para el impulso de políticas públicas que permitan el acceso al trabajo formal a toda la comunidad trans del país.

Iara Aranzazú Quiroga, Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián Berón, Gabriela Abigail Manrique, Paola Natalí López y Fernanda Ramírez, viajaron a Buenos Aires el viernes 3 de enero para entrevistarse con funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta. Fueron recibides por la secretaria de Igualdad y Diversidad, Cecilia Merchán, y la subsecretaria de Diversidad, Alba Rueda.

El contacto con las funcionarias se dio luego de que el 27 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos revocara el fallo del juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, que había hecho lugar al amparo contra la baja de los contratos –presentado por la grupa el 28 de noviembre– y ordenado a la Municipalidad de la capital entrerriana la reincorporación inmediata de les trabajadores.

La gestión del entonces intendente Sergio Varisco apeló esa sentencia de primera instancia y luego el STJ revirtió la decisión de Barbirotto y rechazó el planteo de reincorporación, al considerar que la administración municipal “no cometió ninguna irregularidad legal al omitir la renovación contractual una vez vencido el periodo que duró el vínculo de empleo público”.

En el encuentro con las funcionarias nacionales, les trabajadores informaron “el estado de situación actual luego de los dos fallos judiciales (a favor y en contra en primera y segunda instancia, respectivamente)” y plantearon la necesidad de generar una “articulación” con distintos estamentos estatales para lograr la reincorporación de las seis personas trans que fueron desvinculadas de sus puestos laborales en el Municipio.

“Nos escucharon”, resaltó en declaraciones a Presentes Fernanda Ramírez, una de las trabajadoras despedidas, al hacer un balance de la reunión. Por su parte, Iara Quiroga amplió: “Nos vinimos contentas porque la construcción la vamos a seguir, más allá de lo que diga la Justicia”. Resaltó que Merchan y Rueda se mostraron dispuestas a contribuir en la búsqueda de una solución. Para ello se planteó la posibilidad de conformar una mesa de trabajo articulado entre el Municipio de Paraná, el Gobierno de Entre Ríos y Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, que tenga como objetivo “resolver esta situación en particular así como promover la inclusión de la comunidad trava trans de Paraná en general”.

Iara señaló también que el caso de Paraná podría ser considerado como un puntapié inicial para desarrollar políticas públicas futuras destinadas al acceso al trabajo formal de la comunidad trava trans. En la charla, las funcionarias les aseguraron que el cupo laboral trava trans “es un eje” para ese Ministerio y señalaron que la intención es que “el cupo se de en toda la Argentina”. Por eso resaltaron la importancia de “reconocer e incorporar estos procesos de promoción y garantía de derechos locales para potenciarlos y replicarlos” en todo el país.

Además, desde la cartera se ofrecieron “posibles líneas de acciones que puedan resolver la situación de vulnerabilidad actual hasta tanto se resuelva la situación de manera más permanente”.

La reunión «fue muy productiva ya que permitió buscar alternativas y pensar estrategias para resolver nuestra situación en particular así como la situación de toda la comunidad trans de Paraná y por qué no, del país”, afirmaron Iara, Vanesa, Matías, Fernanda, Paola y Gabriela. “Fue crucial sentir la hermandad entre nosotras, porque saber que hay una compañera trans (en referencia a Alba Rueda, subsecretaria de Diversidad) en estos espacios nos permite pensar en cambiar las cosas. Agradecemos profundamente la predisposición de atendernos y buscar alternativas”, apuntaron también.

El camino

El camino para acceder a los contratos en la Municipalidad de Paraná –que significaron para elles el ingreso al empleo formal– se inició en 2018, cuando el Municipio a encargó Iara, Vanesa, Matías, Fernanda, Paola y Gabriela un proyecto para relevar a la comunidad trans de la ciudad y conocer sus condiciones de vida y sus características sociodemográficas.

Los datos que se obtuvieron a través del relevamiento –que se inició en septiembre de ese año– develaron la situación de vulnerabilidad social, económica y ciudadana que atraviesa ese colectivo.  Como consecuencia, y en base a ese informe final, la Municipalidad comenzó a implementar políticas tendientes a reconocer y reparar los derechos del colectivo, y a lograr su inclusión laboral.

Los seis contratos de locación de servicio otorgados a través del Decreto N° 217, fueron fruto de esa política. Por eso al quedar sin empleo el 31 de octubre pasado, la grupa decidió emprender el camino de lucha para recobrar esos puestos laborales y el derecho a un trabajo digno.

El 28 de noviembre presentaron un amparo en la justicia entrerriana, reclamando su recontratación o el pase a planta permanente del Estado. El 6 de diciembre, en un fallo histórico que incorpora la perspectiva de género, el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, hizo lugar al amparo y ordenó al Municipio “dictar los actos administrativos necesarios para la reincorporación de las amparistas, computada a partir del 1º de noviembre de 2019, mediante la renovación de los contratos en las mismas condiciones que prestaban servicios, con el consecuente abono de los sueldos devengados en el mes de noviembre del corriente y hasta que se implemente efectivamente el mecanismo de selección y designación de agentes trans que reglamente el municipio, conforme el cupo establecido en la Ordenanza nº 9834”. Le daba al Municipio un plazo de tres días hábiles para cumplir la sentencia. Pero la gestión del entonces intendente Varisco apeló. Y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el voto de los vocales Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Germán Carlomagno, hizo lugar parcialmente a la apelación, revocó el fallo de Barbirotto y rechazó el planteo de reincorporación.

“Si de algo no puede acusarse a la administración es que haya ejercido actos discriminatorios -en sentido negativo- contra las amparistas”, se lee en la sentencia del STJ, que fue fundamentada por el juez Giorgio. “No advierto que la administración haya actuado (…) contrariando alguna norma jurídica, ejerciendo su potestad discrecional de manera -además- enteramente razonable en el contexto institucional que atraviesa la Municipalidad de Paraná (cuya situación es de público conocimiento) por lo que no se configura en la especie aquella ilegitimidad en la omisión estatal que exige el amparo”, indica el magistrado en otro párrafo.

En el mismo fallo, que tiene fecha del 27 de diciembre, el STJ también hizo lugar parcialmente al amparo y resolvió que se les abone a les seis trabajadores los haberes correspondientes a noviembre, por considerar verificada “la efectiva prestación laboral por parte de las accionantes” durante ese mes.

A la Corte

Tras el fallo adverso del STT, les trabajadores decidieron continuar el proceso en la justicia y por eso evalúan elevar la apelación ante la Corte Suprema de Justicia. “La idea es apelar porque nosotras necesitamos el laburo”, sostuvo Iara ante Presentes. “Ojalá se pueda tener un arreglo con nuestros contratos y nuestros pases a planta, que se puedan llevar adelante políticas públicas para nuestra comunidad, que venimos luchando hace un montón, y podamos concretar un ingreso al Municipio. Porque no queremos retroceder”, agregó.

Luego contó que mantuvieron reuniones informales con integrantes de la actual gestión municipal, encabezada por el intendente Adán Bahl. “Pero se hicieron siempre fuera de lo formal, que es lo que nos interesa”, lamentó. Fernanda, por su parte, espera que las nuevas autoridades municipales tengan “un gesto humano” y resuelvan la reincorporación de las seis. “La esperanza nunca se pierde”, finalizó.

Fuente Agencia Presentes

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Juez de Paraná ordenó a la Municipalidad reincorporar a trabajadoras trans

Martes, 24 de diciembre de 2019

PHOTO-2019-11-28-12-49-14-1024x768Por Gisela Romero, desde Paraná

La Justicia de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, hizo lugar al amparo presentado por cinco mujeres trans y un varón trans de la ciudad y ordenó su reincorporación. Si bien la comuna apeló el fallo, la sentencia debe cumplirse. Presentes accedió a los fundamentos de la sentencia, considerada histórica por el colectivo travesti trans.

El juez Penal de Niños y Adolescentes,  Pablo Barbirotto, hizo lugar al amparo presentado por Vanesa Arami Bello, Paola López, Gabriela Abigail Manríquez, Iara Aranzazu Quiroga, Fernanda Ramírez y Matías Berón contra el municipio de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

Y, en el texto al que tuvo acceso Presentes, el magistrado dispuso “ordenar al Departamento Ejecutivo Municipal a que en el término de tres (3) días hábiles a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda a dictar los actos administrativos necesarios para la reincorporación de las amparistas, computada a partir del 1 de noviembre de 2019, mediante la renovación de los contratos en las mismas condiciones que prestaban servicios, con el consecuente abono de los sueldos devengados en el mes de noviembre del corriente y hasta que se implemente efectivamente el mecanismo de selección y designación de agentes trans que reglamente el municipio, conforme el cupo establecido en la Ordenanza nº9834”.

“Considero que es una sentencia ejemplar, que sentará un precedente. En la cual el magistrado resuelve con perspectiva de género, en protección a derechos de raigambre constitucional y convencional. Procurando la igualdad de oportunidades de las personas en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”, dijo a Presentes la abogada Aranzazu Quiroga, patrocinadora de la grupa.

La letrada informó que el municipio apeló la sentencia, por lo cual ahora tendrá que resolver el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. La presentación fue interpuesta el sábado y, de acuerdo a los tiempos de la Justicia, la sentencia del alto cuerpo se conocerá en unos 10 días. “Igualmente la sentencia se tiene que cumplir mientras tanto. O sea, el miércoles deben reincorporarlas”, explicó.

Fallo histórico

La sentencia del juez Pablo Barbirotto fue muy bien recibida en la grupa que accionó judicialmente, que salió públicamente a agradecerle al magistrado y a celebrar la decisión.

Me pareció un paso gigante hacia nosotras, la comunidad travesti, trans, y que sí hay personas que piensan en nosotras y nos ven como a cualquier persona que puede desempeñar una labor pública”, manifestó a Presentes Fernanda Ramírez, una de las mujeres trans que firmó el amparo.

Sentí mucha emoción, alivio, felicidad de que alguien me respete mi identidad de género y que vea que mi elección de vida no tiene que ver con mi capacidad laboral. Esto es algo histórico en la ciudad de Paraná como también en la provincia”, resaltó Fernanda, quien agradeció en particular, “por la dedicación, esfuerzo y por creer en nosotras a María Marta Zuiani, Gonzalo Molina, a la doctora Aranzazu Quiroga y al Juez Barbiroto”.

Por su parte Gabriela Manrique, otra de las denunciantes, resaltó ante Presentes la importancia del fallo. “El viernes me enteré. Estaba yendo a la escuela porque tenía que rendir una materia, porque curso de noche, y me llamó la concejal María Marta Zuiani y me dio la sorpresa. Sentí una gran alegría y no podía creer, porque era una buena noticia para el grupo recuperar el trabajo. Fue una noticia fantástica”, señaló.

Ahora espero poder seguir con mi vida cotidiana. El miércoles nos tenemos que presentar a ver qué nos espera”, comentó además Gabriela. Y redondeó: “Recuperar el trabajo es digno para cualquier persona, es lo que buscábamos como grupo y lo podemos compartir. Estoy muy feliz”.

En la misma línea Gonzalo Molina, integrante del Programa Integral de Género, Derechos y Salud de la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), quien acompañó a sus compañeres en la presentación del amparo, aseguró: “Este fallo es histórico. Así como lo elaboramos, presentamos y militamos colectivamente, el impacto es colectivo. No es un fallo individual para las personas trans que fueron amparistas sino para toda una comunidad la Justicia estuvo a la altura de las circunstancias y se reivindicó en el lugar de las garantías de derechos”.

“El fallo también es una posibilidad que se abre para toda una comunidad travesti trans que tuvo vinculaciones previas casi exclusivamente por la criminalización sobre sus identidades. Entonces en este caso, que haya un acceso a la Justicia para reparar un derecho es muy valioso, y sienta un antecedente necesario que también permite tener esperanzas para seguir luchando. En ese sentido estamos muy contentos y contentas”, afirmó ante Presentes.

El planteo de la Municipalidad

Los doctores Walter Rolandelli, Francisco Avero, Adrian Albornoz y Guido Zufiaurre, en representación de la comuna paranaense, rechazaron la demanda de las trabajadoras trans.

Entre otros argumentos, los abogados expresaron que “en caso de resolverse a favor significaría una violación a la división de poderes, ya que se configuraría una injerencia del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, por cuanto el Municipio cuenta con facultades discrecionales de contratación, renovación, o no renovación, de contratos temporales que solo cuentan como limitación el que se ajusten al presupuesto aprobado”.

Además, consideraron que la acción interpuesta “no se ajusta a derecho, viola principios constitucionales y afecta la institucionalidad, por cuanto pretenden que se les reconozca el derecho al pago de los haberes pertenecientes al mes de noviembre, cuando dejaron de tener una vinculación contractual con su representada el día 31 de octubre de 2019”.

Argumentos de la sentencia

El juez Barbirotto consideró en la sentencia que la demanda fue interpuesta en tiempo y forma.

Entre sus argumentos, sostuvo que “en forma preliminar, es conveniente advertir la radical importancia de la perspectiva de género para resolver este caso”. Y planteó que esto “implica cumplir la obligación constitucional y convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando las relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos y pruebas”. A la vez que sentenció: “Es que, si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las personas -cualquiera sean sus identidades-…”.

“En esta línea, sabido es que la comunidad travesti, transexual y transgénero se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato…Por ello, es que el reclamo de un trabajo digno de los o las componentes del colectivo trans, se hace presente”, observó Barbirotto.

El juez cita diferentes normativas al fundar su sentencia, y en el ámbito local menciona el artículo 15º de la Constitución de la provincia que reconoce y garantiza «…el derecho a la diversidad, al pluralismo y la igualdad de oportunidades”.

“A mayor abundamiento, el reconocimiento de identidades que no representan la visión dicotómica de inteligibilidad social varón-mujer, desterró al colectivo trans de ámbitos familiares, educativos y laborales, y sobre todo, lo expuso a situaciones de violencia institucional, social y cultural; por lo que la afectación de su estabilidad laboral tiene un impacto altamente negativo en sus vidas y más contundentes que el de otras personas. Esto debió ser apreciado por el Municipio a la hora de decidir la no renovación”, apuntó más adelante. Y advirtió: “En base a estas razones, no se puede evaluar el cese de los contratos de la misma forma que la de otras y otros trabajadores como pretende hacer valer el municipio”.

En esta línea, el magistrado resumió: “Es decir, la situación concreta del colectivo trans, no puede equipararse con la de otros colectivos vulnerables (madres solteras, personas con discapacidad, etc.) a las cuales tampoco se les renovó sus contratos a su vencimiento, principalmente por todas las causas de vulneración, exclusión y estigmatización supra expuestas que sufren las personas trans y, además, porque para la situación particular de otros colectivos vulnerables el Estado afortunadamente ya previó una fuerte cobertura social que no cuentan, sin embargo, las personas trans”.

“Entiendo, en suma, que por vía del trabajo formal y digno se inicia la efectiva restauración de derechos históricamente vulnerados, porque el trabajo formal en el caso de la población trans permite erradicar la prostitución y la exposición a los circuitos de violencia, a la vez que posibilita a la cobertura social de salud, jubilación y el resto de los derechos humanos esenciales íntimamente vinculados con la actividad laboral digna”, redondeó Barbirotto.

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Trans de Paraná denunciaron al municipio por despidos injustificados

Martes, 3 de diciembre de 2019

DESPIDOS-TRANS-PARANA-1000x500

Por Gisela Romero, desde Paraná

Cinco mujeres trans y un varón trans de la ciudad Paraná, provincia de Entre Ríos, denunciaron despidos por parte del gobierno municipal. Ayer presentaron un amparo en la Justicia provincial para que se reconozcan sus derechos laborales y sean recontratadxs o pasadxs a la planta permanente del Estado.

Vanesa Arami Bello, Paola López, Gabriela Abigail Manríquez, Iara Aranzazu Quiroga, Fernanda Ramírez y Matías Berón habían sido alcanzadxs por las políticas públicas instrumentadas desde la comuna para revertir su situación de extrema vulnerabilidad. Tras haber sido contratadas, fueron desvinculadas del Estado municipal el 31 de octubre. Ante lo ocurrido, resolvieron acudir a la Justicia entrerriana. Y el jueves 28 de noviembre, con el sol del mediodía, no estuvieron solas en el Palacio de Justicia para presentar el amparo. Las acompañaron activistas del colectivo LGBTIQ+ de la ciudad y organizaciones sociales.

“Realizamos la presentación de un amparo en nombre de seis personas que son contratadas del municipio de la ciudad de Paraná. Habían sido contratadas luego de un marco de acción que tuvo el municipio: intervinieron en un relevamiento de la población trans y surgieron un montón de resultados positivos para la comunidad. También fueron partícipes del Centro de Perfeccionamiento municipal, donde pudieron terminar sus estudios y demás”, informó a Presentes la abogada Aranzazu Quiroga, patrocinadora de la grupa.

“Luego de estos antecedentes, que llevaron un tiempo, fueron contratadas por el municipio con un contrato de locación de servicio, lo cual es mucho más beneficioso que un contrato de locación de obra, por seis meses. Siguieron trabajando siempre en la temática de la inclusión social y lograron el dictado de la Ordenanza municipal sobre el cupo laboral trans, continuó la abogada. En ese sentido consideró que la contratación de las cinco mujeres trans y del varón trans “fue en el marco bien evidente de una acción positiva de progresividad de ganancias de derechos en los que les compete”.

“Luego de seis meses tuvieron una renovación de sus contratos, pero lxs introdujeron en una contratación masiva de gente por dos meses, lo cual dejó vislumbrar que sus derechos no eran plenos en base a lo que venían”, precisó Quiroga. Esta nueva contratación incluía a 400 personas, y el contrato vencía el 31 de octubre. “Durante el mes de noviembre siguieron trabajando pero no tuvieron ninguna noticia y saben que no van a tener ni continuidad contractual ni un pase a planta permanente, que es lo que hubiera correspondido. Entonces, de eso se trata el amparo, pretendiendo que el municipio haga un acto de reconocimiento hacia los derechos ganados y los vuelva a contratar o haga un pase a planta permanente”, comunicó a este medio.

El 27 de junio de este año el Concejo Deliberante de Paraná aprobó la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación que contempla la inclusión y el cupo laboral trans, entre otras. Y aunque dicha norma fue reglamentada —con modificaciones fuertemente cuestionadas por el colectivo LGBTIQ+—, el propio municipio avanzó en el despido de les trabajadores.

«La lectura que se puede hacer es que se creó en ellxs una expectativa. Su contratación fue en el marco de la continuidad de derechos enmarcado en el artículo 75 inciso 23 de nuestra Constitución nacional, que habla de la igualdad de oportunidades, y tienen un montón de derechos de tratados internacionales de derechos humanos que los amparan y protegen frente a ese actuar positivo que tuvo el municipio y que ahora podemos entender como que hay una contradicción y una violación de esos derechos».

En definitiva, “se trata de una contradicción de los actos propios, bien del Derecho Administrativo, donde el municipio vulnerando el principio de buena fe, primero se comporta de una forma y luego tiene un comportamiento totalmente contradictorio».

La abogada destacó que tratándose de un amparo, la respuesta por parte de la Justicia entrerriana se conocerá con celeridad. «En la provincia de Entre Ríos somos pioneros en esto, porque tenemos un amparo que es una vía rápida, heroica, única y expedita, y posiblemente en una semana ya tengan una sentencia», puntualizó.

PHOTO-2019-11-28-12-49-14-1024x768Al ser consultada si dicha sentencia deberá ser acatada por las autoridades municipales, Quiroga respondió: «Depende de lo que disponga el juez, porque estamos supeditadxs a una decisión judicial, pero con todos los elementos y los argumentos en Derecho en que basamos el amparo, lógicamente si nos hacen lugar al mismo la Municipalidad no tiene otra opción que acatar. Tiene que pasar un plazo para que la sentencia quede firme y después no tiene otra opción que acatar».

«Este tema es muy importante y claramente vulneratorio de derechos constitucionales. Por esto tenemos muchas expectativa en los resultados que obtengamos porque para nosotrxs hay una violación muy clara del Derecho Constitucional de progresividad, es decir, primero se avanza hacia la conquista de derechos y la no continuidad del contrato demuestra una regresividad», reflexionó, por último, la letrada.

No se puede retroceder

Vanesa Arami Bello, Paola López, Gabriela Abigail Manríquez, Iara Aranzazu Quiroga, Fernanda Ramírez y Matías Berón difundieron un comunicado dando a conocer su realidad.

“Es bien sabida la situación de precariedad, vulnerabilidad y falta de oportunidades para el acceso al empleo formal que sufrimos las personas travestis y trans —se lee en el texto enviado a Presentes—. Hace muchos años que venimos luchando como colectivo para la inserción laboral y para que la prostitución no sea la única salida de subsistencia posible, y parecía que en Paraná lo estábamos logrando, que estábamos dando pasos concretos: primero con el relevamiento, luego con nuestra contratación y más recientemente con la sanción del ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación”. 

“Pero la situación actual nos vuelve a colocar en el lugar de siempre, desprotegidas y sin garantías, ya que nuestros contratos fueron dados de baja al igual que muchos otros contratos que son considerados políticos, pero vale la pena luchar para que se entienda que nuestras contrataciones se debieron a un proceso de trabajo en proyectos concretos y de una acción positiva que buscaba revertir la situación de vulneración de derechos en la que vivimos, advierten en el comunicado.

Y reiteran: “Nosotras reclamamos inclusión laboral en su momento y lo seguimos haciendo, la respuesta del Estado fue nuestra contratación y después el cupo, no se puede ahora retroceder en esto”.

El grupo recibió el apoyo de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, que hizo pública su posición: “Nos solidarizamos con les compañeres travestis y trans empleadas municipales que fueron despedidas, repudiamos este accionar de la gestión Municipal de Sergio Varisco y apoyamos el reclamos de nuestres compañeres. Si bien, como lo hicimos en la reciente marcha del 25N pedimos la reincorporación de todas las mujeres , travestis y trans despedida en la municipalidad, nos parece importante destacar la situación de extrema vulnerabilidad de la comunidad trans«. Y desde la Asamblea demandaron: »Reincorporación de les compañeres trans, implementación efectiva de la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación a Travestis y Trans de Paraná”.

«Es perder una gran oportunidad para las trans»

Fernanda Ramírez, una de las mujeres trans que firmó el amparo, continúa presentándose a trabajar en el área de Desarrollo Social cada mañana. Desde el 22 de febrero de este año fue contratada por la municipalidad y por las redes sociales tomó conocimiento que había sido despedida. Fue cuando empezaron a circular por Facebook las listas con nombres y apellidos.

“Quedarme sin trabajo es perder una gran oportunidad para población trans de incluirnos en un trabajo digno, acceder a una obra social, a vivienda digna. Era la oportunidad de que sepan que también somos capaces de tomarnos con responsabilidad el trabajo y de aprender como qualquier empleado municipal, provincial o nacional, o en un lugar privado también. Esta decisión municipal es un retroceso en el contexto de inclusión e integración de igualdad de derechos humanos”.

Contexto

El amparo judicial se interpuso en el marco de una oleada de despidos registrada a nivel municipal en la capital entrerriana. Desde el viernes pasado un grupo de contratadxs de obra y de servicio, cuyos contratos fueron cortados, instalaron un acampe frente al palacio municipal para reclamar la reincorporación.

Por una disposición judicial durante este miércoles por la tarde liberaron el corte de tránsito que mantenían en el microcentro de la ciudad. Hasta el momento no han obtenido respuestas de las autoridades del gobierno que encabeza Sergio Varisco.

Estudio: condiciones de vida de la población trans

En octubre de 2016 se sancionó en Paraná la Ordenanza 9478 de creación del Consejo Representativo de Diversidad Municipal, con el objetivo de promover la creación e implementación de políticas públicas. Y en febrero del año siguiente se presentó el proyecto de relevamiento de la población trans de la ciudad, confeccionado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos; la Universidad Nacional de Entre Ríos; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación delegación Entre Ríos.

«Fuimos diagnosticando que la principal situación a atender era la de la población travesti trans y la respuesta del Estado era que para atenderla se requería información certera que pudiera fundamentar acciones y políticas públicas para revertirla. Por esto, desde UADER, UNER, INADI y la Secretaría de DDHH confeccionamos el proyecto de relevamiento, lo pusimos a discusión y lo presentamos en el Consejo Representativo de Diversidad, donde fue votado y modificado, y luego se consiguió el financiamiento para poder realizarlo», dijo a Presentes Gonzalo Molina, integrante del Programa Integral de Género, Derechos y Salud de la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio de la UADER, que también participó en la creación del Consejo, donde se encontraron diferentes actores.

Para su realización, la Municipalidad firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. La prueba piloto se efectuó en el segundo semestre de 2018. Para esta tarea fueron contratados Vanesa, Paola, Gabriela, Iara, Fernanda y Matías, quienes formaron parte de las diferentes etapas del relevamiento que se extendieron desde octubre de 2018 a enero de 2019.

Molina mencionó, por un lado, que «la importancia de este trabajo es que fue una primera prueba oficial, cuyo antecedente más cercano que encontramos fue un relevamiento de 2012 realizado en La Matanza pero este tenía otro componente más formal». Y, por el otro, «porque era manifiesto en el proyecto y en las argumentaciones que los datos debían ser utilizados para generar acciones y políticas públicas dentro del Estado y eso fue lo que efectivamente pasó y estábamos en proceso de implementación hasta esta situación».

A su vez, subrayó que los datos del relevamiento sirvieron para que se construyera la Ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación a travestis y trans. «Los datos fueron tenidos en cuenta por funcionarios públicos porque en su momento dejaron trabajar a quienes estábamos desde la base articulando en este sentido y construyendo redes», afirmó Molina a este medio.

Molina expresó qué significa en este escenario que una femineidad o masculinidad trans se queden sin su fuente laboral. «En el contexto actual la pérdida de trabajo para las personas trans tiene una doble cuestión: a nivel nacional, se enmarca en el contexto de gran crisis y desempleo que sufre la Argentina a partir de la aplicación de políticas neoliberales del gobierno nacional. Y eso tiene una incidencia de mayor dificultad para estas personas para conseguir alternativas de ingresos económicos —detalló—. A nivel local, está también el impacto subjetivo que genera en estas personas haber hecho un proceso subjetivo y colectivo de ampliación de derechos, donde se convirtieron en agentes de promoción de sus propios derechos y de sus compañeros y compañeras, y estaban generando un proceso de inclusión. Es un aspecto negativo para su propia vida pero también para toda una comunidad que lo siente como un retroceso en inclusión y ampliación de derechos».

Las cifras del informe

Para este informe fueron entrevistadas 60 personas trans y travestis de 17 años o más, en Paraná, en el marco de la encuesta de condiciones de vida de esta población. El 80%, entre los 20 y 49 años.

El reporte reveló que el 60% realizó el cambio registral de su partida de nacimiento y Documento Nacional de Identidad (DNI). A su vez, que el 60% de las personas entrevistadas vive con otras personas: familiares (30%) y pareja (23%), en tanto que el 37% viven solas. Cerca del 80% reside en casas, el resto en departamentos, piezas, ranchos, etc.; la mayoría de ellas de su propiedad (28%), de propiedad familiar (28%) y en alquiler (26%). Estas están ubicadas en barrios de planes de viviendas sociales (56%) y villas de emergencia (7%).

En tanto, el 68% de las personas encuestadas no cuenta con cobertura de salud, prepaga o plan estatal y cuando se atiende por chequeos generales (57%) o seguimiento de tratamiento o enfermedad (22%), lo hace en hospitales públicos (63%) y centros y salas de salud (37%).

En cuanto a la educación, el 71% no terminó el nivel secundario, de los cuales el 17% no cuenta con el primario terminado. El 23% terminó el secundario y sólo el 3% cuenta con terciario universitario completo.

El estudio también confirmó que la discriminación en el ámbito educativo es alta. El 53% de las personas entrevistadas dijo haber vivido discriminación por parte de compañeres, maestras o maestros y directivos de escuela y el 33% tuvo que abandonar sus estudios por su identidad de género.

Sobre la ocupación, el 73% realiza actividades por las que obtiene dinero: la prostitución, la peluquería, el cuidado de personas, la venta de productos y la costura son las más mencionadas. No obstante, al indagar no sólo si está actualmente en situación de prostitución, sino también si lo estuvo anteriormente, el 73% responde afirmativamente. Y el 57% de las entrevistadas se inició en la prostitución entre los 16 y 20 años y el 20% entre los 11 y 20 años.

Fuente Agencia Presentes

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Una cooperativa feminista ayuda a compañeras trans a tener viviendas dignas

Jueves, 14 de noviembre de 2019

En Paraná, provincia de Entre Ríos, se encuentra en formación la primera cooperativa de mujeres y disidencias dedicada a la construcción. Mientras esperan la matrícula nacional, el grupo no detiene sus trabajos en las obras. Como parte de su perspectiva social, realizó  jornadas de trabajo solidario «mingas» en la casa de Verónica Siomara Lescano, una mujer trans que ha sufrido vulneración del derecho a la educación, la salud y la vivienda durante toda su vida.

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Por Gisela Romero desde Paraná

Fotos: Alfredo Hoffman

En el barrio Mosconi Viejo, en la zona oeste de Paraná, la cumbia a todo volumen invitaba un lunes por la mañana a entrar en la casa de Verónica Siomara Lescano. Guantes, baldes, taladros, maderas, se desparramaban en la entrada y el interior de la precaria vivienda que habita, desde hace unos seis meses, esta mujer trans, que cumplió 42 años el 21 de septiembre.

Hasta allí, al populoso barrio de la capital entrerriana, llegaron les integrantes de La Pasionaria, la primera cooperativa en formación, integrada por mujeres y disidencias. Su objetivo fue realizar su primera «minga» – trabajo solidario- para ayudar a la Vero, quien pasa sus días sola, sin trabajo, recibiendo el beneficio del Programa Hacemos Futuro y atravesando dolencias físicas producto de una mala práctica médica de su juventud.

“Nuestra cooperativa nació con la idea de ser una fuente de trabajo para todas las compañeras que la integren pero también con una perspectiva social. Ya veníamos trabajando en casas de compañeras que necesitaban ampliaciones o refacciones. Vinimos a ver la casa  de Vero y es una situación súper complicada en la que está viviendo”, explicó a Presentes Yudit Baez, presidenta de La Pasionaria.

La-Pasionaria--1024x768“Como todos sabemos, las compañeras trans son las más sufridas en todos los aspectos: en la salud, el trabajo, la educación, y en el acceso a vivienda. Entonces sentimos un gran compromiso desde el lugar que nos toca, de poder mejorar la calidad de vida de ellas y hacerlas habitar un espacio propio”, agregó. “Como cooperativa es la primera minga, pero la idea es una vez al mes hacer una de estas actividades y ayudar a mujeres y diversidades que necesiten arreglar sus casitas”, precisó.

A lo largo de todo el día, les integrantes de La Pasionaria trabajaron en la vivienda, de techo bajo y patio de pasto y árboles frondosos. “Es una casa con muchos problemas de humedad debido a que no tiene revoques en las paredes externas, no tiene impermeables y no tiene revoques adentro, y como Vero sufre de asma nos pareció muy necesario hacerle una ventana para que la casa esté más aireada y que entre el sol, hacer los revoques y arreglar caños que estaban con pérdidas”, detalló Yudit sobre la obra.

La Pasionaria

“Mi hermana y yo empezamos hace dos años o un poquito más con la construcción de la vivienda propia, y siempre con la idea de por qué si podíamos aprender el oficio no podíamos transmitírselo a otras compañeras. Así nos fuimos encontrando porque había un montón de compañeras que estaban trabajando como ayudantes, y empezamos a organizarnos y a darle un carácter legal. Nos decidimos por la cooperativa ya que la economía social y solidaria es la que nos va a sacar de esta crisis en la que estamos”, dijo Yudit Baez a Presentes. Así arrancó La Pasionaria, como un sueño que hoy se está concretando.

“Hicimos una convocatoria y vimos que había muchas compañeras que estaban sueltas, pero no se reconocían como mujeres trabajadoras de la construcción. A nosotras, que ejercemos el oficio y que lo venimos haciendo hace un montón de años como ayudantes de compañeros, ayudantes de padres o ayudantes de amigos, nos cuesta mucho reconocernos de ese modo. Entonces cuando se abrió la propuesta de La Pasionaria fue decir: me reconozco como una trabajadora y puedo vivir de esto”, ahondó Yudit, que también destacó el perfil social de La Pasionaria, que se relaciona con la ayuda solidaria a las personas trans.

Hoy La Pasionaria está integrada por 13 personas, entre ellas una mujer trans y un hombre trans, que esperan la matrícula nacional de la cooperativa así como las capacitaciones de la Uocra. En el grupo, algunos trabajaban en la construcción, en tanto la mayoría proviene de otros ámbitos. Así, hay estudiantes de canto popular, arte y danza, y comunicadoras sociales. “A mi me faltan materias para recibirme de politóloga. Son variados los estudios dentro de la cope, pero todas amamos hacer esto: pegar ladrillos”, afirmó Yudit.

“Algunas buscaron trabajo y no conseguían, pero a la mayoría le gusta la construcción y en algún momento ya habían hecho este tipo de trabajo pero nunca reconociendo que podían hacerlo solas. Entonces se sumaron: fue el gusto, el encontrar un grupo unido, un vínculo, el demostrar que las mujeres cuando nos juntamos no estamos todas locas sino que podemos generar otras cosas”, reflexionó además ante este medio.

Aprender el oficio y derribar prejuicios

Cuando Yudit comenzó a pegar ladrillos y levantar paredes, no tenía conocimientos. Pero con la ayuda de una de sus pares, Lulu, y de su padre maestro mayor de obra fue aprendiendo el oficio.

“Al principio fue un poco difícil por todos los estereotipos sociales que tenemos, de que siendo mujeres no sabemos trabajar de la construcción. Socialmente está constituido así: si sos mujer no sabés, no es que no podés, pero es un oficio en el que históricamente han estado involucrados hombres. Así que empezamos con pocos clientes, reducidos, los que confiaban y los que llamaban con desconfianza, pero hoy tenemos muchos clientes que nos llaman, porque se corrió la voz de que trabajamos bien. Es cuestión de tiempo, que nos vean trabajar para terminar con todos los prejuicios”, dijo a Presentes.

La-Pasionaria-3-1024x768Yudit reconoce que jamás pensó la posibilidad de vivir de la construcción. “Sí se me había ocurrido la idea de generar un grupo, en el cual las mujeres pudiéramos aprender, para no tener que depender de nadie que lo haga en nuestras casas. Pero vivir de esto, la verdad que no”, admitió. Sin embargo, poco a poco lo fue pensando como medio de vida. “Si bien tengo una carrera universitaria, me encanta lo que hago. Amo pegar ladrillos, lo digo todo el tiempo”.

En la cooperativa que preside Yudit Baez todes cobran en forma igualitaria. Ni la arquitecta ni la maestra mayor de obra perciben un mayor salario. Y se separa y guarda el 10 por ciento del valor del trabajo para momentos más difíciles. “Somos mujeres, somo trabajadoras, somos negras y somos el cuádruple o triple de pobre que otra persona. Entonces guardamos el porcentaje en una cajita de zapatos y cada vez que a alguna le falta el gas, la tarjeta del colectivo, o no tiene para comprarle la merienda a los chicos, se saca de ahí y se distribuye entre las compañeras”. describió.

La historia con Verónica

En la minga, como forma de  trabajo colectivo, no faltó el almuerzo comunitario. Y tampoco las muestras de afecto con la dueña de casa, que les integrantes de La Pasionaria conocieron a través de estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual. “Que hayan venido las compañeras me da esperanza y me da una alegría bárbara. Se están ocupando de mí y me siento querida”, dijo a Presentes Verónica Siomara Lescano.

En su vida atravesó muchos momentos abandónicos por parte de su familia y de profunda soledad. “No creo que haya nada lindo en mi historia. A los 9 años me echaron de mi casa, a los 12 empecé a trabajar, y toda la vida alquilé. Un tiempo trabajé para mi mamá, porque me hacía trabajar, y caí en la droga. Me drogaba un montón porque mi mamá no me quería y le tenía que llevar plata para verla”, recordó, dolida. “Yo era chica, no sabía nada de la vida. Pero cuando fui cumpliendo años fui cambiando y me dije que no quería una madre a la que le tuviera que pagar para verla un ratito. Busqué de mil maneras que me quisiera como soy, no por plata, y no se pudo. Así que hace muchos años que no veo a nadie de mi familia”, reveló.

En su duro andar Verónica cuenta innumerables internaciones hospitalarias, en las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos. Cada una de sus recaídas son producto de haber sido inyectada con aceite de avión a los 18 años.  “Quería cambiar un poco y por eso me inyecté. Fui a Buenos Aires y me lo hicieron”, contó Verónica, que hoy sabe fue engañada con el producto que le aplicaron. No fue silicona líquida como le informaron.

El aceite de avión desparramado en su cuerpo le produjo, con el correr del tiempo, profundos dolores en las piernas y la cintura, que en la actualidad le impiden movilizarse con agilidad. No solo le cuesta caminar sino también bailar, algo que le gustaba tanto. Y depende de ocho medicamentos para mitigar un poco el dolor físico. Además, sufre de asma.

Ante su vivencia, Verónica brindó una reflexión para les jóvenes trans: “Que no se pongan nada, a mí me arruinó totalmente la vida. Que junten plata y se pongan prótesis. A mí que me encantaba bailar no puedo hacerlo, y tampoco puedo caminar, me arruinó. Ojalá pudiera trabajar. Pero por todo lo que me pasó estoy con psicólogo y psiquiatra, y la estoy peleando”.

La-Pasionaria-adentro-1024x768Verónica no finalizó la escuela primaria, y aprendió a defenderse en la calle. Sale poco de la casa que alquila, casi nada, pero en el barrio los vecinos la conocen y la respetan. Es que cuando tenía 14 años supo correr y jugar en las callecitas de barro, entre las casitas de techos bajos y chapa.  “Siempre viví sola y me arreglé sola, y toda la vida trabajé de la prostitución porque no había otra salida. Nunca me gustó pero hoy en día no quiero estar con nadie.  Tengo el plan Hacemos Futuro y con eso pago mi techo y el almacén”, narró, con una mirada triste que, cada tanto, se encendió en pequeñas sonrisas.

Articular para lograr políticas públicas

La minga se concretó a partir del trabajo articulado entre organizaciones sociales, el Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos, y la cooperativa La Pasionaria. El objetivo es arreglar viviendas de personas del colectivo LGBTIQ+ de la ciudad.

En ese marco, las cruzadas solidarias continuarán, sumando manos y trabajo, con el apoyo del Estado provincial garantizando el aporte de los insumos y herramientas. El fin será que estas acciones se conviertan en una política pública capaz de cambiar la calidad de vida de travestis y trans de la ciudad.

Más información

Les interesades en contactar con la cooperativa pueden hacerlo a través del teléfono (0343) 155024359.

Fuente Agencia Presentes

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Aprobaron cupo laboral e inserción integral de personas trans en Victoria (Entre Ríos)

Viernes, 20 de septiembre de 2019

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Por Gisela Romero, desde Entre Ríos 

Foto: Diversidad Victoria

Victoria se convirtió este miércoles 11 de septiembre en la segunda localidad de la provincia de Entre Ríos, luego de Paraná, en aprobar el cupo laboral travesti-trans y fue aún más allá: estableció mediante una ordenanza la inclusión a la vivienda, la salud y educación, y la cultura y el deporte del colectivo. Las iniciativas venían siendo impulsadas por organizaciones de la diversidad sexual y derechos humanos.

El Concejo Deliberante de Victoria sancionó la ordenanza de inserción integral de personas trans, que promueve un cupo del 1 por ciento de la totalidad del personal de planta permanente y transitoria del municipio para travestis, transexuales y transgénero, hayan o no realizado el cambio registral establecido en la Ley N°26.743 de Identidad de Género, mayores de 18 años que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo.

Acceso a la vivienda para trans y travestis

DSC_7894Un aspecto a destacar es la inclusión a la vivienda que propone el texto. Según lo aprobado, se garantizará su acceso a familias trans, disponiendo el 1 por ciento del total de las adjudicaciones de lotes o viviendas con financiamiento municipal, provincial y nacional.

Hubo un aplauso cerrado en el recinto este miércoles por la tarde, cuando les concejales de la ciudad levantaron la mano y votaron por unanimidad la iniciativa que promovieron organizaciones vinculadas al colectivo LGBTIQ+ y de derechos humanos.

El texto, presentado por la concejala Nelly Amilibia, acompañada por la bancada del Frente para la Victoria, fue defendido por la militante trans Karen Bruselario en la banca ciudadana.

“Este proyecto es esperanza para nuestro colectivo. Esperanza de poder acceder a un trabajo, de dejar la prostitución, de que a mis compañeras dejen de matarlas porque los travesticidios y transfemicidios han aumentado en lo que va de 2019″ , dijo a Presentes Karen Karen Bruselario, referente de Diversidad Victoria, y una de las compañeras que más luchó porque saliera la iniciativa.

“Diversidad Victoria armó este proyecto con mucho amor y dedicación, estuvimos en todos los detalles para que saliera un proyecto hermoso, que pudiera respetarse —recordó Karen—. Y nos parecía fundamental que este proyecto saliera porque Victoria es una ciudad bastante conservadora, católica, excluyente y discriminadora. Nosotras fuimos muy discriminadas y excluidas de la sociedad y esto es devolvernos algo, de esa deuda histórica hacia el colectivo trans travesti”.

Una puerta a la diversidad

YO-APOYO-INCLUSION-LABORAL-TRANS-1024x768“Diversidad Victoria me presentó el proyecto y lo acompañé. Porque es una lucha de años de personas que están buscando una inserción laboral, porque el Estado debe garantizar realmente el derecho de todos, así que por suerte se aprobó por unanimidad del cuerpo”, explicó a Presentes la concejala Nelly Amilibia.

La edila destacó el avance de la sanción del cupo laboral travesti- trans así como la creación del Área de Diversidad, la promoción de acceso a la vivienda y la capacitación para que puedan terminar los estudios, tanto como el acceso a la salud, entre otros logros.  “Es una ordenanza muy completa, hemos tratado de contemplar todas las necesidades y las que falten, porque seguramente van a surgir nuevas, serán planteadas a través del área de la Diversidad”. Del mismo modo, la concejala aseguró que “esto es una puerta que se abre y una posibilidad importantísima para quienes transitan por el grupo trans-travesti”.

Resultado del trabajo de las organizaciones

“Estamos muy contentos y celebramos este hecho histórico para la ciudad y para todo nuestro colectivo”, dijo a Presentes Alexis Taborda, referente trans de Diversidad Victoria y de la Agrupación Violeta y Verde-Ate Entre Ríos, algunos de cuyos miembros viajaron para acompañar este acontecimiento. Desde mayo, mes en el que se presentó el texto, hasta ahora, “insistimos para que ver qué iba a pasar con el proyecto, que se venía estudiando, y para sorpresa nuestra no solamente se aprobó la inclusión laboral trans sino también el área de Diversidad a nivel local y el acceso a la vivienda para personas del colectivo trans y travestis. Es decir que todas las modificaciones fueron para mejor”.

PAÑUELO-CUPO-TRANS-672x1024Hicimos realidad nuestra primera Ordenanza Municipal“, celebraron desde Diversidad Victoria a través de redes sociales. Y destacaron que »es el resultado del trabajo de la organización local y de diferentes proyectos que se desplegaron en el Consejo Deliberante, uno de ellos el de Inclusión Laboral Trans y Travesti (Ley Lohana Berkins de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias)”.

«El Estado tiene una deuda histórica con nuestro colectivo trans travesti, es momento de que empiece a reconocer las políticas públicas para nosotres, y se empiece por algo básico y fundamental como el trabajo», agregó Karen.

El proyecto nacional de ley Diana Sacayán

El proyecto de ley nacional de cupo laboral travesti-trans duerme en el Congreso de la Argentina desde julio de 2018, y ya había sido sido presentado en 2016 (pero perdió estado parlamentario). 

El Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán de Cupo Laboral Travesti Trans -integrado por más de veinte organizaciones de todo el país- viene luchando para que esta iniciativa sea ley en todo el país. El proyecto recoge la lucha de la activista y defensora de derechos humanos que supo impulsarlo, y busca instituir el cupo laboral del 1% de los puestos de la administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans.

La provincia de Buenos Aires fue la primera en aprobarlo, el 17 de septiembre de 2015, pero hasta ahora no lo reglamentó ni aplicó.

Alcances de la letra chica

La Ordenanza aprobada crea además el Área de Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. “Tendrá como función el diseño y ejecución de acciones que aporten a la garantía de los derechos humanos aplicados a la Orientación Sexual y la Identidad y Expresión de Género”, se lee en la iniciativa.

cupo-1024x510Asimismo prevé que “el Departamento Ejecutivo Municipal promoverá la inclusión de personas travestis, transexuales y transgénero en los organismos descentralizados y autárquicos municipales, empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todos aquellos organismos empresariales donde la Municipalidad de Victoria tenga participación mayoritaria en el capital”. Y garantizará la realización de un Registro de Aspirantes al empleo de personas travestis y trans de la ciudad, “bajo confidencialidad”, del cual será seleccionado el postulante para la incorporación en el cargo vacante. En este proceso la Junta de Calificación y Disciplina contará con un representante de alguna agrupación social con trabajo en la diversidad sexual.

Sobre la inclusión en el acceso a la salud y la educación, el artículo 8 dispone que el Ejecutivo local garantizará capacitaciones sobre espacios de salud libres de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, destinadas a la totalidad del personal de salud municipal. Asimismo, asegurará las articulaciones con efectores de salud provincial. También celebrará convenios con la Dirección Departamental de Escuelas para la inclusión de los trabajadores municipales en la terminalidad educativa en los niveles primario y secundario.

Acerca de la inclusión en el acceso a la cultura y el deporte, se favorecerá la participación y la inclusión de personas trans en el desarrollo de actividades culturales y deportivas.

Panorama en Entre Ríos

CUPO-BANDERA-TRANS-VICTORIA-1024x768Paraná fue el primer municipio de la provincia de Entre Ríos en sancionar el cupo laboral trans. El 27 de junio de 2019, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto que establecía que el 2 por ciento de lxs empleadxs deberán ser personas trans. A su vez promovía el desarrollo de programas vinculados con la salud, educación, vivienda, acceso y ejercicio ciudadano, la asistencia a personas trans víctimas de violencia, y el acompañamiento a infancias, adolescencias y juventudes trans y sus familias; así como la creación de la Dirección de Diversidad Sexual y Géneros en el ámbito de la Secretaría General y de Derechos Humanos de la Municipalidad.

En tanto, a nivel provincial, en mayo de este año la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que promueve derechos laborales para el colectivo de travestis y trans. No obstante, este proyecto de ley -de autoría de la diputada provincial Emilce Pross- aun no ha sido tratado en el pleno del Senado entrerriano.

Y en Nogoyá, el proyecto de Ordenanza de cupo laboral para personas travestis y trans fue presentado por la comunidad travesti, trans, lésbica, gay, bisexual, intersexual y queer el 8 de junio al intendente local, Rafael Cavagna, y al Concejo Deliberante pero no ha recibido aún tratamiento en el recinto.

Fuente Agencia Presentes

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Asesinan en Paraná (Argentina) a la activista LGBT+ Lucía Barrera, “La Loba”

Lunes, 22 de julio de 2019

LA-LOBA-LUCIA-BARRERA-PARANA-e1563549623538-394x197Por Gisela Romero desde Paraná

Lucía Barrera era una trans de 37 años, activista del colectivo LGBTIQ+ en Paraná, provincia de Entre Ríos. Este jueves 18 de julio, su cuerpo fue hallado sin vida, en el interior de su casa en esta ciudad. Tenía múltiples heridas de arma blanca.

Lucía -conocida como La Loba- vivía sola en la vivienda en calle Ameghino 59, en cercanías del cementerio municipal de Paraná, a pocas cuadras del centro de la capital entrerriana. Sus amigas contaron que tenía poco trabajo, y muchas necesidades insatisfechas por falta de oportunidades.

La casa, que solo albergaba a sus perros, no presentaba signos de robo ni de resistencia. La Policía llegó al lugar ayer y valló el ingreso. Poco después se presentó el fiscal Gonzalo Badano. Tras realizar las primeras diligencias, el cuerpo fue llevado a la Morgue de Oro Verde, para la realización de la autopsia.

PARANA-TRANSFEMICIDIO-LUCIA-LA-LOBA-DIARIO-UNO-e1563548961431-768x289La Loba compartía su vida con amigues y compañeres del colectivo LGBITQ+. Supo colaborar con un comedor popular del barrio Puerto Sánchez, varias veces por semana, hasta que se convirtió en beneficiaria del programa Hacemos Futuro de Anses. Quienes la conocieron cuentan que sólo cambió su DNI para actualizar los datos que debía presentar ante el organismo. Allí figura como Lucía Barrera, aunque para su grupo más cercano fue y seguirá siendo La Loba, o Lucía Torres Mansilla, la autora de un libro de poesía: Rota.

Así recuerdan a La Loba

“Vivía a la vuelta de mi casa. Desde chicas fuimos compañeras hasta que tomamos el camino del cambio de identidad. En mi caso, pasé a ser Agostina, y en su caso, a ser Lucía”, relató Agostina Busten, trabajadora travesti del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, en diálogo con Presentes.

LUCIA-LA-LOBA-PARANALa Loba y su amiga Agostina.

“Me duele mucho lo que pasó porque fue una de las primeras compañeras que me acompañó y me apoyó en todas mis decisiones y mi lucha. Además fue una de las primeras compañeras que impulsó el proyecto de cupo laboral trans, nos acompañó y estuvo al lado de nosotras. Realmente era una amiga excepcional, siempre nos ayudaba de la forma en que podía”, destacó.

“Nos están matando por ser trans y travestis”

Este transfemicidio “nos dejó sin palabras a las compañeras y al colectivo LGBTIQ+ porque es la segunda compañera que nos arrebatan y ya no van a estar en la lucha. Primero fue Jésica Benavídez y ahora Lucía Barrera. Estamos muy doloridas”, ahondó al respecto. Y agregó: “Esperamos la autopsia, pero estamos decididas a reclamar justicia para que esto no quede como algo más y se dé con las personas que le hicieron esto a la compañera y terminemos con los transfemicidios y travesticidios en Paraná”.

“Nuestra misión es exigir justicia para que descanse en paz. Que la gente se entere: nos están matando por ser travestis. Esto no puede seguir sucediendo. Que los culpables paguen las consecuencias por estos hechos aberrantes”, exigió, por último, Agostina.

La Loba, poeta

Nora Aracil, amiga de Lucía, también habló con Presentes: “La Loba era una niña grande, una identidad trans que vivió cuidando a sus padres y acompañando a sus hermanos. Ahora vivía sola, en esa casa grande, que le había quedado tras la muerte de sus viejos. Como todas las identidades trans tenía poco trabajo y pocos recursos. Siempre era muy solidaria. Durante muchos años, la Loba fue asistente de peluquería. Ella decía que era la marica que llevaba el bolso y le encantaba”, reveló Nora, entre risas y emoción. “La Loba era la trans del rincón, y en algún momento de la reunión largaba el chiste, fino, para entender. Era muy amiga de los amigos, y amante de los perros. Era un ser tímido, pero muy lanzado. Cada cosa que hacía era un paso en su vida”.

LUCIA-LA-LOBA-POETA-PARANALa Loba en la presentación de su libro, Rota.

Nora es una de las responsables de la Biblioteca Pedro Lemebel, que funciona en el barrio El Sol de la ciudad. Allí La Loba participaba de un taller literario. “Ella siempre escribió y ese es el lugar con el que me quiero quedar. A ella siempre le encantó escribir. En las redes publicaba haikus -un género poético de origen japonés-. Escribía poesías y hace un tiempo era la única que iba, todas las siestas, al taller de poesía que dicta Marita Balla. Ella fue quien la ayudó para que publicara su primer libro: Rota, de la editorial Caballo Verde, a fines de 2017″. La Loba trabajaba en su segundo título: Descocida. Hoy, que ya no está, para Nora, las publicaciones de la cuenta de Facebook son el diario literario, de vida, de La Loba.

La investigación judicial

Minutos después de recibir la denuncia de la muerte de Lucía, la Policía de Entre Ríos montó un operativo en la vivienda. También se acercaron vecinos, amigas y amigos, y compañeres de militancia. Uno de sus tres hermanos siguió las primeras diligencias desde la vereda.

“El personal policial tomó conocimiento a través de un amigo de la víctima, que la última vez que la había visto fue el domingo, y desde el domingo hasta ayer no había tenido contacto con ella. Entonces se dirigió a la casa para ver cómo estaba. Encontró un portón grueso entreabierto y la puerta principal de la casa entreabierta también, golpeaba y no contestaba nadie. Ingresó y se encontró con el cuerpo de esta persona sin vida. De inmediato llamó a la Policía”, informó a Presentes el director de Investigaciones de la provincia, comisario General, Fabio Jurajuría.

LA-LOBA-LIBRO-ROTAEn el hecho tomó intervención personal de la División Investigaciones, la División Homicidios y la División Criminalística, que empezó a trabajar en la escena del crimen. Se sumó a la tarea un médico y el fiscal Gonzalo Badano, a cargo de la investigación. Jurajuría precisó a este medio que “se constató que presentaba múltiples heridas de arma blanca, y fue trasladada a la Morgue de Oro Verde donde durante la noche se realizó la autopsia correspondiente”.

“Estamos trabajando en diversas hipótesis, a simple vista no se observan signos de violencia en la vivienda, y no se observan faltante de cosas. Anoche estuvimos buscando el documento y una billetera que, seguramente, debe estar en la casa y hoy vamos a hacer una nueva inspección. Lo único que faltaría es el documento”, confirmó el comisario, que nombró a Lucía como masculino durante la entrevista, argumentando se “viste de mujer y tiene nombre de varón”, ignorando la ley de Identidad de Género que rige en nuestro país.

De acuerdo al informe preliminar de la autopsia, Lucía presentaba “múltiples heridas en el cuello y en la zona intercostal izquierda, heridas punzocortantes que serían compatibles con una herida de arma blanca o cuchillo”. El fallecimiento, además, data de aproximadamente 48 horas antes de haber sido encontrado el cuerpo.

En la zona hay cámaras del 911 y en las calles Ameghino y España, en cercanías a la casa donde vivía Lucía, que serán revisadas para buscar datos que arrojen luz para esclarecer este transfemicidio. »Estamos trabajando. Esto ocurrió ayer, terminamos en el lugar anoche a última hora y estuvimos trabajando hasta altas horas de la madrugada, hablando con amigos y entrevistando gente, y hoy seguimos trabajando«, redondeó el comisario General.

Redoblar el trabajo desde el Estado

El Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual contactó con autoridades policiales, judiciales y del Ministerio de Gobierno, de quien depende, durante la tarde de ayer. »Este tema nos atraviesa a las personas del colectivo LGBTIQ+ y vamos a utilizar todos los recursos del Estado para aportar a resolver la causa así como acompañar a la familia, amigas, amigos, muy afectados por lo ocurrido«, dijo a Presentes la coordinadora del Área, Alejandra Elcura.

“La Loba había empezado a militar en la Secretaría de Diversidad del PJ la primera idea de cupo laboral trans hace más de tres años. Era una compañera de Paraná que, como la mayoría, en su momento se dedicó a la prostitución, y de a poco logró incluirse en el programa Hacemos Futuro. Justamente estaba contenta porque la semana que viene empezaban los cursos«, recordó Elcura. “Además nos acompañó en varios proyectos del Área y nosotras la asistíamos con trámites menores. Era de esas compañeras que siempre estaba feliz, contenta. Vamos a honrar su nombre y esto, a pesar de que estamos mal, nos da fuerza para seguir luchando por todas las compañeras porque la vida que llevan es lo que tenemos que cambiar. Y desde mi lugar de responsabilidad redoblaré mi compromiso de seguir apostando y trabajando en proyectos de inclusión”, afirmó.

Las manifestaciones de dolor

En pocas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor de compañeras y activistas del colectivo LGBTI de Paraná y la provincia. Desde Sexualidades Disidentes exigieron “justicia para Lucía ‘La Loba’”. Y desde Ammar Entre Ríos manifestaron: “Le damos el mas sentido pesame a la familia y amigos de Lucia Q.E.P.D, hasta la vista compañera , hoy las puertas del cielo fueron abiertas para vos lamentablemente , pero esto no es un adios es un hasta pronto , con tu brillo y feminidad descansa tranquila y en paz”.

Fuente Agencia Presentes

Fotos: gentileza Biblioteca Pedro Lemebel, Agustina Busten, Facebook, Diario Uno.

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El sacerdote argentino Justo Ilarraz, condenado a 25 años de cárcel por corrupción y abusos sexuales a menores

Jueves, 24 de mayo de 2018

acusado-de-pedofiliaLas víctimas lo celebran: “Al fin fuimos escuchados y se hizo justicia”

La Iglesia admite que “no supimos encontrar los caminos para dar respuestas a las víctimas”

El mapa de la pederastia en Argentina

(C.D./Ap/Aica).- El cura argentino Justo José Ilarraz ha sido condenado este lunes a 25 años de cárcel por delitos de corrupción de menores y abusos sexuales de niños vulnerables de entre 10 y 14 años en el Seminario de Paraná. Una sentencia que las víctimas del sacerdotes han aplaudido, celebrando que “al fin fuimos escuchados” y “se hizo justicia”.

La sentencia, que es apelable, fue leída por la juez Alicia Vivian, presidenta del tribunal donde se desarrolló el juicio al cura en la ciudad de Paraná, situada a unos 500 kilómetros al noreste de Buenos Aires.

Los abusos fueron cometidos por Ilarraz cuando ejercía en los años 80 y 90 como prefecto de disciplina y guía espiritual en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos.

El tribunal dispuso además la prisión preventiva de Ilarraz “bajo la modalidad de arresto domiciliario” hasta que se confirme la sentencia. La fiscalía había pedido 25 años de cárcel para el cura, la máxima condena que establece el código penal para estos delitos.

Ilarraz se declaró inocente durante el juicio. En tanto, su defensa había pedido su sobreseimiento alegando que los delitos estaban prescritos y que era víctima de una “conspiración para manchar su imagen”.

Tras la sentencia Fabián Schunc, una de las víctimas del sacerdote, animó a que otras posibles víctimas de Ilarraz se presenten ante la justicia. “Este es el momento de hacer algo”, dijo Schunc en un mensaje al papa Francisco, a quien pidió “venir a intervenir la diócesis”.

Según el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, “en el transcurso del juicio también quedó claro que hay personas que sufrieron estos abusos y que no lo han denunciado a la justicia“.

Antes de conocerse la sentencia, el fiscal había explicado al canal de cable Todo Noticias que Ilarraz “se relacionaba con los seminaristas de forma muy informal, siempre con amistad y confianza, y ésa era la forma para generar un acercamiento con ellos”. Los jóvenes abusados provenían de provincias lejanas, extrañaban a sus familias y se encontraban en un estado de gran vulnerabilidad.

El fiscal recordó que en 1997 recayó sobre el cura una sanción canónica de la cual las víctimas no fueron informadas por la “levedad de la misma”. Pero al ver que Ilarraz seguía siendo sacerdote, hicieron en 2010 un reclamo a las autoridades eclesiásticas de Paraná y finalmente lo denunciaron ante la justicia.

El cura fue trasladado entonces a una parroquia de la provincia de Tucumán, en el norte del país. En 2012 medios periodísticos sacaron a luz el caso con testimonios de las víctimas, que contaron que el sacerdote cometía los abusos en su dormitorio o en el dormitorio colectivo, donde aparecía durante la noche para meterse en la cama de algún menor.

En 2017 el cura Juan Diego Escobar, quien también ejercía el sacerdocio en Entre Ríos, fue condenado a 25 años de cárcel por el abuso sexual y la corrupción de cuatro menores cuando estaba a cargo de una parroquia de una pequeña localidad.

Tras la sentencia, el arzobispado de Paraná emitió un comunicado en el que expresa dolor por no haber sabido “encontrar los caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las víctimas” e invita a la comunidad a “encontrar a través de la reflexión, la oración y la acción solidaria con el prójimo, los caminos de superación de los males que nos aquejan como sociedad”.

En el mensaje, el arzobispado ratifica su confianza “en la acción y la decisión del Tribunal, en la seguridad de que en todo momento se buscó la real expresión de la verdad y la justicia”, y reitera su rechazo y repudio “a los abusos de todo tipo, especialmente hacia aquellos que tienen como víctimas a niños y adultos vulnerables, quienes deben ser protegidos de manera contundente por la Iglesia”.

Iglesia: compromiso, verdad, justicia y sanación

La reciente finalización del juicio sustanciado en Paraná por abuso de menores es una instancia de significativa importancia para todos nosotros.

El veredicto dado a conocer por el Tribunal viene a establecer, por parte de la justicia, la culpabilidad que le cabe a quien incumplió con su vocación y su promesa a Dios -en lo personal, atentando contra quienes eran merecedores de su cuidado y protección, en primera instancia, y vulnerando la confianza de la institución que lo albergaba, la de sus pares y sus superiores, y también la de toda la sociedad.

Ratificamos, en tal sentido, nuestra confianza en la acción y la decisión del Tribunal, en la seguridad de que en todo momento se buscó la real expresión de la verdad y la justicia.

Reiteramos, además, nuestro rechazo y nuestro repudio a los abusos de todo tipo, especialmente hacia aquellos que tienen como víctimas a niños y adultos vulnerables, quienes deben ser protegidos de manera contundente por la Iglesia, tal como lo señalara Su Santidad, el Papa Francisco, en setiembre de 2017: “Pero también hemos experimentado un llamado, que estamos seguros de que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo: acoger la misión del Evangelio para la protección de todos los menores y adultos vulnerables”.

La Iglesia en Paraná, a partir de testimonios y otros aportes, ha contribuido en todo lo que le fuera requerido por parte del Tribunal, como también lo hizo durante la etapa preliminar de instrucción de la causa.

Ya en 1995, ante la denuncia de tres hechos de abusos recibida en ese entonces, se había llevado a cabo un proceso canónico que culminó con la expulsión del sacerdote Justo José Ilarraz de la Arquidiócesis de Paraná en el año 1997. En cuanto a la condición sacerdotal del mismo, señalamos que la expulsión del estado clerical sólo puede ser impuesta por decisión exclusiva de la Santa Sede, y no de Arquidiócesis. También debe conocerse que, al tomar conocimiento de nuevas acusaciones que se sumaron a las anteriores, el Arzobispado de Paraná comenzó otro proceso canónico que está llevándose a cabo, el cual está a la espera de su resolución por parte del tribunal pertinente.

Reiteramos que, en su momento, no supimos encontrar los caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las víctimas, y nunca dejaremos de sentir dolor por eso. Desde esa experiencia, hemos transitado un período de reconocimiento y de evolución que está generando cambios trascendentes en la búsqueda de la contención y la prevención. De eso da cuenta la creación de un espacio y un programa específicos, que promueven la educación y la aplicación de estrictas normas de convivencia y conducta para todos quienes participan de los ámbitos institucionales, todo lo cual puede profundizarse en el conocimiento en www.comisiondeprevencion.com.ar.

Deseamos, igualmente, ratificar y poner de relevancia el compromiso por la tarea pastoral y social que desarrollan los sacerdotes y todos los integrantes de la Arquidiócesis de Paraná. Los actos cometidos por unos pocos no pueden desacreditar ni desvalorizar la labor comunitaria y religiosa que abnegadamente desarrollan quienes hacen del sacerdocio una desinteresada ofrenda de paz y sacrificio orientada por el bien común.

En este sentido, invitamos a toda la comunidad a encontrar, a través de la reflexión, la oración y la acción solidaria con el prójimo, los caminos de superación de los males que nos aquejan como sociedad, dejando de lado las suspicacias, el encono y el prejuicio, actitudes que dañan el espíritu y alejan a las personas de la verdad y la palabra de Dios.

Mons. Juan Alberto Puiggari, arzobispo de Paraná.+

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Fuente Religión Digital

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Argentina: Escuela difundió polémica guía de “cómo tratar con homosexuales”

Viernes, 20 de abril de 2018

0029054751Estudiantes de Entre Ríos denunciaron en las redes sociales que los directores del colegio iban a incluir material con contenido homofóbico en sus clases. En las fotocopias pueden leerse frases como “Nunca trates de asistir a un homosexual tú sólo. Hazlo junto a dos o a tres personas más; si involucra ambos sexos mejor. Evita los encuentros prolongados y en lugares privados”

Un colegio privado bautista de Paraná, Entre Ríos había preparado para sus clases de educación sexual material con frases como “la homosexualidad es una práctica pecaminosa” que “atenta contra el plan de Dios” y “una abominación religiosa”, según admitieron este miércoles desde el establecimiento educativo.

El caso se conoció luego de que los estudiantes del Instituto Cristiano Evangélico Bautista de la capital de Entre Ríos denunciaron en las redes sociales que los directivos del establecimiento iban a incluir el material con contenido homofóbico para el dictado de clases de educación sexual integral.

Las autoridades del colegio negaron este miércoles que ese material haya llegado a manos de los chicos pero reconocieron que “se hizo una fotocopia para empezar a trabajarlo”.

“Nunca trates de asistir a un homosexual tú sólo. Hazlo junto a dos o a tres personas más; si involucra ambos sexos mejor. Evita los encuentros prolongados y en lugares privados”, arranca el texto.

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El párrafo, que es parte del material fotocopiado en la escuela, pertenece al libro “Cuidado llegaron los adolescentes”, escrito por José Luis Cinalli, pastor de la Iglesia de la Ciudad de Resistencia, en Chaco y fundador del Centro de Formación Misionero y Ministerial Argentino y decano del Instituto Bíblico Interdenominacional Argentino.

Mónica Marconi, directora de la escuela, dijo que el proyecto educativo del colegio “se basa en valores cristianos, por lo que todas las personas son aceptadas” y aseguró que la polémica surgió porque todo “fue sacado de contexto” ya que el material cuestionado “no se trabajó” con los alumnos.

apfdigital_305389_1342018_img-20180413-wa0021Alumnos protestaron

En 2013, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) emitió un dictamen considerando “discriminatorios” los libros y la página web de los pastores Silvia y José Luis Cinalli, a partir de las disertaciones que realizaron sobre “restauración sexual”, cuestión que la escuela dijo desconocer.

Por su lado, el capellán del colegio, Cristian Farias, aclaró que las fotocopias “nunca” fueron entregadas a los alumnos, sino que “se hizo una sola fotocopia”.

Nuestro proyecto educacional está basado en los principios bíblicos. Es un texto que se sacó de todo contexto y se malinterpretó. Hicimos una fotocopia porque íbamos a trabajar el tema, precisó el capellán que reveló que los Cinalli asisten recurrentemente al colegio a dar cursos y capacitaciones.

7ea36f084aSilvia y José Luis Cinalli,

“Placeres perfectos” es la web de los Cinalli a través de cual promocionan su actividad y ofrecen charlas sobre diferentes temas, algunos de los cuales toma el colegio bautista para desarrollar.

“Estamos hablando con los padres. Somos una escuela cristiana. Al ser una escuela confesional los padres saben cuáles son nuestros principios, remarcó el capellán.

La fotocopia asegura que una persona es homosexual porque decide serlo. No es una enfermedad, no se trata psicológicamente. Hoy, los mismos homosexuales piden no ser discriminados, ya que siendo perfectamente normales han adoptado una vida homosexual”, afirma.

En otro tramo, agrega que “a veces, detrás de la homosexualidad existe un gran temor hacia el sexo opuesto y se refugian en la homosexualidad para no enfrentar ese temor.

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Entre otras cuestiones, el texto pregunta si “debe aceptarse la homosexualidad”. La respuesta es “No”, “la homosexualidad atenta contra el plan de Dios para el hombre. La Biblia la condena de manera terminante. La homosexualidad es una práctica pecaminosa, advierte.

Y añade: “En la tradición del Antiguo Testamento, la actividad erótica entre miembros del mismo sexo era considerada una abominación religiosa que ofendía a Dios y exigía castigo drástico, señaló el polémico panfleto.

En esa línea, aseguró que la homosexualidad es pecado “porque la Biblia lo define como desagradable ante los ojos de Dios”.

Fuente: Télam, vía SentidoG

 

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Juicio oral al ex Presbítero de Paraná, Justo José Ilarraz que abusó de más de 50 menores con la complicidad de 3 arzobispos

Martes, 4 de octubre de 2016

acusado-de-pedofiliaBasta de impunidad…

El Tribunal de Juicios y Apelaciones con la firma de los jueces Pablo Vírgala, Marina Barbagelata y Gustavo Maldonado falló a favor del pedido de elevación a juicio oral presentado por la querella y el fiscal Ramirez Montrull contra el cura Justo José Ilarraz, el ex prefecto del seminario de Paraná investigado por abusos sexuales contra más de 50 chicos de entre 10 y 14 años pupilos que entre 1984 y 1992 estaban a su cargo en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, “Nuestra Señora del Cenáculo”.

Un grupo de sacerdotes (Leonardo Tovar y José Dumoulin) emitió un documento el año pasado en el que denunciaron los tres últimos arzobispos de Paraná, Esteban Karlic, Mario Maulión y Juan Puiggarí, quienes nunca denunciaron el hecho ante la justicia local habiendo tenido conocimiento de las acusaciones.

César Cigliutti, presidente de la CHA dijo que “El sacerdote Justo José Ilaraz es otro testimonio vergonzoso ocultado por 3 arzobispos de Paraná: Esteban Karlic y Mario Maulión y Juan Puiggarí, que se suma a otros tantos de los casos que llegaron a la justicia en Argentina. Desde hace más de dos décadas la CHA denuncia la política vaticana, y la conducta de los obispos argentinos por su complicidad y por el ocultamiento de los abusos de menores realizados por sacerdotes que fueron, en el peor de los casos, trasladados a otros lugares donde continuaron con sus abusos.

Denunciamos el encubrimiento de los abusos sexuales de niños y niñas que, hasta ahora, no tuvieron la necesaria reparación ni por parte del vaticano ni por parte de la justicia a cada uno/a de los/as niños/as que sufrieron estos abusos sexuales. Deben cambiar esta historia lamentable de abusos y encubrimientos impunes como el de Justo José Ilarraz, el sacerdote Julián Ruiz de la parroquia de la localidad de Pampa de los Guanacos de la Provincia de Santiago del Estero y de Grassi (cuya culpabilidad ya fue establecida por la justicia argentina). No puede seguir el silencio, no hay prescripción para este delito, y esperamos justicia”

Pedro Paradiso Sottile, Secretario de la CHA dijo que “Exigimos justicia frente a los terribles y repudiables hechos de abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes cometidos y amparados por integrantes de la Iglesia Católica, como en el caso de Grassi, Ilarraz y Karlic. No puede continuar la vergonzosa complicidad con los sacerdotes que cometieron el delito de abuso sexual. Hay que terminar con el encubrimiento y el silencio, con los traslados cómplices, con la falta de denuncias y con estas acciones que históricamente han llevado a la impunidad de estos abusadores, como queda de manifiesto en esta causa, donde las autoridades del Arzobispado de Paraná, a través de los sacerdotes Puiggari, Maulión y Karlic optaron por el silencio cómplice ante las denuncias efectuadas oportunamente.

Debemos, como sociedad, acompañar a las víctimas y exigir que los culpables y/o responsables sean condenados, repudiando la histórica actitud de las jerarquías y esperando posicionamientos claros y contundentes que dejen atrás gestos que avergüenzan, para que ocurran hechos concretos que digan nunca más a estas violaciones de derechos humanos contra niñas, niños y adolescentes en cada rincón del país y el mundo”.

Fuente Nota de Prensa de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA)

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El obispo francés Stanislas Lalanne “no sabría decir” si la pederastia es un pecado

Domingo, 10 de abril de 2016

Mgr-Stanislas-LALANNE_0_730_333Absolutamente deleznable: Resulta que yo peco por amar a mi marido y un repulsivo abusador de menores no… ¿será que no viene en el Catecismo?. ¿Y Francisco no va a decir nada? Sí, mejor que se ajuste las gafas sucias…

Stanislas Lalanne la define como “un mal” que “es distinto para cada persona”

Polémicas declaraciones del prelado en pleno escándalo por la actuación del cardenal Barbarin

El obispo francés Stanislas Lalanne afirmó que la pedofilia es “un mal”, pero que “no sabría decir” si es un pecado, declaraciones que provocaron el miércoles la reacción de una asociación de víctimas.

La pedofilia es un mal ¿Es del dominio del pecado? Eso yo no sabría decirlo, es distinto para cada persona. Pero es un mal y lo primero que hay que hacer es proteger a las víctimas o las eventuales víctimas”, dijo Lalanne, obispo de Pontoise (periferia de París) en declaraciones a RCF, red de 63 radios cristianas francohablantes.

Monseñor Lalanne intervenía en una emisión consagrada al temaLa Iglesia de Francia frente a la pedofilia” , en momentos en que el arzobispo de Lyon (este), cardenal Philippe Barbarin, es objeto de una investigación judicial por no denunciar agresiones sexuales de un sacerdote de su diócesis.

En un comunicado publicado el miércoles, los miembros de la asociación La Parole Libérée (La Palabra Liberada), que reveló las agresiones a menores cometidas por un sacerdote de Lyon, denunció palabras que resuenan “de manera violenta y degradante para las víctimas de los actos de pedofilia.

Y mientras tanto…

figariPiden al Papa que finalice “su insostenible retiro espiritual en nuestras instalaciones”
El Sodalicio considera a su fundador, Luis Figari, culpable de abusos sexuales, y le expulsa
La congregación pide perdón a las víctimas y anuncia una reforma integral de la organización

El fundador de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) Luis Figari fue declarado culpable de abusos sexuales contra miembros de la agrupación cuando eran menores de edad en Perú, anunció hoy el superior general de esa comunidad, Alessandro Moroni.

En una declaración difundida en la televisión local, Moroni dijo que el Sodalicio considera a Figari “culpable de los abusos que se le imputan y lo declaramos persona non grata para nuestra organización, que deplora y condena totalmente su comportamiento”.

La Fiscalía peruana abrió una investigación de oficio el año pasado, en la cual el periodista Pedro Salinas declaró sobre los 30 testimonios de abusos recogidos en su libro “Mitad monjes, mitad soldados” escrito conjuntamente con su colega Paola Ugaz, donde también citaron a los principales dirigentes del Sodalicio.

El libro de Salinas reúne 30 testimonios de antiguos miembros del Sodalicio que denunciaron maltratos físicos, psicológicos o violaciones sexuales en los años 80 y 90, y acusaron de esos abusos a Figari y Germán Doig, éste último número dos de la organización hasta su fallecimiento en 2001.

Por su parte, el Tribunal Eclesiástico de Lima y el Vaticano recibieron en 2011 las denuncias de tres víctimas de abuso sexual, pero a la fecha no habían obtenido respuesta.

Moroni reiteró a las autoridades del Vaticano el pedido que le hizo personalmente al Papa Francisco en diciembre pasado “para que se decrete su inmediata separación de nuestra comunidad y finalice su insostenible retiro espiritual en nuestras instalaciones” en Roma.

Asimismo, agregó que respetan las investigaciones y procedimientos que el Vaticano y la Fiscalía de Perú vienen realizando sobre estas denuncias, y que acatarán la condena eclesiástica o judicial que merezca su fundador.

El superior general del Sodalicio pidió perdón a las víctimas de cualquier tipo de abuso o atropello del que hayan sido objeto por parte de algún miembro de la organización, y “a los denunciantes que por años no obtuvieron una respuesta satisfactoria y contundente de parte de nuestras autoridades”.

Moroni anunció igualmente una reforma integral de la organización y sus autoridades reconocieron “el pecado de no haber reaccionado de manera firma y oportuna”, ante las denuncias de abuso sexual.

Figari, que vive en una casa del Sodalicio en Roma desde 2010, admitió en enero pasado haber cometido graves errores, pero insistió en su inocencia sobre las acusaciones de abusos sexuales.

El fundador del Sodalicio, una organización que dirige colegios y universidades privadas en Perú, admitió que en sus 40 años al frente de esa comunidad cometió graves errores que pueden haber ocasionado daño a otras personas y pidió perdón por ello.

acusado-de-pedofiliaSu procesamiento ha sido confirmado

Justo José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de menores

En el seminario de Paraná entre 1985 y 1993

El tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento del sacerdote Justo José Ilarraz acusado por corrupción agravada de menores de edad en el marco de la causa que investiga abusos sexuales que habría perpetrado hace treinta años en el Seminario de Paraná.

Con la definición unánime del tribunal especial integrado por los jueces Pablo Vírgala, Daniel Malatesta y Gustavo Maldonado, quedó abierta la posibilidad de que se fije la fecha para el juicio oral.

El tribunal de Apelaciones confirmó el fallo de la jueza Paola Firpo que había procesado al sacerdote en base a las denuncias de varios hombres que aseguran haber sido víctimas de sus abusos cuando eran adolescentes y estudiaban como pupilos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná entre 1985 y 1993.

El abogado querellante Milton Urrutia dijo que la defensa del sacerdote tiene aún una instancia de Casación y luego la jueza Firpo tendrá la posibilidad de convocar a juicio oral.

En forma paralela, se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario que pide la prescripción de los delitos debido al tiempo transcurrido.

El presidente del tribunal, Pablo Virgala, destacó “la credibilidad de las víctimas” y el peso procesal de las pericias. El magistrado también cuestionó el rol de la Iglesia Católica: “No logra entenderse la actitud asumida por (el cardenal Estanislao) Karlic, quien afirmó -bajo juramento de decir verdad- que Ilarraz había pedido perdón por lo ocurrido”.

Virgala señaló que tampoco entendía la conducta del arzobispo “(Juan Alberto) Puíggari, que reconoció la existencia de los abusos a otros sacerdotes en una reunión en Mariápolis, quienes (desde la perspectiva del imputado) no sólo deberían formar parte de esa gigantesca trama conspirativa, sino que serían actores fundamentales al reconocer la existencia de los hechos, con las posibles consecuencias civiles” que ello implicaría.

Virgala indicó: “Una reflexión final merecen aquellas autoridades eclesiales que amparándose en directivas superiores, guardaron silencio sobre los hechos tan aberrantes que aquí se investigan. Lo mismo para aquellos que debiendo ser inflexibles, optaron por el perdón sin tener en cuenta el dolor de las víctimas.

“No hay normas por encima de las leyes civiles. Nadie está exento de la autoridad de las mismas. Y si por allí algún desprevenido creyera que su deber de obediencia a alguna autoridad administrativa está por encima de las leyes civiles, deberá entender, de una vez y para siempre, que nadie está obligado a obedecer órdenes o leyes intrínsecamente ilegales, contrarias a derechos, añadió.

Asimismo, advirtió que “si lo hicieran, podrían llegar a eludir el juzgamiento dentro su círculo áulico, pero nunca el juzgamiento por parte de las autoridades Estatales ni -quisiera creer- el peso de sus propias conciencias.

Religión Digital/Agencias

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