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Asesinaron a una mujer trans de 25 años en San Salvador

Miércoles, 30 de octubre de 2019

Anahi-Miranda-Rivas-El-SalvadorPor Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

  • A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
  • A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
  • Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
  • A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
  • Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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Cierre del Congreso peruano: «Que las nuevas bancadas abracen la diversidad»

Sábado, 5 de octubre de 2019

Captura-de-pantalla-2019-10-03-a-las-12.56.01-p.m.-1018x509Por Vero Ferrari

El 30 de setiembre de 2019 será recordado como un día histórico para todas y todos los peruanos, y sobre todo para la comunidad LGTBI. Ese día, el presidente Martín Vizcarra decidió cerrar un Congreso coptado por fuerzas fundamentalistas y llamó a elecciones parlamentarias alegando la falta de transparencia de la bancada fujimorista y sus aliadxs.

Horas después, el Congreso respondió aprobando la suspensión de Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses por «incapacidad temporal». Y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones» del país, aunque renunció al día siguiente.

El fujimorismo contra los derechos de las personas LGBT

Desde que empezó la legislatura, en 2016, el fujimorismo se opuso a cualquier avance de derechos en educación o reconocimiento, así, los proyectos de ley de unión civil, matrimonio igualitario, despenalización del aborto por violación e identidad de género estuvieron congelados en comisiones sin ninguna posibilidad de pasar al Pleno del Parlamento para que fueran votados.

El Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba sancionar los crímenes de odio motivados por orientación sexual e identidad de género, fue derogado en parte por esta clase política conservadora encabezada por los congresistas de Fuerza Popular aliados con congresistas evangélicos. Por suerte, el presidente nunca reconoció esta derogación así que el DL sigue siendo efectivo y herramienta para sancionar la discriminación.

El fujimorismo y sus aliados continuamente han obstaculizado cualquier proyecto de ley que incluyera el enfoque de género, impidiendo, por ejemplo, que haya una política carcelaria con este enfoque para reducir la violencia que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y los hombres gays, bisexuales y trans en situación de carcelería.

También han perseguido legalmente a quienes osaban desarrollar estos temas en los Ministerios. Así, propiciaron que las y los ministros de Educación fueran continuamente obligados a renunciar por intentar proteger la política educativa con enfoque de género, y que las y los especialistas que trabajaban estos temas sean sancionados administrativa y legalmente usando como excusa “el interés superior del niño y las buenas costumbres”, perdiendo sus trabajos y viéndose sometidos a comisiones investigadoras congresales con el único fin de hostigarlos, lo que los afectaba económica y psicológicamente.

Pero ya no están más, la población les dijo que no, que ya basta, y salieron todas las semanas a marchar exigiendo que se vayan todos y el presidente los escuchó. Desde el 30 se fueron todos, y sus intentos por vacar al presidente y poner en su lugar a la vicepresidenta usurpando su lugar no han tenido ningún apoyo ni legitimidad, nadie los quiere más.

En cuatro meses habrá nuevas elecciones para elegir a 130 congresistas, seguiremos vigilantes de que estos no representen a las agendas más retardatarias, para poder vivir en un país que respete y abrace a su diversidad. Hace tiempo nos merecemos a gente buena ocupando esos lugares, y entre ellos a LGTBI luchando para que el Estado repare y pague la deuda histórica que tiene con todos nosotres.

Fuente Agencia Presentes

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El Estado es el principal agente de violencia a LGBT+ en Perú

Sábado, 21 de septiembre de 2019

APERTURA8-golpiza-998x499Por Vero Ferrari 

Veintidós personas fueron asesinadas en Perú entre enero de 2017 y diciembre de 2018 por su orientación sexual e identidad de género. Asimismo, 341 personas presentaron información de haber sido discriminadas por ser lesbianas, gays, trans y bisexuales en el mismo periodo de tiempo.

Las cifras son parte del Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2017-2018, presentado en junio por este observatorio en colaboración con el Proyecto Únicxs – Personas Trans por Inclusión Social y el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

De las 341 vulneraciones registradas a lo largo de 2017 y 2018, casi la tercera parte (108) fueron responsabilidad del Estado peruano. Los agentes del Estado implicados son el personal municipal de serenazgo, la Policía Nacional del Perú, el personal sanitario (médicos y enfermeras) de diversos centros hospitalarios, funcionarios ediles y funcionarios varios del Estado (Poder Judicial, Reniec, etc.).

Para Ho Amat y León, encargado del Observatorio de Derechos LGBT, “la media de asesinatos a personas LGTB ha sido de entre 10 a 12 estos dos años, pero hay que tener en cuenta que existe un subrregistro y se sabe que el 90% de estos casos no se denuncian, es decir, los familiares, por vergüenza, no manifiestan que estas personas han sido asesinadas por su orientación sexual e identidad de género. Esta invisibilización no permite tener la cifra exacta, entonces recurrimos a los medios, pero estos han asumido como premisa ‘respetar el buen nombre de la víctima’, entonces, por lo que resulta complejo saber el número exacto de crímenes de odio”.

En 2017, la población más vulnerada, según el registro de denuncias que se hicieron públicas, fue la gay con 67 casos reportados, le siguen 37 casos contra la población transfemenina, y 18 casos contra lesbianas. El 2018, la población gay presentó 70 casos de vulneración, la transfemenina, 48 casos, y la lésbica, 16.

Estas cifras chocan con una realidad en donde más del 95% de peruanxs no denuncia vulneraciones a sus derechos cuando son por razones de orientación sexual e identidad de género, según la data recogida por la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI (de entre 18 y 29 años de edad), que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), entre mayo y agosto de 2017, de una población de 12,026 personas pertenecientes a estos grupos.

Crímenes de odio

El 2017 ocurrieron 5 asesinatos de hombres gays, 2 de mujeres trans y 1 de un hombre que era pareja de una mujer trans. El 2018 ocurrieron 14 asesinatos, 7 de personas trans y 7 de personas gays. Debido a que en el Perú no se ha legislado sobre los crímenes de odio, estos asesinatos, si llegan a ser investigados, pasan a ser procesados como homicidio doloso.

Está pendiente aún en el Congreso la derogación del Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, promulgado en 2017. La bancada fujimorista se opuso a la posibilidad de agravar los delitos de homicidio cuando estos se produjeran bajo «móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural”, y buscaron eliminar la tipificación de «discriminación e incitación a la discriminación» como delito. Esto era un aporte de este decreto legislativo al Código Penal, que incluiría por primera vez la orientación sexual y a la identidad de género como causales de discriminación.

Amat y León señala que “las posibilidades de alcanzar normas que favorezcan a la población LGTBI obedecen más a contextos que a programas de organizaciones políticas, esto sumado al hecho de que no hay un movimiento fuerte y las constantes crisis del Estado genera que estas agendas terminen siendo relegadas al no ser consideradas como prioritarias, sino como problemas secundarios que no importa atender, al igual que pasa con las comunidades afroperuanas e indígenas, que también tienen proyectos estancados, por lo que el panorama no pinta nada bien a mediano plazo”.

Prensa y transfobia

El informe también hace un recorrido por la forma en que la prensa trata los temas de violencia contra las personas trans, en especial contra las mujeres. Se reproducen prejuicios, estereotipos y estigmas contra ellas, persistiendo en el sensacionalismo al reportar hechos de extrema violencia, no reconociendo su identidad de género, lo que contribuye a perpetuar su invisibilidad. También se omiten o se ocultan aspectos relacionados a la violencia que se desata contra estas poblaciones dificultando su comprensión como un problema social.

Por último, el informe hace un recuento de lo avanzado en el tratamiento de la noticia desde 1959 hasta la actualidad titulado “Nada ha cambiado”, por la persistencia de la violencia contra las poblaciones LGTBI. Allí se enfoca en dos casos emblemáticos, el transfeminicidio de Brenda Jazmín Caimata Benites, ocurrido en octubre de 2016 en la ciudad de Pucallpa, en la selva del Perú, a manos de su pareja, y de la forma en que se llevó un proceso judicial que tal vez deje en la impunidad su asesinato por la situación de pobreza en la que vive la familia de Brenda; y el asesinato del periodista José Yactayo, en febrero de 2017 en Lima, quien había sido declarado desaparecido tres días antes. Yactayo era reconocido en los medios de comunicación y su asesinato fue resentido por diversos periodistas debido a la violencia con que se produjo, él fue dopado, ahorcado y descuartizado, siendo su cuerpo repartido por varios lugares de Lima. Sus asesinos están hoy en prisión.

Fuente Agencia Presentes

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Perú: El ambientalista Daniel Cáceres sufrió homofobia en un bus: intervino el Estado

Martes, 17 de septiembre de 2019

6mqTlmGk_400x400Por Vero Ferrari 

El activista ambiental y biólogo marino Daniel Cáceres (24 años) y su pareja vivieron una de las experiencias más atemorizantes de sus vidas en un bus de la empresa de transporte interprovincial Tepsa de Perú. Fue el 13 de agosto en un viaje desde Lima hacia Máncora, una zona de playas al norte del Perú. El viaje en carretera dura aproximadamente 16 horas y durante la noche se disponían a dormir. Pero cuando se dieron un beso, la homofobia se hizo presente. Un pasajero se quejó de ellos con el tripulante de cabina (terramozo) Jorge Jiménez, y éste amenazó a los jóvenes con bajarlos del bus a medio camino de su destino y en plena noche. Cuando Daniel intentó conversar con el chofer para señalarle lo que su tripulante estaba haciendo, éste le dio un empujón.

Mientras discutían, pudieron grabar un video donde quedan evidenciadas las posturas homófobas de varios pasajeros.

“Caballero, escúcheme, le voy a decir algo legal, mire, a usted le corresponde en la primera estación que pare, usted llame a dos testigos, dos, los denuncia por, yo le voy a decir por… entonces usted para allá nomás y llama a dos testigos, y los dos testigos ya sabemos qué hacer, porque esto no es un parque, aquí van niños, personas mayores que merecemos un poco de respeto y consideración”– dice en un momento un pasajero.

Activismo en red

Frente a esta situación, la pareja decidió recurrir a sus redes de contactos activistas. El caso salió publicado en las redes sociales de la web Mano Alzada y se comunicaron con la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú, partido de izquierda en el que milita también Cáceres), quien dio aviso a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Presentes se comunicó con Daniel, quien señaló que presentará la denuncia formal ante Indecopi contra Tepsa esta semana con la representación legal de la organización Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer). Busca que la empresa sea sancionada con una multa para que situaciones como las que vivió no vuelvan a repetirse nunca más.

“Nadie debe viajar con miedo ni vivir con miedo en ninguna circunstancia, lo que hizo la empresa al responderme de esa manera es institucionalizar la homofobia de la que he sido víctima al no reconocer que lo que hicieron fue terriblemente discriminatorio, y la discriminación en el Perú, quiéranlo o no, está penada, y tenemos el derecho a usar las herramientas legales a nuestra disposición para frenar este tipo de actos”, dijo a Presentes.

La respuesta del Estado

Apenas fueron avisados, Sutran empezó a monitorear el bus en donde viajaban los jóvenes para darles alcance con una patrulla de policía. También se comunicaban con los representantes de la empresa, quienes ofrecieron remediar el impase y dar facilidades a los jóvenes retirando a su tripulante del bus, mientras un asesor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) llamaba a la pareja. La Defensoría del Pueblo también activó sus alertas para ofrecer orientación legal y acompañamiento a los jóvenes.

Al llegar la policía, se detuvo al bus en el distrito de Chala para que se hiciera la denuncia respectiva. Ahí, sostiene Daniel en un pronunciamiento público emitido el 22 de agosto, luego de recibir la respuesta de Tepsa por correo sobre su queja en el Libro de Reclamaciones.

El pronunciamiento público posterior de Daniel sale por la respuesta que tuvo la empresa Tepsa sobre su queja, en donde señalan que no consideran el trato del tripulante de cabina como homofóbico, que fue por pedido de otros pasajeros que se le solicitó a la pareja mantener el orden “debido a que manifestaciones de esa índole puede generar incomodidad bien sea la pareja heterosexual u homosexual”. Asimismo, la empresa agradece que haya habido una “conciliación” entre los homofóbicos y la pareja, cuando esto nunca sucedió, como se puede ver en el video que lograron grabar.

Antecedentes de multas por discriminación  

Indecopi ya ha multado a otras empresas por actos de discriminación contra personas LGTBI. El 8 de mayo del 2014 se impuso una sanción de 50 unidades impositivas tributarias (S/185,000) a la discoteca Gótica por impedir la entrada a la joven trans Godfrey Arbulú. Así también, el 11 de noviembre de 2015 Indecopi sancionó al mall Plaza San Miguel con una multa de S/30,800 por la actitud de un guardia de seguridad que discriminó a la pareja de jóvenes Julio Lavalle y Joustin Rodríguez, al intentar retirarlos del recinto por darse muestras de afecto.

Fuente Agencia Presentes

Foto Twitter

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Una pareja de Perú pelea hace 3 años para que se les reconozca la comaternidad

Viernes, 13 de septiembre de 2019

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Darling Delfín y Jenny Trujillo llevan juntas casi una década. En febrero de 2012 se casaron simbólicamente en Lima, en un evento que organiza la Red Peruana TLGB desde hace 16 años cada 14 de febrero por el Día del Amor: “El amor no discrimina”. En 2012 Darling y Jenny se casaron legalmente en México y en agosto de 2014 nació Dakarai, su hijo. Un año después decidieron volver a su país. En México ellas son automáticamente madres de Dakarai por estar casadas, y así se registra en su partida de nacimiento. En Perú esa posibilidad se les ha negado una y otra vez. Aquí, Dakarai solo es hijo de quien lo ha parido. El Estado peruano ha sentenciado que la otra madre no existe. Empezaron una batalla legal hace tres años y ahora el Poder Judicial declaró admisible el caso.

En Perú hay dos proyectos de ley en el Congreso de la República, uno de unión civil, presentado por la congresistas que originalmente pertenecían a la bancada oficialista. Y otro de matrimonio igualitario, presentado por la bancada del Nuevo Perú, que aún no han sido siquiera debatidos en comisiones, por las constantes crisis que atraviesa el gobierno actual.

Una batalla en el Registro Civil

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) expidió el DNI (documento nacional de identidad) de Dakarai, donde reconoce la nacionalidad del niño y la maternidad de solo una de ellas. El 15 de diciembre de 2016, las madres solicitaron a Reniec emitir un DNI que reconozca la relación filial de ambas.

En este tiempo que llevan esperando, aparte del cuidado de su hijo y sus labores diarias, la pareja se dedicó a levantar una campaña a favor del reconocimiento de las madres lesbianas con apoyo de la organización feminista Demus (Estudio para la Defensa de la Mujer). Lo hicieron a través de la fanpage “Tengo dos mamás”, recibiendo el apoyo de artistas, políticos y ciudadanos que se solidarizan con su situación.

Presentes conversó con la abogada de la pareja, Jeannette Llaja, quien nos actualizó sobre la situación del caso:

– ¿Qué implica para dos madres lesbianas el no reconocimiento de sus derechos por parte del Estado peruano?

– En el caso de Darling y Jenny, el Estado peruano ha creado la ficción de que no tienen un hijo en común y que Jenny no es madre del niño con el que se ha visto involucrada desde su gestación, ha criado desde que nació y la llama mamá diariamente. Esa decisión tiene consecuencias muy graves y peligrosas para cada integrante de esta familia y para la familia.  Se dejan de lado los derechos y deberes que existen entre ellos y que deben ser respetados por los demás. De plano, Jenny no puede representarlo, cuidarlo o incluso evitar que se lo quiten.

Además, se trata de un caso en el que los funcionarios del Reniec tenían las herramientas jurídicas para reconocer el vínculo filial de este niño con sus dos madres, solo que decidieron no utilizarlas por miedo, por insensibilidad o por homofobia. Y más allá de las razones, evidenciando que la defensa de los niños y niñas y el Interés Superior del Niño que cada cierto tiempo el Estado pregona, es endeble, pues ante la disyuntiva de proteger a un niño o niña o desconocer los derechos de sus madres lesbianas, optan por esta última opción.

Demás está decir que un caso como el de Jenny y Darling coloca en el debate el derecho a decidir sobre ser madre o no que tienen las mujeres en general y las lesbianas en concreto. Derecho que como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo vs Costa Rica o el mismo Tribunal Constitucional peruano, deviene del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el de privacidad.

– ¿Por qué la lucha de Darling y su pareja es importante?

– Es importante en muchos sentidos, pero quisiera relevar dos. Primero, porque está creando un precedente argumentativo y esperemos un hito en el derecho nacional sobre la maternidad lésbica. Y, en segundo lugar, porque evidencia cómo el Estado y la sociedad tienen un doble discurso frente a la protección de los niños, quienes son utilizados incluso perjudicándolos como en este caso, para frenar el reconocimiento de derechos de las personas LGTBI.

– ¿En que está actualmente el proceso?

– El caso ha sido declarado admisible en el Poder Judicial. Esperamos que en estas semanas se notifique a Reniec y que este conteste a fin de que el juez constitucional sentencie inmediatamente. El caso tuvo una demora inicial pues tuvimos que acudir hasta la Corte Superior (segunda instancia) para que sea admitido, ya que inicialmente el juzgado se resistía a tramitarlo como un proceso constitucional.

– ¿Hay posibilidades de ganar?

– Deberíamos ganar. La razón y el derecho están de nuestro lado.

Fuente Agencia Presentes

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Por primera vez Corte Interamericana de DDHH trata torturas de policías a LGBT+

Sábado, 31 de agosto de 2019

azulPor Vero Ferrari, desde Lima

Foto: Promsex

Azul Rojas Marín fue golpeada, violada y retenida ilegalmente en una estación de policía el 25 de febrero del 2008 en la provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad al norte del Perú. Hoy, 27 de agosto de 2019, en el Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realiza en Colombia, 11 años después de sucedidos los hechos, se presentó el caso Rojas Marín y otra vs Perú en una audiencia. Por primera vez la violencia institucional que sufrió una mujer transexual se presenta ante esta Corte para dar su testimonio de cómo un Estado puede ser partícipe de una tortura que aún no acaba.

Hechos que se denuncian

Aquel 25 de febrero de 2008, con la excusa de que querían que se identificara, el policía Luis Quispe Cáceres y dos de sus compañeros, obligaron a la víctima -que en aquel momento aún no había transicionado y era gay- a subir a un patrullero y se dirigieron hacia la comisaría de Casa Grande. Ahí, Juan Isaac León Pardo y Dino Horacio Ponce Pardo la golpearon.

A pesar de la gravedad de los hechos y de las lesiones físicas y psicológicas que sufrió Azul, su caso fue archivado por el Poder Judicial peruano en 2009. El trato que recibió Azul de los policías y del sistema judicial fue brutal. Con el apoyo de organizaciones pro derechos LGTBI, su caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2016, siendo la primera vista del caso el 1 de diciembre de ese año.

En ella, la CIDH acreditó que Azul fue víctima de violencia física, psicológica y sexual. También que hubo un especial ensañamiento contra ella por su orientación sexual, y que hubo un incumplimiento del Estado peruano, porque no investigó con la debida diligencia. Por lo que recomendó una reparación integral a la víctima y que su caso sea visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El representante de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, señaló hoy frente a la Corte que este es el primer caso sometido a la jurisdicción de este tribunal por la responsabilidad de un Estado como resultado de violencia física y psicológica, incluyendo violación sexual, contra una persona LGBT.

Para qué sirve la sentencia de la Corte IDH

  • La sentencia de la Corte servirá para establecer estándares legales de reparación hacia víctimas de crímenes de odio, con el fin de asegurar que éstas puedan reconstruir sus vidas, reconociendo su identidad en un país que aún se niega a aprobar una Ley de Identidad de Género.
  • También sirve para asegurar que el Estado reconozca que no cumplió con su deber.
  • Cumplir con su función significa que el Estado repare a Azul Marín reconociendo su identidad, sancionando a sus agresores, asegurando su supervivencia material y evitando que situaciones de violencia contra las personas LGTBI en su conjunto vuelvan a repetirse.

“Este caso representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y para que la Corte IDH adopte un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región”, expresó a través de su página web el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que con sus asistencia legal acompañó a la víctima ante la CIDH, junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y a REDRESS. “Las organizaciones que acompañamos el proceso reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de Azul, incluyendo su derecho al debido proceso legal”.

Fuente Agencia Presentes

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El patinador Jorge Luis Martínez hace historia en los Juegos Panamericanos celebrando su medalla con las banderas mexicana y arcoíris

Viernes, 16 de agosto de 2019

018AC475-9649-4F22-8D3F-A7970734DEC4El mexicano Jorge Luis Martínez, que en 2016 se proclamó campeón del mundo de patinaje de velocidad sobre ruedas en la modalidad de 100 metros carril, ha hecho historia en los Juegos Panamericanos que acaban de clausurarse en Lima (Perú). Martínez celebró su medalla de bronce en la modalidad de 300 metros contrarreloj ondeando la bandera arcoíris junto a la bandera de su país. Y es que Martínez acaba de visibilizarse públicamente como gay en una entrevista a la revista GQ.

A sus 31 años, Jorge Luis Martínez cuenta con un destacado palmarés en el mundo del patinaje de velocidad. Además del mencionado campeonato del mundo, el mexicano ha ganado varias medallas. En los recientes Campeonatos del Mundo de Barcelona, por ejemplo, consiguió una plata y un bronce. Pero si nos hacemos eco en esta página de sus logros es por su participación en los Juegos Panamericanos de Lima, clausurados el pasado domingo, en los cuales el patinador mexicano se hizo con dos medallas, un bronce en la modalidad de 300 metros contrarreloj (el viernes 9 de agosto) y una plata en la de 500 metros distancia (al día siguiente).

Fue tras conseguir el bronce cuando se produjo la histórica imagen. Martínez celebró su medalla dando la vuelta a la pista con una bandera mexicana en una mano y una bandera arcoíris en la otra:

Una imagen que no es ni mucho menos casualidad. Y es que ese mismo día Jorge Martínez se visibilizaba públicamente como gay en una entrevista concedida a edición mexicana de la revista GQ. «Soy gay y estoy orgulloso de poder decirlo», es el titular de una entrevista en la que el patinador comenta su trayectoria desde un punto de vista muy personal y explica su salida pública del armario como una forma de compromiso social.

«¿Por qué quieres decir que perteneces a la comunidad LGBT+ y qué te mueve para dar ese mensaje en este momento?», le pregunta de forma expresa el periodista de GQ, Mario Villagrán. «Porque estoy seguro de que hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles y si yo me puedo sumar a ese mensaje de igualdad, de equidad, de inclusión y darle a la gente la perspectiva de que cualquier tipo de persona, con cualquier preferencia sexual puede ser una persona exitosa y lograr sus sueños, pues lo voy a hacer cuando tenga la oportunidad y porque me nace hacerlo. En lo personal, es un crecimiento importante para mí… la gente no sabe que a lo mejor un alto ejecutivo de una empresa transnacional es homosexual, por eso me parece importante que la gente lo sepa; que es una persona común y corriente que se supera, que logra sus sueños y que no tiene porqué ser una forma de etiquetar o tacharnos, ni nada eso. Entonces si me puedo sumar y tengo la madurez para poder hacerlo y me siento mucho más cómodo con eso, pues lo voy a hacer. Soy gay y estoy muy orgulloso de poder decirlo», responde Martínez.

«Obviamente no soy el único deportista homosexual en México, pero justamente nadie lo establece o lo hace público. Más bien, yo creo que va a ser un parteaguas y la sociedad lo va a tomar bien, ojalá que sirva de inspiración a muchos que lo quieren hacer y algo los detiene», añade Martínez, cuando el periodista le pregunta si no teme la reacción a la noticia en su país.

Martínez explica que antes de dar el paso avisó a su familia para que estuviera preparada. Y es que el patinador ya era abiertamente gay en su círculo privado. Por lo que se refiere a sus compañeros, el patinador no espera problemas. «He tenido un par de pláticas con algunos de ellos, y la verdad es que están muy contentos, saben que va a traer puras cosas positivas, tanto para el deporte, como para mí y el patinaje, entonces me han apoyado, todos con los que he platicado, sean o no de la comunidad me han apoyado bastante», asegura. Martínez se ve fuerte por otra parte, para enfrentarse a sus posibles haters. «Confío en que van a ser más los buenos; de los malos, la verdad es que me daría risa. Estoy 100% seguro que lo que ellos sienten o digan de mí no tienen nada que ver conmigo, solamente tiene que ver con ellos, con su formación, con sus ideas y con su ignorancia», explica.

Nuestra enhorabuena a Jorge Luis Martínez, al que deseamos una carrera plagada de éxitos. Sin duda, un ejemplo de visibilidad de los que aún hacen mucha falta en el mundo del deporte, y no solo el latinoamericano.

Fuente Dosmanzanas

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Informe: Cada día asesinan al menos a 4 personas LGBTI en América Latina

Miércoles, 14 de agosto de 2019

01-hondurasPor Paula Rosales

SAN SALVADOR – Al menos unos 1.300 asesinatos de personas LGBTI se han cometido en los últimos cinco años en América Latina, haciendo un promedio de cuatro homicidios diarios, según un informe que preocupa a organismos de derechos humanos. El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el observatorio Sin Violencia LGBTI, recoge datos estadísticos de asesinatos cometidos en nueve países: Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia.

“Enfrentamos cuestiones de naturalización (de la violencia) en toda la región y es un hecho innegable. Mucha gente justifica que las condiciones en las que morimos las personas LGBTI las buscamos y particularmente nos las merecemos, nadie merece morir de esa forma, nadie merece vivir con violencia y nadie merece vivir con sus derechos violentados”, expresó Carlos Romero, secretario de la red nacional de diversidad sexual de Guatemala.

El observatorio regional indica que el país donde se cometieron más asesinatos durante cinco años de personas LGBTI fue Colombia con 542 homicidios; seguido de México 402 casos y Honduras con 164.

La lista también recoge datos de Perú con 57 asesinatos; El Salvador 53; República Dominicana 28; Guatemala 26; Paraguay 12 y Bolivia 8.

“Encontramos una tendencia de retroceso en la región (…) La mayoría de los casos corresponden a personas entre los 18 y 25 años, lo que nos parece alarmante”, expresó David Alonzo del equipo de Colombia Diversa.

Las organizaciones indicaron que poseen proyecciones preliminares de la Asociación brasileña ANTRA en las que en el mismo periodo habrían sido asesinadas 1.650 personas de la población, con un promedio de un homicidio por día.

La mayoría de las victimas corresponde a hombres gay y mujeres trans y se logró determinar que el 30 por ciento de los crímenes fueron causados por prejuicio. Según el estudio los asesinatos fueron motivados por la orientación sexual e identidad de género de las victimas.

El uso de las armas de fuego predomina en los crímenes, sin embargo, en los asesinatos de hombres gay y bisexuales son cometidos con objetos cortantes y ahorcamiento. Mientras tanto, las mujeres trans, bisexuales y lesbianas son asesinadas con arma de fuego en su mayoría.

“Las personas LGBTI seguimos enfrentando el estigma, muchas familias casi celebran que desaparecemos de este mundo para no seguir enfrentando el estigma con el que han vivido toda la vida. Morimos en el silencio, en la negación, morimos en la invisibilidad’, puntualizó Romero.

Los lugares más peligrosos para las personas LGBTI son la calle y la casa. Los datos recabados indican que el 80 por ciento de los cuerpos de las victimas fueron encontrados es espacios públicos abiertos y en sus domicilios particulares. Se destaca que las mujeres trans y lesbianas fueron atacadas en espacios abiertos, mientras que los ataques a hombres gay fueron cometidos en sus casas. 

Las activistas sostienen que la radicalización de los discursos religiosos y ultra conservadores, así como la militarización de la seguridad de los Estados, como el caso, de Brasil, Colombia y El Salvador está promoviendo estos hechos.

Triángulo Norte de Centroamérica  

El llamado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, es uno de los territorios más difíciles para las poblaciones diversas porque solo en la conservadora región 243 crímenes.

El estudio indica que 63 personas LGBTI asesinadas en esta región tenían entre 13 y 15 años; 95 tenían entre 18 y 25 años y 164 tenían entre 26 y 30 años.

Organizaciones que conforman el observatorio consideran que las cifras de los crímenes cometidos en contra de la población LGBTI continúan aumentando y los gobiernos siguen sin definir políticas de protección efectivas para prevenir, investigar y sancionar los asesinatos.

“Es momento de dejar atrás ésta impunidad y que empiecen las personas LGBTI a acceder a la justicia, sabemos que en muchos países de la región en especial Guatemala, El Salvador y Honduras son los tres países del Triangulo Norte más violentos para las personas LGBTI”, dijo a Presentes Bianka Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS.

Fuente Agencia Presentes

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Dilema en Perú: ¿qué hacer con el Cristo “de la corrupción”?

Martes, 23 de julio de 2019

cristo-del-pacificoInician campaña para que lo retiren

El Cristo del Pacífico fue erigido durante la presidencia de Alan García por una constructora brasileña, la cual pagó millonarios sobornos a su gobierno para ganar obras públicas

Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, el gobierno de Martín Vizcarra respondió diciendo que carece de presupuesto para retirar la polémica estatua

Cuando fue instalado, Benedicto XVI envió un mensaje de congratulación y el ultraconservador cardenal peruano Juan Luis Cipriani instó a los fieles a convertirlo “en objeto de peregrinación de miles de personas“, algo que no ha ocurrido

(Luis Jaime Cisneros, AFP).- Un enorme monumento que emula al famoso Cristo del Corcovado de Río de Janeiro se convirtió en manzana de la discordia en Perú, donde miles de ciudadanos exigen que sea retirado por tratarse de un “símbolo de la corrupción”.

El Cristo del Pacífico fue inaugurado el 29 de junio de 2011 sobre una colina de Chorrillos, en la costa del sur de Lima, por el entonces presidente Alan García y financiado por la constructora brasileña Odebrecht, ambos protagonistas de un escándalo de corrupción que salpica también a otros tres exmandatarios peruanos.

Hace unas semanas, una ONG inició una campaña para que el monumento sea retirado. “(Pedimos) retirar el monumento Cristo del Pacífico, llamado ‘Cristo de lo robado o Cristo de Odebrecht’, porque es un símbolo de la corrupción, que fue donado por Marcelo Odebrecht” a Alan García, dice a la AFP Cristhian Rojas, líder del colectivo “Es Momento”. “Es imposible que éste se mantenga como parte del espacio público de la ciudad”, asegura el activista.

Desde que Odebrecht se volvió sinónimo de corrupción en Perú, el monumento es una piedra en el zapato del gobierno. La empresa admitió que pagó millonarios sobornos para ganar obras públicas bajo diversos gobiernos, incluido el segundo de García (2006-2011).

De acrílico y concreto, el monumento de 37 metros de altura costó 800.000 dólares. Fue financiado mayoritariamente por Odebrecht y García aportó 30.000 dólares. “Es un Cristo similar al de Corcovado al que he denominado Cristo del Pacífico. Congregué un grupo de amigos y empresas y también he puesto mis ahorros, porque quisiera que sea una figura que bendiga al Perú”, dijo entonces García.

Cuando fue inaugurado, un mes antes de finalizar el mandato de García, la brasileña se aprestaba a poner en marcha la Línea 1 del Metro de Lima, obra por la que, ahora se sabe, pagó siete millones de dólares en sobornos para ganar la licitación.

La ONG envió al gobierno su solicitud de retirar el monumento un mes después del suicidio de García, quien se disparó en la sien el 17 de abril cuando iba a ser detenido en el marco de una investigación acusado de recibir dádivas de Odebrecht.

El petitorio fue acompañado de 4.700 firmas de ciudadanos que pedían el retiro del monumento. Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, el gobierno de Martín Vizcarra respondió diciendo que carece de presupuesto para retirar la polémica estatua. El gobierno “no cuenta con recursos suficientes para solventar los gastos que demandaría el desmontaje y traslado del monumento”, dice un oficio enviado el 10 de julio por la Presidencia del Consejo de Ministros a la ONG.

Rojas dice que su ONG no busca demoler el monumento, sino reubicarlo en un recinto religioso. Muy poco visitado, no exhibe placa alguna que señale que fue donado por Odebrecht. Además, luce descuidado y sucio, en notable contraste con el brillo de dos monumentos militares a héroes de la guerra contra Chile (1879-1883) ubicados a unos 200 metros.

Silencio de obispos

Los activistas de “Es Momento” han evitado chocar con la iglesia, en un país mayoritariamente católico y conservador. “No es nuestra intención demolerlo o atacar el aspecto religioso del monumento, sino atacar el simbolismo de la corrupción”, enfatiza Rojas. “García utilizó una imagen religiosa para limpiar un símbolo de corrupción”.

Cuando fue instalado, el papa Benedicto XVI envió un mensaje de congratulación. A su vez, el ultraconservador cardenal peruano Juan Luis Cipriani instó a los fieles a convertirlo “en objeto de peregrinación de miles de personas”, algo que no ha ocurrido. Pero ahora los obispos han preferido guardar silencio sobre el pedido de la ONG. “El tema es delicado”, explica a la AFP una fuente de la Conferencia Episcopal.

En cualquier caso, el monumento cosecha también simpatías entre gente común. “Pienso que debe quedarse porque desde que se instaló esa obra, muchas familias vienen, sobre todo en verano, a pasar un momento para disfrutar el paisaje, dice el taxista Elio Olázabal.

Fuente Religión Digital

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Una vacuna para el VIH será probada en humanos en 2019

Viernes, 19 de julio de 2019

vacuna-sidaLa vacuna de Johnson & Johnson se probará en 3.800 personas de EEUU y Europa y se basaría en un mosaico de tratamientos de inmunización que atacan varias cepas del VIH.

Desde que el VIH se identificó por primera vez, hace 35 años, la búsqueda de una vacuna ha sido una de las cruzadas de la ciencia. Como ya publicamos hace un tiempo , Johnson & Johnson tiene entre manos un estudio llamado Mosaico que parece que está dando buenos frutos. Tan buenos frutos que ahora se enfrenta a la Fase 3 del estudio, es decir, se va a probar con humanos.

Cada año mueren cerca de 1 millón de personas en todo el mundo por desarrolar SIDA después de haber contraído el VIH.

Recordemos que el VIH es un virus con gran capacidad de mutación, razón por la cual, es tan costoso dar con una vacuna profiláctica. A día de hoy no existe una sola cepa de VIH y crear una vacuna que englobe todas ellas es realmente difícil.

La Organización Mundial de la Salud fijó el objetivo de reducir las muertes relacionadas con el VIH en todo el mundo a menos de medio millón para el próximo año y la vacuna se considera una herramienta fundamental para acabar con la epidemia de VIH de aquí a 2030.

«Nuestra visión en Johnson & Johnson es desarrollar una vacuna preventiva que se pueda implementar en cualquier parte del mundo para detener la epidemia de VIH», dijo Paul Stoffels, MD, Vicepresidente del Comité Ejecutivo y Director Científico, Johnson & Johnson.

La vacuna del estudio Mosaico creada por Janssen, la farmacéutica filial de Johnson & Johnson, está diseñada como una vacuna global con el objetivo de prevenir infecciones de la amplia gama de cepas virales responsables de la pandemia del VIH. Sus científicos buscan, dar con una vacuna que funcione en todas las poblaciones alrededor del mundo, especialmente África.

La vacuna experimental de J&J se basaría en un mosaico de tratamientos de inmunización preventivos que atacan varias cepas del virus.

La Fase 3 planea inscribir a 3,800 personas en Argentina, Brasil, Italia, México, Perú, Polonia, España y los Estados Unidos. La vacuna que se evaluará se administra a través de cuatro vacunaciones repartidas durante más de un año.

«Estamos decididos a desarrollar una vacuna contra el VIH eficaz a nivel mundial para reducir la trayectoria de los aproximadamente 1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH que se están produciendo», dijo el Dr. Larry Corey, Investigador Principal de la HVTN, virólogo y presidente y director emérito del Fred Hutchinson. Centro de Investigación del Cáncer en Seattle.

Los resultados del estudio se esperan para 2023 y Johnson & Johnson se ayudará de una asociación público-privada, para respaldar el primer estudio de eficacia de la Fase 3 de la vacuna profiláctica, con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), la Red de Pruebas de Vacunas contra el VIH (HVTN, por sus siglas en inglés) y el Comando de Investigación y Desarrollo Médico del Ejército de los EE. UU. (USAMRDC, por sus siglas en inglés).

A parte de la vacuna, todxs sabemos de la gran importáncia de la prevención y la precaución durante nuestras relaciones sexuales. Y la significación que tiene la buena información para poder evitar las nuevas transmisiones y la discriminación de las personas VIH+.

Fuente Johnson & Johnson, vía HazteQueer

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El matrimonio igualitario gana otra batalla en Perú: un juzgado ordena reconocer el matrimonio de la activista Susel Paredes, celebrado en Estados Unidos

Miércoles, 10 de abril de 2019

B379EC3F-3F71-4670-A9D0-50BEE588C612Nuevo triunfo judicial en Perú. La conocida activista Susel Paredes y su esposa Gracia Aljovín, que se casaron en Estados Unidos en 2016, han visto reconocido su matrimonio por el 11º Juzgado Constitucional de Lima después de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) rechazara su inscripción. La batalla judicial está lejos de haber finalizado, pero la pareja ya ha advertido que piensa llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del segundo matrimonio del mismo sexo celebrado por ciudadanos peruanos en el extranjero sobre el que la justicia de su país debe decidir: el primer caso, el de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, está ya en manos del Tribunal Constitucional.

Susel Paredes y Gracia Aljovín contrajeron matrimonio en Miami (Florida, Estados Unidos) en agosto de 2016, y como cualquier otra pareja de ciudadanos peruanos casada en el extranjero solicitaron su reconocimiento e inscripción en Perú de acuerdo a lo que marca el libro X del Código Civil peruano, referido al Derecho Internacional privado. El RENIEC, sin embargo, la denegó, argumentando que la Constitución peruana no reconoce de forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo (lo cierto es que no hace mención al sexo de los contrayentes) y que el Código Civil, norma de rango inferior a la Constitución, define en su artículo 234 (libro III) al matrimonio como «la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer».

La pareja interpuso la correspondiente demanda de amparo ante la justicia, y ahora el 11º Juzgado Constitucional les ha dado la razón, argumentando que «aun cuando el Código Civil es una norma cronológicamente anterior a la Constitución vigente, debe observarse que tanto la actual Constitución, como la de 1979, en este extremo de la diferencia de sexos de los contrayentes, no hace precisión alguna».

Cabe señalar que la batalla judicial no termina aquí. Nadie duda que el RENIEC apelará y el caso se elevará a una instancia superior, llegando previsiblemente hasta la Corte Constitucional. Paredes y Aljovín, en cualquier caso, están dispuestas a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por lo pronto, cuentan ya con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Perú, que en un mensaje en redes sociales ha señalado que el fallo judicial que ordena reconocer el matrimonio «coincide con lo señalado por nuestra institución, en que son derechos de las personas del mismo sexo constituir una familia y contraer matrimonio».

Es importante tener en cuenta, en este sentido, la opinión consultiva que hacía pública en enero de 2018 este organismo, a requerimiento de Costa Rica, y que considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. Perú es uno de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, y aunque la opinión de esta no marca plazos de obligado cumplimiento resulta obvio que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú contrario al reconocimiento del matrimonio entre Paredes y Aljovín supondría todo un desafío.

El precedente del matrimonio entre Óscar Ugarteche y Fidel Aroche

Hay que tener en cuenta, además, que el Tribunal Constitucional de Perú ya tiene sobre la mesa la demanda de Óscar Ugarteche (otro destacado activista) y Fidel Aroche, cuyo matrimonio, celebrado en este caso en México, el RENIEC rechazó inscribir. El asunto recayó en el 7º Juzgado Constitucional de Lima, que en diciembre de 2016 emitió una sentencia favorable a la pareja de la que nos hicimos eco en su momento. El RENIEC, sin embargo, recurrió la sentencia. Y aunque en un primer momento la justicia desestimó el recurso alegando una cuestión formal referida a los plazos de presentación, la pareja elevó el caso al Tribunal Constitucional, que el pasado mes de junio escuchó sus argumentos sin que por el momento se haya pronunciado.

Una decisión favorable, ya sea a la demanda de Ugarteche y Aroche o a la de Paredes y Aljovín (en cuyo caso ni siquiera existe el supuesto defecto formal atribuido a la demanda de los primeros) marcaría un precedente de gran importancia, dado que el avance de los derechos LGTB en Perú se encuentra estancada a nivel político. Sucesivos intentos de reconocer jurídicamente las parejas del mismo sexo han fracasado. Es cierto que en diciembre de 2016 los diputados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Semanas después, un grupo aún más amplio de diputados (entre ellos también Bruce y Belaunde) presentaron proyecto de ley matrimonio igualitario. Pero ninguno de los dos cuenta con posibilidades de aprobación en la actual coyuntura política peruana, donde la presión de los grupos religiosos (tanto Iglesia católica como los minoritarios pero pujantes grupos evangélicos) contra cualquier iniciativa que suponga un mínimo avance de los derechos LGTB es muy fuerte. Buen ejemplo de ellos son las movilizaciones del movimiento «Con mis hijos no te metas» contra cualquier iniciativa que suponga la inclusión de de un enfoque de género en las aulas peruanas.

«Que nos traten como iguales en dignidad y derechos»

«Tenemos un largo camino todavía, pero mucha esperanza, ilusión y fuerzas», escribe Susel Paredes en una columna publicada en Perú 21 que la activista titula Perú, un país de gente feliz. «La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1 dice: ‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros’. Asimismo, la Constitución Política del Perú dice en su artículo 1: ‘La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado’», continúa Paredes.

«Lo que reclamamos como comunidad LTGBI es exactamente eso, que nos traten como iguales en dignidad y derechos, y así como pagamos nuestros impuestos, exigimos al Estado que reconozca nuestros derechos. Pero más allá de la ley, a lo que aspiramos, mi compañera y yo, es a vivir en una sociedad donde la gente sea feliz, y hacer un país de gente feliz construyendo un país próspero», finaliza.

Ojalá el largo camino iniciado por Paredes, Ugarteche y sus respectivos cónyuges se vea finalmente recompensado. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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Asesinada en Perú la activista trans y en favor de las personas con VIH Claudia Vera

Martes, 9 de abril de 2019

B948028E-0489-43C2-ABDD-1729A1CE4775Terrible noticia la que nos llega desde Perú. La activista trans Claudia Vera, de 30 años, fue asesinada en la madrugada del pasado 30 de marzo, mientras se encontraba con un grupo de amigas en una calle de Lima, la capital.

Según detalla la agencia Presentes, en un determinado momento de la noche Claudia Vera se encontraba discutiendo con un hombre cuando otra mujer se le acercó y la amenazó. Minutos después, la misma mujer regresó con un arma y le disparó a quemarropa hasta cinco balazos. La activista murió al instante. «Mi madre está destrozada, mi padre también, no era para morir de esa forma, esa muerte no se le desea a nadie, no era un perro, no era un animal, mi hermana era buena, era bromista, sus amistades la conocen. Yo he ido a cambiarla a la morgue, está horrible su cuerpito, las balas, una en la cabeza, en su cabecita, una le ha caído en la oreja, le ha destrozado la orejita, ¿por qué tanta maldad?, ¿por qué tanto se han ensañado así?», se lamentaba su hermana, Liliana Vera, en declaraciones a la mencionada agencia.

Claudia Vera había trabajado muy especialmente en el área del VIH. Fue, por ejemplo, fundadora de la Red de Jóvenes con VIH en el Perú (Jóvenes Cambiando VIHdas). Su asesinato ha causado un hondo impacto entre las organizaciones de defensa de los derechos de las personas trans y de lucha contra el VIH. ONUSIDA, el programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida, por ejemplo, ha expresado su «profundo pesar y consternación» por la muerte de la que considera «admirable y joven activista por los derechos humanos de la comunidad trans y personas con VIH del Perú, miembro de la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y cofundadora de la Red de Jóvenes Cambiando VIHdas del Perú». «La temprana y trágica partida de Claudia, ocurrida el pasado 30 de marzo, no hace sino confirmar la enorme vulnerabilidad de las personas trans y la necesidad urgente de que la sociedad y las autoridades trabajen de la mano para asegurar que los derechos humanos sean realmente universales e inalienables y para que nadie quede atrás en oportunidades para el propio desarrollo personal», continua el comunicado de ONUSIDA. «Instamos a las autoridades a investigar con celeridad para no permitir que este crimen quede impune. Descansa en Paz querida Claudia, que la luz de tu compromiso no se apague jamás», finaliza el texto.

El asesinato de Claudia Vera también ha sido condenado, entre otras, por organizaciones como Jóvenes Cambiando VIHdas, organización de la que fue confundadora, o Sí, da Vida, de la que era instructora y voluntaria. «En la actualidad el Perú no tiene ley expresa que castigue los delitos de odio, debido a que el Decreto Legislativo nº 1323 que fortalecía la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, fue derogado por el Congreso de la República en mayo de 2017, con votos de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, por supuestamente exceder las facultades legislativas», ha denunciado esta organización en un duro comunicado en el que «expresa su preocupación por el desamparo legal que tienen las personas trans en el Perú y exhorta a las autoridades y congresistas a debatir proyectos de ley que beneficien a la población para evitar ‘muertes sociales’ y ‘muertes físicas’, como la que tuvo Claudia Vera».

Desde la Defensoría del Pueblo de Perú, mientras tanto, han instado a la Fiscalía a investigar el caso y determinar si el asesinato de la activista constituyó un acto de discriminación. «En investigación de atentados contra vida de personas  LGTBI debe aplicarse el principio de debida diligencia», ha reclamado este órgano.

El pasado 31 de marzo, jornada que precisamente coincidía con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, un grupo de activistas se concentraron en el lugar en el que Claudia fue asesinada para pedir justicia para ella y para todas las mujeres trans asesinadas en Perú, un país en el que la violencia tránsfoba está a la orden del día. Os dejamos con unas imágenes del acto, difundidas por Conexión Vida, radio online especializada en la prevención del VIH:

Fuente Dosmanzanas

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Un obispo peruano pide excomulgar a los clérigos y laicos pederastas

Jueves, 28 de marzo de 2019

obispo-Ayaviri-Kay-Martin-Schmalhausen_2106699358_13465021_660x371Pues sería una buena medida:

 La ley canónica “no ha sido, ni es actualmente, lista para actuar” en casos de abusos, advierte monseñor Kay Schmalhausen

Advierte de que actualmente se manda el mensaje de que nuestra Iglesia “no es capaz de hacer justicia ni de reparar el daño causado”

“¿A qué llamamos justicia, y cómo encontramos una proporcionalidad justa entre ofensas y sanciones: qué significa reparación?”

El ex-obispo de Wheeling-Charleston, acusado de abusar de adolescentes y adultos. Bransfiel, cesado por mala conducta sexual.

Joaquín Benítez reconoce dos abusos y pide perdón a las víctimas. Matiza que se sintió “amparado”

Para los clérigos y fieles que abusan de menores, no basta con apartarles de la vista pública, obligarles a observar una vida de penitencia ni incluso en su caso “reducirles” al estado laical. Hay que excomulgarles. Esa es la opinión del obispo de Ayaviri (Perú), Kay Schmalhausen, quien ha sostenido que ante los “escándalos enormes” de abusos “que degradan el rostro de Cristo y su Iglesia”, y el “daño irreparable que han sufrido tantas víctimas”, “es nuestro deber repensar la aplicación de medidas penales más proporcionales y justas” para fieles y clérigos pederastas y encubridores.

“¿Qué se ha hecho hasta aquí con los perpetradores de tales crímenes? ¿Cómo se está reparando el daño a las víctimas, junto con el escándalo a los fieles de la Iglesia y en los ojos del mundo? ¿Hay incluso un mínimo de proporcionalidad y justicia en las medidas implementadas hasta aquí?” se preguntó Schmalhausen en una entrevista con Crux.

“Claramente la respuesta hoy parece ser que no”, admitió el prelado, obispo de Ayaviri desde 2006. “El resultado es la indignación de muchos católicos y no católicos”, continuó, apuntando que “frente a estos nuevos problemas” de abusos destapados en la Iglesia, “nuestra ley criminal no ha sido, ni es actualmente, lista para actuar”.

Maciel, Figari, Karadima, McCarrick… nunca han pedido perdón

Como ejemplos de castigos que no han llegado lo suficientemente lejos, Schmalhausen citó al fundador pederasta de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, quien fue apartado del ministerio activo en 2006 por Benedicto XVI pero nunca laicizado. El prelado también mencionó el caso de Luis Figari, tema que le ha afectado personalmente por haber sido miembro del Sodalicio que Figari fundó y del que Figari aún forma parte, pese a sanciones por abusos tanto de la justicia civil como de la canónica. Y los casos de los pederastas chileno y estadounidense Fernando Karadima Theodore McCarrick, que aunque han sido retirados ambos del sacerdocio, según el obispo Schmalhausen deben ser castigados más.

De estos cuatro hombres nunca hemos tenido ningún manifiesto público de arrepentimiento ni ninguna petición de perdón; solo el silencio y su desaparición de la escena pública”, lamentó Schmalhausen, añadiendo que los fieles católicos y las víctimas “merecen algo más como medida de reparación”.

Es más, la laicización de Karadima y McCarrick “tampoco parece reparar nada”, ya que hay curas que piden volver al estado laical “como gracia, no como sanción”. “El sentido común advierte de que hay algo que no cuadra”, reconoció el prelado, especialmente si estos pederastas pueden seguir disfrutando de los beneficios materiales y espirituales de la Iglesia, e incluso se les permite en cierta medida el “ritmo natural de vida” de otros ancianos de su misma edad.

“Itinerario penitencial necesario”

Es aquí donde entra el “remedio sano” de la excomunión para los curas pederastas, según Schmalhausen, al estilo de Pablo en el capítulo cinco de su primera carta a los corintios. Aunque reconoció que aunque el repudio también probablemente sea una medida “insuficiente”, al menos requeriría una muestra pública de arrepentimiento y una petición pública de perdón como parte de un “itinerario penitencial necesario” hacia volver al seno de la Iglesia.

Y para los obispos encubridores, más de esta misma medicina, sugirió el obispo de Ayaviri. Como mínimo, las mismas sanciones que actualmente se aplican a los curas perpetradores: retirada del ministerio activo y la entrega de pruebas a la justicia criminal.

La Iglesia, ¿capaz de reparar el daño causado por los abusos?

“Plantear este asunto, entiendo, es muy doloroso y quizás puede crear reacciones adversas”, valoró el prelado. “Pero los interrogantes siempre estarán allí: ¿A qué llamamos justicia, y cómo encontramos una proporcionalidad justa entre ofensas y sanciones: qué significa reparación?”, preguntó.

Sea cómo fuere, para el obispo de Ayaviri hay un peligro real y “preocupante” por el que urgen reformas de este estilo: “Que estemos enviando a nuestros fieles el mensaje equivocado: que nuestra Iglesia no es capaz de hacer justicia ni de reparar el daño causado, lamentó.

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Fuente Religión Digital

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Informe de ILGA sobre la homofobia de Estado en 2019: pequeños avances, pero persistencia de importantes amenazas

Miércoles, 27 de marzo de 2019

6919BB9A-4224-48B9-9807-ADA250256088Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

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DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

 Fuente ILGA, vía Dosmanzanas

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Al menos 369 personas trans asesinadas en los últimos doce meses en el mundo, 44 más que en el periodo precedente (y es solo la punta del iceberg)

Lunes, 26 de noviembre de 2018

victimas-violencia-contra-personas-trans-2016-a-2018victimas-violencia-contra-personas-trans-distribucion-geograficaEl pasado martes, 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans recordó la violencia ejercida contra las personas trans y género-diversas en el mundo. La fecha ya ha pasado, pero la realidad que subraya, por desgracia, sigue viva el resto de los días. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 se han registrado 369 personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto de aquellos casos sobre los que trasciende información y esta es recogida por la organización. En muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en prácticamente todo los rincones del planeta.

Se trata de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, periodo durante el cual se tuvo constancia de 325 personas trans asesinadas. Y en el periodo inmediatamente anterior fueron 295. Brasil vuelve a ser, un año más, el país con más asesinatos registrados, 167 (en el periodo anterior también encabezaba esta macabra clasificación, con 171 asesinatos). Le sigue México, con 71 asesinatos (15 más que en el periodo precedente); Estados Unidos, con 28 asesinatos (3 más) y Colombia, con 21 asesinatos (11 más).

Por detrás se sitúan Argentina, con 9 asesinatos; Pakistán con 8; India y Turquía con 7; El Salvador y Venezuela con 6; Italia, que con 5 es el país de la Unión Europea que más asesinatos de personas trans registra; Guatemala, con 4; Honduras, Paraguay y Sudáfrica con 3; Bolivia, Chile, Filipinas, Francia, Perú y República Dominicana con 2 cada uno; y finalmente Bangladés, Ecuador, Fiji, Nicaragua, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Reino Unido, Trinidad y Tobago y España, con 1 cada uno. Como vemos, faltan numerosos países en los que por desgracia nos tenemos que también han sucedido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista muy incompleta. En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2018 constan un total de 2.982 asesinatos de personas trans en 72 países del mundo. De ellos, 1.238 han ocurrido en Brasil, 408 en México y 212 en Estados Unidos. Son los tres países con mayor número de víctimas registradas.

España, lamentablemente, vuelve a aparecer un año más en la lista. Si el periodo anterior lo hizo debido a muerte de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife (hace pocas semanas un jurado popular absolvía al único acusado por su muerte), ahora lo hace debido a la muerte de Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a sus nombres.

Cabe destacar, en cualquier caso, que aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. Aunque en dos tercios de las 2.982 víctimas identificadas entre 2008 y 2018 se desconoce su actividad profesional, del resto la mayoría (646) eran trabajadoras sexuales. Y si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, el 65% de las víctimas trans asesinadas durante los años que Transgender Europe lleva haciendo el recuento son migrantes.

El Día Internacional de la Memoria Trans

El Día Internacional de la Memoria Trans fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo.

Insertamos a continuación el vídeo que Transgender Europe ha elaborado este año con motivo de esta jornada:

Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2018 y los datos expuestos aquí

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Más información sobre el Observatorio de Personas Trans Asesinadas aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

Fuente Dosmanzanas

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Celebran en San Sebastián el IV Encuentro de Festivales LGBTI de Iberoamérica

Martes, 2 de octubre de 2018

encuentroiv2-820x394Iniciativa es coordinada por los Premios Sebastiane que impulsa Gehitu, Asociación de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales. El Festival de Cine Movilh participó del encuentro.

Por cuarto año consecutivo se dieron cita en San Sebastián los/as directores/as y productores/as de los distintos festivales de cine con temática lésbica, gay, bi, trans o intersex que se desarrollan en Iberoamérica.

El cónclave, organizado por los Premios Sebastiane, se da en el marco del prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián que este año celebró su 66 edición.

Durante el Encuentro los representantes de los festivales LGBTI intercambiaron experiencias y miradas para potenciar los certámenes en sus respectivos países, cuyas realidades son diversas en materia de igualdad, libertades y no discriminación.

En la ocasión, Chile estuvo representado por segundo año consecutivo por el Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay, Bi, Trans e Intersex (Cine Movih).

sebastiane-chicas-300x225También participaron el Festival Cine LGBT de Panamá; Festival Asterisco de Argentina; el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gay-Lesbo-Trans de Bilbao (Zinegoak); Festival de La Otra Banqueta de Guatemala; Out Fest de Perú; Festival Queer de Lisboa, LesGaicemad, de Madrid; Festival de Cine LGBT de Santo Domingo; el Festival Internacional de Cine LesBiGayTrans de Asunción; FancineGai de Extremadura, Llámale H, de Ururuguay, CinHomo de Valladolid y Muestra Internacional de cine LGTBQI Zinentiendo

Entre otras actividades, los/as directores/as de los festivales de cine disfrutaron de la proyección de dos cintas chilenas vinculadas a la temática, El Príncipe, opera prima de Sebastián Muñoz, y Los Fuertes, de Omar Zúñiga.

Este año ganó el Premio Sebastiane Latino “Las Herederas”, producción paraguaya del director Marcelo Martinessi que retrata la realidad de las mujeres lesbianas en la tercera edad.

En tanto, el Premio Sebastiane lo obtuvo la cinta Girl de Lukas Dhont,

sansebastian-300x225En uno de los momentos los asistentes el encuentro pudieron además compartir con el director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

“Estamos tremendamente agradecidos del aporte que hacen los Premios Sebastiane para que los festivales de cine LGBTI de Iberoamérica se relacionen e intercambien ideas, así como la invitación que nos cursaron para participar”, señaló el Movilh.

El Premio Sebastiane surgió el año 2000 por iniciativa de los/as activistas de Gehitu, Asociación de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales.

El Premio Sebastiane Latino nació en 2013 y en dos ocasiones lo ha ganado Chile con Rara, de Pepa San Martín, y “Una Mujer Fantástica”, de Sebastián Lelio.  Además Chile ganó el Premio Sebastiane con “Joven y Alocada” de Marialy Rivas

Fuente MOVILH

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Perú deberá responder ante la Corte IDH por detención ilegal y tortura sexual cometida por policías contra una persona perteneciente a la población LGBT

Viernes, 7 de septiembre de 2018

azulLa Corporación Caribe Afirmativo saluda esta decisión en el marco del Sistema de Protección de Derechos Humanos Interamericano, frente a el primer caso que la CIDH somete a la Corte Interamericana en materia de violencia policial, detención ilegal y tortura sexual en contra de las personas LGBT.

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sometido un caso de violencia en contra de las personas LGBT a la Corte Interamericana (Corte IDH). El caso es sobre la detención ilegal y arbitraria a Azul Rojas Marín, mujer trans quien al inicio del caso se autorreconocía como hombre gay, el 25 de febrero de 2008 en el distrito de Casa Grande (Trujillo) por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), supuestamente con la finalidad de realizar un control de identidad cuando caminaba hacia su casa.

Mientras duró la detención injustificada de Azul, los policías ejercieron violencia física en su contra y la agredieron verbalmente con expresiones denigrantes referidas a su orientación sexual (en ese entonces, la víctima se identificaba como un hombre gay). Sumada a la violencia física y psicológica, Azul también fue víctima de violencia sexual.

A pesar de la grave de los hechos, los responsables no han sido debidamente procesados ni sancionados en el Perú, pues el Estado incumplió su deber de debida diligencia en las investigaciones que se iniciaron. A lo largo de la investigación, Azul fue descalificada y su credibilidad fue puesta en duda, siendo revictimizada tanto por los operadores de justicia en la actuación probatoria, como en el marco de las decisiones que dieron lugar al archivo de la denuncia por el delito de tortura (por la supuesta falta de elementos que acrediten la violencia ejercida contra Azul).

Ante esta situación, con la asistencia legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de REDRESS (Organización británica que lucha contra la tortura), Azul presentó su caso a la CIDH. Así las cosas, la Comisión consideró que el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBTI.

Al analizar los hechos del caso, la Comisión encontró suficientes elementos para considerar que por la naturaleza y forma en la que se ejerció la violencia, existió un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul Rojas Marín, en ese momento, como un hombre gay. A su vez, la Comisión consideró que lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio, además de los elementos constitutivos de tortura.

Para la CIDH, el caso permitirá que la Corte Interamericana fije estándares respecto a casos de violencia física, psicológica y sexual, y la tortura, por parte de agentes de seguridad del Estado cometidas contra personas LGBTI, así como profundizar su jurisprudencia sobre el deber de debida diligencia en la investigación penal, materia probatoria y sanción de los responsables en casos de violencia por perjuicio cometidas contra personas LGBTI.

La CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 22 de agosto de 2018[1] porque el Estado peruano no presentó propuesta alguna de reparación integral a favor de Azul Rojas Marín y su madre, a pesar de la gravedad de la tortura de la que fue víctima.

Desde Caribe Afirmativo acompañamos estas exigencias de justicia, reparación y garantías de no repetición que logren avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBT+ en la región; asimismo, instamos a los gobiernos en las Américas a respetar, acatar y ejecutar las decisiones del sistema interamericano como la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH, en la cual se instó a “impulsar reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos internos para garantizar que personas del mismo sexo tengan el derecho a contraer matrimonio y respetar las identidades de género de sus ciudadan[x]s”.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CIDH presenta caso sobre Perú ante la Corte IDH.

 Recuperado de [http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/189.asp].

Fuente Caribe Afirmativo

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Asesinada en París Vanesa Campos, mujer trans y trabajadora sexual originaria de Perú

Martes, 28 de agosto de 2018

capture-du2019ecran-2018-08-17-a-19-51-32-300x277Se llamaba Vanesa Campos y tenía 36 años. Mujer trans, ejercía el trabajo sexual en la noche del 16 al 17 de agosto en el Bosque de Bolonia de París cuando murió asesinada por varios individuos que se dieron a la fuga. Vanesa se enfrentó a la banda, que al parecer buscaba asaltar a uno de sus clientes, cuando estos la golpearon y la dispararon en el pecho.

Los asesinatos de mujeres trans trabajadoras del sexo son una auténtica epidemia en países de América Latina. Basta repasar la lista de asesinatos de personas trans en el mundo que recopila Transgender Europe, un recuento que aunque incompleto (se basa, en la mayoría de los países, en datos parciales) dibuja un panorama desolador. Pero Europa no se libra de la sangría. El último episodio que hemos conocido ha ocurrido en la capital francesa, donde Vanesa Campos, de 36 años y origen peruano, fue asesinada por un grupo de individuos que pretendía asaltar a uno de sus clientes. Armados con cuchillos, palos y al menos una pistola, golpearon a la chica, aunque fue un disparo en el pecho la que le causó la muerte. Se trata, según parece, de un banda organizada que con frecuencia asalta a las trabajadoras del sexo y a sus clientes en los lugares más recónditos del Bosque de Bolonia, un parque de París en el que se ejerce habitualmente la prostitución.

People take part in a march at the Bois de Boulogne in Paris, on August 24, 2018, in tribute to Vanesa Campos, a 36 year-old transsexual sex worker who was killed the week before. / AFP / Lionel BONAVENTURE El asesinato de Vanesa Campos, que llegó a París hace dos años en busca de una vida mejor, ha sembrado la consternación en el colectivo de trabajadoras del sexo, cuyo sindicato STRASS (Syndicat du Travail Sexuel) emitía un duro comunicado al respecto. «Hoy lloramos esta pérdida y nos sentimos, como de costumbre, abandonadas. Los asesinatos de trabajadoras sexuales trans no son en absoluto raros. Es un fenómeno recurrente, del que regularmente alertamos a la opinión pública y las autoridades. Desafortunadamente, como siempre, nos encontramos solas», expresan desde la organización que agrupa a las trabajadoras del sexo.

«¿Por qué la vida de las trabajadoras sexuales migrantes trans importa tan poco? ¿Por qué nuestras muertes son tratadas solo como sucesos? ¿Por qué los periodistas son tan ignorantes o irrespetuosos como para hacer titulares sobre la muerte de ‘un travesti prostituido’ y continúan equivocando nuestro género incluso en la muerte? ¿La vida de una puta no importa?», añade el comunicado. «Tenemos la extraña impresión de que nuestras muertes no despiertan ninguna emoción. Para nosotras, nunca hay duelo nacional. Nunca hay una conmemoración oficial. La clase política permanece en silencio. Una vez que los artículos de prensa sensacionalista desaparecen, regresamos al silencio, y volvemos a trabajar con miedo, esperando que quizá seamos la próxima. Nuestas muertes están normalizadas. Una puta que muere es un poco como un personaje de vídeojuego al que se mata, no importa. Es un poco como una broma sexista, nos reímos y seguimos adelante», continúa.

People lay white roses and light candles at the site where Vanesa Campos, a 36 year-old transsexual sex worker was killed the week before, at the Bois de Boulogne in Paris, on August 24, 2018. / AFP / Lionel BONAVENTURE «’No eres una verdadera mujer’. Entendemos lo que significa, que no somos parte de esa humanidad normal que tiene derecho a que se respete su vida. Nos tratan como una subespecie, que pueden aplastar como un insecto, hasta el punto que la Policía, a la que se paga para proteger a los ciudadanos comunes, nos acosa a diario, nos multa y raja nuestras tiendas, nos llama ‘señor’ para humillarnos y nos mantiene detenidas en celdas masculinas, donde los otros detenidos nos agreden», añade.

Un durísimo comunicado que denuncia, además de la insensibilidad ante la situación de las mujeres trans trabajadoras del sexo, el acoso que reciben por parte de la Policía. Una situación que denunciaban también muchas de las mujeres que, vestidas de blanco, acudieron a la concentración en recuerdo de Vanesa Campos que tuvo lugar este viernes 23 de agosto en el Bosque de Bolonia, y que reclamaban la derogación de la ley que desde 2016 castiga a los clientes de la prostitución con cuantiosas multas y que según los colectivos de trabajadoras sexuales únicamente ha servido para estigmatizarlas aún más y hacer su actividad clandestina, lo que las situa en una situación de mayor vulnerabilidad. Los colectivos abolicionistas de la prostitución, por su parte, consideran que precisamente es la pervivencia de esta la responsable de muertes como la de Vanesa. «La prostitución es violación y esclavitud, negarlo es facilitar el acto y balanizar el asesinato de Vanesa y de todas las demás», asegura por ejemplo en un comunicado Mouvement du Nid, que apoya la ley.

People take part in a march at the Bois de Boulogne in Paris, on August 24, 2018, in tribute to Vanesa Campos, a 36 year-old transsexual sex worker who was killed the week before. / AFP / Lionel BONAVENTURE

Vanesa, descansa en paz.

Fuente Dosmanzanas

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Cáritas Española expresa su “solidaridad y cercanía” con Cáritas Nicaragua

Martes, 24 de julio de 2018

paro-nacional_560x280Paro Nacional en Nicaragua contra la represión ejercida por la pareja presidencial Daniel Ortega y  Rosario Murillo

Lamenta “profundamente tanta muerte, dolor y sufrimiento” en el país

Aplaude la apuesta decidida por defender la vida de los indefensos y llevar consuelo a las víctimas

El Presidente de Nicaragua acusa a los obispos de proteger y amparar “a los asesinos”

Brenes denuncia que la Iglesia “está perseguida” por Ortega en Nicaragua

El Papa reivindica el valor del diálogo en Nicaragua, Siria y el Cuerno de África

Cardenal Brenes: “En verdad en Nicaragua no queremos la guerra

Los escolapios convocan una semana de oración para denunciar la violencia en Nicaragua y Camerún

(Cáritas).- Ante la oleada de violencia armada que en las últimas semanas está causando cientos de víctimas mortales en Nicaragua, Cáritas Española expresa su solidaridad y cercanía con sus hermanos de Cáritas Nicaragüense, con la Iglesia de ese país y con toda la ciudadanía que, como han denunciado los propios obispos, son víctimas de “la represión y la violencia por parte de los paramilitares pro-gubernamentales hacia las personas que protestan cívicamente”.

Al igual que los prelados de Nicaragua, Cáritas Española lamenta “profundamente tanta muerte, dolor y sufrimiento”, así como el escandaloso saldo de “heridos, enjuiciados injustamente, amenazados, intimidados y los ultrajes cometidos contra quienes permanecieron en lugares de protestas pacíficas”. Desde el 19 de abril, la oleada de violencia en Nicaragua ha provocado alrededor de 350 muertos y cientos de miles de heridos.

Mensaje de Cáritas Española

En un mensaje remitido el jueves pasado por el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, a su homólogo de Cáritas Nicaragua, monseñor Carlos Enrique Herrera, se expresa “nuestro apoyo, cariño y cercanía en estos momento tan dolorosos para el pueblo nicaragüense”.

“Hemos seguido muy de cerca -prosigue el mensaje- la situación de Nicaragua a través de su Cáritas y la posición profética y valiente de la Iglesia nicaragüense basando su presencia en la mediación y el diálogo constructivo. Aplaudimos la apuesta decidida en defensa de la vida de los indefensos y la de llevar consuelo a las víctimas, sin embargo, sentimos que esta situación se esté dando en una falta de vías de diálogo con el Gobierno para lograr una salida pacífica”.

“Esperamos y rezamos -finaliza Manuel Bretón- porque revierta la violencia lo más pronto posible y lamentamos, profundamente, las muertes y el dolor que se está provocando a la población cuyos derechos están siendo vulnerados”.

Papel de mediación

Cáritas Española, que acompaña desde hace décadas a Cáritas Nicaragua en un proceso de cooperación fraterna orientado a mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables, a fortalecer su dignidad y a consolidar su pleno acceso a los derechos humanos, es testigo directo de cómo la Iglesia nicaragüense ha aceptado jugar un papel activo en el proceso de Diálogo Nacional.

Se trata de una misión que, como indican los obispos de Nicaragua en su mensaje del pasado 14 de julio, “no se reduce a ser mediadores y testigos en la mesa del diálogo, sino que dada la dimensión profética de nuestro ministerio nos hemos visto en la urgencia de asistir a los lugares de conflicto para defender la vida de los indefensos, llevar el consuelo a las víctimas y mediar a fin de lograr una salida pacífica a la situación.

Ese papel de mediación en la búsqueda de la paz y la justicia ha situado a los propios prelados nicaragüenses y a sus instituciones pastorales en el centro de las acciones violentas de las últimas semanas llevadas a cabo por las llamadas “turbas”, integradas por elementos paramilitares y parapoliciales.

Tras las agresiones dirigidas contra el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, su auxiliar, monseñor José Silvio Báez, y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, golpeados en una iglesia de Diriamba, los ataques se dirigían la pasada semana también contra Juan Abelardo Mata, de 72 años, obispo de Estelí, ex presidente de la Conferencia Episcopal y miembro de la comisión episcopal encargada de la mediación en el Diálogo entre el gobierno y la sociedad civil.

Esa misma semana, el cardenal Brenes denunciaba la irrupción de algunos paramilitares en una iglesia parroquial de Masaya, en el municipio de Catarina, en el sureste del país, que se sumaba a otro asalto a la iglesia de la Divina Misericordia, en donde se habían refugiado 200 estudiantes, dos de los cuales perdieron la vida en circunstancias poco claras, y al incendio de la sede de la Caritas en Sébaco, en la diócesis de Matagalpa.

Solidaridad de Cáritas Europa y de Cáritas Latinoamericana

Las muestras de solidaridad con Cáritas Nicaragua se han sucedido en los últimos días por parte de Cáritas Europa y los miembros de la Zona Bolivariana de Cáritas Latinoamericana y del Caribe.

En un comunicado difundido el 20 de julio, las Cáritas de la Zona Bolivariana -conformada por los países de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela- expresaban, al término de una reunión celebrada en Quito del 16 al 19 de julio, su “profunda unión con la Iglesia de Nicaragua, sabemos los esfuerzos que están haciendo para lograr la paz tan deseada, para consolar a los familiares que han perdido un ser querido, para acompañar a tantos jóvenes y familias que se están desplazando a causa de esta irracional violencia. Cuenten con nuestra cercanía y sepan que la familia Caritas les acompaña en estos momentos de tanto sufrimiento”.

“La Iglesia -añade la nota- siempre ha manifestado su preocupación por la comunidad política, ha promovido el dialogo como camino para la reconciliación y la paz que permiten encontrar respuestas eficaces e innovadoras para todos, por esta razón desde el Evangelio, exigimos la defensa de la Vida (Jn 10,10), garantizando, protegiendo y respetando los derechos humanos”.

Cáritas Europa, por su parte, remitía el 18 de julio a Cáritas Nicaragua, una misiva en la que manifiestan su aflicción por “las víctimas y sus familiares, vecinos y comunidades”, así como su dolor al constatar cómo “la misión de diálogo y socorro de la Iglesia, de Cáritas y en general de los ciudadanos están siendo obstaculizados y criminalizados”.

“Nos preocupa sobremanera -denuncia el mensaje- como la Iglesia y Cáritas, sus representantes, sencillos trabajadores y también infraestructuras están siendo objetivos directos de la violencia armada y del odio”. “Cuenten con la solidaridad de las Cáritas europeas en la oración y también en la acción. ¡No están solos!, concluye la nota de Cáritas Europa.

Fuente Cáritas Española, vía Religión Digital

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El Tribunal Constitucional de Perú, obligado a decidir sobre la inscripción de un matrimonio entre dos hombres celebrado en México

Martes, 26 de junio de 2018

20352El Tribunal Constitucional de Perú deberá decidir sobre la demanda de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, a los que un tribunal reconoció su derecho a ver inscrito su matrimonio, celebrado en México, algo a lo que se niega el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). El pasado miércoles los magistrados del alto tribunal peruano escucharon los argumentos de la pareja.

Ugarteche (ciudadano peruano) y Aroche (ciudadano mexicano) se casaron en 2010 en Ciudad de México. En enero de 2012 Ugarteche solicitó al RENIEC la inscripción de su matrimonio en Perú, siguiendo exactamente el mismo procedimiento que si hubiese sido entre personas de distinto sexo. Sin embargo, en su caso, el RENIEC la consideró improcedente. Óscar Ugarteche recurrió judicialmente, al considerar que la negativa violaba sus derechos constitucionales a la  igualdad y la no discriminación. Y es que Ugarteche sabe bien lo que tiene entre manos: se trata de un destacado economista, que ejerce la docencia universitaria tanto en Perú como en otros países, y que fue uno de los fundadores del histórico Movimiento Homosexual de Lima (MHOL).

El asunto recayó en el 7º Juzgado Constitucional de Lima, que en diciembre de 2016 emitió una importantísima sentencia de la que nos hicimos eco en su momento. La sentencia (a la que puedes acceder aquí) detallaba 35 considerandos según los cuales la demanda estaba plenamente fundada y ordenaba al RENIEC la inscripción del matrimonio. El RENIEC, sin embargo, recurrió la sentencia. Hace unos meses, la 4ª Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima la anulaba argumentando que Ugarteche había presentado su demanda de amparo contra el RENIEC seis días después de vencer el plazo legal (el 12 de diciembre de 2012 en lugar del 6 de diciembre). Pese a que Ugarteche argumentó que no pudo hacerlo hasta ese día debido a que se encontraba fuera del país y que la persona que recibió la notificación correspondiente no era su apoderado legal ni tenía poder para intervenir en su nombre, la Corte Superior de Justicia de Lima aprovechó para dar carpetazo al proceso sin molestarse en dar argumentos.

Finalmente, la defensa de Ugarteche ha llevado el caso al Tribunal Constitucional, para que este se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. «No se está pidiendo que se celebre un matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que se está pidiendo el reconocimiento de un matrimonio que ya se celebró en un país donde esto es legal, y por tanto tiene que inscribirse aquí y generar los derechos correspondientes», ha insistido el abogado de la pareja, Javier Mújica. El pasado miércoles presentaron los alegatos ante el alto tribunal, que deberá decidir sobre el caso en próximas semanas.

Una decisión favorable marcaría un precedente de gran importancia, dado que el avance de los derechos LGTB en Perú se encuentra estancada a nivel político. Sucesivos intentos de reconocer jurídicamente las parejas del mismo sexo han fracasado. Es cierto que en diciembre de 2016 los diputados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Semanas después, un grupo aún más amplio de diputados (entre ellos también Bruce y Belaunde) presentaron proyecto de ley matrimonio igualitario. Pero ninguno de los dos parece contar con posibilidades de aprobación en la actual coyuntura política peruana, donde la presión de los grupos religiosos (tanto Iglesia católica como los minoritarios pero pujantes grupos evangélicos) contra cualquier iniciativa que suponga un mínimo avance de los derechos LGTB es muy fuerte. Buen ejemplo de ellos son las movilizaciones del movimiento «Con mis hijos no te metas» contra cualquier iniciativa que suponga la inclusión de de un enfoque de género en las aulas peruanas.

Otro factor a tener en cuenta es la opinión consultiva que hacía pública en enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a requerimiento de Costa Rica, y que considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. Perú es uno de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, y aunque la opinión de esta no marca plazos de obligado cumplimiento resulta obvio que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú contrario al reconocimiento del matrimonio de Ugarteche y Aroche supondría todo un desafío.

Estaremos muy atentos a lo que suceda.

Fuentes Dosmanzanas

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