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En cárceles de Perú a las mujeres trans las encierran en pabellones de delitos sexuales

Lunes, 19 de octubre de 2020

Danuska, left, holds hand with her friend as she passes by on her way to work. Por Verónica Ferrari

Fotos: Danielle Villasana

La plena ciudadanía sigue siendo una deuda para las mujeres trans en el Perú. Sin un marco legal que las proteja, sin políticas públicas que atiendan sus necesidades, sin una estructura familiar que las respete y acoja desde pequeñas y atravesadas por un sistema social que las empuja a la pobreza y la marginación, son poco probables sus oportunidades de progreso y vida digna. ¿Pero qué pasa cuando no solo se atraviesan estas vicisitudes, sino que también pierden su libertad? ¿Si la capacidad de agencia ya es recortada en la vida pública y privada, cómo viven las mujeres que pierden todo atisbo de ciudadanía al ser encarceladas?

El informe presentado por el Proyecto Únicxs y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, titulado “’Vivir los días’: situación de la población trans femenina en el Penal de Lurigancho” busca acercarse a la realidad de las mujeres trans en situación de carcelería en uno de los penales más hacinados y peligrosos del Perú: el penal de Lurigancho.  Allí van presos no solo los delincuentes considerados más peligrosos, sino también los peruanos más pobres, más racializados, con menos oportunidades en la vida, sin abogados y sin familia.

La investigación, que originalmente fue planteada para realizarse en tres penales, tuvo que reducirse a solo uno por la llegada de la pandemia que trastocó a todos los países del mundo y obligó a tomar medidas especiales para evitar las muertes. El Perú, a pesar de ser uno de los primeros países de Latinoamérica que tomó las medidas más drásticas para frenar las consecuencias mortales del coronavirus, no pudo hacer frente a 20 años de neoliberalismo que fueron desinstalando las capacidades del Estado para brindar seguridad y acceso a derechos a todxs sus ciudadanxs.

Sin respeto por su identidad de género

La situación en los penales se agravó, tanto que hasta el momento no se sabe exactamente qué ha pasado con las 23 personas que se identificaron como mujeres, mujeres trans o travestis en el Penal de Lurigancho y que accedieron a ser encuestadas y entrevistadas. La mayoría de ellas eran adultas jóvenes, sin estudios completos y migrantes internas.

La mayoría también estaba presa por robo, ocurridos cuando realizaban el trabajo sexual, y estaban en el pabellón 3, destinado a quienes cometen delitos sexuales, porque ahí también se destina a los hombres gays, y ellas son identificadas como homosexuales.

DANIELLE_VILLASANA-003-1024x683Con representación legal casi todas, y gracias a las negociaciones de los abogados, recibieron condenas menores a las esperadas, de entre cuatro y seis años. El 70% afirmó tener pareja, una estrategia para estar protegida, aún a costa de ser víctima de abusos del protector, y haber tenido sexo por dinero. Todas han podido acceder a atención de salud, pero ésta es de regular a mala. La salud mental está abandonada por lo que sus cambios de ánimo, depresiones y sentimientos de tristeza no son atendidos, lo que aumenta por las pocas visitas que reciben de sus familiares.

Gianna Camacho García, activista trans y parte del equipo de investigación señala la problemática de no atender la salud mental de las reclusas: “Si ya a un reo no los visita nadie, imagínate a ellas, porque además de ser vulnerables por estar privadas de su libertad, lo son también por ser trans: una doble vulnerabilidad, y psicológicamente no se les trata, se les maltrata más bien, hay asistentas sociales que les prohíben maquillarse, tuvieron a alguien que les leía la biblia y les decían que era pecado el ser como son”.

Violencia física, psicológica y sexual

Según el informe, el 40% de las mujeres trans entrevistadas señaló haber sufrido algún tipo de violencia física por parte de otros internos. El intentar cortarles el pelo como disciplinamiento es común y asumir que ellas trasmiten VIH, por lo son golpeadas como castigo. La cifra crece cuando se trata de la violencia física ejercida por el personal que debería cuidarlas. 52% señala haber sido maltratada físicamente por los guardias de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Les cobran cupos para poder pasar de un pabellón a otro y las manosean, las insultan y las discriminan. Las obligan a vestirse como hombres y las humillan rebuscándoles sus cosas, desnudándolas y burlándose de ellas. 

La violencia sexual también es un continuo en la vida de las mujeres trans, 57% señala que ha sido abusada por otro interno en forma tocamientos, agresión, chantaje sexual, violación. Pero la cifra es de terror cuando se trata de personal del INPE: 74% afirma haber recibido estas agresiones sexuales de parte de ellos. Entre las violencias vividas están las violaciones en grupo de parte de los internos o el traslado a otros ambientes para ser abusadas sexualmente por funcionarios del INPE.

DANIELLE_VILLASANA-002-1024x682A pesar de estos peligros, la mayoría expresó que prefería quedarse en un penal de hombres, entre las razones variadas que dieron fue que ahí podían tener pareja, algo que no sucedería en un penal de mujeres. Las que expresaron preferir un penal de mujeres señalaron que ahí hubieran estado más tranquilas y con menos discriminación.

Sobre esto, Gianna comenta: “Se les ha recluido en un pabellón en donde están todos los agresores por delitos sexuales: violadores, pedófilos, acosadores, y ahí las meten a ellas y a los homosexuales, para que estén todos juntos, el pensamiento del INPE es que ellas y los gays están relacionados con actos sexuales, con los depravados sexuales. Y ahí tampoco están seguras porque no están en las mismas cuadras, están dispersas en todo el pabellón usando el baño y las duchas sin puertas y desnudándose frente a todos”.

Una académica trans en el pabellón

Ver a una mujer trans realizando una investigación académica resulta impactante para las reclusas, que pueden ver referentes positivos en sus vidas (“me contaban su vida, fue una especie de terapia para ellas”). Pero también para lxs funcionarixs del INPE, quienes trabajan sin enfoque de género.

Gianna señala que lxs funcionarixs están acostumbrados a ver a las chicas trans como reclusas, como personas de lo peor, y que al ver llegar a una mujer trans no en calidad de detenida sino de investigadora, los descoloca y rompe sus parámetros. Así, la activista tuvo que vivir ella también una serie de violencias de parte de lxs funcionarios, como que las mujeres de seguridad no quisieran revisarla antes de entrar a los pabellones “por ser hombre” y no estar operada, y tuviera que ser revisada por el personal masculino en presencia de un médico.

Fuente Agencia Presentes

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Era una sobreviviente trans de Lima y la asesinaron en su casa: “Gabriela sufría violencia cotidiana”

Jueves, 10 de septiembre de 2020

Foto1Por Verónica Ferrari

El 4 de setiembre, en la madrugada, fue asesinada en Lima Gabriela Cruz Pimentel, mujer trans de 46 años que trabajaba como fotocopista en un local aledaño a la Universidad de San Marcos y en sus tiempos libres vendía cosméticos.

Vivía sola en una habitación del distrito de San Miguel y mantenía una comunicación fluida con sus dos hermanas. Como había faltado al trabajo, una de sus hermanas fue al lugar donde vivía. Pese a la negativa de la administradora del edificio, pudo subir hacia su habitación. Con la ayuda de un vecino pudieron abrir la puerta y encontraron el cadáver. Gabriela se encontraba echada con las muñecas atadas a la espalda con un cable y una tela en la boca. Los peritos señalan que habría muerto por asfixia mecánica por ahorcamiento. 

Presentes conversó con Sandra, la hermana de Gabriela, quien contó que ella era una persona responsable y trabajadora, pero que vivía mucha violencia en su cotidianidad: “Ella recibía mucha burla, mucha discriminación de los varones, las mujeres se ponían celosas, la miraban mal”, como suele suceder con las mujeres trans debido a los prejuicios y estereotipos de la sociedad.

Luego de retirar el cadáver de la morgue al día siguiente y realizar el velorio, con todas las dificultades que implica el contexto de pandemia en estos momentos, en donde las funerarias no se dan abasto y cobran altas cifras para atender a los deudos, las hermanas han estado pendientes en la comisaría de San Miguel, para que el principal sospechoso sea detenido y dé sus declaraciones: Marty Alan Cerna Abregu.

Las investigaciones están a cargo del Fiscal Ríos de la Décima Fiscalía, quien deberá actuar por oficio. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también está al tanto del caso.

Crímenes de odio en el Perú

Conversamos con Leyla Huerta, directora de Féminas, y amiga de Gabriela desde hace más de 20 años, quien estuvo en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) acompañando a la familia para esclarecer el transfeminicidio.

Ella señaló el papel de la prensa al momento de informar sobre asesinatos de mujeres trans:Cuando la prensa saca las noticias y las trata como si fueran hombres hace que la sociedad no entienda que los asesinatos de mujeres trans son feminicidios, se pierde esa posibilidad”.

Debido a ello, el Ministerio de la Mujer lanzó un comunicado el 6 de setiembre en donde exhorta a la prensa a que se deje de presentar los crímenes contra las personas LGTBI+ como sucesos policiales o situaciones aisladas, porque se oculta la discriminación y el abuso de poder que se comete contra ellas a diario. Además, so obstaculiza el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans tal como la sienten, viven y expresan. Desterrar las expresiones como ‘hombre vestido de mujer’ y llamarlas por su nombre social es un acto de respeto y reivindicación a su derecho a la identidad”.

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Así también, Huerta incide en la necesidad de analizar los contextos en los cuales las mujeres trans son asesinadas: “Se deben estudiar los otros feminicidios porque implican extorsión, chantaje y/o relaciones machistas violentas que terminan incidiendo en la vulnerabilidad de las mujeres trans y su alto riesgo de ser asesinadas”.

El Observatorio de Derechos Humanos LGBT registró en 2019, 20 crímenes de odio contra por orientación sexual e identidad de género en el Perú, cuatro de estos crímenes contra mujeres trans, cifra que se mantiene constante año tras año, en un contexto en el que las personas trans no tienen una ley que reconozca su identidad, por lo que se ven doblemente vulneradas: por la sociedad y por el Estado peruano.

En 2020 se han registrado cuatro transfeminicidios, considerados crímenes de odio por la forma cruenta de la muerte en donde hubo planificación, tortura e intento de desaparición de la víctima por su orientación sexual/identidad/expresión de género, como feminicidio por ser un asesinato en donde se hace visible la violencia estructural que sufren las mujeres, y un transfeminicidio por la triple vulnerabilidad que atraviesan las mujeres trans en sociedades transfóbicas que les niegan sus derechos.

Las víctimas fueron Angie Mimbela del Águila (28), degollada el 9 de febrero mientras transitaba por las calles del distrito de Villa El Salvador (Lima), su crimen no ha sido resuelto; Cristal Romero Mattos (52), golpeada y acuchillada el 11 de julio en la ciudad de El Porvenir (Trujillo); y Brenda Venegas Ayquipa (52), ahorcada el 1 de agosto en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima) por Ivan Alexander Timaná Ángel (23), quien era su pareja y la extorsionaba; y la última, Gabriela Cruz.

Fuente Agencia Presentes

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El Estado peruano reconoce por primera vez a las parejas del mismo sexo en sus ayudas a familiares de profesionales de salud fallecidos por COVID-19

Martes, 25 de agosto de 2020

cual-es-la-bandera-de-peruPequeño pero significativo avance en Perú: por primera vez, el Estado peruano reconoce formalmente a las parejas del mismo sexo que convivan bajo un mismo techo, aunque sólo como beneficiarias de una entrega económica a los deudos del personal de salud fallecido como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Mediante un Decreto publicado el 8 de agosto en el diario oficial El Peruano, el Estado extiende a las parejas del mismo sexo una serie de beneficios económicos que ha decidido otorgar a los deudos de las personas fallecidas a causa de la COVID-19. «Se considera como personas beneficiarias de la entrega económica a los herederos forzosos y legales del personal de la salud, en el marco de lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 de las presentes normas complementarias. Para efectos de la presente norma, también se consideran personas beneficiarias a los y las convivientes del mismo sexo del personal de salud fallecido, conforme a los lineamientos que establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Resolución Ministerial, en un plazo de quince (15) días calendario contados desde la publicación del presente Decreto Supremo», reza el artículo 6.2 del anexo al decreto.

Este mismo viernes se han aprobado los correspondientes lineamientos, tal y como ha anunciado en redes sociales el Ministerio peruano de Justicia y Derechos Humanos. El propio Ministerio admite que se trata de la primera norma que de forma explícita reconoce las parejas del mismo sexo, «bajo los principios de igualdad y no discriminación». Los convivientes del mismo sexo que quieran solicitar la ayuda deberán acreditar documentalmente su convivencia durante un mínimo de dos años, aportando además una declaración jurada de dos testigos:

 

Aunque pueda parecer pequeño, no deja de constituir un avance en un país en el que las parejas del mismo sexo llevan años viendo como una y otra vez desde el poder político se les niega la posibilidad de ver reconocidos sus derechos y que ni siquiera ha sido capaz de aprobar, no ya el matrimonio, sino una ley de uniones que le acerque, aunque sea mínimamente, a sus vecinos. En estos momentos, las esperanzas de la aprobación del matrimonio igualitario en Perú penden de los tribunales. Ya hay tres pronunciamientos judiciales favorables, referidos a Óscar Ugarteche y Fidel Aroche (que contrajeron matrimonio en 2010 en Ciudad de México), a Susel Paredes y Gracia Aljovín (que se casaron en Estados Unidos en 2016) y a otros dos ciudadanos peruanos, A.A.M.S. y D.A.U.F., casados también en Estados Unidos en 2015. La demanda de Ugarteche y Aroche, de hecho, está ya sobre la mesa de la Corte Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

Fuente Dosmanzanas

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El Poder Judicial peruano dejó sin protección explícita a las personas LGBTI+

Viernes, 24 de julio de 2020

Image-2020-07-17-at-18.00.51Por Verónica Ferrari

Foto: Esteban Marchand

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, una de las más altas instancias del sistema de administración de justicia en el Perú, decidió adherirse a las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad”, pero excluyendo de forma explícita y particular a la población LGTBIQ+. Esta decisión homofóbica fue tomada en enero del presente año, pero recién circuló en julio cuando la Resolución N° 002-2020-CE-PJ llegó a las oficinas de todos los jueces del Perú.

El juez supremo Javier Arévalo Vela sustentó esta decisión señalando en su escrito que la orientación sexual, en condiciones normales, es heterosexual, y que cualquier otra situación se debe a causas psicológicas y sociales. En pocas palabras, llamó a las personas LGTBIQ+, anormales, enfermas mentales o con algún trauma social, lo que es un delito pues en el Código Penal peruano, desde el 2017, se sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Además es anticonstitucional, pues la Constitución Política del Perú protege y garantiza la dignidad de todos y todas sus ciudadanas.

La Resolución fue publicada el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano. Esto causó conmoción en el activismo LGTBIQ+ y en algunos jueces que venían sacando adelante una serie de actividades alrededor del reconocimiento de la población LGTBIQ+. Por ejemplo, el primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas Víctimas de Discriminación y Violencia por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, realizado en 2019. Este evento fue aprobado por el mismo Consejo que ahora decide retirar a la población LGTBIQ+ del acceso a justicia. Al respecto, el juez supremo provisional Carlos Calderón, organizador de este evento, señaló para Presentes que “esta resolución es un retroceso, un olvido total de las sentencias de la CorteIDH y un hecho doloroso, frustrante y triste a la vez”.

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La jueza Janet Tello, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, envió una solicitud de reconsideración a los consejeros. Allí señala que no es posible que desconozcan la reciente condena al Perú por el caso Azul Marín (2008), en donde la CorteIDH, en abril de este año, señala que los operadores de justicia no tuvieron la debida diligencia y sus prejuicios homofóbicos actuaron en contra de la joven trans torturada y violada en una comisaría, lo que no le permitió alcanzar justicia hasta doce años después.

La adhesión a las Reglas de Brasilia permitía que se realizaran protocolos de atención para cada población en situación de vulnerabilidad, documentos que ya estaban siendo elaborados por los juzgados determinados. En este caso, el protocolo de acceso a la justicia para personas LGTBIQ+ lo estaban realizando las cortes de Ucayali, Madre de Dios, Huancavelica, Áncash y Lima, que frente a esta situación se han quedado en el vacío.

Presentes se comunicó con Jonatan Basagoitia, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, encargada de elaborar el protocolo para población LGTBIQ+, quien también lamentó lo ocurrido: “Ha sido una decisión arbitraria y homofóbica del Consejo Ejecutivo, ha sido un retroceso porque es Ucayali  quien está elaborando el Protocolo de Acceso a la Justicia para la población LGTBIQ+, y es el Consejo el que tenía que aprobar este protocolo, felizmente ya se ha presentado el recurso de reconsideración que todavía da tiempo para que resuelvan en pro de la comunidad. En caso se desestime la reconsideración, solo queda ir a un proceso de amparo”.

Un amparo contra la propia justicia peruana que hoy decidió negar la dignidad de las personas LGTBIQ+.

Fuente Agencia Presentes

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Perú retrocede en las controvertidas reglas de bloqueo basadas en el género después de una feroz reacción de la comunidad trans

Viernes, 17 de abril de 2020

GettyImages-1207394502-1024x671El ejército controla el tráfico en Perú el 16 de marzo de 2020, en un intento de persuadir a la población para que se quede en casa (BOURONCLE / AFP / Getty)

Perú ha retrocedido en sus controvertidas leyes de bloqueo basadas en el género luego de una protesta de la comunidad trans.

Según las estrictas medidas, los hombres solo podían salir de casa los lunes, miércoles y viernes, mientras que las mujeres podían hacerlo los martes, jueves y sábados. Los domingos, a nadie se le permitía salir.

“Las fuerzas armadas y la policía nacional tendrán instrucciones claras para que esto no sea en absoluto un pretexto para ninguna medida homofóbica“, prometió el presidente peruano Martin Vizcarra, quien dijo que a la policía se le había dicho que respetara las identidades de género de las personas trans y no gente binaria

Pero dado el historial anterior de la policía peruana, los defensores de LGBT + seguían preocupados de que esto conduzca a una mayor discriminación.

Efectivamente, a pesar de las garantías de Vizcarra, muchas personas trans en Perú informaron un mayor acoso callejero en los ocho días posteriores al decreto.

Una mujer transgénero, Alexandra Arana, le dijo a El Comercio que la policía la detuvo mientras caminaba al mercado con su amiga el 4 de abril, un día designado para que las mujeres salgan de la casa. Explicó que era transgénero, pero debido a que el sexo en su tarjeta de identificación nacional dice “hombre”, la policía continuó confundiéndola y le ordenó que abandonara las calles.

Se pretendía que las nuevas medidas permanecieran vigentes hasta el 12 de abril como mínimo, pero a medida que se informaron incidentes similares de transfobia y humillación pública en todo el país, las restricciones se anularon anticipadamente.

Según la BBC, la medida fue revocada parcialmente por ser ineficaz para minimizar la cantidad de personas en las calles a la vez.

Pero luego de una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación y tortura de una mujer trans bajo custodia policial peruana, es probable que las autoridades también estén interesadas en evitar una mayor discriminación en nombre de la policía .

En otras partes de América del Sur, la comunidad transgénero en Panamá informa temores similares sobre las leyes de encierro basadas en el género. Una mujer transgénero informó que la policía la retuvo durante tres horas “humillantes” y luego la multaron cuando la acusaron de no ser mujer.

Fuente Pink News

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Corte IDH declara a Perú responsable por torturas y violación a una persona LGBT

Miércoles, 8 de abril de 2020

azulPor Vero Ferrari

En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por las torturas y violación sexual que sufrió Azul Rojas Marín de parte de agentes policiales de la Comisaría de Casa Grande (Trujillo), el 25 de febrero del 2008, cuando fue interceptada, según la policía “para identificarla”. Allí fue retenida cuatro horas en la dependencia policial, siendo torturada y violada sexualmente por cuatro policías. Cuando Azul intentó interponer la denuncia en la comisaría ese mismo día, no se la recibieron, por lo que fue a los medios de comunicación. Dos días después volvió a la comisaría para interponer nuevamente la denuncia. Dos días después se le realizó un reconocimiento médico legal y una pericia psicológica que revelaron lesiones y afectación psicológica por lo vivido.

Un proceso judicial que duró una década

24 de marzo de 2008, la Fiscalía peruana dispuso promover una investigación preliminar contra el personal policial de la Comisaría de Casa Grande por el delito “contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual” en agravio de Azul. Es ahí que empieza todo el arsenal de defensa de la impunidad contra Azul. Policía, Fiscalía y Poder Judicial rechazaron, negaron, pusieron en duda y no valoraron la violencia vivida por Azul como un daño efectivo contra su integridad física y psicológica.

21 de octubre de 2008, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa requirió el sobreseimiento del proceso seguido contra tres oficiales de policía por los delitos de violación sexual agravada y abuso de autoridad en perjuicio de Azul.

9 de enero de 2009 el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ascope “declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público” y “sobreseyó el proceso por ambos delitos y contra los tres imputados”, ordenando el archivo del expediente, indicando que no existía credibilidad en la versión de la presunta víctima, que ella no había sido uniforme en su declaración sobre los hechos, y además, había continuado con sus labores habituales el 25 de febrero, y que el examen médico se realizó cuatro días después de los hechos por lo que las pericias generaban una duda razonable en su contra.

22 de enero de 2009, Azul interpuso un recurso de apelación contra la resolución anterior. El 23 de enero de 2009 el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ascope lo declaró improcedente de plano por extemporáneo. Es ahí cuando Azul recurre a instancias internacionales.

20 de noviembre de 2018, la Segunda Fiscalía Supraprovincial, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso la apertura de investigación contra los presuntos responsables por el delito de tortura, pero el 4 de diciembre de 2018, la Quinta Fiscalía Superior de La Libertad declaró nulo el requerimiento. El 16 de enero de 2019, la Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope solicitó al Juez Penal de Investigación Preparatoria de Ascope la nulidad de las actuaciones en el proceso seguido contra los tres oficiales de policía. El 14 de agosto de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope resolvió declarar improcedente el pedido de nulidad argumentando que el expediente tenía autoridad de cosa juzgada y que las recomendaciones de la Comisión no tenían la misma fuerza vinculante que las decisiones de la Corte. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope presentó recurso de apelación, señalando que el Estado debía hacer sus mejores esfuerzos para cumplir con las recomendaciones de la Comisión. El 3 de septiembre de 2019, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación por considerar que no respetaba los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa procesal penal peruana.

Lo que ordenó la Corte

Gracias a esta sentencia, el Estado peruano deberá continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por Azul, evitando la aplicación de estereotipos discriminatorios y la realización de cualquier acto que pueda resultar revictimizante.

Como medidas de satisfacción, la sentencia deberá publicarse en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y deberá realizarse u acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Así también, se le deberá dar asistencia médica y psicológica a Azul de forma gratuita e inmediata; y como garantías de no repetición, se deberá adoptar un protocolo sobre la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas LGBTI, se sensibilizará y capacitará de agentes estatales sobre violencia contra las personas LGBTI, se diseñará e implementará de un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI y se eliminará el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú.

También se ha fijado una compensación por daños materiales e inmateriales contra Azul y su madre, que deberá ser pagado por el Estado. 70 mil dólares para Azul y 20 mil para su madre.

Fuente Agencia Presentes

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COVID-19: Por 1era vez un presidente peruano incluye a las personas trans

Lunes, 6 de abril de 2020

Martín_Vizcarra_Cornejo_(cropped)_(cropped)Por Vero Ferrari

El presidente de Perú Martín Vizcarra anunció que frente a la emergencia por el coronavirus se dispondrán desde el 3 de abril las salidas por género:  los hombres saldrán lunes, miércoles y viernes, y las mujeres, los martes, jueves y sábados.

Frente a los posibles cuestionamientos por la medida que refuerza la binariedad de género, el presidente señaló lo siguiente: “Este gobierno es inclusivo, no tengan ningún temor. Cuando hablamos de varones y mujeres no estamos solamente teniendo en cuenta una mentalidad uno u otro, sabemos que, dentro de una igualdad de género, en su concepto más grande, puede haber ciudadanos que se encuentran en otro tipo de ellos mismos, de sus sentimientos. Van a tener claramente instrucciones las Fuerzas Armadas, la Policía nacional que hace el control, para que esto no sea pretexto de ninguna medida de carácter homofóbico en absoluto, nuestro gobierno es inclusivo, y todas las normas que damos es pensando en absolutamente toda la ciudadanía”.

Esta es la primera vez que un presidente peruano menciona, de alguna manera, a la comunidad trans peruana, en un contexto de crisis sanitaria que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchas de ellas, por la falta protección y garantías del Estado, se ven empujadas a ejercer el trabajo sexual en las calles, alquilando habitaciones por día y enfrentándose continuamente a enfermedades relacionadas a la pobreza como TBC, neumonía y anemia (sin contar el VIH), y a la policía y serenazgo que no las deja trabajar. Sin su principal fuente de ingreso, están sobreviviendo a través de ollas comunes y donativos dependiendo de la solidaridad de la gente, de organizaciones sociales y de algunas autoridades, y en constante riesgo de desalojo.

Denuncias de violencia

En cuarentena, se han presentado denuncias de violencia transfóbica hacia dos mujeres trans que fueron detenidas y obligadas a realizar ejercicios junto a otros detenidos en delegaciones policiales. La Defensoría del Pueblo señaló que esas medidas físicas son inconstitucionales y constituyen una grave afectación en la vida de las personas. Sobre todo porque a las mujeres trans no solo se les obliga a realizar estos ejercicios, sino porque también se las graba para exponerlas a la opinión pública y se les hace repetir consignas en contra de su propia identidad.

La comunidad LGTBI y feminista peruana ha demandado al Estado que proteja a la población LGTBI frente a posibles casos de violencia y abuso policial/militar si no se respeta el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial y se dejan llevar por los prejuicios y estereotipos de género.

Desde el activismo se exige también que se apruebe de una vez por todas la Ley de Identidad de Género, que permitiría proteger a las personas trans de la discriminación al portar un DNI que reconozca su identidad, y una Ley contra los Crímenes de Odio, que sancione los delitos motivados por la orientación sexual e identidad/expresión de género de las personas. Exigen, además, que el Registro Nacional de Identidad aplique la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reconozca el nombre de las personas trans sin pasar por un engorroso proceso judicial. Y hacen un llamado a estar vigilantes con cualquier acto que vulnere a las personas LGTBI para denunciar rápidamente y sancionar a quienes lo hicieran.

El momento histórico que está atravesando el Perú, con un presidente que por fin menciona a la comunidad trans en medio de una pandemia, debería ser una puerta abierta a múltiples oportunidades de obtener por fin todas las medidas que permitan que las personas LGTBI puedan tener vidas dignas y garantizadas por el Estado, con acceso a todos sus derechos hasta ahora negados. El Estado podría por fin cumplir con la enorme deuda que tiene con todas las poblaciones vulnerabilizadas. Que este virus sirva para hacernos más humanos.

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Fuente Agencia Presentes

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Transfemicidio: Karly, trans y migrante de 33 años, asesinada en Ciudadela (Buenos Aires)

Lunes, 9 de marzo de 2020

227BA4B9-E3C2-421F-9AA8-6A18953FC5C7[NOTICIA EN PROGRESIÓN]

Karly Sasha Chinina Palomino, una joven trans de 33 años, fue asesinada en la madrugada del 5 de marzo en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Era oriunda de Perú, vivía en la Ciudad de Buenos Aires y sobrevivía ofreciendo servicios sexuales, como muchas personas del colectivo travesti-trans afectadas por la violencia estructural.

La Fiscalía número 5 de San Martín intervino en la escena del crimen a partir del llamado del 911. El cuerpo de Karly yacía en avenida Rivadavia y Granaderos, ahí donde la avenida corre paralela a las vías del tren y hay un paso a nivel.

Todavía no se conocieron los resultados de la autopsia pero se sabe que le dispararon. Se estima que Karly fue asesinada entre la 1 y las 2 am del jueves 5 de marzo, según informaron fuentes de la fiscalía a Presentes. Algunas personas dijeron que llegaron a ver a dos hombres alejándose a las corridas por la zona de las vías.

En el caso intervino personal policial de la comisaría Ciudadela Sur. Al momento del hecho, la víctima no tenía ningún documento con su nombre. Se ordenaron pericias con sus huellas dactilares, pero sus compañeras aseguran sin dudar que es ella, Chinina.

La organización La Rosa Naranja dio a conocer la noticia a través de un comunicado que publicó ayer en Facebook: “La compañera conocida como Chinina se encontraba en la parada de Ciudadela con otras compañeras en situación de prostitución, donde fue interceptada por un grupo de delincuentes, mafiosos, cobradores de plaza que bajaron de un auto con arma de fuego y dieron 3 disparos directamente hacia nuestra compañera, dejándola tirada en el suelo y sin vida , luego se fugaron. La comunidad Trans-Travestis se encuentra con un enorme dolor, tristeza, furiosas porque nos siguen matando! Pedimos y exigimos a todas las autoridades que investiguen, que se haga Justicia por Chinina, y no quede impune su travesticidio”.

Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja dice que el asesinato de Karly se vincula «a las mafias de la trata de personas que padece el colectivo trans y travesti. Son mafias que nos obligan al mercado de estupefacientes y nos obligan a pagar plazas cuando no debería ser así. En este caso, esta chica siempre se negó a pagar y terminó con un balazo en el pecho».

Con este transfemicidio -el segundo en lo que va del año- La Rosa Naranja da cuenta de  “11 compañeras trans – travestis fallecidas en lo que va del 2020 en Argentina”. Es decir, 9 transfemicidios/travesticidios sociales o muertes provocadas por la violencia estructural y la falta de acceso a derechos básicos: salud, educación, trabajo, vivienda.

«Los travesticidios no serán televisados»

Florencia Guimaraes, activista travesti, también da cuenta de esa cifra de compañeras muertas.  “Los travesticidios no serán televisados. Los medios de comunicación no dicen nada. El Estado hace la vista a un costado. En la agenda de lucha del movimiento feminista tampoco se aborda el tema de los travesticidios», dijo a Presentes al conocerse el transfemicidio de Karly. «Hay que salir  a hacer una fuerte visibilización. No pueden seguir quedando silenciados. Viene el 8 M y parece que solamente se habla de los femicidios, que por supuesto son de extrema gravedad, pero también siguen ocurriendo crímenes de odio y travesticidios, y esto no está en agenda”.

El 1 de febrero, Roberta, una mujer trans de 45 años, fue asesinada de cuatro puñaladas en 1 y 62, una esquina de La Plata, provincia de Buenos Aires. Roberta también había venido a la Argentina desde Perú y al momento de su travesticidio estaba en una zona donde paran otras compañeras en situación de prostitución. Roberta era una sobreviviente: había logrado traspasar el promedio de esperanza de vida de una trans-travesti en América Latina, que oscila en los 35 años. Karly ni siquiera llegó.

 Fuente Agencia Presente

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Asesinan a mujer trans en Lima y denuncian inacción de Serenazgo

Jueves, 27 de febrero de 2020

ACEDA70E-1AC9-4E3F-945D-B51674E51A7FPor Vero Ferrari

Angie Mimbela del Águila, una joven trans de 26 años, fue asesinada la madrugada del 9 de febrero en el distrito de Villa El Salvador, uno de los más pobres de Lima. Ella caminaba por las avenidas Juan Velasco Alvarado con Pachacútec cuando se le acercó un hombre, forcejearon y la apuñaló.

La joven mujer caminó cerca de 100 metros y estuvo con vida más de 45 minutos pidiendo ayuda mientras se desangraba, pero ni los transeúntes ni el personal de Serenazgo que llegó por las llamadas de los vecinos le prestó el soporte necesario. Según vecinos, el personal de la municipalidad se negó a recoger el cuerpo de Angie y llevarlo a un hospital, dejándola morir sobre el pavimento.

No sabemos quién ha sido, solamente sabemos que ha sido como un ajuste de cuentas, porque lo han acuchillado desde allá abajo, donde la sangre, todo el camino que ha recorrido, y se ha derivado allá, que no lo han querido auxiliar, porque esa es la verdad él estaba con vida, 45 minutos con vida y Serenazgo no lo quiso levantar ni llevar a ningún hospital, por qué, porque era gay, lo veían ahí, lo dejaron morir”, señaló una vecina a la prensa.

Cuando la Policía llegó al lugar, la joven ya no presentaba signos vitales. Según el parte policial, el primo de la víctima manifestó que Angie se encontraba en situación de prostitución y que esa zona era su lugar de trabajo.

Para la activista Taki Robles, directora ejecutiva de la organización dedicada a proteger a mujeres trans “Amigas por siempre”, el asesinato de Angie es un crimen de odio: “Todo exceso de violencia y de maldad contra nosotras es un crimen de odio, porque no es casual que alguien venga, te quiera arranchar la cartera y luego te corte el cuello. Además, es un crimen de odio hacia una mujer en una situación de extrema vulnerabilidad, y así hay muchos casos de mujeres trans que han sido asesinadas y la policía no investiga, ni lo va a hacer. A nosotras nos pueden matar todos los días, pero por ser prostitutas, por ser pobres, por ser trans, no vamos a recibir justicia, es más, nos van a culpar de nuestra muerte. En este país nos han excluido incluso del respeto a nuestras vidas, al normalizar nuestros asesinatos”.

Debido a ello, activistas LGTBI han convocado a un plantón de protesta frente a la Municipalidad de Villa El Salvador por la inacción que llevó a la muerte de Angie, por la falta de preparación para atender casos de violencia contra personas vulnerables y por la total deshumanización de su personal de seguridad, que vieron morir a una mujer trans frente a sus ojos y no hicieron nada.

El regidor de Lima, Manuel Siccha, frente al ominoso silencio de las autoridades, ha presentado un documento de requerimiento de información, en el marco de sus funciones fiscalizadoras y metropolitanas, para que la Comisaría, así como la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, informen sobre las acciones e investigaciones que han tomado, pues son quienes tienen que dar cuenta de la aparente desatención sobre este crimen de odio.

Por la configuración de los hechos, el caso de Angie es un asesinato feroz con promoción de la impunidad, pues ni el serenazgo ni la policía la han atendido como es debido, dando inicio así al soslayamiento de funciones de un conjunto de instituciones. El Estado tiene obligaciones internacionales que cumplir a propósito de responsabilidades asumidas como investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos como lo es un crimen de odio, por lo que vamos a hacerle seguimiento al proceso de investigación que debería estar abierto”.

Fuente Agencia Presentes

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II Conferencia Interamericana y del Caribe de personas intersex

Jueves, 20 de febrero de 2020

collage-adentro-855x1024Con la participación de una treintena de activistas locales e internacionales, durante la primera semana de febrero se llevó adelante la II Conferencia Interamericana y del Caribe de personas intersex en la ciudad de Buenos Aires. En el marco de la misma se constituyó un Foro local.

Por Carolina Balderrama

Fotos: Inmensidades

Activistas intersex de Argentina, Colombia, Bolivia, Perú, México, Chile, República Dominicana, Brasil, se encontraron cara a cara, compartieron y analizaron distintos ejes que les atraviesan. Fue en la II Conferencia Interamericana y del Caribe de personas intersex en la ciudad de Buenos Aires que se realizó del 3 al 5 de febrero.

La primera Conferencia se hizo en 2018 en San José de Costa Rica y culminó con la declaración que fue ratificada en este segundo encuentro. Ver más https://intersexday.org/es/declaracion-san-jose-costa-rica/

Las jornadas abrieron con una presentación pública para luego sesionar a puertas cerradas, y finalizó con una fiesta en Casa Brandon.  “Fue una oportunidad para realizar una evaluación acerca de dónde está la región en términos de DDHH de las personas intersex”, explicó Mauro Cabral, activista argentino con fuerte trabajo internacional, integrante de Justicia Intersex y de la comisión organizadora. Y agregó: “El grupo de personas es muy diverso. Por primera vez participó un matrimonio de Brasil, que son madre y padre de un niño intersex. En general los espacios intersex, tienen que ver tanto con las personas intersex como con las familias, quienes toman las decisiones”.

Violencia mediática hacia cuerpos intersex

Algunos de los ejes que se trabajaron: medios de comunicación, financiamiento, familias, sexualidad, balance regional de legislación, de trabajo con el sistema médico y jurídico, entre otros.Hubo talleres de financiamiento de actividades y de relación con los medios. “Para las personas intersex en general la cobertura mediática es una pesadilla”, dijo Cabral.

Para Natasha Jiménez Mata, Directora de Mulabi – Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, e integrante de la comisión organizadora, saber cómo enfrentar a los medios es muy importante. “Porque no solo existe la violencia quirúrgica en contra de los cuerpos intersex, sino también la violencia mediática. La mayoría de los medios de comunicación a través del morbo desvirtán la información. Para ellos es más importante cómo es nuestra morfología a nivel de los genitales que la información real, que es cómo nos afecta el sistema de salud, cómo vivimos en una sociedad que es dicotómica y sólo acepta cuerpos masculinos y femeninos”.

Primer Foro de activistas: intersex y plurinacional

En el marco de las jornadas se conformó el Primer Foro de Activistas Intersex de Argentina con la participación de activistas de las provincias de Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Neuquén y también de la CABA y la provincia de Buenos Aires. Si bien todavía se está definiendo el nombre definitivo de ese foro, se sabe que incluirá dos palabras claves: “Intersex y Plurinacional”.

Contextos, demandas, antecedentes y desafíos

MG_1328-1-1024x683Los cuatro primeros foros intersex internacionales, se hicieron en Europa, con muy poca participación latinoamericana, por una cuestión de menores recursos. Por eso esta vez el tema de financiamiento tuvo un espacio importante.

También se abordaron las temáticas particulares con las familias y sexualidades intersex, un tema sobre el cual no se trabaja mucho “a pesar de que el activismo intersex es un activismo de la diversidad corporal, de sexualidad se habla poco y nada. En general, a la mayor parte de las personas les interesa saber qué hacer con niños y niñas intersex y no les interesa tanto la situación de las personas adultas en relación a este tema” señala Cabral.

En la región el crecimiento del movimiento es incipiente y en los últimos años ha tomado mayor impulso en los países latinoamericanos. “Argentina tiene un impulso potenciado: buscamos generar que se acerquen más personas, que se sumen al activismo y a nuestros objetivos para poder impulsar los derechos que necesitamos” dice Gaby González, integrante de la comisión organizadora y de Orquídea Intersexual de Mendoza, quien en 2019 fue coordinadora del primer taller sobre intersexualidad en el 34° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias de La Plata.

 “Ese taller surgió con la colaboración de otras compañeras. Fue una experiencia muy impactante, poder expresar una vivencia que ha sido para la gran mayoría, un lastre, una situación muy compleja, con ocultamiento, negándonos a vivir nuestra naturaleza corporal desde el nacimiento. Poder hablar también te saca esas sensaciones negativas de adentro y podés liberarte. Muchas de las personas que vinieron a este encuentro surgieron de ahí”.

Hana Aoi, integrante del Comité Organizador y de la organización Vivir y Ser Intersex de México, destaca que “no es que no haya habido un activismo antes, justamente esa imposibilidad para conectar es algo de lo que apenas nos hemos venido sobreponiendo en los últimos 7 u 8 años pero realmente ha sido significativa la creación de una comunidad que se puede intercomunicar para romper un poco el cerco de aislamiento, de las condiciones sociales, y la precariedad misma de nuestra región. Definitivamente las redes fueron la herramienta fundamental para poder comunicarnos, contactarnos y poder mover ese tipo de espacios”.

“Lo que tenemos para compartir es muy doloroso”

En abril de 2019 se presentó El Libro Intersexual en al Centro Cultural Tierra Violeta, una obra que forma parte del proyecto multimedia de la artista mexicana Adiós al Futuro (https://brujulaintersexual.org/2019/01/15/biblioteca-el-libro-intersexual-adios-al-futuro-2018/). Durante esa actividad, recuerda Cabral, “hubieron personas del público que se levantaron y dijeron yo soy intersex. O se quedan y se acercan después, nos viene pasando bastante seguido. Por un lado, es maravilloso ver la cantidad de gente, por otro, es terrible darte cuenta que todas las historias se parecen mucho y que todas las personas venimos con cargas muy tremendas de violencia encima. Y que lo que tenemos para compartir es muy doloroso”.

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Por qué hacen falta leyes comprensivas

Sumar y fortalecer el activismo es algo muy importante para Mauro, “conocemos la situación de las familias, los distintos cuerpos intersex, los tratamientos médicos, los sistemas legales. Sin soberbia: sabemos todo lo que hay para saber acerca del tema, lo más difícil de todo es lograr que algo cambie. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir empujando, y eso produce mucho desgaste, cansa mucho ser parte de un movimiento que no está ganando. Queremos que no haya más intervenciones no consentidas, medicamente innecesarias, que las personas tengan acceso a la información que necesitan y tengan acceso a la reparación por el daño que se les hizo. Lo que hace falta son leyes comprensivas que digan que estas prácticas no se pueden hacer, en nuestros países necesitamos esas leyes.

Tanto en la apertura como en la actividad de cierre no se pudo sacar fotos sin la autorización expresa de las personas intersex. Esta decisión tiene un argumento que viene de la práctica de la fotografía y filmación médica de la que fueron objeto en la infancia.

La realidad es que una de las cuestiones que más se ha estudiado acerca del impacto de esta práctica médica de la fotografía en las conductas de las personas es que sí dejan una marca, una huella. Condicionan la disposición del cuerpo de la persona para poder interactuar con otros seres humanos, con la vida, con el entorno, realmente crea un trauma que se repite de manera inesperada en distintas condiciones. Vos ves en los libros, en las conferencias, cuerpos desnudos sin caras, con los ojos tapados, vos no sabes si es tu cuerpo o cuerpo de alguien más que conoces.” relata Hana.

Activismo gordo: aliade intersex

MG_1634-1024x683En la actividad de cierre se leyó de manera colectiva la ratificación de la declaración final del Primer encuentro en San José de Costa Rica. Hubo testimonios y agradecimientos a la comisión organizadora. Mauro agradeció la alianza con otro movimiento de la diversidad corporal como es el movimiento gordo. Gracias a su empuje, remarcó: “conseguimos que las demandas intersex fueran introducidas en lugares que las personas intersex no podíamos entrar. Fueron las activistas del movimiento gordo las que llevaron nuestras demandas y consiguieron que fueran incorporadas”.

Hacia el final hubo abrazos, música y festejo por el encuentro “la oportunidad de venir y pasar unos días acá es el estar con otras personas que se nos parecen, ayuda al activismo, pero también te salva la vida, para mi venir y estar en conjunto tiene que ver con sobrevivir”, dice Mauro.

Testimonios

Cecilia de Tucumán

“Venir y conocer a personas que transitan lo mismo que yo fue una oportunidad única de encuentro. Una, cuando transita todo esto que muchas veces es perturbador, piensa que está sola y es única en el mundo. Poder escuchar las vivencias de las otras personas fue fuerte”.

Andrea de Colombia

“Las jornadas nos permitió encontramos en otros participantes. Hay unas experiencias de activismos que están muy desarrolladas de México, Argentina y Chile, que sientan las bases para nuestro trabajo futuro para que la gente pueda tener conciencia”.

Macarena de Córdoba

“Muchos agradecimientos a la comisión organizadora, expresar el alivio que se siente después de tantos años de estar soles y sintiendo que no tenemos en quién apoyarnos, que somos les úniques del mundo y llegar acá y encontrar este acompañamiento, esta generosidad, es muy emocionante”.

Fuente Agencia Presentes

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Joven sufrió ataque homofóbico en Lima: la Policía lo ignoró

Jueves, 20 de febrero de 2020

enrique1-714x357Por Vero Ferrari

El sábado 15 de febrero, en la madrugada, Enrique Li Gonzales (27) fue atacado por Juan Carlos Marchena Iparraguirre (24), quien lo redujo contra el suelo, golpeó reiteradamente su cabeza contra el pavimento y le desfiguró el rosto con un arma punzocortante. Enrique paseaba con un amigo por el distrito de Miraflores, una de las zonas más comerciales de Lima, cuando Marchena empezó a insultarlo diciéndole «cabro de mierda», «deberías morir» o «te voy a matar», y al ser encarado por el afectado, le cortó el rostro para luego huir con su acompañante.

Enrique y sus amigos lograron atraparlos hasta que llegó el serenazgo del distrito y luego la policía, quienes permitieron que el agresor se fuera por ausencia de “pruebas”, mientras el joven agredido era trasladado al hospital. Después de ser atendido, Li se dirigió a la comisaría a poner la denuncia respectiva, pero se negaron a tomarle su declaración aduciendo que el personal estaba de franco. Le pidieron que regresara el 5 de marzo y también se negaron a realizar una «extensión de denuncia» porque querían registrar el caso como una «pelea callejera» y no como un ataque homofóbico; asimismo intentaron convencerlo de que no denunciara. Él regresó el domingo y ahí recién pudo hacer la denuncia respectiva luego de recibir el apoyo de la Defensoría del Pueblo y por la presión mediática sobre el caso.

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Un plantón por la mala actuación policial

“No podemos permitir que actos como estos sigan sucediendo, las personas LGBTIQ somos seres humanos como todos ustedes y merecemos ser respetados y poder vivir una vida digna y plena” manifestó Enrique a través de sus redes sociales. “Voy a proceder a tomar todas las acciones legales debidas, incluyendo la solicitud de cámaras del día de la agresión donde se podrá comprobar efectivamente la agresión homofóbica que sufrí, y este señor Juan Carlos Marchena Iparraguirre recibirá todo el peso de la ley”, agregó.

Debido al violento ataque y a la mala actuación de la policía, activistas han convocado a un plantón frente a la comisaría de Miraflores para el día martes 18 de febrero al mediodía. Al respecto, la abogada y activista lesbiana María Ysabel Cedano dijo a Presentes que, en el caso de agresión contra Enrique, “según el Código Penal y el Decreto Legislativo N° 1323, debe quedar claro que aquí no hay una falta, aquí hay delito. Aquí hay una tentativa de homicidio y lesiones graves agravadas. Aquí hay un crimen de odio. Estamos hartxs de vivir enfrentando ataques de odio, machismo, racismo, clasismo cada día, por eso vamos a acompañarlo mañana, porque es una cuestión de vida y espero que no seamos solo la comunidad LGBTIQ+ porque el odio, la discriminación y la impunidad es un asunto de mayorías”.

Fuente Agencia Presentes

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¿Qué nos depara este nuevo Congreso para les LGTBI en el Perú?

Sábado, 8 de febrero de 2020

CONGRESOPERÚ-1024x512OPINIÓN:

Por Vero Ferrari

El 26 de enero fueron las elecciones extraordinarias para escoger a los congresistas que completarían el año y medio que falta del periodo parlamentario luego de la disolución del Congreso a fines de octubre del 2019. En Lima postulaban cuatro candidatxs abiertamente LGTBI, Gabriela Salvador (lesbiana), Carlos Polo (gay), Gahela Tseneg Cari Contreras (trans) y Alberto de Belaunde (gay). De estos, solo el último pudo llegar a entrar y convertirse en congresista por el Partido Morado. De Belaunde también se convirtió en el segundo congresista más votado con más de 233 mil votos hasta el momento que se siguen contabilizando las actas de votación debido a su buen desempeño como congresista anteriormente.

Por la región del Callao fue elegido Miguel Gonzales del Partido Morado, con más de 10 mil votos, quien también es abiertamente gay y ha trabajado por varios años como capacitador en temas de VIH-Sida en la organización Sí da Vida.

Ellos dos son los únicos representantes LGTBI que tendremos en el Congreso, de 130 congresistas, en un panorama incierto para nuestra población que hasta el momento no ha visto ninguna de sus demandas aprobadas. El Parlamento quedó tomado por una derecha fraccionada que en lo que menos está interesada es en garantizar los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas como la LGTBI. Lleva la consigna de que hay cuestiones “más importantes” que resolver como la reforma de justicia, que sirven siempre como excusa para no legislar a nuestro favor y postergarnos históricamente.]

Las tres fuerzas políticas más importantes que han logrado la mayor cantidad de congresistas coinciden, a pesar de sus grandes diferencias, en el desinterés por la comunidad LGTBI: Acción Popular (25), Alianza por el Progreso (22) y el Frente Popular Agrícola Fia del Perú-Frepap (15), un partido de derecha católica tradicional, un partido de derecha emergente y un movimiento religioso, respectivamente. Este último partido es el que más sorpresas puede traer porque, a pesar de no llevar una agenda conservadora y de no haberse unido a los grupos fundamentalistas que avivaban campañas de odio hacia los LGTBI lo últimos años, sí tienen una apuesta moralizadora y uno de sus congresistas salió a decir que los homosexuales teníamos “el mal enquistado en el cuerpo y en la sangre”, disculpándose luego la dirigencia del Frepap por ello, y señalando que respetan la igualdad y la Constitución.

Frente a ellos, la izquierda, con el Frente Amplio, tiene una representación mínima, con nueve congresistas, de los cuales ninguno ha tomado la bandera LGTBI como suya en campaña, pero que sí forma parte de su plan de gobierno por lo que, por lo menos, se les puede exigir su cumplimiento.

Para celebrar, porque algo siempre podemos celebrar, los partidos que llevaban a lxs candidatxs más conservadores, gracias a una campaña racista, homofóbica y misógina, además de su pasado ligado a la corrupción y al fujimorismo, no lograron pasar la valla del 5% de votos para colocar congresistas, por lo que nos hemos librado de los antiderechos más recalcitrantes y representantes de la campaña de desinformación “Con mis hijos no te metas”: Beatriz Mejía (Avanza País), Justo Balmaceda (Contigo), y Rosa Bartra y Nelly Cuadros (Solidaridad Nacional), que incluso proponían penalizar a las mujeres que abortaran, y buscaban posicionarse como el “bolsonarismo” peruano.

En ese sentido, el 2020 será un año más de sequía para el movimiento LGTBI, pero que puede servir para fortalecer la lucha por la representación el 2021 que se vienen las elecciones presidenciales.

Fuente Agencia Presentes

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Elecciones en Perú: quiénes son les candidates LGBT y qué proponen

Jueves, 23 de enero de 2020

cual-es-la-bandera-de-peruPor Vero Ferrari

Luego de que se disolviera el Congreso peruano el último día de octubre del año pasado, el presidente Martín Vizcarra convocó a nuevas elecciones para el 26 de enero del 2020 con el fin de completar el periodo congresal. Dentro de los temas que siempre se debaten en tiempos electorales están las demandas de las mujeres y la población LGTBI, por lo que tampoco faltan candidatxs que defienden abiertamente estas banderas en los dos espectros políticos, derecha e izquierda.

Por la izquierda, el partido Frente Amplio tiene a Gabriela Salvador, abogada lesbiana, y a Carlos Polo, activista vegano y gay; y el partido Juntos por el Perú tiene a Gahela Tseneg Cari, activista trans. Por la derecha está el Partido Morado con su candidato Alberto de Belaunde. Los cuatro candidatean por Lima.

Quiénes son y qué proponen para la comunidad LGTBI peruana

Gabriela Salvador (Frente Amplio)

1E4A4B4D-8284-4D0C-B54F-DAEF4FE01D98“En el tema de educación preocupa mucho la invisibilización incluso en cifras. El no mencionarte en un informe ya es un indicador. El no mencionarte en un plan de trabajo ya es un indicador. Hablamos de niñas, hablamos de mujeres, pero no hablamos de mujer lesbiana, trans, bisexual. ¿Estamos presentes?”.

Tiene 34 años, es abogada, especialista en medioambiente. Fue asesora política en el Congreso disuelto y decidió ponerse al frente en estas elecciones congresales de enero con el N° 6 del Frente Amplio. Ella se define como una mujer lesbiana y hasta el momento no ha dudado en resaltarlo en cada entrevista que ha realizado, donde señala que busca avanzar hacia una agenda de derechos en donde se visibilicen las problemáticas LGTBI sobre todo en los sectores educación y salud.

Salvador ha señalado que impulsará los proyectos de ley que quedaron pendientes como la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario, pero también promoverá la fiscalización y el control de las instituciones que deben responder por velar para que las personas no sean discriminadas y reciban todas las protecciones y garantías del Estado. Para ello estará pendiente de las medidas que implementen el Ministerio de Salud, de Educación y de Justicia. También incidirá contra la criminalización de la protesta puesto que cada vez que el colectivo LGTBI busca realizar una manifestación pacífica como por ejemplo Besos contra la homofobia en el Día del Amor en febrero, es reprimida, retenida, prohibida de transitar y expulsada de las plazas por la policía, a cargo del Ministerio del Interior.

Carlos Polo (Frente Amplio)

EC1DCF5D-4C62-4E78-A5DF-67FE1D430FD2“La deshonestidad es una de las cosas que más me molesta, el hecho que yo no haya podido tener referentes LGTBI en mi infancia, el hecho que me dijeran que a las niñas les gustan los niños y a los niños, las niñas, vivir con todas esas mentiras me hizo mucho daño, me hizo creer que nunca oba a ser feliz, y por eso ahora lo que más me molesta es la deshonestidad y creo que la deshonestidad abunda en nuestra política”.

Polo es traductor profesional, pero ha destacado como activista vegano y antiespecista, además de ser activista gay y ateo desde hace varios años. Su historia personal es muy particular pues es hijo de dos activistas en posiciones totalmente opuestas, su padre, Carlos Polo Samaniego, es un conocido antiderechos director de una de las organizaciones que más ha intentado perjudicar la vida de los LGTBI y las mujeres en el mundo, la Population Research Institute, y su madre, Cecilia Villanueva, es presidenta del Movimiento Latinoamericano de Madres de hijos TLGB.

Desde pequeño, Polo fue obligado a estudiar en un colegio del Sodalicio, participar en las Marchas por la Vida que se organizan en contra del aborto, y sometido a una serie de ideologías machistas por lo que su infancia estuvo marcada por el rechazo a su homosexualidad, hasta que salió del clóset y su familia materna lo abrazó con respeto.

 Entre sus propuestas están respaldar las políticas con enfoque de género, sobre todo por el acoso homolesbotransfóbico que sufren lxs niñxs, y que forma parte del plan de gobierno del Frente Amplio, aunque en esta, su primera candidatura a elecciones generales, está más enfocado en la protección de los animales, pues ya tiene a una compañera candidata (Gabriela Salvador) más enfocada en los derechos LGTBI.

Gahela Tseneg Cari Contreras (Juntos por el Perú)

C08345C6-144B-4621-897F-9E37884D0B70El problema no es nuestro cuerpo, el problema es esta sociedad hipócrita que en la calle nos rechaza pero que en privado si busca satisfacerse de nosotras, el problema es que hemos nacido en una sociedad equivocada y que esperamos cambiar, por eso estamos aquí luchando. Yo no nací feminista pero sí estoy segura de que me voy a ir de este mundo luchando”.

Con el lema “voto por la igualdad”, Gahela se presenta como una mujer de múltiples identidades. Es afroserrana en un contexto en donde el racismo siempre está a flor de piel. Además es mujer trans y migrante. Luego de estudiar Derecho, empezó a militar en la izquierda desde hace algunos años en la agrupación Nuevo Perú, que fue en alianza con el partido político Juntos por el Perú para participar en estas elecciones.

Ella levanta las demandas de identidad de género y matrimonio igualitario, además de la cuota laboral trans, cuota de participación LGTBI en los partidos políticos, enfoque de la diversidad en la educación, además del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo con la despenalización del aborto, en lo que ha llamado “reforma de género”. Su presencia sigue el legado de mujeres trans que han intentado ocupar una curul en el Parlamento peruano, como antiguamente lo hizo Belissa Andía, también en partidos de izquierda.

Alberto de Belaunde (Partido Morado)

5AAF500C-F70A-477B-9845-167BE8BAA534“No tengo la garantía absoluta de que los 140 candidatos estén convencidos, pero hay la convicción y el compromiso partidario de éstos, sí, y es una propuesta de campaña, por lo que creo que es absolutamente honesto decir que el Partido Morado impulsará el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género desde el Congreso”.

Abogado y excongresista por el partido del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Kambio, De Belaunde busca completar el periodo por el cual fue elegido ahora con otro partido de derecha, el Partido Morado. En su gestión anterior, promovió la Unión Civil como contrato para parejas de lesbianas y gays, al lado del también excongresista gay Carlos Bruce, a diferencia de la propuesta que hicieron sus colegas Indira Huilca y Marisa Glave en el mismo Congreso para conseguir el matrimonio igualitario a pesar de no ser activistas LGTBI. Ninguno de los dos proyectos de ley pudo ser aprobado y ni siquiera debatido en el Congreso disuelto. A pesar de que el Partido Morado, cuando apareció en la palestra pública, no estaba completamente de acuerdo con el matrimonio igualitario y solo apostaba por la Unión Civil, De Belaunde señala que ahora sí están de acuerdo y es una consigna de bancada de un partido que defiende el modelo económico neoliberal apostar por el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y el enfoque de género en la educación.

Fuente Agencia Presentes

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El sueño de un refugio para mujeres trans en Perú ya es realidad

Viernes, 20 de diciembre de 2019

casatranslimaeste-720x360Por Vero Ferrari

Este no es un viernes normal en la Av. César Vallejo Manzana G Lote 12 de Ate Vitarte, una ciudad de Lima Este con altos índices de violencia e inseguridad ciudadana. Mujeres trans van llegando para acompañar a Yefri Peña a la inauguración de lo que será la primera Casa Trans de Lima Este. Es un espacio de acogida para mujeres trans que estén de paso por su migración de la Sierra hacia la Costa, que son de la zona y necesitan informarse sobre sus derechos. Pero también para tener cobijo para el frío y el hambre que acecha la vida de esta población, la más vulnerable de un movimiento que viene luchando casi 40 años por derechos en el Perú.

Yefri va y viene por su casa, nerviosa, riéndose y a la vez preocupada, ultimando detalles de lo que será un día apoteósico para ella. Por fin, cerca de las 2 de la tarde de este día soleado, va a cumplir lo que en un principio solo era un sueño, uno de los sueños más locos que ha tenido y que poco a poco fue convirtiéndose en realidad gracias al apoyo de sus redes locales trans, sus amigxs y a una empresa privada.

La botella está esperando colgada en la puerta a que Yefri la rompa con el martillo que le han conseguido, su madre está a su lado todo el tiempo, viendo como le caen las lágrimas de felicidad. Dice que nunca se debe dejar de soñar, y que ahora va a poder ayudar aún más a su comunidad, va a generar trabajo para otras mujeres trans a través de la peluquería, en su oficina va a atender los casos de vulneración de derechos que viven, y también van a hacer despistaje de VIH y talleres de empoderamiento, porque en un mundo como este, hay que quererse mucho para enfrentar a la muerte.

Miluzka Lut, activista que viene promoviendo estas casas desde hace dos años: “Hay un número importante de mujeres trans que migran de espacios mucho más hostiles, sobre todo de la Sierra, de Huancayo, Huancavelica, Ayacucho. Hasta la actualidad no existe ninguna organización para mujeres trans en esa parte del país”.

A pesar de lo difícil que puede ser vivir como una mujer trans en la sierra peruana, ellas han logrado ocupar espacios culturales a través de bailes típicos de la zona: “Recientemente hemos tenido un encuentro en Huancayo”, nos sigue contando Miluzka, “la situación es dura en el marco del acceso a derechos fundamentales, es complicada por el tema de violencia, pero hay algo importante, que ellas se han posicionado en el tema cultural con la tunantada”.

Acompañamiento integral

La Casa Trans de Lima Este tiene tres objetivos: realizar despistajes de VIH a todxs lxs que se acerquen a sus instalaciones, registrar los hechos de violencia que viven las mujeres trans a través del sistema de Cedostal de la Red Lac Trans, y brindar talleres de empoderamiento y acompañamiento para que puedan optar por cupos laborales en las empresas asociadas a la ONG Presentes.

Gabriel de la Cruz, director de la ONG Presentes cuenta a este medio cómo fue la intervención de su organización para lograr habilitar la casa: “Yefri nos contó a principios de año que quería convertir su casa en un espacio de acogida para mujeres trans y darles apoyo y soporte de una forma más institucionalizada, ya que el apoyo y el soporte siempre han estado presentes entre ellas, así nos reunimos varios meses para ir pensando cómo lo lográbamos y cuáles serían los objetivos. Le escribí a varias empresas con las que trabajamos para pedir algún tipo de financiamiento y la que aceptó fue Uber. Gracias a su donación pudimos remodelar los ambientes e instalar todos los implementos para que empiece a funcionar, pero el siguiente paso era cómo hacerla sostenible, entonces hemos pensado en hacer talleres con las empresas a las que acompañamos para que ellas también puedan optar por cupos laborales en estas, y mientras mayor sea la oferta, más mujeres trans van a querer venir y capacitarse en este espacio”.

La empresa privada en el Perú suele ser la que abre más puertas a las posibilidades de inclusión de la población LGTBI, frente al abandono recurrente del Estado, sobre todo con las mujeres trans, que solo cuentan con normativas de salud en el tema del VIH, pero su acceso a educación, vivienda, justicia y trabajo todavía sigue siendo negado, lo que ocasiona profundas vulneraciones a su dignidad, las ubica en la extrema pobreza, las empuja a que laboren en actividades de riesgo, a que padezcan de enfermedades ligadas a la pobreza como tuberculosis y que mueran muy jóvenes.

Acceder a derechos humanos

La promoción de casas para una población altamente vulnerabilizada no solo por el VIH, sino también por la violencia de género, la exclusión y la desigualdad, genera que ellas puedan empoderarse, accedan a derechos humanos y reciban el acompañamiento necesario con el fin de eliminar las barreras legales, sociales, económicas y culturales que les impiden hasta ahora ejercer una ciudadanía real, con dignidad y justicia, erradicando la brecha de pobreza extrema en la que son subsumidas a través de la participación y colaboración entre ellas para que nunca pierdan las ganas de soñar.

Desde 2017 funciona también la Casa Trans Zuleimy como una oficina para incidir en la ley de identidad de género y otras actividades de fortalecimiento a la comunidad.  Pero las mujeres trans siempre quisieron espacios de acogida para ellas, en donde pudieran sentirse seguras, y este anhelo se volvió a cumplir casi a fines del 2019. La Casa Trans de Lima Este se ha convertido en el primer espacio de acogida de esa zona de Lima, en donde la migración de la Sierra es alta.

Fuente Agencia Presentes

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Asesinaron a una mujer trans de 25 años en San Salvador

Miércoles, 30 de octubre de 2019

Anahi-Miranda-Rivas-El-SalvadorPor Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

  • A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
  • A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
  • Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
  • A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
  • Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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Cierre del Congreso peruano: «Que las nuevas bancadas abracen la diversidad»

Sábado, 5 de octubre de 2019

Captura-de-pantalla-2019-10-03-a-las-12.56.01-p.m.-1018x509Por Vero Ferrari

El 30 de setiembre de 2019 será recordado como un día histórico para todas y todos los peruanos, y sobre todo para la comunidad LGTBI. Ese día, el presidente Martín Vizcarra decidió cerrar un Congreso coptado por fuerzas fundamentalistas y llamó a elecciones parlamentarias alegando la falta de transparencia de la bancada fujimorista y sus aliadxs.

Horas después, el Congreso respondió aprobando la suspensión de Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses por «incapacidad temporal». Y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones» del país, aunque renunció al día siguiente.

El fujimorismo contra los derechos de las personas LGBT

Desde que empezó la legislatura, en 2016, el fujimorismo se opuso a cualquier avance de derechos en educación o reconocimiento, así, los proyectos de ley de unión civil, matrimonio igualitario, despenalización del aborto por violación e identidad de género estuvieron congelados en comisiones sin ninguna posibilidad de pasar al Pleno del Parlamento para que fueran votados.

El Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba sancionar los crímenes de odio motivados por orientación sexual e identidad de género, fue derogado en parte por esta clase política conservadora encabezada por los congresistas de Fuerza Popular aliados con congresistas evangélicos. Por suerte, el presidente nunca reconoció esta derogación así que el DL sigue siendo efectivo y herramienta para sancionar la discriminación.

El fujimorismo y sus aliados continuamente han obstaculizado cualquier proyecto de ley que incluyera el enfoque de género, impidiendo, por ejemplo, que haya una política carcelaria con este enfoque para reducir la violencia que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y los hombres gays, bisexuales y trans en situación de carcelería.

También han perseguido legalmente a quienes osaban desarrollar estos temas en los Ministerios. Así, propiciaron que las y los ministros de Educación fueran continuamente obligados a renunciar por intentar proteger la política educativa con enfoque de género, y que las y los especialistas que trabajaban estos temas sean sancionados administrativa y legalmente usando como excusa “el interés superior del niño y las buenas costumbres”, perdiendo sus trabajos y viéndose sometidos a comisiones investigadoras congresales con el único fin de hostigarlos, lo que los afectaba económica y psicológicamente.

Pero ya no están más, la población les dijo que no, que ya basta, y salieron todas las semanas a marchar exigiendo que se vayan todos y el presidente los escuchó. Desde el 30 se fueron todos, y sus intentos por vacar al presidente y poner en su lugar a la vicepresidenta usurpando su lugar no han tenido ningún apoyo ni legitimidad, nadie los quiere más.

En cuatro meses habrá nuevas elecciones para elegir a 130 congresistas, seguiremos vigilantes de que estos no representen a las agendas más retardatarias, para poder vivir en un país que respete y abrace a su diversidad. Hace tiempo nos merecemos a gente buena ocupando esos lugares, y entre ellos a LGTBI luchando para que el Estado repare y pague la deuda histórica que tiene con todos nosotres.

Fuente Agencia Presentes

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El Estado es el principal agente de violencia a LGBT+ en Perú

Sábado, 21 de septiembre de 2019

APERTURA8-golpiza-998x499Por Vero Ferrari 

Veintidós personas fueron asesinadas en Perú entre enero de 2017 y diciembre de 2018 por su orientación sexual e identidad de género. Asimismo, 341 personas presentaron información de haber sido discriminadas por ser lesbianas, gays, trans y bisexuales en el mismo periodo de tiempo.

Las cifras son parte del Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2017-2018, presentado en junio por este observatorio en colaboración con el Proyecto Únicxs – Personas Trans por Inclusión Social y el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

De las 341 vulneraciones registradas a lo largo de 2017 y 2018, casi la tercera parte (108) fueron responsabilidad del Estado peruano. Los agentes del Estado implicados son el personal municipal de serenazgo, la Policía Nacional del Perú, el personal sanitario (médicos y enfermeras) de diversos centros hospitalarios, funcionarios ediles y funcionarios varios del Estado (Poder Judicial, Reniec, etc.).

Para Ho Amat y León, encargado del Observatorio de Derechos LGBT, “la media de asesinatos a personas LGTB ha sido de entre 10 a 12 estos dos años, pero hay que tener en cuenta que existe un subrregistro y se sabe que el 90% de estos casos no se denuncian, es decir, los familiares, por vergüenza, no manifiestan que estas personas han sido asesinadas por su orientación sexual e identidad de género. Esta invisibilización no permite tener la cifra exacta, entonces recurrimos a los medios, pero estos han asumido como premisa ‘respetar el buen nombre de la víctima’, entonces, por lo que resulta complejo saber el número exacto de crímenes de odio”.

En 2017, la población más vulnerada, según el registro de denuncias que se hicieron públicas, fue la gay con 67 casos reportados, le siguen 37 casos contra la población transfemenina, y 18 casos contra lesbianas. El 2018, la población gay presentó 70 casos de vulneración, la transfemenina, 48 casos, y la lésbica, 16.

Estas cifras chocan con una realidad en donde más del 95% de peruanxs no denuncia vulneraciones a sus derechos cuando son por razones de orientación sexual e identidad de género, según la data recogida por la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI (de entre 18 y 29 años de edad), que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), entre mayo y agosto de 2017, de una población de 12,026 personas pertenecientes a estos grupos.

Crímenes de odio

El 2017 ocurrieron 5 asesinatos de hombres gays, 2 de mujeres trans y 1 de un hombre que era pareja de una mujer trans. El 2018 ocurrieron 14 asesinatos, 7 de personas trans y 7 de personas gays. Debido a que en el Perú no se ha legislado sobre los crímenes de odio, estos asesinatos, si llegan a ser investigados, pasan a ser procesados como homicidio doloso.

Está pendiente aún en el Congreso la derogación del Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, promulgado en 2017. La bancada fujimorista se opuso a la posibilidad de agravar los delitos de homicidio cuando estos se produjeran bajo «móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural”, y buscaron eliminar la tipificación de «discriminación e incitación a la discriminación» como delito. Esto era un aporte de este decreto legislativo al Código Penal, que incluiría por primera vez la orientación sexual y a la identidad de género como causales de discriminación.

Amat y León señala que “las posibilidades de alcanzar normas que favorezcan a la población LGTBI obedecen más a contextos que a programas de organizaciones políticas, esto sumado al hecho de que no hay un movimiento fuerte y las constantes crisis del Estado genera que estas agendas terminen siendo relegadas al no ser consideradas como prioritarias, sino como problemas secundarios que no importa atender, al igual que pasa con las comunidades afroperuanas e indígenas, que también tienen proyectos estancados, por lo que el panorama no pinta nada bien a mediano plazo”.

Prensa y transfobia

El informe también hace un recorrido por la forma en que la prensa trata los temas de violencia contra las personas trans, en especial contra las mujeres. Se reproducen prejuicios, estereotipos y estigmas contra ellas, persistiendo en el sensacionalismo al reportar hechos de extrema violencia, no reconociendo su identidad de género, lo que contribuye a perpetuar su invisibilidad. También se omiten o se ocultan aspectos relacionados a la violencia que se desata contra estas poblaciones dificultando su comprensión como un problema social.

Por último, el informe hace un recuento de lo avanzado en el tratamiento de la noticia desde 1959 hasta la actualidad titulado “Nada ha cambiado”, por la persistencia de la violencia contra las poblaciones LGTBI. Allí se enfoca en dos casos emblemáticos, el transfeminicidio de Brenda Jazmín Caimata Benites, ocurrido en octubre de 2016 en la ciudad de Pucallpa, en la selva del Perú, a manos de su pareja, y de la forma en que se llevó un proceso judicial que tal vez deje en la impunidad su asesinato por la situación de pobreza en la que vive la familia de Brenda; y el asesinato del periodista José Yactayo, en febrero de 2017 en Lima, quien había sido declarado desaparecido tres días antes. Yactayo era reconocido en los medios de comunicación y su asesinato fue resentido por diversos periodistas debido a la violencia con que se produjo, él fue dopado, ahorcado y descuartizado, siendo su cuerpo repartido por varios lugares de Lima. Sus asesinos están hoy en prisión.

Fuente Agencia Presentes

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Perú: El ambientalista Daniel Cáceres sufrió homofobia en un bus: intervino el Estado

Martes, 17 de septiembre de 2019

6mqTlmGk_400x400Por Vero Ferrari 

El activista ambiental y biólogo marino Daniel Cáceres (24 años) y su pareja vivieron una de las experiencias más atemorizantes de sus vidas en un bus de la empresa de transporte interprovincial Tepsa de Perú. Fue el 13 de agosto en un viaje desde Lima hacia Máncora, una zona de playas al norte del Perú. El viaje en carretera dura aproximadamente 16 horas y durante la noche se disponían a dormir. Pero cuando se dieron un beso, la homofobia se hizo presente. Un pasajero se quejó de ellos con el tripulante de cabina (terramozo) Jorge Jiménez, y éste amenazó a los jóvenes con bajarlos del bus a medio camino de su destino y en plena noche. Cuando Daniel intentó conversar con el chofer para señalarle lo que su tripulante estaba haciendo, éste le dio un empujón.

Mientras discutían, pudieron grabar un video donde quedan evidenciadas las posturas homófobas de varios pasajeros.

“Caballero, escúcheme, le voy a decir algo legal, mire, a usted le corresponde en la primera estación que pare, usted llame a dos testigos, dos, los denuncia por, yo le voy a decir por… entonces usted para allá nomás y llama a dos testigos, y los dos testigos ya sabemos qué hacer, porque esto no es un parque, aquí van niños, personas mayores que merecemos un poco de respeto y consideración”– dice en un momento un pasajero.

Activismo en red

Frente a esta situación, la pareja decidió recurrir a sus redes de contactos activistas. El caso salió publicado en las redes sociales de la web Mano Alzada y se comunicaron con la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú, partido de izquierda en el que milita también Cáceres), quien dio aviso a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Presentes se comunicó con Daniel, quien señaló que presentará la denuncia formal ante Indecopi contra Tepsa esta semana con la representación legal de la organización Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer). Busca que la empresa sea sancionada con una multa para que situaciones como las que vivió no vuelvan a repetirse nunca más.

“Nadie debe viajar con miedo ni vivir con miedo en ninguna circunstancia, lo que hizo la empresa al responderme de esa manera es institucionalizar la homofobia de la que he sido víctima al no reconocer que lo que hicieron fue terriblemente discriminatorio, y la discriminación en el Perú, quiéranlo o no, está penada, y tenemos el derecho a usar las herramientas legales a nuestra disposición para frenar este tipo de actos”, dijo a Presentes.

La respuesta del Estado

Apenas fueron avisados, Sutran empezó a monitorear el bus en donde viajaban los jóvenes para darles alcance con una patrulla de policía. También se comunicaban con los representantes de la empresa, quienes ofrecieron remediar el impase y dar facilidades a los jóvenes retirando a su tripulante del bus, mientras un asesor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) llamaba a la pareja. La Defensoría del Pueblo también activó sus alertas para ofrecer orientación legal y acompañamiento a los jóvenes.

Al llegar la policía, se detuvo al bus en el distrito de Chala para que se hiciera la denuncia respectiva. Ahí, sostiene Daniel en un pronunciamiento público emitido el 22 de agosto, luego de recibir la respuesta de Tepsa por correo sobre su queja en el Libro de Reclamaciones.

El pronunciamiento público posterior de Daniel sale por la respuesta que tuvo la empresa Tepsa sobre su queja, en donde señalan que no consideran el trato del tripulante de cabina como homofóbico, que fue por pedido de otros pasajeros que se le solicitó a la pareja mantener el orden “debido a que manifestaciones de esa índole puede generar incomodidad bien sea la pareja heterosexual u homosexual”. Asimismo, la empresa agradece que haya habido una “conciliación” entre los homofóbicos y la pareja, cuando esto nunca sucedió, como se puede ver en el video que lograron grabar.

Antecedentes de multas por discriminación  

Indecopi ya ha multado a otras empresas por actos de discriminación contra personas LGTBI. El 8 de mayo del 2014 se impuso una sanción de 50 unidades impositivas tributarias (S/185,000) a la discoteca Gótica por impedir la entrada a la joven trans Godfrey Arbulú. Así también, el 11 de noviembre de 2015 Indecopi sancionó al mall Plaza San Miguel con una multa de S/30,800 por la actitud de un guardia de seguridad que discriminó a la pareja de jóvenes Julio Lavalle y Joustin Rodríguez, al intentar retirarlos del recinto por darse muestras de afecto.

Fuente Agencia Presentes

Foto Twitter

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Una pareja de Perú pelea hace 3 años para que se les reconozca la comaternidad

Viernes, 13 de septiembre de 2019

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Darling Delfín y Jenny Trujillo llevan juntas casi una década. En febrero de 2012 se casaron simbólicamente en Lima, en un evento que organiza la Red Peruana TLGB desde hace 16 años cada 14 de febrero por el Día del Amor: “El amor no discrimina”. En 2012 Darling y Jenny se casaron legalmente en México y en agosto de 2014 nació Dakarai, su hijo. Un año después decidieron volver a su país. En México ellas son automáticamente madres de Dakarai por estar casadas, y así se registra en su partida de nacimiento. En Perú esa posibilidad se les ha negado una y otra vez. Aquí, Dakarai solo es hijo de quien lo ha parido. El Estado peruano ha sentenciado que la otra madre no existe. Empezaron una batalla legal hace tres años y ahora el Poder Judicial declaró admisible el caso.

En Perú hay dos proyectos de ley en el Congreso de la República, uno de unión civil, presentado por la congresistas que originalmente pertenecían a la bancada oficialista. Y otro de matrimonio igualitario, presentado por la bancada del Nuevo Perú, que aún no han sido siquiera debatidos en comisiones, por las constantes crisis que atraviesa el gobierno actual.

Una batalla en el Registro Civil

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) expidió el DNI (documento nacional de identidad) de Dakarai, donde reconoce la nacionalidad del niño y la maternidad de solo una de ellas. El 15 de diciembre de 2016, las madres solicitaron a Reniec emitir un DNI que reconozca la relación filial de ambas.

En este tiempo que llevan esperando, aparte del cuidado de su hijo y sus labores diarias, la pareja se dedicó a levantar una campaña a favor del reconocimiento de las madres lesbianas con apoyo de la organización feminista Demus (Estudio para la Defensa de la Mujer). Lo hicieron a través de la fanpage “Tengo dos mamás”, recibiendo el apoyo de artistas, políticos y ciudadanos que se solidarizan con su situación.

Presentes conversó con la abogada de la pareja, Jeannette Llaja, quien nos actualizó sobre la situación del caso:

– ¿Qué implica para dos madres lesbianas el no reconocimiento de sus derechos por parte del Estado peruano?

– En el caso de Darling y Jenny, el Estado peruano ha creado la ficción de que no tienen un hijo en común y que Jenny no es madre del niño con el que se ha visto involucrada desde su gestación, ha criado desde que nació y la llama mamá diariamente. Esa decisión tiene consecuencias muy graves y peligrosas para cada integrante de esta familia y para la familia.  Se dejan de lado los derechos y deberes que existen entre ellos y que deben ser respetados por los demás. De plano, Jenny no puede representarlo, cuidarlo o incluso evitar que se lo quiten.

Además, se trata de un caso en el que los funcionarios del Reniec tenían las herramientas jurídicas para reconocer el vínculo filial de este niño con sus dos madres, solo que decidieron no utilizarlas por miedo, por insensibilidad o por homofobia. Y más allá de las razones, evidenciando que la defensa de los niños y niñas y el Interés Superior del Niño que cada cierto tiempo el Estado pregona, es endeble, pues ante la disyuntiva de proteger a un niño o niña o desconocer los derechos de sus madres lesbianas, optan por esta última opción.

Demás está decir que un caso como el de Jenny y Darling coloca en el debate el derecho a decidir sobre ser madre o no que tienen las mujeres en general y las lesbianas en concreto. Derecho que como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo vs Costa Rica o el mismo Tribunal Constitucional peruano, deviene del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el de privacidad.

– ¿Por qué la lucha de Darling y su pareja es importante?

– Es importante en muchos sentidos, pero quisiera relevar dos. Primero, porque está creando un precedente argumentativo y esperemos un hito en el derecho nacional sobre la maternidad lésbica. Y, en segundo lugar, porque evidencia cómo el Estado y la sociedad tienen un doble discurso frente a la protección de los niños, quienes son utilizados incluso perjudicándolos como en este caso, para frenar el reconocimiento de derechos de las personas LGTBI.

– ¿En que está actualmente el proceso?

– El caso ha sido declarado admisible en el Poder Judicial. Esperamos que en estas semanas se notifique a Reniec y que este conteste a fin de que el juez constitucional sentencie inmediatamente. El caso tuvo una demora inicial pues tuvimos que acudir hasta la Corte Superior (segunda instancia) para que sea admitido, ya que inicialmente el juzgado se resistía a tramitarlo como un proceso constitucional.

– ¿Hay posibilidades de ganar?

– Deberíamos ganar. La razón y el derecho están de nuestro lado.

Fuente Agencia Presentes

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Por primera vez Corte Interamericana de DDHH trata torturas de policías a LGBT+

Sábado, 31 de agosto de 2019

azulPor Vero Ferrari, desde Lima

Foto: Promsex

Azul Rojas Marín fue golpeada, violada y retenida ilegalmente en una estación de policía el 25 de febrero del 2008 en la provincia de Ascope, en el departamento de La Libertad al norte del Perú. Hoy, 27 de agosto de 2019, en el Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realiza en Colombia, 11 años después de sucedidos los hechos, se presentó el caso Rojas Marín y otra vs Perú en una audiencia. Por primera vez la violencia institucional que sufrió una mujer transexual se presenta ante esta Corte para dar su testimonio de cómo un Estado puede ser partícipe de una tortura que aún no acaba.

Hechos que se denuncian

Aquel 25 de febrero de 2008, con la excusa de que querían que se identificara, el policía Luis Quispe Cáceres y dos de sus compañeros, obligaron a la víctima -que en aquel momento aún no había transicionado y era gay- a subir a un patrullero y se dirigieron hacia la comisaría de Casa Grande. Ahí, Juan Isaac León Pardo y Dino Horacio Ponce Pardo la golpearon.

A pesar de la gravedad de los hechos y de las lesiones físicas y psicológicas que sufrió Azul, su caso fue archivado por el Poder Judicial peruano en 2009. El trato que recibió Azul de los policías y del sistema judicial fue brutal. Con el apoyo de organizaciones pro derechos LGTBI, su caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2016, siendo la primera vista del caso el 1 de diciembre de ese año.

En ella, la CIDH acreditó que Azul fue víctima de violencia física, psicológica y sexual. También que hubo un especial ensañamiento contra ella por su orientación sexual, y que hubo un incumplimiento del Estado peruano, porque no investigó con la debida diligencia. Por lo que recomendó una reparación integral a la víctima y que su caso sea visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El representante de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, señaló hoy frente a la Corte que este es el primer caso sometido a la jurisdicción de este tribunal por la responsabilidad de un Estado como resultado de violencia física y psicológica, incluyendo violación sexual, contra una persona LGBT.

Para qué sirve la sentencia de la Corte IDH

  • La sentencia de la Corte servirá para establecer estándares legales de reparación hacia víctimas de crímenes de odio, con el fin de asegurar que éstas puedan reconstruir sus vidas, reconociendo su identidad en un país que aún se niega a aprobar una Ley de Identidad de Género.
  • También sirve para asegurar que el Estado reconozca que no cumplió con su deber.
  • Cumplir con su función significa que el Estado repare a Azul Marín reconociendo su identidad, sancionando a sus agresores, asegurando su supervivencia material y evitando que situaciones de violencia contra las personas LGTBI en su conjunto vuelvan a repetirse.

“Este caso representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y para que la Corte IDH adopte un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región”, expresó a través de su página web el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que con sus asistencia legal acompañó a la víctima ante la CIDH, junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y a REDRESS. “Las organizaciones que acompañamos el proceso reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de Azul, incluyendo su derecho al debido proceso legal”.

Fuente Agencia Presentes

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