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Perpetua para el asesino de Alejandra Salazar pero no se condenó como crimen de odio

Viernes, 2 de diciembre de 2022

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Alejandra Salazar Villa era una mujer trans de 54 años, que había llegado a la Argentina desde Perú. Fue asesinada en 2020.

 El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26, a cargo de los jueces Marcelo Alvero, Maximiliano Dialeva y Carlos Rengel Mirat, condenó a prisión perpetua a Rodrigo Keilis, el travesticida de Alejandra Salazar. Sin embargo, no tuvo en cuenta el odio a la identidad de género.

Alejandra Salazar Villa era una mujer trans de 54 años, que había llegado a la Argentina desde Perú. Se ganaba la vida como trabajadora sexual y vivía sola en su departamento ubicado en la avenida Corrientes al 2200, en el barrio porteño de Once. Fue asesinada en diciembre de 2020.

La fiscal Diana Goral había pedido una condena por homicidio con el agravante de mediar violencia de género (femicidio) y por odio a la identidad de género (travesticidio). El tribunal finalmente solo tuvo en cuenta la primera figura por lo que no consideró que el crimen haya sido un travesticidio.

“Nos damos por conformes con esta sentencia”, dijo a Presentes Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja. “Cumplimos con nuestro objetivo que es prisión perpetua”, agregó. Sin embargo, sobre el agravante que no consideró el Tribunal, sostuvo: “El artículo sobre el odio a la identidad de género no lo quieren aplicar porque trabajar con el odio es muy fuerte para los jueces”.

El crimen

Alejandra-1024x768Las cámaras de seguridad registraron a Alejandra cuando era seguida por los dos imputados en la causa.

El 6 de diciembre de 2020 Alejandra salió a comprar manzanas a un supermercado cercano a su vivienda. Una vez hecha la compra, alrededor de las 18.30, se dirigió hacia su casa y en el camino se cruzó con Rodrigo Keilis y Pablo Getar.

Keilis tenía entonces 20 años, trabajaba descargando camiones y se encontraba en situación de calle. Ese día estaba junto a su tío, Pablo Getar, un changarín y cartonero que en ese momento tenía 40 años.

Ambos escoltaron a Alejandra hasta su casa y uno de ellos, Keilis, subió con ella para mantener una presunta relación sexual, mientras Getar cruzó la avenida y se sentó a esperar.

Una vez allí, Keilis “colocó una de las bolsas de nylon traídas desde el supermercado, específicamente aquella en la que transportaba las manzanas, y la tomó fuertemente del cuello, lo que le provocó la fractura del hueso hioides y la muerte por compresión del cuello y sofocación”. Así lo indica el requerimiento de juicio, firmado por les fiscales Ignacio Mahiques y Mariela Labozzetta.

Acto seguido, el hombre tomó algunas pertenencias de Alejandra, como el dispositivo electrónico para abrir la puerta del edificio y un televisor. Afuera ya no se encontraba Getar -quien se fue diez minutos antes de que Keilis saliera del edificio-, así que tomó un taxi hasta el barrio de Constitución donde volvió a encontrarse con su tío.

El juicio

La investigación que llevó la causa a juicio fue realizada por la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional N° 35. Su titular, el fiscal Ignacio Mahiques, junto a Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), consideraron que la acumulación de prueba era suficiente para acusar a Rodrigo Alejandro Keilis de “homicidio agravado por mediar odio a la identidad de género en concurso real con robo simple”.

También a Pablo Isaac Getar como “partícipe necesario”. Sin embargo, Goral no consideró que hubiera la prueba necesaria para esta imputación por lo que pidió su absolución.

A lo largo de las audiencias del juicio declararon diferentes testigues como vecines, el encargado del edificio donde vivía Alejandra, el médico forense, psicólogas de Keilis y los dos policías a cargo de la primera investigación del caso.

Además, prestaron testimonio dos personas especializadas que explicaron la problemática que enfrenta el colectivo travesti trans y qué implica un travesticidio.

Testigas expertas

WhatsApp-Image-2022-11-28-at-14.33.06-1536x1152Una de ellas fue la activista travesti Marcela Tobaldi. A Alejandra la había conocido “en el marco de que ella necesitaba hacer el cambio de género”. “Se acercó un día. En aquella época yo trabajaba en la Defensoría de la ciudad de Buenos Aires. Preguntó por mí. Era muy tímida”, recordó. “No tenía ningún derecho de matarla, de ahorcarla, robarle y todo lo que hizo. Fue un travesticidio”, destacó en diálogo con Presentes.

«El travesticidio es una forma específica de violencia de género. Se consuma en el asesinato de las personas que expresan o afirman una identidad de género que no se condice con los criterios considerados ‘normales’ de la feminidad o la masculinidad”, explicó la antropóloga Josefina Fernández. Fernández es especialista en género, diversidad sexogenérica y políticas públicas. Junto a Lohana Berkins coordinó el informe “La gesta del nombre propio” y su actualización, La Revolución de las Mariposas. Durante el juicio declaró como testiga experta.

Su declaración aportó un dato recopilado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el promedio de vida de las personas trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años. Menos de la mitad del promedio del que goza el resto de la población”, destacó Fernández. Ese promedio es producto “no sólo de la violencia letal, sino también de sus recorridos vitales ligados, generalmente, a múltiples experiencias de vulnerabilización”, continuó.

También aportó una mirada interseccional para analizar el crimen de Alejandra. Ella, además de trans, era migrante y trabajadora sexual. En esta línea consideró que “a la condición trans ha de sumarse otras determinaciones y variables como la clase y la raza”. Esto puede agravar “aún más las condiciones de vida del colectivo en cuanto a su acceso a derechos. Y, claro, al sistema de justicia, lo que aumenta la impunidad de los agresores”.

Según una investigación que realiza la UFEM, el 66% de las mujeres trans o travestis asesinadas eran de nacionalidad extranjera. Y la abrumadora mayoría, casi el 100%, eran trabajadoras sexuales, aportó Fernández.

La condena

acusadoEl asesino, Rodrigo Keilis

La condena fue bajo el artículo 80 inciso 11 del Código Penal: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua (…) al que matare (…) a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

«Faltó el agravante por el odio, pero es una sentencia histórica. Estoy contenta», dijo a Presentes la fiscal Goral. También consideró que este juicio «es importante para la nueva mirada que hay que tener respecto de los colectivos LGBTI».

A su vez, a lo largo de las audiencias la fiscal dijo que aprendió mucho y agradeció la presencia permanente de las integrantes de la organización La Rosa Naranja.

En su alegato formulado en la audiencia del 31 de octubre, la fiscal había considerado importante definir a este crimen como un travesticidio. «Permite identificar, registrar y cuantificar los crímenes perpetrados contra ellas además de habilitar el reconocimiento de las particularidades que estos ilícitos contienen como expresión extrema de la violencia de género», explicó.

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Otras condenas por travesticidio

Las anteriores condenas por travesticidio que tuvieron lugar en la Argentina fueron por los crímenes de Diana Sacayán, Marcela Chocobar, Evelyn Rojas y Melody Barrera.

La primera condena fue por el travesticidio de la activista Diana Sacayán el 18 de junio de 2018. Allí el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal condenó a prisión perpetua a Gabriel David Marino.

Luego, la condena, también a perpetua, por homicidio calificado por odio a la identidad de género (transfemicidio) que recibió Oscar Biott en junio de 2019. El hombre estaba acusado junto a Angel Azzolini de asesinar a la joven trans Marcela Chocobar. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces de la Cámara Criminal de Río Gallegos.

La tercera es reciente. El 17 de marzo de este año, el Tribunal Penal N°1 de Posadas condenó a Ramón Da Silva a prisión perpetua por homicidio por la relación de pareja, odio hacia su género y expresión, y por femicidio, tras el crimen de Evelyn Rojas.

En tanto, el 15 de septiembre de este año, un jurado popular en Mendoza condenó al ex oficial de la policía, Darío Jesús Chaves Rubio, a 27 años de cárcel por el transfemicidio de Melody Barrera.

28 de noviembre de 2022
Agustina Ramos
Edición: Ana Fornaro

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

El alcalde electo de Lima preocupa a los activistas LGBTQ+ por su pertenencia al Opus Deis y su militancia LGTBIfoba.

Lunes, 14 de noviembre de 2022

lopez-aliagaEl alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga.

Por Jacob Kessler

Defensores LGBTQ+ en Lima, Perú, expresaron su preocupación después de que un católico conservador fuera elegido alcalde de la ciudad. Rafael López Aliaga, miembro del Opus Dei, ganó unas elecciones reñidas en un contexto en el que la política antitransgénero está en auge. Anteriormente, ha expresado su preocupación por la “homosexualización” de los niños y las amenazas de “ideología de género”, según el Washington Blade. Si bien López ha señalado su apoyo a las uniones civiles del mismo género, los defensores de la ciudad temen que el nuevo alcalde revoque las protecciones contra la discriminación y la aprobación de las celebraciones del Orgullo.

21 de octubre de 2022

LIMA, Perú — A principios de este mes, Lima eligió a un nuevo alcalde para dirigir la ciudad más poblada de Perú.

Rafael López Aliaga, un empresario conservador, derrotó por poco a su oponente en una campaña marcada por una ferviente oposición al comunismo y los valores progresistas. Después de su victoria, la comunidad LGBTQ+ de Lima puede tener motivos de preocupación.

López, un católico devoto, también conocido como RLA, es miembro del Opus Dei y ha practicado la autoflagelación y el celibato desde que se unió a la secta católica conservadora cuando tenía 19 años.

“Así como un homosexual no puede imponer su vida a nadie, así también sería un loco imponer sus creencias a todo el Perú”, ha dicho López.

Sin embargo, sus puntos de vista sobre temas sociales reflejan de cerca la doctrina cristiana de derecha. Está firmemente en contra del aborto, el matrimonio igualitario y la “ideología de género” y ha criticado a los tres en Twitter. También ha denunciado la supuesta “homosexualización” de los niños peruanos.

Sin embargo, el alcalde electo es quizás distinto en algunos aspectos entre los políticos conservadores del continente.

López ha respaldado las uniones domésticas para parejas del mismo sexo y ha afirmado que contrataría a un “transexual” si fuera la mejor persona para el trabajo. López también se ha contrastado con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. “Bolsonaro insulta a la comunidad gay”, ha dicho López. “Soy inclusivo, la comunidad debe ser bienvenida”.

Sin embargo, la veracidad de su “inclusividad” está sujeta a debate.

El escritor y politólogo peruano José Alejandro Godoy no está convencido. Le dijo al Washington Blade que López ha sido cauteloso con respecto a lo que dice sobre temas relacionados con LGBTQ+. Godoy teme que con la elección de López sea inminente un retroceso de los derechos humanos LGBTQ+. Según el politólogo, pueden estar en juego las ordenanzas contra la discriminación y los permisos otorgados a la Marcha del Orgullo de Lima.

De hecho, hay razones para creer que la lucha por los derechos LGBTQ+ en Lima está empeorando. Durante todo octubre, Lima ha sido un hervidero de activismo anti-trans. Coordinada en parte por destacados miembros del Congreso y Renovación Popular, el partido político de López, la ciudad ha experimentado protestas “antigenéricas y pro familia”.

El diputado de Renovación Popular Alejandro Muñante, quien es el tercer vicepresidente del Congreso peruano, y CitizenGO, un grupo activista de derecha, lograron el 3 de octubre que una camioneta ingresara frente a la sede del parlamento peruano con el mensaje: “OEA: Las mujeres son definida por la biología, no por la ideología.

Dirigiéndose a la Organización de los Estados Americanos en su 52ª Asamblea General, Muñante y CitizenGO han estado haciendo campaña contra los esfuerzos internacionales para impulsar una definición más diversa de género. Al día siguiente, el 4 de octubre, Renovación Popular envió una carta al canciller peruano oponiéndose al aborto y rechazando cualquier documento de la OEA que pueda obligar a Perú a “otorgar un reconocimiento indebido a los hombres transexuales y otorgarles los derechos de las mujeres”. Finalmente, el 6 de octubre, miles salieron a las calles de Lima, marchando contra el aborto y la ideología de género. Muñante promocionó la marcha y López retuiteó la cobertura de la misma.

Jazmín Peña-Laurencio, abogada peruana defensora de los derechos humanos, cree que la comunidad LGBTQ+ en Lima no debe perder la esperanza. Las ordenanzas municipales que protegen contra la discriminación de género y LGBTQ+ han sido ganadas con esfuerzo por la comunidad, explica. “Aunque el Congreso tiene el poder de eliminar estas protecciones, la ciudadanía no lo permitiría, ya que el problema [de la discriminación LGBTQ+] se ha hecho muy visible en comparación con hace unos años”, dijo.

Peña-Laurencio dijo que la comunidad debe seguir luchando por la visibilidad, ya que eso permite que muchos sectores de la sociedad se unan a la lucha y no vean la discriminación LGBTQ+ como un tema de nicho. Activistas de Lima están de acuerdo con el enfoque del abogado.

Manuel Ramírez-Gómez, un activista de Lima y presentador de un popular podcast LGBTQ+, es igualmente optimista sobre el futuro de su ciudad. Dice que la elección de López no es nada nuevo; su comunidad siempre ha sentido miedo como minorías en la ciudad conservadora. Sin embargo, según el podcaster; Activistas LGBTQ+ en Lima planean seguir organizándose, marchando y luchando hasta que sus derechos sean plenamente reconocidos.

“Esta no es la primera vez que tenemos un alcalde con fobia a la diversidad”, dijo Vega-Dávila al Blade. “El activismo LGBTTTIQ nunca ha sido fácil en Perú. La sociedad conservadora de nuestro país ha hecho del armario una alternativa a la posibilidad de luchar por nuestros derechos. La administración de RLA seguramente intentará socavar nuestro derecho a aparecer en espacios públicos, pero hemos estado luchando contra los grupos anti-derechos humanos durante mucho tiempo y lo seguiremos haciendo”.

A pesar de los esfuerzos de los activistas, no todos son tan optimistas sobre la posibilidad de progreso en Lima bajo la administración de López.

Godoy explicó al Blade que Renovación Popular obtuvo la mayoría en el Concejo Metropolitano de Lima (El Concejo Metropolitano). “Desafortunadamente, no creo que actualmente sea posible ningún progreso hacia los derechos LGBTI en Lima”, dijo Godoy al Blade. “No digo esto solo por la mayoría de Renovación Popular, sino también por el hecho de que otros partidos que han ganado escaños no se han inclinado por defender la agenda LGBTI”.

Combinado con la administración federal izquierdista y antipática del presidente Pedro Castillo, las perspectivas para la comunidad LGBTQ+ de Lima no parecen prometedoras.

López reemplazará al actual alcalde de Lima cuando finalice su mandato el 31 de diciembre.

Fuente Blade Los Ángeles

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica , , , , , , , , , , , , , ,

Movimientos LGBTQA+ de América Latina celebran distinción del Gobierno español a activista Miguel Ángel Sánchez

Jueves, 15 de septiembre de 2022

C4D9F638-2812-4239-AEF0-2222DF41222FActivistas de los  colectivos Caribe Informativo (Colombia), Promsex (Perú), Igualdad (Bolivia), IPP-LGBT  (Argentina) y Movilh (Chile) lanzaron hoy un video donde exponen la importancia del referente español para labor de sus organizaciones.

La ministra de Igualdad del Gobierno Español, Irene Montero, entregó el pasado  miércoles la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad, al activista LGTBIQA+ Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, quien ha sido fundador y/o presidente de algunos de los colectivos LGBTIQA+ más emblemáticos de España.

Con la entrega de la medalla «se reconoce el compromiso con la igualdad y los derechos de las personas LGTBI como parte importante de nuestra historia democrática», señaló Montero.

La directora general de la repartición gubernamental sobre Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo, destacó a Sánchez  por ser «partícipe de la creación e impulso de algunas de las organizaciones que han hecho posible los avances sociales efectuados por España en materia de libertades sexuales», como son los casos de  COGAM, FELGTBI+ y la Fundación Triángulo.

“En su calidad presidente de la Fundación Triángulo, Sánchez impulsó hace 22 años en forma inédita la cooperación y solidaridad internacional con los movimientos LGBTIQA+ de América Latina”, destacó, por su lado, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En el caso de Chile,  el aporte de Sánchez fue desde el apoyo a la generación de leyes contra la discriminación y de igualdad para todas las parejas, hasta la implementación de medidas educativas y culturales pro derechos LGBTIQA+.

Sin ir más lejos, los libros “Educando en la Diversidad: orientación sexual e identidad de género en las aulas”, y “Nicolás tiene dos papás”,  fueron editados por el Movilh gracias al apoyo de la Fundación Triángulo,  en el marco de la estrategia de cooperación internacional liderada por Sánchez. quien ha visitado en dos ocasiones Chile.

Con el fin de reconocer y valorar la gestión de Sánchez activistas de los  colectivos Caribe Informativo (Colombia), Promsex (Perú), Igualdad (Bolivia), IPP-LGBT  (Argentina) y Movilh (Chile) lanzaron hoy un video donde exponen la importancia del referente español para labor de sus organizaciones.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI , , , , , , , , , , , , , , , ,

Crimen de odio en Bali: Familia de la víctima denuncia por tortura a las autoridades

Sábado, 10 de septiembre de 2022

536216CB-CFFF-4DE3-8AF7-B1C30702CBCCRodrigo y Sebastián el día de su boda

El activista y economista trans peruano Rodrigo Ventosilla murió en Bali en condiciones que se desconocen luego de que la policía lo torturara a él y su esposo Sebastián Marallano.

La familia del economista y activista trans peruano Rodrigo Ventosilla, fallecido en Bali el 11 de agosto, denunció a las autoridades por el delito de tortura.

“Desde la defensa de Rodrigo Ventosilla y Sebastián Marallano hemos interpuesto una denuncia por el delito de tortura. Es contra todos los funcionarios indonesios y peruanos que hubiesen participado en los atentados de la integridad física y derechos humanos de ambos”, dijo en conferencia de prensa Julio Arbizú, abogado de las familias.

El abogado se refiere a los hechos de la semana del 6 al 11 de agosto cuando un viaje de luna de miel de una pareja de hombres trans se convirtió en una pesadilla.

“En la denuncia que hemos interpuesto ante el Ministerio Público el cónsul peruano en Bali, Julio Tenorio, es imputado por el delito de comisión por omisión. Hay que entender que el Estado peruano tiene una obligación, a través de su Cancillería. Velar por la integridad física y vida de nuestros compatriotas es fundamental. Aquel que rehúya de esa obligación está cometiendo un delito como en este caso”, agregó el abogado.

La familia aún se encuentra a la espera del cuerpo de Rodrigo para que se realice el peritaje respectivo por parte del Instituto de Medicina Legal de Perú. Se buscan determinar la causa de su fallecimiento en un hospital, ya que es un aspecto que hasta el momento no ha quedado claro.
Cronología de las violencias

Tras su arribo al país asiático el 6 de agosto, Rodrigo Ventosilla fue detenido por la Policía en el aeropuerto de Denpasar. Lo acusaron de ser traficante de drogas por tener medicamentos vinculados a su tratamiento de salud mental. Él contaba con una prescripción médica de los mismos. Sebastián Marallano, su flamante esposo, llegaba en un vuelo distinto y también fue detenido cuando se dispuso a auxiliar a su pareja.

Los familiares aseguran que para dejarlos en libertad, la Policía indonesia les pidió primero 13 mil dólares y luego 100 mil.

El 7 de agosto la familia contactó al cónsul peruano, Julio Tenorio, y le informan sobre la situación por la que estaba atravesando la pareja. Pero, según relatan, la autoridad no se preocupó del caso y no se hizo presente.

La comunidad trans peruana pidió apoyo para recaudar fondos que permitan traer de vuelta a Sebastián y repatriar el cuerpo de Rodrigo. Rodrigo fue uno de los fundadores de la organización Diversidades Trans Masculinas (DTM). A través de las redes sociales se masificó el mensaje de ayuda, en medio de desconcierto y poca información sobre el caso. Mientras tanto, activistxs junto con la hermana de Sebastián iniciaron las gestiones para que ella viaje a Indonesia.

Por su parte, la familia de Rodrigo también viajó a Indonesia con la intención de esclarecer los sucesos que terminaron con la vida de su familiar e iniciar las diligencias para la repatriación del cuerpo. Esta situación se complic debido a una ineficiente labor de las autoridades peruanas en dicho país.

El rol de la Cancillería peruana

Ignorando las llamadas telefónicas y las comunicaciones a través de su WhatsApp personal, Julio Tenorio decidió ir al lugar recién un día después de la muerte de Rodrigo Ventosilla.

“Hay que recalcar que el Sr. Julio Tenorio sabiendo cuáles eran sus deberes para con sus connacionales esperó hasta el día 12 de agosto para asistir a Rodrigo y Sebastián”, precisó Luzmo Enriquez, vocero oficial del equipo de soporte de la familia.

El pasado 24 de agosto, a través de su cuenta oficial en Twitter, la Cancillería de Perú emitió un comunicado sobre el caso, donde le restan importancia a las denuncias de los ciudadanos peruanos. Ni mencionaron y dieron a entender que le dan la razón al Gobierno de Indonesia.

 

 

Tras el comunicado, la familia rechazó que la Cancillería negara que hubo transfobia. Consideran que revictimizan e invalidan el testimonio de Sebastian, además les resulta parcializado, insuficiente y poco empático.

Dos días después, el 26 de agosto, debido a las críticas recibidas, la Cancillería emitió un nuevo comunicado donde cambian el tono de su postura.

Sebas y Rodrigo

La historia de amor de Sebas y Rodrigo se selló en matrimonio el pasado 31 de mayo en Chile. Fueron allí porque en Perú las personas del mismo sexo no pueden casarse.

“Es loquis cómo operan los rituales sociales. Más allá de lo criticable de la función del matrimonio como figura patriarcal y dispositor de la heteronorma obligatoria, y todo ese rollo ‘woke’, para las personas trans como yo o mi amorcito es una representación de nuestros compromisos con nosotres. Es un pacto de entrega y la oportunidad de compartir este amor con nuestrxs seres queridxs y el mundo. Casarme con este bebito fiu fiu, colocarnos un anillo que nos dice que nos tenemos mutuamente se siente como una ráfaga de seguridad y merecimiento del que no siempre contamos, es muy bonito”, manifestó Sebastián el día de su boda.

Por la calidad humana de Rodrigo, gracioso y cariñoso, pero también resiliente y luchador es que los colectivos de personas trans han salido a las calles a exigir justicia. Además de ser un activista reconocido, Rodrigo era economista y estaba realizando estudios de posgrado en la Universidad de Harvard.

Pedidos de justicia

 El pasado 26 de agosto se realizó un plantón frente al edificio de la Cancillería en el Centro de Lima, y el domingo 28 se hizo una vigilia en el frontis de la embajada de Indonesia, en el distrito de San Isidro.

Continuando con las manifestaciones sobre el caso, los defensorxs de personas trans, amigos y familiares están convocando a un nuevo plantón en nombre de Rodrigo, pidiendo que a la llegada de su cuerpo, se realice un proceso de necropsia lo más rápido posible.

29 de agosto de 2022
Gianna Camacho
Edición: Ana Fornaro

 

Fuente Agencia Presentes

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El poder legislativo de Perú avanza contra los derechos de las mujeres y personas LGBT

Sábado, 30 de julio de 2022

cual-es-la-bandera-de-peruEn el congreso peruano revisan diferentes proyectos de ley que implican un retroceso en materia de derechos.

 LIMA, Perú. El Perú se enfrenta al peor ataque a los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+ llevado a cabo por un Congreso de mayoría conservadora.

Lo que no lograron en la sociedad civil los grupos anti derechos, encabezados por la campaña de desinformación “Con mis hijos no te metas”, lo están consiguiendo sus políticos en el Poder Legislativo.

Frente a ellos, los pocos congresistas progresistas que hay se encuentran sin capacidad de hacerles frente. Revisamos aquí que se ha aprobado y qué se quiere aprobar en el Parlamento:


Contra el enfoque de género: Aprobado

La Ley N° 31948 impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Con esa excusa, el Ministerio de Educación podrá restringir sus atribuciones y pasar por la valoración de los padres y madres de familia para publicar los libros dirigidos a lxs estudiantes de colegios nacionales de primaria y secundaria.

Esto se hace, a través de un registro de dirigentes en donde se inscribirán los representantes de las asociaciones de padres de familia. Lo que buscan los impulsores de esta ley es que ingresen grupos conservadores para censurar el enfoque de género, la educación sexual integral y cualquier tipo de referencia sobre métodos anticonceptivos o diversidad sexual.

Esta posibilidad de intervención de externos, no especialistas en el diseño de contenidos, elaborado por profesionales genera un obstáculo insalvable para la publicación de estos textos.

Como señala el artículo 5, inciso 1 de la ley, “los funcionarios y servidores civiles del sector educación no podrán aprobar o publicar materiales, textos ni recursos educativos cuyo contenido vulnere los principios previstos en el artículo 2 o que en cuya elaboración no hubieren participado los padres de familia, conforme a los términos previstos en esta ley”.

Una evaluación sobre las observaciones

Además, “la entidad pública deberá comunicar el resultado detallado del análisis y evaluación de los comentarios y observaciones recibidas a las organizaciones que las presentaron, luego de lo cual los representantes de las organizaciones de los padres de familia tienen un plazo de 10 días hábiles para expresar su conformidad, quedando dicha entidad pública habilitada para publicar o aprobar los materiales, textos y recursos educativos materia del procedimiento en caso de no existir impugnación al referido resultado”.

Y si esto no sucede, entonces los textos “dejarán de ser distribuidos, publicados, expuestos o —en general— se suspenderá cualquier acción que suponga su difusión a los educandos o comunidad educativa, siendo los responsables de la elaboración de dicho contenido pasibles de sanción administrativa determinada por su superior jerárquico”. Un círculo vicioso sin fin que solo logrará que nunca se publiquen los textos o se haga con información sesgada, parcializada, incompleta o equivocada.

Frente a ello, una estudiante ha interpuesto una acción de amparo contra esta ley por poner en peligro derechos fundamentales como el acceso a la educación, información, libertad de expresión, opinión, entre otros.

Contra los derechos sexuales y reproductivos en comisiones

El proyecto de Ley N° 785/2021-CR propone que “el concebido tiene derecho a la vida y al respeto de su dignidad” del artículo 1 del Código Civil peruano, se modifique por: “La vida humana comienza con la concepción. La persona humana es sujeto de derecho desde su concepción. El Estado peruano reconoce y garantiza el respeto a la dignidad del concebido, así como su derecho a la vida, a la identidad propia, a la integridad psíquica y física, así como a su libre desarrollo intrauterino”.

A su vez, el proyecto de Ley 1520/2021-CR, que promueve la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar, propone priorizar el embarazo y la vida del concebido por encima de la vida y salud de la persona gestante, así se trate de una niña o adolescente.

Estas propuestas conservadoras buscan reconocer al concebido como persona humana por nacer. Darle una identidad propia y una personalidad independiente de la mujer gestante, lo que vulnera sus derechos reproductivos y obstaculiza su acceso a un aborto seguro, incluido el aborto terapéutico, que es el único aborto legal en el Perú. De ese modo pone en riesgo la vida de niñas, adolescentes y adultas.

Contra las madres que denuncian a padres agresores: en comisiones

El proyecto de Ley 1090 crea, implementa y constituye el Registro Nacional de Progenitores Obstructores – RENPROB, a cargo del Poder Judicial. Con esta propuesta se pretende perseguir y sancionar a madres que intentan proteger a sus hijxs de padres con denuncias de agresión.

El Proyecto de Ley 1096, regula la tenencia compartida de los niños y adolescentes. Con esta propuesta se busca la obligatoriedad de la tenencia, a pesar de que los padres puedan tener denuncias de agresión, violencia física, psicológica o sexual, o no pasar pensión alimenticia.

El Proyecto de Ley 1120 garantiza la aplicación de la tenencia compartida, modificando el código de los niños y adolescentes. Esta propuesta busca modificar los artículos 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 93 y 97 del Código de los Niños y Adolescentes, para que padres y madres tengan tenencia compartida obligatoria, a pesar de denuncias de violencia. Variar de forma infinita la conciliación y las resoluciones de los juzgados; quitarles la potestad a los jueces para evaluar el bienestar de lxs hijxs, entre otros.

El Proyecto de Ley 1687 apunta a modificar el Código del Niño y del Adolescente sobre la tenencia compartida, y fue subsumida en el PL 1120.

Todos estos proyectos fueron aprobados por el Pleno del Congreso, la ley fue observada por el Poder Ejecutivo y se espera su aprobación por insistencia.

Contra el ministerio de la mujer

Otro proyecto de ley, el 1229, establece de necesidad pública el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. El argumento es que “permite poner en vitrina y darle la importancia real a los demás grupos vulnerables que forman parte de un mismo núcleo familiar”.

Según esta propuesta, por colocar “Mujeres” en el nombre del ministerio se desprotege a niñxs y adultxs mayores, lo que cambiaría si cambian el nombre.

En el fondo, lo que se busca es desconocer la violencia histórica, estructural y sistemática que sufren las mujeres, subsumirlas en el entorno familiar y perpetuarlas en un rol reproductivo.

Contra el uso de baños neutros

El Congreso, luego de las protestas y el ridículo internacional, dio marcha atrás y aprobó que la OEA realice su Asamblea en el Perú. El acuerdo fue aprobado con «reservas», pero no podrán evitar la instalación del baño neutro.

Según los congresistas que votaron en contra de suscribir el acuerdo, la OEA busca intervenir en el derecho interno peruano y contrabandear ideologías.

Fuente Agencia Presentes

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Perú: El Tribunal Constitucional se negó a reconocer dos matrimonios igualitarios contraídos en otros países

Sábado, 18 de junio de 2022

B379EC3F-3F71-4670-A9D0-50BEE588C612Susel Paredes y Gracia Aljovín se casaron en Miami.

El organismo judicial declaró improcedentes las dos demandas en las que se pedía el reconocimiento de los matrimonios realizados en Estados Unidos y México.

LIMA, Perú. El Tribunal Constitucional del Perú declaró improcedentes dos demandas de reconocimiento de matrimonios realizados en el extranjero. Una de ellas de la congresista de la república, Susel Paredes, casada con Gracia Aljovín en Estados Unidos.

Se trata de una muestra más de homofobia institucionalizada. Hace dos años se negaron a reconocer el matrimonio de Oscar Ugarteche y Fidel Aroche, realizado en México.

Esta determinación del Tribunal Constitucional fue una de las últimas decisiones que tomó antes de finalizar su mandato en mayo.

Decisiones basadas en conceptos antiguos

La magistrada Marianella Ledesma, que emitió un voto singular, a contraparte de sus compañeros, señaló que el Tribunal Constitucional está actuando como un Tribunal de la Santa Inquisición.

“¡Qué difícil es para algunos mirarnos como iguales! Qué difícil es aceptar que los tiempos han cambiado y que todos los peruanos y peruanas tenemos derechos. ¿Por qué buscar, a cualquier costo, que otros, que no forman parte de su ‘estamento’, no tengan derechos?”, escribió en su justificación.

La experta añadió la forma en que será leída esta resolución en el futuro. “Avizoro que estas sentencias serán estudiadas, a manera de ‘paleontología’ jurídica de un pensamiento anacrónico a los derechos de los peruanos y peruanas de nuestro país”.

Cómo se votó

El voto en mayoría de los magistrados expresó una serie de inexactitudes para defender sus argumentos en contra del matrimonio igualitario. Tergiversaron lo que indica la Constitución del Perú, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También negaron el carácter vinculante de la Opinión Consultiva 24-2017de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se ordena regular a todos los Estados parte el matrimonio igualitario en sus países, con el fin de garantizar derechos fundamentales de todas las personas.

En su fundamento 21, los magistrados acusan a la CorteIDH de creerse “dueña de la verdad” y “monopolista de la virtud”. Aunque son ellos quienes actúan de esa forma. Es algo que la CorteIDH les hizo notar cuando intentaron indultar ilegalmente al exdictador Alberto Fujimori y fueron frenados esta instancia.

780x580-noticias-oscar-ugarteche-y-fidel-arocheÓscar Ugarteche Galarza se casó en México con su pareja.

Un intento por frenar la legalidad

Para la abogada constitucionalista Yolanda Tito, “el Tribunal Constitucional, al analizar el caso, emitió una resolución que podría ser considerada como ‘legalista’. Señaló que el matrimonio igualitario carece de sustento constitucional basándose en el análisis textual de nuestro Código Civil y de nuestra Constitución. «Esto es, sin buscar una interpretación que pueda proteger los derechos más básicos de las demandantes”.

Tito apuntó varias preocupaciones que despierta esta resolución. La primera, que el Tribunal diga que la Opinión Consultiva (número 24-2017) emitida por la Corte IDH en una consulta hecha por Costa Rica, no es vinculante en términos jurídicos porque esta Corte está ‘ideologizada’. Por eso descarta aplicar las consideraciones ahí emitidas.

La segunda, que haya una interpretación sobre la palabra ‘unión’, donde se señala que la unión es igual al matrimonio. Por lo que incluso se intentaría cortar el término “unión civil” como alternativa al matrimonio igualitario.

Lo primero es un claro desacato al Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos. Y lo segundo un intento de poner un “candado” a cualquier posibilidad de reconocimiento legal de parejas de lesbianas y gays en el futuro.

Un camino para el derecho a contraer matrimonio

La abogada también señaló la ruta a seguir para los matrimonios realizados en el extranjero. “Si bien se trata de una resolución de improcedencia y no una sentencia, a efectos reales es un pronunciamiento sobre el fondo”, destacó.

“Se trata de un agotamiento de la jurisdicción nacional. Las demandantes se encuentran habilitadas para acudir a la jurisdicción internacional, de modo que, luego de pasar por la Comisión Interamericana, puedan llevar su caso a la alta CorteIDH. Allí seguramente alcanzarán la justicia que están solicitando”.

Para la activista lesbiana e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de la Mujer), María Ysabel Cedano, esto no solamente perjudican a la comunidad LGTBIQ+.

“Perjudican a la ciudadanía peruana en sus derechos fundamentales, sus derechos humanos y el derecho a la tutela jurisdiccional nacional e internacional, conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos”.

Sin validez jurídica

Cedano señala que estas sentencias no tienen validez jurídica. “Están contraviniendo no solo la ley, sino que, -más grave aún-, el derecho internacional público y privado, el derecho a la tutela jurisdiccional nacional e internacional, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a formar una familia. Además, están desconociendo la Convención Americana”.

La activista espera que la Corte “ponga a derecho y le enmiende la plana al Tribunal Constitucional. Como pasó en el caso de su decisión sobre el indulto a Fujimori»

«No podemos aceptar un TC que nos deje a las ciudadanas y ciudadanos desamparados de esa forma. Para qué existe entonces la justicia internacional, para qué existiría entonces la Corte IDH”, enfatizó.

Este tipo de sentencias también perjudica no solo a las lesbianas que se casan, sino que también tienen hijos y que luchan ante la justicia peruana para ser reconocidas en el documento de identidad de su prole.

Tal lo que sucede con Jenny y Darling, y su hijo Dakarai, cuyo caso ya se ha presentado a la CIDH a través de una medida cautelar.

Madres-peruanas-1200x600Jenny Trujillo y Darling Delfín, las dos madres que luchan por ser reconocidas ambas como madres de su hijo.

Sobre el proceso de amparo de los matrimonios entre parejas del mismo sexo

El amparo es un proceso especial de índole constitucional de atención urgente, que se presenta cuando se vulneran derechos fundamentales.

En este caso, las demandantes, Susel Paredes y Gracia Aljovín, se casaron en los Estados Unidos y buscaban que se inscriba su matrimonio en el registro denominado Reniec (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil).

Las mujeres alegan la vulneración de sus derechos a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que, según el ordenamiento jurídico peruano, los actos jurídicos realizados en el extranjero pueden ser inscritos en el Perú. Siempre y cuando no violen el orden público ni las buenas costumbres.

Estas son demandas de parejas del mismo sexo para que se reconozcan y registren sus matrimonios realizados en el extranjero, para que se respeten los derechos que han adquirido al contraer matrimonio en el extranjero sin violar ninguna norma de orden público internacional.

Por lo tanto, el Estado peruano, a través del Tribunal Constitucional saliente, desconoce el artículo 2050 del Código Civil, la Constitución y la Opinión Consultiva 24-2017 de la CorteIDH.

Fuente Agencia Presentes

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Campaña homofóbica contra un congresista colombiano: análisis de un absurdo

Viernes, 17 de junio de 2022

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El diputado colombiano Mauricio Toro presentó un proyecto para prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Los congresistas lo acusaron de conflicto de intereses y lo recusaron. Desde Perú, escribe Alberto de Belaunde.

 LIMA, Perú. El mes pasado, el diputado colombiano Mauricio Toro presentó un proyecto de ley para erradicar las mal llamadas “terapias de conversión” en su país. Se denomina así a los esfuerzos de diversa índole para intentar suprimir o cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona LGBTIQ+.

Éstas, no solo no están respaldadas por ningún sustento científico, sino que además han demostrado en la práctica ser crueles, inhumanas y degradantes. En algunos casos, llegan a constituir formas de tortura. Las prácticas de conversión no logran los cambios que publicitan, pero sí generan secuelas psicológicas graves a largo plazo en quienes son sometidos a estas.

Pese a ello, todavía existen malos profesionales de la salud y líderes religiosos o sociales que realizan estas prácticas. A pesar de los avances alcanzados por la comunidad LGBTIQ+, las prácticas de conversión son un problema presente en todas las regiones del mundo, como quedó documentado en el informe pionero de OutRight International.

Una recusación homofóbica

Al presentar esta iniciativa, el diputado Toro busca que Colombia se una a otros países que ya han aprobado leyes para la erradicación de estas malas prácticas contra las comunidades LGBTIQ+. Países como Alemania, Canadá, diversos estados de México y Estados Unidos, y Francia ya cuentan con legislaciones específicas para prohibirlas.

Lamentablemente, los prejuicios e intolerancia predominaron en el Congreso colombiano.

Cuando estaba por iniciarse el debate de esta iniciativa, la comisión recibió un pedido de recusación contra el diputado Toro, presentado por un activista cristiano. La denuncia señala que existe un conflicto de interés, pues Mauricio Toro es abiertamente gay y el proyecto favorece a las personas LGBTIQ+.

El debate se suspendió y el asunto será visto por la Comisión de Ética del parlamento colombiano.

Inaceptable

No es la primera vez que algo así sucede. En el año 2014, el congresista peruano Carlos Brucesalió del clóset”, convirtiéndose en la primera autoridad abiertamente LGBTIQ+ de ese país. De inmediato, sectores ultraconservadores lo acusaron de tener un conflicto de interés por promover un proyecto de ley de unión civil para parejas del mismo sexo.

Aceptar este argumento tendría consecuencias peligrosas. Ninguna minoría o grupo vulnerable podría llegar a nuestros congresos a representar a sus comunidades y legislar para la protección de sus derechos. Tampoco podría ocupar cargo público alguno para intentar resolver los problemas que conoce de primera mano.

Por ejemplo, ningún senador con discapacidad podría proponer proyectos de ley para la promoción de la accesibilidad, ninguna alcaldesa afrodescendiente podría impulsar programas locales contra el racismo, ningún ministro indígena podría plantear políticas públicas con enfoque intercultural.

Las senadoras mujeres de todos los países tendrían que levantarse y retirarse de la sala, cada vez que se debata un proyecto relacionado a erradicar la violencia contra la mujer.

El argumento simplemente no se sostiene

Pese a lo visiblemente infundada de la acusación, es importante detenernos a dar una respuesta más desarrollada. Cada vez son más las autoridades abiertamente LGBTIQ en América Latina y veremos argumentos similares siendo replicados por grupos antiderechos alrededor de la región.

Estas campañas de desinformación y desprestigio suelen ser absurdas a propósito. Buscan que los sectores a quienes acusan no se dignen siquiera a responder. Y al no haber respuesta, algunos de los argumentos quedan dando vueltas en la opinión pública.

El conflicto de interés es una falta ética. Implica que, cumpliendo una labor pública o privada, uno privilegie intereses distintos a los intereses por los que debería velar. Este estándar de comportamiento es muy importante para los funcionarios públicos, entre los que se encuentran las autoridades políticas como los diputados, senadores y alcaldes.

El interés que deben servir a través de su trabajo es el interés de la sociedad, el interés público. Un funcionario público que en el desarrollo de su labor privilegia su interés personal o uno particular afectando el interés público, cae en un conflicto de interés.

«No existe conflicto de interés sino derechos humanos»

En el caso del diputado colombiano Mauricio Toro no existe conflicto de interés porque su proyecto de ley busca la protección de derechos humanos. Sea este un proyecto dirigido a una minoría o mayoría de ciudadanos, lo relevante es que favorece el interés público, ya que en un Estado de Derecho el objetivo central es que todo ciudadano –sin discriminación de ningún tipo– encuentre sus derechos reconocidos, respetados y tutelados.

Como es evidente, al verse servido el interés público, se verán servidos también muchos intereses individuales o colectivos. Si no, no estaríamos hablando de derechos humanos. El interés que se ve atendido con el proyecto de ley va más allá del diputado Toro y favorece a muchos ciudadanos que actualmente se encuentran en una situación de desprotección.

Entonces en el caso concreto no existe una colisión entre el interés público y otros intereses, y, por lo tanto, no nos encontramos frente a una falta ética. Espero que la Comisión de Ética del Parlamento colombiano sea rápida y contundente en su respuesta.

Una propuesta trascendental

Finalmente es necesario recordar la importancia que tienen iniciativas, como la presentada por el diputado Toro, para las personas que están en el centro de estas problemáticas. Estos esfuerzos no buscan que la comunidad LGBTIQ+ tenga beneficios especiales, como algunos creen. Tampoco responden a simple voluntad ideológica, como sí sucede en quienes militan en contra.

Proyectos como este pueden marcar la diferencia entre una vida digna o una vida de secuelas físicas y psicológicas. En algunos casos, incluso pueden llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Las prácticas de conversión tienen su raíz en la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia que existen en nuestras sociedades. Descalificaciones como las recibidas por el diputado Mauricio Toro son parte del mismo fenómeno. En el mes del orgullo, que este caso nos sirva para redoblar nuestros esfuerzos de lucha por sociedades libres de intolerancia y discriminación.

(*) Alberto de Belaunde es Program Advisor – OutRight International y excongresista peruano, abiertamente gay

13 de junio de 2022

Alberto de Belaunde

https://twitter.com/redconciliarte/status/1535035782205001730?s=21&t=hHZ6pNUsEKg_MZIohKIwAA

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Fuente Agencia Presentes

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Un informe revela cómo son las víctimas y los victimarios de crímenes de odio en Perú

Miércoles, 8 de junio de 2022
Credito-Amnistia-Internacional-Peru-002-1-1200x600El estudio dio a conocer las características criminológicas de cada hecho. Las víctimas tienen entre 25 y 44 años y conocían a sus asesinos.
 

Lima, Perú. En el marco del Día Nacional de Lucha Contra la Violencia y Crímenes de Odio hacia las Personas LGBT, se presentaron los resultados de un estudio que permitió conocer el perfil de las víctimas, victimarios y las motivaciones que éstos tuvieron para terminar con la vida de personas que se identificaban como LGBT o eran percibidas como tal.

De acuerdo con el estudio, del total de casos de muertes dolosas, el 55,8% fueron contra hombres gays, el 36,4 % contra mujeres trans, 3,4% hacia lesbianas y 2,2% se trató de bisexuales, o eran percibidos como tal.

En cuanto al rango de edad de las víctimas, el 72,8% oscilaba entre los 25 y 44 años, mientras que el 34,6% tenía como ocupación el estilismo.

Por su parte, las cifras sobre las características de los imputados o perpetradores de los crímenes, precisan que el 94,4% fueron hombres, 26,4% eran conocidos o familiares de las víctimas, y en el 26,4% de los casos los asesinos eran sus parejas o exparejas. 

El 47,7% de los casos las víctimas fueron asesinadas en sus propias viviendas. El 29,6% de homicidios se dio por un objeto punzocortante, 25% por un agente constrictor y el 15,9% por arma de fuego.

Un estudio en conjunto

La investigación exploratoria-descriptiva fue realizada por un trabajo en conjunto del Ministerio Público (MP), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), para la cual revisaron, una por una, las carpetas fiscales de 88 casos de muertes violentas asociadas a delitos dolosos.

Presentamos este informe en conmemoración de aquel acto de barbarie cometido por el MRTA (grupo terrorista) contra unas compañeras en el bar Las Gardenias en Tarapoto, el 31 de mayo de 1989. Ese hecho nos invita a tener en la memoria a todas aquellas personas que fueron asesinadas violentamente debido a su orientación sexual o identidad de género”, recordó la congresista Susel Paredes, organizadora del Foro “Crímenes de Odio en el Perú, los Registros Invisibles”, donde fue presentado el estudio del Observatorio de la Criminalidad del MP.

En el Perú ninguna entidad del Estado lleva un registro de todos los casos de vulneración de derechos de personas LGBT. El estudio realizado fue en base a un subregistro de los datos obtenidos por el Observatorio de Derechos Humanos LGBT de la UPCH.

Credito-Amnistia-Internacional-Peru-001-1-1024x546Presentación del informe.

Foto: Amnistía Internacional.

Analizar el contexto

Conocer detalles de los crímenes, de las víctimas y de los victimarios permite establecer patrones de conducta en el contexto de la violencia que se ejerce por las causales de identidad de género u orientación sexual.

En el sistema de justicia peruano no existe ni se reconoce la figura legal de crímenes de odio o crímenes basados en prejuicios. Por lo que resulta trascendental los resultados de este estudio, ya que muestra a los operadores de justicia que sí se atenta contra la vida de las personas LGBT.

“Para saber el porqué de los crímenes, nosotros necesitamos saber cuál es la motivación que plantea el fiscal dentro de la carpeta para dar explicación a la muerte. Y para entender ello, la revisión de las carpetas fiscales fue complementada también con las noticias que daban detalles de los casos, así como las declaraciones de algunos testigos de estos crímenes y que nosotros hemos considerado al momento de la muestra”, precisó Rosa María Huanes del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público.

Para muchos fiscales no hay motivación de género

Actualmente los fiscales no tienen en cuenta que los asesinatos pueden ser motivados por la identidad de género u orientación sexual de las personas. Por ello, en sus carpetas fiscales consignan otras motivaciones, como precisa el estudio.

Para ellos, la delincuencia común (21,6%) es el presunto motivo más señalado en las carpetas fiscales, seguido por la negativa a sostener relaciones sexuales (8%) y el ajuste de cuentas (4,5%). Es importante destacar que en el 45% de los casos revisados, no se consignó detalles de las causales de los crímenes.

En otros datos hallados, se descubrió que el 94,3% fueron de nacionalidad peruana y el 5,7% de las víctimas eran de nacionalidad extranjera, mientras que, en el caso de la nacionalidad de los homicidas, el 77,8% fueron peruanos y el 20,8% extranjeros (19,4% venezolanos y 1,4% argentinos).

Además, se descubrió que el 35,2% de los asesinatos se dieron en la madrugada, entre la 1 y las 6 de la mañana.

Crímenes de odio o crímenes basados en prejuicio

Si bien en el 45% de los 88 casos revisados los fiscales no tipificaron el delito, con los datos obtenidos por testigos y los mismos imputados, los conocedores de la situación de vulneración de las personas LGBT en Perú podrían deducir que se trataron de crímenes homofóbicos o transfóbicos.

“Existen estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También abogados criminólogos que trabajan el tema, que nos permiten identificar lo que podría ser un crimen basado en prejuicio contra la orientación o la identidad de género. Por ello, una de las cosas que hicimos fue analizar todos los hechos registrados en cada caso ocurridos antes, durante y después, para ver si había indicios para crímenes por esos motivos”, explica Alfonso Silva Santisteban, representante de la UPCH.

En la evaluación se tomaron en cuenta el ensañamiento que tuvieron contra la víctima, si previamente a la agresión les dijeron insultos discriminatorios, la expresión de género, entre otros rasgos que un policía o fiscal no tomaría en cuenta para desarrollar su investigación.

Recorte-periodistico-1024x804Del total de casos, en el 69% sí hubo indicios de actos basados en prejuicios, de ese 21% consignado como delincuencia común, el 81% presentó indicios de violencia basada por la identidad de género u orientación sexual. Y solo se encontraron 2 casos que fueron tipificados como discriminación, y se podría presumir que los fiscales encargados de esos casos sí tenían los conocimientos necesarios sobre diversidad sexual y realidad de las personas LGBT, lo cual les permitió tipificarlos como tal.

“La principal conclusión de este estudio es que el fenómeno existe socialmente pero no existe para el sistema de justicia. Es decir, los crímenes motivados por identidad de género u orientación sexual no está en el radar de los operadores de justicia. Por ejemplo, el titular de una noticia informó alguna vez que ‘hombre vestido de mujer aparece muerto’, y en la descripción de la historia podemos deducir que se trataría del posible asesinato de una mujer trans”, precisó el también médico.

“En nuestro país es más preciso hablar de crímenes basados en prejuicio que usar crímenes de odio, que viene de hate crimes de Estados Unidos, se tiende a ridiculizar, recordemos que tuvimos una congresista que dijo que, así como existen crímenes de odio, también existen crímenes de amor, dejando de entender la profundidad y seriedad de los actos que están detrás de este fenómeno”, finalizó Silva Santisteban.

Mucho trabajo por hacer desde la sociedad civil

Para la activista y sobreviviente de crimen de odio, Azul Rojas Marín, este tipo de trabajos de investigación son importantes. Pero más importante aún es la creación de protocolos y políticas públicas que permitan que no se vulneren nuestros derechos, y sobre todo que sancionen a quienes nos ataquen, violenten o asesinen.

“Este informe es muy interesante, pero de qué nos sirve un informe cuando las propias autoridades no hacen nada. O sea, vamos a venir a sentarnos y decir que hay cien muertos cada año, pero qué han hecho las autoridades para reparar el daño, qué han hecho las autoridades para que esos casos se vayan disminuyendo, entonces de qué sirven los informes, de nada. Discúlpenme por estas palabras porque son sentimientos encontrados, pero no solo hablo por mí, sino por todos, por favor no nos estigmaticen”, exigió la sobreviviente trans.

En el caso de Azul, ella no encontró justicia en el Perú y tuvo que elevar su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que encontró culpable al Estado peruano. Pero al ver que éste no cumplía con resarcir el daño llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hace dos años obtuvo una sentencia favorable, pero a la fecha el Estado peruano solo publicó la sentencia, pero no ha cumplido con los demás mandatos de la sentencia. 

Para revisar el estudio publicado “Características Criminológicas de las Muertes Dolosas de personas LGBT en el Perú 2012 – 2021” ingresar a   https://bit.ly/3D1auY1

Fuente Presentes

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Perú: Grupos conservadores podrán supervisar los textos escolares con enfoque de género

Viernes, 20 de mayo de 2022

ORGULLO_2019_LIMA_EMpride-77-de-113-1-1200x600Organizaciones estudiantiles y feministas señalan que resulta “peligroso” que los contenidos educativos se determinen por criterios religiosos y morales.

LIMA, Perú. El 6 de mayo el Congreso de la República del Perú aprobó el proyecto de ley N° 904 titulado “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”.

La norma permite la intervención de grupos conservadores en los textos escolares que contengan referencias al enfoque de género y a la educación sexual integral. Se trata de material educativo que se distribuye en colegios estatales.

De esta forma, los padres y madres obligatoriamente intervendrán en los contenidos de los materiales. Tendrán que ser consultados, a pesar de que no cuentan con conocimientos sobre la materia. Esta medida debilita el rol rector del Ministerio de Educación, que define e implementa el enfoque de género y la ESI en la educación escolar sin sesgos ideológicos y basado en evidencia.

Sabrina Rodríguez, vocera del Frente de Lucha Materna, señaló para Agencia Presentes que “el PL 904 brinda beneficios a grupos de padres conservadores para perseguir y sancionar a especialistas que elaboren materiales educativos con enfoque de igualdad de género. Además, atenta contra una educación en igualdad para niñes y adolescentes, negándoles el acceso a herramientas para identificar y actuar ante situaciones de violencia.”

“Atentar contra la Educación Sexual Integral es vulnerar el derecho a la información oportuna»

Fueron 91 votos los que aprobaron este proyecto de ley, liderado por el congresista evangélico Esdras Medina. Medina fue vocero de “Con mis hijos no te metas”, la campaña antiderechos que intenta desde el 2017 sacar el enfoque de género del currículo educativo.

Primero realizaron marchas, luego una acción popular en el Poder Judicial. Allí perdieron, pero ahora dan el último golpe en el Congreso, gracias a la confluencia de sectores conservadores de derecha, que son la mayoría. Incluido el partido de gobierno, que en estos temas es fundamentalista.

La congresista Flor Pablo, exministra de Educación, señaló los riesgos que corre la educación con esta ley. “Esto resulta muy peligroso porque los materiales educativos responden a políticas de Estado, y no pueden en ningún caso responder a criterios religiosos ni morales. Por ende, darles a las organizaciones de padres de familia la facultad de validar materiales educativos”.

Rodríguez manifestó además de “atentar contra la Educación Sexual Integral es vulnerar el derecho a la información oportuna acorde a la edad de desarrollo de les niñes. Desde el adultocentrismo punitivo, se restringe e impone, siendo indiferentes ante los problemas reales de embarazos infantiles forzados, así como de los constantes casos de abuso sexual a las infancias”.

Diversas organizaciones feministas y estudiantiles han señalado su protesta contra la aprobación de esta ley, por lo que le exigen al presidente Pedro Castillo que la observe, a través de plantones y marchas (la próxima fue el sábado 13 de mayo a nivel nacional).

Fuente Agencia Presentes

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Crimen de odio de un estilista en Perú: buscan al cuarto sospechoso

Lunes, 18 de abril de 2022

C1C6025B-E8EE-41C5-9C34-328713BF2D2CJavier Pauca Serna, de 56 años, fue maniatado y apuñalado en el distrito de La Molina en Lima.

Los sospechosos se tomaron foto después del homicidio.

LIMA, Perú. El estilista Javier Pauca Serna, de 56 años, fue apuñalado en el distrito de La Molina en Lima. Lo encontraron el 7 de abril en su vivienda y tenía signos de tortura. La Policía Nacional detuvo a tres sospechosos del asesinato. Tenían en su poder un teléfono móvil, tarjetas y documentos de Serna, dijeron fuentes policiales a Presentes. Javier era muy querido por su familia y vecines.

Los sospechosos Omar Huamán Ángeles (19), Luis Humberto Popayán (19) y Manuel Ocaña Morote (29) acusaron a un cuarto hombre, “Jordi”, de planificar el robo y asesinato. Según declararon, él era la pareja de Serna.

Los tres detenidos cuentan con antecedentes policiales por los delitos de microcomercialización de drogas y violencia física.

Si bien al inicio de la investigación policial no se creyó en la versión de la existencia de un cuarto implicado, se encontraron fotografías con una cuarta persona.

El 10 de abril a la noche se realizó la reconstrucción del crimen en la vivienda de Serna. La intervención terminó con ocho balazos al aire lanzados por la Policía para dispersar a los familiares, amigos y clientes de Javier Pauca Serna. Estaban allí para reclamar justicia. Algunos intentaron linchar a los sospechosos, que habían sido llevados al lugar.

En Perú no existe un reconocimiento legal de los crímenes de odio. El Movimiento LGBTIQ+ de El Callao realiza incidencia para que existan ordenanzas de alcance local que ayuden a mitigar las situaciones de violencia.

Estereotipos que terminan en crímenes

«Las personas LGBTIQ rompemos los supuestos mandatos sociales, las normas de lo que es ser un hombre y una mujer, y cuando quebrantas eso te conviertes en una persona más vulnerable. Por eso la violencia que hay contra nosotrxs es más incisiva, es así porque irrumpimos con lo que todos dicen que es supuestamente ‘normal’, cuando sabemos que ese es un pensamiento erróneo», explica Jonás Muñoz, coordinador del Movimiento LGBTIQ+ del Callao.

Para Muñoz se debe realizar un trabajo de sensibilización desde temprana edad, tocando los temas con los más jóvenes.

«Hay que trabajar desde lo comunitario, debemos organizarnos en nuestros barrios, distritos y regiones para empezar a generar espacios de acompañamiento, para que a partir de ahí empecemos a fortalecernos y empoderarnos el uno con el otro, ya que eso podría lograr que se prevengan crímenes como el de Javier, ya que cuando te sientes parte de una comunidad ayudas a alertar sobre los problemas que suceden en ella», agregó Muñoz.

Fuente Agencia Presentes

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Perú: Tras cinco años de lucha dos madres lesbianas llevan su caso ante la CIDH

Martes, 12 de abril de 2022

Madres-peruanas-1200x600La negativa de la justicia y el Estado peruano por reconocer la comaternidad de Darling y Jenny vulneran una serie de derechos a ellas y al niño.

 LIMA, Perú. Luego de cinco años batallando en las Cortes peruanas, Jenny Trujillo y Darling Delfín, las dos madres que luchan por ser reconocidas ambas como madres de su hijo, irán a fueros internacionales a exigir la justicia que su país no les da.

Dakarai, el pequeño hijo de ambas, ya tiene 7 años y aún no cuenta con el Documento Nacional de Identidad que reconozca que su familia está conformada por dos madres. Por esto, han solicitado una medida cautelar ante la CIDH contra el Estado peruano que sigue vulnerando sus derechos.

Las dos madres vivieron una continua discriminación del Poder Judicial y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil peruanos, quienes han bloqueado la posibilidad de que el derecho al nombre e identidad de su hijo sea respetado.

“Desde diciembre del 2016, estamos exigiendo a Reniec que trate a nuestro hijo y a nosotras, sus madres, como a cualquier otro peruano o peruana. Pero tanto el Reniec y el Poder Judicial peruano nos viene discriminando y violentando al tenernos en este proceso más de 5 años por algo tan simple como la emisión de un DNI donde inscriba la relación de nuestro hijo con sus dos mamás. Un trámite que no debería tomar más de dos semanas, nos está tomando varios años y eso es discriminación y violencia”, señaló Darling Delfín en conferencia de prensa.

Por su parte, Jenny Trujillo añadió: “Nosotras exigimos un trato justo, el Poder Judicial y el Reniec nos tratan como ciudadanas de quinta categoría, no es posible que durante todo este tiempo nosotras estemos bajo tanto estrés, tanto miedo, tanta indignación, esto nos enferma emocional y físicamente, nos quita la tranquilidad. Cosas tan simples como llevarlo al centro de salud, al hospital o inscribirlo en el colegio, tener un seguro familiar es complicado para nosotras, porque solo Darling puede representar a nuestro hijo”.

La lucha de las mujeres para que se reconozca la comaternidad comenzó hace cinco años.
Los derechos del niño

Ellas señalan las dificultades que atraviesan cada vez que tienen que hacer un trámite para su hijo. A Jenny se le niega la representación cuando va a un hospital, pues no permiten que se registre en la ficha familiar junto a su hijo, tampoco pueden tener un seguro privado para los tres, no las dejan viajar al extranjero pues les exigen un permiso notarial del padre. Si Darling enferma, Jenny no podría cuidar a su hijo, y si fallece, no podría tener la tutela de su hijo.

“No saben el miedo, el dolor, que siento cada vez que tengo que enfrentarme a ese tipo de discriminación, aguantarme para que mi hijo no sienta nuestro dolor. Mi pequeño puede pensar que hay algo malo en su familia y eso no es verdad. El Estado peruano nos desampara por ser lesbianas, no les importa el bienestar de los niños como dice la jefa de Reniec, Carmen Velarde”, comenta Jenny.

Una cadena de discriminación

Ambas presentaron una demanda de amparo el 21 de julio del 2017 contra Reniec, hace cuatro años y siete meses. Una demanda de ese tipo no debería tomar más de seis meses en resolverse, pero al Poder Judicial peruano le tomó más de cuatro años, a pesar de la evidente vulneración de derechos.  

En octubre del 2021, recibieron la sentencia del juez Jonathan Valencia que ordenó a Reniec entregar el DNI del niño con sus dos madres registradas, pero el procurador de Reniec, Marco Antonio Palomino, apeló esta sentencia.

Asimismo, el juez Valencia no hizo cumplir su propia decisión y envió la demanda a la segunda instancia, donde podría estar algunos años más hasta que se resuelva.

El dato

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual esta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Las dos madres esperan que la CIDH atienda con celeridad su pedido.

Fuente Agencia Presentes

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Una mujer trans fue asesinada de 7 disparos por sicarios en Perú

Lunes, 4 de abril de 2022

47B05A95-9366-4805-BE65-31DD36711CC3Las organizaciones travestis y trans denuncian que se cobran cupos a las trabajadoras sexuales y que si no se cumplen son asesinadas.

LIMA, Perú. El ‘cobro de cupos’ es una modalidad de extorsión que se expande cada vez más en Lima y sus periferias.

En los primeros meses del año se registraron crímenes contra mujeres cisgénero que ejercen el trabajo sexual en el Centro de Lima. Ahora las mafias organizadas están expandiendo su terror a otros puntos de la capital peruana, y cobraron la primera víctima trans, Patricia Mazzini Manco, quien fue asesinada el 15 de marzo de siete balazos por parte de dos sicarios.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 36.5 de la antigua Panamericana Sur, en Lurín, a la salida de Lima, lugar que es conocido por albergar a trabajadoras sexuales en horas de la noche. A la escena del crimen llegaron integrantes de la Policía del Departamento de Investigación Criminal de Lurín.

Con los datos consignados, testimonios de testigos y videos de las cámaras de seguridad de los negocios aledaños, el caso recayó en manos de la fiscal adjunta, doctora Lizbeth Gómez, del 2° Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Sur.

“Nosotros tomamos conocimiento del caso y hemos recogido toda la información que nos han proporcionado los agentes policiales de la Depincri de Lurín. Sabemos de las circunstancias en las que se suscitaron los hechos y conocemos la identidad de la víctima, por ello, el expediente fue abierto con el nombre de Patricia Mazzini, que era como ella se identificaba, según los testigos”, refirió la representante de la Fiscalía a Agencia Presentes.

La investigación

De acuerdo a lo que indicaron desde la fiscalía, actuaron lo más pronto posible para determinar los culpables del crimen.

Precisamente con toda la información recabada, el caso lo hemos derivado a la División de Investigación de Homicidios de la Policía de Lima (sede central), para que, con todos los datos proporcionados, ellos puedan continuar con la investigación y darle justicia a la familia de Patricia”, destacó la fiscal Gómez.

Por su parte, los familiares de la mujer trans están a la espera de las diligencias correspondientes.

Recién el martes (29 de marzo) nos han brindado el resultado de la necropsia con el cual podemos empezar a hacerle el seguimiento al caso. En verdad queremos justicia, no queremos que el caso de nuestra hermana quede así”, manifestó entre sollozos Melissa Mazzini, hermana de la víctima.

Trabajadoras sexuales trans en la mira de extorsionadores

Las trabajadoras sexuales solían pagar a proxenetas por un tema de protección y cuidado, a pesar que el proxenetismo es un delito en el Perú, pero ellas normalizaron la ‘seguridad’ brindada a cambio de dinero.

Sin embargo, esa figura ha cambiado y actualmente las mafias de extorsionadores les cobran cupo por el derecho a pararse a ofrecer sus servicios. Los cupos oscilan entre los 200 soles ($54 USD) y 300 soles ($80 USD) semanales por chica.

“Me da impotencia saber que a las chicas les cobran, si ni siquiera las cuidan. La vez pasada vino uno y me dijo que, si no le pagaba, me iba a meter un plomazo. Por eso, estoy dispuesta a hacer algo, a grabarlos. Es más, hasta estoy dispuesta a dar mi nombre y mis apellidos para interponer una denuncia legal y meterlos presos”, revela valientemente la trabajadora sexual de iniciales R.K. del distrito de Villa El Salvador, ubicado también al sur de Lima.

“Que haya trabajo trabajo sexual en Lurín me llamó la atención, antes no había. Quizás ahora por el tema del verano, haya más afluencia de público por su cercanía a las playas. Porque en Lima Sur, San Juan de Miraflores es el distrito que concentra el trabajo sexual de esta parte de la ciudad”, advierte Gabriela Mariño, activista trans de la Asociación Ángel Azul.

Además, explica cómo el miedo y la corrupción hacen que ellas terminen accediendo a las amenazas de estos delincuentes.

“Si bien el cobro de cupos a trabajadoras sexuales no es reciente, ahora se ha acrecentado más por los migrantes extranjeros que han llegado. Actualmente la comunidad que ejercemos el trabajo sexual, estamos migrando y rotamos de un distrito a otro, o de una región a otra, por el miedo a represalias, porque cuando denunciamos y damos nuestros nombres, luego los mismos policías se los dan a los extorsionadores. Por eso, muchas tenemos miedo de denunciar y accedemos a pagar cupos”, puntualiza Gaby.

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Durante las últimas semanas, la Municipalidad de Lima há liderado operativos contra la prostitución en las calles del Centro de Lima, sin embargo, esto solo ha causado la indignación de la población trans, ya que señalan que se deberían enfocar los esfuerzos en atrapar a las mafias de cobro de cupo que tanto terror infunden entre las trabajadoras sexuales.

Fuente Agencia Presentes

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Crimen de odio en Perú: Un joven médico es la primera víctima LGBT del año

Sábado, 12 de marzo de 2022

34153169-3BD9-4540-BF43-5534EC14CD36Se trata de Kevin Jordan Lucano Tejada, un médico de 29 años. La familia pide que se investigue en profundidad.

LIMA, Perú. El primer crimen de odio del 2022 contra un ciudadano LGBTI se registró en la madrugada del 27 de febrero en el distrito limeño de Lince. La Policía Nacional encontró sin vida el cuerpo del joven médico Kevin Jordan Lucano Tejada (29), natural de la región Moquegua, quien vivía solo en el departamento que alquilaba hace tres años.

De acuerdo al jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú, coronel Víctor Revoredo, las primeras indagaciones señalan que el homicida es extranjero.

“(El caso) tiene el modelo criminal que ejercen algunos ciudadanos extranjeros de esta línea delictiva, que sujetan las extremidades superiores, manos y antebrazos, a la región dorsal, con la finalidad de someterlos a tortura. Y luego, en su mayoría, extraer la clave de su celular, en este caso un Iphone de alta gama”, precisó la autoridad, quien no descartó que el homicida haya obligado a la víctima a brindar también las claves de sus tarjetas bancarias.

La escena

Durante el levantamiento del cuerpo, los peritos encontraron todos los cajones de los muebles abiertos y desordenados, señal que el asesino buscó por todo el departamento objetos de valor. De acuerdo a un amigo de Kevin Jordan, víctima y victimario se conocieron a través de otro amigo, quien los presentó.

Según el certificado de necropsia, el joven médico recibió asfixia mecánica y murió por estrangulamiento. Por ello, y debido a la sustracción de sus pertenencias, el delito tipificado para este caso es el de robo agravado con subsecuente muerte, por el cual la justicia peruana da cadena perpetua.

A4DD5845-5B1E-4DA3-A35B-DB21A4AA5115-768x576La familia y los amigos de Kevin piden justicia.

A los pocos días del trágico acontecimiento, se difundieron las imágenes captadas por las cámaras del edificio donde vivía Kevin, en ellas se puede ver cómo ambos ingresan a las 2.37 de la madrugada. Posteriormente, a las 6.15 de la mañana el acompañante sale solo, portando dos maletas y una mochila.

Sin identidad de género, los crímenes continúan

Este es el primer crimen de odio del año en Perú. Tiene características similares a muchos otros casos, ensañamiento para luego sustraer los objetos de valor de las víctimas. Sin embargo, para el reconocido activista gay, Manuel Forno, mientras que en el Perú no exista la figura legal de crimen motivado por homofobia o transfobia se seguirán invisibilizando este tipo de casos.

Lo que no se nombra no existe y al colocar, ya sea la identidad de género u orientación sexual de la persona, en un proceso criminal, nos convierte en ciudadanos de segunda categoría porque cualquier argumento puede ser utilizado a favor del victimario. Hay casos donde los asfixian con el cordón del televisor que les roban, y nadie merece morir así”, sentencia Forno.

De acuerdo al coronel Revoredo, están terminando de armar el caso con las imágenes captadas por otras cámaras aledañas, las declaraciones de otros testigos y del conserje del inmueble para dar con el paradero del homicida.

“Has traicionado la lealtad de un ciudadano peruano, y en irrestricto respeto a los derechos humanos, te vamos a capturar, donde estés. Te vamos a ubicar y te vamos a capturar bajo cualquier costo”, puntualizó el también especialista en criminalística.

Por su parte, el abogado de la familia Lucano, Mario Arribas, pidió que “una vez identificado plenamente el asesino, el fiscal tiene que pedirle a un juez, no una medida preventiva sino una detención preliminar para que venga a responder a la justicia”.

#JusticiaParaKevinJordan

El Colegio Médico del Perú publicó en sus redes sociales un saludo a nombre de la institución.

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Por su parte, quienes conocieron a Kevin Jordan le dedicaron palabras de cariño y recordaron pasajes de la vida del joven médico ileño.

Lamentablemente, los prejuicios y estereotipos también se manifiestan ante casos que involucran a personas LGBTI.

Una violencia que se repite

Ante esto, Manuel Forno, considera que es un reflejo de cómo piensa la mayoría de peruanos sobre las personas no heterosexuales.

La violencia estructural que sufrimos por nuestra identidad de género u orientación sexual empieza desde el Congreso que no aprueba leyes a favor de nosotrxs. Sigue en el sector Educación donde no se incorpora una currícula adecuada con respecto a la Educación Sexual Integral, entonces, todo eso hace que exista una carga muy fuerte sobre nosotrxs. Y esos comentarios (en redes) son validados porque no se crean mecanismos de protección para nosotrxs”, explica el destacado activista.

43243B0A-F922-430E-8398-C80AD087825D-768x693En las redes sociales publicaron mensajes de cariño hacia el joven asesinado.

Este caso indignó a los ciudadanos y medios de Ilo, capital de Moquegua, por lo que familiares y amigos de Kevin Jordan han iniciado una campaña pidiendo justicia con el #JusticiaParaKevinJordan.

Felicito a la familia y amigos de Kevin por sentirse orgullosos de haber tenido un hijo como él. Porque en casos pasados, la principal opositora de que se visibilice una característica importante del crimen es la familia, invisibilizando los motivos reales de los casos”, puntualiza Forno Castro Pozo.

Kevin Jordan Lucano fue enterrado al compás de ‘marinera’, música tradicional peruana, la cual disfrutó y bailó una semana antes de su asesinato.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. , , ,

En 2022 vuelve con impulso la lucha por el reconocimiento de las personas trans en Perú

Viernes, 4 de marzo de 2022

El avance más importante fue en 2016 cuando se presentó el proyecto de Ley de Identidad de Género ante el Congreso peruano.

Gianna Camacho

LIMA, Perú. Desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, hace 8 meses, les activistas y colectivos de personas trans denunciaron su preocupación por tener en los poderes ejecutivo y legislativo un número importante de políticos conservadores y religiosos que se oponen al reconocimiento de la identidad de personas trans.Aducen que que es parte de una imposición de, la mal llamada, “ideología de género”.

Esto significa una gran barrera para la población trans, ya que, en los últimos años, luego de un importante trabajo con otras instituciones públicas, concluyeron que la única vía para acceder al derecho fundamental a su identidad es a través de una ley que así lo estipule.

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Durante la presentación del anteproyecto de la Ley de Identidad de Género, en noviembre de 2016

Presentación del Proyecto de Ley de Identidad de Género en 2016

En noviembre de 2016, un grupo de mujeres trans activistas presentaron el anteproyecto de la Ley de Identidad de Género en el Congreso de la República, exponiendo que no se trataba de un capricho, ni de un antojo, sino, que significaba una reivindicación de un grupo de peruanas y peruanos que vivían en una exclusión histórica.

Un mes y medio después, las activistas junto a las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave, apoyadas por sus colegas Alberto de Belaunde, Tania Pariona, Gino Costa, Marco Arana, Richard Arce, entre otros, ingresaron el Proyecto de Ley de Identidad de Género 790/2016, el cual fue remitido a dos comisiones, Constitución y Reglamento, y Mujer y Familia.

Desde entonces, les activistas y colectivos han puesto todas sus energías y esperanzas en el debate, aprobación y promulgación del PL 790. Mientras eso no suceda, para modificar sus prenombres o sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI), les ciudadanes trans deben continuar demandando al Estado, llevar el proceso judicial y esperar una sentencia favorable.

Teniendo en cuenta la situación socioeconómica de los hombres y mujeres trans peruanos, es difícil que tengan el dinero suficiente para empezar y concluir el proceso.

Además, uno de los grandes obstáculos que deberán enfrentar es contra otra entidad del sector público, el Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (RENIEC), que apela las sentencias favorables emitidas por los jueces, retardando más el acceso a la identidad de les solicitantes.

Cinco años de incidencia política

Cuando se ingresó el PL 790, se cuestionó su envió a la Comisión de Constitución y Reglamento, ya que no se pedía ningún cambio constitucional. La razón de su derivación a esta comisión respondía a que en ese momento su presidenta, la congresista fujimorista Rosa Bartra, pertenecía al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Lo que significó que el proyecto de ley fuera enviado al fondo de la fila de espera.

En septiembre de 2018, el Observatorio de Derechos Humanos LGBT y el Proyecto UNICXS, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, denunciaron ante la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD)del Ministerio de Justicia, actos de transfobia por parte de la procuraduría pública del RENIEC en los procesos de reconocimiento de nombre y/o sexo.

Un mes después, los representantes del Observatorio de DDHH LGBT, así como de la procuraduría pública del RENIEC, expusieron sus posturas durante la sesión de la CONACOD del 31 de octubre.

En enero de 2019, la CONACOD presentó el “Informe sobre la situación de la identidad de género de las personas trans en el Perú”. Allí la comisión considera que el Estado peruano tiene la obligación de reconocer legalmente y permitir el cambio de nombre y sexo de las personas trans, de forma tal que se logre garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.

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Sobre la situación de las personas trans en Perú.

Cuatro años después de la presentación del PL 790, la incidencia política realizada por un grupo de activistas trans, de la mano del regidor limeño Manuel Siccha, dio un paso más.

En diciembre de 2020 empezaron a mantener reuniones con congresistas de diferentes partidos políticos para sensibilizarlos sobre la importancia de una Ley que reconozca la identidad de género de las personas trans.

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Activistas trans en el Congreso de Perú.

Las primeras reuniones que se mantuvieron fueron con las integrantes titulares y alternos de la Comisión de la Mujer y Familia. Allí lograron que se coloque en agenda de la comisión el debate del PL 790 el 15 de marzo de 2021.

Lamentablemente, el colectivo ‘provida’ Familias Reales realizó una campaña de acoso político e intimidación contras las congresistas de dicha comisión, invocando a la población a insultarlas a través de sus números telefónicos personales, los cuales difundieron en sus redes sociales.

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tuit-parejas-realesA pesar de la violencia ejercida en contra del proyecto de Ley de Identidad de Género, el 29 de marzo del mismo año, la Comisión de la Mujer aprobó el dictamen que le permitiría avanzar al debate en el pleno. Sin embargo, aún faltaba el debate y dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Contra el tiempo, se realizaron reuniones con los congresistas de dicha Comisión para explicarles la importancia del proyecto de ley. Sin embargo, a pesar del seguimiento y presión en redes sociales, no pudo ser debatido y así llegó el final del gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti, en julio de 2021.

2022, se retoma la lucha por el derecho a la identidad

La responsabilidad de la aprobación de una Ley que reconozca la identidad de género de las personas trans recae enteramente en el Congreso de la República. En el Perú se necesita la mitad más uno de votos para que se apruebe una ley. Por ello, la preocupación se ha incrementado, ya que, de los 130 congresistas del actual parlamento, al menos 85 pertenecen a bancadas conservadoras que ya han manifestado estar en contra de los derechos de personas LGBT.

Sin embargo, Susel Paredes Piqué, congresista abiertamente lesbiana, se ha comprometido a ser la principal impulsadora de las demandas legislativas de la población trans. Sobre todo, porque entiende muy bien la necesidad del respeto al derecho a la identidad.

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Susel Paredes Piqué, congresista abiertamente lesbiana.

“Es necesaria esta ley porque el derecho a la identidad está reconocido en nuestra Constitución. Todos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero también porque hemos firmado tratados internacionales, tenemos sentencias del Tribunal Constitucional peruano, sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Opiniones Consultivas que reconocen el derecho a la identidad. Por esto es que debemos insistir y persistir, aunque no tengamos mayoría en el Congreso”, subraya Paredes Piqué.

La legisladora ha mantenido reuniones con representantes de la comunidad trans peruana en las últimas semanas y juntas buscarán retomar el camino recorrido por el PL 790.

“Yo no estoy presentando un proyecto de cero, estamos actualizando un proyecto ya presentado que ha tenido el aporte y participación de la comunidad trans. Por ello, después de haber tenido varias reuniones con la comunidad, decidimos actualizar el proyecto de ley 790 porque ya tiene un dictamen de la Comisión de la Mujer. Eso que hará que nos ahorremos muchos meses de trabajo”, detalla la congresista.

También se mostró sorprendida por los debates internos dentro de la comunidad trans. Algunes señalan que debería presentarse un proyecto de ley que incluya a las personas de género no binario (PGNB). Otro grupo apunta a que aún no es el momento, dada la idiosincrasia peruana.

“Todos son bienvenidos a los espacios de discusión, porque, en mi opinión, las leyes se construyen consultando a quienes, tú presumes, van a beneficiar. Yo me debo a las personas que están relacionadas con los proyectos de ley y por eso, los escuché. Comprendí que necesitan una ley que apunte al cambio administrativo pero que reafirme otros derechos”, puntualizó la abogada y también activista LGBT.

Proyecto de Ley binario vs. no binario

Entre las recientes discusiones que han surgido en la comunidad trans peruana está la delimitación de cuánto están dispuestes a ceder en cuanto al alcance de este proyecto de ley. Hasta el momento, solo reconoce el cambio de femenino a masculino, y viceversa, no más.

“Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de las personas LGBTIQ está la ‘q’ de queers, que son las personas que no encajan o trascienden lo binario, es decir, no binarios. Yo considero que las identidades no binarias son propias de la identidad queer, y como tales tienen sus propias agendas; que deben ser luchadas y expuestas, pero no debe haber confusiones a fin de que haya un trato diferenciado de agendas”, sustenta Ana Flavia Chávez.

Para la lideresa del Movimiento Trans de Arequipa, las PGNB tienen una agenda distinta a las personas trans, en cuanto a necesidades y vivencias.

“Yo no estoy hablando de poblaciones binarias y no binarias. Yo hablo de hacer la distinción justa y correcta de las identidades trans y las identidades queers, y no lo digo yo, lo precisa la CIDDHH. Las agendas trans son muy diferentes a las agendas queers”, subraya Ana Flavia.

Por su parte, G Santos Salinas, de Fuerza No binarie, considera que el PL 790 responde a la necesidad de la población trans de hace algunos años, pero no a la situación actual del movimiento, donde las PGNB están teniendo cada vez más visibilidad.

“Creo que la realidad de las personas trans, y las que escapamos de lo cisgénero, porque no todas las PGNB nos denominamos trans, está mostrando mayor diversidad ahora. Sí creo que un proyecto de ley que nazca en este momento, debería abordar esta realidad, más compleja, pero más diversa, para así plantear soluciones”, explica G.

Para el compañere, el juego político de la derecha ha dejado de lado, durante mucho tiempo, a grupos humanos minoritarios y al dejar de lado a las personas de género no binario, estaríamos cayendo en lo mismo.

“Si bien (el PL 790) solo abarca dos identidades, el binomio tradicional, masculino y femenino, igual plantea una accesibilidad para el cambio, lo cual es un primer paso bastante importante. Existen PGNB que utilizan pronombres femeninos o masculinos, con lo cual se sienten cómodes, (…) la gran dificultad es que no todas las PGNB nos reconocemos como personas trans, por lo tanto, va a haber un sector que, o van a tener que esforzarse para expresar que son trans o simplemente no van a acceder a los beneficios porque no es su identidad y no van a forzar algo que no les pertenece”, detalla G.

La población trans de Perú se encuentra en etapa de organización y fortalecimiento de su lucha como comunidad. Por ello, muchos colectivos apuntan a la creación de espacios de aprendizaje y debate donde se puedan contraponer ideas, pero, además, diseñar soluciones de manera conjunta y con el mayor impacto positivo posible. 

Quisiera que los niños y niñas trans sepan que no están locos, que no son personas enfermas, solo son distintas. Que sepan que personas como ellas y ellos existimos y siempre hemos existido. Estamos luchando para que lo que hemos pasado nosotras no lo pasen ellos. Por eso, les digo que tengan mucha fe y esperanza, para que, en vez de cosechar lágrimas y depresiones, puedan cosechar sonrisas y respeto. La lucha va por ellos, prioritariamente”, finaliza la activista arequipeña Ana Flavia.

Por su parte, G Santos considera que “la manera en cómo se hace política actualmente es como hace 50 años. No hay perspectiva, y se sigue repitiendo el mismo mecanismo”, por ello, anima a les jóvenes a involucrarse más.

“Me gustaría animar a los, las, les jóvenes a que ingresen a la política. Ya sea la política informal como es el activismo y a la política formal como la que se hace en el Congreso, porque siento que sí es necesario una reforma dentro de la política, para no repetir ese mecanismo que ha marginado a personas de diversas identidades y etnias”, puntualiza G.

Finalmente, la parlamentaria Susel Paredes dejó un mensaje para quienes no están involucrades en el activismo, pero se reconocen como personas trans.

“Como decía José Luis Rodríguez Zapatero, una sociedad civilizada es aquella en la que no se humilla a sus integrantes, por eso es importante la ley, para que no te humillen, para que te reconozcan, para que cuando quieras viajar, te subas al bus sin ningún maltrato. O cuando quieras ir al médico, no abandones el tratamiento, te puedan curar y sanar”, destaca Susel sobre el alcance del proyecto de ley 790 que actualizará y presentará.

Con este avance en materia del reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, se espera que el Perú se sume a la lista de países de la región que ya tienen un marco legal que las reconoce, y les permita avanzar hacia el goce de una ciudadanía plena como todos los demás ciudadanos.

Fente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI ,

En el último año se han registrado más asesinatos de personas trans que en ningún periodo similar anterior desde que se realiza el registro.

Jueves, 9 de diciembre de 2021

movilh-transfobia-820x394El pasado 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans recordó un año más la violencia ejercida contra las personas trans y género-diversas en todo el mundo. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar y que ha hecho públicos con motivo de esta conmemoración, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se han registrado 375 asesinatos de personas trans y género-diversas, la cifra más alta desde que lleva a cabo este registro. El número real de víctimas, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento de aquellos casos sobre los que trasciende algún tipo de información y esta es recogida por la organización. Y en muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se han registrado 375 asesinatos de personas trans y género-diversas. Se trata de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, periodo durante el cual se tuvo constancia de 350 personas trans asesinadas, y que supera también la que era cifra más alta hasta el momento (369 entre las mismas fechas de 2017-2018).

Brasil vuelve a ser, como los años anteriores, el país con más asesinatos registrados (125 en esta ocasión). Le sigue México, con 65 asesinatos; Estados Unidos, con 53 (de las cuales el 89% eran personas de color), y Colombia, con 25. Por detrás se sitúan Filipinas, con 17 asesinatos; Argentina, con 14; Pakistán, con 11; India, con 10; Ecuador, con 8; Honduras y Myanmar, con 5; Turquía, con 4; Chile, El Salvador, Francia, Perú y Venezuela, con 3; Bolivia, Costa Rica, Guatemala e Italia, con 2; y finalmente Azerbaiyán, España, Grecia, Haití, Kazajistán, Malaui, Nicaragua, Portugal, Puerto Rico y Rusia con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se tiene constancia de 4.042 asesinatos de personas trans y género-diversas en 80 países del mundo. Brasil (con 1.645 víctimas), México (con 593) y Estados Unidos (con 324) son los tres países que encabezan el registro.

Iratxe Otero, asesinada en España

España vuelve a aparecer un año más en esta macabra lista, debido al asesinato de Iratxe Otero, una mujer trans de origen colombiano asesinada en diciembre de 2020 en Arona (Tenerife).

Nuestro país, de hecho, acumula 14 víctimas el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Los nombres más recientes incluidos en este listado han sido los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife y que aparece en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el listado del pasado año.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021:

  • El 96% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
  • El 58% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo.
  • El 43% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes.
  • El 89% de las víctimas registradas en Estados Unidos eran personas racializadas.

 

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El Día Internacional de la Memoria Trans

El Día Internacional de la Memoria Trans fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo.

Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2021 y los datos expuestos aquí

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

 Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cinco crímenes de odio en 10 días en Perú: la Justicia no investiga y el activismo reclama

Viernes, 12 de noviembre de 2021

FD2NCFPWUAIwneRJosé Antonio era un conocido ticktocker

En todos los casos, los homicidios muestran las mismas características de ensañamiento y odio hacia las víctimas.

El domingo 7 de noviembre asesinaron a José Antonio Quintana Pacheco (30), un joven comunicador y TikToker, en el departamento que rentaba en el distrito de Lince en Lima. En una habitación contigua, la policía encontró el cuerpo de Luis Alberto Coronado (32), también asesinado por estrangulamiento y cortes. A pesar de la saña de los crímenes – maniataron y desnudaron a las víctimas- la Policía dice que el móvil de los asesinatos fue el robo.

“Por la posición, por la región anatómica lesionada, todo indica que sería una misma persona que habría participado en ambos casos. Por la forma y circunstancias del instrumento empleado en ambos cuerpos, una de las líneas de acción del móvil es el delito contra el patrimonio u otros móviles a determinar con la captura de los implicados en este execrable hecho”, dijo a la prensa el Jefe de Homicidios de la DIRINCRI de la Policía Nacional, Coronel PNP Víctor Revoredo.

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Los agentes policiales encontraron prendas de vestir, cajones y latas de cervezas tirados en el suelo. También detallaron que los asesinos se llevaron una laptop, celulares, dinero en efectivo y otros objetos de valor en el lugar.

Familiares del joven comunicador de 30 años protagonizaron escenas de dolor en los exteriores del departamento.Tras más de tres horas de diligencias en el recojo de los cadáveres, los familiares de Quintana Pacheco no quisieron dar declaraciones a la prensa.

“Estamos a la espera de los resultados periciales, de las pericias tanatológicas y poder determinar en forma técnica y científica todas las teorías del caso que tenemos hasta este momento”, dijo el Coronel PNP a Presentes.

Amigos de la universidad y excompañeros de la DIGERD- Minsa lamentaron la pérdida del joven comunicador y expresaron las condolencias a sus familiares por las redes sociales.

Por otro lado, la fiscal de turno ordenó el internamiento de los cadáveres a la Morgue Central de Lima. Asimismo la Policía analizó las cámaras de seguridad instaladas en la calle Risso para dar con los asesinos.

El activismo llora a un militante histórico

e4741e3eb27745429cc7c24d6c45acf8Pedro Pablo Prada García

Una semana antes, la comunidad de activistas LGBTIQ peruana lloró una gran pérdida. Pedro Pablo Prada García (68), defensor de los derechos de las personas viviendo con VIH en el Perú, fue asesinado junto con su amiga de apellido Huapaya Morales, una mujer trans de 52 años. Ambos fueron hallados estranguladxs con signos de tortura.

Tras la llegada de la pandemia de VIH a Perú, Pedro Pablo Prada fue uno de los principales impulsores del acceso universal al tratamiento antirretroviral. En el año 2000 interpuso una demanda al Estado peruano exigiendo un marco legal que regule el abastecimiento de medicamentos para todos, sin distinciones.

De acuerdo a la información recabada por las autoridades, el 31 de octubre, Pedro Pablo y su amiga habían celebrado el Día de la Canción Criolla, popular festividad peruana, junto a dos hombres.

“Tenemos un video donde aparece uno de los chicos y se lo hemos pasado a la Policía. Incluso los policías nos comentaron que hace cuatro días en un hotel cercano, estos dos sujetos asesinaron a otra persona de la misma forma, por eso les hemos dado los detalles de la relación que tenían para que puedan llevar una buena investigación. Les dijimos que uno de ellos decía que era pareja de Pedro Pablo”, dijo a Presentes un familiar del destacado activista.

Huapaya-MoralesHuapaya Morales,

Al día siguiente, al ver que Pedro Pablo no contestaba el teléfono, su familia ingresó a su vivienda, encontrando un desgarrador escenario. En el primer piso yacía el cuerpo de Huapaya Morales y en el segundo nivel hallaron los restos maniatados de Prada García, según declaraciones dadas a la Fiscalía por parte de sus familiares.

“La verdad que nos ha chocado muchísimo porque ellos eran personas tranquilas, muy queridas en el barrio, no se metían con nadie. Los dos realizaban acciones de ayuda a los migrantes venezolanos, y mira lo que les hacen. Qué rabia, qué impotencia da”, dijo a Presentes Francisca Vara Gutiérrez, amiga y vecina de las víctimas.

La investigación la lleva actualmente el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Transitoria de La Victoria, a cargo de la Dra. Ingrid Melody Estrada Joaquín, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima. La Fiscalía no quiso contestar las preguntas de Presentes.

Rocky Gómez Sangama, joven chef y activista

También el 1 de noviembre, en la habitación que alquilaba en Ventanilla (Callao), fue encontrado golpeado y maniatado el cuerpo en descomposición de Rocky Gómez Sangama (34), un joven chef conocido por activistas gay de Iquitos, su ciudad natal.

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De acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad del lugar, se ve que Rocky ingresa con un hombre a las dos de la tarde del pasado 28 de octubre. Tres horas después, se ve al mismo acompañante saliendo solo, con una mochila y dos bolsas, vistiendo la ropa de la víctima.

«Nosotros tratábamos de llamar desde hace días, pero no contestaba. Una persona allegada a la familia llamó y le contestó alguien diciendo que no le llamemos, tenía acento venezolano, no lo llames, dijo esa persona” declaró a los medios locales una de las amigas de Rocky.

 El caso recayó en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ventanilla bajo la responsabilidad de la fiscal adjunta provincial, Regina Céspedes Lucero.

Por su parte, la mamá de la víctima pide ayuda para trasladar el cuerpo de su hijo hasta Iquitos, ciudad ubicada en la región amazónica del Perú.

Los medios

A pesar de las características de ambos crímenes, los medios periodísticos y las autoridades solo barajan el robo como el principal motivo de los asesinatos.

Cabe destacar que Perú es uno de los países de la región con menos avances en materia legal para personas LGBTI. La justicia peruana no contempla la figura de crímenes de odio, tampoco reconoce la identidad de género de las personas trans y no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Fuente Agencia Presentes/Agencias

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Asesinado Pedro Pablo Prada, histórico activista LGTBI y por los derechos de las personas con VIH en Perú

Jueves, 11 de noviembre de 2021

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Terrible noticia la que nos llega desde Perú. Pedro Pablo Prada, histórico activista LGTBI y por los derechos de las personas con VIH en ese pais, fue asesinado en la madrugada del pasado 1 de noviembre en La Victoria (Lima). Prada fue una de las personas que más lucharon en su momento para conseguir el acceso gratuito a los tratamientos contra el VIH en Perú.

Según relata Wayka, Pedro Pablo Prada de 68 años, fue asesinado en su domicilio junto a Raúl Huapaya, de 52. El activista había organizado una pequeña celebración en la que también estuvieron presentes dos hombres a los que recientemente había contratado para que le ayudaran con la limpieza. Al día siguiente, al no tener respuesta a sus llamadas, sus familiares acudieron su domicilio, donde encontraron los dos cadáveres con signos de haber sufrido torturas. Las primeras sospechas recaen sobre los dos invitados antes mencionados, en paradero desconocido. Activistas peruanos reclaman que se haga justicia y que se investigue como un posible delito de odio, y para ello se están movilizando en redes sociales bajo es hashtag #JusticiaParaPedroPablo. El Ministerio peruano de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por su parte, ha lamentado el asesinato y ha demandado también justicia.

Pedro Pablo Prada, que llevaba 32 años viviendo con VIH, presidía el colectivo Peruanos Positivos y era colaborador de la organización AIDS Healthcare Foundation en Perú (AHF Perú). Prada fue, de hecho, una de las personas que luchó con más ahínco en favor de las personas con VIH en ese país. En el año 2000, junto a otros cuatro pacientes seropositivos, demandó al Estado peruano para exigir el acceso gratuito y universal a la terapia antirretroviral, una demanda que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias en parte a esta lucha, en el 2004 el Gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Rotatorio Mundial para la lucha contra el VIH para otorgar tratamiento gratuito.

Hace pocos meses, el propio Pedro Pablo Prada recordaba cómo fue el proceso en una entrevista a Salud con lupa, un medio latinoamericano especializado en Salud Pública. «La demanda duró unos tres años. Demoró mucho y mientras tanto las personas con VIH seguíamos muriendo sin tener la posibilidad de recibir un tratamiento. Al final, tuvimos una respuesta negativa», contó. En ese momento acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Tuvimos que esperar tres años más para recibir una respuesta. Pero el hecho de llevar la demanda a instancias internacionales hizo que cuando llegó el Fondo Mundial para comprar antirretrovirales, el Estado sintiera la presión de crear un plan de atención de VIH en el Perú y dar acceso universal a los fármacos», explicó.

Una demanda que se acabó ganando, lo que sin duda contribuyó a mejorar la atención a las personas con VIH en Perú. «No fue exactamente la demanda, porque nosotros ganamos un año después de que llegó el Fondo Mundial. Yo diría que fuimos una parte del cambio. El solo hecho de acceder a los antirretrovirales ya era un gran cambio. Pero después los médicos se informaron más sobre la enfermedad, poco a poco fueron dejando de vestirse de astronautas para atendernos. También, se nos incluyó en la mesa de trabajo para la creación del programa de VIH, es decir, dejamos de ser conejillos de indias para convertirnos en personas con una voz. Sin embargo, aún hay muchas cosas que se deben mejorar, como el trato más humanizado, aún se siente la discriminación (a través de gestos, por ejemplo) y nosotros somos muy sensibles a ellos. Yo pienso que el personal de salud debe recibir capacitaciones para saber cómo tratar a personas con VIH», añadía a Salud con lupa.

Insertamos a continuación el tuit de Conexión Vida que incluye un vídeo con imágenes y declaraciones del activista:

Fuente Dosmanzanas

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La Corte Interamericana de DDHH definirá el derecho al afecto público de personas LGBTIQ+

Sábado, 30 de octubre de 2021

cidhEl caso “Olivera vs Perú” es un caso nuevo para la jurisprudencia de la Corte IDH, que nunca ha tratado las muestras de afecto en público de personas LGTBIQ+.

Diecisiete años han pasado desde el día en que Crissthian Olivera y su pareja de entonces (fallecida en enero de 2020) fueran discriminados y retirados de un supermercado. Se estaban dando muestras de cariño frente a todos, al igual que otras parejas -heterosexuales- que también estaban por ahí y a las que nadie señalaba.

Indignados por la injusticia que estaban viviendo, en 2004 se convirtieron en los primeros peruanos que denunciaban un acto de discriminación homofóbica en un contexto social fuertemente represivo para las personas LGTBIQ+. Las instituciones del Estado terminaban reflejando lo que la sociedad sostenía: que los homosexuales no podían “exhibirse” en las calles, que tenían que estar encerrados en sus casas o en cuartos de hoteles para amarse.

“Era el primer caso de discriminación por orientación sexual que se presentaba en el 2004 y no había la conciencia que ahora existe medida frente a los derechos de las personas LGTBI. Estaba esta situación de estigma y discriminación que existe a nivel de la sociedad y la cultura, y en el sistema legal, de la administración de justicia, Indecopi (el ente que protege al consumidor) y el Poder Judicial lo reprodujeron, y por eso no se nos dio la razón y no encontramos justicia, porque un conjunto de derechos humanos y garantías judiciales no se respetaron durante todo el proceso”, dijo Crissthian a Presentes.

El camino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Chrisstian-Olivera-El 16 de setiembre, luego de que la Corte IDH decidiera revisar su caso, la defensa de Olivera entregó el informe ESAP (Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas), en donde las entidades peticionarias y las víctimas precisan cuáles son sus reparaciones y las motivaciones estructurales que plantea el caso. Esta también se envía al Estado peruano, que tiene dos meses para contestar el documento. Luego la Corte IDH toma algunas decisiones con miras a una audiencia del caso, que se calcula que sea en marzo de 2022.

El abogado de Crissthian, Carlos Zelada, señaló que el caso brinda la oportunidad a la Corte de abordar el tema de las expresiones de afecto de las personas LGTBIQ+ en los espacios públicos. Esto importante en la actualidad, frente a los ataques contra los avances en protecciones y garantías hacia la diversidad sexual y de género. Se usan las excusas como “el interés superior del niño” o “la moral y las buenas costumbres” para restringir, limitar, obstaculizar o negar derechos.

“Buscamos que se le haga justicia a Crissthian, quien ha tenido mucho temple y una resiliencia enorme, en un contexto más difícil, para demandar a una empresa. Esto marca un hito no solo para que a él se le repare, sino también para hacerle justicia a tanta gente que ha pasado por situaciones peores y no pudieron alzar la voz. Esperamos que el Estado peruano le pida perdón por lo que no supieron hacer en su momento. El caso también plantea la atención de la salud mental para quienes han sido discriminados y va en la línea de otros casos emblemáticos que ya ha tenido la jurisprudencia como el de Atala”, dijo Zelada a Presentes.

Un fallo favorable cambiará paradigmas

ORGULLO_2019_LIMA_EMpride-29-de-113-645x322Este es un caso nuevo para la jurisprudencia de la Corte, que nunca ha tenido un tema referido a las muestras de afecto en público de personas LGTBIQ+, ni al accionar de las empresas en estas circunstancias, por lo que su decisión va a ser de interés regional e impactará en todos los países parte.

Si la Corte IDH resuelve positivamente el caso, sentará jurisprudencia sobre los afectos públicos y cambiará paradigmas en el sistema judicial sobre el estándar probatorio para casos de discriminación. Así también, abrirá las puertas a que el Estado peruano diseñe políticas para la población LGTBIQ+, designe a una entidad responsable de elaborar e implementar estas políticas, y dimensione el impacto de los actos de discriminación de los que son víctimas las personas LGTBI en su salud mental.

“Animo a que siempre denuncien los casos de discriminación que puedan tener en sus vidas, que no se dejen amilanar ni por los agresores ni por el sistema que a veces te orilla a declinar, a tirar la toalla. Sabemos que justicia que tarda no es justicia, pero nunca es tarde para la igualdad. A pesar de todos los años que han pasado, ha valido la pena para los frutos que vamos a tener”, finaliza Crissthian.

Fuente Agencia Presentes

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Poder Judicial peruano reconoce la comaternidad, tras 5 años de lucha de Jenny y Darling

Viernes, 22 de octubre de 2021

7E34581F-2721-463E-B11A-BF30E134A3C6Jenny Trujillo Cueva y Darling Delfín Ponce empezaron la lucha en 2016 para que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reconozca en el DNI de su hijo la comaternidad.

El 13 de octubre, en el marco del Día de las Rebeldías Lésbicas, el Poder Judicial peruano decidió resolver a favor de la demanda de amparo presentada por dos madres lesbianas para que sus apellidos consten en el documento de identidad de su hijo.

Jenny Trujillo Cueva y Darling Delfín Ponce empezaron la lucha en 2016 para que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reconozca en el DNI de su hijo la comaternidad y ponga sus apellidos al momento de expedir este documento.

En febrero de 2012, la pareja se casó simbólicamente en Lima, en un evento que organiza la Red Peruana TLGB desde hace 16 años cada 14 de febrero por el Día del Amor: “El amor no discrimina”. Ese mismo año Darling y Jenny se casaron legalmente en México y en agosto de 2014 nació Dakarai, su hijo. Un año después decidieron volver a su país. En México ellas son automáticamente madres de Dakarai por estar casadas, y así se registra en su partida de nacimiento. En Perú esa posibilidad se les había negado una y otra vez.

Finalmente, el Segundo Juzgado Constitucional de Primera Instancia de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidido por el juez Jonathan Valencia, les ha dado la razón y declaró fundada en parte la demanda que interpusieron las dos madres y ordenó la inscripción de sus apellidos reconociendo la relación filial de ambas con su hijo. Lamentablemente, la resolución declaró improcedente otros derechos que se venían vulnerando como el derecho a no ser discriminadas por su orientación sexual y el derecho a ser madres.

La resolución ordena que Reniec proceda a inscribir en el DNI del menor a ambas madres y lo exhorta a que tenga en cuenta siempre el interés superior del niño al momento de emitir actos administrativos en los cuales se pueda generar indefensión y perjuicio a niños, niñas y adolescentes, conforme a la protección que da las normas nacionales y supranacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú.

Derechos vulnerados de las madres lesbianas y sus hijos

La demanda presentada por Jenny y Darling señala una serie de derechos que están siendo vulnerados al negársele al niño el DNI con los apellidos de sus dos madres. En lo que respecta al niño, a su identidad; a su personalidad jurídica; a no ser separado de sus madres; a la protección de su familia; y a no ser discriminado por la orientación sexual de sus madres. También en lo que respecta a Jenny Trujillo el derecho a ser madre, como parte de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la privacidad; y el derecho a no ser discriminada por su orientación sexual.

Las consideraciones legales para proteger a la familia de Jenny y Darling 

En la decisión final del juez pesaron las siguientes consideraciones legales, que pueden tomarse en cuenta para otras demandas de familias LGTBI:

1- Los artículos 2 y 4 de la Constitución Política del Perú, los cuales precisan que es un derecho fundamental de la persona la igualdad ante la ley y que el Estado protege especialmente al niño, a la familia y promueve el matrimonio, respectivamente.

2- La Sentencia 02132-2008-PA-TC del Tribunal Constitucional, que declaró que es un deber especial de protección del menor, previsto constitucionalmente, el principio de protección del interés superior de los niños; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 11 y 17, y la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 16, que garantizan el derecho del niño a la vida familiar.

3- Asimismo, la Constitución peruana establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, no obstante, ésta “no ha definido el concepto de familia, menos aún lo ha limitado a una modalidad determinada. Por el contrario, se ha entendido que el concepto de familia debe interpretarse en un sentido amplio”.

4- El Caso Atala Riffo y niñas vs Chile, en donde la Corte IDH señaló que: «no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo “tradicional” de la misma», debido a que no existe un modelo específico de familia.

Fuente Agencia Presentes

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La Junta Nacional de Justicia de Perú investiga a juez supremo por LGBTodio

Miércoles, 20 de octubre de 2021

7D9076BF-5C5F-4BCC-A0B4-8C8EF9E182FCEl juez supremo Javier Arévalo Vela llamó a la homosexualidad “anormalidad” y “problema psicológico” en un escrito de carácter público.

La Junta Nacional de Justicia de Perú, ente encargado de nombrar y ratificar a jueces y fiscales, y destituir a los que transgredan sus responsabilidades, decidió abrir una investigación al juez Javier Arévalo Vela por emitir comentarios discriminatorios contra la población LGTBIQ+. El magistrado llamó a la homosexualidad “anormalidad” y “problema psicológico” durante el debate por la inclusión de la Regla 4, que considera a la orientación sexual y a la identidad de género como causales de vulnerabilidad, en la adhesión del Perú a las Reglas de Brasilia. 

Las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad” son un instrumento aprobado en 2008 en la Cumbre Iberoamericana Judicial, al que se adhirió el Perú en 2010, y que busca que el sistema de justicia contribuya a la reducción de las desigualdades sociales de las personas más vulnerables.

Diez años después, en julio de 2020, el Perú tenía que aprobar la adhesión a la actualización de las Reglas. La tarea de revisar la adhesión recaía en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que decidió aprobarla, pero con una excepción: la Regla 4. 

Los “argumentos” usados por el juez Arévalo Vela para que las personas LGTBIQ+ fueran excluidas del pacto, y que convencieron a los cinco miembros del Consejo Ejecutivo de ratificar esta decisión, fueron:

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biológicamente, solo es admisible la existencia del género masculino (varón) y el femenino (mujer); así como en condiciones normales la orientación sexual solo puede ser de carácter heterosexual, es decir, de hombre a mujer (y viceversa)”.

“…personas que, por motivos psicológicos o sociales, tienen una orientación sexual hacia personas de su propio género o que se identifican como parte de un sexo que, biológicamente, no les corresponde”.

“en consecuencia, no puede considerarse como causas de vulnerabilidad a la orientación sexual e identidad de género, pues, de ser así, resultaría que estaría aceptando como causal de vulnerabilidad el ser varón o mujer, o el identificarse con tales calidades”.

Más de un año después, el 3 de setiembre de 2021, la Junta Nacional de Justicia decidió abrir una investigación preliminar de oficio contra el juez Arévalo Vela, por haber incurrido presuntamente en un acto de discriminación. Esto fue a pedido de las organizaciones DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y LIFS-Lesbianas Independientes Feministas Socialistas), y como parte de la campaña Justicia Arcoíris, que busca enfrentar la impunidad en los casos de discriminación y violencia por orientación sexual y de género que afecta a la población LGTB en Perú. Se le dio un plazo de diez días para que responda a las alegaciones que se hacen en su contra.

Para la socióloga Sayda Lucas, representante de DEMUS, “la apertura de esta investigación preliminar es muy importante a nivel jurídico, pero también a nivel simbólico social, porque el mensaje es clarísimo: no puede quedar impune una persona con cargo público, que realiza afirmaciones discriminatorias basadas en la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de las personas. La JNJ tiene la oportunidad de ponerle un alto a los jueces y juezas que incurran en declaraciones o actos discriminatorios contra las personas LGTBIQ+”.

Fuente Agencia Presentes

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Recordatorio

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