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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado chileno por impedir dar clases de religión a una profesora lesbiana

Lunes, 25 de abril de 2022

DFD43DEB-CE99-48BC-A74E-3391742055AELa Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado chileno por impedir desde 2o07 a la profesora Sandra Pavez dar clases de religión solo por ser lesbiana. «Estoy muy contenta porque desde ahora, con esta sentencia, en ningún país de América los docentes, y en particular las profesoras y profesores de religión, ya no podrán ser discriminados por su orientación sexual o identidad de género. La libertad religiosa y el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos/as, ya no podrán usarse como excusa para discriminar a las personas LGBTIQA+. Esto es un momento histórico no para mí, sino para todas las personas discriminadas», ha declarado Pávez tras conocer el fallo.

Resumimos la historia de discriminación que hay detrás de la histórica sentencia. En julio de 2007 la Iglesia católica revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le permitía dar clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde ejercía como profesora desde 1985. Lo hizo por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, aún en el cargo. La razón era que se había hecho público que Sandra Pavez es lesbiana y mantenía una relación con otra mujer, habiéndose negado además a someterse a «terapias» psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para intentar revertir su orientación sexual. La Iglesia católica actuó amparada en un decreto del Ministerio de Educación chileno (el Decreto 924) dictado en 1983 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que faculta a la Iglesia a decidir quién puede o no impartir la asignatura, aunque se trate de un colegio público.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) luchó en los tribunales chilenos por el derecho de Sandra Pavez a continuar ejerciendo su trabajo, pero finalmente la decisión de la Iglesia católica fue ratificada por la Corte Suprema de Chile en abril de 2008 (en su momento recogimos la noticia). Sandra Pavez y el MOVILH no se rindieron y elevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que casi 15 años después ha fallado a su favor.

En la sentencia, cuyo texto íntegro puedes descargar aquí y cuyo resumen oficial puedes descargar aquí, la CIDH reconoce que las autoridades religiosas chilenas cuentan con autonomía amplia a la hora de otorgar un certificado de idoneidad para dictar clases de religión que derivan del derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, precisa que, al ser una asignatura que al fin y al cabo forma parte de los planes educativos de la escuela chilena deben adecuarse a los otros derechos y obligaciones vigentes en materia de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la Corte advierte que el Decreto 924 hace una delegación incondicionada de la facultad de otorgar certificados de idoneidad a personas para ejercer la docencia religiosa en establecimientos públicos sin que exista una vía clara para impugnar este tipo de decisiones. En este sentido, reconoce que la decisión de conceder o no el certificado de idoneidad por parte de las autoridades religiosas debe estar sujeta a un control posterior por parte de las autoridades estatales o a recursos idóneos y efectivos ante las autoridades jurisdiccionales para proteger y salvaguardar los derechos de las personas contra actos discriminatorios o arbitrarios contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este sentido, la CIDH constata que en el caso de Sandra Pavez la decisión de retirarle el certificado de idoneidad fue producto de un trato diferente basado en su orientación sexual, viéndose afectados sus derechos a la libertad personal y a la vida privada y vulnerándo el principio de igualdad y no discriminación. Esa afectación, podemos leer en el resumen oficial de la sentencia, «se produjo también porque su vida sexual fue objeto de intromisiones por parte de la Vicaría que la habría exhortado a terminar su vida homosexual, y porque se condicionó su permanencia en el cargo de profesora de religión católica a su sometimiento a terapias médicas o psiquiátricas». Por otra parte, la CIDH considera que el derecho al trabajo de Sandra Pavez también se vio comprometido «en la medida que, a través de la reasignación de funciones que sufrió Sandra Pavez Pavez, se menoscabó su vocación docente y ello constituyó una forma de desmejora laboral en la medida que ella se vio impedida de continuar dictando clases de religión católica».

Por lo que se refiere a la responsabilidad del Estado chileno, la Corte concluye que la víctima careció de recursos idóneos y efectivos para impugnar los efectos de la decisión de revocación de su certificado de idoneidad y sostiene que las autoridades judiciales internas no efectuaron un adecuado control de convencionalidad sobre el acto del colegio mediante el cual se separó a Sandra Pavez Pavez de su cargo de profesora de religión católica. Por esos motivos, se vulneraron también los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

En razón de estas violaciones, la CIDH ha ordenado diversas medidas de reparación integral a Chile, que incluyen tanto una indemnización compensatoria a Sandra Pavez como el establecimiento de garantías de que un caso así no puede volver a repetirse, para lo cual el Estado chileno deberá implementar un plan de capacitación permanente a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y adecuar la normatividad sobre recursos, procedimiento y competencia judicial para impugnar decisiones de los centros educativos públicos en torno al nombramiento o remoción de profesores de religión.

Satisfacción del MOVILH y felicitación del presidente de Chile, Gabriel Boric

El dirigente del MOVILH, Rolando Jiménez, ha destacado la satisfacción del colectivo por la decisión de la CIDH pese al enorme retraso. «Estamos en presencia de un acto de justicia frente a unos de los abusos más brutales sufridos por una persona en razón de su orientación sexual o identidad de género en Chile», ha declarado. Jiménez ha añadido que «en un hecho inédito en el mundo, Sandra Pavez ha vencido al Estado, pero también a todas las iglesias del país que el año pasado se unieron por primera vez en su historia para incidir en la Corte Interamericana con el fin de que negara derechos a la docente en virtud de una supuesta libertad religiosa. La Corte ha sido clara, el Estado no puede discriminar en razón de la orientación sexual o identidad de género, ni tampoco puede permitir a las iglesias hacerlo. Esta es una sentencia histórica, de doble triunfo, sobre los abusos religiosos y estatales».

Un dato muy relevante es que tras conocerse la sentencia, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ha felicitado personalmente a Pavez. «Valoro mucho que el presidente me llamara, me felicitara y mostrara su compromiso de cumplir con la sentencia. Esta es una justa y buena noticia de parte de un presidente por quien voté», ha declarado la profesora, que en estos 15 años, y según ella misma ha declarado, no había recibido ningún tipo de apoyo gubernamental. La sentencia también ha sido recibida favorablemente por el actual ministro de Educación, el abiertamente gay Marco Antonio Ávila, que ha anunciado la próxima revisión del Decreto 924 en la línea de lo señalado por la CIDH.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Pese a su victoria en las elecciones generales, Orbán fracasa en su intento de demostrar vía referéndum el apoyo popular para sus medidas anti-LGTBI

Viernes, 8 de abril de 2022

13968854263210El ultraconservador Viktor Orbán ha vuelto a imponerse en las elecciones parlamentarias que han tenido lugar este domingo en Hungría. Sin duda, una mala noticia para los ciudadanos LGTBI de ese país. Sin embargo, la jornada electoral nos deja una noticia prometedora: el referéndum homófobo y tránsfobo que Orbán había convocado con objeto de conseguir el refrendo público de sus medidas contra la población LGTBI y sacar pecho ante la Comisión Europea ha fracasado, al no haber obtenido el número mínimo de votos válidos.

Coincidiendo con las elecciones generales, el Gobierno de Orbán había promovido un referéndum para validar la legislación anti-LGTBI aprobada el año pasado por el Parlamento de Hungría. La ley, que prohíbe la difusión de contenidos positivos sobre diversidad afectivo-sexual y de género a menores, ha llevado a la Comisión Europea a emprender un procedimiento de infracción contra Hungría que todavía se encuentra en curso.

El referéndum se articulaba en torno a cuatro preguntas: «¿Apoya la enseñanza de la orientación sexual a menores de edad en las instituciones de educación pública sin el consentimiento de los padres?», «¿Apoya la promoción de las terapias de reasignación de sexo para niños menores de edad?», «¿Apoya la exposición de los niños menores de edad a contenidos sexualmente explícitos que puedan afectar su desarrollo?» y «¿Apoya que se difunda en medios contenido sobre cambio de sexo a menores?». Al margen de lo tramposo de las preguntas, su objeto no era otro que el de sacar músculo ante la Comisión Europea y vender que las recientes leyes anti-LGTBI cuentan con el respaldo masivo de la población húngara.

La convocatoria del referéndum había sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, que sin embargo se mostraban esperanzadas por algunos datos que muestran que la retórica anti-LGTBI de Orbán no cuenta con el respaldo mayoritario de la población húngara. Desde ILGA-Europa, por ejemplo, se recordaba el pasado viernes el récord de asistentes al Orgullo de Budapest en julio pasado, cuando unas 35.000 personas marcharon por las calles de la capital húngara en favor de los derechos LGTBI. También recordaba que según una encuesta representativa encargada por Amnistía Internacional y la Sociedad Háttér y realizada por la agencia Medián entre el 13 y el 19 de julio de 2021, el 73% de los húngaros rechaza la idea, promovida por el Gobierno de Orbán, de que las personas LGTBI abusan o dañan a los niños. Una clara mayoría (74,5%) creía además que las personas transgénero deberían modificar su género y nombre en los documentos oficiales, mientras que el 59% apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De hecho, las organizaciones LGTBI húngaras se mostraban esperanzadas de que el referéndum fracasaría, al no ser capaz de alcanzar el mínimo del 50% de votos emitidos válidos. Para conseguir ese objetivo, llamaban no a votar no o a abstenerse, sino a invalidar su papeleta de voto en el referéndum. Así ha sido: para conseguir que el referéndum fuese válido, debían alcanzarse en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, al 96% del escrutinio, el número de votos válidos se encontraba en torno a los 3,4 millones, muy lejos del umbral necesario. 2,7 millones habían votado «no» a las 4 preguntas, mientras que el número de votos inválidos superaba el millón y medio.

Cabe precisar que el fracaso del referéndum no impide que la ley siga en vigor, pero sí que supone un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento, en esta materia, con la Comisión Europea.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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La LGTBIfobia motivó el 32% de las denuncias por discriminación en Barcelona en 2021

Martes, 22 de marzo de 2022

stop-lgbtfobia-en-la-iglesiaMás que preocupante tendencia la que muestran los datos de la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, hechos públicos hace pocos días. Los episodios de discriminación por LGTBIfobia constituyeron el 32% del total de situaciones de discriminación durante el pasado año 2021 en la capital catalana. En 2018, esas mismas situaciones supusieron el 16% del total.

El número total de situaciones de discriminación recogidas por la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona durante 2021 aumentó un 11% respecto al año anterior. En total, este organismo abrió 244 expedientes. El porcentaje más elevado correspondió, como en años anteriores, a episodios de racismo y xenofobia (34%), si bien este porcentaje se encuentra en tendencia descendente. Por detrás se situaron los episodios por LGTBIfobia (32%, en tendencia ascendente). A más distancia se encuentran otros motivos de discriminación, como la discapacidad (9%), la salud (7%), el género (6%) o la posición socioeconómica (5%).

En concreto, de las 78 situaciones de discriminación por LGTBIfobia detectadas, 50 fueron por homofobia, 25 por transfobia y 3 por lesbofobia. Más de la mitad de los casos correspondieron a insultos o tratos humillantes y vejatorios. Las agresiones físicas se elevaron hasta el 17%.

La LGTBIfobia en Cataluña, disparada

La tendencia de Barcelona se corresponde, de hecho, con la que globalmente muestran los datos de Cataluña en tiempos recientes. A principios de 2021, el Observatori contra l’Homofòbia informaba de 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020, una cifra que suponía un aumento del 25% respecto al año anterior. Y según datos recientes de los Mossos d’Esquadra, el número de denuncias por LGTBIfobia ascendió en 2021 a 215, más del triple que en 2016 (cuando se registraron 62 denuncias). La cifra supuso el 44% del total de denuncias por odio y discriminación registradas por la policía autónoma catalana el pasado año. La mayoría de denuncias fueron por homofobia (134), pero también las hubo por transfobia (42), lesbofobia (24) y contra el colectivo LGTBI en general (16).

En lo que va de año 2022, según la contabilidad que hace el Observatori contra l’Homofòbia en su página web, se tiene ya constancia de al menos 48 incidentes.

Entre ellos, la grave agresión tránsfoba ocurrida el pasado miércoles 9 de marzo en l’Hospitalet de Llobregat, donde un grupo de hombres se abalanzaron sobre una chica trans a la que golpearon salvajemente. Afortunadamente la intervención de los vecinos impidió que la agresión tuviera consecuencias fatales. Hay, de momento, un detenido:

La agresión mereció la condena de la alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín, entre otras personalidades. Precisamente el pasado jueves tuvo lugar un concentración de rechazo a la transfobia en la plaza del Ayuntamiento de dicha ciudad:

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Guatemala anuncia una marcha atrás de la ley que endurece las penas por aborto y prohíbe las uniones del mismo sexo

Lunes, 21 de marzo de 2022

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Guatemala: El Congreso archiva la ley que elevaba las penas por abortos y prohibía el matrimonio igualitario

Las críticas tanto internas como internacionales a la ley aprobada el pasado 8 de marzo por la mayoría conservadora del Congreso de Guatemala, que endurece aún más el aborto, prohíbe tanto el matrimonio igualitario como cualquier unión entre personas del mismo sexo e ilegaliza la educación en materia de diversidad sexual y de género, han llevado al presidente del país a pedir su retirada y asegurar que no la refrendará si llega a su mesa.

La ley «para la protección de la vida y la familia» es un compendio de todas las posiciones reaccionarias en materia de diversidad sexual y de género, a la que estigmatiza como «el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano» [sic]. En consecuencia, prohíbe explícitamente tanto el matrimonio igualitario como cualquier tipo de unión entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental y cualquier tipo de medida educativa que suponga aceptar «como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad»  o que «sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».

A este ataque a la diversidad sexual y a la libertad de cátedra en educación se le suma el endurecimiento de las condenas a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En Guatemala, la interrupción del embarazo solo está permitida en el caso en el que la vida de la madre corra peligro. El resto de abortos no amparados por este supuesto tienen una pena de prisión establecida de uno a tres años de cárcel, que con la nueva ley se amplía desde los cinco hasta los diez años de prisión. A su vez, se incrementan las penas para médicos y demás personas que participen en la interrupción del embarazo no deseado de una mujer que no cumpla el supuesto de peligro para la madre.

La aprobación de la ley, que tenía lugar precisamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, coincidía en el tiempo con la celebración de un evento en el que Guatemala era declarada «Capital Iberoamericana Provida» y en el que el presidente guatemalteco, el derechista Alejandro Giammattei, invitaba a «proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas». Los legisladores que aprobaron la ley defendieron que esta era necesaria porque «grupos minoritarios de la sociedad proponen formas de pensar y prácticas que son incongruentes con la moral cristiana». Una incongruencia que parece preocupar más a los legisladores cristianos que los 24 muertos de la comunidad LGTB en Guatemala en 2019los 19 asesinados en 2020 (pese al encierro decretado en el país a causa del coronavirus) o las 28 víctimas contabilizadas hasta octubre de 2021, unos asesinatos que siguen aumentando hasta el día de hoy.

Sin embargo, la intensa reacción tanto interna como exterior a la aprobación de la ley parece haber dado un vuelco a la situación. Las protestas de numerosos colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, las críticas del procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas (que ha asegurado que la ley viola varios acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Gobierno del país centroamericano) y la repercusión negativa de la noticia a nivel internacional, seguramente mucho mayor de la esperada por sus promotores, ha provocado que el presidente Giammattei se desvincule ahora del texto, al afirmar que no fue una iniciativa de su gobierno y que «nada tiene que ver» con la declaración de Guatemala como «Capital ProVida de Iberoamérica».

Es más, el presidente guatemalteco asegura que la ley «viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria, adolece de deficiencias técnicas en su redacción, pero lo más preocupante es que viola la Constitución política de la República» por lo que ha pedido a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, su archivo, asegurando que si no es así y el texto acaba por llegar a su despacho lo vetará.

Estaremos atentos a lo que sucede finalmente.

Fuente Dosmanzanas

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Australia: el principal acusado confiesa el asesinato de Scott Johnson en 1988, crimen homófobo catalogado inicialmente como un suicidio

Sábado, 26 de febrero de 2022

1461822134666Más de 33 años desde la muerte de Scott Johnson, catalogada inicialmente como un suicidio, los hechos empiezan a aclararse. En 2018, la policía australiana por fin admitió que el estadounidense fue víctima de un delito de odio, como siempre defendió su hermano Steve. Dos años después era arrestado un hombre de 49 años, Scott White, como principal sospechoso de la muerte de Scott Johnson. Ahora, White ha confesado por fin el crimen, que se enmarca en una serie de asesinatos homófobos cometidos en Sídney y alrededores por bandas de jóvenes y que quedaron en su mayoría impunes por la desidia policial.

Scott Johnson era un joven estadounidense de 27 años, que se encontraba en Australia completando su doctorado en Matemáticas y que había solicitado el permiso de residencia para continuar en el país. En diciembre de 1988 su cuerpo fue encontrado, desnudo, al pie de un acantilado en las afueras de Sídney. Se trataba de una zona cercana a un área de cruising, a la que muchos homosexuales de la época acudían para contactar y mantener relaciones. El caso fue despachado por la policía de la época como un suicidio, a pesar de que no existían razones aparentes para que el joven tomara esa decisión.

Su hermano Steve, residente en Estados Unidos, siempre estuvo convencido de que Scott fue víctima de un delito de odio. Su hipótesis no era descabellada: era la época más dura de la pandemia del sida, en la que había florecido entre ciertos grupos de Sídney una cultura de odio hacia los homosexuales y las agresiones estaban a la orden del día. Pese a lo cual no existía en las autoridades la sensibilidad que hoy existe ante los delitos de odio homófobo.

Bien fuese porque Scott fue arrojado al vacío por sus asesinos, bien porque cayó cuando huía de sus agresores, su hermano estaba convencido de que su muerte fue violenta. Durante años, de hecho, el propio Steve Johnson, hoy un adinerado empresario tecnológico, gastó de su propio bolsillo cerca de un millón de dólares en intentar conseguir pistas que le permitiesen abrir el caso. Pese a lo cual, hasta 2018, las autoridades australianas siempre se habían negado. Ese año, sin embargo, la propia policía australiana admitía por fin como muy probable que Scott Johnson fuese víctima de un delito de odio cometido por dos o más agresores y decidía reabrir la investigación.

En mayo de 2020, la policía arrestaba a un hombre de 49 años, Scott White, bajo la acusación de ser el autor del asesinato. El pasado 10 de enero, White cambiaba su declaración de «no culpable» a «culpable». Aunque sus abogados alegaron que el acusado tenía problemas mentales, el juez del Tribunal Supremo que lleva el caso lo declaró culpable de los hechos. La confesión se había realizado, explicó, «en voz alta y clara, y de una manera enérgica y con determinación». El arrestado permanecerá bajo custodia hasta recibir su sentencia el próximo 2 de mayo. Steve Johnson ha manifestado su «alivio» por la confesión. «Pienso en mi hermano y en las muchas personas que lo querían e intentaron conseguir este resultado», declaró.

Una época negra sobre la que por fin se arroja luz

Las nuevas noticias sobre la muerte de Scott Johnson, posiblemente la más mediática de todas, están sirviendo en cualquier caso para rescatar del olvido lo sucedido durante una época en la que la violencia homófoba estuvo a la orden del día en Nueva Gales del Sur, sobre todo en las zonas de cruising, y durante la cual numerosas personas LGTB (sobre todo hombres que buscaban relaciones sexuales con otros hombres) fueron víctimas de agresiones e incluso asesinatos que en su momento quedaron impunes. Entre 1989 y 1999, por ejemplo, hay documentados cerca de 80 asesinatos homófobos en la zona, de los cuales 30 permanecen sin resolver.

El Parlamento de Nueva Gales del Sur, de hecho, decidió en 2018 abrir una investigación parlamentaria que saque a la luz la verdad sobre los delitos de odio cometidos contra la comunidad LGTB entre los años 1970 y 2010, algo que familiares y amigos de las víctimas llevaban años reclamando. El informe final de la comisión motivó la apertura de una investigación judicial en noviembre del año pasado.

 Fuente Dosmanzanas

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Al menos una decena de alumnos expulsados de un instituto de Bétera por una agresión homófoba a un profesor

Viernes, 25 de febrero de 2022

Aula gayAl menos una decena de alumnos del Instituto de Educación Secundaria Les Alfàbegues de Bétera (Valencia) han sido expulsados del centro tras protagonizar una agresión de carácter homófobo a un profesor, según ha informado À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Los hechos se produjeron después de que el profesor, Miquel Álvarez, interviniese para detener la protesta con banderas de España que un grupo de alumnos protagonizaba en el patio del centro en respuesta a que otras dos alumnas exhibiesen el día anterior una bandera arcoíris.

Según la narración de los hechos que hace À Punt, el miércoles de la pasada semana dos alumnas salieron al patio del centro portando una bandera arcoirís, lo que desembocó en una espontánea manifestación de apoyo que el mismo profesor que fue agredido al día siguiente les pidió detener por alterar la normalidad del centro. En cualquier caso, lo sucedido no gustó a otro grupo de alumnos, que respondieron al día siguiente acudiendo con banderas rojigualdas, lo que a su vez desembocó en otra numerosa movilización y en momentos de tensión. Miquel Álvarez intentó de nuevo detener lo que estaba sucediendo, con la significativa diferencia de que en esta ocasión el docente resultó agredido por alumnos de este segundo grupo, que le lanzaron objetos, le agarraron del pelo y le dirigieron insultos alusivos a su orientación sexual.

Los hechos, de una indudable gravedad, habrían desembocado por el momento en la expulsión de una decena de alumnos del grupo agresor, si bien la Consejería valenciana de Educación ha declinado dar más información, al involucrar a menores de edad. El caso, además, está ya en manos de la Fiscalía de Menores. La Consejería de Educación sí que ha activado Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia (PREVI), que entre otras medidas contempla asesoramiento y asistencia jurídica gratuita al profesorado.

Ya se conocen algunas reacciones significativas a lo sucedido en Bétera, algo que por otra parte refleja a la perfección cómo el discurso de odio, aireado de forma creciente desde las tribunas políticas y mediáticas de este país, va calando también entre los más jóvenes.  La alcaldesa de la localidad, Elia Verdevio, ha condenado la agresión. «Desde el Ayuntamiento apostamos por la diversidad, la igualdad, la no discriminación y la convivencia de nuestros vecinos y vecinas independientemente de la orientación sexual y la identidad de género», ha declarado. Sindicatos docentes como STEPV (Sindicat de treballadors i treballadores de l’ensenyament del País Valencià) o la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano han condenado también la agresión y se han puesto a disposición del profesor agredido y del centro. «Por fortuna, hechos como estos no son habituales en los centros educativos, pero desgraciadamente no es casualidad que una agresión tan grave como esta que se haya producido en un contexto político como el actual, con el auge de determinada ideología que fomenta estos comportamientos y no respeta ningún hecho diferencial», ha expresado STEPV en un comunicado. «Hechos como dste constatan la necesidad de seguir haciendo esfuerzos, poner todos los recursos necesarios e implicar a toda la sociedad para avanzar hacia la convivencia. El discurso LGTBIfóbico de la ultraderecha pasa factura introduciendo crispación y polarización en todos los entornos de la sociedad y en todas las edades», lamentan por su parte desde Comisiones Obreras.

El profesor agredido: «el discurso de odio está latente»

Miquel Álvarez, el profesor agredido, ha concedido una entrevista a À Punt, el medio que adelantó en exclusiva la noticia, en la que ha dado algunos detalles sobre lo sucedido. En concreto, ha aclarado que su petición a los alumnos de que retiraran las banderas rojigualdas no se debía a que estas fueran banderas de España, sino a que las estaban utilizando como provocación hacia otro sector del alumnado que el día anterior habían exhibido la bandera arcoirís el el patio, que por cierto él también pidió que se guardaran (sin ser por ello agredido). Álvarez considera que los adolescente simplemente están reproduciendo el discurso de odio que ven cada vez más presente en la sociedad. «El discurso de odio está latente y solo falta una chispa como esta para que se encienda todo», se ha lamentado.

«Yo no tengo miedo de seguir yendo a trabajar, hace ya años que soy docente y sé que hay que coger el toro por los cuernos y pensar que no van a poder contigo. Mi trabajo es ser docente y seguiré siéndolo, cueste lo que cueste», ha añadido, al tiempo que ha agradecido el apoyo recibido.

Fuente Dosmanzanas

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Condenadas dos mujeres de Villalón de Campos (Valladolid) por insultos homófobos: «Estás enfermo y tenías que estar en un manicomio como todos los maricones»

Sábado, 29 de enero de 2022

stop-lgbtfobia-en-la-iglesiaDos mujeres han sido condenadas por un delito de odio por dirigir insultos homófobos a un hombre en Villalón de Campos (Valladolid). El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha impuesto una condena de un año de cárcel y 960 euros de multa a a la más joven, Montserrat G.M., de 46 años, y de ocho meses de cárcel y 840 euros de multa a su madre, Antonia M.G., de 74 años. 

Según informa El Huffington Post, los hechos sucedieron el pasado 5 de octubre en torno al mediodía, cuando la víctima, tras haber acompañado a una amiga a su casa, se topó con las ahora condenadas, a las que ya conocía y que con anterioridad le habían dedicado insultos homófobos. Las ahora condenadas, sin mediar enfrentamiento previo, se dirigieron a él como «maricón», y al recriminarles su actitud y decirles que no iba a tolerar más insultos por su parte, la más joven de las dos mujeres comenzó a gritarle insultos del tipo de «maricón de mierda» y÷», vete para casa a dar por culo a tu padre». La madre se mostró algo más calmada, pero aun así se dirigió a él varias veces repitiendo el insulto «maricón» varias veces.

La víctima decidió en esta ocasión denunciar lo sucedido, denuncia que ha resultado en una condena de las dos mujeres como autoras de un delito contra los derechos fundamentales, aunque con una pena algo inferior a la solicitada por el fiscal (que había pedido para ambas quince meses de prisión y multa de 2.700 euros). Cabe destacar que al ser la pena de cárcel inferior a los dos años queda en manos del juez la decisión si enviarles efectivamente a prisión, en función de sus antecedentes y expectativas de comisión de nuevos delitos.

La sentencia considera suficientemente probados los hechos y entre las circunstancias de lo sucedido valora especialmente que las condenadas se dirigieran hacia el denunciante por su expresa condición de homosexual, así como que los insultos revelaban «un propósito que excede de la persona del denunciante, dirigiendo sus expresiones a la totalidad del colectivo homosexual a quien se quiere ver en un manicomio, como si se tratara de enfermos mentales». También incide en el hecho de que aunque la iniciativa partiese de la mujer más joven, su madre en ningún momento reprochó a su hija esa reacción, sino que la secundó repitiendo varias veces el insulto «maricón» en un tono de voz más calmado, «algo que consigue ese efecto publicitario que el delito de odio busca, el altavoz por el que se llega al mayor número de personas posibles con afán denigratorio».«

Fuente Dosmanzanas

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Una mayoría abrumadora de votantes del PSOE apoya la «ley trans»

Viernes, 28 de enero de 2022

F10B38FB-005C-4677-9C90-A63E81622121Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, que son de acceso público, arroja además que el apoyo es muy mayoritario entre los votantes del PSOE. Algo que no debería sorprender, pero que contrasta con la movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido.

La noticia que el pasado 9 de enero destacaba El País era que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 56,5 % de los españoles apoya la «ley trans» (un 27,6% la valora «muy bien», mientras que un 28,9% la valora «bien». Un 19,1% la ve «regular», un 8,1% la ve «mal» y un 10,9% la ve «muy mal». El País también destacaba como comentario adicional que casi un tercio de los que se declaran votantes del PP también la apoyan. En efecto, el porcentaje de votantes del PP que la ven «muy bien» o «bien» suma el 31,5%.

Desde dosmanzanas hemos querido conocer la opinión de otros votantes, y en concreto de los votantes del PSOE, dada la intensa movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido, que culminó en junio de 2020 con la distribución de un argumentario interno, firmado por los que entonces eran cuatro de sus secretarios, que se oponía abiertamente al principio de autodeterminación de género y defendía, de forma indirecta, la patologización de las identidades trans mantenida en la ley de identidad de género de 2007.

Es cierto que dichas posiciones han retrocedido tras el último Congreso del PSOE, celebrado el pasado mes de octubre, que incluyó finalmente entre sus resoluciones el apoyo expreso al anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, asegurando de forma explícita que «desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido». Pero también es cierto que el PSOE ha promovido a Carmen Calvo, firmante del ya mencionado documento transexcluyente en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE (cargo que ya no ocupa) a la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, lo que no resulta precisamente tranquilizador.

Un 75,3% de votantes socialistas, a favor

Pues bien, resulta que un abrumador 75,3% del electorado socialista, siempre según la encuesta de El País, apoya la «ley trans». En concreto, al 37,7% le parece «muy bien», mientras que al 37,6% le parece «bien». De las fuerzas políticas de las que se da información en este apartado, solo los votantes de Unidas Podemos tiene una opinión más favorable: el 79,6% de ellos la apoya (al 51% le parece «muy bien», mientras que al 28,6% le parece «bien»). Por detrás se situan los votantes de Ciudadanos (el 56% de ellos apoya la ley, sumando a los que la ven «muy bien» y «bien»), del PP y finalmente de Vox (solo un 19,7% de los votantes de la la formación de extrema derecha ven la ley «muy bien» o «bien», frente al 43,3% que la ve «muy mal»).

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Confiemos en que estos datos hagan avanzar de una vez el trámite parlamentario de un paquete legislativo que, ya sea en forma de dos leyes separadas o de una sola refundida, solo el empeño transexcluyente, y no precisamente del PP o de Vox, ha mantenido en suspenso desde hace años. Ya desde las elecciones generales de 2015 el Congreso de los Diputados cuenta con una mayoría parlamentaria que en teoría apoya los postulados del actual anteproyecto de ley. Mariano Rajoy, de hecho, dejó de ser presidente del Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura apoyada por una sólida mayoría. Han pasado casi siete años y ninguno de los intentos de superar el anacrónico marco legislativo español en materia trans y LGTBI ha tenido éxito. Tampoco, de momento, el derivado del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Ocurrirá en 2022?

Fuente Dosmanzanas

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El tribunal rechaza la “fea caza de brujas” de los activistas polacos por los carteles de la Virgen María del arcoíris

Martes, 18 de enero de 2022

Virgen_arcoirisImagen de la Virgen María LGBT+ distribuida por Elżbieta Podleśna (Amnistía Internacional)

Tres activistas LGBT+ en Polonia han sido absueltos una vez más de los cargos de “ofender creencias religiosas” por carteles de la Virgen María con un halo de colores del arcoíris.

Los carteles se distribuyeron en la ciudad de Płock en 2019 para protestar contra la creciente hostilidad anti-LGBT+ de la influyente Iglesia católica de Polonia, que tiene estrechos vínculos con el gobierno de derecha.

Las tres mujeres responsables, identificadas como Elżbieta, Anna y Joanna, enfrentaban una posible sentencia de dos años de prisión cada una si eran declaradas culpables de su activismo pacífico. En marzo del año pasado fueron absueltas, pero la fiscalía apeló esa decisión.

El miércoles (12 de enero), un tribunal desestimó la apelación, según Amnistía Internacional.

Catrinel Motoc, principal activista de Europa de Amnistía Internacional, dijo que la decisión es un “gran alivio” pero que no “oculta el hecho de que estas tres mujeres nunca deberían haber sido juzgadas en primer lugar.mLa distribución de carteles de la Virgen María con un halo de arcoíris nunca debe criminalizarse, por lo que es correcto que se rechazara la apelación contra su absolución”, dijo Motoc.

Continuó: “Desde el inicio del caso en su contra, más de un cuarto de millón de personas se han pronunciado para exigir que las autoridades retiren los cargos en un caso que se ha convertido en el símbolo de algunas de las tendencias contra los derechos humanos más inquietantes de Polonia. .

“No solo se está reduciendo el espacio para la libre expresión, el activismo y la protesta pacífica, sino que el clima de homofobia en el país está empeorando en medio de un aumento de los delitos de odio, la introducción de zonas ‘libres de LGBTI’ por parte de los ayuntamientos y los intentos de prohibir las marchas del Orgullo. .”

Motoc agregó que el caso ha “revelado una fea veta de homofobia patrocinada por el estado”. Afirmó que también había expuesto cómo el sistema de justicia penal de Polonia está “siendo utilizado para atacar, intimidar y acosar a los defensores de los derechos humanos simplemente por su activismo. Las autoridades polacas deben finalmente poner fin a su caza de brujas contra estos y otros activistas”, dijo.

Los fiscales argumentaron en la audiencia de apelación que el primer tribunal no fue lo suficientemente crítico con las acciones de las mujeres, según una transmisión en vivo de Twitter de la rama polaca de Amnistía Internacional.

Argumentaron que la Virgen María es un “símbolo importante para los católicos y no para los ateos y otros” y que el trío “lo sabía”.

Elżbieta, una de las tres activistas enjuiciadas, argumentó ante el tribunal que “la homosexualidad ya no está en la lista de trastornos mentales” por lo que lo que “está sucediendo en este tribunal va en contra de la ciencia y la dignidad”, según los tuits de Amnistía Polska.

Es un escándalo para mí”, dijo. “No quiero que [fobias] y [prejuicios] estén presentes en el discurso público o incluso dominantes”.

Ella continuó: “La comunidad cristiana en Polonia, la comunidad católica, no es homogénea. Lo que representas es la parte extrema. Tienes ambiciones de cambiar la ley, de castigar a quienes no lo permitan. Polonia es [un] estado secular”.

Anna le dijo al tribunal que su continua lucha por los derechos LGBT+ en Polonia ha atraído la atención mundial y dijo que “el mundo nos ha escuchado y ha escuchado nuestra batalla. No te llevarás nada más que aire porque cada vez es más difícil respirar libremente en Polonia”, dijo.

Agregó que la comunidad LGBT+ “no está protegida por el estado” y dijo que “no existe tal cosa como [un] crimen de odio basado en la orientación sexual”.

Según Amnistía Polska, el juez del caso tenía “objeciones a la calidad de la apelación” y finalmente la desestimó.

También subrayó la “importancia de la objetividad en tales procedimientos” y la necesidad de “igual acceso al espacio público por todas las partes”.

El caso Rainbow Virgin Mary intensifica la atención sobre los derechos LGBT+ en Polonia.

Polonia se ha enfrentado a un escrutinio mundial cada vez mayor después de que casi 100 gobiernos municipales o locales, casi un tercio del país, se autoproclamaron “libres de la ideología LGBTI”.

Los derechos LGBT+ en Polonia ya eran pocos y distantes entre sí. Las protecciones contra la discriminación solo existen (teóricamente) en el empleo, el país no ha legalizado el matrimonio igualitario y las parejas del mismo sexo no pueden adoptar o someterse a FIV en Polonia.

El parlamento de Polonia también está debatiendo una ley de “propaganda LGBT+” similar a las vistas en Hungría y Rusia. La cámara baja del parlamento del país debatirá el proyecto de ley el martes (12 de enero).

La reforma, denominada “Lex Czarnek” o “Ley de Czarnek”, daría al superintendente escolar el poder de vetar cualquier material didáctico proporcionado por organizaciones benéficas u otras organizaciones externas. Los superintendentes también podrían despedir a los directores sin previo aviso si no cumplen.

El Parlamento Europeo ha declarado a la UE una “zona de libertad LGBTIQ” en protesta simbólica contra las políticas discriminatorias promovidas en Polonia.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anunció en julio que emprendería acciones legales contra Polonia por sus leyes anti-LGBT+.

La comisión dijo que Polonia enfrentará acciones después de que “no respondió de manera completa y adecuada a su consulta sobre la naturaleza y el impacto de las llamadas ‘zonas libres de ideología LGBT'”.

Los funcionarios de la UE creían que estas declaraciones violaban potencialmente la ley de la UE con respecto a la no discriminación por orientación sexual.

LGBTfobia de Estado

En Polonia y Hungría, la situación de las personas LGBT + es cada día más difícil. Los gobiernos en el poder han implementado una política abiertamente LGBTfóbica. Los activistas LGBT + piden a las instituciones europeas que los protejan. Margot, una activista no binaria que se ha convertido en un símbolo en Polonia, anunció que “nuestra investigación muestra que el 70% de los polacos LGBT + tienen pensamientos suicidas” antes de abordar un SOS. “Cuando nos unimos a la Unión, firmamos los tratados y dimos nuestro acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la libertad, el estado de derecho. Estos valores no son respetados por Polonia hoy. Una de las respuestas debe ser financiera: es una de las herramientas más efectivas “, dijo a TÊTU el eurodiputado abiertamente gay Robert Biedroń.

 Con respecto a Polonia, cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente Pink News/Amnistía Internacional/Cristianos Gays

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Espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las leyes nacionales

Sábado, 18 de diciembre de 2021

justice-europeEl Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia en la que establece que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros aunque contravengan su legislación nacional. Según el TJUE, el hecho de que las leyes de un país no contemplen el matrimonio entre personas del mismo sexo o la filiación homoparental no debe ser motivo para que no se reconozcan los certificados de nacimiento expedidos en países donde ambas figuras son legales. No reconocerlos e impedir u obstaculizar que un menor obtenga los documentos de identidad necesarios vulneraría el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión. Se trata, pues, de un espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las legislaciones nacionales.

El caso se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apátrida, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadano de la Unión.

En abril de este año, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, este 14 de diciembre la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia, en la que interpreta las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

Así, Bulgaria debe expedir un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Según el TJUE, «es contrario a los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7 y 24 de la Carta privar al menor de la relación con uno de sus progenitores al ejercer su derecho de libre circulación o imposibilitarle el ejercicio de ese derecho o hacérselo excesivamente difícil en la práctica debido a que sus progenitores sean del mismo sexo».

Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La repercusión de esta sentencia es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones de Bostsuana mantiene la despenalización de las relaciones homosexuales

Sábado, 11 de diciembre de 2021

sweet-closure-botswana-agrees-to-recognise-trans-manMagnífica noticia: la justicia de Botsuana ha decidido mantener la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Lo ha hecho, además, con el acuerdo unánime de los cinco jueces que componían la sala de apelaciones ante la que el fiscal general de Botsuana había recurrido la decisión.

El Alto Tribunal de Botsuana ya despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en 2019, al anular la legislación heredada de la época colonial británica que las castigaba con hasta siete años de cárcel. El Gobierno de Bostsuana, sin embargo, recurrió el fallo a través de su fiscal general. Hace pocas semanas la Corte de Apelaciones se puso manos a la obra y, tras escuchar a las partes, abrió la discusión del recurso.

El resultado no ha podido ser más favorable: se mantiene la despenalización de las relaciones homosexuales consentidas, por decisión unánime de los cinco jueces que componía la sala. Todos ellos avalan los argumentos del Alto Tribunal, al coincidir en que su criminalización violaba la Constitución de Botsuana, y en concreto atentaba contra los derechos constitucionales de las personas LGTBI a la privacidad, a la libertad, a la seguridad y el trato igualitario ante la ley y a la no discriminación:

Una decisión que ha sido recibida con alborozo por parte del activismo local. «Hoy es un día trascendental en nuestra historia», ha reconocido Thato Moruti, presidente del Grupo de Defensa de los Derechos Humanos de Lesbianas, Gais y Bisexuales de Botsuana (LEGABIBO), que considera que nos encontramos ante «un nuevo amanecer para una mejor educación y conciencia sobre los problemas de las personas LGBTIQ». Moruti se ha mostrado confiado en que la decisión abrirá un nuevo periodo de mayor colaboración con el Gobierno para hacer de Botsuana «una nación más inclusiva y diversa».

Tímidos avances hacia una África más inclusiva con sus ciudadanos LGTBI

Botsuana es de los pocos países africanos que ha despenalizado en años recientes las relaciones entre personas del mismo sexo, junto a Angola, GabónMozambique y Seychelles. Namibia también está dando pasos en ese sentido.

Aun así, buena parte del continente mantiene leyes que las criminalizan, en muchos casos mediante disposiciones heredadas de la época colonial. Un caso especial es el de Sudáfrica, donde a pesar de la LGTBIfobia social el marco jurídico es favorable a los derechos LGTBI, con una Constitución que prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual y donde el matrimonio igualitario es legal desde 2006.

Fuente Dosmanzanas

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La victoria de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales de Honduras abre un periodo de esperanza para la comunidad LGTBI

Viernes, 10 de diciembre de 2021

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Xiomara Castro es la primera mujer en ser presidenta y la gobernante más votada en la historia de Honduras

Los Obispos de Honduras saludan a la Presidenta electa y piden que promueva “un auténtico desarrollo”

La victoria en las elecciones presidenciales de Honduras que tuvieron lugar el pasado 28 de noviembre de Xiomara Castro, la candidata del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), abre un periodo de esperanza para la población LGTBI después de años de maltrato manifiesto por parte de las autoridades. Aunque avances como el reconocimiento del matrimonio igualitario o la adopción homoparental siguen aún lejanos, la inclusión de un significativo apartado de promesas en materia LGTBI, entre ellas medidas de protección contra la discriminación y los delitos de odio o una ley de identidad de género, suponen un soplo de aire fresco, muy especiamente si se tiene en cuenta la situación de partida.

Una situación que ha colocado a Honduras entre los países más peligrosos de América Latina para la comunidad LGTBI, en general, y para los activistas en favor de los derechos humanos y de las personas LGTBI, en particular. Algunos apuntes: el Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas ha registrado en lo que va de año 16 asesinatos. En 2020 tuvo constancia de 20, mientras que en 2019 fueron 41. Desde el año 2019 suman un total de 389. De ellas, 221 víctimas fueron identificadas como gais, 122 como personas trans (una de ellas, que se remonta a 2016, consta oficialmente solo como desaparecida) y 46 como lesbianas. Entre las personas trans, destaca muy especialmente el alto número de mujeres asesinadas que ejercían el trabajo sexual (58). Un gran número de estos asesinatos permanecen impunes.

También destaca el alto número de activistas perseguidos. Sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos que en dosmanzanas hemos recogido en los últimos años. Sobre todo tras el golpe de Estado del año 2009 que derrocó a Manuel Zelaya (marido precisamente de la que será nueva presidenta, Xiomara Castro) y a partir del cual la situación se deterioró especialmente, con episodios como la muerte del activista LGTB Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza a manos de agresores que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012. La relativa normalización política de años posteriores no se acompañó, sin embargo, de una mejora de la situación de la comunidad LGTBI, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia. En 2017 recogíamos, por ejemplo, el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya.

Corría 2016 cuando nos hacíamos eco de un informe para Index on Censorship, que profundizaba en el aumento de la violencia por LGTBIfobia en Honduras, relacionado con diversos factores: el recrudecimiento de la hostilidad de las autoridades hacia los colectivos LGTB organizados tras el golpe de 2009; la proliferación de pandillas o maras; la antipatía de ciertos medios de comunicación hacia las asociaciones pro derechos humanos… Por no olvidar el papel de la Iglesia católica y de los grupos evangélicos como instigadores de odio. No parece que la situación haya mejorado demasiado desde entonces. De hecho, la hostilidad hacia cualquier tipo de medida en favor de la comunidad LGTB por parte del gobernante Partido Nacional ha sido manifiesta durante estos últimos años. Buen ejemplo es lo sucedido el pasado septiembre, cuando el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, durante el discurso conmemorativo de la independencia de Honduras, incluyó expresamente como enemigos de la independenciaa «los que promueven los matrimonios entre personas de diferente sexo» (obviamente fue un lapsus y se refería a los defensores del matrimonio igualitario).

El programa LGTBI de la presidenta electa

Es por todo ello que la elección de Xiomara Castro como nueva presidenta supone un soplo de aire fresco para la comunidad LGTBI hondureña. En su programa electoral, por ejemplo, podemos leer que «históricamente, las lesbianas, los homosexuales, trans, bisexuales, intersexuales, queer y diversas formas de orientación y expresión sexual han sido invisibilizadas, marginadas y violentadas por la sociedad y sus instituciones que las discriminan y excluyen. LIBRE [la formación política de Castro] rechaza esa injusticia». «La discriminación a la diversidad sexual se refleja en todos los ejes de la dinámica social, en la negación de derechos a la vida digna, educación, salud y trabajo y tiene su principal sustento en fundamentos religiosos mal entendidos. Pero está reñida con toda ciencia, con la antigua tradición y con el derecho internacional», continúa el texto, que hace referencia en ese momento a las cifras de asesinatos de personas LGTBI mencionadas arriba.

Es por eso que Castro enumera entre sus promesas en esta materia (reproducimos literalmente).

  • Ley de protección para personas LGTBIQ+ que asegure políticas de inclusión, su igualdad de remuneración, el respeto a su identidad, e integridad personal, etc.
  • Penalizar severamente los crímenes de odio contra personas LGTBIQ+
  • Creación de casas seguras con programas de atención primaria a personas LGTBIQ+ víctimas de violencia y riesgo; donde se incluya atención legal, médica, psicológica, etc.
  • Unidad de investigación comprometida en la persecución de crímenes violentos de odio a personas LGTBIQ+ que reduzca la impunidad.
  • Programa de atención psicológica pública exclusivo para personas LGTBIQ+ para impulsar una salud integral.
  • Aprobación de la ley de identidad de género que asegure la inclusión social.
  • Promover espacios seguros (locales, institucionales, políticos, públicos) con enfoque de DDHH y desarrollo.

Es importante destacar que la victoria de Castro en las elecciones presidenciales se acompañó de la victoria de su partido, Libre, en las elecciones lesgislativas, al obtener el mayor número de escaños en el Congreso Nacional aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. En este sentido, habrá que ver cómo esta formación de izquierda es capaz de sacar adelante todas aquellas propuestas de su programa que necesiten un desarrollo legislativo.

En cualquier caso, a día hoy hay motivos más que justificados para sentir esperanza.

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Los Obispos de Honduras saludan a la Presidenta electa y piden que promueva “un auténtico desarrollo”

Tras las elecciones en Honduras el pasado 28 de noviembre, en la que fue elegida Iris Xiomara Castro como presidenta de esta nación centroamericana, los Obispos han saludado a la primera mandataria y han pedido que gobierne en pos de “un auténtico desarrollo y crecimiento de nuestro país y de cada familia”.

En especial, abogan para que se busque el bien común en favor de los más pobres y excluidos, por ello han dicho que “nos sumamos a aquellos aspectos que la Sra. Xiomara ha señalado como prioridades de su gobierno y que nosotros también primamos”.

Entre las que han señalado: “La erradicación de la pobreza, la lucha contra la impunidad, la generación de empleos, la dignificación del sistema de salud y de la educación”.

Al respecto, mencionan al Papa Pablo VI, quien “había presentado el desarrollo de los pueblos como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas: esto es un verdadero acto de justicia y de solidaridad”.

Al tiempo han indicado que esta elección presidencial “es solo uno de los componentes de las elecciones celebradas recientemente”, puesto que “fueron elegidas autoridades edilicias para los 298 municipios del país y, además, los diputados al Congreso Nacional. Con mucho pesar y sincera preocupación, hemos visto cómo en los últimos días se han levantado innumerables voces, señalando que se ha efectuado un fraude en estos otros niveles electivos”, han añadido.

Por tanto, hacemos un llamado a los entes responsables a prestar la debida atención a estos reclamos y a resolverlos de manera expedita y en base a la ley. Por el bien de nuestro país, no pueden quedar dudas sobre la transparencia en el recuento de los votos y el respeto de la decisión de los votantes”, han dicho.

Fuente Dosmanzanas, Religión Digital

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En el último año se han registrado más asesinatos de personas trans que en ningún periodo similar anterior desde que se realiza el registro.

Jueves, 9 de diciembre de 2021

movilh-transfobia-820x394El pasado 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans recordó un año más la violencia ejercida contra las personas trans y género-diversas en todo el mundo. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar y que ha hecho públicos con motivo de esta conmemoración, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se han registrado 375 asesinatos de personas trans y género-diversas, la cifra más alta desde que lleva a cabo este registro. El número real de víctimas, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento de aquellos casos sobre los que trasciende algún tipo de información y esta es recogida por la organización. Y en muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se han registrado 375 asesinatos de personas trans y género-diversas. Se trata de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, periodo durante el cual se tuvo constancia de 350 personas trans asesinadas, y que supera también la que era cifra más alta hasta el momento (369 entre las mismas fechas de 2017-2018).

Brasil vuelve a ser, como los años anteriores, el país con más asesinatos registrados (125 en esta ocasión). Le sigue México, con 65 asesinatos; Estados Unidos, con 53 (de las cuales el 89% eran personas de color), y Colombia, con 25. Por detrás se sitúan Filipinas, con 17 asesinatos; Argentina, con 14; Pakistán, con 11; India, con 10; Ecuador, con 8; Honduras y Myanmar, con 5; Turquía, con 4; Chile, El Salvador, Francia, Perú y Venezuela, con 3; Bolivia, Costa Rica, Guatemala e Italia, con 2; y finalmente Azerbaiyán, España, Grecia, Haití, Kazajistán, Malaui, Nicaragua, Portugal, Puerto Rico y Rusia con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se tiene constancia de 4.042 asesinatos de personas trans y género-diversas en 80 países del mundo. Brasil (con 1.645 víctimas), México (con 593) y Estados Unidos (con 324) son los tres países que encabezan el registro.

Iratxe Otero, asesinada en España

España vuelve a aparecer un año más en esta macabra lista, debido al asesinato de Iratxe Otero, una mujer trans de origen colombiano asesinada en diciembre de 2020 en Arona (Tenerife).

Nuestro país, de hecho, acumula 14 víctimas el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Los nombres más recientes incluidos en este listado han sido los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife y que aparece en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el listado del pasado año.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021:

  • El 96% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
  • El 58% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo.
  • El 43% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes.
  • El 89% de las víctimas registradas en Estados Unidos eran personas racializadas.

 

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El Día Internacional de la Memoria Trans

El Día Internacional de la Memoria Trans fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo.

Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2021 y los datos expuestos aquí

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

 Fuente Dosmanzanas

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La Cámara de los Comunes de Canadá aprueba por unanimidad la prohibición de las pseudoterapias de conversión

Martes, 7 de diciembre de 2021

canada-rainbow-flagBuenas noticias desde Canadá: la Cámara de los Comunes ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley para prohibir la práctica de las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de sus pretendidos pacientes. Se trata de una iniciativa que el Gobierno liberal de Justin Trudeau ya promovió en la anterior legislatura. Se espera que el Senado ratifique el texto aprobado por la cámara baja, con lo que Canadá se uniría al reducido grupo de países que han vetado estos infames procedimientos.

La campaña contra las «terapias» de conversión en Canadá comenzó en septiembre de 2018. Se recogieron más de 18.000 firmas por su prohibición, pero en marzo de 2019 el Gobierno federal rechazó legislar sobre el asunto, alegando que se trata de una competencia de los territorios y las provincias. Las de Manitoba, Ontario y Nueva Escocia, así como la ciudad de Vancouver, ya habían aprobado normas para penalizar estas peligrosas prácticas. A ellos se unirían posteriormente Prince Edward Island, Quebec, Yukon y las ciudades de Edmonton y Calgary. A pesar del varapalo inicial que supuso la negativa del Gobierno de Justin Trudeau, los activistas siguieron presionando por una prohibición a nivel nacional.

En abril de 2019, un senador liberal (el partido de Trudeau) presentó una proposición de ley para vetar las «terapias» reparativas. La iniciativa de Serge Joyal no llegó a aprobarse antes de que acabara esa legislatura en otoño de ese mismo año. Mientras tanto, el colegio de abogados hizo un llamamiento al Gobierno para que analizara sus competencias para prohibir las pseudoterapias o, al menos, eliminar los beneficios fiscales de los que disfrutan los grupos que las llevan a cabo. La administración de Trudeau reaccionó enviando una carta a todas las provincias y territorios para pedirles que vetaran estas prácticas.

Durante la campaña electoral para las elecciones de octubre de 2019, los liberales del primer ministro prometieron finalmente hacerse cargo del asunto. El partido de Trudeau se mantuvo como primera fuerza política, aunque perdiendo la mayoría. El nuevo Gobierno, entonces sí, declaró como prioritaria la prohibición a nivel federal de las «terapias» de conversión. En marzo de 2020, el ministro de Justicia David Lametti presentó un proyecto de ley de reforma del Código Penal para tipificar como delito la publicidad y la práctica de estas pseudoterapias en menores de edad. La Cámara de los Comunes aprobó la medida en junio de este año, con los votos en contra de 62 diputados conservadores (de un total de 119). La iniciativa, sin embargo, entró en vía muerta antes de su tramitación en el Senado, debido a la disolución del Parlamento que precedió a las elecciones anticipadas del pasado mes de septiembre.

Tras la nueva victoria, aunque sin mayoría absoluta, de los liberales de Trudeau, el Gobierno reactivó la propuesta con una importante novedad: el veto será total y no solo se aplicará a menores de edad. El pasado miércoles, la Cámara de los Comunes le dio su visto bueno, esta vez por unanimidad. Un apoyo generalizado que sorprendió a muchos diputados liberales, algunos de los cuales se abrazaron a sus rivales conservadores en agradecimiento por su apoyo a la medida. Ahora pasará al Senado, donde no se espera tampoco una importante oposición. Todo indica que, esta vez sí, se convertirá en una ley que prevé penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite.

La situación en otros países

Cuando entre en vigor la nueva norma, Canadá se unirá al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad.

En el vecino Estados Unidos la primera en hacerlo fue California En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

 

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La extrema derecha busca que Madrid sea el primer lugar de Europa occidental que aprueba en pleno siglo XXI un retroceso legislativo en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI

Lunes, 6 de diciembre de 2021

33921_asamblea-madrid-bandera-arcoirisLa acción erosiva de la extrema derecha y de los movimientos ultraconservadores contra el avance de los derechos de las personas LGTBI continúa. La nueva batalla se libra en la Comunidad de Madrid, donde Vox ha presentado una proposición de ley «de igualdad y no discriminación» que en caso de ser aprobado derogaría las leyes ya existentes en la Comunidad de Madrid de protección contra la LGTBIfobia y de identidad y expresión de género. Sería la primera vez en lo que llevamos de siglo que se produce un retroceso legslativo explícito en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental, de ahí su importancia.

Las leyes que la extrema derecha pretende derogar en Madrid, si el gobernante Partido Popular lo permite (recordemos que, una vez desaparecido Ciudadanos del ámbito regional tras las últimas elecciones, el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox suman mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid) son la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, aprobada en julio de 2016 con el voto de todos los grupos representados entonces en la cámara autonómica (incluido el grupo popular de la época) y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobada en marzo de 2016 con el voto favorable de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la entonces abstención del grupo popular.

FFr6ZsRXMAgwUhYEste es el texto de la Ley que se debatirá el 16.

Una derogación que Vox había puesto como condición para dar su apoyo a los presupuestos generales presentados por Isabel Díaz Ayuso, pero que aparentemente quedó fuera del pacto presupuestario dado a conocer públicamente hace unos días por las dos formaciones. Este viernes, sin embagro, saltaba la sorpresa, cuando el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional Eduardo Fernández Rubiño daba a conocer en Twitter que el próximo 16 de diciembre sería votada en pleno la adminsión a trámite de la propuesta de derogación:

Está por ver qué sucederá el próximo día 16, puesto que ya en varias ocasiones en que ha sido preguntada por la materia, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado abierta a negociar con Vox la modificación del articulado de ambas leyes, aunque nunca ha hablado abiertamente de derogarlas. Desde el PP, por otra parte, han evitado anticipar el sentido de su voto, al menos hasta el momento. En este sentido, cabe señalar que la toma en consideración del proyecto no supone su aprobación, sino el inicio de su trámite parlamentario. No sería de extrañar, dada la conocida habilidad propagandística de la presidenta Ayuso, que la toma en consideración fuese aprobada para así contentar al electorado más reaccionario y favorecer el apoyo definitivo de Vox a sus presupuestos para luego pasar a una fase de ambigüedad calculada durante la tramitación parlamentaria en la que el desenlace definitivo lo definieran las prospecciones demoscópicas de Díaz Ayuso.

FFw_OPoXoAoEtyrEl día 15 todes a llenar Sol #NiUnPasoAtrás

En este sentido, cabe señalar, para anticipar la dirección hacia la cual la extrema derecha intentará derivar el debate, que si finalmente fuese aprobada íntegramente la proposición de ley presentada por Vox, las dos leyes derogadas, caracterizadas por un elevado grado de concreción en la definición de los sujetos protegidos y en las medidas enunciadas, serían sustituidas por un listado genérico de vaguedades que dejan fuera las medidas o acciones afirmativas contempladas específicamente en materia LGTBI a nivel educativo, sanitario o laboral. Especialmente dañado se vería el colectivo trans, que perdería por ejemplo el derecho expreso a una asistencia sanitaria integral acorde a su identidad de género y a disponer de documentación administrativa según su identidad con independencia de su estatus registral (en este sentido es un mal presagio el apoyo a la iniciativa de Vox que desde algunas cuentas afines al activimo transexcluyente se ha manifestado ya). Pero también desaparecerían, por mencionar solo algunos ejemplos, la prohibición de las pseudoterapias de conversión, la prohibición de las cirugías de mutilación a personas intersex y toda una serie de medidas destinadas a prevenir el acoso escolar o la discriminación laboral por LGTBIfobia.

Pase lo que pase, y sobre todo si el PP no rechaza la proposición de forma clara, nos encontramos ante un gravísimo precedente, ya que en caso de que la legislación antidiscriminatoria fuese derogada, o simplemente rebajada, nos encontraríamos, al menos en nuestro conocimiento, ante la primera vez en lo que llevamos de siglo XXI que se produce un retroceso legislativo en la protección de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental (Hungría, Polonia o Rusia aparte).

Fuente Dosmanzanas

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Hungría: el candidato de la oposición unificada a Orbán, Péter Márki-Zay, se pronuncia a favor de los derechos LGTBI

Lunes, 29 de noviembre de 2021

249466415_430657095087435_3797204689865213991_nLos principales partidos de la oposición al Gobierno húngaro se han unido en torno a la candidatura de Péter Márki-Zay, alcalde de una pequeña ciudad del sur del país, para intentar acabar con la hegemonía de Viktor Orbán en las elecciones del año que viene. Márki-Zay ha empezado a revelar sus planes si es elegido primer ministro, que pasan por «restablecer el imperio de la ley» frente a la erosión democrática propiciada por el Fidesz y sus socios. Entre los cambios que ha prometido afrontar se encuentran también la derogación de las leyes LGTBIfobas y la equiparación de derechos para las parejas del mismo sexo.

A finales de 2020, los seis principales partidos de la oposición en Hungría se pusieron de acuerdo para presentar listas conjuntas y un candidato a las elecciones generales previstas para abril o mayo del año próximo. Se trata de una unión de formaciones de ideologías diversas, que abarcan desde verdes y socialdemócratas hasta liberales y conservadores. Decidieron que el aspirante a primer ministro sería elegido mediante primarias a doble vuelta, que se celebraron en septiembre y octubre.

El vencedor del proceso fue Péter Márki-Zay, alcalde de la localidad de Hódmezővásárhely (44.000 habitantes), en el sudeste del país. Es un independiente que fundó en 2018 el Movimiento por una Hungría de Todos (Mindenki Magyarországa Mozgalom, MMM), de ideología conservadora y proeuropea. La semana pasada acudió a Bruselas para reunirse con dirigentes europeos y esbozó sus principales prioridades en una comparecencia pública.

Ante todo, Márki-Zay se comprometer a restaurar el Estado de derecho, seriamente comprometido en Hungría tras once años de Gobierno de Viktor Orbán. Para ello plantea la redacción de una nueva constitución que sustituya a la vigente desde 2012 y que, según sus detractores, está hecha a la medida del Fidesz, el partido de Orbán y sus socios. El aspirante a primer ministro asegura que persiguen «un cambio de régimen, no un cambio de Gobierno».

A pesar de declararse conservador y católico practicante, Márki-Zay ha reivindicado también en su intervención los derechos LGTBI, que han sufrido una serie de retrocesos sin parangón en la Unión Europea. En este sentido, ha prometido derogar la legislación LGTBIfoba aprobada por el Gobierno de Orbán y equiparar en derechos a las parejas del mismo sexo. El político pretende acabar con las campañas de odio a las minorías, mencionando explícitamente a la comunidad LGTBI junto a la gitana, la judía o personalidades como George Soros.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán, al que se enfrentará Péter Márki-Zay en las urnas, comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara el 30 de marzo del año pasado, cuando el primer ministro asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba. Lo hacía por 133 votos a favor (los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya alertábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Tal vez envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba el 10 de noviembre del año pasado una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales, blindada ahora al máximo nivel normativo.

La modificación constitucional también incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añade la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Por último, la reforma de la ley fundamental impone que la educación en las escuelas húngaras debe inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana», excluyendo por tanto los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

Tras la aprobación por parte del Gobierno, la mayoría de dos tercios con la que cuentan el Fidesz y sus socios dio su visto bueno el pasado 15 de diciembre en el Parlamento al proyecto de reforma constitucional por 135 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. Además, la negación de la homoparentalidad recogida desde ahora en la ley fundamental se completó con la aprobación de un proyecto de ley para limitar la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta ahora se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgará en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, el 15 de junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. La educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, lo que cierra definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos.

Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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Agresión homófoba a una pareja de artistas falleros en Valencia

Sábado, 20 de noviembre de 2021

FEKpYCRXsAcyFGeNueva agresión homófoba, en esta ocasión en Valencia. Las víctimas son José Luis Sanchís y Vicent García, una pareja de artistas falleros del colectivo Artdefoc Creacions Artistiques. Un individuo les ha dirigido insultos homófobos, les ha escupido y les ha agredido físicamente. Como consecuencia de la agresión Vicent García sufre una fractura en un pie.

Según relata el diario Levante, la pareja salía este domingo por la mañana de un hostal situado en pleno centro de Valencia y se dirigía a una reunión con una comisión fallera. En ese momento, un hombre descrito como «de mediana edad» les ha increpado, llamándolos «maricones». A José Luis Sanchís le ha escupido en la cara y a su pareja, Vicent García, lo ha tirado al suelo de una patada. Como consecuencia de la caída ha sufrido una fractura en un pie, a la altura del quinto metatarsiano. Según ha relatado José Luis Sánchís al diario valenciano, ninguna de las personas que han sido testigos directos de la agresión ha salido en su defensa. Solamente el personal de una cafetería les ha prestado ayuda para refugiarse. La pareja de artistas ha denunciado la agresión a la Policía Nacional tras recibir asistencia hospitalaria.

«Hoy, nuestros artistas Falleros ‘Art de Foc’ han sufrido un violento ataque en Ciutat Vella mientras iban de camino a su furgoneta para asistir a uno de los actos de una de sus fallas contratadas. Al grito de ‘maricones’ les han increpado y agredido, escupiendo a José Luis en la cara y llegando a patear a Vicente hasta el punto de romperle el pie a la altura del 5° metatarso. Desde la 99 condenamos totalmente este tipo de agresiones y actos, que en una sociedad del siglo XXI no debería existir, y menos proclamas de esa índole. Ni un paso atrás», ha denunciado en sus redes sociales la falla Fernando el Católico, Erudito Orellana y Juan de Mena, para la que trabajan las víctimas de la agresión.

También la Junta Central Fallera de Valencia ha expresado su repulsa ante lo sucedido. «Expresamos nuestra total condena y rechazo hacia los hechos que han sufrido hoy los artistas José Luis y Vicente, de ‘Art de foc’, cuando se dirigían a un acto de una de las comisiones [falleras] en las que trabajan. Una fiesta libre, plural y diversa como son las Fallas no puede permitirse este tipo de comportamientos y actitudes, que no tienen cabida en una sociedad como la nuestra. Todo nuestro apoyo a los artistas», han difundido en sus redes sociales:

Fuente Dosmanzanas

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Tres acusados de perseguir y atacar a un hombre al grito de “maricón” acaban condenados por delito de odio y absueltos de la agresión

Lunes, 15 de noviembre de 2021

justicia-no-ciegaEl Juzgado de lo Penal nº 6 de Alicante ha condenado por delito de odio, pero no por lesiones, a los acusados de la paliza homófoba ocurrida en el parque Monte Tossal de Alicante. La más que sorprendente sentencia reconoce que los agresores persiguieron a las víctimas al grito de «maricones, os vamos a matar» pero rechaza condenarlos por las graves agresiones físicas sufridas.

En su momento recogimos la terrible agresión, por la que inicialmente fueron detenidos trece personas, entre ellos varios menores. Si recordamos, la víctima se encontraba en compañía de otras dos personas en el Parque Monte Tossal de Alicante. Los agresores los acorralaron e increparon con insultos homófobos y amenazas. Dos de ellos consiguieron huir sin sufrir daños físicos, pero siguieron con una persecución con palos y pedradas para acabar en una grave agresión al tercero que fue alcanzado por el grupo de jóvenes, que lo agredieron con saña. Le produjeron, entre otras lesiones, fractura de tabique nasal, del hueso cigomático (el pómulo) y del fémur. Los agresores intentaron además robarle el móvil y otras pertenencias. La investigación tardó varias semanas en dar sus frutos, siendo claves las imágenes grabadas por una cámara de vigilancia que recogieron un momento de la persecución.

Finalmente, resultaron imputados cuatro mayores de edad (Brayan C.E, Miguel M.B, Adrián S.B. y Samuel G.I) y tres menores. Los mayores de edad fueron juzgados el pasado 30 de septiembre. Se enfrentaban, según detalla El Salto, a la acusación de un delito de odio por humillación, menosprecio o descrédito a grupo y personas pertenecientes al mismo por motivos referentes a su sexo, orientación o identidad sexual, así como de tres delitos de lesiones leves, otro de lesiones agravadas, uno de coacciones leves, otro de delito de robo con violencia en grado de tentativa y otro delito de coacciones. Los tres menores imputados declararon como testigos en la causa pero están aún a la espera de ser procesados por la jurisdicción de menores.

Eugenio Alarcón, el juez que ha dictado una insólita sentencia a los cuatro mayores de edad, solo ha encontrado a los acusados culpables del delito de odio, por lo que simplemente deberán cumplir una pena de un año de prisión, abonar una multa de seis euros diarios durante ocho meses e indeminzar con 600 euros a cada una de las tres víctimas, entre ellas la que sufrió la brutal agresión física. Ello es así porque el juez considera que, más allá de la persecución homófoba, no ha quedado acreditado que los acusados fueran los autores de la paliza que tuvo lugar inmediatamente después. Algo que para José Barragán, abogado de la acusación particular, resulta absurdo. «Condenan el delito de odio y quitan el delito que es el más objetivo, que es el de las lesiones que son claras con partes médicos; a este chico lo han dejado cojo para toda la vida», denuncia Barragán. La víctima, recordemos, ha precisado varias intervenciones quirúrgicas, y según explica su abogado, aún está pendiente de otra operación y sufre, además, secuelas psicológicas. En este sentido, al juez no parecen haberle valido las hasta 16 declaraciones de testigos de las cuales «13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión», según el abogado, que ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial para que el juicio sea declarado nulo.

En el juicio, celebrado el pasado 30 de septiembre en Alicante, Brayan C.E, Miguel M.B, Adrián S.B. Y Samuel G.I —hay otros tres menores imputados por los mismos hechos que declararon como testigos en esta causa y están a la espera de ser procesados por la jurisdicción de menores—se enfrentaban a la acusación de un delito de odio por humillación, menosprecio o descrédito a grupo, y personas pertenecientes al mismo, por motivos referentes a su sexo, orientación o identidad sexual; así como de tres delitos de lesiones leves, otro de lesiones agravadas, un delito de coacciones leves, un delito de robo con violencia en grado de tentativa y un delito de coacciones.

No obstante, en su sentencia el magistrado Eugenio Alarcón ha tomado una decisión insólita. Alarcón es un juez que ya se ha visto envuelto en otras polémicas, como la absolución del ex alcalde de la ciudad, Luís Díaz Alperi, por delito fiscal, o por firmar decenas de sentencias en un solo día tras recibir un toque de atención desde el CGPJ ante la saturación en su juzgado. En esta ocasión Alarcón ha determinado que los acusados de perseguir entre insultos homófobos y amenazas de muerte a tres hombres, acabando uno de ellos con secuelas físicas, finalmente sólo deberán pagar una pena de un año de prisión con multa de seis euros diarios durante ocho meses, o lo que es lo mismo, 1.459 euros, y deberán indeminzar con 600 euros a cada una de las tres víctimas, incluida la agredida.

Finalmente solo deberán pagar una pena de un año de prisión con multa de seis euros diarios durante ocho meses, o lo que es lo mismo, 1.459 euros, y deberán indemnizar con 600 euros a cada una de las tres víctimas

El juez ha absuelto a los procesados del resto de acusaciones de tal manera que “condena un delito de odio por homofobia, que es el móvil de la agresión, y luego no mete la agresión”, resalta Barragán, abogado de J. R. B.F., la principal víctima, un hombre de 43 años que como consecuencia del ataque sufrió heridas en la pierna y la cadera que precisaron cirugía, tuvo que ser operado por los golpes en la cara y todavía está pendiente de otra cirugía maxilofacial, secuelas psicológicas aparte. Por ello Barragán insiste en que el resultado del procedimiento “es absurdo de verdad”, porque como abogado de la acusación ha “intentado desde el principio darle visibilidad al delito de odio, que era un poco como el más complicado, y fíjate condenan el delito de odio y quitan el delito que es el más objetivo, que es el de las lesiones que son claras con partes médicos; a este chico lo han dejado cojo para toda la vida”, denuncia el letrado.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso El Salto, el juez considera como hechos probados que las tres víctimas, estando sobre las 20.00 horas del pasado 14 de febrero en el parque del Monte Tossal de Alicante, “oyeron gritos como ‘maricones os vamos a matar’, ‘gays de mierda’, ‘maricones de mierda, idos del parque’”. Los tres hombres, al ver que se acercaban, se marcharon a otro lugar, pero vieron que el grupo que profería los gritos “venía corriendo hacia ellos, por lo que también huyeron del lugar corriendo y fueron perseguidos por tales individuos”, según recoge la sentencia.

En la persecución, J. R. B. F. se separó de los otros dos y se dirigió a un parking que hay en las inmediaciones donde estaba aparcado su coche, pero la zona es un monte con varios desniveles y el parking se encontraba en un nivel inferior a una altura que no pudo sortear, fue al detenerse en este punto donde fue interceptado por un primer puñetazo en la cara seguido de varios golpes más de al menos tres agresores, uno de ellos armado con un objeto contundente, quienes también trataron de arrebatarle sin éxito el teléfono móvil que llevaba en la mano.

Al respecto, B. G. C, una de las otras dos víctimas declaró que, durante la persecución, “en la sombra se veían como palos y les lanzaban piedras”, sin poder precisar más porque “estaba en la oscuridad y solo veía siluetas”. Sin embargo la sentencia sí especifica inmediatamente después de la declaración del testigo-víctima que “igualmente, el propio J. R. B.F finalmente fue golpeado por un palo”, un palo que también se ve en la grabación de una cámara de seguridad, incorporada a la causa, donde se puede apreciar al grupo persiguiendo a J. R. B. F. momentos antes de la agresión, hasta el punto de que la cinta recoge también el momento en que Miguel M. B, uno de los acusados, lanza una piedra que no llega a impactar, algo que el mismo acusado reconoció en la vista oral.

Sobre la grabación de la cámara de seguridad, el abogado de la acusación particular destaca que en la imagen se puede ver como “los chicos que salen detrás de la víctima llegan al parking, lo que pasa es que lo ves muy pequeño, ves a las personas muy pequeñitas”, pero en su opinión este juez “no lo ve”, por lo que el letrado se pregunta con sorna si es que en ese punto “desaparecen del mapa y aparecen otros en escena”.

Así mismo, en la vista también declararon los agentes de la Policía Nacional que instruyeron el atestado, quienes indicaron que uno de los menores imputados por estos hechos les dejó su teléfono móvil donde encontraron un grupo de Whatsapp en el que tres de los involucrados “tras mostrar interés en si había algún gay ‘por ahí’, —en referencia al Monte Tossal— la respuesta es que no”, y a continuación la transcripción concluye indicando “‘normal, los maricas se cagan del toque de queda tt’; ‘ya, jajajajaa’; ‘hoy vamos a las ocho; y llasta’”. Una conversación que creemos resulta evidente que denota una clara intención de proceder a una «cacería» homófoba pero que para el magistrado «solo muestra la burla y menosprecio hacia los gays, pero nada más».

Según el abogado de la víctima, en el juicio declararon 16 testigos relacionados con la agresión homófoba, de los cuales “13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión”

En la causa obran hasta 16 declaraciones de testigos relacionadas con la agresión homófoba, de las cuales “13 o 14 apuntan a uno de los mayores, uno de los que ha salido absueltos de este juicio, como uno de los autores materiales de la agresión”, asegura Barragán, quien ha avanzado que recurrirá el fallo en apelación ante la Audiencia Provincial para que el juicio sea declarado nulo y vuelva a celebrarse con otro magistrado, “es verdad que volver a hacer pasar a la víctima por esto es bastante complicado, pero prefiero que pase por esto para que esa gente salga condenada que dejarlo así”, concluye el abogado de la acusación particular.

Entre los testigos que declararon se encontraban los agentes de la Policía Nacional que instruyeron el atestado, que indicaron que uno de los menores imputados por estos hechos les dejó su teléfono móvil donde encontraron un grupo de WhatsApp en el que tres de los involucrados «tras mostrar interés en si había algún gay ‘por ahí’», en referencia al parque Monte Tossal, y al recibir «no» por respuesta, continuan señalando «’normal, los maricas se cagan del toque de queda tt’; ‘ya, jajajajaa’; ‘hoy vamos a las ocho; y llasta’».

Fuente El Salto Diario

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Asesinado Pedro Pablo Prada, histórico activista LGTBI y por los derechos de las personas con VIH en Perú

Jueves, 11 de noviembre de 2021

Pedro-Pablo-Prada

Terrible noticia la que nos llega desde Perú. Pedro Pablo Prada, histórico activista LGTBI y por los derechos de las personas con VIH en ese pais, fue asesinado en la madrugada del pasado 1 de noviembre en La Victoria (Lima). Prada fue una de las personas que más lucharon en su momento para conseguir el acceso gratuito a los tratamientos contra el VIH en Perú.

Según relata Wayka, Pedro Pablo Prada de 68 años, fue asesinado en su domicilio junto a Raúl Huapaya, de 52. El activista había organizado una pequeña celebración en la que también estuvieron presentes dos hombres a los que recientemente había contratado para que le ayudaran con la limpieza. Al día siguiente, al no tener respuesta a sus llamadas, sus familiares acudieron su domicilio, donde encontraron los dos cadáveres con signos de haber sufrido torturas. Las primeras sospechas recaen sobre los dos invitados antes mencionados, en paradero desconocido. Activistas peruanos reclaman que se haga justicia y que se investigue como un posible delito de odio, y para ello se están movilizando en redes sociales bajo es hashtag #JusticiaParaPedroPablo. El Ministerio peruano de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por su parte, ha lamentado el asesinato y ha demandado también justicia.

Pedro Pablo Prada, que llevaba 32 años viviendo con VIH, presidía el colectivo Peruanos Positivos y era colaborador de la organización AIDS Healthcare Foundation en Perú (AHF Perú). Prada fue, de hecho, una de las personas que luchó con más ahínco en favor de las personas con VIH en ese país. En el año 2000, junto a otros cuatro pacientes seropositivos, demandó al Estado peruano para exigir el acceso gratuito y universal a la terapia antirretroviral, una demanda que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias en parte a esta lucha, en el 2004 el Gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Rotatorio Mundial para la lucha contra el VIH para otorgar tratamiento gratuito.

Hace pocos meses, el propio Pedro Pablo Prada recordaba cómo fue el proceso en una entrevista a Salud con lupa, un medio latinoamericano especializado en Salud Pública. «La demanda duró unos tres años. Demoró mucho y mientras tanto las personas con VIH seguíamos muriendo sin tener la posibilidad de recibir un tratamiento. Al final, tuvimos una respuesta negativa», contó. En ese momento acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Tuvimos que esperar tres años más para recibir una respuesta. Pero el hecho de llevar la demanda a instancias internacionales hizo que cuando llegó el Fondo Mundial para comprar antirretrovirales, el Estado sintiera la presión de crear un plan de atención de VIH en el Perú y dar acceso universal a los fármacos», explicó.

Una demanda que se acabó ganando, lo que sin duda contribuyó a mejorar la atención a las personas con VIH en Perú. «No fue exactamente la demanda, porque nosotros ganamos un año después de que llegó el Fondo Mundial. Yo diría que fuimos una parte del cambio. El solo hecho de acceder a los antirretrovirales ya era un gran cambio. Pero después los médicos se informaron más sobre la enfermedad, poco a poco fueron dejando de vestirse de astronautas para atendernos. También, se nos incluyó en la mesa de trabajo para la creación del programa de VIH, es decir, dejamos de ser conejillos de indias para convertirnos en personas con una voz. Sin embargo, aún hay muchas cosas que se deben mejorar, como el trato más humanizado, aún se siente la discriminación (a través de gestos, por ejemplo) y nosotros somos muy sensibles a ellos. Yo pienso que el personal de salud debe recibir capacitaciones para saber cómo tratar a personas con VIH», añadía a Salud con lupa.

Insertamos a continuación el tuit de Conexión Vida que incluye un vídeo con imágenes y declaraciones del activista:

Fuente Dosmanzanas

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Condenados cuatro guardias civiles por insultos homófobos a otro agente: “Arriba España y muerte a los maricones”

Miércoles, 10 de noviembre de 2021

guardia-civil11Cuatro guardias civiles han sido condenados por un juzgado militar a diez meses de prisión y a pagar una indemnización de 10.000 euros por el hostigamiento homófobo continuado al que sometieron a un compañero en el cuartel de Noia (A Coruña) entre 2010 y 2014, cuando la víctima fue apartada del servicio por las consecuencias psicológicas del calvario sufrido. Los condenados han recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Según recogía este domingo eldiario.es, el hostigamiento comenzó ya antes de la llegada de la víctima al cuartel, cuando uno de los ahora condenados comentó al resto que «iba a llegar al puesto un maricón». Desde ese momento comenzaron a difundir rumores referentes a su orientación sexual y a referirse a él en términos homófobos, del tipo de «prima», «perla» o «la mujer del puesto». «Arriba España y muerte a los maricones», «los maricones no deberían estar en la Guardia Civil» o «prefiero un hijo muerto o drogadicto que maricón» fueron algunas otras frases que tuvo que escuchar.

El acoso no se limitó, sin embargo, al ámbito del cuartel. Sus compañeros extendieron también rumores sobre la víctima en la localidad. La sentencia recoge algunos ejemplos que lo demuestran, como las burlas de algunos detenidos (conocidos de dos de los condenados) hacia la víctima, o los comentarios de un camarero en un bar al que la víctima entró con uno de los condenados.

El tribunal también se refiere en su sentencia al papel de uno de los superiores del cuartel, un sargento que no figura entre los condenados, pero al que la víctima se dirigió en diferentes ocasiones para contarle el trato que estaba recibiendo y que se limitó a decirle «que no hiciese caso». De hecho, según la sentencia, tres de los condenados le hicieron llegar al agente que el sargento «estaba descontento» con él y que lo iba a sancionar. La víctima empezó a percibir que su superior «le hacía muchos reproches acerca de cuestiones profesionales, tildándolo de poco competente y vago». El agente asumió que estos comentarios se debían a que el sargento estaba influenciado por los condenados. Durante el juicio, sin embargo, el sargento, ahora subteniente, negó tener noticia de comentarios despectivos o vejaciones hacia la víctima, a pesar de lo cual el tribunal ha reconocido la existencia de pasividad por su parte, y aunque no se encontraba encausado ha acordado notificar a sus superiores su conducta para que la valore.

El acoso no finalizó hasta que la víctima se apartó del servicio. En noviembre de 2014 fue atendido en un centro de salud por una crisis de ansiedad y luego derivado a la Unidad de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago tras un incidente con un compañero. Desde entonces está de baja, a pesar de que antes del incidente juzgado la víctima «no presentaba antecedentes personales de problemática mental», según reconoce el propio tribunal.

Aunque eldiario.es, el medio que ha dado a conocer la condena, contactó con la Guardia Civil para consultar cómo gestionó la institución lo sucedido, de momento no ha habido respuesta. La abogada de la víctima, por su parte, ha contado que su cliente «no tuvo ningún apoyo, solicitó un destino en unas oficinas y no se lo concedieron». La defensa de los condenados se ha escudado por su parte en que el objetivo de la víctima era «abandonar la Guardia Civil con una pensión por dolencia en acto de servicio». La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

 Fuente El Diario

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