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Primeras condenas en Rusia tras la declaración del “movimiento LGTBI internacional” como organización extremista.

Lunes, 26 de febrero de 2024

IMG_3126Dos tribunales rusos ya han sentenciado sendos casos en los que han aplicado la reciente resolución del Tribunal Supremo que declaraba al «movimiento LGTBI internacional» como organización extremista. Como la exhibición de símbolos de este tipo de organizaciones está penalizada, la publicación online de fotografías de la bandera LGTBI o unos accesorios con un arcoíris han sido suficientes para condenar a dos personas en los tribunales. Un tercer caso se espera que quede resuelto en pocos días.

Una vez que el pasado 30 de noviembre de 2023 el Tribunal Supremo ruso incluyese al inexistente “movimiento LGTBI internacional” dentro de las organizaciones extremistas, comienzan a sucederse las detenciones y sentencias por la exhibición de símbolos de ese movimiento ficticio.

El martes 30 de enero, Artyom P. fue condenado a una multa de 1000 rublos (10 euros) por un tribunal de Volgogrado. Su delito fue publicar en la red una fotografía de la bandera LGTBI, que el tribunal consideró «un símbolo de una organización extremista». El castigo fue leve por la aceptación del delito por parte del acusado y las muestras de arrepentimiento.

IMG_3127En el otro caso, sentenciado el lunes 29 del mismo mes por un tribunal de Nizhni Nóvgorod, al este de Moscú, una mujer fue condenada a 5 días de detención administrativa tras la delación de un ciudadano. Según la organización de defensa de los derechos LGTBI Aegis, un hombre había exigido a la acusada, que se encontraba en una cafetería, que se quitase unos pendientes en forma de rana con la imagen de un arcoíris. Tras que el delator publicase en Internet un vídeo con imágenes de lo sucedido, la mujer fue llamada por la policía y tuvo que presentarse en comisaría.

El caso pendiente de sentencia afecta a la fotógrafa de 33 años Irina Mossina, cuyo juicio comenzó el 30 de enero en la región de Saratov. Según la ONG Pervy Otdel, la fotógrafa está acusada de publicar en sus redes sociales varias fotografías de la bandera LGTBI, lo que, de nuevo, es considerado como difusión de símbolos de una organización extremista. La investigación comenzó por parte un agente del departamento de lucha contra el extremismo, que pudo ver las fotografías del emblema LGTBI en la cuenta de Instagram de Mossina. A pesar de que esta red social está prohibida en Rusia, se puede acceder a través de VPN.

La ONG arguye que la citada sentencia del Tribunal Supremo no debe aplicarse en este caso, puesta que la investigación comenzó antes de que se publicase. También estima que el trabajo de Mossina en redes sociales es «una exposición digital de su obra, y la representación de la bandera arcoíris es una elección artística». La artista se enfrenta a una pena de hasta 15 días de detención administrativa.

La situación legal del colectivo LGTBI en Rusia

Con el inestimable apoyo de la Iglesia ortodoxa, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó por primera vez una ley que prohíbe la llamada “propaganda gay” en Rusia en junio de 2013: la llamada ley contra la «propaganda homosexual ante menores». La ley buscaba aparentemente “proteger a los niños de cualquierpropaganda de relaciones sexuales no tradicionales, como se establece en el texto de la ley. La nueva ley extiende las restricciones no solo a los niños sino también a los rusos de todas las edades. Desde entonces, la legislación rusa ha seguido empeorando respecto a la situación de las personas LGTBI. La ley se ha utilizado principalmente para silenciar a organizaciones activistas, eventos, sitios web y medios de comunicación LGBTQ+, así como para separar familias y acosar a maestros. También ha sido rotundamente condenado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los grupos de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como activistas de derechos civiles en todo el mundo.

El objetivo siempre ha sido invisibilizar la lucha por los derechos LGTBI y la mera existencia del colectivo. Cualquier información positiva sobre las orientaciones sexuales “no tradicionales” o de las distintas identidades de género quedaron marcadas como ilegales, se reprimieron y se castigaron con fuertes multas económicas. La marcha  del Orgullo quedó prohibida, las banderas arcoíris o trans fueron vedadas en público y sus portadores fueron detenidos, sancionados e incluso temporalmente encarcelados.

IMG_1639Los observadores de derechos humanos dicen que la ley, que también prohíbe que las personas compartan “ideas distorsionadas sobre el valor social igual de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales”, se ha utilizado para reprimir la libertad de expresión de las personas LGBT +, y alimentó un aumento en retórica homofóbica en el país.

En 2017, Putin afirmó que es su “deber” evitar que las personas homosexuales se casen para que las personas normales tengan más bebés. En ese mismo 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la ley es discriminatoria. Los jueces escribieron: “Al adoptar tales leyes, las autoridades reforzaron el estigma y los prejuicios y alentaron la homofobia, que era incompatible con los valores de una sociedad democrática”.

El mismo tribunal también determinó que Rusia estaba violando los derechos humanos de las personas LGBT + por la prohibición de los eventos de Orgullo en 2018 y por las acciones para bloquear el registro de grupos LGBT + en 2019.

En 2018, un informe de la Human Rights Watch confirmaba que la ley contra la “propaganda gay” de Rusia es un peligro.

Pero todo empeoró en diciembre de 2022, cuando Putin firmó una ley que amplía la prohibición del país de la “propaganda” LGBTQ+. La ley recién firmada prohíbe efectivamente cualquier expresión pública de la vida LGBTQ+ en Rusia al prohibir “cualquier acción o difusión de cualquier información que se considere un intento de promover la homosexualidad en público, en línea o en películas, libros o publicidad”, informó Reuters.

La ley fue  aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Parlamento ruso. Se eliminaba el requisito de que la “propaganda” fuera realizada ante menores y, de ese modo, se prohibió cualquier manifestación, información o creación que mostrase “relaciones no tradicionales” de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades de género a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans fueron castigados con fuertes sanciones. De hecho, la reforma de la ley supuso la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se consideraron “agentes extranjeros” o traidores a la patria, en una situación de guerra tras la brutal invasión de Ucrania.

IMG_1650El siguiente ataque a los derechos LGTBI fue dirigido específicamente y con absoluta crueldad contra el colectivo más vulnerable: las personas trans. El 31 de mayo de 2023, fue presentado un proyecto de ley en la Duma (la cámara baja del Parlamento ruso) en el que se establecía la prohibición de cualquier tratamiento médico, tanto farmacológico como quirúrgico, para la reasignación de género. El proyecto de ley fue aprobado en la cámara el 19 de julio, tras las tres lecturas pertinentes, por unanimidad de los representantes, dejando patente una vez más que el supuesto pluripartidismo del régimen autocrático ruso es una mera pantomima. Ese mismo día, se sometió a votación en el Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento). Se habían introducido varias enmiendas al texto inicial, que incluían la anulación de los matrimonios en los que uno de los cónyuges hubiera cambiado su sexo registral, así como la prohibición de que estas personas pudieran adoptar o acoger a niños. Tan solo unos días después, el 24 de julio, la ley era promulgada por el presidente Vladimir Putin. Desde esa fecha, las personas trans rusas dejaban de existir legalmente.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, en una sesión a puerta cerrada, el Tribunal Supremo ruso falló a favor de la demanda del Ministerio de Justicia que acusaba al “movimiento LGTBI” de incitar a la discordia social y religiosa. La sentencia del alto tribunal calificaba al “movimiento LGTBI internacional” como “organización extremista”, poniendo en peligro cualquier forma de activismo o visibilidad de las personas LGTBI rusas. La legislación penal rusa castiga con hasta 12 años de cárcel el hecho de participar en una organización declarada como extremista, así como su financiación. Cualquier persona que exhiba símbolos de tales grupos se enfrenta a hasta 15 días de detención en la primera ocasión y hasta cuatro años de prisión si es reincidente. Existe una «lista de extremistas» en la que las autoridades incluyen a las personas sospechosas de estar implicadas en ese tipo de organización. Sus cuentas bancarias pueden ser congeladas y se les prohíbe presentarse a cargos públicos.

Como el supuesto “movimiento LGTBI internacional” no existe en realidad como organización, las corruptas autoridades judiciales podrán procesar arbitrariamente a cualquier persona por cualquier actividad relacionada con los derechos LGTBI. Si la ley contra la “propaganda homosexual” establecía fuertes sanciones administrativas a la visibilidad LGTBI, la sentencia del Tribunal Supremo la convirtió en un delito grave penado con dureza.

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En esta coyuntura, no podemos olvidar el papel fundamental que está ejerciendo la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y ponemos dos ejemplos:

Recientemente, el patriarca Kirill llamaba a Rusia a luchar contra Occidente, al que calificaba como  el “Anticristo”: la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”,

El patriarca Moscú, Kirill I, ha llamado a Rusia a luchar contra el “mal” de Occidente. “Es muy importante que nuestro país sea capaz de liderar la resistencia contra -diré ahora una palabra increíble- el Anticristo“, afirmó el líder de la Iglesia ortodoxa rusa en la cámara alta del Parlamento, el Consejo de la Federación. Hay que defenderse de la llegada del “mal”, aseveró quien se ha convertido en uno de los principales aliados del presidente Vladimir Putin.

Según Kirill, las élites de los países occidentales se basan en valores anticristianos y están embarcados en lo que considera un proceso para disolver la herencia cristiana. “Hoy en día, las élites occidentales están librando una guerra contra la institución de la familia tradicional, por supuesto con el pretexto del respeto a los derechos humanos y la libre elección”, afirmó el jerarca, criticando, como ya ha hecho en otras ocasiones, la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”, según informa Katholisch.

“La casa europea, para decirlo con palabras del Evangelio, se parece cada vez más a un ataúd pintado, que se ve hermoso por fuera, pero por dentro está lleno de huesos de un hombre muerto y todo tipo de suciedad“, abundó en su descripción del declive de Occidente, en su opinión. El edificio impresiona por su lujo, “pero los cimientos son irremediablemente débiles y los muros de carga están al borde del colapso”.

En febrero de 2023 la Iglesia Ortodoxa Rusa rompía con las «iglesias» que aceptan el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha cortado los lazos con las iglesias occidentales que han aprobado el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. Entre ellas figura la Iglesia de Inglaterra, de donde nació la comunión anglicana. comunidades de las iglesias luteranas de Suecia, Noruega y la Iglesia Episcopal de EE.UU., de base anglicana.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La criminalización de la diversidad sexual y de género en Uganda estigmatiza a la comunidad LGTBI y pone en riesgo la estrategia de control del VIH

Lunes, 19 de febrero de 2024

IMG_2863Recapitulando con más información:

Tras la promulgación de una de las leyes contra la diversidad sexual y de género más duras del mundo en primavera de 2023, la comunidad LGTBI de Uganda, se enfrenta a las difíciles consecuencias de la persecución de Estado. La legislación discriminatoria castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, condena «la promoción de la homosexualidad» con hasta 20 años de cárcel y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Esta situación pone en grave riesgo la estrategia de control del VIH en este país africano. Activistas, personas que viven con el VIH y otras en situación de riesgo ya están sufriendo los efectos de la represión LGTBIfóbica y de la sinrazón de la criminalización del colectivo.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la «Ley contra la Homosexualidad 2023». Solo tres meses después, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada», un «delito» que se castiga con la pena de muerte. Se le acusó de «relaciones sexuales ilegales con un hombre de 41 años» y está en prisión preventiva, aunque en su orden de detención no se especificaban los motivos por los que se considera «agravamiento» en su caso. La abogada del joven ha valorado que se trata de una «ley inconstitucional» en su conjunto. De hecho, distintas organizaciones a favor de los derechos humanos la recurrieron en diciembre.

Steven Kabuye, director ejecutivo del grupo de defensa Colored Voice Truth to LGBTQ, que ha sufrido amenazas de muerte desde marzo debido a su sexualidad, se grabó en el suelo, aferrándose a la vida, tras ser apuñalado repetidamente por asaltantes desconocidos en el exterior de su casa. Ahora está recibiendo atención fuera de Uganda. Pero Kabuye dice que la policía parecía más centrada en que era gay que en el ataque.

Violación de los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, «La Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad. Además, la Ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias».

Según recoge esta organización, además, esta ley «viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención, la reclusión o el exilio arbitrarios, y las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17».

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU describió la ley como una «violación de los derechos humanos». Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el proyecto de ley como «discriminatorio, probablemente el peor de este tipo en el mundo».

En una encuesta realizada en 2022 por Afrobarómetro, una red apartidista de investigación, se puso de manifiesto que el pueblo ugandés es muy tolerante con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerante con la diversidad sexual y de género. Cerca del 97% se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94% afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía. Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes anti LGTBI. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de «deshacerse de un vestigio de la dominación colonial». Sin embargo, la realidad ugandesa es que ley contra la sodomía de 1950 fue aprobada durante el dominio colonial de Reino Unido (recordemos que Uganda obtuvo la independencia de este país en 1962).

En grave riesgo la estrategia de control del VIH

A raíz de la legislación discriminatoria contra las personas LGTBI, las organizaciones que trabajan para controlar el VIH en Uganda se están viendo sometidas a innumerables problemas y desafíos, que ponen en riesgo incluso la continuidad de muchas de ellas. Es por ejemplo el caso de la Fundación Foaster para la Salud de Uganda (FFHCU): «Actualmente, la Fundación Foaster se enfrenta a la pérdida de su oficina y espacio de refugio, y estamos recaudando fondos urgentemente para ayudar a pagar su alquiler y asegurarnos de que los miembros de Foaster no pierdan su casa y seguridad». Mientras el director  de la fundación se encontraba en el hospital visitando a un compañero que había sido golpeado, el espacio del refugio fue allanado por la policía y 10 miembros fueron arrestados bajo cargos de homosexualidad.

Escalada de represión al colectivo LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda, como hemos visto, se ha deteriorado todavía más de lo que ya estaba los últimos años. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La durísima normativa vigente se remonta a 2016, cuando la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, perofinalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, ya vigente, recupera muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Con todo, conviene tener en cuenta que además del marco jurídico desfavorable, la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques discriminatorios arbitrarios. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre de 2019  recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo, como ha acabado ocurriendo.

La Ley contra la homosexualidad de 2023

En febrero de 2023, el Parlamento de Uganda autorizó la presentación de un proyecto de ley que pretendía actualizar la penalización de las relaciones homosexuales. En el memorándum de la presentación del proyecto, se establecía que su pretensión era:

prohibir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su «promoción o reconocimiento»,

reforzar las medidas para «hacer frente a las nuevas amenazas a la familia tradicional heterosexual»,

proteger a la cultura ugandesa de los activistas de los derechos sexuales que pretenden imponer sus valores de promiscuidad sexual, y

proteger a los niños y jóvenes vulnerables ante los abusos sexuales derivados de la homosexualidad y actos afines.

Es decir, como es habitual en este tipo de textos represores de la libertad sexual, se ligaba la homosexualidad a la pederastia o abuso de menores, se la declaraba como una amenaza a la familia tradicional e incluso se la consideraba como algo ajeno a la cultura africana.

El primer borrador presentado y llevado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya establecía penas de 10 años de prisión por el «delito de homosexualidad», en el que incurrían no solo quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, sino también quienes simplemente se declarasen «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino».  También castigaba con la pena de muerte los casos de «homosexualidad agravada», en los que se incluían las relaciones homosexuales de personas que conviven con el VIH.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, una mayoría de 30 miembros apoyó el proyecto de ley tal como se había presentado. Tan solo dos miembros disintieron. Expertos en derechos humanos y juristas de prestigio declararon que muchos de los artículos del proyecto eran inconstitucionales. Fue inútil, la mayoría de los miembros de la Comisión estimaron que «la prohibición de la homosexualidad está arraigada en las leyes de Uganda y en nuestras normas y valores culturales más preciados y compartidos». También afirmaron, a pesar de las pruebas en contra, que los medios de comunicación «se han visto inundados recientemente de noticias sobre sodomía y lesbianismo en las escuelas ugandesas» y que «la seducción y el reclutamiento de escolares para la homosexualidad han tomado forma en Uganda».

De esta manera, no solamente dieron su apoyo al proyecto de ley, sino que introdujeron enmiendas que lo endurecían. Mantener relaciones homosexuales se castigaría con la cadena perpetua y con 14 años de cárcel en el grado de tentativa. Aunque desaparecía la mención al VIH en el delito de «homosexualidad agravada», se incluyó el hecho de contraer una «enfermedad terminal» por una de las partes para castigarla con la pena de muerte. También se incluyó la pena de prisión de 10 años para quienes participasen en una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se modificaron las normas del Parlamento para poder apoyar el proyecto de ley sin demora. El 21 de marzo se votaron las dos últimas lecturas, por una mayoría de 387 votos a favor y tan solo 2 en contra.

La nueva norma fue remitida al presidente Yoweri Museveni para su promulgación. Sin embargo, aconsejado por los funcionarios del Ministerio de Justicia y por miembros de su propio partido, Museveni devolvió el texto al Parlamento para que introdujera modificaciones. El presidente requería que no se castigara el mero hecho de identificarse como una persona LGTBI ni tampoco el hecho de no denunciar los actos homosexuales. El Parlamento introdujo las enmiendas necesarias, aunque la no denuncia de los actos homosexuales siguió siendo castigada si una las personas implicadas era vulnerable. El texto final fue aprobado por 348 votos a favor y tan solo 1 en contra.

El 29 de mayo de 2023, el presidente Yoweri Museveni promulgó finalmente la Ley contra la homosexualidad. Destacamos a continuación los artículos que vulneran los derechos humanos de las personas LGTBI, dejando sin citar las penas establecidas para los delitos de violación o el abuso de menores:

  • Artículo 2. Delito de homosexualidad
    1. Una persona comete el delito de homosexualidad si realiza un acto sexual o permite que una persona de su mismo sexo realice un acto sexual con ella.
    2. Toda persona que cometa un delito de homosexualidad podrá ser condenada a cadena perpetua.
    3. Toda persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta diez años.
  • Artículo 3. Homosexualidad agravada
    1. Una persona que cometa el delito de homosexualidad en cualquiera de las circunstancias especificadas en el apartado (2), comete el delito de homosexualidad con agravantes y puede ser condenada a muerte.
    2. Las circunstancias a las que se hace referencia en el apartado (1) son cuando
      • la persona contra la que se comete el delito contrae una enfermedad terminal como resultado del acto sexual;
      • el delincuente es reincidente;
      • la persona contra la que se comete el delito es de edad avanzada;
    3. Una persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta catorce años.
  • Artículo 6. El consentimiento para cometer un acto sexual no constituye defensa
    • El consentimiento de una persona para cometer un acto sexual no constituirá una defensa frente a una acusación formulada en virtud de la presente Ley.
  • Artículo 10. Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
    1. Toda persona que
      • pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo;
      • presida, conduzca, presencie o dirija una ceremonia que pretenda ser un matrimonio entre personas del mismo sexo; o
      • asista o participe a sabiendas en la preparación de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, comete un delito y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años.
    2. En esta sección, «matrimonio» significa la unión, formal o informal, entre personas del mismo sexo.
  • Artículo 11. Promoción de la homosexualidad
    1. Toda persona que promueva la homosexualidad comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta veinte años.
    2. Una persona promueve la homosexualidad cuando
      • anima o persuade a otra persona a realizar un acto sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de la presente Ley;
      • a sabiendas anuncia, publica, imprime, emite, distribuye o hace que se anuncie, publique, imprima, emita o distribuya por cualquier medio, incluido el uso de un ordenador, sistema de información o internet, cualquier material que promueva o fomente la homosexualidad o la comisión de un delito tipificado en esta Ley;
      • proporcione apoyo financiero, ya sea en especie o en efectivo, para facilitar actividades que fomenten la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley;
      • a sabiendas alquile o subarriende, utilice o permita que otra persona utilice cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomenten la homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley; o
      • dirija una organización que promueva o fomente la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley.
    3. Cuando una persona jurídica cometa un delito tipificado en este artículo, el tribunal podrá
      • imponer una multa no superior a cincuenta mil puntos monetarios por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo;
      • suspender la licencia de la entidad por un período de diez años; o
      • cancelar la licencia concedida a la entidad.
  • Artículo 14. Obligación de denunciar actos de homosexualidad
    1. Toda persona que sepa o tenga sospechas razonables de que una persona ha cometido o tiene intención de cometer un delito de homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley, informará del asunto a la policía para que adopte las medidas oportunas.
    2. Una persona a la que el privilegio le impida realizar una denuncia en virtud del apartado (1) será inmune a cualquier acción derivada de la divulgación de la información sin que se haya obtenido o tenido previamente el consentimiento o la renuncia al privilegio.
    3. Una persona que haga una denuncia a la que se hace referencia en esta sección será tratada como denunciante de conformidad con la Ley de Protección de Denunciantes de 2010 y estará protegida contra la victimización.
    4. Esta sección no se aplicará a un abogado en virtud de la Ley de la Abogacía.

Como hemos señalado anteriormente, tan solo tres meses después de la promulgación de la ley, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada»,

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Concluye la fase de instrucción del juicio por el asesinato de Samuel Luiz con solicitudes de penas de 22 a 25 años de prisión

Lunes, 19 de febrero de 2024

IMG_2849El juzgado de instrucción nº 8 de A Coruña ha finalizado el pasado 30 de enero la instrucción del caso del asesinato de Samuel Luiz, ocurrido el 3 de julio de 2021. Comienza la fase oral del juicio, que se prevé que tenga lugar antes del verano. Las cinco personas mayores de edad participantes en los hechos son acusadas de asesinato, al apreciarse las circunstancias agravantes de alevosía y ensañamiento. La Fiscalía y las acusaciones particulares solicitan penas de prisión de 25 años para los dos acusados que iniciaron el crimen, al considerar la agravante de discriminación por orientación sexual, y de 22 años para los tres restantes. Para uno de ellos, además, se solicita una pena de 5 años por el robo con violencia del móvil de asesinado.

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará antes del verano el juicio oral del caso del asesinato de Samuel Luiz, tras darse por concluida la fase de instrucción. El juez instructor ha estimado que existen indicios suficientes para que la acusación de los cinco implicados sea por el delito de asesinato y no de homicidio, al apreciar las circunstancias agravantes de alevosía (imposibilidad de defensa de la víctima) y ensañamiento.

Según el relato del juez instructor, en un primer momento dos de los acusados «con el propósito de causar el fallecimiento» de la víctima, y en todo caso «siendo conscientes»de que sus actos podían causar el fatal desenlace o «admitiendo el riesgo que ello comportaba», le dieron patadas y puñetazos en la cara y en la cabeza, mientras que la mujer acusada en el procedimiento, «en unidad de actuación del ataque», trató de evitar que el posteriormente fallecido fuese auxiliado por una amiga. Según todas las acusaciones, en poco tiempo se unieron a la agresión los otros dos varones que también serán enjuiciados, además de dos menores de edad en el momento de los hechos que ya han sido condenados por un delito de asesinato.

Según sostiene el juez instructor en su auto, «en ese escenario, la víctima se encontraba rodeada y golpeada, inerme, a merced y voluntad de su grupo agresores, en clara situación de inferioridad y desvalimiento, sin posibilidad alguna de defensa». De ahí la agravante de alevosía imprescindible para la acusación por asesinato.

De esta manera, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han solicitado una pena de 22 años de prisión para los detenidos. A dos de ellos, los iniciadores de la agresión, se les añaden 3 años más por la agravante de discriminación por orientación sexual. Para uno de ellos, se solicitan además 5 años por el robo con violencia del teléfono móvil de Samuel.

Si bien la detención de los acusados se produjo con celeridad, el proceso de instrucción ha sido laborioso. La demora de tres años se debe, principalmente, a las comisiones rogatorias que sido necesario enviar a los Estados Unidos para acceder a las cuentas en redes sociales y aplicaciones similares de los sospechosos. Según declaraciones de los testigos, una vez que los acusados fueron conscientes de que Samuel estaba muerto, se reunieron para acordar eliminar las pruebas que pudieran existir en sus teléfonos móviles y redes.

La situación actual de los detenidos permanecerá igual, tres de ellos seguirán en prisión preventiva y dos (entre ellos la única mujer) en libertad.

En cuanto a los dos participantes menores de edad, fueron condenados por asesinato en abril de 2022 a tres años y medio de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores, seguidos de tres años de libertad vigilada, tras llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes personadas. Como medida preventiva, los dos permanecían en un centro de menores desde una semana después del crimen, el 11 de julio de 2021, por lo que es muy probable que cuando concluya el juicio oral ya hayan cumplido los tres años y medio de reclusión.

Inequívocamente un delito de odio

El juez instructor ha encontrado indicios suficientes de que hubo un componente de discriminación por orientación sexual en el inicio de la agresión. Por ello dos de los acusados se enfrentan a una circunstancia agravante que puede incrementar la pena de prisión en tres años.

Sin embargo, muy especialmente durante los primeros días tras su muerte, tanto fuentes policiales como medios de comunicación, opinadores, columnistas y participantes en redes sociales (algunos de ellos no precisamente anónimos…) se esforzaron por evitar calificar como homófoba la agresión sufrida por Samuel. Incluso negaban expresamente que así hubiera sido.

IMG_2848Especialmente relevante en la actualidad fue la reacción de la hoy titular del Instituto de las Mujeres, Isabel García, entonces diputada provincial de Valencia y delegada federal LGTBI del PSOE. En su cuenta de la red social Twitter, Isabel García condenaba los hechos pero afirmaba que «No parece ser un asesinato por motivos homófobos».

Los negacionistas del delito de odio se agarraban a argumentos tan endebles como el hecho de que la víctima no hubiera revelado su condición de gay a su familia, sin tener en cuenta sus condicionantes familiares (Samuel, de origen brasileño, pertenecía a una familia de fuertes convicciones evangélicas). O declaraciones de su propio padre, reticente a que el colectivo LGTBI considerase a Samuel un símbolo.

Todo ello como si el hecho de que la víctima de una agresión homófoba no haya verbalizado ante su familia su condición de gay obligase a aportar pruebas extraordinarias de «gaicidad». O como si no supiéramos que las agresiones por LGTBIfobia se dirigen contra toda aquella persona percibida como LGTBI, incluyendo a personas heterosexuales con expresión de género no normativa.

Los hechos según los testigos

Haremos un breve recordatorio de lo sucedido aquella fatídica madrugada del 3 de julio de 2021. Samuel Luiz, un joven auxiliar de enfermería, disfrutaba de la noche en compañía de unos amigos en un local de A Coruña. Cerca de la hora del cierre Samuel salió a fumar junto a una de sus amigas, de nombre Lina. En ese momento hicieron una videollamada a otra amiga, testigo a distancia del inicio de la agresión. Un grupo de jóvenes que se encontraban cerca pensaron que los estaban grabando y les gritaron. Samuel y su amiga intentaron explicarles que no era así, pero uno de ellos le espetó directamente a Samuel «O paras de grabar o te mato, maricón». «¿Maricón de qué?», se revolvió entonces Samuel, antes de recibir varios golpes.

La agresión no se detuvo ahí, pese a que el agresor se alejó de Samuel en ese primer momento. Samuel, consciente y en un estado relativamente bueno pese a las contusiones, pidió a Lina que buscara su móvil, que se le había caído (luego se supo que lo robó uno de los agresores). Instantes después, sin embargo, el agresor volvió acompañado de cerca de una docena de personas, varias de las cuales lo acorralaron y golpearon brutalmente pese a los gritos de horror de su amiga, al grito de «¡maricón de mierda!». Samuel intentó escapar y corrió durante unos 200 metros, pero los agresores lo alcanzaron, lo derribaron y continuaron pateándolo con saña, hasta que quedó inconsciente y se dejó de mover. En ese momento los agresores se dispersaron. Dos jóvenes senegaleses, Ibrahima Diack y Makate Ndiaye, intentaron defender a Samuel durante la paliza, pero no pudieron hacer nada ante la turba y de hecho Ibrahima recibió varios golpes. Aunque los profesionales sanitarios intentaron reanimarlo de forma denodada, Samuel fallecía esa misma noche debido a la gravedad de los golpes recibidos. Además del traumatismo craneoencéfalico severo, presentaba contusiones y hematomas por todo el cuerpo.

La Policía Nacional pudo identificar, durante los días siguientes, a la mayor parte del grupo agresor. Utilizaron para ello las declaraciones de varios testigos (al menos uno de ellos conocía de vista a alguno de los agresores), además de imágenes grabadas con móviles por algunos testigos e imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona. El hecho de que en ese momento en Galicia fuese necesario dar el DNI para acceder a locales de ocio debido a la pandemia de covid-19 fue también de ayuda. Las pruebas de ADN también fueron importantes para reforzar la acusación de algunos de los detenidos.

Fuente Dosmanzanas

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El campeón mundial de motociclismo Fabio Quartararo borró un tuit tras recibir numerosos comentarios homófobos

Martes, 16 de enero de 2024
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IMG_2127El motociclista francés Fabio Quartararo, campeón mundial de moto GP en 2021 y subcampeón de la misma categoría en 2022, ha retirado de X, red social mejor conocida como Twitter, un tuit en el que publicaba un foto cariñosa junto a un amigo tras recibir numerosos comentarios homófobos. El piloto sí mantiene la publicación en su perfil de Instagram, aunque la ha cerrado a comentarios

La imagen, de lo más inocente, muestra a Quartararo en actitud cariñosa junto a su amigo Ethan Doux, con la frase en inglés «What are we talking about?» («¿De qué estamos hablando?») subrayada con un emoticono de los que suele asociarse a la expresión de vergüenza o nerviosismo. Un mensaje que no habría pasado de lo anecdótico si no fuera porque el piloto la retiraba tras recibir como respuesta una avalancha de mensajes de carácter homófobo.

Fabio Quartararo, del que por cierto desconocemos su orientación sexual, sí ha mantenido el mismo mensaje en su perfil de Instagram, si bien en esta red ha desactivado los comentarios. La publicación, eso sí, lleva contabilizandos ya más de 120.000 likes:

«Es muy triste que Quartararo se haya sentido obligado a borrar este tuit tras el acoso de los neandertales. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Dónde queda el amor y el respeto a otro ser humano, especialmente a un hombre lleno de talento que ilumina nuestras vidas con sus heroicidades sobre la motoGP?», tuiteaba el exmotociclista y periodista deportivo Mat Oxley:

Coincidimos, como no puede ser de otra manera, con Oxley, pero además nos preguntamos que si algo así sucede con un deportista rico y famoso en posición de privilegio, qué no sucederá en redes con otras personas en posiciones más vulnerables.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Burundi quiere arrestar a homosexuales y matarlos a pedradas en un estadio

Sábado, 13 de enero de 2024
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Eso es lo que se merecen”, dijo a los periodistas en la empobrecida nación de África Oriental.

El presidente de Burundi alient la violencia homófoba. Évariste Ndayishimiye, en una intervención televisada, hizo a finales de año un llamamiento a la lapidación de las personas LGTBI, en una nueva escalada de la retórica de odio homófobo. Las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas desde 2009 en el país africano, y la situación de la comunidad LGTBI no ha hecho más que empeorar desde entonces. Un reciente informe de Amnistía Internacional denuncia el «entorno hostil» en el que tienen que desarrollar sus vidas.

El presidente de Burundi se unió el viernes al coro de sentimientos anti-LGBTQ+ entre los líderes del África subsahariana al pedir la persecución de los homosexuales en sus países. “Si queréis atraer una maldición al país, aceptad la homosexualidad”, dijo a los periodistas el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, según Reuters.

En un evento en la pequeña nación sin salida al mar al sur de Uganda en la provincia oriental de Cankuzo del país, donde respondió preguntas de periodistas y del público, Ndayishimiye comentó que los homosexuales en su país deberían ser detenidos y llevados a un estadio donde serían apedreados.  La diatriba homófoba se retransmitió por radio y televisión. Ante una pregunta sobre las parejas del mismo sexo, Ndayishimiye tachó la existencia de estas como una «práctica abominable». «Os digo la verdad», prosiguió, «si queréis traer la maldición a un país, hay que dejar casarse a las personas del mismo sexo», apelando a continuación a la leyenda bíblica de Sodoma y Gomorra. «Personalmente, pienso que si se ven ese tipo de individuos en Burundi, habría que ponerlos en un estadio y lapidarlos con piedras. ¡Y eso no sería un pecado para los que lo hicieran!», sentenció Ndayishimiye durante el evento: “Eso es lo que se merecen”, añadió.

Si bien los comentarios del presidente no tienen fuerza de ley, son una indicación de las crecientes actitudes anti-LGBTQ+ entre funcionarios gubernamentales y ciudadanos públicos que se han ido extendiendo en general por toda la región.

La presidencia de Ndayishimiye, que lleva en el poder desde 2020, se ha caracterizado en materia de derechos por la virulencia contra las personas LGTBI. En su discurso de inauguración calificó el matrimonio entre personas del mismo sexo como una «desviación social» y poco después sugirió que los países más afectados por la pandemia de la covid-19 eran los que apoyaban a la comunidad LGTBI. A comienzos del año pasado, hizo un llamamiento a «echar una maldición a las personas que se entregan a la homosexualidad» porque «Dios no puede soportarlo» y «Dios nunca tuvo la intención de [permitir los] matrimonios del mismo sexo».

Burundi, pequeño país africano densamente poblado de mayoría católica (el propio Ndayishimiye es descrito como un «católico ferviente»), sufre desde hace años una preocupante deriva hacia la violencia y la estigmatización de las personas LGTBI. Las relaciones entre personas del mismo sexo, tanto hombres como mujeres, están penadas desde 2009 con multas y hasta dos años de cárcel. Desde entonces se han documentado numerosos casos de arrestos y hostigamiento, que con frecuencia incluyen extorsiones por parte de la policía para conseguir sobornos de sus víctimas. En 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la detención de dos menores de edad por subir a Facebook un vídeo en el que aparecían bailando juntos.

Amnistía Internacional ha publicado recientemente un informe, con el contundente título de Nos enfrentamos a la extinción, en el que analiza la situación de la comunidad LGTBI en doce países africanos. Entre ellos Burundi, sobre el que alerta del clima de hostigamiento creciente y los arrestos arbitrarios. «El marco legal ha creado un entorno hostil para las personas LGTBI en el país, dejándolas vulnerables a la discriminación, el acoso y la persecución», reza el informe, que añade que «los comentarios incendiarios del presidente Ndayishimiye solo han servido para marginalizar y estigmatizar más aún a las personas LGTBI en Burundi».

Al igual que los líderes de las vecinas Uganda y Kenia, Ndayishimiye acusó a las naciones occidentales de imponer los derechos de los homosexuales en África a cambio de ayuda. “Que se lo queden”, dijo.

Los comentarios de Ndayishimiye se producen  tras la aprobación en Uganda de la segunda “Matar a los gaysen marzo, firmada con entusiasmo por el presidente de ese país, Yoweri Museveni, en mayo del año pasado. La ley, oficialmente titulada Ley contra la Homosexualidad, establece la pena de muerte para la “homosexualidad agravada, definida como actos entre personas del mismo sexo realizados por cualquier persona infectada con VIH o cualquier acto entre personas del mismo sexo que involucre a niños, discapacitados o una víctima coaccionada.

Quienes “promuevan” la homosexualidad en Uganda por cualquier medio, como proporcionar servicios o alquilar espacios a personas u organizaciones homosexuales conocidas, están sujetos a multas y penas de prisión.

Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Actualmente la ley está siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional del país.

 Tras la firma de Museveni, Estados Unidos anunció restricciones de visas y la expulsión de Uganda de un pacto comercial liderado por Estados Unidos por las “graves violaciones” de los derechos humanos y otros requisitos de elegibilidad del país.

El año pasado, los legisladores de Kenia, introdujeron una copia de la ley “Matar a los gays” que se abrió camino en el parlamento. La ley propuesta incluye la “expulsión de refugiados y solicitantes de asilo que violen la ley” y exigiría “psicoterapia y rehabilitación de delincuentes”, planteando la perspectiva de campos de reeducación y terapias de conversión forzada para personas queer.

La presentación del Proyecto de Ley de Protección Familiar de Kenia se produjo tras una cumbre de legisladores activistas anti-LGBTQ+ en Uganda en marzo organizada por Family Watch International, una organización con sede en Arizona comprometida con la difusión de la ideología anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. El grupo jugó un papel decisivo en la elaboración del proyecto de ley Kill the Gays original de Uganda en 2009.

A raíz de Uganda y Kenia, la legislación y los procesamientos anti-LGBTQ+ se han extendido a otras naciones africanas, incluidas Ghana, Zambia y Tanzania, donde las autoridades han prometido procesar a cualquiera que sea sorprendido compartiendo contenido LGBTQ+ en línea

Fuente LGBTQNation/Tetû

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Condenados a cadena perpetua dos adolescentes que planearon a sangre fría y ejecutaron el asesinato de la joven trans Brianna Ghey

Viernes, 12 de enero de 2024
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IMG_2033De forma unánime, un jurado de Manchester (Inglaterra) ha considerado a dos adolescentes británicos culpables del brutal asesinato de la joven trans Brianna Ghey, ocurrido en febrero de 2023. Un asesinato que conmocionó a la comunidad LGTBI británica, enfrentada en tiempos recientes a un clima de transfobia alentada tanto por políticos conservadores como por el pujante lobby transexcluyente. La jueza ya ha hecho público que los dos adolescentes, una chica y un chico identificados respectivamente como X e Y, se enfrentan a una condena de cadena perpetua, si bien no ha dado a conocer el tiempo mínimo que deberán pasar en prisión antes de que esta pueda ser revisada.

El asesinato de Brianna Ghey, de 16 años, ocurrió el 11 de febrero de 2023. La joven fue acuchillada con saña, recibiendo un total de 28 puñaladas, en un parque de Warrington (condado de Cheshire, al norte de Inglaterra). Fue encontrada, ya sin vida, por dos paseantes. Brianna era una chica abiertamente trans, que había contado con el apoyo de su familia en su proceso de transición, y ella misma, muy activa en redes sociales, ofrecía apoyo a otras niñas trans.

El brutal asesinato de Brianna causó una honda conmoción y gran indignación en la comunidad LGTBI británica, por mucho que los medios de comunicación generalistas británicos (habituados a actuar como altavoz de las posiciones tránsfobas) se esforzaran por desligar el hecho de que Brianna fuera una chica trans de las circunstancias de su asesinato. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la comunidad trans del Reino Unido vive enfrentada desde hace varios años a una ola de transfobia sin precedentes, impulsada de la mano de políticos conservadores, activistas del movimiento transexcluyente y figuras de gran relevancia social, como la escritora J.K. Rowling.

La comunidad LGTBI también tuvo que soportar las habituales polémicas relacionadas con el tratamiento de la identidad de género cuando de menores se trata, y más teniendo en cuenta el hecho de que Reino Unido, especialmente atrasado en esta materia, no permite a los menores de edad modificar legalmente su género en documentos oficiales. The Times, por ejemplo, llegó a modificar la referencia inicial a Brianna como «una chica» y se refirió a ella con su deadname. Finalmente, tras la indignación que ello despertó, volvió a referirse a ella en femenino y con su nombre elegido. El Gobierno conservador británico, por su parte, se negó a modificar el certificado de defunción de Brianna para que en él apareciera reflejada su identidad femenina.

Por lo que se refiere a la investigación, pese a sus reticencias iniciales la Policía británica acabó por investigar lo sucedido como un delito de odio, y en pocos días detuvo a dos sospechosos, una chica y un chico, adolescentes como Brianna, y consiguió pruebas incriminatorias suficientes. Durante el juicio, celebrado entre el 27 de noviembre y el 20 de diciembre, los dos jóvenes se han acusado mutuamente de ser los responsables intelectuales del asesinato, si bien las pruebas no dejan lugar a dudas de que ambos son igualmente responsables. Entre ellas, un documento manuscrito encontrado en la casa de X, en el que planeaban el crimen, y el hallazgo del arma del crimen en la casa de Y. Pero si algo ha impresionado durante la celebración del juicio han sido las impactantes conversaciones de WhatsApp mantenidas entre X e Y, absolutamente carentes de empatía. Aunque los dos asesinos, que llevaban tiempo fantaseando con la idea de cometer un asesinato, manejaron otras posibles víctimas, acabaron focalizando su atención en Brianna, una víctima especialmente vulnerable a la que Y, con un lenguaje deshumanizador, se refería como «it» («ello») y «la presa». «Ya veremos si grita como un hombre o como una mujer», llegó a escribir Y a su cómplice.

Una vez conocida la sentencia de culpabilidad, quedan por conocer los detalles de la condena, que se harán públicos en febrero. La jueza, Amanda Yip, ha comunicado que se les impondrá una condena de cadena perpetua revisable, si bien aún no ha hecho público los años que los dos asesinos deberán pasar forzosamente en prisión antes de que la condena pueda ser revisada. En esa fecha muy posiblemente se hagan también públicos sus verdaderos nombres.

Fuente Dosmanzanas

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Las mujeres trans, principales receptoras de los mensajes de odio por LGTBIfobia en redes sociales en 2023

Miércoles, 3 de enero de 2024
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IMG_2124La organización Lambda Valencia ha hecho pública la tercera edición del informe Al Loro!, que analiza la violencia que el colectivo LGTBI ha recibido en redes sociales en el año 2023. Las personas trans son las principales víctimas, recayendo sobre ellas el 49% de los ataques. Dentro de estas, las mujeres son las que se llevan la palma: el 79% de los mensajes de odio contra personas trans se dirigen, en concreto, a ellas. Por tipología de discurso, el más común es el de extrema derecha (48%), seguido del vinculado al supuesto ‘feminismo’ transexcluyente (22%). Las mujeres (cis y trans) suponen el 60% de las víctimas, seguidas de las personas no binarias (23%) y los hombres (17%). 

El equipo de rastreo ha detectado y analizado una muestra 1.288 mensajes de odio, un 6,5% más que en 2022. «Trans», «sida», «adoctrinamiento» y «delirio trans» son los cuatro términos clave que más se repiten.

Instagram y TikTok son las redes con mayor número de mensajes de odio detectados, seguidas de Facebook, X (antes Twitter) y YouTube (red que se comenzó a monitorear en noviembre tras una polémica sobre el uso de lenguaje inclusivo en un videojuego). Es importante matizar, a este respecto, que en 2023 Lambda ha modificado la metodología utilizada en anteriores informes pasando del rastreo automatizado al manual para facilitar el acceso a publicaciones privadas, más frecuentes en redes como Instagram o Facebook que, por ejemplo, en X, la red que tradicionalmente suele señalarse como la favorita para verter mensajes de odio.

Por lo que se refiere a la tipología de los mensajes, el grueso lo constituyen los mensajes de burla (40%), seguidos de los insultos explícitos (26%) y la difusión de bulos/fake news(16%), habituales cuando de la realidad trans hablamos. Les siguen los mensajes de invisibilización (11%) y los de amenaza y/o intimidación (7%).

Por lo que refiere a los destinatarios, tras las personas trans (49%), el segundo bloque de mensajes de odio más frecuente es el de los dirigidos en su conjunto a las personas LGTBI+ (23%), seguido de las burlas al lenguaje inclusivo (12%), uno de los blancos favoritos del discurso de odio (pincha en las imágenes para agrandarlas):

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En cuanto al perfil del atacante, el 69% de los discursos provienen de hombres y el 31% de mujeres. Por edades, la mayoría de los mensajes de odio que se vierten en las redes vienen por parte de personas de entre 30 y 45 años, seguidos por aquellas de entre 45 y 60 años y finalmente, las de 18-30 años.

Más de la mitad de las veces, concretamente en el 58% de los mensajes registrados, el discurso de odio viene de atacantes de extrema derecha. En el 26% de los casos proviene de perfiles pertenecientes al supuesto ‘feminismo’ transexcluyente. Ambas categorías engloban, de hecho, el 84% del discurso de odio.

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Por lo que se refiere específicamente al colectivo trans, principal destinatario de los mensajes de odio, la aplastante mayoría (79%) está dirigida hacia las mujeres trans. Les siguen las personas no binarias (11%), las familias (6%) y la infancia y los hombres trans (2% cada categoría). Unos datos que corroboran una vez más la correlación entre el odio tránsfobo y las actitudes machistas.


Puedes descargar el informe Al Loro! aquí

Fuente Dosmanzanas

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Mujeres, racializadas, migrantes o refugiadas y trabajadoras del sexo: el perfil de las víctimas del odio tránsfobo en el mundo

Sábado, 30 de diciembre de 2023
Comentarios desactivados en Mujeres, racializadas, migrantes o refugiadas y trabajadoras del sexo: el perfil de las víctimas del odio tránsfobo en el mundo

IMG_2049De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas. Es una cifra similar a la registrada entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, periodo durante el cual se tuvo constancia de 327 personas trans asesinadas. Ambas cifras son moderamente menores a la registrada entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, la más alta desde que se dispone de este registro (375 asesinatos).

Brasil vuelve a ser, como en años anteriores, el país con más asesinatos registrados: 100. Le sigue México, con 52; Estados Unidos, con 31, y Colombia, con 21. Por detrás se sitúan Ecuador, con 19; India y Perú, con 11 cada uno; Argentina y Filipinas, con 8 cada uno; Pakistán, con 7; Bangladés y Guatemala, con 5 cada uno; Chile, Honduras, Indonesia, Italia, Nicaragua, Turquía y Venezuela, con 3 cada uno; Azerbaiyán, Canadá, Cuba, España, Puerto Rico y Uruguay, con 2 cada uno, y finalmente Armenia, Bélgica, Eslovaquia, Grecia, Irak, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, Serbia y Uganda con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2023 se tiene constancia de 4.690 asesinatos de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Brasil (con 1.841 víctimas), México (con 701) y Estados Unidos (con 406) son los tres países que encabezan el registro.

La transfobia, entrelazada con el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el machismo

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el mahcismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023:

  • El 94% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
  • En un 80% de los casos registrados globalmente las víctimas eran personas de color o racializadas (cifra que supone un alza del 15% respecto al periodo inmediatamente anterior).
  • El 45% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes o refugiadas.
  • El 48% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo. Si se considera solo el continente europeo, esta cifra asciende al 78%.

 

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(Pincha en la imagen para ampliarla)


Dos nuevos asesinatos de personas trans en España

España vuelve a aparecer un año más en la lista, con dos asesinatos. El primero de ellos, el de una mujer cuyo cadáver fue encontrado en diciembre de 2022 en la ría del Nervión. Su nombre no ha trascendido. «El cadáver hallado en la ría junto al Puente Colgante de Bilbao que une Portugalete y Getxo el pasado sábado era el de una mujer trans blanca de 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado. Tenía dos pesas de levantamiento de pesas atadas a su cintura y la autopsia determinó que había muerto asfixiada antes de ser arrojada al estuario», registra el informe de Transgender Europe. El segundo, en febrero de 2023, el de Sandra, una mujer de 60 años que «murió tras ser apuñalada en el cuello por su pareja maltratadora en su casa de la zona de Sant Martí de Barcelona. La policía lo arrestó en el lugar».

Nuestro país, de hecho, acumula 16 víctimas en el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Además de los dos ya mencionados, los nombres más recientes incluidos en este listado son los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, y que apareció en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el informe de 2020.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

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Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2023 y los datos expuestos aquí

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

Fuente Dosmanzanas

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Agresión homófoba en Cáceres al activista Ángel Andreo

Lunes, 13 de noviembre de 2023
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Nuevo-extremeñismo-agresiónÁngel Andreo, secretario de Educación, Afiliación y Juventud de Nuevo Extremeñismo, víctima de la agresión denunciada. Fotografía: Nuevo Extremeñismo.

Ángel Andreo, conocido activista estudiantil, climático y por los derechos LGTBIQ+ sufrió el ataque de entre 10 y 15 desconocidos al grito de “maricón de mierda, bujarra, bujarrón, julandrón”.

“Yo he dicho basta y le digo basta también a los políticos que vomitan su odio sobre nosotras intoxicando a nuestra sociedad y destrozando la convivencia”

Los sucesos acontecieron en Cáceres este jueves 9 de noviembre, a las 18:10 de la tarde. Como consta en la denuncia interpuesta en comisaría, y a la que se ha tenido acceso, el Secretario de Educación, afiliación y juventud de Nuevo Extremeñismo, Ángel Andreo, conocido activista estudiantil, climático y por los derechos LGTBIQ+ sufrió el ataque de entre 10 y 15 divididos desconocidos.

En plena vía pública y a la luz del día fue acosado recibiendo insultos homófobos del tipo “maricón de mierda, bujarra, bujarrón, julandrón”. Con posterioridad, fue perseguido por la calle, produciéndose un encaramiento en el que los agresores, según relata la víctima, intentaron intimidarlo y emplear la fuerza, produciéndose entonces una agresión física.

Según el relato del denunciante, en ese momento llamó por teléfono avisando de que estaba en contacto con la Policía Nacional y, al haber varios testigos en la calle Donoso Cortés del casco histórico, los agresores se retiraron aunque continuando con las descalificaciones e insultos.

Ángel Andreo se dirigió posteriormente a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía donde interpuso una denuncia contra los agresores.

“Cuando te sucede algo así no piensas solo en lo que te pueden hacer, piensas en lo que ya le han hecho a otras personas, te acuerdas de la gente del colectivo a la que han linchado o matado, piensas que eso te puede ocurrir a ti y su objetivo es volver a encerrarnos en los armarios, que tengamos miedo de ir por la calle. Yo he dicho basta y le digo basta también a los políticos que vomitan su odio sobre nosotras intoxicando a nuestra sociedad y destrozando la convivencia” afirma Ángel.

Los informes del Ministerio Interior del último año muestran que los delitos de odio por orientación orientación sexual han aumentado en un 77%, quedando en la memoria el recuerdo de Samuel, joven asesinado en 2021 al grito de “puto maricón de mierda”.

Para Mónica López, presidenta de Nuevo Extremeñismo, “los responsables directos del aumento de estos crímenes son quienes llegan la existencia de estas discriminaciones y estos ataques; son quienes suben a las tribunas de los diputados para lanzar mensajes de audio, como cuando dicen que hay un aumento alarmante de población LGTBIQ+, o califican a las personas trans como enfermos crónicos; son quienes se oponen a la educación sexual apoyando la censura educativa que supone el pin parental; son quienes se salen de la Asamblea para boicotear el Pleno contra el bullying por lgtbifobia”.

“Esos crímenes son responsabilidades de la extrema derecha, de Vox y de quien les ha dejado entrar en el gobierno rompiendo todas sus promesas: la señora Guardiola” comenta indignado Gerardo rubio, secretario general de Nuevo Extremeñismo, que concluye, además, subrayando que “los actos de los políticos tienen su reflejo en la sociedad. Cuando Abascal califica de degenerados a los activistas del colectivo está alimentando este tipo de sucesos; cuando María Guardiola elimina la Consejería de Igualdad o permite que Vox le imponga la censura educativa o la censura de arte y cultural, siembra odio, y siembra violencia. Desde el partido nos comprometemos a combatir la violencia de extrema derecha en todas sus formas”.

Fuente Agencias

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Clasificación anual sobre derechos LGTBI en Europa: España mejora siete puestos y alcanza la cuarta posición europea en derechos LGTBI+ gracias a la Ley LGTBI+

Martes, 16 de mayo de 2023
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EspañaGayILGA-Europe publica su índice anual en el que reconoce la autodeterminación de género, las prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de menores intersex que recoge la ley trans

La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado en la elaboración de este informe

ILGA Europa ha publicado sus acostumbrados mapa interactivo y clasificación de los países del continente europeo y Asia central correspondientes al año 2022, en los que se refleja el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en los distintos países. De nuevo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. España es el país que experimenta un mayor ascenso en la clasificación, debido a la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI iniciada el año pasado, alcanzando el cuarto lugar. Suben también los otros países que han legislado a favor de la autodeterminación de la identidad de género o la identidad corporal intersexual. 

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

ILGA Europa publicó el pasado mes de febrero su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2022, en el que concluía que había sido el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década, tanto por los ataques feroces y planificados como por los suicidios causados por los discursos de odio crecientes y generalizados por parte de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechas y expertos de los medios de comunicación 

España asciende siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ránking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa. Según esta entidad internacional, la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha hecho que España suba siete puestos con respecto a su posición anterior en este índice internacional.

Se trata del Índice Arco iris que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, ILGA Europa, y analiza la situación legal y política de las personas LGBTI+ en 49 países.

Según esta entidad, “aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI+ está dando sus frutos”. “Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación”, describen a través de su informe.

“España vuelva a situarse a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+”

Por su parte, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha colaborado en la elaboración de este informe, ha celebrado este ascenso, “fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil.” y ha aplaudido que España vuelva a situarse “a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+ como ya sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando España ocupó el segundo puesto en el ránking”.

“Nuestra posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI+ debe de ser un motivo de celebración y de orgullo, pero no nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajaremos para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos. También para frenar el discurso de odio, cada vez más presente en la esfera pública, que legitima la violencia en las calles. Solo de esta manera podremos seguir avanzando.”, manifiesta.

Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo

Por encima de España, Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo. Asimismo, Bélgica ha ascendido hasta el segundo puesto, con una subida de cuatro puntos con respecto a su posición anterior, gracias a la inclusión de la identidad de género y las características sexuales como factores agravantes en el código penal del país. Dinamarca ocupa el tercer lugar, con una subida de dos puntos debida a su nuevo plan de acción para la igualdad, que incluye medidas específicas sobre orientación sexual e identidad de género.

Además, otros países, como Islandia o Moldavia, que ha incluido la identidad de género y las características sexuales en su legislación contra la discriminación y/o los delitos de odio también han tenido un ascenso significativo en la tabla, al igual que España.

NOTA. Mapa de ILGA-FELGTBI+

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Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Continuando con el criterio establecido el año pasado, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa. 

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados: 

(Pincha en las imágenes para agrandarlas)

Ilga-Europa-2023-Cumplimiento-EuropaIlga-Europa-2023-Cumplimiento-Union-Europea

La clasificación de los países europeos 

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente: 

Ilga-Europa-2023-Clasificacion-por-paises

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Ilga-Europa-2023-Mapa

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Ilga-Europa-2023-Indice-de-objetivos

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.Con un 89,29 % de consecución de objetivos, se sitúa muy por encima del resto de países. 

Como comentábamos anteriormente, el mayor ascenso en la clasificación de este año es el de España, que el año anterior había descendido hasta la undécima posición debido a su inmovilismo legislativo. La aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI del pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, si bien solo era una primera lectura, ha sido la causante de la subida. La aprobación de la autodeterminación de género en Finlandia y el respeto legislativo a la integridad corporal intersexual en Grecia también han hecho que ambos países experimenten un estimable ascenso. A su vez, Moldavia ha modificado su ley de igualdad y su código penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que la ha hecho ascender 14 posiciones. 

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas. 

La situación en España 

Si en los años 2020 y 2021 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, el 2022 ha sido completamente diferente. La aprobación en primera lectura de la tan esperada Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2003) ha causado que el porcentaje de consecución de objetivos haya pasado de un exiguo 61,79 % hasta un 74,10 %. Así, España sube de la undécima posición hasta la cuarta, regresando a su habitual posición entre los diez primeros países de la clasificación. 

ILGA Europa destaca que con la Ley 4/2003 España ha regulado el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, ha prohibido las mutilaciones genitales en menores intersexuales, ha prohibido también las llamadas prácticas de «conversión» y ha proscrito la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. 

Ilga-Europa-2023-Cumplimiento-Espana

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España el incremento sostenido de la retórica de odio contra las personas trans. Señalaba como dato significativo el hecho de que en la celebración del 8 de mayo por el Día de la Mujer hubo dos manifestaciones separadas en más de 20 ciudades, dada la no aceptación de la autodeterminación de género por parte de un sector del movimiento feminista. 

También destacaba la comunicación del Ministerio del Interior de un incremento del 68 % en el año 2021 de los delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género. 

En esta ocasión, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español: 

  • Incluir específicamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales en las políticas diseñadas para abordar los delitos de odio y la incitación al odio. 
  • Actualizar el marco legal de reconocimiento de género existente para que incluya una opción no binaria o de tercer género, y garantizar que sea accesible sin restricciones de edad. 
  • Introducir leyes sobre asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. 

Clasificación en años anteriores 

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 201720182019, 2020, 2021 y 2022. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha ascendido hasta el cuarto puesto por la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esperemos que este importante avance legislativo en el respeto a los derechos LGTBI no solo se consolide sino que se amplíe. 

 Fuente FELGTBI+/Dosmanzanas

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“El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Recibe al que me ha enviado” (Mt 10,40). Vigilias 2023

Jueves, 11 de mayo de 2023
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La justicia de Corea del Sur reconoce por primera vez los derechos de una pareja del mismo sexo

Sábado, 15 de abril de 2023
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krgPor primera vez en su historia, la justicia de Corea del Sur ha reconocido de forma expresa los derechos de una pareja del mismo sexo, en concreto el derecho a la cobertura de uno de los miembros de la pareja por el seguro médico de su compañero. Un avance de especial importancia en un país en el que la comunidad LGTBI encuentra grandes dificultades para ver reconocidos sus derechos más elementales.

El Tribunal Superior de Seúl, instancia judicial por encima de la cual solo se sitúa el Tribunal Supremo, ha dictaminado que una pareja formada por dos hombres tiene derecho a disfrutar de los beneficios que el Servicio Nacional de Seguro de Salud coreano (NHIS) concede a las parejas de diferente sexo. El alto tribunal considera que al negarle a la pareja dichos beneficios el NHIS incurre en discriminación por orientación sexual.

En febrero de 2020, So Seong-wook incluyó en su seguro a su pareja, Kim Yong-min, como persona a su cargo. Ambos forman una pareja consolidada y conviven maritalmente (en 2019 celebraron incluso una ceremonia nupcial, pese a que Corea del Sur no reconoce el matrimonio igualitario). Meses después, cuando la noticia se hizo pública, el NHIS canceló su cobertura. So Seong-wook recurrió la decisión ante el Tribunal Administrativo de Seúl, que desestimó su demanda en enero de 2022. Poco más de un año después, sin embargo, el Tribunal Superior de Seúl ha revocado la decisión del tribunal inferior y ha reconocido el derecho de la pareja a recibir por parte del NHIS el mismo tratamiento que las parejas de distinto sexo. El fallo argumenta, en este sentido, que el NHIS sí reconoce esta cobertura a parejas heterosexuales que conviven en una unión de hecho sin necesidad de estar casadas.

La decisión del alto tribunal de Seúl supone un hito histórico para los derechos LGTBI en Corea del Sur, ya que es la primera vez que la justicia de ese país falla a favor del reconocimiento de derechos para una pareja del mismo sexo. «Es una decisión importante que coloca a Corea más cerca de alcanzar el matrimonio igualitario. Aún queda un largo camino para acabar con la discriminación de la comunidad LGBTI, pero esta sentencia permite abrigar la esperanza de que es posible superar los prejuicios», ha declarado al respecto Boram Jang, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.

Corea del Sur no es un país especialmente amable con la comunidad LGTBI, una situación a la que contribuye la creciente influencia social de las iglesias evangélicas. No obstante, parece que poco a poco los tribunales avanzan en la dirección adecuada. Hace un año recogíamos como el Tribunal Supremo del país anulaba la condena a dos militares por mantener relaciones sexuales entre ellos (las relaciones entre personas del mismo sexo en el seno del Ejército coreano están penadas con hasta dos años de cárcel, y de hecho en 2017 se desató una caza de brujas contra soldados sospechosos de ser gais). Veremos si en este caso la resolución definitiva es también favorable, dado que el NHIS ha anunciado que apelará la decisión del Tribunal Superior de Seúl al Tribunal Supremo.

Fuente Dosmanzanas

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La justicia de Hong Kong declara inconstitucional la exigencia de cirugía completa de reasignación para reconocer la identidad de las personas trans

Viernes, 14 de abril de 2023
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hkCómo publicábamos el pasado mes de febrero, el tribunal supremo de Hong Kong dictó un fallo histórico que permitirá a las personas trans cambiar su género en los documentos de identidad sin someterse a una cirugía.

El Alto Tribunal de Hong Kong ha dictaminado que las personas trans que deseen modificar su sexo en los documentos de identidad no pueden ser forzadas a someterse a cirugía de reasignación genital, como sucedía hasta ahora. El fallo del alto tribunal hongkonés supone un gran paso adelante en los derechos de la comunidad trans de la ciudad, constituida hoy en una región administrativa de China pero que mantiene una personalidad jurídica propia.

El proceso legal fue iniciado en 2019 por dos hombres tránsgenero de Hong Kong, Henry Edward Tse y otro ciudadano identificado como Q, a los que las autoridades de Hong Kong denegaron la corrección de la mención al sexo en sus documentos de identidad pese a que esta sí estaba ya corregida en sus pasaportes británicos (los hongkoneses que eran ciudadanos británicos antes de 1997, fecha en que el enclave pasó a soberanía china, mantienen un pasaporte británico especial).

Pese a las dos derrotas sucesivas en tribunales inferiores, ahora el Alto Tribunal de Hong Kong les ha dado la razón y ha dictaminado que la exigencia de cirugía de reasignación genital completa que se les exigía (extirpación de útero y ovarios y reconstrucción de genitales externos masculinos) es abusiva y viola sus derechos constitucionales. «La consecuencia de esta normativa es obligar a personas como los recurrentes a tener que elegir entre sufrir violaciones regulares a su derecho a la privacidad o someterse a cirugías altamente invasivas y médicamente innecesarias, vulnerando su derecho a la integridad física. Claramente, esto no refleja un equilibrio razonable», ha argumentado el alto tribunal (aquí puedes acceder, en inglés, a la sentencia).

El activismo LGTBI local confía en que el fallo, final e inapelable, abra la puerta a una reforma de las normas de identidad de género sin necesidad de nuevos procesos judiciales en una región, la de Hong Kong, en la que los todavía tímidos avances en materia de derechos LGTBI se producen siempre de la mano de los tribunales. Así paso, por ejemplo, en 2013, cuando el Alto Tribunal dictaminó que una mujer trans (que por entonces se habia sometido a cirugía de reasignación completa) tenía derecho a contraer matrimonio como mujer. O más recientemente, en 2020, cuando falló a favor de un matrimonio de hombres, casados en el Reino Unido, que recurrió a la justicia para denunciar la negativa de las autoridades hongkonesas a reconocerlos como copropietarios de una vivienda, impidiendo que uno la heredara en el caso del fallecimiento del otro.

Por lo que se refiere al caso que nos ocupa, se trata de un nuevo paso en la progresiva despatologización de las identidades trans, que aunque de forma desigual y con las dificultades que supone la poderosa alianza entre movimientos ultraconservadores y activismo transexcluyente continúa avanzando. En este sentido, cabe recordar que la exigencia de cirugías de reasignación completas con esterilización como requisito para reconocer legalmente la identidad de las personas trans ha estado muy presente también en la legislación occidental. En 2017, hace solo seis años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba al Estado francés por esa razón (aunque Francia había modificado poco antes sus leyes). Suecia, por ejemplo, no eliminó hasta 2013 este requisito.

De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Aun así, según un informe de Transgender Europe de 2022, aún hay varios países europeos que la exigen: Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Letonia, Montenegro, República Checa, Rumanía, Serbia y Turquía. Una lista de la que recientemente se ha descolgado Finlandia, tras la reciente aprobación de una ley que consagra la autodeterminación de género y en este año 2023 España, con la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Difunden mofas homófobas contra un concejal socialista de Torre Pacheco (Región de Murcia) por felicitar el Ramadán

Jueves, 13 de abril de 2023
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23BC656F-239B-40C3-A2EF-ACB523E53137Carlos López ha denunciado ante la Guardia Civil un videomontaje sobe su persona difundido en redes sociales por posible delito de odio. La pieza denunciada incluye además contenido racista.

El pasado 3 de abril, el candidato a la alcaldía de Torre Pacheco por el Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y, hasta ahora, concejal de Hacienda y Comunicación, Carlos López, interpuso una denuncia ante la Guardia Civil por la difusión de un videomontaje homófobo y racista sobre su persona. El vídeo difundido es un montaje sobre un vídeo real del edil socialista en el que felicitaba el Ramadán a la comunidad musulmana de Torre Pacheco, localidad en la cual uno de cada cinco ciudadanos es musulmán.

En el vídeo se sustituye la voz de López para dar paso a un discurso que en palabras del propio edil son «denigrantes, racistas, homófobas, que no puedo reproducir porque incumpliría las normas de cualquier red social», según ha denunciado en Twitter. «Torre Pacheco tiene que aspirar a algo más, a ser un pueblo en el que merece la pena vivir en el que tenemos que hacer una convivencia amable, pacífica y de disfrute de la diversidad», ha declarado el candidato socialista a la alcaldía en un vídeo en el que responde al montaje:

https://twitter.com/karloslopez/status/1643016086097477633?s=20

Carlos López ya ha hecho frente en otras ocasiones a la circulación de noticias falsas en el pueblo que culpaban de un presunto aumento de la violencia a la población musulmana, precisamente cuando los datos evidenciaban una bajada de la tasa de criminalidad.

Los insultos homófobos hacia López son especialmente graves, ya que el edil es abiertamente gay y uno de los principales impulsores de ‘Roldán con Orgullo’, una de las celebraciones con más tirón del mes del Orgullo LGTBI+ en la Región de Murcia y que supone un importante elemento dinamizador para esta pedanía de Torre Pacheco.

Fuente Dosmanzanas

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Venezuela anula el último reglamento que penalizaba la homosexualidad del país, un artículo referente al Ejército.

Miércoles, 12 de abril de 2023
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venezuela_gayLos colectivos pro derechos de las personas LGTBI+ en Venezuela continúan con su lucha para alcanzar la igualdad legislativa en el país caribeño. El último fruto de esta lucha es la anulación de un reglamento del Ejército que castigaba con penas de uno a tres años de cárcel a los militares que mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo. El texto suponía el último escollo legal para considerar la homosexualidad totalmente despenalizada.

El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, a petición del Defensor del Pueblo, ha dejado sin validez el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. El citado código establecía lo siguiente: «El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura».

Cabe precisar que se trata de una victoria parcial, ya que el alto tribunal venezolano se limita a poner fin a una interpretación ambigüa del reglamento militar pero evita la cuestión de fondo y evita equiparar de forma expresa las relaciones homosexuales a las heterosexuales. En este sentido, el Tribunal hace suyos los argumentos del Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, que estimaba que el reglamento «carece de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar».

Pese a todo, esta modificación supone la extinción del último texto legal que penalizaba la homosexualidad en la República Bolivariana de Venezuela. El colectivo Venezuela Igualitaria ya interpuso en 2016 una demanda para la eliminación de este artículo. El pasado 14 de febrero, varios activistas se manifestaron frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para exigir su derogación, además de otras medidas como la aprobación del matrimonio igualitario, la no discriminación de los varones homosexuales en la donación de sangre o el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. «Consideramos la decisión como positiva, pero limitada ya que no ataca el problema principal por el que movimientos sociales y particularidades en distintos momentos y espacios han elevado su voz ante el Estado, esto es: la vulneración de la dignidad de las personas LGBTI venezolanas en general y en particular dentro de nuestras Fuerzas Armadas, quienes siguen siendo invisibilizadas, forzadas a vivir ocultas so pena de sufrir castigos o la expulsión», explican desde Venezuela Igualitaria.

En la consecución de este hito también ha jugado un papel las presiones de Naciones Unidas. En una reciente visita al país, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, incluía esta demanda entre los avances que Venezuela debía dar. «Me ha complacido escuchar que las autoridades se han comprometido a derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y que las autoridades la han calificado como obsoleta. Tal medida estaría en consonancia con una de las principales demandas que escuché, de una representante de la comunidad LGBTIQ+», expresaba Türk al final de la visita.

Pese a la desaparición de la última disposición legal que castigaba explícitamente la homosexualidad, queda mucho para lograr la consecución de la igualdad de derechos en Venezuela. Una tímida esperanza se abrí paso cuando el presidente Nicolas Maduro sugería en 2020 que la aprobación del matrimonio igualitario podría ser discutido por la Asamblea Nacional, pero lo cierto es que desde entonces nada se ha avanzado ese sentido. Venezuela se mantiene así rezagada en los derechos para las parejas y personas pertenecientes a la diversidad sexual. Países vecinos, como Colombia o Brasil, hace años que reconocen el matrimonio igualitario por decisión de sus altos tribunales de justicia. Y Cuba, cuyo régimen puede considerarse entre los más próximos al Gobierno de Maduro, aprobó el matrimonio igualitario el pasado año mediante referéndum.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Níger anuncia la próxima criminalización de las relaciones homosexuales hasta con la pena de muerte

Sábado, 4 de febrero de 2023
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jad20211021-ass-niger-itv-bazoum-944x472-1645958953El presidente de Níger, Mohamed Bazoum, ha anunciado que su Gobierno está preparando una profunda reforma del Código Penal que establecerá por primera vez en la historia del país la penalización de las relaciones homosexuales. Incluso ha avanzado que se plantea que una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo pueda castigarse con la cadena perpetua o la pena de muerte, tanto para los contrayentes como para los oficiantes. Níger es uno de los escasos países africanos y de mayoría musulmana donde las relaciones homosexuales nunca han sido castigadas.

En una entrevista concedida a la cadena radiofónica La Voix du Sahel, el presidente nigerino Mohamed Bazoum habló con profusión del proceso de reforma del Código Penal en lo referente a la homosexualidad. Actualmente, la única referencia existente es el artículo 282, que penaliza las relaciones homosexuales con menores de 21 años, edad de consentimiento mucho mayor a la establecida para las relaciones heterosexuales, que son los 16. Aparte de ese artículo, el Código Penal de Níger, heredero de la colonización francesa, nunca ha castigado las relaciones entre personas del mismo sexo, a pesar de ser un país cuya población es mayoritariamente musulmana.

El presidente Bazoum describía así el proceso que se está siguiendo en la actualidad:

Se trata de un comité pluridisciplinar compuesto por representantes de la presidencia, el gabinete del presidente, la Asamblea Nacional, funcionarios de la policía judicial, magistrados y miembros del colegio de abogados. También participan personas de la sociedad civil, como profesores, investigadores y miembros de la prensa pública y privada.

Tras hacer referencia al artículo 282, Bazoum comenzó a detallar los comportamientos y penas que se pretenden introducir:

En el futuro Código Penal habrá toda una sección dedicada a la homosexualidad. No obstante, esto nos obliga a definir la homosexualidad, con las diferentes categorías que abarca. Después de este trabajo de definición, pensaremos en los delitos y las penas. En cualquier caso, se derogará el artículo 282 en su forma actual.

Cualquiera que tenga sentimientos amorosos hacia alguien de su propio sexo será el sujeto de un delito, para castigar esta desviación. Por ejemplo, besar a otro hombre siendo hombre o besar a una mujer siendo mujer será castigado… Lo mismo ocurrirá con las caricias u otras muestras de afecto.

Además, una relación sexual entre personas del mismo sexo, sea cual sea la edad, constituirá otro delito. Por otra parte, la edad también será una circunstancia agravante del delito, en el caso de que la pareja sea menor de edad.

El presidente concluyó concretando las elevadas y crueles penas que se pretenden imponer para los enlaces matrimoniales de personas del mismo sexo, una figura que no es legal en el país, por lo que se supone que se trata de ceremonias rituales al margen de la legislación civil:

Además, casarse con alguien del propio sexo se considerará a partir de ahora un delito, lo que implica penas que pueden ir desde los 10 años de reclusión criminal hasta la cadena perpetua o la pena de muerte.

La persona que oficie el matrimonio, como un morabito o un funcionario del registro civil, será juzgada por un delito igual que los contrayentes, con penas similares. Lo mismo se aplica a los sacerdotes.

El progenitor que haya ofrecido a su hijo en matrimonio será castigado por un delito similar. Lo mismo se aplica a los testigos o padrinos, que serán castigados por la ley.

Por último, toda persona física que dirija o financie un club homosexual público o privado será castigada con penas de prisión y multa. Las personas jurídicas que gestionen, ayuden, hagan proselitismo o financien a grupos o incluso individuos LGBT serán objeto de acciones judiciales.

Ya en octubre de 2022, la diputada Nana Djoubie presentó una iniciativa legislativa para castigar las relaciones homosexuales, después de que dos mujeres fueran detenidas por indecencia pública y no se les pudiera condenar con el actual Código Penal. La propuesta tuvo el apoyo inmediato de la Asociación de Estudiantes Musulmanes de Níger y logró que el asunto tuviera una gran repercusión pública. Sin embargo, el proyecto de ley no pudo ser presentado a votación por el cierre del calendario parlamentario.

Aunque las relaciones homosexuales nunca han sido penalizadas en Níger, sí que existe un fuerte rechazo social. Actualmente, la presencia de grupos LGTBI abiertamente reivindicativos entre los asilados de Camerún, Liberia y Costa de Marfil, que exhiben con orgullo la bandera arcoíris en sus apariciones en los medios de comunicación, ha causado conmoción en un país acostumbrado a la absoluta invisibilidad de las personas LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Primeras repercusiones de la ley contra la «propaganda» homosexual y trans en Rusia

Viernes, 3 de febrero de 2023
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915FCBDF-26B8-4F67-894F-89DFDA61B394Ya han tenido lugar en Rusia las primeras repercusiones por la aplicación de la ley que castiga la llamada «propaganda» de la homosexualidad y las identidades trans en todos los ámbitos, promulgada el pasado 5 de diciembre por el presidente Vladimir Putin. Aprobada por ambas cámaras del Parlamento ruso por unanimidad, la nueva ley prohíbe cualquier manifestación, información o creación que muestre «relaciones no tradicionales» de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans son castigados con fuertes sanciones. De hecho, la ley supone la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se considera «agentes extranjeros» o traidores a la patria .

Museos cerrados, libros censurados, páginas web bloqueadas o espectáculos prohibidos. Son la consecuencia de la aplicación de la nueva ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales» vigente en Rusia desde el pasado 5 de diciembre. Se trata en realidad de una serie de enmiendas a la ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales ante menores», en vigor desde 2013, con el objetivo de hacer desaparecer del ámbito público cualquier referencia no derogatoria de la homosexualidad, bisexualidad o identidad trans.

Una ley aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas

CCA1B75F-A13E-4BAF-B162-D56E19273966El proyecto de ley fue anunciado por Alexander Khinshtein, presidente del Comité de Política de la Información, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma (o cámara baja del Parlamento ruso), en julio del pasado año. Todos los grupos parlamentarios lo apoyaron, presentándose como impulsores 400 de los diputados de la Duma. Fue sometido a votación en primera lectura en la cámara baja el 27 de octubre, siendo aprobado por unanimidad. El 24 de noviembre se volvió a votar en segunda lectura, alcanzando de nuevo el voto unánime de los 394 diputados presentes. El 2 de diciembre fue respaldada por todos los miembros del Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento), para finalmente ser promulgada por el presidente Vladimir Putin el día 5 del mismo mes. Para los activistas LGTBI, esta unanimidad de diputados y grupos parlamentarios es una muestra más de la falsa pluralidad del sistema político ruso y de su gobierno autocrático.

La nueva ley castiga la propaganda de las relaciones no tradicionales en todos los ámbitos y ante cualquier audiencia. También se ha añadido la penalización de cualquier información que pueda promover entre los menores el «deseo de cambiar de sexo». Términos engañosos para impedir informar sobre las realidades trans a los menores de edad. A estas penalizaciones se suma la del castigo de la promoción de la pederastia, con la intención expresa de equiparar la información positiva sobre las distintas orientaciones sexuales e identidades de género con el abuso de menores. Las sanciones pueden alcanzar los 400.000 rublos (6500 euros, 6600 dólares) para los ciudadanos y los 5.000.000 de rublos (81.500 euros, 82.100 dólares) para las entidades como asociaciones y empresas. Las multas también se aplican a ciudadanos extranjeros, que pueden ser detenidos durante 15 días antes de dictarse su expulsión del país.

Las repercusiones de la invisibilización social

El significado de lo que se considera «propaganda» no se detalla en la ley, dejando en manos de los jueces, muy afines al Gobierno, una amplia interpretación del concepto. Queda prohibida cualquier expresión pública que sea positiva, o incluso neutra, de la homosexualidad, bisexualidad o realidades trans. Afecta a los medios de comunicación tradicionales; a las obras de carácter artístico (literatura, cine, teatro, espectáculos de todo tipo, televisión…); páginas web y redes sociales; y también a la reivindicación pública de los derechos LGTBI. Según algunos activistas, aunque quizás se permita la existencia de clubes o lugares de diversión frecuentados por personas LGTBI, la expresión de afecto en público, como besarse o caminar de la mano podrán ser declarados como «propaganda».

Como repercusión por la entrada en vigor de la ley, se han cancelado espectáculos de drag, se han publicado libros que tratan relaciones entre personas del mismo sexo con párrafos enteros tachados, las tiendas han eliminado de sus estanterías los libros con personajes LGTBI, se ha cerrado un museo dedicado a la historia de las reivindicaciones de las minorías sexuales, negocios dirigidos a estas minorías se han visto obligados a cerrar por no poder exhibir sus productos y varios grupos de defensa de los derechos LGTBI han decidido dejar sus actividades. Por su parte, el Roskomnadzor (organismo encargado de la vigilancia en las redes y calificado por algunos como «policía política») ha sido investido de un poder pleno para declarar el cierre de páginas webs o censurar las redes sociales sin necesidad de orden judicial.

 Agentes extranjeros o traidores a la patria

The Sphere Foundation, la entidad legal que estaba detrás de la mayor organización LGTBI del país, Russia LGBT Network, que denunció las torturas y asesinatos de hombres homosexuales en Chechenia, fue denunciada en su día como «agente extranjero» por el Ministerio de Justicia. Con ello se perseguía el cierre de la organización, puesto que la denominación de «agente extranjero» se aplica a quienes colaboran con fuerzas del exterior para dañar o desprestigiar al Estado ruso. Es una definición que proviene del poder ejecutivo y no puede ser recurrida ante los tribunales. En Rusia, es el equivalente a «espía» o «traidor a la patria», términos de especial gravedad en la actual situación de guerra tras la agresión perpetrada contra Ucrania.

En los prolegómenos de la aprobación de la ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales» se ha multiplicado este tipo de discurso que relaciona la reivindicación de los derechos LGTBI o la expresión pública de su existencia con la colaboración con los enemigos de Rusia. De esta manera, el propio presidente Putin, el presidente de la Duma Vyacheslav Volodin o el principal propagandista progubernamental, Vladimir Solovyov, han propagado discursos en los que definen los derechos de las personas LGTBI como influencia extranjera o incluso entre las razones para la invasión de Ucrania.

AA1A2CCB-1B77-466F-8D5D-DBF890BA1BB0El 30 de septiembre, días antes de la presentación en la Duma del proyecto de ley, Vladimir Putin declaraba lo siguiente ante los medios de comunicación: «¿Realmente queremos, aquí en nuestro país, en Rusia, en lugar de “padre y madre”, tener “progenitor número 1, número 2, número 3”? ¡Se han vuelto totalmente locos! ¿Realmente queremos que en nuestras escuelas, en los grados elementales, se impongan a los niños perversiones que conducen a la degradación y la extinción? ¿Que se les inculque que, además de las mujeres y los hombres, existen supuestamente otros “géneros”? Si las élites occidentales creen que pueden adoctrinar a sus sociedades con extrañas tendencias novedosas como docenas de géneros y desfiles del Orgullo Gay, que así sea, que hagan lo que quieran. Pero lo que desde luego no tienen derecho a hacer es exigir a los demás que sigan en la misma dirección».

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Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, declaraba lo siguiente al presentar el proyecto de ley: «Debemos hacer todo lo posible para proteger a nuestros hijos y a quienes quieren llevar una vida normal. Todo lo demás es pecado, sodomía, oscuridad y nuestro país lucha contra ello». Volodin invitó a los diputados de todas las facciones políticas a firmar como coautores del proyecto de ley. Ni un solo parlamentario se negó. El líder de la facción Rusia Justa, Sergey Mironov, explicaba su apoyo: «La propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales es una guerra. Es una guerra espiritual de información, una guerra ideológica».

El mayor propagandista del Kremlin, el presentador del programa más exitoso de la televisión pública rusa, Vladimir Solovyov, exponía el siguiente discurso ante una audiencia de decenas de millones de personas: «Lo que hicimos el 24 de febrero (fecha de la invasión rusa de Ucrania) fue un contraataque. Era necesario para repeler un genocidio ucraniano contra el pueblo ruso, contra los rusoparlantes, contra quienes no aceptan los valores LGBT y transgénero-nazis». Proseguía: «Y ahora todo el país debe apretar los dientes e ir a la guerra. Porque estamos en guerra no solo con esta escoria (ucraniana) y los maricones bajo su dominio, sino con toda la maquinaria satánica de Occidente».

Con este tipo de discursos de odio, de vejación y señalamiento públicos, deben convivir a diario las personas LGTBI rusas.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal de Estrasburgo condena a Lituania por bloquear la distribución de un libro infantil que incluye parejas del mismo sexo entre sus personajes

Martes, 31 de enero de 2023
Comentarios desactivados en El Tribunal de Estrasburgo condena a Lituania por bloquear la distribución de un libro infantil que incluye parejas del mismo sexo entre sus personajes

tribunal-de-estrasburgoLa demandante del caso era Neringa Dangvydė Macatė, una autora de cuentos infantiles de nacionalidad lituana. Aunque falleció en 2020, su madre continuó el proceso judicial para conseguir hacer justicia. En 2013, la Universidad de Ciencias de la Educación de Lituania publicó uno de sus libros, Amber Heart (Gintarinė širdis), que contiene una serie de cuentos infantiles dirigidos a niños de nueve y diez años, con financiación parcial del Ministerio de Cultura lituano (puedes descargar el libro, traducido al inglés, desde The Amber Heart, una página web creada para difundir el caso). Se trata de una adaptación de los cuentos de hadas tradicionales, pero que incluye personajes de diferentes grupos étnicos y con discapacidad intelectual y que aborda temas como la estigmatización, el acoso escolar, las familias divorciadas o la inmigración. Además, dos de los cuentos incluyen entre sus personajes dos parejas del mismo sexo que contraen matrimonio, motivo por el cual el Ministerio de Cultura, que había contribuido a su publicación, lo denunció ante la Oficina de Inspección de Ética Periodística.

Conviene recordar, en este punto, que en marzo de 2010 había entrado en vigor la ley de «de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública» con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual a menores (a cosa no quedó ahí, de hecho: en octubre de 2010 entró en vigor otra reforma que prohíbe la «manifestación y promoción» de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual dirigidos a toda la población, y no solo a menores).

Volviendo a Ambert Heart, la Oficina de Inspección de Ética Periodística de Lituania consideró que en efecto el libro de cuentos violaba la mencionada normativa referida a menores y solo podía ser distribuido con una advertencia de que su contenido no era adecuado para menores de 14 años. La distribución del libro fue así paralizada durante un año hasta que se reinició con dicha advertencia. Su autora acudió a los tribunales de Lituania, donde no consiguió revertir la censura. Es más, en una argumentación absolutamente kafkiana, el Tribunal Regional de Vilna llegó a considerar que presentar modelos de familia alternativos a los tradicionales podría considerarse un acto discriminatorio por parte de la propia autora, abiertamente lesbiana, contra aquellas personas que defienden valores diferentes a los suyos propios.

Tribunal de Estrasburgo: la censura homófoba violó la libertad de expresión

Neringa Dangvydė Macatė, y después del fallecimiento de esta en 2020 su madre, con la participación como terceras partes, entre otras organizaciones, de ILGA-Europa, llevaron finalmente a Lituania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en un fallo unánime considera, que en efecto, el Estado lituano violó el artículo 10 de la Conevnción Europea de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la libertad de expresión, al bloquear la distribución del libro.

Por otra parte, la argumentación del alto tribunal, tal y como ha sido reproducida en su nota de prensa, mantiene que restringir por «inapropiado o perjudicial» el acceso de los niños a información sobre relaciones entre personas del mismo sexo únicamente por el hecho de mostrar estas relaciones en ausencia de otros elementos, demuestra la preferencia de las autoridades por unos tipos de relaciones y de familias como socialmente más aceptables y valiosas, algo «incompatible con las nociones de igualdad, pluralismo y tolerancia inherentes a una sociedad democrática». Una vez expresada esta argumentación, una mayoría de 12 jueces frente a 5 consideraron que una vez comprobada la violación del artículo 10 no había necesidad de valorar separadamente si el acto de censura violó también el artículo 14 del Convenio, que prohíbe la discriminación.

El alto tribunal condena a Lituania a indemnizar con 12.000 euros a la madre de la escritora y a abonarle, además, otros 5.000 euros en concepto de costas.

La LGTBIfobia de Estado en Lituania: sombras y alguna luzLa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una gran noticia, dado que Lituania, miembro de pleno derecho de la Unión Europea, se adelantó a otros países como Rusia o Hungría a la hora de limitar la información positiva sobre homosexualidad a menores sin que eso le supusiera sanciones de ningún tipo. Lo sucedido con el mencionado cuento, además, no es el único ejemplo de LGTBIfobia de Estado en ese país.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a las mencionadas leyes. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra la Liga Gay Lituana, a la que acusaba de «jugar con fuego» con «provocaciones» que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de «excéntrica» la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas. Un caso, por cierto, que también acabó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que ya supuso una primera condena contra Lituania hace ahora tres años.

Confiemos en que esta serie de condenas mueva a Lituania a dar marcha atrás y poner fin a su legislación homófoba. En este sentido, resulta al menos esperanzador que en noviembre de 2015 el Parlamento lituano decidiese no seguir el ejemplo de Rusia y eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada «propaganda homosexual» aún más restrictiva. Y en 2017, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual.

Por otra parte, en febrero de 2016, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. La situación sin embargo, fue corregida en enero de 2019 por la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de parejas del mismo sexo, en aplicación de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida meses antes.

En noviembre de 2020, el recién elegido Gobierno de coalición de Lituania acordó promover un proyecto de ley de uniones civiles para las parejas del mismo o de distinto sexo, al que se opone el Presidente de la República Gitanas Nausėda.

Según la ley de la UE, todos los estados miembros deben “facilitar” a los ciudadanos LGBT+, lo que significa que deben mantenerse libres de discriminación. La homosexualidad solo se despenalizó en el país de mayoría católica en 1993, y la constitución todavía define el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Gitanas Nausėda, presidente de Lituania, ha expresado abiertamente su creencia en lo que él llama valores familiares tradicionales. Se ha manifestado en contra de lo que denominópropaganda de género “ y ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. “Como presidente de la República de Lituania, usaré mis poderes para asegurarme de que así sea”, dijo en un mitin en mayo de 2021, mientras los ciudadanos protestaban contra un proyecto de ley que permitiría las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El Gobierno conservador británico bloquea la ley de identidad de género recién aprobada por el Parlamento de Escocia

Miércoles, 18 de enero de 2023
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B14828CB-DDE6-4FAA-85F7-7098606A9050Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia y Rishi Sunak, primer ministro británico.

En una decisión sin precedentes, el Gobierno conservador británico ha decidido bloquear la ley escocesa de autodeterminación de género, recién aprobada por el Parlamento de Escocia. Es la primera vez, desde la entrada en vigor de la ‘Scotland Act’ de 1998, la histórica ley que devolvió a la nación escocesa su capacidad legislativa y que permite a los escoceses ejercer su autogobierno, que el Gobierno británico adota una decisión así. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha calificado la decisión como «ataque frontal a nuestro demócraticamente elegido Parlamento escocés». Una crisis constitucional de calado que muestra hasta qué punto la transfobia ha calado el tejido institucional británico.

La ley escocesa de identidad de género, aprobada definitivamente el pasado 22 de diciembre por 86 votos a favor, 39 en contra, ninguna abstención y 4 ausencias, permite a las personas trans mayores de 16 años ver reconocida su identidad de género tras presentar una autodeclaración firmada, sin necesidad de aportar ningún tipo de informe médico o psicológico ni de acreditar tratamientos quirúrgicos y/o hormonales previos. De esta forma, la ley despatologiza la transexualidad e implementa el principio de autodeterminación de género, que instituciones internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros, han reconocido ya y que diversos estados han implementado ya.

Aun así, la ley escocesa se han enfrentado a una dura oposición por parte del lobby transexcluyente, especialmente poderoso en Reino Unido: tanto el Partido Conservador como sectores significativos del Partido Laborista han asumido postulados contra el principio de autodeterminación de género, mientras que el activismo transodiante goza de gran predicamento en los medios de comunicación británicos y es defendido por personalidades de cierto prestigio social, como la escritora J. K. Rowling. La firmeza de una mayoría de diputados del SNP (Partido Nacionalista Escocés) y del gobierno de Nicola Sturgeon, en este sentido, han resultado fundamentales para que Escocia sí haya sido capaz de aprobar una legislación que supera la anacrónica ‘Gender Recognition Act’ aprobada en 2004 por el Parlamento británico y todavía vigente en Reino Unido, que sí obliga a las personas trans a tener un diagnóstico de «disforia de género» y a que un panel de «expertos» autorice o deniegue el reconocimiento legal de su género. La ley escocesa, eso sí, ha estado sometida a un escrutinio sin precedentes y ha tenido que introducir una serie de salvaguardas expresas para que solo se puedan beneficiar de ellas las personas nacidas o con residencia legal en Escocia y no interfiera con otras leyes británicas en materia de igualdad.

No ha bastado, sin embargo, con todas las salvaguardas incluidas expresamente en la ley. El Gobierno británico, a través de su secretario de Estado para Escocia, Alister Jack, ha anunciado su intención de aplicar por primera vez desde la devolución de poderes a Escocia la ‘Sección 35’ (una especie de artículo 155 a la británica…), que permite al Gobierno británico bloquear la entrada en vigor de una ley aprobada por el Parlamento de Escocia, y ha exigido a este reforma la ley. Una decisión que está en la línea de los postulados tránsfobos expresado en ocasiones anteriores por el primer ministro conservador, Rishi Sunak, pero que abre una crisis constitucional de consecuencias imprevisibles. «Se trata de un ataque frontal a nuestro democráticamente elegido Parlamento escocés y su capaidad de tomar sus propias decisiones sobre las materias que nos fueron devueltas. El Gobierno de Escocia defenderá la legislación junto al Parlamento de Escocia. SI este veto de Westminster tiene éxito, será el primero de muchos», ha expresado en Twitter la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon:

La trayectoria Tránsfoba del Primer Ministro británico Rishi Sunak

En noviembre ya informábamos de los planes del Primer Ministro del reino Unido Rishi Sunak, quiere eliminar los derechos de las personas transexuales en Reino Unido. Según informaban varios medios, el primer ministro Rishi Sunak está planeando eliminar las protecciones legales para las personas trans de la Ley de Igualdad de 2010. Según The Telegraph, Sunak tiene previsto “revisar la Ley de Igualdad para dejar claro que sexo significa sexo biológico y no género”.

En la actualidad, la ley protege a las personas de la discriminación tanto por razón de sexo como de “reasignación de género”. En virtud de esta última, las personas trans están protegidas independientemente de que se hayan sometido o tengan previsto someterse a una transición médica, e independientemente de que dispongan o no de un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG), el documento por el que una persona puede cambiar su género legal.

Los cambios propuestos por Sunak pondrían en riesgo a las personas trans, en particular a las mujeres trans. “También significaría aclarar que la autoidentificación de las personas transgénero no tiene fuerza legal, lo que significa que las mujeres transgénero no tienen derecho legal a acceder a instalaciones solo para mujeres”, afirma el informe del Telegraph.

El informe también dice que Sunak planea otorgar a los padres mayores derechos en lo que respecta a las clases de Educación Sexual y de Relaciones (RSE) luego de las quejas a los padres se les ha negado el acceso a materiales sobre una variedad de temas, incluidos los materiales transgénero.

Un portavoz de Downing Street le dijo al periódico que proteger a las mujeres y las niñas es una prioridad para la administración del Sr. Sunak.

A raíz de esta noticia, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, tuiteó que “el nuevo primer ministro no debe ceder y renunciar a los derechos humanos de las personas trans”. Y agregó: “Los derechos trans deben ser protegidos”.

Y es que el historial de derechos LGBTQ+ del primer ministro no es alentador y lo acaba de demostrar con esta actuación de bloqueo a la ley escocesa… En una declaración reciente, Sunak prometió cumplir con el manifiesto de 2019 del Partido Conservador. Dicho manifiesto decía que el partido “combatiría enérgicamente el acoso y la violencia contra todos los grupos religiosos y contra las personas LGBT”.

Sin embargo, en la primera de las dos carreras recientes por el liderazgo Tory, se informó que Sunak quería lanzar un “manifiesto por los derechos de las mujeres” y tenía la intención de prohibir que las mujeres trans compitieran en categorías deportivas femeninas.

En junio, declaró que consideraría retirar al Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Además, Sunak ya ha realizado acciones cuestionables a los ojos de la comunidad LGBTQ+ como primer ministro con la reelección de Kemi Badenoch en su nuevo gabinete como Ministra de la Mujer y la Igualdad. Badenoch ha sido criticada repetidamente por comentarios anti-trans y hay informes de que ha detenido el trabajo para prohibir la práctica ampliamente desacreditada de la “terapia de conversión”.

Las Iglesias, a favor y en contra

La Iglesia de Escocia respalda la eliminación del diagnóstico de disforia como parte de la reforma de la ley de género.  La Iglesia de Escocia ha respaldado los planes del gobierno para suspender las evaluaciones fisiológicas obligatorias para las personas trans que buscan obtener un Certificado de Reconocimiento de Género (GRC). Sin embargo, la iglesia no ha mostrado el mismo apoyo a las medidas que reducirían la edad mínima para obtener un certificado de 18 a 16 años.

El representante de la Iglesia de Escocia, David Bradwell, dijo que los líderes religiosos están “convencidos de la evidencia de que es necesario eliminar el diagnóstico médico”, según The Herald Scotland“A la luz de los últimos 18 años de experiencia, creemos que es correcto que Escocia considere un nuevo enfoque del proceso, uno que ponga mayor énfasis en las necesidades pastorales y emocionales de la persona que solicita un Certificado de Reconocimiento de Género”, dijo Bradwell.

También señaló que eliminar la necesidad de un diagnóstico médico de disforia de género “reducirá el estrés y tendrá un beneficio psicológico para las personas que lo soliciten. Los largos tiempos de espera actuales en las clínicas de identidad de género del NHS significan que esperar un diagnóstico puede prolongar el período que alguien tiene que esperar para obtener un resultado”.

Si bien la iglesia parecía estar a favor de terminar con el requisito actual para un diagnóstico de disforia, Bradwell sugirió que los líderes estaban divididos cuando se trata de reducir la edad mínima para recibir un certificado de reconocimiento de género a 16 años.

Sin embargo, los obispos católicos escoceses hasta ahora se han opuesto sin éxito al  proyecto de ley destinado a ayudar a los jóvenes transgénero que eligen la transición.

La Ley de Reforma del Reconocimiento de Género (Escocia) “haría que la transición de género sea menos degradante, intrusiva y traumática”, según la Primera Ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. El proyecto de ley pasó una primera votación en el parlamento del país la semana pasada.

Antes del debate, los líderes de la iglesia escocesa reiteraron su oposición de años al proyecto de ley que, de aprobarse, ya no exigiría un diagnóstico de disforia de género para poder hacer la transición legalmente, reduciría el requisito de que las personas hayan “vivido” su identidad de género de dos años a tres meses, y reduciría la edad para las cirugías de afirmación de género de dieciocho a dieciséis años.

La Oficina Parlamentaria Católica de la Conferencia Episcopal Escocesa emitió una declaración sobre el proyecto de ley sugiriendo que “plantea serias preocupaciones sobre la seguridad, la salud y el bienestar de los niños y las personas vulnerables, y los espacios seguros para las mujeres y las niñas”. Los funcionarios de la iglesia dejaron en claro que se oponen a la legislación anterior que también permitía a las personas hacer la transición legal de género. Según Crux:

“La Oficina Parlamentaria Católica agregó que la propuesta del gobierno introducirá un sistema de autoidentificación, que permitirá a una persona cambiar su sexo legal sin la necesidad de un diagnóstico médico de disforia de género o tener que ver a un médico.

“‘Eliminar este requisito, y la importante supervisión médica que lo acompaña, inevitablemente reducirá la oportunidad de atención médica, apoyo y protección cruciales para las personas vulnerables, incluidos los niños’, dijo el documento.

“La Oficina también señaló que reducir la edad mínima de 18 a 16 años e introducir un sistema de autoidentificación pondrá a más niños y jóvenes en el camino de intervenciones electivas irreversibles, incluida la cirugía. . .

“El documento informativo también señaló que muchas organizaciones de mujeres han registrado su propia preocupación de que las reformas propuestas aumentarán los riesgos para la seguridad de las mujeres y las niñas”.

Sobre este último punto, los funcionarios de la iglesia dijeron que el proyecto de ley “aumentaría el riesgo de que los actores de mala fe se aprovechen del sistema propuesto”.

Los obispos de Escocia se han opuesto a gran parte de la legislación positiva LGBTQ propuesta en los últimos años, incluida la oposición a la Ley de Reforma del Reconocimiento de Género (Escocia) desde al menos 2020. El año pasado, los obispos se unieron a los cristianos conservadores para evitar que las protecciones contra los delitos de odio se amplíen para incluir personas LGBTQ+ porque los obispos temían que restringiera su capacidad para hacer declaraciones negativas LGBTQ. En años anteriores, los líderes de la iglesia escocesa se opusieron al matrimonio igualitario y trataron de proteger el derecho de las agencias de servicios sociales religiosos a discriminar a las personas LGBTQ+.

La votación en el parlamento escocés no estuvo exenta de polémica. De hecho, el tema de la igualdad transgénero ha perturbado la política en el Reino Unido en general. Sin embargo, lo más importante es que una votación inicial fue exitosa y las protecciones para los jóvenes trans avanzaron. Los líderes de la iglesia escocesa deberían reconsiderar las falsedades y los mitos en los que se basan sus argumentos contra el proyecto de ley. Pero, si eligen no hacerlo, al menos deberían considerar el daño que su oposición les hace tanto a las personas trans como a la iglesia, especialmente cuando es casi seguro que perderán esta pelea.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La Alta Corte de Barbados deroga las leyes que castigaban las relaciones homosexuales

Viernes, 16 de diciembre de 2022
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Flag_of_Barbados.svg(La Alta Corte de Barbados ha derogado las leyes contra la sodomía y la indecencia grave que castigaban las relaciones sexuales entre varones. Herederas de la legislación vigente en el período en que fue colonia británica, la sodomía podía ser castigada hasta con la cadena perpetua, y la indecencia grave con hasta diez años de prisión. Aunque raramente se aplicaban en los casos de relaciones consensuadas entre adultos, ambas tenían un efecto intimidatorio para la comunidad LGTBI de la isla. Barbados se convierte así en el tercer país caribeño en derogar las leyes contra la homosexualidad en este año, junto a Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves, en una estrategia de las organizaciones LGTBI caribeñas que está consiguiendo grandes frutos. De esta manera, el número de países y territorios del mundo en los que están penalizadas las relaciones homosexuales desciende a 67.

El pasado lunes 12 de diciembre, la Alta Corte de Barbados comunicó su decisión de derogar los artículos de la Ley de Delitos Sexuales que castigaban la sodomía y la indecencia grave. El texto de la sentencia completa se dará a conocer el próximo mes de enero.

El artículo 9 de la citada ley establecía: «Toda persona que cometa sodomía será culpable de un delito y podrá ser condenada a cadena perpetua». Por su parte, el artículo 12 definía lo siguiente: «Un acto de ‘indecencia grave’ es un acto, ya sea natural o antinatural, por parte de una persona que implique el uso de los órganos genitales con el fin de excitar o satisfacer el deseo sexual». Si el acto de indecencia grave se cometía con una persona mayor de 16 años, se castigaba hasta con 10 años de prisión. Cabe señalar, no obstante, que estos artículos eran raramente aplicados en los casos de relaciones consensuadas entre adultos.

La demanda ante el alto tribunal fue interpuesta por dos activistas LGTBI de Barbados, la organización local Equals y la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE en sus siglas en inglés). Respondía a una estrategia conjunta de activistas LGTBI de la región para impugnar todas las leyes contra la homosexualidad que persisten en las antiguas colonias británicas. Esta iniciativa ya ha logrado grandes frutos, con la anulación el pasado verano de las leyes contra la homosexualidad de Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Están pendientes de resolución las demandas presentadas en Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Dominica. Al margen de esta estrategia conjunta, existe otra demanda de este tipo en Jamaica.

Todavía no ha habido ninguna comunicación al respecto del Gobierno de Barbados, por lo que se ignora si la resolución de la Alta Corte será recurrida, como sucedió en el caso de Trinidad y Tobago. Si así fuera, le correspondería resolver a la Corte de Apelaciones de Barbados y, en última instancia, a la Corte de Justicia del Caribe.

En todo caso, en este año 2022 se han despenalizado las relaciones homosexuales en cuatro países: Antigua y Barbuda en el mes de julio, San Cristóbal y Nieves a finales de agosto y Singapur, por decisión del poder legislativo, a finales de noviembre.

67 países y territorios criminalizan la homosexualidad

En 64 países miembros de la ONU están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo:

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladés, Brunéi, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Esuatini (antigua Suazilandia), Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Indonesia, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones homosexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional en aplicación de la sharía o ley islámica; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 67 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 42 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 6 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 6 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia.

La pena de muerte está establecida para las relaciones homosexuales en 11 países miembros de Naciones Unidas. En 6 de ellos, se tiene la certeza jurídica de que este es el castigo para los actos consensuados entre adultos del mismo sexo:

Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía) y Yemen.

En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente Dosmanzanas

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