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La justicia saudí encarcela a un bloguero yemení acusado de apoyar los derechos de las personas homosexuales

Miércoles, 5 de agosto de 2020

421C745C-5951-4756-91D6-8C0E3C92155ALa justicia saudí ha condenado a un bloguero por expresarse a favor de los derechos de las personas homosexuales en la red social Twitter. Mohamad al-Bokari, ciudadano yemení residente en Riad, ha sido condenado a una pena de diez meses de prisión y una multa de 10.000 riales (unos 2.254 euros). Su delito, grabar un vídeo con el mensaje «Todas las personas tienen derechos y deberían poder ejercerlos libremente, incluidas las personas homosexuales». Tras cumplir su condena, Al-Bokari podría ser expulsado a su país de origen, Yemen, de donde escapó huyendo de la guerra que lo asola desde hace cinco años.

El bloguero yemení vivía en Arabia Saudí en situación irregular tras huir de su país natal en junio del año pasado. El pasado mes de abril, publicó un vídeo en Twitter sobre el reconocimiento de las minorías sexuales expresando su apoyo a los derechos de todas las personas, incluidas las homosexuales. Las autoridades saudíes lo detuvieron y lo enviaron a prisión provisional en Riad bajo la acusación de «propaganda homosexual» e «imitación de las mujeres».

La sentencia se dio a conocer el pasado 20 de julio y fija una condena de diez meses de cárcel y una multa de 10.000 riales (el equivalente a unos 2.254 euros). Al-Bokari tiene un plazo de treinta días desde la notificación de la pena para presentar un recurso. Si la condena se hace firme, tras cumplirla se enfrentará además a la expulsión al Yemen asolado por la guerra del que escapó el año pasado.

Desde la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denuncian que Al-Bokari ha sido víctima de un tratamiento inhumano por parte de las autoridades saudíes. Según sus fuentes, el detenido pasó seis semanas en régimen de aislamiento en una celda sin aire acondicionado ni ventanas y fue sometido a la tortura de los exámenes anales por su percibida homosexualidad. HRW añade que el bloguero padece de una enfermedad cardiaca crónica y se enfrenta a amenazas de muerte si es deportado a Yemen.

Una régimen hasta ahora implacable con el colectivo LGTBI

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTBI, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

Nos hemos hecho eco de algunos casos: en marzo de 2017, por ejemplo, informábamos de la detención de 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una «fiesta para homosexuales». También dimos cuenta de la tortura y asesinado de dos mujeres transexuales por parte de la Policía de la Moral. En noviembre de 2014, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.

Fuente Dosmanzanas/ Cristianos Gays

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Agresión tránsfoba y racista en Vitoria

Martes, 4 de agosto de 2020

homofobiastopIkusgune, el Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria-Gasteiz, ha denunciado públicamente una nueva agresión tránsfoba y racista ocurrida en la capital alavesa.

Según el comunicado de Ikusgune, la agresión tuvo lugar el pasado 21 de julio en el barrio de Sansomendi, en plena calle. La víctima, una mujer trans que fue agredida por un individuo que profirió insultos LGTBfobos y racistas y la golpeó. La víctima interpuso la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza, la policía autónoma vasca.

Este sábado a las 13:30 ha tenido lugar una concentración de protesta contra lo sucedido. bajo el lema «Ninguna agresión sin respuesta», convocada por la Coordinadora E 28 de Gasteiz y la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria:

Al hilo de lo sucedido, Ikusgune ha destacado en sus redes sociales que el 57% de las personas LGTBI de Vitoria se han sentido discriminadas en el espacio público (como ha sido el caso) y que, aunque en esta ocasión la víctima ha denunciado la agresión, la infradenuncia policial y/o social en casos de LGTBIfobia sigue siendo la norma. Ikusgune tiene constancia de casi una decena de agresiones a personas trans en los últimos años en la capital alavesa, pero asegura que se trata de la punta del iceberg.

Fuente Dosmanzanas

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Netflix cancela una serie turca tras rechazar las presiones del gobierno local para eliminar un personaje gay

Jueves, 30 de julio de 2020

unnamedNetflix ha decidido cancelar la producción de una serie turcaIf only— después de que las autoridades del país le pidieran eliminar del guion un personaje gay —como requisito para dejarles rodar en Turquía—. La plataforma, que ya en otras ocasiones ha mostrado cierto compromiso con la diversidad sexual, no ha querido plegarse a dichas exigencias ni autocensurarse, y ha preferido abandonar el proyecto —que iba a ser producido por Ay Yapim y estaba protagonizado por la estrella local Özge Özpirincci—.

Netflix, que en estos momentos cuenta con varios proyectos pendientes de rodaje en Turquía, anunció el pasado mes de marzo su intención de comenzar a rodar en breve una miniserie romántica de ocho episodios titulada If only protagonizada por la estrella local Özge Özpirincci y en la que aparecía un personaje secundario gay. Sin embargo, la plataforma se ha visto obligada a cancelar este proyecto después de recibir presiones del gobierno turco abiertamente LGTBfobo—, que le ponía como condición para concederles los pertinentes permisos de rodaje en su país que eliminasen del guion cualquier referencia a la homosexualidad de uno de los personajes.

«Debido a [la inclusión de] un personaje gay, no se otorgó permiso para filmar la serie. Esto es muy inquietante de cara al futuro», aseguró la guionista de la serie, Ece Yorenc. La plataforma ha preferido no seguir adelante con el proyecto antes que plegarse a la homófoba exigencia del Consejo Superior de la Radiotelevisón (RTÜK) y alterar los guiones de la serie —cuya trama giraba en torno a las aventuras y desventuras de una madre de gemelos infelizmente casada que de pronto es transportada al pasado—.

A pesar de todo, los jefazos de Netflix han señalado que «siguen profundamente comprometidos con sus miembros turcos y la comunidad creativa de Turquía», y que seguirán trabajando con productoras del país europeo, que a día de hoy sigue ocupando uno de los últimos lugares en Europa en materia de derechos LGTBI.

Curiosamente, esta es la primera ocasión en que el régimen de Recep Tayyip Erdoğan se entromete en las cuestiones creativas de Netflix por motivos homófobos. De hecho, Turquía permite que la plataforma emita íntegramente allí series como Orange is the new black —protagonizada por varias mujeres lesbianas— o The Politician —que cuenta con varios personajes gais—.

No es la primera vez que el servicio de streaming muestra cierto compromiso con la visibilidad y la inclusión del colectivo LGTBI en su producción audiovisual. En este sentido, hace unos meses dábamos cuenta de cómo Netflix había decidido dejar de invertir en publicidad en el diario ABC, al considerar que este fomenta el odio LGTBfóbico dando cabida a determinados contenidos.

Fuente Dosmanzanas

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Ciudad de México prohíbe las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género

Martes, 28 de julio de 2020

congreso_diputados_mexicoLa ley, aprobada por 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, llega a imponer penas de hasta cinco años de cárcel para quienes intenten modificar la identidad de género o la orientación sexual de las personas.

El Congreso de Ciudad de México, la capital federal mexicana, acaba de aprobar una ley que prohíbe las «terapias de conversión», entendidas estas como «aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto modificar, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona».

El intento de «corregir» la orientación sexual o la identidad de género estará penado con penas de entre dos y cinco años de prisión y 50 a 100 días de trabajo comunitario. El delito será tipificado como un «delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual».

La aprobación de la ley ha generado protestas entre los grupos conservadores. El derechista Partido Encuentro Social, que cuenta con dos diputados en el Congreso de Ciudad de México, la ha calificado por ejemplo como una «mordaza para el ejercicio de la libertad de expresión y de culto de las doctrinas religiosas»,

La aprobación de esta ley en el estado capital supone un avance de los derechos y libertades sexuales en un país en el que también se hacen hueco los discursos segregadores de ultraderecha. Un ejemplo es en la decena de estados mexicanos en los que los ultras han conseguido introducir en la agenda medidas equivalentes a la censura o veto parental (el mal llamado PIN parental) en las aulas.

Recordemos que en España la prohibición este tipo de intervenciones ha sido también regulada en varias normas autonómicas (aunque sin el rango penal que le otorga la ley aprobada de Ciudad de México) pero no existe todavía una prohibición estatal que ofrezca garantías a todas las personas con independencia de su lugar de residencia. En este sentido, conviene recordar que el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Las últimas noticias acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que la asociación española Abogados Cristianos se querella contra Ignacio Aguado por hacer pública la multa a la coach de terapias para personas LGTBI, y que, ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays. Y Canadá prohibirá las «terapias de conversión» a nivel nacional.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Informe de Interior sobre delitos de odio: los delitos por LGTBfobia crecieron un 8,6% en 2019

Martes, 28 de julio de 2020

927873-No_a_la_homofobia_Version2El Ministerio del Interior ha hecho público el informe 2019 sobre evolución de los delitos de odio en España. Un documento que ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el pasado año. Los datos no son precisamente tranquilizadores por lo que a la realidad LGTB se refiere: los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género de los que Interior tiene noticia experimentaron un aumento del 8,6% respecto al año precedente. Solo las categoría de delitos por racismo/xenofobia y antigitanismo (de nueva creación) registraron un aumento mayor.

A lo largo de 2019, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.598 delitos de odio, lo que supone un 8,3% más que en 2018. Dichos incidentes se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (5), aporofobia (12), creencias o prácticas religiosas (66), discapacidad (26), orientación sexual e identidad de género (278), racismo y xenofobia (515), ideología (596), por razón de sexo/género (69), por discriminación generacional (9), por enfermedad (8) y por antigitanismo (14). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio.

Varias de las motivaciones experimentaron una tendencia descendente respecto al 2018. Sucede con el antisemitismo, la aporofobia, las creencias o prácticas religiosas o la discriminación generacional. En el caso de la discriminación por sexo/género no hay cambios, mientras que en el resto aumentan. La que más, el antigitanismo (pasa de 0 a 14 incidentes registrados), aunque en este caso se debe a un artefacto estadístico, dado que en años precedentes esta categoría no aparecía separada. Los delitos de odio por racismo/xenofobia, por su parte, experimentaron un alza del 20,9% (pasaron de 426 a 515), mientras que los relacionacionados con la orientación sexual o la identidad de género de la víctima pasaron de 156 a 278 (un 8,6% más).

delitos-de-odio-2019-1

Nota: al total de hechos conocidos desglosados por las mencionadas categorías con relevancia penal (1.598 en 2019) hay que sumar además 108 infracciones administrativas y otros incidentes (108), hasta sumar un total de 1.706.

Cataluña, Andalucía y Madrid, a la cabeza

Centrándonos ya en los delitos de odio motivados por orientación sexual o identidad de género, de los 278 contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 42 en Andalucía y 40 en Madrid.

Por lo que se refiere al perfil de las víctimas, de un total de 321, hubo 230 hombres y 89 mujeres (en dos casos nos consta el dato). El informe no detalla, en este sentido, el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans. Sí que se detalla su edad: 37 de ellas fueron menores de edad. Por el contrario, el Ministerio solo registró dos víctimas mayores de 65 años. Por lo que se refiere al perfil de los responsables identificados, la inmensa mayoría (el 84,7%) fueron hombres (116, frente a 21 mujeres).

Por lo que se refiere a la nacionalidad, en la mayoría de los casos víctimas y responsables fueron de nacionalidad española, pero en este aspecto el informe da datos globales no desglosados por tipología de incidente de odio. Lo mismo ocurre con la edad de los responsables y con el «tipo de hecho» (lesiones, amenazas, discriminación, trato degradante, agresión sexual, etc.), cuyos datos se dan agregados.

Campaña de sensibilización del Ministerio del Interior

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Algo que también sucede en otras categorías de delitos de odio. Es por eso que el Ministerio del Interior, que el pasado 22 de julio presentaba un nuevo protocolo de actuación policial ante los delitos de odio, estrenaba además una campaña de sensibilización en redes sociales que, bajo la etiqueta #AcabaConElOdio, pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar todos aquellos episodios de los que sean testigos:

El Ministerio del Interior también ha presentado una nueva funcionalidad específica de la aplicación para móviles Alertcops, diseñada para facilitar una inmediata conexión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el caso de ser víctima o testigo de un delito de odio, transmitir imágenes del suceso, acceder a información sobre esta tipología delictiva y confirmar, de manera sencilla, segura y telemática, la alerta ante un posible caso de discriminación ilícita.


Puedes descargar el informe completo de Interior pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

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Los principales partidos alemanes, salvo la extrema derecha, acuerdan reformar la ley de identidad de género

Jueves, 9 de julio de 2020

bundestagContinúa el debate sobre la reforma de la ley de identidad de género en Alemania. Los principales partidos del país, representados en el Bundestag, han retomado la discusión sobre el alcance de los cambios que necesita la regulación, que data de 1980. El Partido Liberal (FDP) y Los Verdes han presentado sendas proposiciones de ley que incluyen los principios de despatologización y autodeterminación de género que reivindican los colectivos trans. Los socialdemócratas del SPD ven con buenos ojos la medida, pero sus socios democristianos en la gran coalición (CDU/CSU) rechazan por el momento que se elimine por completo la tutela médica en el proceso de modificación registral del sexo. La extrema derecha representada por Alternativa para Alemania (AfD) aprovecha, por su parte, para insistir en sus mensajes de odio contra la comunidad LGTBI.

La reforma de la ley de identidad de género es una de las reivindicaciones más insistentes de los colectivos LGTBI alemanes. La norma, que data de 1980, exigía someterse a cirugía genital y esterilización para poder obtener la modificación registral del sexo. En 2011, el Tribunal Constitucional eliminó ambos requisitos por considerarlos contrarios a la ley fundamental alemana. Pero la ley mantiene la tutela médica y judicial, con la exigencia de un informe firmado por dos facultativos que se debe presentar ante el juez encargado de autorizar el cambio.

Aunque el acuerdo que renovó la gran coalición entre democristianos y socialdemócratas en febrero de 2018 obvió la reivindicación de actualizar este marco legal, el ministerio de Justicia de Katarina Barley (SPD) redactó en mayo del año pasado un anteproyecto de reforma de la ley de identidad de género. Los colectivos rechazaron de plano el texto por insuficiente, al no incluir el principio de autodeterminación, y el Gobierno introdujo el asunto de nuevo en un cajón.

Mientras tanto, los partidos de la oposición democrática han tomado la iniciativa. Hace algo más de una semana, los liberales del FPD y Los Verdes presentaron sendas proposiciones de ley en el Bundestag. Ambas cuentan con la aprobación del activismo trans y contemplan la derogación de la actual ley de identidad de género y su sustitución por una norma que simplifique los trámites desde una perspectiva de despatologización. El grupo parlamentario de Die Linke (La Izquierda), por su parte, presentó una propuesta de resolución para indemnizar a las víctimas de operaciones no consentidas de «normalización» genital. El ministerio de Justicia ya trabaja en un proyecto de ley que prohíba estas intervenciones.

Durante el debate parlamentario, el representante del SPD Karl-Heinz Brunner se mostró receptivo a la toma en consideración de las iniciativas de la oposición. Sus socios en el Gobierno, los democristianos de la CDU/CSU, rebajaron sin embargo las expectativas. Aunque aceptan la reforma de la ley de identidad de género, se muestran reticentes a eliminar por completo la tutela médica en el proceso de modificación registral del sexo. Finalmente, la extrema derecha de AfD aprovechó la tribuna para lanzar un mensaje de odio xenófobo y tránsfobo que mereció la condena de los grupos parlamentarios democráticos.

Las proposiciones de ley de liberales y verdes y la iniciativa de Die Linke continuarán ahora su tramitación en las correspondientes comisiones parlamentarias. Si la CDU/CSU no flexibiliza su postura, los focos se dirigirán probablemente de nuevo al SPD. Su dilema, unir sus votos a los de la oposición para promover un verdadero cambio que consagre la despatologización y la autodeterminación de género o someterse a las directrices de sus socios en el Gobierno.

 Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Gabón deroga la penalización de las relaciones homosexuales

Miércoles, 8 de julio de 2020

Gay-in-GabonEl Parlamento de Gabón ha derogado la penalización de las relaciones homosexuales, que se castigaban con penas de hasta seis meses de prisión y una fuerte sanción económica. La despenalización se ha producido un año después de que las relaciones entre personas del mismo sexo se incluyeran en el nuevo Código Penal entre los «delitos contra la moral». Aunque no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos durante su periodo de vigencia, el mero hecho de que las relaciones homosexuales se consideraran un delito impedía que se denunciasen las agresiones sufridas por personas homosexuales o bisexuales.

El martes 23 de junio, la Asamblea Nacional de Gabón votó a favor de derogar el apartado 5 del artículo 402 del Código Penal, que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta seis meses de cárcel y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares). La votación se saldó con 48 votos a favor de la derogación, 24 en contra y 25 abstenciones. Posteriormente, el lunes 29 de junio, el Senado votó también favorablemente a la despenalización de las relaciones homosexuales, por una mayoría aún más amplia: 59 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

La derogación, que ha contado con el apoyo de altas instancias gubernamentales, se ha producido tan solo un año después de que se incluyeran las relaciones homosexuales entre los «delitos contra la moral» en el Código Penal aprobado a principios de 2019, que entró en vigor en julio de ese mismo año. Durante este periodo, no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos.

No obstante, los defensores de los derechos LGTB gaboneses denunciaban que el mero hecho de que las relaciones homosexuales aparecieran en el Código Penal impedía que se presentaran denuncias cuando las personas homosexuales o bisexuales eran agredidas. Es decir, la penalización funcionaba como un seguro de impunidad para la violencia LGTBfoba.

A falta únicamente de la promulgación presidencial, Gabón queda fuera de la lista de países que criminalizan las relaciones homosexuales. Victoria Vasey, presidenta de Human Dignity Trust, expresaba su satisfacción por que «Gabón se une ahora a estados africanos como Seychelles, Angola, Mozambique y Botsuana, que han decidido eliminar de sus libros de leyes las disposiciones arcaicas que permiten la discriminación, la violencia y el hostigamiento contra las personas LGTB».

Gran parte de los sectores LGTBfobos habían expresado su desaprobación durante el proceso de votación de la derogación. La archidiócesis católica de Libreville instó a los senadores a votar en contra por medio de un comunicado emitido el 24 de junio, cuyo contenido incluía lo siguiente: «En nombre de la sabiduría de nuestros antepasados, contenida en nuestras diversas culturas, que celebra la vida, el amor, la familia, decimos no a la despenalización de la homosexualidad».

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

Tras la derogación de la penalización de las relaciones homosexuales en Gabón, aún quedan 72 países y territorios del mundo donde están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 69 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 72 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 43 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

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La campaña de Correos por el Orgullo 2020 se convierte en un éxito pese al boicot de la ultraderecha

Martes, 30 de junio de 2020

correosCon el lema #NoSoloAmarillo, Correos ha conseguido amortizar en pocos días la inversión realizada y alcanzar un impacto publicitario que ha rebasado con creces las expectativas.

Correos ha querido sumarse a la causa del Orgullo en un año especialmente complicado, en el que, por responsabilidad ante la pandemia de coronavirus, la mayoría de colectivos locales y las entidades estatales han renunciado a su derecho a convocar manifestaciones presenciales, que constituyen una potente expresión de visibilidad y de lucha del colectivo LGTBI en favor de sus derechos. En este contexto, y como ya recogimos, la compañía de envíos ha editado por primera vez un sello que rinde homenaje a la diversidad sexual y de género.

A este sello le ha acompañado toda una campaña titulada #NoSoloAmarillo, que transforma el amarillo corporativo de Correos en una de las bandas que forman la bandera arcoíris, símbolo universal de la diversidad y del Orgullo LGTBI. La campaña ha incluido vídeos y la rotulación de algunos buzones postales y de furgonetas de reparto:

La difusión de estas acciones en positivo han bastado para soliviantar a una extrema derecha que ha acusado a la compañía de despilfarrar el dinero público. «No hay dinero para respiradores, ni para ERTEs. ¡Gobierno criminal!», tuiteaba el 19 de junio Santiago Abascal, el líder de Vox, texto que acompañaba de la fotografía de una de las furgonetas arcoíris. Las redes sociales se encargaron de amplificar la ira ultraderechista contra el supuesto despilfarro y las llamadas al boicot.

Despilfarro que con el paso de los días y la publicación de los datos por parte de la compañía se ha demostrado falso. Correos realizó una inversión total de 10.351 euros que se utilizaron para vinilar nueve buzones, cinco furgonetas y una única oficina (la del madrileño barrio de Chueca). A lo que habría que sumar la contratación de la campaña publicitaria y la impresión de los sellos. Los últimos datos de recaudación proporcionados desde Correos a dosmanzanas.com fechados el 23 de junio ya doblarían la inversión inicial con una recaudación de 23.172 euros.

Estas cifras constatan que la campaña #NoSoloAmarillo es una de las más exitosas de Correos en años. Es más, el impacto generado a efectos publicitarios se estima en alrededor de medio millón de euros, con una inversión inicial total calculada en 12.500 euros. En otras palabras que, habiendo invertido solo 12.500 euros, Correos ha desarrollado una campaña con tal alcance que de otra manera le hubiera costado 500.000 euros.

Datos que tampoco sirven para apaciguar las iras de la extrema derecha, cuya excusa monetaria ya se disipa y deja al descubierto una homofobia latente. Un odio que cala en ciertos individuos y que se ve reflejado en actos vandálicos como el destrozo del vinilado de uno de estos buzones. Una acción que los individuos remataron haciendo una pintada homófoba en la boca del buzón: «El orgullo de ser hombre y mujer». Una lamentable anécdota que Correos se encargó de solucionar volviendo a vinilar el buzón.

Desde Correos aseguran que se han imprimido un millón de estos ya célebres sellos, por lo que aun estarán disponibles por mucho tiempo en las oficinas y que no harán más que seguir rentabilizando la inversión realizada por la compañía. La decisión de la edición de este sello fue tomada por la Comisión Filatélica del Estado en junio de 2019.

 Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno conservador británico podría mantener la patologización de las identidades trans en su anunciada reforma de la ley de identidad de género

Martes, 30 de junio de 2020

trans-corazon-movilh-820x394La ola de odio tránsfobo promovida por tanto por sectores ultraconservadores como por el feminismo transexcluyente se podría apuntar una nueva victoria, después de las conseguidas recientemente en Hungría o en Estados Unidos. Según se ha filtrado a la prensa británica, el Gobierno de Boris Johnson tendría intención de mantener la patologización de las identidades trans que contempla la vigente le ley de identidad de género, que su predecesora Theresa May había prometido derogar. De confirmarse que estas son las intenciones del Gobierno británico, las personas trans que quieran ver reconocida legalmente su identidad de género deberán seguir necesitando un diagnóstico médico y atravesar por un largo y doloroso proceso.

La vigente ley de identidad de género, Gender Recognition Act, fue aprobada por el Parlamento británico en 2004, aunque no entró en vigor hasta el año siguiente. La legislación suponía un avance sobre la situación previa, pero aun así obliga a las personas trans que quisieran ver reconocida legalmente su identidad a presentar un certificado médico de que padecen «disforia de genero» y a demostrar que llevan al menos un periodo de dos años viviendo públicamente bajo la identidad solicitada. Es necesaria, además, la aprobación por parte de un panel de «expertos», médicos, psicólogos y abogados. Solo después de que este tribunal ad hoc haya dado su visto bueno, la persona puede ver reconocida legalmente su identidad.

Un proceso que, si bien en 2004 podía suponer una mejora respecto a la situación previa, patologiza las identidades trans y niega de forma explícita el principio de autodeterminación de género. Es por eso que el Gobierno de Theresa May comenzó en 2018 un proceso encaminado a la reforma de la ley en un sentido despatologizante y que devolviera a las personas trans su dignidad. Proceso que ha incluido, como es habitual en este tipo de reformas en Reino Unido, una consulta previa a la ciudadanía, ya cerrada, y que habría recibido alrededor de 100.000 respuestas. La mayoría de ellas (un 70%, según reporta la prensa británica), favorables a reconocer a las personas trans el derecho a ver reconocida legalmente su identidad declarada. Mayoría que no habría sentado bien a los cada vez más poderosos grupos de opinión tránsfobos, un amplio espectro que agrupa desde organizaciones ultraconservadoras a un sector del feminismo que excluye a las mujeres trans como sujeto político (el conocido como movimiento TERF, «Trans-Exclusionary Radical Feminist», por sus siglas en inglés) y que tampoco parece ser del agrado del nuevo Gobierno británico presidido por Boris Johnson.

Las alarmas ya se despertaron el pasado mes de abril, cuando Lizz Truss, nombrada ministra de Igualdad por Boris Johnson, anunció que los cambios a la ley de identidad de género irían, entre otros aspectos, en el sentido de reforzar la prohibición a las personas menores de edad de adoptar «decisiones irreversibles» así como de reforzar la seguridad de los «espacios» de uso por parte de un solo sexo, sin anunciar más detalles. Un anuncio que fue recibido como un jarro de agua fría por el activismo trans, que veía en las declaraciones de la ministra una toma de postura a favor de algunos de los argumentos esgrimidos por el movimiento TERF para fomentar el odio tránsfobo (como que muchas mujeres trans son en realidad acosadores disfrazados que buscan invadir los aseos femeninos para así tener un más fácil acceso a sus víctimas). Pero ha sido ahora, pocas semanas antes de que el Gobierno anuncie oficialmente sus intenciones, cuando la filtración a la prensa británica de que el Gobierno de Johnson no tiene intención de permitir a las personas trans ver reconocida su identidad sin un diagnóstico médico cuando el miedo se ha materializado. La reforma de la ley, en este sentido, no solo podría no aportar ningún avance significativo, sino que incluso podría suponer un retroceso en los derechos del ya castigado colectivo trans británico.

Tal es así que los grupos LGTBI de los diferentes partidos políticos británicos (conservadores, laboristas, liberal-demócratas, verdes, nacionalistas escoceses y galeses y unionistas moderados de Irlanda del Norte) han aparcado sus diferencias en otras materias y ha dirigido una carta a la ministra Liz Truss en la que expresan su gran preocupación por la propuesta de reforma filtrada a la prensa británica y la marcha atrás respecto a lo prometido por Theresa May. Colm Howard Lloyd, líder del grupo LGBT+ de los conservadores, ha llegado a denunciar la «atmósfera tóxica» que a su juicio rodea en estos momentos las discusiones sobre el avance de los derechos trans.

Veremos qué sucede finalmente, dado que el Gobierno británico no se ha manifestado oficialmente. Esperemos que la sensatez se imponga y la reforma de la ley suponga avances significativos y ningún paso atrás. No obstante, el mero hecho de que se plantee esta discusión (que bien podría replicarse en España, a la luz del argumentario interno difundido semanas atrás entre cuadros dirigentes del PSOE) demuestra lo delicado del momento en que nos encontramos.

Fuente Dosmanzans

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Estado de la LGTBIfobia en Cataluña en 2019: un 41% más de agresiones, y la gran mayoría no se denuncian

Lunes, 29 de junio de 2020

logo-och-2017El Observatori contra l’Homofòbia tuvo conocimiento de 160 incidentes por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo de 2019. La cifra supone un aumento de un 41,6% respecto al año anterior, cuando la entidad registró 113 incidentes. El 29,4% de los casos (47) fueron agresiones verbales, seguidas a continuación de las agresiones físicas (un total de 45, el 28,1% de los casos).  El observatorio pide medidas urgentes a las administraciones y considera que la extrema derecha ha alentado a los agresores, cada vez más deshinibidos en la intolerancia.

Tras las agresiones verbales y físicas, las incidencias más frecuentes consistieron en episodios de odio y exaltación LGTBIfóbica (30 incidencias, el 18,8%), el trato inadecuado (9,4%) y los episodios de acoso (7,5%):

agresiones-LGTBIfobia-Cataluña-2019

Por lo que se refiere a los subgrupos afectados, más de la mitad de las incidencias (el 60,6% de los casos) se cometieron contra hombres gais y bisexuales. En segundo lugar se situaron las incidencias dirigidas de forma global contra el colectivo LGTBI (16.3%), seguidas de las agresiones lesbófobas (12,5%) y tránsfobas (10,6%). A este último respecto, conviene destacar que las víctimas de transfobia fueron muy mayoritariamente mujeres (17 incidencias contra mujeres trans frente a solo 1 contra un hombre trans):

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Por lo que se refiere al ámbito en el que ocurrieron las agresiones, la mayoría ocurrieron en la vía pública (el 33,1% de los casos), seguida de la vivienda (8,8%), los espacios de ocio nocturno (el 7,5%) y en ámbito laboral, el de internet y redes sociales y los medios de comunicación (un 6,9% cada uno). Un 5,6% de los casos se produjeron en el transporte público:

ámbito-LGTBIfobia-Cataluña-2019

La edad media de las víctimas registradas por el Observatori en las que se pudo registrar ese dato (104 personas) fue de 32,8 años. Por intervalos de edad, el más frecuente fue en esta ocasión el de 26 a 35 años, seguido del intervalo de 36 a 45:

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Por lo que se refiere al itinerario de los incidentes recogidos en el informe del Observatori, destaca la ausencia de denuncia en el 71,3% de los casos, un porcentaje que además ha ido creciendo de forma progresiva desde 2015, cuando «solo» el 27,4% de los incidentes registrados por el Obervatori quedaban sin denunciar. «Se trata de una situación totalmente anómala, ya que representan más de un tercio del total de las incidencias registradas [a lo largo de estos cinco años]. Este resultado muestra que la infradenuncia está muy presente en el colectivo LGTBI», advierte el informe. El 16,3% de las denuncias, por el contrario, fueron interpuestas por la vía penal:

itinerario-denuncias-LGTBIfobia-Cataluña-2019-1

Por lo que se refiere a la distribución territorial, en los casos en los que se ha podido establecer claramente (128 casos), es la provincia de Barcelona la que mayor número de incidencias registra (115), seguida de Tarragona (7), Girona (5) y Lleida (1). En la provincia de Barcelona, el 63,5% de los casos (73 de los 115) se produjeron en Barcelona capital.

El informe del Observatori, no obstante, distingue además entre el número de incidencias y la proyección territorial de las mismas, en función de la población de cada provincia. Según este análisis, Barcelona es la provincia más afectada (53,9%), pero le sigue a menos distancia Tarragona (22,8%), Girona (17,3%) y Lleida (6%).

El Observatori contra l’Homofòbia vuelve a reclamar medidas

Durante la presentación de los datos del informe en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, demandó el pasado jueves que «las administraciones públicas tomen nota e implementen políticas públicas dirigidas tanto a víctimas como a los agresores ante el alarmante crecimiento de la LGTBIfobia en Cataluña». Rodríguez destacó además que «los agresores tienden a ser jóvenes que actúan en grupo» y exigió por ello «medidas contundentes y las acciones educativas necesarias para terminar con el imaginario de que el odio y la violencia contra el colectivo LGTBI sale gratis».

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Puedes descargar el informe completo (en catalán) en este enlace.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos declara ilegal la discriminación en el trabajo por orientación sexual o identidad de género

Jueves, 18 de junio de 2020

Tribunal-Supremo-de-los-Estados-Unidos-destacadaEl Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha declarado contrario al Acta de Derechos Civiles de 1964 la discriminación en el trabajo de las personas LGTB. Para ello ha unido tres casos distintos, que afectaban a dos trabajadores homosexuales y a una trabajadora trans, todos ellos despedidos por su orientación sexual o identidad de género. El alto tribunal considera que han sido discriminados puesto que el despido se ha producido por razón de su sexo, dado que no habría tenido lugar si hubieran pertenecido a un sexo diferente. Se trata de la mayor victoria para los derechos de las personas LGTB estadounidenses desde la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en 2016. La nota amarga es que dos de los demandantes no podrán celebrar esta importante victoria, pues ambos han fallecido durante el proceso.

Se trata de una de las decisiones más importantes sobre los derechos LGTB en la historia de los Estados Unidos. Según el dictamen del Tribunal Supremo del 15 de junio, «un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transexual lo hace por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. El sexo juega un papel necesario e indiscutible en la decisión, exactamente lo que el título VII prohíbe».

Efectivamente, el título VII del Acta de Derechos Civiles protege contra la discriminación en las relaciones laborales «por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional». En este caso, ha sido el sexo el factor contemplado por todos los implicados. La Fiscalía, en representación de la Administración Federal, y dos de los jueces del Tribunal Supremo se ciñen a la literalidad de la ley y estiman que solo está amparada la discriminación entre hombres y mujeres. Pero para la defensa de los litigantes y la mayoría del tribunal el espíritu de la ley es más amplio. Según la sentencia, «los que adoptaron la Ley de Derechos Civiles podrían no haber previsto que su trabajo llevaría a este resultado en particular. Pero los límites de la imaginación de los redactores no dan ninguna razón para ignorar las exigencias de la ley. Solo la palabra escrita es la ley, y todas las personas tienen derecho a su beneficio».

Jueces-del-Tribunal-Supremo-de-los-Estados-Unidos-desde-2018La sentencia ha sido sorprendente, dado el cariz conservador de la composición del Tribunal Supremo. Pero en esta ocasión, a los cuatro jueces liberales (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) se han unido los conservadores John Roberts (presidente del tribunal) y Neil Gorsuch, el primer juez nombrado por Donald Trump durante su presidencia. Gorsuch, además, ha sido el ponente de la sentencia. Han emitido voto particular en contra de la sentencia los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, que abogaban por la literalidad de la ley. También se ha opuesto el juez Brett Kavanaugh, el último en incorporarse al tribunal y nombrado por Donald Trump, que defendía la separación de poderes y estimaba que debía ser el poder legislativo quien modificase el Acta de Derechos Civiles, si bien defendía que este cambio debía producirse.

Los casos implicados

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos unificó en un solo caso tres apelaciones que consideró que tenían factores comunes. El caso tomó el nombre de uno de los demandantes, Bostock contra el condado de Clayton, Georgia.

Gerald-BostockGerald Bostock era un funcionario del tribunal de menores del condado de Clayton, dentro del área metropolitana de Atlanta. A principios de 2013, se unió a una liga de softball para gais y la promovió en el trabajo. En abril de 2013, el condado de Clayton llevó a cabo una auditoría de los fondos controlados por Bostock y lo despidió por «conducta impropia de un empleado del condado».

Bostock, sin embargo, estaba convencido de que el condado utilizaba este subterfugio como pretexto para despedirlo por ser gay, e interpuso una demanda por discriminación en el lugar de trabajo en 2016 ante el Tribunal de Distrito Norte de Georgia. El condado solicitó que la demanda fuese desestimada, petición que fue aceptada por el juez, al estimar que el título VII del Acta de Derechos Civiles no incluye la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual, según la jurisprudencia asentada en el Undécimo Circuito de Apelaciones, que ya había fallado en contra de demandas semejantes anteriormente. A pesar de ello, Bostock apeló al Undécimo Circuito, cuyo panel de tres jueces confirmó el fallo del Tribunal de Distrito en 2018.

Donald-ZardaEl segundo caso implicaba a Donald Zarda, un empleado de la compañía de paracaidismo Altitude Express, que había sido despedido tras comentarle a una de las clientes que era gay, con el propósito de que se sintiera cómoda mientras él le ajustaba el traje de seguridad. El marido de la cliente puso una queja y Altitude Express despidió a Donald Zarda por «comportamiento inapropiado en el trabajo». Zarda interpuso una demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra. Posteriormente, recurrió el fallo ante el Segundo Circuito de Apelaciones, cuyo panel de tres jueces confirmó la sentencia desfavorable del Tribunal de Distrito. Zarda falleció en un accidente en Suiza en octubre de 2014, pero su familia decidió proseguir con el caso. Presentaron una petición para que decidiera el pleno del tribunal del Segundo Circuito, que en esta ocasión revertió su dictamen  anterior y dictó sentencia favorable a Zarda, al estimar que «dado que la orientación sexual es una cuestión de sexo y el sexo es una característica protegida por el título VII, se deduce que la orientación sexual también está protegida».

Aimee-StephensEl tercer caso afectaba a Aimee Stephens, una mujer trans que trabajaba como empleada en una funeraria. Cuando se inició la relación laboral, Aimee Stephens aún se presentaba públicamente como perteneciente al género que le fue asignado al nacer. Pero en 2013 tomó la decisión de vivir su vida plenamente con su género real y así lo comunicó al dueño de la funeraria, informándole de que en el futuro acudiría al trabajo con el uniforme femenino. Apelando a sus convicciones religiosas, el empleador despidió a Aimee Stephens por no vestirse apropiadamente en el trabajo. Stephens decidió denunciarlo ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, con la convicción de que había sido despedida por ser una mujer trans. La comisión la apoyó y presentó demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra y confirmó el despido. Sin embargo, el Sexto Circuito de Apelaciones falló a su favor, dictaminando que la «discriminación por sexo» del título VII incluye a las personas trans.

Los tres casos fueron llevados ante el Tribunal Supremo por parte del demandante en el primero de ellos y de la Fiscalía en los otros dos. Tras la unificación de casos y las audiencias que tuvieron lugar en 2019, el alto tribunal confirmó las sentencias del Segundo y Sexo Circuito y revocó la del Undécimo Circuito.

Lamentablemente, Aimee Stephens falleció en un hospital en mayo de 2020, sin poder conocer una sentencia de tanta importancia para el colectivo trans, que se había producido gracias a su lucha.

Satisfacción por la sentencia

Los grupos de defensa de los derechos LGTB han expresado su profunda satisfacción por una sentencia histórica para los derechos de las minorías sexuales.

Kevin Jennings , director ejecutivo de Lambda Legal, declaraba lo siguiente: «Por fin. Hoy, la ley, la justicia y la equidad están de nuestro lado. El más alto tribunal de nuestra nación ha confirmado lo que Lambda Legal ha argumentado durante años, que la discriminación contra los trabajadores LGBTQ es ilegal. Tenemos un largo camino por recorrer para asegurar los plenos e innegables derechos civiles de las personas LGBTQ, especialmente los de nuestra comunidad que son negros, indígenas y personas de color para quienes su orientación sexual o identidad de género es solo una de las muchas barreras para la igualdad de oportunidades en este país. Pero la victoria de hoy es un paso necesario en el camino hacia la igualdad de justicia para todos sin salvedades o condiciones».

Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, emitía un comunicado en el que afirmaba: «La histórica decisión del Tribunal Supremo confirma lo que no debería haber sido ni siquiera un debate: los americanos LGBTQ deberían poder trabajar sin miedo a perder sus trabajos por ser quienes son. La decisión nos da la esperanza de que como país podemos unirnos por el bien común y continuar la lucha por la aceptación de las personas LGBTQ. Especialmente en un momento en el que la Administración Trump está haciendo retroceder los derechos de las personas trans y la violencia antitrans continúa plagando nuestra nación, esta decisión es un paso hacia la afirmación de la dignidad de las personas trans, y de todas las personas LGBTQ».

También han dado a conocer las palabras del único demandante superviviente de los tres, Gerald Bostock. «No hay palabras para describir lo eufórico que estoy», afirmaba, «cuando me despidieron hace siete años, estaba devastado. Pero esta pelea se convirtió en mucho más que yo. Estoy sinceramente agradecido al Tribunal Supremo, a mis abogados, a las organizaciones de defensa como GLAAD, y a todos los que me apoyaron en esta lucha. Hoy podemos ir a trabajar sin el temor de ser despedidos por lo que somos y por lo que amamos. Sin embargo, hay más trabajo por hacer. La discriminación no tiene cabida en este mundo, y no descansaré hasta que tengamos derechos iguales para todos».

Por su parte, el presidente Donald Trump, en una mesa redonda de la Casa Blanca sobre temas de la tercera edad, calificó la decisión de «muy poderosa» y añadió que «ellos han dictaminado y nosotros viviremos con su decisión. De eso se trata, viviremos con la decisión del Tribunal Supremo».

Fuente Dosmanzanas

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La administración Trump anula la norma que protegía a las personas trans frente a la discriminación en la sanidad

Miércoles, 17 de junio de 2020

trumpSeal_of_the_United_States_Department_of_Health_and_Human_Services.svgNuevo golpe a la comunidad trans estadounidense por parte de la administración Trump. El departamento de Salud ha anunciado la anulación de una norma, aprobada en 2016, que ampliaba la protección antidiscriminatoria en la prestación de servicios sanitarios. El texto, que prohíbe la discriminación basada en una serie de características, fijaba una definición de sexo inclusiva con las personas trans, intersexuales y de género no binario. La reforma aprobada ahora revierte esta descripción y redefine el sexo como «masculino o femenino y determinado por la biología». El activismo alerta de que el cambio da vía libre a la exclusión de pacientes del sistema sanitario basada en su identidad de género. La medida se enmarca en una estrategia más amplia cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans.

En 2010, la administración de Barack Obama impulsó una de sus medidas más emblemáticas, la Ley de Protección al Paciente y de Cuidados Asequibles (más conocida como Obamacare). La nueva regulación prohibía la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el origen nacional, la discapacidad, la edad o el sexo en cualquier programa o actividad sanitaria que reciba financiación federal. En 2016, durante el segundo mandato de Obama, se añadió una nota aclaratoria para explicar que la categoría protegida «sexo» debía entenderse como «la percepción interna de género de cada cual, que puede ser masculino, femenino, ninguno de los dos o una combinación de masculino y femenino».

La reforma tenía el objetivo de proteger contra la discriminación basada en la identidad de género y prohibir a los profesionales médicos, instituciones y aseguradoras la exclusión de las personas trans o intersexuales en el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos necesarios. El texto fue objeto de demandas legales y varios jueces se han pronunciado a favor y en contra. Con la llegada al poder de la administración de Donald Trump, se paralizó la aplicación de la medida hasta su completa abolición que ha llegado esta semana.

En 2019 se produjo el primer intento de consolidar sobre el papel lo que ya se estaba aplicando en la práctica, pero fue el viernes pasado, coincidiendo con el cuarto aniversario del ataque en Orlando, cuando se consagró la anulación de la reforma de Obama. El departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el cambio en un comunicado de prensa en el que justifica la derogación como un «retorno» al «sentido literal de la ley según se aprobó en el Congreso» y se vanagloria del ahorro en costes que supondrá. Con la nueva definición, la categoría de «sexo» se entenderá como «masculino o femenino y determinado por la biología», excluyendo por tanto de la protección antidiscriminatoria a las personas trans, intersexuales o de género no binario.

El Centro Nacional por la Iguadad Transgénero ha lamentado que la medida excluyente llegue en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y advierte de que, a partir de ahora, los profesionales médicos podrán rechazar legalmente tratar a pacientes de COVID-19 solo por ser personas trans. La organización Human Rights Campaign ha anunciado que demandarán a la administración Trump ante los tribunales por la reforma, que también elimina la protección contra la discriminación de pacientes que hayan abortado en el pasado o la obligación de informar sobre la existencia de un servicio de traducción de documentos.

Una auténtica cruzada contra los derechos de las personas trans

El cambio introducido ahora se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump, cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans en Estados Unidos. Ya lo adelantábamos en octubre de 2018, cuando informábamos de la prevista reforma de las leyes federales que incluiría una definición del sexo o género que negaría la existencia de las personas trans. Según esa definición, aprobada ahora por el departamento de Salud, «el sexo se refiere a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los departamentos de Educación, Justicia y Trabajo, por lo que negaría a las personas trans la posibilidad de que ejerzan algún derecho con su identidad de género real en todos los aspectos de su vida pública.

Y es que si por algo se está caracterizando la administración Trump en el ámbito LGTBI es por la incansable batalla contra los derechos y la inclusión de la comunidad trans, su principal objetivo en este momento. Tras conquistar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence pusieron en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluir a las personas trans del Ejército, que permaneció en suspenso por decisión judicial hasta que un Tribunal Supremo controlado por el sector conservador ratificó la exclusión.

En mayo de 2018 se consumó también la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. Como en el caso que hoy nos ocupa, la administración Trump ordenó que fuera el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que han perdido de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos. La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés).

Fuente Dosmanzanas

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El presidente polaco recurre a la homofobia para agitar una campaña electoral en la que se juega su reelección

Martes, 16 de junio de 2020

andrzej-duda-papa-francisco-poloniaPese a que los sondeos lo colocan como favorito, al menos para la primera ronda, Andrzej Duda no duda en estampar su firma en un documento abiertamente homófobo y calificar los derechos LGTB como «ideología extranjera» para satisfacer al electorado ultracatólico y asegurarse su respaldo.

La deriva autoritaria y de carácter nacional-católico polaca vuelve a incluir la homofobia de Estado en su agenda de la mano del presidente del país, Andrzej Duda, inmerso ya en la campaña de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de junio (deberían haberse celebrado en mayo, pero fueron retrasadas debido a la crisis del coronavirus). Duda aspira a la reelección y aparece como el claro favorito de las encuestas, al menos en la primera ronda, pero ello no le ha llevado precisamente a moderarse. Antes al contrario, el candidato del PiS (Ley y Justicia, el partido ultraconservador que gobierna Polonia) no ha dudado en firmar un documento abiertamente homófobo titulado «declaración de valores familiares». Este texto, que supuestamente tiene como objetivo «proteger a los niños de la ideología LGTB» defiende la prohibición de informar positivamente desde las instituciones públicas sobre la realidad LGTB. Duda aprovecha además para ligar el nacionalismo polaco con la LGTBfobia al asegurar que «esta es una ideología extranjera, que no vamos a permitir que se introduzca en nuestro país».

Andrzej Duda es el claro favorito de los sondeos, al menos en la primera ronda. Sin embargo, está por ver qué pasaría en una segunda ronda, a la que se irá si ningún candidato consigue superar el 50% de los votos emitidos, para la que los pronósticos aparecen más ajustados. Especialmente si el otro candidato que pase a la segunda ronda (muy probablemente el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski) consigue aglutinar el voto opositor. En este sentido, Duda buscaría mantener movilizado al electorado más ultraconservador tras el malestar provocado por las medidas de confinamiento y distanciamiento social aplicadas para contener el coronavirus. Un malestar que podría traducirse en  un mayor apoyo a Trzaskowski, miembro de la Plataforma Cívica, de centro-derecha, algo que pondría contra las cuerdas al PiS. En este sentido, hay que recordar que el alcalde de Varsovia se ha significado por su apoyo a la comunidad LGTB, y su victoria abriría las puertas a un cambio de paradigma en esta materia. No es extrañar que el primer ministro polaco, el también miembro del PiS Mateusz Morawiecki, se haya sumado a la campaña de odio al calificar a los miembros de la comunidad LGTB como «experimentos ideológicos», o que el propio Duda se haya referido en un mitin a los derechos LGTB como una ideología «más destructiva que el comunismo».

Polonia es el farolillo rojo de la Unión Europea en la clasificación de países respetuosos con los derechos LGTB elaborada cada año por ILGA Europa. En abril, por ejemplo, su Parlamento votó a favor de criminalizar la educación sexual. Un modelo envidiado por la ultraderecha española, que comparte buena parte del ideario del PiS, además de pertenecer al mismo grupo en el Parlamento Europeo, el de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

Fuente Dosmanzanas

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Ikusgune (Observatorio contra la LGTBIfobia de Vitoria-Gasteiz) promueve una iniciativa para sensibilizar sobre identidad de género a los miembros de las mesas electorales

Lunes, 8 de junio de 2020

i-10474-cG.20400.1.pngUna buena noticia: a petición de Ikusgune, el Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria-Gasteiz, la Junta Electoral insta a la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales del Gobierno Vasco a sensibilizar a quienes formen parte de las mesas electorales en las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 12 de julio para que las personas cuya identidad de género no corresponde con la que figura en su documentación oficial puedan ejercer el derecho a voto con todas las garantías, preservando su privacidad y derecho a la intimidad.

Ikusgune advierte que el simple acto de votar se convierte para muchas personas en un trance violento o, cuanto menos, a evitar, por la necesidad de mostrar un documento de identidad que no se corresponde con tu realidad. «Hay personas que se identifican en la categoría mujer, otras en la categoría hombre. Hay quienes fluyen de un género a otro; hay quienes no se identifican ni como hombres ni como mujeres… Pero todas ellas están obligadas a clasificarse dentro de un sistema burocrático que no atiende a todas las realidades», explican desde Ikusgune. «Es así como hechos cotidianos como pagar con la tarjeta de crédito en un comercio, enseñar un DNI o acudir a un centro médico puede convertirse en un proceso de sufrimiento, a evitar por quienes no encajan con el género asignado o con la imagen de su documento de identidad. Esta circunstancia también se da al ejercer el derecho al voto ante cualquier cita electoral», añaden.

Por ello, Ikusgune ha editado una guía de buenas prácticas destinada tanto a las personas que compongan las mesas electorales como a apoderados e interventores de los diferentes partidos políticos. En esta sencilla guía (que puedes descargar aquí en castellano y aquí en euskera) se ofrecen pautas para respetar tanto los derechos de las personas trans como de aquellas personas que no encajan en la «burocracia de género» a la hora de ejercer el voto. En paralelo, Ikusgune ha editado otra guía para las propias personas trans y personas que no encajan en las normas de género en las que se resumen sus derechos y las vías de reclamación en caso de que alguno de ellos se conculque. Puedes descargarla aquí (en castellano) o aquí (en euskera).

Además de estos documentos, Ikusgune pone a disposición de la ciudadanía un servicio de acompañamiento al colegio electoral para aquellas personas que lo deseen en el contexto expuesto. «Ninguna persona debe quedarse sin ejercer su derecho a voto por no enfrentarse solas a un acto tan violento como enseñar una documentación que te niega tu identidad», explican. Para solicitar dicho servicio, las personas interesadas deben ponerse en contacto con Ikusgune llamando al 633 309 653 o a través de WhatsApp/Telegram en ese mismo número.

Más información en la web de Ikusgune.

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Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Chile se niega a reconocer el matrimonio de una pareja de mujeres casadas en España utilizando un argumentario ultraconservador

Lunes, 8 de junio de 2020

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El Tribunal Constitucional de Chile, en un sorprendente fallo lleno de consideraciones abiertamente homófobas, ha rechazado por 5 votos contra 4 un recurso de inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley de matrimonio y de unión civil que impiden el reconocimiento de las familias formadas por dos mujeres y sus hijos ya legalizadas en el extranjero. El fallo resulta sorprendente, no tanto por la decisión de fondo, como por su argumentación, plagada de consideraciones homófobas y prejuicios ultraconservadores. Un texto impropio de un organismo al que se le supone cierto nivel jurídico.

El recurso fue interpuesto por pareja de mujeres legalmente casadas en España, una de ellas ciudadana chilena y otra ciudadana española, que tienen además un hijo, nacido en mayo de 2009 tras recurrir a un proceso de reproducción asistida. La pareja argumentaba la inconstitucionalidad de varios artículos de las leyes de matrimonio y de unión civil chilenas, que impiden que el Estado chileno reconozca legalmente su condición de matrimonio, además de dejar a su hijo en una situación de desprotección.

Pues bien, el Tribunal Constitucional de Chile les ha respondido (texto de la sentencia) que reconocer en Chile su matrimonio celebrado en España podría «conducir a extremos intolerables, en relación con legislaciones foráneas que aceptan vínculos matrimoniales sui generis, tales como matrimonios polígamos en países musulmanes, o el matrimonio de niños de países africanos, o aquellos convenidos por los padres en la sociedad japonesa, y las bodas masivas de parejas que se celebran en la secta moon, en Corea del Sur, entre otros». Así, tal cual. Como si de un tertuliano televisivo de extrema derecha o de un militante de HazteOír se tratase.

«En todo caso, no puede hablarse de discriminación por la categoría sospechosa de orientación sexual, ya que la diferencia no radica en si se trata de personas homosexuales o heterosexuales, sino en que la institución matrimonial en Chile es una unión entre hombre y una mujer, por lo que una persona homosexual puede contraer matrimonio en Chile si lo hace con una persona de sexo opuesto», añade el Constitucional chileno, ya de una forma algo más acorde con los usos y costumbres de los juristas conservadores que tan bien conocemos. Pero incluso así el alto tribunal no evita la tentación de opinar que «el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer» constituye «la forma jurídicamente recomendada para formar familia, aunque después se derive en otros tipos de aquellas, sea por separación de hecho de los cónyuges, estado de viudez, divorcio, nulidad, separación judicial de los cónyuges».

Cuatro magistrados de nueve, a favor del recurso

Cabe destacar que el vergonzoso fallo se impuso por la mínima, dado que cuatro de los nueve magistrados del Constitucional chileno que intervinieron en la sentencia se posicionaron a favor de acoger el recurso (entre ellos su actual presidenta, María Luisa Brahm). «Aquí hay un matrimonio celebrado en el extranjero, existe una familia y se requiere un amparo sobre efectos precisos en una relación que supera la de las dos contratantes al involucrar al hijo de ambas. Esto es un caso concreto en cualquier lugar del mundo», señalaron. «Nuestra Magistratura ha hecho referencia en el pasado al criterio evolutivo como una fórmula interpretativa válida. Ahora damos un paso más allá. Hay que admitir seriamente la relevancia de utilizar el criterio evolutivo, en casos como el reseñado en el que se manifiesta ampliamente en el derecho y más allá de él», sostuvieron. «El Estado debe proteger no solo a la familia fundada en el matrimonio, sino que tal deber también abarca a las familias de facto, sea que se constituyan por una pareja heterosexual o no, y con mayor razón a familias legalmente constituidas bajo el matrimonio igualitario celebrado en España», añadieron.

«El no reconocimiento de las relaciones afectivas entre personas de un mismo sexo genera una situación de vulnerabilidad y grave desprotección», terminan los magistrados disidentes, añadiendo que «tal cual lo solicitan las requirentes, el obstruirle el reconocimiento jurídico que el ordenamiento español les amparó en plenitud, configura un daño a la dignidad (…) Es más, no solo no pueden cumplir con su plan familiar de vida, sino que además, para que lo puedan gozar en plenitud el ordenamiento jurídico nacional les indica que la única vía que tienen para el ejercicio en plenitud de sus derechos es ejerciéndolos en el lugar en que lo celebraron».

 

El MOVILH repudia la sentencia del Constitucional

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), colectivo que presentó un amicus curiae ante el Tribunal Constitucional a favor del recurso, considera que el alto tribunal, con esta sentencia, «quedará en nuestra historia registrado como un organismo que vulnera sin piedad los derechos de las parejas del mismo sexo y de sus hijos, violentando así el interés superior del niño».

Para el MOVILH, esta es una sentencia «vergonzosa, una afrenta gratuita a la dignidad humana de un sector social históricamente desaventajado que ocurre en plena pandemia, de manera cobarde, en una muestra más de que el matrimonio igualitario es uno de las obsesiones de los promotores del odio, mientras que el rechazo a esta ley es uno de los bastiones más antiguos y relevantes de la cultura homo/transfóbica (…) Esto no lo toleramos, ni lo permitimos bajo ninguna circunstancia, menos en el mes del Orgullo y menos en una época de crisis donde cualquier pestañeo puede hacer retroceder nuestros derechos humanos más básicos».

Entre otras acciones de protesta (como por ejemplo una pegada de carteles en el frontis del Tribunal Constitucional) el MOVILH ha comenzado una campaña de recolección de firmas de ciudadanos chilenos a favor tanto del matrimonio igualitario como de otras leyes necesarias para proteger al colectivo LGTBI.

Matrimonio igualitario en Chile: una larga batalla 

CIDH-300x168Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género fue por fin aprobada (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró en su momento a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva». Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya se cumplió con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que no llegó a ser aprobado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Para el MOVILH, las argumentaciones del Gobierno Piñera no se sostienen, dado que más allá de que el proyecto de ley deba ser aprobado por el Congreso de Chile, el Estado chileno sí que se comprometió a una serie de medidas de impulso que no han existido.Para este colectivo, de hecho, el Gobierno de Piñera es consciente de su propia falsedad, y en su momento puso como ejemplo el hecho de que repusiera un sitio web oficial sobre el matrimonio igualitario que había desarrollado junto al anterior Gobierno y que había sido retirado en julio (aunque añadiendo, eso sí, la leyenda «Esta información fue publicada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (período 2014-2018)».

Se la la circunstancia de que la CIDH convocó en diciembre de 2018 su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario en el marco de su 170 período de sesiones. La audiencia fue encabezada por la entonces presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay, quien respondió favorablemente a la petición de los colectivos para que se inste a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y para que se exija particularmente a Chile cumplir sus compromisos internacionales sobre la materia. No parece que el Estado chileno se haya dado por aludido.

Fuente Dosmanzanas

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Casi un centenar de organizaciones japonesas utilizan los Juegos Olímpicos para pedir una ley de igualdad LGTB

Miércoles, 3 de junio de 2020

Tokyo-2020-logoLas organizaciones han pedido al primer ministro japonés que promueva la aprobación de una legislación contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la línea de la ya aprobada por la ciudad de Tokio. 

Cerca de un centenar de organizaciones en favor de los derechos humanos y LGTB de Japón remitieron el pasado 17 de abril una carta (a cuyo texto en inglés puedes acceder aquí) al primer ministro Shinzō Abe en la que le urgen a aprobar una ley que garantice la igualdad y no discriminación de las personas pertenecientes a este colectivo. En concreto, 96 entidades de la plataforma J-ALL (siglas en inglés de la Alianza Japonesa por una Legislación LGTB) firmaron una carta que han hecho pública un mes después haciéndolo coincidir con el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Las organizaciones firmantes, que por el momento no han recibido respuesta del primer ministro, buscan ligar esta iniciativa a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, retrasada a 2021 debido a la pandemia por el coronavirus.

«Las personas LGTB de Japón tienen derecho a la misma protección legal», ha destacado Yuri Igarashi, representante de J-ALL, que considera que el obligado retraso de los Juegos Olímpicos abre una oportunidad de oro para que Japón actualice su legislación y la homologue a la de los países más avanzados en materia LGTB. «El retraso de los Juegos Olímpicos a 2021 le otorga tiempo al Gobierno para presentar y aprobar una legislación que proteja y beneficie a todos los ciudadanos en Japón», declaró Igarashi. Las organizaciones firmantes de la carta también destacan que la Carta Olímpica, el documento que recoge los principios del olimpismo, prohíbe la discriminación en cualquier sentido, incluyendo de forma expresa la orientación sexual.

Las organizaciones firmantes de la carta consideran que un buen ejemplo a seguir es del del Gobierno metropolitano de Tokio, la capital del país, que en 2018 aprobó una normativa que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en su ámbito competencial y que precisamente vincula la defensa de los derechos del colectivo LGTB al espíritu olímpico. «Japón tiene una oportunidad para convertirse en un líder global de los derechos LGTB. El gobierno metropolitano de Tokio ha mostrado solidaridad con el colectivo LGTB y el gobierno nacional debería seguir sus pasos», ha destacado Kanae Doi, director de Human Rights Watch en Japón, otra de las organizaciones que apoyan la iniciativa.

Avances contra la discriminación de las personas LGTB que deberían suponer, para empezar, el reconocimiento jurídico en todo el territorio nipón de las uniones civiles entre personas del mismo sexo que se permiten ya en algunas corporaciones regionales o locales, por no hablar de la aprobación de una ley de matrimonio que equipare uniones heterosexuales y homosexuales, una demanda que ya ha sido objeto de litigio ante los tribunales japoneses.

Fuente Dosmanzanas

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Berlín registró un incremento de casi el 50 % en los actos de violencia LGTBIfoba en 2019

Miércoles, 3 de junio de 2020

size=708x398Imagen: dpa / Paul Zinken

Preocupante estado de la violencia LGTBIfoba en Berlín. Los actos violentos registrados de carácter homófobo y tránsfobo crecieron un 46 % en 2019 en comparación con el año anterior. Es lo que revela un informe del Proyecto Maneo, que contabilizó un total de 559 agresiones físicas o verbales el pasado año. Una cifra que podría ser tan solo la punta del iceberg según los activistas, que calculan que entre un 80 y un 90 % de los casos no se reflejan en las estadísticas. El goteo de ataques en la capital alemana es continuo. El último se produjo el jueves de la pasada semana, cuando a plena luz del día un individuo profirió insultos homófobos y arrojó piedras a dos hombres en el distrito de Schöneberg.

Ni las ciudades supuestamente más abiertas a la diversidad se libran de la LGTBIfobia, y Berlín no es una excepción. Un informe de la organización contra la violencia Proyecto Maneo, publicado la semana pasada, revela un importante incremento de las agresiones registradas de motivación homófoba y tránsfoba en la capital alemana. La cifra total se incrementó en un 46 % en 2019 con respecto al año anterior, al pasar de 382 a 559 incidencias.

En la mayoría de los casos (395), las víctimas eran hombres gais o bisexuales o percibidos como tales. La transfobia fue el móvil en 83 de los delitos, mientras que las restantes 47 personas fueron agredidas física o verbalmente por ser o parecer mujeres lesbianas o bisexuales. Las agresiones físicas constituyeron un 27 % del total, las amenazas un 32 % y los insultos un 31 %.

El informe del Proyecto Maneo hace una consideración importante a los números totales. En primer lugar, que la cifra de casos registrados no tiene por qué suponer un incremento de los delitos que realmente se produjeron. Los activistas advierten de que la mayor parte de las agresiones, hasta un 80 o un 90 % del total, nunca salen a la luz. El aumento de los incidentes LGTBIfobos podría indicar, según esta lógica, que subió la tasa de denuncia de los ataques.

En cualquier caso, el goteo de actos de LGTBIfobia en Berlín es casi incesante. Durante la semana pasada se tiene constancia de al menos dos casos. En la madrugada del miércoles 20 al jueves 21, un grupo de jóvenes profirió insultos homófobos a dos hombres. Uno de ellos recibió dos puñetazos en la cara que lo derribaron al suelo. Las víctimas denunciaron los hechos a la policía, que identificó al agresor. El viernes 22 por la mañana, un individuo en estado de embriaguez también lanzó insultos homófobos a dos hombres en una estación de cercanías en Schöneberg y procedió a arrojarles piedras. Afortunadamente no se produjeron daños físicos y de nuevo en este caso el atacante fue identificado.

Fuente Dosmanzanas

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Condena múltiple por «sodomía» en Turkmenistán: dos años de cárcel para los acusados, entre ellos un conocido actor

Lunes, 1 de junio de 2020

9ba0a4b6682f0a90ffd7907d302f9ff5Medios locales y la organización Human Rights Watch informan de la sentencia de dos años de cárcel a un número indeterminado de hombres acusados de «sodomía» en Turkmenistán. Los arrestos se produjeron en el mes de marzo y el juicio tuvo lugar el pasado 7 de mayo, aunque la noticia no trascendió hasta hace unos días. Entre los condenados se encuentra un popular presentador de televisión. La república de Asia central es una de las dictaduras más herméticas del mundo y, junto con Uzbekistán, una de las que contemplan penas de prisión para las relaciones homosexuales entre hombres.

Un conocido actor ha sido condenado a dos años de prisión en Turkmenistán por el simple delito de ser gay. El actor – que no ha sido nombrado públicamente – fue arrestado por primera vez en marzo de este año junto con su pareja y una docena de otros hombres bajo sospecha de homosexualidad. Durante la segunda mitad de marzo, unos doce hombres jóvenes fueron detenidos en Ashgabat, la capital del país, bajo la sospecha de comportamiento homosexual. Entre ellos se encontraba un conocido presentador de televisión que responde a las iniciales G. S., así como su pareja. Varios de los arrestados fueron puestos en libertad a cambio de depositar una cantidad de dinero. Dado el hermetismo que impera en el país, uno de los regímenes más impenetrables del mundo, la noticia no se conoció hasta mediados de abril.

Más de un mes después, ha trascendido que el juicio tuvo lugar el pasado 7 de mayo. Los que aún permanecían arrestados fueron sentenciados a dos años de prisión por «sodomía», un delito tipificado en el artículo 135 del código penal turcomano. G. S. se cuenta entre los condenados, que habrían firmado una confesión escrita. Tampoco ha obtenido su libertad el hijo de un diplomático. Se desconoce el número exacto de hombres que permanecen en prisión.

La república de Turkmenistán es una de las dictaduras más inaccesibles y represivas del mundo. Junto con Uzbekistán, son las dos únicas ex repúblicas soviéticas que contemplan penas de prisión para las relaciones sexuales entre hombres. La homosexualidad es ilegal en el país de Asia central, condenada con dos años de prisión y las opiniones contrarias a la LGBT+ están muy extendidas, lo que significa que las personas homosexuales suelen ocultar su identidad o huir del país. El artículo 135 del Código Penal de 1997, vigente desde el 1 de enero de 1998, establece en su Artículo 135. que “la sodomía, que es la relación sexual entre dos hombres, se castiga con una pena de prisión de hasta dos años como máximo”. En virtud de la legislación de Turkmenistán, las relaciones sexuales entre homosexuales se castigan con una pena de dos años de prisión, mientras que la reincidencia se castiga con cinco a diez años de cárcel. Sin embargo, la homosexualidad femenina no está prohibida. Dada la ley turcomana y las persecuciones sufridas, muchas personas LGBT solicitan asilo en el país vecino, Kirguistán, donde la homosexualidad es legal.

Ahora, este actor, ha sido condenado y sentenciado a dos años de prisión por su sexualidad, informa Turkmen News. El actor y los otros hombres arrestados fueron condenados, según se informa, sobre la base de confesiones firmadas a principios de este mes. El mes pasado, se informó que algunos de los hombres fueron liberados después de su arresto inicial después de que sobornaron a la policía.

Los pocos informes existentes sobre las condiciones de vida de la comunidad LGTB revelan un clima de acoso y extorsión a hombres gais y bisexuales a los que la policía localiza y engaña mediante el uso de aplicaciones de contactos. Según recoge el informe 2019 de ILGA sobre homofobia de Estado, ya en 2013 Amnistía Internacional ofrecía «información creíble sobre agentes estatales que atacan, hostigan y extorsionan a hombres homosexuales y que les obligan a ‘denunciar’ a otros hombres homosexuales y revelar sus identidades». En 2015, el documental Turkmenistán: la homosexualidad prohibida se estrenó en el Festival Internacional de Cine Documental de Oslo. La película documenta la historia de un joven del país acusado de «actos homosexuales» y condenado a prisión que cuenta su experiencia con el sistema de justicia local, desde el momento de su detención hasta su puesta en libertad, incluidos informes de amenazas, insultos, torturas y violencia sexual. El testimonio también hace referencia a cómo los médicos exponen a los sospechosos a procedimientos degradantes. De hecho, según una investigación realizada por Human Rights Watch en 2016, agentes de seguridad y personal médico someten a las personas detenidas por actos sexuales con personas del mismo sexo a exámenes anales forzados.

Turkmenistán es criticado por grupos de derechos de LGBT+ por leyes atroces. La organización de derechos LGBT+, Human Rights Watch, criticó a las autoridades de Turkmenistán por dictar sentencias de cárcel a los hombres. “En 2017, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló la criminalización de la conducta homosexual consensuada como ‘injustificable’ e instó al gobierno turkmeno a derogarla”, dijo la organización, según el Star Observer. “Turkmenistán se enorgullece de su buena reputación en las Naciones Unidas. El gobierno debe retirar inmediatamente todos los cargos contra los hombres condenados bajo estas leyes y liberarlos. Esta ley abiertamente discriminatoria, que viola las obligaciones internacionales de Turkmenistán en materia de derechos humanos, permite a la policía someter a los hombres homosexuales y bisexuales a hostigamiento, incluso con el fin de extorsionarlos, humillarlos y abusar de ellos. Turkmenistán también debería derogar el artículo 135 del código penal y proteger a las personas de la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual”.

Las personas LGBT+ en Turkmenistán se enfrentan al miedo y a la persecución en su vida cotidiana. La vida en Turkmenistán puede ser extremadamente difícil para los miembros de la comunidad LGBT+. Los hombres homosexuales y bisexuales pueden enfrentarse a hasta dos años de prisión por atreverse a amar, y la sociedad es en gran medida inaceptable para las identidades homosexuales.

El mes pasado, un hombre gay fue obligado a huir del país y a pedir asilo en un país europeo después de que fuera arrestado y golpeado por la policía porque tiene VIH. Hablando anónimamente con RadioFreeEurope en ese momento, dijo: “Primero me interrogaron. Luego empezaron a golpearme mal. Me dijeron: ‘Sabemos dónde contrajiste el VIH. Eres gay’. Les dije que no era verdad. Pero siguieron golpeándome”.

El año pasado, otro hombre gay desapareció en el país poco después de que afirmara en un mensaje de vídeo que tenía miedo de ser “llevado a la fuerza”. En 2019, el médico Kasym Garayev se convirtió en la primera persona en revelar públicamente su condición de gay, en un vídeo en el que denunciaba el acoso escolar y los intentos de suprimir su orientación sexual que había sufrido. Tras intentar huir a Turquía, su familia lo localizó y lo devolvió a Turkmenistán.

Fuente PinkNews

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Líderes religiosos turcos vinculan los arcoíris de los niños turcos contra el coronavirus a un «plan gay»

Martes, 26 de mayo de 2020

unnamedLíderes religiosos de Turquía piden acabar con un icono mundial de esperanza ante la crisis del coronavirus. Algunas juntas escolares del país ya han recomendado que niñas y niños turcos no dibujen arcoíris y los expongan en público. La razón no es otra que la LGTBIfobia. 

El fanatismo vuelve a hacer de las suyas. Como ya pasara en España con la campaña de odio de HazteOír contra niñas y niños trans y sus familias, los sectores más conservadores de la sociedad turca ponen en su punto de mira a los más pequeños. Esta vez el objetivo concreto de sus iras son los arcoíris que, tras una iniciativa promovida originalmente por el Museo de Arte Moderno de Estambul, se cuelgan de ventanas y balcones como símbolo de resistencia y de ánimo para hacer frente al confinamiento y restricciones impuestas por las autoridades para frenar la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, líderes religiosos del país ven con malos ojos esta proliferación de arcoíris, que relacionan con un supuesto «plan» para «volver a los niños gais». En definitiva, temen que un símbolo tan inocente genere en la sociedad un sentimiento positivo hacia el avance de los derechos del colectivo LGTBI. Un mensaje que ha calado en diversas juntas escolares que han invitado expresamente a los directores de los colegios a evitar que sus alumnos participen en la iniciativa, según ha confirmado el sindicato de docentes turco Eğitim Sen. Nada esencialmente distinto a lo que ya hemos sufrido en España recientemente con las protestas contra las charlas sobre diversidad afectivo-sexual y de género.

La gran duda es hasta qué punto desde el Gobierno de Erdoğan se apoya activamente el llamamiento a boicotear los arcoíris. No sería de extrañar, ya que, como recogimos recientemente, la Dirección de Asuntos Religiosos turca ha abierto una guerra contra la comunidad LGTBI acusándola de, por ejemplo, ser la causante de enfermedades como el VIH/sida. Algo que fue contestado desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos y respondido por el presidente Erdoğan en estos términos: «Cualquier ataque al director de Asuntos Religiosos es un ataque al Estado».

«Por desgracia, este tipo de mentalidad anti-LGTBQ está muy extendida, incluso sin que la gente corriente vea una conexión entre los dibujos de los niños y los derechos gais», ha declarado Meral Gülsen, representante del sindicato Eğitim Sen. Sea como sea, las niñas y niños turcos han dejado de ser libres para pintar sus arcoíris porque desde diversas instituciones se ha acabado politizando el gesto y convirtiéndolo incluso en un símbolo «contrario a las tradiciones turcas».

Y todo esto en un clima político en el que Erdoğan y su partido, el islamista AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), han perdido en el año precedente algunos de sus bastiones (como la alcaldía de Estambul) en favor de la oposición más laica y moderada. Oposición que también denuncia estrategias de bloqueo con la crisis del coronavirus como excusa. Acusaciones que se repiten desde organismos independientes.

Fuente Dosmanzanas

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La instagramer que animó a descubrir la identidad de los usuarios de aplicaciones de contactos para hombres en Marruecos pide perdón

Viernes, 22 de mayo de 2020

Naoufal_Moussa_instagram-1280x720Un mes después de animar a sus seguidores a crearse perfiles falsos en aplicaciones de contactos para hombres para descubrir a sus usuarios reales, Naoufal Moussa pide perdón. La conocida instagramer marroquí, una mujer trans residente en Turquía y conocida en redes como Sofia Talouni, lamenta que el llamamiento a sus más de 600.000 seguidores desatara una campaña de outing y acoso en Marruecos. Un gran número de hombres gais y bisexuales han visto como se publicaban sus fotos, han sido sometidos a acoso y chantajes o expulsados de sus hogares por sus familias. Moussa asegura que su objetivo, por el contrario, era «humanizar» la homosexualidad en el país magrebí, en el que impera una intensa homofobia social y las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas con hasta tres años de cárcel.

Todo comenzó el pasado 13 de abril cuando Naoufal Moussa, experta en belleza y conocida instagramer, publicó un vídeo en la red social animando a sus más de 600.000 seguidores a crear perfiles falsos en aplicaciones de contactos para hombres. El objetivo, descubrir a homosexuales y bisexuales en el entorno familiar y social. «Como todos están en sus casas, podría mostrar a tu marido en tu dormitorio, podría mostrar a tu hijo que quizás está en el baño», explicaba entonces Moussa.

La grabación superó las cien mil visualizaciones y la iniciativa se extendió rápidamente entre la homófoba sociedad marroquí. Aplicaciones como Grindr, Hornet o PlanetRomeo se inundaron de perfiles falsos que se dedicaron a recopilar fotos e información de sus usuarios reales. El material robado apareció en otras redes sociales, revelando las identidades de numerosos hombres gais y bisexuales que intentaban permanecer en el anonimato. Las imágenes ibas acompañadas con frecuencia de amenazas y extorsiones.

El outing masivo generó una oleada de pánico entre la comunidad LGTB marroquí. Según la organización Human Rights Watch, muchas familias expulsaron de sus hogares a víctimas de la caza de brujas. Personas que quedaron en una situación aún más vulnerable a causa de las normas de confinamiento en vigor por la pandemia de coronavirus, que les dificultan la búsqueda de ayuda de amigos o colectivos. Según algunos medios se produjo al menos un suicidio de un joven gay a consecuencia del hostigamiento homófobo.

Las aplicaciones afectadas borraron unos 1.000 perfiles sospechosos de fraude y alertado a sus usuarios de la situación. Aunque el llamamiento de Moussa ya había cobrado vida propia, Instagram procedió a suspender su cuenta. De acuerdo con varias fuentes, la influencer grabó entonces un nuevo vídeo con un perfil diferente en el que mostraba su desprecio por los «maricones marroquíes» y defendía la permanencia de las leyes que castigan la homosexualidad con multas y penas de cárcel.

Una actitud completamente opuesta a la que ha mostrado ahora la instagramer, que en una entrevista con la fundación Thomson Reuters se muestra arrepentida de su llamamiento inicial a descubrir a hombres gais y bisexuales haciendo uso de aplicaciones de contactos. Moussa lamenta la persecución homófoba que desató su grabación y asegura que su objetivo era mostrar que las personas LGTBI están en todos los entornos, contribuyendo así a «humanizar» a la comunidad en Marruecos. «Mi intención era humanizar, ‘desdemonizar’ y normalizar a las personas homosexuales en Marruecos para que dejemos de pensar en ellas como parias», afirma. «Quería que la gente pensara en las personas homosexuales como el vecino o la vecina de al lado», añade.

Las disculpas de Moussa no han convencido a todo el mundo. Un portavoz de la asociación LGTB marroquí Nassawiyat opinó que la instagramer debería ir más allá para reparar el daño que causó su vídeo y la anima a utilizar su amplia base de seguidores para «crear conciencia sobre la homosexualidad y la transexualidad». «No estamos en contra de ella, pero ha hecho daño a mucha gente. Tenemos un problema real con el sistema y con cómo produce monstruos y homofobia y transfobia interiorizadas», señaló.

 Marruecos: una vigente y preocupante LGTBfobia social y de Estado

El artículo 489 del Código Penal marroquí castiga los «actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo» con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por «obscenidad pública». Venimos recogiendo distintos casos de persecución a personas LGTB en Marruecos: desde víctimas tratadas como culpables hasta detenciones tan absurdas como la de los jóvenes que colgaron un vídeo en el que aparecían besándose.

En 2015 nos hacíamos eco del intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez. Solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo, que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con uno dos de los agresores condenado a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

También en 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en aplicación del citado Código Penal. En el mes de junio se produjo la detención de otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica.

Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de «difundir la corrupción». Según aseguró el colectivo Aswat, todas estas detenciones formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad. Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. En agosto de 2017 un joven gay, muy conocido en redes sociales de Marruecos, era agredido después de que un director de cine incitase a «violarlo». Y en septiembre del año pasado, dos estudiantes eran detenidos por mantener relaciones homosexuales.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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