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Informe anual sobre derechos LGTBI en Europa: alarma ante la pérdida de derechos en varios países, mientras que España cae al 11º puesto

Miércoles, 15 de mayo de 2019

ie_logo_with_motto_gif_format_white_background_cmsa_0Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

Ilga-Europa-2019-Cumplimiento-Europa

Ilga-Europa-2019-Cumplimiento-Union-Europea

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Ilga-Europa-2019

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Mapa-Ilga-Europa-2019

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

Ilga-Europa-2019-Cumplimiento-Espana

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

  • Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
  • Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

FuenteILGA Europe, vía Dosmanzanas

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Los «millenials» españoles son, junto a los daneses y a los suecos, los que menos se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo en toda Europa

Jueves, 22 de noviembre de 2018

matrimonio_igualitario-720x394Solo un 7% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se opone al matrimonio igualitario. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Pew Research Center, el prestigioso instituto de investigación social estadounidense, cuyo objetivo era la de comparar las actitudes de la juventud de 34 países europeos en diversos aspectos. Un resultado coherente con lo que muestran estudios previos, que de forma repetida colocan a España como uno de los países con mayor aceptación social de la realidad homosexual.

De todos los países de la encuesta, solo Suecia y Dinamarca, dos países nórdicos cuya tradición de respeto y tolerancia al colectivo LGTB es bien conocida, registran cifras inferiores a las de España (5% y 6%, respectivamente). Justo a continuación de España, se sitúan Bélgica (9%), Holanda (10%), Finlandia (12%), Reino Unido (13%), Austria, Noruega y Portugal (14%), Alemania (15%), Suiza (16%), la República Checa (18%) e Irlanda (20%). Cabe destacar que en casi todos estos países se ha aprobado (mediante diferentes procedimientos) el matrimonio igualitario, con la excepción de República Checa (cuyo parlamento lo está discutiendo) y Suiza (pincha para ampliar la imagen):

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A más distancia y a caballo entre las Europas occidental y oriental se sitúa Italia, con un 27%. Hablamos de un país que arrastra una LGTBfobia social mayor que la del resto de Europa occidental, y en el que por ejemplo ninguno de los grandes partidos políticos ha apostado nunca por el matrimonio igualitario. Detrás de Italia se sitúan todos los países de la Europa del este, así como los de tradición ortodoxa. Pese a todo, pueden apreciarse importantes diferencias entre aquellos en los que el porcentaje de jóvenes contrarios al matrimonio igualitario está relativamente equilibrado con el resto, como Eslovaquia (42%), Polonia (50%), Grecia (51%) o Hungría (52%); aquellos en los que ya empieza a ser muy importante, como Estonia y Croacia (61%), Rumanía (66%), Bulgaria (68%) y Letonia (70%), y aquellos en los que la oposición es abrumadora, como Lituania (74%), Bielorrusia y Serbia (75%), Bosnia-Herzegovina (79%) y por supuesto Ucrania (82%), Rusia (86%), Moldavia (89%), Georgia (94%) y Armenia (95%).

No han sido incluidos en la encuesta Islandia, Luxemburgo y Malta (que caerían, casi seguro, en el bloque de países más tolerantes) ni Albania, Chipre, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Turquía (en los que creemos que, con distintos porcentajes, la oposición sería importante). Nos hubiera gustado conocer especialmente el porcentaje de Eslovenia, país en el que llegó a aprobarse una ley de matrimonio que fue luego anulada en un referéndum promovido desde sectores afines a la Iglesia católica en el que participó poco más de un tercio del censo, y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

Más allá de las opiniones sobre el matrimonio igualitario, el estudio de Pew Research Center preguntaba a los jóvenes europeos sobre otras materias como la actitud hacia las personas de religión musulmana, la importancia que conceden a la religión como elemento de su identidad nacional, el aborto o la creencia en que la cultura propia es superior a otras. Sus resultados quedan fuera del ámbito LGTB, pero arrojan dos resultados que de forma general son coherentes con la opinión sobre el matrimonio igualitario: hay un fuerte contraste entre los jóvenes de Europa occidental y oriental, y en todos los casos los jóvenes españoles se sitúan en el lado más tolerante del espectro. Puedes acceder aquí a más información sobre el estudio.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Estados Unidos vota contra resolución de la ONU que condena la pena de muerte a homosexuales

Martes, 16 de octubre de 2018

irangaysEstalla la polémica en los Estados Unidos al alinearse con países como Iraq, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos al votar en contra de una resolución de la ONU que condena la pena de muerte a personas homosexuales, entre otros casos.

Presentada por ocho países: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza, el pasado 28 de septiembre se votaba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una resolución llamada The question of the death penalty (La cuestión de la pena de muerte, en español), en Ginebra, que era aprobada con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 13 votos en contra. Se trata de una resolución que condena la imposición de la medida capital cuando «se aplica de manera arbitraria o discriminatoria», condenando específicamente «la imposición de la pena de muerte como una sanción para formas específicas de conducta, como apostasía, blasfemia, adulterio y relaciones consensuadas con personas del mismo sexo». China, Iraq, Qatar, Japón, India, Egipto, Burundi, Botswana, Etiopía, Bangladesh, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a los que se ha unido igualmente los Estados Unidos, suscitando la polémica entre activistas y grupos en defensa de los derechos del colectivo LGBT.

«Los titulares, informes y comunicados de prensa sobre este tema son engañosos. Como nuestro representante ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra dijo el viernes, los Estados Unidos están decepcionados de tener un voto en contra en esta resolución. Esperábamos una resolución equilibrada e inclusiva que reflejara mejor las posiciones de los estados que continúan aplicando la pena de muerte legalmente, como lo hace Estados Unidos», explica el martes, 3 de octubre, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se veía obligada a explicar los motivos que les habían llevado a votar «no» contra esta resolución tras las protestas de numerosas asociaciones LGBT.

«Votamos en contra de esa resolución debido a preocupaciones más amplias con respecto al enfoque de la resolución para condenar la pena de muerte en todas las circunstancias (…). Los Estados Unidos condenan inequívocamente la aplicación de la pena de muerte por conductas como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio y la apostasía. No consideramos que dicha conducta sea apropiada para la criminalización», explica la portavoz.

Uno de los primeros en condenar este voto era Human Rights Campain, desde donde han agradecido las explicaciones de Nauert, lo que no impide que sigan preocupados «por el compromiso de Gobierno de Trump/Pence sobre los derechos humanos de las personas LGBTQ en el extranjero (…). Es preocupante que el liderazgo en esta administración no haya discutido esta posición en su explicación original para el voto ‘no’». Por su parte, Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA, afirma que «es inconcebible pensar que hay cientos de millones de personas que viven en estados donde alguien puede ser ejecutado simplemente por según a quien ama. Este es un momento monumental en el que la comunidad internacional ha destacado públicamente que estas horrendas leyes simplemente deben terminar».

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Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, una organización global de derechos humanos LGBTQ, reconoce que el voto de los Estados Unidos sobre la resolución de los Estados Unidos puede haber sido malinterpretado, dado que según afirma «los Estados Unidos siempre se oponen a esta resolución sobre la pena de muerte, porque hace referencia a una moratoria global de la pena de muerte. Tanto Obama como Trump, siempre que la pena de muerte sea legal en los Estados Unidos, han tomado esta posición (…). OutRight reclamará a la administración de Trump por sus numerosas violaciones de derechos, sus muchos abusos de poder desde violaciones a LGBTI hasta la xenofobia, pero esta instancia en particular no es un ejemplo de una contracción del apoyo a los derechos LGBTI (…). Sería un error interpretar su oposición a una resolución de pena de muerte a un cambio en la política»

Ante la polémica suscitada por el voto negativo contra esta resolución, la propia embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikky Haley, defendía al día siguiente, 4 de octubre, a través de su cuenta de Twitter que «no hubo un voto por parte de los representantes de los Estados Unidos en la Naciones Unidas que apoyara la pena de muerte para los homosexuales. Siempre hemos luchado por la justicia para la comunidad LGBT». En un segundo tuit recordaba que «la votación que tuvo lugar en Ginebra es la misma votación que tuvo lugar en la administración de Obama. No fue un voto en contra del colectivo LGBT», añadiendo el hashtag Fact (Hecho, en español). Solo una semana después, este martes, 9 de octubre, Haley anuncia su intención de abandonar el cargo que ocupará solamente hasta final de año.

Fuente Universogay

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Fracaso rotundo del referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía

Martes, 9 de octubre de 2018

viorica-dancila-primera-ministra-de-rumania-referendum-matrimonio-300x155Viorica Dancila, primera ministra de Rumanía, deposita su voto en el referéndum

El referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía no ha alcanzado el mínimo de participación necesario para ser efectivo. Solo un 20,41 % de los censados ha acudido a las urnas, frente al 30 % necesario, lo cual puede calificarse sin duda alguna como de enorme fracaso para los convocantes. Rumanía, pues, no se suma a la lista de países europeos donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está expresamente prohibido en su Constitución, si bien la legislación ordinaria sí lo continúa impidiendo. Actualizaremos la noticia cuando se conozcan los datos del escrutinio con la decisión, ya sin relevancia, de los escasos participantes.

Casi diecinueve millones de ciudadanos rumanos habían sido convocados para votar en referéndum la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo. Para que el resultado fuera vinculante, se necesitaba que participase al menos el 30 % de los censados. Sin embargo, y a pesar de la fuerte presión de los sectores más LGTBfobos —sobre todo la Iglesia ortodoxa— y el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, la participación tan solo ha alcanzado el 20,41 %, por lo que, sea cual sea el resultado del escrutinio final, el texto constitucional no puede ser modificado. La legislación ordinaria sigue impidiendo el matrimonio igualitario en Rumanía, pero al menos su Constitución seguirá sin prohibirlo.

El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado mes de septiembre. En la cámara alta también se superó la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracción frente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30 % del censo electoral y los votos favorables superar el 50 %. El plebiscito se ha celebrado en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre. El primer día, la participación solo alcanzó el 5,72 %, mientras que en la segunda jornada se ha llegado solamente hasta el 20,41 % de participación definitiva.

Tras el resultado, el líder de la USR, Dan Barna, ha pedido la dimisión del Gobierno por «haber dilapidado cuarenta millones de euros en una fantasía». La promotora Coalición por la Familia ha reconocido el mal resultado, aunque se felicita por haber movilizado a casi cuatro millones de rumanos. Por su parte, las asociaciones en defensa de los derechos LGTB, que habían pedido el boicot al referéndum, se han congratulado de que la población se haya abstenido de manera tan clara, pero aún así reclaman que «la comunidad de gais, lesbianas, bisexuales y personas transgénero es parte de la población del país, y tiene muchas familias, que en este momento carecen totalmente de reconocimiento y protección legales. Es hora de que el estado rumano, a través de las autoridades competentes, garantice la igualdad de derechos y obligaciones para las parejas del mismo sexo».

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir.

Expertos legales citados por la web queer.de opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía carece de una ley de uniones civiles. La mención a un «reconocimiento legal y jurídico» de las parejas del mismo sexo podría abrir, sin embargo, el debate legislativo y social sobre esta vía.

El matrimonio igualitario en Europa

Las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en 16 países europeos (entre paréntesis, el año de entrada en vigor de las respectivas normativas):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania  , Malta (2017) y Austria (2019).

Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017) y Austria (2019).

Por otra parte, existen 13 países europeos cuyas respectivas constituciones prohíben expresamente el matrimonio igualitario (entre paréntesis, el año en que entró en vigor la prohibición constitucional):

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013), Eslovaquia (2014) y Armenia (2015).

Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño:

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Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Constitucional de Rumanía sentencia que las parejas homosexuales han de tener igualdad de derechos

Miércoles, 3 de octubre de 2018

200-bandera-RumaniaImportante toma de posición de la justicia rumana sobre los derechos LGTB. El Tribunal Constitucional ha publicado los considerandos de su sentencia del pasado mes de junio en la que reconoció el derecho de residencia a los cónyuges de ciudadanos comunitarios. Según el alto tribunal, las parejas del mismo sexo están amparadas por el derecho constitucional a la protección de la vida privada y familiar. El fallo va en la dirección contraria a la del referéndum del próximo 7 de octubre, en el que se votará una reforma de la ley fundamental para blindar la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. 

A mediados del mes pasado conocíamos que el Senado de Rumanía daba vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución, con lo que Rumanía estaría un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes día 11 de septiembre. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

Sin embargo,  el Tribunal Constitucional del país acaba de decir que las parejas formadas por dos personas del mismo sexo han de tener los mismos derechos que las parejas formadas por dos personas del sexo opuesto. Según los jueces del Tribunal Constitucional rumano, las parejas homosexuales tienen derecho a llevar una vida privada y familiar exactamente igual que las parejas heterosexuales, pues han de tener “el mismo reconocimiento legal de sus derechos y obligaciones“. Que es, curiosamente, un argumento muy parecido al que terminó por tumbar la sección 377 en India, lo que llevó a la legalización de la homosexualidad allí hace unas semanas. Básicamente: va contra la Constitución cualquier ley que penalice lo que la Constitución protege.

Desde Accept, un grupo de derechos LGTB+ rumano, Teodora Ion-Rotaru ha explicado que la sentencia es “extremadamente importante“: “Lo que dice es que las parejas homosexuales han de tener los mismos derechos que las heterosexuales. El Tribunal ha sentenciado que una familia homosexual vale lo mismo que una familia heterosexual.

Aunque el referéndum contra el matrimonio igualitario de los próximos días 6 y 7 de octubre sigue adelante, parece que aunque el resultado afiance la homofobia del país el Gobierno no lo tendrá fácil para modificar la Constitución rumana y definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Porque aunque esta sentencia llegue antes de esa reforma (ahora mismo la Constitución define el matrimonio como una union entre dos cónyuges) muchos expertos ya han avisado de que modificar eso podría suponer una violación de la propia carta magna, un ataque a los derechos humanos de la población homosexual y, además, va en contra de lo que la Unión Europea lleva meses diciendo.

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente | Associated Press, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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El Senado de Rumanía da vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución

Sábado, 15 de septiembre de 2018

200-bandera-RumaniaRumanía está un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

En la línea contraria a la justicia europea

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente Dosmanzanas

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La policía de Moldavia protege el Orgullo LGTB+ gaseando a los ultras homófobos

Miércoles, 23 de mayo de 2018

orgullo-lgtb-moldavia-696x522La marcha del Orgullo LGTB+ de Moldavia, que se celebró en la capital Chisináu el pasado fin de semana, fue fuertemente protegida por la policía que lanzó gases lacrimógenos contra los ultras ortodoxos.

El presidente del país, abiertamente homófobo, ha querido evitar la mala imagen internacional después de que más de 20 embajadas reclamaran una manifestación pacífica y sin incidentes.

Cuando el año pasado los activistas LGTB+ de Moldavia organizaron el orgullo anual en la capital de Chisináu tuvieron que ver no solo cómo un grupo de ultras homófobos ortodoxos les reventaban la manifestación sino que también aguantaron que la policía no hiciera nada para detenerlos. Lo mismo ocurrió en 2016.

El propio presidente del país, Igor Dodon, expresó públicamente su apoyo a los homófobos asegurando en un evento antiLGTB que “nunca prometí ser el presidente de los gais, deberían haber elegido a su propio presidente. No pueden ser aceptados por mí personalmente, ni por la sociedad al completo“.

presidente-moldavia-marcha-anti-lgtbEl presidente, Igor Dodon, saludando a un obispo ortodoxo en una marcha antiLGTB celebrada el 17 de mayo

Comentarios que Amnistía Internacional condenó por discriminatorios, pero también porque van en contra de la Constitución del país que prohíbe al jefe de estado incitar al odio y le obliga a respetar los derechos de todos los ciudadanos”.

Sin embargo este año algo ha cambiado. La marcha del Orgullo LGTB+ transcurrió el pasado 19 de mayo tal y como estaba previsto por los organizadores sin que hubiera molestias por parte de los ultras homófobos que fueron a protestar. Y es que la policía de Chisináu organizó un fuerte dispositivo de seguridad para proteger la manifestación y cuando los ultras ortodoxos intentaron saltarse el cordón policial las autoridades lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos y evitar el enfrentamiento. Igualito que la Policía Nacional en Murcia.

orgullo-moldaviaDías antes de la manifestación en Chisináu más de 20 embajadas occidentales en el país firmaron una carta abierta en apoyo al Orgullo LGTB+. La carta, publicada el pasado 17 de mayo (Día Internacional contra la LGTBfobia), fue firmada por las embajadas de Argentina, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suiza, Suecia, Reino Unido y los Estados Unidos. En ella expresaban su apoyo “a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo” del país y reconocían el derecho de los organizadores del Moldova Pride a celebrar la Marcha Solidaria del 19 de mayo de forma pacífica porque “los valores de tolerancia y respeto a la diversidad son fundamentales para abrir las sociedades democráticas“. El texto añadía que “cada día hay personas que se enfrentan a la discriminación a causa de su orientación sexual o identidad de género. Nuestros gobiernos combaten esa discriminación promoviendo los derechos humanos de todos. Todo el mundo, incluídas las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo, han de poder disfrutar los derechos y libertades a los que cada individuo en cualquier parte del mundo tiene derecho“.

A pesar de que el presidente moldavo volvió a decir públicamente este año que no apoyaba la marcha porque promueve valores que van contra la tradición del país (incluso acudió a una manifestación antiLGTB organizada dos días antes), parece que no ha querido jugársela ante la comunidad internacional y de ahí el despliegue policial. Hace unos años Moldavia aprobó una ley similar a la ley contra la “propaganda gay” rusa, pero tuvo que ser derogada tres meses después de entrar en vigor porque Moldavia buscaba formas de acercamiento a la Unión Europea que prohíbe ese tipo de legislación.

Fuente | Radio Liberty, vía EstoyBailando

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Informe anual sobre derechos LGTBI en Europa: Malta sigue encabezando la clasificación y España se mantiene en el 9.º puesto

Jueves, 17 de mayo de 2018

ie_logo_with_motto_gif_format_white_background_cmsa_0ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

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La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

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Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

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Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

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ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

  •  Adoptar una nueva ley de igualdad que revise el marco existente de leyes contra la discriminación, que proteja expresamente la orientación sexual, las características sexuales y de identidad de género en todas las esferas de la vida.
  • La actualización del marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, de manera que se garantice que el proceso se base en la autodeterminación, esté libre de requisitos abusivos y no contemple límites de edad.

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comienza a estudiar el caso de la pareja casada en Bélgica cuyo matrimonio no reconoce Rumanía

Miércoles, 6 de diciembre de 2017

adrian-si-clabourn2Importante noticia la que hemos conocido esta semana: la Corte Europea de Justicia comenzó a examinar el martes pasado el caso de una pareja del mismo sexo casada legalmente en Bélgica, pero cuyo matrimonio no reconocen las autoridades de Rumanía. La resolución de este caso, que se conocerá previsiblemente el año que viene, podría sentar un importante precedente para la libertad de circulación de las personas LGTB en el territorio de la Unión Europea. Una sentencia positiva obligaría a todos los estados miembros a reconocer los matrimonios y uniones civiles legalmente celebrados en otros países de la Unión.

La Justicia europea ha empezado a deliberar sobre un asunto cuya resolución podría traer profundas consecuencias para las parejas del mismo sexo. Hemos informado del caso que llevan adelante Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton, casados legalmente en Bélgica. La pareja presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Esta falta de reconocimiento legal impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha anunciado que la Gran Sala se hará cargo de las deliberaciones, que comenzaron la semana pasada. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. La resolución, que previsiblemente se conocerá ya en 2018, podría sentar un importante precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias.

Concretamente, podría tener consecuencias para los únicos seis Estados miembros que actualmente carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo: se trata, además de Rumanía, de Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Una sentencia favorable para los demandantes podría obligar a estos países a reconocer a las parejas del mismo sexo legalmente casadas o unidas civilmente en otros Estados de la Unión cuando al menos uno de los cónyuges sea ciudadano de un Estado miembro. Situaciones como la aquí descrita, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final. Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando hace dos años consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

En mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobaba la medida por 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo y en septiembre, el gobernante Partido Socialdemócrata anunciaba la próxima convocatoria de un referéndum que aún no se ha llevado a cabo. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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Estados Unidos vota en contra de una resolución de la ONU para acabar con la pena de muerte a homosexuales

Miércoles, 4 de octubre de 2017

consejo-ddhh-onu-696x464Estados Unidos único país occidental que ha votado en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pide acabar con la pena de muerte en los casos en que “sea discriminatoria”.

La resolución fue finalmente aprobada con el voto a favor de 27 países y 13 en contra.

Actualmente ser homosexual sigue siendo castigado con pena de muerte en Irán, Arabia Saudita, Sudán, Yemen, en los territorios de Irak y Siria ocupados por el Daesh y en algunos territorios de Somalia y Nigeria.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha votado para condenar la pena de muerte dictada sobre la base de la orientación sexual de las personas. Aunque la resolución se aprobó con 27 países votando a favor de la medida, 13 países, incluyendo a Estados Unidos, votaron en contra.

Sin embargo, esta resolución no pide el fin de la muerte como castigo, si no que pide a los países que tienen la pena de muerte que no la utilicen de manera “discriminatoria”. Concretamente, la medida solicita poner fin a la pena capital a personas con discapacidad intelectual, a menores de 18 años en el momento del crimen, a mujeres embarazadas, a causa de apostasía, blasfemia o adulterio y a las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo.

Aunque ya sabemos que estas resoluciones no sirven para casi nada, es muy grave que EEUU (y Japón, que también tiene lo suyo) hayan votado a favor de que las cosas sigan como están.  Como dijo Renato Sababadini, el director ejecutivo de la ILGA, después de la votación, “es inadmisible pensar que haya cientos de millones de personas que viven en Estados donde alguien puede ser ejecutado por el simple hecho de amar. Este momento es un hito en el que la comunidad internacional ha señalado públicamente que simplemente se debe terminar con estas horribles leyes“.

Hace más de una década, la ahora desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución similar. Sin embargo, esta resolución es la primera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Bangladesh, Botswana, Burundi, China, Egipto, Etiopía, India, Irak, Japón, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Estados Unidos fueron los países que votaron contra la resolución aprobada. Por su parte, el también previsible voto en contra de Rusia no pudo llevarse a cabo debido a que su papel en el bombardeo de ciudades sirias llevó a que al país le fuera negado un lugar en el Consejo en 2016.

Todos ellos, salvo Burundi que la despenalizó hace poco,  son países en los que se aplica (y en la mayoría con entusiasmo) la pena de muerte. Además en casi todos ellos  ser homosexual y las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales. En Egipto técnicamente no es un delito, aunque como estamos viendo estos días las autoridades se sacan de la manga cualquier tontería para perseguirte igual.  Esto se lo recordamos a toda esa gente que estos días nos está sorprendiendo cuando dicen, como en las mejores dictaduras, que si no quieres que la policía te pegue o te detenga lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y no hacer nada ilegal.

André du Plessis, responsable del Programa de las Naciones Unidas y Defensa en ILGA, mostró su agradecimiento al “liderazgo de los ocho países que presentaron esta resolución: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza“. Por encima de todo, “se mantuvieron firmes en principio a través de una difícil negociación y período de votación“.

Ahora es tenemos que recordar, una vez más, que Estados Unidos ha votado en contra de pedir que se deje de castigar el ser homosexual con la pena de muerte, y  podemos estar seguros de que esto con Obama (o con Hillary, esa que según algunos era igual de mala o incluso peor) no hubiera pasado. A algunos les cuesta admitirlo, pero Trump no es amigo nuestro y ya se encarga de poner en los puestos adecuados a gente que lo demuestra con sus políticas, como por ejemplo Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Aunque no es la más reaccionaria entre las personas que rodean a Trump,  fue una de las que más virulentamente lucho contra el matrimonio igualitario en Carolina del Sur, de donde era gobernadora entonces.

Fuente | Gay Star News, vía Cáscara Amarga/EstoyBaliando

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El matrimonio igualitario en el mundo

Martes, 4 de julio de 2017

matrimonio-igualitario-1-300x263Tras la sorpresiva aprobación por el Bundestag alemán del matrimonio igualitario, aun a falta de algunos necesarios trámites para que entre en vigor, la lista de países donde las parejas del mismo sexo no están discriminadas se ha incrementado hasta alcanzar los 23 integrantes. Por continentes, 14 de ellos están en Europa, 7 en América, 1 en África y 1 en Oceanía. De momento, no hay ningún país asiático en la lista. En el futuro cercano, sin embargo, se prevén varias adiciones a esa suma en casi todos los continentes. De momento, se calcula que, aproximadamente, más de 1.150.000.000 habitantes del mundo viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone más de un 15 % de la población mundial.

Incorporando a Alemania, este sería el mapa de los países que han aprobado el matrimonio igualitario en todo el mundo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

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Europa

Fue en Europa donde por primera vez se aprobó la inclusión de las parejas del mismo sexo en la institución del matrimonio, en el año 2001, y es también un país europeo el último en sumarse a la lista de la igualdad de derechos para las parejas LGTB en este 2017. Los 14 países de este continente donde existe el matrimonio igualitario son los siguientes (con la entrada en vigor de la legislación entre paréntesis):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania (entrada en vigor por determinar).

Incluyendo a Alemania, y restando la población de aquellos territorios o dependencias donde no está en vigor la legislación igualitaria, un total de 324.027.406 europeos viven en países donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa cifra representa un 45,31 % de la población europea total (711.064.145 habitantes).

Si nos ceñimos a la Unión Europea, el matrimonio igualitario existe en 12 de los 28 países que la componen. Eso supone que 316.940.861 de los 507.996.178 habitantes de la Unión Europea no discriminan a las parejas del mismo sexo, un 62,39 % del total.

Afortunadamente, la lista de países y el número de europeos bajo legislaciones igualitarias se incrementarán previsiblemente pronto. El primer ministro de Malta, el laborista Joseph Muscat, ha prometido que el matrimonio igualitario será la primera ley de la nueva legislatura. Por su parte, el socialdemócrata primer ministro de Austria, Christian Kern, que gobierna en gran colación con los conservadores, se ha comprometido a impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo antes de que acabe esta legislatura. También existe, desde 2015, un proyecto de ley de matrimonio igualitario en Suiza, pero el proceso es lento y, al suponer un cambio constitucional, debe ser sometido a referéndum, cuyo posible resultado es muy incierto.

Cabe señalar que, en su día, Eslovenia engrosó la relación de países no discriminatorios, dado que su Parlamento aprobó el matrimonio para parejas del mismo sexo en 2015, con la fecha de su entrada en vigor en suspenso. Sin embargo, grupos LGTBfobos consiguieron que se celebrara un referéndum para anular esa medida, y ese mismo año un abultado porcentaje de votantes logró que la ley fuera finalmente derogada y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles.

Pero existe otra lista menos satisfactoria, la de aquellos países europeos que han prohibido expresamente en sus constituciones el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos de ellos, tristemente, mediante consulta popular. De momento suman un total de 12:

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013) y Armenia (2015).

Lamentablemente, esta lista también puede incrementarse en un futuro cercano, pues existe un proceso parlamentario en Rumanía para convocar un referéndum que prohibiría constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Aquí tenéis un mapa con la situación del matrimonio igualitario en Europa (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

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América

El continente americano se sumó rápidamente a legislar la igualdad de las parejas del mismo sexo. Una de las peculiaridades es que, en muchos de estos países, fueron primero los tribunales quienes dictaminaron la inconstitucionalidad de la discriminación de las parejas LGTB. En otros, sin embargo, fue el poder legislativo quien tomó la iniciativa. Estos son los 7 países americanos donde existe el matrimonio igualitario (con su año de entrada en vigor entre paréntesis):

Canadá (2005), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015) y Colombia (2016).

En México, el matrimonio igualitario está actualmente en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Además, existe una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a fallar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los tribunales en cualquier proceso, por lo que el matrimonio igualitario es  posible de facto en todo el país por vía judicial. Aunque el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declaraba el pasado 2016 que su Gobierno legislaría la igualdad matrimonial a nivel nacional de acuerdo con ese dictamen judicial, la fuerte movilización LGTBfoba ha impedido que, de momento, pueda llevarse a cabo.

De los 1.001.559.000 habitantes del continente americano, 779.212.822 viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone un 77,80 % del total.

Chile quizás sea el próximo país americano en sumarse a la lista de la igualdad. El Estado chileno, representado por su presidenta Michelle Bachelet, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) han alcanzado un histórico acuerdo para promover los derechos LGTB e impulsar importantes medidas legislativas al respecto, entre ellas, la que aprobaría el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero también en América existe la lamentable lista de países en los que el matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, que también suman 7. Esta es la relación (con la entrada en vigor de la legislación LGTBfoba entre paréntesis):

Jamaica (1962), Cuba (1976), Paraguay (1992), Honduras (2005), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y República Dominicana (2010).

Este sería el mapa de la situación del matrimonio igualitario en América (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

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Otros continentes

Tan solo existen dos países más fuera de los continentes europeo y americano donde está legislado el matrimonio igualitario. Se trata de Sudáfrica, en África, y de Nueva Zelanda, en Oceanía.

Oceanía sumará muy probablemente un nuevo país a la lista, aunque la fecha en que eso suceda es aún incierta. El gobierno conservador de Australia pretende convocar un referéndum para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que la oposición exige que la medida se tome directamente desde el Parlamento. Esa división de opiniones hace que la legislación igualitaria siga bloqueada.

En cuanto África, lamentablemente Sudáfrica sigue siendo la excepción en un continente donde lo que abundan son las legislaciones que castigan las relaciones homosexuales con largas penas de prisión, e incluso con la pena de muerte.

No existe en la actualidad ningún país asiático con legislación igualitaria para las parejas LGTB. En Taiwán, la Corte Constitucional ha dado un plazo de dos años para que se legisle el matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien la isla no es un país reconocido por las Naciones Unidas. Otro de los candidatos sería Vietnam, aunque la situación está en un proceso incierto y previsiblemente de larga duración.

Como ocurre en África, en Asia, lamentablemente, es también larga la lista de países que castigan las relaciones homosexuales, en algunos casos hasta con la pena de muerte. Lo podéis comprobar en estos mapas, donde aparecen los países que castigan la homosexualidad, y los que incluso aplican la pena capital (podéis pinchar en ellos para verlos a mayor tamaño):

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Fuente Dosmanzanas

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Informe anual sobre derechos LGTB en Europa: Malta vuelve a encabezar la clasificación, mientras que España baja hasta la 9ª posición

Lunes, 29 de mayo de 2017

rainbow_europe_map_2017-destacada-300x212ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

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La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

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Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

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Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

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Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

  • Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
  • Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
  • Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

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Fieles ortodoxos impiden en Moldavia una marcha LGTB contra la discriminación

Miércoles, 24 de mayo de 2017

Stop Homofobia - ICM“¡Moldavia es un país ortodoxo!”, “Mamá, papá y yo, eso es una familia”, rezaban algunas de las pancartas que portaban los creyentes.

Ya el año pasado, la marcha tuvo que disolverse por los ataques de grupos homófobos similares…

Cientos de creyentes ortodoxos frustraron ayer en el centro de Chisinau, en Moldavia, una marcha contra la discriminación convocada por la comunidad LGTB para cerrar el festival “Moldova Pride 2017“, que se celebró esta semana en la capital moldava.

La marcha, que congregó a cientos de personas, entre ellos políticos, periodistas, diplomáticos occidentales, discurría sin banderas con los colores del arcoíris ni pancartas en defensa de las minorías sexuales, informó la agencia rusa Interfax.

Según sus organizadores, se trataba de una manifestación contra la discriminación en general.

Muchos de los participantes en marcha vestían camisetas blancas en las que en el pecho se podía leer la leyenda “Sin miedo” y en la espalda, “Bajo esta camiseta no existe el miedo”.

Cuando la marcha, protegida por numerosos efectivos policiales aún no había realizado ni la mitad de su recorrido, cientos de fieles ortodoxos le bloquearon paso.

 “¡Moldavia es un país ortodoxo!”, “Mamá, papá y yo, eso es una familia”, rezaban algunas de las pancartas que portaban los creyentes.

Varios centenares de policías antidisturbios se interpusieron entre las dos manifestaciones y consiguieron evitar incidentes.

Minutos después, los organizadores de la marcha LGTB decidieron darla por terminada y sus participantes fueron evacuados del centro de la ciudad en autobuses que la policía había dispuesto especialmente para esa eventualidad.

La contramanifestación ortodoxa respondió de hecho a un llamamiento del presidente moldavo, Igor Dodon, quien el pasado jueves exhortó a realizar acciones en defensa de los “valores tradicionales”.

Fuente Agencias

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Rumanía: el referéndum para prohibir el matrimonio igualitario supera su primer trámite

Martes, 16 de mayo de 2017

200-bandera-RumaniaRumanía da un paso más para convertirse en el próximo país en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución. La Cámara de Diputados del país apoyó el viernes pasado por una amplia mayoría la iniciativa de la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa) para elevar a nivel constitucional la definición de matrimonio que excluye a las parejas del mismo sexo. El proyecto pasa ahora al Senado, y si este también le da su apoyo, será sometido a referéndum.

Malas noticias para la igualdad LGTB en Europa. El proceso para vetar el matrimonio igualitario a nivel constitucional ha dado un importante paso adelante al conseguir el apoyo de la Cámara de Diputados. Concretamente, la iniciativa de la Coalición por la Familia cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo.

Ahora la propuesta pasará al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes.. Si el Senado constituido tras los comicios también apoya la iniciativa homófoba, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso tomó impulso en julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se ha reactivado ahora.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

La vía judicial, en paralelo

El asunto del matrimonio igualitario está pendiente también de un proceso judicial. Se trata de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto, cosa que hasta ahora no se ha producido.

Fuente Dosmanzanas

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El Constitucional de Rumanía consultará con la justicia europea sobre el reconocimiento de un matrimonio gay celebrado en el extranjero

Sábado, 3 de diciembre de 2016

adrian-si-clabourn2El Tribunal Constitucional de Rumanía vuelve a posponer la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Pero el retraso conlleva esta vez un atisbo de esperanza: antes de tomar su decisión, que estaba prevista inicialmente para el pasado martes, los jueces rumanos consultarán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su parecer sobre el asunto.

Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, tendrán que esperar aún para conocer el desenlace de su demanda para ver reconocido su matrimonio. La pareja se casó legalmente en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Llegada esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, que se esperaba para el martes 29 de noviembre. Pero esta semana, el tribunal anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces puedan consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta parte de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo.

La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de los miembros es un ciudadano comunitario. La resolución podría sentar un importante precedente, como recuerda Katrin Hugendubel de ILGA-Europa: muchas parejas, perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias, “estarán esperando también con impaciencia el resultado de este caso”.

Sobre las perspectivas que se abren con el nuevo escenario, en el que entra en juego la justicia europea, se pronunció también la abogada de los demandantes Iustina Ionescu: “Es alentador. El Tribunal manda el mensaje de que Rumanía es un miembro de los países europeos que comparten unos valores comunes, como la libertad de movimiento”. Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano pide opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final.

Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando el año pasado consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Para que la iniciativa prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. La posibilidad de que el referéndum se realizara de manera coincidente con las elecciones generales del próximo diciembre fue descartada por el Senado rumano, por lo que la consulta quedó pospuesta hasta la próxima legislatura. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

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La Marcha del Orgullo de Chisináu, la capital de Moldavia, debe disolverse a los 15 minutos por el ataque de grupos LGTBfóbicos

Lunes, 30 de mayo de 2016

004_4La Marcha del Orgullo de Chisináu, la capital moldava, fue interrumpida a poco de iniciarse por centenares de LGTBfobos, que portaban banderas moldavas, ortodoxas y crucifijos. La Policía, como medida de seguridad, decidió disolver la Marcha, que duró apenas quince minutos. Moldavia se sitúa entre los países de Europa con mayores carencias en cuanto a la igualdad de derechos y protección contra la discriminación de sus ciudadanos LGTB.

El pasado domingo 22 de mayo, la asociación de defensa de los derechos LGTB  GenderDoc-M había convocado una Marcha del Orgullo por las calles de Chisináu, la capital de Moldavia, bajo el lema Fără frică (Sin miedo). La convocatoria, la cuarta en celebrarse en la capital, logró reunir a unos 300 manifestantes, que de manera pacífica reclamaban por las calles de su ciudad la igualdad de derechos para los ciudadanos LGTB. Entre los participantes se encontraban representantes diplomáticos de Alemania, Francia, Suecia y los Estados Unidos.

007_nm_1Según testigos, nada más iniciarse la Marcha se podía ver a un sacerdote ortodoxo, rodeado de una veintena de adeptos, que arrojaban agua bendita a los manifestantes. Poco a poco, el grueso de los LGTBfobos fue incrementándose, hasta que se reunieron cientos de ellos, que insultaban, amenazaban y arrojaban huevos a los manifestantes, mientras enarbolaban banderas moldavas, ortodoxas y crucifijos.

La Policía decidió disolver la manifestación y conducir a los participantes hasta un lugar seguro, cuando apenas habían transcurrido 15 minutos desde su inicio. Arnaud Gauthier-Fawas, un activista de la Inter-LGBT francesa presente en la Marcha moldava, describía así lo sucedido: “Estoy triste y orgulloso a la vez. Triste porque se acabó muy rápidamente, pero muy orgulloso al mismo tiempo por todo el trabajo que hicieron los organizadores”.

Marcha-del-Orgullo-de-Chisinau-Moldavia-2015Ya en mayo de 2015, GenderDoc-M propuso la celebración de una Marcha por las calles de Chisináu. Según el informe de ILGA-Europa, dos días antes del evento, la Policía solicitó a GenderDoc-M que cambiase la ubicación y la fecha, debido a una supuesta preocupación por la seguridad. La compañía de autobuses contratada para llevar a los participantes a la Marcha no se presentó, tras recibir una llamada de Policía. Miembros de Occupy Pedofilyaj, el infame grupo LGTBfobo de procedencia rusa, amenazaron a los participantes y les arrojaron huevos podridos, sin que hubiera ningún acusado por delitos contra el orden público.

Moldavia ocupa el puesto 42 (sobre 50) entre los países europeos en cuanto al respeto de los derechos de las personas LGTB, según la lista confeccionada por ILGA-Europa. El matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, sin que haya ningún reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. En 2012 se aprobó una ley de igualdad, que, debido a las presiones de la Iglesia ortodoxa, solo reconocía el derecho a la no discriminación por razón de la orientación sexual en el mercado de trabajo, sin establecer el mismo derecho en los demás ámbitos. En el año 2013, el Gobierno aprobó una ley que prohibía la “propaganda homosexual”, a semejanza de la rusa, que afortunadamente fue derogada tres meses después de su entrada en vigor, como contrapartida a la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Según una encuesta efectuada en 2014, el 76 % de los moldavos opinan que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar.

Fuente Dosmanzanas

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Informe anual sobre derechos LGTB en Europa: Malta encabeza la clasificación, con España ascendiendo hasta la 5ª posición

Sábado, 14 de mayo de 2016

Rainbow-Map-2016Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Informe-ILGA-Europa-2016-porcentajes-1Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Informe-ILGA-Europa-2016-597x1024Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

Informe-ILGA-Europa-2016-EspañaEl informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

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Los candidatos a suceder a Ban Ki-moon al frente de la secretaría general de la ONU, en clave LGTB

Miércoles, 4 de mayo de 2016

ONU-GAYUn interesantísimo trabajo de Dosmanzanas que nos permite ver lo que nos estamos jugando en estas elecciones…

El actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, finaliza su mandato en diciembre de 2016. Desde dosmanzanas queremos dar a conocer el perfil de los aspirantes y, sobre todo, analizar cuál es su trayectoria y su compromiso con los derechos de las personas LGTB. La importancia de este puesto diplomático para nuestra colectivo, siempre que exista un compromiso real, reside en la posibilidad de defender el respeto de los derechos humanos de aquellos que, como venimos informando a diario, son perseguidos en sus países por motivo de su orientación sexual o su identidad de género; un tema de absoluta urgencia internacional.

Cuatro mujeres y cinco hombres, en su mayoría procedentes de países de Europa del Este, participan hasta el momento en la carrera por la secretaría general de la ONU. Si bien es cierto que no existe ninguna restricción legal respecto al número de mandatos que un secretario general puede permanecer en el cargo, ninguno ha estado más de dos hasta la fecha (cada mandato tiene una duración de 5 años). Por primera vez en la historia, el debate para la elección no será únicamente a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según han justificado desde los órganos de Gobierno, se trata de una “apertura” que pretende dar más transparencia al proceso e implicar a la sociedad civil.

Con todo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China) siguen disponiendo de su derecho a veto. En la práctica, la ejecución de dicho derecho puede ser muy perjudicial para los candidatos más comprometidos con la igualdad. Muy especialmente teniendo en cuenta la LGTBfobia de estado de Rusia, bajo la presidencia de Vladimir Putin.

El otro escollo puede ser China. Aunque el gigante asiático está inmerso en un lento proceso de aperturismo LGTB (impensable hace solo unos años), no hay que olvidar que las relaciones Rusia-China pasan por uno de sus mejores momentos. Sin duda, la Administración estadounidense de Barack Obama es la más progresista y la más comprometida con el colectivo LGTB en estos momentos, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A su vez, los lazos entre el bloque occidental (encabezado por Estados Unidos) y Rusia se han ido deteriorando como consecuencia de una serie de desafortunadas posiciones políticas rusas.

En este contexto, nueve aspirantes optan hasta ahora a la secretaria general de la ONU, en sustitución del surcoreano Ban Ki-moon (que lleva en el cargo desde el 1 de enero de 2007).

1) Vesna Pusić (Croacia)

Pusić, como recogía en 2013 dosmanzanas, se opuso al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en Croacia. En aquel momento ejercía como ministra de Asuntos Exteriores. Ahora, en su presentación informal como candidata a secretaria general de la ONU, ha defendido expresamente la necesidad de defender los derechos de la comunidad LGTB (como podéis ver en el vídeo de arriba). Aunque admite que en algunos escenarios esta reivindicación puede resultar “controvertida”, expresaba que del mismo modo puede serlo reclamar la igualdad de la mujer en otros casos y no por ello se debe dejar de hacer.

También en 2013, Pusić firmó con el ministro de Relaciones Exteriores montenegrino, Igor Lukšić (a la sazón, otro de los aspirantes a la secretaría general de la ONU) una declaración bilateral Croacia-Montenegro para proteger los derechos de la comunidad LGTB. “Estamos comprometidos con el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación”, aseveraba Pusić.

Se le considera como una de las más abiertas defensoras de la comunidad LGTB entre todos los candidatos, en los medios de comunicación generalistas de todo el mundo. Es presidenta honoraria del Partido Popular de Croacia-Liberales Demócratas. A pesar de la confusión que puede generar el nombre de la formación, en el ámbito europeo se adscribe a la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (en el que se integran diputados del PNV, de Convergència Democràtica de Catalunya, de UPyD o de Ciudadanos, entre otros) y no al Partido Popular Europeo. Vesna Pusić es doctora en sociología, tiene 62 años y habla ingles y alemán, además de croata. Rusia podría oponerse a su nombramiento debido a su abierta posición favorable a los derechos LGTB.

La diplomacia de Arabia Saudí ha advertido a Pusić que tomarán medidas contra “cualquier intento de imposición de los valores sociales que no son aceptados internacionalmente, y que no son reconocidas en todo el sistema”. Una clara demostración de la LGTBfobia institucional reinante en esta región del planeta.

2) Igor Lukšić (Montenegro)

En 2011, siendo primer ministro de Montenegro, el socialista Igor Lukšić defendió el derecho del colectivo LGTB a celebrar por primera vez el Orgullo en este país balcánico (que apenas 5 años antes se había independizado de Serbia). “Tanto si tenemos una opinión personal como otra, tenemos que afrontar el hecho de que hay diferencias en la sociedad, que este tipo de temas forman parte del cuerpo de los derechos humanos. Dejemos a las personas marchar y mostraremos que somos una sociedad civilizada”, manifestaba entonces Lukšić (tenía 34 años).

Desgraciadamente, un ataque con gas lacrimógeno contra un concierto que tenía lugar en Podgorica (capital de Montenegro) con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia forzó a los organizadores a cancelar el Orgullo en 2011. Habría que esperar hasta 2013 para que pudiera materializarse el Orgullo LGTB. Eso sí, desafiando la violencia homófoba.

Además de primer ministro de Montenegro (de 2010 a 2012), fue anteriormente ministro de Finanzas (de 2004 a 2010), diputado del Parlamento de Montenegro (de 2001 a 2003) y diputado del Parlamento de Serbia y Montenegro de 2003 a 2006. Desde 2012, es viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores e Integración Europea. En su biografía destaca la publicación de tres libros de poesía. Asimismo, es profesor universitario de Economía y habla cinco idiomas (serbio, inglés, italiano, francés y alemán). A sus 39 años, es el candidato más joven a la secretaria general de la ONU.

3) António Guterres (Portugal)

Durante la campaña “Libres e Iguales” que lanzó la ONU en 2015, en calidad de presidente de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), António Guterres recordaba que “más de 40 países de todo el mundo reconocen ahora como mi oficina, que la persecución contra las personas LGTB puede ser un motivo válido para el asilo de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951. Mi esperanza es que cada vez más Estados miembros adoptan este enfoque en el futuro”.

Guterres también añadía en ese momento que “las personas que huyen de la discriminación y la violencia por ser homosexuales y transexuales, a menudo experimentan múltiples persecuciones: en su propio país y en los países de asilo, incluso dentro de sus propias familias y comunidades. En este día, hago un llamamiento a los Estados y las sociedades para proporcionar a estas personas una mejor protección, y eliminar todas las formas de violencia y discriminación”. Dosmanzanas se hacía eco de dicha campaña, así como del avanzado informe en materia de derechos LGTB publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A sus 67 años, el único aspirante de la Europa Occidental, ha dedicado más de 20 años al servicio público. Fue primer ministro de Portugal (entre 1995 y 2002) y presidente de la Internacional Socialista (entre 1999 y 2005). Fundó la asociación portuguesa de consumidores DECO y el Consejo Portugués de Refugiados. Habla cuatro idiomas, entre los que se encuentra el castellano. Su activa y apasionada defensa de los derechos de los refugiados podría suponer un freno para su candidatura, dadas las posturas radicales que muchos gobiernos de la Unión Europea están adoptando en este sentido.

4) Irina Bokoba (Bulgaria)

Como directora general de la UNESCO, Irina Bokova lanzó en 2014 un potente mensaje contra el acoso escolar LGTBfóbico para “desarrollar y poner en práctica políticas de tolerancia y respeto a través de y en la educación”. Bokova explicaba que “la educación de calidad va más allá de la lectura, la escritura o el cálculo”, razón por la cual “es inseparable la transmisión de los valores de respeto a todas las personas, sin distinción de origen, color de piel, sexo, idioma, religión, discapacidad, estado de salud, y orientación sexual. Esta lucha es tanto más urgente hoy, cuando los países han adoptado leyes que discriminan a las personas LGBT. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, cuando uno derecho es violado, todos los demás se vuelven vulnerables”.

Irina Bokova participó en la redacción la Constitución de Bulgaria en su transición hacia la democracia, a principios de los 90. Además de diputada entre 2001 y 2005, Bokova ha desempeñado las funciones de vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, Defensa y Seguridad, ha sido miembro de la Comisión para la Integración Europea y vicepresidenta de la Comisión Conjunta Parlamentaria.

Algunos analistas la consideran prorrusa. Sin embargo, esta mujer de 63 años (cuya familia estuvo vinculada al comunismo búlgaro), aún contando con un hipotético apoyo de Rusia, ha dejado claro que denuncia y condena la discriminación al colectivo LGTB, especialmente a los segmentos más vulnerables. Su candidatura se encuentra entre las favoritas para ocupar la secretaría general de la ONU, aunque solo llegado el momento veremos si consigue los apoyos suficientes.

5) Helen Clark (Nueva Zelanda)

Se trata de la única aspirante que procede de un país no europeo; concretamente de Nueva Zelanda. Fue la primera mujer el dirigir el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, desde esta posición, ha denunciado la LGTBfobia de estado desarrollada por distintos países (aunque no de forma explícita, queda clara la alusión contra las legislación rusa).

En 2014, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, criticaba que “en el último año, se han promulgado leyes anti-LGBT perjudiciales con el pretexto de proteger a los niños y a las familias. Este tipo de leyes punitivas tienen el poder de fomentar la homofobia y la transfobia, y pueden tener efectos sumamente nocivos en la vida de los pueblos, destrozando la autoestima, aumentando la marginalización y obstaculizando el acceso a los servicios de salud, entre otros”.

Para Clark, “estas leyes otorgan a las personas LGBT la función de ‘chivos expiatorios’ y representan una distracción de los verdaderos desafíos sociales y de desarrollo que los países deben enfrentar. Las leyes anti-LGBT se basan en la conjetura errónea de que la homosexualidad representa un peligro para el tejido social de un país”.

No obstante, proseguía diciendo que “la evidencia demuestra todo lo contrario: en los países que han despenalizado la conducta sexual hacia el mismo sexo, no se ha observado ningún tipo de amenaza contra la institución del matrimonio ni el bienestar de los niños. De hecho, la despenalización ha sido un paso clave para que las personas LGBT, históricamente oprimidas, puedan prosperar y participar activamente, como miembros respetados de la sociedad”. Leer más…

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Suiza rechaza la reforma constitucional que hubiese prohibido el matrimonio igualitario

Martes, 1 de marzo de 2016

suiza-familias-lgtbLos ciudadanos suizos han votado negativamente, aunque por un estrechísimo margen del 50,8 % frente al 49,2 %, a una reforma de la definición constitucional del matrimonio que hubiera supuesto la exclusión del mismo para las parejas del mismo sexo. La reforma LGTBfoba, sin embargo, se escondía bajo el velo de una rutinaria y aparentemente inocua cuestión fiscal, en un ardid del Partido Demócrata Cristiano que finalmente no le ha dado los frutos deseados. El proyecto de ley de matrimonio igualitario, presentado hace un año, puede proseguir su andadura parlamentaria sin el escollo de tener que derribar una barrera constitucional.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC, o CVP según sus siglas alemanas) bajo el título Für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe, pretendía excluir de la institución matrimonial a las personas homosexuales a través de una argucia semántica y estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideraban una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza, que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era, pretendidamente, acabar con lo que denominaban “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que titularon “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introdujo también una definición excluyente del matrimonio.

La reforma implicaba una nueva redacción del artículo 14 de la Constitución suiza, que actualmente reza así: “Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia”. Con la redacción propuesta por el PDC, se hubiera añadido al mismo artículo el siguiente texto: “El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica. No puede ser penalizado respecto a otros modelos de vida, especialmente en materia fiscal y de seguridad social”.

Los activistas LGTB suizos reprobaron lo que consideraban una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacían hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación LGTBfoba de la medida quedaba oculta si no se leía la literalidad de la reforma constitucional propuesta.

De haber obtenido la victoria, el matrimonio excluyente hubiera quedado blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría haber abierto ese derecho a las parejas del mismo sexo. Suiza se hubiera convertido en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución, a semejanza de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Sin embargo, los ciudadanos suizos (en contra, por cierto, de lo que aventuraban las encuestas) han rechazado la reforma de la definición del matrimonio, en una votación que ha formado parte del conjunto de referéndums celebrados este 28 de febrero. Aunque la iniciativa ha logrado ser aprobada en la mayoría de los cantones, el conjunto de los votos negativos ha supuesto un 50,8 % del total de los participantes, frente a un 49,2 % de votos favorables. Para ser aprobada, la reforma debía contar con una mayoría favorable tanto en votos globales como en cantones, por lo que ha sido finalmente rechazada. En realidad, el conjunto de la ciudadanía ha votado en el mismo sentido que lo hicieron ambas cámaras del Parlamento, que rechazaron mayoritariamente la medida, aunque eso no evitó la convocatoria de la consulta popular.

Referendum-matrimonio-Suiza

Queda así allanado el camino para la iniciativa de matrimonio igualitario, cuya tramitación parlamentaria comenzó en febrero de 2015. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre de 2015, el proyecto superaba otro trámite, al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

Fuente Dosmanzanas

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Alertan sobre la arriesgada situación LGTB en Rusia, Malasia, Egipto y otros países africanos

Sábado, 21 de noviembre de 2015

32602_tristeza-lamento-llorarEl director del Programa de Derechos Humanos LGTB de Human Rights Watch denuncia en un amplísimo artículo las mermas de los derechos del colectivo en varios países cuyas autoridades autoridades gubernamentales usan la homofobia como estrategia para mantener su poder represivo a toda la ciudadanía.

No hay duda de que nos encontramos en un favorable momento para el impulso de los derechos LGTBI en todo el mundo. Prueba es el efecto dominó que ha suscitado en tan sólo cuatro meses la aprobación del matrimonio igualitario en EEUU, una decisión judicial que ha motivado la legalización del derecho en otros países occidentales como México, Irlanda, y el debate de la opinión pública, como es el caso de Italia.

Sin embargo, la estos notables desarrollos en el reconocimiento y apoyo a las personas homo, bi, trans e intersexuales tienen lugar de manera paralela al recrudecimiento de los discursos de odio y leyes contra el colectivo que se emiten desde los poderes políticos de determinados países, con objetivos puramente represivos y de conservación de la estructura que patrocina el estatus dirigente.

Con el fin de arrojar luz y alertar a la comunidad internacional sobre los réditos políticos que materializa la demonización de las personas LGTB, el director del Programa de Derechos Humanos LGTB de Human Rights Watch Graeme Reid ha publicado un extenso artículo en ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR localizando los puntos del planeta donde se promociona -y ejecuta- el odio antiLGTB de manera institucional.

¿Cómo funciona la estrategia política homofóbica?

Tal y como afirma Graeme Reid, el uso político de la homofobia se ha convertido en un componente omnipresente del paisaje contemporáneo, en el que las élites dirigentes utilizan la mano dura contra las personas LGBT para obtener rédito político a corto plazo.

Por esta razón, en los últimos tiempos se han aprobado un buen número de leyes que prohíben la expresión pública o apoyo al colectivo, otorgando a los gobiernos el poder de frenar a sus adversarios acusándolos de simpatía o respaldo a las causas homosexuales.

De esta manera, es fácil observar cómo las leyes homófobas sirven a los intereses de los Estados represivos, pues al calificar a un grupo social como marginal y amenazador, la legislación crea una dicotomía entre ”integrados” y ‘‘marginales”, estableciendo los parámetros de la ”comunidad’ e identificando a las personas LGBT como una amenaza externa.

Y con no sólo son los grupos LGTB lo que pueden ser víctimas de estas políticas represoras. Declarar ilegal la expresión pública de la identidad va acompañada casi siempre de ataques más amplios, pues la opresión LGBT proporciona la coartada para restringir el papel que desempeña la sociedad civil en su totalidad.

¿Dónde se observa su impacto?

África subsahariana:

  • Nigeria: Desde inicios de 2014, el presidente de Nigeria se alineó con otros dirigentes africanos para criminalizar la condición homosexual y castigar a las ONG dedicadas al colectivo. Lo que consigue con este movimiento es desviar la atención de los graves problemas políticos y sociales a los que se enfrenta su estado. Además, la redacción vaga de la ley permite la acusación arbitraria de miembros de la oposición, lo que constituye un poderoso mecanismo en su favor.
  • Uganda: Al mismo tiempo que su homólogo nigeriano, el presidente de Uganda -desde 1986-, dio su visto bueno a otra ley antigay. Y pesar de la presión internacional contra su mandato, durante el tiempo que fue discutida se benefició de la distracción que produjo frente a las protestas contra la inflación y la ineficacia de gestión de su gobierno. Razón por la cual no extraña que después de su derogación por el Tribunal Constitucional, amenace de nuevo de cara a su candidatura presidencial del año que viene.
  • Gambia: Su presidente se vio sometido a la presión de la Unión Europea debido a su pésimo historial en materia de derechos humanos. Y su reacción fue enarbolar incendiarios discursos de odio contra la población LGTB de su país, acusándoles de ser víctimas del ”contagio de las prácticas sodomitas europeas” y persiguiéndoles con su policía secreta a través de una ley antigay calcada de la ugandesa. No obstante, en la actualidad es posible que la misma estrategia política comience a volverse en su contra, pues la mediatización de su odio LGTB ha sacado a la luz más que nunca los abusos cotidianos que ejerce sobre toda su población.

Oriente Próximo y norte de África:

  • Egipto: El presidente golpista, refrendado por las elecciones de 2014, ha recurrido a leyes en favor de la ”moral y contra el libertinaje” para desviar la atención de las detenciones arbitrarias generalizadas, las torturas y el desprecio por los derechos civiles y políticos en su país. En un incidente ampliamente difundido, la policía detuvo a 26 hombres durante una redada en unos baños de El Cairo, y ocho de ellos se enfrentaron a un juicio por ”practicar el libertinaje’. Su humillación pública sirve como método ejemplarizante para reprimir la expresión de la homosexualidad en todos los estratos sociales. Y su extensión a los turistas extranjeros supone un paso más en la intrusión en la privacidad de la sociedad egipcia.

Asia:

Malasia: Según investigaciones de la Iniciativa por la Candidatura de las Mujeres, desde 1938 se ha invocado siete veces la sección 377 del Código Penal que prohíbe la sodomía en Malasia. ¿El objetivo? Utilizarla reiteradamente contra oponentes políticos con una alta proyección pública, como es el caso del exviceprimer ministro Anwar Ibrahim, a quien se le ha retirado la posibilidad de volver al Parlamento durante los próximos 5 años por haber cumplido una pena de cárcel por sodomía. A sus 67 años, esta prohibición extigue prácticamente el futuro de su carrera política.

Europa y Asia Central:

En conclusión, Graeme Reid afirma que en esta época específica los derechos de las personas LGBT se han convertido en ”un pararrayos’‘ que atrae a dos visiones del mundo enfrentadas: una en la que los derechos humanos se consideran un valor que hay que conservar y defender, y otra en la que son vistos como una profunda amenaza para quienes están en el poder.

Por politicaexterior.com / Redacción chueca

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