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El Tribunal Constitucional de Lituania ordena reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de parejas del mismo sexo

Sábado, 19 de enero de 2019

415HvNM2AAL._SX355_Triunfo de la igualdad en Lituania, un país del que no recibimos habitualmente buenas noticias en materia LGTB. El Tribunal Constitucional de ese país ha fallado que el Estado lituano debe conceder permisos de residencia a todos los esposos del mismo sexo o a las parejas unidas mediante una unión civil entre personas del mismo sexo de aquellos ciudadanos de la Unión Europea que se establezcan en su territorio. Y ello a pesar de que Lituania no reconoce internamente el matrimonio igualitario ni dispone de una ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo.

El Tribunal Constitucional de Lituania, en este sentido, niega la razón al demandante, el Ministerio del Interior lituano, y en concreto su Departamento de Migración. El alto tribunal lituano considera que negar la residencia a las parejas extranjeras del mismo sexo de nacionales de la Unión Europea vulnera el derecho de reunión las familias, es discriminatorio y atenta contra la dignidad humana. La sentencia es de especial importancia para todas aquellas parejas del mismo sexo en las que uno de los miembros no es ciudadano de un país de la Unión Europea. En ese caso, si el país en el que la pareja desea residir no les reconoce como pareja, esa persona no tiene reconocido el derecho a residir en su territorio al no ser ciudadano comunitario.

Cabe destacar que con esta decisión el Tribunal Constitucional de Lituania no hace otra cosa que acomodarse a la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dada a conocer el pasado mes de junio, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio», expresaba entonces el alto tribunal europeo.

Y aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea admitía que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, también señalaba que «la negativa de un Estado miembro a reconocer, únicamente a efectos de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, el matrimonio de éste con un ciudadano de la Unión del mismo sexo, contraído legalmente en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esto supondría que la libertad de circulación variaría de un Estado miembro a otro en función de las disposiciones de Derecho nacional que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo». También precisaba, en alusión a los frenos que algunos Estados miembros pueden interponer a la circulación de las parejas del mismo sexo legalmente reconocidas en otros Estados, que «una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al estar garantizado el derecho al respeto de la vida privada y familiar en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal de Justicia señala que también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de ‘vida privada’ y en el de ‘vida familiar’ del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación».

De hecho, gracias al fallo del alto tribunal europeo, la justicia búlgara reconocía a principios de julio los derechos de residencia derivados del matrimonio de la australiana-chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo, celebrado en Francia. Y en Rumanía el Tribunal Constitucional sentenciaba en julio, de la misma forma que ahora ha hecho su homólogo lituano, que que los cónyuges del mismo sexo de ciudadanos de la Unión Europea tienen el derecho a obtener el permiso de residencia en Rumanía.

El fallo del Tribunal Constitucional de Lituania ha sido recibido con satisfacción por el colectivos LGTB lituano. «Se trata de una sentencia progresista, que envía un mensaje importante a la comunidad LGTB y a los políticos. Ojalá que propicie actitudes más positivas hacia las familias homosexuales», ha declarado Vladimir Simonko, representante de LGL, la principal organización LGTB del país. Por el contrario, la Conferencia Episcopal de Lituania (un país mayoritariamente católico) ha expresado su malestar por el hecho de que la sentencia reconozca la realidad familiar de las parejas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

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Los calvinistas ortodoxos holandeses niegan sus derechos a gais y transexuales

Miércoles, 9 de enero de 2019

holandesa-investiga-documento-religioso-homosexualidad_EDIIMA20190107_0428_4Unos 250 predicadores, políticos y otros ciudadanos calvinistas ortodoxos holandeses, han suscrito este fin de semana un manifiesto en contra de la homosexualidad, el matrimonio gay y las personas transexuales, que califica de “pecado aceptar la inmundicia homosexual y la transexualidad”. Se trata de la versión local de la Declaración de Nashville, presentada en 2017 en Estados Unidos por el Consejo Evangélico de las Enseñanzas de la Biblia sobre la Sexualidad del Hombre y la Mujer. En Holanda, uno de los firmantes es Kees van der Staaij, líder del partido calvinista (SGP, en sus siglas en neerlandés) con tres escaños en el Congreso y dos en el Senado. Ha sido criticado por el Gobierno de centro derecha y la Fiscalía investigará el escrito.

Ingrid van Engelshoven, ministra de Educación y Cultura, ha verbalizado la repulsa oficial con estas palabras: “La liberación sexual está lejos de haberse logrado”. Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado ha anunciado este lunes la apertura de una investigación, “para evaluar la posible ilegalidad del texto”, según han indicado sus portavoces. El manifiesto afirma, entre otras cosas, que “nuestra identidad como hombres y mujeres viene determinada por el plan divino sobre la Creación y la Redención, tal y como Él revela en la Biblia”. “Los que se presentan conscientemente como homosexuales o transexuales, niegan estas enseñanzas sagradas”. Tanto el Ayuntamiento de Ámsterdam como la Universidad Libre de la ciudad, de inspiración cristiana, han izado sendas banderas con el arco iris, que representan a la comunidad LGTBIQ. Cuatro miembros de la Facultad de Religión y Teología aparecen entre los firmantes del polémico texto.

En un comunicado, Van der Staaij ha señalado que encuentra “adecuadas las nociones bíblicas sobre el matrimonio, la familia y la sexualidad de la Declaración de Nashville”. Sin embargo, la Iglesia Protestante de Holanda ha calificado el manifiesto de irresponsable. Por otro lado, algunos pastores calvinistas, como Willem Smouter, han hecho público su rechazo desde su cuenta de Twitter. “Antes decían que podías ser [gay] siempre que no hicieras nada. Ahora es peor: ni siquiera puedes serlo. No puedes presentarte como una persona con identidad homosexual. No se lo crean. Cualquiera: hombre o mujer, judío o gentil, homo o heterosexual, es acogido por Dios”, asegura.

Los liberales de izquierda, uno de los cuatro partidos de la coalición gobernante, han acusado a Van der Staaij de negar sus derechos fundamentales a miles de ciudadanos”. La Unión Cristiana, agrupación protestante también en el Ejecutivo, se ha distanciado del manifiesto porque “una rúbrica de esta clase no contribuye al debate sobre la fe y la homosexualidad; el mensaje esencial de Jesús no es una lista de cosas buenas o malas, sino una invitación a todos”, ha dicho Gert-Jan Segers, su líder y secretario de Estado de Educación. Los cristianodemócratas, igualmente en el poder, han rechazado la estrechez de miras de los calvinistas, “porque donde está Dios hay amor y cuidado, y la declaración de Nashville es lo contrario”, en palabras de Ruth Peetoom, presidenta del partido.

Dedicada a la sexualidad humana y a los roles de género, la Declaración de Nashville es un “documento de fe” emanado del Consejo Evangélico de las Enseñanzas de la Biblia sobre la sexualidad del Hombre y la Mujer, de dicha ciudad en Tennessee (Estados Unidos). En esencia, apoya “el matrimonio heterosexual, la fidelidad marital, castidad antes de la boda y el concepto de hombre y mujer definido por el sexo biológico”. En consecuencia, “está en contra de la sexualidad representada por el colectivo LGTBIQ, las uniones homosexuales, poligamia, poliamor, adulterio y fornicación”. Fue publicada en 2017 durante la Conferencia anual de la Comisión sobre Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur, una denominación cristiana estadounidense que se remonta a 1845.

Fuente El País/El diario.es

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Chile: Cámara oficiará a la Contraloría por incumplimientos del Gobierno con el matrimonio igualitario

Miércoles, 9 de enero de 2019

matrimonio_gay_chileAsí lo determinó hoy la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara, donde el Gobierno volvió a insistir que ya cumplió con el impulso del matrimonio igualitario y otras medidas comprometidas en el ASA, lo cual es desmentido por el Movilh.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por Hugo Gutiérrez (PC),acordó hoy oficiar a la Contraloría General de la República por los sistemáticos incumplimientos del Gobierno con el compromiso internacional de impulsar el matrimonio igualitario y otras leyes y políticas públicas favorables a la población LGBTI.

La medida se adoptó a petición del diputado Marcelo Díaz (PS), tras escuchar las exposiciones del Movilh y de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabaren (Evópoli), quien en la ocasión sostuvo que el Gobierno sí cumplió con el impulso del matrimonio igualitario y también con otras medidas del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Valoramos profundamente que la Comisión lleve este tema hasta la Contraloría, para ver si aquí hay abandono de deberes y se demuestre, ya con una investigación, que hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido con ninguno de los compromisos del ASA, no solo el referente a matrimonio igualitario, pisoteando con ello el sistema interamericano de derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTI”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

En la sesión Recabarren también fue consultada por el diputado Gabriel Boric (RD) respecto a si el Gobierno apoyaba o no el impulso del matrimonio igualitario, contestando que no y entrando así en segundos en abierta contradicción con la postura previa de haber cumplido con el ASA.

Por su parte el diputado René Saffirio (FR) cuestionó a Recabarren porque el Gobierno había presentado ante la CIDH un informe donde ponía como resultado del ASA a la adopción homoparental aprobada por la Comisión de Familia de la Cámara el año pasado, en circunstancias que el Ejecutivo omitió reportar al órgano internacional que presentó indicaciones justamente para impedir u obstaculizar la crianza por parte de parejas del mismo sexo.

Mientras el diputado Matías Walker (DC) instó al Ejecutivo a cumplir con los compromisos de Estado, el parlamentario Tomás Hirsch (PH) insistió en la necesidad de que todos los componentes del ASA efectivamente vean la luz.

Fuente MOVILH

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Dos mujeres de la localidad de Velden se casan el primer día de vigencia de la igualdad matrimonial en Austria

Sábado, 5 de enero de 2019

Nicole-Kopaunik-y-Daniela-PaierEl 1 de enero de 2019 ha entrado en vigor la igualdad matrimonial en Austria y dos mujeres ya han inscrito sus nombres en los anales de la historia al convertirse en la primera pareja del mismo sexo que se casa en este país centroeuropeo sin necesidad de una sentencia. Nicole Kopaunik y Daniela Paier, ambas de 37 años, se casaron cinco minutos después de la medianoche del 1 de enero con la implicación del ayuntamiento y de buena parte del municipio. «Decidimos casarnos y estamos felices por ello», han declarado estas mujeres, que han acordado tomar el apellido de Kopaunik. Cinco de las parejas que desafiaron las leyes de Austria ante el Tribunal Supremo obtuvieron un permiso especial para contraer matrimonio temprano. Una de esas parejas fue la formada por dos mujeres de Viena que se casaron el pasado mes de octubre.

Poco después de la medianoche se celebró la primera boda entre personas del mismo sexo en Austria sin que medie una sentencia. La pareja y la comunidad de Velden trabajaron juntos para eliminar algunos obstáculos, según ha señalado Ferdinand Vouk, el alcalde socialdemócrata de Velden. «Estamos acostumbrados a aceptar desafíos. Fue un gran placer y un honor para nosotros que Nicole y Daniela se casaran con nosotros. El procedimiento se inició, todo estaba bien, y por eso tenemos una pareja felizmente casada aquí en Velden», ha explicado Vouk a la prensa.

El matrimonio era solo una cuestión de tiempo para Nicole Kopaunik y Daniela Paier, o más bien una cuestión de regulación legal. «Ahora todos tienen la oportunidad de decidir por sí mismos, si quieren un ‘matrimonio igualitario’ o si quieren una pareja de hecho, lo que no ocurría antes. Decidimos casarnos y estamos felices por ello», dice Kopaunik. Daniela Paier dijo que el matrimonio es precisamente una familia. «También somos una familia y tendremos un apellido», que será el de Kopaunik.

Para el registrador Klaus Gottwald, esta ceremonia de boda ha sido algo especial. «Aunque tengo rutina, fue emocionante. Hubo algunos pequeños obstáculos, como la expresión del ‘marido legalmente casado’. Tenemos dos esposas, y eso tenía que ser ensayado primero».

Nicole-Kopaunik

El bloqueo político a la igualdad en Austria

En Austria se ha vivido una situación de bloqueo sobre el matrimonio igualitario similar a la que se vivió en Alemania hasta junio de 2018, cuando ya avanzábamos que la apertura del matrimonio en este país podría tener consecuencias en su vecino del sur. A diferencia de Alemania, en el caso austriaco eran los socialdemócratas los que ostentaban en la pasada legislatura la jefatura de un Gobierno de gran coalición. Si bien el SPÖ es favorable a la igualdad LGTB, en su etapa en la cancillería utilizó la reticencia de sus socios conservadores para perpetuar la discriminación. Ya en junio de 2015, por ejemplo, los Verdes presentaron ante el Consejo Nacional una propuesta de resolución pidiendo la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo que se saldó con el rechazo de las principales formaciones políticas (SPÖ, ÖVP y FPÖ).

Entre los miembros del anterior Gobierno, se habían posicionado a favor de la equiparación de derechos los ministros de Asuntos Sociales y Sanidad, así como el canciller socialdemócrata Christian Kern, en agosto de 2016. Se trata del primer jefe de Gobierno de Austria que se pronunciaba en estos términos. Sus palabras, sin embargo, no se materializaron en hechos en el tiempo que estuvo en el cargo, a pesar del compromiso expreso de impulsar una serie de medidas que incluían la igualdad matrimonial.

Los tribunales se adelantaron a los políticos

Los avances en el reconocimiento de los derechos LGTB en Austria se han alcanzado hasta ahora principalmente a partir de sentencias judiciales: el Tribunal Constitucional falló en 2014 a favor de permitir a las parejas de mujeres acceder a los tratamientos de reproducción asistida y en enero de 2015, de la adopción conjunta homoparental. Anteriormente,  la ley de uniones civiles aprobada en 2009 ya había sido modificada a instancias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para regular la adopción de los hijos biológicos del compañero del mismo sexo. El último logro ha sido la apertura de los registros civiles (Standesamt) a las parejas del mismo sexo que quieran formalizar su unión, como ya se hace en el caso de las bodas heterosexuales.

Con una desfavorable situación parlamentaria frente a estos alentadores precedentes judiciales, la comunidad LGTB se aferró al anuncio que realizaba el Tribunal Constitucional en octubre: los magistrados del alto tribunal estudiarían la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio, por si constituía una discriminación basada en la orientación sexual. El activista de Rechtskomitee Lambda Helmut Graupner ya era optimista entonces: “Si todo va bien, las parejas del mismo sexo podrán casarse a partir de enero de 2018 también en Austria. Se puede poner a enfriar el champán”, afirmaba en Facebook.

El fallo del Constitucional de 2018 ha sido efectivamente positivo, pero para que el derecho al matrimonio haya sido efectivo para todas las parejas se ha tenido que esperar un año más de lo que previó Graupner. Concretamente entraba en vigor este 1 de enero de 2019, ya que antes no se logró aprobar la medida por la vía parlamentaria. La apertura del matrimonio para las parejas del mismo sexo coincide con la de las uniones civiles a las de distinto sexo, con lo que todas las parejas podrán decidir con qué figura registran su relación.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de Tailandia aprueba un proyecto de ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo

Sábado, 29 de diciembre de 2018

teacher-student-2El gabinete del Gobierno de Tailandia ha aprobado un proyecto de ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo. Según afirman medios oficiales, la nueva ley equipará casi por completo los derechos amparados por este tipo de unión a los del matrimonio. Sin embargo, desde sectores del activismo LGTB se cuestiona esta afirmación, puesto que las uniones civiles no podrán establecerse con ciudadanos no tailandeses, la edad en que podrán contraerse es superior a la del matrimonio y además no incluirán el derecho a la adopción conjunta. En todo caso, el proyecto de ley debe ser aún aprobado por la Asamblea Legislativa Nacional y posteriormente promulgado, lo cual puede demorar aún varios meses, más aún teniendo en cuenta que en febrero de 2019 se celebrarán elecciones generales en Tailandia.

El Departamento de Derechos y Libertades de Tailandia ha dado a conocer que, durante los días 12 a 16 del pasado mes de noviembre, el Gobierno tailandés organizó unas audiencias públicas respecto a la elaboración de un proyecto de ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo, una iniciativa que pretende dar una imagen de país tolerante con la población LGTB con vistas al turismo. A las audiencias fueron invitadas distintas organizaciones y también miembros de las comunidades budista, cristiana y musulmana.

Posteriormente, Kerdchoke Kasemwongjit, director del mencionado organismo, informaba que este 25 de diciembre el gabinete gubernamental había aprobado el correspondiente proyecto de ley. Según Kerdchocke, la futura ley de uniones civiles será semejante a las aprobadas en otros países y equipará «casi en un 90 %» los derechos amparados por la institución del matrimonio.

Sin embargo, habrá diferencias sustanciales. Mientras que la edad mínima requerida para contraer matrimonio en Tailandia son los 17 años, los miembros de las parejas del mismo sexo deberán contar con al menos 20 años para unirse civilmente. El proyecto no incluye ninguna medida en cuanto a la adopción, pues, según el representante gubernamental, no se ha considerado necesario dado que la ley tailandesa de adopciones permite hacerlo a las personas no casadas. Pero el hecho es que quienes estén unidos civilmente no podrán adoptar conjuntamente, como sí les está permitido a las personas unidas en matrimonio. Las uniones civiles, además, requerirán que ambos miembros sean de nacionalidad tailandesa, restricción inexistente en la institución matrimonial.

Dadas estas diferencias sustanciales, sectores del colectivo LGTB han expresado su disconformidad. «¿Para qué necesitamos esto?», se pregunta el activista Sulaiporn Chonwilai, «las personas LGTB necesitamos el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo para protegernos, para darnos los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. No necesitamos una ley de segunda clase». Por el contrario, para Nareeluc Pairchaiyapoom, jefe del Departamento Internacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, «nuestro objetivo final es el matrimonio, pero nuestra estrategia es primero obtener esta ley».

Al proyecto de ley de uniones civiles aún le queda un largo camino por recorrer. Después de la aprobación por el gabinete gubernamental debe ser sometido al escrutinio de la Asamblea Legislativa Nacional. Si es aprobado por la misma, deberá ser publicado en el Boletín Oficial y esperar 120 días desde esa publicación para su entrada en vigor. Es muy dudoso que el proyecto de ley pueda ser aprobado en esta legislatura, pues la Asamblea Legislativa Nacional dejará de funcionar el próximo 15 de febrero, para constituirse de nuevo tras las elecciones generales que tendrán lugar el día 24 del mismo mes. Hasta esa fecha, hay más de 50 proyectos de ley pendientes de aprobación parlamentaria.

En la actualidad, Israel es el único país asiático que reconoce en su legislación nacional las uniones civiles para las parejas del mismo sexo, si bien prohíbe el matrimonio igualitario (en realidad, todo matrimonio no religioso) aunque reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países donde es legal. En Taiwán, existe un mandato de la Corte Constitucional que obliga a que el matrimonio sea accesible a las parejas del mismo sexo, para lo que dispuso de un plazo que concluirá en mayo de 2019. Pasado ese plazo, se convertirá en el primer país asiático en gozar del matrimonio igualitario, a pesar del resultado adverso de un referéndum ganado por los opositores a los derechos LGTB, que no invalida la resolución del alto tribunal

Fuente Dosmanzanas

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El obispo de Córdoba Demetrio advierte que “modificar el patrón original” del matrimonio “altera la convivencia”

Viernes, 28 de diciembre de 2018

demetrio-y-rouco¿Faltaba Herodes? Después de haber dicho que el ascenso de Vox era una necesidad… esto es lo normal en este sotanosaurio que conocemos bien:

El PSOE le acusa de “continuar predicando la discriminación al colectivo Lgtbi”

“Es uno de los representantes de la Iglesia Católica más arcaicos y reaccionarios”

(J. Bastante/Ep).- El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha defendido la familia tradicional, “tal y como Dios la ha constituido”, advirtiendo que modificar el patrón original” del matrimonio hombre-mujer “altera la convivencia.

En su carta de esta semana, el prelado sostiene que “la familia hoy tiene inmensas posibilidades, que generan esperanza”, aunque “sufre también erosiones y amenazas, que hay que atender”, pero teniendo claro que “la familia no es un problema, sino la solución a tantos problemas”.

Frente a ello, Demetrio ha criticado a los que tienen “el corazón cerrado a Dios”, también en la familia, provocando que “en ese camino, hasta el cónyuge puede convertirse en enemigo, con lo que duele eso”, de modo que las rupturas matrimoniales tienen aquí su explicación”, siendo “demasiadas rupturas las que conoce nuestra época, con la consiguiente falta de felicidad para el ambiente familiar”.

Pese a todo, el obispo de Córdoba subraya que la familia “tiene futuro”, pues “es el futuro de la humanidad”, y que “Jesús ha venido al mundo en el seno de una familia para indicarnos que ese nido, ese hogar es querido por Dios para la felicidad del hombre y de la mujer”.

Con motivo de la fiesta de la Sagrada Familia, que se celebra este domingo, el obispo ha invitado “a que se celebren en las parroquias las bodas de plata y de oro de tantos matrimonios, que nos recuerdan que la fidelidad entre los esposos y el compromiso para toda la vida es posible y llena de felicidad el corazón de quienes lo viven”, y “estemos abiertos para acompañar a las familias que pasan por alguna dificultad, especialmente por las que se sienten solas ante tales situaciones”.

Las palabras del obispo han sido respondidas con dureza desde el PSOE. Así, el diputado cordobés Antonio Hurtado ha denunciado que el prelado “continúa predicando la discriminación al colectivo Lgtbi al promover el rechazo al matrimonio igualitario”, demostrando que es “uno de los representantes de la Iglesia Católica más arcaicos y reaccionarios”.

Para Hurtado, las “lecciones y predicamentos” de Demetrio Fernández “carecen de actualidad social y van contra las normas y reglas que nos hemos marcado en democracia, como es el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo”.

En opinión de Hurtado, “resulta lamentable su actitud retrógrada, queriendo volver a las normas de un pasado que tanto sufrimiento causó a miles de personas que fueron perseguidas por su naturaleza sexual, y a quienes se les excluían de todo tipo de derechos, entre otros el ejercicio al matrimonio”.

Por eso, ha pedido al obispo “que sus reflexiones sean integradoras y humanitarias y que evite el dolor, el sufrimiento y la provocación que tenemos que aguantar con sus predicamentos en el colectivo Lgtbi”, pues “muchas personas” se sienten “ajenas a la Iglesia Católica, entre otras razones, por este tipo de manifestaciones intolerantes y excluyentes”.

“El representante de la Iglesia Católica en nuestra provincia vive anclado en el pasado y quiere dar lecciones sobre el matrimonio, una cuestión además totalmente ajena a su experiencia personal”, concluyó el diputado socialista.

Llueve sobre mojado

Además de todas las barbaridades que ha dicho recientemente, Demetrio Fernández, ya en enero de 2013 difundía su mensaje tránsfobo en una carta pastoral en la que criticaba la “ideología de género” que “sitúa al hombre por encima de Dios”. “La ideología de género es una filosofía, según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente”, añadía.  “Ya no valdrían las ecografías que detectan el sexo de la persona antes de nacer. Esperamos un bebé. ¿Es niño o niña? La ecografía nos dice claramente que es niña. No. Lo que vale es lo que el sujeto decida. Si quiere ser varón, puede serlo, aunque haya nacido mujer. Y si quiere ser mujer puede serlo, aunque haya nacido varón. No se nace, se hace. Al servicio de esta ideología existen una serie de programas formativos, médicos, escolares, etc. que tratan de hacer ‘tragar’ esta ideología a todo el mundo, haciendo un daño tremendo en la conciencia de los niños, adolescentes y jóvenes”, aseguraba entonces el obispo de Córdoba.

Fuente Religión Digital

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El Gobierno de Costa Rica aprueba un conjunto de medidas legislativas en favor de los derechos de las personas LGTB

Jueves, 27 de diciembre de 2018

12593917_1263214820374701_2599458339787438275_oEl Gobierno de Costa Rica ha aprobado un conjunto de medidas legislativas destinadas a favorecer los derechos de las personas LGTB, principalmente al reconocimiento de los derechos de las personas trans y migrantes, de la discriminación de las personas bisexuales y al acceso a distintas prestaciones para las parejas del mismo sexo. Costa Rica, además, se encuentra en un período de espera de 18 meses dado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para que se adecúe la legislación para permitir el matrimonio igualitario, que concluirá en mayo de 2020. Tras esa fecha, aunque no se haya dado cumplimiento al mandato, cualquier medida legal que impida el matrimonio entre personas del mismo sexo quedará automáticamente derogada.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunciaba el pasado día 21 de diciembre la aprobación de cuatro decretos y dos directrices cuyo objetivo era «garantizar a la población LGTBIQ igualdad de derechos, sin discriminación alguna».

Según detallaba el presidente Alvarado, «los decretos reconocen identidad de género en DIMEX [el documento de identidad para extranjeros] para población trans, estatus migratorio a parejas binacionales, inclusión de la bifobia en el día de la homolesbotransfobia y la declaración de interés público del protocolo de hormonización». Por su parte, «las directrices establecen que las parejas del mismo sexo podrán acceder a bonos de vivienda y la eliminación de las sanciones a notarios que realicen matrimonios entre personas del mismo sexo».

El mandatario costarricense afirmaba al respecto que «esto es el resultado del trabajo articulado entre organizaciones y sociedad civil por dar respuestas concretas a la población LGTBI», además de asegurar que «como Estado nuestro compromiso es saldar una deuda histórica y garantizar el respeto de esta población».

Por su parte, el comisionado presidencial para Asuntos de la Población LGBTI, Luis Salazar, declaraba que «estas medidas no solo son acciones afirmativas, sino que son un resguardo para subsanar la violación a los derechos de esta población».

De esta manera, se amplían aún más los avances que se han realizado este mismo año en el país centroamericano. En el mes de mayo, el Tribunal Supremo de Elecciones aprobaba una resolución en la que se establecía el derecho a cambiar sus datos registrales en la cédula de identidad para las personas trans mayores de edad. Un mes después, el Gobierno presidido por Carlos Alvarado, emitía un decreto y una directriz que exigían a todas las instituciones estatales modificar los documentos, trámites y registros internos de las personas trans mayores de edad que deseasen cambiar su nombre, fotografía, sexo o género.

Costa Rica se encuentra además en proceso de aprobación del matrimonio igualitario. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica  estableció un plazo máximo de 18 meses a la Asamblea Legislativa de ese país para que adecúe su legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si no lo hace así, este pasará a estar automáticamente en vigor. El plazo, que comenzó una vez el fallo fue publicado en el Boletín Judicial, concluirá en mayo de 2020.

Con todas estas medidas, Costa Rica se está convirtiendo en el país centroamericano más avanzado en cuanto al respeto a los derechos de las personas LGTB, y un modelo a seguir para las demás naciones de su entorno.

Fuente Dosmanzanas

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2017 ha sido el año en el que más matrimonios entre personas del mismo sexo se han celebrado en España

Lunes, 17 de diciembre de 2018

matrimonio_previoEl Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado las cifras definitivas de matrimonios celebrados en España en 2017, además del adelanto provisional correspondiente a los primeros seis meses de 2018. Los datos confirman lo que adelantábamos en junio: 2017 fue el año en el que más bodas entre personas del mismo sexo se han celebrado en España, tanto en números absolutos como relativos. En total, 4.637 enlaces, el 2,7% del total (173.626). De ellas, 2.323 (el 50,1%) fueron entre varones y 2.314 (el 49,9%) entre mujeres. Un «empate» casi absoluto que en 2018 podría romperse, por primera vez en toda la serie histórica, en favor de las parejas de chicas. 

Según estos datos, en 2017 aumentó en un 7,4% el número de bodas entre personas del mismo sexo respecto al año anterior (pasando de 4.320 a 4.637). Un aumento que contrasta con un descenso de la cifra global de enlaces, que pasó de 175.343 a 173.626. Como consecuencia, la proporción de bodas entre personas del mismo sexo se incrementó del 2,5% al 2,7% del total.

Se trata, por lo que a las bodas entre personas del mismo sexo respecta, de la cifra más alta de la serie histórica, superando los números de 2016 (4.320 enlaces) y de 2006, primer año completo en que se pudieron celebrar estas bodas (entonces se celebraron 4.313). Se encadenan además cuatro años de repunte, desde que en 2013 el número de bodas entre personas del mismo sexo conoció su punto más bajo (3.071).

Por comunidades autónomas, Cataluña repitió un año más como la comunidad con más matrimonios entre personas del mismo sexo en números absolutos (1.030), aunque en términos porcentuales es Canarias la que mayor proporción de bodas entre personas del mismo sexo contabiliza (4,32%). Le siguen Baleares (3,79%), Cataluña (3,51%), Madrid (3,22%) y la Comunidad Valenciana (3%). El porcentaje más bajo corresponde a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde solo se celebraron 6 de estas bodas (3 en cada ciudad).

Primeros seis meses de 2018: sorpasso de las bodas entre mujeres

Los datos provisionales de los primeros seis meses de 2018, por su parte, arrojan un total de 2.198 entre personas del mismo sexo. Son un 3,2% del total, cuyo número ascendió a 69.777 matrimonios. De confirmarse la tendencia, continuaría el incremento porcentual de matrimonios entre personas del mismo sexo respecto al total de matrimonios.

Además, por primera vez se produciría un sorpasso de las bodas entre mujeres a las bodas entre hombres, De acuerdo con estos datos provisionales, en los primeros seis meses del año se han dado el «sí quiero» 1.130 parejas de mujeres (el 51,4%) frente a 1.068 parejas de hombres (48,6%).

Cerca ya de las 50.000 bodas desde que se aprobó la ley

Sumando los datos provisionales de 2018 a los definitivos de 2005 (1.269), 2006 (4.313), 2007 (3.193), 2008 (3.194), 2009 (3.082), 2010 (3.193), 2011 (3.540), 2012 (3.455), 2013 (3.071), 2014 (3.275), 2015 (3.738), 2016 (4.320) y 2017 (4.637), más de 46.000 parejas del mismo sexo habían contraído matrimonio desde que entró en vigor la ley que lo hace posible en España (3 de julio de 2005)  hasta la mitad del presente año: 46.478, en concreto.

Fuente Dosmanzanas

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Corte Suprema de Chile reconoce el matrimonio como un Derecho Humano

Viernes, 14 de diciembre de 2018

corte-suprema1Fundación Iguales celebró el fallo del máximo tribunal de Chile, que se dio a conocer el 5 de diciembre, donde afirma que el matrimonio es un Derecho Humano.

“Las normas constitucionales y la convención internacional disponen que toda persona que habita el Estado de Chile es titular del derecho a contraer matrimonio y fundar una familia”, dice el fallo de la Corte Suprema que se dio a conocer hoy, y en donde reconoce que el matrimonio es un Derecho Humano.

Agrega la sentencia que “esta Corte Suprema ha sostenido antes la existencia de derechos fundamentales que no necesariamente se encuentran expresamente declarados en el texto fundamental y, entre ellos, está el derecho a contraer matrimonio”.  Es decir, que aunque el derecho al matrimonio no esté en la Constitución de Chile, de todas maneras éste debe entenderse como un Derecho Humano que debe ser respetado.

La Corte Suprema confirma que el matrimonio es un Derecho Humano, es decir, todas las personas que habitan en Chile deben ser titulares de este derecho, sin importar su nacionalidad, identidad de género u orientación sexual, porque las características inherentes a las personas no pueden importar al momento de ejercer y disfrutar sus derechos. El gobierno no puede abstraerse de esta definición al momento de hablar de Derechos Humanos, especialmente, de las injusticias que aún se mantienen en la regulación de las familias fundadas por parejas del mismo sexo”, explicó el presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi.

Es importante destacar que este fallo ocurre un año después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronunciara sobre esta materia y, además, estableciera que el acceso al matrimonio es un derecho fundamental que debe respetarse a las parejas del mismo sexo.

Descarga aquí el fallo.

Fuente Fundación Iguales

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La CDU elige a una convencida detractora del matrimonio igualitario como sucesora de Angela Merkel al frente del partido

Miércoles, 12 de diciembre de 2018

220px-AV0A3388_Dr._Frauke_Gerlach,_Armin_Laschet_Annegret_Kramp-Karrenbauer_(cropped)La Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de la canciller alemana Angela Merkel, ya tiene nueva líder. Los delegados del congreso celebrado el viernes pasado eligieron a la expresidenta del Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer, por delante de Friedrich Merz, antiguo contrincante de Merkel, y de Jens Spahn, el abiertamente gay ministro de Sanidad. Considerada la candidata más centrista y continuista con las políticas de la canciller, Kramp-Karrenbauer es sin embargo una convencida detractora del matrimonio entre personas del mismo sexo, que llegó a comparar en 2015 con el incesto y la poligamia.

La carrera por la sucesión de Angela Merkel arrancó el pasado mes de octubre, tras el anuncio de la canciller de no optar a la reelección al frente de la CDU. Tres candidatos reunieron los avales necesarios para concurrir al congreso que tuvo lugar el viernes: la secretaria general del partido y expresidenta del estado federado del Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer, el exportavoz parlamentario y rival de la canciller Friedrich Merz y el ministro de Sanidad, Jens Spahn. Las encuestas anunciaban una batalla igualada entre los dos primeros, con pocas posibilidades para Spahn, el primer candidato abiertamente gay a la presidencia del partido.

Los resultados han confirmado estos pronósticos. Kramp-Karrenbauer y Merz se midieron en segunda vuelta, tras caer eliminado Spahn con un 15,7% de los votos en la primera vuelta. Finalmente, la secretaria general se impuso a Merz por un escaso margen de 35 votos de los 999 delegados participantes. La prensa ha destacado el continuismo con la trayectoria de la canciller de la nueva líder democristiana, considerada más centrista que sus dos rivales. Tanto Merz como Spahn habían abogado por un giro a la derecha en materias como la política de inmigración y asilo.

En el ámbito LGTB, sin embargo, Kramp-Karrenbauer defiende visiones claramente conservadoras. En 2015, siendo aún presidenta del Sarre, rechazaba la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo, comparando la medida con el incesto o la poligamia. «Si abrimos esa definición a una comunidad duradera de responsabilidad entre dos adultos, no se pueden excluir otras reclamaciones, como un matrimonio entre familiares cercanos o entre más de dos personas. ¿De verdad queremos eso?», se preguntaba. Ese mismo año, se manifestaba en contra de la adopción homoparental con el argumento de que «para los niños es importante tener mujeres y hombres como personas de referencia».

Spahn, que a pesar de sus posiciones en otros temas ha sido el único de los tres candidatos en defender la igualdad LGTB, criticó a Kramp-Karrenbauer por este asunto. El ministro de Sanidad, que se casó hace un año con su novio Daniel Funke, afirmó sentirse atacado «personalmente» por la comparación de su matrimonio con el incesto o la poligamia. La ya nueva presidenta del partido democristiano rechazó retractarse de sus declaraciones de 2015, y en una entrevista realizada durante la última semana de campaña, se reafirmó en su «convicción profunda e interna» en contra de la igualdad matrimonial. No obstante, afirmó «aceptar la decisión mayoritaria del Bundestag», dando a entender que no persigue una derogación de la ley que abrió el matrimonio a las parejas del mismo sexo en 2017. Una norma sobre la que había afirmado, en el momento de su aprobación, que «erosiona lentamente los fundamentos de nuestra cohesión social». También expresó una opinión favorable a la adopción homoparental, frente a sus declaraciones de hace tres años.

La elección de Annegret Kramp-Karrenbauer o AKK (como se refieren a ella muchos medios) como nueva líder de la CDU no parece, por tanto, una buena noticia para la comunidad LGTB. Los activistas la han acogido con frialdad, salvo Lesbianas y Gais en la Unión (LSU), el ala LGTB del partido democristiano, que ha destacado la disposición de Kramp-Karrenbauer para escuchar sus puntos de vista. A pesar de sus declaraciones homófobas en el pasado, no se esperan grandes cambios en la actitud del partido democristiano hacia las personas LGTB bajo su liderazgo. No desde luego hacia una mayor apertura, pero tampoco en la dirección de reabrir debates ya superados. AKK, de todas formas, no asumirá automáticamente la jefatura del Gobierno, que seguirá por el momento en manos de Angela Merkel.

Fuente Dosmanzanas

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Los ciudadanos de Taiwán votan mayoritariamente en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo

Martes, 27 de noviembre de 2018

p03-180214-marriageEn un referéndum múltiple, los taiwaneses han votado mayoritariamente por que el matrimonio se defina como la unión entre un hombre y una mujer, tratando de impedir que las parejas del mismo sexo puedan acceder a la institución. Asimismo, han votado por mayoría que se cree una figura aparte que legalice la unión de dos hombres o dos mujeres, lo que conduciría a una ley de uniones civiles. Sin embargo, existe un mandato de la Corte Constitucional que obliga a que el matrimonio sea accesible a las parejas del mismo sexo, para lo que dispuso de un plazo que concluirá en mayo de 2019, lo que convertiría a Taiwán en el primer territorio asiático en legalizar el matrimonio igualitario. Por otra parte, los ciudadanos de Taiwán también han votado en contra de que en los centros escolares se ofrezca información sobre la diversidad sexual y de género.

Coincidiendo con las elecciones locales en Taiwán de este 24 de noviembre, se han convocado un total de diez plebiscitos sobre diversos asuntos, cinco de los cuales afectaban directamente a la población LGTB. Tres de ellos fueron promovidos por la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, nombre eufemístico de un conjunto de grupos religiosos marcadamente anti-LGTB, en respuesta al dictamen favorable al matrimonio igualitario de la Corte Constitucional taiwanesa. Tras ver como su recurso ante ese dictamente fuera denegado, consiguieron las firmas necesarias para que la Comisión Electoral Central admitiera la solicitud de celebración de una consulta popular, en la que han planteado a los ciudadanos taiwaneses las siguientes preguntas:

  • ¿Está de acuerdo con proteger los derechos de las parejas del mismo sexo de iniciar una relación duradera de convivencia que se base en leyes que no sean el Código Civil de Taiwán?
  • ¿Está de acuerdo con que los centros de educación primaria y secundaria no deben iniciar ‘educación gay y lésbica’ tal como está estipulado por la Ley de Reglas de Cumplimiento Para la Educación en la Igualdad de Género?
  • ¿Está de acuerdo con que el Código Civil solo debe autorizar el matrimonio entre personas de distinto sexo?

Paralelamente, los grupos de defensa de los derechos de las personas LGTB recogieron también las firmas suficientes para que se consultara a su vez sobre las mismas cuestiones, pero en sentido afirmativo:

  • ¿Está de acuerdo con que el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse debería estar protegido en el capítulo sobre matrimonio del Código Civil?
  • ¿Está de acuerdo con que la Ley de Educación en la Igualdad de Género debería requerir que la educación en la igualdad de género incluyera la homosexualidad, las relaciones y la educación sexual y que se enseñara en los centros de educación primaria y secundaria?

Para que el resultado de un referéndum tenga validez en Taiwán, los votos positivos deben superar a los negativos y conseguir el apoyo de al menos un 25 % de los ciudadanos censados (en este caso 19.757.067). Si se consiguen reunir estos requisitos, el Gobierno está obligado a redactar un proyecto de ley que plasme el resultado de la consulta y someterlo a votación en el Parlamento.

Después de una agresiva campaña, en la que los económicamente poderosos grupos anti-LGTB han copado todos los medios de comunicación, la votación ha sido totalmente aciaga para los intereses de las minorías sexuales. En todas las consultas la participación ha superado los diez millones de ciudadanos. Estos han sido los resultados:

  • La creación de una figura diferente al matrimonio para las parejas del mismo sexo: 6.168.017 de votos a favor y 3.923.240 en contra.
  • No implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 6.830.565 a favor y 3.288.034 en contra.
  • Matrimonio permitido únicamente a las parejas de distinto sexo: 7.389.705 a favor y 2.789.847 en contra.
  • Apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo: 3.250.165 a favor y 6.701.859 en contra.
  • Implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 3.373.776 y 6.560.143 en contra.

Un resultado que quizás refleje los resultados de una encuesta realizada por la Coalición por el Matrimonio Igualitario en el pasado mes de julio, según la cual el 80 % de los taiwaneses menores de 35 años estarían a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que entre los que superan esa edad solo lo estaría el 30 %. Es posible que la campaña de la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación haya movilizado a la población de mayor edad, sin que los defensores de los derechos LGTB, con muchos menos medios económicos, hayan podido conseguir hacer lo propio con los más jóvenes. Según denuncian estos últimos, los promotores del referéndum LGTBfobo«han utilizado sus recursos financieros para obtener apoyo difundiendo el miedo,  desinformando, esparciendo mentiras y rumores a través de las redes sociales, en anuncios de televisión y en los medios impresos».

Desde el activismo LGTB se considera, en todo caso, que la celebración de estas consultas contrarias a los derechos LGTB ha sido absurda, dado que la Corte Constitucional dejó muy claro en su resolución de mayo de 2017 que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo era contraria a la Constitución de Taiwán, y dio un mandato para que antes del 24 de mayo de 2019 el Gobierno adaptara las leyes para subsanar esa conculcación de derechos. En caso de que no lo hiciera, la Corte Constitucional dictaminó que las parejas del mismo sexo podrían inscribir sus matrimonios en el registro civil de manera automática. Lo que sí han lamentado los activistas es que los grupos LGTBfobos hayan diseminado «odio, ansiedad, depresión y pánico moral» entre las minorías sexuales a lo largo de los seis meses de campaña.

La activista Victoria Hsu, abogada y cofundadora de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, clarificaba que «nuestra Corte Constitucional dictaminó que el Parlamento debe enmendar el Código Civil o introducir una nueva ley que legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo antes del 24 de mayo de 2019». Según Hsu, el gabinete administrativo del Gobierno de Taiwán ha aclarado recientemente su posición y ha afirmado que el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizará independientemente del resultado de los referéndums. «La única diferencia», señala la activista, «sería enmendar el Código Civil o introducir una ley separada llamada Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Sin embargo, los grupos anti-LGTB han llevado a sus partidarios a creer que pueden detener el matrimonio igualitario, lo cual es ridículo». Hsu estima que el resultado favorable a los LGTBfobos podría ocasionar que el Gobierno tratase de elaborar una Ley de Matrimonio diferenciada para las parejas del mismo sexo con algunas restricciones en derechos, lo cual llevaría probablemente a una nueva disputa legal ante la Corte Constitucional.

Es evidente que el resultado de los referéndums, en realidad su propia celebración, han provocado una colisión entre disposiciones constitucionales y legales que el Gobierno tendrá que resolver en breve. Esperemos que esa resolución se ajuste al mandato de la Corte Constitucional y los derechos de las parejas LGTB taiwanesas no se vean restringidos.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones de Bermudas ratifica la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario

Lunes, 26 de noviembre de 2018

bm!mottoLa Corte de Apelaciones de Bermudas ha dictaminado en contra del recurso presentado por el Gobierno contra la resolución judicial que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. La posibilidad de un nuevo recurso ha quedado agotada en el ámbito judicial estrictamente bermudeño, pero el Gobierno aún tiene 21 días para apelar al Consejo Privado del Reino Unido, cuyo comité judicial aún funciona como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Los activistas LGTB han solicitado al Gobierno que cese en su «insensatez» y dé por concluida su batalla judicial contra los derechos de las minorías sexuales.

Este 23 de noviembre, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha ratificado la decisión de la Corte Suprema que declaraba inconstitucionales los artículos de la Ley de Uniones Civiles que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Según aquella sentencia, esos artículos hacían prevalecer unas creencias determinadas sobre otras al establecer qué tipo de pareja puede contraer matrimonio y cuál no, lo que vulneraba la libertad religiosa y de creencias que recoge la Constitución.

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, al Gobierno bermudeño solo le resta una última instancia judicial, el Consejo Privado del Reino Unido, una institución cuyo comité judicial aún continúa ejerciendo como tribunal de apelaciones para los territorios británicos de ultramar. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Bermudas ha denegado la solicitud del Gobierno de dejar en suspenso su resolución durante los 21 días que tiene para decidir si recurre al Consejo Privado.

Los activistas LGTB se han felicitado por la resolución de la Corte de Apelaciones y han pedido al Gobierno que cese en sus intentos de seguir cercenando los derechos de las minorías sexuales. «Deténgase», exigían al Gobierno, «ya es hora de que esta insensatez se detenga y se permita que los bermudeños, todos los bermudeños, incluida la comunidad LGTB, se sientan como parte de una comunidad que los acepta con mucho gusto».

Un derecho reconocido legalmente y obviado políticamente

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían reclamado ante los tribunales su derecho a casarse. La jueza consideró entonces que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, resolvió que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hiciera referencia a «dos personas» en lugar de a «hombre y mujer».

Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.

Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo fue, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. La ley fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2017 y promulgada por el gobernador en febrero de este 2018. Esta nueva figura legal no tuvo efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la nueva legislación continuaron vigentes. Sin embargo, esta ley fue parcialmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema, concretamente los artículos que prohibían el acceso de las parejas del mismo sexo a la institución del matrimonio. El Gobierno, persistió en su actitud y presentó recurso ante la Corte de Apelaciones, que finalmente ha ratificado la decisión de la Corte Suprema y declarado incostitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios

La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):

En las tres dependencias de la Corona:

  • La isla de Man (2016), Guernsey (2017) y Jersey (pendiente de sanción real) cuentan ya con leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.
  • El Bailinazgo de Guernsey tiene, a su vez, dos dependencias: en Alderney las parejas del mismo sexo puede casarse desde el 13 de diciembre de 2017, mientras que en Sark aún no se ha legislado al respecto, pero sus responsables políticos se han comprometido a hacerlo próximamente.

En los 14 territorios de ultramar:

En el propio Reino Unido en sí:

Fuente Dosmanzanas

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Más de 80.000 personas se manifiestan en Chile a favor del matrimonio igualitario y la adopción homoparental

Martes, 20 de noviembre de 2018

parade-820x394-1Santiago de Chile ha acogido este fin de semana una multitudinaria marcha por el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), bajo el lema «Basta de bla-bla». «Cuando las encuestas dicen que la mayoría los chilenos y chilenas respalda la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, las más de 80 mil personas asistentes hoy a la marcha demuestran ello. El país en su mayoría no tolera que existan familias de primera y segunda categoría», ha defendido la portavoz del MOVILH Daniela Andrade. Según un reciente estudio, el 64,5% de los congresistas está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% de la adopción homoparental, a pesar de que el presidente Piñera se niega a cumplir el acuerdo sobre matrimonio igualitario firmado en 2016 entre el Estado chileno y el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con la marcha, argumenta el activista chileno Rolando Jiménez, «también recordamos que el Estado de Chile firmó una acuerdo con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impulsar el matrimonio igualitario. Pese a que el Acuerdo es legal y vinculante, según lo señalado por la propia Contraloría General de la República, el Estado aún no cumple su promesa, lo cual es gravísimo, pues deja a Chile como un país que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos».

Según un reciente estudio del Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que entrevistó a 183 de los 198 congresistas, es decir al 92,4% del total,  el 64,5% está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% respalda la adopción homoparental.

«Estas cifras coinciden con cálculos de nuestra organización y demuestran que aquí se debe pasar del discurso a la práctica. Si la mayoría apoya, no hay razón alguna para seguir postergando la adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Pese a ello, este último proyecto de ley no se discute desde noviembre del 2017 en el Congreso. Los discursos se deben llevar a la práctica. No más bla-ba», señala el responsable del MOVILH Oscar Rementería.

El conservador Piñera no quiere avances igualitarios

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género era aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Audiencia sobre matrimonio igualitario de la CIDH

Se la la circunstancia de que la CIDH ha convocado su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario. La histórica audiencia tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el marco de su 170 período de sesiones, que se desarrollará en Washington. La petición, a demanda de varios movimientos LGTB latinoamericanos, ha sido  coordinada precisamente por los abogados que representaron al MOVILH en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter, Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Comienza por fin la cuenta atrás de 18 meses para que el matrimonio igualitario sea una realidad en Costa Rica

Lunes, 19 de noviembre de 2018

gay_costa_ricaflag_of_costa_rica_1848-1906-300x200Buenas noticias. Poco más de tres meses después de tomar la decisión, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica la ha notificado por fin a las partes el fallo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha enviado la sentencia a la Imprenta Nacional para su publicación íntegra en próximos días en el Boletín Judicial. Se activará entonces la cuenta atrás de 18 meses para que el matrimonio igualitario sea una realidad en el país centroamericano si antes la Asamblea Legislativa no adecúa la legislación al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como explicamos en agosto, el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia de Costa Rica prohíbe expresamente que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. La decisión de la Sala Constitucional, en respuesta a una de las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la materia, reconocía explícitamente que dicha norma contradice la histórica opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hecha pública el pasado 9 de enero precisamente a requerimiento de Costa Rica. Sin embargo, la Sala Constitucional optó por mantener la vigencia de dicho inciso durante de 18 meses, dando tiempo a que la Asamblea Legislativa adecúe la legislación.

Una decisión que muchos consideraron tibia e incluso cobarde, al mantener durante 18 meses más la situación de desigualdad. La Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, se mostró «sorprendida por el fallo (…) por cuanto deja en vigencia por 18 meses una norma que la declara inconstitucional por mayoría» y lamentó que el tribunal dejase «escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica». Hay que tener en cuenta, en este sentido, que desde hace varios meses el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica empezó a recibir solicitudes de inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo y a realizar una anotación marginal de los mismos, aunque estos no han podido ser inscritos debido a la limitaciones impuestas por el Código de Familia.

En el mismo sentido se manifestaba Marco Castillo, presidente del colectivo Diversidades LGBTIQ+ y uno de los recurrentes ante la Sala Constitucional. « Estoy sorprendido de que la Sala haya tomado un acuerdo tan poco firme porque es absurdo que digan que en 18 meses tengan que derogar la norma, que ya ellos derogaron, si no queda derogada. No tiene sentido»expresaba el histórico activista costarricense.

Es más: aunque la Sala Constitucional anunció el sentido de la sentencia, su notificación oficial a las partes y su publicación oficial se ha demorado durante semanas. El pasado miércoles, sin embargo, el Poder Judicial de Costa Rica anunciaba a través de sus redes sociales que por fin daba el paso, tres meses después:

Medios costarricenses confirmaban que, en efecto, Marco Castillo recibía el miércoles a las 4 de la tarde el documento, que contaría nada más y nada menos que de 550 páginas. Una vez que la sentencia se publique (lo que está previsto que suceda la próxima semana) comenzará la cuenta atrás. Si la Asamblea Legislativa de Costa Rica no lo resuelve antes, en mayo de 2020 deberían poder empezar a celebrarse los primeros matrimonios.

Un avance crucial en América Latina

Costa Rica lleva años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que haya sido posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de este año emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las recientes elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado 1 de abril con más del 60% de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.

Parece claro ya que Costa Rica será el primer país centroamericano en abrir el matrimonio a personas del mismo sexo. Sin duda, un hito histórico. Y es que, como en su momento anticipamos, la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha supuesto un antes y un después. hay que recordar, en este sentido, que además de responder al Gobierno de Costa Rica, la opinión servía de llamada de atención para otros once Estados de América Latina: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (que cuentan, de momento, con leyes de unión civil no equiparables al matrimonio).

Fuente Dosmanzanas

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La Cámara de los Comunes británica aprueba una enmienda que podría posibilitar el matrimonio igualitario en Irlanda del Norte

Miércoles, 31 de octubre de 2018

30La Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido ha votado mayoritariamente a favor de una enmienda a la ley especial para Irlanda del Norte, que podría abrir la posibilidad de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el único territorio británico donde aún no es legal. La ley en tramitación trata de articular medidas que palíen la inactividad legislativa y ejecutiva en Irlanda del Norte, que lleva sin gobierno desde enero de 2017. La enmienda añadida a la ley se refiere a cuestiones de derechos fundamentales que aún se encuentran restringidos para los ciudadanos norirlandeses. La ley aún debe ser aprobada por la Cámara de los Lores.

La situación política en Irlanda del Norte es de completa paralización de su Asamblea y de inexistencia de Gobierno. La ley establece que los diputados norirlandeses deben declarar su afiliación unionista, nacionalista (irlandesa) o neutral al asumir el cargo, y que los principales partidos deben estar representados en el Gobierno. Sin embargo, tras las elecciones celebradas en enero de 2017, no ha habido acuerdo entre las distintas fuerzas políticas e Irlanda del Norte para formar un ejecutivo.

Por ello, en el Parlamento británico se está tramitando una ley especial que permita proseguir con las actividades ejecutiva y legislativa básicas para el funcionamiento del territorio norirlandés durante esta situación de crisis. A esa ley en tramitación, la diputada laborista Stella Creasy propuso añadir una enmienda por la que pudieran implementarse medidas para que algunos derechos fundamentales disfrutados en todos los territorios británicos excepto el norirlandés pudieran ser también efectivos para su población. Entre ellos se encuentran el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo, ambos inexistentes en Irlanda del Norte y disfrutados por el resto de ciudadanos de los territorios británicos.

Sometida la enmienda a votación en la Cámara de los Comunes, fue aprobada por 207 votos a favor y 107 en contra. Aunque la enmienda fue formulada por una diputada del Partido Laborista, algunos de los votos favorables provinieron también de las filas del Partido Conservador, puesto que se les había dado libertad de voto. Sin embargo, los cinco representantes del DUP (Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte) votaron en contra. El sentido de su votación no es sorprendente, dado que es el partido que ha paralizado la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte de manera denodada, pero puede ser significativo si se tiene en cuenta que esos escasos cinco diputados son fundamentales para el sostenimiento del actual Gobierno británico.

La medida aprobaba establece que se darían instrucciones a los funcionarios de Irlanda del Norte para que los derechos fundamentales descritos en la misma no les fueran denegados a sus ciudadanos. La ley en su conjunto y las distintas enmiendas deberán ser sometidas también a la aprobación de la Cámara de los Lores para que puedan tomar efecto. Quizás esta sorprendente fórmula podría ser la que por fin despejase el camino a la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo norirlandesas, que han visto cómo la vía legislativa ordinaria y la vía judicial se les cerraba.

Porque, efectivamente, sus particularidades políticas son una de las causas por las que Irlanda del Norte es el único territorio del Reino Unido en el que las parejas del mismo sexo no pueden casarse legalmente. Y lo es después de que su Asamblea haya votado y rechazado la aprobación del matrimonio igualitario cinco veces consecutivas. En la última votación, que tuvo lugar en noviembre de 2015, los partidarios de la igualdad para las personas LGTB lograron ser por primera vez mayoritarios, pero el DUP (conservador y de filiación unionista protestante) de la entonces primera ministra Arlene Foster invocó el procedimiento agravado conocido como petition of concern para lograr que la proposición de ley fuera finalmente rechazada.

La petition of concern fue concebida durante los acuerdos de paz de 1988, con la idea de que cualquier legislación sobre determinados temas sensibles obtuviera un respaldo suficiente de los dos sectores, el nacionalista irlandés y el unionista. Las propuestas que se tramiten por este método deben alcanzar un 60 % de los votos de toda la Asamblea, y al menos un 40 % en cada uno de los bandos. La petition of concern debe ser solicitada por un mínimo de 30 representantes, una marca que el DUP siempre había superado por sí solo, hasta estas últimas elecciones, en que solo logró 28 representantes.

Esta pérdida de la capacidad de veto había despertado la esperanza de que el matrimonio igualitario pudiera ser finalmente aprobado en esta legislatura, pero la falta de acuerdos para la formación de Gobierno y la paralización efectiva de la Asamblea lo han hecho imposible. Además, la vía judicial quedó cerrada tras el rechazo por parte del Alto Tribunal de Belfast a las demandas de tres parejas del mismo sexo.

Permaneceremos a la expectativa de comprobar si esta vía de urgencia sirve para que se termine con la discriminación de la población LGTB de Irlanda del  Norte.

Fuente Dosmanzanas

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Sebastián Piñera se niega a cumplir el acuerdo sobre matrimonio igualitario firmado en 2016 entre el Estado chileno y el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Sábado, 27 de octubre de 2018

20150117074917530_1Lo publicábamos hace unos días… El Gobierno de Sebastián Piñera se niega a cumplir el acuerdo alcanzado entre el Estado chileno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el cual Chile se comprometía a promover una ley de matrimonio igualitario. El nuevo Gobierno conservador argumenta que los compromisos alcanzados en ese acuerdo ya están satisfechos con la presentación por el anterior Gobierno de un proyecto de ley de matrimonio igualitario que aunque no ha progresado (ni el Gobierno de Piñera ha demostrado interés alguno en que lo haga) formalmente no ha sido retirado.  

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género ha sido aprobada hace pocas semanas (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se ha filtrado a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Para el MOVILH, las argumentaciones del Gobierno Piñera no se sostienen, dado que más allá de que el proyecto de ley deba ser aprobado por el Congreso de Chile, el Estado chileno sí que se comprometió a una serie de medidas de impulso que no han existido. «Es falso que el Gobierno ya hubiese cumplido con el impulso del matrimonio igualitario. Es de conocimiento público que el actual Gobierno no ha hecho ninguna gestión a favor del matrimonio igualitario, por tanto, mal podría cumplir con su impulso. Esta evidente falta a la verdad del Ejecutivo deja en muy mal pie los niveles de confianza y transparencia que se requieren para dialogar sobre cualquier ASA [Acuerdo de Solución Amistosa]», ha expresado el MOVILH. «Para la CIDH es claro que a través del ASA el Estado de Chile se obligó a impulsar el matrimonio igualitario y que, por tanto, el cumplimiento del acuerdo pasa por adoptar medidas al respecto. Que el Gobierno niegue ello, y con publicidad a través de la prensa, es de gravedad extrema, así como un insulto y una falta de respeto a la CIDH y a nosotros/as, en calidad de peticionarios/as», añade.

Para el MOVILH, de hecho, el Gobierno de Piñera es consciente de su propia falsedad, y ha puesto como ejemplo el hecho de que ahora haya repuesto un sitio web oficial sobre el matrimonio igualitario que este colectivo había desarrollado junto al anterior Gobierno y que había retirado en julio (aunque añadiendo, eso sí, la leyenda «Esta información fue publicada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (período 2014-2018)».

Habrá que ver qué medidas adopta a partir de ahora la CIDH ante este evidente incumplimiento de un acuerdo que en su momento supuso la paralización de la demanda del MOVILH. Estaremos atentos, aunque en cualquier caso la batalla se prevé larga.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no admite a trámite la demanda de los alcaldes franceses que se niegan a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo

Martes, 23 de octubre de 2018

tribunal-de-estrasburgoEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado este 4 de octubre la inadmisión a trámite del recurso presentado por un grupo de alcaldes franceses contra su obligación como servidores públicos de celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Una larga batalla perdida por parte del sector más LGTBfobo de los ediles franceses, que ya vieron derrotadas sus intenciones por el Consejo Constitucional de su país. El dictamen es claro: no hay objeción de conciencia que ampare la homofobia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

El matrimonio igualitario fue aprobado en Francia en mayo de 2013 tras un largo proceso parlamentario que fue acompañado por un extraordinario despliegue de homofobia social, cuya expresión máxima fueron las manifestaciones organizadas por el grupo LGTBfobo Manif pour tous. Se multiplicaron los discursos de odio, que llegaron a normalizarse socialmente, y se produjeron numerosas agresiones verbales y físicas hacia las asociaciones o particulares que defendían los derechos civiles de las minorías. Desde una parte del espectro político, gran parte de quienes proclamaban consignas discriminatorias se sintió respaldado y apoyado.

Con ese respaldo social, una vez promulgada la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos alcaldes expresaron su intención de negarse a celebrar este tipo de enlaces, amparándose en el supuesto derecho a la objeción de conciencia debido a sus creencias religiosas. El Ministerio de Justicia difundió entonces una circular en la que recordaba que el incumplimiento de la ley de la República por parte de los servidores públicos podría conllevar sanciones disciplinarias, penas de prisión de hasta cinco años y multas de hasta 75.000 euros.

En respuesta a esta medida, varios de estos alcaldes se agruparon en un colectivo denominado Maires pour l’enfance (Alcaldes por la infancia, una manera muy poco sutil de relacionar una vez más homosexualidad y pederastia, al ligar la defensa de la infancia con la oposición a los derechos de las parejas del mismo sexo). Bajo estas siglas, presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la directriz de Ministerio de Justicia, que fue denegado por el Consejo Constitucional francés en octubre de 2013, al dictaminar que la circular del Ministerio de Justicia estaba ajustada a derecho «porque el Estado únicamente está garantizando la aplicación de la ley por parte de los servidores públicos y el buen funcionamiento y la neutralidad del servicio público».

Tras el dictamen desfavorable del Consejo Constitucional, el colectivo decidió interponer demanda contra el mismo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en febrero de 2014, arguyendo que se había violado el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que proclama el derecho a «la libertad de pensamiento, conciencia y religión». Sin embargo, este 4 de octubre un juez único del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha comunicado la inadmisión a trámite del recurso, ya que los demandantes ejercían sus funciones en nombre del Estado francés y, por lo tanto, no actuaban como particulares. Ya no cabe, pues, otra instancia a la que recurrir para eludir sus obligaciones como servidores públicos y tener patente de corso para discriminar a los ciudadanos en función de su orientación sexual. No hay objeción de conciencia que ampare la homofobia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

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Taiwán: el referéndum sobre el matrimonio igualitario forzado por los grupos religiosos anti-LGTB tendrá lugar el 24 de noviembre

Lunes, 15 de octubre de 2018

p03-180214-marriageEl 24 de noviembre tendrá lugar un referéndum sobre el matrimonio igualitario en Taiwán (oficialmente, la República de China), promovido por un conjunto de grupos religiosos anti-LGTB que consiguió reunir las firmas necesarias para forzarlo. La consulta, que constará de tres preguntas sobre los derechos de las personas LGTB, coincidirá con las elecciones locales y regionales, por lo que se espera una alta participación. Una eventual victoria de los homófobos chocaría frontalmente con la sentencia del Tribunal Constitucional que fijó mayo de 2019 como la fecha tope para la entrada en vigor de la igualdad matrimonial.

La Comisión Electoral Central de Taiwán ha aceptado la propuesta de que se formalice el referéndum sobre el matrimonio igualitario aprovechando la jornada electoral del próximo 24 de noviembre, en la que se celebrarán elecciones locales y regionales a lo largo del todo el país. La confirmación de la fecha llega dos meses después de que se anunciara por el mismo organismo que los promotores de la consulta popular habían conseguido reunir las firmas necesarias para forzarla.

En mayo de 2017, el Constitucional emitía un fallo en el que instaba al Yuan Legislativo a legalizar el matrimonio igualitario en un plazo de dos años. Si no se produce la reforma por la vía legislativa, la sentencia decreta que a partir de mayo del año que viene las parejas del mismo sexo podrán comenzar a registrar sus matrimonios automáticamente. En febrero de este año, representantes de grupos religiosos relacionados estrechamente con sectores cristianos del partido Kuomintang presentaban una apelación ante el Tribunal Administrativo Superior de Taiwán en contra de la sentencia del Constitucional, así como una petición de celebrar un referéndum ante la Comisión Electoral Central.

El pasado 10 de febrero, la justicia taiwanesa desestimaba su alegación en contra del fallo del Tribunal Constitucional favorable a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, la Comisión Electoral Central de Taiwán se vio obligada legalmente a estudiar la solicitud de celebración de un referéndum. Los contrarios a la igualdad LGTB lograron presentar en abril las firmas necesarias para la toma en consideración de la propuesta, con lo que se abrió un plazo de cuatro meses para la recogida de apoyos en número suficiente para forzar la convocatoria del referéndum.

Para conseguir su propósito, los promotores tenían que presentar 281.745 firmas válidas por cada pregunta de la consulta propuesta. Finalmente consiguieron más de 600.000 en cada una de las cuestiones, por lo que, una vez contrastadas y validadas por la Comisión Electoral Central, obtuvieron la aprobación para la celebración del referéndum. El resultado del plebiscito se considerará válido si supera la mitad de los votos con una participación superior al 50 %. El hecho de que se celebre en coincidencia con elecciones locales y regionales hace más que posible que ese mínimo de participación se supere.

La Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, nombre eufemístico de un conjunto de grupos religiosos anti-LGTB, plantea una consulta con tres preguntas, la primera de ellas de una retorcida formulación: «¿Está de acuerdo con proteger los derechos de las parejas del mismo sexo de iniciar una relación duradera de convivencia que se base en leyes que no sean el Código Civil de Taiwán?». La segunda se refiere a la educación en la diversidad afectivo-sexual: «¿Está de acuerdo con que los centros de educación primaria y secundaria no deben iniciar ‘educación gay y lésbica’ tal como está estipulado por la Ley de Reglas de Cumplimiento Para la Educación en la Igualdad de Género?». Y la tercera directamente plantea: «¿Está de acuerdo con que el Código Civil solo debe autorizar el matrimonio entre personas de distinto sexo?».

Paralelamente a los homófobos, un grupo de activistas y un diputado del Partido Socialdemócrata han iniciado su propia campaña de recogida de firmas para otro referéndum, este planteado de forma favorable a los derechos LGTB. Las preguntas que quieren plantear son: «¿Está de acuerdo con que los derechos de las parejas del mismo sexo a casarse debería estar protegido en el capítulo sobre matrimonio del Código Civil?» y «¿Está de acuerdo con que la Ley de Educación en la Igualdad de Género debería requerir que la educación en la igualdad de género incluyera la homosexualidad, las relaciones y la educación sexual y que se enseñara en los centros de educación primaria y secundaria?». La Comisión Electoral Central aún está estudiando si se han reunido las firmas necesarias para forzar la consulta popular. En caso afirmativo, podrían celebrarse dos plebiscitos distintos sobre la misma materia.

Si el resultado del referéndum es contrario a los derechos LGTB, no está claro cómo se resolverá la colisión con la resolución del Tribunal Constitucional, que no admite dudas en cuanto a su interpretación favorable al matrimonio igualitario. Los activistas LGTB, en cualquier caso, ya han empezado a organizarse para pedir un voto masivo por el triple «no» en la consulta homófoba. Al mismo tiempo, no dejan de pedir a la presidenta Tsai Ing-wen, favorable a la igualdad matrimonial, que promueva la aprobación de la medida por la vía legislativa cuanto antes para terminar con la actual inseguridad jurídica de las parejas del mismo sexo. La mandataria ya había advertido, antes de la sentencia del Constitucional, de que el proceso sería «largo» y «difícil».

Fuente Dosmanzanas

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Fracaso rotundo del referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía

Martes, 9 de octubre de 2018

viorica-dancila-primera-ministra-de-rumania-referendum-matrimonio-300x155Viorica Dancila, primera ministra de Rumanía, deposita su voto en el referéndum

El referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía no ha alcanzado el mínimo de participación necesario para ser efectivo. Solo un 20,41 % de los censados ha acudido a las urnas, frente al 30 % necesario, lo cual puede calificarse sin duda alguna como de enorme fracaso para los convocantes. Rumanía, pues, no se suma a la lista de países europeos donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está expresamente prohibido en su Constitución, si bien la legislación ordinaria sí lo continúa impidiendo. Actualizaremos la noticia cuando se conozcan los datos del escrutinio con la decisión, ya sin relevancia, de los escasos participantes.

Casi diecinueve millones de ciudadanos rumanos habían sido convocados para votar en referéndum la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo. Para que el resultado fuera vinculante, se necesitaba que participase al menos el 30 % de los censados. Sin embargo, y a pesar de la fuerte presión de los sectores más LGTBfobos —sobre todo la Iglesia ortodoxa— y el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, la participación tan solo ha alcanzado el 20,41 %, por lo que, sea cual sea el resultado del escrutinio final, el texto constitucional no puede ser modificado. La legislación ordinaria sigue impidiendo el matrimonio igualitario en Rumanía, pero al menos su Constitución seguirá sin prohibirlo.

El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado mes de septiembre. En la cámara alta también se superó la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracción frente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30 % del censo electoral y los votos favorables superar el 50 %. El plebiscito se ha celebrado en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre. El primer día, la participación solo alcanzó el 5,72 %, mientras que en la segunda jornada se ha llegado solamente hasta el 20,41 % de participación definitiva.

Tras el resultado, el líder de la USR, Dan Barna, ha pedido la dimisión del Gobierno por «haber dilapidado cuarenta millones de euros en una fantasía». La promotora Coalición por la Familia ha reconocido el mal resultado, aunque se felicita por haber movilizado a casi cuatro millones de rumanos. Por su parte, las asociaciones en defensa de los derechos LGTB, que habían pedido el boicot al referéndum, se han congratulado de que la población se haya abstenido de manera tan clara, pero aún así reclaman que «la comunidad de gais, lesbianas, bisexuales y personas transgénero es parte de la población del país, y tiene muchas familias, que en este momento carecen totalmente de reconocimiento y protección legales. Es hora de que el estado rumano, a través de las autoridades competentes, garantice la igualdad de derechos y obligaciones para las parejas del mismo sexo».

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir.

Expertos legales citados por la web queer.de opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía carece de una ley de uniones civiles. La mención a un «reconocimiento legal y jurídico» de las parejas del mismo sexo podría abrir, sin embargo, el debate legislativo y social sobre esta vía.

El matrimonio igualitario en Europa

Las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en 16 países europeos (entre paréntesis, el año de entrada en vigor de las respectivas normativas):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania  , Malta (2017) y Austria (2019).

Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017) y Austria (2019).

Por otra parte, existen 13 países europeos cuyas respectivas constituciones prohíben expresamente el matrimonio igualitario (entre paréntesis, el año en que entró en vigor la prohibición constitucional):

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013), Eslovaquia (2014) y Armenia (2015).

Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño:

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Fuente Dosmanzanas

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Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.

Domingo, 7 de octubre de 2018

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CONTIGO

¿Mi tierra?
Mi tierra eres tú.

¿Mi gente?
Mi gente eres tú.

El destierro y la muerte
para mi están adonde
no estés tú.

¿Y mi vida?
Dime, mi vida,
¿qué es, si no eres tú?

*

Luis Cernuda

***

 

“… De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.”

*

Marcos 10, 2-16

***

*

Una pareja de esposos tiene derecho a acoger y celebrar el día de su matrimonio viviéndolo como un triunfo incomparable. Si las dificultades, las resistencias, los obstáculos, las dudas y las vacilaciones no han sido simplemente orillados, sino lealmente afrontados y vencidos – y es ciertamente un bien que las cosas no discurran de una manera demasiado suave-, entonces ambos esposos habrán obtenido efectivamente el triunfo decisivo de su vida; con el «sí» que se han dicho recíprocamente han decidido con toda libertad dar una nueva orientación a toda su vida; ambos han desafiado con serena seguridad todos los problemas y las perplejidades que la vida hace nacer frente a cada vínculo duradero entre dos personas y han conquistado, mediante un acto de responsabilidad personal, una tierra nueva para su vida.

        El matrimonio es más que vuestro amor recíproco. Posee un valor y un poder mayores, porque es una institución santa de Dios, a través de la cual quiere conservar a la humanidad hasta el fin de los días. Desde la perspectiva de vuestro amor, os veis solos en el escenario del mundo; desde la perspectiva del matrimonio, sois un eslabón en la cadena de las generaciones que Dios hace nacer y morir para su gloria, llamándolas a su Reino.

        Desde la perspectiva de vuestro amor veis solo el cielo de vuestra alegría personal; el matrimonio os inserta de una manera responsable en el mundo y en la responsabilidad de los hombres; vuestro amor os pertenece a vosotros solos, es personal; el matrimonio es algo suprapersonal, es un estado, un ministerio. Dios hace vuestro matrimonio indisoluble, lo protege de todo peligro interior y exterior; Dios quiere ser el garante de su indisolubilidad.

        Ésta es una alegre certeza para cuantos saben que ninguna fuerza en el mundo, ninguna tentación, ninguna debilidad humana, puede desatar lo que Dios mantiene unido; más aún, quien sabe esto puede decir con confianza: «Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre». Libres de todas las ansias que el amor lleva siempre consigo, podéis deciros, con seguridad y confianza total: no podremos perdernos nunca más, pues nos pertenecemos recíprocamente hasta la muerte por voluntad de Dios.

        Vivid juntos perdonándoos recíprocamente vuestros pecados, sin lo cual no puede subsistir ninguna comunidad humana, y mucho menos un matrimonio. No seáis autoritarios entre vosotros, no os juzguéis ni os condenéis, no os dominéis, no echéis la culpa el uno a la otra ( * ), sino acogeos por lo que sois y perdonaos recíprocamente cada día, de corazón. Desde el primero al último día de vuestro matrimonio, debe seguir siendo válida esta exhortación: acogeos… para la gloria de Dios. Habéis oído la palabra que Dios dice sobre vuestro matrimonio. Dadle gracias por ella, dadle gracias por haberos guiado hasta aquí y pedidle que funde, consolide, santifique y custodie vuestro matrimonio: de este modo seréis «algo para alabanza de su gloria».

*

Dietrich Bonhoeffer,
Resistencia y sumisión,
Ediciones Sígueme, Salamanca 1983.

***

( * ) El uno al otro, la una a la otra, añadimos nosotros…

***

***

"Migajas" de espiritualidad, Biblia, Espiritualidad , , , ,

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