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España baja al puesto 11º en el ranking de derechos LGTBI+ de ILGA-Europa

Jueves, 19 de mayo de 2022

ilga

Clasificación anual sobre derechos LGTBI en Europa: la parálisis parlamentaria de las leyes LGTBI y Trans hace que España baje a la 11ª posición

Anualmente, ILGA-Europa elabora el mapa e índice anual Rainbow Europe, donde clasifica la situación legal y política de las personas LGBTI en 49 países europeos durante los últimos 12 meses. Los datos se han dado a conocer este jueves 12 de mayo en el marco del Foro IDAHOT+ desarrollado en Chipre. En líneas generales, se ha detectado una tendencia por llenar los vacíos que existen en torno a los derechos LGTBI y por impulsar nuevos estándares ante las recientes amenazas a la democracia. Como viene sucediendo en años anteriores, España muestra una tendencia descendente y ha bajado 4 puestos en la clasificación europea.

El mapa arco iris de ILGA-Europa, que clasifica a los 49 países europeos en una escala entre 0% (violaciones graves de los derechos humanos, discriminación) y 100 % (respeto de los derechos humanos, plena igualdad), se publica cada mayo desde 2009, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Óscar Rodríguez, vocal de exteriores de FELGTBI+, ha colaborado en la elaboración de este informe y añade que “este esfuerzo común de activistas y entidades de todo el continente europeo hace una radiografía de la disparidad de derechos que aún existen para la comunidad LGTBI dependiendo de su lugar de residencia. Al mismo tiempo, Rainbow Europe, debería servir como hoja de ruta a quienes tienen capacidad de decisión para orientar sus políticas en materia de igualdad y diversidad.”

España baja 9 posiciones desde 2011

Este año, España se sitúa en el puesto 11º (de 49 países), lo que supone un descenso en la clasificación respecto a años anteriores. Sin ir más lejos, en 2020 y 2021 ocupó el 6º puesto, lo que indica que se está ralentizando el progreso de los derechos del colectivo en el territorio español. Esto es particularmente grave si tenemos en cuenta que España ha sido siempre un referente en derechos LGTBI+, precisamente, en 2011 ocupó el 2º puesto en el ranking. Esto implica una llamada de atención para seguir dando pasos adelante y no estancarnos en réditos del pasado.

Algunos de los criterios que bajan la puntuación son el no reconocimiento de las personas no binarias y de la autodeterminación. Además, el requerimiento de un diagnóstico de trastorno de identidad de género y de una intervención médica obligatoria para personas trans, implican que aún se considere como una patología médica/psicológica, por lo que resta puntos de cara al ranking. Asimismo, en el informe se detectan necesidades de mejora, como la prohibición a nivel estatal de las terapias de conversión y la implementación de políticas públicas sobre asilo que contengan mención expresa de todos los motivos OSIEGCS (orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales).

El ranking se establece mediante la puntuación ponderada de cada país en siete categorías temáticas: igualdad y no discriminación; familia; delitos de odio y discurso de odio; reconocimiento legal de género; integridad corporal intersexual; espacio de la sociedad civil; y asilo. Una de ellas, la que se refiere a integridad corporal intersexual, se ha presentado nueva este año, dejando patente el compromiso de ILGA-Europa por adaptarse a las nuevas realidades y diversidades. En esta categoría se incluyen medidas como la prohibición de las intervenciones médicas innecesarias en personas intersexuales sin su consentimiento o la protección de la integridad corporal.

La aprobación de la Ley estatal Trans y LGTBI es clave

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha señalado que la desigualdad legislativa entre territorios empeora nuestra clasificación en el índice anual. Además, este hecho justifica la necesidad de aprobar una Ley estatal Trans y LGTBI que iguale al alza los derechos en las 17 CCAA y las 2 ciudades autónomas. Óscar Rodríguez defiende que “aprobar una legislación a nivel estatal volvería a situar a España entre los países más avanzados en derechos LGTBI+ y reduciría las asimetrías entre los territorios del Estado. Al tiempo que estaríamos cumpliendo con las recomendaciones formuladas en la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 de la Comisión Europea. El avance en políticas de igualdad siempre supone una mejora de la calidad democrática”.

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NdP – España baja al puesto 11º en el ranking de derechos LGTBI+ de ILGA-Europa

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Fuente FELGTBI+

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Lo que aporta la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación a las personas migrantes y refugiadas LGTBI en España

Lunes, 9 de mayo de 2022

Lectura-manifiesto-GetafeLectura Manifiesto Getafe

El derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación se articula como un principio básico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. El Parlamento Europeo también ha señalado la necesidad de intensificar la lucha contra todo tipo de discriminación odio e intolerancia y en su resolución sobre la situación de los derechos humanos en la Unión Europea, dirigida a la Unión y a sus Estados miembros.

En frente a esta situación, el 28 de abril el Congreso de los Diputados promulgó la Ley de Iguladad de Trato y No discriminación. La Ley persigue un doble objetivo: prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador.

Cabe señalar pero que la Constitución Española de 1978, en su artículo 14, ya proclama el derecho la igualdad y a la no discriminación, citando como motivos especialmente rechazables el nacimiento, la raza, el sexo, la religión u opinión, y prohibiendo la discriminación por cualquier otra circunstancia personal o social.

Sin embargo, la protección que ofrece la Ley de Igualdad de Trato y no discriminación es más amplia y garantista, sobre todo porque menciona explícitamente a los inmigrantes y refugiados como sujetos de protección frente a las prácticas discriminatorias.  De hecho, el texto de ley incluye expresamente su aplicación a todas las personas “sin excepción con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal” en España.

El art. 2 de la Ley sobre la Igualdad de Trato y no discriminación dispone que “Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación. Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen nacional, ascendencia, origen racial o étnico, color de piel, condición de migrante o refugiado, aspecto físico, sexo, religión o creencias, situación familiar, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, condición de salud, características genéticas, origen social, situación socioeconómica, lengua, origen territorial, cultura, o cualquier otra situación o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, sean reales, percibidas o supuestas.”

Gracias a la aprobación de la ley se garantizará, a través de la Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, autoridad independiente encargada de proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación, que todas las personas víctimas de discriminación, tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes.

El articulo 4 de la Ley establece que “Se consideran vulneraciones de este derecho, la discriminación directa o indirecta, por asociación, la discriminación múltiple o interseccional, la denegación de ajustes razonables, el acoso, las acciones de intolerancia, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, las represalias o el incumplimiento de las medidas especiales o de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales.” 

La Ley, además, define los conceptos de discriminación multiple e interseccional. Según el articulo 6, la discriminación multiple se producirá cuando una persona es discriminata de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas en la ley. La discriminación interseccional se producirá cuando concurren o interctúan diversas causas de las previstas en la ley, generando una forma especifica de discriminación.

Además, constituye acoso, a los efectos de la Ley, cualquier conducta realizada en función de alguna de las causas de discriminación, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o segregador.

La ley sobre la Igualdad de Trato y No Discriminación busca aplicarse en todos los ámbitos, pero, especialmente, en las esferas de la sanidad, educación y del empleo.

De hecho, las Administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus competencias, garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación en el acceso a los servicios y en las prestaciones sanitarias.

Las administraciones educativas velarán por la supresión de estereotipos y garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación y, en los criterios y prácticas sobre admisión y permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos, con independencia de su situación.

Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de colocación o entidades autorizadas deberán velar específicamente por el respeto del derecho a la igualdad de trato y no discriminación indirecta, favoreciendo la aplicación de medidas para la consecución empleo.

La ley contempla y clasifica las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación como leves, graves o muy graves. Según el artículo 43, son infracciones leves “las conductas que incurran en irregularidades formales por la inobservancia de lo establecido en la ley”. Son infracciones graves “los actos u omisiones que consituyan una discriminación directa o indirecta, conductas de acoso discriminatorio, el incuplimineto de un requerimento administrativo o la comisión de una tercera infracciones leve en un año. En fin, son infracciones muy graves los actos u omisiones que constituyan disctiminación múltiple o la comisión de una tercera infracción grave en dos años.”

Atendiendo al grado, la ley contempla multas entre 300 y 10.000 euros para las leves, las graves entre 10.001 y 40.000 y las muy graves entre 40.001 y 500.000 euros.

Fuente KifKif

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Se entrega a la Ertzaintza para “colaborar” el sospechoso de un número indeterminado de crímenes en Bilbao

Sábado, 7 de mayo de 2022

stop-lgbtfobia-en-la-iglesiaPesaba sobre él una orden de busca y captura desde diciembre y ha acudido a la Policía “para colaborar” tras ver su imagen en los medios de comunicación

“El colectivo LGTBI de Bizkaia llama a evitar la estigmatización por los asesinatos de Bilbao”

La Ertzaintza apura el interrogatorio al detenido por las muertes en serie de Bilbao antes de entregarlo al juez

Los agentes están convencidos de la autoría del arrestado, que niega su implicación y se ofreció a colaborar en el esclarecimiento de los hechos

El año pasado se contabilizaron 73 delitos de orientación sexual en Euskadi, la mayoría contra hombres homosexuales

La Ertzaintza está apurando el interrogatorio de Nelson David M. B., el joven de 25 años sospechoso del asesinato en serie de entre cuatro y ocho hombres en Bilbao que se entregó en Irún (Gipuzkoa), ya que los investigadores están convencidos de que se trata del autor de los hechos y necesitan reforzar la carga probatoria en una de las investigaciones más peliagudas de la historia de la policía vasca. Sin embargo, el detenido, nacido en Colombia y solicitante de asilo en España —adonde llegó hace más de tres años—, ha negado su implicación en los supuestos asesinatos múltiples y ha mostrado su disposición a colaborar en la investigación. La policía autonómica mantiene al arrestado en la comisaría de Irún (Gipuzkoa), dado que puede permanecer bajo custodia policial durante 72 horas antes de pasar a disposición del juez, que debe determinar qué tipo de delitos imputa al detenido, a quien se le puso en busca y captura por un presunto delito de lesiones.

N.D.M.B, de 25 años, se entregó en la tarde-noche de este jueves en una comisaría de la Ertzaintza para “colaborar” después de haber visto su imagen difundida en los medios de comunicación, según han confirmado fuentes oficiales. Ha acudido a un centro policial en Irún. Se trata del sospechoso en paradero desconocido desde diciembre, cuando se dictó una doble orden judicial de busca y captura contra él por su presunta implicación en un número indeterminado de crímenes de varones de mediana edad con los que contactaba a través de la aplicación móvil Wapo y a los que drogaba con sustancias inhibidoras por un móvil económico. La investigación se inició cuando dos personas aparentemente inconexas se cruzaron.

“Una persona se ha presentado en dependencias policiales para colaborar tras verse en los medios”, indican a este periódico desde la Policía vasca. Agentes de este cuerpo han procedido a su detención para continuar con la investigación, que se mantiene bajo secreto de sumario.

El detenido podría ser acusado de homicidio, ya que la policía sospecha que quedaba con sus víctimas a través de una red social de contactos y que posteriormente les drogaba con éxtasis líquido y les desvalijaba. Otro de los aspectos que deberá aclarar la investigación es si la motivación del presunto autor es estrictamente económica (el robo) o tiene tintes homófobos.

El sospechoso, según fuentes del Departamento vasco de Seguridad, negó ser el autor de los hechos que se le imputan y dijo que había acudido a las dependencias de la Ertzaintza en la localidad fronteriza tras haber visto su fotografía publicada en algunos medios de comunicación y saber que estaba siendo buscado. Inicialmente, solo tiene una orden de detención por un delito de lesiones del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, ya que la denuncia de una de sus víctimas en diciembre que logró zafarse del agresor fue la que puso a la policía sobre su pista, y lo relacionó con otros casos similares previos, con resultado de muerte. El detenido, que se encontraba en situación irregular en España, tiene además antecedentes por estafa en 2019 en Bizkaia.

El titular del juzgado ha mostrado su malestar por la difusión de la identidad y la imagen del ahora detenido antes de que llegara a hacerlo la Ertzaintza con autorización judicial. Los investigadores afrontan en esta investigación una dificultad añadida, ya que el hecho de que inicialmente las muertes de las víctimas —cuatro de ellas registradas entre los meses de septiembre y noviembre— fuesen calificadas de “naturales” ha supuesto la pérdida de muchas pruebas y vestigios. “Algunos cuerpos fueron ya incinerados, las autopsias son incompletas y no se realizaron inspecciones oculares en el lugar de los hechos”, advierten fuentes policiales.

El caso tuvo un doble origen. Por un lado, después de la supuesta muerte natural de una persona de 43 años, su familia detectó que continuaba habiendo movimientos en sus cuentas bancarias por parte de un tercero no autorizado. Por otro lado, otra persona logró zafarse de un intento de agresión y pudo aportar algunos datos claves para la identificación del sospechoso.

Con los elementos aportados por este superviviente –‘modus operandi’, el uso de tóxicos, la aplicación que utilizaba para conocer a las víctimas e incluso objetos personales que se había dejado en el domicilio- se decidió realizar un análisis al cadáver y se localizaron restos de la misma sustancia estupefaciente. De este trabajo se encarga el Instituto Vasco de Medicina Legal. Estos hechos se produjeron en otoño y, como se trata de un sospechoso de mucha movilidad que no es originario de Bilbao, en diciembre se cursó ya una alerta a la Policía Nacional, a los Mossos d’Esquadra y a la Policía Foral de Navarra, que es extensiva a nivel internacional al menos en el espacio Schengen de libre circulación europea. Esta orden de busca y captura se emitió en diciembre, hace ya cinco meses, y el investigado continuaba en “paradero desconocido” hasta este jueves por la tarde-noche. De este trabajo de coordinación con cuerpos de fuera de Euskadi habrían aparecido algunos antecedentes de tipo económico en la zona de Levante y en Madrid.

La información oficial se ha administrado con cuentagotas. Fuentes judiciales sí habían confirmado a este periódico que hay dos causas penales abiertas en los juzgados de Bilbao por “homicidio” y que el sospechoso en ambas, que es la misma persona, se hallaba “en paradero desconocido”, por lo que se habían emitido las órdenes de busca y captura. Oficialmente, la posibilidad de facilitar más datos se queda ahí por el secreto que pesa sobre las actuaciones, insisten desde el Palacio de Justicia. En el caso de la Ertzaintza, cuya unidad de Investigación de Bizkaia (conocida por sus siglas SITCB) es la que dirige las pesquisas, la decisión deliberada era no dar ninguna información. El caso estaba bajo siete llaves: ni confirman ningún dato ni se han desmintiendo muchos hilos que no están verificados. De hecho, incluso patrullas de Bilbao afirman no haber recibido ninguna orientación a este respecto en los ‘briefing’ de las últimas semanas.

Así las cosas, a mediodía de este jueves dos medios de comunicación públicos ofrecían sendos cálculos de supuestas víctimas asesinadas muy diferentes entre sí. Las fuentes consultadas recalcan que resulta muy difícil reabrir un ‘exitus letalis’ considerado como natural ya que en muy excepcionales casos se conservan las muestras necesarias para determinar, por ejemplo, la presencia de tóxicos en el organismo. Formalmente, no hay ninguna estimación del número de posibles homicidios más allá de que son dos los procedimientos penales en marcha.

El caso ha generado una gran polémica social en Bilbao y fuera de ella motivada en buena medida por informaciones sensacionalistas. Algunos colectivos LGTBI como Bilbao Bizkaia Harro han pedido “responsabilidad” para no aumentar la “alarma social”. Aratz Castro, portavoz de la plataforma, añade: “Es un error vincular los casos a la supuesta orientación sexual de las víctimas porque así se cae en el error de estigmatizarlas y de hacerlas culpables de lo ocurrido”. En las televisiones han aparecido vecinos sin ningún dato sobre la investigación denunciando la inseguridad de una zona concreta de la ciudad más de medio año después de que se produjeran los hechos y expertos detallando cómo fueron los envenenamientos.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, compareceió este viernes ante la prensa para informar sobre los avances en el esclarecimiento del caso, en principio circunscrito al homicidio de dos hombres en Bilbao, que son las dos causas abiertas en los juzgados. Erkoreka ha subrayado que el secreto judicial que pesa sobre este caso “limita lógicamente” la información que se puede aportar sobre el mismo. No obstante, ha explicado que trasladará a los medios de comunicación y la ciudadanía “lo que es posible trasladar y no perjudicar la investigación”.

La policía vasca ha ampliado de cuatro a ocho las muertes investigadas, por tener un patrón común: las víctimas son varones que supuestamente el autor de los crímenes había localizado a través de una red de citas, les drogaba y les robaba (fueron denunciados por familiares movimientos posteriores en sus cuentas corrientes). La Ertzaintza seguía al menos desde marzo la pista a Nelson David M. B., que se hacía llamar Carlos. Los primeros datos que permitieron identificar a quien se ha convertido en sospechoso de matar en cadena se los dejó olvidados él mismo atrás en su huida, y tras el forcejeo en la casa de la que podía haberse convertido en su quinta víctima conocida. Dentro de la mochila que olvidó en la casa, los policías vascos encontraron documentación y éxtasis líquido, la droga que aparentemente usaba para anular la voluntad de sus víctimas.

Las investigaciones se desarrollan también en la Comunidad Valenciana y en Madrid, donde no se descarta que el sospechoso haya participado en otros hechos delictivos.

El colectivo LGTBI+ denuncia que el caso del supuesto homicida es “la punta llamativa de un iceberg”

La escalada de agresiones violentas que vienen padeciendo la comunidad LGTBI+ en el País Vasco, según denuncian las asociaciones que agrupan a estos colectivos, “no está teniendo la respuesta adecuada de las instituciones públicas”. La comunidad gay no se siente “suficientemente protegida”, afirma Óscar Arroyuelo, miembro de Gehitu (Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco). La investigación abierta contra un presunto asesino en serie que habría participado en la muerte de al menos cuatro hombres homosexuales en Bilbao no hace, añade este representante, más que certificar que los delitos de odio van en aumento en esta comunidad autónoma. El caso del supuesto homicida en serie no debe eclipsar, en su opinión, una realidad palmaria: “Esto ha generado una nueva alarma entre las personas del colectivo y sus allegados”.

En Euskadi se contabilizaron el año pasado 73 delitos relacionados contra la orientación e identidad sexual, el 26,3% de los delitos cometidos. Esta tipología se consolida como la segunda causa más común. La mayoría fueron cometidos contra hombres homosexuales, constata el Informe de Incidentes de Odio de Euskadi 2021, elaborado por la Universidad del País Vasco (UPV) y presentado este pasado mes de abril en el Parlamento por el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

“Las agresiones son continuas y existe un caldo de cultivo que favorece los delitos de odio”, sostiene Arroyuelo. El colectivo LGTBI+ considera que los hechos relacionados con el individuo al que se trata de detener por la muerte de cuatro hombres en Bilbao son “la punta llamativa de un iceberg” que no puede ocultar la sucesión de “incidentes y agresiones sufridos” por estas personas, asegura en un comunicado. Y cita un ataque sexual padecido por un hombre en Santurtzi y una agresión física en Amorebieta, ambos este pasado fin de semana en localidades de Bizkaia.

 “No se trata de demonizar el uso de las redes de contactos por internet”, opina este representante de las asociaciones LGTBI+, que desconoce el curso de las actuaciones policiales en curso. No entra a juzgar si la actuación del presunto homicida de Bilbao estuvo motivada por razones homófobas o de oportunidad, esto es, si aprovechó la debilidad de sus víctimas tras intimar con ellas para tratar de vaciarles sus cuentas bancarias.

“Es necesaria una respuesta pública”, sostiene Arroyuelo, y “dedicar más recursos humanos y materiales para investigar y clarificar los hechos”. El colectivo demanda “políticas preventivas eficaces para evitar que se reproduzcan hechos similares y para reeducar a los agresores y al conjunto de la sociedad.”

Fuente El Diario/El País

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Buscan a un posible asesino en serie que drogaba a los hombres con los que se citaba en Bilbao para saquearles la cuenta bancaria

Jueves, 5 de mayo de 2022

stop-lgbtfobia-en-la-iglesiaEl cuerpo policial vasco ha reconocido cuatro víctimas y es posible que haya otras cuatro

Fuentes policiales afirman que esta cifra podría ser mayor

El miedo se ha extendido en los últimos días por la ciudad de Bilbao entre el colectivo LGTBI, la razón de esto es que el cuerpo policial vasco ha anunciado que hay un asesino en serie que ya se ha cobrado cuatro víctimas, más otras cuatro posibles. La Ertzaintza ha afirmado que la cifra podría ser mayor incluso. Por el momento se conocen pocos datos, se ha notificado que las víctimas eran homosexuales los cuales habían quedado con su asesino por la aplicación de Grindr. El modus operandi del asesino ha sido el de drogar a sus víctimas y luego estrangularlas.

Según parece, el asesino nunca llevaba a su casa a las citas, sino que era él el que iba a las viviendas de sus víctimas. Ahora mismo Twitter esta ardiendo y miles de tuits y de compartidos se han realizado en las últimas horas informando de las espeluznantes noticias que ya se han hecho virales.

La Ertzaintza busca a un hombre que podría estar relacionado con la muerte aparentemente natural de cuatro hombres entre septiembre y octubre de 2021 en el casco viejo de Bilbao. La alarma saltó después de que el hermano de uno de los fallecidos, un varón de 43 años encontrado sin vida el pasado mes de octubre, denunciara el robo de los miles de euros que había en la cuenta corriente de su hermano días después de que este fuera hallado sin vida.

Los investigadores han encontrado varias similitudes entre los cuatro casos que en un principio se calificaron como muertes naturales al no encontrarse signos de violencia.

Los nexos de unión entre los cuatro casos son que todos los fallecidos son varones, que vivían en el casco histórico de la capital vizcaína y que los cuatro eran usuarios de la aplicación ‘wapo’ para concertar citas entre hombres homosexuales, según informa la Agencia Atlas.

Tras la denuncia del hermano de uno de los fallecidos, los investigadores ordenaron practicar la autopsia del cadáver y encontraron restos de éxtasis líquido, una droga que anula la voluntad de las víctimas, que es muy difícil de detectar porque se elimina rápidamente y que, mezclada con alcohol, puede ser mortal.

Tras este hallazgo, los agentes ordenaron la autopsia de otros tres hombres muertos en las mismas circunstancias, en la misma zona y en fechas cercanas (entre septiembre y octubre de 2021). Los resultados de las nuevas pruebas también confirmaban la presencia de éxtasis líquido.

Según El Correo, la Ertzaintza baraja que existan otras cuatro muertes atribuibles a este posible asesino en serie que opera en Bilbao. Tal y como publica este lunes el diario vasco, los agentes están analizando muestras de sangre congeladas de tres de las víctimas en busca de alguna droga de sumisión que pudiera explicar el fallecimiento.

El supuesto asesino se hacía llamar Carlos en la citada aplicación de ligar y está en búsqueda y captura. Todo apunta a que el móvil de los crímenes es económico, pues el presunto homicida drogaba a sus víctimas para conseguir sus datos bancarios y saquear sus cuentas. La investigación continúa.

Fuente Agencias

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Lectura del nuevo reglamento de acogida de las personas refugiadas en España visto desde la realidad LGTBI

Miércoles, 13 de abril de 2022

kkces3cX_400x400Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional. 

El 29 de marzo se aprobó el Reglamento 220/2022, por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.

El aumento exponencial de las solicitudes de protección internacional ha generado la necesidad de reformar el sistema de asilo que es regulado a nivel nacional por la Ley 12/2009, del 30 de octubre de 2009. En este sentido, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, disposición final decimoséptima, modificó el artículo 31.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, al objeto de adaptar el sistema de atención y acogida de personas migrantes y solicitantes de protección internacional a los retos actuales, y establecer un nuevo modelo de colaboración con entidades.

En el Reglamento 220/2022, se plantea una reforma del sistema que incremente su eficiencia en la provisión de los  servicios de acogida, mediante un nuevo modelo de colaboración con entidades, a través de un sistema de acción concentrada. El nuevo modelo promueve una visión plurianual del sistema, incrementando su estabilidad y previsibilidad y permitiendo un vínculo más estrecho con las entidades. De hecho, el sistema prevé conceder una autorización a todas las entidades que cumplan los requisitos establecidos para la prestación de servicios de acogida durante un periodo de hasta cuatro años.

El nuevo itinerario de acogida se realiza en tres fases: la de valoración inicial y derivación, la de acogida y una final de autonomía.  En particular, el reglamento desarrolla los contenidos del itinerario del sistema de acogida de protección internacional, los requisitos de acceso y de permanencia en el sistema con especial mención a las personas en situación de vulnerabilidad.

El Art.2 del reglamento, especifica lo que se entiende por situación de vulnerabilidad, siendo ésta: “la convergencia de circunstancias que aumentan la probabilidad de la persona de sufrir contingencias que disminuyan su más elemental bienestar. Entre otras, se incluyen personas menores de edad, personas de edad avanzada, personas con discapacidad, personas con enfermedades graves, mujeres, víctimas de trata de ser humanos, víctimas de cualquier manifestación de violencia, personas pertenecientes a grupos étnicos o nacionales objeto de discriminación, personas con problemas de salud mental, personas LGTBI+ u otras personas que hayan sufrido torturas, violaciones o cualquier forma grave de violencia psicológica, física o sexual, que son distintas de las torturas”.

La Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, deberá garantizar la atención especializada a las necesidades específicas de las personas en situación de vulnerabilidad. Para garantizar su aplicación, se desarrollará un sistema de indicadores en función de las circunstancias individuales de las personas destinatarias, así como del país de origen, para la planificación del itinerario de acogida y, en su caso, el establecimiento de condiciones básicas o reforzadas de acogida.

Para la determinación de las condiciones materiales de acogida, se tendrá en cuenta las necesidades particulares que puedan presentar las personas en situación de vulnerabilidad. Para el acceso a las plazas específicas se deberá aportar un informe de propuesta de ingreso en una plaza para personas en situación de vulnerabilidad. En dicho informe deberá quedar justificada la necesidad de acogida para una atención específica y especializada, adjuntando toda la documentación que apoye la propuesta, así como cualquier otro aspecto a tener en cuenta para el diseño del itinerario de acogida.

Cabe destacar que el objetivo de la fase de acogida es apoyar la inclusión de las personas refugiadas y proporcionarles las habilidades necesarias para desarrollar una vida independiente tras finalizar su paso por los recursos de acogida.  Por ello, las personas que trabajen o presten servicios en los recursos de acogida tendrán una formación adecuada, incluida una formación específica sobre los derechos LGTBI y la violencia contra las mujeres.

Las personas acogidas a la protección internacional, desde el momento en que entran en el sistema y durante el tiempo que permanezcan en él, tienen derecho a ser informadas, en un idioma que comprendan, de sus derechos y deberes como usuarias. Además, en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, tienen derecho a la información sobre los derechos y recursos especializados a los que pueden acceder.

La duración de la fase de acogida se prolongará hasta la resolución del procedimiento de protección internacional, en un plazo máximo de seis meses. Este plazo podrá prorrogarse por un periodo adicional de un máximo de seis meses para las personas en situación de vulnerabilidad.

Fuente KifKif

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Los jueces recuerdan que las agresiones homófobas suponen la “estigmatización sectaria” del colectivo

Sábado, 9 de abril de 2022

homofobiastopLa Audiencia de Madrid impone seis meses de cárcel por delito de odio a dos hombres que en enero de 2021 llamaron “maricón de mierda” a un joven en los baños de un bar del centro de La Capital

Alberto Pozas

Dos hombres han sido condenados a seis meses de cárcel por una agresión homófoba contra un joven en Madrid en enero de 2021. Los dos abordaron a la víctima en un baño de un establecimiento 100 Montaditos y gritaron cosas como “Maricón de mierda” o “Te estabas pajeando con tu amigo” antes de cerrar la puerta del aseo de forma violenta. Los jueces entienden que se trata de un delito de odio ya que sus insultos implican “la estigmatización sectaria de un colectivo o de sus integrantes, por su orientación sexual, que revela un manifiesto desprecio hacia su dignidad como persona”, según la sentencia. Los condenados han recurrido esta resolución que también les prohíbe trabajar en el ámbito docente durante más de tres años.

Los hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron a mediados de enero de 2021 en el 100 Montaditos ubicado entre la plaza madrileña de Ópera y la de Oriente. Los dos acusados, uno de ellos de 22 años de edad y el otro de 45 años, se dirigieron a un joven en los aseos del local con insultos como “maricón” y “maricón de mierda” para después espetarle que “te estabas pajeando con tu amigo” y, finalmente, cerrarle “de forma violenta” la puerta del aseo.

Fueron detenidos esa misma noche por la Policía Nacional, después de que uno de ellos intentara huir sin éxito del lugar, y pasaron esa noche en el calabozo. El juicio tuvo lugar un año después en la Audiencia Provincial de Madrid, que acaba de emitir su condena: seis meses de cárcel para cada uno por un delito de odio, una multa de 1080 euros, una indemnización de 500 euros para la víctima así como la prohibición de trabajar en el ámbito docente, educativo o del deporte y tiempo libre durante tres años y medio. Esta última parte de la condena tuvo que ser rectificada en un auto posterior.

Los jueces han rechazado los dos principales argumentos de defensa de los dos condenados: que la palabra “maricón” no tiene connotaciones homófobas para ellos y que, además, iban muy borrachos. Sobre lo primero, uno de ellos afirmó en el juicio: “Es una expresión que se utiliza coloquialmente en muchos países de Sudamérica, pero sin la intencionalidad que se les imputa”. Los dos condenados son de nacionalidad ecuatoriana.

Sin embargo, para la Audiencia Provincial de Madrid no existen dudas de que se trata de un delito de odio y de que su verdadera intención sí era atacar al joven por su homosexualidad. Le llamaron “maricón de mierda”, explica la sentencia, en “clara referencia a su orientación sexual, que entrañan una indudable humillación o menosprecio, generando con ello una doble victimización, la ridiculización vejatoria o burla descarnada, y la estigmatización sectaria de un colectivo o de sus integrantes por su orientación sexual, que revela un manifiesto desprecio hacia su dignidad como persona”.

Las pruebas, según esta sentencia que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Madrid, son contundentes para los magistrados: el testimonio de la víctima viene acompañado por el de una testigo que lo vio todo y que fue a darle apoyo segundos después del incidente. Pero no hay ningún indicio de que estuviesen tan borrachos que no fueran dueños de su voluntad. “Se limitaron a manifestar que habían bebido mucho, pero no fueron capaces de determinar el consumo de alcohol efectuado. Ni el perjudicado ni la testigo que presenció los hechos ofrecieron tampoco ningún dato”, dice la sentencia. Solo el policía que tuvo que perseguir a uno de ellos dijo que “estaba bastante bebido” pero, recuerdan los jueces, “una cosa es el consumo y otra distinta el efecto que el mismo produzca en la imputabilidad del sujeto”.

El delito de odio más detectado

Los dos agresores han sido condenados por el delito de odio reflejado en el artículo 510.2.a del Código Penal, reservado para quien humille a personas por su “orientación o identidad sexual”, un delito que según los datos que maneja la Fiscalía es uno de los más detectados por los investigadores. Los datos de la Fiscalía de Barcelona, por ejemplo, afirman que los asuntos de discriminación por orientación sexual “siendo los más numerosos y mantienen una tendencia constante al alza” con un 39% de las denuncias recibidas, por delante de agresiones por motivos racistas (33%) e ideológicos (19,5%).

Los datos remitidos por las fiscalías territoriales en 2020 reflejan que en total se abrieron 236 diligencias de investigación y 55 de ellas por este artículo en concreto. Se siguieron, además, un total de 675 procesos judiciales con 170 de ellos por este tipo de delito de odio. Finalmente, la estadística refleja que los tribunales y juzgados dictaron 144 sentencias sobre delitos de odio y discriminación y 27 de ellas tenían que ver con este artículo 510.2 del Código Penal.

La estadística es oficial pero es mejorable, según lamenta año tras año la propia Fiscalía en sus memorias. En la última, por ejemplo, el Ministerio Público recuerda que este registro y control se hace “de forma personal y manual por los fiscales y los funcionarios auxiliares”, algo que provoca que muchas veces la identificación de estos procedimientos sólo se consigue gracias a que el fiscal se dirige personalmente a su superior delegado en delitos de odio. Aún así, lamenta, una vez localizado el procedimiento judicial “resultan insuficientes los datos que, en general, proporcionan las aplicaciones de registro”.

Fuente El Diario

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ILGA Europa resalta la exclusión de las personas trans migrantes en el proyecto de normativa LGTBI como denuncia Kifkif

Lunes, 21 de febrero de 2022

FLnojayWYAEjaMX-980x735ILGA EUROPA (la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) presenta su Informe Anual 2022, sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI en Europa y Asia Central, que arroja un aumento severo en 2021 de la retórica anti-LGTBI por parte de políticos y líderes, lo que ha alimentado una ola de violencia, con crímenes de odio contra las personas LGTBI reportado en todos los países.

Sobre la situación en España, ILGA resalta la incidencia realizada por Kifkif durante el año pasado. En concreto, destaca la crítica realizada por Kifkif y muchas otras ONG sobre la exclusión de las personas trans migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.

En este sentido, Kifkif lanzó la semana pasada la campaña Igualdad de Derechos Ya, para las Personas Migrantes y Refugiadas Trans ante la inminente tramitación en el Congreso de los Diputados con el objetivo de eliminar el artículo 44 del proyecto de Ley y garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans migrantes con residencia permanente en España, independientemente de su situación administrativa.

El artículo 44 del proyecto de Ley exige a las personas trans migrantes que demuestren que han iniciado procedimientos administrativos de cambio de su identidad de género en sus países de origen. Una realidad que no se da en la mayoría de los casos por la legislación de esos países, que persiguen o no reconocen a este colectivo.

“No entendemos esta exclusión y tenemos las esperanzas puestas en el debate parlamentario de la ley. Desde Kifkif consideramos que hay vías legales con plenas garantías jurídicas para incluir a las personas trans migrantes”, concluye el presidente de Kifkif

Samir Bargachi.

Informe España: enlace

Informe completo: enlace

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Bandera-kifkif

Manifiesto sobre el Anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI

Tras 15 años de exclusión de las personas trans migrantes del ejercicio del derecho al cambio registral de sexo y de nombre como consecuencia de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, que regula la rectificación registral del sexo de las personas, el Gobierno de España está a punto de tramitar en el Congreso la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. En cuanto al reconocimiento de derechos, contiene algunos avances, pero el proyecto de ley, en su versión aprobada por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2021, previa intervención de los Ministerios de Igualdad y de Justicia, sigue excluyendo a las personas migrantes trans de la posibilidad de adaptar su identidad de género en la documentación de extranjería expedida por España.

Ante la inminente aprobación del texto definitivo de este proyecto de ley, por parte del Gobierno, las personas y organizaciones abajo firmantes consideramos que ha llegado el momento de extender este derecho a las personas trans migrantes que viven en nuestro país, muchas de las cuales son beneficiarias de protección internacional.

El artículo 44 del proyecto de ley exige que las personas trans migrantes demuestren que han iniciado los procedimientos administrativos para la modificación de su identidad de género en sus países de origen. Un hecho que no se produce en la mayoría de los casos debido a la legislación de estos países, que persiguen o no reconocen a este colectivo. Es decir, en la práctica, al aplicar el texto de forma ordinaria, la gran mayoría de las personas migrantes trans que se encuentran en el país no podrán reconocer su identidad de género en los documentos oficiales españoles.

La mayoría de las personas trans migrantes no se arriesgan o no pueden cambiar su género legal en sus países de origen por el peligro que ello supone, y es una injusticia exigirles que demuestren su transición en su país, cuando la mayoría de ellas son beneficiarias o con necesidades de protección internacional, precisamente por razón de su identidad de género. Por tanto, este requisito no sólo es inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos, sino que representa una barrera adicional para una población que ya de por sí enfrenta importantes obstáculos en sus procesos migratorios o de protección internacional.

La necesidad de garantizar la inclusión de estas personas en los sistemas de protección ha sido reclamada en los últimos meses por numerosas organizaciones e instituciones de reconocido prestigio, como la Asociación Internacional de Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos LGTBI (ILGA), la Comisión Europea a través de la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Por lo tanto, consideramos que es una injusticia esperar 15 años o más para que las personas trans migrantes que llegan a nuestro país buscando desarrollar sus proyectos vitales en condiciones de seguridad, estabilidad e igualdad vean reconocidas su identidad de género y  queden fuera de los sistemas de protección en curso. Ello supone una situación que contravendría la jurisprudencia Europea provocandoles graves perjuicios.

Además, la falta de precisión de algunas normas estatales ha resultado ser un grave problema para el ejercicio de ciertos derechos por parte de la ciudadanía. Es el caso, por ejemplo, del RDL 7/2018, que en principio pretendía garantizar el acceso universal al sistema sanitario y que en la práctica no ha podido resolver las situaciones para las que había sido concebido.

Por ello, ante la posibilidad de interpretaciones restrictivas de los propios textos normativos, instamos a que la inclusión de las personas trans migrantes en este proyecto de ley se exprese en términos inequívocos en cuanto a su finalidad.


Por ello, instamos al Gobierno del Estado y a los Grupos Parlamentarios a tomar las siguientes medidas:

  • Suprimir el artículo 44 del Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.
  • Garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans migrantes con residencia permanente en España, independientemente de su situación administrativa.

Como organización: puedes adherirte al Manifiesto a través del siguiente formulario.

Como persona individual: puedes firmar la petición aquí.

Fuente KifKif (1, 2 )

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Campaña de Kif-Kif: “Igualdad de derechos para las personas migrantes y refugiadas trans, ¡ya!”

Viernes, 11 de febrero de 2022

Bandera-kifkifExige a los grupos parlamentarios que garanticen los derechos de las personas trans migrantes en la Ley para la Igualdad real y Efectiva de la las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las personas LGTBI.

Sobre la campaña

¿Te imaginas que tu vida estuviera en peligro, solo por ser quién eres? Muchas personas trans solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes abandonan sus países para poder vivir en paz con su identidad de género. Sin embargo, la nueva propuesta de Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI exige a las personas trans migrantes que demuestren que han iniciado procedimientos administrativos en su país de origen  ¡Aquellos países de los que huyen, precisamente por identificarse como personas trans!

¡JUNTAS, podemos cambiar esto y dar la bienvenida a las personas tal y como son! ¡Únete a Kifkif y B&J’s por una ley LGTBI que no discrimine a las personas trans refugiadas y migrantes!

¿Qué queremos cambiar?

El Proyecto de Ley es una muy buena noticia, pero deja fuera a miles de personas trans migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional. ¿Y cómo lo hace? En el artículo 44 la propuesta ordena a las administraciones públicas que, en el ámbito de sus respectivas competencias autonómicas, habiliten sus procedimientos para exigir a las personas trans migrantes documentos relacionados con su identidad de género desde el país de origen. Esto significa que, las personas trans migrantes deben demostrar que han iniciado un trámite relativo al cambio de su identidad de género en sus países de origen. Una realidad que no se da en la mayoría de los casos por la legislación de esos países, que persiguen o no reconocen a este colectivo. Y esto, ¿qué quiere decir? Que en la práctica, ¡el 99% de las personas trans migrantes en nuestro país no podrán tener reconocida su identidad de género en los documentos oficiales españoles!

¿Por qué este requisito es imposible de cumplir?

La mayoría de las personas trans migrantes no quieren o pueden cambiar su género legal en sus países de origen por el riesgo que eso supone y es injusto pedirles que demuestren esa transición justo en el momento de asilo. ¿Cómo van a acreditar que quieren cambiar su género con documentos de sus países si huyeron de allí por ese mismo motivo? Así pues, este requisito no sólo es inaceptable, sino que es una barrera más para estas personas que ya tienen suficientes dificultades con su proceso migratorio o de protección internacional. ¿De verdad no podemos asegurarnos que en los trámites y documentos se reconozca su identidad de género sin requisitos, más allá de su voluntad?

¿Qué puedes hacer tú?

¡Necesitamos que los grupos parlamentarios nos escuchen y se garanticen los derechos de las personas trans migrantes. Para esto, puedes unirte a Kifkif para apoyar sus causas, puedes hacerte eco de esta campaña en tus redes sociales.

¿Qué es una persona trans?

Una persona trans es aquella que no se identifica con el género biológico que se le asignó al nacer.

En el colectivo trans podemos encontrar:

Trans binarios: Personas que se identifican con el género contrario (hombre/mujer) al que se les asignó al nacer.

Trans no binarios: Personas con identidad de género fuera del binarismo (queer, género fluido…).

¿Cuál es la diferencia entre una persona solicitante de asilo y una refugiada?

Un refugiado o refugiada es una persona a quien se le ha concedido protección en otro país distinto al suyo porque huye por temor a ser perseguida por motivos de etnia, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social. Una persona solicitante de asilo ha realizado los trámites para ser reconocida como refugiada pero aún no se ha resuelto su procedimiento.

En el caso del colectivo LGTBI, no se reconoce el asilo directamente por pertenecer a este grupo. Las personas tienen que demostrar en un proceso duro, largo y complejo que su integridad física corría peligro en su país de origen, por este motivo el proceso de asilo del colectivo LGTBI es más complicado que en casos más obvios como por ejemplo conflictos armados.

Ante esta situación, imagina ¿Cómo demostrarias oficialmente tu identidad de género/orientación sexual, que has tenido que ocultar toda tu vida? Con la presión añadida de que la evaluación de esa documentación por parte de la administración determinará tu futuro. Esa es la realidad de miles de  personas LGTBI que son expulsadas del país sin poder haber podido demostrar su identidad.

¿Nos ayudas?

Queremos que todas las personas trans, incluidas las migrantes, vean garantizados y respetados sus derechos humanos en España.

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Nuestras historias
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Fuente Kif-Kif

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Miguel e Ismael: de buscar adoptar a uno o dos niños a ser padres de trillizas

Viernes, 4 de febrero de 2022

Miguel-e-Ismael-padres-gays-de-trillizasMiguel Sánchez e Ismael Mena lo tenían claro. Esta pareja gay siempre supo que quería formar una familia. Después de barajar sus posibilidades decidieron que la adopción era el camino que transitarían hasta conseguirlo.

Miguel e Ismael, lingüista y profesor, y pareja desde hace ocho años, han sido entrevistados por El Diario. “Contamos esta experiencia porque nos hubiese gustado leer algo así cuando empezamos con el proceso de adopción y porque en Castilla y León es mayor el número de niños sin adoptar que el de los que se adoptan”.

A fines de 2020 Miguel e Ismael presentaron todos los papeles en la Junta de Castilla y León para entrar en la lista de espera. Se mostraron abiertos a adoptar a dos hermanos menores de 5 años, incluso con enfermos crónicos o con discapacidad.

Se prepararon para esperar unos dos o tres años, pero en quince meses les llamaron por teléfono. Era el 28 de diciembre. “Pensábamos que era para comunicarnos el resultado del informe, y de hecho así fue, nos dijeron que éramos idóneos para adoptar. Pero es que tres minutos después nos dijeron que tenían ya a las niñas, a tres niñas trillizas. A mi marido le dio un ataque de risa, yo tardé en reaccionar, pero dijimos que sí enseguid”. Tres hijas. Ni su familia ni sus amigos se lo creyeron. Un 28 de diciembre y unas trillizas de un mes se prestaban más a la broma que a una realidad.

Dos días después conocieron a sus hijas. En menos de dos semanas ya las tenían en casa. Fue un tiempo fugaz para preparar todo lo que necesita un bebé pero multiplicado por tres.

Son muy, muy buenas, duermen bien y nos dejan dormir tramos de dos horitas largas, estamos encantados, no ha habido momentos malos, estuvieron un poco inquietas la primera noche y ya”.

Fuente Oveja Rosa

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El Papa Francisco da la bienvenida a las personas LGBTQ. Pero, ¿qué pasa con los obispos que él nombra y que no aceptan?

Viernes, 4 de febrero de 2022

1639672206298Monseñor José Ignacio Munilla con el Papa Francisco

La Fiscalía de Tenerife investigará a Bernardo Álvarez por un delito de odio a los homosexuales

A pesar del estilo más acogedor del Papa Francisco hacia las personas LGBTQ, ha nombrado obispos a varios eclesiásticos LGBTQ negativos. En al menos dos casos, estos obispos problemáticos han atraído críticas públicas recientemente.

En España, los residentes de la ciudad de Orihuela están pidiendo a su alcalde que cancele una ceremonia histórica utilizada para dar la bienvenida a los nuevos obispos cuando el obispo José Ignacio Munilla asuma el cargo el próximo mes.

El obispo entrante de la Diócesis de Orihuela-Alicante, que es una figura mediática de alto perfil, ha admitido estar involucrado personalmente en los esfuerzos de terapia de conversión con al menos tres personas. En 2010, mientras dirigía la Diócesis de San Sebastián, dijo que ser gay es un “trastorno”, sugiriendo que la homosexualidad se debe a un trauma infantil o al uso de pornografía.

Información informó además que comentó sobre el tema de los padres LGBTQ que adoptan niños diciendo que “los experimentos se hacen con refrescos, no con niños”. También ha dicho que el feminismo es un “suicidio” para la dignidad de la mujer, ha caracterizado la masturbación como una forma de violencia, entre otras declaraciones extremas.

Debido a estos comentarios, los residentes de la ciudad se oponen a que el obispo entrante sea honrado en una ceremonia que se lleva a cabo durante cientos de años. Una petición de Change.org dice, en parte:

“Las teorías homofóbicas y antifeministas [de Munilla] no se corresponden con la realidad de España, ni con la realidad de Orihuela, donde la religión, los derechos LGTB+ y la dignidad conviven en una sociedad cambiante y respetuosa entre todos sus conciudadanos.

“Por ello, como ciudadanos, queremos pedir al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana Galiano, que cancele el acto de bienvenida del nuevo obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, siempre que éste, públicamente, no se retracte de sus palabras. o mostrar su respeto por aquellos ciudadanos (y creyentes) que hayan podido sentirse ofendidos por su orientación sexual.

“Un acto con honores y de esta tradición, no debe teñirse de radicalismo y falta de respeto. Este hombre no es digno de Orihuela. Y nosotros, como ciudadanos de Orihuela, no asistiremos a este evento”.

Bishop-SsemogererePaul Ssemogerere

En otro nombramiento, el Papa nombró al obispo Paul Ssemogerere como nuevo arzobispo de Kampala, Uganda, donde se había desempeñado como administrador apostólico desde principios de 2021. El grupo de derechos humanos 76 Crimes informó parte del historial de Ssemogerere:

“Como destacado líder de la Iglesia, Ssemwogerere hizo campaña en 2016 contra un programa de educación sexual propuesto que se iba a introducir en las escuelas de Uganda, alegando que el programa promovía la homosexualidad, que según él era contrario a la naturaleza y a las enseñanzas de la Iglesia.

“Los donantes traen dinero, ahora ese programa que trajeron está enseñando a nuestros niños la homosexualidad. Ahora está en 100 escuelas. Por favor padres; es su responsabilidad enseñar correctamente a los niños la educación sexual”, se le cita diciendo en el Uganda Observer”.

Las críticas a Ssemwogerere también provienen de Kikonyogo Kivumbi, director ejecutivo de la Asociación de Prensa de Salud y Ciencia de Uganda, quien escribe sobre el impacto negativo que tiene tener figuras anti-gay como el nuevo arzobispo en el poder:

“La Iglesia Católica en Uganda es una institución importante en el bienestar de la gente, con muchos servicios de salud, educación y otros servicios vitales bajo la iglesia. Algunos activistas LGBT temen que los servicios basados en la fe que discriminan a las personas queer puedan ponerlos en mayor riesgo de problemas de salud”.

¿Qué deben hacer los católicos LGBTQ y sus aliados con esta disonancia entre el propio estilo del Papa y sus nombramientos episcopales?

Primero, establecer expectativas siempre es útil en las discusiones católicas: estamos tratando con un ser humano encargado del cuidado de 1.340 millones de personas. El Papa Francisco no puede involucrarse personalmente en el nombramiento de cada obispo, de los cuales hay más de 5.000 en todo el mundo. Las culturas tardan años en cambiar, e incluso con el tiempo que ha tenido Francisco, la Curia se resiste fuertemente en algunos lugares. Se harán malas citas. Incluso con el mejor Papa, bajo el esquema actual, esta realidad es inevitable. Y a pesar de algunas malas decisiones, el Papa Francisco ha hecho muchos nombramientos de eclesiásticos con antecedentes LGBTQ positivos.

Pero en segundo lugar, y lo que es más importante, estos dos incidentes en España y Uganda muestran por qué los católicos y los defensores LGBTQ deben involucrarse localmente con los líderes de sus iglesias. Necesitamos ser conscientes de quién está siendo designado, cuál es su historial y dónde pueden surgir desafíos, o nuevas oportunidades para el diálogo, que requieran acción de nuestra parte. Depende del Pueblo de Dios, no solo del Papa Francisco, garantizar que nuestros pastores brinden la atención que merecemos.

—Robert Shine (él/él), New Ways Ministry, 26 de enero de 2022

Fuente New Ways Ministry

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Castillo: “Por lo que más quieran, señores obispos, no den más motivos de hablar contra la Iglesia”

Miércoles, 2 de febrero de 2022

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De su blog Teología sin Censura:

“¿No es un escándalo más grave de lo que pensamos lo que estamos aguantando en España con el episcopado que tenemos?”

“¿Se ve, se palpa, en los obispos la presencia de Jesús el Señor? Las decisiones de nuestros actuales obispos, ¿se parecen a la forma de vida que les mandó Jesús?”

“Si nuestros obispos son obispos porque su razón de ser en el mundo consiste en hacer presente el Evangelio, ¿no es un escándalo más grave de lo que pensamos lo que estamos aguantando en España con el episcopado que tenemos?”

“Apropiarse monumentos históricos de un valor incalculable, templos, fincas y cientos de inmatriculaciones, que nuestro episcopado ha hecho en las últimas décadas, es un comportamiento que no se puede justificar”

“Como tampoco es un justificante aceptable sacar a relucir lo que la Iglesia ayuda a tantas personas y familias necesitadas, por ejemplo, mediante Cáritas y otras instituciones de generosa caridad”

Uno de los teólogos más importantes, que ha tenido la Iglesia en el siglo pasado, el profesor Yves Congar, dejó escrito: “Que los obispos son ‘los sucesores de los de los apóstoles’ es un hecho afirmado de tal forma por la tradición y por el magisterio extraordinario, que se impone como una doctrina de fe”. Por tanto, los obispos son, como todo el mundo, ciudadanos del país al que pertenecen. Pero, además de eso, son “los sucesores de los apóstoles”, los que, según el Evangelio, fueron elegidos por Jesús (Mc 3, 13-19; Lc 6, 12-17). A los doce elegidos, Jesús les dijo, al despedirse de ellos: “Id y haced discípulos… enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado” (Mt 23, 19-20).

Esto es lo que dice el Evangelio. ¿Es esto lo que ahora dice la gente cuando habla de los obispos? ¿Se ve, se palpa, en los obispos la presencia de Jesús el Señor? Las decisiones de nuestros actuales obispos, ¿se parecen a la forma de vida que les mandó Jesús? Por supuesto, en la Iglesia actual y en la de todos los tiempos, ha habido y sigue habiendo obispos ejemplares y hombres heroicos. Pero el problema no está en eso. Si somos sinceros y pretendemos ser buenos ciudadanos, por supuesto, no debemos cometer ni delitos de pederastia, ni apropiarnos lo que no nos pertenece. Esto es evidente, Y ante escándalos de esta magnitud no debemos ni podemos callar.

Pero es que la situación que estamos viviendo ahora mismo en la Iglesia (concretamente en España) es mucho más insoportable y escandalosa. Porque los obispos, como es lógico, se tienen que comportar como buenos ciudadanos. Pero es que, al tratarse de “sucesores de los Apóstoles del Evangelio”, el problema – para quienes somo cristianos – es mucho más grave. Porque Jesús no se limitó a decirles a sus Apóstoles que fueran buenos ciudadanos, sino que, al mandarlos a predicar el Evangelio, les dijo sin rodeos: “No os procuréis oro, plata, ni calderilla para llevarlo en la faja; ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, que el obrero merece su salario” (Mt 10, 9-10). Y es que, para seguir a Jesús, tenían que “dejarlo todo”. Ni podían pretender ocupar los primeros puestos, ni ser los más importantes (Mt 20, 20-28).

Si nuestros obispos son obispos porque su razón de ser en el mundo consiste en hacer presente el Evangelio, ¿no es un escándalo más grave de lo que pensamos lo que estamos aguantando en España con el episcopado que tenemos?

Insisto en que obispos ejemplares, los tiene ahora mismo la Iglesia en España. Y los ha tenido siempre. Pero eso no justifica la cantidad de abusos de menores, que se han cometido y ocultado, por imposición de la misma Iglesia. Como tampoco es un justificante aceptable sacar a relucir lo que la Iglesia ayuda a tantas personas y familias necesitadas, por ejemplo, mediante Cáritas y otras instituciones de generosa caridad.

24B1B919-2063-43C0-A63F-03E707C8DBA7Apropiarse monumentos históricos de un valor incalculable, templos, fincas y cientos de inmatriculaciones, que nuestro episcopado ha hecho en las últimas décadas, es un comportamiento que no se puede justificar, si nos atenemos a la legislación vigente en España. Pero, si es que somos creyentes, que pretendemos tomar en serio el Evangelio, ¿vamos a justificar, con nuestro silencio, el hecho escandaloso de un episcopado, que, en lugar de dar el ejemplo de quienes “siguen” fielmente a Jesús el Señor, lo que hacen es gobernar a una Iglesia que se apropia lo que no le pertenece?

Si nos atenemos al Evangelio, Jesús no quiso ni templos, según lo que le dijo a una mujer samaritana (Jn 4, 21-23). Y cuando entró en el templo de Jerusalén, al ver a los que compraban y vendían, hizo un látigo y echó a la calla a todos aquellos negociantes diciéndoles en su cara: No convirtáis la casa de mi Padre en una casa de negocios” (Jn 2, 14-16). 

Por lo que más quieran, señores obispos, no den más motivos de hablar contra la Iglesia. Es verdad que este mundo tan revuelto, que tenemos, es motivo de indecibles sufrimientos. Pero estando las cosas como están, no vengan Vds  ahora a decirle a la gente, que Vds, con sus títulos y su importancia, se pueden apropiar de lo que les interesa.

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El Gobierno de España pide que el Belenismo, patrimonio Inmaterial Cultural en España

Viernes, 14 de enero de 2022

Gobierno-Belenismo-Inmaterial-Cultural-Espana_2411768817_15870486_660x371Paso trascendental parra llegar a la UNESCO. Más cerca la defensa del Nacimiento

Detrás de este objetivo están cinco países, Italia, España, Alemania, Austria y Malta

Belenismo es defender un patrimonio artístico que sigue vivo, una industria que mueve la economía de algunas zonas del país; una tradición asentada en las familias

Los belenistas ya han colocado a SSMM los Magos de Oriente junto al portal de Belén, pero el Gobierno se ha adelantado  y ha hecho público su presente en forma de Disposición del Ministerio de Cultura y Deporte, órgano competente para tramitar y ejercer “la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial”. Así, en resolución de 3 de enero de 2022 de la Dirección General de Bellas Artes “incoa expediente de declaración del belenismo como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial”. Es decir el belenismo ya es patrimonio inmaterial cultural en el Estado español.

El paso dado y publicado en el BOE de este 5 de enero de 2022 es un respaldo más, que ya tuvo su paso previo el 20 de noviembre de 2020, aunque sí el de ahora es paso trascendental para llegar a la UNESCO. Estos apoyos son los que se trasladan a la Comisión de la UNESCO para declarar el belenismo como patrimonio inmaterial de la Humanidad. Esa declaración, que persigue el mundo belenistico desde hace años, sería una garantía de protección de una actividad que trasciende lo religioso, pero que tiene su origen en el primer pesebre recreado por Francisco de Asís.

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Detrás de este objetivo están cinco países, Italia, España, Alemania, Austria y Malta, país que probablemente tome la iniciativa de presentar a la UNESCO la petición de declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El Gobierno recibió en su momento tres informes llegados desde Murcia, tierra con gran tradición y actividad empresarial en el mundo belenista; de Navarra y de Ángel Peña quien hiciera su tesis doctoral sobre el belenismo en latinoamérica.

Non solum sed etiam

La defensa del belenismo no se puede reducir a la defensa de una tradición religiosa, aun cuando su origen esté en ello; la defensa del belenismo es defender un patrimonio artístico que sigue vivo, una industria que mueve la economía de algunas zonas del país; una tradición asentada en las familias y en otros colectivos; un patrimonio inmaterial que nos conecta con medio mundo que participa de esta afición maquetista que sigue muy viva.

Fuente Religión Digital

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Una chica se suicida en Navas de San Juan (Jaén) por el ciberacoso sufrido por ser lesbiana

Miércoles, 5 de enero de 2022

NO LESBOFOBIA2022 no empieza bien. No. Falta una de nosotras, y falta por culpa del odio y de la intolerancia, de la maldita ignorancia. Ha sucedido en Jaén, en la localidad de Navas de San Juan, donde vivía N.L.F.P, de 20 años. La chica denunció hasta en cuatro ocasiones el brutal acoso que sufría en internet y redes sociales. Según informa el diario El País, el grueso de estas burlas cobardes eran por la orientación sexual de N.L.F.P, que era lesbiana.

 La Guardia Civil está investigando el suicidio de una joven de 20 años en el municipio de Navas de San Juan (4.473 habitantes, Jaén). La mujer, que sufría en las redes sociales desde hace varios meses el acoso social y la humillación por su orientación sexual, se quitó la vida el pasado 28 de diciembre. Había presentado hasta cuatro denuncias y el 21 de diciembre las había ratificado en el Juzgado de Instrucción de La Carolina. Tras su fallecimiento, su familia presentó una nueva denuncia, incidiendo en la suplantación de identidad y solicitando que se investigara la muerte de la chica.

Todo comenzó en julio, alguien puso carteles por el pueblo con la cara de la chica y con varios apelativos denigrantes. Ahí se interpuso la primera denuncia. Se retiraron los carteles pero el odio siguió en internet. Y fue brutal.

Los parientes de la joven fallecida han señalado, a través de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que desde hacía varios meses “venía sufriendo un infierno” al ser víctima de una suplantación de identidad en las redes sociales y páginas web en las que se utilizaban sus datos e imagen personal, así como las de otros integrantes de su familia, “de forma fraudulenta, descarnada y con la finalidad de ridiculizarla y humillarla únicamente”. Un acoso que, en palabras de Luis Francisco Sánchez Cáceres, de la delegación de Jaén de la Fundación de Derechos Humanos, se producía “por amar, pensar y sentir de otra manera diferente a la que la sociedad nos viene inculcando desde antaño”.

Tanto el acto de suplantación de identidad y acoso en las redes sociales como otras acciones realizadas en la vía pública contrarias al honor, a la propia imagen y la integridad moral fueron denunciadas hasta en cuatro ocasiones ante la Guardia Civil y ratificadas en el juzgado con la finalidad de que los hechos no permanecieran impunes.

“Creemos que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de la propia administración de justicia, no tuvieron la celeridad suficiente en cuanto al esclarecimiento de los hechos e identificación de la persona (o personas) responsable de estas acciones que han ocasionado tan dramático desenlace, al no poder soportar la joven todo el sufrimiento producto del escarnio y la exposición pública”, ha lamentado el responsable territorial de la Fundación de Derechos Humanos.

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Los hechos han causado una enorme consternación en esta población de la comarca de El Condado de Jaén. Su alcalde, Joaquín Requena, mostró el sentimiento de repulsa del municipio con este poema: “Hoy quisiera que las cosas volvieran a ser igual que antes, como si se pudieran reciclar los suspiros o dar un mismo beso por segunda vez”. El Ayuntamiento ha convocado para el próximo viernes, 7 de enero, una concentración en apoyo de la familia de la joven.

En la Fundación de Derechos Humanos apuntan que los casos de acoso y ciberacoso afectan a adolescentes y jóvenes de cualquier clase y, en consecuencia, “es imprescindible que, además de dotar de cuantos medios técnicos y personales que sean necesarios, toda la sociedad tome conciencia de la enorme necesidad de educar en el respeto hacia la diversidad, la igualdad y la libertad de toda persona, sea quien sea, de conformidad con todos los principios y valores de respeto y convivencia universalmente reconocidos”.

La policía afirma que no se puede determinar que el acoso fuera solo por su orientación sexual, aunque muchos de los insultos y vejaciones se relacionaban con su lesbianismo.

2022 empieza mal. Nos falta esta chica de solo 20 años, una chica que debe haber vivido un veradero infierno durante meses, sin que la policía detuviera a sus acosadores. Que todo el peso de la justicia caiga sobre sus verdugos.

Fuente Agencias/El País/ Oveja Rosa

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Pastoral para una España vaciada.

Jueves, 30 de diciembre de 2021

que-es-la-espan-a-despoblada-bigstockHe tenido la suerte de servir como cura, la mayor parte de mi vida en pueblos pequeños y muy pequeños. Y me han enseñado muchísimo.

Fundamental la pastoral de trato y del contacto. Es muy fácil hacerse con la lista de los cumpleaños de los vecinos del pueblo y pasar por sus casas a felicitarles. Eso les encanta y da una oportunidad estupenda para contactar con ellos.

Lo mismo ocurre visitando a los enfermos y personas mayores que ya no pueden salir de casas. Son unas visitas muy agradables. Y surge una amistad estupenda. Es muy fácil estar al corriente de lo que le ocurre a cada uno de los feligreses. Generalmente agradecen esas visitas y esa preocupación por ellos.

Otro capítulo importante son las celebraciones religiosas. Especialmente, las eucaristías. Se puede celebrar en “familia” y la participación de todos los fieles es muy fácil y sabrosa. Y no digamos nada de las reuniones, bien sea por edades o por grupos. Las mujeres son más adictas y resulta estupendo el tomar un café cualquier día de la semana con unas rosquillas o una sobada. Me he hecho uno de los mejores catadores de postres caseros gracias a la generosidad de las mujeres de esos pueblos. Tras el café y las pastas viene el charlar sobre el Evangelio y desarrollar una formación cristiana.

El trato es muy directo y por eso, es posible el redescubrir el Mensaje evangélico y a Jesús. Aunque sean muy dados a la religiosidad popular, es posible plasmarlo en formas nuevas que, despacio y con el corazón, es posible ir redescubriendo.

Luego está el servicio de promoción. Siempre hay algunos problemas que resolver en común y es muy fácil dialogar con las personas del pueblo y llegar a entendimientos y organizaciones que resuelvan en conjunto esos problemas en temas de sanidad, agricultura, ancianos, niños…

Y lo mismo podemos pensar en positivo. Animar y potenciar las tradiciones y costumbres, los productos propios de la zona. Se puede ir dialogando con los labradores, con los padres de familia, con los abuelos… Están abiertos a posibles asociaciones, grupos… Y colaborar con ellos en buscar alternativas positivas

Algo esencial que se puede dar entre los distintos pueblos es unirlos en torno a problemas y trabajar juntos por resolverlos: Sanidad, Colegio, Diversión, Encuentros, Medios de comunicación.

Ellos ya se juntan en entierros y fiestas familiares entre varios pueblos. Es cuestión de descubrir realidades que les unan y de ahí surgirá la unión y la acción en común.

Es cierto que hay curas con multitud de pueblos. No se puede pretender celebrar cada domingo en todos ellos. Se puede hacer en distintos días de la semana, celebrando –con la ayuda de seglares– celebraciones de la Palabra.

Desde mi experiencia es fácil seguir el mandato de Jesús: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio” y también “anunciad con hechos el Reino de Dios”.

Gerardo Villar

Fuente Fe Adulta

Cristianismo (Iglesias), General , ,

Abusos sexuales: la investigación llega a España: El Papa ordena una investigación de abusos en España después de que El País le entregara un dossier con 251 nuevos casos

Lunes, 20 de diciembre de 2021

2021112001204623869papa-francisco-pide-a-las-igle-jpg_604x0-224x300¿Y qué tiene que pasar para que se produzca una dimisión colectiva?

Las nuevas víctimas suman 1.237, aunque el propio diario asume que, sólo con los testimonios recogidos, sumarían miles, y afectan a 31 diócesis y 31 congregaciones religiosas

Una vez conocido el dosier de EL PAÍS, Francisco y Omella mantuvieron una conversación, señala el rotativo madrileño. “Roma esperará resultados, que según su propio código, deberían llegar en no más de tres meses”

Doctrina de la Fe supervisará el proceso, del que también es conocedor el cardenal Omella

Esta es la lista de los 251 casos de abusos entregada al Papa

“Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras. Los obispos españoles no se han atrevido a cumplir esta máxima evangélica, así que lo han tenido que hacer los medios. El pasado 2 de diciembre, el corresponsal de El País en Roma, Daniel Verdú, entregó al Papa Francisco una investigación periodística, en forma de dossier, de 385 páginas, durante el vuelo que llevó a Bergoglio a Chipre, y que recoge 251 nuevos casos de abusos a menores en la Iglesia española.

La pasada semana, Bergoglio entregó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que centralizará la investigación de estos casos inéditos. Posteriormente, el informe fue entregado al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, quien dio traslado al tribunal eclesiástico de Barcelona.

El informe recoge buena parte de la investigación iniciada por el diario en octubre de 2018, e incluye 251 nuevos casos de clérigos, religiosos y laicos desde 1943 hasta 2018 (último caso denunciado), y que rebasa la cifra oficial de casos reconocidos por la Conferencia Episcopal, aportando datos de Doctrina de la Fe: apenas 220 en las últimas dos décadas. Estos son nuevos casos, que podrían aumentar la cifra de víctimas a 1.237, aunque el propio diario asume que, sólo con los testimonios recogidos, sumarían miles.

Resultados, en tres meses

Una vez conocido el dosier de EL PAÍS, Francisco y Omella mantuvieron una conversación, señala el rotativo madrileño. “El Vaticano, como acostumbra a hacer cuando las denuncias son tan numerosas y no pertenecen a una sola orden, diócesis o abusador concreto, supervisará a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe todo el proceso que lleve a cabo la CEE, explica El País, que añade que “Roma esperará resultados, que según su propio código, deberían llegar en no más de tres meses”.

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Estos son las nuevas denuncias y los casos recopilados por El País

Los nuevos casos afectan a 31 diócesis y 31 congregaciones religiosas, que aglutinan el grueso de las denuncias, el 77%, y que en su gran mayoría, ya han abierto una investigación. La mayor parte de los nuevos casos entregados al Papa datan de las décadas de los 60, 70 y 80, aunque la investigación abarca 80 años, desde 1940 a la actualidad.

En el informe entregado a las autoridades eclesiásticas no aparecen los datos personales de las víctimas ni referencias que las puedan identificar, para garantizar su anonimato, aunque El País “se ha puesto a disposición del Vaticano para facilitar el contacto con las víctimas y que puedan prestar declaración, si así lo desean”.

Una Iglesia negacionista

La Iglesia española es, junto a la italiana, la única del Viejo Continente que se ha negado, sistemáticamente, a abrir una investigación histórica de los abusos a menores en su seno. Sólo el obispo de Zamora, Fernando Valera, se comprometió, según reveló en una entrevista en Religión Digital, a abrir los archivos y hacer una investigación sistemática de posibles abusos en su diócesis.

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Las nuevas denuncias, por décadas

En la pasada Plenaria, celebrada a mediados de noviembre, varios obispos intentaron, sin éxito, que se iniciara una investigación interna para conocer el auténtico calado del drama de la pederastia en la historia reciente de la Iglesia española. La mayoría episcopal, en ese momento, prefirió seguir mirando hacia otro lado y tratar los casos uno a uno y según fueran apareciendo.

De hecho, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se quejó amargamente: “Son pequeños casos, ¿por qué se pone el foco solo en la Iglesia católica?”. La Conferencia Episcopal seguirá sin investigar los abusos históricos en la Iglesia española, como hace el resto de episcopados europeos, pero se autoproclama como “la primera en el mundo” en normativa antiabusos.

En estos días, los obispos españoles rinden cuentas a Roma, en una visita ad limina en al que muchos temían, antes de que se produjera, un ‘rapapolvo’ del Papa por su actitud ante la pederastia clerical y las víctimas. ¿Les obligará ahora Roma a abrir, de una vez, sus archivos?

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 ¿Qué tiene que ocurrir para que la Iglesia española abra de una vez sus archivos e investigue la pederastia clerical?

Los medios, de nuevo, vuelven a hacer el trabajo que correspondería a los pastores

Francisco comentó el asunto con algunos de los obispos que participaron en la reciente ad limina, y con el cardenal Omella, uno de los impulsores (junto a Osoro y a obispos como De las Heras, Valera, Segura o Cantero) del fallido intento por abrir una investigación interna

La publicación del informe en El País, y la contundente y rápida respuesta de Roma, no deja otra opción a los obispos españoles, que si continúan negándose a abrir sus archivos serán señalados como cómplices o negacionistas

Si, como asegura el portavoz Argüello, sólo hay unos pocos casos, ¿por qué tanto miedo a investigar, a abrir las ventanas? Las víctimas merecen un respeto que, por el momento, sólo han encontrado en contadas ocasiones. Por eso se han ido a los medios de comunicación

La investigación de El País debería ser premiada por la Iglesia, aunque me temo que Íñigo Domínguez, Julio Núñez o Daniel Verdú se unirá a unos cuantos que seguimos ‘vetados’ para cualquier reconocimiento eclesial. Desde aquí, “¡Bravo!” por ellos

Las víctimas, los supervivientes del horror. Que tienen derecho a una disculpa, a una indemnización, a una reparación. A lo que quieran. Es su derecho. Es nuestra obligación

Ante el silencio, que comienza a ser cómplice, los datos. La investigación, que se niega desde la propia institución, y que obliga a las víctimas a buscar aliados fuera de la Iglesia católica. En este caso, los medios de comunicación. La investigación que abrió hace tres años El País, al fin, ha llegado al Papa, y se comienzan a tomar medidas. Los obispos, otra vez, llegan tarde. De hecho, ni llegan: les obligan a hacerlo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que ocurrir para que la Iglesia española abra de una vez sus archivos e investigue la pederastia clerical?

El magnífico trabajo coordinado por Íñigo Domínguez, Julio Núñez y Daniel Verdú en El País (con la inestimable ayuda de ese pozo de sabiduría que es Juan G. Bedoya y muchos otros) llegó el pasado 2 de diciembre a manos del Papa. Doctrina de la Fe coordinará una investigación. Que llegará tarde, y que vuelve a poner a la Iglesia española a remolque.

Y es que, otra vez, y ya son innumerables cuando hablamos de abusos a menores, los medios hacen un trabajo que debería estar haciendo la Iglesia. También, como es obvio, otras instituciones, pero aquí hablamos, o pretendemos hacerlo, desde el Evangelio de los pobres, los excluidos, los abandonados. Y en esto la Iglesia debería ser madre y maestra, no encubridora. Y, lamentablemente, hasta ahora, no podemos calificarla (salvo honrosísimas excepciones, que por supuesto las hay) de otro modo.

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Negación sistemática

La actitud de Francisco, una vez, contrasta con la postura oficial de la Conferencia Episcopal, que junto a la italiana sigue siendo la única del Viejo Continente (y, me atrevo a añadir, del ‘mundo cristiano’) en negarse sistemáticamente a abrir sus archivos y liderar una investigación histórica sobre la pederastia en su seno.

Y eso que, como comentamos, un grupo de obispos ya planteó la posibilidad de una investigación (al menos, interna, al menos eso) en la pasada Plenaria. Un fallido intento, pese a que tanto Omella como Osoro, y otros obispos como De las Heras, Valera, Segura o Cantero se mostraron a favor. Todo esto, también, lo sabe el Papa, que como hemos visto reiteradamente se informa por distintas vías (también por RD, mal que les pese a algunos) de lo que sucede en este país.

Las víctimas, los supervivientes del horror. Que tienen derecho a una disculpa, a una indemnización, a una reparación. A lo que quieran. Es su derecho. Es nuestra obligación

Y Francisco, después de leer, y de llorar, el informe entregado por el corresponsal de El País, mandó llamar al cardenal Omella, y comentó el asunto con algunos de los obispos que participaron en la reciente ad limina. Aunque algunos sigan, desde algunos medios, negando ‘rapapolvos‘ ni intromisiones de Roma. La realidad, como siempre, acaba imponiéndose. La dura y triste realidad que, no lo olvidemos, tiene unos grandes protagonistas, que no somos los periodistas: las víctimas, los supervivientes del horror. Que tienen derecho a una disculpa, a una indemnización, a una reparación. A lo que quieran. Es su derecho. Es nuestra obligación (y esto lo digo como Iglesia, que también me siento).

La publicación del informe en El País, y la contundente y rápida respuesta de Roma, no deja otra opción a los obispos españoles, que si continúan negándose a abrir sus archivos serán señalados como cómplices o negacionistas. Aunque me temo que, otra vez, seguirán llegando tarde a una cita que la Historia les recordará.

“¡Bravo!” por ese periodismo

Si, como asegura el portavoz Argüello, sólo hay unos pocos casos, ¿por qué tanto miedo a investigar, a abrir las ventanas? Las víctimas merecen un respeto que, por el momento, sólo han encontrado en contadas ocasiones. Por eso se han ido a los medios de comunicación. Porque no encontraban respuestas, ni manos tendidas, ni corazones abiertos, en la que debía haber sido su casa y se convirtió en su condena.

La investigación de El País debería ser premiada por la Iglesia, aunque me temo que Íñigo Domínguez, Julio Núñez o Daniel Verdú se unirá a unos cuantos que seguimos ‘vetados’ para cualquier reconocimiento eclesial. Desde aquí, “¡Bravo!” por ellos. Y una sonora pitada a los obispos y responsables eclesiásticos que, todavía hoy, siguen negándose a hacer justicia a los preferidos del Señor. A las víctimas del horror. A esos niños desvalidos que tanto recuerdan al pequeño que, en pocos días, volverá a nacer en Navidad.

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Fuente Religión Digital

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Espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las leyes nacionales

Sábado, 18 de diciembre de 2021

justice-europeEl Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia en la que establece que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros aunque contravengan su legislación nacional. Según el TJUE, el hecho de que las leyes de un país no contemplen el matrimonio entre personas del mismo sexo o la filiación homoparental no debe ser motivo para que no se reconozcan los certificados de nacimiento expedidos en países donde ambas figuras son legales. No reconocerlos e impedir u obstaculizar que un menor obtenga los documentos de identidad necesarios vulneraría el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión. Se trata, pues, de un espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las legislaciones nacionales.

El caso se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apátrida, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadano de la Unión.

En abril de este año, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, este 14 de diciembre la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia, en la que interpreta las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

Así, Bulgaria debe expedir un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Según el TJUE, «es contrario a los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7 y 24 de la Carta privar al menor de la relación con uno de sus progenitores al ejercer su derecho de libre circulación o imposibilitarle el ejercicio de ese derecho o hacérselo excesivamente difícil en la práctica debido a que sus progenitores sean del mismo sexo».

Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La repercusión de esta sentencia es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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“Otro caso delictivo más del que fui testigo: el del padre Benito”, por Antonio Aradillas

Sábado, 11 de diciembre de 2021

abusos-Iglesia_2098300203_9807727_660x371“A lo único a lo que había que atender era a salvar el ‘buen’ nombre de la Iglesia”

“Se llamaba Benito. Y ya desde los primeros momentos nos percatamos de que el nuevo cura era portador de especiales misterios”

“Como coadjutor, compartí con él largos meses pastorales en uno de los pueblos más importantes de la diócesis”

“A lo único a lo que había que atender era a salvar el “buen” nombre de la Iglesia, para lo que esta y sus representantes disponían nada menos que de la todopoderosa ayuda e intervención nacional-católica del ‘Caudillo por la gracia de Dios'”

“Todo ello fruto y consecuencia de un sistema destructivo, avalado por seguidores, ejecutores o consentidores, además rubricado y sustantivado “en el nombre de Dios y por el bien de la Iglesia”

La Iglesia suiza también investigará los abusos sexuales a menores durante el último medio siglo. Proyecto conjunto de obispos y religiosos

El sacerdote barcelonés Josep Lluis Fernández Padró, denunciado por delitos sexuales a un menor

La Generalitat retira la Creu de Sant Jordi a un sacerdote acusado de abusos a menores. La diócesis lleva el caso de mosén Padró a Doctrina de la Fe

Se llamaba Benito. Y ya desde los primeros momentos nos percatamos de que el nuevo cura era portador de especiales misterios, además de los clericales por definición. Había sido profesor en el colegio de san José de la Habana, en Cuba, en el que por cierto fueron sus discípulos los hermanos Castro, de infeliz recordación política, social y religiosa.

Nuestro “ex” hizo o deshizo en el Colegio lo que desdichadamente es de suponer en relación con los niños, de tal modo que los responsables de la Compañía de Jesús, le hicieran peregrinar, con resultados idénticos, por sus colegios de Vigo, Gijón y otros de la “Madre Patria”, que, pese a todo era, es y se llama España.

Como, por lo visto y sabido, lo más importante -lo único importante- para la Iglesia, para los jesuitas y para el pueblo de Dios en general, era -y sigue siendo-, que no transciendan los hechos y se conserve incólume y “santa” su memoria entre los muros escolares, dado que la diócesis del nacimiento del protagonista, era la de Badajoz, le pasaron tal encargo sacerdotal a su obispo, entonces de nombre José María, con el fin de que le confiriera alguna actividad pastoral.

(No está claro si al obispo le informaron o no sobre la “vida y milagros” del ex padre Benito en sus anteriores “deslices”. Tampoco está claro si de tal información, la Curia diocesana hizo partícipe al cura párroco, por oposición canónica, con la prerrogativa económico-social de “en propiedad”)

Lo que sí está claro es que, como coadjutor, compartí con él largos meses pastorales en uno de los pueblos más importantes de la diócesis. En tal línea de clarividencias tan lamentables, no disponiendo de casas distintas a la “parroquial”, su titular de nombre Francisco, le facilitó a nuestro “ex”, la posibilidad de acondicionarle una especie de apartamento en el Colegio del Santo Ángel para niñas, cuyas alumnas “gratuitas” habrían de entrar y salir por puertas exclusivas para las “de pago”, y con uniformes distintos… Doy fe de cuanto refiero, avalado además por el testimonio personal de algunas de aquellas religiosas, más que sorprendidas sobre todo las jóvenes.

¿Que cual fue el fin, o punto y aparte, de tal aventura “domiciliaria”, hasta la llegada de sus familiares e instalación de su casa y aún después? Supongo que otro traslado “pastoral” y así sucesivamente, con el correspondiente “Amén” por parte de todos y todas.

Y es que no existía otra solución. A lo único a lo que había que atender era a salvar el “buen” nombre de la Iglesia, para lo que esta y sus representantes disponían nada menos que de la todopoderosa ayuda e intervención nacional-católica del “Caudillo por la gracia de Dios”, que orlaba las monedas y al que obispos, arzobispos, cardenales y algún papa -no Pablo VI- le consentía efectuar entradas triunfales en los templos catedralicios bajo palio, nubes de incienso y cantos patrioteros y para-litúrgicos.

El “buen” nombre del clero y de la institución era – y sigue siendo- argumento y razón suprema para no ahorrarle al pueblo la triste letanía de víctimas, con los DNI de sus victimadores. El Evangelio era -y es- lo de menos.

Cuando todavía no condenan frontalmente todos los obispos y más, estas y otras situaciones similares , como signos de “respeto-religiosidad”, y con puertas diferentes para las “gratuitas”, pienso con dolor en las religiosas del Santo Ángel, en el párroco, en el apartamento “ad hoc “ y en el peregrinaje “religioso”, por motivos “pastorales”. Todo ello fruto y consecuencia de un sistema destructivo, avalado por seguidores, ejecutores o consentidores, además rubricado y sustantivado “en el nombre de Dios y por el bien de la Iglesia”.

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En el último año se han registrado más asesinatos de personas trans que en ningún periodo similar anterior desde que se realiza el registro.

Jueves, 9 de diciembre de 2021

movilh-transfobia-820x394El pasado 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans recordó un año más la violencia ejercida contra las personas trans y género-diversas en todo el mundo. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar y que ha hecho públicos con motivo de esta conmemoración, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se han registrado 375 asesinatos de personas trans y género-diversas, la cifra más alta desde que lleva a cabo este registro. El número real de víctimas, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento de aquellos casos sobre los que trasciende algún tipo de información y esta es recogida por la organización. Y en muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se han registrado 375 asesinatos de personas trans y género-diversas. Se trata de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, periodo durante el cual se tuvo constancia de 350 personas trans asesinadas, y que supera también la que era cifra más alta hasta el momento (369 entre las mismas fechas de 2017-2018).

Brasil vuelve a ser, como los años anteriores, el país con más asesinatos registrados (125 en esta ocasión). Le sigue México, con 65 asesinatos; Estados Unidos, con 53 (de las cuales el 89% eran personas de color), y Colombia, con 25. Por detrás se sitúan Filipinas, con 17 asesinatos; Argentina, con 14; Pakistán, con 11; India, con 10; Ecuador, con 8; Honduras y Myanmar, con 5; Turquía, con 4; Chile, El Salvador, Francia, Perú y Venezuela, con 3; Bolivia, Costa Rica, Guatemala e Italia, con 2; y finalmente Azerbaiyán, España, Grecia, Haití, Kazajistán, Malaui, Nicaragua, Portugal, Puerto Rico y Rusia con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se tiene constancia de 4.042 asesinatos de personas trans y género-diversas en 80 países del mundo. Brasil (con 1.645 víctimas), México (con 593) y Estados Unidos (con 324) son los tres países que encabezan el registro.

Iratxe Otero, asesinada en España

España vuelve a aparecer un año más en esta macabra lista, debido al asesinato de Iratxe Otero, una mujer trans de origen colombiano asesinada en diciembre de 2020 en Arona (Tenerife).

Nuestro país, de hecho, acumula 14 víctimas el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Los nombres más recientes incluidos en este listado han sido los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife y que aparece en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el listado del pasado año.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021:

  • El 96% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
  • El 58% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo.
  • El 43% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes.
  • El 89% de las víctimas registradas en Estados Unidos eran personas racializadas.

 

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El Día Internacional de la Memoria Trans

El Día Internacional de la Memoria Trans fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo.

Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2021 y los datos expuestos aquí

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

 Fuente Dosmanzanas

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La Cámara de los Comunes de Canadá aprueba por unanimidad la prohibición de las pseudoterapias de conversión

Martes, 7 de diciembre de 2021

canada-rainbow-flagBuenas noticias desde Canadá: la Cámara de los Comunes ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley para prohibir la práctica de las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de sus pretendidos pacientes. Se trata de una iniciativa que el Gobierno liberal de Justin Trudeau ya promovió en la anterior legislatura. Se espera que el Senado ratifique el texto aprobado por la cámara baja, con lo que Canadá se uniría al reducido grupo de países que han vetado estos infames procedimientos.

La campaña contra las «terapias» de conversión en Canadá comenzó en septiembre de 2018. Se recogieron más de 18.000 firmas por su prohibición, pero en marzo de 2019 el Gobierno federal rechazó legislar sobre el asunto, alegando que se trata de una competencia de los territorios y las provincias. Las de Manitoba, Ontario y Nueva Escocia, así como la ciudad de Vancouver, ya habían aprobado normas para penalizar estas peligrosas prácticas. A ellos se unirían posteriormente Prince Edward Island, Quebec, Yukon y las ciudades de Edmonton y Calgary. A pesar del varapalo inicial que supuso la negativa del Gobierno de Justin Trudeau, los activistas siguieron presionando por una prohibición a nivel nacional.

En abril de 2019, un senador liberal (el partido de Trudeau) presentó una proposición de ley para vetar las «terapias» reparativas. La iniciativa de Serge Joyal no llegó a aprobarse antes de que acabara esa legislatura en otoño de ese mismo año. Mientras tanto, el colegio de abogados hizo un llamamiento al Gobierno para que analizara sus competencias para prohibir las pseudoterapias o, al menos, eliminar los beneficios fiscales de los que disfrutan los grupos que las llevan a cabo. La administración de Trudeau reaccionó enviando una carta a todas las provincias y territorios para pedirles que vetaran estas prácticas.

Durante la campaña electoral para las elecciones de octubre de 2019, los liberales del primer ministro prometieron finalmente hacerse cargo del asunto. El partido de Trudeau se mantuvo como primera fuerza política, aunque perdiendo la mayoría. El nuevo Gobierno, entonces sí, declaró como prioritaria la prohibición a nivel federal de las «terapias» de conversión. En marzo de 2020, el ministro de Justicia David Lametti presentó un proyecto de ley de reforma del Código Penal para tipificar como delito la publicidad y la práctica de estas pseudoterapias en menores de edad. La Cámara de los Comunes aprobó la medida en junio de este año, con los votos en contra de 62 diputados conservadores (de un total de 119). La iniciativa, sin embargo, entró en vía muerta antes de su tramitación en el Senado, debido a la disolución del Parlamento que precedió a las elecciones anticipadas del pasado mes de septiembre.

Tras la nueva victoria, aunque sin mayoría absoluta, de los liberales de Trudeau, el Gobierno reactivó la propuesta con una importante novedad: el veto será total y no solo se aplicará a menores de edad. El pasado miércoles, la Cámara de los Comunes le dio su visto bueno, esta vez por unanimidad. Un apoyo generalizado que sorprendió a muchos diputados liberales, algunos de los cuales se abrazaron a sus rivales conservadores en agradecimiento por su apoyo a la medida. Ahora pasará al Senado, donde no se espera tampoco una importante oposición. Todo indica que, esta vez sí, se convertirá en una ley que prevé penas de hasta cinco años de cárcel para quien inflija estas prácticas y hasta dos para quien se beneficie económicamente de las mismas o las publicite.

La situación en otros países

Cuando entre en vigor la nueva norma, Canadá se unirá al reducido grupo de países que han prohibido las pseudoterapias de conversión, ya sea de manera general o en menores de edad.

En el vecino Estados Unidos la primera en hacerlo fue California En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, presentó el pasado junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que incluye la prohibición de las pseudoterapias de conversión.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

 

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

“¿Por qué el foco sólo en la Iglesia católica?” Algunas respuestas a monseñor Argüello

Martes, 30 de noviembre de 2021

Arguello_2398270172_15808928_660x371De su blog Rumores de ángeles:

“Porque la Iglesia es una institución ejemplar, normativa y pendiente del ‘más le valiera'”

“Se pone el foco en la Iglesia, monseñor, porque, además de ejemplar, es una institución normativa: dice a los demás, a la gente, a todo el pueblo, como tiene o cómo debe comportarse”

“Se pone el foco en la Iglesia, monseñor, por exigencia de transparencia, que es hija de la verdad y de la justicia”

“Los obispos franceses han pedido y asumido la investigación estadística independiente, real y libre. ¿Será que los obispos franceses quieren menos a la Iglesia que los españoles?”

“Se pone el foco en la Iglesia, monseñor, porque la institución en España necesita una potente cura de humildad, soltar el lastre de los privilegios, reconocer sus muchos pecados y humillarse ante el pueblo, vestida de saco y ceniza. Con verdad, justicia y reparación”

No es la primera vez que el secretario de la Conferencia episcopal, Luis Argüello, expresa esa sentencia y se hace esa pregunta. Pero, esta vez, la volvió a repetir, tras una Plenaria del episcopado, en la que algunos de sus compañeros pidieron otra actitud y una investigación seria e independiente de los abusos en la Iglesia española. Y, además, lo hizo a los pies del Apóstol, lo que le confiere un plus de simbolismo y gravedad.

 Por sus explicaciones posteriores, no se trata, pues, de una pregunta retórica, sino de una afirmación absolutamente convencida de uno de los obispos con más predicamento de la galaxia episcopal española de los últimos años. Todo un ‘mirlo blanco’ que, desde el casi anonimato de auxiliar de Valladolid, pasó al estrellado mediático, social y episcopal, tras ser elegido secretario de los obispos. Y, ahora, su nombre suena para los más altos puestos-servicios de la geografía eclesiástica patria: desde arzobispo de Valladolid a arzobispo de Madrid.

Líder consolidado del presente y del futuro episcopal español, Luis Argüello tiene que conocer (y conoce) perfectamente la respuesta a su ‘terrible’ pregunta. Pero, por si acaso, y sin afán de dar lecciones a nadie, en pleno clima sinodal, me atrevo a aventurar públicamente algunas respuestas. Sin intención, tampoco, de ser exhaustivo y con ánimo de clarificar el oscura panorama en el que se debate la Iglesia española respecto a la plaga de los abusos del clero.

-Se pone el foco en la Iglesia, porque, como bien sabe, monseñor, es una institución ejemplar, que da y debiera dar ejemplo en todos los órdenes de la vida y, especialmente, por lo tanto en el respeto a la sacrosanta dignidad de las personas.

Se pone el foco en la Iglesia, monseñor, porque, además de ejemplar, es una institución normativa: dice a los demás, a la gente, a todo el pueblo, como tiene o cómo debe comportarse. La Iglesia predica una moral, cuyos fundamentos dice estar basados nada menos que en el ley natural. En épocas pasadas (y no tan pasadas, monseñor, porque usted y yo las hemos vivido), impuso por todos los medios, incluidos el orden civil, sus dogmas morales. Y, en la actualidad, intenta influir al máximo en los partidos políticos, para que sean ellos los que los impongan.

-Se pone el foco en la Iglesia, por la función social que cumple o quiere cumplir. La religión, dicen ustedes, no es sólo una cuestión privada, sino que tiene una amplia repercusión pública y ayuda a los españoles a ser también mejores ciudadanos, ayudando, como decía, hace unos días, el presidente del episcopado, cardenal Omella, “a la cohesión, a la humanización y al bien común de España”.

– Se pone el foco en la Iglesia, monseñor, porque la institución eclesial no es una ONG (aunque pida como ellas) ni un partido político (aunque, a veces, se comporte como tal) ni una multinacional (aunque, en este caso, aparezca a los ojos de la gente como una sucursal díscola de Roma).

Se pone el foco en la Iglesia, monseñor, por exigencia de transparencia, que es hija de la verdad y de la justicia. Esa tan moderna y cacareada transparencia, que obliga a implementar protocolos, pero que no parece haber cambiado la actitud secretista y oscurantista de la casta episcopal.

-Se pone el foco en la Iglesia, monseñor, porque nadie se cree que sean “sólo pequeños casos”. Nadie puede creer que en la España franquista, donde el Caudillo ejercía su poder dictatorial “por la gracia de Dios”, haya menos casos que en la laica Francia, con una Iglesia fiscalizada y sin privilegios. Y usted sabe bien que, en aquella época, el cura (y no digamos el obispo) era una autoridad no sólo religiosa, sino también civil, que hasta expedía los certificados de buena conducta.

Pero los obispos franceses han pedido y asumido la investigación estadística independiente, real y libre. ¿Será que los obispos franceses quieren menos a la Iglesia que los españoles? Además, si no se hizo una investigación seria, independiente y exhaustiva, cómo puede asegurar usted que se trata sólo de “pequeños casos”? ¿Y cuántas víctimas son pocas?

-Se pone el foco en la Iglesia, monseñor, porque la institución en España necesita una potente cura de humildad, soltar el lastre de los privilegios, reconocer sus muchos pecados y humillarse ante el pueblo, vestida de saco y ceniza. Con verdad, justicia y reparación. Sólo si la gente ve a la Iglesia realmente postrada, arrepentida y dispuesta a resarcir a sus víctimas, podrá creerla y volver a confiar en ella. Y, sobre todo, cuando vea a la institución que está dispuesta a resarcir económicamente a las víctimas a fondo, rascarse el bolsillo, vender lo que haga falta y endeudarse, si fuese necesario. Ésa es la prueba del algodón para una institución tan avara y tan agarrada, que lleva siglos cumulando bienes y dineros.

Se pone el foco en la Iglesia, monseñor, por parte de los propios católicos, preocupados por la falta de confianza de la gente en la institución, sólo al nivel de la absoluta desconfianza en los políticos. Creemos que es urgente recuperar la credibilidad y la confianza en la Iglesia.

-Los propios católicos ponemos el foco en nuestra Iglesia, monseñor, porque sabemos que es mejor una vez rojos que ciento colorados y que la permanente sospecha mina e impide cualquier intento de recuperación de la confianza social.

-Los propios católicos ponemos el foco en la Iglesia, monseñor, para acabar con el acoso y con el miedo a las cifras y a los datos, por muy duros y dolorosos que sean. Nos duele esta iglesia con miedo a la verdad, siempre a la defensiva, siempre echando balones fuera. ¿No será que el que la teme la debe? Sean proactivos, cumplan los deseos del pueblo santo de Dios, dejen que se investigue, abran sus archivos, faciliten el conocimiento de la verdad. Eso se llama examen de conciencia. Siempre se lo han exigido a los penitentes. ¿Por qué no se lo aplican a ustedes mismos?

-Los propios católicos ponemos el foco en la Iglesia, monseñor, por vergüenza torera.

Se pone el foco en la Iglesia, monseñor, por mandato evangélico y por el “más le valiera”. “Ay de quien escandalizare a uno de estos pequeñuelos; más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar”.

-Se pone el foco en la Iglesia, monseñor, para que cumpla y haga realidad de verdad la tan cacareada tolerancia cero”, la única forma de acabar con la condescendencia inoculada en las venas de la institución, con el sistema de encubrimiento vigente durante tantos siglos y, por lo tanto, con el clericalismo, la plaga de la Iglesia, como dice el Papa Francisco.

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