• A pesar de los avances legislativos, la visibilidad del alumnado LGTBI+ sigue siendo muy limitada: apenas un 25% de la juventud se siente reconocida en el instituto y solo un 21% en la universidad.
• Según el informe “Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+”,  más de la mitad del alumnado ha sufrido algún tipo de acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante la educación secundaria.
• Aunque casi todas las comunidades autónomas cuentan con leyes, estrategias, protocolos y programas inclusivos, el informe constata grandes desigualdades en su aplicación: algunas han impulsado nuevas legislaciones, mientras que otras han experimentado retrocesos en la implementación de medidas.

Madrid, 11 de septiembre de 2025 – A pesar de los avances normativos alcanzados en los últimos años, la educación en diversidad sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro  sistema educativo. Frente a esta realidad, la Federación Estatal LGTBI+, en colaboración con la Universidad de Salamanca, ha presentado este jueves el informe “Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+”, un exhaustivo análisis sobre la integración de la diversidad afectivo-sexual, de género, corporal y familiar en los centros educativos, así como sobre el desarrollo y la implementación de políticas públicas inclusivas en las distintas comunidades autónomas.

Este análisis cobra especial relevancia tras la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI+, que establece un marco normativamente sólido y posibilista para impulsar políticas educativas inclusivas. Sin embargo, como evidencia el informe, la aprobación de una ley no garantiza por sí sola su correcta aplicación: es necesario evaluar cómo las comunidades autónomas han desplegado medidas concretas, desde protocolos contra la discriminación hasta programas de formación del profesorado o iniciativas de sensibilización dirigidas al alumnado y sus familias.

El estudio revela que, aunque prácticamente todas las comunidades autónomas cuentan con leyes o protocolos para proteger al alumnado LGTBI+, su aplicación efectiva es desigual. Según la Encuesta ‘Estado LGTBI+ 2025’, el 41,9% de las personas LGTBI+ ha alcanzado estudios universitarios, un 25,09% cursó Bachillerato o Formación Profesional de grado superior, un 23,71% completó educación secundaria y menos del 1% no tiene estudios. Sin embargo, los datos muestran desigualdades importantes dentro del colectivo: casi un 6% de las personas no binarias no ha completado estudios, y un 21% de los hombres trans no superó la educación primaria. “Estos datos evidencian que, pese a los avances, persisten barreras educativas significativas para ciertos grupos dentro del colectivo LGTBI+, especialmente para las personas trans y no binarias”, subraya María Rodríguez, responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI+.

La visibilidad en el ámbito educativo sigue siendo limitada. Más del 60% de las personas jóvenes LGTBI+ se sienten visibles con amistades cercanas, pero solo un 25% lo son con sus compañeros de instituto y un 21% en la universidad. Entre las personas de 18 a 24 años, un 18,2% permanece invisible, y un 40% asegura no haber podido expresarse tal como es durante su etapa educativa. En cuanto a la violencia y el acoso, el 21,2% de los incidentes de odio y discriminación ocurre en centros educativos, y más de la mitad de las personas jóvenes ha sufrido acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante la educación secundaria. “La familia sigue siendo el principal detector de estas situaciones, mientras que las instituciones educativas aún no responden de manera suficiente”, añade Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.

Contradicciones legislativas a nivel autonómico

El análisis territorial muestra además un panorama diverso y en ocasiones contradictorio. Como precedente, el informe “Realidad del alumnado trans en el sistema educativo” (2020) situaba a Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra a la cabeza en reconocimiento de derechos, mientras que Ceuta y Melilla, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias ocupaban los últimos lugares. Cinco años después, el mapa ha cambiado, detectándose avances significativos, como es el caso de Castilla La Mancha. Algunas comunidades que entonces estaban a la cola han iniciado procesos legislativos, como Castilla y León, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid o la región de Murcia, han experimentado retrocesos en la aplicación de sus propias leyes, condicionadas por discursos políticos contrarios a la igualdad.

Este contraste evidencia una conclusión clara: el progreso no depende únicamente de los marcos normativos, sino de la voluntad política, la dotación de recursos y la capacidad real de cada comunidad autónoma para transformar la legislación en medidas efectivas. “Los marcos legales son necesarios, pero insuficientes. Lo que está en juego no es solo tener protocolos escritos, sino garantizar que en cada centro educativo el alumnado LGTBI+ pueda sentirse seguro, respetado y visible”, advierte Iglesias.

El informe constata también problemas comunes en todo el territorio como son la falta de formación sistemática del profesorado, la ausencia de evaluación de resultados y una dependencia excesiva de iniciativas individuales o asociativas. Los programas de sensibilización, aunque abundantes, siguen siendo dispersos, lo que genera experiencias educativas muy diferentes entre centros y comunidades autónomas.

“La educación en diversidad no puede quedarse en buenas intenciones ni en documentos. Necesitamos que cada centro educativo aplique medidas concretas, que los equipos docentes estén preparados y que el alumnado LGTBI+ se sienta seguro y acompañado cada día”, subraya Iglesias. “Es imprescindible que las comunidades autónomas pasen de la teoría a la práctica y que exista un seguimiento real de los protocolos, porque sin evaluación no hay mejora posible. La igualdad educativa requiere compromiso institucional, recursos y responsabilidad compartida”.

Entre las recomendaciones, el estudio insiste en la necesidad de planes integrales de educación inclusiva, protocolos claros contra el acoso escolar y programas de formación continuada para docentes y familias. “Hemos avanzando legislativamente, pero la igualdad educativa solo se logrará cuando la normativa se transforme en prácticas efectivas en cada aula y campus universitario. Este informe evidencia la urgencia de pasar de los protocolos a la acción real y evaluable”, concluye Iglesias.

Fuente FELGTBI+

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito e€curativo, Educación en la Diversidad, FELGTBI+, María Rodríguez, Paula Iglesias, “Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+”, “Realidad del alumnado trans en el sistema educativo”

Según un informe de la Federación Estatal LGTBI+ y la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO sobre la situación del profesorado LGTBI+

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO han presentado este martes un informe que revela que casi 4 de cada 10 docentes (36,5%) han sido víctimas o testigos de algún acto de odio por LGTBIfobia en el centro en el que trabajan actualmente. Según los datos, un 12% de las personas que trabajan en enseñanzas regladas no universitarias han sido víctimas, de las cuáles, el 89% son docentes LGTBI+ y el resto, personas aliadas.

El estudio muestra también que, aunque lo más habitual es que la violencia se haya producido un único día (34,6%), en casi un 30% de los casos la situación se ha mantenido durante 100 días o más. Los centros solo han actuado para proteger a la víctima en un 47% de los casos, es decir, en el 53% restante, las personas agredidas no han obtenido apoyo por parte de los equipos directivos. Según los datos, esta ausencia de intervención multiplica por 4 el riesgo de baja laboral por parte de las personas agredidas.

Por otra parte, la investigación desvela que las personas que ejercen la violencia son un 50% alumnado, un 31% personas trabajadoras del centro y un 19% familiares. También expone que casi la mitad del profesorado (47%) que ha sufrido LGTBIfobia no ha denunciado.

Profesionales en situación de desamparo

Según las conclusiones, solo un 18,8% de las personas entrevistadas afirma que en su centro existe un protocolo específico para la protección de profesionales LGTBI+, a pesar de que, tras la aprobación de la Ley LGTBI, es obligatorio.

Además, los datos obtenidos manifiestan que solo 4 de cada 10 miembros del profesorado LGTBI+ se visibilizan ante cualquier persona de su centro y un 21% está completamente en el armario. El miedo a situaciones de odio, acoso, discriminación (74,5%), seguido de miedo a vincularse a fenómenos estereotipados (29%), son los principales motivos señalados para explicar por qué las personas LGTBI+ que se dedican a la enseñanza no son visibles.

Según explica el coordinador de Educación de la Federación Estatal LGTBI+, David Armenteros, “este temor no es infundado. El personal LGTBI+ de los centros educativos no está amparado por procedimientos internos. Los protocolos de protección son testimoniales y escasamente prácticos cuando los datos de violencias que presentamos hoy son verdaderamente preocupantes”.

“Por eso, exigimos a todas las autoridades educativas que en los centros formativos se trabaje para eliminar y cuestionar los discursos de odio, tal y cómo marca la actual legislación. También reclamamos la eliminación de cualquier restricción de la libertad de expresión y de cátedra del personal docente asociada al veto parental, por ser un intento de censurar y perseguir la diversidad, y reclamamos formación continua y obligatoria en diversidad familiar y afectivo-sexual para el profesorado como requisito para obtener la acreditación cómo docentes», reivindica.

Además, la responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI+, María Rodríguez, explica que “tradicionalmente, se ha señalado al alumnado como principal fuente de odio, pero los resultados muestran que la violencia entre iguales existe y provoca situaciones más sutiles y sostenidas en el tiempo. Provocan acoso y estresores cotidianos que, por su dificultad para ser manifestados, son muy difíciles de detectar. Por eso es fundamental que se incluyan medidas para la prevención”.

Por su parte, la secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ+ de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO, Iria Antuña, defiende que es necesario creas espacios de trabajo seguros y esto es responsabilidad de las empresas y las administraciones. Nuestra labor como organizaciones es dar herramientas a todas las personas para reconocer situaciones de LGTBIfobia y actuar en consecuencia, con todas las garantías.

NOTA. Informe FELGTBI+ y FECCOO 18JUNIO

Fuente FELGTBI+

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito educativo, CC.OO., David Armenteros, DD.HH, España, FELGTBI+, Homofobia/Transfobia, Iria Antuña, María Rodríguez, Orgullo LGTBI, Personas LGTBIQ