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Abre el primer Centro de Acogida para refugiados LGTBI que lleva el nombre de Pedro Zerolo

Lunes, 16 de noviembre de 2020

pedro-zeroloRecibimos esta buena noticia de la Fundación Pedro Zerolo:

Os remitimos la nota pública de Kifkif, Asociación de Migrantes y Refugiados LGTBI, y la Red Acoge con motivo de la apertura este jueves del Centro de Acogida ‘Pedro Zerolo’, primer recurso de refugio del sistema de acogida español exclusivamente LGTBI que dará alojamiento a 20 personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional.

Kifkif se dirigió a nosotros el pasado mes de agosto trasladándonos su deseo de que el primer centro de acogida de asilo y refugio LGTBI en España llevara el nombre de Pedro Zerolo, como homenaje a su legado en la defensa de los Derechos Humanos de las personas LGTBI, inmigrantes y refugiadas. El Comité ejecutivo de la Fundación Pedro Zerolo agradeció a Kifkif y Red Acoge dedicar este tributo a nuestro querido Pedro Zerolo y les trasladó su conformidad con la propuesta, agradecimiento por la misma y deseos de colaboración, que materializaremos en fechas próximas.

Kifkif y Red Acoge abren el primer centro de refugio del sistema de acogida español exclusivamente LGTBI

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12/11/2020

Kifkif, Asociación de Migrantes y Refugiados LGTBI, y Red Acoge han abierto este jueves el Centro de Acogida ‘Pedro Zerolo’, primer recurso de refugio del sistema de acogida español exclusivamente LGTBI que dará alojamiento a 20 personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional.

Este recurso, pionero en España, nace por la necesidad de garantizar los derechos humanos de las personas solicitantes y facilitar su integración e inclusión en la sociedad, en un momento en el que el colectivo LGTBI sigue enfrentando persecuciones, criminalizaciones y hasta penas de muerte en más de 70 países, según datos oficiales de ILGA World. Las solicitudes de asilo por orientación o expresión sexual e identidad de género están recogidas en la Convención de Ginebra y Estatuto de los Refugiados.

El Centro de Acogida Pedro Zerolo, que se enmarca en el programa AIA-A que ejecuta Red Acoge, tiene como objetivo ser un espacio seguro para proporcionar un proceso de integración e inclusión para personas solicitantes de protección internacional LGTBI. Para cumplir con este recurso contamos con técnicos de intervención social que harán posible la transición a la integración de 20 personas solicitantes de asilo LGTBI, tras una selección realizada mediante entrevistas, informes y un seguimiento personalizado de cada caso.

Los efectos de la pandemia por Covid19, además de paralizar la expedición de documentación y los procesos de asilo, han empujado a situaciones de emergencia a las personas solicitantes de asilo LGTBI, al no disponer de ahorros, trabajos formales ni cotizaciones a la seguridad social. Tampoco han podido acogerse a ayudas sociales y ello ha supuesto que muchas personas se encuentren sin recursos tan básicos como alimentos, productos de higiene o fármacos. Este colectivo enfrenta una múltiple discriminación en el ámbito laboral.

Dicho centro, que se enmarca en el programa AIA-A que ejecuta Red Acoge, está subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Secretaría de Estado de Migraciones y la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria.

El presidente de Kifkif, Samir Bargachi, ha explicado que este proyecto “representa una nueva conquista para el colectivo de personas refugiadas LGTBI, tras muchos años de trabajo y esfuerzo de las organizaciones sociales junto a las instituciones públicas”, ha concluido.

Por su parte, el presidente de Red Acoge, Daniel Ibarz, ha asegurado que la apertura del centro es “fruto de un trabajo en red, que valora el aporte de cada organización y tiene como principal objetivo la protección de los colectivos más vulnerables. Red Acoge, hoy más que nunca, es reflejo de una sociedad comprometida y diversa”, ha concluido.

Kifkif trabaja desde 2002 en diversas áreas para ofrecer acompañamiento, atención y asesoramiento a las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes LGTBI. Nuestro objetivo es el de contribuir a la construcción de una sociedad diversa que promueva la igualdad de género y los derechos humanos de las personas LGTBI, así como la realidad migrante. Durante 2020 esta entidad ha atendido ya a más de 3.000 personas usuarias.

Red Acoge es una Federación de organizaciones sin ánimo de lucro surgida en el año 1991 para promover los derechos de las personas migrantes y construir una sociedad donde la interculturalidad sea un motor de transformación social con el fin de lograr un mundo más justo e igualitario. La Red, agrupa a veinte organizaciones que tienen su base social a lo largo de la geografía española y se centra en el trabajo con las personas migrantes y refugiadas, dando una importancia especial a la sociedad que les acoge, y promoviendo una migración digna, protegida y segura.

Hazte Amigo/a de la Fundación Pedro Zerolo, ayudándonos a prolongar su legado y extender su activismo igualitario

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Veintiséis organizaciones y sindicatos exigen la urgente aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI

Jueves, 25 de enero de 2018

ley-igualdad-lgtbi-aprobada-pp-abstencion-696x522El plazo de enmiendas ha sido ampliado hasta la fecha en once ocasiones

Amnistía Internacional, Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE),  la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Intersindical, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Cepaim, la Fundación ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz, Movimiento Contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz (MPDL), la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado, Plena inclusión, RAIS, Red Acoge, Save the Children, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) han suscrito un documento en el que exigen la urgente aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria.

“Como organizaciones de la sociedad civil, estamos comprometidas a trabajar para la erradicación de todas las barreras que suponen una discriminación y una vulneración de los derechos humanos. Confiando en que el compromiso es compartido, instamos a que los diputados y diputadas del Congreso hagan todo lo que esté en su mano para que la Ley de Igualdad LGTBI pueda entrar en vigor lo antes posible”, han asegurado las organizaciones y sindicatos que suscriben el documento.

Asimismo, piden a las diputadas y los diputados del Congreso que, “durante el actual proceso de tramitación, hagan enmiendas que busquen mejorar el articulado, pero respetando al máximo la esencia del texto −impulsado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y consensuado con numerosas entidades− ya que es el que emana de los colectivos directamente afectados”.

El texto suscrito en su totalidad se encuentra disponible en el siguiente microsite: http://www.felgtb.com/leylgtbi/

Fuente FELGTB

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ONG y asociaciones profesionales sanitarias piden al Gobierno que aborde ya el retorno a la sanidad universal

Viernes, 31 de julio de 2015

apartLa FELGTB quiere hacer público su apoyo a seis entidades de defensa de los derechos humanos y de profesionales de la sanidad que se han dirigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle que incluya la cuestión de la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, que se celebrará este 29 de julio en Madrid.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SEMFyC, SESPAS y Odusalud solicitan a las autoridades centrales y autonómicas representadas en el Consejo que debatan y adopten acuerdos sobre la urgencia de poner en práctica las recomendaciones emitidas por más de una decena de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han instado al Gobierno español a asegurar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas que viven en España.

Además, a la puerta del Ministerio, activistas de estas asociaciones entregarán botiquines –que contienen el listado de recomendaciones internacionales– al ministro y a los y las representantes de las Consejerías de Sanidad autonómicas participantes en la reunión.

Las últimas recomendaciones internacionales provienen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, quien ha destacado que el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres migrantes y que con él se ha perdido una oportunidad para identificar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata de personas y apoyar a las víctimas de violencia sexual. El Comité recomienda que se reforme el Real Decreto Ley para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas.

En el mes de mayo, también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica instó al Gobierno a asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes y calificó el Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha recomendado a España que las personas migrantes no sean discriminadas en el acceso a la atención de la salud.

Exigimos medidas definitivas, no parches

En las últimas semanas, dos autonomías –Comunidad Valenciana y Baleares– han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Se suman así a otras comunidades que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, o Euskadi y Navarra, que han llegado a garantizar por ley la universalidad de la atención sanitaria.

Las organizaciones firmantes consideran que el anuncio del ministro del pasado mes de marzo en relación con el acceso a la atención primaria de las personas hasta ahora excluidas es un paso en la dirección correcta, pero también es solo una medida paliativa y, por tanto, insuficiente. Lo importante -consideran las entidades- es reformar la legislación que consagra esta exclusión sanitaria y blindar definitivamente el acceso a la salud como un derecho humano.

Mientras esto llega, es necesario recordar a los gobiernos autonómicos que también ostentan obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y que pueden y deben llegar al límite de sus competencias para asegurar que se restaure la universalidad de este derecho. Además, las autonomías gobernadas por aquellas fuerzas políticas que suscribieron públicamente su compromiso con la restitución de la cobertura sanitaria universal en España tienen ahora una oportunidad de oro para exigir al gobierno central cambios legislativos urgentes que permitan alcanzar este objetivo.

En este sentido, organizaciones como Médicos del Mundo y las integradas en el observatorio Odusalud se preguntan de qué forma las nuevas medidas que se pongan en marcha van a contemplar la restitución del daño causado hasta ahora por la exclusión sanitaria, en concreto con las facturas y compromisos de pago emitidos.

Las entidades firmantes de la carta al ministro, que llevan denunciando el impacto de la reforma sanitaria desde su aprobación y documentando sus efectos con sus propios medios, han exigido reiteradamente al Gobierno que evalúe qué consecuencias ha tenido el Real Decreto Ley 16/2012 sobre el derecho a la salud de las personas afectadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

 Los mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; el Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Comité Europeo de Derechos Sociales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal.

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