Uge Sangil: “Nuestros derechos están en juego en las próximas elecciones”

Con motivo del arranque de la campaña electoral, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Uge Sangil, recuerda que “el odio no es un derecho” y anima a la población “a acudir a las urnas para votar en favor del progreso social y los derechos LGTBI+”.

Sangil señala que “hay políticos que insisten en que ser trans es una moda que se está fomentando a través de las plataformas audiovisuales y Vox alardea de que su objetivo es derogar la recién aprobada Ley Estatal LGTBI+”. “Esto ya está pasando en nuestra esfera pública y nuestras vidas están en juego en las próximas elecciones. No podemos permitir que los partidos que promueven el odio tengan el control legislativo de nuestras vidas y los pactos PP y Vox decidan a qué tenemos derecho”, defiende.

Así, denuncia que “nos llaman degeneradas y enfermas en las instituciones públicas, hablan de que nuestros derechos molestan a la gente de bien o de que preferirían que las infancias tuvieran un padre y una madre”. “Tenemos en Europa ejemplos actuales de países en los que la ultraderecha está prohibiendo derechos fundamentales, como el de tener una familia o ser visible en los medios de comunicación”, señala la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.

El PP ha votado hasta nueve veces en contra de leyes sociales

Además, alerta de que, en España, el PP ha votado hasta nueve veces en contra de leyes que han contado con un amplio respaldo social, como la del divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario, entre otras. Asimismo, recuerda que, a través de los pactos de gobierno en las autonomías, PP y Vox han implantado el veto parental en las escuelas, han pedido listas negras de activistas LGTBI+ y han intentado vulnerar el derecho fundamental de las mujeres al aborto.

Para poner de manifiesto todas estas cuestiones, la Federación Estatal LGTBI+ ha lanzado la campaña #Novotesderecha, compuesta por una serie de materiales que simplemente recopilan las intenciones de estos partidos con respecto a los derechos LGTBI+: https://felgtbi.org/novotesderecha/

La importancia del voto LGTBI+

Según la encuesta Estado LGTBI+ 2023, elaborada por 40dB para la Federación Estatal LGTBI+, el colectivo apuesta por quienes defienden sus derechos. De hecho, hay un número significativo de personas que se consideran de ideología conservadora (entre un 7 y un 8 en una escala del 1 al 10) pero que aseguran su intención de votar al PSOE o incluso Unidas Podemos.

Tal y como revela la encuesta, si solo fueran a las urnas las personas LGTBI+, los partidos progresistas ganarían por mayoría absoluta con más de 200 escaños. Sin embargo, Sangil señala que la movilización del colectivo LGTBI+ es clave para mantener los derechos. “El electorado joven siempre tiende a movilizarse menos, pero en estas elecciones nos jugamos mucho. Y por eso queremos hacer un llamamiento a los jóvenes LGTBI+ para que salgan a votar por sus derechos”, solicita.

NOTA. Campaña electoral-12052023

Fuente FELGTBI+

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Según una encuesta realizada por 40db para  la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), los cerca de 3.000.000 de votantes LGTBI+ se inclinan por votar mayoritariamente a partidos que defienden sus derechos. Según la estimación de voto realizada por 40dB, los votantes LGTBI+ prefieren apostar por partidos que son percibidos como comprometidos con los derechos del colectivo LGTBI+.

Se estima, en base al CIS, que entre un 7% y un 8% de la población es LGTBI+; un 20% en el caso de quienes tienen entre 18 y 24 años

Tal y como ha apuntado durante la presentación de la encuesta el secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI+, sociólogo y politólogo, Ignacio Paredero, “en base a la última encuesta del CIS, estimamos que entre un 7% y un 8% de la población es LGTBI+;  un 20% en el caso de la población de entre 18 y 24 años”. Además, señala que “los datos que recoge nuestra encuesta de 40dB muestran que el colectivo vota mayoritariamente a los partidos que defienden sus derechos y que la Ley Trans y LGTBI es apoyada con rotundidad por el colectivo”.

Según 40db, el 27,8% de las personas LGTBI+ votaría al PSOE; el 22,6% a Unidas Podemos; el 19,6 % al PP; el 7,1% a Vox, el 4,8% Ciudadanos y el 9,9% a otros partidos

Según los datos de estimación de voto de 40dB, el 27,8% de las personas LGTBI+ votará al PSOE; el 22,6% a Unidas Podemos; el 19,6 % al PP; el 7,1% a Vox, el 4,8% Ciudadanos y el 9,9% a otros partidos, lo cual está vinculado a la percepción del apoyo al colectivo por parte de los partidos.

Así, el colectivo LGTBI+  considera que Unidas Podemos está “Muy comprometida” (29,5%) o “Bastante comprometida” (26,3%) con sus derechos y que el PSOE está “Muy comprometido” (12.4%) o “Bastante comprometido” (33,8%). Por el contrario, un 65% de las personas encuestadas consideran que Vox está “Nada” comprometido con los derechos del colectivo y un 39,5% piensa igual sobre el PP.

El colectivo LGTBI+ apoya la Ley Trans y LGTBI: un 21,6% la valora “muy positivamente” y un 41,4% “positivamente”. Solo un 11,8% la valora “negativamente” o “muy negativamente”

Respecto a la Ley Trans y LGTBI, el colectivo LGTBI+ la apoya y la valora “muy positivamente” (21,6%) y “positivamente” (41,4%). Solo un 11,8% la valoran negativamente o muy negativamente.

Otro dato que la Federación Estatal LGTBI+ y 40dB han destacado es que la probabilidad de ir a votar de las personas del colectivo afines a Vox, es casi 40 puntos más baja que la de la población general. Para Paredero,“esto demuestra que los insultos a las personas LGTBI+ tienen consecuencias electorales. Es muy complicado movilizar a las personas para que te voten cuando a la vez las estás insultando”.

Se trata de la primera investigación realizada para desvelar la intención de voto de las personas LGTBI+. Se ha elaborado con una muestra de 800 personas LGTBI+ mayores de 18 años y se ha presentado este jueves en el espacio META de Facebook en Madrid.

Según Víctor Pérez-Gumán, analista de 40dB, “aunque el estudio del voto y el comportamiento electoral en el colectivo LGTBI+ es complejo técnicamente y no está extendido en nuestro país, es fundamental si se quiere tener una imagen real de la sociedad española, cada vez más plural y diversa”. “Uno de los puntos más interesantes de la investigación es el momento en el que se realizó el campo de la encuesta: en paralelo al del barómetro del País y la Ser que 40dB publica mensualmente. Este hecho nos permite tener una perspectiva comparada y conocer más en profundidad las particularidades del voto en el colectivo LGTBI+”, apunta.

Fuente FELGTBI+

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La norma impulsada permitirá el cambio de sexo legal de las personas trans sin necesidad de requisitos médicos y establece un marco integral de medidas contra la LGTBIfobia

El PP y Vox retratados como los únicos partidos que se han opuesto a la Ley Trans y LGTBI. En 10 años, cuando la sociedad normalice este asunto les oiremos decir que están con las personas trans y sus votantes LGTBI dirán que no le deben nada a la izquierda por los avances.

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Uge Sangil: “Esta ley vuelve a colocar a España entre los países a la cabeza de los derechos LGTBI+”

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans* y Fundación Triángulo celebran la aprobación definitiva de la Ley Trans y LGTBI+. Según la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, “esta legislación vuelve a colocar a España entre los países a la cabeza de los derechos LGTBI+”.

En este sentido, asegura que “hemos logrado una ley que está entre las seis o siete más avanzadas en reconocimiento de los derechos trans de adultos y entre las cuatro o cinco más avanzadas en reconocimiento de los derechos de los menores”.

No obstante, recuerda que “aunque las personas no binarias hemos quedado fuera de esta ley, desde las entidades, seguiremos trabajando por el reconocimiento de nuestras identidades y por el respeto de nuestros derechos”. Asimismo, explica que “esta ley es solo un primer paso para el reconocimiento de los derechos de todo el colectivo, pero la igualdad real solo se hará efectiva si seguimos luchando por avanzar en derechos e implementarlos”.

“Hoy la mayoría parlamentaria se muestra favorable a reconocer la dignidad de las personas trans”

Por su parte, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, celebra este éxito del activismo y asegura que “tras estos años de lucha, hoy, por fin, vemos aprobada esta ley en primera vuelta en el Congreso. Hoy la mayoría parlamentaria, en consonancia con la mayoría social en la calle, se muestra favorable a reconocer la dignidad de las personas trans y legisla resarciendo los años de maltrato social, todo, gracias a una enorme movilización ciudadana”.

“Las vidas de las personas trans y de las personas LGTBI, y el acto de hacer uso de los derechos que nos corresponden, serán la respuesta a toda la desinformación que hemos vivido durante el proceso de tramitación y que tanto ha ralentizado la aprobación”, añade.

Asimismo, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, expone que, durante la presión de estos cuatro años y al salir a las calles, “hemos conseguido la despatologización y la autodeterminación de género de las personas trans, de manera que podrán tener su género reflejado en su DNI sin necesidad de testigos, ni informes, ni diagnósticos, ni pruebas, ni hormonación obligatoria”.

“Hemos logrado que los menores  de 14 a 15 años puedan cambiar su género libremente acompañados por sus familias”

“Igualmente, hemos logrado que los menores de 16 y 17 años puedan cambiar su género en su DNI libremente, y que los menores de 14 a 15 años lo puedan hacer acompañados por sus familias, algo que, en estos momentos, solo se recoge en tres legislaciones a nivel internacional. Igualmente, hemos conseguido que los menores puedan cambiar de nombre a cualquier edad, de manera que se facilite el tránsito social”, incide.

Otros logros conseguidos con la Ley Trans y LGTBI:

• Las personas trans migrantes que en su país no hayan podido cambiar su sexo registral, podrán hacerlo en España aunque no tengan la nacionalidad española y será el Estado español quien acredite la situación de su país.
• Se prohibirán las subvenciones a organismos que fomenten la LGTBIfobia.
• Se garantizará la reproducción asistida a mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans con capacidad de gestar.
  Las parejas de mujeres que no estén casadas podrán filiar a sus hijas, hijos e hijes en igualdad de condiciones a las parejas mixtas, sin necesidad de adoptar.
• Las parejas no casadas formadas por dos personas del mismo género podrán adoptar en igualdad de condiciones a las parejas mixtas.
• Quedarán prohibidas las mutilaciones de los bebés intersexuales. Aunque no están todas las reivindicaciones del colectivo intersex, pues se solicitaba que su sexo no fuera registrado antes de los diez años y, finalmente, será a partir del año.
• El Estado podrá imponer sanciones administrativas para condenar discriminaciones, que no sean per se delito, contra las personas LGTBI+, incluyendo un régimen sancionador.
• La Ley prohíbe, con sanciones administrativas, las terapias de conversión. Queda por lograr que estas terapias tengan sanción específica penal, ya que la ley no reforma el Código Penal.
• Se avanza en protección contra la violencia en parejas del mismo sexo. Se garantizan derechos para las víctimas de esta violencia, como son la reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo por parte de los empleadores.

Además de todos estos puntos anteriores, se avanza en políticas públicas activas para la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI+.

NOTA. Valoración aprobación Ley Trans y LGTBI+22122022

Fuente FELGTBI+

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ILGA felicita a España por la aprobación de la Ley Trans LGTBI

La delegación europea de ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, federación mundial de más de 1.700 organizaciones de más de 160 países y territorios que luchan por los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, ha felicitado a España por la aprobación -ayer jueves en el Congreso de los Diputados- de la Ley Trans LGTBI.

We are delighted to see the legal gender recognition reform progressing based on human rights standards in Spain, and are looking forward to the final vote, expected in February. Felicitaciones to everyone involved so far! @PlataformaTrans @FELGTBI @Kifkif_iguales @EUFORIA_FTA

— ILGA-Europe (@ILGAEurope) December 22, 2022

Este organismo internacional, del que Kifkif forma parte, ha querido reconocer en su enhorabuena la labor de las organizaciones trans y LGTBI españolas que han hecho realidad este importantísimo logro. ILGA ya se había adherido a la reivindicación de Kifkif de incluir a las personas migrantes en la citada ley, algo que finalmente se ha cumplido, tras un arduo trabajo de incidencia política de nuestra entidad.

Fuente KifKif

General, Historia LGTBI Ana Valenzuela, BNG - Bloque, Chrysallis, Coalición Canaria, Compromís, Derechos LGTBI, derechos Trans, EAJ/PNV, EH Bildu, En Comú Podem, ERC, España, Fundación Triángulo, ILG, José María Núñez, Ley Estatal LGTBI, Ley Integral Trans, Más País, Menores LGTBI, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria, PDeCat, PSOE, Teruel Existe, Unidas Podemos

Este Pacto social pretende reforzar el consenso social y político en defensa de los grupos vulnerables e impulsar un Pacto de Estado contra los discursos de odio.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha promovido hoy la 1º Mesa del Pacto Social y de Estado frente a los Discursos de Odio contra Grupos Vulnerables, que ha reunido a más de veinte organizaciones sociales, instituciones y partidos políticos, entre ellas, CCOO, UGT, Consejo de la Juventud de España,  FELGTBI+, Fundación Triángulo, Fundación ONCE, CERMI, Secretariado Gitano, Red Acoge, CESIDA, Hogar Sí, la Dirección General de Diversidad Sexual, la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio del Interior, así como PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País y Equo.

El objetivo de esta primera mesa ha sido proponer a los principales actores sociales y políticos del estado un Pacto Social frente a los discursos de odio que estigmatizan y señalan a los grupos vulnerables, dada la emergencia de discursos de odio contra estos grupos en la esfera pública, que está socavando los cimientos de la convivencia social y poniendo en peligro los avances logrados hasta la fecha. A juicio de las organizaciones, es evidente que la estigmatización y el señalamiento a los grupos vulnerables está legitimando la discriminación y la violencia en su contra, como muestra el aumento de un 10% de los delitos de odio en el primer semestre de 2021 respecto al de 2019. Además, se ha constatado un aumento de la virulencia en este tipo de delitos, sin ir más lejos, con el asesinato a Samuel Luiz en La Coruña el pasado julio y los grupos neonazis que se manifestaron en septiembre en Chueca al grito de “fuera maricas y sidosos”.

Se propone a los actores sociales, políticos y mediáticos rechazar públicamente los discursos contra grupos vulnerables y a no darles difusión.

El acto, que ha tenido lugar el 4 de febrero en la sede de Fundación ONCE, se ha inaugurado con la presentación de la iniciativa por parte de Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, entidad promotora. Sangil ha señalado que “es fundamental que la sociedad rechace con claridad los discursos de odio que nos estigmatizan, nos señalan y alimentan la violencia contra los grupos vulnerables.” Además, ha indicado Sangil, “aspiramos a que este Pacto Social impulse un Pacto de Estado que proteja a las personas afectadas por los discursos de odio, con medidas como la formación de los operadores jurídicos, la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, o la revisión de la legislación sobre delitos de odio contra colectivos vulnerables.”

Las organizaciones impulsoras del Pacto han debatido los ejes de acción y medidas concretas para impulsar el rechazo hacia los discursos de odio y la protección para los grupos vulnerables. El Pacto se reunirá periódicamente para evaluar sus avances y el seguimiento por parte de los actores de los compromisos presentes en este pacto.

Fuente FELGTBI+

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Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, que son de acceso público, arroja además que el apoyo es muy mayoritario entre los votantes del PSOE. Algo que no debería sorprender, pero que contrasta con la movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido.

La noticia que el pasado 9 de enero destacaba El País era que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 56,5 % de los españoles apoya la «ley trans» (un 27,6% la valora «muy bien», mientras que un 28,9% la valora «bien». Un 19,1% la ve «regular», un 8,1% la ve «mal» y un 10,9% la ve «muy mal». El País también destacaba como comentario adicional que casi un tercio de los que se declaran votantes del PP también la apoyan. En efecto, el porcentaje de votantes del PP que la ven «muy bien» o «bien» suma el 31,5%.

Desde dosmanzanas hemos querido conocer la opinión de otros votantes, y en concreto de los votantes del PSOE, dada la intensa movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido, que culminó en junio de 2020 con la distribución de un argumentario interno, firmado por los que entonces eran cuatro de sus secretarios, que se oponía abiertamente al principio de autodeterminación de género y defendía, de forma indirecta, la patologización de las identidades trans mantenida en la ley de identidad de género de 2007.

Es cierto que dichas posiciones han retrocedido tras el último Congreso del PSOE, celebrado el pasado mes de octubre, que incluyó finalmente entre sus resoluciones el apoyo expreso al anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, asegurando de forma explícita que «desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido». Pero también es cierto que el PSOE ha promovido a Carmen Calvo, firmante del ya mencionado documento transexcluyente en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE (cargo que ya no ocupa) a la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, lo que no resulta precisamente tranquilizador.

Un 75,3% de votantes socialistas, a favor

Pues bien, resulta que un abrumador 75,3% del electorado socialista, siempre según la encuesta de El País, apoya la «ley trans». En concreto, al 37,7% le parece «muy bien», mientras que al 37,6% le parece «bien». De las fuerzas políticas de las que se da información en este apartado, solo los votantes de Unidas Podemos tiene una opinión más favorable: el 79,6% de ellos la apoya (al 51% le parece «muy bien», mientras que al 28,6% le parece «bien»). Por detrás se situan los votantes de Ciudadanos (el 56% de ellos apoya la ley, sumando a los que la ven «muy bien» y «bien»), del PP y finalmente de Vox (solo un 19,7% de los votantes de la la formación de extrema derecha ven la ley «muy bien» o «bien», frente al 43,3% que la ve «muy mal»).

Confiemos en que estos datos hagan avanzar de una vez el trámite parlamentario de un paquete legislativo que, ya sea en forma de dos leyes separadas o de una sola refundida, solo el empeño transexcluyente, y no precisamente del PP o de Vox, ha mantenido en suspenso desde hace años. Ya desde las elecciones generales de 2015 el Congreso de los Diputados cuenta con una mayoría parlamentaria que en teoría apoya los postulados del actual anteproyecto de ley. Mariano Rajoy, de hecho, dejó de ser presidente del Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura apoyada por una sólida mayoría. Han pasado casi siete años y ninguno de los intentos de superar el anacrónico marco legislativo español en materia trans y LGTBI ha tenido éxito. Tampoco, de momento, el derivado del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Ocurrirá en 2022?

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha incorporado de forma expresa el acceso a la reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud a las mujeres sin pareja masculina, a las que el Gobierno del PP dejó sin esta prestación en 2014, y ha incluido de forma expresa a las personas trans con capacidad de gestar. Aunque esta medida forma parte del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, actualmente en tramitación, el Ministerio de Sanidad ha emitido una orden ministerial que la recupera de inmediato. 

La orden ministerial fue firmada el pasado viernes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio y en el que estuvo presente, entre otras personalidades, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más, (FELGTBI+), Uge Sangil. También inervino telemáticamente la activista trans y exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Según las estimaciones del ministerio, unas 8.500 mujeres y personas trans con capacidad de gestar se verán beneficiadas del acceso a estas técnicas dentro del Sistema Nacional de Salud.

La exclusión expresa de las parejas de mujeres y de las mujeres solas (fuese cual fuese su orientación sexual) del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida en 2013 por el entonces Gobierno del PP cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública). Aunque la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas, su cobertura dentro del Sistema Nacional de Salud estaba limitada a aquellas situaciones en las que existiera «un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo hasta entonces (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que «la falta de varón no es un problema médico». La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014. Una situación que la sustitución de Ana Mato por Alfonso Alonso, un político más amable y supuestamente gay-friendly, no cambió.

Es cierto que a lo largo de estos años se han sucedido las discusiones jurídicas sobre el alcance de la orden del PP y las comunidades autónomas han actuado de forma diversa. En 2015, de hecho, solo dos años después de la exclusión, una sentencia judicial condenaba a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública. Numerosas leyes autonómicas de protección de los derechos LGTBI se han aprobado desde entonces recuperando dicha prestación, entre ellas la de la propia Comunidad de Madrid. Pero el gesto del Gobierno de Pedro Sánchez elimina ambiguedades, extiende el derecho a todo el territorio nacional de forma indiscutible y elimina importantes ambiguedades, como la que sufrían las personas trans con capacidad de gestar (ya sean hombres o personas no binarias y al margen de cual sea su identidad legalmente reconocida).

Fuente Dosmanzanas

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La Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, ha aprobado en primera lectura una proposición de ley para prohibir las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión. El texto prevé multas de hasta 30.000 euros y penas de hasta dos años de prisión, que se incrementarían a 45.000 euros y tres años de cárcel en determinados supuestos, por ejemplo, si la víctima de estas peligrosas prácticas es menor o dependiente. La medida salió adelante por unanimidad y proseguirá su tramitación en el Senado. En Europa se han adoptado normas similares en Malta y Alemania, mientras que España sigue sin una legislación estatal.

La iniciativa surgió de La República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emmanuel Macron y persigue la prohibición de las prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona y que provoquen «una alteración de su salud física o mental». Las sanciones previstas ascienden a los 30.000 euros de multa y dos años de prisión, que aumentan hasta los 45.000 euros y tres años de cárcel en el caso de que la víctima de estas pseudoterapias sea un menor, dependiente o descendiente del autor.

El alcance de estas prácticas en Francia no se conoce con exactitud. Pero una comisión parlamentaria puesta en marcha en 2019 por los diputados Laurence Vanceunebrock (LREM) y Bastien Lachaud (Francia Insumisa) reveló un centenar de casos en los que se llevaron a cabo pseudotratamientos de hipnosis, hormonales, electroshocks, exorcismos, llamadas a la abstinencia e incluso matrimonios heterosexuales forzosos. Vanceunebrock justificó la necesidad de un delito específico que castigue estas prácticas con el objetivo de detectarlas antes para ayudar mejor a sus víctimas.

También se pronunció a favor la ministra delegada de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades, Élisabeth Moreno, que destacó que la medida permitirá salvar vidas. «No hay nada que curar», afirmó. «Ser uno mismo no es un crimen, no se debe intentar modificar la identidad de género ni la orientación sexual», añadió. La proposición de ley de LREM salió adelante por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 5 de octubre. La medida pasa ahora al Senado para continuar su tramitación. No está del todo claro, sin embargo, que su aprobación final se produzca antes del fin del actual periodo legislativo en febrero del año que viene. En abril de 2022 tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales.

Si finalmente llegara a buen puerto, Francia se podría convertir en el tercer país de Europa en proscribir las pseudoterapias de conversión. En mayo del año pasado, Alemania aprobaba una ley para prohibir, con algunas limitaciones, estas peligrosas prácticas en menores de edad. La pionera fue Malta, que aprobó su ley en 2016. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.

En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y era una de las disposiciones que preveía la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto).  Un proyecto que naufragó con la convocatoria de las elecciones de abril de 2019. Tras la repetición electoral, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla «la aprobación de una Ley contra la Discriminación de las Personas LGTBI incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión».

Y, por fin, el Gobierno de España aprueba el anteproyecto de la Ley Trans, que prohibirá las ‘terapias de conversión’.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

Canadá prohibirá las «terapias de conversión» a nivel nacional. En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor en 2019 tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril del mismo año  también  se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019  por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo en enero de 2019 por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

Y en julio, era Ciudad de México quien prohibía las «terapias» de conversión de la orientación sexual y la identidad de género. Y en octubre de 2020, en el Estado de México. y en julio de 2021 el Estado de Yucatán.

«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias» reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

De hecho, en julio de este año, nos enterábamos de que el Vaticano frenaba las “terapias de conversión” e instruía a los obispos españoles a desautorizar a un grupo de ex-gays. Sin embargo, con la dimisión del obispo  Xavier Novell nos enterábamos de que éste, participó, y avaló, ‘terapias de conversión’ de homosexuales hasta que fue frenado por el Vaticano. otros prelados que avalaban dichas prácticas (según las víctimas) serían: José Ignacio Munilla, Javier Martínez, Arturo Ros y  Juan Antonio Reig  avalarían estas prácticas

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La historia de “X. X.”, un eclesiástico homosexual que pasó por las ‘terapias de conversión’ y “pensó que no tenía más opción que suicidarse”

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«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI "Terapias" reparadoras o de conversión, Albania, Alemania, Austria, Bastien Lachaud, Boris Johnson, Discriminación, Élisabeth Moreno, Emmanuel Macron, España, Francia Insumisa, Homofobia, Irlanda, La République en Marche !, Laurence Vanceunebrock, LGTBIfobia, Malta, PSOE, Reino Unido, Terapias" reparadoras o de conversió, Unidas Podemos

La consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano, jurando su cargo ante el presidente de la Región de Murcia Fernando López Miras

Cuando la derecha, supuestamente moderada, blanquea a la ultraderecha, el peligro es el mismo que en la Alemania previa a Hitler. Ya no valen buenas palabras,  el Partido Popular ha metido en las instituciones a la ultraderecha misógina, LGTBIfoba y liberticida a través de un Gobierno propuesto por los líderes nacionales del PP Teodoro García Egea y Pablo Casado para ensayar en Murcia y exportar al resto de España. Y esto no se lo perdonaremos nunca.

Tumbar una moción de censura cuesta una consejería de Educación y Cultura. Es el precio que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asumido a fin de mantener más de un cuarto de siglo del gobierno del Partido Popular en la Región. Con la cesión de esta cartera, Miras contenta a sus nuevos socios de gobierno, los tres diputados expulsados de Vox que le ayudaron a poner fin a la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos.

Mabel Campuzano, la diputada expulsada de Vox en la Asamblea de Murcia, ha tomado posesión de su cargo como consejera de Educación e Igualdad. Mediante la fórmula del juramento se ha consolidado definitivamente la nueva relación entre el gobierno de Fernando López Miras (PP) y Vox, que comenzó cuando tres de los exmiembros del partido de extrema derecha depositaron sus votos para tumbar la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos.

Una hora antes de jurar el cargo, la nueva consejera de Educación ha publicado lo que califica como “las líneas maestras” de lo que será su trabajo en la Consejería. Estas líneas mantienen la esencia de las medidas anunciadas hasta ahora y que son rechazadas por la comunidad educativa y cultural que ha protestado este sábado frente al Palacio de San Esteban: “En cuanto a las líneas políticas tampoco vamos a sorprender a nadie. Mantenemos la defensa de la libertad de los padres para decidir la educación de los hijos”

La Región de Murcia es la primera comunidad en la que Vox asume la consejería de Educación y Cultura. La nueva consejera, Mabel Campuzano, se perfila como una defensora del veto parental en las aulas murcianas y de la educación concertada y privada –en la línea del programa que defiende Vox– aunque tendrán que estudiar cómo lo plantean para sortear a la Justicia y conseguir implantarlo: “Dicen que hemos aceptado los postulados del PP, pero lo cierto es que todo esto lo hacemos para asegurarnos que nuestro programa se cumple”, subrayan fuentes cercanas a los díscolos de Vox.

Pero también apoyan sin tapujos la expansión de la educación concertada o la puesta en marcha de nuevos centros privados con fondos públicos. En una región donde en 2009 se destinaron 106 millones de euros para conciertos y en 2015 la cifra fue de 210 millones, la mayor subida de toda España. En cambio, en ese mismo periodo 2009-2015, la inversión en la educación pública cayó un 12,4%. Entre sus iniciativas se encuentran también la libre elección de centro o el cheque escolar para las familias con el gasto medio por alumno, de forma que puedan invertirlo en la matrícula del centro que elijan. Con ese cheque, los padres o tutores recibirían un bono con el coste medio por puesto escolar en la pública.

Nacho Tornel, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, apunta que tanto el veto parental como el cheque escolar son ideas “absurdas para vestir de gala al muñeco diabólico”. En su opinión, “vienen a por el dinero, a manejarlo y desviarlo a los colegios de elite, a los excluyentes, los de sus amigos, porque tienen que formar y promocionar a los suyos”. Y reflexiona que a nadie le puede sonar mal que se repartan cheques, “pero es una trampa porque es una forma de seguir beneficiando a las personas más pudientes; el cheque del hijo de un jornalero no debería ser igual que el del hijo de un magnate”. Las necesidades “son mayores para uno que para otro, pero el cheque será igual”. Y respecto al presidente López Miras, recuerda que ya en diciembre de 2019 “decía que no se podía consentir el adoctrinamiento en la escuela pública, lo decía para agradar a Vox, y ahora continúa con ese discurso”.

Los colectivos que se han manifestado en los últimos días contra la entrada de Vox en el Gobierno regional, y más concretamente en el área de Educación y Cultura, han criticado duramente la “fobia” contra el colectivo LGTBI del partido de ultraderecha y han mostrado su preocupación ante la merma en sus derechos que podría suponer que gobernase esta formación en la Región. En la última aparición de Santiago Abascal en la capital, el pasado 11 de marzo, se vivieron momentos tensos entre un grupo de jóvenes que quiso reivindicar sus derechos con una bandera arcoíris y asistentes al mitin, que increparon a los activistas con el saludo fascista, levantando el brazo, y profirieron insultos y gritos como “perroflautas”, “id a trabajar, cabrones”, “viva el Caudillo” o “viva España”.

Desde algunos sectores también se ha criticado que Campuzano haya expresado en la Asamblea Regional tener “serias dudas” con la vacuna: “No voy a ser yo quien le recrimine por haberse vacunado, al contrario, creo que es muy valiente y que lo ha hecho para dar ejemplo a quienes como yo albergamos serias dudas respecto a la vacuna”. Se refería la diputada al exconsejero de Salud Manuel Villegas, poco antes de que dimitiese tras haberse puesto la primera dosis contra la COVID-19 junto a otros altos cargos del Servicio Murciano de Salud el pasado enero, uno de los motivos que más han argumentado desde Ciudadanos y PSOE para presentar las dos mociones de censura en el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia.

 La Educación y la Cultura en la Región de Murcia protestan contra el nombramiento de la diputada díscola de Vox

Mientras tanto, el sábado pasado, centenares de personas protestaron frente al Palacio de San Esteban contra el nombramiento de la consejera de Educación y Cultura Mabel Campuzano. Distintas asociaciones culturales, de docentes, AMPAS y alumnos han asistido a la protesta, además de los sindicatos CCOO, UGT y Sterm Intersindical y representantes políticos de PSOE, Unidas Podemos y el Partido Comunista de la Región de Murcia.

Con consignas como “Fuera fascistas de nuestras aulas”, “La educación no se vende, se defiende” o “Vosotros, fascistas, sois los terroristas” los manifestantes han expresado su repulsa ante las medidas que pretende implantar la nueva consejera una vez asumido su cargo.

General, Homofobia/ Transfobia. CC.OO., Docentes Unidos, Educación Concertada, Educación Privada, Educación Pública, Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Fernando López Miras, Mabel Campuzano, Nacho Tornel, Partido Comunista, PSOE, Ultraderecha, Unidas Podemos, Veto parental, VOX

La organización ultraderechista Hazte Oír vuelve a la carga con su autobús del odio. Al igual que en ocasiones anteriores, los ultras han centrado su crítica en el colectivo LGTBI y el feminismo. Se ha visto su autobús transfóbico en las calles de Madrid con sus habituales consignas.

Nuestro #HOBus en las calles de Madrid uniéndose a los actos feministas del #8M2021 pidiendo #StopLeyTrans pic.twitter.com/A7iGZBTL8K

— HazteOir.org (@hazteoir) March 7, 2021

Cabe destacar que el mensaje “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirá siéndolo”, podrían ser constitutivo de los delitos tipificados en el artículo 510.1 a) y 510.2.A) del Código Penal. Se trata de los delitos que penan a “quienes provocaren al odio” y a aquellos que lo hicieran “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

La organización ultraconservadora HazteOír ha vuelto a fletar su ya conocido autobús del odio, que de nuevo ha circulado por las calles de Madrid con los habituales lemas contra los menores trans y sus familias, ahora HazteOír ha incorporado un ataque a la Ley Trans contemplada en el acuerdo de gobierno firmado en su momento entre los socialistas y Unidas Podemos.

Al tristememente conocido «los niños tiene pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen», el autobús de HazteOír suma el lema #StopLeyTrans, ya popularizado por el activismo transexcluyente.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Autobús del Odio, Carla Antonelli, Carmen Calvo, Discriminación, España, HazteOir, LGTBIfobia, Madrid, PP, PSOE, Transfobia, Unidas Podemos

¿Por fín podremos hablar de neutralidad ante todas las religiones, reconociendo el derecho de ateos y agnósticos  y de auténtico Estado aconfesional como demanda la Constitución Española?

Sustituirá a la actual ley de Libertad Religiosa, que cumple 40 años

La católica sigue siendo la confesión religiosa mayoritaria, pero los datos son tozudos, y muestran cómo, hoy por hoy, en España ya hay más agnósticos y ateos que católicos practicantes. En España ya no se puede obviar la presencia, estable, de evangélicos, musulmanes, judíos, ortodoxos o budistas

La futura ley no llevará el término de Libertad Religiosa, sino ‘Libertad de Conciencia’, un concepto mucho más amplio que rebasa lo estrictamente confesional

El objetivo es “avanzar en igualdad y neutralidad del sistema de relaciones de los poderes públicos con el hecho religioso”

La normativa busca acabar con la presencia de símbolos religiosos en lugares sagrados y la regularización de la laicidad del Estado en todos los ámbitos, especialmente en las tomas de posesión de cargos públicos, su presencia en procesiones o los ‘funerales de Estado‘

Constitución Española

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

04.01.2021 Jesús Bastante

En 2021 se cumplen 41 años de la aprobación de la actual Ley de Libertad Religiosa en España. Una norma aprobada al albur de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, negociados y aprobados a la par que la Constitución del 78, y con una realidad religiosa en la que el ‘ser católico’ ocupaba la práctica totalidad del espacio en nuestro país.

Cuarenta años después, las cosas han cambiado. Y mucho. La católica sigue siendo la confesión religiosa mayoritaria, pero los datos son tozudos, y muestran cómo, hoy por hoy, en España ya hay más agnósticos y ateos que católicos practicantes. Cerca de un 60% sigue considerándose católico, con todo, aunque la presencia de otras religiones, y sus reivindicaciones, cada vez son mayores. En España ya no se puede obviar la presencia, estable, de evangélicos, musulmanes, judíos, ortodoxos o budistas.

Precisamente, ese es uno de los objetivos de la futura Ley de Libertad de Conciencia, que la vicepresidenta primera Carmen Calvo espera tener preparada a lo largo de este año. Tal y como ha podido saber RD, el departamento dirigido por la ministra de la Presidencia se ha marcado como principales objetivos para este año 2021 “la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y empezar a trabajar en la Ley sobre Libertad de Conciencia“.

Normalización de la diversidad religiosa y de la laicidad

Fuentes del departamento han confirmado a RD que “estamos empezando los trabajos” para elaborar una normativa que habrá de cambiar la cara al modo en que se establecen las relaciones entre un Estado laico y las diferentes formas de entender la religiosidad y la espiritualidad en nuestro país, en un momento en el que se avecinan tiempos difíciles por cuestiones relacionadas con la conciencias, como podría ser el aborto y, especialmente, la eutanasia. De ahí que la futura ley no lleve el nombre de Libertad Religiosa, sino ‘Libertad de Conciencia’, un concepto mucho más amplio que rebasa lo estrictamente confesional.

Parte del trabajo inicial se ha llevado a cabo durante el último trimestre del año, cuando Calvo recibió a los representantes de todas las confesiones religiosas con presencia en nuestro país, que responde, a su juicio, “a la determinación del Gobierno en la normalización de la diversidad religiosa y el reconocimiento de las minorías.

Recuperar la ley que impulsó Zapatero

La futura ley tendrá como base el proyecto de ley trabajado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que quedó aparcado a finales de 2010, en un momento en el que la presión de los obispos, comandados por Rouco Varela, era muy fuerte, después de una legislatura con manifestaciones en la calle que algunos están queriendo retomar en esta nueva etapa de Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

“Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.“ (Mateo 23, 9)

La visita de Benedicto XVI a Barcelona y Santiago de Compostela frenó la aprobación de una norma que, como ley orgánica, precisaba de una mayoría con la que el Ejecutivo de entonces no contaba. ¿Y el actual? Como decíamos, las cosas han cambiado. ¿Tanto? Veremos.

Ahora, el nuevo Gobierno del PSOE rescata del cajón una normativa que busca acabar con la presencia de símbolos religiosos en lugares no sagrados y la regularización de la laicidad del Estado en todos los ámbitos, algo que ya se está normalizando, como se vio en la promesa de los ministros del Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos y en el ‘no funeral’ por las víctimas del coronavirus en la plaza de la Armería, en lugar del tradicional en la catedral de La Almudena (que se celebró, aunque organizado por los obispos, no por el Estado).

Por otro lado, tal y como informa Ep, el departamento de Calvo también destaca que se ha constituido ya el grupo de trabajo sobre bienes inmatriculados por la Iglesia Católica -que ha celebrado ya varias reuniones-, en línea con el objetivo del Gobierno de “profundizar en la neutralidad de los poderes públicos“ y “avanzar en igualdad y neutralidad del sistema de relaciones de los poderes públicos con el hecho religioso”.

Fuente Religión Digital

Budismo, Cristianismo (Iglesias), Hinduísmo, Islam, Judaísmo Carmen Calvo, España, Ley de Libertad de Conciencia, Libertad de Conciencia, Libertad Religiosa, PSOE, Unidas Podemos

El gobierno de coalición compuesto por el Partido Socialista y Unidas Podemos tiene buenas noticias para nosotros, las familias LGTB.

Pablo Iglesias, ministro de Derechos Sociales, ha anunciado que impulsarán la ley de diversidad familiar cuyo fin es proteger y reconocer a todos modelos de familia, familias con dos papás, dos mamás, monoparentales, monomarentales, partos múltiples, numerosas y de acogida.

También pondrá en marcha medidas para apoyar la adopción por parte de parejas LGTB. «Vamos a impulsar desde esta Vicepresidencia la ley de diversidad familiar, trabajaremos para que se adecuen las ayudas y prestaciones a la situación de necesidad, según el tamaño, las características y las rentas familiares, e impulsaremos, como no podría ser de otra manera en un gobierno progresista, medidas de apoyo a la adopción a familias LGTB».

Entre las medidas que contemplará esta ley está por ejemplo la filiación de los hijos de parejas de lesbianas. A día de hoy en casi todo el país una pareja de mujeres solo puede inscribir a sus hijos en el registro civil como hijo de las dos si están casadas. Algo discriminatorio si se tiene en cuenta que las parejas heterosexuales no necesitan estar casados para inscribir a sus hijos.

Nos alegra mucho leer sobre estos avances justo cuando vivimos momentos políticos complicados por el avance de la extrema derecha en nuestro país. La LGTBfobia de VOX carga con nuestras familias cuando defiende el modelo de «madre y padre» como el único válido y beneficioso para los niños, cuando dice que una pareja gay con un hijo no es una familia, o cuando asegura que las lesbianas no lo somos porque nos gusten las mujeres, sino que porque odiamos a los hombres.

Y qué decir con la oposición que mantienen en las comunidades en las que están presentes para impedir que los niños en los colegios reciban educación sexual y charlas que hablen de diversidad y tolerancia.

Esperamos ansiosos la ley de diversidad familiar y el reconocimiento y protección a nuestras familias.

Fuente Oveja Rosa

General, Historia LGTBI Diversidad Familiar, Pablo Iglesias, PSOE, Unidas Podemos

José María Castillo: “La política, más que acierto, astucia, saber y firmeza, es sobre todo bondad y ejemplaridad”

Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.

Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:

• Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
• Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
• Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
• Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
• Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
• Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
• Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
• Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.

También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.

Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.

Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar  la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces  su presidenta, Uge Sangil.

Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital

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Sala de la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE)

¿Ahora se preocupan? Quien siembra vientos…

El futuro tras el resultado electoral, uno de los puntos calientes de la Asamblea Plenaria que ayer arrancó

Hemos jugado con fuego, y ahora podemos quemarnos”, lamenta un obispo, haciendo referencia a la histórica ligazón de la Iglesia oficial con la derecha

Los prelados temen que, ante el ascenso de la ultraderecha, el Ejecutivo avance en la laicidad del Estado: PSOE y Unidas Podemos llevan en sus programas la denuncia del Concordato

Los obispos no felicitaron a Pedro Sánchez tras el 11N, pero se espera el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, se refiera a su triunfo en la sesión plenaria de este lunes

18.11.2019 Jesús Bastante

“Hemos jugado con fuego, y ahora podemos quemarnos“. Un obispo español resume de este modo la preocupación que se respira en la Conferencia Episcopal Española (CEE) ante el anuncio del preacuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE para formar un Gobierno progresista. Un Ejecutivo que, de llevarse a cabo la investidura, querrá imponer una agenda social y en las antípodas de una ultraderecha en ascenso. “Y en ese juego, la Iglesia tiene todas las de perder”, apunta el prelado.

La Asamblea Plenaria del Episcopado que arranca este lunes estará copada por el análisis del resultado electoral y las repercusiones que este podría tener para la Iglesia. Tanto es el miedo que, por primera vez en décadas, el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, no ha enviado la preceptiva felicitación al vencedor en las urnas, Pedro Sánchez.

Se espera que el lunes, durante el discurso inaugural, Blázquez sí felicite al líder del PSOE y apunte algunas de las claves de las relaciones entre la Iglesia y el futuro Gobierno que los expertos consultados resumen en dos: “Sana independencia y mutua colaboración”.

Inmatriculaciones, IBI, clase de Religión, conciertos…

Otro prelado, esta vez de la línea moderada, calcula que en pocos meses, el nuevo Gobierno podría abordar algunos de los privilegios de la Iglesia. Desde las inmatriculaciones al pago del IBI, pasando por el futuro de la clase de Religión o la regulación de los conciertos educativos. E incluso la famosa casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.

De hecho, en la sesión reservada del próximo miércoles, los obispos debatirán, a puerta cerrada, la estrategia que seguirán. De momento, continúan siendo mayoría los que apuestan por oponerse al Ejecutivo, frente a la línea francisquista que aboga por tender la mano, esperar acontecimientos y no mezclarse en política. Algo difícil de pensar en el caso de la Iglesia española.

Curiosamente, esto sucede tras una campaña electoral en la que no se habló para nada de la Iglesia –tan sólo el PSOE recuperó su histórica denuncia de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado, y las inmatriculaciones–, ni de las cuestiones más polémicas: aborto, fiscalidad, educación, eutanasia… La asistencia en el fin de la vida ha sido el único punto, junto al de la Memoria Histórica, del preacuerdo PSOE-Unidas Podemos que afecta directamente a los “valores irrenunciables” de los que habla la ultraderecha eclesial.

Después de varias décadas de amagar sin dar, parece que en esta ocasión los socialistas sí parecen dispuestos a denunciar los Acuerdos Iglesia-Estado (negociados a la par que la Constitución), y cambiarlos por un convenio internacional con el Estado Vaticano, que regule las relaciones con la Iglesia católica, pero sin los privilegios actuales, siguiendo las pautas de una sociedad laica

El modelo es Francia, aun siendo conscientes que los vecinos galos llevan más de un siglo con una ley (1905) que consagra la laicidad, hasta el punto de que las iglesias son propiedad del Estado, como se ha comprobado en el reciente incendio de Notre Dame.

Privilegios en cuestión

Por el momento, y sin que se hayan formado las Cortes, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, ya prendió la mecha de los convenios de la enseñanza concertada y sus declaraciones sobre que la libre elección de centro, uno de los mantras de la concertada católica, no está amparado por la Constitución. También está pendiente de resolver el tema de la asignatura de Religión, que la LOMCE elevó a evaluable y cuya nota cuenta para el promedio, algo que podría cambiar con la anunciada modificación de la ley de José Ignacio Wert.

La publicación del esperado informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia durante la vigencia de la Ley Aznar (1998-2015) podría ser otra de las medidas de los primeros meses de Gobierno. Otra cuestión pendiente, y no menor, es la casilla de la Iglesia en la Renta, que podría ponerse en cuestión.

¿Denuncia de los Acuerdos? El PSOE quiere hilar fino

En un último término aparece la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, aunque en este punto el PSOE quiere hilar fino, pues el Vaticano es un Estado legítimo, uno de los más antiguos del mundo, con convenios diplomáticos con casi todos los países.

Además, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias reconocen la capacidad de liderazgo internacional del Papa Francisco. El líder de Podemos incluso estuvo a punto de materializar una audiencia con Bergoglio hace un par de años, frustrada solo en el último momento.

Con la mirada puesta en la incertidumbre económica y en los ataques de Vox a los inmigrantes, el nuevo Ejecutivo quiere mantener los lazos con el tercer sector y las grandes organizaciones, muchas de ellas católicas, que lideran el trabajo de promoción social y la acogida a los refugiados y migrantes. La relación con la cúpula del clero es otra cosa, y también dependerá de qué mirada política acabe pesando más en el centro de poder de la iglesia española.

Fuente Religión Digital

Iglesia Católica Asamblea Plenaria del Episcopado, Concordato, Conferencia Episcopal Española (CEE), Gobierno PSOE-Podemos, Iglesia Católica, Obispos, Papa Francisco, Pedro Sánchez, Privilegios, PSOE, Ricardo Blázquez, Unidas Podemos

La formación, parte del programa de cursos de verano denominados «Universidad Internacional del Mar» se centró en analizar los ámbitos educativos y socio-sanitarios que afectan a la vida diaria de las personas LGTBI.

La atención específica a las necesidades de las personas pertenecientes al colectivo de diversidad sexual y de género se ha visto reforzada en la Región de Murcia con esta iniciativa de formación de profesionales de los ámbitos sanitario, social y educativo.

La Universidad de Murcia ha sido la encargada de promoverla, en colaboración con el colectivo LGTBI No Te Prives, ASFAGALEM (Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia) y el Ayuntamiento de Molina de Segura, localidad en la que se celebró el curso.

En la inauguración intervino el presidente del colectivo No te Prives, Jesús Costa, que lamentó que «pese a que la legislación recoge medidas para alcanzar la igualdad, las políticas no se aplican en materia de Sanidad y Educación». Por su parte, la representante de la Universidad de Murcia, María Guirao Carrillo (profesora de la Facultad de Psicología), confirmó que «se intentará sacar adelante la segunda edición del curso para el próximo verano». Guirao destacó el papel de la educación y la Formación como vehículo para erradicar la equiparación entre lo «diferente» y lo «malo». Por parte del consistorio local, la concejal de Cultura y Juventud de Molina de Segura, Soledad Nortes, criticó los discursos que se escuchan actualmente en contra de la convivencia y la diversidad y abogó por seguir haciendo visible al colectivo.

El contenido del curso comenzó con unas nociones básicas sobre diversidad sexual y con la ponencia del histórico activista LGTBI Armand de Fluvià. Una declaración a favor de recuperar la memoria histórica del colectivo en nuestro país y en concordancia con la reivindicación anual del colectivo de reconocer el papel de nuestros mayores en la consecución de derechos. «Ahora no hay discriminación legal, ahora la lucha es contra la homofobia», declaró Fluvià. El veterano activista señaló la necesidad de contar en la lucha contra esa homofobia con el apoyo del sistema educativo y los medios de comunicación. El presidente de No Te Prives aprovechó para hacer entrega de la Pluma de Plata del colectivo a Fluvià en reconocimiento a la valentía demostrada en los años 70 para que las personas LGTBI puedan disfrutar hoy día de los derechos conquistados.

Además de esta incursión histórica y diversas nociones básicas, en este curso se impartieron charlas de inmersión al lenguaje inclusivo, cuestiones referentes a la legalidad nacional e internacional y legislación en materia de delitos de odio. El curso dedicó una jornada entera a la despatologización trans, así como otra al aspecto más estrictamente socio-sanitario y una última al educativo, contando en todas ellas con ponentes con una extensa formación específica. Las familias también tuvieron voz en este curso: representantes de ASFAGALEM participaron para contar su experiencia y señalar aspectos a mejorar en el funcionamiento de diversos servicios públicos. Esta asociación está centrada en defender los derechos de los menores provenientes de familias con madres y padres lesbianas y gais.

Los partidos políticos también estuvieron presentes a través de una mesa redonda en la que participaron ponentes de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. También participó la ahora independiente María Jesús López, exconcejala de Ciudadanos en Hellín (Albacete) que hace unos meses acusó a la formación naranja de transfobia tras negarle encabezar la lista municipal.

Más de 40 alumnos asistieron a esta primera edición del curso «Diversidad Afectivo Sexual y de Género: Perspectivas desde el ámbito educativo y socio-sanitario», de la Universidad Internacional del Mar (perteneciente al Campus Mare Nostrum de excelencia universitaria de la Universidad de Murcia).

El curso ha estado dirigido por Francisco Rafael Lázaro, profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, e Ismael Jiménez, profesor del Departamento de Enfermería. Esta ha supuesto la primera formación en diversidad sexual y de género llevada a cabo por la Universidad de Murcia en colaboración con los colectivos regionales. Un hecho que el presidente del colectivo No Te Prives celebró agradeciendo al nuevo rector de la institución universitaria su predisposición para estrechar lazos y colaborar en la erradicación de mala praxis profesional hacia las personas LGTBI.

La Universidad de Murcia se convierte así en otra institución universitaria visiblemente sensibilizada con las demandas del colectivo. Otro ejemplo de la unión entre saber y diversidad después de que la Universidad Complutense de Madrid inaugurara recientemente su Master en Estudios LGTBIQ+.

Fuente Dosmanzanas

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Este próximo domingo se celebran elecciones generales en España. Posiblemente las más importantes desde la recuperación de la democracia ya que la entrada de juego de Vox, formación de extrema derecha que irrumpió con fuerza en las pasadas elecciones andaluzas y que podría tener un gran resultado ha alterado el panorama político de forma irreversible y que ha influído en la derechización del discurso de los partidos con los que se manifestó en la Plaza de Colón: Ciudadanos, el Partido Popular y UPyD.  Solo una fuerte movilización del electorado de izquierda puede evitar la catástrofe.

Es por tanto, interesante conocer lo que los diferentes partidos políticos plantean en sus programas en esta materia, y que consideramos conveniente conocer: PSOE; Unidas Podemos (Podemos+IU); Ciudadanos; PACMA; PP y Vox.

PSOE (ver programa)

En la sección dedicada a las personas mayores del programa socialista, aparece la siguiente afirmación génerica: «Las instituciones deben velar por todas las personas mayores y establecer políticas que compensen las especiales situaciones en la que se encuentre algunos colectivos como las personas mayores LGTBI o las personas mayores del ámbito rural». En la sección dedicada al deporte, el programa socialista promete «impulsar nuevas iniciativas que contribuyan a alcanzar la igualdad real y efectiva en el deporte, mediante la puesta en marcha de programas cuyo objetivo sea la plena inclusión e integración social y la lucha contra la violencia sobre las mujeres, la xenofobia, el racismo y la LGTBIfobia en el ámbito deportivo».

El programa incluye luego una sección dedicada enteramente a la «Igualdad de trato para el colectivo LGTBI», cuyas promesas son:

• Aprobar una ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género «que establezca medidas de carácter específico para luchar contra la discriminación por estos motivos en el ámbito de la sanidad, la educación, el empleo y la ocupación, los servicios sociales y el acceso a los bienes y servicios a disposición del público».
• Garantizar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida sin discriminación alguna por motivos de orientación sexual y estado civil.
• Asegurar que la inscripción de los hijos de parejas de mujeres lesbianas, concebidos a través de las técnicas de reproducción humana asistida admitidas en nuestro ordenamiento jurídico (queda excluida, por tanto, la gestación subrogada), se produce sin discriminación alguna en relación con las parejas heterosexuales que utilizan las mismas técnicas.
• Mejorar el estudio y atención de las solicitudes de protección internacional fundadas en la persecución por orientación sexual, identidad de género y características sexuales y reforzar la formación en este ámbito del personal que interviene en la tramitación y resolución de los expedientes, garantizando la seguridad de estas personas en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes.
• Impulsar la adopción por parte de las autoridades educativas de protocolos destinados a evitar el acoso transfóbico y homofóbico y favorecer el tratamiento de las personas trans en los centros educativos de acuerdo con su identidad de género.
• Impulsar la aprobación de protocolos específicos de atención destinados a personas LGTBI mayores y con discapacidad que tengan en cuenta sus necesidades específicas.
• Impulsar el estudio del fenómeno de la violencia sufrida por las personas LGBTI en el entorno familiar, así como la producida en el seno de parejas del mismo sexo, con vistas a la adopción de medidas específicas para la protección efectiva de sus víctimas.
• Mejorar la formación de las y los empleados públicos, en especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal al servicio de la administración de justicia, en materia del respeto a la diversidad sexo-afectiva y familiar.
• Colaborar con los movimientos sociales en la celebración de las fechas conmemorativas de la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGBTI, así como en la recuperación de la memoria de la lucha por los derechos de este colectivo.
• Promover la creación y funcionamiento del Consejo de Participación de las Personas LGBTI.

Respecto a las personas trans, el PSOE promete impulsar la reforma de la ley de identidad de género, eliminando los requisitos ligados a diagnósticos médicos y facilitando el cambio de la mención registral al sexo y el nombre de los menores de 16 años y las personas extranjeras con residencia legal en España en su documentación identificativa, así como la eliminación de la obligación de determinación del sexo en el caso de los menores intersexuales. También promete adoptar medidas específicas para la inserción sociolaboral de las personas trans y garantizar la financiación pública de las operaciones de reasignación de género.

Para coordinar todas estas actuaciones el PSOE promete aprobar un Plan Estratégico para la no Discriminación de las Personas LGBTI, para garantizar su igualdad real y efectiva.

Finalmente, en la sección dedicada a la política exterior, el PSOE promete luchar a nivel europeo e internacional para que «el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGTBI sea una realidad» y crear la figura del «embajador o embajadora en misión especial para los Derechos Humanos y la Diversidad».

Podemos (ver programa)

El programa de Podemos recoge como principal compromiso la aprobación de dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas LGTBI, «en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio»,  y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas.

Otras menciones a las personas LGTBI en el programa de Podemos aparecen en los siguientes compromisos:

• Protocolos obligatorios contra las violencias machistas y la LGTBIfobia. Se implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias machistas como la LGTBIfobia en las administraciones públicas y en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores.
• Impulsar los programas de personas defensoras de derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, así como en las personas defensoras que tienen incidencia en los territorios más amenazados de América Latina.
• Reconocer la diversidad familiar. Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.
• Garantizar el derecho de asilo dentro de la realidad global mediante una nueva Ley de Asilo que entre otras cosas pondrá especial atención «a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata».

Izquierda Unida (ver programa)

Izquierda Unida (IU). Por un lado, en la sección dedicada a la Educación, IU promete la implantación de un programa «de educación afectivo-sexual obligatorio, en igualdad y con sensibilización a la diversidad sexual e identidad de género libre de estereotipos sexistas, LGTBIfóbicos y transfóbicos y por parte de profesorado especializado en enfoque de género», así como el «desarrollo de programas de formación para el personal que trabaja en los centros educativos públicos y, hasta la eliminación de los conciertos educativos, centros sostenidos con fondos públicos, para que tengan conocimientos sobre diversidad sexual y de género y que pueda atender a estudiantes LGTBIQ+, abordar casos de acoso escolar o mediar en conflictos entre estudiantes, en colaboración con las organizaciones sociales LGTBIQ+» y la «formación de inspectores/as de la Inspección Educativa en materia de diversidad sexual y de género, con el objetivo de evaluar adecuadamente la eficacia en la lucha contra el acoso escolar LGTBIfóbico en los centros educativos».

El programa de IU dedica varias páginas a la realidad LGTB:

• Creación de un instituto, público y gratuito, para la promoción, defensa y atención del colectivo LGTBI.
• Exigir de todos los medios de comunicación un tratamiento respetuoso y digno de todas las informaciones relacionadas con las personas LGTBI por medio de la aprobación de un protocolo de control de estereotipos.
• La promoción de campañas de información social que denuncien los comportamientos LGTBIfóbicos.
• La completa supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual promovidos desde instancias tanto públicas como privadas, así como cualquier mención del término «grupo de riesgo» en alusión al colectivo LGTBI.
• Campañas de fomento del asociacionismo juvenil LGTBI.
• Inclusión en las políticas de las personas menores, con medidas que garanticen la libre expresión de la sexualidad, la identidad y la expresión de género, para evitar los problemas de inseguridad, baja autoestima, depresión y otros problemas derivados del rechazo en un ambiente familiar y social que rechaza la diversidad, con especial atención a menores transexuales.
• Fomento de los estudios e investigaciones LGTBI en los que se tengan en cuenta los efectos de las discriminaciones múltiples.
• Asistencia social pública y gratuita para todas aquellas personas LGTBI que hayan huido de sus respectivos hogares de residencia como consecuencia de la discriminación. Las administraciones deberán facilitar la ayuda necesaria: psicológica, orientación jurídica, pisos de acogida, becas de estudio o pensiones de manutención.
• Convocatoria específica estatal de líneas de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan activamente por los derechos del colectivo LGTBI.
• Dotar las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la realidad LGTBI.
• Ruptura del concordato con la Iglesia católica, así como de algún tipo de convenio económico y la no promoción de ningún tipo de confesión religiosa en la televisión pública.
• Fomentar las medidas para combatir el «sexilio» como fenómeno por el que una parte de nuestra población LGTBI tiene que emigrar a otras localidades por cuestiones relativas a su orientación sexual, identidad o expresión de género.
• Compromiso de registro, trámite y apoyo de la ley de igualdad de trato y contra la discriminación de personas LGTBI que luche contra la discriminación en el ámbito educativo, laboral, sanitario, en la esfera pública… Dicha ley posibilitará, por ejemplo, la elaboración de protocolos sanitarios inclusivos o medidas de acción positiva para personas transexuales en las contrataciones públicas, sanciones administrativas contra las situaciones discriminatorias (también con las personas que viven con VIH) o la inclusión obligatoria de una perspectiva LGTBI en convenios colectivos y planes de igualdad en las empresas.
• La Creación de un Observatorio Estatal de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
• Compromiso de registro, trámite y apoyo de una ley estatal trans que reconozca la autodeterminación del género, despatologice la transexualidad, posibilite la descentralización sanitaria y que reconozca estos derechos a los menores. Esta ley irá acompañada de un protocolo sanitario de atención a personas trans así como también un protocolo educativo que posibilite que los menores trans puedan desarrollarse libremente.
• Formación específica al personal de la administración pública en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI.
• Realizar campañas que fomenten la denuncia de agresiones LGTBIfóbicas, así como dar recursos económicos a los colectivos LGTBI para que puedan hacer campañas de denuncia, así como programas de acompañamiento y asesoramiento integral a las víctimas.
• Visibilización de la violencia intragénero para que deje de considerarse un tabú y se puedan llevar a cabo las medidas oportunas, tanto de asesoramiento como legales.
• Reconocimiento de la memoria histórica. Incluir la persecución y el exterminio sufrido por las personas LGTBI durante los regímenes totalitarios como el franquismo o el nazismo y los conflictos armados en Europa en el siglo XX, así como promover compensaciones, incluidas las de carácter económico.
• Recuperar para todas las mujeres los tratamientos de reproducción asistida, aprobar una normativa general que garantice que la política sanitaria sea respetuosa hacia las personas LGBTI e incorpore servicios y programas específicos y garantizar que la atención sanitaria dispensada por el sistema sanitario público se adecue a la identidad de género de la persona. La cartera de servicios básica incluirá el tratamiento hormonal, en particular en el caso de menores de edad, quienes tendrán derecho a recibir tratamiento hormonal al inicio de la pubertad para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados. La cartera de servicios complementaria proporcionará el proceso de reconstrucción genital.
• En materia de intersexualidad, IU propone erradicar por completo las prácticas de asignación de sexo en bebes recién nacidos atendiendo únicamente a criterios quirúrgicos y en un momento en el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida.

Por lo que se refiere a las personas mayores LGBTI, IU proponer impulsar medidas para garantizar que las residencias de la tercera edad, tanto públicas como privadas, no permitan ningún tipo de discriminación de personas LGBTI, así como fomentar la creación de residencias para personas mayores específicas para el colectivo LGTBI, «espacios seguros y cómodos donde puedan disfrutar sin miedo nuestras personas mayores, con tendencia a la inclusión a medida que se avance en la consecución de derechos y normalización del colectivo».

A nivel internacional, IU propone, entre otras medidas, promover la defensa de los derechos de las personas LGTBI en las organizaciones y foros internacionales, así como la inclusión explícita a los derechos LGTBI en la cláusula de derechos humanos incluida en todos los acuerdos entre el Estado Español y otros estados u organismo y la elaboración de un programa de cooperación internacional enfocado a los derechos de las personas LGTBI. También propone incidir en las instituciones de la Unión Europea para que se apruebe una Directiva europea contra todo tipo de discriminación, incluyendo la basada en prejuicios LGTBIfóbicos, así como impulsar la revisión y reformulación de diversas directivas comunitarias para asegurar el reconocimiento de las familias LGTBI en todo el continente.

Ciudadanos (ver programa)

Ciudadanos propone incluir en su propuesta de reforma constitucional «blindar el matrimonio entre personas LGTBI e incluir el derecho a la no discriminación por razón de orientación o condición sexual» y endurecer «las sanciones por comportamientos que ultrajen los símbolos constitucionales, enaltezcan el terrorismo o promuevan conductas de odio (racismo, sexismo, LGTBIfobia, etc.)».

Ciudadanos también promete aprobar «una nueva Ley de igualdad real para el colectivo LGTBI». «Queremos acabar con cualquier discriminación por razón de su identidad, orientación o condición sexual. Facilitaremos el acceso a un alojamiento transitorio a las personas LGTBI, especialmente los jóvenes, que se ven forzados a irse de su casa por el rechazo familiar a su orientación sexual. Atenderemos las necesidades específicas de las personas mayores LGTBI», asegura el programa naranja. También promete acabar «con la discriminación que todavía sufren las personas portadoras del VIH en nuestro país» y prohibir «cualquier discriminación en el acceso al empleo por ser portador de esta enfermedad [sic]».

Pero la promesa claramente más diferenciadora de Ciudadanos (y con la que nos mostramos radicalmente en contra por significar la explotación de una mujer…) es la aprobación de «una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia. Nuestro modelo, similar al de Canadá y Reino Unido, garantizará los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, en especial los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida».

PACMA (programa)

El partido animalista, si bien tiene como absoluta prioridad la introducción de cambios legales relacionados con la protección de los animales, asegura en su programa estar comprometido con la lucha contra toda discriminación y suscribir, en este sentido, las demandas de la FELGTB. Entre ellas incluye la aprobación de leyes integrales de transexualidad y por la igualdad de las personas LGTB; la inclusión de contenidos sobre la diversidad sexual, de género y familiar en los sistemas educativos, así como la prevención del acoso y la violencia por LGTBIfobia; la realización de programas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual, de género y familiar en el ámbito escolar; la creación de servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGBTIQ+; la creación de un programa de información y atención a personas LGBTIQ+, que contemple también actuaciones de carácter formativo, informativo, de asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al conjunto de la población; el desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de apoyo psicológico y social dirigidos a LGBTIQ+ con objeto de ayudarles a enfrentar y superar la LGBTIfobia así como de apoyar a las personas transexuales a lo largo del proceso transexualizador; el reconocimiento del derecho de las mujeres sin pareja varón a los tratamientos de reproducción asistida en el sistema público de salud; la inclusión y reconocimiento de las familias LGBTIQ+ en las políticas sobre familia y la asunción por parte de la sanidad pública del proceso transexualizador completo.

PP (ver programa)

El PP no propone en su programa ninguna medida referida expresamente a la realidad LGTBI.

VOX (ver programa)

La formación de extrema derecha propone, de forma expresa, «suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)».

Partido Nacionalista Vasco (ver programa)

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no propone en su programa ninguna medida referida expresamente a la realidad LGTBI.

Esquerra Republicana de Catalunya (ver programa)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) propone en su programa impulsar la aprobación de la ley de Igualdad LGTBI, así como dar soporte a la aprobación de todos aquellos proyectos legislativos que permitan avanzar en la igualdad legal de las personas LGTBI. ERC también propone impulsar la tramitación de una una ley de igualdad de transexualidad y personas transgénero para avanzar en aspectos con la despatologización de la transexualidad, así como la modificación de los datos registrales de menores y adultos sin necesidad de informe médico o psiquiátrico alguno y mejorar la inserción social y laboral de las personas trans.

ERC también proponer garantizar el derecho a la financiación pública de la reproducción asistida de todas las mujeres, con independencia de su orientación sexual o estado civil, garantizar el derecho de asilo a personas LGTBI perseguidas en sus países de origen y recuperar la perspectiva del movimiento LGTBI en los programas de memoria histórica.

Cabe destacar, en cualquier caso, que ERC propone también medidas a aplicar en una hipotética República catalana independiente, que incluirían en reconocimiento constitucional expreso de los derechos de las personas LGTBI.

Junts per Catalunya (ver programa)

El programa de Junts per Catalunya incluye una mención expresa a la realidad LGTB, aunque de tipo genérico y sin enumerar medidas concretas. En este sentido, la formación nacionalista catalana propone trabajar por «el reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo LGTBI en todos los ámbitos»,  «por el compromiso en la lucha contra la homofobia» y en favor de «garantizar el reconocimiento de la heterogeneidad de las familias con hijos», evitando cualquier discriminación de las familias con progenitores del mismo sexo respecto al resto de familias.

Compromís (ver programa)

La formación valenciana propone en su programa, a nivel de la Comunidad Valenciana (donde este próximo domingo también se celebran elecciones autonómicas) desarrollar la ley integral del derecho a la identidad y expresión de género y la ley de igualdad de las personas LGTBI, mientras que a nivel estatal promete impulsar una ley estatal para el pleno reconocimiento de los derechos LGTBI.

Coalición Canaria (ver programa)

En su programa, la formación canaria se compromete a lucha contra la LGTBIfobia mediante el impulso de medidas legislativas. En este sentido, se suma expresamente a la petición de la FELGTB para que se modifique la Ley 3/2007 para que se reconozca y respete el derecho de autodeterminación de las personas trans y se permita su acceso a los tratamientos hormonales y al cambio de nombre registral sin necesidad de disponer de un diagnóstico sanitario e independiente de su edad o nacionalidad. También aboga por desarrollar protocolos de actuación específicos para los casos de acoso escolar por LGTBIfobia y por integrar de manera trasversal en los currículos de los centros educativos la diversidad afectivo-sexual y de identidad o expresión de género, así como por implantar medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans y por impulsar formación específica para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal sanitario, la comunidad educativa y los jueces, magistrados, fiscales y otros representantes del poder judicial sobre la realidad del colectivo LGTBI y sus especificidades.

En Marea (ver programa)

El programa de la formación gallega para las elecciones generales de 2019 propone impulsar una ley integral LGTBIQ+; aprobar una ley trans estatal no patologizante, así como agilizar los trámites para que las personas trans puedan modificar su nombre y acceder a los tratamientos hormonales; regular por ley la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género; fomentar protocolos de actuación contra el acoso en centros escolares, con formación específica al  profesorado y a los profesionales sanitarios; promover la visibilidad sexual y de género en Televisión Española; modificar la ley de Registro Civil para que no haya que hacer constar el sexo de las personas registradas; facilitar la adopción; considerar las agresiones a las personas LGTBIQ+ delitos de odio de oficio, así como establecer que aquellas organizaciones que resulten condenadas por acciones LGTBIfóbicas non puedan recibir ayudas públicas.

EH Bildu

En la web de esta formación no hemos podido encontrar ningún documento programático referido expresamente a las elecciones generales del próximo domingo.

Si has llegado hasta aquí y las propuestas en materia LGTBI son importantes para ti, seguramente tendrás ya claro qué votar. Pero si pese a todo tienes dudas, intentaremos facilitarte la tarea:

• Si quieres un avance significativo en materia de derechos LGTBI, puedes votar a PSOE, Unidas Podemos, ERC, Compromís o En Marea. También resultaría aceptable votar a Coalición Canaria, a EH Bildu (por su trayectoria pasada) o a PACMA, formaciones que no se opondrían a este avance o que incluso pueden participar del mismo, aunque no lo lideren. En el caso de PACMA, eso sí, ten en cuenta que carece de posibilidades reales de obtener diputado en la inmensa mayoría de las provincias. Piénsalo bien si no quieres que tu voto resulte inútil.
• Lo que sí es altamente posible es que si Ciudadanos, PP y Vox reúnen mayoría absoluta conformen una mayoría de gobierno que permitirá a la formación de extrema derecha influir de forma determinante en la sociedad española de los próximos años. Allá tú…
• Si te dan igual los derechos LGTBI pero te encuentras en una posición de privilegio social y económico que quieres mantener frente a otros colectivos económicamente vulnerables, vota PP o Vox. Aunque en este último caso nadie te garantiza que en un futuro tu condición de persona LGTBI te convierta también en un perseguido. Ha sucedido en el pasado, aunque no lo quieras recordar.

Ahora solo nos queda movilizarnos para evitar el desastre para España y, en conccreto, para el colectivo LGTBI+.

Con información de Dosmanzanas (autor Flick)

General Ciudadanos, Coalición Canaria, Discriminación, EH Bildu, ERC, Gestación subrogada, Identidad de género, IU, Junts per Catalunya, LGTBfobia, PACMA, Personas transgénero, PNV, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad, Unidas Podemos, Unidos Podemos, VOX