La Federación Estatal LGTBI+ urge a la aprobación de un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio ante la creciente violencia hacia el colectivo
- Más de 800.000 personas LGTBI+ han sido agredidas física o verbalmente en el último año, según el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025 elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ con datos de 40dB.
- El 40% de los delitos de odio registrados en 2024 tuvieron como causa la orientación sexual o la identidad de género, aunque la mayoría de las agresiones no se denuncian por miedo, desconfianza o falta de apoyo institucional.
- Paula Iglesias, presidenta de la Federación, denuncia la normalización del odio desde instituciones, medios y redes sociales, y reclama una estrategia nacional sostenida en el tiempo, con objetivos claros y recursos suficientes.
Madrid, 18 de junio de 2025 – Con motivo del Día Internacional para contrarrestar los Discursos de Odio (18 de junio), la Federación Estatal LGTBI+ lanza un nuevo llamamiento a las instituciones del Estado para que aprueben de forma urgente un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia los grupos vulnerables. Este instrumento, largamente reclamado por la Federación y por numerosas organizaciones de derechos humanos, es hoy más necesario que nunca ante el aumento alarmante de agresiones, discriminaciones y vulneraciones de derechos que se están produciendo en un clima social y político cada vez más polarizado.
“Los discursos de odio no son marginales. Se han institucionalizado, amplificándose desde parlamentos, platós de televisión, medios de comunicación tradicionales y redes sociales. En muchos casos, son promovidos desde las tribunas, lo que legitima la discriminación y la violencia contra personas y colectivos históricamente vulnerabilizados”, ha asegurado Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. “Lejos de ser opiniones amparadas por la libertad de expresión, estos discursos niegan derechos, deshumanizan, estigmatizan y allanan el camino para las agresiones físicas, el acoso, el bullying, las exclusiones laborales, la violencia sexual y la negación del acceso a servicios básicos”, ha añadido.
Los datos son alarmantes. Según el informe ‘Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025’, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ con datos de 40dB, más de 800.000 personas LGTBI+ han sido agredidas física o verbalmente en el último año y más de 1,2 millones han sido discriminadas en su acceso al empleo, la sanidad, la vivienda o la educación. Además, las personas trans, no binarias y aquellas con menores ingresos sufren una violencia desproporcionada y sostenida en todos los ámbitos de su vida.
Esta violencia se agudiza aún más cuando las personas LGTBI+ se cruzan con otras formas de discriminación. Personas migrantes, racializadas, con discapacidad, en situación de sinhogarismo o solicitantes de asilo viven crudamente la intersección del odio, con una doble o triple exposición a la violencia. “No se trata solo de discursos. Se trata de las consecuencias devastadoras que tienen sobre la salud mental, la libertad, la seguridad y la vida misma de miles de personas”, ha subrayado Paula Iglesias.
El informe del Ministerio del Interior sobre delitos de odio en 2024 refleja que más del 40% de estos delitos estuvieron motivados por la orientación sexual y/o la identidad de género percibidas sobre la víctima. Y sabemos que estas cifras están infrarrepresentadas, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo, desconfianza institucional o falta de recursos.
Por eso, desde la Federación Estatal LGTBI+, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, insisten en la necesidad de un Pacto de Estado que actúe de forma transversal. “Necesitamos una estrategia nacional con objetivos claros, medibles, y una hoja de ruta que proteja a las víctimas, persiga la violencia y desmonte la narrativa del odio desde la raíz. Un pacto que garantice que la lucha contra el odio sea una política de Estado, sostenida en el tiempo y al margen de los vaivenes partidistas”, ha defendido Paula Iglesias.
En 2025, no basta con denunciar. No podemos permitir que esta violencia siga creciendo mientras se erosiona la convivencia democrática y se recortan derechos fundamentales. “No se trata de una cuestión identitaria. Se trata de justicia social, de convivencia, de garantizar que nadie sea atacado por ser quien es. El odio se combate con leyes, con políticas públicas, con recursos y con voluntad”, ha añadido la presidenta.
Ante esta realidad, la Federación Estatal LGTBI+ hace un llamamiento firme a los partidos democráticos, a las instituciones, a los medios y a toda la sociedad civil en general a no mirar hacia otro lado porque, como ha concluido Iglesias, “lo que está en juego es la dignidad, la libertad y la vida de millones de personas”.
Fuente FELGTBI+
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