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El Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspende cautelarmente la aplicación del veto parental

Lunes, 16 de marzo de 2020

Vox-renunciara-cualquier-facilitar-Murcia_EDIIMA20190711_0862_4Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercando posturas con Vox  EFE

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado suspender, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, la ejecución del mal llamado «PIN parental» por parte del Gobierno murciano. Una medida que desde hace años vienen reclamando organizaciones ultraconservadoras como HazteOír, que el Gobierno de Murcia ha hecho suya y que autoriza a los padres a prohibir que sus hijos acudan a charlas educativas sobre diversidad y contra la LGTBIfobia.

Mucho se ha escrito sobre el «PIN» o veto parental, una medida que, ya antes de que la polémica saltara a primer plano de la actualidad nacional, el Gobierno murciano había implementado el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación, que ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa. Semanas más tarde, en el marco de las negociaciones presupuestarias entre PP, Ciudadanos y Vox, las tres formaciones que dan sostén al Gobierno de Murcia (aunque la formación de extrema derecha no forma parte del mismo), acordaron darle mayor rango normativo.

Fue entonces cuando el debate se hizo extensivo al nivel nacional, a pesar de que como hemos dicho la medida ya se encontraba en vigor desde el inicio del curso, y el Gobierno de España tomó cartas en el asunto. El Ministerio de Educación, a cuyo frente se encuentra Isabel Celáa, dio en enero un plazo de un mes a la Consejería de Educación de Murcia a que retirara las instrucciones a los centros. El Gobierno murciano hizo caso omiso y en febrero presentó un recurso por la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español considera que la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes. Por otra parte, considera que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a  este tipo de actividades supondría una «objeción de conciencia encubierta» que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. El Ministerio entiende además que el veto parental colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España, la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

De hecho, se da la circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Las instrucciones del Gobierno murciano, suspendidas cautelarmente

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido suspender cautelarmente las instrucciones de la Consejería murciana de Educación hasta decidir sobre el recurso del Ministerio de Educación. El tribunal, conviene aclarar, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión: la suspensión tiene lugar ya que «puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio (…) una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad».

A ello se une que el alto tribunal murciano no considera que la suspensión suponga un riesgo para el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos ya reconocido por las leyes, estimando que ya «existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad».

El auto de suspensión cautelar no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición. Estaremos atento a cómo evolucionan los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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ILGA Europa insta a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI

Martes, 11 de febrero de 2020

annual-review-2020-ilga-europaLa 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Europa

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Union-Europea

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Ilga-Europa-2020-Clasificación-por-países

Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Espana

ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

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PP y Ciudadanos retiran los ‘bancos arcoíris’ de Oviedo instalados por el anterior Gobierno municipal

Lunes, 27 de enero de 2020

3E21B877-66A9-4C18-B8CC-D3B37FD6774BComo ya habíamos anunciado hace unos días, el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado actualmente por PP y Ciudadanos, ha comenzado a retirar los bancos con los colores del arcoíris —pintados así por el anterior gobierno municipal como gesto simbólico hacia la comunidad LGTBI— que lucían de esa forma en la Plaza de la Escandalera desde 2017. Alfredo Canteli, actual alcalde de Oviedo, aseguraba hace unos días que la medida obedece a una actuación para reformar parcialmente el emplazamiento y eliminar ciertas barreras arquitectónicas, y afirma sin titubeos que su equipo está retirando los citados bancos con la intención de «repararlos, pintarlos y ponerlos decentes».

El Ayuntamiento de Oviedo estuvo gobernado hasta hace unos meses por una coalición entre PSOE, Somos Oviedo e Izquierda Unida. En junio de 2017, con motivo de la celebración del Orgullo, el Consistorio decidió pintar con los colores del arcoíris cinco bancos situados en la Plaza de la Escandalera. El gesto, que según el equipo de gobierno tuvo una «buenísima acogida tanto por la ciudadanía de Oviedo como por los turistas», no fue bien recibido por algunos. De hecho, tan solo unos días después de que los pintasen de esa manera, varios vándalos encapuchados los pintaron de rojigualda (los colores de la bandera de España) utilizando pintura en espray.

El mismo gobierno municipal progresista llegó a dar orden de no señalizar las bodas que se llevasen a cabo en el Consistorio según el sexo de sus contrayentes. La medida, que ha sido impulsada por la vicealcaldesa y actual alcaldesa en funciones, Ana Taboada (Somos Oviedo) persigue poner fin a la práctica, que según el nuevo equipo de gobierno se realizaba hasta entonces, de «avisar» con antelación a los concejales de cuándo una boda era entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, parece que no corren buenos tiempos para las personas LGTBI de la capital de Asturias. El nuevo equipo del Ayuntamiento de Oviedo, gobernado actualmente por el Partido Popular y Cuidadanos, inició el pasado lunes la retirada de los bancos que lucían los colores de la diversidad, supuestamente dentro de una actuación para reformar parcialmente el emplazamiento y eliminar ciertas barreras arquitectónicas. Según el Consistorio, el plan «incluirá la sustitución de los bancos por otros ergonómicos, con más altura y apoyabrazos, acordes al modelo de mobiliario urbano que se instala en la actualidad».

Alfredo Canteli, actual alcalde de Oviedo, ha supervisado personalmente las obras y ha aprovechado la visita para comentar que los bancos que ahora serán reemplazados serán pintados de otro color e instalados en otros puntos de la ciudad. «Alguien los puso, yo no rechisté, y alguien los quita y espero que se respeten las decisiones del gobierno actual […]. [Vamos a] Repararlos, pintarlos y ponerlos decentes», señaló hace unos días.

La retirada de los bancos ha generado el rechazo de los dos partidos de la oposición municipal, PSOE y Somos Oviedo, que hace poco celebraron en la Plaza de la Escandalera varias concentraciones en defensa de la permanencia del mobiliario como signo de apoyo al colectivo LGTBI. «Es una medida ideológica», señalan a dosmanzanas fuentes de Somos Oviedo. «Primero trataron de taparlo diciendo que se haría una reforma para hacer más accesible la plaza, después que los bancos están obsoletos y se cambiarían por otros más ergonómicos, y esta semana ya lo admiten abiertamente. El alcalde ha dicho ‘ellos los ponen, nosotros los quitamos’».

Por desgracia, cada vez resultan más frecuentes (y también menos sorprendentes) este tipo de gestos por parte de PP y, sobre todo, Ciudadanos. Pese a sus titubeantes inicios en la materia, la formación naranja supo evolucionar y en varias comunidades autónomas ha trabajado en favor del avance de los derechos LGTBI, en la que hay personas LGTBI visibles y seguro que comprometidas con sus derechos. Pero hay evidencias que resulta injusto negar. No se puede querer acudir al Orgullo un día y, al siguiente, llegar a un acuerdo en Murcia con PP y Vox para normalizar lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia.

Fuente Dosmanzas

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Del bloqueo de leyes LGTB al pin parental: Las medidas contra el colectivo de los gobiernos de PP y Ciudadanos

Jueves, 23 de enero de 2020

3A50B67E-845A-4A4A-82D5-0ECE0F415F2FHay partidos políticos a los que la sombra de la homofobia les ha perseguido siempre. Y no es que sean sombras ficticias, son reales, y las han provocado ellos mismos, son sus actos, con sus votos, con sus decisiones…

El historial homófobo del PP da para un libro. Y, aunque Ciudadanos siga indignado porque en el pasado Orgullo LGTB de Madrid no se les recibiera con aplausos, el suyo empieza a dar para otro. Especialmente desde que Ciudadanos gobierna en coalición con el PP (y VOX) en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.

Vamos a repasar todas esas veces que el PP y Cs están legislando en contra del colectivo LGTB en apenas seis meses de gobiernos.

1. El Pin Parental

Es la última medida aprobada por este gobierno de azules y naranjas, pero una de las más escandalosas. Ha ocurrido en Murcia. Para garantizar su apoyo a los presupuestos, VOX pidió al gobierno en coalición de PP y CS implantar un pin parental en los colegios. ¿Qué significa esto? Que los padres podrán censurar parte del programa educativo al poder decidir que sus hijos acudan o no a charlas sobre diversidad LGTBI, racismo o feminismo en los centros educativos. Y PP y Cs han accedido a incluir esta medida en su legislatura.

Hay que decir que el Gobierno de Murcia ha incluído en su composición una consejería LGTB y VOX renunció a pedir la revisión de la ley LGTB para apoyar la investidura… pero finalmente sí se han salido con la suya en el caso del pin parental. El Ministerio de Educación ya ha anunciado que lo recurrirá.

pinparental

2. Tumban la Ley de Igualdad y Derechos LGTBI en Castilla y León

Ocurrió el pasado mes de noviembre. Las cortes de Castilla y León votaba la tramitación de una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTBI. La propuesta venía de la legislatura anterior, en la que fue apoyada por todos los grupos menos el PP, pero no terminó sus trámites de aprobación. En esta nueva legislatura, y en citada votación de noviembre, PP, Cs y VOX votaron en contra de dicha ley, lo que impidió que saliera aprobada. La excusa en esta ocasión fue que van a redactar una ley mejor, cuyo borrador ya ha sido presentado y los colectivos han rechazado porque, entre otras cosas, no protege a los niños del acoso escolar ni protege a las personas transexuales.

En contrapartida, y para ser lo más justos posible, en Madrid, donde también gobierna una coalición de los mismos partidos, PP y Cs se han comprometido a mantener la ley LGTB, negando la mayor a VOX que exigía su retirada. De hecho, y al amparo de esa ley, ya han interpuesto una multa de 20.000 euros a una «psicóloga» que «curaba la homosexualidad».

3. Retirada del protocolo de acompañamiento a alumnos trans en Castilla y León

No salimos de Castilla y León, porque allí, en diciembre, se anunció la retirada del «protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa» elaborado por la Junta de Castilla y León. Esta retirada se produzco a instancias de asociaciones ultracatólicas, que presentaron una demanda ante la consejería, y esta fue admitida. Hay que decir que, mientras HazteOir celebró y confirmó esta noticia, y al tiempo que FECyLGTB+ la denunciaba, la Consejería afirmó que el protocolo se seguía aplicando. Lo que se teme desde los colectivos es que se atiendan los casos en el presente curso, ya comenzado, pero que el protocolo haya quedado suspendido de facto al no existir una ley que exija su cumplimiento.

4. Adiós a las farolas arcoiris en Granada

Quizás comparado con las medidas anteriores, comentar esto pueda parecer cosa menor… pero no lo es. Son detalles de visibilidad y apoyo muy importante. La noticia saltó el pasado mes de diciembre, cuando el gobierno del Ayuntamiento de Granada, de nuevo una coalición entre Ciudadanos y el Partido Popular, repintó los semáforos arcoiris que el anterior consistorio pintó en la zona de Puerta Real y Gran Vía.

5. Adiós a los bancos arcoiris en Oviedo

Algo similar a lo anterior ocurrirá en breve en Oviedo. La zona de Escandela tiene, desde hace 4 años, varios bancos pintados con la bandera LGTB. Se pintaron durante las celebraciones del Orgullo de 2017 y se mantuvieron, como símbolo de convivencia y visibilidad al colectivo. En diciembre, el Ayuntamiento (una coalición de PP y Cs), anunció que se eliminarían, dentro de un proyecto de reforma de la zona que no cuenta con mantenerlos pintados de arcoiris.

6. El desplazamiento de la bandera LGTB en el Ayuntamiento de Madrid.

Fue el chasco del día. Cuando muchos esperaban que el Ayuntamiento de Madrid amaneciera el pasado 28 de junio con la bandera LGTB en su fachada como muestra de apoyo al colectivo, lo que se encontraron fue una bandera más pequeña y desplazada a un lateral del edificio. En el lugar que habitualmente ocupaba en años anteriores la bandera arcoiris, amaneció ese día una gran bandera de España. Este gesto fue considerado un guiño a VOX y un desplante al colectivo. A pesar de eso, los monumentos sí estuvieron iluminados con la bandera LGTB durante los días de Orgullo y la bandera, aunque pequeña y desplazada, se mantuvo desplegada.

Mucho nos tememos que seguiremos actualizando este post en el futuro inmediato….

Fuente AmbienteG

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«Esto es imparable»: HazteOír felicita al Gobierno de Murcia por la implantación del «PIN parental» y anticipa denuncias contra centros educativos y activistas que impartan talleres

Sábado, 18 de enero de 2020

8EABC1CE-6370-4D8F-8CB9-1239246F481BLa organización ultraconservadora HazteOír se ha felicitado públicamente por el acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox en la Región de Murcia para consolidar lo que Vox y HazteOír denominan «PIN parental» y que no es otra cosa que la necesidad de que los alumnos nos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir, por ejemplo, a charlas contra la LGTBIfobia que formen parte de las actividades complementarias del centro educativo. Una medida que el Gobierno murciano ya implementó el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación. Es más, HazteOír amenaza con acudir a los tribunales contra los centros en los que se impartan este tipo de actividades y contra los activistas que participen en las mismas.

A través de un comunicado, HazteOír asegura que «va a apoyar a los padres que quieran acudir a los tribunales para defender su derecho a educar a sus hijos frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género. Y los niños tienen el derecho fundamental de no ser manipulados ni sometidos a experimentos ideológicos [sic]».

«El ejecutivo murciano ya ha anunciado que va a introducir el PIN Parental en los centros escolares. Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo- sexual a medida de la izquierda», añade la portavoz de la organización, Teresa García-Noblejas.

Pero además de defender la medida y felicitar al Gobierno de Murcia, HazteOír da un paso más y anuncia su intención tanto de seguir publicando los datos de los colegios «en los que se adoctrina» como de acudir a los tribunales si estos no ceden a su chantaje y suspenden las charlas o talleres contra la LGTBIfobia. «Ahora, cada vez que nos llega la denuncia de un caso de adoctrinamiento de género en un colegio o instituto, enviamos una carta al director del centro advirtiéndole de que han vulnerado un derecho fundamental de los padres. Si el adoctrinamiento persiste nuestra intención es invitar a los padres a acudir a los tribunales y, por supuesto, apoyarles para que puedan llevar a cabo las actuaciones jurídicas que procedan. Por ejemplo, denunciar al activista que ha impartido el taller, al director del centro educativo y al consejero de educación como responsable último», expresa el comunicado.

Fuente Dosmanzanas

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Murcia: PP, Ciudadanos y Vox acuerdan que los padres LGTBfobos puedan negarse a que sus hijos asistan a charlas educativas sobre diversidad

Jueves, 16 de enero de 2020

Vox-renunciara-cualquier-facilitar-Murcia_EDIIMA20190711_0862_4Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercan posturas con Vox para cerrar los presupuestos EFE

La traición, sobre todo, de Ciudadanos, es escandalosa. Se han entregado a VOX y los ultracatólicos… Y luego se extrañan de ser mal recibidos en la manifestación del Orgullo. Defienden los vientres de alquiler pero se despreocupan luego de los niños/as… ¡Cuánta hipocresía!

Malas noticias las que nos llegan desde la Región de Murcia PP, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para reforzar a nivel normativo lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia. Una medida que lleva meses en vigor, pero a la que ahora se dará mayor cobertura normativa.

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril de 2018, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello). La medida no se llegó a implementar formalmente, pero tras las pasadas elecciones autonómicas, en las que el PP, Ciudadanos y Vox conformaron una mayoría parlamentaria que dio el gobierno a una coalición de los dos primeros (Ciudadanos rechazó la opción de conformar una mayoría alternativa con el PSOE) por fin se materializó. En una resolución del pasado mes de agosto de la secretaría general de la Consejería de Educación se ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa.

La decisión del Gobierno murciano fue muy contestada en su momento por la oposición, que destacó que la resolución contravenía el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, interpuso recurso de alzada contra la resolución. Es por eso que ahora PP, Ciudadanos y Vox han acordado, en el contexto de la negociación de los presupuestos de la región, reforzar la medida a nivel normativo, tal y como ha confirmado el consejero murciano de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Todo apunta, según recoge el diario La Verdad, a que la trampa dialéctica que en esta ocasión usarán PP y Ciudadanos para teatralizar su «distancia» con Vox será huir de la expresión «PIN parental», tan del agrado de la extrema derecha y de colectivos ultraconservadores como HazteOír. «Más allá de como lo llamemos, sea ‘pin parental’ o formulario de autorización expresa para actividades complementarias, en lo que sí hay un consenso entre los tres partidos es en que haya libertad por parte de los padres de poder autorizar o no a sus hijos cuando imparte una charla alguien que es ajeno al centro, con independencia de los que se dé», ha declarado Celdrán.

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

Por supuesto, ni la resolución del pasado agosto ni lo que se ha adelantado del acuerdo sobre este punto entre los tres partidos de la derecha murciana menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta que su objeto no es otro que el de desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia, dando así cumplimiento a las exigencias de Vox.

Se da la curiosa circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia  (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Volvemos a insistir, como venimos haciendo desde que en diciembre de 2018 Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz y se convirtiera, apenas un año más tarde, en la tercera fuerza política de España: el problema no es tanto el programa concreto de la formación de extrema derecha (que por el momento no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en ellos en diversas comunidades y numerosos ayuntamientos, colocan al colectivo LGTBI, y especialmente a sus grupos más vulnerables (como los menores, en este caso) en una situación complicada. Medidas como el «PIN parental» contribuyen a crear un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales. También supone el empoderamiento de los elementos más reaccionarios de la comunidad educativa. Confiemos en que desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados se ejerza suficiente contrapeso.

Fuente Dosmanzanas

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Concentración LGTB en la Escandalera de Oviedo (Asturias) para luchar por los «bancoiris»

Martes, 14 de enero de 2020

dos«No son solo los bancos arcoíris, es un gesto que se une a otro»

«No queremos que Oviedo vuelva a ser una ciudad en blanco y negro»

Este pasado sábado se produjo una concentración en Oviedo por la retirada de los colores LGTB en los bancos de la capital asturiana. El acto tuvo lugar en la Plaza de la Escandalera de Oviedo.

En la convocatoria se exigía la inmediata vuelta de los colores del arcoíris a los bancos, para devolver la visibilidad del colectivo siempre discriminado. “La ciudad da una imagen de bienvenida adecuada a visitantes y turistas que entienden que Oviedo no es solo una ciudad con historia y patrimonio sino también con una ciudadanía cohesionada donde se recibe con los brazos abiertos a todo el mundo”, indicaron desde las plataformas que organizaron la marcha.

También opinan que el hecho de retirar ‘estos colores’, obedece a los intentos de la ultraderecha de ir quitando este espacio, no solo a colectivos y plataformas LGTB sino a otros colectivos que también han usado ese espacio en el pasado para protestar.

Cerca de 300 personas se han concentrado este sábado en la Escandalera de Oviedo para reclamar al actual equipo de Gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, que se conserven los bancos arcoíris y que la céntrica plaza siga acogiendo reivindicaciones sociales.

Las asociaciones LGTB Bujarra, Disex, Kaleide y Xega convocaron la concentración de protesta contra la retirada de los bancos arcoíris, a la que se han sumado representantes de los grupos municipales como Marisa Ponga y Diego Valiño del PSOE  y Ana Taboada de Somos Oviedo, así como miembros de IU y diversos colectivos junto a ciudadanos anónimos. Como portavoz actuó Marián Lago, de Disex, y fue una de las encargadas de leer el manifiesto, que se hizo en castellano y en asturiano. En declaraciones a los medios, Lago incidió en que los bancos han contribuido a dar «visibilidad» a los colectivos LGTB y se han convertido en símbolo de «convivencia» durante los cuatro años que llevan pintados.

«Ya no es cosa sólo de los bancos, es que se trata de un gesto que se une a otro.Ya el primer gesto que realizó el actual gobierno en contra del colectivo LGTBI fue situar la bandera el día del orgullo en la fachada de enfrente en lugar de en la del propio Ayuntamiento. Ahora, quieren desterrar los bancos. Son dos gestos negativos que vienen precisamente del teniente de alcalde, que dice que no hay que mirar tanto los gestos sino las acciones, y ya han tenido dos gestos y ninguna acción, lo que dice mucho de parte de ellos», explica Marián Lago, presidenta de Disex.

Ante la falta de concreción sobre la fecha prevista para la retirada de los bancos anunciada por el Gobierno local de PP y Cs, los colectivos no descartan continuar con movilizaciones que eviten que la medida se materialice y Oviedo «vuelva a ser una ciudad en blanco y negro».

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Esta manifestación se une a otras concentraciones que ya se han venido celebrando por parte de diferentes organizaciones desde que el alcalde asegurase que los bancos iban a ser eliminados. A pesar de esa contundencia del mensaje de Canteli, este tipo de citas seguirán organizándose, aunando la fuerza de todas las asociaciones LGTBI asturianas, ya que «se está viendo un ataque frontal hacia los derechos de las personas LGTBI por parte de los partidos de la derecha», asegura Lago. Y a pesar de que el trasfondo de la manifestación es mucho más profundo, también se habló de los «bancoíris».

Además, alertan del riesgo de que la remodelación de la plaza no solo implique la retirada de los bancos arcoíris sino que pretenda ir más allá y se busque que la Escandalera «deje de ser un espacio para las reivindicaciones sociales». De este modo, en el manifiesto preguntan al Gobierno local «qué políticas han realizado en este tiempo» para la defensa de las minorías, al tiempo que rechazan los argumentos sobre el mal estado de los bancos arcoíris «cuando en el parque San Francisco hay bancos aún más antiguos, o en la Losa, o en muchos otros parques de Oviedo que sí muestran un deterioro evidente». Los colectivos creen que la excusa del gobierno ovetense es muy pobre, ya que «aseguran que están deteriorados, pero al mismo tiempo dicen que quieren ponerlos en La Losa. No sé si es que La Losa es una plaza de segunda para ellos o cuál es el motivo», cuestiona la presidenta de Disex. .

Para los convocantes, tras la supuesta «medida estética» de su retirada «subyace la falta de proyectos, iniciativas y apoyos al colectivo LGTB». La concentración se desarrolló durante más de una hora con la ambientación de una banda de música que interpretó canciones como ‘A quién le importa’, ‘Soy de Verdicio’ o ‘Bella Ciao’, entre otras. Además de la doble lectura del manifiesto en castellano y asturiano, la iniciativa contó con la pintada de una bandera arcoíris en un gran lienzo situado en el suelo de la plaza, con las mismas dimensiones que la bandera de España colocada por el Ejecutivo municipal en las inmediaciones de la Escandalera.

Fuente El Comercio/ La Voz de Asturias/ 20Minutos

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PSOE y Unidas Podemos presentan un programa conjunto de gobierno progresista que incluye la aprobación de una ley trans

Jueves, 2 de enero de 2020

Sanchez-IglesiasJosé María Castillo: “La política, más que acierto, astucia, saber y firmeza, es sobre todo bondad y ejemplaridad”

Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.

Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:

  • Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
  • Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
  • Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
  • Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
  • Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
  • Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
  • Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
  • Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.

También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.

Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.

Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar  la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces  su presidenta, Uge Sangil.

Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital

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El PSOE de Huelva reprocha al Gobierno de la Junta que tenga anuladas las leyes LGTBI y de Transexualidad por petición de VOX

Jueves, 2 de enero de 2020

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Ángel Elías Díaz: “Esta es una prueba más de que realmente es el partido de la ultraderecha el que gobierna en nuestra comunidad porque claramente PP y Cs se terminan plegando a todas sus peticiones”

El secretario de Diversidad y Políticas LGTBI del PSOE de Huelva, Ángel Elías Díaz, ha reprochado al Gobierno de PP y Ciudadanos los continuos retrocesos en materia LGTBI. En esta línea, se ha referido a que la única razón por la que las leyes andaluzas de LGTBI y la de Transexualidad han sufrido un parón es “porque VOX ha decidido anularlas y dejarlas escondidas”.

Según Ángel Elías, “esta es una prueba más de que realmente es el partido de la ultraderecha el que gobierna en nuestra comunidad porque claramente PP y Cs se terminan plegando a todas sus peticiones”.

“Llevamos un año negro porque lejos de avanzar hemos dado pasos atrás –ha indicado el dirigente socialista- ya que ni siquiera se han evaluado en el Parlamento andaluz dichas leyes como es obligatorio”. Por ello, ha instado al Gobierno andaluz a que “convoque el Consejo LGTBI, evalúe las dos leyes y trabaje por los derechos humanos de todas las personas”.

Así, ha apuntado que la responsable de ello es la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, una onubense que “actúa con una doble cara”, ya que “pretende aparentar que está del lado de los colectivos y acude a las manifestaciones cuando a sus espaldas le está poniendo la soga al cuello pretendiendo arrebatar los derechos conseguidos y siendo cómplice de la ultraderecha”.

Al hilo de ello, Ángel Elías se ha referido a todos los recortes que el Gobierno andaluz ha realizado este año y que ha provocado que “los colectivos tengan que prestar los recursos de atención psicológica y de los trabajadores sociales, o pagar preservativos porque la Consejería de Salud no defiende la salud sexual y reproductiva de personas en riesgo de VIH”.

Por último, el socialista ha lamentado que, también, “las subvenciones se han quedado en blanco, se les han cerrado las puertas a los colegios por miedo al ‘pin parental’ de Vox, que ampara el gobierno de derechas, lo que está desembocando en la paralización de los derechos que se aprecia, entre otras cuestiones, en que vuelven los insultos en las calles”.

Fuente PSOE Huelva

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Castilla y León suspende la puesta en marcha del protocolo de atención al alumnado trans en las escuelas

Lunes, 16 de diciembre de 2019

jcylLa Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

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VOX amenaza los presupuestos de Madrid si PP y Cs mantienen las subvenciones LGTB+

Lunes, 2 de diciembre de 2019

C1E67263-4A3A-4D6D-B015-95162FC93AF6El alcalde de Madrid (PP), flanqueado por sus socia Begoña Villacís (Ciudadanos)y su muleta Ortega Smith (VOX)

Aunque el gobierno se compromete con los derechos del colectivo, las subvenciones a (por ejemplo) el MADO peligran de una forma u otra por la presión de VOX a PP y Ciudadanos.

Nos preguntamos dónde están ahora los del  #YOSOYGAYYDELPP y los gays de Ciudadanos, o las señoras Inés Arrimadas y Patricia Reyes, tan defensoras ellas de acudir (más bien reventar) a la manifestación del Orgullo  después de haber blanqueado a la extrema derecha y utilizarlos como forma de alcanzar el poder contra PSOE y Podemos en cualquier institución (Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León, Ayuntamiento de madrid… dándoles espacio y validez al discurso fascista, racista, xenófobo, machista y LGTBfóbico… Nos preguntamos dónde están ahora los de ahora firmo y luego no cumplo… el señor Javier Maroto y su compañeras Andrea Levy,

Una de las terribles consecuencias  de llegar al poder apoyado por partidos políticos racistas, xenófobos, machistas, misóginos y LGTBfóbicos es que cuando toque ir a los inmigrantes, a las mujeres y a las personas LGTB+ a pedirles votos a lo mejor te reprochan que las subvenciones a las entidades que son vitales para esos colectivos estén en peligro. Y eso es exactamente lo que puede pasar con el dinero público que el Ayuntamiento de Madrid otorga tanto a los organizadores del Orgullo como a varias entidades sociales que reciben subvenciones nominativas fijadas por el anterior gobierno de Manuela Carmena.

El pasado lunes, durante la comisión de presupuestos, el gobierno municipal de Almeida y Villacís aseguró, a través del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, que el ayuntamiento «no dará un paso atrás» en la defensa de los derechos LGTBI ante la exigencia de VOX de que se deroguen todas las subvenciones nominativas  destinadas a dichos colectivos.

“Este gobierno no va a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista ni en la lucha por los derechos LGTBI. No vamos a tocar en los presupuestos ninguna de las subvenciones nominativas o convenios fijados. Tenéis la garantía de este gobierno. Está en los presupuestos”, le dijo Aniorte a los concejales de Más Madrid y PSOE quienes, lógicamente,  no se creyeron lo dicho. Ya que aunque esas subvenciones estén en los presupuestos, los presupuestos necesitan el apoyo de VOX para ser aprobados.

Aránzazu Cabello, advirtió a Aniorte y a sus «compañeros de ideología» de que “de una forma o de otra conseguiremos nuestro objetivo y no daremos pasos atrás”. Y  es que no es una forma de hablar: si los presupuestos de PP y Cs no cuentan con el apoyo de sus nuevos amigos se acabarían prorrogando los de Carmena. “Tendrán que consultar la disposición adicional séptima del presupuesto”, explicó la Cabello, “Que dice que cuando se prorroga decaen todas las subvenciones nominativas. Así que de una forma u otra conseguiremos nuestro objetivo.”

Es decir,  que o bien PP y Cs se comprometen con VOX a perjudicar de alguna manera al colectivo LGTB+ (entre otros) para que éstos aprueben sus presupuestos… O no hay nuevos presupuestos, se mantienen los de Carmena y, por lo tanto,  desaparecen automáticamente las subvenciones.

Lo dicho… el blanqueador PP,Ciudadanos es tan maravilloso que elimina toda “mancha” rebelde…

Fuente Europa Press , vía hazte Queer

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La Rioja: PSOE, Podemos e IU impulsan de nuevo la proposición de ley integral trans tras el fracaso de la anterior legislatura

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

wikiproyecto_la_riojaLos grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraron el pasado miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la proposición de ley integral trans que el Parlamento de La Rioja fue incapaz de aprobar durante la pasada legislatura. La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no dispone de un marco regulatorio propio que proteja a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico. El hecho de que por primera vez en 25 años la izquierda disponga de mayoría en el parlamento regional debería garantizar su aprobación, después de que el obstruccionismo del PP (con la calculada complicidad de Ciudadanos) lo impidiese la pasada legislatura.

Tanto el portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Raúl Díaz, como el coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU) en La Rioja, Álvaro Villar, mostraron su disposición a que la proposición sea aprobada sin más demora que la obligada por el trámite parlamentario. Díaz adelantó que tras su registro, el Gobierno de La Rioja debe manifestar su criterio sobre la proposición (a favor o en contra) y después celebrarse en el pleno el debate de admisión a trámite. Después comenzará la discusión en comisión o en ponencia para volver finalmente al pleno y ser aprobada. Pasos todos ellos que la proposición debería superar sin problema: el Gobierno de La Rioja está formado por una coalición entre PSOE y Podemos y las tres formaciones de izquierda disponen juntas de mayoría absoluta en el parlamento regional.

La previsible aprobación de la ley integral trans pondrá punto final a un vergonzoso periodo de vaivenes políticos. Hay que recordar que esta misma proposición, que había sido consensuada con los principales colectivos LGTBI de La Rioja, ya fue presentada hace dos años por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que entonces ya contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado (los populares habían perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja en 2015, aunque siguieron gobernando gracias al apoyo de los naranjas). Una mayoría que finalmente no pudo materializarse antes del final de la legislatura debido a las maniobras dilatorias del PP, que contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja como instituciones quedan en muy mal lugar cuando se airean las incompetencias, la lentitud y el juego sucio. El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo», se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

Confiemos que en en esta ocasión, una vez que PP y Ciudadanos han perdido la capacidad de ejercer en La Rioja el filibusterismo parlamentario, la proposición sea aprobada. En este sentido, conviene recordar que a la espera de que se actualice el anacrónico marco legislativo estatal, ni La Rioja, ni Asturias, ni Cantabria ni ambas Castillas cuentan con leyes que otorguen protección a las personas trans, ya sea en forma de ley específica (como ha sucedido en NavarraPaís Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid o la Comunidad Valenciana) o en el marco de leyes generales de igualdad LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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El PSOE pide «consenso» para aprobar la ley Lgtbi ante la «amenaza» de la extrema derecha, y HazteOir dice que hará “todo lo posible” para “frenar” la ley LGTBI de Cantabria

Martes, 26 de noviembre de 2019

imag2.phpLo publicamos con sus propias palabras porque, son tan nauseabundas, que hace falta conocerlos a fondo…

El PSOE pide «consenso» para aprobar la ley Lgtbi ante la «amenaza» de la extrema derecha

La ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos

El PSOE de Cantabria ha pedido «consenso» a los grupos parlamentarios para aprobar la Ley Lgtbi y ha hecho un llamamiento para defender los derechos de este colectivo ante la «amenaza» del auge de la extrema derecha y su «histórico desprecio» hacia él.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario socialista, Noelia Cobo, después de que el Ejecutivo cántabro aprobara en el Consejo de Gobierno de la semana pasada remitir al Parlamento de Cantabria el proyecto de Ley Lgtbi para reiniciar su tramitación, «frustrada en la anterior legislatura».

Cobo ha pedido el apoyo de las fuerzas políticas que «de verdad crean en la diversidad y en los derechos de todos», en un momento en el que, a su juicio, «tiende a imponerse en la derecha española el discurso radical de formaciones políticas como Vox», con «ideas excluyentes» en torno al colectivo Lgtbi.

Por ello, ha dicho que la sociedad espera políticas que «amparen y den cobertura legal ante quienes pretendan sembrar odio y discriminación», y ha considerado que la ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos, que «se oponían a que este colectivo tuviese los mismos derechos» que el resto de ciudadanos mientras a la vez acudían a manifestarse el día del Orgullo Gay, ha dicho.

Tal y como ha recordado, la pasada legislatura se admitieron a trámite 23 comparecencias a la ley Lgtbi con los votos del PP, Ciudadanos y PRC, «alargando los plazos de tramitación y dejándola sin tiempo efectivo para su aprobación».

No obstante, Cobo ha destacado que los socialistas prometieron volver a llevarla al Parlamento y que es la primera ley autonómica que impulsan desde el Ejecutivo, «apenas» superados los 100 días de gobierno. «Los socialistas cumplimos y ahora les toca a otros demostrar qué Cantabria es una tierra de derechos y no de derechas», ha insistido.

En cuanto a la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género’, conocida como Ley ‘Lgtbi’, ha avanzado que promocionará el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación, dará amparo a las víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual y recoge sanciones para quienes pretendan «enarbolar el odio» hacia el colectivo.

Entre otras cuestiones, reconoce el derecho de los menores Lgtbi a su propia identidad de género y orientación sexual dentro del proceso de formación de su personalidad, garantizando por parte de la administración la educación inclusiva y el apoyo sanitario en todo el proceso vital.

En el caso de las personas ‘trans’, el marco normativo facilitará el proceso de la progresiva adaptación de la persona, siendo «urgente», además, promover su integración laboral y garantizar protocolos y tratamientos adecuados en la sanidad pública, así como que se respete su identidad en las competiciones deportivas.

Además, la ley prohibiría las llamadas terapias de aversión -que pretenden modificar la identidad y el comportamiento de las personas Lgtbi- y en los colegios obligaría a respetar el nombre que elija cada alumno transexual o sus tutores legales y su indumentaria e imagen física.

Por último, los socialistas reivindican que las administraciones públicas de Cantabria garanticen la libre determinación del género de cada persona como un derecho fundamental.

 Y ante esto, la asociación HazteOir.org ha señalado que va a “hacer todo lo posible”, suponemos  que de la mano de su hermano gemelo VOX, para “frenar” la Ley LGTBI de Cantabria porque, en su opinión, “discrimina a los ciudadanos en función de sus preferencias …

“La asociación HazteOir.org va a trabajar duro para lograr que la ley LGTBI mordaza de Cantabria no salga adelante. El intento de aprobar esa norma liberticida en la legislatura anterior fracasó porque la mayoría de los cántabros la rechazan”, ha dicho la portavoz de esta entidad, Teresa García-Noblejas.

Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la portavoz socialista en el Parlamento regional, Noelia Cobo, haya pedido hoy “consenso” a los partidos políticos para aprobar esta ley y defender los derechos de este colectivo, y frente a los que HazteOir ha recordado que esa ley LGTBI “fracasó” en la pasada legislatura porque “la mayoría de los cántabros la rechazan”.

“Los partidos cántabros tendrán ahora ocasión de retratarse y decir públicamente si quieren o no discriminar a los ciudadanos en función de sus preferencias sexuales, si eligen o no otorgar privilegios a determinadas personas sólo porque se acuestan con personas de su mismo sexo o si, por el contrario, prefieren seguir defendiendo la igualdad de todos los cántabros independientemente de sus circunstancias, características y deseos”, ha señalado la portavoz de la asociación.

García-Noblejas ha señalado que desde HazteOir “respetamos los derechos de todas las personas pero no hace falta legislar para defender supuestos derechos de cada minoría”. “Las leyes LGTBI aprobadas en otras comunidades autónomas están vulnerando las libertades de todos”, ha opinado.

Y como ejemplo de su consideración, ha dicho que “esas normas mordaza obligan a los centros educativos y a los profesores a dejar entrar en las aulas a activistas e ideólogos de género que hablan a los niños de cómo obtener placer erótico y proporcionárselo a otros”, como en La Rioja con las charlas del SERISE (Servicio Riojano de Sexología) o el Programa SKOLAE en Navarra.

“Y todo ello sin conocimiento ni autorización de los padres, lo cual vulnera la Constitución Española y los tratados internacionales suscritos por España”, ha dicho la portavoz de HazteOir.org, para quien, con esas leyes, “los profesionales de la Sanidad, los padres, los medios de comunicación, los docentes y en general todos los ciudadanos ven amenazadas sus libertades”.

Algo que, en su opinión, sucede también con los niños “a los que se invita a cuestionar su identidad sexual y dejando aparte los cientos de miles de euros con los que se beneficia a asociaciones y grupúsculos varios para difundir la ideología de género”, ha criticado la portavoz de la asociación.

“Hasta ahora los políticos han impulsado a escondidas estas leyes en los parlamentos regionales y se han salido con la suya, pero eso ya se ha acabado. En Castilla y León más de 22.700 ciudadanos están contribuyendo a paralizar una norma que todos perciben como mordaza y pocos se atreven a decirlo y en Cantabria la gente va a reaccionar y los políticos tendrán que guardar la ley en un cajón”, ha concluido.

Fuente Agencias

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PP, Ciudadanos y Vox unen sus votos en Castilla y León para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos

Miércoles, 20 de noviembre de 2019

1564672422433mdnFrancisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

  • la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
  • la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
  • la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
  • la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
  • la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
  • la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

  • Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
  • Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
  • Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
  • Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
  • Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
  • Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
    que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

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Pintadas homófobas contra el alcalde socialista de la localidad murciana de Algezares

Lunes, 18 de noviembre de 2019

pintadas_murcia«La ultraderecha está envalentonada con el resultado de las elecciones y con su discurso de odio pasan cosas como esta», ha asegurado el político socialista, que ve reforzado su compromiso con la defensa de los derechos y libertades colectivos.

Como bien sabemos, el partido de ultraderecha Vox, fue el partido más votado en Murcia en las últimas elecciones generales. Una comunidad que ya estaba llevando a cabo reformas de sus Estatutos Autonómicos, como el del derecho de identidad de género.

Pues bien Vox, ya está empezando a derogar todas estas reformas, incluyendo las leyes LGTB que ya estaban aprobadas. Y el problema es que ahora con Vox gobernando en Murcia, las cosas solo van a ir a peor.

Por eso no es de extrañar las pintadas de odio que han aparecido en un parque en la localidad murciana de Algezares, dirigidas al alcalde Juan José Garre del PSOE. Mensajes de odio, que afortunadamente los servicios públicos ya se han encargado de borrar.

Pero que dejan en evidencia el sentimiento actual de la región murciana hacia el colectivo LGTB. Y no es la primera vez que ocurre algo similar, en el año 2018 el ayuntamiento de Murcia concedió una subvención de más de 8000 euros a una organización católica que ofrecía terapias de conversión.

Frases como «Muere alcalde maricón», «Maricas HDP [hijos de puta] fuera», «Asco» y un intento de dibujar una esvástica aparecieron el pasado martes en un columpio del parque frente al cual se sitúa la Junta Municipal de Algezares, una pedanía del municipio de Murcia.

El objetivo de las pintadas no es otro que Juan José Garre, el alcalde pedáneo. Se trata de un político visible y casado con su pareja que goza de un importante apoyo vecinal: en las pasadas elecciones municipales consiguió por segunda vez la victoria, consiguiendo en esta ocasión la mayoría absoluta de vocales en su Junta Municipal. Se trata, de hecho, de los pocos pedáneos que han reeditado el apoyo a fuerzas progresistas. Solo 3 de las 59 pedanías que conforman el municipio de Murcia votaron mayoritariamente al PSOE, formación para la que Garre ha obtenido el apoyo en los niveles local, regional y también nacional.

El alcalde ha presentado denuncia de los hechos:

Y ha recibido el apoyo de vecinos y del PSOE.

Cargos electos de formaciones políticas diversas han manifestado su apoyo a Garre, incluyendo al primer teniente de alcalde y concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez (Ciudadanos); la segunda teniente de alcalde del municipio de Murcia y concejal de Juventud y Movilidad Sostenible, Rebeca Pérez (Partido Popular), e incluso del representante de Vox en la pedanía, Ernesto Ballester. «Estoy abrumado por el cariño recibido, incluso se ha montado una concentración de apoyo, estoy muy agradecido», ha expresado Garre.

Además, los vecinos de Algezares convocaron para el pasado sábado, día 16, una concentración a las 12:00 horas en la Plaza de la Rosaleda:

Garre también ha indicado que este hecho solo sirve para «reforzar la ilusión y determinación en favor de los derechos y libertades colectivos». «Ayer fue la gota que colmó el vaso», ha añadido el pedáneo, en referencia a la última propuesta del partido de extrema derecha, la derogación de la ley murciana contra la discriminación de las personas LGTBI.

Por otra parte, el grupo socialista del Ayuntamiento de Murcia ha presentado una denuncia por la aparición de las pintadas.

El discurso de odio arrecia en Murcia

Como hemos comentado, Vox, que se siente reforzada tras ser la fuerza más votada en la comunidad autónoma el pasado 10 de noviembre, ya ha pedido en la Asamblea regional la derogación de la ley contra la discriminación de las personas LGTBI. Tras el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, que los naranjas niegan y que es aún más evidente tras hacerse Vox con la presidencia de la comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua en la Región de Murcia, el discurso homófobo, bifobo, tránsfobo, machista, supremacista y xenófobo ha quedado legitimado en todo el territorio regional y respaldado por una parte significativa de la población en las urnas.

Cabe recordar que tras las elecciones autonómicas, Vox ya había puesto encima de la mesa la derogación de la ley LGTBI, que PP y Ciudadanos no aceptaron. Sin embargo, los partidos de Gobierno sí han cedido ante una de las principales exigencias de los ultra católicos: implantar el mal llamado «pin parental» en la Región de Murcia para evitar las charlas contra la LGTBIfobia en los centros escolares. Una deriva LGTBIfoba que parece que solo acaba de comenzar.

Fuente Agencias/Dosmanzanas

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PP y Cs tumban el proyecto de ley LGTB de Castilla y León con el apoyo de Vox, y afirman que ellos harán uno mejor

Sábado, 16 de noviembre de 2019

bandera-castilla-y-leon-15513092009051011005197531005456xPP y Cs ven redundante la proposición de ley de diversidad sexual y garantizan “la mejor” para esta legislatura. PSOE y Podemos consideran que era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

La Federación Castellana y Leonesa LGTB denuncia que el borrador de Ciudadanos y Populares tiene recortes de derechos que fueron pactados con grupos anti LGTBI como el Foro de la Familia.

El PP, Cs y VOX han rechazado este miércoles en las cortes de Castilla y León tramitar una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTB+. Se trata de una propuesta de ley que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP en la última legislatura, pero que no terminó su trámite de aprobación.

En septiembre pasado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FECyLGTB+) volvió a registrar el texto para que fuera debatido y aprobado en el pleno, pero para sorpresa de este colectivo el texto no contó con la adhesión de Ciudadanos.

El pleno de este miércoles la posición del partido naranja se hizo patente. Partido Popular y Ciudadanos rechazaron (junto con Vox) el texto propuesto, que fue respaldado por PSOE y UP-Ecuo. Finalmente la proposición de ley se desestimó por un estrecho margen.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, y la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota han coincidido al rechazar la tramitación de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género defendido este miércoles por el Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto (el procurador de Vox también ha votado en contra) por considerar que es “redundante” respecto al proyecto de ley que prepara la Junta de Castilla y León y en el que han constatado un grado de coincidencia del 80% respecto al impulsado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

lgtbcortesmiriam-kEVF-U90414260552gT-624x385@El NorteRegistro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Durante el debate los representantes de Ciudadanos y PP afirmaron que están trabajando en un texto que será “la mejor ley que haya en una comunidad autónoma española”, y que estará alejada de “sectarismos”. Tras rechazar la “duplicación innecesaria” e “inútil” del trabajo parlamentario, tanto Amigo como Sánchez Bellota han apelado al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos para garantizar que Castilla y León contará esta legislatura con una Ley LGTBI “avanzada y de consenso”, “con todas las garantías jurídicas que merece el tema, sin vulnerar derechos y para todos”.

Por su parte, tanto la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, como la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, han coincidido al defender que la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género impulsada por los colectivos LGTBI era el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

Barcones ha acusado al PP de haber devuelto “a la casilla de salida” este texto que se intentó tramitar en la anterior legislatura, entonces con el apoyo de Ciudadanos, y ha sido tajante al advertir al equipo de gobierno conjunto que ya no engañan a nadie ya que han sido los primeros en reunirse con los colectivos que abogan por el denominado pin parental a los que otras comunidades “han cerrado la puerta”. “Es lo único en lo que vais a ser los primeros”, ha ironizado Barcones que ha apelado “al último acto de coherencia” de Ciudadanos “antes de la desaparición final” para que no dejasen “tirados” a los colectivos LGTBI y permitiesen la tramitación de su proposición de ley.

Domínguez ha ironizado sobre las “excusas” del informe emitido por la Junta de Castilla y León en contra de la tramitación de la proposición de ley, la ausencia de una memoria presupuestaria que estime el coste de las medidas y de las modificaciones de la estructura orgánica y la duplicidad parlamentaria, y ha advertido de que la sociedad tiene en frente “el ruido de la extrema derecha”, en referencia a los gritos de “a por ellos” que se escucharon en la sede nacional de Vox el domingo 10 de noviembre. “Este país es diverso y plural, es mejor que ellos, frente a su odio en la sociedad cabemos todos”, ha defendido Laura Domíngue

Cabe recordar que el texto debatido este miércoles en las cortes castellano-leonesas fue elaborado por los colectivos LGTBI en 2016 y negociado con las distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la anterior legislatura. Para su elaboración, tomaron como base una ley promovida por el PP en Extremadura y que dicha comunidad aprobó en 2015, cuando gobernaban los populares.

Tal como explica a Público Ignacio Paredero, presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, “el texto fue intensamente negociado para alcanzar un amplio consenso e incluso renunciamos a algunas posturas en aras de su aprobación. El Partido Popular estiró los plazos todo lo que pudo y finalmente el texto no se aprobó en anterior legislatura”.

Por eso, afirma Paredero, “lo hemos presentado pronto y esperábamos contar con el apoyo de los mismos grupos que la legislatura pasada. Ciudadanos nos dijo que lo apoyarían, pero en el momento de registrarlo no aparecieron y nos dijeron que habían decidido apoyar un texto que van a impulsar con el PP. Esa que dicen ahora que va a ser la mejor ley del universo. Que es una cosa demencial. Porque el borrador que ellos manejan incluye recortes que han negociado con grupos anti LGTBI, como el Foro de la Familia”.

Tanto PP como Ciudadanos se afanaron en explicar que se oponen al actual texto para no “duplicar esfuerzos” y que el proyecto de ley que están elaborando “tiene un grado de coincidencia del 80%” respecto al presentado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

La clave, tal como afirman en la FECyLGTB+, es que si el texto que elaboran los populares con Ciudadanos coincide en un 80% con el presentado por la Federación, ¿cuál es el 20% de los derechos que no se van a recoger? ¿Qué derechos van a quedar fuera?

abascal-casado-rivera-696x456Paredero lo tiene claro. “Hay temas que el PP no quiere tocar, y que son derechos amplios. El tema de transexualidad y el de la educación. Los populares se oponen a garantizar por ley la atención a los transexuales como un derecho recogido en la comunidad autónoma, ni a incluir sus necesidades en el catálogo de servicios. Lo quieren dejar en un protocolo que no de derecho a nada. También está el tema de la patologización, puesto que en el borrador al que tuvimos acceso la legislatura pasada, daban a los médicos la decisión sobe varios temas clave”.

Este activista afirma que la FECyLGTB+ no colaboró en la elaboración del texto que ahora Ciudadanos y populares “afirman que será maravilloso. Lo que hicieron fue coger nuestro texto y lo recortaron para eliminar o modificar las cosas que a ellos les preocupa”.

Según Paredero, “tras cuatro años de trabajo, lucha y esfuerzos, hoy vemos como Ciudadanos se pliega a la estrategia del PP y bloquea nuestra Ley. En el mejor de los casos, esto es una maniobra partidista para ponerse medallas que no les corresponden, negando la lucha de los colectivos. En el peor, es un intento de recortar derechos claves para el colectivo que el PP nunca ha querido garantizar. Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas”.

Por su parte, el lobby de la extrema derecha se ha felicitado. HazteOir.org invitó a los ciudadanos a llamar a la presidencia de la Junta.  La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, tras conocer que este miércoles el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han frenado la aprobación de la ‘ley de diversidad sexual’ en las Cortes de Castilla y León afirmaba que “unos 500 ciudadanos han llamado -hasta el momento-a la presidencia de la Junta pidiendo la paralización de la ley.  Si la ‘ley LGTBI’ no ha sido aprobada en Castilla y León es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias. Vamos a seguir trabajando para que PP y Ciudadanos se enteren de que la gente no quiere bajo ningún concepto que esta norma salga adelante”.

Fuente Agencias

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Lo temíamos… la extrema derecha “blanqueada” crece en España

Martes, 12 de noviembre de 2019

abascal-k06E-620x349@abcNo corren buenos tiempos para las personas LGTBIQ+. Las elecciones generales en España del pasado domingo han evidenciado que hay más de 3 millones de personas que nos quieren como ciudadanos de segunda… o algo peor. Verdaderamente aterrador. En estos momentos solo nos queda seguir luchando por nuestros derechos más que nunca. ¿Por qué? Porque elegimos ser libres y valientes, y estamos orgullosas de ello.

Ayer por la noche, conocíamos los resultados de las segundas elecciones generales celebradas en un año, Ganó el PSOE de Pedro Sánchez, muy por delante del PP, pero, por desgracia hemos visto un crecimiento desmesurado de la ultraderecha. Ahora mismo Vox es la tercera fuerza política de nuestro país superando a la derecha en varias provincias y siendo la primera fuerza en la Comunidad autónoma de Murcia… Uno de las consecuencias del blanqueo que han hecho Ciudadanos (que se ha desplomado) y del PP, pactando con la extrema derecha en Andalucía, Madrid, Murcia…

Con sus 52 escaños, más que Podemos y Ciudadanos juntos, su líder, Santiago Abascal ya quiso dejar claro lo que van a intentar hacer.

Van a ir contra “las mordazas, las dictaduras y leyes que ha impuesto la dictadura progre”. Con esta guisa empezaba Abascal su discurso frente a una multitud portando banderas franquistas. En esa primera intervención el líder de Vox también tocó el tema de la inmigración, como suele ser habitual, en lo que ellos consideran como un deber patriótico y social restablecer cierto orden social.

Aunque no mencionó las leyes LGTB, que tanto han dado que hablar desde que empezara su andadura política, con lo que ellos llaman la defensa de la familia tradicional. Por suerte para todos, sus intentos han quedado frustrados por la falta de apoyos en los distintos gobiernos.

Lo importante, es que gracias a sus más de 50 escaños en el Congreso, Vox puede presentar recursos de inconstitucionalidad de lo que desean. Por lo que en los próximos días seguramente empiecen a recurrir todas aquellas ‘leyes liberticidas y anticonstitucionales’.

Nos esperan días duros, y más que nunca nos toca aresistir y continuar con el activismo. Luego no nos quejemos…

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El Ayuntamiento de Murcia subvencionó con 8.500 euros a una entidad católica que asegura atender casos de «desviación de la conducta sexual»

Lunes, 11 de noviembre de 2019

A7E0D076-C4CE-4B85-8F96-9E059AC36A0FEl Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 una subvención de 8.500 euros a «Mater Familiae», una organización vinculada a la Diócesis de Cartagena que entre sus servicios ofrece «atender los casos en los que se una desviación de la conducta sexual», aunque, eso sí, asegura hacerlo «con especial delicadeza». El Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia ha anunciado la apertura de una investigación y recuerda a la población que las mal llamadas «terapias» de conversión de la homosexualidad son inadmisibles de acuerdo al conocimiento científico actual.

Lo ha denunciado el grupo municipal del PSOE: el Ayuntamiento de Murcia, gobernado en 2018 por el PP gracias al apoyo de Ciudadanos (los populares perdieron la mayoría absoluta en la capital murciana 2015) concedió 8.500 euros a «Mater Familiae» para subvencionar un proyecto de «intervención en familias en situación de dificultad social».  «Mater Familiae» es una entidad vinculada a la diócesis de Cartagena que se define como un «centro de orientación familiar» que integra entre sus filas profesionales abogados, psiquiatras, pedagogos y psicólogos. La entidad ofrece «formación prematrimonial, reconocimiento de la fertilidad y orientación familiar», y según puede leerse en el apartado de metodología del proyecto presentado en su momento al Ayuntamiento «atiende con especial delicadeza» los casos en los que hay una «desviación de la conducta sexual», en lo que claramente parece una alusión a las «terapias» de conversión. En ese mismo documento puede leeerse que «Mater Familiae» trabaja como telón de fondo con «la antropología adecuada que se desprende del Magisterio de la Iglesia y los escritos de los Papas»:


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Nos resulta absolutamente anacrónico el apoyo del Ayuntamiento de Murcia a una asociación que se dedica a reconvertir las desviaciones sexuales»
, ha criticado la concejala socialista Esther Nevado, para la cual estas supuestas terapias «han sido desautorizadas por la comunidad científica internacional y tan sólo son defendidas por los grupos afines a la extrema derecha». La concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres, se ha defendido argumentando que el Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 subvenciones a 127 entidades sociales «de todo tipo de ideologías» y ha asegurado en el documento de memoria presentado por «Mater Familiae» para la justificación de la subvención «no consta ninguna actividad referida a intervención o atenciones a conductas sexuales desviadas».

El Colegio de Psicólogos de Murcia investigará el caso

Ante la gravedad de lo denunciado por el PSOE murciano, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COPRM) ha anunciado la puesta en marcha de un proceso de investigación para conocer «qué se está haciendo por parte de la asociación y quién está llevando a cabo los tratamientos».

Al mismo tiempo, el COPRM expresa su rechazo a la utilización de las conocidas como «terapias» de conversión y recuerda que «como colegio profesional, nuestra postura está en consonancia con la de la Asociación Americana de Psicología (2009), que en base a más de 80 estudios científicos, declaraba del todo inadmisible que los profesionales de la salud mental indicaran, instaran o hicieran creer a sus pacientes que es posible modificar su orientación sexual y convertirse en heterosexuales mediante algún tipo de intervención terapéutica o tratamiento».

«Aprovechamos para recordar que el COPRM cuenta con un grupo de trabajo sobre intrusismo, que analiza las ofertas realizadas por personas, que sin la requerida cualificación profesional, prometen con sus ‘terapias’ curaciones o logros milagrosos. Por eso, desde el COPRM enviamos el mensaje a todos los murcianos para que acudan a un psicólogo colegiado para consultar todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con su salud emocional y la de los suyos», añade el comunicado.

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La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Tras Murcia, Andalucía: PP y Ciudadanos acuerdan con Vox que los alumnos necesiten permiso de sus padres para asistir a charlas educativas contra la LGTBIfobia

Martes, 29 de octubre de 2019

640D1B85-E6B9-478B-AC21-F7FFC59098ADEl Trifachito andaluz: Vox, PP y C,s

PP y Ciudadanos, los partidos que gobiernan Andalucía con el apoyo parlamentario de Vox, han llegado a un nuevo acuerdo con la formación de extrema derecha para que los alumnos de la región deban contar con permiso expreso de los padres para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. Andalucía se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que se implanta lo que la extrema derecha gusta llamar «PIN parental» después de que la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia (también en manos de PP y Ciudadanos y respaldado parlamentariamente por Vox), emitiera hace unas semanas una resolución en ese mismo sentido.

«Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución española», reza el texto del acuerdo alcanzado entre las tres formaciones de derecha y que forma parte de un acuerdo amplio que permitirá al Gobierno andaluz ver aprobados los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma con el apoyo de Vox. El diario digital Infolibre ha preguntado a la formación de extrema derecha si con dicho acuerdo dan por cumplida su exigencia de que se apruebe el «PIN parental» y así se lo han confirmado.

Andalucía, región en la que PP y Ciudadanos buscaron el apoyo de Vox para lograr la mayoría absoluta y desbancar del Gobierno al PSOE (que durante la legislatura anterior gobernaba precisamente el apoyo de Ciudadanos), se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que la formación de extrema derecha consigue implantar de forma efectiva su agenda anti-LGTB. Hace pocas semanas conseguía un triunfo parecido en Murcia, donde una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria sean comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos otorguen su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI (al igual que el acuerdo andaluz), pero a nadie se le oculta que su objetivo no es otro que el desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

Las leyes regionales contra la LGTBIfobia, papel mojado

Al igual que comentamos en su momento al hablar de Murcia, en nuestro humilde entender el acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox atenta contra la ley regional contra la LGTBIfobia aprobada por unanimidad del Parlamento andaluz en diciembre de 2017 (por aquel entonces Vox era todavía una fuerza extraparlamentaria). Su artículo 13.2 dice que «se garantizará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil, explicando la diversidad afectivo-sexual sin estereotipos a fin de facilitar un conocimiento objetivo y sin prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para ello los recursos pedagógicos necesarios», mientras que su artículo 15.2 asegura que «los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, así como dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectiva y sexogenérica y eviten e impidan la discriminación. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad sexual, de género y familiar, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículum los contenidos de igualdad».

Insistimos también, como venimos haciendo desde que hace ya casi un año Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: el problema no es tanto el programa concreto de Vox (que no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para acceder o aferrarse al poder en lugares como Andalucía, Madrid o Murcia, han acabado por completar un escenario poco halagüeño para los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Vox quiere implantar el Pin parental para cuestiones LGTBI en la Comunidad de Madrid y se pregunta “dónde termina la educación en diversidad sexual” y “dónde comienza la corrupción de menores”

Lunes, 21 de octubre de 2019

1559058437_010289_1559058553_noticia_normalVox vuelve a cargar con su propuesta del Pin parental, lo han comunicado en la Asamblea de Madrid, quieren que los padres puedan elegir si sus hijos acudan a clases sobre educación LGTBI u otras actividades de índole sexual. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, se ha negado a llegar a ese extremo, lo considera inadecuado para la docencia.

Esto ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el día de ayer, cuando el diputado de Vox Mariano Calabuig preguntó al consejero si iban a eliminar el PIN parental que ya existe sobre los valores y la religión, no entendía porque el sistema educativo permite elegir entre esas dos modalidades y no se permite “dar la libertad” a los padres de mandar a sus hijos a clase o actividades LGTBI.

Lo considera un paso atrás en materia de derechos hacia los padres. Ossorio le respondió que no tienen pensado suprimir ningún PIN parental, porque no hay ninguno que suprimir, sino que es un decreto existente para las familias. “Nuestro sistema educativo está repleto de elecciones y a nosotros nos parece muy bien, pero no se puede llevar al extremo y que unos padres piensen que el hombre no ha llegado a la luna y dijeran que sus hijos no pueden estudiar astronomía”, concluyo el consejero, mostrando su compromiso con el cumplimiento del artículo 27.3 de la constitución.

No obstante, el también diputado del PP ha recordado que el Tribunal Supremo ha determinado que “en los centros educativos no se puede imponer ni inculcar ni siquiera de manera indirecta puntos de vista sobre cuestiones morales que en la sociedad española sean controvertidas”. Por ello, asegura, los colegios tendrán que explicar el contenido de su programación a principio de curso para que las familias decidan dónde matriculan a sus niños.

Esta polémica se remonta a las negociaciones para formar el Gobierno regional tras las elecciones que ganó el PSOE pero dieron una mayoría a las suma de los partidos de centroderecha. Entre otras cuestiones, Vox planteó como requisito imprescindible para apoyar un Ejecutivo bicolor de PP y a Cs la aplicación de lo que denomina pin parental para evitar “el adoctrinamiento” en las aulas con contenidos académicos relativos a la sexualidad o a los derechos del colectivo LGTBI, recogidos en las leyes autonómicas aprobadas la pasada legislatura.

Finalmente, el pacto no incluyó dicha referencia, pero en su discurso de investidura la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí se comprometió a cambio a que sea “obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción”. En ella deberá incluirse tanto el “proyecto educativo” como las “temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas”.

Sin embargo, Vox ha vuelto a poner este jueves en el centro del debate parlamentario la cuestión del pin parental, equiparándolo a la posibilidad de elegir entre la asignatura de Religión y la de Valores. “¿Por qué no existe cuando los padres dicen, mire, es que hay una serie de cosas que no quiero que se le den a mis hijos, como son clases o actividades sobre LGTBI o educación afectivo-sexual que afectan muy directamente a las familias?”, ha preguntado el diputado Mariano Calabuig.

Ossorio le ha respondido que los progenitores no pueden limitar determinados contenidos que reciben los alumnos. “Lo ha dicho el Tribunal Supremo: no se admite objeción de conciencia a los padres cuando son asignaturas del currículo obligatorio”, ha subrayado.

La controversia ha seguido en la Asamblea en una comparecencia solicitada por Más Madrid para interrogar al consejero de Educación sobre la aplicación de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, la diputada de Vox Alicia Rubio, que es profesora, ha llegado a poner como ejemplo de los contenidos que su grupo no quiere que se impartan en los centros escolares el caso de una alumna que le dijo que hasta que recibió una de esas charlas pensaba que “el sexo oral era decir cochinadas por teléfono”.

“¿Qué derecho ampara a esos grupos para entrar como elefante en cacharrería en las aulas, en las conciencias, en la intimidad y en la inocencia de esos menores? ¿No deberían los padres saber y autorizar estos contenidos?”, ha preguntado la representante de la formación ‘verde’, que ha asegurado que “sí se adoctrina en las aulas” con “contenidos sesgados de la sexualidad humana”, y se ha planteado “dónde termina la educación en diversidad sexual” y dónde comienza “la corrupción de menores” con los contenidos que se desarrollan en los centros educativos por parte de colectivos LGTBI. En este punto, la parlamentaria se ha preguntado quiénes son esos colectivos que dan charlas en los colegios y “qué es lo que les avala” para que la Comunidad les permita acudir a los centros educativos a dar estos contenidos. “Yo creí en esos contenidos de género para evitar la violencia y fomentar la tolerancia, hasta que vi su trayectoria y vi que no tenía nada que ver con la tolerancia. Hasta ese momento no supe dónde terminaba la educación en diversidades sexuales y comenzaba la corrupción de menores”, ha lanzado.

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En su turno de palabra, el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha puesto otro ejemplo, un “caso real” de un chico gay al que su padre, al enterarse de su condición sexual, le dijo antes de destrozar la vajilla de la casa: “Ojalá te hubieras muerto en el accidente de coche que tuviste el año pasado. Prefiero tener un hijo drogadicto, asesino o con discapacidad antes que un hijo maricón de mierda”.

“Esta situación es extrema, desde luego, pero hay demasiadas familias que no ofrecen un entorno seguro a los menores LGTBI precisamente por esos prejuicios que tienen”, ha espetado el parlamentario del grupo de izquierda en una crítica directa a Vox . Esos niños tienen derecho a que la escuela no reproduzca los prejuicios que tienen los padres, tienen derecho a que se les eduque en libertad”, ha apostillado.

El parlamentario de Más Madrid ha sostenido que este grupo parlamentario se supera “a sí mismo” en cada intervención. “Escuchando a los señores de Vox siempre pregunto lo mismo: ¿a qué tienen ustedes tanto miedo? ¿qué es exactamente lo que les asusta tanto que conozcan sus hijos? ¿sus convicciones son tan débiles como para pensar que sus hijos algún día escuchan algo diferente a las barbaridades y les va a pasar algo? ¿van a ser LGTBI?”, ha espetado.

En este punto, ha recordado que las personas LGTBI se criaron “rodeados de personas heterosexuales, rodeados de referentes heterosexuales, escuchando películas heterosexuales” y ni les cambian, ni ha pasado nada. Les ha instado, además, a que no tengan “tanto miedo a la diversidad” ni a que sus hijos conozcan “la realidad de España en el siglo XXI”.

Por parte del PSOE la parlamentaria Carla Antonelli solicitó a la Comunidad que informara acerca de cuál es su compromiso con el cumplimiento y desarrollo de las leyes de igualdad LGTBI y se ha refirió a la expulsión de Alicia Rubio de un instituto madrileño y le ha acusado de tener una psicopatía que se llama «transfobia».

Carla Antonelli ha sostenido que a sus 60 años “hay cosas que parecía imposible imaginar” como lo ha sido “escuchar” en la Cámara autonómica “tanto odio que puede escupir una persona” y se sorprende de que “sus vidas hayan girado en torno al odio hacia otras personas”, que han luchado “igual por la democracia y las libertades” en España. “Hacen apología del odio hacia los LGTBI intentando impedir que los niños sean educados en el respeto, dejen a nuestros niños y niñas en paz, que crezcan en libertad y en respeto a su propia identidad”, ha subrayado.

La diputada Beatriz Gimeno, de Unidas Podemos, ha mencionado a HazteOir.org  y defendido el capítulo educativo de la ‘Ley LGTBI’ de Madrid. Y ha reprochado al consejero de Educación, Enrique Ossorio, de permitir el reparto de folletos en los colegios madrileños, hacer oídos sordos a la creación de páginas web con listas de centros, para intimidar y perseguir a los centros que dan cursos de diversidad sexual…

Este no es más que otro intento de Vox de dañar al colectivo LGTB, con políticas absurdas que no benefician a nadie y no son más que pasos atrás de la sociedad.

Fuente Agencias

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