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Castilla-La Mancha aprueba por unanimidad su ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en la que entran “todas las sensibilidades”

Viernes, 6 de mayo de 2022

6df53b95-0527-4c3e-8162-1c4a29f9e943_16-9-discover-aspect-ratio_default_0Los tres grupos parlamentarios han defendido la igualdad de derechos y han condenado los ataques que sufre todavía el colectivo

Las organizaciones LGTBI celebran la Ley de Castilla-La Mancha también como un impulso para la normativa estatal

FELGTB y la Fundación Triángulo recalcan el carácter histórico de la aprobación del texto por unanimidad

Francisca Bravo

Emotivo día en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se ha aprobado por unanimidad la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de la región, una normativa calificada como “histórica” y que deja sólo a Asturias y Castilla y León como las únicas comunidades sin legislación propia destinada al colectivo. Es una “creencia profunda en la justicia”, aseveró Blanca Fernández, consejera de Igualdad, que ha presentado el texto en nombre del Consejo de Gobierno, agradeciendo por nombre y apellido a muchas personas activistas que copaban las tribunas y las salas de comisiones como testigos del momento que vivido la cámara.

Fernández ha recalcado que la Ley ofrece una oportunidad para dar “ejemplo” en un momento en que la política está “tan denostada”. “Nos iría mejor si fuéramos más capaces de llegar a acuerdos y consensos”, recalcó, apuntando que se aceptó la mayoría de las enmiendas enviadas al texto, que fueron centenares de decenas de organizaciones y personas particulares. “Hemos incorporado en la medida de lo posible todas las sensibilidades, y hemos aceptado las alegaciones con independencia de quien fuera el aturo”, resaltó la consejera de Igualdad.

Emoción en sus palabras al recordar a las “madres coraje” que estaban presentes en el pleno, Patricia, Paloma y Anabel. Y es que la ley tiene un apartado e protección de la juventud, al igual que también de las personas mayores y de quienes estén en situación de vulnerabilidad. “Si la ley está hecha contra los estereotipos, contra el miedo y el sectarismo, teníamos que construirla con la buena fe de quien quería aportar para construir”, recalcó. “Por qué es necesario hacer una ley específica para proteger los derechos y libertades de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha? ¿No es suficiente con la Constitución? No, no lo es”, afirmó Fernández.

Este texto, explicó, servirá para atender, por ejemplo, a quien sufra secuelas tras un ataque violento. “¿Qué persona LGTBI haciendo el análisis, no ha dicho cómo mínimo una vez que ha sufrido acoso, mobbing o violencia en el peor de los casos? Sabemos que esto es así. No podemos dar la espalda”, resaltó Fernández, quien agradeció el trabajo de más de dos años de todo el equipo de la consejería. “Esta ley desarrolla un mandato constitucional que protege derechos fundamentales. Las personas LGTBi de Castilla-La Mancha no son menos”, concluyó.

El PSOE afirmó que la ley está “muy consensuada” con las asociaciones LGTBI y su portavoz, Charo Saco, recordó que prácticamente la mitad de las parejas del colectivo señalan que no se atreven a darse la mano. También recordó a personalidades históricas del colectivo, como Javier Fernández Arroyo, fundador de la asociación Bolo-Bolo, Gustavito, enfermero y matrón de Albacete que resultó ser una “institución” para el colectivo en los años 40 y 50, así como Ana Pérez, la “primera actriz” de una película de temática trans, originaria de Hellín. Saco resaltó también que la extrema derecha “amenaza” a la región, y que Vox ya ha anunciado que hará lo posible por recurrir la ley. “Nos causa tristeza y enfado”.

La diputada de Ciudadanos, Elena Jaime, también recordó a Sonia Rescalvo, mujer trans originaria de Cuenca que fue asesinada en Barcelona y cuyo asesinato se reconoce como el primer crimen contra una persona trans de España. “Hoy nos sirve para recordar lo que nos ha traído aquí, los pequeños y grandes avances, y los estigmas a los que se ha visto abocado el colectivo”, resaltó, rememorando también a la poeta Soco Cordente, también conquense que falleció recientemente.

La diputada del PP Gema Guerrero, ha recordado que el PP “siempre ha trabajado” en la protección de estos derechos. “La nuestra no es una libertad impuesta, es una igualdad liberal, la que pretende las mismas oportunidades para todos, los mismos deberes, las mismas obligaciones”, ha afirmado parafraseando a Mariano Rajoy.

Decenas de asociaciones y colectivos LGTBI han acudido al pleno en el que se ha debatido la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, una normativa regional “histórica” que ha contado con el apoyo de los tres grupos parlamentarios en la Cámara. El texto ha recibido centenares de alegaciones que han supuesto una “mejora”, según ha reconocido la propia consejera de Igualdad, Blanca Fernández, quien realizó una emotiva defensa del texto.

Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha considerado que si bien lo que se estipula en la ley es “mejorable”, también se trata de un día para celebrar. No sólo para la ciudadanía de Castilla-La Mancha, reflexiona, sino también como un impulso para la Ley estatal que está “próxima a llegar”. “El trabajo de muchos activistas está muy reconocido hoy en esta cámara”, explica momentos antes de iniciarse el pleno. “Es un buen paso para el colectivo de esta comunidad autónoma y que además despatologiza a las personas trans, atiende a los menores trans y cuenta con un discurso contra las terapias de conversión, así como su prohibición. Vamos por el buen camino”, celebra.

Esta ley hace que sólo Asturias y Castilla y León no cuenten con una normativa regional destinada a la protección del colectivo LGTBI. Además, Sangil resalta que es una ley “mucho mejor” que otras, como la de Galicia, que ha tachado de “descafeinada” y “sin contenido real”.

“Es un momento histórico para Castilla-La Mancha. El activismo lleva décadas persiguiendo avances para que se reconozca la igualdad para todas las personas”, explica José María Núñez, presidente estatal de la Fundación Triángulo. El extremeño recuerda que este tipo de normativas de protección son “fundamentales” para comunidades autónomas más rurales, y resalta el consenso que ha supuesto para la estabilidad de su desarrollo posterior. “Significa reconocer con rango de ley la igualdad de las personas, amen a quien amen y se sientan cómo se sientan”, señala. También resalta que reconoce los derechos de las personas trans con toda su dignidad y derechos humanos en “todos los ámbitos de la vida”. “Es algo fundamental”.

“Queda por delante su desarrollo y en él nos empeñaremos, pero es un día importante a nivel nacional, porque sólo quedaban tres comunidades autónomas sin ley LGTBI o trans y hoy aquí se aprueba por consenso. Esta ley es de primera línea entre las legislaciones sobre diversidad sexual, incluso a nivel europeo y en breve lo hará también Asturias. Sólo quedará Castilla y León sin legislación. Pero nadie en su sano juicio cree que Castilla y León aprobará ninguna norma aceptable que reconozca la diversidad sexual”, reflexiona.

Núñez señala que es “inevitable” recordar el discurso de zapatero cuando se aprobó el matrimonio igualitario, y resaltaba que “no se quitaban los derechos a nadie, sino que se garantizaba la dignidad de todos los españoles y españolas”. “Esta ley hoy reconoce la dignidad de todos y todas las castellanomanchegas, independiente de su orientación sexual”, celebra.

Amnistía Internacional ha resaltado en un breve comunicado el “importante” avance en los derechos humanos que supone la aprobación de la ley para las personas LGTBI en la región, al plantear mejoras en aspectos “críticos” para el disfrute de sus derechos, como la prohibición de las terapias de conversión o la inclusión de contenidos sobre diversidad en el currículo educativo y formación del profesorado; también destacan las medidas para no discriminación en el ámbito laboral, acceso a la salud o la protección del colectivo. “Es imprescindible garantizar una adecuada aplicación de la ley y dotarla de recursos adecuados para que las medidas propuestas pasen a ser una realidad”, advierten.

Fuente El Diario

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La Rioja aprueba la Ley Trans con los votos del PSOE, IU y el Grupo Mixto (Podemos).

Jueves, 24 de febrero de 2022

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En un momento en el que el discurso de odio contra las personas trans gana presencia política y mediática y amenaza con paralizar los necesarios avances legislativos en la materia, resulta reconfortante poder dar una noticia como esta: el Parlamento de La Rioja aprobó el pasado viernes, 18 de febrero, la Ley regional de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares. Lo hizo con el voto favorable de PSOE, Podemos e IU y con la oposición de PP y Ciudadanos. Nuestra enhorabuena a las personas trans de La Rioja y a sus familias.

El pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado el pasado viernes día 18, la Ley Trans durante un pleno monográfico que se ha celebrado en la Cámara riojana.La Rioja deja así atrás el pequeño grupo de comunidades sin ninguna ley específica que proteja a las personas del colectivo LGTBI y entre las que aún se cuentan Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias. La Ley, que se ha votado en varios puntos por separado, ha contado con los votos a favor del PSOE y el Grupo Mixto mientras que Cs y PP han mostrado su abstención o rechazo en varios de los artículos.

En concreto, el texto a debatir era la Proposición de ley de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad Autónoma de La Rioja. La diputada socialista, Nuria del Río, ha sido la encargada de relatar, en primer lugar, la tramitación de esta Proposición de Ley que comenzó en noviembre de 2019. Durante el debate, además, han estado presentes numerosas personas y miembros de colectivos LGTBI.

La Rioja era una de las pocas comunidades autónomas que no disponía todavía de un marco regulatorio propio para proteger a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico, y ello pese a que en la anterior legislatura pudo haberse ya conseguido, después de que en 2015 el PP perdiese la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja. En 2017, los entonces grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado, presentaron una proposición de ley en ese sentido, consensuada además con los principales colectivos LGTBI de la región. Las maniobras dilatorias del PP, que lamentablemente contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos, hicieron imposible que se cumplieran los plazos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo»se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

La nueva Ley Trans riojana, aprobada con los votos de PSOE, IU y Podemos, comenzó, por lo tanto,  su andadura en la anterior legislatura, con el popular José Ignacio Ceniceros como presidente regional. Fue el Partido Socialista el que presentó esta iniciativa, que, tal y como explica Henar Moreno, diputada por Izquierda Unida y una de las impulsoras de la ley, fue bloqueada por el Partido Popular hasta agotar la legislatura. Una vez arrancada la nueva legislatura, con la socialista Concha Andreu a la cabeza, la ley volvió a iniciar su trámite parlamentario y se aprobó su toma en consideración en 2020, aunque no ha sido hasta este 2022 que ha llegado hasta el Pleno autonómico para su aprobación definitiva.

En las elecciones autonómicas de mayo de 2019, la izquierda conseguía por primera vez en 25 años la mayoría en el Parlamento de La Rioja. Y los grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraban en noviembre de ese año, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la misma proposición de ley integral trans que no pudo aprobarse antes de las elecciones. Por fin, casi dos años y medio y una pandemia después y pese a las presiones del lobby transexcluyente, la proposición de ley es una realidad, con la oposición del PP (comprensible, dada su postura tradicional en materia LGTBI) y de Ciudadanos (menos comprensible) y el voto favorable de PSOE, IU y Podemos. Especial empeño han puesto en ello las diputadas Ana Santos, del PSOE, y Henar Moreno, de IU.

Moreno explicaba que la sintonía con el PSOE riojano en la tramitación de esta ley ha sido “fantástica” . Por su parte desde la Agrupación de apoyo a personas trans, no binarias y agénero de La Rioja (ARTRA) destacan, que pese a los permanentes retrasos “y más allá de pequeños roces, hemos visto apoyo”. Desde este colectivo destacan la figura de Ana Santos, exconsejera socialista de Servicios Sociales del gobierno riojano, de quien destacan que “ha estado al pie del cañón y debe ser citada”. Santos, de hecho, aseveró que esta nueva norma supondrá “abrir la puerta a una realidad que ha sido ignorada siempre en esta comunidad: la realidad trans” y ha recordado que “ha sido una lucha muy larga y con muchas dificultades, es el tercer intento de que salga adelante” y que esta ley supone “devolver la dignidad a las personas trans y que estén amparadas por las leyes y las instituciones”.

Durante la sesión, Moreno ha recordado algunas de las cifras que afectan a este colectivo, como que “más del 80% de los menores y adolescentes trans han pensado en suicidarse, más del 40% lo intentaron y el 8% lo consiguió”. “El 85% de las personas trans encuentran muchísimas dificultades para encontrar un empleo o están en situación de desempleo, el 58% ha sufrido algún tipo de discriminación, agresión o acoso en su ámbito laboral, el 43% del alumnado LGTBI ha sufrido acoso escolar y más del 60% ha sufrido algún tipo de agresión LGTBIfóbica a través de las redes sociales”.

Tras ella ha sido el turno de Belinda León, de Ciudadanos, que en una polémica intervención y después de “reivindicar los derechos trans”, ha anunciado que votarían en contra por “no ajustarse a la realidad” y por haberse tramitado y redactado en exclusiva entre el PSOE, IU y Podemos, lo que ha concluido con la bancada socialista llevándose las manos a la cabeza.

Por el Grupo Popular, el diputado Jesús Pérez Ligero ha criticado que “la exposición de motivos es completamente ideológica y acota incluso la denominación de trans confundiendo el sexo con el género”. Además, ha afeado, “aplica un determinado punto de vista y pone incluso sanciones a las personas que no están de acuerdo con algo y que son relativas a la libertad de expresión”. El PP también ve “incongruencias” en la Ley riojana, sobre todo en lo relacionado con los menores. Además, ha señalado el diputado ‘popular’ “habría que esperar a ver qué ocurre con la Ley estatal pero los socialistas hacen oídos sordos incluso a los suyos mientras mantengan el “sillón caliente”. Incluso ha afirmado que  “se legisla sobre sentimientos pero sin datos de lo que está pasando en otros países que llevan mucho camino por delante y que ahora ven problemas”. y que “trata de imponer un modelo a dedo que puede generar situaciones irreversibles”. Toda ley en defensa de los derechos trans debe contar con la máxima seguridad jurídica y con el consenso no solo de los legisladores sino también de los sanitario.

Por último, por el PSOE, Ana Santos ha comenzado su intervención celebrando que “a la tercera va la vencida” y recordando que “la sexualidad no entiende de ideologías, ni de clases sociales, ni de culturas, ni de religiones”“Hoy estoy emocionada y orgullosa de ocupar un escaño, haber sido ponente de esta Ley y haber contribuido a su defensa y, a pesar de todas las dificultades del camino, hoy se apruebe porque supone un avance en derechos humanos. Estas conquistas son importantes“, ha afirmado.

También durante su intervención ha lamentado que esta ley no haya salido adelante por unanimidad. “Si fue posible lograr un acuerdo por unanimidad en nuestra reciente reforma del Estatuto de Autonomía, en su artículo 15, donde se recogía el derecho de toda persona a expresar su identidad de género ¿Porqué no íbamos a lograr un acuerdo a la hora de hacer ese derecho efectivo?”.

A pesar de la “tardanza” en aprobar esta Ley, la diputada socialista, Ana Santos, ha querido recordar que “no ha sido fácil llegar hasta aquí” porque se ha producido una “verdadera carrera de obstáculos”. A pesar de que la derecha “ha hecho todo lo posible para que esta Ley no viera la luz”, ha querido recordar que la transexualidad “no entiende de ideologías. Nos hubiera gustado que esta Ley se hubiera aprobado por unanimidad”. Por todo ello, ha indicado, “no voy a permitir que nadie empañe lo que hoy es un buen día” a pesar de que el PP y a Cs “se quieran amparar en razones formales, lo cierto es que se han respetado los tiempos y ellos han sido los responsables de que no se aprobase esta Ley en otras dos ocasiones anteriores. Levantarse de una comisión y no apoyar el dictamen es escurrir el bulto, no es una cuestión de tiempo sino de voluntad”. Ante ello, ha finalizado, “hoy se abre un camino de esperanza en La Rioja. Habrá un futuro en el que podamos vivir respetando nuestras diferencias y en donde sea más importante amar que estigmatizar. Hoy con esta Ley abrimos un camino y tiramos las puertas para que nadie vuelva a meterse en un armario”.

Y ha concluido recordando al grupo parlamentario de Ciudadanos que “todas sus enmiendas, salvo tres que ya estaban recogidas por el texto, fueron aceptadas en el seno de la comisión” que ha trabajado el articulado.

Una ley en defensa de los derechos de las personas trans

La nueva ley (cuyo texto completo puedes consultar aquí) reconoce el principio de autodeterminación de género y garantiza a las personas trans y a las personas intersexuales una serie de derechos fundamentales en los ámbitos sanitario, educativo, laboral y deportivo, poniendo punto final a la patologización de las identidades trans en todas aquellas esferas que dependen del ámbito competencial autonómico e instaurando un régimen sancionador contra las acciones discriminatorias.

La Ley Trans de La Rioja pretende ser un texto transversal que atraviese distintas realidades diarias de las personas trans en el ámbito sanitario, educativo, deportivo y laboral poniendo el foco en la denominada “autodeterminación de género”.

Esta ley supone dejar atrás aspectos patologizantes, como el requerimiento de certificados médicos de “disforia de género” para poder acceder a los tratamientos de transición, poniendo a disposición de los riojanos un procedimiento efectivo para la autodeterminación de género que por primera vez no deberá contar con el consentimiento familiar para los mayores de 16 años. Esta autodeterminación de género afectará al deporte no profesional —pues el Gobierno autonómico carece de competencias para la regulación del deporte profesional—, al ámbito educativo y sanitario.

También pretende garantizar el acceso desde la sanidad pública a los tratamientos hormonales y de transición para las personas trans; un punto que desde Izquierda Unida destacan como fundamental porque en el pasado el suministro de este tipo de tratamientos no ha estado garantizado por el desabastecimiento, “llegando incluso a revertir el proceso por la interrupción del tratamiento, con todo lo que ello supone”.

Asimismo la ley tratará de garantizar los derechos de las personas trans en el ámbito laboral mediante un detallado régimen sancionador que impida la discriminación de las personas trans y mediante diversas políticas activas de empleo con las que reducir la brecha de paro a la que este colectivo se enfrenta históricamente. En este aspecto, Henar Moreno destaca que la ley no es realmente novedosa en cuanto a las fórmulas que se emplean en la lucha contra la discriminación, sino que vienen fuertemente inspiradas por las fórmulas ya probadas en la lucha contra la discriminación y la violencia de género.

Otros aspectos que se destacan en la ley son que la comunidad educativa vele “para que sea un espacio de igualdad y tolerancia, libre de presión, aversión o discriminación por identidad”; el tratamiento por el género y nombre sentido de las personas trans en todos los ámbitos administrativos y el tratamiento igualitario de las personas trans en los medios de comunicación.

La aprobación de la ley integral trans riojana ha sido recibida con alegría tanto por los colectivos LGTBI riojanos, como Marea Arcoíris o Gylda, como por destacadas figuras del activismo trans en España, como Mar Cambrollé o Carla Antonelli:

Ante la aprobación de la Ley Trans riojana, la presidenta de la Federación de Plataformas Trans de España, Mar Cambrollé, ha celebrado “este día como un día histórico para La Rioja” y ha calificado la aprobación de esta ley como “una de las asignaturas pendientes de la democracia” y considera que la aprobación de esta ley manda “un mensaje directo al estado en la urgente tramitación de una ley estatal trans”. También ha destacado que esto se produce en un momento clave en el que “el avance de la ultraderecha pone en peligro el progreso en derechos de las personas LGTBI” y considera que es imprescindible blindar estos derechos como se ha hecho en La Rioja, “como un cordón sanitario contra la ultraderecha”.

Para ARTRA este texto legal supone “afianzar y rellenar huecos en el cumplimiento de nuestros derechos humanos fundamentales y constitucionales”. Sin embargo, tanto desde este colectivo como desde Marea Arcoiris Rioja lamentan que esta ley deje fuera a las personas no binarias y recuerdan que “en muchas ocasiones son las que más sufren maltrato físico y psicológico, abusos y violaciones; sin embargo parece que no existan”.

Fuente Agencias

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Los derechos trans ya son ley en La Rioja

Esta ley supone un gran avance para el colectivo LGTBI+, equiparando a La Rioja con otras CCAA con legislaciones más avanzadas en esta área.

En los próximos meses se implementarán los nuevos protocolos y se impulsará la creación de un Centro LGTBI+ y una Comisión LGTBI+.

La Comunidad Autónoma de La Rioja da un gran paso en la conquista de los derechos del colectivo LGTBI+, especialmente de las personas trans, con la aprobación de la Proposición de Ley de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares. Este viernes, el pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado la Ley Trans, que ha contado con el apoyo y aval de diferentes ejes sociales, sindicales, y políticos de la región. Leer más…

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FELGTBI+ impulsa la 1º Mesa del Pacto Social para un Pacto de Estado frente a los Discursos de Odio contra Grupos Vulnerables

Martes, 15 de febrero de 2022

pactosocialEste Pacto social pretende reforzar el consenso social y político en defensa de los grupos vulnerables e impulsar un Pacto de Estado contra los discursos de odio.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha promovido hoy la 1º Mesa del Pacto Social y de Estado frente a los Discursos de Odio contra Grupos Vulnerables, que ha reunido a más de veinte organizaciones sociales, instituciones y partidos políticos, entre ellas, CCOO, UGT, Consejo de la Juventud de España,  FELGTBI+, Fundación Triángulo, Fundación ONCE, CERMI, Secretariado Gitano, Red Acoge, CESIDA, Hogar Sí, la Dirección General de Diversidad Sexual, la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio del Interior, así como PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País y Equo.

El objetivo de esta primera mesa ha sido proponer a los principales actores sociales y políticos del estado un Pacto Social frente a los discursos de odio que estigmatizan y señalan a los grupos vulnerables, dada la emergencia de discursos de odio contra estos grupos en la esfera pública, que está socavando los cimientos de la convivencia social y poniendo en peligro los avances logrados hasta la fecha. A juicio de las organizaciones, es evidente que la estigmatización y el señalamiento a los grupos vulnerables está legitimando la discriminación y la violencia en su contra, como muestra el aumento de un 10% de los delitos de odio en el primer semestre de 2021 respecto al de 2019. Además, se ha constatado un aumento de la virulencia en este tipo de delitos, sin ir más lejos, con el asesinato a Samuel Luiz en La Coruña el pasado julio y los grupos neonazis que se manifestaron en septiembre en Chueca al grito de “fuera maricas y sidosos”.

Se propone a los actores sociales, políticos y mediáticos rechazar públicamente los discursos contra grupos vulnerables y a no darles difusión.

El acto, que ha tenido lugar el 4 de febrero en la sede de Fundación ONCE, se ha inaugurado con la presentación de la iniciativa por parte de Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, entidad promotora. Sangil ha señalado que “es fundamental que la sociedad rechace con claridad los discursos de odio que nos estigmatizan, nos señalan y alimentan la violencia contra los grupos vulnerables.” Además, ha indicado Sangil, “aspiramos a que este Pacto Social impulse un Pacto de Estado que proteja a las personas afectadas por los discursos de odio, con medidas como la formación de los operadores jurídicos, la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, o la revisión de la legislación sobre delitos de odio contra colectivos vulnerables.”

Las organizaciones impulsoras del Pacto han debatido los ejes de acción y medidas concretas para impulsar el rechazo hacia los discursos de odio y la protección para los grupos vulnerables. El Pacto se reunirá periódicamente para evaluar sus avances y el seguimiento por parte de los actores de los compromisos presentes en este pacto.

Fuente FELGTBI+

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Una mayoría abrumadora de votantes del PSOE apoya la «ley trans»

Viernes, 28 de enero de 2022

F10B38FB-005C-4677-9C90-A63E81622121Una mayoría de españoles está a favor de la conocida popularmente como «ley trans», la iniciativa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para aprobar un paquete legislativo que reconozca la libre autodeterminación de género de las personas trans y consagre a nivel estatal una serie de garantías contra la discriminación de las personas LGTBI. Así lo pone de manifiesto la encuesta publicada los pasados 8 y 9 de enero por el diario El País y realizada por la empresa 40 dB. Una lectura detenida de los datos, que son de acceso público, arroja además que el apoyo es muy mayoritario entre los votantes del PSOE. Algo que no debería sorprender, pero que contrasta con la movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido.

La noticia que el pasado 9 de enero destacaba El País era que, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el 56,5 % de los españoles apoya la «ley trans» (un 27,6% la valora «muy bien», mientras que un 28,9% la valora «bien». Un 19,1% la ve «regular», un 8,1% la ve «mal» y un 10,9% la ve «muy mal». El País también destacaba como comentario adicional que casi un tercio de los que se declaran votantes del PP también la apoyan. En efecto, el porcentaje de votantes del PP que la ven «muy bien» o «bien» suma el 31,5%.

Desde dosmanzanas hemos querido conocer la opinión de otros votantes, y en concreto de los votantes del PSOE, dada la intensa movilización ejercida por el sector transexcluyente de los cuadros de dicho partido, que culminó en junio de 2020 con la distribución de un argumentario interno, firmado por los que entonces eran cuatro de sus secretarios, que se oponía abiertamente al principio de autodeterminación de género y defendía, de forma indirecta, la patologización de las identidades trans mantenida en la ley de identidad de género de 2007.

Es cierto que dichas posiciones han retrocedido tras el último Congreso del PSOE, celebrado el pasado mes de octubre, que incluyó finalmente entre sus resoluciones el apoyo expreso al anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, asegurando de forma explícita que «desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido». Pero también es cierto que el PSOE ha promovido a Carmen Calvo, firmante del ya mencionado documento transexcluyente en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE (cargo que ya no ocupa) a la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, lo que no resulta precisamente tranquilizador.

Un 75,3% de votantes socialistas, a favor

Pues bien, resulta que un abrumador 75,3% del electorado socialista, siempre según la encuesta de El País, apoya la «ley trans». En concreto, al 37,7% le parece «muy bien», mientras que al 37,6% le parece «bien». De las fuerzas políticas de las que se da información en este apartado, solo los votantes de Unidas Podemos tiene una opinión más favorable: el 79,6% de ellos la apoya (al 51% le parece «muy bien», mientras que al 28,6% le parece «bien»). Por detrás se situan los votantes de Ciudadanos (el 56% de ellos apoya la ley, sumando a los que la ven «muy bien» y «bien»), del PP y finalmente de Vox (solo un 19,7% de los votantes de la la formación de extrema derecha ven la ley «muy bien» o «bien», frente al 43,3% que la ve «muy mal»).

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Confiemos en que estos datos hagan avanzar de una vez el trámite parlamentario de un paquete legislativo que, ya sea en forma de dos leyes separadas o de una sola refundida, solo el empeño transexcluyente, y no precisamente del PP o de Vox, ha mantenido en suspenso desde hace años. Ya desde las elecciones generales de 2015 el Congreso de los Diputados cuenta con una mayoría parlamentaria que en teoría apoya los postulados del actual anteproyecto de ley. Mariano Rajoy, de hecho, dejó de ser presidente del Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura apoyada por una sólida mayoría. Han pasado casi siete años y ninguno de los intentos de superar el anacrónico marco legislativo español en materia trans y LGTBI ha tenido éxito. Tampoco, de momento, el derivado del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Ocurrirá en 2022?

Fuente Dosmanzanas

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La extrema derecha busca que Madrid sea el primer lugar de Europa occidental que aprueba en pleno siglo XXI un retroceso legislativo en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI

Lunes, 6 de diciembre de 2021

33921_asamblea-madrid-bandera-arcoirisLa acción erosiva de la extrema derecha y de los movimientos ultraconservadores contra el avance de los derechos de las personas LGTBI continúa. La nueva batalla se libra en la Comunidad de Madrid, donde Vox ha presentado una proposición de ley «de igualdad y no discriminación» que en caso de ser aprobado derogaría las leyes ya existentes en la Comunidad de Madrid de protección contra la LGTBIfobia y de identidad y expresión de género. Sería la primera vez en lo que llevamos de siglo que se produce un retroceso legslativo explícito en la protección contra la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental, de ahí su importancia.

Las leyes que la extrema derecha pretende derogar en Madrid, si el gobernante Partido Popular lo permite (recordemos que, una vez desaparecido Ciudadanos del ámbito regional tras las últimas elecciones, el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox suman mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid) son la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, aprobada en julio de 2016 con el voto de todos los grupos representados entonces en la cámara autonómica (incluido el grupo popular de la época) y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobada en marzo de 2016 con el voto favorable de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la entonces abstención del grupo popular.

FFr6ZsRXMAgwUhYEste es el texto de la Ley que se debatirá el 16.

Una derogación que Vox había puesto como condición para dar su apoyo a los presupuestos generales presentados por Isabel Díaz Ayuso, pero que aparentemente quedó fuera del pacto presupuestario dado a conocer públicamente hace unos días por las dos formaciones. Este viernes, sin embagro, saltaba la sorpresa, cuando el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional Eduardo Fernández Rubiño daba a conocer en Twitter que el próximo 16 de diciembre sería votada en pleno la adminsión a trámite de la propuesta de derogación:

Está por ver qué sucederá el próximo día 16, puesto que ya en varias ocasiones en que ha sido preguntada por la materia, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado abierta a negociar con Vox la modificación del articulado de ambas leyes, aunque nunca ha hablado abiertamente de derogarlas. Desde el PP, por otra parte, han evitado anticipar el sentido de su voto, al menos hasta el momento. En este sentido, cabe señalar que la toma en consideración del proyecto no supone su aprobación, sino el inicio de su trámite parlamentario. No sería de extrañar, dada la conocida habilidad propagandística de la presidenta Ayuso, que la toma en consideración fuese aprobada para así contentar al electorado más reaccionario y favorecer el apoyo definitivo de Vox a sus presupuestos para luego pasar a una fase de ambigüedad calculada durante la tramitación parlamentaria en la que el desenlace definitivo lo definieran las prospecciones demoscópicas de Díaz Ayuso.

FFw_OPoXoAoEtyrEl día 15 todes a llenar Sol #NiUnPasoAtrás

En este sentido, cabe señalar, para anticipar la dirección hacia la cual la extrema derecha intentará derivar el debate, que si finalmente fuese aprobada íntegramente la proposición de ley presentada por Vox, las dos leyes derogadas, caracterizadas por un elevado grado de concreción en la definición de los sujetos protegidos y en las medidas enunciadas, serían sustituidas por un listado genérico de vaguedades que dejan fuera las medidas o acciones afirmativas contempladas específicamente en materia LGTBI a nivel educativo, sanitario o laboral. Especialmente dañado se vería el colectivo trans, que perdería por ejemplo el derecho expreso a una asistencia sanitaria integral acorde a su identidad de género y a disponer de documentación administrativa según su identidad con independencia de su estatus registral (en este sentido es un mal presagio el apoyo a la iniciativa de Vox que desde algunas cuentas afines al activimo transexcluyente se ha manifestado ya). Pero también desaparecerían, por mencionar solo algunos ejemplos, la prohibición de las pseudoterapias de conversión, la prohibición de las cirugías de mutilación a personas intersex y toda una serie de medidas destinadas a prevenir el acoso escolar o la discriminación laboral por LGTBIfobia.

Pase lo que pase, y sobre todo si el PP no rechaza la proposición de forma clara, nos encontramos ante un gravísimo precedente, ya que en caso de que la legislación antidiscriminatoria fuese derogada, o simplemente rebajada, nos encontraríamos, al menos en nuestro conocimiento, ante la primera vez en lo que llevamos de siglo XXI que se produce un retroceso legislativo en la protección de las personas LGTBI en el ámbito de Europa occidental (Hungría, Polonia o Rusia aparte).

Fuente Dosmanzanas

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La ultraderecha estalla contra el Papa: “Bergoglio, se puede ir usted al mismísimo carajo”

Sábado, 11 de septiembre de 2021

Carlos-Herrera-Papa-Francisco_2373972580_15697008_660x371Están enloquecidos… Y a Jesucristo porque no pueden… A continuación el esperpento del hijo del nazi, de la vengativa y del ciudadaner…

El eurodiputado de Vox ha denunciado “el odio manifiesto de este Papa a España”, en su opinión “una prueba más de un carácter indisimulable de bajeza e indignidad”

El ex portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta: “Trece años en los jesuitas me impiden decir en este momento lo que verdaderamente pienso”

Rosa Díez critica el “mensaje ponzoñoso que ‘Su Santidad’ ha regalado a los españoles”

Las palabras con las que Francisco respondió a Carlos Herrera a cuenta de Cataluña y la transición (“Yo no sé si España está totalmente reconciliada con su propia historia, sobre todo la historia del siglo pasado“) y su aclaración de que su viaje a Compostela “sería a Santiago, no a España”, ha destapado la caja de los truenos de la ultraderecha española.

Uno de sus más destacados representantes, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, quien ha denunciado “el odio manifiesto de este Papa a España”, en su opinión “una prueba más de un carácter indisimulable de bajeza e indignidad”.

Que quede claro, Bergoglio, que se puede ir Ud al mismísimo carajo o a destinos aun peores, pero si fuera a Santiago, que Dios no lo quiera, sí va a España, que quede claro”, espeta Tertsch a Bergoglio. “Hartos ya estamos muchos de contener las palabras ante quien no se contiene en expresar todos sus viles sentimientos”, culmina.

Por su parte, la fundadora de la extinta UPyD, Rosa Díez, ha tildado las palabras de Bergoglio de “mensaje ponzoñoso”. La ex candidata a secretaria general de PSOE, que coloca comillas al término ‘Su Santidad’, recuerda al Papa que “la Constitución, con todos sus defectos, fue el más luminoso pacto de reconciliación que imaginar se pueda. Qué oportunidad perdida de recordárselo, Carlos Herrera”.

Más suave, el antiguo portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, recuerda al Papa que “esa reconciliación básica se produjo en la transición española”, y deja una frase para el recuerdo: “Trece años en los jesuitas me impiden decir en este momento lo que verdaderamente pienso”.

Fuente Religión Digital

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El Parlamento Europeo declara la UE como «zona de libertad para las personas LGBTIQ»

Jueves, 8 de abril de 2021

stock-footage-realistic-d-detailed-slow-motion-europe-gay-flag-in-the-wind-seamless-looping-isolated-on-whiteAmpliamos la noticia que adelantábamos el pasado 9 de marzo:

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución por la que declara la Unión Europea como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ». La iniciativa, de valor simbólico, ha sido aprobada por una amplia mayoría y refuerza la estrategia para la igualdad que la Comisión puso en marcha hace unos meses. Se trata también de enviar un mensaje de inclusión frente a los retrocesos que se están produciendo en países como Polonia, donde varias ciudades y regiones se han declarado «zonas libres de ideología LGTBI».

La propuesta del Parlamento surgió del Intergrupo LGTBI, una alianza de eurodiputados comprometidos con los derechos de la comunidad. Para mostrar su apoyo a la iniciativa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó la etiqueta #LGBTIFreedomZone en redes sociales el miércoles de la semana pasada. «Ser tú mismo no es ninguna ideología. Es tu identidad. Nadie la puede arrebatar. La UE es tu hogar. La UE es una zona de libertad LGTBI» tuiteaba la política alemana. A ella se unió la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, una de las dirigentes europeas más comprometidas con la comunidad LGTBI.

La resolución analiza en primer lugar el estado de los derechos LGTBI en la Unión Europea, con menciones a los retrocesos experimentados en los últimos años en Hungría y Polonia. Finalmente, declara a la UE como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ» y encarga al presidente del Parlamento «que transmita la presente Resolución a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo».

En la votación que tuvo lugar el pasado 11 de marzo la propuesta fue aprobada con un amplio apoyo transversal: 492 votos a favor y 141 en contra, con 46 abstenciones. Los cuatro eurodiputados de Vox Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé, Margarita de la Pisa y Hermann Tertsch votaron en contra. El independiente (elegido en la lista de Ciudadanos) Javier Nart se abstuvo. El resto de los eurodiputados de la delegación española que participaron en la votación apoyaron la declaración.

Con la aprobación de la resolución, las instituciones comunitarias dan un paso más en el blindaje del respeto a la diversidad LGTBI como un valor fundamental de la UE. En la actual legislatura se han producido más movimientos en este sentido. En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre del año pasado, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen declaró que «las zonas libres de LGTBIQ son zonas libres de humanidad y no tienen cabida en nuestra Unión». Anunció además la puesta en marcha de una estrategia para la igualdad de las personas LGTBI, la Unión de la Igualdad, que presentaron la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, y la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, dos meses después.

La implementación de esta estrategia se enfrentará a una fuerte resistencia por parte de las administraciones húngara y polaca, puntas de lanza en la actualidad de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. En particular, si se convierte en un condicionante para la concesión de ayudas económicas. Los Gobiernos del primer ministro Viktor Orbán y del presidente Andrzej Duda se han mostrado beligerantes contra cualquier iniciativa que vincule transferencias de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, la separación de poderes o los derechos de las minorías.

En agosto del año pasado, el ministro de Justicia polaco Zbigniew Ziobro calificaba de «infundada» e «ilegal» la decisión de la Comisión Europea de denegar las ayudas a seis ciudades polacas, que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre localidades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTB». Por otra parte, Hungría y Polonia vetaron durante semanas el presupuesto comunitario, incluido el fondo de recuperación contra los efectos de la pandemia de coronavirus, por oponerse a la cláusula que prevé la suspensión de la financiación cuando se produzca un socavamiento del Estado de derecho.

Fuente Dosmanzanas

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El acuerdo con Vox para reintroducir en las aulas la censura parental fue uno de los detonantes de la fracasada moción de censura en la Región de Murcia

Miércoles, 17 de marzo de 2021

s-l300Tras conocerse la presentación de una moción de censura para desplazar al PP de Gobierno de Murcia, el líder regional de los socialistas, Diego Conesa, destacaba que el mal llamado «PIN parental», al que también se oponían desde Ciudadanos, había sido una de las claves del movimiento, junto a la «falta de transparencia en la gestión» y la «corrupción del escándalo de las vacunas». Las maniobras posteriores del PP, que se ha asegurado el apoyo de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos a cambio de incorporarlos al Gobierno regional, han dado al traste con el intento de desplazar a los populares del Gobierno regional y anular la influencia de Vox. 

La Región de Murcia se despertaba la mañana del pasado miércoles con el registro de una moción de censura del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y Ciudadanos contra el popular Fernando López Miras, que desde las elecciones de 2018 gobernaba en coalición con el propio Ciudadanos con apoyo externo de Vox, la formación de extrema derecha. El motivo era la tensión creciente en el seno del gobierno entre populares y naranjas, motivado por el reciente escándalo de la vacunación contra la covid-19 de la cúpula de Sanidad (así como del concejal Felipe Coello, ya dimitido, en el Ayuntamiento de Murcia), las denuncias cruzadas en el consistorio de la capital entre los populares y el concejal de Ciudadanos Mario Gómez con acusaciones de espionaje y corrupción de por medio y, finalmente, el nuevo acercamiento del PP a la extrema derecha de Vox en materia educativa que, como adelantábamos en febrero, supondrá previsiblemente la reintroducción del la censura parental en las aulas a cambio de su voto favorable a los Presupuestos autonómicos de 2021. Un acuerdo entre PP y Vox que se confirmaba días después.

Pese a que todas eran cuestiones de peso para la formación naranja, el partido Ciudadanos se había opuesto a volver a implantar la medida estrella de la extrema derecha en las aulas. Un giro significativo, dado que aunque el partido naranja siempre se había sentido incómodo con la medida, en la práctica la había tolerado. Es necesario recordar, de hecho, que hasta que la justicia la suspendió cautelarmente la medida llegó a estar vigente en la región mientras la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, también ejercía como vicepresidenta única de la comunidad autónoma. Franco es, precisamente, una de las tres tránsfugas de Ciudadanos que finalmente han dado al traste con la posibilidad de cambio al frente del Gobierno de Murcia.

El que más rotundamente indicó que el retorno de la censura parental a la Región de Murcia supuso un acelerador del intento de moción de censura fue el líder de los socialistas en la Región de Murcia, Diego Conesa. El secretario general de los socialistas murcianos manifestaba la mañana del 10 de marzo en el programa de televisión Al Rojo Vivo que «el PP es un juguete roto en manos de la ultraderecha. Queriendo de nuevo reavivar los fantasmas de la censura educativa con el pin parental han acelerado este proceso y esta toma de decisiones».

En cualquier caso, el Gobierno central ya ha anunciado que volverá a recurrir la censura parental denunciando ante los tribunales a todas las comunidades autónomas que la apliquen, sean la Región de Murcia, Andalucía o Madrid, otras dos comunidades en las que Vox, desde su posición de fuerza en los parlamentos regionales, exige la aplicación de la medida (hasta ahora este recurso solo había sido necesario en Murcia). Además, según informa Fuensanta Carreres en el diario La Verdad de Murcia, la censura parental quedará sin efectividad tras la aplicación en el currículo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE, también conocida como «Ley Celaá»). Sin embargo, en la Región de Murcia al menos modificaría la naturaleza de las charlas que históricamente venía impartiendo el colectivo No Te Prives, ya que los contenidos de educación afectivo-sexual pasarían a ser impartidos por los profesores y no por los profesionales de la asociación.

Moción de censura condenada al fracaso

Por lo que se refiere a la moción de censura contra López Miras, está queda condenada al fracaso tras la maniobra del PP asegurándose el apoyo de tres tránsfugas de Ciudadanos, a los que a cambio incorpora al Gobierno (dos son nuevos consejeros, la tercera es Isabel Franco, que sigue como vicepresidenta). Los naranjas perderán así, muy probablemente para siempre, la posibilidad de presidir por primera vez una comunidad autónoma (la candidata era la hasta pocos días consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal). Habrá que ver qué pasa, eso sí, con los municipios que entraban también en el pacto inicial entre el PSRM y Ciudadanos, y donde los naranjas han gobernado hasta ahora con el PP habiendo sido los socialistas la opción más votada en las pasadas elecciones: Murcia, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo y Pliego, que pasarían a ser regidos por los socialistas.

 Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de la Región de Murcia anuncia que trabaja en la recuperación de la censura parental

Jueves, 25 de febrero de 2021

escuela-gay-300x225«El Consejero de Presidencia y Hacienda ha ratificado por escrito a Vox la voluntad y el compromiso «indudable» del Ejecutivo murciano de aplicar la censura parental, medida estrella de la formación de extrema derecha, y le ha transmitido que ya se trabaja en la modificación de los decretos que impiden su aplicación.

El Gobierno de la Región de Murcia vuelve a hacer un guiño a Vox (la fuerza más votada en las últimas elecciones generales en la región) poniendo en el punto de mira a la educación en valores y al colectivo LGTBI+. Mediante un documento escrito, el consejero de Presidencia y Hacienda ha asegurado a la formación de extrema derecha  que ya se trabaja en regular la autorización de los padres para charlas en centros educativos. Este documento es un informe del grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox para aprobar los Presupuestos de 2020 de la Comunidad Autónoma. Ahora, con la negociación para la aprobación de los Presupuestos de 2021 en marcha, el Gobierno regional parece apretar el acelerador para contar con los votos de la extrema derecha, a la cual necesita si el resto de la oposición se opone a las cuentas.

Según el diario La Verdad, el documento confirma que está en marcha la modificación de los tres decretos que establecen el currículo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. El eufemismo que utilizan desde el Gobierno de San Esteban para aplicar la censura parental es «aumentar la colaboración y participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos». El texto añade que se busca «adoptar las medidas adecuadas para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares deba estar presidida por la objetividad, la neutralidad, el respeto, el pluralismo y el uso de criterios científicos», términos ambiguos y que, según la interpretación del texto, podrían validar o denegar una misma actividad en el aula.

Según indica también el texto, la Consejería de Educación no ha recibido durante el curso pasado ninguna reclamación de alumnos, padres o docentes, en cuanto a la idoneidad o no de actividades complementarias. Este periodo realmente solo correspondería a los meses de septiembre de 2019 a marzo de 2020, periodo en el que hubo actividad presencial en las aulas.

Hay que recordar, en este sentido, que la pandemia por coronavirus azotó a España justo después de que el Ministerio de Educación llevara a los tribunales al Ejecutivo autonómico al implantar la censura parental, una medida que permite a los padres homófobos impedir que sus hijos acudan a charlas sobre diversidad afectivo-sexual, principalmente impartidas por profesionales del colectivo LGTBI de la Región de Murcia, No Te Prives. Una medida que se aplaudió desde los sectores más reaccionarios y contrarios al avance de los derechos de las personas LGTBI+. A continuación, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió de forma cautelar su implantación. Una vez finalizado el curso escolar 2019-2020, el alto tribunal murciano archivó el recurso contra la censura parental al haber expirado el ámbito temporal de aplicación de la medida. Sin embargo, con la vuelta a una relativa normalidad en las aulas y la aparente sensación de que la presencialidad va a continuar durante el vigente curso 2020-2021, resucitan las exigencias de la extrema derecha para implantar la que desde el inicio de la legislatura regional ha sido su medida estrella. La censura parental, recordemos, fue una de las pocas condiciones que acordó la extrema derecha con el Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los Presupuestos de la comunidad (de hecho es la primera medida que se enumera en el documento rubricado por las tres formaciones).

De confirmarse la noticia, es de prever que el Gobierno de España active de nuevo la vía judicial contra la medida. También es esperable que, pase lo que pase, el discurso de la extrema derecha, de nuevo protagonista de la agenda política y mediática, continúe intentando socavar la profesionalidad del personal que imparte estas charlas, creando de nuevo un conflicto que no existía y legitimando el discurso de odio contra el alumnado, colectivos y la población LGTB+ en general.

Fuente Dosmanzanas

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PP y Ciudadanos aprueban el “pin parental” de Vox en Andalucía

Lunes, 15 de febrero de 2021

Pin-Parental-Pacto-Andalucía-enero-2019

 La consejería de Educación está dirigida por Javier Imbroda, de Ciudadanos

El pin parental evitará que se enseñe derechos humanos, como los de las personas #LGTBI, en las aulas andaluzas

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y el portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, Alejandro Hernández, han firmado este miércoles un acuerdo para impulsar los “cambios normativos” para que los padres puedan decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias en los colegios, el llamado “pin parental”.

Este acuerdo, al que ha tenido acceso Efe, se ha firmado el mismo día en el que el pleno del Parlamento ha convalidado, con el apoyo de Vox al PP y Ciudadanos, coaligados en el Gobierno andaluz, el decreto-ley que modifica el proceso de escolarización y adapta la admisión del alumnado a la reforma educativa del Gobierno, que se aplicará en el próximo curso 2021-2022.

El objetivo de este acuerdo, es “salvaguardar la libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo de las potestades del personal docente”.

La Consejería, liderada por Imbroda, que pertenece a Ciudadanos, se compromete a impulsar, antes de que finalice el periodo de sesiones que ha comenzado hoy, “los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo”.

Et8RCvdXYAUru-vAboga por establecer “un sistema transparente de información a los padre a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española”.

Fuentes de la Consejería de Educación han manifestado que es un “acuerdo para, como ya dijo el consejero en su momento, trabajar en mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información previa del proyecto del centro educativo a las familias”. “Es decir, implementar mecanismos para que los padres conozcan el plan de centro y las actividades que se llevarán a cabo. Se trata exclusivamente de mejorar la información y la transparencia, no de implementar una autorización expresa”, han dicho.

Fuente Agencias

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El PP vota junto a Vox en el Ayuntamiento de Madrid en contra de ayudar a familias LGTBI y formar a profesores en la diversidad

Jueves, 30 de julio de 2020

186707_D9Gz5cnW4AAdd9OEl alcalde Almeida y el portavoz voxasuno Ortega Smith, firmando el acuerdo de gobierno

El Partido Popular, nada sospechoso de ir contra el colectivo LGTB+  se alía con Vox, nada sospechoso de fomentar la LGTBfobia y vota contra varias propuestas de apoyo a personas y familias LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid. El PP sigue siendo un partido más LGTBfóbico que menos.

El pasado miércoles en el Ayuntamiento de Madrid se presentó, de la mano de la concejala socialista Maite Pacheco, una propuesta que incluía 11 medidas para ayudar a personas y familias LGTBI. Entre esas medidas había programas específicos de atención a familias LGTBI, la formación del profesorado en materia de diversidad, implantar el Plan de Convivencia Escolar para personas LGTBI, protocolos de asesoramiento al alumnado, instar a las instituciones a romper estereotipos con mujeres LGTBI o incluso el compromiso de impulsar la Ley Estatal LGTBI.  5 medidas de las 11 que presentó Pacheco. Y son justamente las 5 contra las que votó el Partido Popular. Los de la ultraderecha, por su parte, votaron en contra de todas.

Sin embargo, todas las medidas fueron aprobadas porque el PSOE, Más Madrid y Ciudadanos votaron a favor.

Pacheco defendió el paquete de medidas asegurando que aunque la ciudad de Madrid es un “referente en derechos LGTBI“, aún existe la necesidad de “seguir luchando por los derechos de este colectivo“, que “no tienen los mismos derechos” que las personas heterosexuales. “Hay personas que no pueden ser ellas mismas en el colegio, en el trabajo… hay niños perdidos en un mar de dudas o sufren bullying que les lleva al suicidio“.

VOX votó en contra… no por casualidad son los que fomentan el Bullying LGTBfóbico paseando autobuses

“A los que somos heterosexuales nos dejan besar en la calle, bailar agarrados sin tener miedo de expresarnos y es lo que queremos para todas y todos”, añadió Pacheco, “pero desde que este gobierno está en Madrid todos los símbolos han ido cayendo poco a poco“. Como, por ejemplo, la placa homenaje a La Veneno. Que se “cayó” poco después de inaugurarla y nadie la ha vuelto a poner en su sitio todavía.

Desde Ciudadanos habló Pepe Aniorte, que es delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que recordó que a día de hoy aún hay 69 países en los que es ilegal ser homosexual y 14 en los que se nos condena a muerte. “Entre otros Irán y Arabia Saudí“. No sabemos si con esos comentarios Aniorte apuntaba a VOX (financiados por ex-terroristas iraníes, comprobado) o a la Casa Real (muy amiga de los saudíes).

Desde Más Madrid su portavoz, Rita Maestre, no se olvidó de que PP y Cs “gobiernan gracias y con los votos retrógados y homófobos de esas personas que se sientan ahí“, señalando a VOX.   Y añadió que si hoy día hablamos de Orgullo es “porque, durante décadas, personas, colectivos y asociaciones, primero en la clandestinidad, han trabajado para avanzar en derechos civiles. Esa lucha nos ha traído aquí hoy, para que las personas LGTBI tengan derechos. Es la lucha de las situaciones cotidianas que se siguen viviendo hoy.

También lamentó que “la mitad de adolescentes trans han intentado suicidarse” y recordó la enorme dificultad que le supone a este colectivo encontrar trabajo y que en Madrid aún hay personas que “defienden terapias de conversión“.

Desde el PP… lo de siempre: su concejal José Fernández afirmó que ya está la izquierda “manipulando causas” y “llevándolas a su terreno”, porque “solo se puede ser como ustedes quieren que sean“.Y afirmar esto es LGTBfobia porque es mentira y blanquea la LGTBfobia al convertir los derechos humanos del colectivo en algo que se puede debatir o “manipular”.

Y no es así.   No es que la izquierda se apropie de la causa LGTBI, es que la derecha conservadora (y neofascista) nunca nos ha apoyado y, si lo hace es porque algo buscan*.

Fuente la SuperQueer

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Carina Mejías, que en su época en el PP defendió con orgullo las políticas homófobas de los populares, abandona ahora Ciudadanos

Martes, 12 de mayo de 2020

carinamejias05-7217Carina Mejías, una de las personalidades más destacadas de Ciudadanos en Cataluña, ha abandonado la formación naranja tras su reciente giro a posiciones más moderadas de la mano de su nueva líder, Inés Arrimadas. Ciudadanos «pierde» de esta forma a una política que en su momento destacó por su defensa de las políticas homófobas del PP, y cuyo fichaje criticamos en su momento. Justo es que ahora destaquemos su marcha.

Como en su momento destacamos, antes de integrarse en Ciudadanos y ser candidata de este partido a la alcaldía de Barcelona, Carina Mejías fue portavoz del grupo popular en el Parlamento catalán. Lo fue en una época en la que los populares se oponían con fuerza a la equiparación de los derechos de las personas LGTBI, muy singularmente en Cataluña, una posición con la que Mejías parecía encontrarse especialmente cómoda. En una carta dirigida en 2007 a Josep Miró i Ardèvol, presidente de la organización ultraconservadora E-Cristians, Carina Mejías presumía de las acciones que el PP había llevado a cabo contra la decisión de la Generalitat de Catalunya (entonces gobernada por una coalición de fuerzas de izquierda presidida por el socialista José Montilla) de convertirse en miembro asociado de la ILGA o como protesta contra un festival de cine LGTBI que según Mejías «utilizaba» en su publicidad la fotografía de un menor.

El motivo de la carta de Mejías no era otro que el de defender al PP de la época como el partido que más frontalmente se oponía a los derechos LGTBI, después de que el presidente de E-Cristians mostrase su preferencia por Unió Democràtica de Catalunya. Mejías le recordaba a Miró i Ardèvol que el entonces presidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, tenía «inclinación a pactar con el PSOE, el partido impulsor de leyes que legalizan el matrimonio homosexual, regulan el matrimonio express, reduciéndolo a un simple papeleo, o no tienen pudor a dar su apoyo incondicional a la LOE, la Ley de Educación que incluye la asignatura de ‘educación para la ciudadanía`’, legitimando así el adoctrinamiento moral de nuestros hijos»«El Partido Popular defendió el voto en contra de todas las iniciativas legislativas enunciadas por ser contrarias a sus principios ideológicos, inspirados en el humanismo cristiano, y a sus convicciones morales, y fue capaz de soportar con entereza durísimas descalificaciones por ello. Por eso nadie, podrá jamás cuestionar nuestra firmeza y nuestro compromiso», añadía Mejías.

Años después, tras su incorporación a Ciudadanos, Carina Mejías era preguntada de nuevo sobre la materia en Osoigo.com. «Siempre he sido partidaria del reconocimiento de los efectos jurídicos de las uniones entre personas del mismo sexo. Además, tras la contundente sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la norma de 2005 se reconoció como plenamente legal y constitucional una realidad social», respondía entonces Mejías. Muy parecida respuesta daba al diario El País. «Hay una ley en vigor y estamos a favor de que se reconozcan los efectos de las uniones de las personas con el mismo sexo», repetía. Pese a su conversión al más puro estilo Pablo de Tarso, resulta curioso con Mejías evitaba todavía el uso de la palabra «matrimonio» en su respuesta e insistía en el concepto «uniones».

Carina Mejías fue concejala del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán y finalmente en el Congreso de los Diputados (dejó de serlo el pasado diciembre). Hace pocos días anunciaba su abandono de la formación naranja después del giro hacia posiciones más moderadas protagonizado por su nueva líder, Inés Arrimadas. Un giro materializado en el acuerdo con Pedro Sánchez, por el cual Ciudadanos apoyó la última prórroga del estado de alarma por el coronavirus solicitada por el Gobierno a cambio de la aceptación de algunas de sus propuestas. «He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos. La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido», se justificaba Mejías en Twitter.

Una marcha de la que, por qué no decirlo, nos congratulamos. No nos consta que Carina Mejías se ha significado en materia LGTBI durante su vida política dentro de la formación naranja como sí lo hizo cuando militaba en el PP, pero siempre nos parecerá una buena noticia la desaparición de la primera línea política de personas que han defendido en el pasado políticas contrarias a nuestros derechos sin pedir perdón por ello. No está de más recordar, por mencionar uno de los ejemplos que recogía la carta de Mejías al presidente de E-Cristians, la furibunda campaña de los sectores más conservadores de la sociedad catalana del momento contra la decisión de la Generalitat presidida por José Montilla de ingresar en ILGA, a la que el PP no dudó en sumarse en sede parlamentaria cuando Mejías era su portavoz.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspende cautelarmente la aplicación del veto parental

Lunes, 16 de marzo de 2020

Vox-renunciara-cualquier-facilitar-Murcia_EDIIMA20190711_0862_4Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercando posturas con Vox  EFE

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado suspender, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, la ejecución del mal llamado «PIN parental» por parte del Gobierno murciano. Una medida que desde hace años vienen reclamando organizaciones ultraconservadoras como HazteOír, que el Gobierno de Murcia ha hecho suya y que autoriza a los padres a prohibir que sus hijos acudan a charlas educativas sobre diversidad y contra la LGTBIfobia.

Mucho se ha escrito sobre el «PIN» o veto parental, una medida que, ya antes de que la polémica saltara a primer plano de la actualidad nacional, el Gobierno murciano había implementado el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación, que ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa. Semanas más tarde, en el marco de las negociaciones presupuestarias entre PP, Ciudadanos y Vox, las tres formaciones que dan sostén al Gobierno de Murcia (aunque la formación de extrema derecha no forma parte del mismo), acordaron darle mayor rango normativo.

Fue entonces cuando el debate se hizo extensivo al nivel nacional, a pesar de que como hemos dicho la medida ya se encontraba en vigor desde el inicio del curso, y el Gobierno de España tomó cartas en el asunto. El Ministerio de Educación, a cuyo frente se encuentra Isabel Celáa, dio en enero un plazo de un mes a la Consejería de Educación de Murcia a que retirara las instrucciones a los centros. El Gobierno murciano hizo caso omiso y en febrero presentó un recurso por la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español considera que la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes. Por otra parte, considera que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a  este tipo de actividades supondría una «objeción de conciencia encubierta» que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. El Ministerio entiende además que el veto parental colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España, la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

De hecho, se da la circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Las instrucciones del Gobierno murciano, suspendidas cautelarmente

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido suspender cautelarmente las instrucciones de la Consejería murciana de Educación hasta decidir sobre el recurso del Ministerio de Educación. El tribunal, conviene aclarar, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión: la suspensión tiene lugar ya que «puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio (…) una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad».

A ello se une que el alto tribunal murciano no considera que la suspensión suponga un riesgo para el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos ya reconocido por las leyes, estimando que ya «existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad».

El auto de suspensión cautelar no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición. Estaremos atento a cómo evolucionan los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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ILGA Europa insta a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI

Martes, 11 de febrero de 2020

annual-review-2020-ilga-europaLa 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Europa

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Union-Europea

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Ilga-Europa-2020-Clasificación-por-países

Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

Ilga-Europa-2020-Cumplimiento-Espana

ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

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PP y Ciudadanos retiran los ‘bancos arcoíris’ de Oviedo instalados por el anterior Gobierno municipal

Lunes, 27 de enero de 2020

3E21B877-66A9-4C18-B8CC-D3B37FD6774BComo ya habíamos anunciado hace unos días, el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado actualmente por PP y Ciudadanos, ha comenzado a retirar los bancos con los colores del arcoíris —pintados así por el anterior gobierno municipal como gesto simbólico hacia la comunidad LGTBI— que lucían de esa forma en la Plaza de la Escandalera desde 2017. Alfredo Canteli, actual alcalde de Oviedo, aseguraba hace unos días que la medida obedece a una actuación para reformar parcialmente el emplazamiento y eliminar ciertas barreras arquitectónicas, y afirma sin titubeos que su equipo está retirando los citados bancos con la intención de «repararlos, pintarlos y ponerlos decentes».

El Ayuntamiento de Oviedo estuvo gobernado hasta hace unos meses por una coalición entre PSOE, Somos Oviedo e Izquierda Unida. En junio de 2017, con motivo de la celebración del Orgullo, el Consistorio decidió pintar con los colores del arcoíris cinco bancos situados en la Plaza de la Escandalera. El gesto, que según el equipo de gobierno tuvo una «buenísima acogida tanto por la ciudadanía de Oviedo como por los turistas», no fue bien recibido por algunos. De hecho, tan solo unos días después de que los pintasen de esa manera, varios vándalos encapuchados los pintaron de rojigualda (los colores de la bandera de España) utilizando pintura en espray.

El mismo gobierno municipal progresista llegó a dar orden de no señalizar las bodas que se llevasen a cabo en el Consistorio según el sexo de sus contrayentes. La medida, que ha sido impulsada por la vicealcaldesa y actual alcaldesa en funciones, Ana Taboada (Somos Oviedo) persigue poner fin a la práctica, que según el nuevo equipo de gobierno se realizaba hasta entonces, de «avisar» con antelación a los concejales de cuándo una boda era entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, parece que no corren buenos tiempos para las personas LGTBI de la capital de Asturias. El nuevo equipo del Ayuntamiento de Oviedo, gobernado actualmente por el Partido Popular y Cuidadanos, inició el pasado lunes la retirada de los bancos que lucían los colores de la diversidad, supuestamente dentro de una actuación para reformar parcialmente el emplazamiento y eliminar ciertas barreras arquitectónicas. Según el Consistorio, el plan «incluirá la sustitución de los bancos por otros ergonómicos, con más altura y apoyabrazos, acordes al modelo de mobiliario urbano que se instala en la actualidad».

Alfredo Canteli, actual alcalde de Oviedo, ha supervisado personalmente las obras y ha aprovechado la visita para comentar que los bancos que ahora serán reemplazados serán pintados de otro color e instalados en otros puntos de la ciudad. «Alguien los puso, yo no rechisté, y alguien los quita y espero que se respeten las decisiones del gobierno actual […]. [Vamos a] Repararlos, pintarlos y ponerlos decentes», señaló hace unos días.

La retirada de los bancos ha generado el rechazo de los dos partidos de la oposición municipal, PSOE y Somos Oviedo, que hace poco celebraron en la Plaza de la Escandalera varias concentraciones en defensa de la permanencia del mobiliario como signo de apoyo al colectivo LGTBI. «Es una medida ideológica», señalan a dosmanzanas fuentes de Somos Oviedo. «Primero trataron de taparlo diciendo que se haría una reforma para hacer más accesible la plaza, después que los bancos están obsoletos y se cambiarían por otros más ergonómicos, y esta semana ya lo admiten abiertamente. El alcalde ha dicho ‘ellos los ponen, nosotros los quitamos’».

Por desgracia, cada vez resultan más frecuentes (y también menos sorprendentes) este tipo de gestos por parte de PP y, sobre todo, Ciudadanos. Pese a sus titubeantes inicios en la materia, la formación naranja supo evolucionar y en varias comunidades autónomas ha trabajado en favor del avance de los derechos LGTBI, en la que hay personas LGTBI visibles y seguro que comprometidas con sus derechos. Pero hay evidencias que resulta injusto negar. No se puede querer acudir al Orgullo un día y, al siguiente, llegar a un acuerdo en Murcia con PP y Vox para normalizar lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia.

Fuente Dosmanzas

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Del bloqueo de leyes LGTB al pin parental: Las medidas contra el colectivo de los gobiernos de PP y Ciudadanos

Jueves, 23 de enero de 2020

3A50B67E-845A-4A4A-82D5-0ECE0F415F2FHay partidos políticos a los que la sombra de la homofobia les ha perseguido siempre. Y no es que sean sombras ficticias, son reales, y las han provocado ellos mismos, son sus actos, con sus votos, con sus decisiones…

El historial homófobo del PP da para un libro. Y, aunque Ciudadanos siga indignado porque en el pasado Orgullo LGTB de Madrid no se les recibiera con aplausos, el suyo empieza a dar para otro. Especialmente desde que Ciudadanos gobierna en coalición con el PP (y VOX) en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos.

Vamos a repasar todas esas veces que el PP y Cs están legislando en contra del colectivo LGTB en apenas seis meses de gobiernos.

1. El Pin Parental

Es la última medida aprobada por este gobierno de azules y naranjas, pero una de las más escandalosas. Ha ocurrido en Murcia. Para garantizar su apoyo a los presupuestos, VOX pidió al gobierno en coalición de PP y CS implantar un pin parental en los colegios. ¿Qué significa esto? Que los padres podrán censurar parte del programa educativo al poder decidir que sus hijos acudan o no a charlas sobre diversidad LGTBI, racismo o feminismo en los centros educativos. Y PP y Cs han accedido a incluir esta medida en su legislatura.

Hay que decir que el Gobierno de Murcia ha incluído en su composición una consejería LGTB y VOX renunció a pedir la revisión de la ley LGTB para apoyar la investidura… pero finalmente sí se han salido con la suya en el caso del pin parental. El Ministerio de Educación ya ha anunciado que lo recurrirá.

pinparental

2. Tumban la Ley de Igualdad y Derechos LGTBI en Castilla y León

Ocurrió el pasado mes de noviembre. Las cortes de Castilla y León votaba la tramitación de una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTBI. La propuesta venía de la legislatura anterior, en la que fue apoyada por todos los grupos menos el PP, pero no terminó sus trámites de aprobación. En esta nueva legislatura, y en citada votación de noviembre, PP, Cs y VOX votaron en contra de dicha ley, lo que impidió que saliera aprobada. La excusa en esta ocasión fue que van a redactar una ley mejor, cuyo borrador ya ha sido presentado y los colectivos han rechazado porque, entre otras cosas, no protege a los niños del acoso escolar ni protege a las personas transexuales.

En contrapartida, y para ser lo más justos posible, en Madrid, donde también gobierna una coalición de los mismos partidos, PP y Cs se han comprometido a mantener la ley LGTB, negando la mayor a VOX que exigía su retirada. De hecho, y al amparo de esa ley, ya han interpuesto una multa de 20.000 euros a una «psicóloga» que «curaba la homosexualidad».

3. Retirada del protocolo de acompañamiento a alumnos trans en Castilla y León

No salimos de Castilla y León, porque allí, en diciembre, se anunció la retirada del «protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa» elaborado por la Junta de Castilla y León. Esta retirada se produzco a instancias de asociaciones ultracatólicas, que presentaron una demanda ante la consejería, y esta fue admitida. Hay que decir que, mientras HazteOir celebró y confirmó esta noticia, y al tiempo que FECyLGTB+ la denunciaba, la Consejería afirmó que el protocolo se seguía aplicando. Lo que se teme desde los colectivos es que se atiendan los casos en el presente curso, ya comenzado, pero que el protocolo haya quedado suspendido de facto al no existir una ley que exija su cumplimiento.

4. Adiós a las farolas arcoiris en Granada

Quizás comparado con las medidas anteriores, comentar esto pueda parecer cosa menor… pero no lo es. Son detalles de visibilidad y apoyo muy importante. La noticia saltó el pasado mes de diciembre, cuando el gobierno del Ayuntamiento de Granada, de nuevo una coalición entre Ciudadanos y el Partido Popular, repintó los semáforos arcoiris que el anterior consistorio pintó en la zona de Puerta Real y Gran Vía.

5. Adiós a los bancos arcoiris en Oviedo

Algo similar a lo anterior ocurrirá en breve en Oviedo. La zona de Escandela tiene, desde hace 4 años, varios bancos pintados con la bandera LGTB. Se pintaron durante las celebraciones del Orgullo de 2017 y se mantuvieron, como símbolo de convivencia y visibilidad al colectivo. En diciembre, el Ayuntamiento (una coalición de PP y Cs), anunció que se eliminarían, dentro de un proyecto de reforma de la zona que no cuenta con mantenerlos pintados de arcoiris.

6. El desplazamiento de la bandera LGTB en el Ayuntamiento de Madrid.

Fue el chasco del día. Cuando muchos esperaban que el Ayuntamiento de Madrid amaneciera el pasado 28 de junio con la bandera LGTB en su fachada como muestra de apoyo al colectivo, lo que se encontraron fue una bandera más pequeña y desplazada a un lateral del edificio. En el lugar que habitualmente ocupaba en años anteriores la bandera arcoiris, amaneció ese día una gran bandera de España. Este gesto fue considerado un guiño a VOX y un desplante al colectivo. A pesar de eso, los monumentos sí estuvieron iluminados con la bandera LGTB durante los días de Orgullo y la bandera, aunque pequeña y desplazada, se mantuvo desplegada.

Mucho nos tememos que seguiremos actualizando este post en el futuro inmediato….

Fuente AmbienteG

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«Esto es imparable»: HazteOír felicita al Gobierno de Murcia por la implantación del «PIN parental» y anticipa denuncias contra centros educativos y activistas que impartan talleres

Sábado, 18 de enero de 2020

8EABC1CE-6370-4D8F-8CB9-1239246F481BLa organización ultraconservadora HazteOír se ha felicitado públicamente por el acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox en la Región de Murcia para consolidar lo que Vox y HazteOír denominan «PIN parental» y que no es otra cosa que la necesidad de que los alumnos nos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir, por ejemplo, a charlas contra la LGTBIfobia que formen parte de las actividades complementarias del centro educativo. Una medida que el Gobierno murciano ya implementó el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación. Es más, HazteOír amenaza con acudir a los tribunales contra los centros en los que se impartan este tipo de actividades y contra los activistas que participen en las mismas.

A través de un comunicado, HazteOír asegura que «va a apoyar a los padres que quieran acudir a los tribunales para defender su derecho a educar a sus hijos frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género. Y los niños tienen el derecho fundamental de no ser manipulados ni sometidos a experimentos ideológicos [sic]».

«El ejecutivo murciano ya ha anunciado que va a introducir el PIN Parental en los centros escolares. Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo- sexual a medida de la izquierda», añade la portavoz de la organización, Teresa García-Noblejas.

Pero además de defender la medida y felicitar al Gobierno de Murcia, HazteOír da un paso más y anuncia su intención tanto de seguir publicando los datos de los colegios «en los que se adoctrina» como de acudir a los tribunales si estos no ceden a su chantaje y suspenden las charlas o talleres contra la LGTBIfobia. «Ahora, cada vez que nos llega la denuncia de un caso de adoctrinamiento de género en un colegio o instituto, enviamos una carta al director del centro advirtiéndole de que han vulnerado un derecho fundamental de los padres. Si el adoctrinamiento persiste nuestra intención es invitar a los padres a acudir a los tribunales y, por supuesto, apoyarles para que puedan llevar a cabo las actuaciones jurídicas que procedan. Por ejemplo, denunciar al activista que ha impartido el taller, al director del centro educativo y al consejero de educación como responsable último», expresa el comunicado.

Fuente Dosmanzanas

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Murcia: PP, Ciudadanos y Vox acuerdan que los padres LGTBfobos puedan negarse a que sus hijos asistan a charlas educativas sobre diversidad

Jueves, 16 de enero de 2020

Vox-renunciara-cualquier-facilitar-Murcia_EDIIMA20190711_0862_4Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercan posturas con Vox para cerrar los presupuestos EFE

La traición, sobre todo, de Ciudadanos, es escandalosa. Se han entregado a VOX y los ultracatólicos… Y luego se extrañan de ser mal recibidos en la manifestación del Orgullo. Defienden los vientres de alquiler pero se despreocupan luego de los niños/as… ¡Cuánta hipocresía!

Malas noticias las que nos llegan desde la Región de Murcia PP, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para reforzar a nivel normativo lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia. Una medida que lleva meses en vigor, pero a la que ahora se dará mayor cobertura normativa.

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril de 2018, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello). La medida no se llegó a implementar formalmente, pero tras las pasadas elecciones autonómicas, en las que el PP, Ciudadanos y Vox conformaron una mayoría parlamentaria que dio el gobierno a una coalición de los dos primeros (Ciudadanos rechazó la opción de conformar una mayoría alternativa con el PSOE) por fin se materializó. En una resolución del pasado mes de agosto de la secretaría general de la Consejería de Educación se ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa.

La decisión del Gobierno murciano fue muy contestada en su momento por la oposición, que destacó que la resolución contravenía el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, interpuso recurso de alzada contra la resolución. Es por eso que ahora PP, Ciudadanos y Vox han acordado, en el contexto de la negociación de los presupuestos de la región, reforzar la medida a nivel normativo, tal y como ha confirmado el consejero murciano de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Todo apunta, según recoge el diario La Verdad, a que la trampa dialéctica que en esta ocasión usarán PP y Ciudadanos para teatralizar su «distancia» con Vox será huir de la expresión «PIN parental», tan del agrado de la extrema derecha y de colectivos ultraconservadores como HazteOír. «Más allá de como lo llamemos, sea ‘pin parental’ o formulario de autorización expresa para actividades complementarias, en lo que sí hay un consenso entre los tres partidos es en que haya libertad por parte de los padres de poder autorizar o no a sus hijos cuando imparte una charla alguien que es ajeno al centro, con independencia de los que se dé», ha declarado Celdrán.

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

Por supuesto, ni la resolución del pasado agosto ni lo que se ha adelantado del acuerdo sobre este punto entre los tres partidos de la derecha murciana menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta que su objeto no es otro que el de desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia, dando así cumplimiento a las exigencias de Vox.

Se da la curiosa circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia  (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Volvemos a insistir, como venimos haciendo desde que en diciembre de 2018 Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz y se convirtiera, apenas un año más tarde, en la tercera fuerza política de España: el problema no es tanto el programa concreto de la formación de extrema derecha (que por el momento no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en ellos en diversas comunidades y numerosos ayuntamientos, colocan al colectivo LGTBI, y especialmente a sus grupos más vulnerables (como los menores, en este caso) en una situación complicada. Medidas como el «PIN parental» contribuyen a crear un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales. También supone el empoderamiento de los elementos más reaccionarios de la comunidad educativa. Confiemos en que desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados se ejerza suficiente contrapeso.

Fuente Dosmanzanas

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Concentración LGTB en la Escandalera de Oviedo (Asturias) para luchar por los «bancoiris»

Martes, 14 de enero de 2020

dos«No son solo los bancos arcoíris, es un gesto que se une a otro»

«No queremos que Oviedo vuelva a ser una ciudad en blanco y negro»

Este pasado sábado se produjo una concentración en Oviedo por la retirada de los colores LGTB en los bancos de la capital asturiana. El acto tuvo lugar en la Plaza de la Escandalera de Oviedo.

En la convocatoria se exigía la inmediata vuelta de los colores del arcoíris a los bancos, para devolver la visibilidad del colectivo siempre discriminado. “La ciudad da una imagen de bienvenida adecuada a visitantes y turistas que entienden que Oviedo no es solo una ciudad con historia y patrimonio sino también con una ciudadanía cohesionada donde se recibe con los brazos abiertos a todo el mundo”, indicaron desde las plataformas que organizaron la marcha.

También opinan que el hecho de retirar ‘estos colores’, obedece a los intentos de la ultraderecha de ir quitando este espacio, no solo a colectivos y plataformas LGTB sino a otros colectivos que también han usado ese espacio en el pasado para protestar.

Cerca de 300 personas se han concentrado este sábado en la Escandalera de Oviedo para reclamar al actual equipo de Gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, que se conserven los bancos arcoíris y que la céntrica plaza siga acogiendo reivindicaciones sociales.

Las asociaciones LGTB Bujarra, Disex, Kaleide y Xega convocaron la concentración de protesta contra la retirada de los bancos arcoíris, a la que se han sumado representantes de los grupos municipales como Marisa Ponga y Diego Valiño del PSOE  y Ana Taboada de Somos Oviedo, así como miembros de IU y diversos colectivos junto a ciudadanos anónimos. Como portavoz actuó Marián Lago, de Disex, y fue una de las encargadas de leer el manifiesto, que se hizo en castellano y en asturiano. En declaraciones a los medios, Lago incidió en que los bancos han contribuido a dar «visibilidad» a los colectivos LGTB y se han convertido en símbolo de «convivencia» durante los cuatro años que llevan pintados.

«Ya no es cosa sólo de los bancos, es que se trata de un gesto que se une a otro.Ya el primer gesto que realizó el actual gobierno en contra del colectivo LGTBI fue situar la bandera el día del orgullo en la fachada de enfrente en lugar de en la del propio Ayuntamiento. Ahora, quieren desterrar los bancos. Son dos gestos negativos que vienen precisamente del teniente de alcalde, que dice que no hay que mirar tanto los gestos sino las acciones, y ya han tenido dos gestos y ninguna acción, lo que dice mucho de parte de ellos», explica Marián Lago, presidenta de Disex.

Ante la falta de concreción sobre la fecha prevista para la retirada de los bancos anunciada por el Gobierno local de PP y Cs, los colectivos no descartan continuar con movilizaciones que eviten que la medida se materialice y Oviedo «vuelva a ser una ciudad en blanco y negro».

uno

Esta manifestación se une a otras concentraciones que ya se han venido celebrando por parte de diferentes organizaciones desde que el alcalde asegurase que los bancos iban a ser eliminados. A pesar de esa contundencia del mensaje de Canteli, este tipo de citas seguirán organizándose, aunando la fuerza de todas las asociaciones LGTBI asturianas, ya que «se está viendo un ataque frontal hacia los derechos de las personas LGTBI por parte de los partidos de la derecha», asegura Lago. Y a pesar de que el trasfondo de la manifestación es mucho más profundo, también se habló de los «bancoíris».

Además, alertan del riesgo de que la remodelación de la plaza no solo implique la retirada de los bancos arcoíris sino que pretenda ir más allá y se busque que la Escandalera «deje de ser un espacio para las reivindicaciones sociales». De este modo, en el manifiesto preguntan al Gobierno local «qué políticas han realizado en este tiempo» para la defensa de las minorías, al tiempo que rechazan los argumentos sobre el mal estado de los bancos arcoíris «cuando en el parque San Francisco hay bancos aún más antiguos, o en la Losa, o en muchos otros parques de Oviedo que sí muestran un deterioro evidente». Los colectivos creen que la excusa del gobierno ovetense es muy pobre, ya que «aseguran que están deteriorados, pero al mismo tiempo dicen que quieren ponerlos en La Losa. No sé si es que La Losa es una plaza de segunda para ellos o cuál es el motivo», cuestiona la presidenta de Disex. .

Para los convocantes, tras la supuesta «medida estética» de su retirada «subyace la falta de proyectos, iniciativas y apoyos al colectivo LGTB». La concentración se desarrolló durante más de una hora con la ambientación de una banda de música que interpretó canciones como ‘A quién le importa’, ‘Soy de Verdicio’ o ‘Bella Ciao’, entre otras. Además de la doble lectura del manifiesto en castellano y asturiano, la iniciativa contó con la pintada de una bandera arcoíris en un gran lienzo situado en el suelo de la plaza, con las mismas dimensiones que la bandera de España colocada por el Ejecutivo municipal en las inmediaciones de la Escandalera.

Fuente El Comercio/ La Voz de Asturias/ 20Minutos

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PSOE y Unidas Podemos presentan un programa conjunto de gobierno progresista que incluye la aprobación de una ley trans

Jueves, 2 de enero de 2020

Sanchez-IglesiasJosé María Castillo: “La política, más que acierto, astucia, saber y firmeza, es sobre todo bondad y ejemplaridad”

Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.

Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:

  • Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
  • Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
  • Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
  • Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
  • Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
  • Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
  • Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
  • Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.

También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.

Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.

Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar  la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces  su presidenta, Uge Sangil.

Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital

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