Los tres grupos parlamentarios han defendido la igualdad de derechos y han condenado los ataques que sufre todavía el colectivo

Las organizaciones LGTBI celebran la Ley de Castilla-La Mancha también como un impulso para la normativa estatal

FELGTB y la Fundación Triángulo recalcan el carácter histórico de la aprobación del texto por unanimidad

Francisca Bravo

Emotivo día en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se ha aprobado por unanimidad la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de la región, una normativa calificada como “histórica” y que deja sólo a Asturias y Castilla y León como las únicas comunidades sin legislación propia destinada al colectivo. Es una “creencia profunda en la justicia”, aseveró Blanca Fernández, consejera de Igualdad, que ha presentado el texto en nombre del Consejo de Gobierno, agradeciendo por nombre y apellido a muchas personas activistas que copaban las tribunas y las salas de comisiones como testigos del momento que vivido la cámara.

Fernández ha recalcado que la Ley ofrece una oportunidad para dar “ejemplo” en un momento en que la política está “tan denostada”. “Nos iría mejor si fuéramos más capaces de llegar a acuerdos y consensos”, recalcó, apuntando que se aceptó la mayoría de las enmiendas enviadas al texto, que fueron centenares de decenas de organizaciones y personas particulares. “Hemos incorporado en la medida de lo posible todas las sensibilidades, y hemos aceptado las alegaciones con independencia de quien fuera el aturo”, resaltó la consejera de Igualdad.

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Emoción en sus palabras al recordar a las “madres coraje” que estaban presentes en el pleno, Patricia, Paloma y Anabel. Y es que la ley tiene un apartado e protección de la juventud, al igual que también de las personas mayores y de quienes estén en situación de vulnerabilidad. “Si la ley está hecha contra los estereotipos, contra el miedo y el sectarismo, teníamos que construirla con la buena fe de quien quería aportar para construir”, recalcó. “Por qué es necesario hacer una ley específica para proteger los derechos y libertades de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha? ¿No es suficiente con la Constitución? No, no lo es”, afirmó Fernández.

Este texto, explicó, servirá para atender, por ejemplo, a quien sufra secuelas tras un ataque violento. “¿Qué persona LGTBI haciendo el análisis, no ha dicho cómo mínimo una vez que ha sufrido acoso, mobbing o violencia en el peor de los casos? Sabemos que esto es así. No podemos dar la espalda”, resaltó Fernández, quien agradeció el trabajo de más de dos años de todo el equipo de la consejería. “Esta ley desarrolla un mandato constitucional que protege derechos fundamentales. Las personas LGTBi de Castilla-La Mancha no son menos”, concluyó.

El PSOE afirmó que la ley está “muy consensuada” con las asociaciones LGTBI y su portavoz, Charo Saco, recordó que prácticamente la mitad de las parejas del colectivo señalan que no se atreven a darse la mano. También recordó a personalidades históricas del colectivo, como Javier Fernández Arroyo, fundador de la asociación Bolo-Bolo, Gustavito, enfermero y matrón de Albacete que resultó ser una “institución” para el colectivo en los años 40 y 50, así como Ana Pérez, la “primera actriz” de una película de temática trans, originaria de Hellín. Saco resaltó también que la extrema derecha “amenaza” a la región, y que Vox ya ha anunciado que hará lo posible por recurrir la ley. “Nos causa tristeza y enfado”.

La diputada de Ciudadanos, Elena Jaime, también recordó a Sonia Rescalvo, mujer trans originaria de Cuenca que fue asesinada en Barcelona y cuyo asesinato se reconoce como el primer crimen contra una persona trans de España. “Hoy nos sirve para recordar lo que nos ha traído aquí, los pequeños y grandes avances, y los estigmas a los que se ha visto abocado el colectivo”, resaltó, rememorando también a la poeta Soco Cordente, también conquense que falleció recientemente.

La diputada del PP Gema Guerrero, ha recordado que el PP “siempre ha trabajado” en la protección de estos derechos. “La nuestra no es una libertad impuesta, es una igualdad liberal, la que pretende las mismas oportunidades para todos, los mismos deberes, las mismas obligaciones”, ha afirmado parafraseando a Mariano Rajoy.

Decenas de asociaciones y colectivos LGTBI han acudido al pleno en el que se ha debatido la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, una normativa regional “histórica” que ha contado con el apoyo de los tres grupos parlamentarios en la Cámara. El texto ha recibido centenares de alegaciones que han supuesto una “mejora”, según ha reconocido la propia consejera de Igualdad, Blanca Fernández, quien realizó una emotiva defensa del texto.

Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha considerado que si bien lo que se estipula en la ley es “mejorable”, también se trata de un día para celebrar. No sólo para la ciudadanía de Castilla-La Mancha, reflexiona, sino también como un impulso para la Ley estatal que está “próxima a llegar”. “El trabajo de muchos activistas está muy reconocido hoy en esta cámara”, explica momentos antes de iniciarse el pleno. “Es un buen paso para el colectivo de esta comunidad autónoma y que además despatologiza a las personas trans, atiende a los menores trans y cuenta con un discurso contra las terapias de conversión, así como su prohibición. Vamos por el buen camino”, celebra.

Esta ley hace que sólo Asturias y Castilla y León no cuenten con una normativa regional destinada a la protección del colectivo LGTBI. Además, Sangil resalta que es una ley “mucho mejor” que otras, como la de Galicia, que ha tachado de “descafeinada” y “sin contenido real”.

“Es un momento histórico para Castilla-La Mancha. El activismo lleva décadas persiguiendo avances para que se reconozca la igualdad para todas las personas”, explica José María Núñez, presidente estatal de la Fundación Triángulo. El extremeño recuerda que este tipo de normativas de protección son “fundamentales” para comunidades autónomas más rurales, y resalta el consenso que ha supuesto para la estabilidad de su desarrollo posterior. “Significa reconocer con rango de ley la igualdad de las personas, amen a quien amen y se sientan cómo se sientan”, señala. También resalta que reconoce los derechos de las personas trans con toda su dignidad y derechos humanos en “todos los ámbitos de la vida”. “Es algo fundamental”.

“Queda por delante su desarrollo y en él nos empeñaremos, pero es un día importante a nivel nacional, porque sólo quedaban tres comunidades autónomas sin ley LGTBI o trans y hoy aquí se aprueba por consenso. Esta ley es de primera línea entre las legislaciones sobre diversidad sexual, incluso a nivel europeo y en breve lo hará también Asturias. Sólo quedará Castilla y León sin legislación. Pero nadie en su sano juicio cree que Castilla y León aprobará ninguna norma aceptable que reconozca la diversidad sexual”, reflexiona.

Núñez señala que es “inevitable” recordar el discurso de zapatero cuando se aprobó el matrimonio igualitario, y resaltaba que “no se quitaban los derechos a nadie, sino que se garantizaba la dignidad de todos los españoles y españolas”. “Esta ley hoy reconoce la dignidad de todos y todas las castellanomanchegas, independiente de su orientación sexual”, celebra.

Amnistía Internacional ha resaltado en un breve comunicado el “importante” avance en los derechos humanos que supone la aprobación de la ley para las personas LGTBI en la región, al plantear mejoras en aspectos “críticos” para el disfrute de sus derechos, como la prohibición de las terapias de conversión o la inclusión de contenidos sobre diversidad en el currículo educativo y formación del profesorado; también destacan las medidas para no discriminación en el ámbito laboral, acceso a la salud o la protección del colectivo. “Es imprescindible garantizar una adecuada aplicación de la ley y dotarla de recursos adecuados para que las medidas propuestas pasen a ser una realidad”, advierten.

Fuente El Diario

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Una vez más se constata que ser católico no significa, necesariamente, ser cristiano. Si la libertad de pensamiento, conciencia y religión atenta contra los derechos humanos, será delito de odio y, por lo tanto, punible. 

En las aportaciones al proceso público de participación del anteproyecto, un grupo de trabajo del Arzobispado de Toledo niega que la discriminación sea “generalizada” y afirma que el texto “impone ideología” y afecta “a la libertad personal”

Será falta muy grave el uso o emisión de expresiones que inciten a la violencia contra las personas trans o sus familias

Por Alicia Avilés Pozo

“Consideraciones de urgencia” es el título con el que un grupo de seglares de la Diócesis de Toledo realiza sus aportaciones al anteproyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha, que actualmente se encuentra en proceso de participación pública. El grupo de trabajo POLIS, formado por seglares del Arzobispado para dar a conocer la doctrina social de la Iglesia, realiza en este documento una serie de reflexiones en las que critica la futura norma al considerar que su objetivo es “imponer ideología” sobre la base de cuestiones científicas “en las que no hay consenso”. De hecho, llegan a negar que la discriminación de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales sea “generalizada” y que tampoco hay “graves prejuicios” contra el colectivo. Pero sin embargo, en varias ocasiones critican que las medidas no sean concretas y al principio se manifiestan “radicalmente en contra de toda forma de discriminación y violencia”.

Su argumentación inicial se basa en que el objetivo debe ser la “protección de las personas” y no, como en su opinión intenta el anteproyecto, “inocular a nivel social una determinada visión del ser humano y controlar su paulatina imposición, afectando gravemente a la libertad personal y colectiva de quienes piensan diferente”. En varias ocasiones, repite que esta visión no se sustenta en estudios científicos “sólidos y consistentes” acerca de la naturaleza del ser humano y esgrime informes sobre acoso escolar (no detallados ni aportados) que demuestran “el bajo porcentaje de las causas relacionadas con la orientación sexual como motivo de discriminación o abuso, muy por debajo de otras como la obesidad o la inmigración”.

“No es lo mismo tratar de mitigar o prevenir el sufrimiento de personas con una identidad sentida diferente a su corporalidad, que dar por válidos y promover desde las instituciones públicas principios ideológicos que carecen de consenso en la sociedad y de respaldo científico”, alegan. Y por eso opinan que el texto no expresa las necesidades concretas de las personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad ni ofrece medidas eficaces para prevenir tal situación. “Se limita a exponer proclamas genéricas carentes de mandatos normativos concretos, impropios de una ley”, añade.

El grupo de trabajo POLIS también critica que la futura ley se presente “como si estuviéramos ante un problema sistémico en Castilla-La Mancha” y niega que en esta región haya “graves prejuicios” hacia las personas que integran este colectivo, sino “casos concretos de discriminación por esta causa”. Es más, asegura que una ley centrada únicamente en esta materia, al fijar el foco de atención en la misma “de forma exclusiva (y excluyente)”, generará el efecto contrario al pretendido “por su exceso” y “devaluará la influencia de las acciones públicas que se están llevando a cabo con éxito para luchar contra todo tipo de discriminación y violencia”.

Conforme avanza la aportación de este colectivo de seglares cristianos, las críticas se vuelven más duras. Llegan a afirmar que algunas partes del texto son contradictorias con la propia Constitución española, con “una visión muy concreta e ideológicamente sesgada de la persona y su sexo, no basada en evidencias científicas, sino en pura ideología, que pretende imponerse a toda la sociedad”.

Posteriormente, entra en otras cuestiones de fondo. Arremete así contra el artículo del anteproyecto que regula el acogimiento temporal de personas LGTBI en situación de vulnerabilidad, pero con el mismo argumento: dice que son “generalidades, proclamaciones vagas y medidas inconcretas e inconexas, poniendo de manifiesto que la auténtica finalidad de la norma no es proteger a las personas, sino difundir una concreta ideología”.

Y de la misma manera interpreta que “materialmente se impide” ejercer el derecho al libre desarrollo de las personas respecto a su sexualidad. En este punto, los seglares consideran que la futura ley parte de que cuando una persona decida su opción sexual, “esta es inmodificable si no es para cambiar por otra opción diferente de aquella de la que realmente se corresponde con su sexo biológico”. Lo llevan más allá: afirman que “se le priva de la opción de recibir, voluntariamente, eventuales tratamientos médicos (no concreta cuáles ni para qué) o simplemente asesoramiento en este sentido”. En ello incluye a los “profesionales” (no menciona cuáles) y al “legítimo ejercicio de su profesión con esta finalidad, aunque el interesado así lo desee y la opción cuente con respaldo en estudios científicos”.

Finalmente, tampoco le parece bien a este colectivo que haya un régimen de infracciones y sanciones en la futura Ley LGTBI. Agregan así que muchas de las medidas, “leídas a la luz” de las sanciones, implican “una prohibición general de pensar de forma diferente” y que es “contraria a la libertad de pensamiento, conciencia y religión”. “Estamos ante una nueva iniciativa constructivista de la conciencia individual y de la colectividad que en muy poco ayudará a las personas que sufren violencia o discriminación por razón de su orientación sexual y únicamente generará más confusión y, por ello, sufrimiento, además de múltiples conflictos jurídicos”, vaticina y concluye.

Fuente El Diario

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Arzobispado de Toledo, Castilla-La Mancha, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Polis, Toledo