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Hungría y Polonia impiden la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la Unión Europea favorable a los derechos LGTB

Martes, 11 de diciembre de 2018

bandera-Europa-rasgadaUna vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

Hungría, recordemos, fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista representada por el partido Fidesz (Partido Popular Europeo) conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz), el el pasado considerado un «paria político», está considerado hoy día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

Polonia, un país en el que hace años se llegaron a producir esperanzadores pasos adelante en materia LGTB, la situación dio en  2015 un giro parecido. El primer signo de los nuevos tiempos fue la elección como presidente de Andrzej Duda, del partido ultraconservador Ley y Justicia, una de cuyas primeras medidas fue vetar una nueva ley de identidad de género que había sido ya aprobada por el Parlamento polaco, y que definitivamente quedó arrinconada. Pero el golpe definitivo llegó con las elecciones parlamentarias de octubre de 2015, que otorgaron a Ley y Justicia la mayoría absoluta y que supusieron una importante derrota para la europeísta y liberal Plataforma Cívica, además de la desaparición absoluta de los partidos de izquierda del Parlamento polaco. Un escenario que ha favorecido un giro autoritario al estilo húngaro. Y aunque hace pocas semanas las elecciones locales mostraron una profunda división al respecto entre las Polonias urbana y rural, por el momento no parece suficiente como para asegurar una marcha atrás las elecciones generales de 2019.

Mientras tanto, los dos países se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTB En Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez. Ahora, al menos, ha habido por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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Grecia mejora los derechos trans aprobando una ley de identidad de género que despatologiza la transexualidad pero no reconoce la autodeterminación del género

Viernes, 13 de octubre de 2017

ley-trans-greciaGrecia aprueba una Ley Trans que mejora sustancialmente el proceso legal para cambiar el nombre y el género en documentos oficiales pero no se rige por el principio de auto-determinación.

A pesar de no ser una ley perfecta los colectivos trans celebran su aprobación y lo consideran un paso adelante en una lucha que aún no ha terminado.

El Parlamento griego aprobó el martes una avanzada ley de identidad de género, la primera del país que despatologiza la realidad trans. El texto elimina la necesidad de tutela médica y de cualquier intervención quirúrgica, incluida la esterilización, para que los mayores de 17 años puedan obtener el reconocimiento legal de su identidad. Los jóvenes de entre 15 y 17 años sí necesitarán un informe psiquiátrico además del consentimiento paterno. Aunque no satisface la totalidad de sus reivindicaciones, los colectivos trans han saludado la nueva norma como un gran avance.

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían haciéndolo a fecha de noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, Noruega actualizó su ley en 2016 y Bélgica, en mayo de este año). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace unos meses a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Grecia se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, aunque solo para los mayores de 17 años. Para los jóvenes entre 15 y 17 años será necesario un informe psiquiátrico, además del consentimiento paterno. El texto ha recibido el apoyo de 171 diputados del Parlamento griego: de Syriza (impulsora del proyecto), sus socios de Anel y los centristas de To Potami. En contra han votado 128: la derecha de Nueva Democracia, los neonazis de Amanecer Dorado, los comunistas de KKE y la Unión de Centristas.

Pese a reconocer el indudable avance sobre la situación anterior, los colectivos LGTB consideran mejorable la nueva ley. Por ejemplo, en lo referente a la tutela médica y paterna en menores de edad. El asunto, de hecho, fue uno de los motivos esgrimidos por Nueva Democracia para oponerse en lugar de abstenerse, como habían anunciado en primer lugar. El principal partido de la oposición pretendía que el cambio del sexo legal no fuera posible bajo ninguna circunstancia antes de los 18 años.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de la ILGA afirma que : “Es progreso, pero no es perfecta. Hoy se ha dado un gran paso adelante, pero es una pena que ese paso no fuera uno hacia la total auto-determinación de todas las personas trans en Grecia.”  Y es que la nueva ley griega para las personas trans ha mejorado sustancialmente la realidad del colectivo, pero se ha quedado corta en varios aspectos (y en otros ha pasado a ser bastante estrambótica). Hasta la aprobación de esta nueva ley las personas trans que querían cambiar su género en los documentos oficiales tenían que pasar una evaluación psiquiátrica para acreditar un diagnóstico de disforia de género, tenían que someterse a una operación de reasignacion de sexo y se les exigía la esterilización.

Con esta nueva ley esas tres necesidades para que se reconozca su género percibido en los documentos oficiales de todos aquellos mayores de 17 años. Las personas trans entre los 17 y los 17 podrán acceder al proceso para cambiar el género en su documentación pero en esos casos sí hará falta la decisión de un grupo de doctores.

Pero hay dos cosas bastante absurdas en esta ley. Por un lado una persona trans que quiera cambiar su género oficialmente tendrá que estar soltera, lo que puede hacer que las personas trans que estén casadas tengan que divorciarse. Además la última palabra en el proceso la tendrá un juez, que decidirá si la expresión o presentación de género de la persona coincide con lo que quieren que ponga en sus documentos.

Esta reforma es una victoria duramente conseguida por los y las activistas por los derechos trans en Grecia que han luchado por la igualdad de las personas trans durante años. Envía un mensaje claro de que nadie ha de verse obligado a pasar por procedimientos médicos para que se reconozca oficialmente quiénes son. Pero aunque se trata de una reforma histórica en la dirección correcta, la lucha aún no está del todo ganada“, han declarado desde Amnistía Internacional.

Otra de las insuficiencias es la exclusión de las personas migrantes en situación irregular y de los refugiados en la nueva ley. La nueva ley no reconoce el acceso al proceso de reconocimiento de género para personas trans refugiadas o inmigrantes y además deja muchas mejoras pendientes con respecto a los menores trans.

Por último, una enmienda para introducir una tercera opción de género junto a la de “masculino” y “femenino” en los documentos oficiales fue rechazada. Se trata de una medida que han adoptado países como Australia en 2011 o Canadá hace solo unas semanas. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de no definir el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Alemania, la India o Nepal.

La comunidad trans del país ha celebrado la aprobación de la ley, aunque no ocultan su decepción pues se esperaba que se aprobara una primera versión del texto que reconocía el derecho de cualquier persona trans mayor de 15 años a cambiar su nombre y su género en los documentos oficiales con sólo una declaración y un proceso administrativo; pero finalmente se ha optado por un enfoque mucho más conservador y que sigue estigmatizando a las personas trans.

A pesar de eso el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, ha celebrado que la ley reconoce los derechos humanos básicos de “un segmento de la sociedad que ha sido marginado durante demasiado tiempo. Estamos con aquellos que no tienen voz o cuya voz está siendo acallada. Con los estigmatizados, con las minorías oprimidas, con las personas que viven cualquier tipo de desigualdad o aislamiento. Es a esas personas a las que queremos defender.

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Grecia por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

 Fuente | Gay Star News, vía Dosmanzanas/EstoyBailando

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Grupos de derechos civiles reclaman el cese del hostigamiento contra el colectivo LGBT en Azerbaiyán

Martes, 3 de octubre de 2017

azerbaiyan-detenciones-gais-trans-torturas-696x522Detención de un opositor político en Bakú en Octubre de 2016 (Foto: REUTERS)

ILGA, Stonewall, Thomson Reuters Foundation o Civil Right Defenders son algunas de las organizacioens que luchan por los derechos civiles que solicitan al gobierno de Azerbaiyán que libere de la cárcel a decenas de personas gays, lesbianas, transexuales e intersexuales, después de que un activista, Javid Nabiyev, denunciara que se estarían realizando detenciones masivas, acompañadas de abusos vervales, agresiones físicas y exámenes médicos forzosos en Baku.

La rama europea de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA por sus siglas en inglés: International Lesbian and Gay Association) ha hecho disparar las alarmas por la detención arbitraria de al menos 50 personas LGTB en Azerbaiyán cifra que algunos medios azerís elevan hasta casi los 100 y solicita al gobierno de Azerbaiyán a liberarlas después de que salieran a la luz unos informes sobre la detención masiva de miembros del colectivo LGBT, denunciada por el activista Javid Nabiyed, que habrían sufrido abusos y palizas en una operación muy similar a la purga de homosexuales en Chechenia.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa, deja claro que “obligar a cualquier persona LGBTI a ser examinada médicamente en contra de su voluntad es bastante perturbador, pero también hemos recibido múltiples reportes de abuso verbal y físico. No hay ninguna justificación para esta selección indiscriminada de personas percibidas como miembros de la comunidad LGBTI. Es una violación clara y grave de la Convención Europea de Derechos Humanos(…) Estamos preocupados por el destino de las víctimas de estas incursiones y solicitamos la liberación inmediata de toda persona que aún esté detenida”.

Para ILGA es difícil medir la magnitud de esta presunta represión que sucede desde hace dos semanas, pero que no ha sido confirmada de forma independiente, como tampoco lo fuera inicialmente la de los funcionarios de Razam Kadyrov. Al igual que la pequeña República Rusa, Azarbaiyán también es un país conocido por su pésimo trato a las personas gays, lesbianas, transexuales e intersexuales. Los abogados de algunos de los detenidos han asegurado que sus clientes han sido víctimas de palizas y abusos verbales, obligándoles a pasar exámenes médicos y llegando incluso a rapar las cabezas de las mujeres transexuales.

 El Ministerio del Interior de este país considera, torpemente, que con estas redadas dirigidas al colectivo LGTB y a los trabajadores y trabajadoras del sexo combate nuevas infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, la sífilis o la hepatitis. En un comunicado conjunto del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de Azerbaiyán, hecho público este lunes,  queda patente que las autoridades nacionales solo ven la paja en el ojo ajeno: “los informes de los medios de comunicación sobre presuntos ataques contra minorías sexuales y la violación de sus derechos son infundados y desearíamos hacer notar, una vez más, que el propósito de tal acción es llevar ante la justicia a aquellos que han violado el orden público y prevenir la propagación de enfermedades contagiosas peligrosas”. “Los arrestados son personas que manifiestan demostración de falta de respeto hacia los demás, molestan a los ciudadanos y creen que las autoridades sanitarias tienen enfermedades infecciosas”, declara un portavoz del Ministerio del Interior, Eskhan Zakhidov, en una estrategia similar a la que tuviera el gobierno de Chechenia, que negaba que estuviera sucediendo ninguna purga, alegando el de Azerbaiyán que se trata de una campaña contra la prostitución.

Esta postura no es aceptada por Stonewall, quienes sostienen que las personas detenidas habían sido seleccionadas, exactamente lo mismo que asegura la Thomson Reuters Foundation, con sede en Bakú, desde donde aseguran que «las principales calles, estaciones de metro y lugares como los clubes, pubs y bares como LGBT son los principales objetivos».

En la última quincena de septiembre se ha desatado en la República de Azerbaiyán la enésima oleada LGTBfóbica orquestada por el Estado de este país de la Europa oriental. ILGA-Europa habla de al menos 50 personas detenidas por su orientación sexual o identidad de género, aunque otras fuentes suben hasta el centenar de arrestados. Algunos medios azerís tampoco se quedan atrás en su labor desinformativa y discriminatoria, apoyando las tesis gubernamentales y llegando a asegurar que “está claro que casi todas las minorías sexuales han sido infectadas con las enfermedades de transmisión sexual más peligrosas”.

ILGA-Europa condena que el ataque de Estado contra miembros de la comunidad LGBT, especialmente en Bakú (capital del país), está ofreciendo como resultado redadas de la policía, con los detenidos siendo agredidos, forzosamente examinados médicamente, multados u obligados a revelar detalles de contacto de sus teléfonos móviles. Un operativo y unos objetivos que, salvando las distancias, recuerdan a la persecución LGTBfóbica de la república semiautónoma rusa de Chechenia, destapada en abril de este año.

Activistas locales aseguran que al menos 50 personas homosexuales y transexuales habrían sido detenidas en las redadas policiales durante las últimas dos semanas, aunque Civil Rights Defenders, con sede en Suecia, afirman que el número de detenidos podría llegar al centenar, añadiendo que muchos habrían sido liberados solamente después de denunciar direcciones de otros miembros de la comunidad LGBT.

La justificación del Gobierno a esta escalada en su LGTBfobia de Estado no es en absoluto alentadora y deja al descubierto la ignorancia de las autoridades azerís en la materia. Según el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de Azerbaiyán no se trata de un “ataque” contra minorías sexuales, sino la estrategia gubernamental para “prevenir la propagación de enfermedades contagiosas peligrosas”.

Sin embargo, se ha demostrado que en los países más desarrollados la mejor forma de combatir las infecciones de transmisión sexual son las campañas de educación y prevención. La represión, en cambio, consigue el efecto contrario: desinformación, falta de voluntad de realizarse pruebas y miedo a ser fichados o a sufrir represalias por parte de las autoridades.

Golpeado y torturado con descargas eléctricas por ser gay

Uno de los últimos detenidos en denunciar su arbitraria detención ha sido Xeyal (un apodo usado para evitar nuevos abusos por parte de las autoridades azerís). En declaraciones a BuzzFeed News, este hombre explica que fue retenido durante nueve días en el Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior de Azerbaiyán. Desde su arresto, el pasado 19 de septiembre, tuvo que dejar pasar un lapso de tiempo antes de exponer su caso y de contactar con un abogado porque se sentía aterrorizado. Incluso el abogado, que asiste a muchas de estas víctimas de la LGTBfobia de Estado, tiene miedo de ser reconocido y de que esto pueda perjudicar a sus clientes o él mismo, dado que está hablando con la prensa internacional

Al ser liberado, Xeyal abandonó su apartamento y canceló su teléfono móvil, preocupándose de que no lo arrestaran de nuevo. Cuando encontró el valor para pedir ayuda, su rostro y sus brazos todavía mostraban evidencias de maltrato físico. Según denuncia el afectado, habría sido golpeado con un bastón en la cabeza, en las rodillas y en los brazos. Asimismo, habría sido sometido a descargas eléctricas en la cabeza y en otras partes de su cuerpo más de 30 veces. Durante esta tortura, las autoridades parece que intentaron sonsacarle los nombres de sus ex compañeros sexuales y que tuvo que firmar documentos sin que se le permitiera leerlos.

Por su parte, Daniel Holtgen, director de comunicaciones del Consejo de Europa, ha publicado en su cuenta de Twitter que se siente “muy preocupado por el maltrato que reportan personas LGTB” en Azerbaiyán y que resulta “necesaria” una “investigación en profundidad”.

 

A través de una breve nota informativa, el propio Consejo de Europa también ha expresado su preocupación y ha insistido en que “la discriminación de las minorías, tanto sexuales como de otra índole, es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos”. Además, al tiempo que aseguran que siguen el tema de cerca, urgen a Azerbaiyán a “velar por que se respeten estos derechos y se investiguen a fondo los malos tratos denunciados”.

Azerbaiyán y su LGTBfobia de Estado

Las relaciones homosexuales fueron despenalizadas en Azerbaiyán en el año 2000, siendo la edad de consentimiento la misma que la de las relaciones heterosexuales. Por lo demás, sigue sin existir reconocimiento jurídico alguno para las personas LGTB. Y el problema no solo se traduce en la falta de derechos como las uniones civiles, la adopción o la falta de libertad de expresión para los colectivos LGTB sino en la existencia de una impunidad implícita para actos de odio por razones de orientación sexual.

El Parlamento Europeo aprobaba en 2015 una resolución mediante la cual, entre otros puntos, pedía “al Gobierno de Azerbaiyán que deje de oprimir e intimidar a los defensores de los derechos humanos que trabajan por los derechos de las personas LGBTI”. En este sentido, la Eurocámara condenaba “enérgicamente los discursos de odio, procedentes de los más altos niveles políticos, contra las personas LGBTI”.

En 2014 nos hacíamos eco del caso de un joven de 18 años al que sus propios padres le rociaron con gasolina y le amenazaron con prenderle fuego al revelarles su homosexualidad. Afortunadamente, el joven logró escapar y no se consumó el parricidio.

En 2012 recogíamos las declaraciones del activista local Yadigyar Sadykov, que afirmaba que “si una familia decidiera matar a un pariente homosexual, la mayoría de la gente lo aprobaría (…) Nunca he encontrado una persona abiertamente homosexual aquí”. Por este motivo, son pocas las personas que se atreven a visibilizar su orientación LGTB en Azerbaiyán, como por otra parte sucede en el resto de ex república soviéticas.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Rusia por sus leyes contra la “propaganda homosexual”

Jueves, 22 de junio de 2017

Tribunal-de-EstrasburgoPutin-18mar14Histórico pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Rusia al considerar que las leyes que prohíben la difusión de “propaganda homosexual” a menores violan los artículos 10 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Por seis votos contra uno (este último de un juez ruso), el alto tribunal europeo considera que este tipo de leyes atentan contra la libertad de expresión y violan el principio de no discriminación por razones de orientación sexual. 

En noviembre de 2013 informábamos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había decidido iniciar el procedimiento contra las leyes homófobas de tres regiones rusas, todas ella previas a la ley federal contra la “propaganda homosexual” aprobada por el Parlamento ruso en junio de 2013. En concreto, Ryazan, Arkhangelsk y San Petersburgo fueron las tres primeras regiones rusas en aprobar leyes que impiden informar positivamente de homosexualidad en cualquier ámbito al que tengan acceso menores. Ello supone que ni marchas del Orgullo ni cualquier otro tipo de manifestaciones públicas, ni programas contra el acoso escolar, ni información sobre salud sexual, ni cualquier cuestión que un juez considere susceptible de ser entendida como “propaganda homosexual” pueden tener lugar. En definitiva, un instrumento para que la homosexualidad quede reducida a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad, y estrangular el activismo LGTB.

Fueron esas leyes las que dieron lugar al inicio del procedimiento, a raíz de las denuncias de tres activistas LGTB rusos: Nikolai Bayev, Aleksei Kiselev (al que por cierto España concedió asilo en 2013) y Nikolai Alekseev (el más conocido mediáticamente). Activistas que durante los años previos violaron intencionadamente las leyes para así conseguir agotar las sucesivas instancias de la justicia rusa y acabar ante la justicia europea. En concreto, lo hicieron manifestándose delante de una bibioteca pública en Arkhangelsk, de un instituto de Educación Secundaria en Ryazan y de un edificio administrativo en San Petersburgo, mostrando pancartas con textos como “Rusia ocupa el primer lugar del mundo en sucidios de adolescentes. Entre ellos, una gran proporción son homosexuales” o “Los niños tienen el derecho de saber, en virtud del artículo 13 de la Convención de Derechos del Niño. Los grandes hombres pueden ser gais. La homosexualidad es normal”.

Tres años y medio después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ha dado la razón, tras evaluar de forma conjunta las diferentes legislaciones aprobadas en Rusia sobre la materia, que culminaron finalmente con la ley estatal. En concreto, el alto tribunal considera que estas leyes violan el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, referido a la libertad de expresión, así como el artículo 14, referido al principio de no discriminación.

Violación del artículo 10

Por lo que se refiere al artículo 10 (libertad de expresión), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que los argumentos de Rusia, basados en que la necesidad de regular el debate público sobre la realidad LGTB tiene como fin legítimo proteger la moralidad, no son aplicables en este caso, al entender que están basados en una concepción sesgada por parte de una mayoría (la heterosexual) contra una minoría (la homosexual). Según el alto tribunal, ello atenta contra el consenso europeo sobre los derechos de las personas a reconocerse como gais, lesbianas, transexuales o bisexuales así como a disfrutar de sus correspondientes derechos y libertades.

El alto tribunal tampoco acepta otro argumento de Rusia: la necesidad de proteger la salud. De hecho, considera incluso contraproducente para la salud pública la imposibilidad de informar sobre riesgos asociados a determinadas prácticas sexuales así como los métodos de prevención.

Por lo que se refiere a la preocupación de que los menores puedan “convertirse” en homosexuales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Rusia ha sido incapaz de demostrar, en contra de la evidencia científica disponible, que sea posible modificar la orientación sexual de una persona en base a la información externa que recibe. El alto tribunal tampoco considera que los mensajes por los cuales los demandantes fueron condenados atentasen contra los derechos de los menores ni fueran sexualmente explícitos o agresivos. De hecho, estima positivo para la cohesión social que los menores sean expuestos a “ideas de diversidad, igualdad y tolerancia”.

El alto tribunal, por último, considera que las definiciones y disposiciones de la legislación rusa son vagas y en la práctica dan lugar a un margen potencialmente “ilimitado” de aplicación. Citan, por ejemplo, el hecho de que una de las manifestaciones por las cuales los demandantes fueron condenados tuviera lugar frente a un edificio administrativo de San Petersburgo, un lugar que bajo ningún concepto puede considerarse específicamente destinado a su uso por menores.

Violación del artículo 14

Más sencilla es la argumentación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo referido al artículo 14, al considerar que el hecho de que la legislación rusa de forma expresa considere que las relaciones entre personas del mismo sexo son de naturaleza inferior a las de las relaciones heterosexuales supone una clara y evidente violación del principio de no discriminación.

Condena

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en definitiva, considera la legislación rusa sobre la materia contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos y condena al Estado ruso a pagar  8.000 euros a Nikolai Bayev, 15.000 euros a Nikolai Kiselev y 20.000 euros a Nikolai Alekseev, además de las correspondientes costas.

“El mensaje de Estrasburgo es alto y claro. Las personas LGTBI merecen igualdad, no son una amenaza y no pueden ser obligadas a esconderse. Estas leyes discriminatorias perpetúan el prejuicio, y de hecho han sido dañinas para el interés público”, se ha felicitado la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, en un comunicado emitido nada más conocerse la sentencia. “Esperamos que esta importante sentencia atraiga la atención internacional. Es una decisión vital, y no solo para los activistas LGTBI y de derechos humanos que trabajan en Rusia. Envía un mensaje poderoso a activistas de otros países que están combatiendo propuestas legislativas igual de restrictivas”, ha añadido.

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es vinculante para Rusia, cuya justicia deberá tenerla en cuenta en cualquier procedimiento abierto por la infracción de la legislación homófoba si no quiere acabar enfrentandose a nuevas condenas. ILGA Europa ya ha pedido a las autoridades rusas que, a la luz de las argumentaciones contenidas en el fallo, procedan a su reforma. Veremos sí es así.

Fuente Dosmanzanas

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Francia aprueba una nueva ley de reconocimiento de género que sigue judicializando el reconocimiento legal de la identidad de las personas transexuales

Lunes, 17 de octubre de 2016

34634_colectivo-trans-reconocimiento-generoLa Asamblea Nacional francesa votó el pasado 12 de octubre la reforma del Código Civil, que incluye la nueva normativa para la modificación de la referencia al sexo legal en el Registro Civil. El texto final ha decepcionado a la inmensa mayoría de las asociaciones LGTB, dado que el proceso del cambio registral de la referencia al sexo sigue totalmente judicializado. No bastará, como en las legislaciones más avanzadas aprobadas recientemente en otros países, con la mera expresión de la voluntad de la persona transexual. Será un juez quien decida al respecto, después de que la persona solicitante cumpla con la obligación de presentar pruebas que demuestren su identidad de género, si bien se elimina el requisito de someterse previamente a algún tipo de tratamiento médico. Según la Fédéración LGBT, se trata del “peor texto escrito nunca en el mundo sobre el cambio registral de las personas transgénero”.

Hasta ahora, Francia carecía de una legislación que estableciera el procedimiento a seguir para efectuar los cambios registrales necesarios que asegurasen los derechos de las personas transexuales. Únicamente existía la posibilidad de un largo, y muchas veces infructuoso, procedimiento judicial, cuya jurisprudencia exigía, de hecho, la esterilización completa para poder acceder al reconocimiento legal de la identidad de género.

La normativa aprobada se incluye en el Proyecto de Ley de Modernización de la Justicia del siglo XXI, que persigue actualizar los reglamentos sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos para adecuarlos a la realidad imperante. Sin embargo, en cuanto al reconocimiento de la realidad de las personas transexuales, esa actualización parece haber nacido obsoleta. Se introduce una sección 2 bis en el capítulo II del título II del libro 1º del Código Civil, que consta de los artículos 60 a 61.8 , en los que se describe el proceso para el cambio legal del nombre y el cambio en el registro civil de la referencia al sexo. Las personas transexuales tendrán pues que realizar ambos trámites, que deben instarse ante distintos órganos administrativos.

El cambio de nombre se solicitará ante un funcionario del registro civil, pudiéndolo llevar a cabo las personas mayores de edad y los menores emancipados. Tan solo los tutores legales podrán efectuar la solicitud cuando se trate de menores no emancipados, aunque se requerirá el consentimiento del menor si supera los 13 años de edad. Si el funcionario estima que el requerimiento no responde a un interés legítimo, o si considera que va en menoscabo de un menor, informará al procurador de la República, que podrá denegar solicitud, dando paso a la vía judicial para su resolución.

Sin embargo, la solicitud de modificación registral del sexo tendrá que efectuarse ante un tribunal. El texto de los artículos legales aprobados al respecto es el siguiente:

Sección 2 bis

De la modificación de la referencia al sexo en el Registro Civil

Art. 61-5 – Toda persona adulta o menor emancipado que demuestre, con un conjunto suficiente de hechos, que la referencia al sexo en el registro civil no coincide con aquella con la que se muestra y con la que es conocida puede obtener el cambio.

Los hechos principales, cuya prueba puede ser informada por cualquier medio, pueden ser:

1. Que se muestre públicamente como perteneciente al sexo reivindicado;

2. Que sea conocida por el sexo reivindicado por su entorno familiar, de amigos o profesional;

3. Que haya obtenido el cambio de nombre para que coincida con el sexo reivindicado;

Art. 61-6 – La petición se presentará ante el Tribunal de Primera Instancia.

El solicitante dará fe de su consentimiento libre e informado de la modificación de la referencia al sexo en el registro civil y aportará todos los elementos de prueba en apoyo de su  petición.

El hecho de no haber sido sometido a un tratamiento médico, cirugía o esterilización no puede motivar la denegación de la solicitud.

Si el tribunal constata que el solicitante cumple con las condiciones establecidas en el artículo 61-5, ordenará la modificación relativa al sexo y, si es necesario, al nombre en el Registro Civil.

El artículo 61-7 es meramente procedimental, mientras que el 61-8 establece que la modificación de la referencia al sexo el el Registro Civil “no tendrá efecto en las obligaciones frente a terceros o las afiliaciones establecidas antes del cambio”. Eso quiere decir, por poner un ejemplo, que se conservan los derechos de paternidad o custodia previos a la modificación.

En resumen, queda en manos del juez requerir la presentación de las pruebas que estime oportunas y valorar si permiten o no efectuar la modificación registral del sexo. En esto, el texto finalmente aprobado difiere del proyecto presentado inicialmente en el mes de mayo por el Partido Socialista, que establecía un trámite meramente administrativo que debía resolver en un plazo determinado el procurador de la República, aunque requería el mismo tipo de pruebas para apoyar la solicitud. A pesar de que ese primer proyecto ya fue criticado por las asociaciones LGTB, por no ceñirse a la simple voluntad expresada por la persona transexual para efectuar el cambio registral, fue el propio Partido Socialista quien introdujo posteriormente en el trámite parlamentario las modificaciones que judicializan además todo el proceso. Sí que fueron rechazadas las enmiendas propuestas por la centroderechista Unión de Demócratas e Independientes, que pretendían incluir entre los requisitos la presentación de informes médicos.

La nueva normativa entrará en vigor cuando sea promulgada por el presidente de la República, François Hollande, y posteriormente publicada en el Boletín Oficial, una fecha que se espera próxima pero que aún es incierta.

Sombras e incertidumbres de la ley

Es evidente que la legislación francesa dista mucho de las aprobadas en países como Noruega, Dinamarca, Irlanda, Malta o Argentina, en las que basta con la voluntad expresada libremente por la persona transexual para que se efectúen los cambios registrales oportunos. Por el contrario, en Francia prima la arbitrariedad judicial, al establecer la obligatoria presentación de determinadas pruebas para que un juez las valore. Unas pruebas que, antes de que se siente alguna jurisprudencia o se dicten algunos criterios, siembran dudas y abren interrogantes.

¿Qué debe entender un juez como “mostrarse públicamente como perteneciente al sexo reivindicado”? ¿Quiere decir que la persona transexual debe tener un aspecto físico preciso o haber experimentado unos determinados cambios corporales que satisfagan las expectativas del magistrado? Si bien por una parte se establece que “el hecho de no haber sido sometido a un tratamiento médico, cirugía o esterilización no puede motivar la denegación de la solicitud”, ¿no es posible que un juez estime que no haberse sometido a esos tratamientos hace que no se “muestre públicamente como perteneciente al sexo reivindicado”? ¿No se podría seguir medicalizando el proceso a través de ese subterfugio?

¿Qué ocurre si el entorno familiar o laboral de una persona transexual no quiere reconocer su identidad de género? ¿Y si sus familiares o compañeros de trabajo son tránsfobos? ¿Por qué debe depender el reconocimiento de la identidad de género de una persona transexual de la opinión de otras personas?

En cuanto al cambio del nombre también surgen dudas. Si bien se trata de un trámite meramente administrativo, la normativa no obliga al funcionario del Registro Civil a admitir las solicitudes con capítulos sancionadores. Dado que en las localidades medianas y pequeñas esos funcionarios son los alcaldes, ¿no podrían un alcalde o procurador de la República tránsfobos judicializar el proceso arbitrariamente, con el consiguiente transtorno para la persona transexual?

Repercusión en asociaciones y partidos

Han sido pocas las reacciones positivas a la redacción aprobada entre el activismo LGTB, aunque algunos colectivos han querido destacar que supone un avance respecto a la situación previa. Así han hecho desde SOS-Homophobie, al admitir que la nueva normativa supone un avance, aunque lo encuentran insuficiente: “A SOS-Homophobie le hubiera gustado que la solicitud de modificación en el Registro Civil se hiciera ante un funcionario del propio registro, pues es la única opción que permite garantizar la autodeterminación efectiva de las personas transexuales. Además, los menores no emancipados no se benefician de la nueva normativa. SOS-Homophobie considera que la ley debería haber permitido que los menores puedan iniciar un tratamiento tras obtener el consentimiento de sus padres”.

El Partido de Izquierda, por su parte, “lamenta el carácter timorato” de la nueva legislación, y denuncia “la cobardía del Gobierno y de numeroso diputados” en el proceso de su aprobación. Para la formación, “solo un procedimiento declarativo sin intervención judicial es una garantía plena contra la arbitrariedad”, por lo que estima que “lejos de ponerse al día, Francia ha adoptado esta semana una nueva ley… particularmente retrógrada en Europa”.

Más crítica aún ha sido la reacción de la Association Nationale Transgenre (ANT), que publicaba el siguiente comentario en su cuenta oficial de Facebook: “El Parlamento francés acaba de aprobar una ley que no ofrece ninguna garantía de desmedicalización en el procedimiento del cambio registral para las personas transexuales ante un tribunal. La ANT no felicita al gobierno ni a los parlamentarios que han participado en la adopción de una ley de este tipo, la peor votada en Europa en los últimos años”.

Contundente también ha sido la oposición a la nueva normativa de la Fédération LGTB, que comentaba en su cuenta de Twitter: “Ayer por la noche, la Asamblea Nacional ha aprobado el peor texto escrito nunca en el mundo sobre el cambio registral de las personas transgénero”. Posteriormente añadía: “Judicialización, disparidad entre territorios, evaluación arbitraria por parte de los jueces, binariedad: la cuenta no acaba”.

La directora de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, hacía unas declaraciones en las que, ha felicitado a la comunidad trans del país por la nueva norma: “Felicitaciones a toda la comunidad trans en Francia y el movimiento activista que ha empujado este profundo cambio. Esta es una clara señal del progreso en Europa.” A pesar de felicitarse por la desmedicalización del proceso en Francia, consideraba que “en Europa, existen varios modelos que estaban disponibles para que Francia los siguiera. Dinamarca, Malta, Irlanda y, más recientemente, Noruega han elegido respetar la integridad física de las personas transexuales y han optado por la autodeterminación. El hecho de que Francia no haya seguido la senda más progresista y humana es muy lamentable. La lucha continuará por la plena igualdad y el respeto a las personas transexuales en Francia”.

El único en defender con cierta firmeza la regulación aprobada ha sido el grupo LGTB asociado al Partido Socialista, Homosexualités et Socialisme (HES), que emitía el siguiente comunicado: Al rechazar cualquier condición médica, quirúrgica o psiquiátrica, la Asamblea Nacional conduce a Francia por el curso adoptado por las naciones más avanzadas en la consideración de las personas transexuales, como Malta, Argentina, Noruega, Irlanda o Dinamarca, por ejemplo. Desde HES esperamos y trabajaremos por que esta dirección se intensifique”.

El colectivo LGTBI francés lucha además contra un enemigo invisible pero con un gran poder: el populismo. La moderación política ha sido derrotada por una derecha trasnochada e intolerante que hace una década no dejaba de ser una anécdota electoral.

Los resultados obtenidos por el Frente Nacional de Marine Le Pen han ido mejorando en los últimos comicios y sabemos de su deseo de prohibir el matrimonio igualitario. El partido ha cobrado tanto protagonismo en el panorama político del país galo que Nicolas Sarkozy había prometido abolir el matrimonio igualitario si llega al poder con el ánimo de captar los votos homofóbicos que le devuelvan al Elíseo, aunque luego se retractó.

Ante esta enrevesada situación, aunque hay que recordar que la mayor parte de la población francesa muestra su apoyo al colectivo LGTBI, los avances legislativos logrados, a esar de sus defciencia se tienen que celebrar por partida doble.

España, retrasada

En Europa, el grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación del género son Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca y Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). En el continente americano, también lo hace Argentina, cuya ley fue pionera en el proceso de desmedicalización y desjudicialización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque otras leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

Fuente: Dosmanzanas/ Redacción Chueca

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El Tribunal Constitucional de Rumanía avala la convocatoria de un referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario

Sábado, 23 de julio de 2016

200-bandera-RumaniaEl Tribunal Constitucional de Rumanía ha dado su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la “Coalición por la Familia” de Rumanía, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

coalitiaPresentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal ha decidido este 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75 % de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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En el mismo dictamen, el Tribunal Constitucional ha aplazado su decisión sobre el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países donde es legal, referido al requerimiento de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica.

La organización rumana de defensa de los derechos de las personas LGTB Accept ha manifestado su temor a que los derechos de las personas LGTB se conviertan en objetivo en las próximas elecciones generales, si es que se promueve una votación conjunta con el referéndum, así como ha recordado al Parlamento rumano que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanas indica que debe haber un reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y sus familias. Lo ha hecho a través del siguiente comunicado de prensa:

El Tribunal Constitucional rumano ha decidido hoy que la iniciativa de modificar la definición constitucional de familia puede iniciar el trámite parlamentario. También hoy, el Tribunal ha decidido aplazar su decisión sobre la constitucionalidad de las disposiciones del Código Civil rumano que prohíben el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo registradas en el extranjero. Esta última cuestión se suscitó ante el Tribunal Constitucional por Accept y la Coalición Antidiscriminación en el caso de la familia Coman-Hamilton.

Accept respeta la decisión del Tribunal, dentro del contexto del estado de derecho. “Lamentamos que los prejuicios sociales hayan hecho que el Tribunal niegue las normas internacionales de derechos humanos sobre la familia y el respeto de la dignidad humana. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece las normas sobre los derechos fundamentales, ha mostrado de forma clara y consistente que deben ser reconocidos los derechos a la vida privada y familiar de las personas LGBT y respetados a través de alguna forma de protección en los Estados miembros del Consejo de Europa”, ha declarado Romanita Iordache, vicepresidente de Accept.

Hacemos un llamamiento a los políticos para que actúen de forma responsable en lo que respecta a la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT). En primer lugar, pedimos al Parlamento que aclare la pregunta que se planteará en la consulta, a fin de evitar la confusión entre familia y matrimonio. Los políticos no deben olvidar que la familia es un concepto jurídico incluyente, basado en el amor y el respeto. Incluye a las familias homosexuales y a las familias monoparentales, así como a las parejas heterosexuales no casadas. Es un hecho que existen todas esas familias y que son parte de la sociedad. En una democracia representativa, todas esas familias tienen derecho a la misma protección constitucional.

Desde hace tres años, los miembros del Parlamento de Rumanía han tenido en su agenda un proyecto de ley para la reforma de la Constitución. Pedimos al Parlamento que no utilice dinero de los contribuyentes para organizar un referéndum centrado en un solo artículo de la Constitución, mientras que no hay suficiente financiación pública para la salud, la educación y la cultura. El Parlamento debe incluir la petición de la Coalición por la Familia en los debates sobre el proyecto de ley existente para modificar la constitución, y así demostrar su responsabilidad en relación con el gasto público y lograr una reforma constitucional coherente.

La organización de un referéndum, cuyo objetivo son claramente las personas homosexuales, al mismo tiempo que las elecciones parlamentarias es una amenaza social. Los sentimientos homofóbicos, que predominan en todos los ámbitos de la sociedad, llegarán sin duda hasta el nivel de las declaraciones políticas y electorales. Las próximas elecciones legislativas que se celebrarán antes de finales de 2016 no pueden ser secuestradas por ese tipo de mensajes, haciendo que las personas LGBT se conviertan en el chivo expiatorio de todos los problemas de los rumanos.

En el caso Coman-Hamilton, el Tribunal Constitucional ha decidido posponer su decisión hasta septiembre. Los dos demandantes ya han esperado dos años para ver qué tribunal tenía jurisdicción sobre el caso. El Tribunal confirma la forma en que funciona la justicia en Rumanía: todo para otro día. Sin embargo, los dos siguen siendo una familia en todas partes, excepto en su país de origen, Rumanía.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, expresaba su preocupación por el dictamen del Tribunal Constitucional rumano en los siguientes términos: “La noticia de hoy es muy preocupante. En la práctica, el cambio de esas pocas palabras en el artículo constitucional tendrá profundas implicaciones para las parejas del mismo sexo que viven en Rumania y para sus hijos”.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Italia por no permitir la reagrupación familiar de una pareja del mismo sexo

Martes, 5 de julio de 2016

Tribunal-de-EstrasburgoMuy importante fallo el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Italia por no reconocer el derecho de residencia a la pareja del mismo sexo de un ciudadano italiano. Estrasburgo considera que la negativa supuso una violación del artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación, así como del artículo 8, que consagra el derecho al respeto a la vida privada y familiar.

Roberto Taddeucci y Douglas McCall son pareja desde 1999. Vivieron en Nueva Zelanda hasta el año 2003, cuando debido a problemas de salud de Taddeucci decidieron instalarse en Italia, país del que este es ciudadano. Sin embargo, tras agotar sus permisos temporales de residencia, el Estado italiano se negó a conceder a McCall, ciudadano neozelandés, el derecho a residir legalmente en Italia en aplicación del derecho a la reagrupación familiar.

La pareja llevó el caso a los tribunales, y tras perder ante la Corte de Casación, el más alto tribunal italiano, decidió acudir a Estrasburgo. La Corte de Casación les negó el derecho a la reagrupación familiar al considerar que la legislación italiana solo reconocía ese derecho con respecto a los cónyuges y a los hijos menores o dependientes (Italia, recordemos, no reconoce el matrimonio igualitario, y solo muy recientemente ha aprobado una ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo). De hecho, al no poder vivir legalmente en Italia como pareja, Taddeucci y McCall se vieron forzados a abandonar el país e instalarse en Holanda, donde el neozelandés no tuvo problema alguno en obtener el permiso de residencia como pareja de un ciudadano de la Unión Europea.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado ahora a favor de la pareja (puedes descargar aquí el comunicado oficial), al considerar que pese a no constituir un matrimonio sí tienen derecho a que se reconozca su realidad familiar. Condena además al Estado italiano a indemnizar a la pareja con 20.000 euros, en concepto de daños no materiales, y con 18.924,58 euros en concepto de gastos.

El fallo se remonta, por cierto, a la sentencia del caso Schalk y Kopf contra Austria, emitida en 2010, en la que se dirimía si el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio quedaba cubierto por la Convención Europea de Derechos Humanos. Curiosamente en aquella ocasión Estrasburgo falló a favor de Austria, al estimar que no era así, pero como contrapartida aquella sentencia supuso el reconocimiento de que las parejas del mismo sexo sí tienen derecho al reconocimiento de su vida familiar (algo que consideraba que Austria cumplía con su ley de uniones civiles). “Las parejas del mismo sexo son tan capaces como las de diferente sexo de establecer relaciones estables de compromiso mutuo”, consideró entonces el alto tribunal europeo, lo que las coloca en una“situación similar a las de las parejas de distinto sexo por lo que se refiere a su reconocimiento legal y a la protección de su relación”. Nosotros mismos decíamos entonces que aquella argumentación “podría facilitar en el futuro los recursos de parejas del mismo sexo de estados en los que -como Italia o en buena parte de los países del Este- en los que carecen de cualquier tipo de reconocimiento jurídico”. Teníamos razón…

“Este caso es un perfecto ejemplo de las luchas a las que a diario tienen que enfrentarse a lo largo y ancho de Europa las parejas del mismo sexo. Esta pareja volvió a Italia porque uno de ellos estaba enfermo. Sufrir un problema personal de este tipo ya es suficientemente duro, pero las parejas del mismo sexo se encuentran con obstáculos discriminatorios adicionales”, ha expresado en un comunicado la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis. “ILGA Europa saluda la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una nueva confirmación de que la discriminación contra las parejas del mismo sexo basada en su orientación sexual no puede ser permitida”, añade el texto.

En la misma línea que otra sentencia reciente

Conviene destacar que se trata de la segunda sentencia en pocos meses a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a beneficiarse de los permisos de residencia por reagrupación familiar. En febrero de este mismo año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó también que las leyes de extranjería de Croacia, que tampoco reconocían a las parejas del mismo sexo la condición de familia, violaban la Convención Europea de Derechos Humanos. Aquel caso afectaba a una ciudadana de Bosnia-Herzegovina, que solicitó un permiso de residencia en Croacia por reunificación familiar al acreditar que mantenía una relación estable con una ciudadana croata.

“Habrá que ver si esta jurisprudencia termina por aplicarse a los casos en que las leyes del país impiden el matrimonio igualitario y las leyes de extranjería solo permiten la concesión de permisos de residencia a las personas unidas en matrimonio”, decíamos precisamente entonces (la ley croata sí reconocía el derecho a reagrupación familiar en el caso de relaciones no maritales, aunque heterosexuales). Pues bien, ya tenemos la respuesta: también es de aplicación en estos casos. Una muy buena noticia.

Fuente Dosmanzanas

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Hungría bloquea un acuerdo europeo sobre los derechos de la comunidad LGTB

Lunes, 14 de marzo de 2016

13968854263210El gobierno conservador de Hungría bloquea un acuerdo para avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB propuesto a la Comisión de la Unión Europea por Holanda.

El Consejo de la Unión Europea, integrado por los representantes de los gobiernos de los estados miembros, ha sido incapaz de llegar a un acuerdo sobre igualdad de las personas LGBTI. La oposición del gobierno húngaro impidió que una lista básica de acciones propuestas por la Comisión Europea recibiera el respaldo unánime del Consejo. Un nuevo ejemplo de hasta qué punto la la pujanza de la derecha más conservadora en los países del Este de Europa arrastra a la Unión Europea hacia posiciones cada vez más alejadas de la igualdad.

El gobierno holandés, que actualmente preside la Unión Europea, ha presentado el borrador de un acuerdo al Consejo de la Unión Europea haciendo un llamamiento para hacer frente a la discriminación homofóbica a través de diversas medidas con el objetivo de avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB e intensificando esfuerzos para recoger datos sobre el tratamiento de los ciudadanos homosexuales, bisexuales y transexuales. Sin embargo, ha quedado vetado por los representantes de Hungría, el mismo día que también han bloqueado una propuesta de acuerdo con Turquía referente a la crisis migratoria. «Hungría no está en posición de aceptar la lista de acciones para avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB», ha manifestado en un comunicado del gobierno conservador de Viktor Orbán.

La actual presidencia holandesa de la Unión Europea quería impulsar el desarrollo de las políticas de igualdad en lo referente a la situación de las personas LGBTI, y por eso había situado la discusión de la propuesta de la Comisión Europea (que puedes descargar en su totalidad aquí) en la agenda de Consejo sobre Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores que los representantes de los gobiernos europeos celebraron el pasado 7 de marzo en Bruselas. La propuesta daba respuesta a la petición del Parlamento Europeo de una hoja de ruta contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (el ya conocido como “informe Lunacek”, aprobado en febrero de 2014 pese a las protestas de los grupos ultraconservadores) y enumeraba una serie de diez acciones a desarrollar de aquí a 2019:

  1. Cerrar la brecha existente en la Unión Europea en lo referente a la protección contra la discriminación en materia de educación, protección social y acceso a bienes y servicios.
  2. Facilitar la vida cotidiana de las familias LGBTI que se trasladan de un lugar a otro de Europa.
  3. Reforzar y monitorizar la transposición e implementación del derecho comunitario en materias como la reasignación de sexo, la atención a la víctimas de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, el asilo, la libertad de circulación o el acceso al empleo.
  4. Promover campañas de comunicación para mejorar la aceptación social de las personas LGTBI.
  5. Dar apoyo a los estados miembros para el desarrollo de políticas clave para las personas LGTBI en materia de no discriminación, delitos de odio, educación y salud.
  6. Dar soporte financiero a organizaciones que trabajan aspectos clave en materia LGBTI, tanto públicas como privadas.
  7. Dar apoyo a las empresas y entornos de trabajo inclusivos.
  8. Mejorar la disponibilidad de datos acerca de la situación de las personas LGBTI en áreas como la discriminación, desigualdades en salud, educación, delitos de odio, libertad de movimiento de las familias LGBTI, situación de las personas intersexuales o reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transexuales.
  9. Promover la mejora de la situación de las personas LGBTI en territorios vecinos a la Unión Europea, como los Balcanes o Turquía, en el contexto de las negociaciones de adhesión o asociación.
  10. Promover la mejora de la situación de las personas LGBTI en terceros países.

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Pues bien, la negativa del gobierno de Viktor Orbán ha impedido que el Consejo diera su respaldo unánime a la propuesta, lo que hubiese supuesto un hito político significativo para los derechos LGTB en Europa. Pese a todo, la directora ejecutiva de ILGA Europe, Evelyne Paradis, ha preferido ver el vaso medio lleno. “Aunque hubiéramos preferido ver una unanimidad completa, esto no ha sido solo un acuerdo tácito sobre la lista de acciones propuesta por la Comisión Europea. Esto ha sido un auténtico mensaje de los estados miembros: que quieren ver progresos reales más pronto que tarde”, ha declarado Paradis.

También algunos de los más destacados parlamentarios del Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo han querido resaltar que 27 de los 28 estados de la Unión dieran su apoyo a la propuesta, entre ellos algunos cuyos gobiernos tampoco se caracterizan por sus esfuerzos en este sentido. Es el caso de la propia Ulrike Lunacek y de Daniele Viotti, copresidentes del Intergrupo, o de Sophie in ‘t Veld, vicepresidenta del mismo, que han destacado asimismo el compromiso de la presidencia holandesa.

No han tardado en surgir voces de condena ante esta paralización, como las de Catherine Bearder, del Partido Liberal Demócrata del Reino Unido, quien ha declarado que «la Unión europea ha desempeñado un papel vital en el avance de los derechos LGTB en todo el continente en los últimos años, incluyendo la condena legal de rechazar al acceso a un puesto de trabajo por motivos de orientación sexual. Pero la realidad es que en algunos países europeos las personas LGTB todavía se enfrentan a la persecución y la discriminación diaria. Es una desgracia que gobiernos como el de Viktor Orbán en Hungría estén bloqueando el progreso en esta área. El Reino Unido debe utilizar nuestra influencia para asegurar que los derechos de la comunidad LGTB son respetados en todo nuestro sector».

El acuerdo reclamaba a los estados miembros de la Comisión Europea «a tomar nuevas medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y llevar a cabo actividades de sensibilización para promover la igualdad LGTB». Sin embargo, admite la importancia de «respetar plenamente las identidades nacionales y las tradiciones constitucionales de los Estados Miembros», así como sus respectivas competencias en materia de derecho familiar, mientras presten atención a los derechos fundamentales de la comunidad LGTB. Inicialmente, el acuerdo también contaba con las reservas de países como Letonia, Lituania y Polonia, que finalmente sí habían aceptado, al igual que la mayoría de los países miembros de la Comunidad Económica Europea, excepto Hungría.

Hungría, un freno a los avances en materia LGTBI

En este caso, la falta de unanimidad de los gobiernos no supone que el documento quede invalidado ni que la Comisión Europea renuncie a promover las medidas que allí se defienden, pero tiene un simbolismo indudable: ni siquiera en aquellos aspectos relacionados con los derechos más básicos de las personas LGTBI los gobiernos europeos son capaces de alcanzar un acuerdo de mínimos (que por cierto no interfiere con la capacidad de los estados miembros de legislar de forma restrictiva en materia de matrimonio igualitario, adopción homoparental conjunta o acceso igualitario a las técnicas de reproducción asistida).

Se trata, además, de la segunda vez en pocos meses que Hungría actúa como freno en esta materia. Hace pocas semanas los gobiernos húngaro y polaco, puntas de lanza de la derecha populista en Europa, bloqueaban la nueva normativa sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea, que no perseguía otra cosa que dar garantías uniformes a los diferentes tipos de unión legalmente reconocidos por los países de la Unión, argumentando que ello suponía reconocer regímenes de familia que no “responden a sus valores”.

Hungría, recordemos, fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos… La derecha populista, representada por el partido Fidesz y su líder Viktor Orbán, conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución del país para, entre otras medidas autoritarias, “proteger” al matrimonio que se celebra “entre un hombre y una mujer”. El panorama político húngaro no mejoró mucho en 2014: el Fidesz se desgastó mínimamente y revalidó su aplastante mayoría, con casi en 45% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente ultra, ascendía hasta más del 20% y se situaba a solo cinco puntos de Unidad, la coalición de centro-izquierda que a duras penas mantuvo el tipo.

La reciente crisis de los refugiados, de hecho, ha aumentando aún más la popularidad de Orbán, que ha consolidado lo que muchos analistas califican ya como un régimen semiautoritario en el corazón de la Unión Europea derribando tanto la oposición interna como la externa. No conviene olvidar que el primer ministro húngaro, otrora considerado una especie de “paria político”, está considerado hoy día uno de los referentes del Partido Popular Europeo gracias a sus posiciones en materia migratoria. No es casualidad que hace pocas semanas Orbán fuese recibido en Madrid por los líderes populares europeos con toda clase de parabienes…

Fuente Universogay/Dosmanzanas

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El Parlamento de Chipre aprueba una ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo

Martes, 1 de diciembre de 2015

f335f56af9aae9fee06f1bcd8d6e3855_articleLa nueva ley de uniones civiles aprobada en Chipre concederá derechos semejantes a los del matrimonio, aunque no permitirá la adopción conjunta ni tampoco la de los hijos del otro miembro de la pareja. A falta de la firma del presidente del gobierno para su promulgación definitiva, esta nueva figura jurídica situará a Chipre a la vanguardia del mundo ortodoxo en materia de derechos LGTB.

La ley de uniones civiles ha sido aprobada por el Parlamento chipriota en segunda lectura este 26 de noviembre, por una contundente mayoría de 39 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. El proyecto de ley fue impulsado por el Ejecutivo de centroderecha liderado por el presidente Nicos Anastasiades el pasado 7 de mayo, iniciándose posteriormente el trámite parlamentario. Presentado en primera lectura ante el Parlamento el 18 de junio, allí experimentó la modificación de la denominación de la nueva figura jurídica de “acuerdo de convivencia” a “unión civil, aunque siempre se mantuvo la idea de que estuviera abierta a parejas del mismo o distinto sexo.

Los diputados de las tres principales fuerzas políticas chipriotas (los conservadores de la gobernante Agrupación Democrática, los comunistas del Partido Progresista del Pueblo Obrero y los liberales del Parido Democrático) han votado mayoritariamente a favor de la ley, a pesar de habérseles concedido libertad de voto por parte de sus grupos. Esta amplia aceptación entre los partidos mayoritarios contrasta con la encarnizada oposición de la iglesia ortodoxa, cuyo dirigente, el arzobispo Chrysostomos, acusó a la clase política de “debilitar la integridad moral” de los chipriotas al reconocer algún tipo de derecho a las personas LGTB.

Una vez que el presidente Anastasiades promulgue con su firma la nueva normativa, las parejas unidas civilmente obtendrán derechos semejantes a los del matrimonio en materias como la propiedad, sucesiones, prestaciones, disolución de la unión o pensiones alimenticias, pero no podrán adoptar conjuntamente, ni tampoco a los hijos del otro miembro de la unión. En todo caso, con esta ley, Chipre se sitúa a la vanguardia de los derechos LGTB entre los países de tradición ortodoxa, por delante de Grecia, cuyo proceso para la aprobación de una legislación semejante permanece aún estancado.

Los activistas de Accept-LBGT Cyprus, a cuya persistencia se debe en gran parte la nueva legislación, han expresado su alegría por su aprobación con el siguiente comunicado: “Chipre está cambiando y mirando hacia el futuro. ¡Y todos tenemos que formar parte de este cambio! Gracias por vuestra paciencia y la confianza que habéis depositado en nosotros. Este es un momento significativo en la historia de los derechos humanos en Chipre”.

Por su parte, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa, también se congratulaba por la decisión del Parlamento chipriota, pues, para ella, “las parejas del mismo sexo y sus familias son merecedoras de la misma protección que las de sus amigos y vecinos heterosexuales. No se trata de dar ‘derechos especiales’ a un grupo, sino de reconocer la maravillosa diversidad de familias que habitan en Europa”.

El avance que supone la nueva normativa en el reconocimiento de los derechos de las parejas LGTB chipriotas es indudable, significativo y ejemplar para una sociedad de tradición ortodoxa fuertemente conservadora. Sin embargo, los responsables de organizaciones europeas como ILGA-Europa no deben olvidar que las parejas del mismo sexo chipriotas o maltesas siguen sin haber alcanzado la plena igualdad, al no poder decidir entre unirse civilmente o contraer matrimonio, como sí que pueden hacer las parejas heterosexuales. En esos países, a día de hoy, existen legislaciones distintas y separadas para las parejas del mismo sexo, que aún no son merecedoras “de la misma protección que las de sus amigos y vecinos heterosexuales”.

Una isla dividida

Chipre permanece dividido en dos entidades: la grecochipriota al sur y la turcochipriota al norte. En 2004 Naciones Unidas propuso un acuerdo de reunificación que permitiera la convivencia de las dos comunidades, pero los grecochipriotas lo rechazaron. A día de hoy coexisten dos estados de facto independientes y enfrentados: la República de Chipre (internacionalmente reconocida y miembro de la Unión Europea) y la República Turca del Norte de Chipre (reconocida solo por Turquía).

En el sur, y desde la época colonial británica, las relaciones entre varones fueron ilegales hasta que el deseo de incorporarse a la Unión Europea forzó su despenalización en 1998. Desde entonces, la situación ha evolucionado favorablemente, y en 2014 se celebró —con gran éxito de asistencia— el primer Orgullo LGTB en su capital, Nicosia. La aprobación de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo en noviembre de 2015 supone otro paso de enorme envergadura en el camino hacia la igualdad de derechos.

La parte turcochipriota, sin embargo, mantenía la ilegalidad de las relaciones homosexuales (a diferencia, curiosamente, de la propia Turquía) hasta enero de este 2015, con penas que podían llegar hasta los cinco años de prisión. Se trataba del último territorio de Europa en el que la homosexualidad estaba penada.

Fuente Dosmanzanas

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Irlanda aprueba la Ley que ratifica la legalidad del matrimonio de parejas del mismo sexo

Martes, 3 de noviembre de 2015

noticias_file_foto_1025933_1446210530La senadora Katherine Zappone y su esposa, Ann Louise Gilligan renovarán sus votos en 2016 en Irlanda.

El matrimonio igualitario ya es legal por Ley en Irlanda desde este jueves, 29 de octubre, cinco meses después de la celebración del referéndum histórico. Así se convierte en el primer país del mundo en aprobar los matrimonios gays en una consulta popular. Las primeras bodas de parejas del mismo sexo podrían tener lugar en dos semanas. ‘La Comisión Presidencial ha firmado la Ley“, han dicho desde la oficina del presidente en un comunicado justo el día en el que el primer mandatario Michael D Higgins, realiza una visita a los EE.UU..

Por segunda vez, Dublín se vestía con los colores arcoíris. La primera vez, el pasado 23 de mayo de 2015 con epicentro en el mítico Panti Bar, junto al río Liffey, convertido en un reguero de espumosa Guinness para celebrar la histórica victoria. El país católico por antonomasia, donde la homosexualidad era “ilegal” hasta 1993. El “sí” se impuso por el 62% de los votos frente al 38,%, según confirmó la Comisión del plebiscito. A favor de los matrimonios gays votaron 1.201.607 irlandeses, casi el doble de los 734.300 que lo hicieron en contra. La participación fue al final del 60%, una de las más altas nunca registradas en un referéndum.

El Senado aprobó el proyecto de ley la semana pasada. Todo lo que se necesita ahora es una orden de inicio firmada por la ministra de Justicia y las primeras bodas podría tener lugar en dos semanas, la llamada ‘Marriage Bill 2015’. La senadora, Katherine Zappone, dijo que se trataba de “un momento decisivo y muy emotivo para aquellos de nosotros que han hecho campaña durante tanto tiempo. Esta victoria verdaderamente pertenece a la nación, es un momento histórico para todos nosotros”, dijo en un comunicado.

Zappone propuso matrimonio a su pareja, Ann Louise Gilligan, en vivo y en la televisión después de que se anunciaran los resultados del referéndum. Renovarán sus votos en su país, después de casarse en Canadá, para el año nuevo.

‘Queremos rendir homenaje a los políticos nacionales en Irlanda ya que todos los principales partidos han dejado de lado sus diferencias partidistas para hacer campaña por el mayor objetivo de la igualdad’, ha dicho Evelyne Paradis, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex.

Fuente Ragap

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El Parlamento de Polonia no logra levantar el veto presidencial a la ley de identidad de género

Viernes, 16 de octubre de 2015

wKEOCDN0_400x400Finalmente el veto presidencial a la ley de identidad de género no ha podido ser levantado por el Parlamento de Polonia. La cuestión ni siquiera ha sido resuelta en votación, pues cuestiones formales impidieron que se presentara para su consideración por los parlamentarios en el último día de sesiones plenarias antes de las elecciones generales del próximo 25 de octubre. La comunidad transexual polaca deberá esperar a un nuevo período legislativo lleno de incertidumbres, mientras sus miembros siguen sufriendo un largo y penoso proceso judicial para ver reconocidos sus derechos.

El veto del presidente polaco, Andrzej Duda, a la Ley de Identidad de Género aprobada por el Parlamento polaco el pasado verano debería haber sido debatido en el Sejm (cámara baja del Parlamento) el pasado día 9 de octubre. Para poder levantarlo, se necesitaba un quórum de al menos el cincuenta por ciento de los miembros de la cámara, y el voto favorable de tres quintas partes de los presentes. Sin embargo, la comisión parlamentaria correspondiente no presentó el preceptivo informe para que la cuestión fuera planteada en el orden del día, y la votación no pudo producirse.

La cuestión se agrava dado que se trataba de la última sesión plenaria antes de las elecciones generales del próximo 25 de octubre, por lo que el proyecto de ley quedará en el limbo parlamentario hasta que las nuevas cámaras que se constituyan decidan retomar su proceso. Su futuro es, por tanto, incierto, pues no se sabe qué nuevas mayorías de formarán, y es dudoso que para ninguno de los diferentes grupos esta sea una cuestión prioritaria. Mientras tanto, las personas transexuales polacas deberán someterse a lo que ILGA Europa describe como un penoso y estresante proceso judicial, y soportar largas esperas para obtener una decisión favorable a sus derechos.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, opina que “esta Ley no trataba únicamente de la codificación de un procedimiento no escrito. Era una oportunidad para que los parlamentarios de Polonia reafirmaran su compromiso con la igualdad. La ley había sido apoyada por ambas cámaras del Parlamento hace solo unas semanas. Pero ahora, esos mismos representantes electos han dado marcha atrás en la oportunidad de dar a las personas trans de Polonia una mayor dignidad. Que sus esperanzas se hayan estrellado con este último obstáculo legislativo es increíblemente frustrante. Las voces de las personas trans y todos aquellos que apoyaron la ley han sido descaradamente ignoradas por los políticos polacos. Los derechos humanos no son una moneda de cambio. Estamos muy preocupados por que las personas trans de Polonia hayan sido utilizadas como un peón en un deprimente juego preelectoral”.

Una ley largamente esperada y ahora frustrada

Debido a la precariedad legal en que se encontraban las personas transexuales polacas, Anna Grodzka, la primera diputada transgénero del país, presentaba ante el Parlamento el proyecto de Ley de Identidad de Género, que suponía un primer intento de regular legalmente todo el proceso de modificación de los documentos oficiales. Y lo hacía además sin la necesidad de que las personas transgénero hubieran de someterse a ninguna cirugía o tratamiento hormonal para que esas modificaciones tuvieran lugar. Lo que sí se requería era la soltería y la necesidad de presentar ante el juez dos informes médicos o psicológicos independientes que confirmaran que la persona “es de una identidad de género diferente al género legalmente asignado”.

Con esa redacción, la Ley de Identidad de Género consiguió la aprobación del Sejm (la cámara baja) este 23 de julio, por una mayoría de votos 252 a favor frente a 158 en contra, lo cual fue saludado por los defensores de los derechos LGTB como “una victoria enorme para las personas trans en Polonia”. También consiguió la mayoría en el Senado (o cámara alta), aunque allí sufrió la introducción de un enmienda que exigía a las personas transgénero con hijos menores la aquiescencia de un psicólogo infantil, requisito que hizo temer a los activistas que fuera un subterfugio para limitar los derechos basándose en una supuesta protección de los menores.

A pesar de ello, todos coincidían en que se trataba de un primer paso gigantesco en el reconocimiento de los derechos de las personas transgénero polacas. Esa satisfacción, sin embargo, se vio lamentablemente truncada por la decisión del presidente polaco, Andrej Duda, que el pasado viernes 2 de octubre decidió vetar la Ley de Identidad de Género, a pesar de que haber obtenido un apoyo parlamentario de semejante envergadura. Que el veto no haya podido ser levantado por el Parlamento supone una insoportable dilación en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales polacas.

Fuente Dosmanzanas

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Así es el vídeo para captar el voto LGBT en las elecciones europeas.

Martes, 8 de abril de 2014

Organizaciones LGBT y anti racismo de Europa lanzan hoy una nueva campaña a nivel de toda la Unión para pedir el voto a partidos pro derechos humanos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran del 22 al 25 de mayo.

La campaña, llamada #NoHateEP2014, consiste en un vídeo online en el que se destaca la presencia de candidatos racistas, xenófobos y homófobos en las elecciones europeas de este año. Explica la oportunidad que tiene Emma, un personaje ficticio, de votar en las elecciones de mayo. Emma se enfrenta a una importante elección entre los candidatos que se oponen a los derechos de sus amigos o los que “cuidan de ella y su comunidad”.

El video, de 96 segundos de duración, está subtitulado en 12 idiomas (inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, holandés, húngaro, griego, esloveno, lituano y búlgaro), y pide a los votantes el voto a los candidatos que apoyan la igualdad y la diversidad. En cualquier caso, lo transcribimos aquí en español.

 

“Esta es Emma. Emma vive en la Unión Europea, 28 países que acordaron trabajar juntos por el beneficio de todos y todas por igual. Como mucha gente en la UE, Emma vive en una comunidad compuesta por muchas personas que le importan.

Su mejor amiga es madre soltera de tres peques. También está su mejor amiga de la Universidad, Yasmina. Su anciano vecino, Jorge, a veces necesita ayuda con su silla de ruedas. Y después del trabajo, ella suele quedar con sus amigos, algunos de ellos gays, para relajarse, comentar las noticias y hablar de política, incluyendo las Elecciones Europeas de finales de mayo.

Cada cinco años, toda la ciudadanía de la Unión Europea tiene la oportunidad de elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo, donde tomarán decisiones importantes que afectarán a sus vidas, como temas de igualdad o economía.

Pero hay un problema. Muchas candidatas y candidatos al Parlamento Europeo sostienen posturas muy duras sobre las y los amigos de Emma. Creen que no merecen los mismos derechos, y planean votar contra las leyes europeas de igualdad que les protegen, como leyes antidiscriminación o sobre inmigración.

Afortunadamente, hay una solución muy simple. En mayo, Emma y tú, así como millones de votantes de la UE, tendrán la oportunidad de elegir a personas que cuiden de Emma y su comunidad por igual. En mayo, quienes están contra la igualdad y los derechos humanos, votarán a sus representantes. ¡Asegúrate de hacer lo mismo!”

Es una iniciativa conjunta de ILGA Europe y la Red Europea contra el Racismo (ENAR, en sus siglas en inglés).

“Esta es la primera vez que dos organizaciones como la nuestra se unen a este nivel. Hablamos durante más de mil organizaciones que creen firmemente que discriminar a una minoría afecta negativamente a todos”, explica Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europe. “Le decimos a los votantes de todos los ámbitos de la vida que más igualdad y más justicia están a su alcance, pero para lograrlo, deben votar en mayo”.

“Tenemos la oportunidad una vez cada cinco años de establecer realmente el curso de la política europea, y estamos aprovechando este momento para recordar a los políticos y los votantes que todos los grupos la sociedad merecen igual protección”, añade Michaël Privot, director de la (ENAR). “Este es un mensaje fuerte pero simple de los futuros diputados: la narración está cambiando, ya no pueden anteponer una minoría a otra, porque estamos unidos”, añade.

“Las elecciones tienen lugar en un contexto marcado por la crisis y el auge de los partidos extremistas en diferentes partes de la Unión Europea”, explican los promotores de la campaña. “La exclusión y la intolerancia representan una verdadera amenaza para los derechos humanos de muchos ciudadanos europeos, en particular los miembros de las minorías étnicas, religiosas y sexuales”.

Fuenta Ragap

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