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Informe anual sobre los derechos LGTBI en Europa: la pandemia de la COVID-19 pone de manifiesto la debilidad de los derechos alcanzados

Jueves, 4 de marzo de 2021

Informe-ILGA-Europa-2021-PortadaILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo y los países de Asia Central. Tal como lo efectuó el pasado año, el informe se ha publicado de manera separada a la clasificación por países, que se dará conocer posteriormente. El documento de ILGA Europa destaca que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países señalan un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Los datos que han llegado a ILGA Europa en 2020 desde los distintos países europeos y de Asia Central han puesto de manifiesto la debilidad de los derechos alcanzados con tanta dificultad a lo largo de los últimos años. Han aumentado extraordinariamente los abusos y la incitación al odio hacia las personas LGTBI, que en muchos casos han tenido que volver a vivir en entornos familiares y sociales de gran hostilidad. Mientras las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI han tenido que orientar su trabajo a proveer necesidades básicas como el alojamiento o la alimentación, en muchos países los gobiernos han excluido específicamente a este colectivo de sus paquetes de ayudas. Han resurgido los discursos contra la población LGTBI por parte de las autoridades políticas, convirtiéndola en el chivo expiatorio de la pandemia, sobre todo en aquellos países con regímenes autoritarios.

El aumento de los discursos de incitación al odio se ha comprobado tanto en fuentes oficiales como en los medios de comunicación y las redes sociales. Los discursos de odio contra los ciudadanos LGTBI por parte de miembros de partidos políticos han aumentado considerablemente en Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia, Kosovo, Letonia, Moldavia, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, Eslovaquia y Turquía. Por parte de líderes de las distintas confesiones religiosas se han propagado en Bielorrusia, Grecia, Eslovaquia, Turquía y Ucrania, llegando incluso a culpar directamente a las personas LGBTI de la expansión de la COVID-19. También se han incrementado en las redes sociales de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Malta, Montenegro, Rusia y Turquía, y en los medios de comunicación clásicos de Eslovenia y Ucrania. La incitación al odio es un problema permanente en Georgia, Irlanda, los Países Bajos, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y el Reino Unido.

La prohibición de los actos del Orgullo y otro tipo de eventos en defensa de los derechos LGTBI, que forman parte de los derechos de reunión y manifestación, ha sido creciente. Estas prohibiciones han estado a la orden del día en Polonia y Hungría, con gran repercusión internacional, y también en los países de Asia Central. Informantes de distintos países han expresado su temor de que las medidas legislativas y la presión social LGTBIfoba de Polonia y Hungría se expandan a otros territorios. En Bielorrusia se produjeron brutales represiones que incluyeron arrestos, detenciones y torturas de personas LGTBI. Existen procesos judiciales abiertos contra manifestantes LGTBI en Rusia y en Turquía, mientras que en Ucrania se reprimieron los actos del Orgullo de Odessa. En Bulgaria los manifestantes fueron atacados por extremistas y en Francia aumentó la brutalidad policial contra las protestas.

ILGA Europa expresa una gran preocupación por el incremento en la oposición a los derechos de las personas trans en toda Europa, que está afectando al avance del reconocimiento legal de género. El retroceso es palpable en Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Lituania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido, mientras que existe un estancamiento en Alemania, Andorra, Chipre, Chequia, Georgia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Suecia. Las fuerzas que se oponen al reconocimiento de la autodeterminación del género esgrimen falsos perjuicios a los derechos de las mujeres o la supuesta «protección de la infancia» que tiene como consecuencia la exclusión de los menores trans de las medidas legislativas.

En cuanto a los derechos de las parejas LGTBI, existe un estancamiento en varios países, como Andorra, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Serbia y Eslovaquia. En la parte positiva se encuentra la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte y el avance en el proceso legislativo para su implementación en Suiza. También destaca la importancia de la introducción de las uniones civiles en Montenegro y la promesa del gobierno serbio de aplicar una medida semejante en este 2021.

Pero ILGA Europa advierte de que mucho del progreso conseguido en los últimos años se está cuestionando por la falta de aplicación práctica. Aunque en varios países la legislación ha avanzado considerablemente a favor de los derechos LGTBI, muchas de esas medidas no se están aplicando de hecho, por falta de voluntad política. Eso ocasiona que en muchos de esos países las personas LGTBI deban acudir a los tribunales para que sus derechos sean reconocidos o para que se aclare la legislación existente.

La situación en España

Bandera-LGTBI-con-escudo-EspanaEn el apartado correspondiente a España, ILGA Europa informa sobre la situación de los distintos derechos en 2020.

La situación creada por la COVID-19 ha endurecido los problemas de los solicitantes de asilo LGTBI, que han sufrido ataques por parte de extremistas LGTBIfobos. Para ayudar a paliar esa situación, la asociación Kifkif inauguró el centro Pedro Zerolo para acoger a 20 solicitantes de asilo y refugiados LGTBI.

El grueso de los discursos de odio se ha dirigido en 2020 contra las personas trans. ILGA Europa destaca los ataques hacia las mujeres trans por parte de la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón. También señala que un sector del PSOE se ha unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer». ILGA Europa destaca que la posición oficial del PSOE es tradicionalmente de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTBI, pero que este posicionamiento de un sector del partido ha ocasionado en los dos últimos años un retraso en la reforma de las leyes a favor de los derechos trans.

En cuanto a la violencia contra las personas LGTBI en España, ILGA Europa hace referencia al informe del Ministerio del Interior del pasado año, según el cual en 2019 se documentaron 278 crímenes de odio contra las personas LGTBI. Sin embargo, señala que según el EU LGTBI Survey II de la Agencia Europa de los Derechos Fundamentales, tan solo el 16 % de los delitos de odio son denunciados a las autoridades o a las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI. Los distintos Observatorios contra la LGTBIfobia reclaman la aprobación de leyes que protejan a las personas LGTBI de estas agresiones. ILGA Europa distingue en este apartado los asesinatos de dos mujeres trans en Asturias en los dos últimos años.

Debido a la pandemia de la COVID-19, en 2020 no pudieron llevarse a cabo con normalidad las celebraciones del Orgullo LGTBI, limitándose a actos online. El lema de 2020 hacia especial referencia a los derechos de las mujeres trans.

En la parte positiva, ILGA Europa destaca la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la prohibición del cambio registral del sexo a los menores trans. También refiere la aprobación en Cantabria de la ley LGTBI, con la única oposición de los diputados de ultraderecha. En el plano social y cultural, señala la salida del armario del cantante Pablo Alborán y la candidatura de Valencia para los Gay Games de 2016.

Fuente Dosmanzanas

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El colectivo LGTBI de Myanmar se hace visible en las protestas contra el golpe de Estado

Miércoles, 3 de marzo de 2021

Myanmar-Birmania-300x300Estos días se ha podido ver a centenares de personas portando carteles con las banderas arcoíris y trans y símbolos de resistencia y de apoyo a Aung San Suu Kyi, depuesta como Consejera de Estado (cargo equivalente al del primera ministra) tras un golpe militar. 

Tras el golpe de Estado en Myanmar (antigua Birmania), las protestas contra la cúpula militar -que ahora vuelve a ostentar el poder tras un corto periodo de estabilidad democrática- se han convertido en multitudinarias y cuentan con una importante presencia del colectivo LGTBI. Son centenares de personas las que se manifiestan con una cartelería unificada con las banderas arcoíris y trans desde hace semanas por las calles de Yangon, la ciudad más poblada del país.

En las protestas, distintos colectivos han salido a manifestarse para visibilizar la unidad de cada sector contra el golpe militar. Los colectivos de la diversidad sexual y de género han unificado su imagen y se manifiestan con carteles que dibujan la silueta de una mano haciendo un saludo con tres dedos alzados como símbolo de resistencia (extraído de la saga Los Juegos del Hambre) con las banderas arcoíris o trans de fondo y el hashtag #LGBTQ4Democracy. En el caso de la comunidad LGTBI esta cartelería parece haber sido el elemento que más unifica al colectivo, y de hecho se han visto imágenes de auténticas riadas con los colores de la diversidad sexual al unirse todos sus miembros.

Hay que tener en cuenta que estas movilizaciones suponen una oportunidad para el colectivo LGTBI de visibilizar su falta de derechos. En los últimos años, ya en el periodo democrático, los colectivos han realizado marchas del Orgullo y festivales que han contado con cientos de seguidores en diversas ciudades, pero la realidad jurídica y social no acompaña a esta visibilidad. Myanmar, un país de cultura mayoritariamente budista, mantiene en vigor la sección 377 del Código Penal que castiga las relaciones homosexuales con penas de cárcel. Una herencia de la época colonial que aunque en la práctica no se aplica pende como una espada de Damocles sobre las personas LGTBI birmanas. La comunidad trans, que goza de un cierto reconocimiento (son conocidos sus concursos de belleza), denuncia por su parte múltiples abusos. Una de las personas trans más visibles que se ha unido a las protestas es, de hecho, Shin Thant, ganadora del Miss Trans Grand International que se celebró en Myanmar en 2018. «Nosotros, la comunidad LGTBIQ, no tendremos hijos y nuestra generación termina con nosotros, pero quiero decirle a aquellos que sí tendrán hijos que tenéis que participar en esta revolución», ha declarado. Shin Thant también ha denunciado abusos de las autoridades y ha hecho un llamamiento a la movilización pacífica de la sociedad y del colectivo LGTBI en particular: «No necesitamos violencia, nuestro objetivo es a largo plazo. Por favor, protesten pacíficamente contra todo tipo de injusticia».

Las protestas continúan movilizando diariamente a buena parte de la población de las grandes ciudades y en muchas ocasiones se cuentan por centenares de miles de personas. En los años precedentes al golpe militar, el liderazgo político del país ha recaído en gran parte el el partido Liga Nacional para la Democracia, de Aung San Suu Kyi. Una líder que había luchado por la democracia en los anteriores periodos de gobierno militar, lo que le costó largos periodos de arresto domiciliario y le supuso la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1991, entre otros galardones internacionales. Varios de ello retirados, eso sí, debido a su pasividad, ya en el gobierno, ante la terrible limpieza étnica de los rohinya, una minoría musulmana concentrada en las regiones fronterizas con Bangladés.

Fuente Dosmanzanas

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Las fuerzas de seguridad asaltan y clausuran el local de un colectivo LGTBI en Ghana después de que líderes cristianos y musulmanes reclamasen su cierre

Martes, 2 de marzo de 2021

Eu_vT0pXUAUFZ3YNuevo ataque a las personas LGTBI en África. El colectivo LGBT+ Rights Ghana, surgido en 2018 a partir de una plataforma de activistas online y que a duras penas intentar construir una red de apoyo mutuo y en favor de los derechos de la comunidad LGTBI en el país africano, ha visto como las fuerzas de seguridad asaltaban y clausuraban la oficina en la que de forma discreta realizaban algunas actividades. Todo ello después de que líderes locales de las comunidades cristiana y musulmana reclamaran el cierre del local. 

Los propios activistas de LGBT+ Rights Ghana denunciaban a través de las redes sociales, prácticamente en tiempo real, el atropello. «Esta mañana nuestra oficina fue asaltada por la Seguridad Nacional. Hace pocos días líderes tradicionales habían amenazado con quemarnos la oficina, pero la policía no hizo nada. En este momento, ya no tenemos acceso a nuestro espacio seguro, y nuestra seguridad está siendo amenazada. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de deechos humanos y aliados a que denuncien estos ataques y crímenes de odio de los que somos víctimas», podíamos leer el pasado 24 de febrero en una serie de tuits, junto a una breve grabación tomada a distancia:

En otro tuit, los activistas hacían un llamamiento a los miembros del colectivo a permanecer en calma y no ceder al pánico. «Triunfaremos. La policía puede haber asaltado y clausurado nuestra oficina, pero la verdadera oficina está en nuestros corazones, en nuestras mentes», añadían:

El digital Africa News asegura que, en efecto el asalto a las oficinas de LGBT+ Rights Ghana tuvo lugar después de que líderes locales de las comunidades cristiana y musulmana reclamasen el cierre del local, abierto hace escasas semanas. El propietario ha asegurado por su parte que en el momento de alquilar el local desconocía que su inquilino iba a ser el colectivo ghanés y que de haberlo sabido no lo hubiera hecho.

La difícil situación del colectivo LGTBI en Ghana

En Ghana las relaciones homosexuales son ilegales y pueden conllevar penas de cárcel, aunque en las ciudades más grandes –como Accra o Kumasi– pueda hablarse incluso un tímido y discreto «ambiente». El clima de opresión se extiende, en cualquier caso, a las élites políticas.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional. En septiembre de 2015, sin ir más lejos, el candidato a la presidencia George Boateng proponía fusilar a «corruptos, gais y lesbianas». Ese mismo año, en dosmanzanas nos hacíamos eco de varios ataques y amenazas homófobas que atemorizaron a la población LGTB de este país.

En noviembre de 2013, el propio Ministerio de Educación decretaba la persecución de los alumnos percibidos como gais o lesbianas a raíz de la denuncia de una alumna que aseguraba sentirse presionada por sus compañeras para «practicar el lesbianismo». En abril de ese año, dos colegios expulsaban a 53 alumnos por ser supuestamente homosexuales. Anteriormente, en julio de 2011, el ministro para la región occidental del país ordenó el arresto de todas las personas homosexuales en su jurisdicción, poco después de que una pareja de hombres fuera desterrada de su localidad por celebrar una ceremonia privada de boda. Un año antes, cientos de personas participaban en una manifestación homófoba cuyo organizador recurrió al argumento de la supuesta «homosexualización» de los jóvenes ghaneses a manos de los extranjeros.

Según el último informe sobe homofobia de Estado de ILGA«en los últimos años se han documentado varias dethttps://www.gofundme.com/f/lgbt-rights-ghana-community-support-fundenciones de personas adultas por actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Las detenciones a menudo implican abuso psicológico, exposición perjudicial ante los medios de comunicación y exámenes médicos». El informe también asegura que «la policía local atrapa y atrae a personas LGBT (predominantemente hombres homosexuales) a través de los medios de comunicación social» y menciona un episodio sucedido en septiembre de 2020, cuando «los medios de comunicación locales indicaron que 11 mujeres lesbianas fueron detenidas en la ciudad de Aflao, en la región del Volta, después de que se diera a conocer un video de dos de ellas presuntamente implicadas en actos sexuales».

No parece, en este sentido, que las declaraciones que el presidente de Ghana hizo en 2017, cuando reconocía en una entrevista que solo era cuestión de tiempo que las relaciones homosexuales fueran legales en el país, se vayan a materializar próximamente. El propio Nana Akufo-Addo advertía que ello solo ocurriría cuando la opinión pública del país mostrase más signos de tolerancia “al igual que en otras partes del mundo”. De hecho, aquellas tibias declaraciones ya le merecieron al presidente las críticas de líderes de la oposición y medios de comunicación locales.  Y es que, aunque legalizar la homosexualidad en Ghana no es una opción, podría serlo por la presión internacional

Puedes ayudar a LGBT+ Rights Ghana

Si lo deseas, puedes contribuir a ayudar financieramiente al colectivo LGBT+ Rights Ghana a través de la plataforma GoFundMe en este enlace.

Fuente Dosmanzanas

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la histórica ley de igualdad, que prohíbe discriminar a las personas LGTBI. Es ahora el turno del Senado

Sábado, 27 de febrero de 2021

Manifestacion_gay_proximidades_Capitolio_2009La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado, por 224 votos a favor (tres de ellos de representantes republicanos, el resto demócratas) y 206 en contra (todos republicanos) la Ley de Igualdad («Equality Act»), una ley que consagra el principio de no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en ese país, y lo que es más importante, modifica una serie de importantes leyes para garantizar su implementación práctica en materia de empleo, vivienda, crédito, educación o servicios públicos. La ley, cuya aprobación definitiva se consideraría histórica, queda pendiente de lo que suceda ahora en el Senado, donde los demócratas disponen de una mayoría muy justa, lo que les obligará, si realmente quieren aprobar la ley, a activar la denominada «opción nuclear» en materia legislativa para permitir la aprobación por un solo voto de diferencia.

Hacía años que la situación política en Estados Unidos no era tan favorable a la aprobación de leyes en favor de los derechos LGTBI: con un presidente y una vicepresidenta recién elegidos dispuestos a promoverlas (y sobre todo a no vetarlas) y una mayoría demócrata en las dos cámaras del Congreso. Hay que remontarse a los dos primeros años de presidencia de Barack Obama para encontrar un escenario así, con la diferencia que  por aquel entonces Obama no estaba tan comprometido con los derechos LGTBI como sí lo están ahora Joe Biden y Kamala Harris. De hecho, bajo la presidencia de Obama el primer intento de sacar adelante una ley de este tipo no tuvo lugar hasta 2015, año en el que los republicanos controlaban las dos cámaras del Congreso. No fue, de hecho, hasta mayo de 2019 cuando la Equality Act obtuvo por primera vez el respaldo de la Cámara de Representantes, ya bajo control demócrata, pero el dominio republicano del Senado hizo imposible su aprobación definitiva. Sobra decir que el proyecto contaba además con la oposición del entonces presidente, Donald Trump.

Una situación que ha dado un giro de 180 grados tras las elecciones presidenciales y legislativas del pasado noviembre. Sin embargo, solo hay garantías de un escenario favorable durante dos años más: en noviembre de 2022 volverán a celebrarse elecciones legislativas y se renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En ese momento, los republicanos pueden hacerse de nuevo con el control de alguna o de las dos cámaras, cerrando de nuevo la vía legislativa en lo que al avance de los derechos LGTBI se refiere.

Por eso es tan importante que la Equality Act se apruebe cuanto antes. Una ley que consagrará el principio de no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en todos aquellos aspectos que dependen del nivel federal de la administración, algo que hasta la fecha ha sido imposible por vía legislativa, siendo los tribunales los que de una forma u otra han impulsado (o frenado) dicho principio. El ejemplo más reciente, en esta ocasión en un sentido favorable, tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró ilegal la discriminación en el trabajo por orientación sexual o identidad de género por 6 votos contra 3.

Si la Equality Act es aprobada por el Senado y el presidente Joe Biden la rubrica, este principio se hará extensivo no solo al trabajo, sino a otros aspectos fundamentales de la vida cotidiana, como el acceso a la vivienda, el crédito bancario, la educación, el uso de espacios públicos, la prestación de servicios públicos, el desarrollo de programas financiados con fondos federales o la institución del jurado. Para ello, la ley detalla en su articulado una serie de reformas a leyes ya vigentes, incluida la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Vivienda Justa, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, la Ley de Selección y Servicios de Jurado y varias leyes relacionadas con el empleo dependiente o relacionado con la administración federal. La ley también será de aplicación en aspectos relacionados con el servicio prestado por tiendas minoristas y otros servicios privados regulados por la reglamentación federal. Puedes acceder al texto del proyecto de ley en este enlace.

¿De qué depende la aprobación por el Senado?

Una vez que la Equality Act ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, es ahora el turno del Senado, donde demócratas y republicanos están empatados a 50 senadores cada uno. Los demócratas cuentan, eso sí, con el voto de calidad de la presidenta del Senado, capaz de deshacer el empate, y que no es otra que la vicepresidenta, Kamala Harris. Sin embargo, no es todo tan sencillo. La actual reglamentación del Senado obliga a que, para cerrar el trámite de una nueva ley, el proyecto en discusión cuente con una mayoría de 60 votos, no de 50+1. Mientras no se disponga de dicha mayoría, los que se oponen a la ley pueden prolongar sine die la discusión (mecanismo conocido como «filibusterismo»). El Senado puede modificar dicha reglamentación por 50+1 votos, pero en este caso sería necesario el voto unánime de todos los demócratas, algo que hoy por hoy no parece asegurado (hay al menos dos senadores demócratas, el senador por Virginia Occidental Joe Manchin y la senadora por Arizona Kyrsten Sinema, que se oponen a derogar la norma procedimental que permitiría a los republicanos ejercer el filibusterismo.

En próximas semanas veremos hasta qué punto las convicciones de los demócratas son suficientemente sólidas en materia de igualdad como para poner fin al filibusterismo legislativo, dado que parece altamente improbable que diez senadores republicanos se unan a los demócratas para aprobar la Equality Act por 60 votos. Cabe recordar, en este sentido, que los republicanos no tuvieron problema alguno en activar en 2017 la «opción nuclear» y poner fin a la posibilidad de filibusterismo cuando de elegir a los jueces del Tribunal Supremo propuestos por Donald Trump se trató. Y ya antes, en 2013, los propios demócratas habían hecho lo mismo con la confirmación por el Senado de otros nombramientos judiciales.

De lo que no cabe duda es de que si la Equality Act es aprobada por el Congreso, Joe Biden la firmará. Así lo dejaba muy claro en su perfil de Twitter, en el que el presidente de Estados Unidos animaba a los senadores a aprobar la ley haciendo alusión al aspecto sobre el que más ruido están haciendo sus opositores: los derechos de las personas trans (¿nos suena en España, verdad?). «Los derechos trans son derechos humanos, y la Cámara de Representantes lo ha dejado claro hoy aprobando la Equality Act. Es la hora de que el Senado haga lo mismo», tuiteaba Biden:

Fuente Dosmanzanas

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El Comité de los Derechos del Niño de la ONU falla contra Finlandia por no conceder el asilo a una familia rusa formada por dos mujeres y su hijo

Viernes, 26 de febrero de 2021

ONU-GAYEl Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha determinado que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del hijo de una pareja de mujeres cuando rechazó su solicitud de asilo, ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable cuando la familia no tuvo otra opción que regresar a Rusia. Una decisión que ILGA, la federación que agrupa a más de 1600 colectivos y organizaciones LGTBI de todo el mundo, ha saludado como un hito importante. «En el sistema de la ONU, este es el primer caso relacionado con el asilo que afecta a un niño que se enfrenta a riesgos específicos por la orientación sexual de sus madres, y por la familia que forman», ha declarado Kseniya Kirichenko, su coordinadora de programas. «Esta es también la primera vez que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU toma una decisión sobre cuestiones de orientación sexual, y el primer caso sobre niños en familias del mismo sexo en la práctica de los órganos de los tratados en general», ha añadido.

Según informa ILGA, la decisión del Comité se refería a una solicitud presentada en nombre de A. B., que ahora tiene 11 años, un niño que había huido de Rusia junto con sus madres después de que la familia se enfrentara a acoso y amenazas, y de que él mismo empezara a sufrir acoso y aislamiento en la escuela. Hay que recordar, en este sentido, la especial situación que vive Rusia, un país en el que a la LGTBIfobia social se superpone desde hace más de una década una creciente LGTBIfobia de Estado que en 2013, después de que varias regiones lo hicieran por su cuenta, cristalizó en una ley estatal que prohíbe el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores. Leyes que en la práctica hacen imposible celebrar el Orgullo LGTBI o simplemente enarbolar una bandera arcoíris.

Temiendo por su seguridad, la familia huyó a Finlandia, donde el niño empezó a ir a la escuela, hizo amigos y ya no tuvo que vivir con el temor a hablar abiertamente sobre su realidad familiar. Sin embargo, Finlandia rechazó su solicitud de asilo. Aunque las autoridades finlandesas reconocieron las experiencias pasadas de amenazas, acoso y discriminación, concluyeron que no podían considerarse constitutivas de persecución. A la familia no le quedó más remedio que regresar a Rusia. Sin embargo, la denuncia contra Finlandia acabó por llegar a Naciones Unidas.

Ahora el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los estados miembro, ha concluido que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del pequeño como consideración primordial al evaluar la solicitud de asilo ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable en caso de devolución a Rusia. El Comité considera que el Estado finlandés violó los artículos 3, 19 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño y que tiene la obligación de proporcionar una reparación efectiva a la familia damnificada, incluida una «indemnización adecuada». La decisión del Comité fue informada por una intervención de terceros presentada conjuntamente por ILGA Mundo, ILGA-Europa, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Child Rights International Network (CRIN) y Network of European LGBTIQ* Families Associations (NELFA).

«Esta es una decisión importante, que establece las normas necesarias para la protección de los niños de las familias LGBTI que están en mayor riesgo de discriminación, especialmente en países como Rusia, donde las personas LGBTI se enfrentan a la estigmatización y las hostilidades en su vida cotidiana», ha declarado Arpi Avetisyan, jefa de litigios de ILGA-Europa, que ha remarcado además la obligación de los estados de garantizar siempre que el interés superior del niño se tenga en cuenta de forma efectiva y sistemática en el contexto de los procedimientos de asilo y que no se les discrimine por la orientación sexual de sus padres. «En el pasado, hemos visto que las decisiones internacionales sobre solicitantes de asilo lesbianas, gais y bisexuales han llevado a concederles la residencia en los Estados demandados», ha añadido por su parte Kseniya Kirichenko. «Esperamos que Finlandia también garantice que esta familia pueda volver y tener por fin una vida feliz y segura», ha añadido. Esperemos que sea así.

Puedes descargar la decisión completa del Comité de los Derechos del Niño aquí (en inglés).

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de la Región de Murcia anuncia que trabaja en la recuperación de la censura parental

Jueves, 25 de febrero de 2021

escuela-gay-300x225«El Consejero de Presidencia y Hacienda ha ratificado por escrito a Vox la voluntad y el compromiso «indudable» del Ejecutivo murciano de aplicar la censura parental, medida estrella de la formación de extrema derecha, y le ha transmitido que ya se trabaja en la modificación de los decretos que impiden su aplicación.

El Gobierno de la Región de Murcia vuelve a hacer un guiño a Vox (la fuerza más votada en las últimas elecciones generales en la región) poniendo en el punto de mira a la educación en valores y al colectivo LGTBI+. Mediante un documento escrito, el consejero de Presidencia y Hacienda ha asegurado a la formación de extrema derecha  que ya se trabaja en regular la autorización de los padres para charlas en centros educativos. Este documento es un informe del grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox para aprobar los Presupuestos de 2020 de la Comunidad Autónoma. Ahora, con la negociación para la aprobación de los Presupuestos de 2021 en marcha, el Gobierno regional parece apretar el acelerador para contar con los votos de la extrema derecha, a la cual necesita si el resto de la oposición se opone a las cuentas.

Según el diario La Verdad, el documento confirma que está en marcha la modificación de los tres decretos que establecen el currículo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. El eufemismo que utilizan desde el Gobierno de San Esteban para aplicar la censura parental es «aumentar la colaboración y participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos». El texto añade que se busca «adoptar las medidas adecuadas para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares deba estar presidida por la objetividad, la neutralidad, el respeto, el pluralismo y el uso de criterios científicos», términos ambiguos y que, según la interpretación del texto, podrían validar o denegar una misma actividad en el aula.

Según indica también el texto, la Consejería de Educación no ha recibido durante el curso pasado ninguna reclamación de alumnos, padres o docentes, en cuanto a la idoneidad o no de actividades complementarias. Este periodo realmente solo correspondería a los meses de septiembre de 2019 a marzo de 2020, periodo en el que hubo actividad presencial en las aulas.

Hay que recordar, en este sentido, que la pandemia por coronavirus azotó a España justo después de que el Ministerio de Educación llevara a los tribunales al Ejecutivo autonómico al implantar la censura parental, una medida que permite a los padres homófobos impedir que sus hijos acudan a charlas sobre diversidad afectivo-sexual, principalmente impartidas por profesionales del colectivo LGTBI de la Región de Murcia, No Te Prives. Una medida que se aplaudió desde los sectores más reaccionarios y contrarios al avance de los derechos de las personas LGTBI+. A continuación, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió de forma cautelar su implantación. Una vez finalizado el curso escolar 2019-2020, el alto tribunal murciano archivó el recurso contra la censura parental al haber expirado el ámbito temporal de aplicación de la medida. Sin embargo, con la vuelta a una relativa normalidad en las aulas y la aparente sensación de que la presencialidad va a continuar durante el vigente curso 2020-2021, resucitan las exigencias de la extrema derecha para implantar la que desde el inicio de la legislatura regional ha sido su medida estrella. La censura parental, recordemos, fue una de las pocas condiciones que acordó la extrema derecha con el Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los Presupuestos de la comunidad (de hecho es la primera medida que se enumera en el documento rubricado por las tres formaciones).

De confirmarse la noticia, es de prever que el Gobierno de España active de nuevo la vía judicial contra la medida. También es esperable que, pase lo que pase, el discurso de la extrema derecha, de nuevo protagonista de la agenda política y mediática, continúe intentando socavar la profesionalidad del personal que imparte estas charlas, creando de nuevo un conflicto que no existía y legitimando el discurso de odio contra el alumnado, colectivos y la población LGTB+ en general.

Fuente Dosmanzanas

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El príncipe de Liechtenstein se pronuncia en contra de la adopción homoparental

Miércoles, 24 de febrero de 2021

Flag-map_of_Liechtenstein.svghans AdamEl príncipe de Liechtenstein vuelve a hacer exhibición de su homofobia. Hans-Adam II, que como jefe de Estado disfruta de amplios poderes ejecutivos que ha delegado en su hijo, ha expresado su rechazo a que las parejas del mismo sexo puedan adoptar menores. Sus declaraciones se producen cuando empieza a abrirse un tímido debate sobre la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en el microestado alpino. El soberano de Liechtenstein no se opone, pero cree que los menores deben crecer en una «familia normal». «No está exento de problemas que dos homosexuales adopten niños», opinó.

Las elecciones del pasado 7 de febrero en Liechtenstein abrieron la puerta a una posible mayoría a favor del matrimonio igualitario, que por ahora no está permitido. Preguntado a este respecto por la radio pública del país, Hans-Adam II aseguró que no se opondría si se cumple una condición: la prohibición de la adopción para las parejas casadas del mismo sexo. «En principio no tengo nada en contra», aseguró el príncipe, «siempre que a los matrimonios homosexuales no se les dé el derecho a adoptar niños». Añadió que, en su opinión, los menores tienen derecho a crecer en «familias normales» porque «no está exento de problemas que dos homosexuales adopten niños».

Si el Parlamento llegara a aprobar una ley de matrimonio igualitario con equiparación de todos los derechos, el príncipe da por hecho que su hijo y heredero Alois ejercería su poder de veto. Hans-Adam II le delegó sus poderes en 2004. El soberano de Liechtenstein ostenta, a diferencia de otras monarquías europeas, amplios poderes ejecutivos como el nombramiento de jueces, el cese de ministros, el veto a leyes aprobadas por el Parlamento o la convocatoria de referendos.

Las declaraciones homófobas de Hans-Adam II, vinculando de manera sutil la homosexualidad con la pederastia, no constituyen por desgracia ninguna novedad. Hace cinco años, el jefe del Estado del país alpino ya mostraba su posición favorable al veto a la adopción homoparental. «Creo que debemos mantenerla», manifestaba en 2016. «Si yo me imagino que dos hombres homosexuales adoptan un muchacho —quizás incluso de países en vías de desarrollo—, entonces hay que decir efectivamente que si lo permitimos sería una irresponsabilidad», añadía, distinguiendo también entre «familias normales» y las demás. El príncipe se mostraba incluso partidario de ignorar una posible sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obligara al Estado a reconocer la adopción homoparental.

Liechtenstein: un microestado rezagado en materia de igualdad LGTBI

De manera similar a otros microestados, Liechtenstein le va a la zaga a la mayoría de los países de Europa occidental en el reconocimiento de los derechos LGTBI. En el principado alpino, las decisiones parlamentarias suelen basarse en el acuerdo entre los dos grandes partidos, ambos de carácter conservador. Esto sin duda influyó en que hasta 1989 las relaciones homosexuales estuvieran prohibidas, y que sólo en 2001 fueran equiparadas las edades de consentimiento para relaciones homo y heterosexuales.

No obstante, los cambios sociales han ido llegando también este país. En 2011, hubo un apoyo masivo en referéndum a las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Dicha ley había sido aprobada en marzo de ese año por unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento del Principado de Liechtenstein, y concedía a las parejas del mismo sexo derechos similares a los de los matrimonios heterosexuales en terrenos como la herencia, seguridad social y pensiones de jubilación, normativa de inmigración y naturalización, así como en el terreno fiscal. Quedaban fuera de la regulación tanto la adopción como el acceso a los procedimientos de reproducción asistida.

Esta ley fue desafiada en referéndum por Vox Populi, una organización constituida al efecto. La convocatoria fue recibida con alegría por Credo, organización católica que había encarnado la oposición a la ley pero que se había mostrado reacia a la idea de promover por sí misma un referéndum. Cuatro años antes, en 2007, el arzobispo de Vaduz, Wolfgang Haas, había declarado que «la homosexualidad es un pecado grave» y que «el reconocimiento de un pecado es un escándalo»Sin embargo, el referéndum fracasó, y el principado de Liechtenstein adoptó la norma que reconocía por primera vez las relaciones entre personas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

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La despenalización de la homosexualidad entra en vigor en Angola

Martes, 23 de febrero de 2021

índiceEl pasado 9 de febrero entraba por fin el vigor la despenalización de las relaciones homosexuales en Angola. Aunque la reforma del Código Penal que lo ha hecho posible fue aprobada en 2019 (en su momento nos hicimos eco) el proceso de confirmación por parte del presidente del país ha supuesto un considerable retraso en su entrada en vigor. Por fortuna, ya hoy podemos decir que Angola abandona el todavía numeroso grupo de países que criminaliza la homosexualidad. 

Tras la aprobación de la reforma del viejo Código Penal (heredado de la época colonial portuguesa) por el Parlamento angoleño en enero de 2019, el presidente del país, João Lourenço, hizo uso de su derecho de veto, al considerar que las penas que contemplaba el nuevo texto no eran suficientemente duras. Después de que el Parlamento hiciera algunos cambios para acomodar las observaciones del presidente, el texto fue definitivamente aprobado en noviembre de 2020, aunque no ha sido hasta el 9 de febrero cuando ha entrado en vigor. Por fortuna, la despenalización de las relaciones homosexuales no fue objeto de discusión en la revisión del texto.

La noticia es aún mejor si se considera que el cambio no se limita a la despenalización de las relaciones homosexuales, ya que se suma además la prohibición de la discriminación en base a la orientación sexual de las personas. Así, por ejemplo, rechazar a un trabajador o negarse a prestar servicios a un ciudadano por su orientación sexual podría costar hasta dos años de cárcel.

Es cierto que en Angola, a diferencia de otros países de África, la homosexualidad no ha sido objeto de una persecución sistemática, pero la persistencia del viejo Código Penal, que castigaba cualquier tipo de relación homosexual, mantenía en una situación especialmente vulnerable al colectivo LGTBI, que al menos se ve liberado ahora del miedo de acabar en la cárcel. Una mejora que se venía gestando desde hace varios años. Ya en 2017 el informe sobre homofobia de Estado de ILGA dejaba entrever una buena predisposición por parte de las autoridades angoleñas a modificar la situación. «En 2013, la delegación de Angola respondió a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación social de las personas en función de su orientación sexual, diciendo: ‘El principio de igualdad se encuentra consagrado en la Constitución, pero mensurar la discriminación contra los homosexuales en la sociedad es difícil. Sin embargo, las actitudes culturales estarían cambiando. Por ejemplo, la representación de dos parejas de personas del mismo sexo en una telenovela angoleña no fue condenada por los televidentes», podía leerse en el informe de aquel año, que también destacaba como hecho positivo que la institución nacional encargada de los derechos humanos incluyese la orientación sexual en sus trabajos. Precisamente en junio de 2018 anticipamos la mejora de la situación del colectivo LGTB en Angola, cuando recogimos la noticia de la legalización del primer colectivo LGTB en la historia del país, Íris Angola.

Alrededor de 70 países y territorios siguen penalizando la homosexualidad

De acuerdo al último informe de ILGA, 69 países miembros Naciones Unidas continúan penalizando en sus leyes las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Uno de esos 69 países es Bután, cuyo Parlamento ya ha aprobado la despenalización, pero aún debe sancionarla el rey. En las legislaciones de otros dos países, Egipto e Irak, no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios: Indonesia (donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional), las Islas Cook (una región autónoma de Nueva Zelanda) y la franja de Gaza, donde están vigentes leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

Además, según el informe de ILGA, en Corea del Sur no se castigan las relaciones homosexuales en su Código Penal, pero su Ley Penal Militar sí que las tipifica como «actos indecentes», estableciendo penas de prisión con trabajos forzados de hasta dos años.

Fuente Dosmanzanas

 

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Un matrimonio de mujeres recurre a la justicia europea ante la imposibilidad de darle una nacionalidad a su hija nacida en España

Martes, 23 de febrero de 2021

justice-europeUn nuevo caso de discriminación pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan las familias homoparentales en la Unión Europea. Dos mujeres casadas, una búlgara y otra gibraltareña, han decidido recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder darle una nacionalidad a su hija nacida hace un año en Barcelona. Las autoridades búlgaras han rechazado la emisión de un pasaporte para la menor, porque el país no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Debido a los requisitos vigentes, la niña tampoco puede acceder a la nacionalidad española ni a la británica, por lo que por el momento es apátrida.

Kalina (nombre ficticio) se casó en Gibraltar con su pareja del mismo sexo y originaria de la dependencia británica en 2018. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija en Barcelona, donde residen. El registro civil otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La esposa gibraltareña de Kalina tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país.

La única opción para la menor, por tanto, era adquirir la ciudadanía búlgara de Kalina. Y entonces es cuando se marcha la discriminación basada en la orientación sexual. Cuando el matrimonio intentó conseguir un pasaporte búlgaro para la menor, se topó con la negativa de las autoridades búlgaras. El motivo, que el país no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo y no expide certificados de nacimiento con dos madres. La niña, por tanto, se mantiene en una situación de apatridia y no puede visitar a sus familiares en Bulgaria.

Para resolver este impasse, la pareja ha decidido acudir a la justicia europea. El Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, se pronunciará en un caso que puede sentar un importante precedente para las familias homoparentales a nivel comunitario. La abogada de Kalina, Denitsa Lyubenova, confía en que el alto tribunal dé una solución, que en cualquier caso deberán implementar los tribunales búlgaros. La carencia de nacionalidad «pone a la niña en riesgo de permanecer apátrida o de ser privada de uno de sus progenitores, si se revela quién es su madre biológica».

La futura sentencia podría alcanzar una repercusión comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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Caster Semenya se encomienda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poder competir sin discriminación

Martes, 16 de febrero de 2021

Caster_Semenya.02-300x200La atleta sudafricana Caster Semenya, abiertamente lesbiana, ha dado un nuevo paso en los tribunales para poder proseguir su carrera deportiva en la alta competición. En 2018 la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) aprobó un reglamento sospechosamente selectivo que tiene como fin impedir que Semenya pueda competir, a no ser que se medique para rebajar sus niveles de andrógenos, que de forma natural sintetiza en mayor cantidad que la mayoría de las mujeres. Por ello, tras dos apelaciones infructuosas (en 2019 en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y este mismo año en el Tribunal Supremo Federal de Suiza) la atleta ha decidido elevar su lucha al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Caster Semenya ha dejado claro que continuará su lucha judicial para competir sin discriminación y para «ayudar a crear un mundo más igualitario». Además de Semenya, el reglamento restrictivo del atletismo mundial también impediría que la medallista de plata Francine Niyonsaba de Burundi y la medallista de bronce Margaret Wambui de Kenia compitan en los 800 metros en los Juegos de Tokio del próximo año, condicionando así la clasificación.

La sudafricana, que fue ganadora en 800 metros lisos en los mundiales de 2009 y 2017, así como el oro en la misma categoría en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, siempre ha sido discutida por algunos debido a una supuesta intersexualidad (realidad con la que ella no se siente identificada). Y la aprobación del nuevo reglamento de la IAAF la dejaba prácticamente fuera de juego de la alta competición, como recogía en su momento dosmanzanas, que ha seguido de cerca sus dos carreras: la deportiva y la de la igualdad.

En la primavera de 2019 se hizo pública la vergonzosa decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (también conocido como TAS, sus siglas en francés), que daba la razón a la IAAF en su disputa con Semenya. Y el pasado mes de septiembre, la atleta tampoco corrió mejor suerte en el Tribunal Supremo Federal de Suiza (al que apeló por encontrarse en el país alpino la sede del TAS).

Lejos de rendirse, recientemente la deportista olímpica ha llevado su reivindicación hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no abandonará la batalla en los tribunales hasta que la IAAF admita «el error» que ha cometido y despeje el reglamento de una discriminación tan aberrante que la obligue a abandonar su carrera deportiva, a medicarse o a competir «como hombre» (todas ellas soluciones inaceptables).

Las instituciones sudafricanas se vuelcan con Semenya

El Gobierno de Sudáfrica ha dejado claro el apoyo a su compatriota y declara que «es más que la lucha individual» de una atleta. La Comisión para la Igualdad de Género (CGE) y la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica (SAHRC) «se unen para perseguir la injusticia contra Caster Mokgadi Semenya». Una injusticia que «afecta a las mujeres negras en los países en desarrollo».

Asimismo, según explican las citadas instituciones gubernamentales, «se trata de restaurar su dignidad humana y sus derechos a participar y tener ingresos del deporte, así como los derechos de otros deportistas, que también han sido discriminados y perjudicados por la nueva normativa discriminatoria de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) que entró en vigor en 2019».

Ambas instituciones creen que el resultado del Tribunal Supremo Federal de Suiza equivale a una grave violación del derecho a la integridad corporal, la dignidad humana y la privacidad de atletas como Caster Semenya, «cuyos cuerpos, sin tener la culpa, producen lo que se considera altos niveles de testosterona».

Por lo tanto, la CGE y la SAHRC están «firmemente decididas a organizar una defensa y apoyo a nivel mundial y nacional para las mujeres atletas como Caster Semenya y cualquier otra persona que incumpla la nueva regulación de la IAAF». La CGE y la SAHRC incluirán al Presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Matamela Ramaphosa, en su calidad de Presidente de la Unión Africana, los Ministerios de la Mujer, la Juventud y las personas con discapacidad y Deportes, Arte y Cultura; la Asamblea Nacional a través de los Comités de Cartera de Mujeres, Jóvenes y Personas con Discapacidad y Deportes, Artes y Cultura, así como el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación. Esta petición no se limitará a Sudáfrica y África, sino también a las Naciones Unidas.

El Parlamento sudafricano aprobaba a finales de 2020 una moción sin previo aviso que no solo condena las acciones de la IAAF contra Caster Semenya como una «injusticia y violación de los derechos humanos», sino que también resuelve que hará «todo lo que esté en su poder» para ayudarla en su lucha por la justicia y la igualdad.

Por su parte, el abogado Greg Nott (del bufete Norton Rose Fulbright, que defiende a Semenya), publicó un artículo el pasado 18 de noviembre en el que asegura que la «#OperationRunFree sigue ganando impulso». «Los negros continúan surgiendo de las cenizas de la opresión para dejar su huella en la historia. Tenemos a Kamala Harris convirtiéndose en la primera mujer, negra e india-americana vicepresidenta de los Estados Unidos. Y Lewis Hamilton empató recientemente el récord de carreras de Fórmula 1 de Michael Schumacher para convertirse en el piloto más exitoso en la historia de este deporte».

«Desafortunadamente, la arena internacional del atletismo todavía no está ‘abierta a todos’ por así decirlo y es por eso que nuestra campeona olímpica Caster Semenya no renuncia a su lucha contra la discriminación en el atletismo internacional», agrega Nott.

Fuente Dosmanzanas

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El Senado francés rechaza en segunda lectura la apertura de la reproducción asistida a las parejas de mujeres

Sábado, 13 de febrero de 2021

2b69a644ff6f486c41f66ca023ca8f0aLa tramitación de la reforma de la legislación sobre reproducción asistida en el Parlamento francés se está convirtiendo en el cuento de nunca acabar. El Senado, con mayoría de derecha, ha rechazado en segunda lectura el texto aprobado por la Asamblea Nacional en julio del año pasado, que abría los tratamientos y su financiación a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. El «no» de los senadores ha sumido a los colectivos LGTBI en la desesperación. La medida, una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron y su predecesor François Hollande, regresará a la cámara baja para someterse a un último intento de aprobación.

Como hemos explicado con anterioridad en dosmanzanas, la reproducción asistida en Francia (PMA por sus siglas en francés) solo está permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España. En su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permita el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida.

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la entonces secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética. En julio de 2019, y tras un largo y tortuoso proceso, el Gobierno de Édouard Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La exministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantiene la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno en septiembre. El pleno de la Asamblea, donde la «mayoría presidencial» de La República en Marcha es absoluta, aprobó la medida cruzando líneas partidistas: hasta un tercio de los diputados de Los Republicanos (LR), el principal partido de la derecha, emitió un voto favorable a pesar de la postura contraria de la formación. La tramitación continuó en el Senado, que votó la medida en enero de 2020. Con una importante salvedad: la mayoría de derecha y centroderecha de la cámara alta impuso que haya que acreditar la infertilidad para que la Seguridad Social asuma los gastos de los tratamientos. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras quedarían, por tanto, excluidas de nuevo de los mismos, a no ser que se los puedan costear.

El proyecto de ley sobre bioética regresó a la Asamblea Nacional para que la cámara baja se pronunciara sobre los cambios introducidos en el Senado. Por lo que se refiere a la reproducción asistida, los diputados recuperaron la financiación pública de los tratamientos también en el caso de parejas de mujeres y mujeres solteras. El texto reformado obtuvo el respaldo mayoritario de la cámara baja en julio del año pasado y regresó al Senado, donde presagiábamos que la tramitación no sería fácil.

Así ha sido. Tras un debate marcado en ocasiones por la confusión, la mayoría de derecha de la cámara alta ha aprobado un proyecto de ley de bioética que excluye el artículo referido a la apertura de la reproducción asistida, su medida más emblemática, dejándolo por tanto completamente desnaturalizado. Los diputados de La República en Marcha de Macron y los partidos de izquierda se han negado a apoyar un texto que salió adelante con los únicos votos de la derecha y el centroderecha. El presidente del Senado Gérard Larcher, de Los Republicanos, ha lamentado que no se alcanzara un consenso. Los socialistas, por su parte, apuntan a las ambiciones presidenciales de Bruno Retailleau (LR), opuesto a la medida, como causa del fracaso.

La esperada reforma regresará ahora de nuevo a la Asamblea Nacional para un último intento de aprobación. Los colectivos LGTBI, sumidos en la desesperación por los problemas para sacar adelante el texto, han tachado el rechazo del Senado de «lamentable», «innoble» y «lección magistral de patriarcado». El movimiento homófobo Manif pour Tous, de recuerdo infame por su papel en la violenta reacción al matrimonio igualitario, ha mostrado su satisfacción.

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTBI, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la marcha atrás en la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra.

Fuente Dosmanzanas

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Discriminan a pareja gay en un café de El Salvador: la denuncia se hizo viral

Jueves, 11 de febrero de 2021

Screenshot_20210204_111156_com.google.android.googlequicksearchbox_2-1-1018x509Por Paula Rosales, desde El Salvador

Mientras desayunaban la mañana del martes 2 de febrero en la cadena de cafeterías San Martín en El Salvador, una pareja de hombres gay fue acusada de cometer supuestos actos indecorosos frente al resto de los clientes, por lo que la gerente les pidió se separaran.

Indignados, los hombres gay se retiraron del local, situado en uno de los centros comerciales más concurridos en Antiguo Cuscatlán, unos ocho kilómetros al oeste de la capital. Minutos después la pareja denunció en su cuenta de Instagram que fueron víctimas de un acto de intolerancia en un restaurante de El Salvador. Organizaciones de derechos humanos denunciaron además que los dueños de esta cadena han financiado movimientos antiderechos.

“Solo tenía su brazo sobre mi hombro y hablábamos como personas civilizadas. Cuando le pedimos explicaciones a que se referían con “comportarse decorosamente” me dijeron: ‘ustedes saben a que me refiero”, denunció la pareja en su perfil de red social, sin que revelaran su identidad.

 

Condena social

Su denuncia fue retomada por usuarios de Twitter que pidieron difundir la discriminación hecha a la pareja, muchos usuarios apoyaron y llamaron a sumarse a la condena. Estos mensajes contrastaron con los ataques de otras cuentas que justificaron y atacaron a quienes defendieron a la pareja.

“A la fuerza quieren ser aceptados y no respetan ni lugares privados que se reservan el derecho de admisión, no es necesario hacer show en lugares familiares, ellos dicen que sólo se abrazaban, pero que tan cierto es eso? (sic) quien lo comprueba? (sic)”, escribió el usuario Dayan Archila.

Presentes se comunicó con las oficinas de San Martín, pero dijeron que la persona a cargo de dar la posición oficial de la compañía se encontraba en reunión y que se comunicaría al terminar, al cierre de la nota aún no respondieron.

“Condeno todo tipo de discriminación, ya sea en un lugar público o en este caso en un establecimiento del sector privado contra una pareja de personas del mismo sexo o si fuera en contra de otro tipo de población. Existe en parte de la sociedad salvadoreña ese tipo de acciones discriminatorias que terminan afectando la dignidad de las personas”, expresó a Presentes Roberto Zapata, secretario general de la organización Amate El Salvador.

Amate es una organización que trabaja por el rescate de la memoria histórica de la población LGBTI en El Salvador.

Sin apoyo del Estado

El Salvador, que reporta altos índices de discriminación y asesinatos contra la población LGBT, contaba hasta junio de 2019 con el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.

Sin embargo, tras la investidura de Nayib Bukele, el mandatario eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos hacia la población LGBTI.

“No esperamos de parte del gobierno ningún tipo de pronunciamiento en este tipo de casos, no los ha habido en el pasado y veo con mucha menos posibilidad que pase con el actual gobierno donde parece ser que su política pública es el silencio en cualquier tipo de discriminación y violencia en contra de la población LGBTI, ya hemos visto que la ministra de cultura cuando han sucedido crímenes de odio ha salido con eufemismos”, dijo Zapata.

El trabajo que desarrollaba la antigua dirección de diversidad sexual pasó bajo la dependencia de la unidad de género del Ministerio de Cultura, además se crearon mesas de interinstitucionales en los ministerios de trabajo y seguridad que en la actual administración no funcionan.

“En este caso se pudo visibilizar por la denuncia en redes sociales, las organizaciones ya conocemos que esta panadería o sus dueños han financiado en Guatemala marchas anti derechos contra la población LGBTI y contra las mujeres”, señaló Zapata.

La extinta dirección creo la línea telefónica 131 para atender denuncias, brindar orientación sobre sus derechos y ayuda psicológica en los casos que lo requerían, sin embargo, el actual gobierno transfirió el número al ministerio de salud para atender a mujeres embarazadas, niñez menor de cinco años y personas que requieran atención en salud mental.

“Es un mensaje que invita a seguir discriminando, que esta bien que se nos trate de esa manera y que está bien que nosotros no podamos expresarnos en los espacios públicos”, recalcó Zapata.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

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Fuente Agencia Presentes/Cristianos Gays

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Una pequeña población polaca revoca su calificación como «zona libre de ideología LGTB»

Martes, 9 de febrero de 2021

pegatina-homofoba-Polonia-Gazeta-Polska-237x300Nowa Dęba, un enclave de poco más de 11.000 personas en el sureste de Polonia, se ha convertido en la primera localidad del país que revoca la declaración de «zona libre de ideología LGTB», aprobada en 2019. La resolución salió adelante en la corporación municipal con 10 votos favorables, una abstención y cuatro votos no emitidos.

El resultado, pese a constituir un hecho muy aislado, no deja de tener potencial simbólico. Una población rural, de tamaño reducido, situada al sureste del país y con una mayor influencia de Rusia, en un país en el que la homofobia de Estado está en auge tras los últimos comicios presidenciales y en el que las administraciones que se han declarado «zonas libres de ideología LGTB» cubren un tercio del territorio, ha revertido esta situación por una holgada mayoría y sin ningún voto en contra.

La noticia se produce tras las críticas de la presidenta de la Comisión Europea a estas zonas y el consecuente recorte de fondos de la Unión Europea para varias de estas ciudades. El presidente de la corporación local, Damian Diektiarenko, aseguró que presentaba la moción ya que «las intenciones del consejo habían sido malinterpretadas», en referencia a la anterior moción. «No podemos permitir que nadie empañe la imagen de la comuna usando esta declaración», añadió.

Es pronto para saber si lo sucedido en Nowa Dęba puede suponer el inicio de un cambio de tendencia. Organizaciones en favor de los derechos humanos y pro LGTBI+ mantienen contactos con múltiples corporaciones locales para que sigan su ejemplo, pero de momento ninguna otra administración ha revocado su declaración homófoba pese a ver amenazados los fondos europeos o ver cancelados sus acuerdos de hermanamiento con otras ciudades europeas. La propia región de Subcarpacia, en la que está enclavada Nowa Dęba, habría perdido recientemente una subvención de dos millones de euros a un proyecto sobre patrimonio natural por esta razón, según ha desvelado hace pocos días el activista LGTB polaco Bartosz Staszewski, aunque las autoridades regionales no han querido confirmarlo.

Fuente Dosmanzanas

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Alemania acaba con la discriminación de las personas trans, intersexuales y de género no binario en el acceso a la policía

Miércoles, 3 de febrero de 2021

55.488.160La policía alemana se vuelve más inclusiva. Con el nuevo año ha entrado en vigor una reforma del reglamento sobre el acceso a las fuerzas de seguridad que abre la puerta a las personas trans, intersexuales o de género no binario. El texto elimina los requisitos que excluían a los candidatos no cisgénero al imponer determinadas características corporales, como disponer de «al menos un testículo funcional» en el caso de los aspirantes varones. El ministerio del Interior cumple así con la promesa de acabar con la discriminación basada en la identidad de género existente hasta ahora.

El acceso al cuerpo de policía en Alemania se rige por la norma PDV 300, que regula los criterios que deben cumplir las personas aspirantes al uniforme. Con la versión en vigor hasta el pasado 31 de diciembre, se exigía de los varones que tuvieran «al menos un testículo funcional» y se descartaba a las mujeres con implantes mamarios. Se requería, además, la estabilidad en la función hormonal «andrológica» o «ginecológica» según el caso.

Con los cambios que han entrado en vigor con el nuevo año, la discriminación de las personas trans, intersexuales y de género no binario ha pasado a la historia. Una nota aclarativa al principio del texto explica que cualquier indicación que utilice la fórmula masculina se entenderá aplicable a todos los géneros. En Alemania existe una tercera opción de sexo legal con la denominación de «diverso» desde 2018. Además, se eliminan los requisitos corporales que excluían de facto a las personas trans e intersexuales.

Se cumple así con una promesa que hizo el ministerio del Interior hace dos años como respuesta a una pregunta parlamentaria de Jens Brandenburg, del FDP, quien se ha felicitado por los cambios. Se trata de un «hito histórico» para la «vinculación de la policía con una sociedad diversa», afirmó. El diputado liberal, proponente de la reforma, reclama ahora formación para que los agentes policiales puedan aplicar sin dificultades la medida. Desde la izquierda de Die Linke también saludan la modificación y destacan su valor para la prevención de la violencia intrapolicial.

 Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Rumanía por no reconocer a dos hombres trans si no se sometían a cirugía de reasignación

Miércoles, 27 de enero de 2021


Tribunal-de-EstrasburgoEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una sentencia que condena a Rumanía por negar el reconocimiento de la identidad de género de dos hombres trans. Las autoridades rumanas condicionaban la modificación registral del sexo legal a una operación de reasignación genital a la que ninguno de los dos deseaba someterse. Los jueces de Estrasburgo obligan al Estado rumano a indemnizar a los demandantes con más de 25.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la vulneración del derecho a la privacidad de la que fueron víctimas.

Los dos hombres, que se encontraban en tratamiento hormonal y se habían sometido a mastectomías, solicitaron el reconocimiento de su identidad masculina ante el Tribunal de Distrito de Bucarest en 2011 y 2013. La respuesta de la justiciar rumana fue la misma en los dos casos: para obtener la modificación registral del sexo legal en los documentos de identidad y la partida de nacimiento, se requiere acreditar que la persona interesada ha pasado por una operación de reasignación de sexo. Una intervención a la que ninguno de ellos se quería someter.

El primero de los demandantes decidió finalmente transigir con el requisito y en 2017 se sometió a dos operaciones genitales. En consecuencia, en 2018 recibió un documento de identidad y un certificado de nacimiento acordes con su identidad de género. Ese mismo año, el Gobierno rumano rechazó modificar esta política de modificación registral del sexo legal. El segundo, mientras tanto, se trasladó al Reino Unido, donde obtuvo un permiso de conducción con sexo masculino. La incongruencia entre los datos de sus documentos británicos con los rumanos, sin embargo, le conllevaba problemas.

Los afectados decidieron llevar el asunto ante la justicia europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló el pasado martes a su favor. Los jueces de Estrasburgo consideran que la política de las autoridades rumanas contradice el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Los tribunales rumanos presentaron a los demandantes «un dilema imposible» entre someterse a una operación que no deseaban o renunciar al reconocimiento de su identidad de género.

El alto tribunal califica el requisito quirúrgico como «un enfoque rígido» que provocó a los dos hombres en «una posición de angustia durante un periodo de tiempo continuado y excesivo». El fallo condena al Estado rumano a indemnizarlos con un total de 25.908 euros por daños y perjuicios y los costes incurridos en el proceso. La sentencia supone un alivio para la comunidad trans del país. Según la asociación Accept, menos de 50 personas trans han conseguido el reconocimiento de su identidad de género en Rumanía. Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han salido en los últimos años otras sentencias muy importantes para el colectivo como las que condenaron a Macedonia por no disponer de un procedimiento de modificación de los datos registrales de las personas trans o a Francia por exigir su esterilización como requisito para reconocer su identidad de género.

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento de Estonia rechaza la convocatoria de un referéndum, propuesto por la extrema derecha, para prohibir el matrimonio igualitario

Viernes, 22 de enero de 2021

estonya-parlamentosu-ulkelere-gore-secim-barajiBuenas noticias desde Estonia. El Parlamento unicameral del país ha rechazado una iniciativa del Partido Popular Conservador (EKRE) para someter a referéndum la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Un resultado positivo en el fracasado plebiscito habría provocado el blindaje del matrimonio excluyente en el país. La derrota de la iniciativa, unida a un escándalo de corrupción, han provocado la caída del Gobierno de coalición entre los centristas, los conservadores de Isamaa y la extrema derecha de EKRE. Paralelamente se ha presentado una proposición de ley para equiparar los derechos de las parejas en una unión civil con los de las casadas, salvo la adopción conjunta. En Estonia existe la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo desde 2016.

Tras las elecciones de marzo de 2019, se formó en Estonia una coalición de Gobierno entre el Partido del Centro, la formación conservadora y democristiana Isamaa y la extrema derecha del Partido Popular Conservador (EKRE), con el centrista Jüri Ratas como primer ministro. En noviembre del año pasado, el Ejecutivo anunció sus planes para convocar un referéndum sobre la definición de matrimonio en la primavera de 2021. Se trataba de una iniciativa de EKRE, cuyo exlíder y exministro del Interior Mart Helme había animado a la población LGTBI a «irse corriendo a Suecia». La formación ya había intentado, sin éxito, derogar la ley de uniones civiles vigente desde 2016.

El pasado 14 de diciembre, la propuesta homófoba superaba su primera lectura en el Parlamento. El texto contemplaba la convocatoria de una consulta no vinculante el próximo 18 de abril sobre la cuestión: «¿Debería el matrimonio seguir siendo una unión entre un hombre y una mujer en Estonia?». La oposición, integrada por el liberal Partido Reformista y el Partido Socialdemócrata, intentó entonces boicotear su tramitación subsiguiente presentando cerca de 10.000 enmiendas al proyecto. Muchas de ellas en tono irónico, como la iniciativa de celebrar un referéndum sobre si «¿Debería prohibirse la amistad en Estonia?» o si «¿Deberían prohibirse los trasplantes capilares para hombres en Estonia?».

La semana pasada, la presidenta del país Kersti Kaljulaid propuso que, dado que el asunto de la definición del matrimonio no constituye una preocupación prioritaria de los estonios, el Gobierno se comprometiera a disolver el Parlamento y convocar elecciones en caso de que triunfara el «no» en la consulta prevista. Un día después, la propuesta de referéndum se sometió de nuevo a la votación en pleno. Tan solo cosechó 29 votos a favor frente a 49 en contra (de un total de 101 escaños). Un varapalo para el Gobierno de coalición que, junto con la salida a la luz de un escándalo de corrupción, provocó su caída el jueves de la semana pasada.

Aprovechando la derrota de la iniciativa homófoba, 19 diputados del Partido del Centro y de los socialdemócratas presentaban el viernes pasado una proposición de ley para equiparar la mayoría de los derechos de las parejas en una unión civil con los de las parejas casadas. La principal excepción sería la adopción conjunta. Mientras tanto, los dos partidos centristas ya mantienen conversaciones para formar una gran coalición que no requeriría del apoyo de la extrema derecha.

Estonia se convirtió en 2014 en la primera ex república soviética en aprobar una ley de uniones civiles abierta a todas las parejas. La aplicación de la ley, sin embargo, es problemática, porque el partido democristiano Unión Pro Patria y Res Publica (que luego se renombró como Isamaa) vetó la aprobación de las regulaciones complementarias necesarias para dotar de contenido a la ley original, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. El resultado es que las parejas que intentan registrar su unión se encuentran, por ejemplo, con que el proceso para llevar a cabo dicha inscripción no ha sido aún descrito en la legislación. Una situación de inseguridad jurídica y arbitrariedad que pretende solventar la iniciativa de los centristas y socialdemócratas presentada la semana pasada. Por otra parte, en enero de 2017, un tribunal obligaba por primera vez a registrar un matrimonio del mismo sexo contraído en el extranjero (concretamente en Suecia).

 Fuente Dosmanzanas

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Antes de abandonar la presidencia, Donald Trump autoriza a las agencias de servicios sociales que reciben fondos federales a discriminar a las personas LGTBI

Jueves, 21 de enero de 2021

58Pocos días antes de abandonar la Casa Blanca tras su derrota en noviembre, Donald Trump ha querido cimentar el tono marcadamente anti-LGTBI de su presidencia. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS) ha emitido una nueva normativa que autoriza a los proveedores de servicios sociales que reciben fondos federales a discriminar por razones de orientación sexual o identidad de género. La norma, de carácter ejecutivo, entra en teoría en vigor el próximo 11 de febrero. Será probablemente una de las primeras que el nuevo presidente, el demócrata Joe Biden, anule una vez que tome posesión efectiva de su cargo.

La normativa vigente prohíbe a los proveedores de servicios sociales que reciben fondos federales discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género. Se trata de una de tantas normas ejecutivas instituidas por la administración Obama ante la imposibilidad de aprobar por vía legislativa un marco antidiscriminatorio global contra las personas LGTBI debido a la oposición republicana, muchas de las cuales han sido revertidas por la administración Trump. Esta era una de las que habían sobrevivido hasta el último momento, pero ni siquiera la derrota de Trump en las elecciones de noviembre ha impedido que finalmente sea sustituida por una nueva normativa que en teoría debe entrar en vigor el próximo 11 de febrero. Según la nueva normativa, dicha prohibición violaría la Religious Freedom Restoration Act, una ley federal que protege la libertad religiosa. De entrar en vigor, organizaciones como agencias de adopción o servicios de atención a personas sin hogar o ancianos, entre otros, podrían negarse a prestar sus servicios a personas LGTBI si consideran que ello viola su libertad religiosa aunque reciban financiación federal, y no podrían ser penalizadas por ello.

La nueva disposición será probablemente una de las primeras que la próxima administración Biden anule una vez el demócrata tome posesión efectiva de su cargo este 20 de enero, pero en cualquier caso supone un argumento más que ls partidarios de poder discriminar a las personas LGTBI «por razones religiosas» continuarán esgrimiendo ante los tribunales, y muy singularmente ante el Tribunal Supremo, que precisamente tiene estos momentos entre manos la decisión sobre un caso (Fulton v. City of Philadephia) que afecta a una agencia de adopción católica con la que la ciudad de Filadelfia rompió el acuerdo que las vinculaba por rechazar a parejas del mismo sexo. No hay que olvidar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene en estos momentos una rotunda mayoría conservadora después de que Trump y sus socios republicanos tuviesen la oportunidad de colocar a tres nuevos magistrados, entre ellos la conservadora Amy Coney Barrett en sustitución de la recientemente fallecida Ruth Bader Ginsburg (precisamente la que era considerada magistrada más progresista del Supremo).

El movimiento de Trump, por otra parte, se suma a muchos otros movimientos previos que han hecho retroceder de forma considerable los derechos de las personas LGTBI. Hace unos meses, por ejemplo, el mismo Departamento de Salud y Servicios Sociales anunciaba la anulación de otra norma que ampliaba la protección antidiscriminatoria en la prestación de servicios sanitarios a las las personas trans, intersexuales o de género no binario. Una reforma que se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump, cuyo objetivo no ha sido otro que la supresión de la existencia jurídica de las personas trans en Estados Unidos. Y es que si por algo se está caracterizando la administración Trump en el ámbito LGTBI es por la incansable batalla contra los derechos y la inclusión de la comunidad trans. Ya tras conquistar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence pusieron en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluir a las personas trans del Ejército, que permaneció en suspenso por decisión judicial hasta que un Tribunal Supremo controlado por el sector conservador ratificó la exclusión. En mayo de 2018 se consumó también la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que perdieron de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos. La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

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El Observatori contra l’Homofòbia alerta de que en 2020 se produjo un aumento del 25% en los incidentes por LGTBIfobia en Cataluña

Miércoles, 13 de enero de 2021

logo-och-2017El Observatori contra l’Homofòbia ha registrado 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020. Una cifra que supone un aumento del 25% respecto al año anterior, y que sitúa al 2020 como el año con mayor número absoluto de incidencias desde que hace cinco años esta entidad comenzara a resgitraslas de forma sistemática.

Habrá que esperar todavía unos meses para conocer el detalle de las incidencias registradas a lo largo de 2020, pero el Observatori contra l’Homofòbia ha querido aprovechar el principio del año para adelantar que estas han ascendido a 189, la cifra más alta de los últimos cinco años. Conviene recordar, en este punto, que en todo 2019 el Observatori registró 160 incidentes, una cifra que ya suponía un aumento de un 41,6% respecto a 2018.

Según el adelanto, la vía pública continúa siendo el ámbito en el que más agresiones se produce. Otro dato destacable es que las agresiones a personas trans se habrían incrementado cerca de un 25%. Ante este panorama, Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori, ha subrayado por enésima vez la necesidad de desplegar de una vez todos los mecanismos legales contenplados en la ley catalana contra la LGTBIfobia, así como de financiar adecuadamente a todas las entidades especializadas que dan soporte a las víctimas de agresiones LGTBI. Rodríguez también ha pedido la aprobación de una ley trans estatal que permita una cobertura más eficaz contra la transfobia.

Fuente Dosmanzanas

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El 80,3% de los migrantes LGBTIQ+ fue discriminado por su orientación sexual o identidad de género en su país de origen y el 48,8% ha sufrido lo mismo en Chile

Viernes, 8 de enero de 2021

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El 40% pensó en el suicidio a raíz de la homofobia y la transfobia, mientras el 73,8% ha sido víctima de la xenofobia en nuestro país, por lo que para el 52% uno de los principales problemas que enfrentan en Chile es la discriminación, lo que es superado por  el acceso al trabajo (86,6%) y a la vivienda (54,3%). Con todo, la mayoría dice tener una mejor calidad en Chile que en su país de origen.

La Primera Encuesta Nacional Aplicada a Migrantes Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex y Queer (LGBTIQ+) arrojó alarmantes índices de discriminación y abusos contra este sector social en razón de su orientación sexual, identidad de género o nacionalidad, aún cuando los atropellos que viven en Chile son inferiores a los de su nación de origen, a un punto que la mayoría se siente satisfecho con habitar en nuestro país.

El pionero sondeo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) fue dado a conocer hoy junto al director del Departamento Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio,  quien anunció que su entidad, a partir de los resultados del sondeo, capacitacitá a todos/as sus funcionarios/as en la realidad de migrantes LGBTIQ+.

Aplicado a 221 migrantes LGBTIQ+, el estudio arrojó que si bien la mayor razón para salir de su país y llegar a Chile fue de tipo económica, “la discriminación se encuentra entre los principales motivos, a un punto que el 40% de quienes sufrieron la homo/transfobia en su nación de origen intentó suicidarse”.

En efecto, el 39.4% dice que migró porque “en mi en país de origen  se reprime o no se reconoce derechos a las personas LGBTIQ+”, mientras el 80.3% declara que sufrió algún tipo de abuso en razón de su orientación sexual o identidad de género, mientras que en Chile el 48,8% ha vivido situaciones similares. Por ello, para el 52% la discriminación es uno de los principales problemas que los afectan en nuestro país.

En el país de origen, y solo por ser LGBTIQ+, el 15.7% sufrió violencia física,  el 89.8%, verbal; el 70.3% psicológica y, por tal razón, un alarmante 40% dice que pensó en el suicidio.

Si bien en Chile los atropellos por ser LGBTIQ+ siguen afectando a casi la mitad de los migrantes, la discriminación más recurrente es la xenofobia que ha dañado al 73,8%.

“Estamos, por tanto, en presencia de una discriminación interseccional en Chile, donde la vulnerabilidad que afecta a migrantes LGBTIQ+ es más grave y persistente que la de los pares LGBTI chilenos/as, todo lo cual amerita que se implemenenr políticas públicas focalizadas. Más aún al considerar que el 11% de la población LGBTIQ+ migrante dice vivir con VIH y el 41,7% declara haber consumido drogas en el último año”, resumió el encargado de derechos humanos del Movilh, Ramón Gómez.

A lo expuesto, se suma la precariedad económica: el 15% no está estudiando, ni trabajando, el 18% no tiene ninguna red de apoyo, el 15,9% trabaja sin contrato, el 11% es allegado y el 3,9% se encuentra en un situación migratoria irregular.

Pese a ello, la mayoría (83,5%) dice vivir mejor en Chile que en su país de origen y el 41.7% tiene planeado que lleguen más parientes

“Los resultados indicarían que aún cuando en aspectos claves, como la educación, salud y trabajo, la mayoría califica el acceso a estos derechos como “regular”, la casi totalidad se siente aún así “satisfecho/a” en comparación con las condiciones de vida de su propio país”, resumió el estudio”

A continuación se detallan cada uno de los resultados de la encuesta

Vida familiar y social

encuesta-Movilh-4El 44,1% de los migrantes encuestados/as es soltero/a; el 23,6% tiene pareja sin vínculo legal; el 18.9% es conviviente, pero sin unión legal; el 11% es conviviente civil y el 2.4% está casado/a. Del total, el 95% no tiene hijos/as y el 5% sí.

La mayoría, el 65%, vive con su pareja y/o familiares, por lo que contarían con redes de apoyo cercanas. En efecto, el 32,9% vive con su pareja y el 32,1% con familiares. Estos últimos se dividen en un 15,6% que comparte alojamiento “con familiares que vivían previamente en Chile”;  el 9,4%, “con familiares que llegaron después que yo a Chile” y el 7,1% “con familiares que llegaron conmigo a vivir a Chile”. En tanto, 18,1% vive solo;  el 13,4% con compañeros/as de estudio o trabajo; el 13,2% con conocidos/as  y el 3,1% con “otros/as”.

Del total, cerca de un 12,8% declara vivir tanto con familiares, como con pareja, amigos y/o conocidos. Por eso, y por otras razones que requieren de una investigación más específica, el 30,7% vive en un inmueble donde habitan familias distintas a la propia y el 69,3% no

Posición socioeconómica, educacional, laboral y propiedad                                         

En relación al nivel de estudios, el 46.4% tiene enseñanza superior completa; el 21,3% superior incompleta; el 17,3%, media completa; el 13,4%, post grado;  el 0.8%, básica incompleta; y el 0.8%, media incompleta.

El 37,8% se ubica en una posición socioeconómica “media-baja”, seguida por la “media” (36.2%); la “baja” (13,4%), la “media-alta”(11,8%) y la “alta” (0.8%).

El 38.6% gana mensualmente entre $200.001 y 450.000;  el 15,7% entre $450.001 y $800.000; el 9,9 % entre 800.001 y $1.500.000; el 4.7% entre 1.500.001 y 2.500.000;  el 2,7% entre 2.500.001 y 5.000.000; el 12,7% no tiene ingresos mensuales, solo esporádicos; el 9,4%  carece de ingresos y el 6.3% percibe menos de $200.000

El 33,1%  se demoró  menos de un mes en encontrar su primer trabajo en Chile; el  26,8%  entre dos y seis meses;  el 23,6% entre uno y dos meses; el 5,5% entre más de seis meses y un año; el 4,7% más de un año; el 2,4% aún no encuentra su primer trabajo y lleva más de un año en Chile y el 3,9% no ha buscado trabajo aún.

En la actualidad , el 68,5% solo trabaja; el 9,4%, estudia y trabaja; el 7,1% solo estudia y el 15% no está estudiando, ni trabajando.

Del total de quienes trabajan, el 72,6% tiene contrato formal; el 15,9% no tiene contrato y el 11,5% está montando su propio emprendimiento de manera independiente.

Con los ingresos que percibe en Chile, el 63% contribuye al financiamiento de aquellos familiares que viven en su país de origen, el 24,4% lo haría si pudiera y el 12,6% no lo hace.

El 80,3% vive en un lugar que es arrendado, el 11% es allegado; el 7.9% es dueño/a del inmueble y el 0.8% habita en una casa de acogida.

En relación a los servicios o productos con que cuentan los/as encuestados/s, ya sean propios o arrendados, se encuentran teléfono móvil o celular (92,9%), acceso a internet (82,2%), Netflix o Amazon (81,1%), casa o departamento (62,2%), notebook o computador (59,8%), televisión pagada o por cable (49,6%), pieza (27,6%),  autómovil o moto (21,3%) y ninguno (0,8%)

Además, el 81,1% tiene cuenta rut o vista, seguido por cuenta corriente (33,1%); de crédito con grandes tiendas (32%), tarjeta de crédito o bancaria (31,5%); seguro de salud (31,5%); crédito de consumo (14,2%); deuda con familiares o amigos (13,4%); crédito automotriz (7,9%); crédito hipotecario (3,1%); deudas con empresas o lugar de trabajo (3,1%); deudas con prestamistas (0,8%) y ninguno (6,3%).

Situación migratoria y familia

encuesta-Movilh-1El 45,7%  de los/as migrantes LGBTIq+ lleva viviendo en Chile entre 2 y 4 años;  el 26,8%, más de 5 años; el 23,6% entre 1 y 2 años; el 3,1% más de seis meses y menos de un año y el 0,8%, menos de 6 meses.

El 33,9% tiene visa de permanencia definitiva; el 23,5% está en trámite de su visa de permanencia definitiva; el 19,3% tiene visa temporaria; el 8,7%,  visa de trabajo; el 6.3% está en trámite de visa temporal; el 1,2% está nacionalizado; el 3,9% se encuentra en situación irregular; el 1,6% tiene visa de responsabilidad democrática,  el 0,8% es refugiado y el 0,8% tiene visa de estudiante.

El 94.5% ingresó a Chile por un paso habilitado y el 5,5% por uno no habilitado.

Las personas viajaron o ingresaron a Chile usando uno o más medios de transporte como avión (66,1%), seguido por bus (35,4%), a pie (4.7%), automóvil (3,1%), barco, lancha u otro medio acuático (0,8%) y otros (2,4%).

El 55,1% ingresó a Chile solo/a; el 18,1% con su pareja; el 17,3% con familiares, el 5,5% con amigos/as, el 5,5% con personas que fue conociendo durante el viaje y el 1,6% con conocidos/as.

El 5,5% señala que debió pagarle a alguien para ingresar a Chile versus el 94,5% que no lo hizo.

El 41,7% tiene planeado o en mente que más parientes suyos vengan a vivir a Chile y el 58.3% no.

Razones para migrar y evaluación de Chile

El 48.8% el primer país que tuvo en mente para migrar fue Chile; seguido por Argentina (15%), algún país europeo (11,8%), Estados Unidos (9,4%), Canadá (4,7%), Colombia (3,9%), Brasil (2.4%),  Perú, 1,6%, México (1.6%) y Puerto Rico (0.8%).

Las principales razones para llegar a Chile fueron la estabilidad económica (66,9%), seguida por “supuestas mejores posiblidades para encontrar trabajo” (48%), “porque tenía amigos/as o parientes que ya vivían en Chile” (44,9%), “para vivir de manera libre mi orientación sexual o identidad de género” (30,7%), por estabilidad política (26%), “porque era más fácil ingresar en comparación con otros países” (21,3%), “porque siempre me gustó Chile” (16,5%), “porque era la única posibilidad que en ese momento tenía” (13,4%), “porque estimé que era más fácil permanecer en Chile” (12.6%), por “supuestas mejores posibilidades para acceder a salud” (11,8%) y por “supuestas mejores posibilidades para acceder a educación” (10,2%).

En tanto, las principales razones para salir del país de origen fueron “la inestabilidad económica de mi país” (65.4%), “para buscar mejores condiciones laborales” (61.4%), “por la inestabilidad política de mi país (59,8%), “por la represión a las libertades individuales en mi país” (48.8%), “porque  mi en país se reprime o no se reconoce derechos a las personas LGBTI” (39.4%), “para encontrar mejores condiciones de salud (35,4%), “simplemente quería salir de mi país” (24,4%), “para encontrar mejores condiciones en educación (21.3%), “porque ya tenía familiares en Chile y quería estar junto a ellos” (11,8%), “porque mi pareja ya vivía en Chile y quería estar junto a el/ella” (9.4%), “simplemente porque quería vivir en Chile” (6,3%) y “otros” (0,2%).

El 83,5% tiene interés de vivir de manera permanente en Chile y el 16,5% no. Esto se explica porque el 75,6% se siente “muy satisfecho” (17,3%) o “satisfecho” (58.3%) en Chile en relación con sus expectativas, mientras el 24,4% se declara insatisfecho. Más aún, en comparación con su país de origen el 83,5% de los/as encuestados/as estima que en Chile su calidad de vida es “mejor” , para el 13,4% es igual y para el 3,1%, peor.

A la par, el 34,6% considera que el acceso y la calidad la salud en Chile es regular; el 33,1%,  buena; el 7,9%, muy buena;  el 17,3%, mala; el 7,1%, muy mala. En relación al acceso y calidad de la educación para el 44.1% es regular; para el 24,4%, buena; para el 4.7% “muy buena”, para el 18,1%, mala y para el 8,7% muy mala. En torno al acceso al trabajo, para el 42,6% es regular; para el 28,3%, bueno; para el 5,5%, muy bueno; para el 18,1%, malo y para el 5,5%, muy malo.

Los resultados indicarían que aún cuando en aspectos claves, como la educación, salud y trabajo, los mayores porcentajes califican el acceso a estos derechos como regulares, la mayoría se siente aún así “satisfecho/a” en comparación con las condiciones de vida de su propio país.

Finalmente, el 61,4% conoce de organizaciones sociales o privadas que ayudan a migrantes en Chile, mientras que el 38,6%, no. En relación a los organismos estatales las cifras son de 74,8% versus 25,2%, en forma respectiva.

Pese al alto conocimiento, pocos han accedido a ayuda. El 78% dice que nunca la ha recibido; el 10,2% que la obtenido de organismos privados o de derechos humanos; el 7,9% de organismos estatales y el 3.9% de ambos sectores. Esto implica que los organismos privados serían más cercanos que los estatales para los migrantes que buscan o requieren algún tipo de ayuda.

Discriminación por orientación sexual, identidad de género y nacionalidad

encuesta-Movilh-3El 80,3% dice que fue discriminado en su país de origen en razón de su orientación sexual o identidad de género y un 19,7% no tuvo problemas al respecto.

El 53,7% fue discriminado “algunas veces”, el 21.2% “casi siempre”;  el 14.8% “casi nunca o solo una vez” y el 10,3% “siempre”.

Los principales responsables de la discriminación en el país de origen fueron desconocidos en espacios públicos (52%), seguidos por familiares (48.8%); compañeros de estudios, docentes o directivos (46,5%); religiosos o iglesias (44,1%); por conocidos o “amigos/as”, (36,2%); por compañeros/as de trabajo o empleadores (30,7%); por policías (28,9%); por las leyes o políticas públicas (26,8%), por miembros de las Fuerzas Armadas (13,4%); por funcionarios/as de la salud pública (12,6%); por funcionarios/as gubernamentales (11,8%);  por personas que ofrecen productos o servicios  en el ámbito privado (8,7%); por funcionarios/as empresariales (7,9%);  por funcionarios/as que ofrecen productos o servicios en el ámbito público (7,1%) y por funcionarios/as de la salud privada (6,3%).

El 15.7% sufrió  en su país de origen violencia física,  el 89.8%, verbal; el 70.3% psicológica; y el 8.3%, sexual en razón de su orientación sexual o identidad de género

El 53,8% no se auto-infligió daño producto de la discriminación, el 22.2% lo pensó, pero no lo hizo, mientras que el 24% sí se auto-lesionó. De esto/as, el 45,8% se infligió cortes en zonas de su cuerpo; el 45.8% dejó de comer; el 90% se aisló momentáneamente del resto de las personas; el 16,2% recurrió a formas inseguras para expresar su género, el 52,5% abusó del consumo de drogas y el 40% intentó suicidarse.

En Chile, en tanto, el 48.8% ha sido discriminado en razón de su orientación sexual o identidad de género y el 51,2% no.

De quienes han sido discriminados, el 11,2% sufrió violencia física,  el 50%, verbal;  el 40,3% abuso psicológico y el 3,2%, sexual.

Los principales responsables de la discriminación en Chile fueron desconocidos (55,1%) seguidos por compañeros de trabajo o empleadores (22%); por religiosos o iglesias (18,1%);  por conocidos o “amigos” (10,6%); por leyes o políticas públicas (15%); por policías (10,2%); por familiares (6,3%); por funcionarios de la salud pública (6,3%); por compañeros/as de estudios, docentes o directivos (5,5%); por personas que ofrecen servicios o productos privados (4.7%); por funcionarios de la salud privada (3,1%); por funcionarios gubernamentales (3.1%); por funcionarios empresariales (3,1%); por miembros de las Fuerzas Armadas (3,1%) y por personas que ofrecen servicios o productos públicos (2.4%).

De quienes han sido discriminados en Chile en razón de su orientación sexual o identidad de género, el 50% ha vivido eso ”casi nunca o solo una vez”, el 43,4% “algunas veces”, el 4% “siempre” y el 2.6%, “casi siempre”.

El 73,8% reporta además que ha sido discriminado en Chile en razón de su nacionalidad y el 26,2% no. El 5,2% de quienes han vivido xenofobia recibieron violencia física; el 96% verbal; el 43,7%, psicológica y el 1% sexual. Por esta razón, el 44,1% fue discriminado/a “algunas veces”, el 21,3% “casi nunca o solo una vez”; el 24,4% “nunca”; el 9,4% “casi siempre” y el 0,8%, “siempre”.

Los principales responsables de la discriminación por nacionalidad fueron desconocidos (69,9%);  seguidos por compañeros de trabajo o empleadores (30,7%); por leyes o políticas públicas (18,9%); por conocidos/as o “amigos/as” (13,4%); por religiosos o iglesias (11,8%); por funcionarios empresariales (11%); por funcionarios de la salud pública (11%); por personas que ofrecen productos o servicios en el ámbito privado (11%); por compañeros/as de estudios, docentes o directivos (10,2%); por funcionarios/as gubernamentales (8,7%); por personas que ofrecen servicios  o productos públicos (7,1%);  por las policías (6,2%);  por funcionarios/as de la salud privada (4,7%); por las Fuerzas Armadas (2,4%) y por familiares (1,6%).

Finalmente, los/as encuestados/as estiman que el principal problema que afecta a los migrantes en Chile es el acceso o permanencia en el trabajo (86.6%), el acceso a la vivienda (54,3%), la dicsriminación (52%), el acceso a la salud (49,6%) y  el acceso a la educación (40,9%).

Salud sexual, VIH y  consumo de drogas

El 22,1% nunca se ha hecho el examen de VIH; el 17.3% se lo hizo hace más de un año; el 14,2% entre siete meses y un año; el 14,2% hace tres meses o menos; el 11,8% entre 4 y 6 meses atrás; el 6.3% hace más de dos años; el 4.7% hace más de tres años, el 4,7% hace más de 4 años y el 4.7% hace más de cinco años.

Del total de personas encuestadas, el 64.6% declara que es VIH negativo; el 11,1% es VIH positivo; el 0,8% prefiere no decirlo; el 1,4% nunca retiró los resultados y el 22,1% jamás se ha practicado el test.

El 70,1% señala que nunca ha tenido ITS, mientras el 29.9% sí. De estos, el 13,4% ha tenido candidiasis; el 13,4%, sífilis; el 11%, condiloma; el 7.9%, gonorrea y el 3,1%, cladimia.

En tanto, en el último año el 13.4% ha tenido alguna ITS. De estos, el 7,1% sífilis; el 5,5%, condiloma; el 3.9%, candidiasis; el 3,1%, gonorrea y el 0.8%, cladimia.

Finalmente, el 60,6% dice que nunca se ha hecho el examen del Covid-19; el 32,3% sí y resultó negativo, el 5.5 % fue positivo y ya se mejoró y el 1,6% nunca se lo ha practicado, pero cree que es positivo.

El 48,8% jamás ha consumido drogas, mientras que el 51,2% sí lo ha hecho al menos una vez en su vida. De éstos, el 49.6% ha consumido marihuana, seguido por la cocaína (13,4%), el éxtasis (12,6%), tranquilizantes o somníferos sin recetas (8,7%),  LSD (7.9%), hongos (5,5%), pasta base (1.6%) y “otras” (8,7%).

En tanto, en los últimos 12 meses el 41.7% ha consumido drogas, versus el 58,3% que no lo ha hecho. El 37% consumió marihuana; el 8.7% cocaína; el 7.9% tranquilizantes o somníferos sin receta; el 5.5%, éxtasis; seguido por hongos (3,1%), LSD (2,4%), pasta base (0.8%) y otras (6,3%),

Fuente MOVILH

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Nuevo suicidio de una adolescente trans en Lille (Francia), dos semanas después de que su instituto no le permitiese acudir a clase por vestir con falda

Martes, 22 de diciembre de 2020

fouad-360x240Enésima tragedia protagonizada por una menor trans: Fouad, una chica de 17 años, se quitó la vida el pasado miércoles en Lille (norte de Francia). Tras su suicidio, las redes sociales han difundido el episodio que Fouad sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando los responsables del centro escolar la hicieron volver a su domicilio por acudir vestida con falda. Los responsables del centro, pese a reconocer lo sucedido ese día, niegan ser los culpables de lo sucedido y aluden al «contexto personal complejo» de la adolescente.

Nuevamentes las redes sociales han servido de altavoz a una tragedia que de otros modos quizá hubiera pasado inadvertida. Bajo el hashtag #JusticePourFouad una tuitera denunciaba, tras el suicidio de la joven, el episodio de discriminación tránsfoba que sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando una trabajadora del instituto Fénelon de Lille, miembro del equipo pedagógico que supuestamente le hacía acompañamiento, le recriminó que acudiese vestida con falda y la obligó a volver a su domicilio. En este punto, las versiones que circulan en redes difieren: según una versión la joven fue conminada a abandonar la clase delante de sus compañeros. Según otra, fue interceptada antes de entrar en clase. Lo que parece confirmado es que fue ella misma la que grabó con su teléfono móvil parte de la discusión con la trabajadora, que también fue difundida en redes. «Comprendo tus ganas de libertad, comprendo tus ganas de ser tú misma, lo entiendo muy bien. Y todo lo que hacemos, precisamente, es para acompañarte mejor, eso es lo que tú no entiendes» , le argumentaba la trabajadora del centro.

Palabras no demasiado comprensibles si se tiene en cuenta que el instituto conocía bien la situación de la adolescente, una chica a la que al nacer asignaron sexo masculino y que todavía no había modificar en sus documentos oficiales, y su equipo pedagógico supuestamente se había propuesto ayudarle. Los responsables educativos reconocen lo sucedido ese día, pero niegan que tenga relación con el hecho de que la chica se quitase la vida. Aluden, para justificarse, al hecho de que Fouad vivía un «contexto personal complejo» (la joven residía en una casa de acogida dependiente de los servicios sociales) y argumentan además que el prohibirle acudir a clase con falda tenía como objetivo «protegerla».

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Por nuestra parte, resulta imposible precisar más de acuerdo a lo publicado. En cualquier caso, y aun asumiendo que el suicidio de Fouad fuese el resultado de más elementos que simplemente lo sucedido el 2 de dicembre, los argumentos del centro escolar en modo alguno justifican la humillación que la joven sufrió ese día. Un episodio que, de hecho, generó la reacción de sus compañeros, que al día siguiente colocaron carteles en el instituto para denunciar lo sucedido y muchos de los cuales tres días después acudieron al centro vestidos también con falda como gesto de solidaridad. Hasta el punto de que el instituto había cedido y al parecer ya estaba dispuesto a permitir la vuelta de Fouad vestida con falda.

Tampoco nos genera mucha confianza el hecho de que la dirección del centro, se refiriese a Fouad como «un alumno» y no como una alumna (la marca de género existe en francés, al igual que en castellano) a la hora de comunicar su muerte por correo electrónico a los padres de sus compañeros, como también ha sido difundido en Twitter.

Fuente Dosmanzanas

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