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El nuevo Gobierno de coalición de Lituania acuerda promover un proyecto de ley de uniones civiles para las parejas del mismo o de distinto sexo

Lunes, 30 de noviembre de 2020

aktualijos-6820-85610875El Gobierno de coalición, de izda a dcha: Aušrinė Armonaitė ( Partido de la Libertad) Ingrida Šimonytė ( Unión de la Patria – Demócrata-Cristianos Lituanos),Viktorija Čmilytė-Nielsen (Movimiento Liberal),

Nuevo Gobierno de coalición en Lituania. Las elecciones del pasado 11 y 25 de octubre han provocado un vuelco político en el país. Una coalición de tres partidos de centroderecha liderados por la democristiana Ingrida Šimonytė ha alcanzado un acuerdo que, entre otras medidas, recoge la aprobación de un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo o de distinto sexo. Se trata del tercer intento de reconocer a las parejas del mismo sexo en el país. Aunque el principal partido de la coalición no se compromete a apoyar la medida en bloque, sus socios minoritarios confían en obtener el resto de los apoyos necesarios entre las formaciones de la oposición.

El reconocimiento de las parejas del mismo sexo en Lituania se ha intentado ya en dos ocasiones en el pasado. Una iniciativa sobre uniones civiles presentada en 2015 por nueve diputados de los partidos socialdemócrata (LSDP) y liberal (LRLS) se topó con el rechazo del entonces primer ministro Algirdas Butkevičius (LSDP). A pesar de que una comisión parlamentaria decretó su plena constitucionalidad, la medida no llegó a tramitarse y «murió» con las elecciones de octubre de 2016. Unos comicios de los que salió un Gobierno de coalición presidido por los agraristas y con los socialdemócratas como socio menor.

Durante dicha legislatura, los liberales del LRLS presentaron una nueva proposición de ley ante el Parlamento para regular las uniones civiles entre dos personas con independencia de sus sexos. En junio de 2017, la iniciativa fracasó al obtener con el rechazo de 59 diputados, frente al apoyo de 29 y la abstención de otros 20. A pesar del fracaso, la Liga Gay Lituana destacó que la medida había recabado apoyos individuales más allá del LRLS, tanto en el gobernante Partido Socialdemócrata (LSDP) como en los democristianos, en la oposición entonces junto a los liberales. La organización lo interpretó como un signo del apoyo creciente a la equiparación de derechos en el país báltico.

Más de tres años después, se presenta una nueva oportunidad, esta vez de la mano de un Gobierno de centroderecha. Tras las elecciones de los pasados días 11 y 25 de octubre, la Unión Patriótica-Democristianos Lituanos (TS-LKD), el Movimiento Liberal (LRLS) y el socioliberal Partido de la Libertad han alcanzado un acuerdo de coalición con la nueva primera ministra Ingrida Šimonytė (TS-LKD) al frente. Un pacto que ha sido calificado de «finlandés», ya que al igual que en el país nórdico, los tres partidos implicados están dirigidos por mujeres.

Entre las medidas que han acordado las tres formaciones se encuentra la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de droga y la aprobación de una ley de uniones civiles abierta a todas las parejas. Los democristianos han aceptado esta propuesta de sus socios minoritarios a cambio de reservarse el derecho a votar en contra de la misma. Los liberales y los socioliberales, sin embargo, confían en recabar el resto de los apoyos necesarios entre las formaciones de la oposición, en particular los socialdemócratas del LSPD. La posición de la TS-LKD de Šimonytė tampoco es unánime: alrededor de la mitad de sus 50 diputados podrían votar a favor de la medida cuando se presente. Estaremos pendientes del devenir de los acontecimientos.

Luces y sombras de la realidad LGTB en Lituania

La realidad LGTBI de Lituania en la última década ha estado marcada por los altibajos. En octubre de 2010 entró en vigor una reforma para prohibir la «manifestación y promoción» de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de «de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública» con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra la Liga Gay Lituana, a la que acusaba de «jugar con fuego» con «provocaciones» que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de «excéntrica» la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

En noviembre de 2015 recogíamos una noticia con un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada «propaganda homosexual» similar a la vigente en Rusia. En 2017, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual. En febrero de 2016, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. Una situación corregida en enero de 2019 por la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de parejas del mismo sexo, en aplicación de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida meses antes.

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Las jerarquías evangélica y católica presionan con fuerza para impedir la despenalización de la homosexualidad en Dominica

Lunes, 30 de noviembre de 2020

1920px-Flag_of_Dominica.svgLa Mancomunidad de Dominica (una república caribeña con una población inferior a los 70.000 habitantes) es uno de los territorios de la región en los que se sigue persiguiendo la homosexualidad legalmente. Sin embargo, en 2019 un ciudadano dominiqués abiertamente gay, del que solo conocemos las siglas DG, decidió impugnar la legislación homófoba y en la actualidad el caso está pendiente de resolución judicial. En este sentido, las jerarquías evangélica y católica de la isla están ejerciendo presiones públicas y privadas para que la «sodomía» siga siendo ilegal. Birnie Stephenson, la jueza instructora, ha tenido que abandonar el caso porque su pastor, Randy Rodney (presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica), se ha sumado a la oposición contra la demanda de despenalización. Esta situación demorará todavía más la sentencia.

pastor-randy-rodney-2_25La Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica (DAEC) solicitaba al Tribunal Supremo del país personarse como tercero contra la demanda de despenalización de la homosexualidad el pasado 17 de noviembre. La razón fundamental de dicha organización para unirse a la demanda es que podría «menoscabar o impedir los derechos morales de los cristianos». El pastor Rodney asegura que «todos los asuntos de sexo deben ser entre un hombre y una mujer». La recusación de la jueza que instruía el caso es ahora un nuevo escollo, que se une al aplazamiento que se produjo en septiembre tras unirse contra la causa el Consejo Cristiano de Dominica. El caso debía haberse retomado el 23 de noviembre, pero la salida de la jueza Stephenson lo vuelve a frenar.

índicePor su parte, la jerarquía católica dominiquesa también lleva años enfrentandose públicamente a cualquier atisbo de despenalización. Gabriel Malzaire, obispo de Roseu, publicó una carta en 2013 en la que aseguraba que «la ‘actividad’ homosexual, según las Sagradas Escrituras, es uno de los muchos males que, si no se controlan, pueden conducir a la muerte espiritual. Entre estos se encuentran el adulterio, la fornicación, las orgías, la calumnia, el odio profundamente arraigado […] Estos, junto con la ‘actividad’ homosexual, nunca estarán bien, estén o no despenalizados por el Estado».

Según palabras del obispo, «la Iglesia, en su papel de guía moral, no existe para condenar a las personas humanas, sino para condenar estilos de vida y comportamientos que no están de acuerdo con la ley divina. Por lo tanto, así como la Iglesia tiene la responsabilidad de llevar al adúltero al arrepentimiento, tiene la misma responsabilidad hacia aquellos que se entregan a la ‘actividad’ homosexual».

Malzaire añadía que «algunas cosas están bien y otras están mal, nos guste o no. Lo que está de acuerdo con la ley de Dios está bien y lo que está en contra de la ley de Dios está mal; y todos estamos llamados a vivir según la ley de Dios si la salvación es parte de nuestra agenda. Por lo tanto, ya sea que se trate de fornicación, adulterio, ‘actividad’ homosexual, toda la gama, tenemos que vivir según la ley de Dios».

558x367El abogado y activista caribeño Maurice Tomlinson, por su parte, sostiene que «las razones por las que las iglesias buscan entrar en el caso son ridículas». Tomlinson y la Canadian HIV/AIDS Legal Network están apoyando a DG en su batalla legal para la despenalización de la homosexualidad. El Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto, Minority Rights Dominica, un grupo de defensa LGTBI, y Lawyers Without Borders también están dando su respaldo.

LGTBIfobia de Estado en Dominica

Según la legislación vigente, «una persona que comete sodomía es culpable de un delito y puede ser condenada a prisión». Las penas oscilan entre los 5 y los 25 años de reclusión y «el Tribunal podrá ordenar que la persona condenada sea ingresada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento».

Al menos 35 personas fueron arrestadas por las autoridades locales y acusadas de «sodomía» entre 1995 y 2000 en Dominica. Los tribunales condenaron a los acusados a multas y penas de prisión de hasta diez años. Algunos de ellos, incluso, fueron forzados a someterse a las tan dañinas «terapias de conversión» en centros psiquiatricos (a pesar de que la comunidad científica internacional rechace sin tapujos este tipo de ‘intervenciones’).

6a0168e80ced5f970c0176173115d7970cEn 2001 15 mujeres fueron detenidas y condenadas a cinco años de prisión, acusadas de «grave indecencia». Diez hombres también fueron condenados a cinco años de prisión por «cometer actos de indecencia grave con personas del mismo sexo». En 2012, una pareja gay de California fue arrestada después de que la policía les denunciara por haber mantenido relaciones sexuales en el balcón de su cabina durante un crucero gay que estaba atracado en el puerto. Fueron liberados de la cárcel tras declararse culpables de «exposición indecente».

En julio de 2014, Roosevelt Skerrit, Primer Ministro de Dominica (en el cargo desde 2004 hasta la actualidad) declaró que, aunque en el pasado reciente se hubiera hecho, no tenía planes para aplicar la legislación contra la homosexualidad «al menos en hogares privados». A pesar de declarada LGTBIfobia del mandatario, parecía un primer paso para la atenazada comunidad LGTBI dominiquesa, en lucha por los derechos humanos no reconocidos y víctima de la persecución del Estado.

Fuente Dosmanzanas

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Alemania presentará un proyecto de ley para indemnizar a los soldados discriminados por su orientación sexual

Viernes, 27 de noviembre de 2020

media.media.c64357de-8095-409f-aa30-70b61e8d5495.original1024La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer,

El Gobierno alemán ha aprobado un proyecto de ley para rehabilitar al personal militar que sufrió discriminación por el hecho de ser homosexual. Durante décadas, al amparo del infame artículo 175 que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, los soldados gais y lesbianas se enfrentaron a la expulsión del ejército, la degradación y trabas a la hora de asumir nuevas responsabilidades. No fue hasta el año 2000 que se derogaron las últimas disposiciones que aún existían contra la comunidad LGTBI en el ámbito castrense. La iniciativa del Gobierno de Angela Merkel, que aún debe ser aprobada en el Parlamento, contempla la anulación de las condenas e indemnizaciones de 3.000 euros y se prevé que beneficiará a unas mil personas.

El Gobierno de Alemania presentó el pasado miércoles ante el Parlamento un proyecto de ley con el que busca la reparación e indemnización de los soldados alemanes expulsados, o discriminados, del Ejército por su condición homosexual.

Paso a paso, aunque siempre con demasiado retraso, el Estado alemán avanza en el reconocimiento de las víctimas de la LGTBIfobia legal que imperó en el país durante más de un siglo. En junio de 2017, el Bundestag o cámara baja del Parlamento aprobaba  por unanimidad un proyecto de ley para indemnizar a los condenados por el infame artículo 175 del Código Penal, que durante décadas criminalizó las relaciones consentidas y en privado entre hombres. El texto establece que cada condenado recibirá 3.000 euros por sentencia y 1.500 euros más por cada año que haya comenzado en prisión o en reclusión forzosa en establecimientos psiquiátricos. Casi dos años después, en marzo de 2019, el actual Gobierno ampliaba la lista de víctimas con derecho a indemnización para incluir a los imputados o recluidos en prisión provisional por el artículo 175, aunque hubieran sido finalmente absueltos.

El pasado miércoles, la coalición de democristianos (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) daba un nuevo paso adelante y aprobaba la rehabilitación de los militares afectados por las normas contra las relaciones entre personas del mismo sexo en el ejército, incluido el citado artículo 175. Durante décadas, los y las soldados gais y lesbianas se enfrentaron a la imposibilidad de ascender en la carrera militar, cuando no a la degradación o a la expulsión de la milicia. El artículo 175 no fue completamente derogado hasta 1994, y hasta el año 2000 estuvieron en vigor disposiciones discriminatorias contra los militares homosexuales.

El proyecto de ley promovido por el ministerio de Defensa de Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) contempla la anulación de las condenas dictadas por tribunales militares basadas en dichas normas LGTBIfobas y establece indemnizaciones de 3.000 euros por sentencia. Las indemnizaciones y reparaciones están destinadas a aquellos soldados que se vieron discriminados debido a su condición sexual, ya bien porque fueron expulsados, trasladados, o no contaron con las mismas posibilidades para ascender en el escalafón castrense. Se pueden beneficiar de la medida tanto los miembros del Ejército Federal (Bundeswehr) como los del extinto Ejército Popular Nacional (Nationale Volksarmee, las fuerzas armadas de la desaparecida República Democrática Alemana). Se estima que se recibirán unas mil peticiones.

La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha reconocido que si bien no se puede reparar “la forma en que estas personas han sufrido”, el Gobierno busca ofrecer una serie de reparaciones con las que “cerrar este oscuro capítulo de la historia de las Fuerzas Armadas”.

“No podemos compensar el sufrimiento que han padecido estas personas, pero queremos dar un ejemplo donde sea posible”, ha dicho Kramp-Karrenbauer a la agencia Red Editorial Alemania (RND, por sus siglas en alemán).

La iniciativa debe recibir aún el visto bueno del Bundestag, donde los partidos de la gran coalición cuentan con mayoría absoluta. Ya ha cosechado, además, apoyos desde la oposición, tanto de Los Verdes como del FDP. El diputado de los liberales Jens Brandenburg ha destacado positivamente el cambio de tono de Kramp-Karrenbauer, presidenta provisional de la CDU hasta que la formación elija a un nuevo líder el año que viene. La ministra de Defensa cuenta, como hemos recogido en otras ocasiones, con un historial de desprecio hacia la comunidad LGTBI, por lo que su implicación en la medida cobra una especial relevancia.

Fuente Agencias

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Jayne Ozanne lucha por el colectivo LGTB+ en la Iglesia de Inglaterra

Lunes, 23 de noviembre de 2020

6a00d8341c730253ef01b7c746a129970b-800wiJayne Ozanne, directora de la Fundación Ozanne, criticó el terrible impacto de la enseñanza de la Iglesia de Inglaterra en las personas de fe LGBT + y pidió medidas de seguridad “urgentes” para protegerlas.

Jayne Ozanne es una anglicana  británica que inició su fundación con la intención de  trabajar con “organizaciones religiosas de todo el mundo para eliminar la discriminación basada en la sexualidad o el género con el fin de abrazar y celebrar la igualdad y la diversidad de todos”.

Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen” es un dicho bíblico, dicho por Jesús en la cruz, que muchos conocerán. Es un sentimiento que nos urge abrazar, ofreciendo el perdón cuando nos enfrentamos a acciones que nos han herido o lastimado involuntariamente.

¿Pero qué pasa cuando los autores saben que te están hiriendo y lastimando, incluso cuando otros les dicen que está mal y que deben parar, pero siguen haciéndolo de todos modos? ¿Qué pasa cuando las víctimas gritan de dolor y los agresores parecen sordos a sus gritos y siguen adelante a pesar de todo? Seguramente esto, entonces, es diferente.

Personalmente, creo que es completamente diferente. De hecho, creo que es inmoral, inexcusable y cobarde. Es más, cuando hay pruebas claras de que ciertas acciones están hiriendo a las personas, en particular a los jóvenes al comienzo de sus vidas, entonces deben ser desafiadas y detenidas con firmeza. Si es necesario, consagrando las cosas en la ley.

Durante demasiado tiempo, muchas instituciones religiosas han sido todo menos espacios seguros para las personas LGBT+.

Porque es el deber moral de una sociedad civilizada salvaguardar a los vulnerables, no apaciguar a los perpetradores. Esto es aún más insidioso cuando el perpetrador es una institución religiosa, un lugar que se supone que debe mostrar amor y proporcionar santuario.

La verdad es que durante demasiado tiempo muchas instituciones religiosas han sido todo menos espacios seguros para las personas LGBT+.

logo_of_the_church_of_england_454x372La Iglesia de Inglaterra acaba de publicar su tan esperado recurso sobre la sexualidad, titulado Living in Love and Faith, que lleva tres años preparándose y en el que han participado más de 40 personas. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que sólo 5 de las 40 personas fueron de LGBT+

El recurso en sí mismo incluye al menos algunas voces LGBT+, que hablan desde su propia experiencia de la iglesia – experiencias de rechazo y también, en algunos lugares, de la bienvenida de la iglesia. Pero está muy lejos de lo que podría y debería haber sido. El recurso proporcionó una oportunidad muy necesaria para exponer claramente y abordar el daño que se ha hecho y se sigue haciendo a las personas LGBT+. Pero en esto ha fracasado singularmente.

Aunque los Arzobispos pueden haber reconocido el “enorme daño” que se ha causado, el informe no hace nada para abordar esto. En su lugar, el recurso se centra en animar a la gente a “escuchar y aprender” de los demás.

Como tal, pide a las personas LGBT+ que se sienten y “escuchen y aprendan” de las mismas personas que les han infligido tanto daño en primer lugar.

¿Invitaría uno a un sobreviviente del Holocausto a sentarse y escuchar los desvaríos de un negador del Holocausto?

Específicamente, anima a los gays, lesbianas, bisexuales o transexuales a sentarse y “ver a Cristo” en aquellos que piensan que su propia identidad es “pecaminosa” y que en su lugar deberían “transformarse” para convertirse en solteros y célibes – ¡una enseñanza que ha llevado a muchos a contemplar la posibilidad de quitarse la vida!

¡Es completamente ridículo! ¿Invitaría uno a un sobreviviente del Holocausto a sentarse y escuchar los desvaríos de un negador del Holocausto? ¿Se le pediría a una víctima de violación que se sentara con un violador y entendiera por qué quieren violar a la gente? No sólo es ridículo, sino que también es muy peligroso.

Existe ahora un amplio conjunto de pruebas que demuestran lo perjudiciales que son estas enseñanzas para las personas, en particular para los jóvenes LGBT+ que crecen en comunidades de fe conservadoras.

La iglesia es plenamente consciente de esta evidencia, pero elige no hacer nada para salvaguardar a las personas vulnerables – a pesar de las fuertes protestas. Se ha puesto de relieve en dos informes independientes de salvaguardia, uno del IICSA y otro sobre la trágica muerte de Peter Farquar. ¿La iglesia se ha apresurado a responder? No.

Mi fundación acaba de realizar algunas investigaciones entre la comunidad trans, con una coalición de otras organizaciones benéficas de LGBT+, entre ellas Mermaids, GIRES y Stonewall, para comprender si alguna de ellas había tenido experiencia con la llamada “terapia de conversión” de la identidad de género, y qué impacto había tenido.

Esto sigue a una encuesta similar que mi fundación realizó hace dos años sobre “fe y sexualidad”. Los resultados de la encuesta trans, que se publicarán en su totalidad en diciembre, son horribles.

Hay pruebas claras de que la “terapia de conversión” de la identidad de género (GICT) existe en muchas formas en el Reino Unido y que afecta principalmente a los jóvenes menores de 24 años.

Se observó que los dirigentes religiosos y los miembros de la comunidad participaban frecuentemente en el ofrecimiento, la realización e incluso la obligación de los encuestados de someterse a una terapia de conversión de la identidad de género.

Se descubrió que la religión jugaba un papel importante en el GICT. En primer lugar, los encuestados trans con antecedentes religiosos de niño tenían más probabilidades de que se les ofreciera GICT, decir que lo habían “elegido libremente”, o que habían sido obligados a pasar por ello.

47C700FE-7A50-434D-ABFE-BDC68640D2FBEn segundo lugar, se observó que los líderes religiosos y los miembros de la comunidad participaban frecuentemente en el ofrecimiento, la realización e incluso la obligación de los encuestados de pasar por el GICT.

En tercer lugar, había una serie de motivaciones citadas para pasar por el GICT, incluyendo la desaprobación de amigos, familia y líderes espirituales/religiosos.

La creencia religiosa también fue un factor motivador clave para pasar por el GICT, como la creencia de que ser trans era “pecaminoso“, junto con un sentido de vergüenza.

En cuarto lugar, los encuestados mencionaron una serie de prácticas religiosas por las que habían pasado, como el ayuno, la oración y los exorcismos.

Preocupantemente, también hubo informes de algunos que experimentaron una grave violencia física y sexual.

Lo que es quizás lo más preocupante, sin embargo, es que casi la mitad de los que habían pasado por el GICT habían intentado suicidarse. No es sorprendente que el 92% de los encuestados trans (367 de 399 personas) quieran que se prohíba el GICT.

La misión de la iglesia es ser una buena noticia, y es difícil ver cómo este tipo de daño proporciona una buena noticia a la comunidad trans. De hecho, todo lo contrario.

La mayoría de las personas LGBT+ son conscientes de que la enseñanza religiosa puede ser muy mala para quienes son, a quienes aman y cómo son aceptados entre ciertas comunidades religiosas.

¿Debemos perdonar a la iglesia por el daño que ha causado y sigue causando?

Ha llevado a profundas divisiones entre los miembros de la familia, amigos cercanos y colegas de trabajo. Todo esto ha tenido un costo significativo en la salud mental de las personas de fe LGBT+, y la Iglesia de Inglaterra es más que consciente de esto.

Entonces, ¿debemos perdonar a los perpetradores por sus crímenes conocidos? ¿Debemos perdonar a la iglesia por el daño que ha causado y sigue causando?

Bueno, en última instancia, encontrar la capacidad de perdonar es un regalo – y uno que libera a la persona que está haciendo el perdón. ¿El perpetrador se lo merece? No, en absoluto, y siempre deben rendir cuentas y enfrentarse a toda la fuerza de la ley.

Es por eso que yo y otros estamos trabajando tan duro para hacer de la terapia de conversión un crimen. Mientras tanto, tenemos que seguir iluminando el daño que se está haciendo, y la urgente necesidad de poner en marcha medidas de protección.

Hasta entonces diré: “Padre, perdona, incluso cuando sean plenamente conscientes de lo que hacen… ¡porque yo mismo lo encuentro increíblemente difícil de hacer!”

Fuente Pink News

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La policía egipcia continúa usando perfiles falsos en Grindr y otras apps de contactos en su cruzada contra las personas LGTBI

Jueves, 5 de noviembre de 2020

egipto-lgtb-696x415Así lo ha denunciado la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Las víctimas, localizadas entre otros métodos al contactar con perfiles falsos creados por la policía, son detenidas, encarceladas y sometidas a humillantes torturas.

Ya en 2015 nos hicimos eco de la complicada situación de las personas LGTBI en Egipto, agudizada tras la conocida como «primavera árabe», pero la situación no ha hecho sino empeorar. El año 2017, de hecho, la persecución se intensificó tras el concierto de la banda libanesa Mashrou’ Leila, dando paso a una auténtica caza de brujas organizada desde el propio estado egipcio. Y así sigue siendo, según la nueva denuncia de Human Rights Watch, que incide de nuevo en la infame práctica de crear perfiles falsos en Grindr y otras aplicaciones de contactos para personas LGTBI, a las que consigue así detener y a las que que espía el contenido de sus teléfonos para buscar cargos y justificar la detención. Una persecución que según HRW no se limita ya a varones homosexuales, sino que se extiende también a mujeres lesbianas y a personas bisexuales y trans.

Uno de los testimonios que usa HRW en su última denuncia es por ejemplo el de Yasser, de 27 años, arrestado tras quedar con un hombre a través de Grindr. «Cuando volvieron (tras la detención) me insultaron y golpearon hasta que firmé la denuncia por la que se me acusaba de ‘practicar libertinaje’ y anunciarlo públicamente para satisfacer ‘mis innaturales deseos sexuales’», relata. Yasser identificó entre los policías que le agredieron y vejaron al hombre con el que había quedado a través de la aplicación de contactos.

Su caso no es el único. La organización ha entrevistado en profundidad a 15 víctimas (entre ellas una chica trans de 17 años) que mientras permanecieron detenidas o en prisión sufrieron maltrato y tortura: golpes, duchas de agua a presión, ser atado durante días, privación de ir al baño, exámenes anales y vaginales de «virginidad» y abusos sexuales. Una activista trans de 20 años fue encarcelada durante cuatro meses en una cárcel para hombres en la que sufrió graves abusos. Otra víctima, un hombre de 37 años, denuncia que cuando les mostró su carnet de discapacitado (fruto de una paliza anterior, durante una detención en el año 2007), se lo introdujeron por el ano. «Las autoridades egipcias parecen estar compitiendo por el récord a la peor violación de los derechos de las personas LGTB+ en la región ante el silencio internacional», denuncia Rasha Younes, especialista en Medio Oriente y Norte de África de HRW, quien invita a los aliados de Egipto a retirar su apoyo a las autoridades del país hasta que las personas LGTBI no puedan vivir de manera libre.

Os dejamos, para terminar, con un vídeo que recoge las declaraciones de Ahmed Alaa, un joven gay egipcio detenido en 2017, días después del mencionado concierto. Alaa fue una de las personas identificadas ondeando la bandera arcoirís. Él mismo sufrió malos tratos durante su detención. Durante el proceso judicial conoció a la activista Sarah Hegazy, detenida por la misma razón. De hecho, una de las fotografías del momento en el que Hegazy desplegó la bandera se hizo viral y se convirtió en icono de la diversidad sexual en Egipto. Hegazi fue también sometida a maltrato físico y psicológico. Ambos escaparon a Canadá después de pagar sendas fianzas (en su momento recogimos su salida de prisión) y encontrándose a la espera de un recurso judicial. La activista nunca se recuperó del trauma sufrido en prisión y acabó suicidándose el pasado verano. Alaa sigue refugiado en Canadá, sin poder regresar a su país.

Fuente Dosmanzanas

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Detenida la activista LGTBI bielorrusa Victoria Biran en una de las marchas de mujeres contra Lukashenko

Sábado, 17 de octubre de 2020

LGBT_pride_flag_of_Belarus_02-300x150La activista bielorrusa por los derechos LGTBI+ Victoria Biran ha sido detenida y encarcelada por policías encapuchados mientras se dirigía a una de las marchas de mujeres contra Alexander Lukashenko. Amnistía Internacional reclama su liberación por ser una «presa de conciencia» y correr «especial peligro por malos tratos» al pertenecer al colectivo LGTBI.

Según señala Amnistía Internacional, el motivo del encarcelamiento de Biran fue muy posiblemente que esta portaba una bandera arcoíris mientras se dirigía a una marcha de mujeres en Minsk, la capital bielorrusa. Estas marchas pacíficas y multitudinarias de mujeres han supuesto una reacción ante la brutalidad con la que la policía había reprimido con anterioridad las convocatorias en las que participaban hombres de forma igualitaria o mayoritaria. Pese a ello, la policía bielorrusa ha llevado a cabo detenciones selectivas entre sus participantes.

La prensa internacional ha definido a a Biran como «posiblemente la activista LGTBI más brillante de su generación». Ahora Biran se encuentra privada de libertad tras ser condenada a 15 días de prisión en el centro de detención de la calle Akrestina, conocido por los opositores bielorrusos como sinónimo de tortura y otros malos tratos, incluyendo la violencia sexual, contra los detenidos. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña de difusión de este encarcelamiento y de recogida de firmas para pedir la liberación de la activista. También ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a decenas de asociaciones y colectivos LGTBI de todo el continente, se ha hecho eco de la campaña de Amnistía Internacional.

El gobierno bielorruso de Aleksander Lukashenko se ha caracterizado en los últimos años por seguir la estela de Rusia en materia LGTBI+, lo que se traduce en privación de derechos básicos como el de asociación o la aplicación de políticas contra una supuesta «propaganda homosexual». Por otra parte, Lukashenko no ha dudado en azuzar el odio en sus discursos contra la comunidad LGTBI+. En este enlace podrás descubrir más atropellos contra la comunidad LGTBI+ en Bielorrusia que hemos recogido durante años en dosmanzanas.com. Un país en el que lla homosexualidad no es ilegal, pero cuyo gobierno ha planteado medidas como aumentar la edad para permitir las relaciones del mismo sexo de los 16 a los 18 años para complacer a los sectores religiosos más conservadores del país.

Las más recientes protestas en Bielorrusia, en las que han sido detenidos varios activistas y otras personas LGTBI+ del país, se originan tras el presunto fraude electoral cometido en las pasadas elecciones del 9 de agosto en las que Lukashenko fue reelegido tras 26 años en el poder por un 80% del electorado. Recordemos que las tres líderes de la oposición que se enfrentaron al mandatario lo hicieron tras la detención de sus maridos, los principales líderes opositores. Ahora ellas se encuentran en el exilio. Por hechos como este las mujeres han adquirido un papel principal en este proceso. La Unión Europea no reconoce estos resultados, la oposición bielorrusa se sigue manifestando contra Lukashenko y este se refugia en el amparo prestado por Vladimir Putin.

Fuente Dosmanzanas

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Cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia

Martes, 6 de octubre de 2020

LGBT_Pride_Flag_of_Poland_with_coat_of_arms-300x188En una carta abierta los embajadores recuerdan al gobierno polaco que está obligado a «proteger a todos los ciudadanos de la violencia y la discriminación y garantizar que disfruten de las mismas oportunidades». La iniciativa, coordinada por la Embajada de Bélgica en Polonia, responde a la la cada vez más díficil situación de la comunidad LGTBI en el país eslavo.

Medio centenar de embajadores y representantes de organizaciones internacionales presentes en Polonia han publicado una carta abierta en la que instan al gobierno polaco a cambiar su actitud hacia la comunidad LGTBI y pasar de hostigar a sus integrantes a protegerlos. Entre sus firmantes, de todos los continentes, se encuentran los representantes europeos de España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Serbia. Del continente americano destacan las rúbricas de los diplomáticos de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Argentina y Venezuela. Asia está representada por la India mientras que África cuenta con la rúbrica de la diplomacia sudafricana. Por su parte, Oceanía colabora con las firmas de los embajadores australiano y de Nueva Zelanda.

En la misiva, coordinada por la Embajada de Bélgica en Polonia, se hace alusión a la «dignidad inherente de cada individuo como se expresa en la Declaración Universal de Derechos Humanos» y se recuerda al gobierno polaco su obligación de «proteger a todos los ciudadanos de la violencia y la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades». Los representantes internacionales también han expresado su apoyo a los organizadores del Orgullo de Varsovia y de otras ciudades polacas, que en 2020 no han podido manifestarse por las calles debido a la pandemia de covid-19.

Una carta que responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. Su punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta. «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

 

Fuente Dosmanzanas

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La justicia de Hong Kong equipara los derechos de las parejas del mismo sexo en materia de herencia, pero rechaza reconocer el matrimonio igualitario

Jueves, 1 de octubre de 2020

109951267-in-a-picture-taken-on-march-8-2011-gay-couples-kiss-jpg-crop-promovar-mediumlargeEl Alto Tribunal de Hong Kong ha emitido dos fallos en direcciones contrarias sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. En el primero de ellos, el juez ha sentenciado a favor de un matrimonio de hombres, casados en el Reino Unido, que recurrió a la justicia para denunciar la negativa de las autoridades hongkonesas a reconocerlos como copropietarios de una vivienda, impidiendo que uno la heredara en el caso del fallecimiento del otro. La sentencia establece que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la igualdad de trato en materia de herencia. En un fallo independiente de este, sin embargo, el mismo tribunal rechazó la demanda de un ciudadano que pedía el reconocimiento de su matrimonio con otro hombre contraído en Estados Unidos. El activismo lamenta que los escasos avances tengan que llegar de la mano de costosos procesos legales ante la inacción de la política.

Edgar Ng y su marido, residentes permanentes en Hong Kong, contrajeron matrimonio en Londres en 2017. Un año después, Ng adquirió un piso subvencionado en la Región Administrativa Especial (SAR), situada en el sudeste de China. Las autoridades de vivienda se negaron a reconocer a su marido como copropietario. Ng recurrió entonces a la justicia ante el temor de que, en caso de fallecimiento, su marido no pudiera heredar el inmueble.

En marzo de este año, la Corte de Apelaciones declaró inconstitucional la exclusión de las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero del acceso a la vivienda pública. Argumentó que no se puede sostener que estas parejas tengan necesidades diferentes a las de las parejas de distinto sexo sin hijos. El pasado día 18, el Alto Tribunal decretó que a las parejas del mismo sexo también les corresponden los mismos derechos en materia de herencia de acuerdo con la legislación hongkonesa.

El mismo día, el alto tribunal emitía otra sentencia sobre un proceso diferente, en esta ocasión con un resultado decepcionante para la comunidad LGTBI. Se trata del caso del activista Jimmy Sham, que había contraído matrimonio en 2013 con otro hombre en Estados Unidos. Sham arguye que la negativa de las autoridades de Hong Kong a reconocer su enlace vulnera el principio de igualdad ante la ley y no discriminación recogido en la Ley Básica de la SAR. La justicia, sin embargo, considera que la petición de Sham es «demasiado ambiciosa» e insta al demandante a especificar qué disposiciones concretas se traducen en un trato discriminatorio.

Ray Chan, miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong y primer legislador abiertamente homosexual de la SAR, hace un balance mixto de las dos sentencias. «Si demandamos, puede que progresivamente ganemos más derechos, pero a un coste prohibitivo», reflexiona, por lo que pide una mayor implicación de la clase política para resolver las desigualdades por la vía legislativa. «Es tarea del Gobierno» equiparar definitivamente los derechos de todas las parejas en Hong Kong, asegura.

La situación de la comunidad LGTBI en Hong Kong

Hong Kong vive en un equilibrio a veces complicado entre el control del Gobierno chino (receloso de cualquier reivindicación ciudadana, incluidas las de la comunidad LGTBI) y su autonomía como SAR, herencia de su antiguo estatus de colonia británica. Pese a su reputación como centro financiero internacional, la ciudad es relativamente conservadora en lo referente a derechos LGTBI, y no despenalizó las relaciones homosexuales hasta 1991. Los últimos vestigios de la ley contra la sodomía heredada de la época colonial siguieron sin embargo vigentes hasta 2007, cuando fueron totalmente anulados por el Alto Tribunal. Poco antes, en 2005, tuvo que ser otra decisión judicial la que equiparó la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales a la de las relaciones heterosexuales (pasó de los 21 a los 16 años). Y no fue hasta 2008 que Hong Kong celebró formalmente su primer Orgullo LGTB, evento del que dosmanzanas se hizo eco en su momento y que se ha ido consolidando con el tiempo.

El balance para la comunidad LGTBI en los últimos años es desigual. En junio de 2011 hacíamos referencia a la polémica contratación, por parte del departamento de Asuntos Sociales de Hong Kong, de un psiquiatra defensor de las «terapias reparadoras» de la homosexualidad para formar a los asistentes sociales. Semanas antes la policía había impedido un acto en el Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia. En julio de 2011 se producía uno de los primeros tímidos avances por parte de las autoridades: la posibilidad para las parejas del mismo sexo de aquellos trabajadores extranjeros que trabajen en la excolonia británica de solicitar el visado de residencia mientras su pareja deba permanecer en su territorio. En enero de 2013, sin embargo, el Gobierno hongkonés excluía de su discurso de intenciones el iniciar un proceso de consultas para aprobar una ley contra la discriminación de las «personas de diferente orientación sexual».

La justicia hongkonesa ha proporcionado algunas conquistas adicionales. En julio de 2018, después de un proceso de más de tres años, el Tribunal de Última Apelación generalizaba la medida gubernamental de 2011 y sentenciaba que las autoridades están obligadas a conceder visados de residencia a las parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones con las de distinto sexo. En junio de 2019, el mismo tribunal fallaba a favor de un funcionario hongkonés que había contraído matrimonio con otro hombre en Nueva Zelanda y decretaba que las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero tienen derecho a los mismos beneficios fiscales que las de distinto sexo.

Fuente Dosmanzanas

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El tenista Andy Murray pide eliminar el nombre de la pista Margaret Court de Melbourne por racista y homófoba

Sábado, 26 de septiembre de 2020

MurrayCourt-640x426La ex campeona, que dio su nombre a una cancha de Grand Slam de Australia, ha multiplicado los comentarios racistas y homofóbicos en los últimos meses.

Por si fuera poco su historial, la homófoba y campeona de tenis Margaret Court es ahora la cónsul honoraria de la república africana de Burundi, donde las personas LGBT+ han sido torturadas y los niños homosexuales son expulsados.

El ex número uno del mundo, el británico Andy Murray, dijo este jueves que estaba a favor de que el “Margaret Court Arena”, una de las principales canchas del Abierto de Australia en Melbourne, sea rebautizado porque la ex campeona australiana “ofendió a muchas personas ” por sus controvertidos comentarios sobre el apartheid o la homosexualidad. «Cambiarle el nombre es algo que el tenis debería considerar. No creo que sus valores sean lo que representa el tenis. Cuando llegás al Australian Open, querés concentrarte en el tenis. Y sus opiniones le restan valor a eso», destacó Murray en diálogo con el sitio Pridelife.com.

“No veo por qué alguien tiene un problema con dos personas que se quieren casar juntas. Si son dos hombres, o dos mujeres, eso es genial. No veo por qué debería eso importar. Todos deberían tener los mismos derechos“, señaló el escocés.

“Claramente ha ofendido y molestado a mucha gente durante años”, agregó el cinco veces finalista del Abierto de Australia, quien calificó de “positivo” que varios jugadores hayan hablado sobre el tema. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un cambio de nombre para la cancha, Murray dijo a favor: “Creo que esto es algo que el deporte debería considerar”.

Margaret Court, de 77 años, tiene el récord de títulos de Grand Slam de todos los tiempos con 24 trofeos. Ahora pastora pentecostal en Perth, Australia, fue objeto de fuertes críticas por elogiar el sistema del apartheid en Sudáfrica, diciendo que “el tenis está lleno de lesbianas” y que los niños transgénero son “Obra del diablo”. Court es una de las grandes glorias del tenis femeninos, pero en los últimos años ha llamado más la atención por sus duras declaraciones homófobas.  Ahora pastora pentecostal en Perth, Australia, fue objeto de fuertes críticas por elogiar el sistema del apartheid en Sudáfrica, diciendo que “el tenis está lleno de lesbianas” y que los niños transgénero son “Obra del diablo”.Ella ofende claramente a numerosas personas desde hace años”.

Larga lista de comentarios homófobos

Por desgracia, no es la primera vez que Court aparece en los medios por sus salidas de tono homófobas. Además de sus ataques a Navratilova, a la que siempre ha considerado “un mal ejemplo”, en 2011 ya provocó otra controversia cuando aseguró que los gais estaban “exigiendo agresivamente derechos de matrimonio que no les pertenecen“. Unas palabras que merecieron las críticas de otra leyenda del tenis (y también lesbiana) Billie Jean King.

Y en 2013, la jugadora australiana Casey Dellacqua, que tiene dos hijos con su pareja Amanda, anunció públicamente que era una madre lesbiana. Court, obsesionada con el tema, no dudó en dar su opinión y afirmó públicamente que “veo con tristeza que este bebé ha sido aparentemente privado de tener un padre” y que de seguir tachando a la “unidad familiar tradicional” de “anticuada, arcaica y ya no más necesaria o relevante” acabaremos creando “una generación sin padre“.

Ministra de una iglesia pentecostal, la ex jugadora australiana, de 77 años, elogió en su momento al régimen racista del Apartheid en Sudáfrica, dijo que los niños transgéneros son «la obra del diablo», afirmó que el tenis está «lleno de lesbianas», contó que evitaría volar en la aerolínea Qantas por su apoyo al matrimonio homosexual y respaldó a su compatriota  Israel Folau , estrella del rugby, homofóbico y ferviente evangélico.

En noviembre de 2019, Court recibió un frío homenaje por parte de la Federación Australiana de Tenis para conmemorar los 50 años de su Grand Slam (logró los cuatro grandes en 1970). Durante la silenciosa ceremonia del lunes, la que fue nombrada Homófoba del Año 2018 de Australia recibió un trofeo de otro ex jugador de tenis, Rod Laver. Sin embargo, no se le permitió dirigirse a la multitud en vivo, con un video homenaje en su lugar. El Tribunal no recibió una ovación de pie y se encontró con abucheos dispersos de la multitud, mientras que un espectador ondeó deliberadamente una bandera australiana arcoiris. Court dijo sentirse «perseguida» por sus convicciones pero aseguró que muchas personas le habían expresado su apoyo.

Navratilova y McEnroe abogaron entonces porque la Margaret Court Arena pasase a llamarse Evonne Goolagong Arena, nombre de la primera tenista aborigen en conquistar un Grand Slam.

La excampeona Martina Navratilova, abiertamente lesbiana, aseguró  que Court trata de demonizar al colectivo LGTB. “Ahora está claro lo que Court es exactamente: una jugadora de tenis increíble, y una racista y homófoba“, señaló la ex jugadora americana de origen checo, en una carta abierta. “Su vitriolo no es solo una opinión. Ella está tratando activamente de impedir que las personas LGTB obtengan los mismos derechos (nota a Court: somos seres humanos también). Está demonizando a los niños y adultos transexuales de todas partes […] Los niños sufrirán más debido a este continuo golpeo y estigmatización de nuestra comunidad LGTB“, declaró Navratilova, que ya sufrió hace años los ataques de Court. Navratilova critica que la australiana insista “con sus comentarios ridículos sobre las mujeres mayores que atraen a las jóvenes a la gira de fiestas para convertirlas en lesbianas”. “Es una buena cosa que no nombró a nadie, estoy segura de que [de lo contrario] sería demandada por difamación“, añade.

John McEnroe fue rotundo. Lo hizo a través de un vídeo satírico en el que comienza relativizando la figura de Court: “Margaret Court es una leyenda de nuestro deporte con 24 títulos de Grand Slam y 52 títulos en total. Vale, la mayoría de ellos los ganó antes de la era Open [cuando los tenistas profesionales no podían competir en los torneos del Grand Slam o en la copa Davis], pero, ¿alguien los ha contado?… 34, para ser exactos”. McEnroe recuerda también que Margaret Court perdió el primer partido de la “batalla de los sexos” contra Bobby Riggs en 1973, y que ese mismo año Billie Jean King (otra tenista lesbiana) ganó a su vez a Riggs. “Creo que sé de donde te viene todo ese odio”, se burla McEnroe…

Pero es al criticar la afirmación de Court de que el tenis está “lleno de lesbianas” cuando McEnroe se muestra más rotundo. “Margaret Court dice que el tenis está lleno de lesbianas. Bueno, tal y como yo lo veo hay tres posibilidades: número uno, que lo que dice sea cierto… ¿A quién coño le importa? Posibilidad número dos: que no sea cierto… ¿A quién coño le importa? Posibilidad número tres: que sea parcialmente cierto. ¿De verdad, a quién coño le importa?”, espeta.

Sobre la discusión abierta en torno a si el Margaret Court Arena de Melbourne (uno de los estadios que albergan el Open de Australia), John McEnroe tiene una propuesta alternativa: “Mantengan el nombre, pero cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo sea por fin legal en Australia, yo mismo llamaré a mi buen amigo Elton John para organizar allí la ceremonia de boda entre personas del mismo sexo más grande jamás vista”. Una solución que también a nosotros nos parece de lo más apropiada: toda esta reciente polémica, recordemos, deriva de la oposición de Margaret Court, reconvertida en pastora cristiana, a la aprobación del matrimonio igualitario en Australia.

“Una última cosa”, le dice John McEnroe a Margaret Court: “No te pongas histérica con el abrazo de del Potro a Almagro, con este llorando entre sus brazos [se refiere a lo sucedido  en Roland Garros, cuando el tenista argentino Juan Martín del Potro consoló con un abrazo a su rival, el español Nicolás Almagro, después de que este se lesionase y comenzase a llorar]. No es lo que piensas: es solo un ser humano decente consolando a un amigo desesperado. Necesitamos más de esto en estos tiempos. Ser solo un ser humano decente y comportarse de forma decente. ¿Sabes lo duro que sigue siendo hoy día, en 2017, salir del armario? Piensa un poco sobre ello”, acaba.

Las palabras de la extenista agitaron también las redes sociales y muchos amantes de este deporte han solicitado ya que la pista Margaret Court Arena sea renombrada, al no considerarla merecedora de tal honor. Tennis Australia, pese a haber dejado claro que no comparte la visión de Court, no tiene intención por el momento de modificar el nombre del estadio. La australiana, por su parte, dice sentirse “perseguida” y “acosada” por sus opiniones y comentarios. “Estamos siendo perseguidos. Nos están intimidando porque también tenemos libertad de expresión. Es muy, muy de sentido único“, apunta Court. Por el momento, la aerolínea Qantas no ha hecho ninguna declaración en torno a esta polémica.

Fuente Pridelife.com/Agencias/Cristianos Gays

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Tras la inhibición del Supremo, la justicia estadounidense vuelve a dar la razón al alumno trans al que no permitían usar el baño de chicos

Lunes, 21 de septiembre de 2020

gavin-grimm-victoria-legal-696x522Importante sentencia de la justicia estadounidense sobre los derechos de las personas trans. La Corte de Apelaciones del 4º Circuito ha vuelto a fallar a favor de Gavin Grimm, un joven al que su instituto no permitió usar los baños de chicos. El caso se remonta a 2016, cuando las autoridades escolares llevaron a la justicia el uso por parte del alumno de las instalaciones correspondientes a su identidad de género masculina. En 2017, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre el caso, después de que la administración Trump anulara las directrices contra la discriminación en las escuelas que había aprobado su antecesor Obama. Ahora, el tribunal que dictó la sentencia inicial vuelve a dar la razón a Grimm y declara inconstitucional el reglamento que prohibía a los alumnos usar espacios distintos a los correspondientes al sexo que les fue asignado al nacer.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres, un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia, denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administración Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en su argumentación que la equivalencia jurídica entre «sexo» e «identidad de género» no está bien clarificada).

Una decisión que el Consejo Escolar del condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3. Ya avanzada la batalla legal, el departamento de Educación de Obama había enviado en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans y que cubrían, entre otros, el uso de baños públicos y vestuarios acordes a su identidad de género.

La llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos, convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada a los pocos días de la toma de posesión de Trump, de forma que estos perdían la protección federal y su situación quedó en manos de los estados, varios de los cuales han promovido normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género.

Tras el cambio en la política del departamento de Educación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, decidió devolver la patata caliente a los tribunales de ámbito inferior para que reevaluaran el caso. En agosto del año pasado, la jueza federal Arenda L. Wright Allen emitió una primera sentencia a favor de Grimm, quien por lo demás en la actualidad ya cursa estudios universitarios. Dos semanas después, el Consejo Escolar del condado recurrió el fallo de la magistrada.

El caso volvió a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que el pasado 26 de agosto ratificaba por 2 votos a 1 que la decisión de prohibir a Grimm el uso de los baños acordes a su identidad de género es inconstitucional. El tribunal considera que el reglamento del Consejo Escolar que contiene esa previsión es contrario al Título IX, que como se ha explicado prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas, así como al mandato constitucional de igualdad de trato. La Corte de Apelaciones citó en su argumentación la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohibió la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género. En cualquier caso, el fallo es susceptible de un nuevo recurso que podría devolver la cuestión al Supremo.

 Fuente Dosmanzanas

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Un juez federal paraliza la orden de la administración Trump que despojó a las personas trans de protección antidiscriminatoria en la sanidad

Miércoles, 9 de septiembre de 2020

Judge_Frederic_Block_headshotFrederic Block

La justicia estadounidense ha suspendido una orden que pretendía despojar a las personas trans de la protección antidiscriminatoria en la sanidad. Se trata de una reforma que la administración Trump aprobó en junio y que pretendía dar vía libre a la exclusión de pacientes del sistema de salud basada en su identidad de género. El texto se enmarca en una estrategia más amplia de la administración republicana cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans. El juez federal Frederic Block decretó, un día antes de su prevista entrada en vigor, la paralización de la medida. Considera que es contraria al precedente establecido por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género.

En 2010, la administración de Barack Obama impulsó una de sus medidas más emblemáticas, la Ley de Protección al Paciente y de Cuidados Asequibles (más conocida como Obamacare). La nueva regulación prohibía la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el origen nacional, la discapacidad, la edad o el sexo en cualquier programa o actividad sanitaria que reciba financiación federal. En 2016, durante el segundo mandato de Obama, se añadió una nota aclaratoria para explicar que la categoría protegida «sexo» debía entenderse como «la percepción interna de género de cada cual, que puede ser masculino, femenino, ninguno de los dos o una combinación de masculino y femenino».

La reforma de 2016 tenía el objetivo de proteger contra la discriminación basada en la identidad de género y prohibir a los profesionales médicos, instituciones y aseguradoras la exclusión de las personas trans o intersexuales en el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos necesarios. El texto fue objeto de demandas legales y varios jueces se pronunciaron a favor y en contra. Con la llegada al poder de la administración de Donald Trump, se paralizó la aplicación de la medida hasta que en junio de este año se anunció su completa abolición.

El departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el cambio en un comunicado de prensa en el que justifica la derogación como un «retorno» al «sentido literal de la ley según se aprobó en el Congreso» y se vanagloria del ahorro en costes que supondrá. Con la nueva definición, la categoría de «sexo» se entendería como «masculino o femenino y determinado por la biología», excluyendo por tanto de la protección antidiscriminatoria a las personas trans, intersexuales o de género no binario.

La entrada en vigor de la reforma estaba prevista para el pasado 18 de agosto. Pero un día antes, un juez federal decretaba su paralización. El magistrado Frederic Block del Tribunal del Distrito Este de Nueva York consideró que la medida de la administración Trump entra en contradicción con la histórica sentencia del Tribunal Supremo, que se hizo pública también en el mes de junio, y que declaró ilegal la discriminación laboral basada en la orientación sexual o en la identidad de género. La orden del juez Block da respuesta a la demanda presentada por dos mujeres trans y paraliza la aplicación de la medida, pero no es una sentencia firme.

En el fondo del asunto se encuentra la discusión sobre el alcance de la definición de «sexo» aplicada a las normas antidiscriminatorias. Mientras que la administración Obama amplió sus límites para incluir a las personas trans, intersexuales o no binarias, la actual Casa Blanca republicana se ha fijado como objetivo la supresión de la existencia jurídica de las personas trans. En esta estrategia se enmarca la aprobación de medidas para excluir la identidad de género de las protecciones antidiscriminación que existían en el acceso al empleo, la educación, la vivienda y por último la sanidad. Una regresión que la justicia está poco a poco revirtiendo.

Fuente Dosmanzanas

 

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El Gobierno argentino instaura un cupo de al menos un 1% para personas trans en el acceso al empleo público

Martes, 8 de septiembre de 2020

alberto-fernandez-1Alberto Fernández, Presidente de Argentina

El Gobierno de Argentina ha emitido un histórico decreto que establece un cupo laboral de al menos un 1% en el empleo público para personas trans. La decisión busca compensar la discriminación estructural que este colectivo padece en la búsqueda de empleo. Podrán acogerse a este cupo «personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo» con independencia de que hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen que la ley argentina permite.

El decreto 721/2020 ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina (enlace). Su fundamentación es clara: el texto reconoce que «en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos los órganos de control y los organismos jurisdiccionales se han pronunciado» a favor de considerar que «la identidad de género y su expresión, así como también la orientación sexual, constituyen categorías prohibidas de discriminación». En especial, el decreto menciona la Opinión Consultiva N° 24 del 24 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un texto cuya importancia capital ya destacamos en su momento, al considerar que «la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género son categorías protegidas por la Convención» y que «en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación».

El decreto también reconoce que en la propia Argentina el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, en el año 2017, recomendó la adopción de medidas intersectoriales para aplicar la ley de identidad de género y mejorar el acceso a la educación, la atención de la salud, el empleo, la vivienda, el crédito, las becas y otras oportunidades, incluidas modalidades alternativas de trabajo y empleo para las mujeres trans. Y es que, ese a los avances normativos que Argentina ha experimentado en materia de identidad de género,  las personas trans «continúan teniendo dificultades para disfrutar del efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna». «Las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones», destaca el decreto. «Resulta de vital importancia transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población que tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años aproximadamente», continúa. «A esta situación se suma, como se dijo, la exclusión histórica de los ámbitos educativos y la dificultad en la obtención de trabajos formales y estables. Todo ello evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos colectivos ante la escasa y muchas veces nula posibilidad de acceder a un trabajo en condiciones igualitarias, y ello conlleva en numerosas ocasiones, y en ese contexto, al ejercicio de la prostitución», añade en otro momento.

Es por eso que, como parte de las acciones positivas que los avances normativos reseñados requieren, el Gobierno de Argentina ha decidido promover una medida que garantice la inclusión laboral de las personas trans en el sector público y las permita ejercer su derecho al trabajo: un cupo mínimo de un 1%, para lo cual se deberán establecer reservas de puestos de trabajo que serán ocupados exclusivamente por personas de este colectivo. El decreto ya incluso más lejos, ya que a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, establece que el requisito de «terminalidad educativa» no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo, por lo que si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no hubieran completado su educación se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos. En estos casos, una Unidad de Coordinación, establecida en el artículo 7 del decreto, deberá arbitrar los medios para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación de las personas afectadas con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo en cuestión.

Años por delante en el reconocimiento de los derechos de las personas trans

Un avance importantísimo, sin duda, en un país que, recordemos, ya se adelantó al resto al aprobar en 2012 una ley que permite rectificar en los registros públicos el sexo, imagen y nombre de pila con el que la persona fue inscrita al nacer cuando estos no coincidan con la identidad de género autopercibida, sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Un reconocimiento del principio de autodeterminación de género al que luego se han sumado numerosos países y que España sigue sin hacer más allá de lo establecido por algunas legislaciones autonómicas que solo afectan al marco competencial regional.

Fuente Dosmanzanas

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La Justicia argentina falló a favor de una joven trans en riesgo, pero le niegan la vivienda

Sábado, 5 de septiembre de 2020

1-A-justicia-1754x877Por Verónica Stewart

Ilustración: Flor Capella/Agencia Presentes

El pasado 27 de agosto se cumplió un año desde que la Defensoría Oficial en lo Civil Nª 1 del Departamento Judicial de Dolores, provincial de Buenos Aires, falló una acción de amparo a favor de la mujer trans Agustina González. La Justicia debe garantizar “el otorgamiento de un alojamiento digno con condiciones edilicias adecuadas, en virtud de la grave situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación en la que se encontraba por entonces”. Sin embargo, al día de hoy, dicho derecho no ha sido garantizado, y Agustina continúa viviendo en condiciones precarias e indignas.

Actualmente, Agustina se encuentra internada con riesgo de infección por falta de higiene y escaras. “Me conformo solamente con que me arreglen mi casa donde yo vivo”, dijo a Presentes. “Que me revoquen un poco, tener el baño adentro. El techo gotea, y me fui enfermando con el tema de la humedad y con todas las enfermedades que tengo – principalmente, HIV, – me invalida aún más”.

Una cadena de violencias y exclusión

Agustina vivía en lo que su abogada Cecilia Coronel describió a Presentes como “una situación de marginalidad importante. Ha sufrido violencia de género y abuso familiar, y ha tenido que vivir de casa en casa y ejercer la prostitución”, agregó. Vive en una construcción precaria, sin baño interno ni calefacción. El proceso judicial se extendió por varios meses pero cuando el juez dictó sentencia definitiva el 10 de marzo, el amparo indicaba que la Municipalidad de Dolores debía brindarle, en forma inmediata, “un alojamiento digno y seguro en condiciones de habitabilidad por el plazo de un año mientras duren las condiciones de marginalidad y vulnerabilidad”. Debía proveerle, además, una atención a su salud interdisciplinaria, que incluyera tanto a una psicóloga como a una trabajadora social.

“Dijeron que no se pueden comprobar las situaciones de violencia

Pero ante la sentencia favorable del fallo para Agustina, el Municipio apeló. En mayo del presente año, el Tribunal de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó el fallo. Para entonces, habían pasado varios meses y la situación de salud de Agustina, y con ella la urgencia de su pedido, había cambiado. Tras una infección en una muela, Agustina debió ser trasladada al Hospital San Juan de Dios en La Plata y, dado el contexto de Covid-19, el personal médico accedió a que continuara con su tratamiento desde su hogar.

Por lo tanto, la falta de condiciones dignas de habitabilidad se volvió aún más apremiante. “Cuando se volvió a insistir, ahora con el fallo de la Cámara, el abogado llevó la propuesta con un lugar amueblado”, contó Coronel a Presentes. “Primero, dijeron que no se pueden comprobar las situaciones de violencia y de abuso que ha sufrido. Segundo, que cambió de pedido, que al principio había pedido un plan de vivienda y ahora estaba pidiendo un alquiler. Nosotras seguimos insistiendo, pero los medios de Dolores no cubrieron el caso”, agregó. El colectivo de Mujeres y Diversidades Dolorenses se encargó de buscar dicho departamento amueblado, pero todavía no hay respuesta ante la petición de la Defensoría del Pueblo para que el Estado municipal se lo otorgue.

Emergencia habitacional

Según el comunicado “Los derechos humanos de la población travesti y trans en aislamiento obligatorio publicado por CELS el 19 de junio, la situación habitacional para dicha población es crítica. De los 180 hoteles familiares declarados en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales muchos funcionan como vivienda, varios “ofrecen condiciones de habitabilidad precaria: baños sin desagües aptos, goteras en las habitaciones, cocinas comunes sin salubridad ni seguridad. Un departamento en alquiler para vivienda es mucho más barato, pero se vuelve inaccesibles por la exigencia de garantías o porque las inmobiliarias o les dueñes rechazan el contrato a personas travestis y trans”, continúa el informe.

Como indica el artículo académico Visibilizar la vulnerabilidad. Comunidad trans en situación de calle, relatos de trayectorias habitacionales y las respuestas institucionales realizado por FADU, UBA, en 2016 el 33,1% de la muestra estudiada indicó vivir en cuartos de alquiler de hoteles. El artículo también señala que “en general una de cada tres personas trans vive en hogares pobres por ingreso”, y que la expulsión temprana del hogar familiar, la necesidad de ingresar tempranamente al mundo laboral y, en general, tener que hacerlo de modo informal, y “el no contar con las redes de apoyo de los vínculos de la familia de origen”, son algunas posibles causas de este problema

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Fuente Agencia Presentes

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Una mujer trans es encerrada en una cárcel masculina y le niegan su tratamiento hormonal

Miércoles, 2 de septiembre de 2020

índiceKarla Bello

Una mujer trans está demandando a una cárcel en Florida donde fue retenida en un centro para hombres, sin nombre y se le negó su tratamiento hormonal durante 11 días por multas de tránsito impagas.

Según WUSF, Karla Bello, de 37 años, fue encarcelada en la cárcel del condado de Pinellas en noviembre del año pasado durante 11 días después de que faltó a una cita en la corte para abordar multas de tránsito impagadas. Karla Bello perdió más que su libertad cuando entró en la cárcel del condado de Pinellas. Cuando  fue registrada por un cargo derivado de multas de tráfico sin pagar, le dijo a un trabajador de la cárcel que era una mujer. Ella había comenzado la transición a los 30 años. Pero ella fue desnudada por agentes masculinos y colocada en un bloque celular masculino. Los oficiales la llamaron “señor”.

Bello, una trabajadora de salud en el hogar, estaba pasando apuros económicos en ese momento y no pudo pagar las multas ni la fianza de $ 513 establecida para su liberación.

Aunque le dijo al personal de la cárcel que era una mujer, la colocaron en una unidad para hombres y la nombraron como hombre en repetidas ocasiones y la desnaturalizaron. Ella dijo: “Me despojaron de mi identidad. Aunque todo el mundo me conoce como Karla, me llama ‘señorita’, querían etiquetarme como hombre, y me llamaban ‘señor’, y fue muy doloroso tener que soportar eso “.

La cárcel también despojó a la mujer trans de todo lo que afirmaba su género, incluido su sostén, extensiones de cabello y tratamiento hormonal vital. “Es tan estúpido llorar por el cabello y el maquillaje”, le dijo al Tampa Bay Times, con la voz quebrada. “Pero cuando te quita lo que tú dices que eres, Dios mío”.

El encarcelamiento ya es un proceso deshumanizante. Pero puede ser aún más implacable para quienes enfrentaron discriminación y marginación antes de ser encerrados.

Lo que Bello soportó es típico de la forma en que las personas transgénero son tratadas mientras están encarceladas, dicen los defensores de los derechos de las personas transgénero.

El personal de la prisión le dijo que no podía tomar su medicación porque, como persona trans con dificultades para acceder a la atención médica, no tenía receta médica. La interrupción repentina de su tratamiento hormonal hizo que Bello desarrollara dolores en el pecho, otros problemas físicos y angustia emocional extrema. Según los informes, los registros muestran que el personal de la prisión investigó sus síntomas físicos, pero no encontró problemas médicos. “Me llevó a la sala de psiquiatría“, dijo Bello. “Como si empezara a deprimirme, me estaba volviendo suicida. Había decidido, no puedo vivir con esto, voy a morir aquí”.

Para el séptimo dia, ella estaba bajo estrecha observación por parte del personal de la cárcel porque podría llegar a suicidarse. “Voy a morir aquí”, recuerda haber pensado. “Voy a terminar con mi vida”.

Y34HTYOX6NHQTNPF3I42QJ6DH4Karla Bello asiste a una audiencia en la corte del condado de Pinellas con su abogada, Rook Elizabeth Ringer. (Marta Asencio Rhine| Times)

Finalmente, un grupo de derechos trans se enteró de la situación de Bello, pagó su fianza y solicitó la ayuda de la abogada Rook Elizabeth Ringer de Lento Law Group, quien ahora representará a la mujer trans en su demanda contra el condado de Pinellas, el sheriff Bob Gualtieri y 15 oficiales y personal de la cárcel.

Los estudios muestran que están encerrados de manera desproporcionada y es más probable que sean abusados por el personal y los compañeros de prisión. Eso puede conducir a trauma y depresión y, en casos extremos, asesinato o suicidio. El alguacil de Pinellas, Bob Gualtieri, dijo que su personal de la cárcel hace lo mejor que puede para satisfacer las necesidades de los reclusos, pero reconoció que a veces maltrataron a Bello durante sus 11 días en la cárcel, particularmente al desdibujar su identidad. La Oficina del Alguacil pide a los oficiales usar los nombres y pronombres fieles al individuo, dijo. Pero no es una política escrita. “No necesitamos traumatizar a estas personas”, dijo Gualitieri, “Así que lo Exploraré”.

Ringer dijo: “El trato del condado de Pinellas a la Sra. Bello no solo es impactante y, como creemos, ilegal, sino que muestra el continuo prejuicio que enfrentan las personas transgénero en Florida y en todo Estados Unidos. Ningún funcionario del condado se atrevería a colocar a una persona no transgénero en una unidad de vivienda de la cárcel que esté en conflicto con su identidad de género. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que los oficiales del alguacil del condado de Pinellas y los funcionarios de la prisión hicieron con la Sra. Bello aparentemente sin otra razón que ella es una persona transgénero”.

Además de buscar daños a través de la demanda federal, Bello también exige que el condado de Pinellas implemente nuevas políticas para proteger a los reclusos trans en el futuro. Ella dijo: “Quiero justicia, para mí, pero al mismo tiempo tiene que ser un gran problema, porque alguna otra mujer transgénero podría no tener tanta suerte cuando le pase a ella”.

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5VZGSQMKMJAAPDPPOCLTUW4XFQ(Douglas R.Clifford| Times )

Oriunda de México, Bello creció en Wimauma en una familia católica.

A los 7 u 8 años, dijo, comenzó a darse cuenta de que lo que sentía por dentro no se alineaba con su aspecto. Poco después, vio una drag queen actuando en un programa de televisión. La revelación de que podía usar vestidos deslumbrantes y lápiz labial brillante la emocionó.

Entonces su madre le dijo: “Oh, esas personas son asquerosas”, recordó Bello que le dijo.La reacción detuvo su autoexploración durante años.

En 2000 se graduó de La Escuela Secundaria Wharton en New Tampa, luego se enlistó en el Ejército. Bello trató de enterrar la sensación de que era una mujer, esperando que disminuyera con el tiempo.

Karla trató de salir con hombres mientras estaba prestando el servicio en Alemania, pero la burla homofóbica de sus compañeros soldados era demasiado para manejar. Finalmente, fue dada de baja honorablemente, dijo, bajo la política militar “no preguntes, no digas”, que prohibió a los miembros del servicio gay y lésbico hasta que fue derogada en 2011.

De vuelta a casa, encontró una pasión trabajando como cuidadora de adultos con discapacidades. Ella entendió lo que era vivir con un cuerpo que no podía controlar.

Fuente Pink News/Tampabay

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El número de personas trans asesinadas este año en Estados Unidos (la mayoría mujeres) iguala ya al de todo 2019

Miércoles, 26 de agosto de 2020

Protesta-Marcha-Dia-Transfobia-realizada_LRZIMA20130608_0002_11Esto sí es invisibilizar a las mujeres, “amigasTERFs

Han bastado poco más de siete meses para que el número de personas trans asesinadas en Estados Unidos supere el de todo 2019. Al menos 28, 23 de ellas mujeres (en 2019 fueron asesinadas 26 personas trans), según el recuento de la organización National Center for Transgender Equality. La entidad denuncia además que la violencia tránsfoba se ceba, muy en particular, con las mujeres negras y latinas.

Estados Unidos no es, por desgracia, el país con mayor número de personas trans asesinadas. Según los datos de Transgender Europe, tanto en 2018 como en 2019 Brasil y México superaron a su vecino del norte en esta macabra estadística, y es previsible que así siga siendo en 2020. Pero el hecho de que en la primera potencia mundial las cifras sigan siendo tan desgarradoras, de que la tendencia siga en aumento y de que ocurra, además, en el contexto de una feroz transfobia impulsada por organizaciones de diverso signo convierte en dato en especialmente inquietante: 28 personas trans asesinadas (23 mujeres, 4 hombres y una persona no binaria).

«Las personas trans, y especialmente las mujeres negras y latinas, son marginadas, estigmatizadas y criminalizadas en nuestro país. Sufren violencia a diario y temen acudir a la policía en busca de ayuda», ha denunciado Rodrigo Heng-Lehtinen, vicedirector ejecutivo del National Center for Transgender Equality, que ha señalado además la responsabilidad de la fuerzas policiales a la hora de no proteger adecuadamente a las personas trans y les ha exigido cambios profundos. «Pero las reformas deben ir más allá si se quiere terminar con el racismo sistémico y la transfobia que empujan a tantas personas trans de color a situaciones vulnerables, sin vivienda estable, sin trabajos seguros y sin hogares en los que se sientan queridas. Nadie debería ser obligado a vivir con miedo», ha añadido, destacando la necesidad de abordar la discriminación tránsfoba de una manera integral, atendiendo no solo a los aspectos de seguridad policial, sino al derecho a una vivienda o a un trabajo digno que permita a las personas trans salir de la marginalidad.

En este sentido no esta de más recordar, una vez más, que la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres, en Estados Unidos y en el resto de países del mundo), la xenofobia o el desprecio hacia las trabajadoras del sexo. Según denunció Transgender Europe a finales de 2018, aunque en dos tercios de las víctimas identificadas entre 2008 y 2018 se desconocía su actividad profesional, del resto la mayoría (646) eran trabajadoras sexuales. Y si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, el 65% de las víctimas trans asesinadas durante ese periodo eran migrantes.

Fuente Dosmanzanas

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El Estado peruano reconoce por primera vez a las parejas del mismo sexo en sus ayudas a familiares de profesionales de salud fallecidos por COVID-19

Martes, 25 de agosto de 2020

cual-es-la-bandera-de-peruPequeño pero significativo avance en Perú: por primera vez, el Estado peruano reconoce formalmente a las parejas del mismo sexo que convivan bajo un mismo techo, aunque sólo como beneficiarias de una entrega económica a los deudos del personal de salud fallecido como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Mediante un Decreto publicado el 8 de agosto en el diario oficial El Peruano, el Estado extiende a las parejas del mismo sexo una serie de beneficios económicos que ha decidido otorgar a los deudos de las personas fallecidas a causa de la COVID-19. «Se considera como personas beneficiarias de la entrega económica a los herederos forzosos y legales del personal de la salud, en el marco de lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 de las presentes normas complementarias. Para efectos de la presente norma, también se consideran personas beneficiarias a los y las convivientes del mismo sexo del personal de salud fallecido, conforme a los lineamientos que establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Resolución Ministerial, en un plazo de quince (15) días calendario contados desde la publicación del presente Decreto Supremo», reza el artículo 6.2 del anexo al decreto.

Este mismo viernes se han aprobado los correspondientes lineamientos, tal y como ha anunciado en redes sociales el Ministerio peruano de Justicia y Derechos Humanos. El propio Ministerio admite que se trata de la primera norma que de forma explícita reconoce las parejas del mismo sexo, «bajo los principios de igualdad y no discriminación». Los convivientes del mismo sexo que quieran solicitar la ayuda deberán acreditar documentalmente su convivencia durante un mínimo de dos años, aportando además una declaración jurada de dos testigos:

 

Aunque pueda parecer pequeño, no deja de constituir un avance en un país en el que las parejas del mismo sexo llevan años viendo como una y otra vez desde el poder político se les niega la posibilidad de ver reconocidos sus derechos y que ni siquiera ha sido capaz de aprobar, no ya el matrimonio, sino una ley de uniones que le acerque, aunque sea mínimamente, a sus vecinos. En estos momentos, las esperanzas de la aprobación del matrimonio igualitario en Perú penden de los tribunales. Ya hay tres pronunciamientos judiciales favorables, referidos a Óscar Ugarteche y Fidel Aroche (que contrajeron matrimonio en 2010 en Ciudad de México), a Susel Paredes y Gracia Aljovín (que se casaron en Estados Unidos en 2016) y a otros dos ciudadanos peruanos, A.A.M.S. y D.A.U.F., casados también en Estados Unidos en 2015. La demanda de Ugarteche y Aroche, de hecho, está ya sobre la mesa de la Corte Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

Fuente Dosmanzanas

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Fernando Ferrín Calamita, el juez homófobo inhabilitado en 2009, hostiga públicamente a la pareja de mujeres que lo denunció

Viernes, 14 de agosto de 2020

898916El exjuez Fernando Ferrín Calamita, quien fue inhabilitado en 2009 por obstaculizar de forma intencionada la adopción de una menor solicitada por la esposa de su madre biológica, continúa hostigando a las mujeres que en su día lo demandaron. Recientemente, Calamita, de conocidas convicciones homófobas, empleó su perfil en la red social Facebook para incitar al odio contra ambas mujeres, difundiendo una carta llena de bulos —en la que llegar a afirmar que, tras separarse, la pareja había entregado a la menor a los servicios sociales—, que se hizo viral y motivó montones de insultos y amenazas hacia las susodichas.

La historia comienza en la primavera de 2006, cuando Vanesa inició los trámites para adoptar a la hija biológica de su esposa, con el fin de constar como madre de la niña a instancias administrativas y judiciales. El exjuez Fernando Ferrín Calamita, que entonces se encontraba al frente de un Juzgado de Familia en Murcia, se encargó de tramitar aquella solicitud de adopción —y, además, se opuso desde el principio al asunto—. Por esa razón, Vanesa se vio obligada a interponer una demanda contra dicho juez a comienzos de 2008, al sospechar que el jurista estaba cometiendo un delito de prevaricación judicial, pues este había impuesto una serie de trámites innecesarios —como pedir que se nombrara a un defensor judicial a los menores, o que se realizasen una serie de preguntas a la psicóloga del caso acerca de la conveniencia de que la niña conviviera con dos mujeres—.

«La niña pasó más de dos años sin poder tener los apellidos de sus madres y sin que la madre no biológica pudiera pedir ningún tipo de permiso. Esta no era la primera vez que este juez hacía cosas de ese estilo. Ya había otra gente que había sufrido lo suyo con él, pero ahí fue cuando ya le abrieron un expediente disciplinario y, además, ellas lo demandaron», explica a dosmanzanas Ade Campillo, presidenta de ASFAGALEM (Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia).

A finales de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó a Calamita a dos años, tres meses y un día de inhabilitación, y a pagar 6.000 euros de indemnización, por «retraso malicioso». El fiscal, el abogado de la pareja y el propio condenado —quien argumentaba que la menor «tenía derecho a vivir en una familia normal»— recurrieron. Al final, el Supremo acabó condenando en 2009 por prevaricación al juez, aumentando además de dos a diez años el periodo de inhabilitación para ejercer como tal.

Durante sus diez años de inhabilitación, Ferrín Calamita no perdió el tiempo. Además de solicitar el indulto al Ministerio de Justicia —algo que le fue denegado—, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional —recurso que no fue admitido a trámite— y, además, llegó a escribir un libro —titulado Yo, víctima de la cristofobia: El calvario de un juez católico por cumplir la ley en España—. Los editores del manual aseguraban del autor que el pobre había sido «presionado, amenazado, extorsionado y, finalmente, expulsado de su trabajo, teniendo que pasar por un verdadero calvario profesional y familiar; incluido el linchamiento mediático y la merma de su salud». Además, cabe señalar que durante todo ese tiempo recibió el apoyo público de la plataforma de ultraderecha HazteOír.

En 2019, al cumplirse los diez años de suspensión, el Tribunal Supremo rechazó rehabilitar a Fernando Ferrín Calamita por «una auténtica compulsión homófoba». Sin embargo, él decidió volver a la carga recientemente, escribiendo y compartiendo en su perfil de Facebook una carta dirigida a «Candela, la niña adoptada» —quien hoy es ya una adolescente—, relatándole una serie de hechos falsos —desmentidos públicamente por la madre biológica de la niña— de los que varios portales se hicieron eco sin molestarse en contrastar la información. «Ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la CARM que ahora se llama de Familias y LGTBI», rezaba la misiva con la que el exjuez pretendía justificar lo que hizo en su día, seguir dando rienda suelta a su homofobia y, sobre todo, incitar al odio contra las madres de la menor.

«En primer lugar, necesitamos parar el bulo y el odio hacia la familia concreta, porque están difundiendo una foto de ellas que salió cuando ocurrió aquello, están diciendo sus nombres, el nombre y edad de la niña, etc. Como juez de familia que ha sido, él sabe perfectamente que tú no puedes abandonar a una niña en servicios sociales. Sabe que, en todo caso, los servicios sociales podrían retirarte a la niña porque esté en una situación de abandono, desamparo o peligro. No sabemos qué pretendía, si es una cuestión de venganza o qué. Pero lo peor de todo es el odio que está generando en redes sociales», apostilla preocupada Campillo. Una pesadilla que, por desgracia para sus protagonistas, se alarga ya demasiado en el tiempo.

Fuente Dosmanzanas

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Dos hombres han sido condenados en Túnez a un año de prisión por mantener relaciones homosexuales

Martes, 11 de agosto de 2020

040416-tunez-homosexualidadDos tunecinos han sido condenados a un año de cárcel por mantener relaciones homosexuales. En primera instancia, la pena establecida fue del doble de tiempo, pero se redujo en la apelación. Los tribunales han considerado como prueba de cargo la negativa de ambos a someterse a un examen anal, práctica considerada como una forma de tortura y que el Gobierno tunecino se comprometió a abandonar.

Los dos hombres, ambos de 26 años de edad, fueron detenidos el pasado 3 de junio en la ciudad de Kef, situada al suroeste de la capital, después de que uno de ellos denunciara al otro por un préstamo no devuelto. Según la asociación de defensa de los derechos humanos Damj, la policía de Kef los instó a que «confesaran que eran homosexuales» mediante acoso, insultos y amenazas de cárcel. Posteriormente, ambos fueron encausados por la vulneración del artículo 230 del Código Penal tunecino, que castiga las relaciones sexuales entre varones con penas de hasta tres años de prisión.

Hassina Darraji, la abogada de los jóvenes durante el proceso de apelación, declaró a Human Rights Watch que sus defendidos le aseguraron que la policía también les instó a que se sometieran a un examen anal para probar la relación sexual. Ambos se negaron, pero esa misma negativa fue considerada como prueba en la sentencia. En primera instancia, el 6 de junio fueron condenados a dos años de prisión, una de las penas más altas en procesos de este tipo, y fueron trasladados a la cárcel de Ben Arous, donde se han dado varios casos de infección por covid-19.

A finales del mes de julio tuvo lugar la vista de su apelación, tras la que la pena fue rebajada a un año de prisión. Sin embargo, el tribunal volvió a estimar la negativa a someterse al examen anal como una prueba de cargo. Para Human Rights Watch, esta condena supone «una violación del derecho a la intimidad y a la no discriminación consagrado en la Constitución de Túnez de 2014». Rasha Younes, una de sus investigadoras, señala que «mientras que otros países y organismos internacionales elogian a Túnez por sus logros en materia de derechos humanos, la penalización y el enjuiciamiento de la conducta homosexual revela una realidad diferente». El Colectivo Civil para las Libertades Individuales, que reúne a más de 40 asociaciones de defensa de los derechos civiles, asegura que en 2019 se llevaron a cabo en Túnez cerca de 120 procesos por homosexualidad.

En cuanto a los exámenes anales forzados, en 2017, durante la audiencia del Examen Periódico Universal de Túnez en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la delegación tunecina Túnez aceptó oficialmente la recomendación de acabar con esa práctica como método para «demostrar la homosexualidad» en los procesos penales. Pero el abandono no sería absoluto, pues, tal y como declaró el representante tunecino: «Los exámenes médicos se llevarán a cabo únicamente con el consentimiento de la persona y en presencia de un experto médico».

Según Human Rights Watch, este enfoque particular de las autoridades tunecinas no reconoce que el consentimiento se ve seriamente afectado, dado que los tribunales de primera instancia pueden inferir la culpabilidad a partir de la negativa a someterse al examen. Además, la evidencia científica asegura que los exámenes anales no tienen ningún valor probatorio para demostrar la homosexualidad. Esas pruebas invasivas, cuando se realizan por la fuerza, son intrusivas y constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, que viola el derecho internacional y la ética médica. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha establecido que, cuando los exámenes anales son auspiciados por el Estado, constituyen una forma de tortura.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses.

En febrero de 2019, un joven tunecino que denunció haber sido violado por dos agresores era condenado a ocho meses de prisión por mantener relaciones homosexuales.

En marzo del pasado 2018 de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Munir Baatur, abogado y activista LGBTI en Túnez, 48 años, se presentó como candidato en las elecciones presidenciales de un país que mantiene en vigor una ley que castiga con hasta tres años de cárcel las prácticas homosexuales. Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI son legales desde la revolución de 2011, y Baatur es el presidente de la organización Shams.

En junio de ese mismo año, la Comisión de Libertades Individuales e Igualdad hacía público un informe en el que recomiendan al Estado que acabe con la persecución legal de las relaciones entre personas del mismo sexo. Las conclusiones de su trabajo apuntan a la despenalización de la homosexualidad y el fin de los infames «exámenes anales». El Parlamento tunecino, sin embargo, rechazó debatir las propuestas de la comisión.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La Unión Europea no concederá ayudas a seis ciudades polacas que se declararon «zonas libres de ideología LGTB»

Viernes, 7 de agosto de 2020

pegatina-homofoba-Polonia-Gazeta-Polska-237x300Más de cien municipios, además de varios condados y regiones que cubren en conjunto una tercera parte de la superficie de Polonia, se han declarado «zonas libres de ideología LGTB». La iniciativa se ha extendido principalmente por el sudeste del país, feudo principal de Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna el país. 

La Comisión Europea ha acordado negar las ayudas a seis ciudades polacas que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países por declararse «zonas libres de ideología LGTB». La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, ha anunciado esta medida sin detallar qué ciudades son concretamente las que no podrán acogerse a estas ayudas europeas. «Los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea deben ser respetados por los Estados miembros y las autoridades estatales. Es por esto que las solicitudes de hermanamiento de seis ciudades polacas que se declararon ‘zonas libres de LGTBI’ o adoptaron resoluciones de ‘derechos de la familia’ han sido denegadas»:

Estas ayudas se calculan entre los 5.000 y 25.000 euros para los consistorios que soliciten crear vínculos culturales, educativos y sociales con otras ciudades europeas. La agencia responsable del programa, la EACEA, estipula en las convocatorias que esta ayuda debe estar accesible a todos los ciudadanos, sin discriminación por ningún motivo, incluyendo la orientación sexual.

Otras corporaciones locales han tomado la iniciativa y han sido ellas mismas las que han cancelado su hermanamiento con distintas ciudades polacas cuyas corporaciones locales han aprobado resoluciones homófobas bajo una u otra denominación. Este ha sido el caso de la localidad francesa de Saint-Jean-de-Braye, que el pasado febrero dio por finalizado su hermanamiento con Tuchów.

Como ya informamos gobiernos locales de Polonia que abarcan hasta un tercio de la superficie del país se han declarado «zonas libres de ideología LGTB». La medida de odio LGTBfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfreilibres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena de las «zonas libres de ideología LGTB». En enero, el activista Bart Staszewski inició una campaña para visualizar el estigma de esta iniciativa posando con signos en varios idiomas junto a las señales de entrada a las localidades adheridas a la iniciativa LGTBfoba (ver imagen, a la izquierda). A fecha de hoy, las jurisdicciones declaradas «zonas libres de ideología LGTB» abarcan un tercio de la superficie total de Polonia e incluyen cerca de cien municipios, al menos dieciocho condados y cinco regiones (a las cuatro iniciales se les unió Łódź).

Esto es fruto del auge del discurso del odio que se ha instalado en el panorama político polaco, especialmente favorecido por Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna el país. En las recientes elecciones presidenciales, por ejemplo, el candidato del PiS (que resultó reelegido por un estrecho margen) calificó la existencia de la diversidad sexual de una «ideología extranjera más dañina que el comunismo». Un discurso que poco a poco el PiS intenta trasladar a la legislación, como ha puesto de manifiesto el reciente voto del Parlamento polaco a favor de una iniciativa para criminalizar la educación sexual.

Campañas de odio similares a las que se pueden ver en Rusia y a las que los medios de comunicación ultraconservadores polacos se suman animando a la población a que identifique sus negocios, casas o enseres personales con enseñas que aluden a la denominación «zonas libres de LGTB». Un buen ejemplo de este clima de opinión es el hecho de que la cadena de televisión pública polaca definiera recientemente a España como un país que vive «bajo una dictadura LGTB».

Desde las instituciones europeas no descartan ampliar las sanciones a Polonia por estas prácticas. Cabe recordar que las mismas corporaciones locales que demandan estos fondos de la Unión Europea alientan el discurso contra los valores que la propia Unión encarna. Un discurso que la extrema derecha también se empieza a instalar en España: conviene recordar también que el PiS y Vox han establecido una colaboración para «fortalecer el modelo familiar tradicional».

Fuente: Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La justicia saudí encarcela a un bloguero yemení acusado de apoyar los derechos de las personas homosexuales

Miércoles, 5 de agosto de 2020

421C745C-5951-4756-91D6-8C0E3C92155ALa justicia saudí ha condenado a un bloguero por expresarse a favor de los derechos de las personas homosexuales en la red social Twitter. Mohamad al-Bokari, ciudadano yemení residente en Riad, ha sido condenado a una pena de diez meses de prisión y una multa de 10.000 riales (unos 2.254 euros). Su delito, grabar un vídeo con el mensaje «Todas las personas tienen derechos y deberían poder ejercerlos libremente, incluidas las personas homosexuales». Tras cumplir su condena, Al-Bokari podría ser expulsado a su país de origen, Yemen, de donde escapó huyendo de la guerra que lo asola desde hace cinco años.

El bloguero yemení vivía en Arabia Saudí en situación irregular tras huir de su país natal en junio del año pasado. El pasado mes de abril, publicó un vídeo en Twitter sobre el reconocimiento de las minorías sexuales expresando su apoyo a los derechos de todas las personas, incluidas las homosexuales. Las autoridades saudíes lo detuvieron y lo enviaron a prisión provisional en Riad bajo la acusación de «propaganda homosexual» e «imitación de las mujeres».

La sentencia se dio a conocer el pasado 20 de julio y fija una condena de diez meses de cárcel y una multa de 10.000 riales (el equivalente a unos 2.254 euros). Al-Bokari tiene un plazo de treinta días desde la notificación de la pena para presentar un recurso. Si la condena se hace firme, tras cumplirla se enfrentará además a la expulsión al Yemen asolado por la guerra del que escapó el año pasado.

Desde la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denuncian que Al-Bokari ha sido víctima de un tratamiento inhumano por parte de las autoridades saudíes. Según sus fuentes, el detenido pasó seis semanas en régimen de aislamiento en una celda sin aire acondicionado ni ventanas y fue sometido a la tortura de los exámenes anales por su percibida homosexualidad. HRW añade que el bloguero padece de una enfermedad cardiaca crónica y se enfrenta a amenazas de muerte si es deportado a Yemen.

Una régimen hasta ahora implacable con el colectivo LGTBI

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTBI, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

Nos hemos hecho eco de algunos casos: en marzo de 2017, por ejemplo, informábamos de la detención de 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una «fiesta para homosexuales». También dimos cuenta de la tortura y asesinado de dos mujeres transexuales por parte de la Policía de la Moral. En noviembre de 2014, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.

Fuente Dosmanzanas/ Cristianos Gays

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