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Grupo evangélico anti-LGBTQ+ demanda a la universidad de Cambridge por “discriminación religiosa”

Viernes, 23 de septiembre de 2022

2200FD62-503E-4A6E-B3B0-E896AD725113Un grupo cristiano anti-LGBTQ+ presentó una demanda contra una universidad de Cambridge por supuesta “discriminación” después de rechazar una reserva para una conferencia.

Christian Concern alega discriminación por motivos de creencias religiosas, luego de que Fitzwilliam College se negara a organizar un evento planificado considerado “no compatible con los valores de la universidad”.

El grupo se acercó a los funcionarios de Fitzwilliam College con una solicitud de reserva para un evento que denominó “Wilberforce Academy”, que se iba a llevar a cabo del 5 al 10 de septiembre.

Después de que el personal de la universidad realizó una revisión externa del grupo, su jefe de catering y eventos dijo que había “preocupaciones sobre la comunidad LGBT” y una supuesta oposición al matrimonio homosexual.

“Eso generó preocupaciones sobre la reacción de los estudiantes de la universidad si se aceptaba la reserva”, dijo el abogado Yaaser Vanderman, que representó a la universidad, durante una audiencia preliminar el jueves (15 de septiembre).

“El colegio informó al reclamante que había decidido no aceptar las reservas con el argumento de que ‘el evento no es compatible con los valores del colegio’.

Christian Concern rechazó rotundamente las afirmaciones de que no era inclusivo, a pesar de aceptar que su percepción del matrimonio es que es solo entre un hombre y una mujer.

En representación del grupo, el abogado Alasdair Henderson dijo: “Estábamos muy preocupados por los problemas más amplios de la libertad de expresión en los campus”.

El juez Ross concluyó que había un “asunto por tratar”, pero que el reclamo no era adecuado para el Tribunal Superior. Aún no se ha anunciado la fecha y el lugar del juicio en un tribunal inferior.

También señaló que Christian Concern debería elegir una táctica diferente en la corte del condado.

Fitzwilliam College dijo que acogía con beneplácito la decisión de la corte y agregó: “La universidad continúa aceptando reservas para conferencias de una amplia gama de grupos y organizaciones, con diferentes creencias e intereses, incluidos muchos grupos religiosos”.

Christian Concern, que trabaja para oponerse a las leyes de igualdad del Reino Unido, ganó notoriedad por varios reclamos anti-LGBTQ+, incluida una campaña que instó a las personas a presentarse en un cine Vue para ver la proyección de un documental sobre la “cura” gay.

“Durante más de una década, la Academia Wilberforce ha organizado una conferencia de una semana para estudiantes universitarios y jóvenes profesionales que desean averiguar cómo aplicar su fe cristiana en la cultura actual y, más específicamente, dentro de sus vocaciones elegidas, incluidas las leyes, la política. , educación, medios, artes y negocios”, dijo un portavoz en un comunicado después de la audiencia.

“La conferencia incluye enseñanzas sobre creencias bíblicas que han sido reconocidas por la Iglesia cristiana a nivel mundial durante los últimos 2000 años”. 

Fuente Pink News

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Mali anuncia que criminalizará la homosexualidad por primera vez en su historia reciente

Martes, 6 de septiembre de 2022

Mahamadou-Kassogue-MaliCasi al mismo tiempo del comunicado alentador del primer ministro de Singapur, se producían las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos de Mali, Mahamadou Kassogué. El ministro maliense presidía unas jornadas en las que debatía con distintos sectores sociales la próxima reforma del Código Penal, en las que la criminalización de las relaciones homosexuales tuvo un especial protagonismo. Los participantes en el debate trataban de conciliar el hecho de que la homosexualidad sea socialmente rechazada en una sociedad predominantemente islámica y sin embargo no esté sancionada legalmente.

Al final de las jornadas el ministro Kassogué, que calificó las relaciones homosexuales como «antinaturales», declaró lo siguiente: «Nuestro sistema de justicia no acepta la práctica de la homosexualidad, pero no ha habido nunca ninguna sanción. Estas jornadas nos han permitido tomar resoluciones para que la homosexualidad sea castigada en Mali». La solución será castigarla, aunque sin nombrarla, encuadrándola en una categoría general de actos indecentes y contra natura entre personas del mismo sexo.

Efectivamente, ni el Código Penal de 2001 ni su predecesor, el Código Penal de 1961, estipulan disposiciones relativas a los actos sexuales consensuados entre adultos del mismo sexo. No obstante, en determinados momentos algunas milicias islamistas del norte del país han tratado de aplicar la sharía o ley islámica y castigar la práctica de la homosexualidad con la pena de muerte.

Antiguo fiscal del Estado especializado en la lucha contra la corrupción, Kassogué forma parte del actual Gobierno encargado de la transición a la democracia después del golpe de Estado militar de 2021. Es significativo y altamente preocupante que el titular de la cartera de Justicia y Derechos humanos incardine en ese proceso de democratización la penalización por primera vez de las relaciones consensuadas entre adultos del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

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República Democrática del Congo: siete mujeres trans condenadas a la esclavitud por los jefes tradicionales de sus poblados

Jueves, 1 de septiembre de 2022

Bandera-de-Republica-Democratica-del-CongoMapa-de-Republica-Democratica-del-CongoLos jefes tradicionales de unos poblados de la zona oriental de la República Democrática del Congo condenaron a siete mujeres trans a ser convertidas en esclavas y trabajar como tales en los campos. La condena se produjo después de años durante los que las mujeres fueron objeto constante de vejaciones, agresiones sexuales e incluso mutilaciones, y tras ser amenazadas con ser quemadas vivas en una hoguera pública. Afortunadamente, las siete mujeres lograron huir y han sido acogidas por Rainbow Sunrise Mapambazuko, una organización de defensa de los derechos LGTBI que también ha tenido que abandonar su sede debido a las amenazas de muerte recibidas.

El activista congoleño Jérémie Safari, líder de la organización de defensa de los derechos LGTBI Rainbow Sunrise Mapambazuko, ha detallado la historia de siete mujeres trans que se vieron obligadas a huir de sus poblaciones por haber sido condenadas a la esclavitud tras años de agresiones y vejaciones. Las mujeres vivían en la región de Kivu del Sur, un emplazamiento en donde durante décadas ha habido enfrentamientos entre partidarios de la República Democrática del Congo y leales a la vecina Ruanda. La zona sigue supervisada por las tropas de Naciones Unidas en una misión de paz denominada MONUSCO.

Según relata Safari, las mujeres habían huido de Walumgu y otras poblaciones de los alrededores, y fueron reconocidas por un miembro de Rainbow Sunrise Mapambazuko en la zona de la capital de la región, Bukavu, cuando estaban siendo atacadas por unos jóvenes. Afortunadamente, pudo ofrecerles refugio en las dependencias de la organización, aunque el emplazamiento es provisional y precario porque ellos mismos tuvieron que huir de su sede en el mes de junio debido a las amenazas de muerte que estaban recibiendo.

Rainbow-Sunrise-MapambazukoLas mujeres contaron cómo durante años fueron maltratadas por sus vecinos, que las consideraban culpables de «transgredir las normas y costumbres locales y de vivir de forma antinatural. Se les acusaba de envenenar los campos, de hacer infecunda la tierra y, en general, de embrujar a la población». Por ello, sufrieron frecuentes vejaciones, insultos e incluso les arrojaron piedras. Pero la situación empeoró cada vez más hasta que fueron perseguidas, agredidas sexualmente y mutiladas. Algunos miembros de la comunidad de Walumgu reclamaron que fueran quemadas vivas en una hoguera pública, pero los jefes tradicionales de los poblados propusieron como alternativa el que fueran esclavizadas y trabajaran en ese estado en una parcela de dos hectáreas.

Después de cuatro días de estar sometidas a esclavitud, las siete mujeres lograron escapar y recorrieron a pie unos treinta kilómetros hasta alcanzar los alrededores de Bukavu, donde han sido acogidas por Rainbow Sunrise Mapambazuko.

Las siete mujeres son un ejemplo más de las vejaciones, agresiones y maltratos de los que son objeto las personas trans alrededor de todo el mundo.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de Uganda suspende las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país

Martes, 23 de agosto de 2022

36D4B3BF-D6C7-4B2D-9CDA-A1495AA57239El Gobierno de Uganda ha suspendido las actividades de SMUG (Sexual Minorities Uganda), la principal organización de defensa de los derechos de las personas LGTBI.Utilizando un subterfugio legal, la administración ugandesa trata de acallar cualquier voz que se oponga a la persecución de las minorías sexuales, en un país donde las relaciones homosexuales están castigadas con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Según Frank Mughisa, director ejecutivo de SMUG, la suspensión está dictada por grupos homófobos y tránsfobos que se han infiltrado en la administración ugandesa.

El pasado 3 de agosto, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Uganda se puso en contacto con la organización SMUG para ordenarle el cese inmediato de sus actividades por no estar registrada como ONG. Según Stephen Okell, supervisor de la agencia gubernamental, SMUG estaba funcionando «ilegalmente».

Sin embargo, SMUG emitió un comunicado en el que informaba de cómo fue rechazada su solicitud de inscripción debido a que consideraron que su nombre, que hacía referencia a las minorías sexuales, era «inapropiado». Esa negativa fue recurrida ante los tribunales, que corroboraron la decisión de la agencia.

El comunicado de SMUG es el siguiente:

Declaración sobre el cese de las actividades de Sexual Minorities Uganda por parte de la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales

El miércoles 3 de agosto de 2022, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, el organismo gubernamental que regula las ONG en Uganda, suspendió las actividades de Sexual Minorities Uganda por no estar registrada en la Oficina de ONG.

Cabe señalar que en 2012, Frank Mugisha y otros solicitaron a la Oficina de Servicios de Registro de Uganda (URSB), en virtud del artículo 18 de la Ley de empresas de 2012, el registro del nombre de la entidad propuesta. En una carta fechada el 16 de febrero de 2016, la URSB rechazó la solicitud de registro del nombre «Minorías Sexuales de Uganda» por considerar que dicho nombre era «indeseable y no registrable que la empresa propuesta se constituya para defender los derechos y el bienestar de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y queer, que se dedican a actividades etiquetadas como actos delictivos en virtud del artículo 145 de la Ley del Código Penal». Una decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Uganda.

La negativa a legalizar las operaciones de SMUG, que buscan proteger a las personas LGBTQ que siguen sufriendo una gran discriminación en Uganda, fomentada activamente por líderes políticos y religiosos, fue un claro indicador de que el gobierno de Uganda y sus organismos son inflexibles y tratan a las minorías sexuales y de género ugandesas como ciudadanos de segunda clase. Esto compromete aún más los esfuerzos para exigir mejores servicios sanitarios y agrava el ya de por sí inestable ambiente para la comunidad LGBTQ.

«Se trata de una clara caza de brujas arraigada en la homofobia sistemática que está alimentada por los movimientos antigay y antigénero que se han infiltrado en las oficinas públicas con el objetivo de influir en la legislación para borrar a la comunidad LGBTQ».

Frank Mugisha, activista gay ugandés.

El articulo 145 del Código Penal al que se refería la URSB es el que castiga las relaciones homosexuales con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. Existe, además, un proyecto de ley para endurecer aún más esas penas, aprobado por el Parlamento de Uganda en mayo de 2021, que fue devuelto por el presidente Yoweri Museveni para solventar algunos problemas de procedimiento, pero que aún está en trámite parlamentario.

SMUG, como coordinadora y proveedora de amparo legal ha sido decisiva en que los tribunales ugandeses hayan sido renuentes a aplicar el artículo 145, obligando incluso a que la policía utilice subterfugios como el incumplimiento de las medidas de protección contra la epidemia de la COVID-19 para efectuar redadas y detenciones masivas. También fue quien logró que los tribunales impidieran la publicación de listas de personas LGTBIpara su escarnio social. Un miembro destacado de SMUG fue el recordado activista David Kato, que fue brutalmente asesinado en su domicilio en 2011.

Numerosas asociaciones de defensa de los derechos LGTBI, como Council for Global Equality, OutRight Action International y Pan Africa ILGA han condenado firmemente la suspensión de las actividades de SMUG. Por su parte, en su cuenta de Twitter, SMUG ha compartido un mensaje contundente: «Volveremos».

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Un profesor trans ganó el juicio contra la Universidad mexicana que lo despidió por discriminación

Sábado, 20 de agosto de 2022

B33B6E76-D1E6-49B1-94AD-4B5C373C1318Loren Daniel Ibarra se convirtió en el primer profesor trans en México en ganarle un juicio a una Universidad por discriminación.

Loren Daniel Ibarra se convirtió en el primer profesor trans en México en ganarle un juicio a una Universidad por discriminación. La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) lo despidió injustificadamente tras exigir que se reconociera su identidad de género. Luego de cinco años una de las instancias de justicia donde presentó su caso reconoció y comprobó que la UANL violó su derecho a la no discriminación.

Que una autoridad se haya atrevido a investigar a la UANL es increíble. Mencionar que sí fue discriminación es importante por el mensaje que da y que, por mucho que se intente esconder y burocratizar. Lo importante es la rendición de cuentas y esa es mi motivación. Estoy muy feliz que se haya logrado. Para mí es como si se acabara un ghosting de cinco años que me hicieron todas las instituciones que me dijeron todo este tiempo que lo que viví no era nada”, dijo Loren a Presentes.

De acuerdo a su abogada María Romero, defensora de los derechos humanos de la organización El Clóset LGBT, esta sentencia es la primera en su tipo en todo México. Reconoce y acredita que hubo discriminación en un entorno laboral y donde se menciona, además, que fue en contra de una persona trans.

El laudo, como se conoce a la resolución final del conflicto laboral, fue emitido el pasado 2 de agosto por Mónica Díaz Fraustro, presidenta de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León.

En México la Junta de Conciliación y Arbitraje es un órgano autónomo encargado de impartir justicia, generar soluciones y dar fin a conflictos entre relaciones laborales, y si bien no está incorporada al poder judicial, sus sentencias son vinculantes.

Qué ordena la sentencia

La sentencia ordena que la UANL restituya a Loren Daniel en sus actividades como docente y auxiliar administrativo dentro de la Facultad de Psicología, puestos que desempeñaba antes de ser despedido por transodio.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de Nuevo León debe estudiar las circunstancias de vulnerabilidad de Loren Daniel con el objetivo de ser ingresado al Registro Nacional de Víctimas.

Para que a Loren se le reconociera como víctima de discriminación tuvo que comprobar daño moral por medio de peritajes psicológicos que lo acreditaran. Loren tuvo que repetir su historia tres veces frente a tres profesionales distintos. El primero, parte de su defensa, acreditó el daño moral. El segundo, un psicólogo por parte de la UANL, revictimizó y patologizó a Loren. Hubo un tercer peritaje psicológico solicitado por la Junta de Conciliación, ésta vez sin estigma, y acreditó que Loren tuvo daño moral provocado por el despido injustificado.

Tras la sentencia emitida la UANL aún puede ampararse. Loren comenta que de lograrlo y prolongarse aún más su proceso de justicia, buscará escalar su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Yo solo exigí que se respetara mi identidad”

Loren Daniel cursó licenciatura, maestría y doctorado en la UANL y tras un desempeño sobresaliente en 2015, Álvaro Antonio Ascary Aguillón Ramírez (entonces subdirector administrativo de la Facultad de Psicología) le ofreció una oferta de trabajo. Así Loren comenzó su relación laboral con la Universidad como trabajador administrativo de tiempo completo y profesor de asignatura en esa Facultad.

En enero de 2016 Loren se presentó ante sus grupos con pronombre masculino. Así comenzó su transición social frente a su alumnado y para octubre de ese año Loren ya contaba con su identidad de género reconocida en su acta de nacimiento. A partir de ahí Loren decidió avisar a Aguillón Ramírez (quien ya fungía como director de la Facultad de Psicología de la UANL) sobre su proceso de transición y entregó su documentación rectificada a la Coordinación de Recursos Humanos.

“Todavía me acuerdo, fue el 23 de enero de 2017 cuando tuve una cita con el director. Le conté sobre mi transición y la necesidad de rectificar mis datos. En esa junta, me hizo ver que no había ningún problema con ser trans y que simplemente siguiera desempeñando mi trabajo. Pero la rectificación de mis datos en el contrato no sucedía y me daban mil razones sin sentido”, recuerda Loren en entrevista con Presentes.

“Imagínate, el día del maestro (11 de mayo) se me reconoció como el mejor docente en la evaluación al desempeño magisterial que aplica el Centro de Evaluación de la UANL y en la ceremonia, la coordinadora de recursos humanos, la licenciada Ana Laura Guajardo de la Garza, me nombró en femenino y el diploma tenía mi nombre anterior. Así pasaron los meses hasta que terminó el semestre. Yo solo quería no tener que explicarle al banco que era una persona trans cada quincena que llegaba mi pago. Yo solo exigí que se respetara mi identidad”, concluye Loren.

La transfobia terminó por romper su proyecto de vida

El 12 de mayo de 2017 Loren se dio de alta en el servicio médico de la UANL como parte de sus derechos laborales. “En mi expediente escribieron que yo tenía trastorno de la identidad sexual, ¿puedes creerlo? …una universidad”, dice con indignación Loren.

El 7 de agosto de 2017, a inicios de un nuevo semestre, Loren se presentó a trabajar en su horario habitual. Al salir de su primera clase fue citado por la dirección. En esa reunión Aguillón Ramírez le dijo que le quitaría las 15 horas de docencia que tenía asignadas.

“Las razones que me dio fue que según él tenía muchas responsabilidades asignadas al ser trabajador administrativo, docente y estar haciendo mi tesis de doctorado. Algo sin sentido porque mi desempeño como profesor nunca fue mediocre, al contrario, la misma facultad me evaluaba como sobresaliente”, comenta Loren.

El 15 de agosto Loren dejó de dar clases luego que el director de la Facultad ordenara quitarle su responsabilidad como profesor de asignatura. Ese primer despido injustificado rompió con el proyecto de vida de Loren pues su objetivo es ser profesor-investigador.

De agosto de 2017 a febrero de 2018 Loren Daniel continuó recibiendo un trato diferenciado y exclusión por parte Aguillón Ramírez, quien continuaba afirmando que Loren “no contaba con el perfil de docente”. El departamento de recursos humanos aún no corregía su nombre y género en la plantilla laboral.

En los meses siguientes Loren buscó varias vías para recuperar su trabajo como docente pero continuó recibiendo negativas por parte de la UANL. Entonces, decidió denunciar la discriminación que vivía.

Segundo despido injustificado y omisión de la CEDH

El 15 de febrero de 2018, Loren levantó una queja por discriminación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH). Pero no le brindaron opciones de medidas de protección como pudo ser una asesoría legal para ampararse y no perder su empleo.

A la fecha, la CEDH no ha investigado ni emitido recomendación alguna y mantiene sin revisar al menos cinco quejas interpuestas por Loren.

Para el 16 de marzo de 2018 la coordinadora de recursos humanos de la UANL le informó a Loren que estaba “en rescisión laboral” por la queja que había interpuesto ante la CEDH. Así fue despedido sin justificación de su segundo empleo como auxiliar administrativo de la Facultad de Psicología.

“La coordinadora mencionaba mi queja de la CEDH como ‘demanda laboral’ y en todo momento se negó a darme explicaciones de la anulación de mi contrato. Solo me dijo que cualquier asunto lo hiciera por escrito ante el departamento jurídico de la UANL”, recuerda Loren.

A uno como víctima o como sobreviviente le exigen que cumpla los términos, a pesar de estar en una situación caótica. Pero ellos no cumplen sus propios términos. En cuatro años llevo muchos procesos y quejas diferentes. Irónicamente, unas de esas quejas de la CEDH son porque no se han resuelto las otras quejas. Es absurdo que quienes deben amparar nuestros derechos humanos sean también quienes los obstaculizan y quienes nos abandonan”, agrega Loren. Leer más…

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El Gobierno de Singapur estudia la despenalización de las relaciones homosexuales entre varones

Martes, 16 de agosto de 2022

efa140786f9f0e97El ministro de Justicia e Interior del Gobierno de Singapur ha informado de que se está estudiando la derogación del artículo 377-A del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales entre varones, pero blindando completamente la definición actual del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer ante posibles desafíos legales en los tribunales. La Iglesia católica presiona para que esa definición permanezca, aunque se atisba un pequeño avance en su postura al no oponerse directamente a la despenalización de la homosexualidad. Desde el activismo LGTBI, la prioridad reside precisamente en la desaparición definitiva del artículo 377-A sin que, por el momento, se promueva la revisión de la definición del matrimonio.

763DAE30-5E5C-4DFC-8378-62AE2BD2966FEl ministro de Justicia e Interior de Singapur, Kasiviswanathan Shanmugam, informó a través de las redes sociales de que su Gobierno está revisando actualmente la reforma del Código Penal para derogar el artículo 377-A, que castiga las relaciones homosexuales entre varones hasta con dos años de prisión. A su vez, aclaró que esta reforma iría unida a un blindaje aún mayor de la definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, para que no pueda ser impugnada en los tribunales. «Ahora estamos estudiando la mejor manera de lograr este equilibrio», concluyó el ministro.

El artículo 377-A, heredero de la legislación colonial británica, solo se está aplicando en la práctica en los casos en que las relaciones sexuales entre varones sean públicas, no en el ámbito privado, al ser definidas como actos de «indecencia grave». Sin embargo, sigue suponiendo un evidente caso de discriminación, puesto que el mismo criterio no se aplica a las relaciones heterosexuales. En varias ocasiones, la Alta Corte de Singapur ha rechazado declararlo inconstitucional, puesto que la Carta Magna del país asiático no protege específicamente contra la discriminación por razón de sexo u orientación sexual. La derogación de la sección 377-A queda así en manos del poder legislativo.

Por su parte, la Iglesia católica, con cierta influencia en un país mayoritariamente budista, se opuso en su día a la despenalización de las relaciones homosexuales con una carta pastoral en la que se prevenía contra la posibilidad de que a la derogación del artículo 377-A siguieran nuevas reivindicaciones de la comunidad LGTB, como el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. En esta ocasión, tras las declaraciones del ministro de Justicia e Interior, la archidiócesis de Singapur ha emitido un comunicado en el que aplaude y apoya «la clara articulación del gobierno de su posición sobre el matrimonio y estamos seguros de que están buscando salvaguardar su posición actual de la ley que define el matrimonio como entre un hombre y una mujer.  Esperamos que se reconozcan y mantengan las salvaguardias sobre el matrimonio y nuestra libertad de proclamar y enseñar sin miedo ni favor lo que creemos». Sin calificar de ningún modo la pretensión de despenalizar las relaciones homosexuales, pero sin expresar su oposición, la archidiócesis exige que las personas LGTBI respeten «nuestro derecho a mantener nuestra posición sobre el matrimonio y que la unidad familiar esté formada por un padre, una madre y sus hijos». De hecho, tras oponerse a derogar la ley nacional que criminalizaba la homosexualidad, el futuro cardenal de Singapur busca la bienvenida a las personas LGBTQ en la Iglesia.

Para la organización singapurense de defensa de los derechos LGTBI Oogachaga, no hay planes inmediatos de reclamar reformas respecto al matrimonio, siendo la derogación del artículo 377-A la prioridad. Para los activistas de Pink Dot SG, la redefinición del matrimonio «solo se producirá a través de la educación y el cambio de los corazones y las mentes. El propio Gobierno ha reconocido que las políticas deben reflejar las normas cambiantes. Solo esperamos que los cambios que están contemplando dejen espacio para que la sociedad siga manteniendo conversaciones de buena fe sobre estos temas».

Una sociedad muy conservadora

377aSingapur es una ciudad-estado del sudeste asiático, con una economía capitalista fuertemente desarrollada. Poblada por diferentes grupos étnicos y religiosos, la mayor parte de su población es de origen chino, aunque hay una elevada proporción de malayos e indios. La religión más practicada es el budismo, si bien existen importantes minorías musulmana y cristiana. Es, en cualquier caso, una sociedad globalmente muy conservadora.

Singapur no despenalizó hasta 2007 tanto el sexo oral como el sexo anal, pero solo para heterosexuales. Las relaciones homosexuales masculinas siguen penalizadas como «actos de indecencia» de acuerdo a la ya mencionada sección 377-A del Código Penal, aunque en la práctica no se persiguen, siempre y cuando se practiquen, como se dijo anteriormente, en privado. De hecho, en 2006 se anunció una reforma para despenalizarlas que nunca se llegó a materializar.

En 2015, el Gobierno de Singapur emitió un informe para Naciones Unidas en el que defendía el mantenimiento de la penalización de las relaciones homosexuales masculinas calificándola de «equilibrada» al no aplicarse al ámbito privado.

Esperemos que las declaraciones actuales del ministro de Justicia e Interior sean reflejo de una auténtica voluntad del Gobierno y que el artículo 377-A sea finalmente derogado.

Fuente Dosmanzanas

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Canadá retira prohibición a que hombres gay donen sangre

Viernes, 12 de agosto de 2022

donacion-sangre1OTTAWA — El Departamento de Salud de Canadá retiró las restricciones que prohibían que los hombres homosexuales donaran sangre, una medida que el primer ministro Justin Trudeau dijo es “una buena noticia para todos los canadienses” pero tardó demasiado en llegar.

Trudeau señaló en una conferencia de prensa que la prohibición debió haberse retirado hace 10 o 15 años, pero que gobiernos anteriores no habían realizado investigaciones que demostraran que no afectaría a la seguridad de la provisión de sangre.

El primer ministro añadió que su gobierno gastó 5 millones de dólares canadienses (3,9 millones de dólares) en investigaciones sobre los aspectos de seguridad del cambio de las normas de donación de sangre, y múltiples informes científicos demostraron que “nuestro suministro de sangre seguirá siendo seguro”.

El Departamento de Salud aprobó la solicitud de los Servicios Canadienses de Sangre de poner fin a la política que impide que los homosexuales donen sangre durante los tres meses posteriores a la práctica de relaciones sexuales entre gays.

El servicio de sangre le pidió al departamento que le permitiera prescindir de las preguntas sobre el género o la sexualidad y, en lugar de ello basar su selección en comportamientos sexuales de mayor riesgo, tales como el sexo anal.

A partir del 30 de septiembre, a más tardar, se les preguntará a los posibles donantes si han tenido parejas sexuales nuevas o diversas en los últimos meses, independientemente de su género u orientación sexual. A los que respondan afirmativamente se les preguntará si han mantenido relaciones sexuales de mayor riesgo. Si lo han hecho, tendrán que esperar tres meses después de dicha actividad para poder donar sangre.

La agencia señaló que preguntar sobre el comportamiento sexual en lugar de la orientación sexual permitirá evaluar con mayor confiabilidad el riesgo de que el donador tenga VIH o padezca otras infecciones.

Catherine Lewis, portavoz de los Servicios Canadienses de Sangre, dijo que el cambio de criterios está “basado en la ciencia” y le permite a la agencia ser más inclusiva en cuanto a quién puede donar, sin dejar de garantizar un suministro de sangre seguro.

La política comenzó a aplicarse en 1992 en forma de prohibición total de que los hombres gay donaran sangre tras un escándalo de sangre contaminada. Posteriormente se introdujeron varios cambios en el régimen de donación hasta que los periodos de aplazamiento para donaciones de varones homosexuales se redujeron de una prohibición de por vida a tres meses en 2019.

Fuente Associated Press

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Cuba someterá a referéndum el Código de las Familias que permite el matrimonio igualitario y la adopción homoparental

Jueves, 4 de agosto de 2022

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La Asamblea Nacional de Cuba ha aprobado el Código de las Familias, que recoge el derecho al matrimonio igualitario y la adopción homoparental, fijando el 25 de septiembre como la fecha en que se someterá a referéndum vinculante para su implantación definitiva. Aunque el nuevo código cuenta con el respaldo del Gobierno y del Partido Comunista, también se enfrenta a la fuerte oposición tanto de la Iglesia católica como de las cada vez más influyentes Iglesias evangélicas. La gestación del nuevo código se ha producido, precisamente, después de que la presión de los grupos religiosos impidiera que el matrimonio entre personas del mismo sexo se incluyera en la recientemente aprobada Constitución cubana.

El pasado 22 de julio, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó el nuevo Código de las Familias, que debería sustituir a la legislación vigente al respecto desde hace 47 años. El proyecto de ley se perfiló con la colaboración de la ciudadanía a través de consultas populares y reuniones que produjeron la modificación de cerca de la mitad del primer anteproyecto, según los datos ofrecidos por el diario gubernamental Gamma. Las principales modificaciones afectaron, precisamente, a la definición de la institución del matrimonio y la filiación.

Las nuevas leyes ampliarán los derechos matrimoniales a las parejas LGBTQ+ y permitirán reconocer como padres a otros adultos que no sean las madres y padres biológicos de los niños, informó the Washington Post.  

El nuevo código de familia se sometió a una consulta pública a principios de este año, en la que las autoridades afirmaron que el 62% de los cubanos estaban a favor de los cambios.

Sin embargo, esta cifra fue inferior a la de referendos anteriores. La nueva Constitución fue aprobada con el 86% de los votos en 2019 sin incluir el matrimonio igualitario y algunas propuestas políticas en referendos anteriores recibieron el apoyo de alrededor del 95% de los votantes.

La Constitución cubana aprobada en 20197B072EF8-E70B-482A-BE41-9F99C4186DA4 define el matrimonio como «una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos». Un texto deliberadamente ambiguo que dejaba la definición precisa de la institución matrimonial en manos de la legislación.

Cumpliendo con ese mandato constitucional, el título VI del Código de las Familias, referente al matrimonio, recoge en primer lugar el artículo 197, con la siguiente redacción:

Artículo 197. Matrimonio.

1. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuos.

2. Constituye una de las formas de organización de las familias y se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, deberes y capacidad legal de los cónyuges.

3. El matrimonio solo produce efectos legales cuando se formaliza ante el funcionario competente.

En cuanto a la adopción homoparental, el nuevo código se refiere siempre a los cónyuges, cuando esa figura es necesaria, sin establecer diferencia alguna a su sexo o género. Es decir, el nuevo Código de las Familias recoge la definición del matrimonio que se incluía en el anteproyecto de reforma de la Constitución, pero que la presión de las confesiones religiosas impidió que se materializara.

Para poder ser implementada, la nueva normativa deberá ser aprobada en referéndum vinculante, que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre (una semana antes entre los cubanos residentes en el exterior). La pregunta sometida a consulta será: «Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?», y deberá recibir más del 50 % de los votos emitidos.

Al presentar el código para su votación en la Asamblea Nacional, el ministro de Justicia cubano, Oscar Silvera Martínez, dijo que la medida promovía “el amor, el afecto, el cuidado, la sensibilidad, el respeto a los demás y la armonía de nuestras familias”, informó Reuters.

El ministro se pronunció en Twitter después de que el Parlamento aprobara la decisión de celebrar el referéndum, calificando la votación de “día histórico”: “Es el resultado de mucho trabajo y, en particular, de la contribución de nuestro pueblo“, escribió e instó a los cubanos a votar por la medida.

 

Según el ministro de Justicia cubano, Óscar Silvera Martínez, «estamos en presencia de un Código que es para el beneficio de todos, lo que patentiza su carácter inclusivo, protector y de igualdad, que no regula modelos familiares rígidos ni preestablecidos, y permite solucionar los conflictos que acontezcan y ejercer los derechos reconocidos en ese ámbito, atendiendo a las características, situaciones y posibilidades de cada persona».

Ria Acosta Cruz y Gabriela Alfonso, una pareja del mismo sexo que vive en La Habana, dijeron a Reuters que era su derecho humano poder casarse y adoptar niños. “La oportunidad que nos da es la del matrimonio”, dijo Alfonso. “El hecho de poder optar juntos a ciertas cosas y ciertos trámites legales que necesitamos como pareja y no como personas independientes”.

Acosta añadió que se trata de un “matrimonio“, ya que la pareja de homosexuales ha construido una vida en común, pero quieren que se reconozca legalmente su relación y su futura familia. “Tenemos los planes juntos, la economía junta“, dijo. “No es justo que no exista esta posibilidad”.

El texto ha recibido el apoyo tanto de los miembros del Gobierno cubano como de los distintos movimientos sociales que forman parte del Partido Comunista en el poder. Sin embargo, mientras otros plebiscitos contaban con un apoyo abrumador en las encuestas, siempre por encima del 95 %, en este caso el respaldo popular que reflejan es de apenas un 62 %. Esto se debe, sin duda, a la fuerte oposición de la Iglesia católica y de las Iglesias evangélicas.

Rechazo de las Iglesias católica y evangélica

En un comunicado de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba7910F597-E1F6-476E-B460-D074B8038C24, durante el proceso de aprobación del Código de las Familias, los integrantes de la institución religiosa afirmaban: «Creemos que nuestro pueblo, en la materia que nos atañe, fue muy claro en la discusión previa a la aprobación de la Constitución actual del 2019. Es una constatación innegable que la mayoría de los cubanos quiso que se mantuviera la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, tal y como aparece en el actual Código de Familia de 1975». También acusaba al proyecto de ley de estar «permeado por lo que se conoce como ‘ideología de género’» y solicitaba que los artículos del texto afectados por esa supuesta ideología fuesen sometidos a referéndum por separado.

Desde las Iglesias evangélicas la oposición no es de menor calibre. Una de sus plataformas más populares es la llamada «A la escuela sin ideología de género», que se formó para paralizar una reforma educativa que, en su opinión, quería llevar a las escuelas lo que ellos definen como ideología, consiguiendo el apoyo de más de 140.000 ciudadanos. Su coordinador, Óscar Rivero, exponía en una entrevista: «El aspecto más nocivo es el mal llamado matrimonio homosexual. Tratar de reconocer a dos personas del mismo sexo como matrimonio, consideramos que es erróneo, porque el matrimonio en su concepto es que está destinado al fin de la procreación, uno de sus fines que garantizan el relevo generacional en la sociedad. En la consulta popular de la Reforma Constitucional ya hubo una mayoría de electores que expresaron no estar de acuerdo con el matrimonio homosexual. Nosotros queremos que se mantenga el código vigente, de que el matrimonio es entre hombre y mujer. No es correcto tampoco la legalización de la homosexualidad. En la homosexualidad no está perseguida, pero no tiene sentido que se legisle, sino que quede como una opción de la libertad de las personas».

A pesar de las encuestas levemente favorables al nuevo Código de las Familias, la influencia de ambas confesiones religiosas en la población cubana hace temer que sus seguidores se movilicen mayoritariamente. Sobre todo si inciden en que el texto legal defiende la «ideología de género» y la «legalización de la homosexualidad», lo que quizás ocasionaría que el resto de la ciudadanía no se movilizase con la misma intensidad.

Fuente Dosmanzanas/Pink News

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La Arquidiócesis se disculpa con la sociedad LGBTQ+ tres años después de que ocurriera la discriminación

Jueves, 28 de julio de 2022

Ernie-Klassen-2Ernie Klassen de White Rock Pride Society

Tres años después de que a una sociedad LGBTQ+ se le prohibiera alquilar el centro comunitario de una parroquia católica para un evento, la organización recibió una disculpa por la exclusión por parte de la arquidiócesis local.

En 2019, White Rock Pride Society (WRPS) de Vancouver presentó una solicitud de alquiler para usar el Centro Comunitario Star of the Sea, que es propiedad de la parroquia Star of the Sea. La Sociedad esperaba usar el espacio para organizar una recaudación de fondos de “cena y baile”, pero la solicitud fue denegada. La parroquia le dijo a la Sociedad que no podían aprobar la solicitud de alquiler porque la sociedad LGBTQ+ es “diametralmente opuesta a las enseñanzas de la Iglesia”.

Ahora, tres años después, la Arquidiócesis de Vancouver se ha disculpado con WRPS por las acciones anteriores de la parroquia. Según CBC,  los dos grupos tuvieron varias reuniones para “reparar la relación entre White Rock Pride y la parroquia” antes de que la “queja fuera a los tribunales”. La disculpa, que se publica en el sitio web de la arquidiócesis, dice:

“Reconocemos que estas acciones han resultado en una mayor división entre nuestra comunidad de fe y la comunidad LGBTQ2+, así como entre las personas, incluidos amigos y familiares, que los apoyan”.

Según Ernie Klassen, presidente de WRPS, ambos grupos están trabajando para que la iglesia sea más acogedora para la comunidad LGBTQ+. Una acción que se ha tomado es hacer que los espacios propiedad de la iglesia sean más accesibles para WRPS. Si la Sociedad quisiera un espacio de alquiler, ahora pasan por la arquidiócesis para procesar la solicitud.

Pero antes de la disculpa, la discriminación se estaba convirtiendo en una creciente disputa legal. Klassen había presentado una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Columbia Británica después de que se denegara la solicitud. Klassen afirmó que hubo discriminación por orientación sexual”, ya que el espacio de alquiler estaba disponible en las fechas solicitadas.

En 2020, el Tribunal de Derechos Humanos dictaminó que WRPS podía proceder con una demanda contra la parroquia Star of the Sea. WRPS argumentó que la parroquia “no hizo ningún esfuerzo por comunicarse con los representantes de la Sociedad” para abordar sus preocupaciones sobre el evento propuesto. Además, reconocieron que la parroquia Star of the Sea acepta solicitudes de lugares de otras organizaciones no católicas, pero a su grupo se le prohibió alquilar el espacio.

El caso no llegó al tribunal, y ahora es discutible. En cambio, esta nueva colaboración entre la sociedad LGBTQ+ y la arquidiócesis ya ha tenido un gran impacto. Klassen habla sobre la respuesta que ha recibido de la comunidad:

Tuvimos muchos miembros de la Iglesia Católica que se acercaron a nosotros y nos agradecieron por nuestro trabajo, para abordar el hecho de que la comunidad LGBTQ no se sentía bienvenida dentro de la Iglesia Católica”.

Se espera que la disculpa formal de la Arquidiócesis de Vancouver sea un punto de partida para el cambio. Muchos de los problemas entre la comunidad LGBTQ+ y la iglesia se derivan de la falta de comunicación. En este caso, los líderes de la parroquia Star of Sea asumieron automáticamente que los valores de WRPS contradecían la enseñanza católica, sin tomarse el tiempo para evaluar esta suposición. A través de la educación futura, el diálogo y la mentalidad abierta, la iglesia tiene la oportunidad de convertirse en un aliado de la comunidad LGBTQ+. Con base en la disculpa de la arquidiócesis, existe la esperanza de que la iglesia algún día llegue allí.

—Sarah Cassidy (ella/ella), 19 de julio de 2022

Fuente New Ways Minisatry

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La lucha de Juan Carlos por la equidad y la justicia para las personas LGBTIQ + en Sucre

Miércoles, 27 de julio de 2022

DA55604C-E6F5-45C1-ABC4-D6B8EDF8ECE7-768x432Juan Carlos es una persona extrovertida y efusiva por naturaleza y no está dispuesto a negociar esas expresiones, pues dice que son parte de su esencia. / FOTO: Juan Carlos Contreras.

Desde organizaciones como Sucre Diversa, Juan Carlos trabaja por el trato igualitario de las personas LGBTIQ +. Primera entrega del especial de liderazgos jóvenes y diversos en las regiones, de Colombia Visible.

Esto es una lucha” dice Juan Carlos Contreras, líder gay de Sincelejo, capital del departamento de Sucre. A pesar de los casos de discriminación que vive la comunidad LGBTIQ + en su departamento, dice que es un lugar, en su mayoría, de gente cercana y ‘calidosa’.

“Es una lucha que vivo todos los días en la universidad, en la casa, en la administración pública, en la educación, en la administración de justicia”, menciona al hablar de su misión.

Tiene 22 años, es estudiante de derecho de la Universidad de Sucre y de administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 

“Alguien puede ser el mejor doctor del mundo, el mejor abogado del mundo, pero si es homosexual, van a venir las burlas, los comentarios y la discriminación. Por eso hay que hacerse paso y no ceder, porque estamos hartos y cansados de ser menos. Nosotros no somos menos” agrega con fuerza.

Cuenta que es una persona efusiva, a la que le gusta ‘botar pluma’, como se dice localmente, y eso lo hace sentir orgulloso de sí mismo, pues es su esencia la que se manifiesta cada vez que habla, camina, canta o baila.

Lo molestan en particular los comentarios de ‘hazlo como hombre’: baila como hombre, camina como hombre, habla como hombre, “pero no, yo camino y digo las cosas como me nazca, siempre con respeto, pero nadie tiene que venir a decirme cómo expresarme”.

Desde hace tiempo, ya incluso desde el colegio, Juan Carlos ha ejercido un liderazgo dirigido hacia la equidad de las personas LGBTIQ + en su ciudad y el departamento. Liderazgo que él llama ‘académico’, pues ha estado enfocado, sobre todo y gracias a sus carreras, a romper barreras institucionales y legales para que las personas puedan acceder a derechos que muchas veces les son negados.

Estaba a punto de entrar en la adolescencia cuando se dio cuenta de que era gay. Pero contrario a muchos jóvenes preadolescentes que suelen sentirse confundidos en esa etapa, cuando suele comenzar la búsqueda de una identidad propia dentro de un contexto social que puede resultar abrumador, Juan Carlos no se sorprendió cuando se dio cuenta de que le gustaban los hombres.

“No fue la mayor cosa. Fue como ‘ah bueno, está bien’. Fue fácil de aceptar en ese punto”.

Lo fue porque, según cuenta, creció en una ‘burbuja de privilegio’ durante su niñez y el comienzo de su adolescencia que lo mantuvo aislado de la violencia que a diario sufrían, y todavía hoy sufren, las personas de su comunidad.

Pero habiendo reconocido su identidad, con la alegre efusividad que lo caracteriza, llegó la inevitable intención de manifestar quién era “sin cohibirme, sin limitar la persona que yo soy”, y así, esa burbuja se rompió y comenzaron los señalamientos, las burlas y los malos tratos.

Los últimos años de su bachillerato, cuenta, “no fueron los mejores”, no solo por el ‘matoneo’ de parte de sus compañeros, sino por los recurrentes intentos de silenciamiento que recibió por parte de maestros y directores, que truncaban cualquier tipo de discusión acerca de diversidad e inclusión LGBT en el colegio.

“Yo comencé a querer ejercer un liderazgo y ahí es cuando comenzaron los peores señalamientos. En los colegios siguen existiendo pensamientos retrógrados por parte de los profesores que se aferran a ideas que son sesgadas de la realidad, todavía hoy”.

“¿Para qué va a hablar eso?” recuerda que le preguntaban, “eso no lo puede hacer”.

Desfallecer y guardarse o respirar y luchar

4A53077F-5D83-4B02-8E91-8FAE9E813AB1-768x432Desde el Consultorio Jurídico de su universidad, Juan Carlos lidera un grupo que se dedica a enfrentar situaciones discriminatorias en distintos escenarios. / FOTO: Juan Carlos Contreras

Esa es la decisión que, dice Juan Carlos, hay que tomar cuando alguien se enfrenta a una situación como esa.

“Estamos en un momento en que nos queremos expresar libremente y nos chocamos con un mundo de discriminación y un montón de cosas que no nos lo permiten, no nos permiten ser lo que somos. Entonces hay que tomar una decisión: me dejo vencer por esto y me guardo todo para mi o lucho y persisto por no perder la esencia de lo que soy”.

Así, Juan Carlos se dio cuenta de que su única salida era aferrare a sus convicciones y a la creencia de que la causa por la que comenzaría a luchar es justa y necesaria.

Entonces se convirtió en el líder que es hoy. “Yo me he identificado siempre con el liderazgo académico, que ha derivado también en un liderazgo social, agrega.

Por un lado, desde el consultorio jurídico de su universidad, lidera un grupo que se enfoca en tramitar acciones discriminatorias hacia la población LGBTIQ + en situaciones como negación de corrección de sexo o cambio de nombre en documentos oficiales o cuando el personal médico se rehúsa a entregar medicamentos, así como negativas ante la donación de sangre por parte de algunas clínicas que persisten en esa idea a pesar de que la Corte Constitucional cambió la normativa hace unos meses.

De la misma manera, y desde su carrera de administración pública, Juan Carlos ha estado involucrado en la evaluación de los planes de desarrollo de diversos municipios de Sucre, así como el departamental.

En un trabajo conjunto con la delegación departamental de la Contraloría General de la Nación, revisan la obligatoria inclusión del enfoque de género en los planes y evalúan su cumplimiento durante los tiempos de gobierno.

En esa misma línea, estuvo involucrado en la construcción de la política pública LGBTIQ + de Sincelejo, en la que aportó en la formulación del plan conceptual, dirigida a crear mecanismos y herramientas para reducir las discriminaciones hacia esa población.

Por otra parte, y como voluntario de la fundación Sucre Diversa, realiza jornadas informativas a las que acude la comunidad en caso de que tenga alguna complicación legal: “les decimos a qué entidad tiene que remitirse para tramitar esa complicación. Aunque yo no soy abogado todavía, sí conozco bien las rutas de atención, entonces remito a las personas porque muchas veces no conocen a dónde deben acudir”.

Además, ha realizado actividades de inclusión y tolerancia en colegios donde, dice, todavía es difícil trabajar, precisamente porque aun persisten a las mismas ideas que lo limitaron a él.

Los Centenialls, una generación diversa y abierta

DEAD0D0C-B6D7-4D5C-B453-343C7B662E31-768x432Aunque afirma que todavía existe mucha discriminación hacia la población LGBTIQ +, lo tranquiliza el hecho de que las nuevas generaciones son más abiertas y empoderadas, así como poco tolerantes con esa discriminación. / FOTO: Juan Carlos Contreras

Pero, aunque en los colegios y otras instituciones persisten esas ideas, Juan Carlos dice que es de parte de las personas mayores, profesores y directivos, y que, por el contrario, los estudiantes son más diversos, más abiertos con esa diversidad y “menos corrosivos”.

“Yo me quedo sorprendido porque hay compañeros de primeros semestres de la universidad que ya tienen mucha libertad para hablar de temas LGBT, empoderamiento y eso, y me parece maravilloso”.

Él, por su parte, a pesar de ser una persona extrovertida por naturaleza, tuvo que ser muy reservado durante sus primeros semestres, pues aunque pensaba que en la universidad se encontraría con un entorno más maduro, continuaron las situaciones y los actos de discriminación, y todavía hoy.

Cuenta que incluso habiendo estudiado dos carreras, siendo uno de los estudiantes más destacados en ambas, habiendo participado y liderado grandes proyectos de investigación, entre varias otras cosas, “habiendo destacado de esa manera, incluso así, no va a hacer que a uno lo equiparen o uno pueda igualarse a una persona heterosexual”.

Sin embargo, lo emociona que estas generaciones más jóvenes tengan esa libertad, pues “eso da cuenta de todo el proceso que uno viene haciendo hace un tiempo, y el proceso más grande que otras personas tuvieron que llevar antes de nosotros”.

Y agrega: “nosotros tuvimos la oportunidad de que cuando estaban saliendo las sentencias más grandes que reconocían derechos de la comunidad, éramos unos niños, entonces todo lo que nosotros hemos podido hacer, crecer en un entorno cada vez más incluyente y respetuoso, aunque persista la discriminación, es gracias a eso”.

En ese sentido, en sus palabras, se está arrasando con la discriminación que todavía persiste pues hay muy poca tolerancia hacia ella entre los jóvenes, quienes se están convirtiendo en una generación de líderes mucho más empoderados, comprometidos y críticos. 

Además, cree que la homofobia y la discriminación no es un virus que le sea inherente a la sociedad, y para justificarlo apela al compadrazgo y la cercanía entre las personas en su natal Sincelejo, en donde “yo paso por un barrio y, por costumbre, digo ¡adiós! ¡y la gente me responde!: Adiós. No tenemos ni idea de quienes somos, pero es esa cercanía y esa hermandad que persiste en el caribe, y eso es solo un ejemplo”.

Y es que aunque su región es característica por la homofobia y el machismo, no cree, de nuevo, que sea un tema inherente. “El caribe, y ser costeño, es sentirse en los otros, es sentir calor, por la temperatura, claro, pero sobre todo el calor de la gente, incluso de la que no conoces, somos personas muy calidosas, abiertas”.

Así, está convencido de que en esa esencia caribeña puede estar la solución a la discriminación y la violencia

Andrés Ortiz

Fuente Colombia Visible

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Despiden a una mujer en Totana (Región de Murcia) al hacerse público que es lesbiana

Lunes, 25 de julio de 2022

d5e044b1-a6e8-410d-87d8-4740bf7dd806_16-9-aspect-ratio_default_0-768x432La víctima de discriminación ganó uno de los galardones del Certamen Literario LGTBI organizado por el consistorio. La persona que la despidió la reconoció al difundirse en los medios la entrega de premios.

La Región de Murcia vuelve a ser escenario de un caso de LGTBIfobia al producirse el despido de una trabajadora tras hacerse pública su orientación sexual. El hecho ha sucedido en Totana, municipio cuyo ayuntamiento organizó la III edición de su Certamen Literario Gay, Lésbico, Transexual, Bisexual e Intersexual. La víctima de discriminación es Antonia García Sánchez, que días antes había recibido el segundo premio en la categoría de microrrelatos por una pieza titulada El Origen en el citado certamen.

Al hacerse pública la concesión de premios, el empleador de Antonia, que la reconoció en los medios de comunicación (la mujer posó en las fotos junto a su pareja), decidió despedirla de su trabajo como cuidadora.

El Ayuntamiento de Totana, en un comunicado publicado en su web, «denuncia y lamenta profundamente la actitud homófoba» de la persona que ha despedido a Antonia, para la que realizaba tareas domésticas y labores de cuidados de personas mayores. Javier Baños, concejal de Igualdad y Derechos del Colectivo LGTBI de Totana, ha calificado su actitud como «deplorable». «Supone un hecho degradante, discriminatorio y ofensivo», ha añadido.

Antonia mantiene otro empleo de estas mismas características.

Fuente Dosmanzanas

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Un joven denuncia en redes que le negaron la entrada a la discoteca Maná San Javier (Región de Murcia) por vestir un crop top

Sábado, 23 de julio de 2022

FA1DEB65-0AF9-4D00-9AB4-AB4EDDE21E49La discoteca niega que se tratase de homofobia y argumenta que su etiqueta no permite que los chicos lleven los hombros descubiertos. El local ya se vio envuelto en otra polémica en 2019, cuando una pareja aseguró haber sufrido una agresión de tintes homófobos por parte de su personal, que la discoteca también negó en su momento.

El pasado fin de semana un joven se disponía a entrar a la discoteca Maná San Javier, situada en la costa del Mar Menor en la Región de Murcia, cuando según asegura le fue denegada la entrada por los porteros del local. En la publicación en la que denuncia el hecho, el joven afirma que los porteros le indicaron que no cumplía la norma de vestimenta del local: «El portero me dijo que mi ropa no era adecuada, me señaló a unos chicos que iban en camisa y me dijo ‘hay que ir así’, bien vestido».

Afortunadamente, el joven contaba en el aparcamiento del local con ropa de recambio y pudo entrar a disfrutar de la noche. «No sé si fue homofobia, sexismo o clasismo, solo sé la impotencia que sentí y lo mal que lo pasé por un momento. Parece una tontería pero no nos dejan ser nosotros mismos», añadió en su publicación de Instagram.

La periodista del diario La Verdad Alexia Salas se puso en contacto con la dirección del local, que explicó de esta manera el incidente: «Aquí entra todo el mundo, pero con una etiqueta de vestimenta, por eso los chicos no pueden entrar con los hombros descubiertos ni camisetas de tirantes». Una etiqueta de vestimenta basada en la heteronormatividad para el público masculino al no permitir esta prenda, que hoy día visten muchos jóvenes gais y con expresión de género diversa.

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Se da la circunstancia de que en agosto de 2019 un chico denunció públicamente una agresión de tintes homófobos sufrida junto a su pareja por parte de los porteros del mismo local, de la que nos hicimos eco en su momento, y que la discoteca también negó.

En sentido contrario, el pasado mes de mayo la discoteca Maná participó con un espectáculo en la clausura de la Muestra de Cine LGTBI de la Región de Murcia impulsada desde el Colectivo LGTBI No Te Prives y la Filmoteca Regional, donde se repartieron a los asistentes flyers con descuentos para acudir a la reapertura de la discoteca. Fue, de hecho, el único local que participó de una manera tan visible (zancudos bailarines incluidos en un espacio reducido) en este acto:

https://twitter.com/javiperiodista/status/1528126196780781569?s=21&t=IvAUXnn3cQ66qtdeB8lQUg

Fuente Dosmanzanas

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Prorrogado el mandato de Víctor Madrigal-Borloz como experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas

Viernes, 22 de julio de 2022

25733532-6AF1-48A9-B554-E786B1595C34El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha prolongado nuevamente por tres años el mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género, el costarricense Víctor Madrigal-Borloz. La prórroga ha contado con la fuerte oposición de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), en cuya representación ha hablado el representante de Pakistán, nación presente en el consejo. Por supuesto, no se trata de una objeción a la persona de Victor Madrigal-Borloz, sino a la existencia misma del mandato, al considerar que la discriminación y la violencia por motivo de la orientación sexual e identidad de género no contravienen los derechos humanos.

El mandato del experto Independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género fue creado en junio de 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por un periodo de tres años. Su primer titular fue el tailandés Vitit Muntarbhorn, que ocupó la plaza desde septiembre de 2016 hasta octubre de 2017, cuando tuvo que renunciar por razones de salud. En enero de 2018 fue reemplazado, tras la pertinente votación en el consejo, por el costarricense Víctor Madrigal-Borloz, que ocupa el puesto en la actualidad.

En junio de 2019 se produjo la primera prórroga del mandato por otros tres años, que vencían en junio de este año. Por ello, el pasado 7 de julio se procedió a la votación dentro del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para una nueva prolongación de tres años. Según la nota de prensa del consejo, la resolución aprobada exhorta a los estados «a que modifiquen o deroguen las leyes y políticas que discriminan a determinadas personas por su orientación sexual e identidad de género, y a que adopten medidas eficaces para prevenir los actos de violencia y discriminación; decide prorrogar por un período de tres años el mandato del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género; pide al experto independiente que siga informando anualmente sobre el cumplimiento de su mandato al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General».

01F12873-6FC5-4677-9282-0742FF6FB75CAntes de su aprobación, se presentaron 13 enmiendas al texto, de las que solo se aprobó una. Durante todo el proceso y desde los días previos, se hizo evidente la encarnizada hostilidad de la Organización para la Cooperación Islámica, que defiende los intereses en Naciones Unidas de sus 57 países integrantes, todos ellos de mayoría musulmana o con una población significativa de quienes profesan esta creencia. De los 57 países integrantes de la OCI, 56 de ellos son miembros de Naciones Unidas (la excepción es Palestina) y 14 forman parte del Consejo de Derechos Humanos. Un grupo de estos países, encabezado por Arabia Saudí, Nigeria y Egipto, rechazaba expresamente la utilización de los términos «orientación sexual», «transgénero» y «hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres».

En representación de los países de la OCI (con excepción de Albania), hizo su discurso el embajador ante Naciones Unidas de Pakistán, Khalil Hashmi, que aseguraba no poder «apoyar los esfuerzos encaminados a inventar nuevos derechos sobre la base de preferencias sexuales personales». También argumentaba la no existencia de un «consenso universal sobre el concepto de orientación sexual e identidad de género, y este concepto no está reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como motivo de discriminación o violencia».

A estas alegaciones, el embajador de Francia ante las Naciones Unidas, Jerome Bonnafont, respondía: «Demasiados países se escudan en el pretexto de valores específicos para mantener una legislación discriminatoria».

La votación

La resolución de prórroga del mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género fue aprobada por 23 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones.

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Dieron su voto favorable: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Honduras, Japón, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, México, Montenegro, Nepal, Países Bajos, Paraguay, República Checa, Ucrania y Venezuela.

Votaron en contra: Camerún, Catar, China, Costa de Marfil, Eritrea, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Gambia, Indonesia, Libia, Malasia, Malawi, Mauritania, Pakistán, Senegal, Somalia y Sudán.

Se abstuvieron: Armenia, Benín, India, Kazajistán, Namibia, Polonia y Uzbekistán.

En la votación en contra, a los 14 países pertenecientes a la OCI se unieron China, Eritrea y Malawi. El único país de la Unión Europea que no votó a favor fue Polonia, que se abstuvo.

Satisfacción y preocupación del experto independiente renovado

El reelegido Víctor Madrigal-Borloz declaró que en su campaña para renovar el mandato participaron más de 1100 organizaciones LGTBI de 174 países y el «capital político» de decenas de estados. También criticó el «posicionamiento político muy desafortunado» que niega la existencia de discriminación en todos los países, incluidos los de la OCI. Según Madrigal-Borloz, esos estados están incumpliendo con «sus obligaciones internacionales básicas en materia de derechos humanos» en cuanto a la protección de violaciones de derechos de las personas bajo su jurisdicción y de sus propios nacionales.

El renovado experto independiente afirmó que su campo de trabajo es «muy volátil», pues «cada día hay un cambio político que abre una posibilidad y cierra otra. Así que mi trabajo es mantener una visión general de esas oportunidades y asegurarme de aprovechar las que existen». En cuanto a su renovación, añadió: «Me parece que la comunidad internacional ha seguido comprendiendo hasta qué punto las personas lesbianas, gais, bisexuales o trans y de género diverso son objeto de violencia y discriminación».

En su cuenta oficial de Twitter, acompañada de una fotografía con los colores del arcoíris muy presentes, dejaba fijado un tuit con el siguiente texto: «Encantado de saber que el @UN_HRC acaba de renovar el mandato del #IESOGI; con la misma humildad y el mismo orgullo que el primer día para seguir sirviendo a las personas, comunidades y pueblos afectados por la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género».

También desde su cuenta oficial de la misma red social, la embajada de España en la ONU expresaba su satisfacción por la prórroga del mandato:

https://twitter.com/spainun/status/1545123314242314245?s=21&t=NtyvS85he9mhTqeUF6FnTQ

Funciones y trabajo realizado

Las funciones y métodos del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género, según consta en el sitio oficial del Consejo de Derechos Humanos, son las siguientes:

En el mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género figura el estudio de las formas de proteger mejor a las personas que sufren violencia y discriminación por razón de su orientación sexual o identidad de género, por medios tales como los siguientes:

  • La evaluación de la aplicación de las normas de derechos humanos.
  • La determinación de las mejores prácticas y las deficiencias.
  • La sensibilización sobre estas cuestiones.
  • La identificación y el abordaje de las causas profundas de la violencia y la discriminación.
  • El diálogo y la celebración de consultas con los Estados y otras partes interesadas pertinentes para fomentar la protección de las personas LGBT y de género diverso.
  • La facilitación y el respaldo de la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional para combatir la violencia y la discriminación.

Métodos de trabajo

En cumplimiento de su mandato, el experto independiente:

  • transmite llamamientos urgentes y cartas de transmisión de denuncias a los Estados en relación con casos de violencia y discriminación contra personas por motivos de orientación sexual o identidad de género;
  • realiza visitas de investigación a los países; y
  • presenta informes temáticos al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General sobre las actividades del mandato, las tendencias y los métodos de trabajo.

Los informes emitidos por el experto independiente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han sido los siguientes:

 Fuente Dosmanzanas

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El 5,1% de la población mexicana se identifica como LGTBI+, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística de México

Jueves, 21 de julio de 2022

encuesta-ENDISEG-MexicoCinco millones de personas (el 5,1 % de la población de 15 años y más) se identifican como LGTBI+ en México. Así lo pone de manifiesto la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), realizada entre agosto de 2021 y enero de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ese país. La población trans+ (identificada por la encuesta como personas transgénero, transexuales o de una identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer) asciende en concreto a 909.000 personas.

Entremos en el detalle de los números, que siempre es interesante conocer. Eso sí, debemos precisar que, a partir de aquí, la terminología utilizada para categorizar las respuestas es la que proporciona el propio informe de la ENDISEG. Lo hacemos así para facilitar la exposición de los datos.

Orientación sexual

Por lo que se refiere a la orientación sexual, la ENDISEG muestra que el 95,2% de la población de 15 años y más (92,6 millones de personas) se identificó como heterosexual, mientras que el 4,8% (4,6 millones) se identificó con otra orientación (lesbiana, gay, bisexual, pansexual, asexual o demisexual, entre otras).

De esos 4,6 millones de personas, el 51, 7% se autoidentificaron como bisexuales; el 26,5%, como gais u homosexuales; el 10,6% como lesbianas, mientras que el 11,2% reportó tener otra orientación:

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Identidad de género

Por lo que se refiere a la identidad de género, el 99,1% de la población de 15 años y más (96,3 millones de personas) se identificó como cisgénero (su identidad de género coincide con el sexo que les fue asignado al nacer). El 0,9 % (909.000 personas) se identificó como trans+ (transgénero, transexual, no binario, género fluido o agénero, entre otros). Este grupo engloba, por tanto, a las personas que experimentan una vivencia interna e individual de género que no corresponde necesariamente con el sexo que les fue asignado al nacer.

Es interesante señalar que del total de personas con identidad de género trans+ (seguimos utilizando la terminología de la ENDISEG), el 34,8% se identificó transexual o transgénero, mientras que el restante 65,2% lo hizo con alguna otra identidad de género diversa:

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Distribución geográfica

Por estados, el estado de México es el que mayor cantidad de población LGTBI+ concentra, con 490.ooo personas, seguido de la Ciudad de México, con 311.ooo personas y Veracruz, con 308.000. En términos relativos, sin embargo, es el estado de Colima el que mayor porcentaje de de población LGBTI+ presenta (un 8,7%), seguido de Yucatán (8,3%) y Querétaro (8.2%).

La población de mayor edad, todavía en el armario

Llama la atención que el 67,5% de la población que se reconoce como LGTBI+ tiene entre 15 y 29 años. El propio informe de la encuesta reconoce que este dato «puede deberse a una mayor apertura y autorreconocimiento por la población de menor edad». Otro 20,3% se sitúa en el rango de 30 a 44 años.

De hecho, al observar el porcentaje de personas LGTBI+ en cada grupo etario, se identifica que para las edades más jóvenes este es mayor. En el grupo de 15 a 19 años, por ejemplo, el porcentaje de población LGTBI+ es del 15,6%. En contraste, en el grupo de 60 y más años, solo un 0,9% se identifica como LGTBI+.

Por lo que se refiere a la edad de identificación como LGTBI+ (la edad aproximada en que la persona comenzó a percatarse de que su orientación sexual o su identidad de género no correspondía con lo esperado culturalmente. según la definición de la encuesta), tanto para la población con orientación sexual LGB+ como para aquella con identidad de género trans+, el mayor porcentaje respondió «haberse dado cuenta» durante su primera infancia (antes de los 7 años). De hecho, en este último colectivo, el de las personas trans+, son mayoría (el 62,4%) dijo que lo supo durante su primera infancia.

Reacción de los padres

Para aquella población LGTBI+ que informó que el padre o madre (o ambos) saben de su orientación sexual o identidad de género, la encuesta ha encontrado que, en términos generales, se ha recibido aceptación, respeto o respaldo. Así lo señaló más de 80%. Las reacciones no favorables, no obstante, fueron más frecuentes para las personas trans+ (un 22,2% de los casos). Entre estas, también sucedió en un porcentaje más elevado el haber sido obligada a asistir a un psicólogo, médico, autoridad religiosa u otra persona o institución para «corregirlo». Esto sucedió en un 9,8% de la población LGB+ y en un 13,9% de la población trans+:

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Salud emocional

Por lo que respecta a la salud emocional, la ENDISEG preguntó a la población de 15 años y más si alguna vez había tenido pensamientos suicidas o si había intentado llevarlo a cabo. Pues bien, el 26,1% de la población LGTBI+ mexicana ha tenido alguna vez pensamientos suicidas, frente al 7,9% de la población no LGBTI+. Respecto al intento de suicidio los porcentajes ascienden al 14,2% (población LGTBI+) frente al 4,2% (población no LGTBI+).

Puedes consultar todos los datos de la encuesta ENDISEG aquí (comunicado de prensa en formato PDF) o aquí (formato web).

Fuente Dosmanzanas

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La Comisión Europea lleva a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión por violar los derechos de las personas LGTBI

Miércoles, 20 de julio de 2022

justice-europeLa Comisión Europea ha anunciado hoy (15 de julio)  su decisión de demandar al Estado húngaro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por aprobar una legislación que discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género. La Comisión considera que la ley «viola las normas del mercado interior, los derechos fundamentales de las personas (en particular, las personas LGBTIQ) y, en relación con esos derechos fundamentales, los valores de la Unión Europea».

Los antecedentes

En junio de 2021 el Parlamento húngaro aprobaba un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, una versión a la húngara de la conocida ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluía en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, acentuando aún más su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. El texto modificó varios artículos de las leyes sobre protección de menores, derecho de familia, educación y regulación de medios y publicidad. Así, por ejemplo, quedó prohibida la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Una muestra de ello fue la primera norma surgida de la aplicación de la ley, un decreto aprobado el pasado verano que ordenaba el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita», y que prohibía su venta, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

La enseñanza escolar también se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género al alumnado. La educación sexual, en cualquier caso, ya solo puede ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando la puerta por ejemplo a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. En el terreno de los medios, la medida supone la remisión a la franja horaria del late night de cualquier serie o película que incluya alguna alusión o representación de personas LGTBI.

La respuesta de la Comisión Europea

5C055C89-79C0-4E00-A039-F124992F157CA nivel europeo, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta política inicial fue prudente, por no decir tibia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró «muy preocupada por la nueva ley en Hungría» y aseguró que se comprobaría si la norma vulneraba la legislación comunitaria. «Creo en una Europa que acoge la diversidad, no en una que la esconde a nuestros hijos. Nadie debería ser discriminado por su orientación sexual», añadía en un tuit. Más contundente fue la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, que amenazó a Hungría con un recorte de los fondos europeos.

Sin embargo, también como suele suceder, la maquinaria europea, aunque pesada, acaba por entrar en funcionamiento y dar sus frutos. La decisión anunciada este viernes de llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la justicia europea constituye, de hecho, el último de una serie de pasos iniciados por la Comisión Europea con un procedimiento de infracción abierto el 15 de julio de 2021. En aquel momento, se emplazó a Hungría a despejar las preocupaciones de la Comisión en relación con la igualdad y la protección de los derechos de las personas LGTBIQ en ese país. Un año después, dado que Hungría no ha resuelto las incompatibilidad entre la ley y el derecho comunitario y agotados los pasos intermedios, la Comisión acude a al alto tribunal europeo.

Según la Comisión Europea, la ley húngara contiene disposiciones que no están justificadas sobre la base de la promoción del interés fundamental de «proteger a los niños» o son desproporcionadas para lograr el objetivo declarado. En concreto, la Comisión considera las restricciones que impone la ley incompatibles con la directiva de servicios de medios audiovisuales, la directiva de comercio electrónico, el tratado de libre prestación de servicios y la directiva de servicios, así como con el derecho a la protección de datos y la directiva sobre la transparencia del mercado único.

Asimismo considera que a legislación húngara viola de manera sistemática varios derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la vida privada y familiar, así como el derecho a la no discriminación. «Debido a la gravedad de estas violaciones, las disposiciones impugnadas violan también los valores comunes establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

Una legislación que no logró el aval de los ciudadanos en referéndum

13968854263210Cabe señalar que la legislación por la que la Comisión Europea lleva a Hungría ante el TJUE fue sometida a referéndum por el Gobierno de ese país coincidiendo con las elecciones celebradas en abril. El resultado del referéndum no era vinculante y no implicaba ningún cambio legal sobre una ley ya vigente: se trataba, simplemente, de utilizar la LGTBIfobia de buena parte de los votantes del ultraconservador Viktor Orbán como una herramienta más de movilización.

La maniobra, en este caso, no le salió bien a Orbán. Las organizaciones LGTBI húngaras llamaron a la ciudadanía a emitir su voto en el referéndum pero invalidando la papeleta, impidiendo así que se alcanzase el mínimo del 50% de votos emitidos válidos para a su vez considerar válido el resultado (fuese el que fuese). Debían alcanzarse, en concreto, en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral húngaro asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, el número de votos válidos rondó los 3,9 millones, mientras que el número de votos inválidos superó la cifra de los 1,7 millones. Una derrota simbólica que no impidió que la ley siga en vigor, pero sí que supuso un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento con la Comisión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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Entra en vigor la ley conocida como «Don’t say gay», que prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas de Florida

Sábado, 16 de julio de 2022

Dont-say-gay-1Este 1 de julio ha entrado en vigor en Florida la Ley de Derechos de los Padres en la Educación (HB 1557), conocida popularmente como la ley «Don’t say gay» porque establece la prohibición de educar o informar sobre orientación sexual o identidad de género en las escuelas. La ley fue promulgada por el gobernador del estado Ron DeSantis en marzo de este año, y en los meses transcurridos desde su promulgación a su entrada en vigor los grupos LGTBIfobos ya han ido tomando medidas como aviso de cuáles serán sus efectos. En numerosos centros educativos se han eliminado carteles que promocionaban la tolerancia y el respeto a la diversidad, se ha comunicado a los profesores LGTBI que no pueden tener fotos de sus parejas del mismo sexo en sus mesas de trabajo o despachos y se han confeccionado listas de libros que incluyen personajes LGTBI para ser eliminados de aulas y bibliotecas.

La Ley de Derechos de los Padres en la Educación, cuya nomenclatura es HB 1557, es un texto que en su mayor parte recoge el derecho de los padres de los alumnos a ser informados de cualquier aspecto de tinte educativo o sanitario que afecte a sus hijos. Qué servicios sanitarios ofrecerán las escuelas, qué normativas regirán, qué materias se impartirán, etc.

Lo destacable es que, en medio de esas normativas genéricas sobre información y salud, se incluyó en la sección 1ª el artículo 3 con el siguiente texto:

No podrá impartirse en las aulas enseñanza sobre orientación sexual o identidad de género, por parte del personal de la escuela o de terceros, desde el jardín de infancia hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con las normas estatales.

Es de señalar la mezcla de concreción y ambigüedad en ese breve artículo, puesto que concretamente prohíbe que la educación sobre la orientación sexual e identidad de género se imparta a menores de entre 3 y 8 años, pero ambiguamente establece que para el resto de estudiantes, de entre 9 y 17 años, también se prohíbe la educación en estas materias de una manera «no apropiada» para su edad. Esto deja amplio margen a la especulación y la manipulación por parte de quienes se oponen a los derechos de las personas LGTBI. El articulado de la ley también permite a los padres de los alumnos presentar demandas contra profesionales y centro educativo si estiman que se están incumpliendo las normas que establece.

El activismo LGTBI avisó de las consecuencias, que ya se están sufriendo

Tras la primera lectura del proyecto de ley en la Cámara de Representantes del estado, saltaron todas las alarmas tanto entra la oposición del Partido Demócrata como entre las asociaciones de defensa de los derechos LGTBI. El proyecto de ley inmediatamente empezó a conocerse popularmente como «Don’t say gay» (No digas gay), un elocuente resumen de lo que el artículo 3 conlleva: la invisibilización de las personas LGTBI en el sistema educativo.

Ante las protestas de oposición y activistas LGTBI, los ponentes del proyecto de ley se defendieron acusándolos de «alarmismo» y asegurando que la ley no era un ataque a los estudiantes, empleados o padres homosexuales o transexuales. Sin embargo, los hechos demostraron inmediatamente lo contrario. En los meses que han transcurrido desde la aprobación de la normativa estatal hasta su entrada en vigor el 1 de julio, se han sucedido la confusión inicial, el temor a las denuncias en la dirección y el profesorado en los centros educativos, y, sobre todo, la acción directa de los LGTBIfobos.

Así, por ejemplo, en el condado de Palm Beach el superintendente escolar Mike Burke, eludiendo el proceso habitual de revisión de material, ordenó la retirada de libros con personajes LGBTI, alegando su preocupación por las implicaciones de la ley. Además, instruyó a directores de centro y educadores de su distrito para que buscasen más libros con estos contenidos y procediesen también a su retirada.

En todos los distritos escolares de Florida se tomaron medidas como la eliminación de cualquier referencia a la defensa del colectivo LGTBI en los discursos de graduación o en los anuarios escolares. En las escuelas públicas del condado de Orange se impartieron incluso seminarios sobre la aplicación de la HB 1557 en los que se aconsejó a los administradores de los centros que quitaran las pegatinas con los colores del arcoíris y el mensaje «espacio seguro» que habían sido repartidas por los colectivos LGTBI. También indicaron que debían impeler a los educadores LGBTI a que retiraran las fotos familiares de sus escritorios y que evitaran hablar de sus seres queridos en el trabajo, por temor a incumplir la nueva normativa y hacer frente a demandas.

En este sentido, la ley «Don’t say gay» guarda una profunda semejanza con la llamada ley contra «la propaganda homosexual» vigente en Rusia. Con la peregrina excusa de la protección a la infancia, impiden la visibilidad de las personas LGTBI en todos los espacios públicos, incluso los virtuales, pues todos ellos pueden ser frecuentados por menores. Así, al prohibir la enseñanza sobre orientación sexual o identidad de género a los menores de 8 años, en realidad se está prohibiendo en todo el ámbito educativo, puesto que estos menores estudian en el mismo centro escolar que los demás.

En total, Equality Florida, un grupo de defensa de los derechos LGBTI, declaró que había recibido más de 50 quejas de informes de censuras contra el colectivo LGBTI desde el mes de marzo. Todo ello antes de la entrada en vigor de la ley. Es decir, estaba ocurriendo exactamente lo que la oposición y los defensores de los derechos LGTBI habían denunciado desde el primer momento.

Una ley estrella para una candidatura de extrema derecha

Presentado en primera lectura en la Cámara de Representes del estado el 11 de enero de este 2022, el proyecto de ley HB 1557 de Derechos de los Padres en la Educación fue aprobado por los distintos comités hasta que se presentó de nuevo ante la cámara para la inclusión de enmiendas. Ninguna de las que afectaban al artículo 3 fue estimada. Finalmente, el texto fue aprobado en tercera lectura en la cámara baja estatal el 24 de febrero por 69 votos a favor y 47 en contra. Inmediatamente fue remitida al Senado estatal.

Tras la primera lectura y el paso por los comités senatoriales, de nuevo en segunda lectura fueron rechazadas todas las enmiendas, aún las que solo pedían una mayor claridad del artículo 3. El 8 de marzo, en tercera lectura, fue aprobada por el Senado de Florida por 22 votos favorables contra 17 desfavorables. El 28 de marzo fue presentada para su promulgación al gobernador DeSantis, que la firmó ese mismo día, si bien, tal como estipulaba la propia ley en su último artículo, no entraría en vigor hasta el 1 de julio.

Ron-DeSantis-Gobernador-de-FloridaEsta ley conocida popularmente como «Don’t say gay» es uno de los proyectos estrella del gobernador de Florida Ron DeSantis, un republicano del ala más extremista del partido, que es un firme candidato a disputar a Donald Trump las primarias del Partido Republicano previas a las próximas elecciones presidenciales. Con este proceso electoral interno en el punto de mira, se sucede la aprobación de leyes y normativas que consigan el apoyo del ala más derechista del partido, ahora mayoritaria. Este empeño incluso le hizo enfrentarse a una de los mayores activos de Florida, el grupo Disney, por su posición contraria a la ley, llegando incluso a provocar que la compañía de entretenimiento pierda muchas de las ventajas legales de las que disfrutaba en el estado.

Así, otras de sus leyes de propaganda, que entró en vigor el mismo día, es la Ley de Libertad Individual, que impide que se explique en las aulas el racismo histórico y el ideario del supremacismo blanco, ofreciendo una visión sesgada e inexacta sobre la historia estadounidense.

Sin abandonar el ámbito educativo, el gobernador DeSantis ha promulgado recientemente otra ley que obligará a profesores y estudiantes de las universidades públicas a declarar públicamente sus ideas políticas, con la amenaza de que los centros podrían perder su financiación si en conjunto de las respuestas no es satisfactorio, con la excusa de promover la «diversidad intelectual» en los campus.

Aunque para muchos es evidente la inconstitucionalidad de todas estas leyes, todos temen que una iniciativa judicial en contra de ellas pueda acabar en el Tribunal Supremo y obtener su aprobación, dada su actual composición de mayoría ultraconservadora.

No obstante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre emitió este comunicado por la entrada en vigor de la ley «Don’t say gay» en Florida:

Hoy, algunos de los estudiantes y familias más vulnerables de Florida tienen más miedo y menos libertad. Al entrar en vigor la vergonzosa ley estatal «Don’t say gay», los funcionarios estatales que dicen defender la libertad están limitando la libertad de sus conciudadanos simplemente por ser ellos mismos. Ya se ha informado de que se están retirando las pegatinas de «espacio seguro» de las aulas. A los profesores se les ha ordenado que no lleven prendas con los colores del arcoíris. A los profesores LGBTI se les ha impelido a que retiren las fotos familiares de sus esposos y esposas —fotos familiares muy queridas como las que hay en mi propio escritorio.

Esto no es una cuestión de «derechos de los padres». Esto es, simple y llanamente, discriminación. Forma parte de una inquietante y peligrosa tendencia nacional de políticos de derechas que atacan cínicamente a estudiantes, educadores y personas LGBTI para obtener ventajas políticas. Fomenta el acoso y amenaza la salud mental, la seguridad física y el bienestar de los estudiantes. Censura a los profesores y educadores que quieren hacer lo correcto y apoyar a sus alumnos. Y debe terminar.

El presidente Biden ha sido muy claro al afirmar que todos los estudiantes merecen sentirse seguros y bienvenidos en las aulas. El Departamento de Educación supervisará esta ley, y se anima a cualquier estudiante o padre que crea que está sufriendo discriminación a presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento. Nuestra Administración seguirá luchando por la dignidad y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y familias de Florida y de todo el país.

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Argentina aprobó nueva ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS

Miércoles, 13 de julio de 2022

CAF43C08-CB29-4D6B-9BC5-47966D29D0D3 Después de muchos años de lucha, se aprobó en el Senado de Argentina la nueva ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS. Por qué puede salvar muchas vidas.

 BUENOS AIRES, Argentina.  La nueva ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS se aprobó esta noche en el Senado por amplia mayoría, con 60 votos afirmativos y uno negativo. Su implementación tendrá un enorme impacto en la vida de muchas personas. José María Di Bello está convencide de que lo que acaba de suceder salvará vidas.

“Esta ley me va a cambiar la vida definitivamente. Me enteré de mi diagnóstico mediante un test preocupacional en una situación de intentar ingresar a un trabajo donde finalmente no ingresé. Sé que hay muchas personas a las que esto les sigue pasando. Y ahora vamos a tener un marco legal que nos ampare”, contó Manuel Ferreiro, coordinador provincial de CABA de la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP). Sabe de lo que habla.

¿Por qué esta ley salvará vidas?

José María Di Bello es presidente de la Fundación GEP, y una de las personas que ha estado durante ocho años luchando para que salga esta ley, armando y debatiendo los cinco proyectos que se presentaron desde 2016.

“El impacto más importante de esta ley es que va a salvar vidas. Todos los años fallecen 5 mil personas en Argentina por causas asociadas a VIH y a hepatitis virales crónicas. Muchas de esas muertes son evitables. Pero estas muertes no tienen que ver con que no haya tratamientos. Tampoco con que no esté disponible el acceder a un sistema de salud, aunque muchas veces por situaciones de vulnerabilidad se complica el acceso. Estas muertes están relacionadas con la vulnerabilidad social, pobreza y discriminación. Por eso esta ley va a salvar esas vidas”, insiste José María.

El enfoque en el que ponen énfasis las organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Salud de la Personas con VIH es que esta nueva ley habla de los determinantes sociales.

“Porque plantea una respuesta de protección social. Crea las pensiones no contributivas para las personas con VIH y hepatitis virales crónicas para quienes no tengan trabajo registrado. Es fundamental para que las personas tengan algo en su estómago antes de tomarse la medicación todos los días, advierte le presidente de Fundación GEP.

9B6601D7-A7BC-44A8-9195-62062EED4F6CJosé María Di Bello, frente al Congreso de la Nación en Argentina. Archivo Fundación GEP

Años de lucha por la nueva ley

Argentina contaba hasta hoy con una ley que data de 1990. Y esta no es la primera vez que llegó un proyecto al Congreso para modificar ese escrito con 32 años de historias y luchas no contempladas. Este fue, de hecho, el tercer intento.

Las primeras dos veces (en 2016 y 2018) perdió estado parlamentario, es decir: pasó el tiempo estipulado desde que entra un proyecto hasta que se trata en la sesión. Y si pasó eso, explican las organizaciones, es porque había desinterés político.

“En 2018 agregamos los artículos previsionales, porque después de los primeros años del macrismo a las personas que habían accedido a pensiones no contributivas se las habían sacado. Esto no puede quedar a criterio del gobierno de turno. Por eso los agregamos”, relata José María.

Y sigue: “En el 2020 hicimos un proceso de revisión del proyecto de 2018. Nos juntamos todos los domingos 6 horas cada vez, por 5 meses, en el medio de la pandemia, para mejorar el proyecto en redacción en cuanto a técnica legislativa. Ahí se agregó la tuberculosis. Tuvimos en cuenta que son las enfermedades transmisibles con mayor prevalencia en Argentina y en el mundo, y además son coinfecciones comunes con el VIH”.

En esa nueva redacción también se le sumó el capítulo de mujeres y personas con capacidad de gestar. Se expuso el enfoque de género en la redacción, y se profundizó en algunos artículos.

“Nunca se había llegado tan lejos. Afortunadamente muchos legisladores y legisladoras han tomado y llevado al recinto el proyecto, se han puesto al hombro y militado el proyecto como propio: Carolina Gaillard (Frente de Todos), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Romina Del Plá (FIT – Unidad). Es transversal a las fuerzas políticas. Esto lo hemos aprendido del proyecto del aborto. Esto tiene que ser una demanda de toda la sociedad, no que se capitalice en un solo partido político”, explicó Manuel Ferreiro.

Una señal del sistema político

A2EBF3B2-202E-4922-868A-2FA331278314Para Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, esta nueva ley tiene un mensaje importante: “Es una positiva señal del sistema político argentino de volver a poner en agenda un tema que debería seguir como es la respuesta al VIH, Hepatitis e ITS. Más allá de que la ley vigente garantiza derechos importantísimos como el acceso a la atención, prevención, cuidado y tratamiento, evidentemente necesitamos nuevas estrategias para torcer el curso de la epidemia”.

Con esta ley, las personas con hepatitis virales crónicas por primera vez tienen una garantía legislativa. Por primera vez los derechos de acceso al tratamiento y estudios de diagnósticos gratuitos estarán garantizados.

María Eugenia De Feo, de HCV Sin Fronteras, también cree que esta ley cambiará la vida de muchas personas. Hoy, explica, el 50% del trabajo de su ONG está dedicado a procurar el acceso al sistema de salud de las personas diagnosticadas y el otro 50% a trabajar en campañas de información y prevención destinadas a encontrar a más de 350 mil argentinos que hoy pueden tener hepatitis B o C y no lo saben.

“Habitualmente son enfermedades que no presentan síntomas hasta que el deterioro hepático es importante y la enfermedad se encuentra avanzada. Como redactora de la ley del capítulo sobre hepatitis virales, buscamos cambiar esta realidad por tal motivo el artículo sobre diagnóstico pide la obligatoriedad del médico de ofrecer el test diagnóstico en la consulta, cosa que hoy es muy eventual que se solicite”, indica María Eugenia.

Para el Boletín Epidemiológico de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Nación, publicado en diciembre de 2021, ella escribió: “En Argentina necesitamos que la respuesta integral para las hepatitis virales crónicas sea una política de Estado y que permanezca a pesar de los cambios gubernamentales.  Por tal motivo, desde la sociedad civil de hepatitis promovemos la necesidad de una legislación que ampare nuestros derechos; que en definitiva son derechos para todos las y los argentinos”.

Hoy, esa ley existe.

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Contra el estigma y la discriminación

Según el Índice contra el estigma y discriminación hacia las personas con VIH en Argentina, realizado por RAJAP, a las personas con VIH les sigue resultando difícil hacer público su estado serológico.

“Se registra un retraso en el inicio del tratamiento (TARV) como consecuencia del estigma. Esto se extiende a todos los ámbitos, e incluso lleva a las personas a evitar dar cuenta de su estado serológico al momento de hacerse atender en centros de salud por cuestiones no relacionadas con el VIH. Las relaciones laborales siguen siendo una instancia de estigma para las personas con VIH. Un 35% de la muestra declaró no conocer las leyes que refieren al VIH o directamente consideraban que no existían”, explica el informe.

Para las personas con hepatitis virales el estigma y la discriminación también es un grave problema. Según María Eugenia De Feo, de HCV Sin Fronteras, esto “se sufre en silencio en distintos ámbitos de la vida diaria laboral y social. El prejuicio social asocia la hepatitis C con la drogadicción y la hepatitis B con la promiscuidad sexual”.

El impacto más importante de la sanción de la ley, considera Manuel Ferreiro, “está vinculado a incorporar los determinantes sociales a un cuadro que hoy en día permanece como una patología médica, pero no contempla que implica una situación social vivir con VIH en Argentina de ahora. En este sentido va a apuntar a lo que más nos afecta y se conforma como una amenaza a las personas que vivimos con el virus, que es el estigma y la discriminación”.

Cuáles son los puntos claves de la nueva ley

La organización RAJAP realizó este punteo de las principales medidas de la ley:

  • La prohibición de pruebas diagnósticas de ITS en los exámenes preocupacionales y los despidos asociado a estas patologías.
  • La jubilación anticipada para quienes sean diagnosticadxs con envejecimiento prematuro por causa de los tratamientos antirretrovirales o el VIH.
  • Las pensiones no contributivas para las personas con VIH y Hepatitis Virales en situación de vulnerabilidad social.
  • El derecho a la información sanitaria necesaria pre y post diagnóstico, pre y postparto.
  • El acceso gratuito a leche de fórmula para lxs hijxs de personas gestantes seropositivas, imposibilitadas de amamantar.
  • La obligación de informar a las personas gestantes sobre las opciones de parto y la prohibición de sugerir cesáreas innecesarias basándose en el estado serológico de la persona.
  • La formación y capacitación obligatoria para todos los equipos que trabajen con ITS, incluyendo poderes del Estado, trabajadorxs de la salud y comunicadorxs.
  • La creación de diversos organismos de gestión para fortalecer organizaciones trabajando sobre ITS, para disminuir el estigma y la discriminación y para crear políticas públicas que aborden la temática de forma efectiva.

Aún falta la reglamentación, pero este es un día de fiesta para las organizaciones. Un día que soñaron hace más de 8 años y hoy se convierte en realidad.

Fuente Agencia Presentes

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El Tribunal Constitucional de Eslovenia reconoce el derecho al matrimonio igualitario y la adopción homoparental

Martes, 12 de julio de 2022

78529-slovenia-flagTribunal-Constitucional-de-Eslovenia-300x218El Tribunal Constitucional de Eslovenia ha dictado dos sentencias de efecto inmediato en las que reconocen el derecho al matrimonio y a la adopción a las parejas del mismo sexo. El alto tribunal ha dado un plazo de seis meses al legislativo esloveno para que modifique las leyes vigentes al respecto, si bien también establece que durante ese periodo los ciudadanos eslovenos podrán acogerse a lo dispuesto en las sentencias. Tras su infructuosa historia con respecto al matrimonio igualitario, aprobado y derogado en 2015, Eslovenia se convierte definitivamente en el primer país del antiguo bloque comunista en abrir esta institución a las parejas del mismo sexo.

El Tribunal Constitucional esloveno debía deliberar sobre ambos asuntos por sendos recursos de inconstitucionalidad presentados por dos parejas del mismo sexo que, respectivamente, no habían conseguido en los tribunales ordinarios contraer matrimonio o entrar en la lista de candidatos a la adopción.

Tras la deliberación, el alto tribunal ha fallado, por una mayoría de 6 votos a 3, a favor de los recurrentes por medio de dos sentencias que fueron dadas a conocer el pasado viernes 8 de julio, si bien el texto completo aún no ha sido publicado. Respecto al derecho al matrimonio, el Tribunal Constitucional estima que su prohibición a las parejas del mismo sexo violaba el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución eslovena, y que esa discriminación «no puede justificarse con el significado tradicional del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer, ni con la protección especial de la familia». También explica que la decisión «no disminuye la importancia del matrimonio tradicional como unión entre un hombre y una mujer, ni cambia las condiciones en las que las personas del sexo opuesto se casan. Lo único que significa es que las parejas del mismo sexo pueden ahora casarse igual que las heterosexuales».

En cuanto a la adopción, hasta ahora reservada exclusivamente a las parejas heterosexuales, el alto tribunal ha estimado que la prohibición de las adopciones a las parejas del mismo sexo no puede justificarse con el objetivo del máximo beneficio para los niños, ya que «una prohibición absoluta… no es un medio adecuado para lograr este fin». Por el contrario ese objetivo del máximo beneficio debe cuestionarse caso por caso, por lo que eliminar a las parejas del mismo sexo de la consideración «no puede interpretarse como una medida que mejore la posibilidad de una decisión que beneficie al máximo al niño». Sin embargo, el tribunal aclara que su decisión «no introduce un derecho a la adopción», sino que obliga a que el legislador tenga en cuenta la prohibición de la discriminación y haga posible la inclusión de las parejas del mismo sexo en la lista de candidatos a la adopción.

El Tribunal Constitucional da al Parlamento esloveno un plazo de seis meses para modificar las leyes en consonancia con su dictamen, pero establece que durante ese periodo sus sentencias serán la ley vigente, por lo que las parejas del mismo sexo eslovenas podrán contraer matrimonio o ser candidatos a la adopción desde este 8 de julio.

De esta manera, Eslovenia se convierte en el primer país de la antigua Europa del este en aprobar el matrimonio igualitario.

El matrimonio igualitario en Eslovenia: una historia accidentada

La historia del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo en Eslovenia es ciertamente accidentada. Ya en 2014 el Gobierno esloveno presentó un proyecto de uniones civiles abierto a estas parejas que, en principio, otorgaba derechos similares a los del matrimonio, pero exceptuaba la adopción y el acceso a la reproducción asistida. La iniciativa quedó en suspenso debido a unas elecciones anticipadas. El Gobierno entrante, finalmente, decidió aparcar el proyecto de ley y apostar por la igualdad jurídica plena. La ley de matrimonio igualitario era finalmente aprobada en marzo de 2015. Sin embargo, a instancia de grupos contrarios a los derechos LGTB, el Parlamento esloveno se vio obligado a fijar para diciembre de 2015 la convocatoria de un referéndum para derogarla. A pesar de que la ley fue respaldada por una amplísima mayoría de los representantes políticos (51 votos favorables frente a 28 en contra), sus detractores lograron reunir las firmas suficientes para obligar a convocar una consulta popular con el fin de invalidarla.

Aunque inicialmente el Parlamento denegó la posibilidad del plebiscito, el Tribunal Constitucional no consideró pertinente su negativa, por lo que finalmente tuvo lugar. En el referéndum, los votos contrarios a la ley superaron la mitad de los emitidos (llegaron al 63%) y el 20% del censo electoral esloveno, por lo que se cumplieron los requisitos legales para que la normativa fuera derogada. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

El referéndum tenía una validez de un año, pero el Gobierno esloveno no quiso jugar más la carta de la igualdad plena, al menos por el momento, y decidió entonces dar su apoyo una ley de uniones presentada por el diputado Jani Möderndorfer, del socioliberal Partido Moderno del Centro (SMC). El proyecto de ley finalmente fue aprobado el 21 de abril de 2016 por 54 votos a favor y 15 en contra. El 24 de mayo la ley era publicada oficialmente, y diez meses después, el 24 de febrero de 2017, entró en vigor. La ley aprobada creaba una institución jurídica distinta a la del matrimonio, aunque le concediera parte de los derechos asociados a este. De hecho, el artículo primero de la ley enunciaba de forma explícita que la unión entre personas del mismo sexo «no es un matrimonio». Entre los derechos excluidos estaban los relacionados con la homoparentalidad.

Finalmente, ha tenido que ser el Tribunal Constitucional quien establezca definitivamente que los derechos de las parejas del mismo sexo solo pueden tener cabida dentro de la misma institución que ampara a las parejas heterosexuales. También que las autoridades no pueden excluir a las parejas homoparentales de los procesos de adopción.

El matrimonio igualitario en Europa y el mundo

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de Eslovenia, son 18 los países europeos donde existe el matrimonio igualitario (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley):

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Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal(2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014en Inglaterra, Gales y Escocia, 2020 en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania (2017), Malta (2017), Austria (2019), Suiza (2021) y Eslovenia (2022). (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

Dentro de la Unión Europea, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 14 de los 27 países que la componen.

En todo el mundo, ya son 32 los países donde existe la igualdad para las parejas del mismo sexo, al añadir los siguientes al grupo europeo:

Canadá (2005), Sudáfrica (2006), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010) , Nueva Zelanda (2013), Brasil(2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015), Colombia (2016), Australia (2017),      Taiwán (2019), Ecuador (2019) , Costa Rica (2020) y Chile (2021). (Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño).

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 Fuente Dosmanzanas

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La transfobia se reitera en la cadena Cinemex de Ciudad de México

Sábado, 9 de julio de 2022

B16AABF2-AE71-4AF0-9286-C06B64442FC4La cadena de cine de México está obligada a responder por haber discriminado a una persona trans.

El enemigo no es cualquiera. Y con esa seguridad, la de alguien que sabe que va a ganar, a Paulette Slava Cárdenas Vergara, activista por los derechos de la comunidad trans (transgénero, travesti y transexual) y mujer de género, le intentaron arrebatar el derecho a la identidad, retándola: “Pues ve y denuncia”, le decía el encargado quien decidió, a nombre de la empresa, que su existencia contravenía a las normas del centro comercial. Y la corrió.

Paulette Slava asistía a las instalaciones de Cinemex (servicio de cine) ubicado dentro de la Plaza Reforma 222, en las inmediaciones de la ahora extinta glorieta de la Palma, y paradójicamente uno de los puntos de reunión donde cada año inicia la marcha por los derechos LGBTTTIQ+ en Ciudad de México. Ella salía de ver una película, pero cuando se propuso ir al sanitario, se vio obstruida por trabajadores del lugar quienes le pidieron que se retirara, todo el tiempo dirigiéndose a ella como “él”. Luego de varios minutos de discusión, el gerente concluyó con la amenaza.

La denuncia

CM_01En respuesta, Paulette se decidió a presentar las denuncias correspondientes y llevar su caso hasta las últimas consecuencias. Así fue como logró que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CPED) de la Ciudad de México emitiera un comunicado en contra de la empresa Cinemex el 27 de abril del 2022 por las evidentes violaciones a la ley cometidas por sus empleados.

En este documento foliado con el número 4309420, en manos de PODER, se relata como la activista exige que las autoridades tomen cartas en el asunto.

El documento del CPED está dirigido a Operadora de Cinemas S.A. de C.V. conjuntamente con sus sociedades controladoras, subsidiarias, filiales y sociedades bajo control de Grupo Cinemex. En él explican cómo fue que diversos trabajadores de la empresa sacaron de manera agresiva a Paulette argumentando que “era un caballero” y que ese “no era su baño”.

Además de la denuncia frente al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Paulette comenta en exclusiva para PODER que, a pesar de sentirse humillada y desconsolada, decidió dejar el mismo registro de queja en la unidad de seguridad de la plaza.

El hecho no concluyó ahí. Luego del conflicto, la cuenta oficial de Cinemex publicó una notificación en donde, según la entrevistada, se realizan actos difamatorios acusando a Paulette de exhibirse desnuda en dicho baño. Consecuentemente, la diputada del partido conservador, Acción Nacional (PAN), América Rangel, republicó esa misma información sin dar oportunidad a la afectada a su derecho de réplica o presentar las pruebas que desmintieran las acusaciones.

¿Quién es Cinemex? ¿Y quiénes o qué millonarios están detrás?

CinemezEl corporativo Grupo Cinemex forma parte de las empresas sociedad de la firma Grupo México. Se trata de la empresa del millonario German Larrea Mota Velazco, quién actualmente aparece como Consejero y Presidente Ejecutivo en el más reciente informe anual de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a su vez, accionista de otras 88 empresas en todo el país. Y aunque su actividad principal es la minería, también lo es la firma propietaria de Cinemex.

Este no es el primer caso de violación a los derechos humanos por el que se le señala a Grupo México. El 6 de agosto de 2014, México sufrió un desastre ambiental por un derrame minero propiedad de esta empresa. Los estudios arrojaron que existían fallas en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a la empresa Grupo México, en Cananea, Sonora, dedicada a la extracción de cobre y molibdeno, y ocasionó el derrame de 40,000 m3 de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en el Arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo. Hasta el momento, las comunidades afectadas continúan exigiendo la reparación del daño.

Desacatos permanentes

En el mismo modo de operar, la empresa de los Larrea desacató órdenes del Gobierno Federal para gestionar medidas de salud durante la pandemia por COVID-19. Desiderio Villegas, extrabajador minero y líder campesino, cuenta que los primos Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, y José Antonio Rivero Larrea, tienen malas prácticas muy similares. Minera Autlán, de Rivero Larrea, vierte químicos en un arroyo del Río Claro, en Hidalgo, que nace en la laguna de Atezca y pasa por Tlaxinca, Ixcatlán y Cuxhuacán, de Molango; y en Tamala, San Simón y Acuimantla, de Tepehuacán. Esta misma empresa es señalada por ejecutar lo que los comuneros denominan “ingeniería de conflicto”.

En 2007, Grupo México anunció una gran inversión – a través de Southern Copper Corporation, su subsidiaria – para extraer cobre de Tía María, una de las zonas agrícolas más importantes de Arequipa, Perú. Agricultores rechazaron el proyecto e iniciaron una huelga indefinida. En un periodo de 8 años hubo choques violentos, 4 personas fallecidas y más de 20 heridos de bala.

Finalmente, en 2006, 65 trabajadores quedaron atrapados en Pasta de Conchos por una explosión debida a la acumulación de gas metano. La mina, operada por Grupo México, tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. La empresa suspendió el rescate un año después y los cuerpos continúan sepultados.

La paradoja de quienes quieren vender a cualquier costo

En el sitio oficial de la cadena de cines (y filial de la empresa minera) asegura en su política de trabajo, que el respeto es uno de los ejes de dicha corporación: “Damos a las personas un trato digno, cordial y tolerante. Reconocemos en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana y su dignidad. Nos comunicamos con claridad y con fundamentos, siempre en un tono de respeto hacia los demás. Nos expresamos positivamente de las personas, evitando cualquier tipo de comentarios ofensivos o despectivos, sin distingo alguno por sus características individuales o nivel jerárquico. Evidentemente, este no fue el caso con Paulette.

Y aunque dichos términos no tienen carácter vinculante, es decir que no existe una normativa con condiciones claras para las personas trabajadoras que incumplan este modelo, en México la discriminación, por cuestión de identidad de género, sí es un delito.

Según lo estipulado en el Código Penal Federal, título tercero, donde se hace mención a los delitos contra la dignidad de las personas se estipula que dicho acto (la discriminación) contempla una sanción de “uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana”.

De este modo, Paulette insiste en entrevista que agotará todas las instituciones posibles con el fin de hacer cumplir la ley.

 

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Fuente Agencia Presentes

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Un millón de personas salen a la calle con motivo del 50º aniversario del Orgullo LGTBI de Londres

Viernes, 8 de julio de 2022

activistas-orgullo-londres-50-aniversario-290x150Este sábado, 2 de julio, tuvo lugar un nueva edición del Orgullo LGTBI de Londres. Una edición muy especial, en la que se conmemoraba el 50 aniversario de la primera marcha del Orgullo que tuvo lugar en la capital británica. El Orgullo de Londres 2022, además de una presencia masiva de asistentes, nos dejó algunas imágenes para recordar: la cabecera, al frente de la cual repetían algunos de los activistas que ya estuvieron presentes en la marcha de 1972; la activa participación del alcalde de Londres o el elenco de la serie Heartstopper, con Joe Locke a la cabeza, haciendo la peineta a un grupo de homófobos que protestaban.

Más de un millón de personas, según las cifras de la alcaldía de Londres, participaron en el Orgullo 2022 de la capital británica. Una marcha en la que ocuparon un lugar muy especial un grupo de activistas que ya participó, hace 50 años, en la primera grna movilización del Orgullo. «We’re here, we’re queer, we won’t disappear», fue uno de los cánticos que entonaron:

Otra de las imágenes que nos ha dejado el Orgullo 2022 fue la del alcalde de Londres, el laborista y musulmán Sadiq Khan, participando como un manifestante más en la marcha:

El alcalde de Londres, por cierto, aprovechó la ocasión para reivindicar los derechos de las personas trans y denunció la utilización política que de la comunidad trans se está haciendo en su país (donde las campañas de odio transexcluyente han conseguido, por mencionar un ejemplo, que las personas trans queden fuera del proyecto del Gobierno para prohibir las pseudoterapias «de conversión»):

Aunque sin duda las imágenes que más recorrido han tenido han sido las del elenco de la popular serie Heartstopper, una deliciosa aproximación a la adolescencia LGTB, que no dudó, con su protagonista Joe Locke a la cabeza, en bailar y hacer la peineta ante un grupo de homófobos que protestaban por la celebración del Orgullo:

Por cierto, a quien le interese conocer mejor la historia del Orgullo de Londres en imágenes, y en general la historia del movimiento LGTBI en Reino Unido, tiene a su disposición un excelente material con diferentes colecciones fotográficas en la web de Bishopgate Institute. Aquí puedes encontrar, por mencionar un ejemplo, una copia del programa del primer Orgullo de Londres (una fotocopia de 4 folios mecanografiados), del que ahora se han cumplido 50 años.

Fuente Dosmanzanas

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