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El Gobierno húngaro presenta un proyecto de ley para impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans

Lunes, 6 de abril de 2020

7LogUbD6HolwMsFFsEl vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, ha presentado un proyecto de ley que incluye una modificación de la normativa correspondiente al registro civil, para impedir que las personas trans puedan modificar sus datos registrales en razón de su identidad de género. Se trata de la primera reforma legislativa tras la asunción de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán, con la excusa de la crisis producida por el coronavirus.

El pasado lunes día 30, el Parlamento húngaro votó a favor de otorgar poderes especiales al primer ministro Viktor Orbán, debido a la situación de emergencia creada por la crisis del coronavirus. Con esos poderes, Orbán podrá aprobar leyes por decreto sin control parlamentario de manera indefinida, lo que convierte a Hungría en una dictadura de facto.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género en los archivos registrales. Este es el texto del proyecto de ley:

El concepto de género no se incluye actualmente en la legislación, dado que su definición se basa en razones biológicas. Se puede determinar en función de los caracteres sexuales primarios o de los cromosomas. El género asignado en el registro se basa en los hechos declarados por los médicos para su anotación registral. A menos que se demuestre lo contrario, el registro certifica los hechos así declarados, aunque en principio no tiene ningún efecto legal.

Sin embargo, existen derechos y obligaciones que pueden surgir en función del género declarado en el registro y, por lo tanto, es necesario definir el concepto de género al nacer. Dado que no es posible cambiar completamente el género biológico, es necesario indicar en la legislación que tampoco es posible cambiarlo en el registro.

De esta manera, utilizando los poderes especiales otorgados para la lucha contra el coronavirus, el Gobierno de Orbán aprovecha para cercenar y dejar sin efectos el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad de género. Ocurre tan solo dos años después de que entrara en vigor la ley que permite el cambio del género en los datos registrales, que entró en vigor el 1 de enero de 2018. Según la normativa aún vigente, los ciudadanos húngaros pueden adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitan un informe médico al respecto, aunque no están obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Domanzanas/Cristianos Gays

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La Alta Corte de Singapur rechaza declarar inconstitucionales las leyes que castigan las relaciones homosexuales masculinas

Jueves, 2 de abril de 2020

efa140786f9f0e97La Alta Corte de Singapur ha desestimado la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la sección 377-A del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales masculinas con hasta dos años de prisión.  El fallo se produce cuatro meses después de que tuviera lugar la audiencia para los tres demandantes, que alegaban que la penalización de la homosexualidad contraviene los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión. La Alta Corte estima, sin embargo, que la Constitución no protege explícitamente contra la discriminación por razón de sexo y deja la labor de despenalización al poder legislativo.

En esta ocasión, la Alta Corte de Singapur ha unificado tres demandas interpuestas por el DJ Johnson Ong, el médico retirado Roy Tan y el activista Bryan Choong. En todas ellas se solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de la sección 377-A del Código Penal, herencia de la época colonial británica, que castiga los «actos de indecencia entre dos hombres» con penas de hasta dos años de prisión.

Los demandantes argüían que esa sección del Código Penal no se está aplicando, de hecho, cuando las relaciones homosexuales se mantienen en el ámbito privado, porque su intención primigenia era la de combatir la prostitución masculina. Además, presentaron pruebas científicas de que la homosexualidad es una condición que no se elige y que no es modificable, por lo que criminalizarla supone un acto contra los derechos humanos.

La Alta Corte, sin embargo, ha considerado que la no aplicación real de la ley no es una razón para su derogación, pues la legislación es un reflejo «de creencias y sentimientos populares». En cuanto a la igualdad ante la ley, el alto tribunal advierte de que la Constitución no protege específicamente contra la discriminación por razón de sexo u orientación sexual. La derogación de la sección 377-A queda así en manos del poder legislativo.

No es la primera ocasión en que se desestima una demanda de inconstitucionalidad contra la penalización de la homosexualidad. En 2014 fueron rechazadas dos demandas al respecto con similares argumentos. Tanto en aquella ocasión como en esta, el abogado M. Ravi fue uno de los representantes legales de los demandantes. Ravi estima que la legislación vigente «es escandalosa para la conciencia», e informa de que los demandantes continuarán intentando su derogación.

Una sociedad muy conservadora

Singapur es una ciudad-estado del sudeste asiático, con una economía capitalista fuertemente desarrollada. Poblada por diferentes grupos étnicos y religiosos, la mayor parte de su población es de origen chino, aunque hay una elevada proporción de malayos e indios. La religión más practicada es el budismo, si bien existen importantes minorías musulmana y cristiana. Es, en cualquier caso, una sociedad globalmente muy conservadora.

Singapur no despenalizó hasta 2007 tanto el sexo oral como el sexo anal, pero solo para heterosexuales. Las relaciones homosexuales masculinas siguen penalizadas como actos de indecencia” de acuerdo a la ya mencionada sección 377-A del Código Penal, aunque en la práctica no se persiguen, siempre y cuando se practiquen, como se dijo arriba, en privado. De hecho, en 2006 se anunció una reforma para despenalizarlas que nunca se llegó a materializar.

En 2015, el Gobierno de Singapur emitió un informe para Naciones Unidas en el que defendía el mantenimiento de la penalización de las relaciones homosexuales masculinas calificándola de «equilibrada» al no aplicarse al ámbito privado.

 Fuente Dosmanzanas

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Primarias demócratas: Biden y Sanders presentan sus programas en materia de derechos LGTBI

Jueves, 26 de marzo de 2020

MjAyMDAzZDZhYzJjOGRhOTcyNWI4M2YwNTM1YThlZmRkNjc4Y2MLas primarias demócratas avanzan y dibujan un claro favorito. Joe Biden ha batido a Bernie Sanders en la mayor parte de los estados que ya han votado y se acerca a la nominación como candidato en las elecciones de noviembre. Tanto el exvicepresidente como el senador por Vermont han presentado ambiciosos programas en materia de igualdad que pretenden restaurar el daño causado por la administración Trump y colocar a Estados Unidos en la vanguardia de la promoción de los derechos LGTBI en el mundo.

La carrera por la nominación demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos ya es cosa de dos. Tras la retirada de los demás aspirantes del grupo de cabeza, incluido el abiertamente gay Pete Buttigieg, el candidato será un varón blanco, heterosexual y septuagenario: el centrista Joe Biden o el izquierdista Bernie Sanders. Los resultados de los estados y territorios que ya han celebrado primarias colocan al primero con una clara ventaja sobre el segundo, con trescientos delegados y diez puntos de margen.

Ambos candidatos han publicado sus programas sobre igualdad LGTBI, que incluyen iniciativas ambiciosas para reparar los retrocesos de la administración Trump y avanzar en otros campos, especialmente en la lucha contra la discriminación y la protección de las personas trans. Un colectivo que, recordemos, ha sido de los peor golpeados por las medidas de la actual presidencia.

En este sentido, Biden reclama su papel como vicepresidente de Barack Obama, a quien se anticipó en 2012 anunciando su apoyo al matrimonio igualitario pocos días antes de que lo hiciera el entonces presidente. Su campaña ha presentado un programa basado en siete puntos:

  • Proteger a las personas LGTBQ+ frente a la discriminación.
  • Apoyar a las personas LGTBQ+ jóvenes.
  • Proteger a las personas LGTBQ+ frente a la violencia y trabajar para acabar la epidemia de violencia contra la comunidad transgénero, en particular las mujeres transgénero de color.
  • Ampliar el acceso a sanidad de alta calidad para las personas LGTBQ+.
  • Garantizar un tratamiento justo de las personas LGTBQ+ en el sistema de justicia penal.
  • Recopilar la información (estadística) necesaria para apoyar plenamente a la comunidad LGTBQ+.
  • Fomentar los derechos LGTBQ+ y el desarrollo a nivel global.

Las propuestas de Biden alcanzan un gran nivel de concreción y se traducen en medidas contra la discriminación laboral y la permisividad con las organizaciones religiosas que deniegan servicios, el apoyo a las personas LGTBI mayores y sin techo, adopción de un tercer sexo legal, lucha contra el acoso escolar y la violencia, prohibición de las pseudoterapias de conversión y protección a los demandantes de asilo LGTBI, entre otras muchas.

Si Biden reivindica una trayectoria de apoyo a la comunidad LGTBI, Sanders puede exhibir su compromiso ininterrumpido desde su época como alcalde de Burlington, en los años 80 del siglo pasado. Las propuestas de Sanders se resumen en doce puntos. Algunas son comunes a las de Biden, como la prohibición de las «terapias» reparativas, la reversión del veto a las personas trans para servir en el ejército o la introducción de un tercer sexo legal.

  • Aprobar leyes contra la discriminación de las personas LGTBQ+.
  • Medidas en materia de sanidad: financiación de las cirugías de afirmación de género y la profilaxis preexposición (PrEP).
  • Proteger los derechos de las personas LGTBQ+ en todo el mundo con su inclusión en los acuerdos de libre comercio.
  • Lucha contra el acoso escolar, la violencia y el suicidio de jóvenes LGTBQ+.
  • Proteger a las personas trans y, en particular, las mujeres trans de color frente a la violencia, incluida la policial.
  • Medidas en materia de vivienda y protección de las personas sin techo.
  • Prohibición de la discriminación de las personas LGTBQ+ en el acceso a servicios y productos bancarios.
  • Oposición a las medidas que invocan la libertad religiosa para perpetuar la discriminación.
  • Revertir la prohibición de servir en el ejército a las personas trans.
  • Facilitar la formación de sindicatos de trabajadores LGTBQ+.
  • Reconocimiento de las identidades no binarias con la inclusión de una tercera categoría de género en los documentos.
  • Investigar todos los asesinatos de personas trans como delitos de odio federales.

Se trata, por tanto, de dos programas de amplio alcance con muchos puntos en común. Tanto si gana Biden, como todo parece indicar, como si Sanders da la sorpresa de última hora, el Partido Demócrata concurrirá a las presidenciales con el programa más avanzado en materia LGTBI de la historia. Estaremos pendientes de las próximas citas de las primarias para conocer quién se enfrentará en noviembre a Donald Trump, cuya administración ha causado tanto daño a la comunidad en solo tres años.

Fuente Dosmanzanas

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El excongresista estadounidense Aaron Schock comunica públicamente su homosexualidad tras una carrera política radicalmente LGTBfoba

Miércoles, 18 de marzo de 2020

077903C9-0C5C-497E-9371-0C9616F60BB1El excongresista estadounidense Aaron Schock ha comunicado a través de las redes sociales su condición de homosexual. Durante su carrera política dentro del Partido Republicano, Schock se caracterizó por su fuerte conservadurismo, también en materia social y de derechos LGTB, votando en contra de la derogación de la DOMA (la ley que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) y apoyando la reforma de la Constitución para impedir el matrimonio igualitario. Aunque los rumores sobre su homosexualidad se han sucedido desde el comienzo de su carrera política, Schock siempre los había negado hasta este momento.

En una entrada en su cuenta de Instagram del pasado 5 de marzo, el excongresista por el estado de Illinois Aaron Schock ha emitido un largo comunicado que comienza de la siguiente manera: «Soy gay. Para quienes me conocen y para muchos de los que solo han oído hablar de mí esto no será una sorpresa. Durante el último año, he estado seleccionando a las personas que creí que deberían oír esta noticia directamente de mí antes de hacer una declaración pública. Quería que mi madre, mi padre, mis hermanas, mi hermano y mis amigos más cercanos lo escucharan primero de mí».

Sin embargo, el excongresista detalla cómo su madre ha rehusado encontrarse con él para hablar de este asunto, así como las presiones de algunos allegados para que se someta a las infames terapias de conversión de la homosexualidad. Schock cree que con esta declaración habrá perdido para siempre algunas de sus relaciones familiares o amistosas.

B6223AFC-FA96-4F55-85E0-4B88B13AB2A0Este rechazo familiar contrasta con lo que parece ser una aceptación personal gradual de su orientación sexual a lo largo del pasado año. Han sido frecuentes las noticias en las que se informaba de que había sido visto en fiestas y eventos LGTB. También se dieron a conocer fotografías de contenido explícito en su cuenta de una conocida aplicación de contactos para hombres homosexuales o bisexuales.

Schock fue congresista del Partido Republicano por el estado de Illinois desde el año 2009 hasta el 2015, y fue considerado una de las estrellas emergentes del ala más conservadora del partido. Desde su escaño en la Cámara de Representantes, votó en contra de que se incluyeran entre los crímenes de odio aquellos causados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima. También votó para rechazar la derogación de la política de «Don’t ask, don’t tell», el decreto que impedía interrogar sobre la orientación sexual en las fuerzas armadas. Se opuso públicamente al matrimonio igualitario, apoyando con su voto la continuidad de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios de parejas del mismo sexo) y se declaró partidario de enmendar la Constitución de los Estados Unidos para que se impidiera constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo y evitar cualquier beneficio federal.

En su comunicado, Schok trata de justificar su actuación LGTBfoba desde su cargo político, arguyendo que solo seguía las directrices de los líderes de su partido. También comenta que tanto Hillary Clinton como Barack Obama se opusieron en su día al matrimonio igualitario, como ejemplo de que la defensa de los derechos LGTB no siempre ha contado con los apoyos que cuenta actualmente. En todo caso, afirma que hoy defendería en el Congreso los derechos de las minorías sexuales. También agradece que en el momento presente pueda «vivir abiertamente como un hombre gay gracias a las extraordinarias y valientes personas que tuvieron el valor de luchar por nuestros derechos cuando yo no lo hice».

noticias_file_foto3_1027018_1454332807Las especulaciones sobre la homosexualidad de Schock fueron constantes desde el inicio de su carrera, si bien habitualmente se esgrimieron para ello argumentos tan frívolos como su peculiar gusto para vestirse o su propensión a aparecer con el torso desnudo en las portadas de revistas sobre musculación. También fue grabado por las cámaras de la web de cotilleos TMZ paseando por el barrio gay de Tampa. El congresista siempre negó los rumores cuando se le preguntó al respecto, calificando el mero hecho de que se le inquiera sobre ello de «ridículo e inapropiado». Su postura sirvió para que se abriese el debate de si debe sacarse del armario a los políticos LGTB activamente homófobos.

El excongresista renunció a su escaño tras comenzarse una investigación federal sobre el uso que hacía de los fondos públicos para intereses privados. Sin embargo, los cargos finalmente han sido desestimados por la Fiscalía, a través de un acuerdo que ha sido criticado por su falta de transparencia.

Fuente Dosmanzanas

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Cámara de Diputados aprueba proyecto que exige a Chile ratificar la Convención Interamericana contra la Discriminación

Martes, 17 de marzo de 2020

A-OEA_logo_El proyecto de resolución rechazó además la homo/transfobia estatal en Rusia. Iniciativa fue impulsada por los diputados Pablo Vidal, Natalia Castillo y Maite Orsini, entre otros.

La Cámara de Diputados aprobó hoy por 103 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones un proyecto de resolución que condena la violencia homo/transfóbica en Rusia y exige a Chile ratificar la Convención Interamericana contra la Discriminación y la Intolerancia, informó la congresista Natalia Castillo.

“Ahora aprobamos en la @CamaraDiputados el proyecto de resolución que presentamos con  @pablovidalrojas  buscando que Chile ratifique la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia suscrita en 2005. Un largo anhelo de la comunidad LGTBIQ+”, anunció Castillo por Twitter.

Si bien  en a 2013 la Organización de Estados Americanos aprobó la resolución y, dos años más tarde el Gobierno de Michelle Bachelet la suscribió, en el marco de un trabajo conjunto con el Movilh. lo concreto es que tal instrumento aún no es ratificado por el Estado de Chile.

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En tal sentido, el proyecto de resolución impulsado por los/as  diputados/as Natalia Castillo, Maite Orsini y Pablo Vidal Rojas, entre otros/as instó al Gobierno del presidente Sebastián Piñera a “ratificar la convención”, además de manifestar su “profundo rechazo a la denominada ·”Ley de propaganda gay” del Estado de Rusia  y expresar su preocupación “por la vulneración de derechos de la población LGBTIQ+ en el mundo y en especial en Chile”

En tal sentido, la resolución recordó que en 2018 los atropellos contra la población LGBTI aumentaron un 44% en Chile, mientras que en Rusia la denominada “Ley de propaganda gay” “acentuó la hostilidad que padecen desde hace mucho tiempo las personas LGBTI,” en dicho país.

El Movilh “valoró la aprobación del acuerdo, y en especial el impulso que le dio un grupo de diputados/as a la propuesta. La Convención Americana contra Todo Forma de Discriminación, para la cual trabajamos durante años en alianza con grupos LGBTI de diversos países, merece con urgencia ser ratificada por Chile, donde los derechos humanos son vulnerados”

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“De igual manera aplaudimos la solidaridad y empatía con las personas LGBTI de Rusia, cuya realidad es cruel e inhumana a raíz de un fundamentalismo estatal que ni siquiera respeta la vida de las personas con orientaciones sexuales o identidad de género diversas”, finalizó la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

Votaron contra la resolución los/as diputados/as Miguel Mellado y Francesca Muñoz. Se abstuvieron Sergio Bobadilla, Eduardo Durán, Camula Flores, Karin Luck, Harry Jürgensen, Carlos Ignacio Kuschel,, Jorge Rathgeb, Leopoldo Pérez, Luis Pardo,  Rolando Rentería, Gustavo Sanhueza, Diego Schalper, Virginia Troncoso, Ignacio Urrutia y Enrique Van Rysselberghe.

Proyecto aquí

Fuente MOVILH

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El estado de Washington aprueba prohibir la defensa por «pánico insuperable» en los delitos contra las personas LGTBI

Martes, 17 de marzo de 2020

BD297F9C-8AF2-4F16-8CCE-CD2FD763E7B3El Senado del estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, ha aprobado un proyecto de ley, procedente de la Cámara de Representantes, para prohibir la alegación de «pánico gay» o trans como atenuante de un delito. Se trata de una de las estrategias de defensa legal más utilizadas por los asesinos de personas LGTBI, que argumentan haber cometido el crimen cegados por un miedo insuperable tras el acercamiento de una persona de la que supuestamente descubren en ese momento que es homosexual o trans. La iniciativa lleva el nombre de Nikki Kuhnhausen (en la foto), una adolescente trans asesinada con 17 años en 2019. Nueve estados de Estados Unidos ya han introducido leyes para acabar con estos casos.

El caso de Nikki Kuhnhausen conmocionó a la sociedad del estado de Washington. La joven de 17 años desapareció en junio del año pasado, pero sus restos mortales no se localizaron hasta diciembre, en un bosque cercano a la localidad de Vancouver junto a Portland. La investigación reveló que Kuhnhausen fue estrangulada por un hombre de 25 años que presuntamente pretendía mantener relaciones sexuales con ella. El acusado declaró a la policía que al saber que la adolescente era una mujer trans, se sintió «realmente incómodo» y que la revelación lo «trastornó».

Un ejemplo más de la estrategia de defensa legal de «pánico trans» o gay, según el caso, que los asesinos de personas LGTBI utilizan con frecuencia. Aunque en esta ocasión, gracias a la iniciativa de la madre de la víctima, el terrible suceso tendrá consecuencias. Al conocer la declaración del presunto homicida, Lisa Kuhnhausen-Woods comenzó a hacer campaña por la prohibición de los atenuantes por miedo insuperable, y sus esfuerzos han cristalizado en un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del legislativo estatal y que ya solo aguarda la firma del gobernador.

La norma, que lleva el nombre de Nikki, fue discutida y aprobada en la Cámara de Representantes el pasado 12 de febrero por 90 votos a favor y solo cinco en contra. En el Senado, el apoyo ha sido igual de abrumador y bipartito. El pasado miércoles, 46 senadores respaldaron la medida frente a tres que se opusieron. El proyecto solo aguarda ya la firma en las próximas semanas del gobernador demócrata Jay Inslee.

Washington se convertirá, previsiblemente, en el décimo estado en aprobar una ley de este tipo. El primero fue California, en 2014, seguido por Illinois, Rhode Island, Connecticut, Hawái, Maine, Nevada, Nueva York y Nueva Jersey. Además, otros cinco estados debaten actualmente normas similares. Fuera de Estados Unidos, Nueva Zelanda adoptó la prohibición de la defensa por «provocación» en 2009 y en Australia, todos los territorios ya han aprobado leyes contra las defensas por «insinuación homosexual» salvo Australia Meridional, donde actualmente se discute el asunto.

«Pánico gay»: un largo historial de uso

La defensa por «pánico gay», en sus diferentes variantes, ha sido y sigue siendo muy utilizada. En España, sin ir más lejos, permitió que Jacobo Piñeiro, asesino de dos chicos gais en Vigo en 2006 (a los que asestó 57 puñaladas, para luego prender fuego a su casa) fuera absuelto por un jurado popular en 2009. Por fortuna la justicia obligó a repetir el juicio con un nuevo jurado, y Piñeiro fue finalmente declarado culpable de doble asesinato y condenado a una pena de 58 años de cárcel, una sentencia que fue luego confirmada por el Tribunal Supremo. El alto tribunal estimó, tal y como ya había resuelto antes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que el recurso de Piñeiro se hallaba «completamente huérfano de fundamentación», tanto por las atenuantes invocadas de «miedo insuperable, trastorno mental transitorio y superación de una situación límite que le hacía temer por su vida» como porque los motivos formulados carecían «de amparo procesal».

En Estados Unidos, la defensa por «pánico gay» ha sido utilizada en muy diversas ocasiones, empezando por el terrible asesinato de Matthew Shepard en 1998, cuya brutalidad ocasionó un fuerte movimiento de protesta. Este movimiento culminó en 2009 con la ley que lleva su nombre, por la que se incluye la orientación sexual de las víctimas en la lista de delitos de odio. La misma defensa fue utilizada por los abogados de Brandon McInerney, un muchacho de 14 años que asesinó su compañero de instituto Lawrence King, aunque al final, tras un acuerdo, fue condenado a 21 años de cárcel. Y también ha sido usada por la defensa de Lawrence Reed, acusado en marzo de 2013 del asesinato de Marco McMillian, primer candidato abiertamente gay a la alcaldía de Clarksdale, Misisipi.

En junio de 2013, la sección de justicia criminal de la Asociación Americana de la Abogacía (American Bar Association) propuso precisamente a sus miembros una serie de medidas contra el uso de esta estrategia, incluyendo la recomendación de medidas legislativas como la aprobada ahora en Washington. La propuesta fue aprobada de forma unánime en agosto de 2013 por la asamblea de dicha organización, a la que están afiliados más de 400.000 abogados.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspende cautelarmente la aplicación del veto parental

Lunes, 16 de marzo de 2020

Vox-renunciara-cualquier-facilitar-Murcia_EDIIMA20190711_0862_4Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercando posturas con Vox  EFE

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado suspender, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, la ejecución del mal llamado «PIN parental» por parte del Gobierno murciano. Una medida que desde hace años vienen reclamando organizaciones ultraconservadoras como HazteOír, que el Gobierno de Murcia ha hecho suya y que autoriza a los padres a prohibir que sus hijos acudan a charlas educativas sobre diversidad y contra la LGTBIfobia.

Mucho se ha escrito sobre el «PIN» o veto parental, una medida que, ya antes de que la polémica saltara a primer plano de la actualidad nacional, el Gobierno murciano había implementado el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación, que ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa. Semanas más tarde, en el marco de las negociaciones presupuestarias entre PP, Ciudadanos y Vox, las tres formaciones que dan sostén al Gobierno de Murcia (aunque la formación de extrema derecha no forma parte del mismo), acordaron darle mayor rango normativo.

Fue entonces cuando el debate se hizo extensivo al nivel nacional, a pesar de que como hemos dicho la medida ya se encontraba en vigor desde el inicio del curso, y el Gobierno de España tomó cartas en el asunto. El Ministerio de Educación, a cuyo frente se encuentra Isabel Celáa, dio en enero un plazo de un mes a la Consejería de Educación de Murcia a que retirara las instrucciones a los centros. El Gobierno murciano hizo caso omiso y en febrero presentó un recurso por la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español considera que la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes. Por otra parte, considera que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a  este tipo de actividades supondría una «objeción de conciencia encubierta» que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. El Ministerio entiende además que el veto parental colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España, la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

De hecho, se da la circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Las instrucciones del Gobierno murciano, suspendidas cautelarmente

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido suspender cautelarmente las instrucciones de la Consejería murciana de Educación hasta decidir sobre el recurso del Ministerio de Educación. El tribunal, conviene aclarar, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión: la suspensión tiene lugar ya que «puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio (…) una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad».

A ello se une que el alto tribunal murciano no considera que la suspensión suponga un riesgo para el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos ya reconocido por las leyes, estimando que ya «existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad».

El auto de suspensión cautelar no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición. Estaremos atento a cómo evolucionan los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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Más de 1300 mujeres lesbianas, bi y trans han denunciado discriminación y abusos en Chile

Miércoles, 11 de marzo de 2020

4D4FC9AB-A4AB-4EF7-969B-0CFA1694DD0723 han sido asesinadas. El Movilh exigió hoy la plena igualdad de derechos para las mujeres diversas, así como la visibilidad de las mismas en una nueva Constitución.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó hoy que desde el año 2002 a la fecha 1.370 mujeres han denunciado discriminación y violencia en razón de su orientación sexual o identidad de género de Chile, al tiempo que llamó a incluir la realidad del sector en una nueva Constitución.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, precisó que de los 1370 atropellos contra mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y trans, 23 corresponden a asesinatos, lo cual “refleja una doble vulnerabilidad que poco y nada es abordada y enfrentada por el Estado, pese a que Chile firmó ante la Comisión Interamericana de DDHH (INDH) un Acuerdo de Solución Amistosa para erradicar y prevenir este tipo de violencia”.

Uno de los aspectos más graves es que solo el 8% de las mujeres diversas se atreve a denunciar los abusos, por tanto, los 1.370 casos conocidos solo dan cuenta de un pequeña parte de esta realidad. El temor para reportar los atropellos, demuestra la necesidad de implementar políticas públicas focalizadas para las mujeres diversas”, añadió Andrade.

El Movilh consideró además que “estando nuestro país a pasos de un plebiscito donde sin duda ganará la opción favorable a nueva Constitución, resulta del todo pertinente que todas las fuerzas sociales y políticas se comprometan para que la Carta Magna visibilice e incorpore de manera explícita la plena igualdad de derechos para las  mujeres con orientaciones sexuales,  identidades o expresiones  de género diversas”.

Por todos estos motivos llamamos a hoy a las mujeres a marchas unidas por la dignidad de todas y todes, sin discriminación d ningún tipo”, finalizó Andrade

De acuerdo a la Encuesta Visibles, aplicada por el Movilh a fines 2019 a 2.146 mujeres lesbianas, bi, trans y pansexuales, el 77% de este grupo humano ha sido discriminado, mientras que el 47% se dañó a sí misma producto de la lesbofobia. Además el 67% oculta siempre o veces su orientación sexual por temor a ser agredida, el 4% fue violada y el 12% intentó suicidarse a raíz de la presión social. De quienes se infligieron algún tipo de daño, el 45% lo hizo antes de los 14 años.

Fuente MOVILH

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La niña trans a la que la Federación Catalana de Natación no permitía competir junto a sus compañeras podrá hacerlo tras la mediación de la Generalitat

Martes, 10 de marzo de 2020

9213FBF4-DE06-4A2A-B286-9D35CB2CFEBAOna, nombre ficticio,

Ona, una niña trans de ocho años, podrá competir junto a sus compañeras después de que la Federación Catalana de Natación le haya habilitado su ficha federativa en la categoría que corresponde a su identidad sentida. Cinco meses después que su familia lo solicitase, ha tenido que ser la Generalitat de Cataluña la que, dando cumplimiento a lo que recoge el artículo 14 de la ley catalana contra la LGTBIfobia, haya conseguido que Ona (nombre ficticio) pueda competir como la niña que es. Un ejemplo más de la necesidad de un marco legislativo que blinde los derechos de las personas trans (y muy singularmente las menores de edad) en todos los ámbitos de la vida y no permita, como sucede en este caso, que se vean sometidas a decisiones arbitrarias. 

Ona (nombre ficticio) tiene ocho años, y todavía no ha podido ver reconocida legalmente su identidad de género. La ley española ha quedado atrasada en esta materia, al no permitir a los menores acogerse a este derecho a no ser que lo peleen en los tribunales y tengan suerte con el juez que les toque. Una circunstancia que hasta el propio Tribunal Constitucional ha declarado ya inconstitucional (con matices) pero que sigue sin actualizarse debido a la parálisis legislativa estatal en materia LGTBI de la última década. Es por eso que la Federación Catalana de Natación se negaba a emitir su fecha federativa como niña, a pesar de la ilusión de Ona por ese deporte y el apoyo incondicional de su familia. En la actualidad, como han denunciado colectivos como la FELGTB, la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI o Deporte y Diversidad con motivo de la reciente celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, «el derecho de la infancia y adolescencia trans a acceder libremente a la práctica deportiva depende de la voluntad de las federaciones deportivas que deciden arbitrariamente si una persona puede competir o no en la categoría correspondiente a su género».

Finalmente, y después de que la Secretaría de Igualdad de la Generalitat de Cataluña mediase, Ona ha visto cumplidos sus deseos. La solución adoptada implica que la Federación Catalana de Natación tomará los datos de la tarjeta sanitaria de la niña, que de acuerdo a la legislación autonómica catalana sí contempla el cambio de nombre, y no de su DNI. La Generalitat da así cumplimiento a lo que recoge el artículo 14 de la ley catalana contra la LGTBIfobia, que entre otros puntos obliga a las administraciones públicas catalanas a garantizar «junto con las federaciones deportivas, la libre participación de las personas LGBTI en las competiciones y el trato correcto de estas personas en las instalaciones deportivas».

Una decisión que ha sido bienvenida por los colectivos LGTBI, si bien la presidenta de Chrysallis Catalunya, Ana Valenzuela, ha insistido en que no solo se trata «de que se aprueben medidas excepcionales para casos concretos como este», sino que se respete el derecho de todas las personas trans que participan en competiciones deportivas. «Para ello, es importante que el gobierno de España apruebe de forma urgente una ley estatal contra la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género. Esa ley debe contener el derecho de deportistas trans a participar libremente en la categoría según su identidad sentida y sin aportar ninguna documentación médica», han expresado en una nota de prensa conjunta Chrysallis Cataluña, la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI y Deporte y Diversidad. Mientras llega esa ley estatal, el presidente de Deporte y Diversidad, David Guerrero, ha asegurado que «seguiremos exigiendo a los gobiernos autonómicos con leyes específicas LGTBI que aprueben reglamentos y normativas que garanticen los derechos de las personas trans».

Estas organizaciones han recordado además que ya existe un precedente en Castilla y León, comunidad en la que paradójicamente no hay vigente una ley trans, y en la cual el Tribunal Administrativo del Deporte (dependiente del Consejo Superior de Deportes) ha ordenado a una federación la expedición de una ficha federativa en categoría de sexo sentido a una persona trans.

Fuente Dosmanzanas

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El primer ministro de Hungría Viktor Orbán pide al Partido Popular Europeo más contundencia contra el matrimonio igualitario y la «ideología de género»

Martes, 3 de marzo de 2020

13968854263210El Partido Popular Europeo (PPE) ha abandonado el modelo de familia tradicional y «ha caído en los brazos de la ideología de género». Es lo que ha expresado en una carta Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría desde 2010 al frente de Fidesz. La formación, a la que el mandatario ha empujado a la extrema derecha, sigue vinculada al PPE, aunque su afiliación se encuentra parcialmente suspendida desde hace un año. Una situación que podría terminar si el Fidesz se desmarca de los populares y cambia de grupo político, como ha amagado con hacer. La Hungría de Orbán ha experimentado un auge del discurso de odio LGTBfobo, en el marco de graves agresiones a los principios básicos de la democracia liberal que han sido condenadas por la Unión Europea.

El pasado 3 de febrero, los populares europeos decidieron prolongar indefinidamente la suspensión de Fidesz. El partido húngaro, que bajo el mandato de Viktor Orbán ha transitado desde el centroderecha hasta la extrema derecha, estaba parcialmente suspendido parcialmente desde marzo de 2019. La medida se traduce en que los miembros de Fidesz no pueden participar en las asambleas del PPE ni postularse para sus cargos, aunque siguen formando parte del grupo popular en el Parlamento Europeo.

La prolongación de la suspensión ha provocado la reacción de Orbán. El primer ministro ha enviado un memorándum en el que ataca duramente lo que él percibe como tibieza ideológica de sus correligionarios. El líder de Fidesz pide un claro giro a la derecha y a los «valores cristianos» en varios asuntos, entre los que la equiparación de derechos de la comunidad LGTBI ocupa un lugar destacado.

En su carta, Orbán reclama un regreso del PPE a los valores «de inspiración cristiana» y en particular al «modelo cristiano de familia y el matrimonio de un hombre y una mujer». El primer ministro húngaro achaca la pérdida de poder de los populares europeos en los últimos años a una supuesta claudicación ante «teorías sociales socialistas e igualitarias». «Renunciamos al modelo de familia basado en el matrimonio de una mujer y un hombre y caímos en los brazos de la ideología de género», se lamenta Orbán.

La contundencia de la carta contra sus aún compañeros son un indicio de una posible salida del PPE, con la que el propio líder del Fidesz ha amagado varias veces. La formación, más cercana a la extrema derecha polaca de Ley y Justicia (PiS), podría unirse a ellos en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). En materia LGTBI, ambos partidos defienden un discurso hostil muy similar.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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Las «zonas libres de ideología LGTB» abarcan ya la tercera parte de la superficie de Polonia

Lunes, 2 de marzo de 2020

pegatina-homofoba-Polonia-Gazeta-Polska-237x300Más de cien municipios, además de varios condados y regiones que cubren en conjunto una tercera parte de la superficie de Polonia, han sido declarados «zonas libres de ideología LGTB». La iniciativa se ha extendido principalmente por el sudeste del país con el apoyo de la extrema derecha de Ley y Justicia (PiS), en el Gobierno desde 2015. El Parlamento Europeo ha condenado rotundamente la medida, de carácter principalmente simbólico pero con una profunda carga de odio LGTBfobo y estigmatización.

Hace ahora un año, el alcalde de Varsovia Rafał Trzaskowski firmaba una declaración de apoyo a la comunidad LGTBI y de lucha contra la discriminación. Fue de la primera de este tipo que se aprueba en Polonia y preveía medidas para proteger a la población LGTBI frente a las agresiones y fomentar su inclusión, también mediante la introducción de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual y de género en las escuelas. Este fue, precisamente, el punto que provocó una reacción más furibunda de la derecha reaccionaria, que acabó cristalizando en la proliferación de las infames «zonas libres de ideología LGTB».

El líder del gobernante PiS y ex primer ministro Jarosław Kaczyński fue uno de los primeros en aprovechar la iniciativa de Trzaskowski para echar gasolina a la LGTBfobia. El político de extrema derecha calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos. Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado.

Otro de los efectos de esta oleada de odio ha sido la declaración de las «zonas libres de ideología LGTB» desde marzo de 2019. La iniciativa LGTBfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La activista Olga Kaczorek califica las mociones como «una declaración que dice que un tipo específico de personas no son bienvenidas». Para agosto de 2019, se habían aprobado unas 30 zonas, incluyendo las regiones de Pequeña Polonia, Subcarpacia, Świętokrzyskie y Lublin, en el sudeste del país.

Poco antes, el semanario ultraderechista Gazeta Polska obsequiaba a sus lectores con una pegatina de promoción de la iniciativa LGTBfoba. Se trataba de un adhesivo con una bandera arcoíris tachada con una X negra acompañada de la denominación en polaco «Strefa wolna od LGBT» («Zona libre de LGTB»). Gazeta Polska, además, es una de las principales publicaciones periódicas del país. La iniciativa provocó una cascada de críticas y un tribunal acabó paralizando cautelarmente la distribución de las pegatinas, aunque el semanario volvió a distribuirlas cambiando el mensaje a «zona libre de ideología LGTB».

CED940B3-B689-4929-9A11-045B58F2AE07La medida de odio LGTBfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfreilibres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena de las «zonas libres de ideología LGTB». En enero, el activista Bart Staszewski inició una campaña para visualizar el estigma de esta iniciativa posando con signos en varios idiomas junto a las señales de entrada a las localidades adheridas a la iniciativa LGTBfoba (ver imagen, a la izquierda). A fecha de hoy, las jurisdicciones declaradas «zonas libres de ideología LGTB» abarcan un tercio de la superficie total de Polonia e incluyen cerca de cien municipios, al menos dieciocho condados y cinco regiones (a las cuatro iniciales se les unió Łódź).

Fuente Dosmanzanas

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Un reportero de ‘Viva la vida’ se somete a un exorcismo para “curar la homosexualidad”

Sábado, 29 de febrero de 2020

índiceAunque parezca increíble, en nuestro país se siguen realizando prácticas para curar la homosexualidad. Así lo hace una iglesia evangélica: mediante un rito consistente en usar aceites y hablar en supuesto arameo para “expulsar los demonios” y conseguir así una reconversión sexual.

Un reportero del programa ‘Viva la Vida’ ha grabado esta sorprendente práctica. Para ello, asiste a una terapia dirigida a jóvenes que “tienen un trastorno”, que achacan a la situación familiar y a una posesión maléfica. Hecho el ‘diagnóstico‘, toca empezar con el ritual. Como si se tratara de un exorcismo, con unción de aceite incluida, casi rozando el trance, hacen esta terapia.

Religosas o no, las llamadas terapias de reversión están prohibidas expresamente en España sólo en cuatro Comunidades Autónomas: Aragón, Valencia, Andalucía y Madrid, donde se han grabado estas imágenes con cámara oculta. Una prohibición que se extenderá a todo el país en cuanto se apruebe, como está previsto, la Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI.

El reportero Roberto se sometió a una cura contra la homosexualidad en un taller de una iglesia evangélica de Madrid, que realiza estas terapias en jóvenes.

A lo que fue sometido Roberto, se le podría denominar como ‘exorcismo’. Grabado con cámara oculta el reportero pudo conseguir un documento gráfico completo sobre la práctica llevada en este lugar. Previamente el reportero es diagnosticado antes de comenzar el ‘ritual’. El ‘curandero’ comienza el ritual hablándole a Dios para que este acabe con el sufrimiento del reportero. “Te pido Padre Santo que saques todo espíritu inmundo que haya de fornicación, de adulterio y de homosexualismo”.  No falta el ¡Satanás fuera de este cuerpo en nombre de Jesús!

En toda la ceremonia el reportero tiene que repetir palabras que le dice el curandero: “Rompe toda atadura, rompe toda vinculación, hacia la pornografía, hacia malos sentimientos, hasta sentimientos equívocos, en el nombre de Jesucristo”. El show es tal que el curandero entra casi en trance cuando le coge de las manos y reza.

Obviamente el programa fue muy comentado en las redes sociales que criticaron que estos actos siguieran llevándose a cabo sin impunidad alguna. Como hemos comentado anteriormente en España las terapias de conversión son ilegales en Madrid, Andalucía, Aragón y Valencia. A la espera de la nueva Ley contra la Discriminación de las Personas LGTB.

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Las últimas noticias acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que la asociación española Abogados Cristianos se querella contra Ignacio Aguado por hacer pública la multa a la coach de terapias para personas LGTBI, y que, ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

Y recientemente, el estado de Utah ha prohíbido a los profesionales médicos practicar «terapias» de conversión en menores de edad. De esta manera, la lista de estados y territorios estadounidenses que prohíben las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad suma un nuevo miembro. El gobernador de Utah, bastión del mormonismo, firmó el mes pasado una orden ejecutiva para prohibir estas peligrosas prácticas que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género. La medida sale adelante por el empeño del mandatario republicano, después de que las cámaras legislativas la rechazaran. Utah se convierte en el 19º estado de los Estados Unidos (además de Washington D.C. y de Puerto Rico) en vetar estos infames procedimientos, si bien la prohibición solo se aplicará a profesionales médicos. El siguiente podría ser Virginia.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El Tribunal Constitucional de Croacia abre la acogida de menores a las parejas del mismo sexo

Martes, 25 de febrero de 2020

A7BD966F-117C-4AAB-90EA-6E97FD40D42EEl Tribunal Constitucional de Croacia ha sentenciado que excluir a las parejas del mismo sexo de la acogida de menores es «inaceptable». El fallo es la respuesta a la demanda de una pareja de hombres que llevan desde 2017 intentando ser padres de acogida. La legislación no hace referencia a las parejas unidas civilmente, una omisión en la que se basaba la administración para negarles esta posibilidad. Croacia sigue sin reconocer el matrimonio igualitario (prohibido a nivel constitucional) ni la adopción conjunta homoparental.

La lucha legal y administrativa de Ivo Šegota y Mladen Kožić por convertirse en padres de acogida comenzó en 2017. La pareja, unida civilmente, consiguió su certificado de idoneidad para acoger tras una completa evaluación de su historial. El Centro de Bienestar Social, sin embargo, rechazó su solicitud bajo el pretexto de que la legislación sobre acogida limita esta posibilidad a matrimonios (heterosexuales), parejas no casadas o personas solteras, pero no menciona expresamente a las parejas unidas civilmente.

Šegota y Kožić recurrieron entonces a la justicia, y el pasado diciembre consiguieron su primera victoria. El Tribunal Administrativo de Zagreb anuló, en una sentencia firme, las decisiones administrativas contrarias a la acogida por parte de la pareja. Se basó para ello en la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe implícitamente la discriminación basada en la orientación sexual. Sorprendentemente, el Centro de Bienestar Social ignoró el fallo y denegó una vez más la concesión de la acogida.

El caso pasó al Tribunal Constitucional, la máxima instancia judicial del país. En una sentencia emitida el pasado 7 de febrero, los jueces del alto tribunal dictaminaron que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la igualdad de trato en el acceso a la acogida de menores. El fallo establece que la legislación vigente «produce consecuencias discriminatorias contra las personas del mismo sexo que viven en pareja de manera registrada o informal, lo cual es constitucionalmente inaceptable».

La sentencia no deroga la ley en vigor, pero fija que su aplicación no puede excluir a las parejas del mismo sexo. El fallo fue suscrito por nueve magistrados, frente a cuatro que se opusieron. De ellos, dos abogaban por ir más lejos y reformar la norma sobre acogida, mientras que los otros dos negaban la mayor al no admitir que la legislación discrimine a las parejas del mismo sexo.

Croacia: pasos adelante, pasos atrás

De los países balcánicos, Croacia es uno de los que más pasos ha dado en favor de los derechos LGTB, pero no sin traumas. En el año 2014 el Parlamento croata aprobaba una ley de uniones entre personas del mismo sexo después, eso sí, de que mediante la celebración de un referéndum se oficializase la discriminación de estas parejas en la Constitución en su acceso al matrimonio.

Un referéndum al que en su momento se opuso tanto el entonces presidente del país, Ivo Josipović, un importante aliado del colectivo LGTB, como el Gobierno croata, entonces en manos socialdemócratas. Pero no conviene olvidar que Croacia es un país en el que la Iglesia católica, que hizo campaña activa en favor de la discriminación, conserva todavía una importante influencia social. Así lo ha demostrado, por ejemplo, apoyando manifestaciones contra el Convenio de Estambul contra la violencia de género por temor a que sirva para favorecer derechos LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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El 53,1% de trabajadores han sido testigos de discriminaciones a personas LGTB y el 89,9% no conoce denuncias, según UGT

Miércoles, 19 de febrero de 2020

16143219_1242585002483991_2180046575607689608_nEl 53,1 por ciento de los trabajadores madrileños afirma haber sido testigo de discriminaciones a personas LGTBI en su entorno laboral y el 89,9 por ciento no conoce denuncias por esta causa, según una encuesta que ha llevado a cabo UGT y que ha presentado este viernes.

La secretaria de Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT, Ana Sánchez de la Coba, ha explicado en rueda de prensa que los resultados han sido extraídos de una muestra de 750 delegados de distintos centros de trabajo y áreas de actividad de la Comunidad de Madrid.

Así, ha aclarado que las conclusiones se han extraído teniendo en cuenta las garantías legales que existen en el país en materia de igualdad y con el objetivo de “obtener una radiografía de cuál es la realidad que vive este colectivo”.

En cuanto al tipo de discriminación, el estudio desprende que la forma más común viene siempre dada por el chiste y por la burla. En este sentido, De la Coba ha deslizado que esta se trata de una “constante muy normalizada en nuestro país”. En segundo lugar, con un 17 por ciento de las respuestas, se recoge el insulto al que le sigue el acoso moral con el 11,6 por ciento.

Sobre los sujetos responsables de estos “delitos”, según ha subrayado la secretaria de Igualdad del sindicato, en un 70 por ciento de los casos se encuentran los propios compañeros de trabajo, mientras que en un 10,4 por ciento el insulto lo reciben los jefes o personas que se encuentran por encima de la escala jerárquica y el 6 por ciento lo llevan a cabo clientes y proveedores.

A estos datos habría que sumarles las denuncias que se han hecho efectivas, punto “alarmante” para UGT. Un 48 por ciento de los delegados expresa que no ha habido ninguna denuncias; un 3,2 afirma conocer de 1 a 5 denuncias y un 0,1 más de cinco denuncias. Asimismo, casi el 89,9 por ciento asegura que jamás les ha llegado ningún compañero para hacer una denuncia efectiva.

Por otra parte, la encuesta también revela que un 14 por ciento de los encuestados han recibido consultas sobre los derechos de estas personas en la legislación laboral. En concreto, el 24 por ciento han sido preguntados por derechos de privacidad e identidad, “teniendo en cuenta que muchos de ellos ocultan su identidad sexual para evitar el rechazo”.

De la Coba ha remarcado que, en primer lugar, debe darse cumplimiento a la normativa, pero reconociendo previamente que existe una problemática. Para ello, ha aseverado que en este punto deben llevarse a cabo campañas de “sensibilización y normalización” que “garanticen el derecho a tener que tener una vida digna sin tener que dar explicaciones de ningún motivo”.

Además, ha remarcado la necesidad de que las empresas implanten una declaración firmada que garantice que se va a trabajar para conseguir la tolerancia e incluir dentro de los convenios colectivos protocolos con “sanciones a acometer” porque “cuanto menos se visibiliza un problema, más se estigmatiza”.

“En este país somos expertos en incumplir leyes“, ha subrayado. Además, ha señalado que los protocolos son “obligatorios por la ley de igualdad” y que el 49 por ciento de los delegados no sabe si su empresa cuenta o no con un protocolo.

Una vez reconocido el problema, el sindicato ha señalado que, “con toda la intimidad del mundo”, se debe convocar al propio comité para que sea consciente, “llamar al agresor” y ver qué se puede hacer de manera informal. Si esta vía no fuera efectiva, el sindicato señala la denuncia en la Inspección de Trabajo como la solución.

Por último, se ha referido a las personas trans para poner sobre la mesa que el 90 por ciento de este colectivo se encuentra en paro y que, en muchas ocasiones, “tienen que dedicarse a otras acciones, incluso la prostitución”.

En esta clave, ha avanzado que este viernes UGT se va a reunir con la oficina de empleo para personas transexuales de la Comunidad de Madrid y ha insistido que “hay que trabajar en la inclusión al diferente”.

Fuente Agencias

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HazteOír vuelve a cargar contra las charlas contra la LGTBIfobia con concentraciones frente a colegios y un servicio de WhatsApp

Martes, 18 de febrero de 2020

elbueno3-300x292La formación ultraconservadora fue expulsada por la Policía Local de las inmediaciones de un colegio en Leganés donde pretendía asustar a los padres con informaciones erróneas sobre los contenidos de diversidad sexual y de género que pueden ser impartidos a sus hijos.

La ultraderecha crecida en el terreno político redobla sus esfuerzos por trasladar su batalla ideológica a los centros escolares con el foco puesto en los menores. Si Vox hace valer su poder nacional y autonómico para imponer sus exigencias a los gobiernos que se mantienen gracias a sus votos (o abstenciones), HazteOír se encarga de caldear el ambiente en los centros educativos y redes sociales.

Tras un inicio de curso en el que HazteOír llevó a cabo un envío masivo de material homófobo y con ataques y mentiras sobre la diversidad sexual y de género, acompañado de formularios del mal llamado «PIN parental» dirigido a centros educativos y AMPAS, ahora la estrategia de la asociación se traslada a la calle y a las redes sociales. En una agenda perfectamente orquestada, HazteOír publicita sus ataques a la libertad de cátedra de los centros escolares en medios impresos conservadores exigiendo que los padres puedan vetar que sus hijos participen en actividades educativas de los mismos y poniendo a su disposición un servicio de WhatsApp para asesorar contra lo que ellos llaman el «adoctrinamiento de género». Una batalla que también han comenzado a llevar a las puertas de los centros educativos. Este ha sido el caso de la concentración a las puertas del colegio público Miguel Hernández de Leganés. Un acto en el que los ultraconservadores pretendían montar una mesa y repartir entre los padres formularios para aplicar el veto parental.

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El acto, sin embargo, no fue permitido por la Policía Local, ya que la ordenanza municipal impide el reparto de publicidad en la vía pública sin una autorización previa que nunca recibieron en la formación ultra. Las siete personas que formaban la comitiva tuvieron que conformarse con exhibir carteles a favor del veto y repartir algún formulario aislado. Un formulario que algunos padres rompieron frente a ellos y que, de momento, carece de legalidad alguna en la Comunidad de Madrid, ya que por el momento la medida estrella de la ultraderecha solo está implantada en la Región de Murcia y vagamente planteada en el acuerdo presupuestario entre PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía. Medida que contradice a las leyes LGTBI de ambas comunidades, a lo expresado en los apartados de las actividades complementarias en la LOMCE y a las instancias europeas de educación en valores.

Una polémica, la del veto parental, que no más que otro intento de colocar en el centro del debate político y mediático un conflicto que las cifras se encargan de calificar como inexistente. Las denuncias y quejas presentadas pertenecen a miembros de HazteOír y un número residual de padres. De hecho, en la Región de Murcia, única comunidad autónoma en la que está vigente el veto parental, no existía hasta enero ni un solo caso de denuncia o queja por parte de los progenitores. Sin embargo HazteOír ya se encargó de felicitar al Gobierno regional por la implantación de la censura parental que desde hce años venía siendo demandada por los sectores más reaccionarios de la sociedad murciana, representados por ejemplo por el presidente de la Universidad Católica San Antonio, José Luis Mendoza.

Es conveniente recordar que la plataforma de ultraderecha HazteOír es una institución a la que el Ministerio del Interior retiró recientemente su estatus de utilidad pública tras su discurso de odio contra menores trans. Un estatus que, a su vez, había sido concedido por el Gobierno del Partido Popular en 2013.

Fuente Dosmanzanas

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Denuncian que el hospital Santojanni negó operación a persona VIH positiva

Miércoles, 12 de febrero de 2020

27ef7e5ee13849f6e73304c59cbe81dc_MAIN[Noticia en progresión]

Por Mariana Leder Kremer

 Hospital Santojanni.

Un joven VIH+ que debía ser operado como consecuencia de un accidente denunció públicamente que personal médico del Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires le negó atención el jueves 6 de febrero. El joven -cuya identidad es resguardada para respetar su confidencialidad- relató que al entrar al quirófano, los anestesistas y el médico de traumatología se negaron a atenderlo, cuando ya se había realizado los exámenes prequirúrgicos y había informado su serología. Desde la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap) repudiaron el acto de discriminación mediante un comunicado. Esta tarde habrá una reunión de la Rajap con el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) para abordar el tema.  Hasta el momento, el Hospital Santojanni no brindó una respuesta oficial ni respondió reiterados llamados de Presentes para conocer la situación.

“Desde la red ya nos comunicamos con el Frente Nacional por la salud de las personas con VIH, donde hay más de 60 organizaciones. Estamos pendientes de lo que diga la familia de nuestro par y de su propia voluntad. Nuestra idea es movilizar al hospital para exigir una respuesta”, cuenta Emir Franco, coordinador nacional de la Rajap.

«El paciente tiene fecha de cirugía. Y se han activado los mecanismos para revisar la totalidad de las acciones que llevaron al reclamo», informaron esta tarde fuentes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Discriminación y violación de confidencialidad

“Que ya ingresando al quirófano y cuando estaban por anestesiarlo, le digan que no iban a continuar con el procedimiento, cuando él ya había informado su serología previamente, y que además de haberlo criticado y juzgado, hayan expuesto públicamente su privacidad, diciendo no lo vamos a operar porque tiene VIH, en una sala de espera donde estaban sus familiares y otros pacientes, fue una violación del derecho a la confidencialidad de su diagnóstico», dice el coordinador de Rajap.

Franco agrega que se trata del primer caso de discriminación del Hospital Santojanni del que tengan conocimiento desde la red. Quieren contactarse con el establecimiento de salud para saber qué medidas van a tomar, pero hasta el momento no lograron comunicarse. Franco cuenta que la madre del joven pudo hablar con Sergio Maulen, actual director de la Dirección Nacional de Sida, ETS, Hepatitis y TBC, quien le informó que el protocolo que los profesionales del Santojanni alegaron tener que utilizar ante una persona que vive con el virus, se encuentra obsoleto.

“No contamos con los trajes especiales para atender a personas con VIH”, fue -según la denuncia- el argumento de Guido Flores Flores, el traumatólogo que se negó a cumplir con sus obligaciones, junto a los anestesistas. La madre del paciente les explicó que hay un montón de personas que no conocen su estado serológico o que no lo dicen, y que las medidas de seguridad deben ser iguales para todos. “No obstante los profesionales decidieron cancelar la cirugía”, cuenta Franco. Y agrega que desde la dirección del hospital se acercaron a la familia para decirles que el protocolo de la vestimenta estaba vigente y que el hospital no contaba con los recursos necesarios. Tampoco importó la intervención del jefe de Infectología, quien se acercó para explicar que el paciente contaba con un sistema inmunológico fuerte, que además es indetectable (y por ende intransmisible) y que había que realizar la operación.

“La bioseguridad es la misma” 

Ante lo sucedido, el Presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), José María Di Bello, expresó: “La situación es realmente inaceptable, la bioseguridad es la misma tanto para personas con VIH como para cualquier persona, en un quirófano o en cualquier atención médica. Estamos hablando de cuestiones básicas que datan de mucho tiempo atrás. Es absolutamente inaceptable y merece todo el repudio. Además habla de la falta de formación de estos profesionales, que si no saben no pueden seguir atendiendo, al menos momentáneamente”.

Admitió que este tipo de situaciones ocurren con frecuencia tanto en la salud pública como en la privada. “Desde la política pública debemos profundizar en formación, capacitación y sensibilización a todos los profesionales de la salud y a las personas que trabajan a nivel administrativo en los hospitales, porque ahí también se producen situaciones de discriminación”.

La barrera fundamentalista que falta romper

Respecto a las formaciones y capacitaciones, Mariana Iácono, Referente nacional de la Comunidad Argentina de mujeres con VIH (ICW Argentina) y co-fundadora de Rajap, opinó: “Hay algo que tiene más que ver con la moral de la cabeza de la gente y sus pre conceptos que no se soluciona sólo con educación o mayor información y cursos de capacitación. Hay un montón de guías sobre VIH de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización Panamericana de la Salud de las Naciones Unidas, guías actualizadas del Ministerio de Salud, pero llega un cirujano y dice que no va a operar porque no tiene un traje, siendo que la persona está indetectable, sin riesgos, entonces me parece que pasa más por una barrera fundamentalista que no se logra romper”.

“Las personas con VIH sufrimos discriminación en salud”

Matías Muñoz, abogado y presidente de la Asociación Ciclo Positivo, reflexionó: “Lo que sucedió no es algo nuevo ni es un hecho aislado, las personas con VIH sufrimos constantemente la discriminación de los distintos servicios de salud: odontología, ginecología, en este caso traumatología. Creemos que el foco se tiene que poner en las normas de bioseguridad que son para todos y todas por igual. Instamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que derogue toda normativa anticuada y obsoleta que lo único que hace es favorecer o facilitar estos hechos discriminatorios”, expresó. Resaltó la importancia de la unión entre organizaciones para estos casos y que desde la asociación están acompañando a la familia del compañero.

Esta semana la Rajap denunció otro caso de discriminación: la denuncia de una madre que llevó a su hijo de 11 años al hospital Vicente López y Planes, de General Rodríguez (provincia de Buenos Aires). Después de sufrir maltrato en la sala de guardia, la mujer decidió ir al Hospital Garrahan donde le brindaron a su hijo la atención adecuada.

Emir Franco dice que a raíz de la difusión del comunicado sobre el hospital Santojanni ya recibieron varios mensajes y denuncias por otros casos de discriminación en el sistema de salud: “Como organización esperamos que nuestros reclamos sean escuchados, que le pidan perdón a nuestro par y que tanto el hospital como los profesionales que estaban por realizar el procedimiento se capaciten sobre cómo deben manejarse ante estos casos. Somos personas que vivimos con el virus y nuestra condición serológica no va a afectar la salud de ningún profesional, deben tomar las precauciones sanitarias que toman con cualquier paciente. Además, explicó que mucha gente se calla o deja de acudir a los servicios de salud por estas situaciones: “Así que vamos a seguir adelante con los reclamos, porque si nos callamos, van a seguir pasando”.

Mientras tanto, la cirugía del joven fue reprogramada para esta semana y la jefa de cirugía del Hospital Santojanni se comprometió a estar presente y a que el médico Flores Flores no esté involucrado.

Fuente Agencia Presentes

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ILGA Europa insta a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI

Martes, 11 de febrero de 2020

annual-review-2020-ilga-europaLa 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

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La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

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Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

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ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

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Chile: El 12,5% de los gays y bisexuales mayores de 30 años reporta tener VIH y el 74,9% ha sido discriminado por su orientación sexual

Martes, 11 de febrero de 2020

Seremi-Movilh-820x394Según la primera encuesta sobre la realidad sexual y amorosa de hombres adultos (30 a 49 años) de la Región Metropolitana que tienen sexo hombres. El 26% jamás usó condón en el último año. El 26% ha tenido sifílis al menos una vez en zu vida y el 22% se infligió daño producto de la discriminación. El estudio arrojó además altos niveles de consumo de drogas.

La Seremi de Salud, Rosa Oyarce, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) dieron hoy a conocer los resultados de la Primera Encuesta sobre el Comportamiento Amoroso, Sexual y Erótico de Hombres Adultos de la Región Metropolitana que Tienen Sexo con Hombres.

La investigación, aplicada por el Movilh a 358 personas, se suma a una previa que indagó sobre la misma realidad, pero en menores de 29 años. “Ambos estudios permiten hacer comparaciones y conocer brechas generacionales en materia de conocimientos, prejuicios, discriminación y apertura”, sostuvo el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

La encuesta tiene un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 95%.

“Los resultados de este sondeo son preocupantes, en tanto explicitan relajamiento en los mecanismos preventivos del VIH y otras ITS, así como una conducta de riesgo muy extendida: tener sexo bajo los efectos de alguna droga. Todo se cruza con altos niveles de discriminación en razón de su orientación sexual y con mayores libertades para experimentar aventuras, en tanto se trata de un grupo etario ya independiente. Estos factores debiesen ser considerados por las políticas de prevención de VIH y las ITS, las cuales a todas luces requieren enfoques etarios”, apuntó Rementería.

De acuerdo al sondeo, el 74,9% señala que ha sido discriminado por su orientación sexual y el 2.8% experimentó abuso sexual, sin embargo, solo el 14,5% denunció los atropellos.

El 22% indica además que alguna vez se hizo daño producto de la discriminación. De estos, y a raíz de la homofobia, el 42% pensó en el suicidio, el 37% dañó zonas de su cuerpo y el 29% consumió drogas de manera abusiva.

Tan fuerte aún es el estigma y el miedo, que el 70.3% evita siempre o a veces expresar su afecto en público hacia otros hombres por temor a ser agredido, amenazado o acosado y el 52% esquiva algunos lugares por la misma razón.

En el campo de la sexualidad, el 70,3% ha tenido sexo bajo el efecto de las drogas, cuyo consumo es alto. En los últimos 12 meses, el 57,1% consumió marihuana; el 30.5% popper; el 19.5%, cocaína; el 15%, tranquilizantes o somníferos; el 13,6%, éxtasis; el 5,1%, hongos; el 4.5%, LSD y el 0.3% drogas inyectables. El 34,5% no consumió drogas.

Además, el 78% tuvo una o más relaciones sexuales sin condón en el último año y el 26% nunca lo usó. A esto se suma que el 26,3% ha tenido al menos una vez sífilis a lo largo de su vida; el 20,6%, gonorrea; el 15.3%, condiloma, el 5,9% candidiasis, el 5.4%, clamidia. El 52,5% nunca ha tenido una ITS. El 12,5% declara vivir con VIH.

A continuación se exponen todos los resultados de la encuesta:

Características generales

Del total de encuestados, el 95,2% se declara homosexual, el 4.8% bisexual, el 0.3% trans y el 99.7% cisgénero.

En cuanto a la nacionalidad, el 88,4% es chileno, el 8.8%, venezolano y el 2,8% peruano.

El 37,4% tiene educación universitaria completa, el 12,2% incompleta, mientras el 19.8% cuenta con post-grado completo y el 4,3% incompleto. El 11.9% terminó la enseñanza técnica y el 3.7% no, mientras que el 9.3% finalizó la enseñanza media y el 1.4% no Leer más…

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El Senado francés aprueba la apertura de la reproducción asistida a las parejas de mujeres, pero elimina la financiación de los tratamientos

Lunes, 3 de febrero de 2020

2b69a644ff6f486c41f66ca023ca8f0aEl debate sobre la reforma de la legislación sobre reproducción asistida continúa su tramitación por el Parlamento francés. Tras su aprobación en primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado mes de octubre, el proyecto de ley sobre bioética del Gobierno de Édouard Philippe se ha sometido al escrutinio del Senado. La mayoría de centroderecha de la cámara alta ha impuesto que la sanidad pública solo financie los tratamientos de reproducción asistida en los casos de infertilidad acreditada médicamente. Una provisión que excluye a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja, que con el texto actual tendrían que costearse el proceso. La medida regresará en las próximas semanas a la Asamblea, que tendrá la última palabra.

En Francia, la reproducción asistida (PMA por sus siglas en francés) solo está permitida a las parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España.

Esta situación cambiará previsiblemente durante el transcurso de la actual legislatura. Ya en su campaña electoral de 2017, el presidente Emmanuel Macron defendió que se permita el acceso a las parejas de mujeres y a las mujeres solteras a las técnicas de reproducción asistida. Lo hizo, eso sí, «a título personal» y expresando su deseo de que en todo caso se aprobara como una decisión técnica, no como fruto de «un combate identitario».

Meses después, con Macron ya en la presidencia y un Gobierno a su medida, la secretaria de Estado de Igualdad Marlène Schiappa anunciaba una modificación de la ley sobre bioética para abrir la PMA a todas las mujeres. La medida contaba ya con el respaldo del Comité Consultivo Nacional de Ética, que se había pronunciado a petición del Gobierno del primer ministro Édouard Philippe. Schiappa calificó la futura propuesta como una «cuestión de justicia social» para acabar con la discriminación de las mujeres que no pueden permitirse viajar al extranjero para someterse a un proceso de reproducción asistida.

El pasado mes de julio, y tras un largo y tortuoso proceso, el Gobierno de Philippe aprobaba finalmente el anunciado proyecto de ley sobre bioética. Entre los muchos puntos que contempla, la norma incluye la apertura de la PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres sin pareja. La ministra de Sanidad Agnès Buzyn anunció que los tratamientos estarán cubiertos por el sistema público de salud. La propuesta mantiene la prohibición de la gestación subrogada, contra la que se había pronunciado el propio Macron.

El proyecto se trasladó entonces al Parlamento, donde el comité correspondiente le dio su visto bueno en septiembre. El pleno de la Asamblea, donde la «mayoría presidencial» de La República en Marcha es absoluta, aprobó la medida por 359 votos a favor frente a 114 en contra y 72 abstenciones. El apoyo cruzó líneas partidistas: hasta un tercio de los diputados de Los Republicanos, el principal partido de la derecha, emitió un voto favorable a pesar de la postura contraria de la formación.

La tramitación continuó en el Senado, que votó la medida el pasado miércoles. Con una importante salvedad: la mayoría de derecha y centroderecha de la cámara alta impuso que haya que acreditar la infertilidad para que la Seguridad Social asuma los gastos de los tratamientos. Las parejas de mujeres y las mujeres solteras quedarían, por tanto, excluidas de nuevo de los mismos, a no ser que se los puedan costear. El texto modificado ha obtenido 160 votos a favor y 116 en contra. Tras la votación del resto de artículos del proyecto de ley sobre bioética, la norma volverá a la Asamblea Nacional, que tendrá la última palabra.

Una reforma aplazada por largo tiempo

La movilización homófoba fue la principal causa del fracaso del anterior intento de aprobar la apertura de la reproducción asistida. El fin de la prohibición del acceso para las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa formaba parte de su programa electoral para las elecciones de 2012. El propio expresidente François Hollande se posicionó, siendo aún candidato, a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

Pero no fue hasta 2014, tras la remodelación que convirtió a Manuel Valls en el nuevo primer ministro, cuando se anunció la marcha atrás en la modificación legal. Laurence Rossignol, que entró con Valls en el Gobierno francés como secretaria de Estado de Familia, recibió a los representantes de la Manif pour tous, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. Una posición que confirmó tras ser ascendida a ministra. Esperemos que en esta ocasión los homófobos, que también se están movilizando, no consigan doblegar la voluntad de los representantes políticos.

Fuente Dosmanzanas

 

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El estado de Utah prohíbe a los profesionales médicos practicar «terapias» de conversión en menores de edad

Viernes, 31 de enero de 2020

220px-2013-05-23_Gary_R_HerbertGobernador Gary Herbert

La lista de estados y territorios estadounidenses que prohíben las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad suma un nuevo miembro. El gobernador de Utah, bastión del mormonismo, firmó el martes pasado una orden ejecutiva para prohibir estas peligrosas prácticas que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género. La medida sale adelante por el empeño del mandatario republicano, después de que las cámaras legislativas la rechazaran. Utah se convierte en el 19º estado de los Estados Unidos (además de Washington D.C. y de Puerto Rico) en vetar estos infames procedimientos, si bien la prohibición solo se aplicará a profesionales médicos. El siguiente podría ser Virginia.

Ya en febrero del año pasado se presentó un proyecto de ley en el legislativo estatal que acabó fracasando por falta de apoyos. En noviembre, el gobernador republicano Gary Herbert propuso un texto alternativo que usaría la vía administrativa, en lugar de la penal, para perseguir estas pseudoterapias. Herbert consiguió el apoyo de la iglesia mormona, que ejerce una gran influencia en Utah y a la que él mismo pertenece, a cambio de que la norma solo se aplicara a profesionales de la salud mental.

El texto, aprobado el pasado martes como orden ejecutiva, clasifica las «terapias» de conversión como «conductas antiprofesionales» y prevé la suspensión o revocación de la licencia médica para los especialistas que las pongan en práctica en menores de edad. Los sacerdotes y terapeutas religiosos están expresamente exentos del veto, siempre que no estén en posesión de una licencia profesional. A pesar de esta importante limitación, los activistas LGTBI han saludado la medida y esperan que sirva de acicate para que se aprueben otras similares en estados conservadores como Utah.

Flag_of_UtahCalifornia fue el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de las «terapias» reparadoras o de conversión en menores de edad en 2012, no sin gran controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después) y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014). Más tarde se sumaron OregónIllinoisVermontNuevo MéxicoRhode IslandNevadaConnecticutWashingtonHawái, MarylandDelawareNew HampshireNueva YorkColorado y Massachusetts. El próximo estado podría ser Virginia, cuyo Senado aprobó el pasado martes un proyecto de ley que ahora pasará a la Cámara de Delegados.

En abril del año pasado se les unió Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares.

Las últimas noticias acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que la asociación española Abogados Cristianos se querella contra Ignacio Aguado por hacer pública la multa a la coach de terapias para personas LGTBI, y que, ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre ayudar a cambiar sentimientos homosexuales. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  OregonIllinoisVermont,  Nuevo MéxicoRhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, MarylandDelaware y New HampshireNueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

terapiasdeodioNo” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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